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Jorge Castañeda
Jorge Castañeda
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02 Octubre 2017 04:08:00
Banderazo a las candidaturas independientes
En los próximos días se cierra el plazo para registrar candidaturas independientes o sin partido a los múltiples cargos de elección federal en disputa el año entrante. Las fechas para las elecciones estatales, incluyendo 9 gubernaturas, entre ellas la de la Ciudad de México, varían pero no se alejan demasiado de las federales. De suerte que ya dispondremos, muy pronto, de las respuestas a varias interrogantes.

Primero: ¿Cuántos ciudadanos intentarán obtener las firmas necesarias para figurar en la boleta en 2018? Tomando en cuenta las diferencias entre 2015, 2016 y 2018 (más elecciones, más polarización, mayor participación, mayor tiempo transcurrido desde la legalización de las candidaturas sin partido) ¿serán más o menos que en los años anteriores y pertinentes (2017 fue atípico)? De ser mayor el número, proporcionalmente hablando, podremos decir que la figura comienza a calar en la sociedad civil mexicana, como la única fórmula para hacer política electoral fuera de los partidos (las iniciativas populares en su forma actual no funcionan). De no serlo, habrá que concluir que el descrédito de la política se extiende más allá del ámbito de los partidos. También empezaremos a comprender si la “app” del INE, que permite el casi equivalente de una firma electrónica, facilita la recopilación de firmas, o la
obstaculiza.

Otra pregunta importante consistirá en el cargo para el cual se postulen más candidatos independientes. Los partidarios de esta figura siempre sostuvimos que era a nivel municipal, o distrital, donde las candidaturas de esta índole encerraban mayor sentido. A esa escala, la gente conoce a la gente: al médico, al profesor, al cura en su caso, al profesionista, al empresario, o al activista. El número de firmas, sin dejar de ser leonino, es alcanzable, y resulta más factible la difusión de ideas y características, careciendo de acceso a los medios masivos de comunicación. Es la historia de Pedro Kumamoto en Zapopan, de Alfonso Martínez en Morelia y de Manuel Clouthier en Culiacán. Se juegan un gran número de presidencias municipales trascendentes el año entrante, además de los 300 distritos de mayoría relativa. En pocos días sabremos.

Asimismo, veremos si el poco éxito –por lo menos frente a las expectativas– de las candidaturas independientes en 2017 desa-lienta o no a diversos aspirantes a cargos ejecutivos o legislativos del Senado. Hay un premio para el Senado: por la vía de primera minoría, puede ser más fácil ganar que una diputación uninominal. Supongo que ese es el cálculo de Kumamoto en Jalisco. Para las alcaldías de la capital del país, o para los nueve gubernaturas, tal vez no proliferen las independientes, aunque en la Ciudad de México, después de la movilización pos-sismo, es posible que la tentación –y la realidad– de captar el mismo entusiasmo por la acción solidaria y el mismo hartazgo con los partidos induzca a ciudadanos de a pie a presentarse. El problema sería el tiempo.

Por último, habrá el tema de los aspirantes presidenciales sin partido. Llegó la fecha fatídica para decidir (no para recaudar el millón y pico de firmas necesarias, tomando en cuenta la merma inevitable). Pedro Ferriz ya lo hizo; le deseo la mejor de las suertes, ya que fue el primero en arrancar, con mucho valor y mostrando mucha perseverancia. Doy por descontado que Armando Ríos Piter también lo hará en el transcurso de la semana, y desde luego cuenta con todo mi apoyo para juntar firmas y recursos. Emilio Álvarez Icaza declaró hace tiempo que sólo buscaría aparecer en la boleta si para agosto juntaba 80 mil firmas de apoyo –sin valor jurídico–, pero no he sabido si en efecto las reunió y si va a presentarse en el INE esta semana.

Y luego tenemos a Jaime Rodríguez, quien deberá resolver un dilema propio y otro que se le plantee al INE. Ha recorrido el país durante los fines de semana desde hace un año, tiene un nivel de reconocimiento adecuado, aunque estable, cuenta con los recursos del Gobierno del Estado de Nuevo León, por lo menos para las firmas, y nadie duda de su ambición. Pero lanzarse por las firmas es lanzarse para la elección, porque con toda seguridad las podrá conseguir. ¿Estará dispuesto a renunciar a la Gubernatura para jugar una candidatura presidencial que en las encuestas hoy no supera los 5%? O el INE aceptará que busque firmas, incluyendo en su propio estado, siendo Gobernador en funciones? ¿Se vale que el Gobernador le pida su firma a un empleado en el Gobierno que encabeza? ¿O el PRI y sus votos en el Consejo del INE y en el Tribunal ni siquiera lo plantearán como pregunta?

Esta semana se despejarán las dudas citadas, y otras más. Nadie sabe para quien trabaja, pero albergo la satisfacción de haber trabajado para una idea que hoy se vuelve realidad. No siempre
sucede.
25 Abril 2018 04:00:00
Ya empezó la segunda vuelta
En México, desde varios años, se discuten las virtudes y los inconvenientes de la segunda vuelta en la elección presidencial, por lo menos. En San Luis Potosí, de 1996 a 2005, se puso en práctica para comicios estatales, aparentemente sin gran éxito, ya que se abandonó el esfuerzo al poco tiempo. Aunque parece ir surgiendo un consenso entre especialistas, comentócratas y empresarios sobre el carácter deseable de este mecanismo, no fue posible establecerlo para esta elección presidencial. Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador se opusieron de manera tajante, por razones similares.

No obstante, en México, desde 1994, la segunda vuelta opera, como todo el mundo sabe, a través de las encuestas, los chismes, los desayunos y los conciliábulos. Se acaba por imponer una dinámica de dos finalistas, con varios más que se quedaron en el camino. Ese año, la segunda vuelta se dio después del debate entre Ernesto Zedillo y Diego Fernández de Cevallos; en el año 2000 participaron en ella Francisco Labastida y Vicente Fox, en parte a raíz del primer debate, en parte a raíz de la estrategia de Fox de atraer el voto de izquierda, útil, o de izquierda azul; en el 2006 entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador; y en el 2012 entre Enrique Peña Nieto y nuevamente AMLO. Todo esto es muy sabido, y más allá de las consideraciones aprobatorias o reprobatorias que cada quien pueda tener ante este sistema, creo que es difícil negar su existencia.

La primera vuelta de la elección de 2018 tuvo lugar el domingo del debate. Desde antes, la gran mayoría de las encuestas indicaban que los finalistas en estos comicios eran López Obrador, nuevamente, y Ricardo Anaya. Pero, en parte porque al PRI le gusta inventar encuestas patito en medios patito, en parte porque la esperanza es lo último que muere; y en parte porque algunos poderes fácticos llegaron a creerse el cuento de la potencia del aparato estatal en manos de un avezado experto electoral como Peña Nieto, algunos sectores aún creían que el candidato del PRI podía pasar a la final. Después del debate del domingo es evidente que no. La campaña de la segunda vuelta comenzó el lunes en la mañana y está ya en plena marcha. El problema con este sistema muy mexicano es que no obliga a los que se quedaron rezagados en la primera vuelta a desaparecer formalmente de la segunda, ni a definirse ante los finalistas. Ahí yace una de las incógnitas de la segunda vuelta.

La otra gran incógnita es si la victoria de Anaya en el debate se traducirá rápida y significativamente en intenciones de voto de acuerdo con las encuestas. Lo iremos comprobando en los próximos días, pero mi corazonada es que el desempeño de Anaya, tan superior al de los demás, sí surtirá efecto en las preferencias electorales, y veremos, tal y como ya sucedió con Massive Caller, que la brecha entre él y López Obrador se irá cerrando. Ya si esa brecha es muy grande, mediana o pequeña, dependiendo de la encuesta en la que uno quiera creer, es harina de otro costal. Lo importante, por ahora –obviamente no a finales de junio– es la tendencia, no los absolutos.

Es un sistema muy peculiar el que hemos inventado, pero es el que hay. Y en ese sistema concluyó la primera parte de la campaña electoral el domingo, y el lunes empezó la segunda etapa. Estamos en plena segunda vuelta y en esa todo puede suceder.
23 Abril 2018 04:06:00
Más muertos que nunca
Al no poder compartir con los lectores mis impresiones del debate de anoche debido a los horarios y compromisos adquiridos con los medios, me limito a recordar el día de mi santo hoy, con el nuevo récord del gobierno de Peña Nieto: más muertos que nunca.

Ayer se publicaron las cifras de homicidios dolosos para el primer trimestre de 2018. Crecieron 15% en relación con el año pasado. Pasaron de 3 mil 654 en el año 2015, uno de los años más bajos desde que arrancó la guerra de Calderón en 2007, a 4 mil 363 en 2016, 5 mil 673 en 2017, y 6 mil 553 este año. A este ritmo, llegaremos a más de 26 mil homicidios dolosos para todo 2018, un nivel de casi 25 por cada 100 mil habitantes. Cada veinticuatro horas, 85 personas son asesinadas en México.

Estas cifras provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuando se publiquen las del INEGI, dentro de casi un año, resultará que esos datos, más confiables, arrojarán un total más o menos 10% más elevado: una cantidad estratosférica. Cuando los políticos afirman que Peña Nieto y su predecesor convirtieron al país en un cementerio, tienen razón.

Comprobamos entonces que este sexenio resultará ser más sangriento que el anterior, que el anterior echó a andar una de las guerras más innecesarias e inútiles de la historia reciente, y que las cosas empeoran en lugar de componerse. La gran pregunta que debemos plantearnos todos –todos los candidatos a la Presidencia, todos los partidos, toda la comentocracia– es ¿qué hubo a cambio de esta hecatombe?

Hoy en día, según cifras del Gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen en Viena, México cultiva y exporta más amapola y heroína que nunca. Tenemos un segmento del mercado de la heroína en Estados Unidos más grande que ninguna fecha desde los años 70. Los precios de la heroína en Estados Unidos siguen subiendo, al mayoreo o en la calle. La presión norteamericana para que nos ocupemos de los cultivos de amapola en Guerrero y en la sierra de Sinaloa y de Chihuahua, son también mayores que nunca. Y nuestra capacidad de respuesta es la misma de siempre, si no es que menor que nunca.

