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Roberto Newell
Roberto Newell
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06 Julio 2017 04:00:00
El debate americano sobre la salud
La Constitución mexicana establece en el segundo párrafo del Artículo 4: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general...”

Este derecho se estableció en una reforma constitucional aprobada en 1985. La reforma estableció que el Estado mexicano está obligado a proveer servicios de salud a todos los mexicanos y hace corresponsables a los estados de la provisión de esos servicios.

Cuando el Estado estableció esta obligación México era un país significativamente más pobre que actualmente. Por ello, la decisión de asumir la obligación de proveer servicios de salud para toda la población podría haber sido interpretado como una una decisión temeraria y poco realista. En ese contexto, a nadie hubiera extrañado que la minoría de personas de altos ingresos sobre quienes recaería la mayor parte del costo de esta obligación objetarán tener que financiar la nueva obligación. Pero eso no sucedió y en el país sigue habiendo un acuerdo general sobre la deseabilidad de extender servicios de salud a toda la población, aun cuando tal obligación se vaya haciendo más onerosa conforme la población envejece.

Esto no ha sucedido en EU. El debate sobre Obamacare, y más generalmente sobre la conveniencia de contar con un seguro de salud que garantice acceso universal al sistema de salud es sumamente intenso y polémico.

La brecha axiológica entre los Demócratas y los republicanos es enorme. Los demócratas coinciden con la mayoría de los mexicanos de que contar con acceso a un sistema de salud universal es una garantía que debe extenderse a toda la población vía un sistema de seguro obligatorio parcialmente financiado con recursos públicos.

Los Republicanos no están de acuerdo. Sus líderes abogan por un seguro de salud voluntario con beneficios más acotados y reducidos que el que proponen los demócratas. La reciente propuesta de ley republicana eventualmente eliminaría el subsidio federal que fondea el acceso al sistema de salud de grupos vulnerables. Su propuesta también aumentaría el coaseguro que deben cubrir las personas en caso de un siniestro.

En suma, el planteamiento de los Republicanos es que la responsabilidad de cubrir los costos de salud de las personas es una responsabilidad individual y familiar, mientras que los demócratas piensan que esa responsabilidad debe ser compartida entre las personas y la sociedad.

Llama la atención el encono con el que se debaten las diversas versiones potenciales del sistema de salud. Como el sistema de salud americano descansa sobre una Ley –y no un acuerdo Constitucional como el de México– la estabilidad del marco institucional y legal es mucho más frágil de lo recomendable y deseable.

Si los Republicanos ganan este round del combate político el sistema de Obamacare indudablemente sufrirá cambios significativos. La principal consecuencia de tal conclusión sería dejar sin cobertura a millones de personas que fueron beneficiadas por la reforma de Obama. Pero aun cuando los republicanos ganen este round de la pelea, probablemente ahí no acabarán las cosas, puesto que es probable que cuando los demócratas vuelvan al poder intenten restablecer un sistema de salud más amplio y generoso que el que actualmente pretenden los republicanos.

Lo malo de todo esto es que el proceso interminable de reformas y contra-reformas ha creado un entorno inestable que ponen obstáculos que impiden resolver los múltiples problemas de largo plazo que tiene el sector salud americano.

En esto el sector salud de EU se parece al sector energético mexicano.

Es un cementerio al que van a dar muchas de las aspiraciones de cambio y modernización de la economía del país vecino.

En mi opinión urge a los americanos que los dos partidos encuentren una fórmula que les permita acordar una solución de largo plazo para el sector. El sistema de salud americano actualmente consume casi la quinta parte del PIB de EUA. La carga que representa el sector para los americanos es insostenible.

El ímpetu con que está creciendo el gasto en salud hace imprescindible encontrar una fórmula que controle su crecimiento a la vez que se resuelve el reto de establecer un sistema de salud de buena calidad cuyos costos estén al alcance de toda la población.

La experiencia de otros países muestra que este objetivo se puede lograr pero esto no sucederá mientras los dos partidos sigan dando rienda suelta a las facciones más extremas dentro de sus filas.

* Roberto Newell G es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.
24 Marzo 2016 04:08:15
¿Y si gana Trump?
Durante los 80, el Gobierno de México tomó una decisión trascendental cuando decidió formar parte de la economía global. El ingreso al GATT significó reestructurar la economía para hacerla competitiva globalmente.

La apertura comercial y la liberalización de la inversión extranjera motivaron a las empresas a mejorar la productividad de sus procesos y la calidad de los bienes producidos con el fin de retener clientes que de otra manera buscarían otros proveedores. Algunas de las empresas que lograron modernizarse reconocieron que su situación competitiva les servía no sólo para mantener participación de mercado, sino para incursionar en nuevos.

La transformación de la economía mexicana se aceleró dramáticamente con la firma del TLCAN, puesto que miles de empresas manufactureras de EU y Canadá, y después de muchos otros países, reconocieron que producir en México brindaría oportunidades para mejorar su situación competitiva, aprovechando los costos de mano de obra más bajos y la logística de transporte inmejorable.

Las empresas que mejor entendieron y aprovecharon la oportunidad económica disponible en México eran empresas manufactureras americanas que tenían problemas competitivos derivados de costos laborales altos donde tradicionalmente producían. Durante años, muchas de estas empresas se habían relocalizado del noreste de EU y California a zonas relativamente más competitivas del sur de ese país. Cuando la oportunidad de relocalizar plantas a México se presentó, los costos de producción más bajos en el país resultaron irresistibles. Simplemente, no hacía sentido económico producir en EU, existiendo una opción más barata inmediatamente al sur.

El gusto le duró relativamente poco a México. Poco tiempo después de firmar el TLC, EU firmó varios acuerdos comerciales con países que podían igualar o mejorar los costos de producción de México y la competencia económica se intensificó aún más con la incorporación de China a la OMC.

La segunda ola de reformas de México permitió gradualmente recuperar parte de la cuota de mercado que China le había quitado, pero no sin tener que asumir costos políticos y económicos. Parecía que el país había recuperado su posición competitiva global cuando de pronto emergieron dos candidatos presidenciales en EU cuyo discurso proteccionista ha encendido al electorado. Sanders no tiene ninguna posibilidad de ganar, así es que se le puede descartar, pero, ¿qué si Trump gana? ¿Qué herramientas proteccionistas tendrá a su disposición?

La respuesta a esta pregunta se debe hacer contemplando dos contextos mutuamente excluyentes. El primero, y por mucho el más probable, es suponiendo que EU sigue siendo parte del TLCAN. Si ese fuera el caso, el gobierno americano y los participantes en los flujos comerciales internacionales estarían obligados a acatar las reglas que están contempladas en el acuerdo comercial, incluyendo las previstas para la resolución de conflictos.

Esto no significa que el Ejecutivo americano esté totalmente atado de manos. Sus facultades y prerrogativas administrativas le darían armas que le permitirían hacerle pesada la vida a empresas poderosas y a sectores completos. Pero, lo que sí significa es que hay un límite práctico y legal a lo que el Ejecutivo puede hacer dentro de las reglas del TLCAN.

Por ello, mientras EU siga siendo parte del TLCAN, los derechos de las empresas que producen y exportan a EU desde México están claramente delineados y protegidos por las disposiciones del tratado y a esto hay que sumar más de 20 años de precedentes legales en tribunales, y todo esto es sin considerar el costo político y económico que asumiría el Ejecutivo americano si toma conductas extremas o caprichosas. En suma, si Trump se pasa del límite y esos excesos son consentidos por los otros dos poderes, o por los gobiernos de otros países, EU habrá dejado de ser EU.

Existe todavía la otra opción que consta en que el Gobierno estadunidense decida unilateralmente retirarse del TLC. Esta opción está prevista en el Capítulo 22 del Tratado. En mi opinión, ejercer esta opción es aún menos probable que asumir una conducta extrema dentro de las reglas del TLCAN. Esto se debe al hecho de que la mayoría de las personas afectadas por tal decisión serían los propietarios y empleados de los miles de empresas americanas que resultarían perjudicadas así como sus millones de accionistas.

En varias columnas previas he manifestado el profundo disgusto que me provocan los gestos groseros y estúpidos del candidato republicano, así como la desconfianza que me causa su gemelo, Sanders. Pero, a final de cuentas, duermo bien porque confío que las instituciones americanas funcionarán y establecerán límites sensatos a las conductas más extremas de cualquiera de estos líderes.
25 Septiembre 2014 03:00:56
Pesimismo ilustrado
Acabo de leer un ensayo extraordinario de Francis Fukuyama publicado en el número de octubre de Foreign Affairs. El título del ensayo delata el estado de ánimo del politólogo: “America in Decay: the Sources of Political Dysfunction”. En el ensayo, Fukuyama examina las raíces estructurales de la conducta disfuncional del sistema político americano. Concluye que los problemas políticos actuales tienen sus raíces en el sistema de pesos y contrapesos que se estableció en la Constitución americana. En su opinión, ese diseño hace que el sistema político sea proclive a periodos de estancamiento y parálisis. Fukuyama concluye que el sistema político de EU sólo funciona adecuadamente cuando las dos cámaras legislativas están controladas por mayorías compuestas de personas del mismo partido político que el Presidente. Es decir, funcionan eficazmente cuando el mandato político es claro y favorece un conjunto coherente de medidas políticas y económicas. Cuando no hay tal alineamiento, EU tiende a entrar en periodos prolongados de parálisis política, como el periodo que precedió a la Guerra Civil. Fukuyama cree que EU está pasando por un periodo similar.

El impasse político actual no deriva de un error en el diseño de la Constitución americana. Por el contrario, el sistema de pesos y contrapesos fue creado deliberadamente para evitar el riesgo de concentraciones excesivas del poder. Fukuyama arguye que la Constitución americana refleja la convicción de Alexander Hamilton (1757-1804) y los Federalistas de que era indispensable establecer un sistema eficaz de contrapesos políticos para evitar la conformación de un régimen autoritario en EU.

Con ese fin, Hamilton y sus aliados lograron convencer a la asamblea constituyente de que EU debía ser una república federal con un gobierno nacional relativamente débil. Pero ahí no acabaron las cosas, complementaron la estructura federal con un sistema de gobierno basado en la división de poderes. Con la división de poderes buscaban distribuir la autoridad política y económica entre diversas instituciones concediendo facultades acotadas. El propósito era crear un sistema de decisión y gobierno que dependería de la adhesión voluntaria de los demás poderes para introducir cambios profundos. El sistema de Hamilton dotó al Poder Ejecutivo de un conjunto de facultades operativas, pero confirió al Poder Legislativo la facultad de establecer leyes y normas, facultad que también está acotada por la autoridad que se dio al poder Judicial para interpretar su validez constitucional. En suma, el diseño del sistema político americano original daba prelación absoluta a la protección de los derechos de los individuos, aun cuando esto significara sacrificar la eficacia de las acciones políticas y económicas del Estado.

Fukuyama está convencido de que el diseño constitucional original es anacrónico. Arguye que si bien es posible que el diseño original fuera funcional en el contexto de una sociedad rural menos compleja y dinámica que la actual, bajo las condiciones políticas, demográficas y económicas actuales esta fórmula ya no es funcional. Por el contrario, arguye que las reglas de decisión y operación de la democracia americana crean circunstancias que facilitan la captura de decisiones de política pública por grupos de interés y que impiden diseñar soluciones eficaces para resolver problemas económicos y políticos. Preocupa al autor que el sistema de pesos y contrapesos confiere poder de veto a docenas de actores políticos que pueden utilizar su fuerza relativa para imponer condiciones al resto de la sociedad. Este poder de veto multiplica la influencia de grupos minoritarios extremos cuyos intereses frecuentemente están en conflicto con el bienestar de la mayoría de los ciudadanos.

Fukuyama contrasta las reglas de operación de la democracia americana con las de varias democracias parlamentarias europeas y concluye que los incentivos que genera el diseño constitucional americano hacen casi imposible imaginar que el Gobierno americano vuelva a funcionar con eficacia y eficiencia. Para ilustrar su tesis cita varios ejemplos ilustrativos, entre ellos el debate interminable respecto al Obamacare y la incapacidad del Poder Legislativo para crear regulaciones bancarias sencillas que permitan reducir el riesgo de una nueva crisis financiera como la de 2008.

Fukuyama concluye que la única opción disponible que permita al sistema político americano salir de la trampa en que está atrapado es que Estados Unidos tenga que hacer frente a una crisis externa de tal magnitud que haga imposible mantener el statu quo estructural. Lamentablemente, para sacudir al sistema político de su parálisis se requeriría una crisis cuya magnitud fuera mayor que la crisis financiera de 2008 o que los retos geopolíticos actuales.

