CNN | Estados Unidos.- Según el presidente estadounidense Donald Trump, el trágico tiroteo en la iglesia de Texas que dejó 26 muertos fue “un problema de salud mental al más alto nivel”.

Pero si le preguntas a los expertos en salud mental, los tiroteos masivos son algo mucho más complejo.

El domingo 5 de noviembre, Devin Kelley, un joven de 26 años, atacó a balazos el templo de la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs, Texas, a unos 48 kilómetros al este de San Antonio. El más joven asesinado en la iglesia tenía 17 meses; el mayor, 77 años.

“Tenemos muchos problemas de salud mental en nuestro país, al igual que otros países, pero no es un problema de armas de fuego”, dijo Trump durante una conferencia de prensa el lunes en Tokio.

“Este es un problema de salud mental al más alto nivel”, declaró. “Es un suceso muy, muy triste”.

La respuesta de Trump al tiroteo en la iglesia de Texas coincide con comentarios anteriores que ha vertido sobre la violencia con armas de fuego. En 2015, Trump dijo que se oponía al endurecimiento de las leyes de posesión de armas en Estados Unidos, pero estaba a favor de atender el tema de la salud mental para evitar las masacres.

Sin embargo, varios estudios epidemiológicos realizados en las últimas dos décadas muestran que la gran mayoría de las personas con enfermedades mentales graves, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la depresión severa, no son más propensas a la violencia que los demás.

Por el contrario, las personas con enfermedades mentales graves tienen 10 veces más probabilidades de ser víctimas de crímenes violentos que la población en general. Además, solo entre el 3 a 5% de los actos violentos pueden atribuirse a personas que padecen una enfermedad mental grave, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Pero esas estadísticas “casi no tienen nada que ver con tiroteos con muchas víctimas”, aclaró Jeffrey Swanson, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de Duke, que se especializa en la violencia con armas de fuego y las enfermedades mentales.

Entonces, ¿cómo se entrelazan la salud mental y la violencia armada, y qué se necesita para poner fin a la violencia?

La violencia con armas de fuego y las enfermedades mentales son problemas de salud pública “que se cruzan en los límites”, pero no se superponen, dijo Swanson a CNN el año pasado.

No hay duda de que los sistemas de atención de la salud mental en el país están sobrecargados, son caros e inaccesibles para muchos que los necesitan, dijo. Pero cuando se trata de violencia, entre esta comunidad el suicidio tiene tasas más altas que los homicidios, detalló.

“Si recapitulamos y pensamos en las lesiones y la mortalidad vinculadas a las armas como un problema de salud pública, resulta que sí hay una historia asociada a la salud mental, y es el suicidio”, dijo. “Si tuviéramos una mejor atención de la salud mental y las personas tuvieran un mejor acceso y menos barreras para esa atención, entonces sí, podríamos reducir mucho la violencia, porque estaríamos reduciendo los suicidios”.

De otra forma, la enfermedad mental es solo un factor “altamente indeterminado y vago” que puede contribuir a la violencia con armas de fuego, junto con otros elementos, como ser joven, blanco y hombre, o tener antecedentes de violencia, dijo Swanson.

En lugar de políticas que restringen el acceso a armas de fuego sobre la exclusiva base de diagnósticos de enfermedades mentales o porque una persona se ha puesto en contacto con el sistema judicial o las agencias de salud debido a enfermedades mentales, la Asociación Estadounidense de Psicología, la Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales y otros grupos del tipo han pedido que los criterios de acceso a armas estén basados en indicadores más sutiles de comportamiento potencialmente peligroso.

Esos indicadores (como tener condenas o cargos por delitos violentos menores pasados o pendientes, órdenes de restricción por violencia doméstica o múltiples condenas por conducir intoxicado), han sido ampliamente estudiados por Swanson y otros expertos.