Este fin de semana, The New York Times publicó un editorial sobre la crisis de los opioides en EU, e insinúa que es un grave error tratar de impedirle el acceso a la heroína, la morfina o sus sucedáneos anti adictivos como la metadona o la buprenorfina. Al contrario, sugiere el rotativo: la mejor manera de combatir la adicción a los opioides es reduciéndola con sustancias naturales o químicas menos dañinas. Eso implica una mayor producción de heroína o morfina en el mundo, y por lo tanto en México. No parece un planteamiento absurdo, aunque implique revisar nuestra relación con las tres Convenciones antiestupefacientes en el mundo, y en particular con la Junta Internacional de Control de Narcóticos de Viena.
20 Abril 2018 04:00:00
Oportunidades y peligros del debate
Mucho se ha comentado en estos días sobre la importancia de los debates en las elecciones presidenciales en México y en otros países, ahora y en otros momentos. Como alguien cuyo primer recuerdo electoral fue el debate entre Richard Nixon y John F. Kennedy en octubre de 1960 y que desde entonces ha presenciado, directa o indirectamente, una treintena de debates semejantes, quisiera compartir mis reflexiones y expectativas para este domingo con los lectores.

Primero: los debates sí mueven la aguja, pero no necesariamente por el conjunto de intervenciones o el desempeño general de un candidato u otro, sino por un gesto, una réplica, un error, un gran acierto. El caso de Nixon, en 1960, es icónico. Entre quienes escucharon el debate por radio, ganó de calle; entre los televidentes, perdió de manera aplastante. Por dos razones: el sudor en la frente, y la llamada “five o’clock shadow”, o “barba de tres días” es decir, la barba cerrada de un varón a quien la rasurada de la mañana le dura poco.

François Mitterand perdió su debate con Valéry Giscard d’Estaing antes de la segunda vuelta en la elección de 1974, en parte porque los colmillos afilados –identificables con su reputación de político desalmado– presentaban una cara poco amable ante la juventud de su rival; pero ganó en 1981 con el mismo adversario, en parte por lo aprendido entre una elección y otra, en parte por limarse los dientes.

Reagan desarmó a Carter en 1980 con su famoso “There you go again, Mr. President”, y George Bush padre perdió su debate con Bill Clinton en 1992 en parte por ver su reloj, como si se aburriera y quisiera largarse.

En México, muchos recordamos el memorable desempeño de Diego Fernández de Ceballos en 1994, con Cuauhtémoc Cárdenas y Ernesto Zedillo. De acuerdo con las confesiones de los principales colaboradores de Zedillo años después, la victoria de Diego fue tan arrolladora que prácticamente los rebasó en las encuestas internas levantadas después del debate.

Asimismo, las frases memorables de Fox en el 2000 –se me podrá quitar lo mal hablado, pero a ustedes nunca se les quitará lo corrupto– dirigidas a Francisco Labastida, y los errores de Labastida (“me dijo mariquita”) le permitieron llevarse la noche y acelerar su subida en las encuestas. La ausencia de López Obrador en el primer debate de 2006 le hizo perder varios puntos en las encuestas.

El debate del domingo difícilmente encerrará el impacto del de 1994, ya que en lugar de tres participantes, habrá 5. Pero, incluso con 6 en 2000, Fox pudo destacar. El meollo de la gesta reside en la retención del público, y en la capacidad de los equipos de cada candidato en redes sociales (algo nuevo), y en los post-debates o “spin-rooms”.

Resaltar los errores de los demás, y amplificar los aciertos del candidato propio es lo obvio, y lo central. Muchos mexicanos recuerdan como Ricardo Anaya, un joven desconocido en ese momento, abrumó a Manlio Fabio Beltrones, un viejo lobo de mar y uno de los políticos tradicionales más modernos y hábiles de México. Nadie se acuerda del tercero presente (el inteligente y experimentado Agustín Basave), ni de la ausencia de AMLO.

He allí las oportunidades y los peligros de los debates. El domingo en la noche sabremos quiénes aprovecharon al máximo las primeras, y tropezaron con los segundos.
18 Abril 2018 04:08:00
¿Volver a 1917?
En varias mesas de discusión de radio y televisión se repite el mismo intercambio con los representantes de Andrés Manuel López Obrador. Alguien cita una declaración del candidato de Morena a propósito del aeropuerto, la reforma energética de Peña Nieto, la autosuficiencia alimentaria –que cada vez más se parece a la autarquía– o el salario mínimo, y sus voceros responden, casi al unísono: “No dijo eso”, o “Lo que quiso decir fue...” o “Nuestra verdadera posición es…”. Se entiende que en campaña, tanto AMLO como sus voceros en ocasiones descuidan sus tomas de posición, y por eso puede ser interesante citar pronunciamientos del candidato realizados antes de entrar de lleno en la contienda (aunque en su caso, lleva 12 años en la brega).

Esta es de 2015: “Al triunfo de nuestro movimiento, vamos dejar la Constitución como estaba, como la escribieron los constituyentes en 1917, se va a volver al Artículo Tercero como estaba originalmente, al Artículo 27, al Artículo 123.

Y para que se entienda mejor, vamos a cancelar las llamadas reformas estructurales, vamos a cancelar la llamada reforma laboral porque perjudica a los trabajadores, vamos a cancelar la llamada reforma educativa porque perjudica al magisterio, vamos a cancelar la llamada reforma fiscal porque perjudica a comerciantes y a pequeños empresarios, a consumidores y desde luego vamos a cancelar la llamada reforma energética porque el petróleo no es del Gobierno, ni de Peña, mucho menos de los extranjeros, el petróleo es del pueblo y es de la Nación y lo vamos a recuperar”.

Más categórico parece difícil, y no muy diferente de lo que dice él ahora, aunque quizás con mayor énfasis. Lo notable de esta declaración yace en su referencia a la Constitución de 1917, y su deseo de volver al texto original de la misma, anulando las más de 700 modificaciones (muchas de ellas en efecto absurdas), que se le han agregado. Por dos razones.

La primera es obvia, aunque no para Andrés Manuel: la ausencia del derecho de votar y ser votadas para las mujeres. Volver al texto original de 1917 significa arrebatarle esos dos derechos a las mujeres, ya que no fue sino hasta 1953 cuando se incluyeron en la Constitución y las leyes secundarias. No sé qué piensen sus partidarias de 2018 sobre este “Back to the Future”.

Segunda implicación: derechos humanos. Siempre he dudado del compromiso al respecto de Andrés Manuel. Nunca le he detectado una insistencia particular en el tema. Pero en todo caso, debe saber que en 2011 se llevó a cabo una profunda reforma del artículo primero de la mentada Constitución, para incluir como prioridad absoluta el respeto a los derechos humanos, por encima de otras consideraciones. De esa reforma constitucional se han derivado un sinnúmero de leyes secundarias y de sentencias de la Suprema Corte, todas en el sentido “garantista” o “pro persona” (aunque no como lo entiende el Tribunal Electoral, es decir, pro personal que labora en Los Pinos). Volver a 1917 significa derogar todo eso.

Incluso implica suprimir algo que yo repruebo –por considerarlo inútil y anacrónico– pero que seguramente a AMLO le provoca gran entusiasmo y nostalgia: las reformas de 1988 al artículo 89 mediante las cuales se insertaron los llamados principios de política exterior en la Carta Magna. AMLO se quedaría sin su sacrosanto principio de no-intervención, en caso de volver a 1917. ¿De veras eso quiere?
16 Abril 2018 04:00:00
Cantinflas en Bucareli
La semana pasada la Secretaría de Gobernación emitió un boletín inusual. A varios amigos y colegas interesados en los asuntos internacionales nos pareció a tal grado inverosímil, que opté por revisar la página web de la Segob para cerciorarme que en efecto, se trataba de un auténtico documento de Bucareli. No está en el sitio, pero sí en múltiples publicaciones. Se trata del boletín número 142 de Segob.

La nota de prensa dice así: “Cancillería analiza suspender cooperación migratoria con Estados Unidos: El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reveló que la Cancillería analiza la propuesta del Senado para suspender la cooperación migratoria y de seguridad con Estados Unidos, y que se llamó a consulta a la embajadora Roberta Jacobson. Además, recordó que con Estados Unidos hay acuerdos de seguridad fronteriza que incluyen evitar el tráfico de armas hacia México. El Senado nos ha hecho una propuesta concreta por unanimidad, que está analizando la Cancillería; y desde luego frente a otras expresiones, la Cancillería el día de ayer llamó a consulta a la embajadora, que es un mecanismo diplomático que se tiene, para que exprese casos concretos donde haya, supuestamente ha habido, violaciones a personas hondureñas, como es parte del discurso agresivo, y señalar con mucha claridad el rechazo”. En conferencia de prensa en Coahuila, Navarrete Prida aseguró que las “actitudes verbales” del Presidente de ese país “no se han traducido por parte del Gobierno norteamericano en un hecho concreto, como no sea el anuncio de la Guardia Nacional que ya ha ocurrido en otros años”.

Digno de Cantinflas cuando hablaba bien. Para empezar –y no es lo más importante– a los embajadores los suele llamar a consulta su propio Gobierno. Si se quería llamar a consulta a alguien, era más bien a Gerónimo Gutiérrez, nuestro excelente embajador en Washington. A Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México hasta el 5 de mayo –y excelente emisaria también– se le entrega, en su caso, una nota formal de protesta –escrita o verbal, así se dice– o se le convoca a la Cancillería para pedirle explicaciones sobre la conducta de su Gobierno.

En segundo término, no entiendo que hace Gobernación explicando a quien llama –o no llama– la Cancillería. Los diferendos entre la SRE y la Segob (o Hacienda) son seculares desde luego, pero es incomprensible la lógica según la cual el canciller más poderoso en años informe de las actividades de sus colaboradores a través de Bucareli. Se trata de una explicación inexplicable.

Pero sobre todo, el contenido es incomprensible. ¿Cuáles son “las violaciones a personas hondureñas”? ¿Violaciones físicas a las mujeres, como dijo Trump? ¿Violaciones de los derechos humanos de los migrantes hondureños en México, como decimos muchos mexicanos? ¿Cómo es una “actitud verbal” del Presidente de Estados Unidos? ¿Acaso no es un hecho concreto el envío de 4 mil efectivos militares estadunidenses armados (Sorry, Luis) a la frontera con México?