Recomiendo leer el ensayo de Fukuyama. A veces, su pesimismo parece ser exagerado, pero sus análisis están cuidadosamente razonados y las evidencias que ofrecen son convincentes.
13 Septiembre 2014 04:06:45
Combatir la corrupción
Las banderas e imágenes con símbolos patrios nos recuerdan que estamos en el Mes de la Patria. La fiesta del Grito y los desfiles nos llenan el corazón; mejor sería que nos recordaran que aún tenemos grandes pendientes por resolver.

Un discurso reciente del Presidente desató una discusión intensa sobre el tema de la corrupción y si esta es, o no, intrínseca a la cultura nacional. Si la corrupción fuera una manifestación de la cultura mexicana, ésta sería una de las cuestiones que más destacarían y señalarían los que se oponen a la presencia de nuestros connacionales en EU, pero ese no es el caso.

Cuando se habla de la corrupción de los mexicanos, los casos que se citan, todos, son de cosas que sucedieron en México, no se habla de actos corruptos perpetrados por mexicanos en EU.

La corrupción no es una enfermedad enraizada en la cultura nacional, sino una manifestación de problemas institucionales que se deben y pueden corregir.

Es por esa razón que México sale mal calificado en comparaciones internaciones, aun con respecto a sociedades con las cuales comparte raíces culturales.

La corrupción cuesta mucho y debilita la competitividad de México. Sus síntomas son notorios y causan que los costos de transacción y capital sean más altos en México que en otros países.

Por ello, es importante evitar resignarnos a que “así somos”; también debemos evitar la tentación de pensar que la solución está en montar grandes campañas para reformar los valores de los mexicanos.

No es lo mismo hacer lo correcto que hacer las cosas bien; lo que falla en México no son las personas, sino las instituciones encargadas de protegerlas.

Para reducir la corrupción, es indispensable mejorar la calidad del sistema de procuración de justicia.

Puesto llanamente, la tarea a realizar es rediseñar estos procesos para aumentar el costo esperado en el que incurren las personas que cometen actos corruptos en México.

Para que esto se dé, lo primero que se requiere es crear incentivos para que las víctimas de la corrupción estén dispuestas a denunciar a los corruptores.

Para multiplicar el número de denuncias, es indispensable crear un sistema de denuncia anónimo y confiable.

Las víctimas no denuncian porque no están locas; no saben hasta dónde se extienden las redes de extorsión.

Temen que si presentan una denuncia podrían exponerse a la venganza de grupos criminales, y posiblemente tengan la razón.

En las condiciones actuales, probablemente se denuncia una pequeña fracción de los miles de casos que diariamente acosan a los mexicanos.

Para resolver este problema, se requiere un proceso de denuncia que proteja la identidad del denunciante y garantice su seguridad.

Pero también se requieren incentivos para que convenga denunciar. Se estima que el costo anual de la corrupción es de alrededor de 15% del PIB.

Con sumas tan grandes en juego, los mexicanos deberíamos estar dispuestos a compensar generosamente a quienes denuncien casos comprobables de corrupción.

Un giro de esta naturaleza transformaría radicalmente los incentivos causando que más personas estuvieran dispuestas a denunciar prácticas corruptas.

Pero ahí no acaban las cosas,

Para reducir la corrupción, también requerimos agentes judiciales mejor preparados, que cuenten con las pericias técnicas y de investigación necesarias para resolver casos complejos y sofisticados de corrupción.

El objetivo en este caso debe ser aumentar la probabilidad de que las denuncias que se presenten se conviertan en casos bien documentados que sirvan como la base para aprehender a personas culpables de actos corruptos.

Luego, para que todo lo anterior conduzca a un resultado plausible, se requieren jueces y tribunales especializados, altamente calificados para oír y resolver los casos que se presenten.

Para que la campaña anticorrupción marque un hito transformacional, es indispensable cambiar las expectativas de los mexicanos.

Actualmente, están convencidos de que la corrupción existe porque les conviene a los políticos y a los que dirigen al país.

La sociedad ha visto incontables casos de combate a la corrupción que inician escandalosamente y acaban con los indiciados sueltos en la calle, disfrutando bienes malhabidos.

Para convencer a los mexicanos de que esto va a cambiar, es indispensable crear un historial de casos icónicos que muestren que la guerra contra la corrupción no es una moda pasajera, sino un nuevo estadio de desarrollo.

La percepción actual es que la corrupción es parte de las estructuras económicas y políticas del país. Para que esto cambie, se requerirán años de trabajo disciplinado y muestras tangibles de éxito. Si esto no sucede, los mexicanos seguiremos respondiendo al incentivo que genera la impunidad.
26 Septiembre 2013 03:00:21
Decepcionante
Le he dado vueltas y vueltas a la propuesta fiscal del Gobierno federal. Por más que trato sigo sin entenderla, puesto que no cabe dentro de la agenda de modernización del Gobierno de Peña Nieto. El diseño de la propuesta que el Gobierno turnó al Congreso corresponde a otros tiempos y persigue fines y filosofías que son ajenas a las demás propuestas de reforma que ha planteado el Presidente.

El hilo conductor de las propuestas previas de reforma del Presidente había sido procurar por la modernización de la economía del país. Hasta hace dos semanas, iban bien. Las propuestas del Gobierno federal compartían atributos que hacían que lucieran como si fueran de una sola pieza. Cierto es que algunas de las reformas anteriores resultaron menos audaces de lo deseable (v.gr. la Ley Federal del Trabajo), pero todas apuntaban en la dirección directa. Por ello, habían provocado entusiasmo entre analistas de todo el mundo. No así la propuesta fiscal, que ha decepcionado hasta a los grupos más afines al Gobierno.

El principal acierto de Peña Nieto durante la campaña fue proponer una agenda de cambios estructurales para remover los obstáculos que tienen estancado el crecimiento económico desde los 80s.

Hartos del crecimiento tan bajo, los mexicanos votaron a favor de los dos candidatos que hicieron este tipo de oferta. Peña Nieto fue el candidato más convincente y aprovechó los primeros meses de su Gobierno para proponer y promover cambios del tipo que la mayoría de los ciudadanos buscaban. Esos primeros meses consolidaron el apoyo a Peña Nieto aun entre los que dudaban de su compromiso con la modernización económica. Pocos nos imaginamos que fuera a tropezarse tan grotescamente al momento de confeccionar su propuesta fiscal.

El paquete que el Presidente envió al Congreso contiene elementos que están contrapuestos con otros elementos de su agenda económica. La propuesta fiscal, lejos de fortalecer la competitividad de la economía, la debilita.

Por ejemplo, el proyecto de Ley encarece la contratación de trabajadores por empresas formales puesto que suma el seguro de separación (mal denominado de desempleo) al costo de liquidación que establece la LFT. Si el seguro en cuestión se hubiera establecido para sustituir lo que actualmente marca la LFT, el efecto neto hubiera sido mejorar la movilidad de los trabajadores en la economía formal. Pero lo que se propone implantar es en adición al costo actual de las liquidaciones; lo que se propone encarecerá el empleo formal sin mejorar la movilidad de los trabajadores. Este caso no es un problema aislado. Otras propuestas surtirán efectos indeseados, como la que impone un tope a las prestaciones que son deducibles de impuestos o la homologación de las tasas de cotización del IMSS.

Si a estos cambios se suma el efecto que tendrá la propuesta de eliminar la consolidación de pérdidas entre empresas de un mismo grupo económico, el efecto neto sobre la competitividad será negativo, puesto que reducirá los rendimientos de los accionistas. Lo peor del caso, es que el beneficio para el Gobierno será pasajero, puesto que la solución obvia para anular la eliminación de la consolidación de pérdidas es fusionar a empresas que actualmente operan como unidades de negocios independientes. Tristemente, esta reacción causará que disminuya la transparencia de la información que reportan grupos empresariales complejos.

La propuesta tiene otros efectos lamentables, puesto que también fortalecerá los incentivos para participar en la economía informal. Un ejemplo de lo anterior es la propuesta de pagar una pensión mínima a las personas que no estén cubiertas por un sistema de seguridad social. Esta propuesta debilitará uno de los principales motivos para inscribirse en el IMSS y premiará participar en la economía informal. Lo más curioso del caso es que los técnicos de SHCP no se cansaban de criticar el Seguro Popular de Fox por este mismo defecto.

Pero quizá lo más decepcionante de la reforma es que el paquete hacendario propuesto rompe con la disciplina fiscal que se había conservado desde 1998. La propuesta del Gobierno federal intensifica el crecimiento del gasto público y descansa sobre un argumento anticíclico muy endeble, pero políticamente atractivo.

Lo que se percibe entre líneas es un regreso a las malas costumbres de antaño. Si el paquete fiscal pasa como está propuesto alimentará apetitos insaciables, fortalecerá intereses clientelares y creará obligaciones fiscales que serán difíciles de eliminar en el futuro.

El Gobierno perdió la oportunidad de proponer una fórmula fiscal apropiada para una economía moderna. Si algo conocemos los mexicanos es del costo de cargar un Gobierno obeso que impone cargas económicas sin generar beneficios sostenibles. Ojalá que el Gobierno recapacite y corrija las deficiencias del paquete fiscal actual. Aprobar el paquete propuesto sería un grave error.

Roberto Newell G. es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.


19 Septiembre 2013 03:00:26
Indigestión



Soy de esas personas que tiene la costumbre de leer todas las cláusulas de los contratos que he de suscribir. Y si el texto establece condiciones económicas, me gusta modelarlas para estar seguro de entender todas sus implicaciones. En esto no estoy solo; ni siquiera soy especialmente cuidadoso. Conozco a muchas personas, sobre todo abogados corporativos y financieros, que son mucho más obsesivos a la hora de revisar y firmar contratos.

Esta costumbre la aprendí de mi madre. Aunque mi padre fue un hombre de negocios exitoso, lo de él no eran los detalles. En cambio, mi madre destacaba en esta cuestión. Venía de una familia de abogados que la contagió con su ejemplo profesional. Me pregunto cómo le habría hecho si le hubiera tocado revisar, digerir, discutir y negociar las piezas de legislación que están programadas para el primer periodo ordinario legislativo.

En su mensaje del Informe, el Presidente advirtió que estos 120 días serían un periodo de muy intensa actividad legislativa. No exageró. Los asuntos programados son muy variados; y entre ellos hay varios muy importantes que definirán la dirección futura del país. No veo cómo los legisladores más conscientes y estudiosos vayan a poder revisar y votar cada una de las piezas de legislación que están en la agenda. Para ilustrar el punto que estoy haciendo, conviene revisar el detalle de la agenda legislativa.

El Ejecutivo federal acaba de presentar el Paquete Económico 2014 y la reforma hacendaria. Estas propuestas definirán los ingresos fiscales y el financiamiento disponible para el próximo ejercicio fiscal. Establecidas y negociadas las condiciones del paquete de ingresos, corresponderá discutir y negociar las condiciones del Programa de Egresos de la Federación del año próximo.

En cualquier año legislativo normal, la negociación del paquete fiscal del Gobierno federal es compleja porque afecta el bienestar de diversos grupos de interés. No es raro que se estén debatiendo los detalles finos de estas piezas de legislación hasta el último minuto del periodo ordinario. No creo que este año vaya a ser la excepción, sobre todo si toma en cuenta que el Gobierno federal confeccionó el paquete legislativo en secreto, sin considerar los puntos de vista de grupos influyentes. El paquete propuesto contiene cambios que han creado descontento, como son la consolidación fiscal de resultados, la eliminación de regímenes especiales del ISR, la homologación del IVA en la frontera y varios más. Por ello, el paquete económico fiscal requerirá la atención de miembros de las dos Cámaras.

Esta parte de la agenda legislativa es apenas la punta del iceberg. Durante el mismo periodo ordinario se considerarán muchos otros temas clave. La reforma más controversial a considerar es la energética. Ya se conocen las dos propuestas de reforma constitucional del PAN y el PRI. Personalmente, me gusta más la del PAN, pero la del PRI también abre espacios económicos muy significativos que conviene considerar.

Independientemente de cuál texto constitucional se apruebe, el detalle fino de las propuestas no se conocerá sino hasta que se presenten las modificaciones a las leyes secundarias del sector. Estos textos causarán controversia y serán debatidos en las Cámaras, en los medios y en las calles. Y qué bueno que así sea; los cambios a considerar son muy importantes y marcarán el rumbo futuro de la economía.

Además de estos, habrá varios otros temas económicos a considerar, como son la legislación secundaria de la Ley de Competencia Económica; la del sector de telecomunicaciones y la del sector de minería. La agenda económica es rica y transformacional.

