Ciudad de México.- Son tres los testigos que sustentan las acusaciones de la Procuraduría General de la República contra Javier Duarte. Se trata de Alfonso Ortega y José Janeiro, ambos exabogados del exgobernador y Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz.

Tanto Ortega como Janeiro confesaron ante los agentes del Ministerio Público de la Federación las operaciones con recursos de procedencia ilícita así como la operación de empresas fantasma. Con sus declaraciones ambos testigos libraron la aprehensión bajo el “criterio de oportunidad”.

Mientras que Bermúdez Zurita confesó que desde el gobierno de Veracruz le pidieron desviar recursos financieros destinados a la seguridad de la entidad, algunos de ellos provenientes de participaciones federales.

Gracias a los testimonios de estas tres personas ligadas directamente a Duarte de Ochoa, la PGR pudo ligar la creación de empresas fantasma con el dinero dado a proveedores del gobierno veracruzano y el desvío de recursos millonarios.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Israel Lira, quien mediante gráficos mostró, de acuerdo a dichos de los testigos, la compra de ejidos en Campeche “por parte de la agrupación criminal liderada por JDDO, con un sobreprecio de 15 mil por ciento para lavar dinero”.

Incluso refirió que los cómplices del exgobernador de Veracruz se hicieron pasar por campesinos ejidatarios con el objetivo de darle vuelta a la ley y tampoco pagar impuestos por la adquisición de los terrenos.

“Estas personas compraron a verdaderos campesinos un metro cuadrado de tierra a un peso, y un año después lo vendieron en 253 pesos. El colmo de colmos fue que el campesino Mansur ni siquiera pagó un peso de impuestos por estas transacciones”, señaló Lira Salas.

Durante su argumentación ante el juez Gerardo Moreno, el titular de la SEIDO se refirió a Mansur, en tono burlón, como el “campesino” pues para poder comprar las tierras a menor costo, “se convirtió” en ejidatario.

Según la información presentada, los ya referidos operadores de Duarte estafaron a 172 ejidatarios, a quienes pagaron apenas cinco millones de pesos por sus tierras para venderlas por alrededor de 850 millones de pesos.

Las cinco parcelas adquiridas por Moisés Mansur fueron compradas a campesinos de Campeche en un millón 650 mil pesos y vendidas en 253 millones 300 mil pesos.

Otras cuatro parcelas fueron compradas por el testigo principal del caso, Alfonso Ortega a un millón 165 mil pesos y puestas a la venta en 244 millones 762 mil pesos.

Mientras que ocho parcelas fueron compradas por José Janeiro por tres millones de pesos y finalmente vendidas por un total de 351 millones de pesos. Con estos datos la fiscalía comprobó al juez que Javier Duarte dirigía una agrupación delictiva perfectamente bien estructurada pues sus integrantes se subordinaron y sometieron a la jerarquía del exgobernador.

Entre otras cosas, sobresalió la compra, a través de Alfonso Ortega, del yate La Candelaria por un precio de 790 mil dólares, ya que el entonces gobernador “quería una embarcación digna de su investidura” para las fiestas del Día de la Candelaria.

Este diario refirió ayer que también hubo compra de joyería por cerca de 200 mil dólares, así como departamentos en diversas regiones del país, uno de ellos para una mujer identificada como Xóchitl Tress, “presunta pareja sentimental” de Duarte.

La PGR tiene hasta el 22 de enero de 2018 para concluir la investigación y presentar la acusación completa. Lo máximo que el exgobernador puede pasar en prisión preventiva en el Reclusorio Norte son dos años.