Por último, lo más importante. Es obvio que la supuesta evaluación de los esquemas de cooperación de México con Estados Unidos, en materia migratoria, de narcotráfico, de seguridad e inteligencia no es más que una cortina de humo. Ricardo Anaya y el Senado exigieron “condicionar” la cooperación con Washington al desistimiento de una serie de acciones de Trump contra México. No pidieron una evaluación. No plantearon una “evaluación” que concluyera, como ya la que hizo la SRE, sin aún anunciarla públicamente, que los acuerdos son más importantes para México que para nuestro vecino, y que por lo tanto, van a persistir. ¿En verdad los superperros de la PGR buscando cocaína en el aeropuerto, los decomisos de mariguana en la frontera norte, el fichaje de centroamericanos detenidos en México, el detectar posibles terroristas intentando entrar a Estados Unidos a través de nuestro país, es para beneficio nuestro? ¿Queremos seguir con la estupidez que perseguimos a los narcos para que la droga no llegue a tus hijos?

13 Abril 2018 04:06:00
Las dos Florencias
Hace un par de días, altos magistrados de la Corte de Casación de Italia, que lleva el caso de extradición de Tomás Yarrington a México, negaron esta misma. Habiendo sido ya otorgada la extradición a Estados Unidos, no se trata desde luego de una negativa que tenga que ver con la presunción de culpa o la solidez del expediente, sino de otra cosa. Es una vergüenza.

Los magistrados señalaron que las condiciones penitenciarias en México eran inaceptables para Italia y por lo tanto no se sentían capaces de enviar a Yarrington a lo que podríamos llamar el “infierno mexicano”. Declararon que “no subsisten las adecuadas condiciones para una extradición del exgobernador de Tamaulipas a México por la existencia de una situación de crónica, constante y sistemática violación de los derechos humanos en las cárceles del país”.

Dichas condiciones son bien conocidas en México. No necesitamos a un juzgador florentino que nos venga a decir lo que todos sabemos. Sobrepoblación, hacinamiento, corrupción, violencia, tortura: no hay prácticamente nada que sirva en las cárceles mexicanas, como en la mayor parte de los países de América Latina, por cierto. Sólo que duele más cuando ya lo dice el poder judicial de un país que tampoco es conocido por la pulcritud de su sistema carcelario. No estamos hablando de Noruega, sino del país que fue de la mafia, y aunque se trata de la Toscana y no de Sicilia, de todas maneras no es un ejemplo de reclusión carcelaria.

No sé qué debe darnos más pena la decisión del juez de Florencia, o la non fiction novel de Jorge Volpi sobre el caso Cassez: Una Novela Criminal. Ganadora del Premio Alfaguara y muy en el estilo de los textos anteriores de Volpi, el que le dedica al caso Vallarta-Cassez, como él le llama, es también un análisis y juicio devastador sobre el espeluznante sistema de justicia en México.

Desde la policía, los agentes del Ministerio Público, los jueces y los secretarios de juzgado, los celadores de las cárceles, hasta el Presidente de la República, el procurador y el secretario de Seguridad Pública, no hay nadie que se salve en la historia de horror que cuenta Volpi, se basa esencialmente en los documentos del juicio de Cassez y de los procesos de Israel Vallarta que, al término de 12 años de cárcel, aún no ha sido juzgado ni por supuesto sentenciado.

Volpi dice que no se pronuncia sobre la culpabilidad o la inocencia de Florence Cassez y de Israel Vallarta, ni sobre la de la familia de este último. Sí se pronuncia sobre el espanto de procuración y administración de justicia en México. Cualquier lector mínimamente objetivo no puede más que llegar a la conclusión a la que llegamos muchos mexicanos que nos acercamos al caso por distintos motivos. Sobre Cassez, no sólo se trató de un montaje de televisión, sino de un montaje entero: cada día crece más la duda si hubo secuestro, secuestradores y secuestrados, ya sin hablar de todas las demás ficciones inventadas por García Luna y Cárdenas Palomino. En lo tocante a Vallarta, el propio Volpi confiesa su escepticismo ante el carácter impenetrable, insondable, de quien fuera durante un tiempo novio de la francesa. Pero independientemente de esa naturaleza inescrutable del preso, no cabe en la mirada o en la cabeza de Volpi que lo que no se ha hecho en el caso Vallarta es justicia.

Vale la pena leer la novela de Volpi sobre Florence y, además, enterarse del caso Yarrington en Florencia. Este es el desastre que vivimos en esta materia en México. No comenzó con Peña Nieto ni con Calderón ni con Fox, pero desde luego empeoró con Calderón y con Peña Nieto. Es el costo del pacto de impunidad, de la incapacidad de atender los problemas de fondo, y de una complicidad con la inercia y los usos y costumbres de México, que debieran ser a estas alturas insoportables para todos los mexicanos.
11 Abril 2018 04:00:00
Instituciones desvirtuadas
Quienes hemos luchado por las candidaturas independientes desde hace años no podemos más que congratularnos de que haya dos o tres aspirantes sin partido en la boleta si llega a confirmarse esta hipótesis. Asimismo, quienes apoyamos la candidatura de Ricardo Anaya, y sabemos que la elección presidencial se ha vuelto una contienda entre dos –Andrés Manuel López Obrador y el propio Anaya–, no podemos más que recibir con cierto agrado la presencia de Jaime Rodríguez en la boleta. Seguramente, la razón por la cual el Gobierno logró que el Tribunal lo absolviera de la cantidad de trampas que hizo fue para que en los debates y en la campaña se concentrara en pegarle a AMLO, sobre todo en el norte del país. Sin embargo, estos dos motivos abstractos y válidos no bastan para estar de plácemes. Al contrario.

Es absolutamente inverosímil que un tribunal electoral avale dos candidaturas –la de Margarita Zavala y la de Jaime Rodríguez– que claramente recurrieron a todo tipo de trampas y procedimientos ilegales para lograr las firmas necesarias. Si esas trampas y procedimientos irregulares contribuyeron a obtener más o menos firmas que el número necesario es irrelevante; no se trata de qué tanto robaron, ni de qué tanto abusaron de una persona; de qué tanto y cuánto tiempo secuestraron a alguien. El problema aquí es que quienes cometen un delito o violan la ley electoral –y el INE claramente lo dijo en ambos casos– debieran estar inhabilitados para contender por un puesto de elección popular. Conviene señalar que, más allá de lo que uno piense de la proporcionalidad de la sentencia dictada contra el expresidente brasileño Luis Inácio da Silva Lula –12 años y 9 meses en prisión–, en cualquier caso está inhabilitado por la ley de “ficha limpia” en Brasil para contender por la presidencia. Esa ley justamente lo que determina es que cualquiera que haya sido sentenciado, o que haya cometido un delito y exista una sentencia al respecto en segunda instancia, automáticamente queda inhabilitado, más allá de si con posterioridad sus apelaciones puedan tener éxito ante los tribunales llamados de casación.

Es increíble que el Gobierno de Peña Nieto y el PRI desvirtuaran –hasta destruirlas– las instituciones que, con mucho trabajo y no siempre con éxito, se han construido a lo largo de los últimos 24 años en materia electoral. Ni el Tribunal, ni el IFE antes y el INE ahora son perfectos. Han cometido a lo largo de estos años un sinnúmero de errores; sus integrantes han sido designados por cuotas en el Congreso, y en ocasiones han aplicado leyes inaplicables o absurdas. Pero no se había llegado a tal grado de cinismo como para resolver que, a pesar de todas las denuncias y explicaciones del INE a propósito de Jaime Rodríguez, de cualquier manera se valide su candidatura simplemente porque, según esta teoría del Tribunal, no tuvo derecho de audiencia suficiente.

Y aquí es donde se vuelve más seria la cosa. En estos días de visitar a inversionista tras inversionista en la ciudad de Nueva York, y de dar conferencia tras conferencia en universidades y diversos foros, he confirmado algo que ya intuía. El equipo de Andrés Manuel López Obrador ha hecho bien la tarea en este sector en Nueva York. Sí ha calado la idea de que, uno: es otro Andrés Manuel; dos, ahora sí está rodeado por gente sensata; y tres, sobre todo, las instituciones mexicanas hoy son sólidas, robustas e independientes. No van a sucumbir ante cualquier tentación autoritaria, populista, nacionalista o estatista que pudiera albergar AMLO. Como me dijo una exalumna que trabaja en una agencia calificadora, la analogía con Luis Echeverría no vale. No sólo por las razones que con mucha sensatez han esgrimido León Krauze y Jaime Sánchez Susarrey, aunque no necesariamente las comparta, sino porque las instituciones mexicanas hoy son mucho más autónomas y fuertes. Supongo que no se refería al Tribunal Electoral, por ejemplo, ni tampoco a otras cuya independencia o autonomía han dejado mucho que desear en los últimos meses o años.
09 Abril 2018 04:00:00
Soplones de Trump
¡Otro escándalo de Peña Nieto y Trump! Salvo que arrancó con Calderón y Obama. El viernes pasado, The Washington Post reveló, según la síntesis del diario Reforma (el único periódico que le reproduce), que: “Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos tienen un ‘acceso sin precedentes’ a las cárceles migratorias mexicanas para captar datos biométricos de migrantes detenidos...”.

Según el diario, han instalado terminales para recoger huellas dactilares, iris oculares y otros datos de identidad, incluidos tatuajes y cicatrices. En 13 meses han obtenido datos de 30 mil migrantes. La información recopilada se envía de inmediato al DHS y centros de inteligencia estadunidenses para advertir si un individuo bajo custodia en México es un delincuente o “extranjero de interés especial”, según fuentes anónimas del Post.

Los centros del Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación donde accedieron funcionarios de EU están en Tapachula, Chiapas, e Iztapalapa, en la Ciudad de México. Este mes entrarán a Tijuana, Mexicali y Reynosa, según el Post”.

El Post cita a un exembajador de Estados Unidos encargado de temas de narcotráfico y combate a la delincuencia sobre los orígenes del programa: “William Brownfield dijo que el programa biométrico comenzó a desarrollarse en 2012, empezando con el software y otras tecnologías, y que los dos países acordaron ponerlo en práctica durante una reunión de seguridad bilateral en 2014.

“Al Gobierno de México le interesó el programa”, afirmó Brownfield, “fue porque le agregaba valor al permitirles saber quien entraba a México, y quien iba camino a EU”. Y desde la perspectiva de EU, aceptamos y entendimos que era mucho más fácil, más barato y más eficiente controlar los flujos migratorios de Centroamérica en la frontera sur de México, mucho más pequeña que la nuestra, más larga y complicada.” Así o más claro el trabajo sucio que aceptamos hacerle a EU, sobre todo a partir de julio de 2014.