Pero sería un error pensar que la agenda legislativa está compuesta exclusivamente de temas económicos. Varios líderes del PAN y el PRD desean condicionar el apoyo de sus partidos a la reforma energética a que se instrumenten reformas políticas profundas. Entre las ideas que se discuten está la propuesta de transformar el régimen presidencialista del país en uno semiparlamentario.

Varios de los que proponen este cambio también quieren introducir la reelección de presidentes municipales y de legisladores. Junto a estos cambios, las propuestas de adelantar la toma de protesta presidencial al 15 de septiembre y modificar el fuero de los legisladores lucen modestas, aunque también sean importantes.

Para colmo, hay varias otros cambios fundamentales que se deben considerar durante este periodo ordinario. Destacan entre ellos la creación de un Código Penal Único y el establecimiento de un Código de Procedimientos Penales. Los dos son indispensables para mejorar el funcionamiento del régimen de derecho del país.

No sé cómo le vayan a hacer los legisladores. Si hacen su trabajo a conciencia, no tendrán un solo minuto para hacer cualquier otra cosa. Ojalá que esta agenda tan ambiciosa no los indigeste.

Roberto Newell G. es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.
12 Septiembre 2013 03:00:01
Gobierno descolorido
Esta semana, dos medios (Urban, DF, 9/6 y Financiero, 9/5) publicaron notas en que citan un estudio realizado por un diputado local del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, en el que se estima el costo para los habitantes del Distrito Federal de las casi 18 mil manifestaciones que se han llevado a cabo en la capital durante los años de 2009 a 2012.

El diputado llegó a la conclusión de que las manifestaciones han costado 5.8 billones de pesos a los habitantes de la capital. La cifra en cuestión es escandalosa: equivale a 2.9 veces el PIB anual de la Ciudad de México; o algo así como 230 mil pesos al año por cada habitante del Distrito Federal.

Desconozco el detalle del análisis que realizó el diputado; de su estudio sólo se publicaron los resultados, pero de lo que sí estoy seguro es de que sus cálculos están errados, como por dos órdenes de magnitud. (Creerles a sus cifras equivaldría a pensar que el PIB per cápita de los capitalinos se duplicaría con sólo suprimir las manifestaciones; bueno fuera.)

Tengo mayor confianza en los cálculos quick and dirty de Imco. Uno de sus investigadores estima que las manifestaciones recientes están costando cuando menos 100 millones de pesos al día a los habitantes de la ciudad, o sea, algo así como 2% de los ingresos diarios de la capital. A primera vista, esa cifra no parecería ser alarmante, pero lo es, puesto que la mayor parte de esta carga la están asumiendo los dueños y empleados de los negocios ubicados en la zona centro de la ciudad. Para ellos, las pérdidas diarias son enormes.

El diputado en cuestión no sabe hacer cuentas, pero no se equivoca cuando exige al Jefe de Gobierno que asuma su responsabilidad como gobernante, actuando en defensa de los intereses de las personas afectadas.

Las fallas de conducta del Gobierno del Distrito Federal son muy graves. La razón de ser de cualquier gobierno, incluyendo el de la capital, es cumplir cinco obligaciones básicas: establecer y mantener un sistema de justicia para todos; asegurar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos; promover el bienestar general; proveer una defensa común contra enemigos externos e internos y proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Con su pasividad ante la conducta de la CNTE, el Gobierno del DF está incumpliendo cada una de las obligaciones del párrafo anterior. Esto lo saben y entienden los habitantes del Distrito Federal; también lo saben los comisionados de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y hasta el mismo Jefe de Gobierno, que antes de convertirse en político fue un brillante alumno de Derecho Constitucional.

La conducta reciente del Jefe de Gobierno delata que cree que la única alternativa a la situación actual es un enfrentamiento violento que causaría muchas muertes. Creo que se equivoca en su evaluación de los riesgos inherentes a la situación actual y que menosprecia la calidad de las fuerzas del orden que están a su disposición.

Hasta la fecha, la policía antimotines ha dado cátedra de civilidad, prudencia y autocontrol. Policías mal entrenados habrían perdido control hace mucho ante las agresiones, insultos y ataques que han sufrido durante las últimas semanas. Los hechos muestran que el DF cuenta con una policía antimotines de gran calidad. La falla no está en ellos, sino en el Gobierno, que no quiere o no sabe cómo aprovechar sus capacidades para dispersar las manifestaciones, pero sin incurrir en violencia excesiva represiva.

Lo más preocupante de todo esto es que la timidez del Gobierno capitalino puede causar que los habitantes de la ciudad lleguen a la conclusión de que deben tomar las cosas en sus propias manos. Ya ha habido muchos enfrentamientos que podrían haber pasado a mayores si no hubiera sido por la intervención de la policía. Las mismas razones que causaron que los habitantes de varias zonas rurales del País crearan cuerpos de autodefensa pueden motivar conductas equivalentes en la Ciudad de México.

En México, como en todos los países civilizados, hay un contrato social entre los ciudadanos y el Gobierno que confiere al Estado el monopolio del uso de la fuerza. Pero este mismo acuerdo obliga al Estado a cumplir su parte: proteger el bienestar de los ciudadanos. Cuando el Gobierno incumple, está invitando a los ciudadanos a buscar otros medios para garantizar su seguridad.

Más vale una vez colorado que mil veces descoloridos. El Gobierno del DF debe asumir su responsabilidad.

Roberto Newell G. es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.


05 Septiembre 2013 03:00:47
Competitividad de Pemex
Con esta columna concluyo la serie dedicada a reforma petrolera. Dedicaré esta columna a contestar la pregunta ¿cuál será la consecuencia para Pemex de introducir competencia a lo largo de la cadena de valor del sector?

A nivel consolidado, la respuesta es bastante obvia: eliminar el monopolio que goza la empresa paraestatal tendrá efectos netos consolidados negativos para la empresa, para algunos de sus proveedores y para parte de la planta laboral que en ella trabaja, sobre todo en el área de Refinación. Pero el efecto derivado de la apertura de Pemex no afectará simétricamente a las unidades de negocios.

Es probable que donde menos se perciba un cambio negativo sea en PEP. Los resultados económicos del área seguirán siendo buenos a pesar de la presencia de nuevos jugadores en su entorno inmediato, especialmente si, como se rumora, se reduce su carga fiscal y se le induce a establecer alianzas con empresas que posean las tecnologías y conocimientos que requiere para encontrar nuevos yacimientos y mejorar la recuperación en campos cuya producción está declinando. El principal efecto de la reforma para PEP será multiplicar las oportunidades a su alcance.

La primera prioridad de PEP es producir petróleo, cueste lo que cueste. Los márgenes de utilidad derivados de producir “petróleo fácil” son tan grandes que lo que menos importa es minimizar los costos de operación. Aun en zonas de producción no-convencional, donde las exigencias tecnológicas y geológicas son más grandes y los márgenes de utilidad más reducidos, lo que cuenta son los volúmenes de petróleo extraídos.

Por esta razón, y porque con la apertura Pemex podrá complementar sus capacidades de operación, en exploración y producción de petróleo, los efectos económicos todos serán positivos. La situación será diferente en el área de Refinación y las demás unidades de negocio, donde es casi imposible escaparse de pagar las consecuencias de un mal desempeño operativo.

En casi todo el mundo la competencia en el negocio de refinación es muy intensa. Consecuentemente, las empresas operan con márgenes muy pequeños y sufren pérdidas si no operan eficientemente. Históricamente, Pemex Refinación no ha tenido que pagar las consecuencias de su desempeño competitivo tan pobre. Dos condiciones la exentan de pagar estos costos: el monopolio que le confiere la Constitución y el hecho de ser propiedad del Estado.

Si Pemex Refinación fuera una empresa privada, habría quebrado hace muchos años. Esto lo saben perfectamente los líderes del Sindicato y por ello tradicionalmente se han opuesto categóricamente a la apertura del sector. Esta situación privilegiada cambiará si se aprueba la reforma que propone el Gobierno.

Aun cuando se apruebe la reforma como está planteada, las consecuencias económicas para el área de Refinación no serán inmediatas. La reforma constitucional propone la apertura del sector, pero no propone que el cambio sea instantáneo ni resuelve cómo operará el mercado cuando la reforma se haya aprobado. Estos detalles aún no se han definido y dependerán de una negociación que apenas empieza.

Pero aun cuando ya se hubiera definido la legislación secundaria que regulará al sector, construir una o más refinerías nuevas tomará cuando menos 5 años. Consecuentemente, la competencia de esas plantas no se sentiría sino hasta entonces.

La transformación del sector se podría acelerar si la legislación secundaria permite que los particulares importen y revendan productos refinados en el mercado doméstico. Si la competencia resultante fuera en precios, el efecto sobre Pemex Refinación sería tremendo y pondría aún mayor presión sobre lo que ya de por sí es un negocio perdedor. Pero la fragilidad económica de Pemex Refinación es tan grande que todo lo que tendría que pasar para poner a la empresa en crisis es tener que enfrentar competidores con una oferta de servicios más confiable y de mejor calidad.

La competitividad de Pemex Refinación es tan pobre que tarde o temprano la apertura del sector obligará que se lleve a cabo una reestructuración integral del área. En el corto plazo, el remedio más sencillo será renegociar las condiciones contractuales de los trabajadores. Esto no tiene por qué afectar las operaciones, puesto que los excedentes de personal son muy grandes, pero tampoco resolverá la situación competitiva de la empresa. A la larga, se deben instrumentar otras medidas, como son modernizar la planta física, reconstruir un sistema de distribución física ineficiente y corrupto, y reestructurar la cadena de distribución al detalle.

El cambio para todos los que operan en esta parte de la cadena de valor será profundo; los únicos ganadores seremos los consumidores. Pensándolo bien, esto no tiene nada de malo.

Roberto Newell G. es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.
29 Agosto 2013 02:59:59
Reforma de los negocios de refinación
Para los mexicanos de mi generación, los lugares donde se vendía gasolina se identificaban con el “charrito Pemex”. El logo del “charrito” era simpático, muy mexicano y ubicuo. Seguramente tenía detractores, pero eran otros tiempos menos sensibles a la corrección política; no recuerdo a nadie que se sintiera ofendido por sus piernas deformadas o su estatura. Hoy, a nadie se le ocurriría usar esa imagen para representar a la paraestatal. Aunque siendo honestos, esa imagen reflejaría más fielmente la situación del área de refinación de Pemex que el águila estilizada que se usa actualmente.

Pemex Refinación perdió alrededor de 60 mil millones de pesos el año pasado, o sea, 170 millones de pesos diarios. Esos resultados reflejan todo tipo de problemas. Algunos son intrínsecos al diseño de las plantas; otros derivan de la forma en que opera el área.

El principal problema de Refinación es que las plantas fueron diseñadas originalmente para procesar un crudo de menor viscosidad y azufre que el que actualmente produce PEP. Esto no es culpa de nadie, así sale el crudo del subsuelo. Pero esta circunstancia tiene implicaciones económicas difíciles de resolver.

El petróleo más pesado causa que la operación de las refinerías se tenga que interrumpir frecuentemente para hacer reparaciones no programadas. Cada interrupción significa enormes pérdidas económicas que se van acumulando. Para que esta situación cambie no hay otra opción más que hacer grandes inversiones en la modernización de las refinerías. Pero los montos a invertir son enormes e inciertos, como también lo son los periodos durante los cuales dejan de operar las refinerías. Un ejemplo de lo anterior es el caso de la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, que ha costado y tardado mucho más de lo previsto.

Pero si este fuera el único problema, quizá ya se estaría resolviendo. Además de éste, Pemex Refinación tiene muchos otros problemas que son de manufactura humana. La lista es larga: sobra muchísimo personal; los procesos de compras de materiales y equipo no son confiables, ni transparentes; el sindicato controla funciones clave con consecuencias económicas graves para Pemex como en el tan mentado caso del transporte que causó la multa de CFC por prácticas monopólicas, y como estos hay muchos otros ejemplos.

En Refinación es donde está más arraigada la corrupción y los que acaban pagando los costos derivados de la situación actual son los consumidores.

Para que las condiciones del área mejoren se requiere dar un giro de 180 grados. El principal obstáculo a vencer es el monopolio de Pemex en refinación y distribución de hidrocarburos. Mientras no haya competencia, las cosas no cambiarán, puesto que estarán ausentes los incentivos requeridos para transformar el desempeño del área.

