Ciudad de México.- El Presidente Enrique Peña Nieto promulgará este jueves en privado la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, aprobada por el Congreso hace un mes tras tres años de discusión.

En principio, el acto protocolario sería público, como ha sucedido con todas las reformas importantes para el Gobierno federal antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, en esta ocasión se decidió que fuera cerrado a medios de comunicación y sólo ante algunos funcionarios y representantes de la sociedad civil, a las 11:00 horas.

La nueva legislación ha sido sometida a críticas por parte de familiares de desaparecidos y organizaciones.

Ésta busca prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas, y detalla los mecanismos para garantizar su localización.

La pena para quien incurra en este delito es de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días multa. La sanción aumenta hasta en una mitad cuando la víctima pierda la vida, sea migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad o adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos.

En la ley se establece que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que opera el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene datos de 32 mil 277 personas que no habían sido localizadas al 31 de julio de este año.

Existirá un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que se alimentará de los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del Banco Nacional de Datos Forenses, del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas, del Registro Nacional de Fosas, del Registro Administrativo de Detenciones, de la Alerta Amber y del Protocolo Homologado de Búsqueda.

Para poner en marcha la nueva legislación, en la Cámara de Diputados se prevé en el Presupuesto 2018 una asignación de 468.8 millones de pesos para la localización de víctimas.