Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó ayer, un año más, la Ley de Comercio con el Enemigo, estatuto de 1917 que constituye la base del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba. Esto implica restricciones en viajes, inversiones y otras actividades de estadunidenses con empresas y particulares cubanos.

Mediante un memorando enviado a los secretarios de Estado y del Tesoro, se recordó que el ejercicio de ciertas facultades bajo esa legislación, que sólo afecta al país caribeño, estaba programado a expirar el 14 de septiembre de 2017.

Ante la cercanía de esa fecha, Trump decidió dar continuidad a esas medidas otro año, hasta el 14 de septiembre de 2018, y justificó el tema al indicar que es de interés nacional de Estados Unidos.

La Ley de Comercio con el Enemigo estipula que el presidente estadunidense tiene la facultad de aplicar sanciones económicas en tiempo de guerra o en cualquier otro periodo de emergencia nacional, y prohibió el comercio con el enemigo o sus aliados durante conflictos bélicos.

En 1962 el entonces presidente John F. Kennedy recurrió a ese estatuto para imponer el bloqueo económico, comercial y financiero contra la nación caribeña, el cual ha sido renovado desde entonces anualmente.

La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 restringió las facultades del presidente para imponer otras sanciones aludiendo situaciones de emergencia nacional; sin embargo, la legislación previa continuó aplicándose para Cuba.

Al amparo de la normativa de 1917 se adoptaron las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos en 1963, en virtud de las cuales se prohíbe a estadunidenses o personas sujetas a la jurisdicción de este país realizar transacciones financieras con la isla, entre otras restricciones.

Cuba instó el viernes a Estados Unidos en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a levantar el cerco de más de 55 años, el cual cuenta con el abrumador rechazo de la comunidad internacional.

El 26 de octubre del pasado año esa instancia aprobó una nueva resolución de reclamo del fin del bloqueo, la cual recibió el apoyo de 191 de los 193 países miembros de la ONU, y las abstenciones de Estados Unidos e Israel.

La renovación implica que el mandatario estadunidense tiene autoridad sobre algunas sanciones mediante decretos ejecutivos, aunque la eliminación total de la política contra la isla requiere una decisión del Congreso.