La competencia es indispensable, puesto que la refinación de petróleo es un negocio de costos fijos altos que se tienen que cubrir produciendo grandes volúmenes para ganar márgenes pequeños. El éxito en este negocio deriva de que se preste gran atención a la eficiencia de operación y los procesos, esto es imposible sin una transformación del capital humano disponible y su relación con la empresa.

Aun las mejores refinerías del mundo operan con márgenes apretados. Aprovechan todas las oportunidades disponibles para optimizar sus procesos, procurando capturar todas las ganancias incrementales disponibles.

Las refinerías más exitosas aprovechan los insumos disponibles al máximo y ponen especial énfasis en abatir el costo de la energía que consumen. También aprovechan las oportunidades que ofrece el mercado, procurando producir la mezcla de petrolíferos que más conviene en cada coyuntura. En suma, la refinación es un negocio dinámico que premia la excelencia operativa y la eficiencia de los procesos. Pemex Refinación está lejos de los estándares de operación de las mejores empresas internacionales.

Reitero: parte del problema de las refinerías de Pemex deriva de su diseño original, pero antes de tratar de remediar este problema, es indispensable que el área se aproxime más a los estándares de operación y uso eficiente del capital humano de refinerías similares en tamaño y diseño.

Lamentablemente, Pemex Refinación está lejos de los estándares operativos que logran las mejores empresas del mundo. Mientras así funcione el área, reconfigurar o construir refinerías nuevas sería una mala idea.

Para que Pemex Refinación mejore, es indispensable que tenga competencia y un dueño que se preocupe por mejorar su desempeño. Las propuestas del PRI y el PAN apuntan en esta dirección; ojalá que se logren esos propósitos en la práctica.
22 Agosto 2013 03:00:20
Fondo patrimonial
Una conducta común entre familias acaudaladas es establecer un fondo patrimonial con el fin de asegurar que una parte significativa de los recursos esté disponible para generaciones futuras de la misma familia. Esto es particularmente importante si la generación que creó la fortuna desconfía de la conducta y prudencia económica de los herederos. No es en balde ese refrán que dice “padre millonario y trabajador; hijo vago y malgastador”. El refrán aplica a la reforma petrolera bajo consideración.

Supongamos por un instante que ya se hubiera aprobado la reforma petrolera y que derivado de lo anterior se hubiera desatado un alud de inversiones que potenciara la riqueza que está bajo el subsuelo. Si este supuesto se diera, ¿cómo debería repartirse la bonanza resultante?

Lamentablemente, es probable que si todos estos recursos estuvieran a la disposición de la generación actual, no faltarían proyectos y “causas nobles” en que invertir los recursos incrementales. No sería la primera vez. Durante el sexenio de Echeverría, y especialmente durante el de López Portillo, el Gobierno se dio a la tarea de “administrar la abundancia” con los resultados que todos conocemos.

El problema no es exclusivamente mexicano. Las economías de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Nigeria, Venezuela, Irán, Irak y Libia dependen fuertemente de la renta petrolera. Si por cualquier causa ese flujo se llegara a interrumpir, estas economías se colapsarían casi instantáneamente.

Afortunadamente, la economía de México depende menos del petróleo que cualquiera de las economías arriba citadas. El oro negro representa alrededor del 12% de las exportaciones del país, mientras que las ventas brutas de Pemex son menos del 10% del PIB, y si a esto restamos el valor del recurso no-renovable extraído del subsuelo, el valor agregado resultante es mucho menor. El hecho es que la gran mayoría de los mexicanos no dependemos directamente del petróleo. Pero este no es el caso del Gobierno federal; alrededor del 30% de sus ingresos provienen del recurso.

El Gobierno federal tiene una fuerte adicción a los ingresos petroleros. Esto no sería tan preocupante si los ingresos petroleros se estuvieran invirtiendo en proyectos que generan ingresos futuros (v.gr. infraestructura, proyectos de educación o salud de buena calidad). Pero ese no es el caso. Se usan recursos no renovables para financiar gastos recurrentes. Esta estrategia no es sostenible. El Gobierno federal se comporta como el hijo vago y malgastador.

Sin una reforma petrolera, dentro de pocos años ya no quedará nada de la herencia original, pero las obligaciones de gasto corriente sí, y como las generaciones futuras no tienen ni voz ni voto, no tienen cómo reclamar su parte de la fortuna petrolera.

La situación actual es injusta e irresponsable. Si la reforma petrolera prospera, lo correcto sería que los recursos incrementales se dediquen a usos más prudentes que los actuales.

Para evitar que siga el dispendio, la reforma petrolera debe ir acompañada de una reforma hacendaria que garantice que TODA LA RENTA PETROLERA INCREMENTAL SEA INVERTIDA EN UN FONDO PATRIMONIAL PERMANENTE ADMINISTRADO POR EL BANCO DE MÉXICO, CUYO PRINCIPAL Y RENDIMIENTOS NO SE PUEDEN TOCAR DURANTE CUANDO MENOS 25 AÑOS.

¿Por qué 25 años? Porque tal periodo de gracia aseguraría que las beneficiarias de la reforma bajo consideración sean las generaciones futuras de mexicanos. Sin un candado como este, lo más probable es que se siga dilapidando la herencia petrolera y que no quede nada para las generaciones futuras.

México no sería el primer país en establecer un fondo patrimonial de este tipo. Chile, Kuwait, Abu Dhabi, Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, Canadá y varios otros países han creado fondos para hacer frente a obligaciones futuras. En cierta forma, México ha dado pasos en esa dirección, aunque en nuestro caso la razón de ser del pequeño fondo es para prever fluctuaciones del precio del petróleo que puedan afectar la estabilidad de las finanzas públicas.

El fondo intergeneracional más importante fue constituido por Noruega en 1990. En él está invertida una parte significativa de las rentas petroleras de sus yacimientos del Mar del Norte. Actualmente, ese fondo noruego tiene activos por más de 700 mil millones de dólares. El fondo en cuestión es tan grande que alcanza para pagar una renta anual vitalicia de 4 mil dólares a cada uno de los 5 millones de habitantes del país, sin tocar un centavo del principal. Eso es prudencia financiera.

Los mexicanos de la generación actual tenemos una deuda con las generaciones por venir. Deberíamos tomar el ejemplo de Noruega como una guía de cómo se deben hacer las cosas. El debate apenas empieza. Ojalá que nuestros políticos no descuiden este tema.

Roberto Newell G. es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.
15 Agosto 2013 03:00:11
Captura de la renta petrolera
El tema más polémico de la reforma energética es de quién es el petróleo. Este tema es más polémico en México porque a fuerza de tanto repetirlo en las escuelas, en las celebraciones públicas y en los discursos políticos, el recurso se convirtió en un icono nacional.

Si no se hubiera creado una mitología en torno a la expropiación del petróleo, las reglas para el funcionamiento de este mercado se podrían manejar sobre bases económicas y técnicas objetivas, y las decisiones de producción se podrían tomar en función de las condiciones de mercado y los intereses económicos de los accionistas, tal como sucede en el caso de los negocios mineros. Pero la realidad es que el Estado mexicano y, en particular, el partido gobernante están atrapados en una tradición histórica que establece precedentes y expectativas políticas imposibles de ignorar. Por ello, es implausible imaginar que en México se establezca un régimen liberal de propiedad privada, competencia y participación de empresas privadas a lo largo de la cadena de valor, para regular el funcionamiento de este mercado. Estamos atrapados en una circunstancia política que obliga que la reforma energética sea subóptima.

Para acabar de complicar las cosas, resulta que el petróleo, y particularmente el “petróleo fácil”, tiene atributos microeconómicos inusuales: producir un barril de petróleo cuesta sólo una fracción de lo que vale en el mercado. Cada barril que se vende genera una jugosa renta económica. Si el petróleo fuera de particulares, como sucede en EU y en otros países, la decisión de cómo repartir esta bonanza estaría en manos de los accionistas de las empresas petroleras. Lo que hagan o dejen de hacer los accionistas con sus rentas es un asunto que sólo a ellos incumbe. Las consecuencias, buenas y malas, las pagan los propietarios individuales. Pero estamos en México, y esta opción no está sobre la mesa. En nuestro caso, el recurso que está en el subsuelo es de la nación; ninguna de las propuestas que se han planteado cuestiona esta premisa.

En estas circunstancias, la propiedad del recurso y la decisión de cómo repartir las rentas son cuestiones independientes. Cuando el recurso es propiedad de la nación, la decisión de reparto de las rentas se delega a agentes políticos que actúan en “representación de los intereses colectivos”. Bajo estas circunstancias se corre el riesgo de que los que toman las decisiones de reparto lo hagan sin considerar los efectos que estas decisiones tienen sobre el valor de largo plazo del negocio en cuestión, perjudicando el bienestar de los “dueños del recurso”. Estamos ante un problema de “agentes económicos”, que es común en entes como Pemex o CFE, pero que también se ve en empresas privadas cuando la propiedad está muy atomizada y no hay un actor de peso que cumpla el papel de “dueño”. En estas circunstancias, lo más común es que las decisiones se tomen para favorecer a ciertos grupos de interés, y que los costos de estas decisiones los absorban los “dueños”.

Estos antecedentes sirven para evaluar las dos propuestas de reforma constitucional recientemente planteadas:

la del PAN propone un esquema de concesiones que, sin privatizar el recurso del subsuelo, crea circunstancias que alinean mejor las decisiones de reparto de la bonanza petrolera con las decisiones de inversión que maximizan el valor económico de la concesión. El esquema de concesiones se acerca más al óptimo económico liberal, puesto que no se separan las decisiones de reparto de las rentas residuales (utilidades), de las decisiones de inversión y manejo de riesgos que maximizan el valor de la concesión. En este esquema, el Estado recibe la remuneración que corresponde a los “dueños” del recurso en la forma de regalías por cada barril de petróleo extraído. El uso posterior de estas regalías no está libre del problema de agencia, pero la concesionaria está más aislada de sus peores efectos.

La propuesta del PRI busca un objetivo similar, pero sigue una lógica más tortuosa. En esta propuesta para que las decisiones de reparto de utilidades sean coincidentes con la maximización del valor del negocio para los dueños, tienen que coincidir las preferencias intertemporales de los inversionistas privados con las del agente económico que representa a los dueños. Si existe tal coincidencia, también habrá coincidencia en cuanto a los planes de inversión requeridos para maximizar el valor del contrato de utilidades compartidas, pero si el agente que representa al Estado quiere repartir utilidades hoy, mientras que el otro quiere invertirlas, será imposible conciliar intereses en torno a un nivel que maximice el valor económico para los “dueños”. Los problemas que esta fórmula crean se pueden anticipar y resolver en acuerdos contractuales y fórmulas de gobierno compartido, pero el alineamiento de intereses no es tan fácil de lograr como en el caso de las concesiones. El efecto de lo anterior es desincentivar la inversión privada en el sector.

Roberto Newell G. es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.
08 Agosto 2013 03:00:01
Pemex en la era de ‘petróleo difícil’
La semana pasada escribí sobre la transición de la era de “petróleo fácil” a la era de “petróleo difícil”. En esa columna planteé que es altamente improbable que en México se vuelvan a descubrir yacimientos de “petróleo fácil” de las dimensiones y características de Cantarell o KMZ. En consecuencia, la producción de “petróleo fácil” declinará gradualmente conforme se vayan agotando estas reservas.

Conviene al país evitar que la producción de petróleo caiga. Pero esto significa crear las condiciones para facilitar la extracción de “petróleo difícil”, puesto que casi la totalidad de los recursos prospectivos caben dentro de esta descripción. La mayor parte de estos recursos están en aguas profundas; los demás están atrapados en rocas sedimentarias. Para desarrollar estos recursos se requieren tecnologías avanzadas de exploración y producción que Pemex apenas empieza a evaluar y desarrollar y que tardará muchos años en convertir en parte fundamental de su portafolio de capacidades operativas. Esperar hasta que Pemex haya desarrollado estas capacidades significa demorar durante un periodo inaceptablemente largo la producción de “petróleo difícil”. Para maximizar el valor presente de la renta petrolera, es indispensable ajustar el marco normativo actual para permitir que empresas privadas que ya tienen estas tecnologías puedan participar.

Esto no significa que la vida útil de Pemex ha concluido. Afortunadamente, México todavía cuenta con recursos “fáciles” que se deben aprovechar al máximo. Es ahí donde Pemex debe concentrar sus esfuerzos, con el fin de maximizar el valor económico de esos recursos. Estos yacimientos son de “petróleo fácil”, pero las tareas a realizar para maximizar el valor de estos recursos no lo son. Hacerlo involucra realizar todas las tareas usuales de producción, pero también involucra el uso de técnicas sofisticadas de recuperación secundaria para prolongar la vida económica de los yacimientos.

