Saltillo, Coahuila.- El PAN propuso que en las escuelas de nivel básico, medio y superior, así como en los centros de trabajo, se realicen exámenes de detección de diabetes de manera gratuita, para brindar tratamientos oportunos.

Lariza Montiel Luis, diputada, presentó la iniciativa de reforma al Artículo 4 de la Ley Estatal de Salud, orientada a combatir la prevalencia de diabetes en Coahuila.

“Es hoy la principal enfermedad que impacta en la vida y en la calidad de vida de los mexicanos, supera a los padecimientos cardiacos y a los distintos tipos de cáncer, así como a los padecimientos renales, sin dejar de mencionar su estrecha relación con los problemas del corazón y del riñón que invariablemente presenta este mal”.

Las cifras oficiales revelan que nueve de cada 100 personas no aseguradas que se realizan la prueba, salen positivo, y que la incidencia aumenta con la edad. En el 2011, 70 de cada 100 mil personas murieron a consecuencias de la enfermedad.

“Las cifras de personas que padecen diabetes sigue incrementándose cada año, ello incluye a quienes viven con la enfermedad sin saberlo, ya sea por no realizarse exámenes, porque en apariencia se sienten bien o porque temen descubrir que sufren de este mal.

“Sólo 55% de los enfermos reciben o procuran recibir el tratamiento adecuado, el 27% no se atiende hasta que ya presenta síntomas avanzados y en muchos casos, daños irreversibles”, lamentó.

El 85% de las personas cree que podría desarrollar diabetes en el futuro debido al estilo de vida que lleva, su alimentación e inactividad física, y otro 86% cree que podría desarrollarla por sus antecedentes familiares.

En tanto, 31% reconoce no estar emprendiendo alguna acción preventiva y sólo la mitad respondió que si tuviese diabetes modificaría su estilo de vida, mientras que 42% lo haría poco a poco y 4% no cambiaría nada.

Pide diputado pugnar por aumento salarial

Según cifras del INEGI, más de un millón de personas se sumaron al segmento de trabajadores que ganan un salario mínimo en los últimos tres años, y en el mismo lapso, 2 millones más registraron un salario de hasta dos salarios mínimos.

Por otra parte, aquellos que perciben más de cinco salarios mínimos se redujeron en 550 mil 447, entre el 2014 y 2017.

“Si bien es cierto lo declarado en días pasados por el gobernador del Banco de México, en el sentido de que debe haber prudencia ante la posibilidad de un aumento en los salarios, para que no sea un factor que impulse el alza la inflación, también es cierto que los trabajadores no completan con lo que ganan”, señaló el diputado Leonel Contreras Pámanes.

Se requiere, aseguró, de manera inmediata un aumento a los salarios mínimos que vaya acorde con la realidad de gasto que se tiene actualmente por parte de la ciudadanía, pues como vemos los precios de todos los productos aumentan constantemente.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el 62.5% de la población ocupada en el país se encuentra por debajo de los tres salarios mínimos, lo cual le ha valido a México colocarse por debajo del promedio en América Latina, en calidad del empleo.

Con la reforma laboral, explicó, se modificaron algunos aspectos en la relación productiva, pero quedó “corta” y los bajos salarios persisten en el país y las familias no pueden cubrir sus necesidades básicas.

‘Profeco debe evitar abusos’

Durante el Buen Fin la Procuraduría Federal del Consumidor debe vigilar que los comerciantes y prestadores de servicios no cometan abusos contra la clientela, planteó el diputado Sergio Garza Castillo.

Los consumidores se quejan de que “inflan” los precios los días previos y al final tienen el mismo costo con un supuesto descuento y que no respetan las ofertas y promociones, lo que genera molestias y quejas.

El Buen Fin surgió en el 2011 como una iniciativa conjunta del Gobierno Federal y organizaciones privadas, con el propósito de reactivar la economía.

‘Un reto, uso responsable de internet’

La diputada Claudia Elisa Morales Salazar propone reformar la Ley para el Desarrollo Integral de la Juventud para plasmar como un derecho de los jóvenes el acceder a las tecnologías de la información y la comunicación que contribuyan a su desarrollo en los ámbitos sociales y de recreación.

Además, contar con una educación y profesionalización de calidad, orientada a la adaptación social y cultural, mediante adiciones al Artículo 3.

“Debemos de garantizar el derecho de acceso y que estén disponibles dichas tecnologías de información y comunicación gratuitamente o a bajo costo para la mayoría de la comunidad, escuelas, lugares públicos, etcétera.

“Sin duda, las nuevas tecnologías han puesto frente a nosotros nuevos retos que no sólo conciernen a la educación, sino que han llegado a afectar considerablemente a los ciudadanos en su vida diaria; es una tarea importante la que enfrentan los gobiernos con la era digital”, señaló.