Swanson apoya la intervención en los puntos de venta de armas mediante verificaciones exhaustivas de antecedentes, pero para que las verificaciones de antecedentes funcionen, los criterios para incluirlos en la base de datos deben basarse en otros indicadores de riesgo además del historial de salud mental, como los indicadores de conducta agresiva, impulsiva o peligrosa.

“Un historial de comportamiento violento predice mucho mejor la violencia futura que la enfermedad mental”, dijo.

Calificar la violencia con armas de fuego como un problema de salud mental estigmatiza y convierte en chivos expiatorios a las personas con enfermedades mentales, señaló.

“Es una especie de embuste, una explicación cómoda que explota el tremendo miedo que tenemos a estos horrendos tiroteos masivos”, dijo. “Si la gente teme a las personas que padecen una enfermedad mental, las tratarán con desprecio y respaldará políticas públicas que restrinjan sus libertades”.

Después de todo, las enfermedades mentales afectan a millones de adultos en todo el país.

En 2015, se estimó que había 43.4 millones de adultos en Estados Unidos con alguna forma de enfermedad mental en el último año, lo que representó el 17.9% de los adultos en todo el país, según el Instituto Nacional de Salud Mental.

La Asociación Estadounidense de Psicología recomienda prohibir el uso de armas de fuego a grupos de alto riesgo, como los perpetradores de violencia doméstica o las personas condenadas por delitos menores violentos. “Reducir la incidencia de la violencia armada requerirá intervenciones a través de múltiples sistemas, incluidos el judicial, la salud pública, la seguridad pública y la comunidad. Una mayor disponibilidad de datos y financiación ayudará a formular y evaluar las políticas diseñadas para reducir la violencia con armas”, según el sitio web de la asociación. En un artículo publicado en la revista Behavioral Sciences & the Law en 2015, Swanson y sus colegas examinaron la proporción de personas en el país con comportamiento impulsivo e iracundo que poseen o portan armas y tienen una enfermedad mental diagnosticable. Llevaron a cabo encuestas a hogares con 9,282 personas desde febrero de 2001 hasta abril de 2003, excluyendo a las personas que portaban armas por motivo de trabajo, lo que resultó en una tasa de respuesta del 70.9%.

Un análisis de los resultados de la encuesta estima que casi uno de cada 10 adultos tiene acceso a armas de fuego y tiene un problema con la ira y el comportamiento agresivo impulsivo.

Según Swanson y sus colegas, era más frecuente que esas personas fueran hombres, jóvenes y casados y vivieran en áreas periféricas de los centros metropolitanos. Eran significativamente más proclives a cumplir con los criterios de diagnóstico para una amplia gama de trastornos mentales, incluyendo depresión, bipolaridad y ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno explosivo intermitente, ludopatía, trastorno alimenticio, desórdenes por consumo de alcohol y drogas y una variedad de trastornos de la personalidad.

Lo que es más, a pesar de la evidencia de “considerable psicopatología” en muchos de estos encuestados, solo una proporción muy pequeña, entre 8 a 10%, fue alguna vez hospitalizada por un problema de salud mental.

“Debido a que solo una mínima proporción de personas con esta combinación peligrosa han sido internadas por un problema de salud mental, la mayoría no estará sujeta a las restricciones legales que aplican a la salud mental y a la posesión de armas de fuego que exigen un antecedente de hospitalización involuntaria”, concluyeron Swanson y sus colegas en el artículo.

En cuanto al asesino de Texas, el estado le negó una licencia para portar un arma , dijo el gobernador Greg Abbott, citando al director del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

“Entonces, ¿cómo pudo conseguir un arma? Por todos los hechos que sabemos, se suponía que no tenía acceso a un arma”, le dijo Abbott a Chris Cuomo de CNN. “¿Cómo pasó esto?”

El lunes, Trump dijo que sus “pensamientos y oraciones” estaban con las víctimas y sus familias, pero no sugirió planes para tomar medidas legislativas o de otro tipo para abordar las causas de la masacre.