Saltillo, Coah.- Desde que se supo de lo compleja que sería la elección de Coahuila en 2017, diversos actores políticos previeron que se resolvería no en las urnas, sino en los tribunales. La magistrada presidente de la Sala Regional en Monterrey también cree en esa posibilidad.

Claudia Valle Aguilasocho tiene un año como magistrada presidente de la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la instancia a la que llegan las impugnaciones de los coahuilenses cuando no estuvieron de acuerdo con los acuerdos del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) o el Tribunal Electoral local.

Desde su oficina muestra legajos de impugnaciones de Coahuila tanto por casos de partidos políticos como de independientes, número que no corresponde al que esperaba originalmente y para el que se preparó todo su equipo. Pero no canta victoria, lo bueno apenas viene.

Se mentaliza

Ella se mentalizó, dice, desde que conoció el escenario en la SCJN, al conocer que en el estado había 15 partidos políticos, aunque llegó a haber hasta 17, pero más aún, que había un gran número de aspirantes a candidaturas independientes.

“Cuando yo escuché la discusión en la Corte sobre la ley electoral de Coahuila, los ministros y las ministras decían: ‘hay mas competidores que sitiales por los cuales competir’, y eso podía ser un dato objetivo para decir, va a ser esto un mundo de juicios, si todos pueden competir y compiten en lo individual, esto se puede volver complicado”, reconoció la entrevistada.

Pero eso no ocurrió, por lo menos en las primeras etapas del proceso electoral, al registrar hasta este momento la llegada y resolución de 18 juicios de impugnación de ciudadanos, candidatos y partidos políticos de Coahuila.

Dice que un factor que influyó en que no hubiera tantas impugnaciones estuvo en la formulación de coaliciones, lo cual amortiguó la lucha de poderes entre tantos partidos políticos y la incorporación de candidatos independientes, sobre todo en la etapa de las precampañas.

“Si no hubieran optado por coaliciones, yo creo que la batalla política hubiese sido entre más competidores, mucho más álgida, y en consecuencia, mayor número de juicios”, dijo la magistrada.

Reconoció que a veces se puede tener una expectativa de cómo se puede comportar una elección, sin embargo, por como se percibe el ambiente político que está viviendo Coahuila, no necesariamente es una regla que esa batalla llegue a los tribunales electorales.

Hasta el momento los temas que les han llegado tienen que ver con candidaturas independientes, con protección de derechos políticos electorales, con el tema de la conformación de coaliciones y por casos de paridad de género, además de los que tienen que ver con vida interna de partidos.

Dejó claro que a la Sala Regional sólo le toca recibir y resolver impugnaciones para la elección de los 38 alcaldes y los 26 escaños en el Congreso local, 16 de mayoría y 9 de representación proporcional en Coahuila, porque los casos de candidatos a Gobernador le tocan a la Sala Superior.

Sí lo espera

Reconoce que en el caso de la contienda electoral de Coahuila no se ha judicializado hasta esta etapa, pero que también hay algo muy real, y es que la competencia para los partidos políticos empieza en las campañas, y cree que donde sí se podría judicializar el proceso es en las campañas.

Aclara que lo que sí se han presentado son más casos en el tema de la propaganda en radio y televisión, por los casos de spots y promocionales, por actos anticipados de campaña en esos medios o que sobrepasan los límites del debate político con denostación o injuria, pero son temas que a la Sala Regional no le competen, sino a la Sala Especializada y en revisión a la Sala Superior.

“Yo creo que donde vamos a ver mayores escenarios fuertes seguirá siendo en la forma de hacer campañas, de posicionarse ante el electorado. Ahí va a estar en mucho la dimensión de la medida de los litigios ante el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Me parece que eso es lo que tendremos en esta etapa de campaña”, destacó Claudia Valle.

Y es que lo que sigue para ellos es la llegada de resultados de la fiscalización de las precampañas y de los gastos de los que fueron aspirantes a candidatos independientes. Es ahí donde la posibilidad de litigios aumente.

Pero más aún, se podrían incrementar durante la elección o posterior a ella, con los resultados que se den, los informes de fiscalización de las campañas y el respeto de los convenios de coaliciones, y es ahí donde se prevé que la elección no se resolvería en las urnas, sino en los tribunales.

En el caso de fiscalización, porque la ley electoral prevé que sobrepasar los gastos de campaña es causa de que se le anule la candidatura a un partido, juicios que comúnmente ocurren entre los competidores punteros en la elección, con la intención de que quien quedó en un segundo sitio pueda acceder al primero eliminando a su contrincante por la vía legal.

Y tratándose de los convenios de coaliciones, con la intención de revisar que lo que cada partido político firmó se le respete, como la sesión de posiciones, distritos, alcaldías o plurinominales, y a la Sala Regional le tocará resolver cuando haya inconvenientes, y otorgar fallos a quien le corresponda ocupar un cargo, de acuerdo con esos convenios.

