Ciudad de México.- La secretaria de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, Lia Limón García del Verde, sostuvo que los retos para atender y resolver la inseguridad que enfrentan los comunicadores, son erradicar la impunidad y fortalecer las fiscalías en las entidades para la investigación de los casos y el compromiso de las mismas para hacerlo.

Durante el foro “La libertad de expresión en México”, organizado por la Comisión Especial, apuntó que “a pesar de avances y esfuerzos que se han hecho, se siguen enfrentando retos, como la impunidad que prevalece. Eso es una realidad, porque hay muchos casos de agresiones a periodistas que no han sido sancionados, y mientras no se reduzca la impunidad va a ser difícil avanzar en abatir ese número”.

Muchas de las agresiones a comunicadores que se registran en los estados, no son debidamente atendidas en la mayoría de las veces, por lo que hay un reto muy importante y un pendiente.

Debe “apostársele más al fortalecimiento de las fiscalías estatales”, porque se cuenta con más elementos a nivel local que desde la Procuraduría General de la República (PGR), para investigar y sancionar en tiempo y forma.

Limón García consideró conveniente que solamente se aplique la facultad de atracción por la PGR, particularmente en aquellos casos donde hay sospecha de que quienes pudiesen estar involucrados en una agresión a periodistas sean autoridades de la entidad federativa, donde es entendible y justificable ejercerla.

Patricia Colchero Aragonés, coordinadora ejecutiva nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que entre los principales retos en materia de protección es “pulir las evaluaciones y criterios de riesgos para adecuarla al marco normativo y a la sociedad, mediante la metodología implementada en los últimos dos años”.

Sobre la prevención, “tenemos que llegar a las causas estructurales que propician que periodistas y defensores tengan estos riesgos y agresiones, con todos los sectores: autoridades federales, estatales y sociedad civil, a fin de que sea un modelo que se replique en las entidades”. Se ha creado un plan de contingencia que focaliza dicho origen, y sólo resta aprobarlo, precisó.

Indicó que a la fecha, son 509 personas protegidas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de cuales el 35 por ciento son periodistas.

Destacó la necesidad de diseñar una ley general para trasladar la responsabilidad a los estados, “no queremos más burocracia, sino que los enlaces de las secretarías de Seguridad Pública estatales funcionen perfectamente; es el tema más importante”.