Algunos lectores recordarán cómo en ese momento se produjo un vertiginoso incremento en el número de menores centroamericanos no acompañados intentando cruzar la frontera de México con EU. Cualquiera que hayan sido los motivos de ese repentino éxodo, el hecho es que a cinco meses de las elecciones de medio periodo, Barack Obama se aterró ante las imágenes de decenas de miles de niños solicitando asilo en EU, y siendo rechazados –inaceptable para unos, o aceptados inaceptable para otros–.
Se dirigió a Peña Nieto por múltiples vías, y finalmente México asintió a su petición: detener a los niños (y en su caso a sus madres) en la frontera sur de México, o en el Istmo de Tehuantepec, y deportarlos sin mayores miramientos legales como existen en EU. A partir de esa fecha comenzaron a aumentar las deportaciones de México al Triángulo del Norte, y a disminuir las de EU a los tres países que lo integran.

Nunca supimos, ni vimos, que recibió México a cambio. Algunos voceros del Gobierno replicaron a nuestras críticas que hacíamos todo esto no a solicitud de Washington, sino por interés propio. No explicaron como nos percatamos de nuestro interés propio, justo cuando Obama presionó a Peña para ocuparse del sur.

A partir de entonces, se intensificó la cooperación que menciona el artículo de The Washington Post. Si bien la negociación del paquete seguramente se realizó en Gobernación, Sedena y Los Pinos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Washington participaron activamente. El titular de la Cancillería en ese momento, es decir cuando nos volvimos soplones de Homeland Security, ya no sólo deportando a centroamericanos, sino fichándolos antes de devolverlos, era José Antonio Meade. El que nunca se da cuenta de nada.

La respuesta del INM ha sido patética. Dice el nuevo comisionado: “El INM tiene la atribución de consultar con otros países, situación que se da con autoridades de países en Norteamérica, Centroamérica, América del Sur...”. Según The Washington Post y William Brownfield, México no está “consultando” con Washington, sino entregando casi en tiempo real información a EU (y a nadie más) sobre personas detenidas por autoridades mexicanas, a partir de la presencia de agentes de DHS en las estaciones migratorias mexicanas. ¿A que allí no hay agentes alemanes o brasileños?
06 Abril 2018 04:06:00
La vieja cantaleta
Cada vez que un presidente o un político mexicano responde a una agresión de Estados Unidos con la exigencia de “respeto”, es porque no se le ocurre otra cosa qué decir o tiene miedo. Uno de los mejores ejemplos de este síndrome reside en la declaración lamentable de Enrique Peña Nieto a propósito de la decisión de Donald Trump de enviar tropas a la frontera de Estados Unidos con México. Decisión que debe ubicarse en el contexto de una verdadera nube de ofensas verbales y concretas en múltiples ámbitos.

EPN no dijo nada, salvo la vieja cantaleta del respeto y la dignidad, una sarta de lugares comunes, varias citas fuera de contexto de los candidatos a la Presidencia, y un consejo inverosímil para Trump: que no desquite sus frustraciones de política interna con México. Es el Gobierno mudo que tanto ha descrito Aguilar Camín: no dicen nada.

El Senado y Ricardo Anaya, en cambio, fueron muy claros y precisos, a pesar del lenguaje acartonado del primero y las dificultades logísticas del segundo. Ambos propusieron el condicionamiento de la cooperación mexicana con Washington en materia migratoria, de seguridad y de combate a las drogas al cese de las agresiones norteamericanas, desde la utilización como moneda de cambio de los dreamers o DACA hasta el envío de tropas a la frontera. Obviamente, EPN estaba de acuerdo con este pronunciamiento del Senado: el PRI lo aprobó, y nada se hace en esa bancada sin el visto bueno de Peña o de Luis Videgaray. Pero Peña no quiso hacer suya la postura de su partido por otros motivos. Unos pueden ser de sustancia, otros no.

Las razones de sustancia probablemente se vinculan a las negociaciones comerciales con EU y Canadá. Tal como mucho se ha comentado en la prensa y en este mismo espacio, han proliferado en los últimos días los rumores sobre el posible anuncio de un llamado acuerdo, en principio, de los tres países la semana que entra en la Cumbre de las Américas en Lima.

El Gobierno evidentemente ha filtrado a varios columnistas en México la idea de que Trump ha armado tanta alharaca sobre el muro, la frontera, los migrantes, los DACA, etcétera, para cubrirse o curarse en salud ante las posibles críticas que pudieran surgir a raíz de concesiones mayores de EU a propósito del TLCAN. Sea cierto esto o no, o más bien lo que esté sucediendo es que Peña y Videgaray prefieran que México se doblegue en las negociaciones a cambio de algunas ventajas en otros ámbitos de la relación bilateral, el hecho es que bien podría entender que Peña no quisiera elevar el nivel de enfrentamiento o de represalias mexicanas contra EU ante la embestida de agresiones por miedo a poner en riesgo el supuesto acuerdo comercial.

Los motivos menos nacionales, en realidad personales, pero no carentes de trascendencia, son de otra índole. Peña sabe que dentro de poco más de 6 meses dejará la Presidencia y que no va a ser fácil para él vivir en México, ni siquiera en Ixtapan de la Sal o Punta Mita. Hay desde luego muchos países que lo recibirían con gusto un periodo más o menos prolongado, como fue el caso de varios de sus predecesores, pero al final del día su puerta de salida preferida y más accesible será EU. Sería ilógico si cree –con algún fundamento– que Trump va a ser el presidente de EU hasta el 2022, que lo último que necesita o que desea sería comprar un pleito directo con él.

Y en vista de que se trata de un personaje rencoroso, con memoria de elefante, y no siempre racional, las consecuencias de un conflicto de esa naturaleza podrían ser devastadoras para las perspectivas de la vida de Peña en EU, en caso de que esa hipótesis se confirmara. No se trata de una explicación de gran sentido del estado, pero tal vez sea más verosímil que las otras que algunos han proferido.
04 Abril 2018 04:06:00
Trump en serio
En mi entrega anterior comenté que, por lo menos en lo tocante a la inversión extranjera directa en la industria automotriz en México, las políticas de Donald Trump empiezan a surtir efecto en perjuicio de México.

Resulta que también es cierto lo anterior en materia migratoria, tanto para los mexicanos que viven sin papeles en Estados Unidos, como para los que pretenden partir hacia el norte sin documentos, y para los centroamericanos que piensan hacer lo mismo, vía México. Ya no se trata de pura retórica.

Se ha informado ya que el número de detenciones de extranjeros indocumentados en Estados Unidos se incrementó de modo significativo durante el ejercicio que concluyó en septiembre pasado.

Las cifras preliminares para los meses subsiguientes muestran la misma tendencia. Como las deportaciones no arrojan aumentos análogos, es evidente que comienza a producirse un fenómeno de saturación de los centros de aprehensión. De allí que Trump busque ahora acelerar el ritmo de deportaciones, imponiéndole una cuota a los jueces de migración (pertenecientes al Departamento de Justicia, no al poder judicial), y que haya dictado una serie de medidas para reducir el número de nuevos ingresos de indocumentados a Estados Unidos.

Cito The New York Times del 2 de abril: “Las propuestas (de Trump) incluyen reforzar las leyes para que resulte mas difícil solicitar y conceder asilo en los Estados Unidos, eliminar los mecanismos de protección a los menores de edad que llegan sin sus padres ni papeles, para que se les impida el paso en la frontera o bien sean devueltos de inmediato, y permitir que familias enteras sean detenidas por más tiempo mientras esperan el fallo de las autoridades migratorias”.

Asimismo, aunque con una viabilidad menor, el Presidente norteamericano anunció el martes que enviaría de nuevo al ejército a asegurar la frontera mientras se construyera el muro. Conviene recordar, por un lado, que Obama y Bush hicieron lo mismo en otros momentos, y que no es una medida permanente, ya que no existen fondos para ella. Sin embargo, el conjunto de estas decisiones evidentemente resulta muy poco amistoso para México.

Lo mismo sucede con los llamados dacas o dreamers. Ya dijo Trump que no habría acuerdo sobre Daca, según él por culpa de los demócratas, aunque en realidad quien clausuró el programa de Obama fue el propio Trump. El hecho es que, si la protección que le brindó el Poder Judicial a los Daca fuera revocado por la Suprema Corte, van a quedar indefensos y susceptibles de ser deportados.

Todo esto ya es en tiempo real y en serio. En estas condiciones conviene mucho reflexionar sobre la lógica, incluso de anunciar un acuerdo en principio sobre el TLC, en la Cumbre de las Américas en Lima el 15 de abril. En algún momento, México se va a ver obligado a responder a esta serie de agresiones. Si este es el momento, o será más adelante, ya veremos. Pero ese momento llegará.
02 Abril 2018 04:06:00
Trump y la industria automotriz en México
Mucho se ha comentado que, al final, la Presidencia de Donald Trump en Estados Unidos nos ha hecho menos daño de lo que se esperaba. No hay muro, el TLCAN sigue vigente, las deportaciones no se han disparado; en fin, nada del otro mundo.

Sin embargo, a reserva de que en un ámbito específico –la inversión extranjera directa en México en 2017– los datos completos, agregados y desglosados, demuestren lo contrario, parece que sí hemos padecido un daño muy particular, y muy dramático.

De acuerdo con los datos de Car Book of Deals 2017 Annual Review, del Center for Automotive Research, publicados en Reforma el 29 de marzo, la inversión extranjera directa en la industria automotriz en México en 2017 sumó 208 millones de dólares, o el 1.9% de la inversión total en América del Norte. Si bien la fuente no proporciona la cifra para el 2016 o 2015, sí nos la brinda para el período 2009-2017 –120 mil millones de dólares– y podemos sacar un promedio.

El monto anualizado para ese lapso fue de 15 mil millones de dólares, es decir, 75 veces más que en 2017. México captó durante ese período el 21% del total de la IED.

En cuanto a la proporción para los tres países de América del Norte, México recibió solo el 1.9% en 2017. Estados Unidos y Canadá representaron el destino de lo demás. La caída es brutal.

Los motivos pueden ser múltiples. En primer lugar, desde luego, el efecto Trump. En varios sentidos. Para empezar, el cabildeo del actual ocupante de la Casa Blanca en esta materia: a las automotrices estadunidenses, europeas y asiáticas, les ha dicho ¡regrésense! Ni todas le hacen caso, ni cuentan igual. Pero es un factor. En segundo lugar, la renegociación del TLCAN sí afecta. Trump y sus negociadores han hecho del tema automotriz el meollo del diálogo, y eso desde luego espanta a las empresas norteamericanas y del resto del mundo.