“El camino todavía está en desarrollo, nos falta la etapa más madura e importante del proceso que es el convencimiento de la ciudadanía, y que todos los contenientes respeten las reglas de la propia Constitución y la ley electoral de Coahuila, y todos los reglamentos”, declaró la magistrada.

Ella cree que Coahuila es un estado con una madurez política importante, que ha sido referente no sólo en este proceso, pues reconoce que el estado tiene una ley electoral de avanzada, pero además, le parece que cuenta con una ciudadanía que ejerce sus derechos de manera responsable y espera que todos los candidatos estén a la altura de eso.

“El trabajo de nosotros es ser un árbitro que esté presto para decidir de manera rápida, concreta e imparcial, y asumimos esos retos con mucha responsabilidad”, manifestó la magistrada Claudia Valle.

Está consciente de que por la urgencia de resolución de juicios de impugnación electoral, la mayoría de los que se originen en Coahuila no pasen por el Tribunal Electoral local, sino que seran remitidos directamente a la Sala Superior usando la figura Per Saltum, lo cual les dará la responsabilidad, prácticamente de decir el rumbo de la elección.

Toda su atención

Para los magistrados de la Sala Regional y el resto del personal que ahí labora, en estos momentos Coahuila es prioridad. Así lo dicen la secretaria ejecutiva, Sandra Ayala; la secretaria de general de Acuerdos, Catalina Ortega y el magistrado Yairsinio David García Ortiz.

Por eso, Sandra Ayala mostró con un recorrido a sus instalaciones en Monterrey cuál es el proceso que siguen los expedientes que llegan a esa instancia provenientes de juicios de impugnación en Coahuila, a los cuales les dan mayor celeridad, a pesar de que también atienden casos de Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

“Trabajamos a marchas forzadas, y ahorita Coahuila sin duda tiene toda nuestra atención especial, porque tiene el proceso electoral que vive y que creo que se ha desarrollado en términos regulares, salvo por las impugnaciones que estamos recibiendo”, expresó el magistrado David.

Por ello, la celeridad y trasparencia comienza desde la llegada de los casos a la Oficialía de Partes, que forma parte de la Secretaría General de Acuerdos. Según explicó Angélica Rangel Garza, actuaria de la Sala, a esta ventanilla llegan los expedientes de particulares o partidos políticos, donde son revisados, les sacan copia y resguardan el original.

El expediente se recibe en físico, normalmente provienen del Instituto Local, que es el que recibe la impugnación por parte de los actores políticos, y al verificarse en la Oficialía, lo turna a la Secretaría General de Acuerdos.

Ahí la titular, Catalina Ortega, y su equipo hacen la integración del expediente, estudian su contenido y determina el tipo de juicio, indican si son viables, si son competentes, para señalar si es rechazado, remitido a otra instancia o admitido y turnado a un magistrado.

Se captura toda la información en una base de datos y se publicita en un sistema de intranet al que tienen acceso todos los involucrados en el proceso judicial, pero además, en la web del Tribunal se puede conocer en qué parte del proceso va cada expediente.

“Al hacer el análisis y advertir estas particularidades de la demanda, hacemos el acuerdo de turno, que es dar cuenta con toda la documentación a la magistrada presidenta para que en su caso se autorice el turno, y con esto se da fe de toda la documentación recibida y se ordena la integración del expediente, las constancias y carátula”.

En este proceso se tardan entre dos y cuatro horas, aunque tienen hasta un día. Dado que la Sala está certificada con el ISO, lo hacen en mucho menos tiempo, dependiendo de los expedientes que lleguen al día.

El juicio en tiempo

Esto no debe pasar más de seis días en admitirlo y tampoco se debe tardar más de 12 días en resolverse, contándose como días hábiles cuando no hay proceso electoral y días naturales cuando hay elecciones. Por eso, al ser pasados a ponencia, es decir, al equipo de uno de los tres magistrados, se hace un estudio minucioso del caso.

Para ello, Saralany Cavazos Vélez explica que los expedientes son turnados a uno de los seis magistrados de estudio y cuenta, que son los que luego de analizar el expediente, elaboran un proyecto de sentencia que le presentan al magistrado titular.

Durante ese tiempo el magistrado hace también su propio análisis, el cual se une al proyecto de sus auxiliares, lo discuten y confirman el sentido que darán a la sentencia, la cual es llevada por el magistrado a la sesión privada que se lleva a cabo todos los martes entre los magistrados titulares.

“En ese proceso no podemos tardarnos, porque están pendientes de resolución en Coahuila y mientras tanto se genera un clima de incertidumbre. Aquí tratamos de resolver lo antes posible, tenemos un promedio de resolución de 10 días, a partir de que recibimos la impugnación, pero hemos resuelto casos de Coahuila hasta con dos tres días”, comparte el magistrado David García.

En la sesión privada se discute cada impugnación y se toma un acuerdo.