Aristegui Noticias | Ciudad de México.- Un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) fue socio fundador de una compañía ligada al grupo empresarial que vendió en 32 millones de dólares el malware espía Pegasus a la propia PGR.

Luis Fernando Ayala Puente, quien trabajaba en la oficina encargada de custodiar los bienes decomisados a delincuentes, fue socio fundador de la empresa CITELAE del Centro SA de CV, la cual registró el nombre y el logotipo de Balam Seguridad Privada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Balam nació como empresa el 15 de mayo de 2012, mientras transcurría la pasada campaña presidencial, y el trámite de inscripción de su nombre comercial fue realizado por intermediación de la compañía CITELAE el 3 de julio del mismo año.

En octubre de 2014, una empresa filial de Balam, de nombre Grupo Tech Bull SA de CV, obtuvo de la PGR un contrato por 32 millones de dólares (equivalente a 450 millones de pesos de entonces) para surtir el malware de espionaje Pegasus, el cual ha sido utilizado para infectar teléfonos inteligentes de defensores de los derechos humanos, políticos de oposición y periodistas.

Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, uno de los accionistas de Balam, tiene vínculos con encumbrados personajes de la política. Un hermano de su papá es Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, Coordinador de Puertos y Marina Mercante, cercano al círculo político del senador Emilio Gamboa, y su primo Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal trabajaba en la oficina de la Presidencia de la República cuando se asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull.

El accionista de Balam ha negado reiteradamente el vínculo con Tech Bull, pese a que una cadena de correos filtrados por Wikileaks acredita los nexos empresariales de ambas compañías.

Además, en esta investigación se corroboró que el hermano de uno de los presuntos prestanombres de Tech Bull trabaja para Balam.
Entra a PGR y a los 8 meses se asigna contrato

Cuando se asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull, Luis Fernando Ayala Puente, socio fundador de CITELAE –la empresa ligada a Balam- tenía ocho meses de haberse incorporado como funcionario de segundo nivel en la PGR.

Ayala Puente se incorporó a la Procuraduría el 1 de febrero de 2014 por invitación de Aurelio Gancedo, quien se desempeñaba como Director de Aseguramientos Ministeriales.

Gancedo y Ayala se conocieron en la ciudad de San Luis Potosí –de donde ambos son originarios- y antes de entrar a la PGR habían trabajado juntos en la Dirección de Desarrollo Social de aquel municipio, el primero como titular de la dependencia, y el segundo, como su administrador.

Gancedo, a su vez, creció a la sombra de Jesús Murillo Karam desde el año 2009, cuando el primero era presidente del PRI en San Luis Potosí y el segundo el secretario general del mismo partido.

Desde el inicio de su gestión como Procurador, Murillo Karam invitó a Gancedo a incorporarse a la PGR, primero como director de área en la Oficialía Mayor y luego como director de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales.

Cuando Murillo ascendió a Gancedo, en febrero de 2014, éste incorporó a la PGR a Ayala Puente (el socio fundador de CITELAE) y a otros dos amigos que habían sido sus subordinados en el Ayuntamiento de San Luis Potosí: Víctor Hugo Salgado Delgadillo y José Israel Guerrero Cerrillo.

Luego, cuando Murillo fue removido de la PGR y enviado a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Gancedo se fue con él como director de Recursos Materiales y Servicios Generales. En el medio político de San Luis Potosí se identifica a Gancedo como el ahijado de Murillo Karam.

Vínculo con empresa ‘fantasma’

CITELAE del Centro SA de CV fue creada el 30 de noviembre de 2009 en la ciudad de San Luis Potosí, por dos empleados de Delta Servicios del Sureste, una empresa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó desde 2014 como presunta ‘fantasma’, por expedir comprobantes fiscales sin tener infraestructura o por realizar operaciones simuladas.

En la declaración patrimonial que presentó cuando ingresó a la PGR, Luis Fernando Ayala Puente reportó que entró a trabajar en Delta Servicios del Sureste en junio de 2009, cuando tenía 24 años de edad, y que permaneció en esa empresa hasta febrero de 2011, donde desempeñaba el cargo de asistente administrativo.

Delta fue constituida en el pueblo chiapaneco de Ocozocuautla, y como supuestos dueños aparece en actas una pareja que reside en Paseo del Bosque, una colonia popular de Tuxtla Gutiérrez. Como administradora figura una señora de 68 años que declaró habitar el departamento 10 del edificio M45 en la unidad habitacional Lomas de Plateros, en la ciudad de México. Sin embargo, en una visita de MCCI se constató que esa dirección es falsa.

A los cinco meses de que declaró haberse incorporado a Delta, Luis Fernando Ayala Puente ayudó a crear CITELAE del Centro, en cuya acta constitutiva fue registrado como socio con el 33% de las acciones y una aportación de 16 mil 500 pesos al capital social.

Como sus socias en CITELAE fueron registradas María Patricia Castillo Rodríguez, quien era la encargada de la contabilidad de Delta Servicios del Sureste, con el 34% de las acciones, y Rosa Elena Herrera Rodríguez, una joven de 23 años, estudiante de contaduría, con el 33%.

En el acta quedó asentado que CITELAE se dedicaría a dar todo tipo de servicios, incluida la vigilancia industrial, comercial y bancaria; asesorías e investigaciones privadas a particulares y todo lo relacionado con la seguridad.

En asambleas realizadas en febrero de 2011 y agosto de 2013 se retiraron de la empresa las dos socias fundadoras, pero en los documentos inscritos en el Registro Público de Comercio de San Luis Potosí no aparece ninguna cesión o venta de acciones por parte de Luis Fernando Ayala Puente.

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