Nadie quiere invertir en dicho sector en México mientras no se sepa a ciencia cierta cómo quedarán las nuevas reglas del juego.

Por último, aunque pienso que por ahora no sea un factor decisivo, la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones del 1 de julio sí pesan. La posible victoria de Andrés Manuel López Obrador no debe figurar como un criterio para que los grandes consorcios de fabricación de automóviles del mundo desistan, por ahora, de invertir en México. Pero probablemente se trata de una explicación adicional.

Las inversiones no realizadas en 2017 entrañarán consecuencias en los años por venir. Se trata de decisiones ya tomadas. Ya fue.

El reto ahora es cómo reestimular las inversiones en los años siguientes, a sabiendas de que el ambiente será desfavorable. Como punto de partida, convendría comprender que seguir pensando –y afirmando– que Trump no nos perjudica, es absurdo. Allí está la prueba.
28 Marzo 2018 04:00:00
AMLO, Pinochet y Ortiz Mena
Siguiendo con las reflexiones sobre algunas de las nuevas o reeditadas tesis de López Obrador, ahora quisiera comentar su admiración a Antonio Ortiz Mena. Como algunos –muy pocos– de nuestros lectores recordará, Ortiz Mena fue secretario de Hacienda durante los sexenios de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Tomó posesión de su cargo a finales de 1958 y lo dejó en el otoño de 1970, después de la “elección” de Luis Echeverría a la Presidencia de la República. López Obrador afirma que Ortiz Mena es su modelo, y que el “desarrollo estabilizador” que él condujo es un ejemplo a seguir para México a finales del primer cuarto del siglo 21, es decir, casi 70 años después.

Algunos se preguntarán cómo es posible que Andrés Manuel, que pretende ser un candidato de izquierda, sea al mismo tiempo partidario de las políticas públicas de uno de los secretarios de Hacienda más conservadores que ha tenido México. Demagogia u oportunismo aparte, reviste cierto interés la evocación de la gestión de Ortiz Mena porque me recuerda mucho un debate que se dio y, en el fondo se sigue dando en Chile, incluso ya a más de un cuarto de siglo de que haya finalizado la dictadura de Augusto Pinochet.

Durante muchos años, los analistas del periodo pinochetista en Chile argumentaron que sí, en efecto, el dictador fue un dictador: asesinó, torturó, y “desapareció” a miles de chilenos opositores. Destruyó las instituciones democráticas existentes en ese país, suprimió las garantías individuales, prohibió los partidos políticos, e hizo de Chile un estado paria en la comunidad internacional. Pero no se podía negar que su política económica le había traído al país un crecimiento que no había conocido antes. Estos analistas, en el fondo semipartidarios del pinochetismo, no establecieron ningún nexo entre la dictadura política y social chilena, por un lado, y la política económica de Pinochet, por el otro.

La gente más sensata, menos ideológica, y sobre todo más democrática en Chile, siempre afirmó que había un vínculo indisociable, ontológico, entre la dictadura de Pinochet, y la política económica de su régimen. Sin la dictadura, no habría sido posible destruir a los sindicatos, eliminar los derechos sociales, aumentar la desigualdad de manera dramática, abrir la economía ni aumentar el desempleo como lo hizo. Estos analistas, más honestos y más admirables que los otros, siempre entendieron que no había política económica de Pinochet sin su dictadura.

Me parece que lo mismo puede decirse de Ortiz Mena. López Obrador seguramente no lo recuerda, pero el sexenio de López Mateos fue el de la represión generalizada en muchos sectores del país, y de la Secretaría de Gobernación en manos de… Gustavo Díaz Ordaz, que ya en los últimos años de López Mateos, cuando se enfermó, era el verdadero presidente. El segundo sexenio de Ortiz Mena fue justamente el de Gustavo Díaz Ordaz: el sexenio de la represión a los médicos de Ignacio Chávez en la universidad, a diversos movimientos populares en todo el país, y desde luego, del movimiento estudiantil de 1968. Fue el sexenio cuando Luis Echeverría fungió como secretario de Gobernación, responsable, incluso más que Díaz Ordaz, de la represión de Tlatelolco, antes y después, ya sin hablar de aquella que tuvo lugar durante su sexenio, por ejemplo, el 10 de junio de 1971.

En otras palabras, lo que López Obrador afirma es que se puede separar perfectamente la política económica de Ortiz Mena de la represión brutal, del autoritarismo desenfrenado, de la corrupción infinita, de los sexenios de López Mateos y de Díaz Ordaz. Lamento comprobar que López Obrador se coloca, seguramente sin saberlo ni entenderlo, del lado de los chilenos que separaron la política económica de Pinochet de su dictadura. ¿De verdad ese es el México que queremos? ¿De verdad queremos una política económica que sólo se puede poner en práctica gracias a la existencia de un régimen autoritario, corrupto, fraudulento y de partido único? ¿O qué piensa Andrés Manuel? ¿Se puede aplicar la política económica de Pinochet y de Ortiz Mena –ambas exitosas en términos macro– sin la represión de Pinochet, de López Mateos, de Díaz Ordaz y de Echeverría?
26 Marzo 2018 04:00:00
AMLO, sociedad civil y democracia participativa
La conversación de varios colegas y amigos con Andrés Manuel López Obrador en TV Milenio la semana pasada ofrece una gran cantidad de temas de reflexión. Desde el lenguaje corporal hasta la lentitud del discurso, pasando por la sustancia y la autoadulación, el candidato de Morena proporcionó un enorme caudal de elementos para que cada quien decida su voto con pleno conocimiento de causa. Por mi parte, retengo dos tesis o enunciados de AMLO que me llamaron poderosamente la atención.

A propósito del Sistema Nacional Anticorrupción, dice AMLO: “no me gusta pero se va aplicar porque ya no vamos...” Y sobre la fiscalía autónoma entra ya en materia: “sí autónoma, pero con el mecanismo de que el Presidente proponga la terna al Congreso y el Congreso elija. Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil o iniciativas independientes. El problema es que han simulado demasiado con lo de la sociedad civil, es como lo de las candidaturas independientes que son independientes del pueblo, no de la mafia del poder, pero ahorita te aclaro, te voy a poner un ejemplo, la transparencia que tu citaste. Un parapeto en el mejor de los casos, supuestamente promovido por la sociedad civil, independiente, ¿en qué terminó? El Instituto de la transparencia que nos cuesta mil millones de pesos, promovido por Fox pero apoyado por la sociedad civil ... ¿saben qué fue lo último que resolvió el instituto de la transparencia? Mantener en secreto la investigación de Odebrecht, sobre los sobornos, esos instrumentos que se han creado para justificar, o mejor dicho, para encubrir actos de corrupción, son instrumentos que se han venido creando para simular que se va a combatir la corrupción y al final lo que hacen es proteger a la corrupción”.

Muchos autores extranjeros, y mexicanos como Rubén Aguilar y Federico Reyes Heroles, han subrayado la debilidad secular de la sociedad civil mexicana. Si existe un déficit de la democracia en México, probablemente sea este. Por otro lado, a algunos siempre nos pareció que el SNA valía bastante menos de lo que se presumía, y que el papel de las organizaciones de la sociedad civil, su diseño y negociación dejó mucho que desear. Pero saltar de estas dos premisas a concluir en la desconfianza en la sociedad civil hay un gran paso temerario. La falta de probidad y eficacia del INAI, el encubrimiento de la corrupción vía Odebrecht, la frustración con las candidaturas independientes son motivos para más sociedad civil en México, no menos.

El segundo tema digno de comentarse me recordó una discusión durante buena parte del 2001, al redactarse y negociarse la Carta Democrática Interamericana. En Ottawa, en Chile, en Lima, los países miembros de la OEA se pusieron paulatinamente de acuerdo sobre un texto basado en la defensa colectiva de la democracia en América Latina, y en las medidas que se podían poner en práctica en caso de ser interrumpido el orden democrático o constitucional. Los delegados de Venezuela, empezando en Canadá con Hugo Chávez himself, insistieron a lo largo de los 9 meses que llevaron por fin a la firma el 11 de septiembre en Perú, en la democracia participativa, como definición alternativa a la democracia representativa. Ninguno de los demás países –obvio: Cuba no estaba presente– efectuó un planteamiento semejante. Sólo Venezuela. Hoy sabemos porqué.

Sobre esta misma democracia participativa, Andrés Manuel afirma: “Son dos tipos de democracia, existe una democracia representativa, que es la del Congreso, y existe también, debe existir, la democracia participativa, no es de que la democracia termina, se agota, en una elección constitucional y ya se eligieron a los diputados, a los senadores, inclusive al Presidente, yo me voy a someter a la revocación de mandato, cada dos años se les va a preguntar a los ciudadanos, quieres que continué el Presidente o que se vaya, que renuncie, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Imagínese lo que nos hubiéramos ahorrado...” La democracia participativa no se agota en la revocación de mandato, digo yo. Se extiende a elecciones con pluralidad de partidos; a asambleas constituyentes nombradas por dedazo; a sustitución de instituciones electas por instituciones designadas; a autonomías borradas y a un corporativismo al estilo PRI de la edad de oro. ¿AMLO retoma sus planteamientos de Chávez? no sé, pero son los mismos.

23 Marzo 2018 04:06:00
La sorpresa de octubre, en mayo
La primera vez que escuché el término “October surprise” fue en 1980, durante la campaña presidencial norteamericana en la que se enfrentaron el presidente en funciones Jimmy Carter y Ronald Reagan. Estados Unidos vivía obsesionada por la llamada “crisis de los rehenes”, los funcionarios de la Embajada de EU en Irán detenidos por los partidarios del Ayatolah Khomeini.

Reagan temía, con algo de razón, que Carter buscaría la manera de conseguir la liberación de los rehenes justo antes de las elecciones de noviembre, colgarse la medalla, y revertir las tendencias a último minuto. Lo intentó Carter, fracasó, y Reagan ganó.

Los rumores que no cesan de circular a propósito de un gran acuerdo entre México y EU sobre comercio, migración, drogas y seguridad me recuerdan la “sorpresa de octubre”. Incluso en su versión descafeinada: únicamente un acuerdo en principio sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México y EU (tal vez sin Canadá), anunciado en mayo o junio, justo antes de las elecciones presidenciales.