Actualmente, el desarrollo y producción de “petróleo fácil” absorbe la mayor parte del capital humano y financiero de Pemex Exploración y Producción (PEP), y así es como debe ser. El año pasado, PEP invirtió alrededor de 20 mil millones de dólares en estas tareas, pero aun así la producción de petróleo siguió declinando. La primera prioridad de PEP debe ser extender la vida útil de estos yacimientos.

También conviene al país que PEP redoble esfuerzos para descubrir petróleo en aguas profundas. Para llevar a cabo esta tarea, se requiere contratar naves altamente especializadas que utilizan técnicas de exploración remota para hacer inferencias sobre la naturaleza de las formaciones geológicas del subsuelo marino. Esta información sirve para identificar dónde explorar en mayor detalle. Después, lo que sigue es perforar un pozo para explorar el suelo marino buscando hidrocarburos en cantidades comercialmente viables.

Hacer pozos de exploración en altamar es una tarea compleja y costosa. Rentar una plataforma de exploración cuesta cuando menos 20 mil dólares al día, más los costos de operación, equipo, materiales y personal. Si no se encuentra nada en el fondo del mar, mala suerte; si se encuentra gas, mala suerte también, puesto que el valor del gas no alcanza para cubrir las inversiones requeridas para extraerlo y llevarlo a mercado. Sólo se puede hablar de éxito si en el fondo se encuentra petróleo en cantidades suficientes para cubrir los costos de la infraestructura operativa para extraer el petróleo y transportarlo a mercado. Esto sucede una de cada tres veces.

Producir en aguas profundas implica años de esfuerzo e inversiones fortísimas. Un proyecto típico cuesta varios miles de millones de dólares de inversión y asumir costos de operación altísimos, debido a las condiciones tan extremas en que se opera. Ninguna de las apuestas es pequeña.

Por todas las razones arriba expuestas, conviene ajustar el marco normativo para permitir a empresas privadas participar en estas tareas solas o en asociación con PEP. Conviene a PEP asociarse en estos proyectos, puesto que esto le permitirá diluir riesgos y adquirir los conocimientos requeridos indispensables para proyectos futuros.

Pero producir en aguas profundas no debe ser la principal tarea de PEP. El valor presente del “petróleo fácil” es enorme y ampliamente justifica concentrar a la empresa paraestatal en este tipo de proyecto. Lo mejor para PEP y para el país es que la mayoría de los proyectos en aguas profundas sean desarrollados por empresas privadas que cuenten con el capital humano y financiero requerido para participar en este juego.

Extraer petróleo de lutitas tampoco es una tarea para PEP. Este tipo de proyecto requiere tecnologías que Pemex no posee, y los rendimientos que podría alcanzar en este tipo de negocio son demasiado bajos para distraer recursos que estarían mejor invertidos produciendo “petróleo fácil”. Quizá convenga en el futuro, cuando se hayan agotado las oportunidades en “petróleo fácil”. Pero ese momento todavía no llega.

Roberto Newell G. es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.
01 Agosto 2013 03:00:38
Fin del petróleo fácil
Algunas personas insisten en que la apertura del sector petrolero se discuta como si fuera una cuestión ideológica personal. Se equivocan. Las principales razones para la apertura del sector son de orden práctico.

La era del petróleo fácil terminó para México durante la década pasada. El hito que marcó el fin de esa era fue cuando inició la declinación de la producción de Cantarell, en 2004. A partir de ese momento, las reservas y la producción de petróleo han seguido una trayectoria descendente. Hoy, hacer crecer las reservas probadas de petróleo requiere esfuerzos de exploración cada vez más complejos y costosos. Por la misma razón, mantener los niveles de producción acostumbrados requiere cada vez mayores inversiones para producir en lugares cada vez más inaccesibles, operando en condiciones físicas cada vez más retadoras. En estas condiciones, los costos de producir petróleo son cada vez más altos y las capacidades técnicas, científicas y gerenciales requeridas para producir petróleo “difícil” son cada vez más exigentes.

La era del petróleo “difícil” llegó sin que casi nadie en el país lo advirtiera. La vasta mayoría de los mexicanos, incluyendo a la mayoría de los que representan a la ciudadanía en el Congreso, siguen pensando que todo lo que se requiere para producir más petróleo es que Pemex invierta más en el litoral del Golfo y el oro negro inmediatamente empezará a fluir. Nada podría estar más alejado de la realidad.

Posiblemente, en un contexto menos politizado y más técnico, los costos más altos de operación y la escasez creciente de petróleo “fácil” habría sido la señal requerida para ajustar los planes de exploración y producción de Pemex, contratar nuevos recursos humanos calificados, establecer relaciones contractuales y asociaciones con empresas que contaran con las destrezas técnicas y capacidades requeridas para iniciar una nueva era de exploración y producción, desencadenando la ola de innovaciones y cambios requeridos para que Pemex se iniciara en la era del petróleo “difícil”. Pero el sector petrolero del país no opera así.

En vez, se desató una gran discusión política que culminó en la minirreforma de 2009, que de poco ha servido para preparar al sector a la nueva realidad. Lo que sigue es digerir lo que esto significa en términos prácticos y reflejarlo en nuestras normas legales y en la forma de operar del sector.

La pregunta clave a hacer es: ¿cuál es la naturaleza de las reservas probables y posibles del país? Es decir, ¿qué cambios se tienen que hacer a las normas que gobiernan al sector para que estas reservas, aún no conocidas, se puedan identificar y desarrollar?

Como estamos hablando de reservas aún por probar, las respuestas a las dos preguntas necesariamente implican algún grado de incertidumbre, pero no estamos hablando de temas que sean totalmente desconocidos.

La evidencia científica apunta a que las reservas por desarrollar caen en tres categorías básicas: recursos prospectivos convencionales en tierra, como los de Chicontepec, que suponen retos técnicos muy difíciles de resolver; yacimientos prospectivos en aguas profundas y ultraprofundas e hidrocarburos atrapados en rocas sedimentarias (shale petroleum and gas) que requieren tecnología no-convencional para su extracción. Los tres tipos de yacimientos requieren métodos de producción muy sofisticados que implican retos técnicos y operativos enormes y costos de producción mucho más altos que los acostumbrados. Los costos más altos significan que la renta petrolera que el Estado puede extraer por barril de petróleo declinará conforme se agote el petróleo “fácil”.

Sin la reforma en cuestión, la producción de petróleo y los recursos fiscales provenientes de Pemex seguirán declinando.
25 Julio 2013 03:00:09
¿Cuál es la verdad?
Ya se abrió el debate sobre la reforma petrolera e inmediatamente empezaron a oírse cualquier número de comentarios demagógicos y falsos. Esto es lamentable, puesto que lo que conviene a los ciudadanos es escuchar un debate objetivo y sensato sobre qué les conviene a ellos, a sus hijos y al país.

La decisión que viene es tan importante que sería deseable que todos los participantes estuvieran obligados a basar sus opiniones en datos duros y análisis objetivos. Si bien es cierto que algunas de las decisiones a tomar obligarán a emitir juicios de valor puros (si favorecer más a la generación actual de mexicanos que a las futuras), la mayoría de las decisiones que tomarán los legisladores se pueden basar en métodos de evaluación objetivos, basados en hechos verificables.

La mayoría de las decisiones se pueden evaluar con un poquito de esfuerzo analítico, rastreando datos y analizando documentos. Un ejemplo de lo anterior es el tema de la supuesta privatización de Pemex. Este es un hecho fácil de verificar, puesto que todo lo que se requiere es revisar las diversas propuestas de reforma para ver si alguna de ellas propone tal idea, directa o indirectamente.

Para la tranquilidad de los que estén inquietos al respecto, la evidencia disponible hasta la fecha revela que los que arguyen que la reforma es una privatización disfrazada están equivocados. Ningún partido, ni siquiera el PAN y menos el PRI o el PRD, está proponiendo privatizar a Pemex. Parecería que los que creen que la reforma petrolera es un plan oscuro para privatizar a Pemex están mintiendo. Esto quizá se deba a cualquiera de dos razones: puede que estén delirando (y en su delirio llegaron a conclusiones equivocadas), o puede que lo que realmente buscan es sembrar dudas y crear una polémica para frustrar la reforma y lograr otros fines políticos y económicos. Como esta cuestión hay muchas otras que se pueden y deben examinar objetivamente.

El que acaba de iniciar promete ser uno de los debates más importantes de la historia reciente del país. Sólo dos decisiones, las dos relacionadas con la apertura de la economía del país al comercio y la inversión extranjera, tuvieron un impacto comparable. En su momento, cada una de estas decisiones implicó al Gobierno en turno asumir enormes costos políticos y económicos, pero eran otros tiempos. Los gobiernos que las tomaron contaban con la fuerza política y la autoridad de facto requerida para instrumentar esos cambios.

La situación política actual es mucho más compleja que la de entonces. El sistema político es mucho más plural y hay jugadores en el entorno político dispuestos a asumir posiciones radicales, aun cuando éstas estén basadas en información incompleta o interpretaciones falsas de la realidad. La única manera de combatir el dogmatismo ideológico y político de estos grupos es con hechos verificables y análisis objetivos que sirvan para la toma de decisión racional.

Por ello, dedicaré las siguientes seis columnas a explorar temas relacionados con la situación del sector petrolero de México. Usaré un método objetivo y transparente que descansa en hechos verificables y análisis. Lo que pretendo con ello es ayudar a los ciudadanos de a pie a llegar a sus propias conclusiones sobre la conveniencia de la reforma petrolera. Los temas que analizaré son los siguientes:

1. ¿Qué probabilidad hay de encontrar yacimientos nuevos de petróleo "fácil" dentro de los límites territoriales del país?

2. ¿Posee Pemex las capacidades técnicas y operativas requeridas para maximizar el valor presente de la renta petrolera en aguas profundas y en lutitas? ¿Qué sucederá al bienestar de los mexicanos si esas rentas no se materializan?

3. ¿Hay mecanismos fiscales que permitan al Estado mexicano capturar el valor de las rentas petroleras sin participar directamente en la producción?

4. ¿Conviene al país establecer un fondo patrimonial para invertir las rentas en proyectos que aporten beneficios intergeneracionales? ¿Qué usos se deben/pueden dar a tales recursos?

5. ¿Conviene abrir la refinación y distribución de petróleo y gas a la competencia?

6. ¿Está Pemex preparado para enfrentar competencia en producción de petróleo y gas, y refinación y distribución de petrolíferos? ¿Qué cambios se deben introducir para fortalecer la competitividad de Pemex?

Cada una de estas notas permitirá examinar dimensiones claves de la reforma petrolera y entender qué es lo que está en juego para el país.

Roberto Newell G. es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.

18 Julio 2013 03:00:10
Valor de la renta petrolera
Uno de los aspectos más valiosos del documento del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) sobre la reforma petrolera es el fuerte énfasis que pone en identificar las principales fuentes de valor de la reforma.

Imco centra su atención en entender qué sucederá al valor económico de las rentas petroleras si se instrumenta la apertura del sector. El Instituto cuenta con un modelo de simulación que permite calcular el valor económico de cuatro decisiones claves, que son permitir al sector privado participar en la exploración y producción de petróleo en aguas profundas; establecer un régimen de concesiones para la extracción de hidrocarburos atrapados en yacimientos de lutitas (shale); desarrollar una red más amplia para transportar gas a mercados finales y, por último, establecer un marco regulatorio que permita la participación del sector privado en la construcción y operación de refinerías.

Cada una de estas decisiones aportaría valor a la economía. Pero las dos más importantes son las que tienen que ver con las rentas petroleras asociadas con la producción de gas y petróleo en aguas profundas y en yacimientos de shale.

Hasta la fecha, la mayoría de los análisis que conozco sobre los beneficios derivados de instrumentar una reforma petrolera son conceptuales y omiten cuantificar los efectos económicos de la reforma. Es posible que esto se deba a la complejidad técnica de los temas en cuestión, pero esta omisión debilita las probabilidades de éxito de la reforma y juega a favor de los que se oponen a ella. En mi opinión, el mejor argumento a favor de la reforma es el valor que aportará al bienestar de los mexicanos, tanto los que ya están vivos como los que aún no han nacido. Por ello, es indispensable conocer y comunicar el valor económico que aportará la reforma a los mexicanos.

Una columna de opinión no es un espacio idóneo para hacer una descripción detallada de un modelo económico y de los supuestos utilizados al hacer proyecciones. Por ello, no me queda otra opción que aseverar que el modelo en cuestión es relativamente sencillo e intuitivo, y que fue preparado para simular lo que puede suceder a partir de la apertura del sector de hidrocarburos. El modelo permite estimar los efectos económicos directos e indirectos de la apertura, incluyendo el crecimiento de la producción, la renta petrolera, los ingresos del Estado, el crecimiento de la economía, el consumo de las personas y el empleo formal.

