Ciudad de México.- Hace siete años, en San Fernando, Tamaulipas, integrantes del cártel de Los Zetas asesinaron a 72 migrantes que se negaron a participar en el tráfico de drogas.

A la fecha, quedan pendientes de identificar los restos de varias víctimas. El caso sigue abierto en dos instancias de la Procuraduría General de la República: la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Hay ocho detenidos ligados a esos acontecimientos, pero ninguno ha sido sentenciado, y los familiares de las víctimas no han recibido reparación del daño.

Extraoficialmente trascendió que este miércoles, a las 10 de la mañana, acudirán a las instalaciones de la Seido familiares de las víctimas de San Fernando para conocer los avances de las indagatorias.

El caso se inició el 23 de agosto de 2010, cuando un hombre –el ecuatoriano Luis Fredy Lala– llegó caminando hasta donde se encontraba un grupo de marinos que realizaba labores de vigilancia en un tramo carretero cercano a San Fernando.

El ecuatoriano narró que un grupo que migrantes partió del estado de Veracruz el 21 de agosto. Viajaban en dos autobuses y fueron interceptados por un grupo de hombres armados que los trasladó a un rancho. Luego fueron interrogados y golpeados para que revelaran datos de sus familiares con el propósito de exigirles dinero a cambio de su liberación. Asimismo, aseguró que integrantes del cártel de Los Zetas les propusieron que si no tenían dinero, entonces que colaboraran con ellos.

De acuerdo con el testimonio del ecuatoriano, ante la negativa de los migrantes a trabajar para el grupo criminal, los sicarios los ataron con las manos a la espalda en grupos de cuatro y luego dispararon contra ellos.

Fredy Lala sobrevivió gracias a que fingió que estaba muerto. Luego de que los sicarios abandonaron la finca, esperó varias horas hasta que amaneció y echó a caminar hasta encontrar a los efectivos navales.

Los marinos informaron a sus superiores y realizaron un operativo en el cual se suscitó un enfrentamiento con integrantes de Los Zetas, que dejó un saldo de un oficial y tres sicarios muertos.

Tras la refriega y el arribo de los militares al rancho donde fueron ejecutados los migrantes, fue detenido un integrante de Los Zetas y se decomisaron 21 armas largas, 101 cargadores, más de 6 mil cartuchos y cuatro camionetas.

Durante las investigaciones se logró establecer que en los autobuses viajaban 77 migrantes originarios de Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil y Ecuador. A la fecha, se considera que dos sobrevivieron y tres se encuentran desaparecidos.

Un mes después de la masacre, la PGR informó que 50 de las 72 víctimas habían sido identificadas con base en exámenes de ADN. Sin embargo, hubo casos en los que los familiares se quejaron de que los restos entregados no correspondían a sus consanguíneos.

Como parte de las investigaciones, en octubre de 2012 efectivos de la Marina detuvieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Salvador Alfonso Martínez Escobedo, La Ardilla, identificado por las autoridades federales como el coordinador de la matanza de los migrantes.

Según las investigaciones, elementos la Policía Municipal de San Fernando habrían participado en la matanza.

La indagatoria sigue abierta. En enero de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se trató de un caso de violaciones graves a los derechos humanos y otorgó la calidad de víctimas directas a los familiares de los migrantes asesinados.