Peña Nieto y Videgaray se colgarían la medalla, y procurarían transmitirle parte del aura del triunfo a Meade. Harían las concesiones necesarias para lograr un acuerdo, a cualquier costo, y ya luego se vería cómo acomodar a Canadá, y consumar los procesos de ratificación en las legislaturas mexicana y estadunidense. No se puede descartar que esto ocurra, y que la relación personal entre Videgaray y Jared Kushner, el yerno de Trump, baste para realizar esta hazaña.

Pero no todo lo que promete o insinúa Kushner resulta ser cierto. El mejor ejemplo es el caso de los aranceles de su suegro sobre las importaciones a EU de aluminio y acero procedentes de México y Canadá. Se recordará que hace unas semanas, se anunció con bombo y platillo que gracias al gran trabajo de cabildeo del Gobierno de Peña Nieto y a la relación de Videgaray con Kushner (plasmada en la visita “de Estado” del yerno a México), habíamos quedado exentos del impuesto. Además, con este privilegio excepcional, se evitó un desastre. México se habría visto obligado a ejercer represalias contra Estados Unidos, y ello hubiera envenenado el ambiente de las negociaciones del TLCAN.

Ahora resulta que no fuimos tan, tan, tan privilegiados. Tal y como lo habían sugerido varios observadores en Washington y en la CDMX, ayer Trump le impuso aranceles a China (por un valor de 60 mil millones de dólares), y dispuso la exención sobre los aranceles para aluminio y acero a los dos países anteriormente favorecidos y... a los 29 países de la Unión Europea, Brasil, Corea del Sur, Argentina y Australia. Se trata de algunos países amigos de Trump (Corea del Sur, Australia, Argentina), de otros más bien en su lista negra (la UE), y otros con quienes ha guardado cierta indiferencia (Brasil).

En otras palabras, México ahora forma parte de un grupo de naciones favorecidas, sin duda, junto con muchas más, que no se vieron forzados a invitar al yerno a sus capitales, ni a ser su amigo, ni a poner en la mesa posibles concesiones inconfesables. Es difícil saber si habrá “October surprise”. Si la hay, es difícil prever en qué consistirá: TLCAN más “enchilada completa”, o sólo un acuerdo bilateral de principio, medio abstracto, en lo tocante al TLCAN. Más difícil será determinar si le servirá al candidato de Peña Nieto y del PRI, o sólo sucederá lo mismo que con otras ideas de esta naturaleza: nada.

La pregunta es si se trata de una táctica admisible en un país democrático, o si es parte de la elección de Estado.
21 Marzo 2018 04:00:00
Cambridge Analytica en México
El escándalo de Cambridge Analytica no es nuevo. Desde hace tiempo se sabía que la empresa basada en Inglaterra pero propiedad por lo menos parcial del multimillonario Robert Mercer y del estratega de Trump, Steve Bannon, fue contratada por Trump para su campaña de 2016. También se conocían sus actividades en otros países, ya sea por intereses propios (Brexit), ya sea a raíz de la laxa regulación en algunas naciones africanas donde la empresa llevaba a cabo ensayos e innovaciones. Por último, habían circulado versiones, menos fundamentadas, sobre el nexo entre Cambridge Analytica y el Gobierno ruso, o los equipos paragubernamentales de Putin.

A partir de este pasado fin de semana, existe mucha más información al respecto. En primer lugar, aunque lo niegue Cambridge, es un hecho que utilizó perfiles psicográficos de 50 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, para armar el retrato hablado del votante potencial de Trump, así como los resortes fundamentales que lo motivan. El que dio el pitazo –whistleblower, en Estados Unidos, Christopher Wylie– sostiene que temas como “drenar el pantano”, “construir el muro”, “enciérrenla (a Hillary Clinton)”, nacen del trabajo de Cambridge Analytica basado en el big data de Facebook. La acción del conglomerado de Zuckerberg ha caído casi 10% en los últimos días, y proliferan las denuncias en los medios internacionales.

Asimismo, gracias a un trabajo encubierto de periodismo un poco cuestionable, Channel 4 de Inglaterra entrevistó a Mark Turnbull, director general de asuntos políticos y globales de Cambridge, quien reveló algunas de las tácticas de su empresa. Se refirió al uso de mujeres guapas de Ucrania (no las locales de Sri Lanka, dijo él), y a varias otras estratagemas para conseguir información. Sobre todo (para nosotros), confesó que Cambridge Analytica ha operado en México.

Esto es algo que también se había escuchado desde principios de 2017, al concluir las elecciones del Estado de México. Poco después de las mismas, una tal Arielle Dale Karro, una exmodelo y poeta norteamericana, que llegó a México en la primavera de 2017, conocida de Ernesto Cordero, posteó en julio de ese año un anuncio ofreciendo empleo en la oficina en México de Cambridge Analytica para gerentes de campañas políticas, ejecutivos de proyectos políticos, investigadores y analistas políticos, con sueldos entre 25 y 75 mil dólares al año. Esta persona entrevistó a varios candidatos, pero aparentemente la idea no prosperó y Cambridge no abrió una oficina en México como tal. Hasta aquí lo que se sabe.

Ahora lo que se rumora, con ciertas bases. Cambridge Analytica trabajó para la campaña de Alfredo del Mazo en el EDOMEX en 2017, ayudando a realizar con éxito lo que fracasó en 2016 para el PRI en 12 gubernaturas: identificar a los votantes predispuestos, entrar en contacto con ellos, y llevarlos a votar, o votar por ellos. No se sabe si la campaña le pagó a Cambridge, o un mecenas de Del Mazo le “regaló” el servicio al candidato del PRI. A partir de allí, sólo hay interrogantes más o menos fundadas.

Primera: es posible que CA haya abierto su oficina en México bajo otro nombre, para evitar el estigma de su asociación con la campaña de Trump. Habrían cerrado sus puertas bajo el nombre anterior, para reabrirlas con otro. No sabemos. Segunda: se sospecha que buscaban trabajar para el PRI en varias elecciones estatales de este año, y quizás en la presidencial. No sabemos. Tercera: la bisagra entre Los Pinos, Cambridge Analytica y las campañas del PRI sería Alejandra Lagunes, encargada de redes de EPN este sexenio, y posible cabeza de lista del Partido Verde para el Senado. No es seguro.
16 Marzo 2018 04:06:00
La ONU en Ayotzinapa
El día de ayer la Oficina en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU entregó a la opinión pública un documento titulado “Doble Injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”. Es una vergüenza.

Según el alto comisionado, “al menos 34 de esas personas (detenidas) habrían sufrido torturas”. Las formas de tortura detectadas por la ONU incluyen “golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura sicológica”.

Se trata de un modus operandi de las autoridades en este caso: detención arbitraria de personas sospechosas por autoridades federales, demoras significativas en la presentación formal de las personas detenidas ante el MP de la PGR. Peor aún: “La Oficina encontró que todos los casos de violaciones de derechos humanos documentados ocurrieron después del 5 de octubre de 2014, esto es, luego de que la PGR atrajera la investigación de la Fiscalía de Guerrero”.

El informe contiene 87 páginas. Se incluyen los nombres completos de los 34 torturados (33 hombres y una mujer), y se estipula la responsabilidad de la Policía Federal, de la Secretaría de Marina y de la PGR en los actos ocurridos. Pero es sobre todo la PGR la “mala de la película”, ya que el alto comisionado también la denuncia por haber llevado a cabo un “inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el río y la falsa declaración del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, afirmando que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el río San Juan”.

El Gobierno de Peña respondió que el informe de la ONU no incluye información nueva, y que se refiere a asuntos que aún permanecen bajo investigación. Lo cual es falso: sí contiene elementos nuevos, a saber, la conclusión del alto comisionado de la ONU (ya no el GIEI de la CIDH), de que 34 personas fueron torturadas principalmente por la PGR.

Esta es la misma PGR que exoneró anteayer a César Duarte de buena parte de los delitos federales por los que se le investigaba. Es la PGR que filtró el video de Anaya y su equipo entregando una declaración en las oficinas de la misma, y la que guarda silencio ante una pregunta muy sencilla, a la que no puede responder: ¿Ricardo Anaya se encuentra bajo investigación o no? Es la misma PGR que supuestamente está buscando al empresario Manuel Barreiro, en Canadá o en otra parte. Que se cuide mi tocayo Barreiro Castañeda: no lo vayan a tratar igual los de la SEIDO que a los 34 de Iguala. ¿Alguien en su sano juicio le puede creer algo a esta PGR, después de leer este informe?

Es por eso que estudiosas como Ana Laura Magaloni han insistido en que no basta aprobar una ley creando un supuesto Sistema Nacional Anticorrupción, ni designar a sus principales integrantes, si el SNA está compuesto por las mismas instituciones. Con esta PGR no se puede hacer absolutamente nada; es necesario tirarla a la basura, y construir otra cosa. No conozco a ningún exprocurador que en privado no diga lo mismo.

De allí la lógica y la necesidad de lo que muchos hemos propuesto desde hace años: una Comisión de la Verdad, que con la cooperación internacional de organismos como la ONU, la OEA, la OCDE, los gobiernos amigos, etc., investigue los actos de corrupción y de violación de derechos humanos por lo menos de los últimos tres sexenios. Y es por eso que ni López Obrador ni Meade aceptan la propuesta: el uno para que no lo investiguen a él mismo, el otro para poder mantener su ofrecimiento de indulto a EPN.
14 Marzo 2018 04:07:00
AMLO en Estados Unidos
En la edición en línea de la prestigiada publicación The New York Review of Books, un elocuente y apasionado defensor del chavismo venezolano desde tiempo atrás intenta una defensa igualmente convencida de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Me refuta a mí, a los medios de negocio, y a algunos analistas de seguridad nacional norteamericanos. Mark Weisbrot recurre a muchos de los mismos argumentos que ha esgrimido a lo largo de los años a favor del régimen en Venezuela, y me temo que con la misma eficacia: poca.

Reviste la ventaja, sin embargo, de decir con claridad y precisión lo que otros simpatizantes de AMLO en México tienden a presentar de manera poco sucinta, engorrosa y contradictoria. Si bien el análisis de Weisbrot peca de lejanía a propósito de la evolución de la campaña en México, su resumen de la postura de AMLO conviene ser citado: “El objetivo explícito de Morena fue de crear una alternativa a los partidos políticos existentes para reformar no solo la gobernanza mexicana sino también su política económica. El objetivo consistía en desplazar a la economía mexicana hacia un modelo mas desarrollista –de mercados internos más robustos a través de una política industrial, de la inversión publica y de la planificación– y de proveer más “estado asistencial” y mover a México en una dirección más socialdemócrata”.