El modelo opera con candados fiscales y monetarios que neutralizan los efectos de los ingresos petroleros sobre la tasa de cambio y la estructura de precios de la economía. Esto significa que el modelo implícitamente incorpora medidas para evitar que la economía incurra en una "enfermedad holandesa".

Los resultados que aparecen a continuación derivan de un escenario relativamente conservador en lo que toca a dos supuestos claves. Primero, los precios de petróleo y gas que se utilizan son similares a los que proyecta la agencia de energía de EUA en su escenario moderado. Los de petróleo se mantienen en niveles parecidos al valor actual de la mezcla mexicana, mientras que los de gas son los de Henry Hub. En otras palabras, escogimos un escenario conservador. Segundo, en el escenario planteado, la producción de shale inicia en 2017. Se escogió esa fecha pensando que se requerirán varios años para establecer las instituciones que permitan aprovechar el recurso. Los resultados aparecen a continuación:

En el escenario, la producción de shale crece más rápidamente de lo que declina la producción de las fuentes convencionales actuales. Consecuentemente, en 2030, México produce 2.6 veces petróleo que hoy. Más de la mitad de la producción viene de shale; la producción en aguas profundas empieza a crecer a partir de 2019, pero sólo logra compensar la caída de la producción convencional actual.

La producción de shale permite que la renta petrolera vuelva a crecer en forma sostenida a partir de 2017, revirtiendo lo que sucederá a la renta si no se hace la reforma.

El valor presente de la renta petrolera resultante es enorme. En el escenario planteado, la recaudación del Gobierno es 50% más alta que la actual, aun sin considerar los efectos de ingresos fiscales derivados del crecimiento económico que la reforma detona. El petróleo de shale contribuye la mayor parte de la recaudación incremental; el resto viene de aguas profundas.

En el escenario planteado, la reforma también detona mayor crecimiento económico. Consecuentemente, en promedio, el ingreso per cápita crece un punto por arriba de lo que crecerá si no se hace la reforma y se crean alrededor de 200 mil empleos formales más al año.

Sabiendo todo esto: ¿habrá alguien en su sano juicio que no quiera la reforma?

Roberto Newell G. es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.




11 Julio 2013 03:30:46
Dos tipos de empresas petroleras
La reforma energética debe abrir espacios para la participación de dos tipos de empresas privadas en la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas. Necesitamos contar con la participación de empresas expertas en la exploración y desarrollo de yacimientos convencionales en aguas profundas; también necesitamos que participen empresas expertas en la extracción de petróleo de lutitas (shale).

México tiene la buena fortuna de poseer enormes yacimientos de lutitas en el noreste del país. En el subsuelo de esa región hay grandes formaciones de rocas sedimentarias compuestas de una mezcla de arcillas e hidrocarburos. La materia orgánica atrapada en estas rocas se puede extraer inyectando grandes cantidades de agua y arena a presión en el subsuelo con el fin de fracturar las rocas y liberar los hidrocarburos.

Esta tecnología de extracción existe desde hace varias décadas, pero su uso se extendió dramáticamente durante la última década debido a avances tecnológicos que redujeron el costo de extraer los hidrocarburos. El resultado de estos avances ha sido dramático. La producción de petróleo de lutitas en EU estalló en crecimiento. Actualmente, se produce cerca de un millón de barriles diarios (15% del petróleo que se produce en EU) usando esta fuente y se proyecta que la producción de petróleo de lutitas seguirá creciendo a un ritmo comparable al de la última década durante varios años más.

Las empresas que potenciaron este crecimiento no se parecen en nada a las grandes empresas petroleras internacionales. Las empresas que participan en esta bonanza son pymes altamente especializadas, cuyos principales atributos competitivos son sus capacidades tecnológicas y su agilidad operativa. Pasan de un proyecto a otro en menos tiempo que el que requieren las grandes empresas petroleras para explorar y desarrollar campos petroleros convencionales.

En el mercado energético hay espacio para los dos tipos de jugadores. Las grandes petroleras internacionales se mueven deliberadamente. Se parecen a los grandes grandes acorazados blindados que dominaban los siete mares durante la primera mitad del siglo 20. Su tamaño y fortaleza económica les permite participar en proyectos de gran escala en los cuales asumen enormes riesgos geológicos y operativos.

El papel de las empresas que participan en los campos de lutitas es diferente. Se parecen a las lanchas torpederas. Son pequeñas, ágiles y sumamente eficientes. Operan en un entorno económico que exige que sean capaces de cambiar de dirección velozmente, aprovechando su capacidad tecnológica y eficiencia operativa. Operan en un entorno de costos de operación intrínsecamente más altos (extraer petróleo de las lutitas cuesta cuando menos 55 dólares por barril). Su éxito económico depende totalmente de su eficiencia operativa. No tienen ni la escala ni la fuerza económica para participar en el desarrollo de yacimientos petroleros convencionales, pero obtienen buenos resultados económicos operando en condiciones que ninguna petrolera convencional puede replicar.

Los dos tipos de empresas serán protagonistas en el mercado petrolero del futuro. La vocación natural de las grandes petroleras internacionales motivará que éstas se especialicen aún más en el desarrollo de proyectos petroleros convencionales, sobre todo en aguas profundas.

En una era en la cual ya no habrá nuevos descubrimientos de superpozos como Cantarell (ubicado en aguas someras y con retos operativos y tecnológicos comparativamente fáciles de resolver), el juego de las grandes petroleras internacionales constará de aprovechar su fortaleza económica para explorar y desarrollar yacimientos convencionales de gran complejidad técnica y operativa, cuyos costos de desarrollo exceden 10 mil millones de dólares. Tales proyectos son muy rentables para las empresas que cuentan con las destrezas y capacidades requeridas, pero también son muy riesgosos (como en el caso de la fuga de petróleo de BP, que a la fecha ha costado a la empresa más de 20 mil millones de dólares).

Los "dueños naturales" de los proyectos en aguas profundas son las petroleras internacionales. Poseen destrezas institucionales muy significativas difíciles de replicar: cuentan con las tecnologías requeridas para detalladamente descifrar los riesgos geológicos de yacimientos potenciales en enormes extensiones submarinas y tienen la escala y el poderío económico para asumir y manejar riesgos que empresas más pequeñas no pueden ni siquiera contemplar.

Los “dueños naturales” de los yacimientos de lutitas son muy diferentes. No tienen ni el tamaño ni los recursos económicos requeridos para asumir grandes riesgos operativos o geológicos. Se distinguen de las petroleras internacionales por su elevadísima eficiencia operativa y gran especialización tecnológica. Operan negocios rentables, pero los rendimientos de los proyectos que desarrollan son mucho menores que los rendimientos que buscan las grandes petroleras.

Para desarrollar el potencial petrolero del país requerimos las destrezas y capacidades de los tipos de empresas. La reforma energética debe abrir espacios para los dos tipos de jugadores.

Roberto Newell G. es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.







04 Julio 2013 03:00:01
Por ti mismo
Por ti mismo es el lema de INOMA, A.C., una ONG cuyos logros conviene conocer y apoyar.

La misión de INOMA es “ofrecer gratuitamente a cualquier niño una opción divertida e innovadora de aprendizaje a través de un sitio en Internet basado en videojuegos que apoyen, complementen y refuercen la educación básica, tanto por sí mismos o en el contexto de sus sistemas escolares”.

Este ambicioso proyecto inició hace poco más de cuatro años. El promotor de este proyecto es Antonio Purón. Toño creó INOMA después de concluir una carrera exitosa en una firma de consultoría. Purón juntó a un pequeño equipo de voluntarios cuyo propósito es aprovechar la tecnología digital para transformar la educación pública del país.

La iniciativa de INOMA descansa sobre una premisa sencilla: aprender puede ser divertido. Para lograr este objetivo, el equipo de INOMA creó cientos de juegos de computadora que guían a los niños en procesos autodidactas, divertidos y educacionales que reproducen los contenidos de los planes de estudio de la SEP.

Lo bello de la estrategia de INOMA es que como los niños se están divirtiendo no se dan cuenta de que los obstáculos que van superando en los juegos son los mismos planteados en los planes de estudio de SEP. Los niños aprenden a su propio ritmo. Para ascender de nivel deben mostrar que han acumulado los conocimientos requeridos para alcanzar el siguiente nivel. Cada vez que superan los retos de un nivel entran en un nuevo entorno que aprovecha las destrezas y conocimientos adquiridos en el nivel anterior.

El modelo educativo de INOMA ya está probado. La principal prueba de campo se llevó a cabo en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. INOMA llegó a un acuerdo con las autoridades educativas del Estado para probar 20 juegos de matemáticas en 21 escuelas públicas. Alrededor de 8 mil 500 niños entraron a los sitios donde están disponibles los juegos digitales. La mayoría de ellos usó los juegos más de una vez.

Con el apoyo de investigadores de Stanford University se diseñó una prueba estadística para medir el impacto educativo de los juegos digitales.

Los resultados de la prueba de campo fueron comparados estadísticamente contra un grupo de control de 10 mil niños que habían tomado la prueba ENLACE. El resultado de esta evaluación estadística mostró que los juegos digitales de INOMA ayudan a los niños a mejorar su desempeño académico.Los logros académicos de los niños que utilizaron los juegos de INOMA cuando menos 10 veces fueron entre 4.5 y 7.1% mejores que los resultados del grupo de control.

Si todos los niños poblanos hubieran tenido acceso a los juegos de INOMA, el Estado habría sido el segundo mejor calificado del país, sólo detrás del DF. Esta diferencia es equivalente a la que se esperaría alcanzar si todos los niños estuvieran expuestos a buenos maestros. Las mejoras relativas más importantes fueron alcanzadas por las niñas que usaron los juegos.

Los instrumentos de INOMA también estuvieron disponibles en el Museo Papalote para cualquier niño que los quisiera probar. Esta prueba permitió evaluar cuántos niños que probaron los juegos volvieron a visitar el sitio desde otra computadora.

La tasa de repetición fue sorprendentemente alta, mostrando que los juegos les gustan a los niños.

Este aspecto de los juegos es de vital importancia, puesto que el propósito de INOMA es crear instrumentos para el desarrollo autodidacta de los niños.

Con ese propósito en mente, INOMA ha suscrito un acuerdo con Fundación Chespirito que autoriza a INOMA a utilizar sus caracteres en el futuro.

Lo que sigue es importante: INOMA está en pláticas con el Estado de Puebla para que sus juegos estén disponibles en 300 escuelas públicas. Para apoyar el uso de sus instrumentos, INOMA lanzará una campaña de publicidad para fortalecer la recordación de su marca con el fin de aumentar las visitas al sitio donde están disponibles los juegos.

Estos retos todavía están dentro de las posibilidades de Toño y su pequeño equipo de voluntarios, pero aspiran a lograr esto y mucho más. En el largo plazo, lo que desean es que todos los niños del país tengan acceso a sus juegos. Su meta intermedia es alcanzar una escala operativa de un millón de usuarios. En esta escala, el costo anual por usuario será de un peso al mes por niño. ¡Qué ganga, si con esta inversión logramos resultados comparables a los que se obtuvieron en Puebla!

Roberto Newell G. es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.
27 Junio 2013 03:00:21
Primer semestre complicado
En un par de días concluirá el primer semestre del año en curso. Lo que empezó muy bien muestra señales de confusión y desgaste. La luna de miel del nuevo Gobierno concluyó.

Si las expectativas no hubieran sido tan altas, todos estaríamos extáticos con los logros de estos meses. No es poca cosa haber reformado la Ley Federal del Trabajo; haber puesto las bases para una nueva relación del Estado con el SNTE y haber promovido una reforma que modernizará la forma en que se regulan y operan las telecomunicaciones. Pero la mira estaba puesta en logros aún más altos, que cada día parecen más difíciles de lograr, debido al gran desorden que impera en el PAN, a la competencia en las próximas elecciones y al desgaste natural de cualquier acuerdo político.

Desde un inicio era obvio que el reto más difícil sería promover la apertura y liberalización del sector energético. Se sabía que tal cambio sería resistido por la izquierda populista y los grupos de interés que perderán cuando se instrumente el cambio.

Como están las cosas, lo único que hace sentido es que los del Pacto vayan por todas las canicas. Una reforma pequeña viene aparejada con los mismos costos políticos que una más grande, pero sólo rendiría beneficios marginales. En esas circunstancias sería una locura ir por una reforma pequeña.

