Monterrey, NL.- El traslado a penales federales de capos que controlaban los centros penitenciarios del estado desató en el Penal del Topo Chico disturbios que dejaron a un reo herido.

Los internos, cerca de 3 mil, quemaron colchones e hicieron mantas para denunciar que un líder delictivo, a quien identificaron como “Kakino”, tomaría el control del centro penitenciario y empezaría a cobrarles cuotas.

Horas después de la protesta, el capo, extraoficialmente identificado como Jaime Cabrera Escalante, fue también trasladado a un reclusorio federal.

En total, el estado trasladó ayer a 53 internos a ceresos federales, 39 durante la mañana y 14 más en la noche.

Internos y familiares aseguraron que el Gobierno del Estado buscaba imponer a Cabrera para que controlara el Topo Chico y que regresara el cobro de cuotas.

“No queremos a ‘Kakino’. No queremos cuotas. Nos quieren cobrar cuotas. El Gobierno quiere cuotas”, gritaban reclusos a los reporteros desde los techos de los ambulatorios.

Los mismos mensajes se observaron también en sábanas y cartulinas que internos mostraron desde lo alto.

Además, familiares protestaron afuera del reclusorio con cartulinas en los que expresaron su descontento porque Cabrera no había sido trasladado.

Imponían su ley

Entre los 39 cabecillas ligados al crimen organizado que fueron removidos por la mañana a penales federales de Guanajuato, Oaxaca, Durango, Michoacán y Veracruz figuraba Julio César Pardo Leyva, apodado “La July”.

Pardo presuntamente tenía el control del penal desde el año pasado, meses después de que un grupo de internos masacró a 49 reclusos el 11 de febrero.

Desde entonces, aseguraron internos y familiares, no había pago de cuotas.

En conferencia de prensa por la mañana, el vocero de seguridad estatal, Aldo Fasci, informó que a las 8:30 horas ingresaron mil 200 policías estatales y federales al reclusorio para realizar una revisión de rutina.

Informó que se habían trasladado 39 internos de alta peligrosidad y que eran líderes naturales en los centros penitenciarios estatales.

“Todos catalogados como lideres de cárteles en el estado”, subrayó Fasci.

Después de este traslado, los internos se manifestaron cerca de las 13:00 horas, cuando se escucharon detonaciones y minutos después emergió una columna de humo negro.

Fasci dijo que las detonaciones fueron causadas por pistolas de gas y el incendio se debió a que fueron quemados colchones.

Minutos después, decenas de reclusos subieron a los techos de tres ambulatorios para expresar su oposición a Cabrera.

Fasci atribuyó la protesta a un rumor que se generó en el exterior para desestabilizar y se negó a identificar a Cabrera.

Aseguró que no entregarían el control del penal a ningún grupo.

Por la noche, el vocero de seguridad convocó a rueda de prensa e informó que Cabrera y otros 13 internos fueron trasladados a penales federales, por lo que la cifra de trasladados aumentó a 53.

Dijo que lo trasladaron porque tenían informes de que estaba en riesgo porque los 3 mil reos del penal estaban en su contra.

Este sería el octavo disturbio en un año y ocho meses del Gobierno de Jaime Rodríguez, con un saldo de 54 muertos y más de 130 lesionados.

El más sangriento ocurrió el 11 de febrero del 2016, cuando 49 internos fueron masacrados, posteriomente el 1 de junio una riña dejó tres asesinados y 14 heridos.

Los ‘olvidan’

Luego de esperar por más de cuatro horas a que se controlara la situación dentro del Penal del Topo Chico, familiares de los internos señalaron que no les habían brindado alimento y agua durante el día.

“Está bien, no están golpeados ni nada, sólo eso sí, no les han dado de comer ni agua a los internos y el calor está muy fuerte, no es justo que estén así, se van a deshidratar.

“Sólo queremos que estén bien, para estar tranquilas, no dicen nada, no quieren hablar ni decir nada, pero los vemos preocupados, apenas nos están dejando pasar a la visita”, indicó María, madre de un interno.

Carmen, madre de otro recluso, indicó al momento de salir del centro penitenciario que seguirían esperando para estar al pendiente si surgen más traslados de internos a otros penales.

“Estamos esperando y aquí seguiremos, no queremos que se lleven a nuestros hijos, son de aquí y aquí deben de estar, no queremos que se los lleven a otros penales, será más difícil saber de ellos”. (Con información de Reforma)