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hace 1 año
[Economía]

Plantean acciones para cuidar productos financieros de posibles deportados

A decir de la Condusef, a los mexicanos que viven en Estados Unidos les preocupa, lo que pasaría con sus productos financieros

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Plantean acciones para cuidar productos financieros de posibles deportados
Ciudad de México.- A decir de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a los mexicanos que viven en Estados Unidos les preocupa, entre otras cosas, lo que pasaría con sus productos financieros como créditos hipotecarios y de otro tipo, además de sus cuentas bancarias, en caso de que se cumplan las amenazas de una deportación masiva.

De hecho, a diciembre pasado, la dependencia tenía registradas más de 30 asesorías sobre esta situación a connacionales en sus oficinas virtuales que tiene en San Diego y Orlando. La cifra, ahora que Estados Unidos ya tiene nuevo presidente, seguramente se incrementará.

De acuerdo con la Condusef, por ejemplo, 1.3 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos tienen una vivienda, y de estos, casi 70% tiene contratados créditos hipotecarios.

En este sentido, desde el pasado 15 de diciembre, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, hizo un exhorto al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la propia Condusef, se realicen las acciones necesarias para garantizar que los bienes, activos y cuentas bancarias de los mexicanos que radican en Estados Unidos sean entregados a sus legítimos propietarios, ante la eventualidad de que sean deportados o que regresen por voluntad propia.

“Y que al llegar a México, no se vean disminuidos por razones de aranceles, impuesto sobre la renta, contribuciones o comisiones por las operaciones financieras que sean indispensables para hacer líquidos los recursos”, detalla el exhorto.

En el documento se precisa que el Ejecutivo Federal deberá establecer un programa transversal en las secretarías de Estado y demás dependencias que, en el ámbito de sus competencias, permita tomar acciones como: informar, a través de los canales de comunicación que considere pertinentes, de los derechos que tienen los migrantes por el sólo hecho de radicar en Estados Unidos.

Reforzar la acción y presencia de los consulados mexicanos para apoyar, orientar y asesorar a los connacionales en los procedimientos legales para el traslado de menajes de casa, el pago de créditos, venta de diversos tipos de activos, cierre de cuentas o transferencia de recursos, con el propósito de que su patrimonio no sufra quebrantos cuando sean deportados o regresen por voluntad propia.

También se exhorta a implementar una resolución miscelánea, a fin de dejar exentos de cualquier impuesto, derecho o arancel, con motivo del ingreso de recursos provenientes de cuentas en bancos de Estados Unidos, cuando internen sus bienes, activos y recursos obtenidos; e informar y ayudar a los connacionales con respecto al mecanismo de liquidación de créditos que tengan aperturados en ese país; así como para la recuperación de recursos pagados por créditos hipotecarios.

De igual forma, informar y ayudar a los connacionales sobre las distintas opciones que tienen para decidir sobre el destino de propiedades y establecer con la banca que opera en México un trato especial para estos casos, con el objeto de evitar el cobro de comisiones.

Mario Di Costanzo, presidente de la dependencia, ha dicho que aunque se trate de inmigrantes ilegales son sujetos de crédito, dado que pagan impuestos independientemente de su situación migratoria.

Este domingo la Condusef emitió una serie de recomendaciones a los connacionales que viven en Estados Unidos, ante una posible deportación, entre las que destacan la importancia de conservar aquellos documentos que pudieran ser de utilidad en cualquier trámite migratorio o para comprobar la propiedad de cualquier bien.

También, el otorgamiento de poderes notariales a terceros para que gestionen algunos trámites en representación de la persona deportada; y qué se debe considerar con respecto a los bienes que integran el patrimonio del migrante.


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