Ciudad de México.- Las principales fuerzas políticas del país se pronunciaron sobre el presunto espionaje que reveló el diario The New York Times en contra de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos mexicanos.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que teléfonos inteligentes de funcionarios de ese instituto político muestran la existencia de mensajes cuyas ligas están vinculadas a la descarga del software espía “Pegasus”, mismo que también trató de infectar equipos de periodistas y activistas mexicanos, por lo que llamó a las autoridades a dar con los responsables y aplicar severas sanciones.

“No vamos a descansar hasta que los responsables renuncien a sus cargos, sean procesados y encarcelados. El Código Penal Federal establece penas que van de los seis a los 12 años de prisión. Y no nos referimos solo a los autores materiales, nos referimos a los funcionarios del más alto nivel que ordenaron la compra y uso ilegal de estos equipos y programas”, sentenció.

Mientras que desde el seno de la Comisión Permanente del Congreso, la senadora priista, Graciela Ortíz González, expresó su enérgica condena y exigió una profunda investigación sobre el supuesto espionaje, pero cuestionó la seriedad del periodista del medio internacional que, sin elementos, atribuye tales hechos al gobierno mexicano.

“Hay un comentario del propio periodista que escribe la nota, en la que rechaza que tenga pruebas de que el gobierno sea responsable del espionaje; pero, dice —de la manera más poco ética que se pueda dar — “pero todos creen que es el gobierno”, refirió.

Abundó que todos podemos creer en muchas cosas, pero que en un asunto de tal delicadeza lo que se requieren son pruebas contundentes.

En tanto, en este mismo escenario, un grupo de legisladores perredistas encabezados por el diputado Jesús Zambrano Grijalva, se sumaron a la exigencia de que comparezca el titular de la Secretaría de Gobernación y que la Procuraduría General de la República investigue a fondo este espinoso asunto, con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

“Compartimos la preocupación y molestia de quienes han sido invadidos en su privacidad mediante acciones ilegales, sin órdenes judiciales para ser espiados, para que intervengan conversaciones telefónicas e incluso hasta vaciar bases de datos que ellos posean para su propio trabajo o para su uso personal; también compartimos el reclamo de que se investigue a fondo el tema”, enfatizó.