Saltillo, Coah.- El PRI propone adiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para castigar “La utilización de lenguaje y/o actos que provoquen o inciten a la discriminación, al odio o a la violencia hacia las mujeres, en un acto público o privado, sean militantes o no de algún partido político”.

Aplicaría para aspirantes, precandidatos y candidatos de partido o candidatos independientes a cargos de elección popular, mediante adiciones a los artículos 445 y 446, planteó la diputada Verónica Martínez García.

Una vez que la iniciativa sea aprobada en el Congreso del Estado, será remitida al Congreso de la Unión para que dictaminen al respecto los diputados federales y senadores.

De acuerdo con la LGIPE –de aprobarse la iniciativa-, la infracción se sancionaría con amonestación pública, multa de hasta 5 mil unidades de cuenta (salario mínimo), negativa del registro o, en su caso, con la cancelación del mismo

“Construir y fomentar la igualdad, suprimir la discriminación y eliminar la violencia en los espacios político-electorales, es uno de los compromisos más importantes y de mayor relevancia en nuestro estado”, argumentó la legisladora.

“La violencia política contra las mujeres puede generar distintos tipos de responsabilidades: electoral, administrativa, penal, civil, incluso, internacional y puede manifestarse en distintas modalidades en los espacios públicos o privados, pero en todos los casos, estos actos de violencia deben resolverse con enfoque de género y en el marco del respeto de los derechos humanos”.

La inacción, la indiferencia y el desinterés ante las denuncias por discriminación, violación a los derechos humanos o violencia de género reproducen la violencia y limitan el acceso a la justicia, sostuvo.

Refirió que la impunidad en este tipo de delitos provoca entre las mujeres un sentimiento de desamparo que repercute en un mayor nivel de vulnerabilidad.

“Es por ello que es particularmente importante que tipifiquemos en la norma, actos de violencia contra las mujeres, tomando en cuenta el deber de la sociedad de rechazar dicha violencia y las obligaciones estatales de erradicarla, y de brindar confianza, certeza y seguridad, para su protección”, dijo.