La reforma que más conviene al país requiere modernizar todos los aspectos del sector energético: se necesita mejorar el desempeño de Pemex; también se debe facilitar la incorporación de las grandes empresas petroleras a la producción en aguas profundas (para lo cual Pemex no está ni remotamente equipado). Adicionalmente, la reforma debe abrir el camino para aprovechar los yacimientos de gas y petróleo que están atrapados en las rocas sedimentarias (lutitas) que tenemos en abundancia en el norte del país.

La explotación de las lutitas es una tarea tecnológicamente compleja, totalmente diferente de las que en forma tradicional ha enfrentado Pemex (y la mayoría de las grandes empresas petroleras internacionales). Las recompensas económicas de las lutitas son mucho más bajas que los rendimientos que obtiene Pemex en proyectos petroleros convencionales, pero también lo son los riesgos. Es por ello que el desarrollo de las lutitas ha sido liderado por un conjunto de actores económicos totalmente diferentes que las grandes empresas petroleras. Lo que se requiere en este caso es una apertura que permita sumar las destrezas y conocimientos de este tipo de empresas, entre las cuales ya figuran algunos consorcios mexicanos que operan en EU.

El impacto económico potencial de la reforma integral es enorme. Esto es lo que ha causado que tantos analistas sigan tan detenidamente los vaivenes del debate. Dicho llanamente, una reforma profunda puede cambiar la trayectoria de crecimiento económico del país, tal como ha sucedido a la economía de Estados Unidos. Pero la reforma del sector no será fácil de lograr. Cualquier persona medianamente informada sabe que para promulgar la reforma es indispensable contar con el apoyo de los tres partidos políticos que se aliaron en el Pacto.

Esto explica por qué los ánimos de los inversionistas y analistas han fluctuado tan violentamente durante este semestre y sobre todo a partir de abril. Inicialmente, las condiciones políticas del país eran tan favorables que la aprobación de la reforma energética parecía estar asegurada. Pero errores de cálculo político por parte del PRI en Veracruz y el conflicto de intereses que han puesto en escena las “tribus” del PAN han puesto en peligro el Pacto, causando que el estado de ánimo de los inversionistas fluctúe violentamente.

Si a esto sumamos los golpes que ha sufrido la economía por situaciones que están fuera del control de las autoridades (las exportaciones de manufacturas y el cambio de señales del banco central de EU) y por otras que están parcialmente bajo su control (el gasto público), el resultado es un coctel explosivo que puede crear una crisis de expectativas, erosionando el capital político que se requiere para liderar el cambio.

Por todas estas razones, los resultados de este primer semestre son menos positivos de lo que se esperaba. El Mexico moment no se ha perdido; pero la euforia que comunicaban analistas internacionales como Tom Friedman se ha enfriado.

Habría sido mejor que las expectativas nunca se hubieran inflado tanto. Pero la suerte está echada. Los riesgos asociados con una reforma fallida habrían sido menores si la apuesta no se hubiera inflado tanto, pero se perdió control de esto hace meses. Ojalá que durante los próximos meses se puedan desinflar las expectativas relacionadas con el cambio. Sólo así se puede paliar el riesgo de una reforma fallida. Sigo estando optimista, pero preferiría haber cacareado el huevo más tarde, cuando las cosas fueran menos inciertas.

Roberto Newell G. es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.
20 Junio 2013 03:00:13
Salir de la pobreza
La movilidad social en México es más baja que en otros países. Los que nacen pobres tienen una alta probabilidad de vivir toda su vida en pobreza, por ello muchos analistas arguyen que la pobreza en México es estructural y requiere atender circunstancias que atrapan a millones de mexicanos en condiciones casi imposibles de vencer aplicando políticas públicas tradicionales.

Actualmente, la estrategia de transformación social más poderosa es asegurar que todos los niños tengan acceso a una educación formal de calidad. Por ello, una de las principales prioridades de este Gobierno y otros anteriores ha sido asegurar que todos los niños tengan acceso a educación primaria y secundaria, pero proveer educación a todos no garantiza que todos salgan adelante. Para lograr este resultado se tienen que vencer varios otros obstáculos relacionados con las condiciones en que se desarrollan millones de niños mexicanos.

Durante los últimos años, un grupo de especialistas en neurociencias ha estado investigando la relación entre la pobreza y el desarrollo del cerebro. Una de las investigadoras que más ha analizado este tema es Martha Farah, de la Universidad de Pennsylvania. Las investigaciones que ella y sus colegas han realizado muestran que proveer educación de calidad a los niños es una condición necesaria para el desarrollo de competencias y conocimientos en los niños de edad escolar, pero esta estrategia no elimina algunas de las principales barreras para el desarrollo cognitivo de las niños.

Sus investigaciones muestran que la mayoría de los niños pobres ya están rezagados en su desarrollo cognitivo aun antes de iniciar kínder. Esto no se debe a que estos niños sean menos inteligentes que sus pares de familias más prósperas, sino que las carencias del medio ambiente en que viven afectan el desarrollo de su cerebro. La pobreza crea déficits de desarrollo intelectual difíciles de vencer.

Algunas de las causas se han examinado detenidamente. Por ejemplo, los infantes que viven en condiciones de pobreza sufren más problemas de salud que los niños de familias más prósperas. Estos padecimientos minan su desarrollo físico e intelectual. Lo mismo sucede a niños que consumen insuficientes calorías y minerales.

Pero la pobreza afecta el desarrollo de los infantes de muchas otras maneras. Por ejemplo, los niños y niñas que se crían en familias pobres tienen pocos juguetes y participan en pocas actividades que estimulan su desarrollo intelectual.

El nivel educativo de los padres es otro determinante clave del desarrollo de los niños. El tamaño del vocabulario al que están expuestos los niños explica por qué algunos niños avanzan más rápidamente que otros: entre mayor sea la variedad de palabras que escuchan los infantes en su entorno, mayor será su desarrollo intelectual. La evidencia empírica al respecto es contundente: Los padres de clase media invierten 40 veces más tiempo leyendo a sus niños de edad preescolar que los padres pobres. Para muchos niños pobres, su primera experiencia escuchando un libro es cuando ingresan a kínder.

La evidencia empírica también apunta a que es mejor para el desarrollo cognitivo de los infantes ser criados en un entorno urbano que en uno rural. Esto se debe a que en las ciudades los niños están expuestos a estímulos de todo tipo (sonidos, luces, colores, conductas, etcétera); mientras que en el campo no.

La relación entre el desarrollo del cerebro de los infantes y sus logros posteriores ya está ampliamente documentada. Análisis de instituciones como el MIT Workplace Center muestran que cada dólar que se gasta en el desarrollo del cerebro de los infantes permite ahorrar 13 dólares de gastos en los años subsecuentes. El desarrollo de los cerebros de los niños pobres es una de las mejores inversiones sociales disponibles.

Las implicaciones de lo anterior son muy importantes para México. Lo que no se haga por los niños pobres durante sus primeros años de vida creará déficits cognitivos muy difíciles de corregir en el sistema escolarizado.

Esto no significa que se deban establecer estándares educativos más bajos para los niños pobres, o tener expectativas de desarrollo menos ambiciosas para ellos. Aceptar esto sería condenar a estos niños a seguir atrapados en la pobreza. Por el contrario, lo que la evidencia científica apunta es que para rescatar a los niños pobres del círculo vicioso en que están atrapados debemos buscar formas de intervención más eficaces y tempranas. Sólo así podremos dotar a los niños más pobres de oportunidades que les permitan triunfar en la vida.

Roberto Newell G. es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.
13 Junio 2013 03:00:27
Atraer y retener talento
Debatí cómo redactar esta nota. Después de muchas vueltas, concluí que lo mejor era tratar el tema del secuestro como si fuera un problema económico más, como muchos que he tratado en columnas previas, aun cuando el tema es muy delicado y afecta el bienestar de miles de familias, entre ellas la mía, que se sienten acosadas por esta amenaza.

Imco define competitividad como la capacidad de una región para atraer y retener inversiones y talentos. Esto viene al caso porque en estos días la competitividad del estado de Morelos sufrió un golpe durísimo que afectará su capacidad para atraer y retener talentos.

Vamos a los hechos. Una pareja de profesionales jóvenes decidió huir de Cuernavaca después de que él, un prominente médico que encabezaba los servicios de salud de un hospital privado, fuera secuestrado. Afortunadamente, las cosas tuvieron un desenlace relativamente benigno. Haciendo gala de inteligencia y valor, el joven médico logró escaparse de sus captores y regresó a salvo con su familia.

No obstante lo anterior, dos instituciones privadas morelenses y las comunidades que éstas atienden terminaron pagando un costo muy elevado: el hospital donde él trabajaba perdió a un profesional que había escalado puestos hasta convertirse en su cabeza operativa; mientras que la escuela primaria donde ella trabajaba perdió a una magnífica directora que se había ganado el respeto y afecto de la comunidad local. Pérdidas como estas no se reponen fácilmente.

Morelos está mal y de malas. Los analistas que siguen el desempeño de los estados de la Federación califican mal al estado en varias dimensiones. En el Índice General de Competitividad de Imco, Morelos sale a media tabla, pero en el subíndice que califica la calidad de su Estado de Derecho sale mucho peor; está en el lugar número 24. Estos resultados explican por qué el crecimiento de la economía estatal es tan bajo.

Estudios objetivos de la situación de seguridad pública muestran que Morelos está en crisis. Por ejemplo, en el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles que publica México Evalúa, Morelos sale tercero entre los estados con mayor número de víctimas. Sólo Chihuahua y Durango salen peor evaluados y la situación no está mejorando.

Las estadísticas de los dos delitos que más impacto tienen sobre el bienestar psicológico de las personas en Morelos (los homicidios y secuestros) han seguido una trayectoria ascendente en los últimos tres años y medio. Los homicidios llegaron a su nivel más alto en el mes de julio del año pasado y a partir de entonces han decrecido, pero durante el mismo periodo, los secuestros han aumentado.

La anterior información se obtuvo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los datos duros revelan que la decisión que tomó la joven pareja arriba citada no fue una sobrerreacción a una situación aislada, sino una decisión racional motivada por la inseguridad que prevalece en Morelos.

Urge cambiar estas tendencias. Si bien el índice de homicidios ha mejorado durante los últimos meses, el nivel actual todavía es más del doble de lo que era a la mitad del sexenio del ex gobernador Adame, mientras que el índice de secuestros sigue empeorando: el número actual es seis u ocho veces más alto que el de hace cuatro años.

El Gobernador del Estado hizo lo correcto cuando decidió crear un mando único policiaco con base en las policías municipales del Estado. Pero los datos sugieren que ese cambio pudo haber motivado cierta pérdida de control de los grupos criminales que se dedican a la extorsión y los secuestros. Lo que es ineludible es que el Gobierno tiene que hacer una mejor tarea para revertir la tendencia actual, reclutando y entrenando a mejores policías y desarrollando capacidades de inteligencia e investigación que actualmente no tiene.

Para que la situación cambie, la sociedad civil también tiene que tomar cartas en el asunto. Si las personas que gobiernan las instituciones arriba mencionadas se quedan mudas y de brazos cruzados, les harán fácil la vida a los delincuentes que asechan a la ciudad. Las autoridades de las dos organizaciones deben manifestar su inconformidad con la situación actual y públicamente presionar al Gobierno para que actúe con energía para que este tipo de situaciones no se repitan. La sociedad civil no puede darse el lujo de actuar como si no estuviera pasando nada. Dos de las organizaciones privadas más valiosas del Estado sufrieron pérdidas de las que tardarán mucho en recuperarse y quién sabe cuántas personas más lleguen a la misma conclusión en los meses que vienen. Perder más talentos sería intolerable.

Roberto Newell G. es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.
06 Junio 2013 04:00:08
Todo a medias
Una costumbre muy enraizada entre las familias que se involucran en proyectos de autoconstrucción es construir hasta donde alcanza el dinero, dejando preparada la obra inconclusa para que cuando haya centavos se pueda reiniciar. Por ello, es común ver pedazos de varilla en los techos de las casas previendo algún día construir un segundo piso cuya estructura se amarrará de esas varillas. Los tramos de varilla son feos y peligrosos; por ello, las familias más previsoras los decoran o esconden. Parecería que el Gobierno del Distrito Federal decidió adoptar esa misma estrategia al construir la Autopista Urbana Sur. Sin decir ni agua va, dejó inconcluso el tramo que conectará el segundo piso a la Autopista México-Cuernavaca.

