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hace 2 años
[Especial]

‘No fue error, los mataron a sangre fría’

A más de cinco años de la muerte de Jorge Antonio Mercado, sus padres siguen buscando limpiar la imagen de su hijo

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Saltillo, Coah.- El cansancio es evidente en los rostros de Rosa Elvia Mercado y Joel Medina. Acaban de regresar de la Ciudad de México, a donde acudieron para ver qué avances lleva la investigación del asesinato de su hijo, Jorge Antonio Mercado Alonso, quien murió el 19 de marzo de 2010 en el campus del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), junto con su amigo Javier Francisco Arredondo Verdugo.

Rosa Elvia es una cristiana devota. “Dios tiene sus tiempos”, asegura con una sonrisa, mientras el retrato de Jorge Antonio permanece en la mesa de centro de la sala de su casa.

Ella y su esposo, Joel Medina Salazar, fueron a la Ciudad de México a principios de semana, donde intentaron hablar directamente con la procuradora general de la República, Arely Gómez González, pero no fue posible, aunque los atendió otro funcionario.

El peregrinaje por la capital incluyó visitas a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Víctimas y Amnistía Internacional, donde dejaron escritos.

A cinco años y medio de la muerte de Jorge Antonio, aún esperan justicia. Quieren que el nombre de su hijo sea limpiado, pues en los expedientes que tuvieron oportunidad de ver aún aparece como sicario, al igual que Javier Francisco.

En la PGR no recibieron el trato que esperaban. Los canalizaron con un subprocurador, quien no quiso bajar a atenderlos en persona. Les exigía el número de expediente y les decía que la agenda de Arely Gómez estaba completa y que no la podían “desbaratar”.

“Nos dijo eso y yo le contesté: ‘Entonces a mí sí me pudieron desbaratar mi vida, yo también tenía mi vida completa y me la desbarataron, ¿y me dice que ella no puede atendernos?’”, dice Rosa Elvia.

Finalmente los canalizaron con Mario Ángel Dabbadie, secretario técnico del subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparos, quien a pesar de darles un buen trato, desconocía el asunto.

“Era un funcionario muy joven, dijo que tenía apenas seis meses ahí, inclusive nos dijo que se tuvo que informar antes de bajar porque no conocía el caso; nosotros pensamos que por qué lo mandaron a él y no a alguien que supiera de este asunto”, dice la afligida madre del estudiante modelo abatido por el Ejército.

PROMESA INCUMPLIDA


El viaje a la Ciudad de México fue motivado por un compromiso que hizo la PGR con ellos el año pasado.

“El año pasado se hicieron investigaciones, averiguaciones donde dos personas que son las únicas que hemos visto que trabajan en la PGR citaron a personas que conocían a los muchachos, maestros, alumnos, familiares, amigos, y les tomaron declaración”, dice Joel Medina.

“Teníamos información importante que no habíamos revelado, y pasaron unos días, eso fue en junio, y nos dijeron que ya estaba casi todo terminado, que para agosto o septiembre el expediente quedaba listo para que se fuera a consignación. Pasó septiembre, octubre, llegó diciembre y pasaron los meses y nada”.

La organización CADHAC (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.) les brindaba asesoría jurídica, sin embargo la PGR tampoco les informó de la supuesta conclusión del expediente. “Ellos como que desistieron de ir a la PGR, querían que fuéramos a la Corte Interamericana, pero nosotros queríamos hablar primero con la Procuraduría”.

Ante el incumplimiento de la PGR, los padres de Jorge Antonio decidieron acudir a la Ciudad de México para solicitar información sobre el caso, y sobre todo, para exigir una justicia que al paso de los años pareciera irse diluyendo.

“Nos presentamos en la Ciudad de México porque los abogados de la PGR habían hecho el compromiso de terminar el expediente, y no se terminó”, dice Joel.

“Los abogados de la PGR nos habían dicho que con la información que había estaba claro cómo sucedió todo, quiénes fueron los responsables, y estaba clara la inocencia de los muchachos, y que al irse a juicio el caso se iba a ganar, pero esto no ha sucedido”, señala Rosa Elvia.

‘LOS ASESINARON’

En la PGR, Jorge y Rosa Elvia tuvieron acceso a los expedientes. Pudieron leer reportes, ver fotografías y videos, así como otros documentos del caso. La experiencia no fue agradable.

Los dos son creyentes y durante todo este tiempo han pensado no en la venganza, sino en la justicia. Pero lo que vieron en esos documentos ha cambiado su perspectiva.

“Cuando me venían a entrevistar yo siempre les decía que nada más quería que limpiaran el nombre de mi hijo, no castigar a las personas que los dañaron, sino simplemente que reconozcan que hicieron mal y que se limpie el nombre de mi hijo, que digan que tanto Jorge como Javier no eran sicarios.

“Pero créame que ahora que vimos el expediente y que sabemos la forma en la que los mataron, cambia nuestra manera de pensar, o al menos en la mía. Yo decía ‘ellos (los soldados) tienen familia, estaban trabajando, se equivocaron’, pero ahora que sabemos cómo pasó todo, estamos bien seguros de que no fue un error”, dice Rosa Elvia.

A la madre de Jorge le es difícil pensar en una venganza. Se le nota la melancolía, pero también el esfuerzo por seguir adelante. No ha llorado durante la entrevista, pero al recordar lo que vio hace unos días, se le quiebra la voz y empieza a hablar con mucho dolor, exigiendo que los responsables paguen.

HACIA ADELANTE

A lo largo de todo este tiempo, los papás de Jorge Antonio han visto de frente a la desesperanza y la injusticia.

El excomandante de la IX Región Militar, Cuauhtémoc Antúnez Pérez, responsable en aquel entonces del grupo de militares que participó en el homicidio de los dos estudiantes, no solamente ha sido intocable. Recientemente fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Nuevo León por el nuevo gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.

“Sí, vimos que a Cuauhtémoc Antúnez le dieron ese nombramiento y pensamos que las autoridades no están viendo por la ciudadanía.

¿Qué perfil ven para escoger a su gente?, pasaron tantas injusticias en forma brutal, ¿cómo es posible que ahora lo pongan como secretario de Seguridad Pública?”, cuestiona Rosa Elvia. “Es como si a un perro le encargaran una carnicería”, complementa Joel.

Hasta ahora, el único acto de “justicia” fue el enjuiciamiento de uno de los comandantes del grupo de militares que participó en la muerte de los dos jóvenes, quien fue exonerado en un juicio militar.

El día de la muerte de los estudiantes fue un calvario para los padres del joven saltillense, pues si no hubiera sido por su insistencia, el matrimonio estaría llorando a un hijo que pudo haber acabado en la fosa común. “No estamos desesperados porque sabemos que Dios tiene sus tiempos”, finalizan.


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