Monclova, Coah.- El litigante laboralista Daniel González Méndez, quien el pasado 11 de agosto denunció penalmente por amenazas de muerte al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Gilberto Silva González, dijo que es un viacrucis esa dependencia porque el trato para los abogados de las empresas es de cortesía y preferencia, mientras que para los defensores jurídicos de trabajadores todo lo contrario.

Y mientras Gilberto Silva ha denunciado ante el Ministerio Público a diversos litigantes corruptos porque cobran indemnizaciones de sus clientes, por otro lado él fue denunciado por amenazas de muerte.

Gilberto Silva agregó que insistirán ante el agente del Ministerio Público Receptor de Denuncias, Gerardo Riojas, para que integre la carpeta de investigación y luego turne el expediente hasta que llegue a manos de un Juez de Control.

Añadió que los hechos sucedieron el 9 de agosto y que un par de días después colocó la denuncia ante el Ministerio Público, luego que tras señalamientos en medios periodísticos que hizo contra la labor de Gilberto Silva al frente de la Junta de Conciliación y Arbitraje le dijo; “ya párale a tu pedo o te cargará la chingada”.

Comunicó que es grave lo que hizo el funcionario estatal y que a casi tres semanas de que colocó la denuncia, el Ministerio Público no lo haya llamado aún a entrevista para conformar la carpeta de investigación para que luego en su momento sea puesto en el banquillo de los acusados, pero aún por ser un funcionario estatal que debe dedicarse imparcialmente a la impartición de justicia laboral.

Dijo que los hechos sucedieron en las propias instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que dos días después una vez que elaboraron la denuncia correspondiente la colocaron en la agencia Receptora de Denuncias del Ministerio Público, “precisamente esta tarde vamos a abordar otra vez a Gerardo Riojas que es el titular de esa dependencia para preguntarle cuándo llamará a entrevista a Gilberto González”, apuntó.

Lo cierto, recalcó, “es que no vamos a permitir que esa denuncia quede congelada ante el Ministerio Público o archivada como ha ocurrido en múltiples casos, sino que se aplique la ley”.