Saltillo, Coahuila.- Negar el empleo a personas con antecedentes penales y embarazadas constituye un acto discriminatorio que va contra la Constitución y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Los actos discriminatorios se configuran desde el momento en que en el listado de requisitos exigidos por los patrones se solicita la constancia de no antecedentes penales y un documento de no gravidez, explica Francisco Saracho Navarro, diputado federal.

Estas medidas segregacionistas son tomadas como algo normal, a pesar de los efectos negativos que generan y ameritan la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

“Son actos que requieren ser atendidos por las autoridades competentes, a fin de combatir y eliminar la segregación y marginación que, injustificadamente, recae sobre esta población”.

PROTECCIÓN A LOS DERECHOS

Señala que es común que los patrones o contratantes nieguen vacantes a solicitantes que cuentan con antecedentes punitivos y obstaculizan el trabajo a mujeres en estado de gravidez, medidas que están prohibidas en el Artículo 1º de la Carta Magna y en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En todo momento se debe garantizar la protección de los derechos humanos, mismos que son violentados sistemáticamente por los patrones al discriminar a los aspirantes a alguna vacante laboral por sus condiciones personales, por lo que es necesario tomar medidas y acciones necesarias para paliar los efectos de la marginación generada por ese rechazo.

La discriminación es reflejo de rasgos sociales negativos y representan desafortunadas conductas que marginan, segregan o que restringen derechos a los más desvalidos, algunas minorías e, incluso, de quienes están tratando de recuperar sus derechos y que son vulnerables por esa sola condición personal, concluyó.