Ciudad de México.- Organizaciones civiles y académicas demandaron a los ministros de la Corte conceder un amparo para ordenar al Congreso emitir la ley reglamentaria que regula el gasto de comunicación social de los Gobiernos federal y estatales, pendiente desde hace tres años.

Horas antes de que el asunto sea discutido en la Primera Sala de la Corte, organizaciones como Fundar y Artículo 19 observaron que la falta de dicha normatividad favorece el gasto discrecional y el control de los medios de comunicación por parte de los gobiernos, amén de que propicia las relaciones de corrupción.

Con el hashtag #MiLanaNoEsMordaza, señalaron en redes sociales que la reforma electoral de 2014 estableció la obligación de reglamentar el artículo 134 constitucional antes del 30 de abril de ese año.

Además, precisaron, el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió en 2012 a impulsar la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno, lo que no ha cumplido.

“En los últimos 10 años la publicidad oficial ha sido una forma de censura indirecta para castigar a los medios críticos. Sin medios de comunicación independientes no hay democracia real. Hoy la Suprema Corte de Justicia puede cambiar las cosas. #MiLanaNoEsMordaza”, divulgaron.

Los activistas crearon la página web publicidadoficial.com.mx, en la que han dado a conocer informes anuales sobre los recursos erogados por los Gobiernos federal, estatales y municipales en contratos de comunicación social.

“(La ausencia de la ley) da pie a que existan relaciones financieras opacas y discrecionales entre gobiernos y medios en el País, así como censura sutil y el desarrollo potencial de redes de corrupción. Para cambiar esta situación, se necesita avanzar en establecer reglas claras sobre los gastos en publicidad oficial”, indicaron en una editorial.

“Se avecinan tiempos electorales, y con esto, la tentación de realizar considerables aumentos en publicidad oficial pese al contexto de crisis de las finanzas públicas, por lo que es imprescindible que los gobiernos se comprometan a no utilizar estos recursos con fines electorales en lugar de ser destinados a la garantía del derecho a la información y la libertad de expresión”.

Expusieron que, en 2013, 27 entidades federativas gastaron 5 mil 639 millones 016 mil 974 pesos en publicidad oficial, equivalente a 20 veces el gasto federal ejercido el año anterior para combatir la mortalidad materna.

Detallaron que, de 2013 al primer semestre de 2017, el gasto total del Gobierno federal en comunicación social suma 37 mil 725 millones de pesos, cuatro veces el monto destinado en 2016 al programa de becas de posgrado y apoyos a la calidad del Conacyt (9 mil 433 millones de pesos), las cuales beneficiaron a 57 mil 803 personas.