Ciudad de México.- Un juez federal ha determinado que, cuando se reanude su interrogatorio, no serán permitidos los cuestionamientos a Juan Díaz de la Torre sobre los recursos que presuntamente autorizó en favor de Elba Esther Gordillo y que la PGR considera como ilícitos.

Alejandro Caballero Vértiz, Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, no va a modificar la decisión que tomó el pasado 22 de junio de no autorizar 13 preguntas al dirigente del SNTE, incluso una sobre cuáles son los cargos que ha ocupado desde el 2012.

Al resolver un recurso de revocación, con el que Gordillo buscaba que el juez reconsiderara la pertinencia de sus preguntas, Caballero acordó ratificar el desechamiento de las mismas porque los argumentos de la acusada son inoperantes e infundados, indica información judicial.

Por lo anterior, si el líder magisterial se presenta a la diligencia en la que está citado el próximo 17 de octubre, no se verá obligado a dar respuestas a los cuestionamientos relacionados con los recursos que probablemente aprobó en favor de la maestra.

Varias de las cuestiones fueron descartadas por el juzgador bajo la premisa de que Díaz de la Torre no está sujeto a investigación y porque algunas otras son más bien preguntas “personales”.

Algunas son las relacionadas con dos cheques que aparecen en el expediente, firmados por el dirigente y que supuestamente forman parte de los depósitos en favor de Gordillo.

Por decisión del juez, Díaz no será cuestionado sobre si son suyas las firmas en los cheques, tampoco si verificaba que el destino de éstos estuviera apegado a los estatutos o si los giraba por instrucción del Colegiado de Administración y Finanzas del SNTE.

Tampoco deberá responder si sabe cuáles son los requisitos de una erogación del sindicato, si él cumplía con los estatutos gremiales cuando fue integrante del Colegiado referido y qué funciones llevó a cabo como tal.

El juez tampoco autorizó que Díaz diga cuáles son los cargos que ha ocupado de 2012 a la fecha debido a que los hechos imputados a Gordillo en este proceso ocurrieron de 2008 a 2012.

También canceló la posibilidad de preguntarle al dirigente si el SNTE presentó una denuncia contra la maestra y sus coacusados por daños a su patrimonio, dado que en su opinión es evidente que no existe querella alguna.

Otra pregunta que el testigo no deberá contestar es si hubo algún procedimiento de sanción estatutario contra Elba; en este caso, el juez justificó su negativa con que la acusación penal no deriva de un trámite de esta naturaleza.

El pasado 22 de junio, Díaz de la Torre empezó a ser interrogado como testigo en el proceso que se sigue a Gordillo por delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos, procedentes del sindicato de maestros.

Esa vez, el juez no autorizó 13 preguntas y la diligencia fue interrumpida, sin embargo, la defensa de Gordillo, y sus coacusados Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, promovió un recurso de revocación.

Los procesados alegaron que el desechamiento limitaba el derecho a la defensa, ya que varias preguntas se reprobaron sin motivación legal y eso les impide probar la existencia de pruebas ilícitas o rebatir la existencia de un delito subyacente al lavado.

Además alegaron que la decisión judicial afecta el derecho a acreditar la inexistencia del origen ilícito de los recursos y la ausencia de un daño patrimonial al SNTE.

Al juez nada de eso le hizo cambiar de opinión porque estimó que los acusados no explican en qué radica su afectación.