Si uno además lee la loa de Weisbrot al crecimiento de la economía mexicana entre 1960 y 1980, y sus críticas a todo lo que sucedió desde entonces, es evidente que al igual que AMLO, el autor norteamericano posee una innegable nostalgia por esos años, y una ceguera importante frente a lo que sucedía entonces en México. Los sabemos: régimen de partido único, represión, fraude electoral, violaciones a los derechos humanos, corrupción, endeudamiento, crisis financieras recurrentes, estancamiento del empleo, del ingreso y de la productividad. Es cierto que estos últimos efectos se han mantenido desde entonces, pero los otros, no.

En el fondo, Weisbrot –y AMLO– son desarrollistas cepalinos: una corriente respetable, eficaz en su momento dentro de varios países, y totalmente desfasada de las tendencias actuales de la globalización (salvo tal vez en Estados Unidos bajo Donald Trump). Sobre todo, se trata de una visión que por principio hace caso omiso del conjunto de corolarios de ese enfoque en México. Esa es la verdadera propuesta de Weisbrot y de AMLO.

La mejor prueba de ello es el desfase que impera en el texto del autor en relación a los cambios en la campaña. Sigue sosteniendo la tesis del PRIAN contra MORENA, y presentando a AMLO como la única opción reformadora. Pero pasa por alto los acontecimientos recientes, que en realidad reflejan una profunda y antigua convergencia entre López Obrador (del PRI de antes) con Peña Nieto (el PRI de ahora). Conforme el candidato del PRI sigue languideciendo en un tercer lugar cada día más consolidado, el hedge (o curación en salud) priista se va desplazando de Anaya a AMLO. La animosidad del Gobierno contra el candidato del Frente crece, y los guiños de AMLO a EPN y viceversa, también.

Hay una lógica en este acercamiento, más allá de la conveniencia política de cada parte. López Obrador obviamente aprendió la lección de 2006, y quiere convencer a EPN que no le cierre el camino a la victoria. El presidente mide sus fichas: quien lo perseguirá menos ¿AMLO o Anaya? Pero detrás de estas consideraciones tácticas, existe una afinidad más profunda, si no entre Peña y Andrés Manuel, por lo menos entre MORENA y el PRI. Weisbrot la describe, pero no la ve.

De allí el reto para el Frente: convencer a los votantes priistas desencantados con Meade, o resignados ante su descalabro, de volcarse con Anaya, no con AMLO. No es una tarea sencilla, pero tampoco titánica. Ni son tantos los priistas sueltos, ni fácilmente correrán el riesgo de otro 1976 o 1982. Allí se jugará la elección.
12 Marzo 2018 04:06:00
El PRI en el Senado
En estos días circularán seguramente varias encuestas electorales que ofrecerán respuestas a varias preguntas. ¿Ha caído Ricardo Anaya, a raíz de la embestida del Gobierno de Peña Nieto en su contra? (probablemente sí, un par de puntos). ¿A quien ha beneficiado esa caída: a Meade, a López Obrador o a Margarita Zavala de Calderón? (probablemente a AMLO, y quizás un punto a MZC). Mientras, debemos conformarnos con otros datos, tal vez más reveladores del conjunto de los comicios que tendrán lugar el 1 de julio.

Recurro de nuevo a la empresa Massive Caller, ahora con cifras relativas a la elección de senadores, en una encuesta levantada la semana pasada. Le recuerdo al lector que Massive Caller utiliza llamadas “robot” a líneas fijas y a celulares, que se acercó más que muchas otras firmas al resultado del Estado de México en 2017, entre otros aciertos, y que han acreditado su trabajo como otras empresas. Conviene subrayar también que los senadores en México son electos con una triple fórmula: unos (aberrantes), de representación proporcional o lista; otros –dos en cada estado– por mayoría relativa, y otros más de primera minoría, uno por entidad. Los números de esta encuesta son aterradores para el PRI.

De las 32 entidades del país, el PRI se encuentra en primer lugar, es decir, donde podría elegir a dos senadores ...en ninguna. Ni siquiera en sus antiguos bastiones, como el Edomex, Hidalgo, Campeche y Sonora. En estos se aproxima al primer sitio, pero no llega. De mantenerse esta tendencia, el PRI no elegiría fórmula completa en ningún estado: una debacle.

Peor tantito, sólo alcanza el segundo lugar en 10 entidades: Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. De ocupar ese sitio en las 10 el día de la elección, el PRI acabaría con sólo 10 senadores de mayoría, y en el mejor de los casos otros seis o siete más: una bancada raquítica. Hoy tiene 55 senadores, para comparar. Pero aún hay más. En las 10 senadurías de primera minoría, el PRI únicamente arroja una ventaja de más de cuatro puntos porcentuales en Campeche, Sonora y Tabasco. Ni siquiera en Hidalgo, cuna y baluarte del priismo.

Es evidente que todo esto debemos tomarlo con varios granos de sal. En primer lugar, Massive Caller encierra las reservas que ya hemos mencionado. En segundo término, los datos pueden cambiar, conforme se anuncien las candidaturas, avancen las campañas, y se den los debates. Por último, la maquinaria local del PRI, aunque se roben el dinero que ellos mismos –cuales buenos antropófagos– a su vez le roban a los contribuyentes, es poderosa en ciertos estados (ya no en todos). En otras palabras, estas cifras no pueden ser vistas como definitivas.

Pero sí reflejan una tendencia. He oído hablar de algunas otras encuestas que en diputados le dan al PRI 11 por ciento. No hablemos del candidato presidencial. Si el PRI no logra arrebatar ni una gubernatura; si cae de 55 senadores a menos de 20, y si en diputados apenas araña un 20%, estaremos atestiguando algo nunca visto: la desaparición del “partidazo”. Creo que es prematuro anunciarlo, y mucho menos creerlo. Pero hay datos duros que lo insinúan. De ser ciertos, lo último que importa es la elección presidencial.
09 Marzo 2018 04:06:00
El TLCAN de Bush y Clinton (perdón: de Trump y Peña)
Dentro del silencio impenetrable –y que debiera ser inaceptable– que envuelve las negociaciones entre México y Estados Unidos sobre múltiples temas, parece haberse filtrado una versión novedosa. Reconociendo que los medios mexicanos y el Senado son incapaces de exigirle cuentas a Los Pinos o la Cancillería para que informen realmente de lo que ha sucedido (aún no hay un relato de la famosa conversación de hace un par de semanas entre Peña Nieto y Trump que terminó en un enfrentamiento verbal citado por varios medios norteamericanos), debemos conformarnos con rumores o columnas receptoras de versiones sembradas, ciertas o falsas. Una de ellas estriba en la posibilidad de un entendimiento inminente sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Según esta filtración, hacia finales de mayo habría un acuerdo “de principio” entre los tres países signatarios del acuerdo de 1993. Esto nos evitaría la aplicación de los aranceles de Trump a nuestras exportaciones de acero y de aluminio, así como el fracaso de las negociaciones antes de los comicios del 1 de julio.

Incluso Peña podría intentar por tercera vez viajar a Washington para celebrar/firmar/aceptar el convenio de 2018. En una de esas, hasta sube ligeramente su nivel de aprobación y le da un pequeño empujón a su candidato presidencial, pero hay un problema.

En 1992, sucedió algo por el estilo. México, Estados Unidos y Canadá llevaban casi dos años negociando el TLCAN 1.0. Se acercaba la elección presidencial norteamericana. Por ese, y varios otros motivos, los tres gobiernos decidieron apresurar las conversaciones, y en agosto de ese año, concluyeron con una ceremonia (puramente protocolaria) de firma en San Antonio, Texas. Concurrieron Carlos Salinas de Gortari, George H.W. Bush y Bryan Mulroney a la ciudad de El Álamo (quizás no la mejor selección) y firmaron el tratado (en términos mexicanos; para los otros dos países, un simple acuerdo comercial).

Pero, aunque Bush suponía que su reelección en noviembre resultaría pan comido, no fue el caso. Por múltiples razones, perdió frente a un joven gobernador de Arkansas, que además había hecho campaña contra el TLCAN o NAFTA, tal y como había sido pactado por su rival. Bill Clinton ganó (de calle), Bush perdió y todo se le complicó a Salinas.

En efecto, el candidato demócrata victorioso de inmediato advirtió que no iba a hacer suyo el convenio firmado y que exigía agregarle dos cartas o convenios paralelos: uno sobre medio ambiente, otro sobre derechos laborales. En el fondo, se trataba más bien de “taparrabos” que otra cosa, ya que al final del día, significaron bien poco las adiciones al TLCAN. Pero así cumplía con sus promesas de campaña. La negociación duró casi un año, y no fue hasta finales de noviembre de 1993 que el Congreso estadunidense aprobó el NAFTA, por un pañuelo.

No tengo idea si Andrés Manuel López Obrador –que ya había cumplido 40 años en ese momento (los mismos que yo)– o Ricardo Anaya (cumplía 15) recuerden esta historia. Y de conocerla, tampoco sé si pensarán evocarla, de firmarse un “acuerdo de principio” un mes antes de las elecciones del 1 de julio, de ganar ese día. Creo, sin embargo, que cualquiera de ellos, en el muy probable caso de que uno de ellos resultara electo Presidente, que no firmarían en blanco el NAFTA 2.0 de Peña Nieto.

Mínimo, invocarían el precedente de Clinton para por lo menos aparentar una diferencia. Sobre todo frente a un electorado que repudia al Mandatario saliente en un 80%, y que exige un “cambio” en una misma proporción.

Anotó una duda, descabellada, como todo lo que sucede hoy en México. Si EPN y AMLO ya pactaron la victoria del segundo y el indulto del primero ¿habrán convenido también la aceptación por Morena (presidente, senadores y diputados) para el TLCAN para entonces ya negociado? No creo, pero quién sabe.
07 Marzo 2018 04:06:00
Recular o perseverar: That is the question
A juzgar por las apreciaciones de la comentocracia, Ricardo Anaya parece haberle ganado el primer round del “caso Barreiro” al Gobierno de Enrique Peña Nieto. No necesariamente por disipar todas las dudas que de buena o mala fe varios de sus dignos integrantes han manifestado sobre el fondo del asunto de la nave industrial de Querétaro, sino porque la utilización descarada de diversos instrumentos del Estado (PGR, SAT, Notimex) para apoyar la candidatura del PRI a la Presidencia ha sido repudiada por casi todos. Con más tiempo y ayuda, los organizadores de la carta a EPN sobre dicha utilización hubieran podido conseguir muchas más firmas; grupos de la sociedad civil, más allá de sus simpatías electorales, aborrecen cualquier evocación del desafuero de López Obrador en 2005.