Que una familia sin acceso al sector financiero tenga que construir su casa de esta manera no es sorprendente. Pero que esto le suceda al Gobierno del Distrito Federal sí lo es. Durante meses, el Gobierno de Marcelo Ebrard comunicó los enormes beneficios que derivarían de esta obra, creando expectativas que al final no se cumplieron. Durante un buen rato, la obra fue avanzando a buen ritmo. Durante las últimas semanas del sexenio se iniciaron las obras para el distribuidor que conectaría el segundo piso al Viaducto Tlalpan, y de pronto y sin ninguna explicación, la obra se suspendió, se levantaron los escombros y se retiraron los equipos que estaban trabajando en el sitio.

Al respecto, lo único que aparece en el portal de transparencia del Gobierno del Distrito Federal es que “la salida a la carretera de Cuernavaca se construirá en una etapa posterior”. Esta nota comunica lo que cualquier persona enterada ya sabe, pero no explica por qué no se terminó la obra en el sexenio anterior, ni por qué se suspendió una obra que ya se había iniciado (hasta árboles quitaron), ni mucho menos cuándo se reiniciará y concluirá el tramo en cuestión.

Lo que sucedió con esta obra es emblemático de la calidad de planeación urbana y movilidad de la gran metrópoli. Como este caso hay varios más: la Línea 12 del Metro costó alrededor del doble de lo presupuestado, pero hasta la fecha no se han rendido cuentas al respecto; se construyó el segundo piso, pero a nadie se le ocurrió asegurar que los medios de pago de los dos tramos, Norte y Sur, estuvieran homologados. Se construyó una Autopista Urbana carísima, pero aparentemente no les alcanzaron los billetes para concluir la obra o construir rampas de acceso y salida que permitan al tráfico fluir a un ritmo adecuado. Para colmo, lo que se construyó no tomó en cuenta las necesidades cotidianas de los usuarios que usan el segundo piso; si no, cómo se explica uno lo complicado que resulta subir a la vialidad desde Polanco o Tlalpan, o bajar del segundo piso a Alencastre o Reforma en horas pico. Las fallas de diseño y planeación son tan grandes que lesionaron la razón de ser de la Autopista Urbana.

Las fallas de planeación, financiamiento y operación de proyectos de transporte no es un fenómeno nuevo en esta ciudad. Desde hace décadas, por razones puramente populistas, el Sistema del Metro cobra tarifas tan bajas que ni siquiera cubren el costo de operación del transporte, no se diga el costo de las obras de infraestructura. Las tarifas actuales están totalmente distorsionadas: el boleto del Metro de la ciudad cuesta una quinta parte de lo que cuesta el servicio en Madrid; una octava parte de lo que cuesta en Nueva York y la séptima parte de lo que cuesta el Metro de París.

La política de precios del Metro, además de gravitar sobre las finanzas de las ciudad, crea incentivos para que las personas se asienten en lugares muy apartados de su lugar de trabajo, además de que desalienta la construcción de una red de transporte colectivo privado y público que sea más extensa y de mejor calidad. Todo se hace a medias, excepto en el caso del cobro de tarifas, las cuales están a una fracción mucho menor de lo que cuesta proveer el servicio.

El sistema de transporte público de la ciudad está atrapado en un círculo vicioso. Las tarifas actuales son más bajas de lo que se requiere para proveer un servicio que tenga la calidad y cobertura requerida para que las personas estén dispuestas a dejar sus autos y subirse a un sistema de transporte urbano más eficiente. Esto, a su vez, causa que se tenga que seguir invirtiendo en vialidades que tampoco satisfacen las necesidades y expectativas de los usuarios. ¿Qué se requerirá para salir de ese círculo vicioso?

El autor es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.
30 Mayo 2013 03:00:41
Cambios deseables vs indispensables
No conozco a nadie que no esté dispuesto a reconocer que lo indispensable debe tener prelación sobre lo deseable. El problema no está ahí, sino en saber distinguir entre una situación y la otra.

La disputa entre las diversas facciones del PAN respecto al Pacto por México ilustra lo anterior perfectamente. Las dos facciones que están en conflicto tienen percepciones diferentes sobre si dar prelación a mantener una distancia sana del PRI (y de la coalición que se formó para promover las iniciativas contenidas en el Pacto por México), o si seguir participando en forma visible y vigorosa en la promoción de los cambios que propone esa agenda. ¿Quién tendrá la razón?

Creo que los que arguyen por guardar mayor distancia del PRI y del Pacto son los que están errando la estrategia. En sus actos se nota que les importan más sus intereses políticos y roles dentro del partido que apoyar los cambios indispensables que se han recogido en el Pacto. Si la rebelión dentro del PAN causa que se colapse el Pacto, los líderes en conflicto habrán cometido un error histórico del cual posiblemente nunca se pueda recuperar el partido, como se verá en las respuestas que doy a tres preguntas relacionadas con este tema:

Primera pregunta: ¿por qué existe el Pacto? ¿Qué beneficios derivan de participar en él?

La razón de ser del Pacto es compartir los costos políticos de instrumentar un conjunto de iniciativas que son útiles para el país pero polémicas y, por ello, difíciles de manejar políticamente sin el apoyo de los tres partidos principales. Hay varios temas políticamente sensibles, pero el caso insignia es la apertura a la inversión privada en el sector petrolero. La Historia muestra que cualquier partido que decide promover esta reforma por sí solo se expone a pagar un costo político altísimo derivado de los ataques de los demás partidos. Esto sucedió al PAN en 2008-09 y causó que el Presidente tuviera que diluir y desfigurar su propuesta original de reforma. Lo mismo había sucedido anteriormente al PRI cuando Zedillo promovió reformar el sector eléctrico. La lección que ahí deriva es que hay reformas que son tan polémicas que no pueden ser abordadas por un partido actuando solo.

En suma, el Pacto fue diseñado para compartir riesgos y costos entre los principales actores políticos. Es un vehículo útil para promover cambios que, de otra manera, serían imposibles de realizar.

Segunda pregunta: ¿qué consecuencias tendría para el Pacto que el conflicto dentro del PAN persista o se agrave?

El conflicto dentro del PAN puede causar que se debilite la coalición que respalda el Pacto. El efecto de lo anterior puede ser limitar los alcances de las iniciativas del Pacto y diluir su impacto. Esto fue lo que sucedió al PAN cuando promovió la reforma del sector petrolero en 2008-09. La falta de respaldo del PRI a los cambios más profundos contenidos en ese paquete causó que el presidente Calderón tuviera que retirar las propuestas más importantes de esa reforma y que el producto resultante fuera tan decepcionante.

Como están las cosas actualmente, ya es notorio el debilitamiento del PAN dentro del Pacto, a pesar de la muestra de fuerza que dio su presidente. La falta de unidad en el partido ha debilitado su influencia y fortalecido a grupos dentro del PRI y PRD que históricamente han estado opuestos al tipo de iniciativas que persigue el Pacto. Esto puede poner en riesgo algunos de los temas torales de la reforma energética (v.gr. participación de inversionistas privados en proyectos de exploración y producción de petróleo).

La turbulencia al interior del PAN también puede contagiar a grupos inconformes en el PRI y PRD, elevando los costos de las reformas y debilitando uno de los principales beneficios del Pacto.

En suma, el conflicto dentro del PAN pone en riesgo la viabilidad e impacto del Pacto.

Tercera pregunta: ¿qué consecuencias tendría para el PAN que sus líderes no logren resolver sus diferencias y debiliten la viabilidad política de la reforma petrolera y de otras partes del Pacto aún por instrumentar?

En mi opinión, las consecuencias para el partido serían graves, por dos razones. Primero, porque causarán que se deteriore la imagen del PAN como un partido responsable, moderado e históricamente alineado con la modernización del país. Y segundo, porque dañará (quizá para siempre) la relación que guarda con grupos empresariales (que en su mayoría apoyan la agenda económica del Pacto) y con votantes independientes que históricamente han respaldado al PAN.

Por todo lo anterior, es de esperarse que las dos facciones del PAN reflexionen hasta dónde están dispuestos a que llegue su conflicto. El pleito que traen sus líderes puede tener costos muy altos para ellos, para su partido y para el país.

Economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones en esta columna son personales.
23 Mayo 2013 03:00:06
La década de la productividad
La productividad laboral media de México ha estado estancada desde la década de los 80’s. En un día, el mexicano promedio produce menos de la cuarta parte de lo que produce un trabajador americano. Esta diferencia explica por qué los ingresos de los mexicanos son más bajos, y lo más preocupante es que la brecha no se está cerrando.

Actualmente el crecimiento de la economía está determinado por la acumulación de activos y la incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral; no porque se hagan mejor las cosas. Esto es atribuible a varias causas, en su mayoría muy conocidas.

Por ejemplo, como sociedad invertimos poco y mal en capital humano. La inversión que se hace no rinde más porque la mayor parte de los recursos van a dar a un sector de educación pública de baja calidad.

El estancamiento de la productividad también se debe a que la economía opera con reglas del juego que causan que en varios sectores haya poca competencia. Esto desalienta la optimización de procesos y la búsqueda de mayor eficiencia operativa. La productividad es particularmente baja en sectores como el agrícola, el eléctrico y el petrolero, en los cuales los regímenes de propiedad y estructuras industriales desalientan el uso adecuado de los recursos.

Por lo anterior, y por varias razones más, el recién publicado Plan Nacional de Desarrollo establece democratizar la productividad como uno de sus principales propósitos. Francamente, no estoy seguro de exactamente qué quieren comunicar con esa frase, pero cuando uno penetra en el detalle del Plan, lo que uno encuentra es una serie de propuestas para impulsar la productividad. Eso sí lo entiendo, y no sólo eso, sino que lo aplaudo.

Muchos de los cambios que requieren tienen que ver con las tan mentadas reformas estructurales contenidas en el Pacto por México. Estas reformas son indispensables y liberarán recursos que actualmente están atrapados en usos improductivos. Pero, aun cuando todas estas reformas acaben por aprobarse, todavía no podremos cantar victoria. Quitar el freno a la economía no es igual a pisar el acelerador. Para que la productividad laboral avance se necesitará instrumentar una multitud de pequeños cambios a nivel de empresa.

Imaginemos que estamos en el año 2030, viendo hacia atrás. ¿Qué tendría que haber sucedido con la productividad laboral media para que el país hubiera avanzado significativamente? La respuesta es sencilla: la productividad media tendría que haber crecido cuando menos 4.0% anual a lo largo de todo el periodo, sumándose al impulso que deriva del crecimiento de la fuerza laboral. Si lográramos que el tiempo de estas personas rindiera 4.0% más cada año, el efecto compuesto sería causar que la economía creciera alrededor de 6.0% al año. Si eso llega a suceder, los ingresos promedio de la población se duplicarán y ya no seremos una sociedad de clase media baja, sino que seremos una de ingresos medios altos.

Ustedes se deben estar preguntando ¿cuáles habrán sido los principales motores de cambio? Sobre eso no estoy seguro, pero las oportunidades abundan.

Si yo fuera el encargado de instrumentar el Plan, además de las reformas estructurales, centraría la atención en quitar el freno a los sectores más afectados por condiciones regulatorias perversas. El ejemplo insignia en la economía es el sector agrícola, el cual emplea alrededor del 20% de la población económicamente activa.

La productividad en el sector agropecuario es bajísima. Refleja los efectos de un régimen de propiedad funesto, así como el impacto de una serie de políticas públicas que alientan conductas clientelares y desalientan la modernización del campo. Si en los próximos 20 años se lograra igualar la productividad de los trabajadores de campo con la que actualmente tienen los trabajadores urbanos, en 20 años se habría eliminado la mayor parte de la pobreza. Para que esto suceda se necesita un esfuerzo disciplinado y sumamente exigente. Cerrar esa brecha en 20 años implica que la productividad laboral crezca 8.7% al año.

Muchos pensarán que esta meta es inalcanzable, pero China, la India y varios otros países han logrado esto y más. ¿Por qué no México? Para ello sería indispensable aplicar una serie de medidas, como son perfeccionar los títulos de propiedad del campo; aprovechar mejor el agua; usar semillas e insumos de mejor calidad; mecanizar la producción; consolidar parcelas; cambiar cultivos; mejorar la logística de acopio y distribución, etc. El esfuerzo sería titánico, pero bien vale la pena.

Como esta hay varias otras oportunidades en la economía que por razones de espacio no puedo examinar. Pero la buena noticia es que la mayoría de estos retos son menos complejos que el del sector agropecuario.

Concluyendo, no saben el gusto que me da ver al país apuntado en la dirección correcta. Ojalá que esta vez sí salgan las cosas bien.

Roberto Newell G. es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Las opiniones en esta columna son personales.

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