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Publicado el jueves, 7 de septiembre del 2017 a las 09:00
Piedras Negras, Coah.- La diputada local panista, Lariza Montiel Luis, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa que busca que por ley se destine una partida presupuestal a casas hogar como albergues temporales para niñas, niños y adolescentes, con el fin de asegurar recursos para estos centros privados que reciben a menores en situación vulnerable.
La iniciativa, informó que es la primera de una serie de propuestas que la legisladora estará presentando a fin de reforzar las medidas de protección a las niñas, niños y adolescentes en el estado de Coahuila.
Por lo tanto, explicó que en Coahuila como en el resto de la República, los menores que son retirados de la custodia de sus padres o tutores, por alguna controversia sobre su cuidado, son entregados por el DIF y la Pronnif en forma temporal a albergues y centros privados.
Ante esto, destacó que es importante asumir la corresponsabilidad que merecen estas organizaciones privadas en cuanto a sus capacidades financieras, de recursos humanos e infraestructura para atenderles adecuadamente.
La diputada panista propuso establecer en la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos para el Estado de Coahuila, que el Estado, vía el DIF y en su caso en coordinación de la Pronnif, entregue recursos financieros específicos para este fin a los albergues privados, donde sean entregados de forma temporal menores en situación de riesgo o vulnerabilidad.
“En especial, cuando su capacidad ha sido rebasada y les resulta imposible atender a los menores”, dijo.
Montiel Luis detalló que los albergues privados, tanto los que reciben niños repatriados como a menores resguardados por la Pronnif por situaciones familiares, requieren apoyos definidos en la ley, y no entregados a voluntad de las autoridades.
Además, la legisladora propuso el establecer en la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila, que se exija, en primera instancia, a los padres o tutores garantizar financieramente a los menores bajo su cuidado en tanto se resuelve su situación judicial y familiar, para que solo ante la imposibilidad de esta vía sea el gobierno estatal quien provea lo necesario.
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