El segundo round también lo puede ganar Anaya. Ya varios observadores han indicado el camino a seguir. Aguilar Camín, en particular, dibujó los contornos de la alternativa del diablo a la que se enfrentan Peña, Meade, el Gobierno y el PRI. O bien perseveran en el intento de la judicialización, e instruyen al procurador en funciones a indiciar o acusar formalmente a Anaya por lavado de dinero, dejando atrás las puras insinuaciones, rumores, difamaciones por asociación y fintas; en cuyo caso corren el riesgo de victimizarlo a ultranza, y de provocar un escándalo nacional e internacional de proporciones incalculables (además de que pueden perder). O bien se desisten de dicho empeño, reculan y admiten que no hay ningún cargo contra Anaya, que no se ha abierto ninguna carpeta de investigación, que no está bajo investigación, y que lo único que existe es un procedimiento ciertamente inusual por su rapidez y eficacia contra el empresario Barreiro. En cuyo caso le entregan a Anaya una victoria (más) para agregarla a su rosario de triunfos anteriores. No parece haber un lugar intermedio.

Veo difícil que el Gobierno dé marcha atrás. No ha quemado sus naves, pero muy probablemente lo haga en los próximos días. Conviene recordar que Fox sí retrocedió en el caso del desafuero, pero sólo después de una serie de reveses judiciales que no le dejaron mayor alternativa. De lo que yo recuerdo de mis conversaciones con él en esos meses de la primavera de 2005 (ya no pertenecía al Gabinete), su intención era ir hasta el final, convencido que sólo así podría frenar a AMLO. Es posible que los abogados de Anaya encuentren un imaginativo artilugio jurídico que coloque a la PGR en un dilema: por ejemplo, a través de una demanda, un amparo, o de presentarse en la PGR el propio Anaya, pero ahora ofreciendo que lo detengan de una vez. A reserva de que eso suceda, todo indica que Peña seguirá por este camino, como se lo ha hecho saber a varios empresarios.

De confirmarse esta opción, sólo subirá el tono de la campaña de Anaya, y la hipocresía de la campaña de AMLO. Si Meade insiste en las supuestas falsificaciones en la 3de3 de Anaya, este último comenzará a afirmar que la de Meade no contiene mentiras... porque no la ha presentado (según el IMCO). Si AMLO se mantiene al margen del intento de bajar a Anaya de la boleta, mostrará su escaso apego a temas de “cancha pareja” en materia electoral, y su semejanza con quienes le jugaron “cubano” (según él) en el 2006. Cuando le toque (porque le tocará), veremos cuántos simpatizantes del Frente o de la imparcialidad del Gobierno en los comicios se manifestarán a su favor.

La clave ahora consiste en respirar profundo y tratar de convencer a Peña Nieto que las promesas de AMLO de indulto valen poco, que las investigaciones de Anaya van en serio pero serán transparentes e imparciales, y que con 20% de aprobación es imposible que triunfe un candidato suyo. O el mismo: quien está en la boleta se llama Enrique Peña Nieto.
05 Marzo 2018 04:06:00
Conflictos de interés… en EU
En todas partes se cuecen habas. Los conflictos de interés han sido quizás el leitmotiv del sexenio de Peña Nieto en México. Higa, NAICM, Juntos Podemos, Odebrecht, más lo que se acumule, son todos, en el mejor de los casos, ejemplos de mezclar servicio público y negocios privados. Pero los conflictos de intereses pueden también ser “el fin del principio” (Churchill) de Donald Trump, o por lo menos de su familia.

En los últimos días han surgido una serie de revelaciones sobre la coincidencia en el tiempo y en el espacio, por así decirlo, entre decisiones de política exterior o de reuniones en la Casa Blanca, por parte del yerno de Trump, Jared Kushner, e incluso de la hija del Presidente, Ivanka. Algunas pueden ser sólo coincidencias, pero ya empiezan a ser muchas. Y el cerco se achica.

Según diversos medios periodísticos que suelen ser confiables en EU, por ejemplo, las empresas de Kushner estuvieron solicitando financiamiento a distintas fuentes en diversos países, para hacer frente a una enorme deuda (cuyo pago de 1.2 mil millones de dólares se vence a principios de 2019). Entre otros, en abril del año pasado, se le solicitó al emir de Qatar 180 millones de dólares. Aparentemente éste se negó a invertir en las empresas de la familia Kushner. Treinta días después, contra el punto de vista de los secretarios de Estado y de Defensa, Kushner convenció a su suegro de que EU apoyara el bloqueo que decretaron Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos contra Qatar.

En esas mismas fechas, después de diversas reuniones con Kushner en la Casa Blanca, un fondo de inversiones llamado Apolo, y el banco Citibank, extendieron préstamos cuantiosos a los negocios de la familia Kushner. De nuevo, es muy difícil establecer una relación causal entre lo uno y lo otro, pueden ser meras coincidencias. Pero también puede tratarse de un método o modus operandi de la familia Kushner en la Casa Blanca, con el visto bueno del presidente de los EU.

Si a esto se le suma la investigación que aparentemente comenzó acerca de los negocios de Ivanka Trump y las razones por las cuales le ha sido negado hasta ahora el acceso a documentos clasificados top secret a Jared Kushner, debido a la sospecha o la certeza por parte del FBI de que agencias de inteligencia norteamericanas detectaron conversaciones de altos funcionarios de cuatro países sobre la vulnerabilidad de Kushner en vista de sus negocios, y que buscaban aprovecharse de él, empieza a plantearse un serio problema para el yerno de oro.

Las mismas fuentes periodísticas norteamericanas han subrayado estos últimos días cómo el propio Trump estaría ya harto de los problemas de Kushner, de los negocios de su yerno y de los problemas financieros de las empresas de su familia. El caso emblemático es, desde luego, el edificio 666, antes Tishman, en la Quinta Avenida, que compró la familia Kushner por 1.8 mil millones de dólares, una suma astronómica para una propiedad que no valía ni remotamente eso, ni siquiera en 2007, meses antes del fin de la burbuja de bienes raíces en EU. Como van las cosas, todo indica que Kushner va de salida, probablemente de la mano de su esposa. Los conflictos de interés en EU tienen consecuencias. Ojalá en México también: para eso es indispensable una comisión de la verdad que investigue los hechos de corrupción de los últimos tres sexenios, en caso de haberlos, para que pueda llevar a cabo la misma tarea que hoy en día realiza Robert Mueller, el fiscal especial nombrado para investigar todos los escándalos de Donald Trump.
02 Marzo 2018 04:06:00
La elección de Estado
La ofensiva del Estado contra la candidatura de Anaya posee una doble lógica. En primera instancia, busca bajarle por lo menos unos 5 puntos al candidato del Frente –puntos que cosecharía, creen los priistas, su candidato. Si logran arrebatarle más votantes hipotéticos medidos por las encuestas, mejor. En segundo término, intenta crear las condiciones para una alianza tácita del PRI con Andrés Manuel López Obrador, en caso de que no resultara posible desbancar a Anaya del segundo lugar. Si Peña Nieto se ve obligado a escoger entre entregarle la Presidencia a AMLO o a Anaya, cada vez más gente cercana al PRI cree que optará por el primero, aunque algunos creen que se trata de una simple finta para espantar al empresariado y mantenerlo fiel a Meade.

Ahora bien, para que la ofensiva del Estado prospere, Peña Nieto se ve obligado –cada día con mayor claridad– a convertir los comicios del 1 de julio en una elección de Estado. No se trata únicamente de utilizar de manera descarada a la Procuraduría General de la República con fines electorales. Es el SAT, la PGR, algunos gobiernos estatales, y desde luego varios medios de
comunicación.

Y no debe descontarse que la transformación de todo el proceso en una elección de Estado implique también conexiones y repercusiones internacionales que pronto veremos. Es cierto que tanto Fox como Calderón intentaron lo mismo contra AMLO en 2006 y 2012, y que los resultados fueron desastrosos para el país. Pero conviene recordar que por lo menos en 2004-2006 buena parte de los medios más bien se inclinaba por AMLO, y que el famoso pacto de inmunidad que brotó del acuerdo entre Calderón y Peña Nieto le ha hecho un enorme daño a México.

Desde esta perspectiva se entiende que la gente de Morena no compre boleto en el pleito Peña-Anaya. Se benefician de él, al menos por ahora. Asimismo, varios sectores de la sociedad civil, de la Iglesia o del empresariado prefieren mantenerse al margen de un conflicto que al final les resulta ajeno. Pero deben tomar en cuenta dos consideraciones quizás poco evidentes en este momento. La necesidad de oponerse a la elección de Estado puede volverse más aparente si se contemplan estas dos hipótesis.

Primera: si Peña se halla dispuesto a ir hasta la detención de Anaya o la apertura de una carpeta de investigación de la PGR para bajarlo de la boleta, lo hará también con López Obrador después. El grado de desesperación del Gobierno no proviene de las mayores o menores posibilidades de perder; se origina en las posibles consecuencias de actos de corrupción y de violación de derechos humanos que sólo ellos conocen. No aceptarán ninguna alternancia porque ellos sí pueden medir las dimensiones de la ira social que despertarán las revelaciones postsexenales. No les bastarán todas las promesas de perdón de López Obrador.

El segundo factor que ciertos sectores neutros deben sopesar es la radicalización de Anaya. Es obvio que ante una tal embestida, la mejor defensa es un buen ataque. Nadie niega que el Frente no ha llegado a la unanimidad sobre cuestiones claves como la mirada hacia atrás para combatir la impunidad, la responsabilidad de Peña Nieto en la corrupción del sexenio, la importancia de los escándalos de Meade en Relaciones Exteriores y Sedesol. Hasta ahora, los partidarios de una postura más radical, más irreverente, más personalizada, han sido minoría. Si la ofensiva de Estado crece y asume las características que muchos temen, el propio Anaya quizás aparezca en las filas de los más rudos.

El rechazo a una elección de Estado puede volverse una bandera admisible para muchos que discrepan del Frente, o de su candidato. Es un poco regresar al año 2000. Se pensará que poco hemos avanzado estos 18 años si volvemos a lo mismo. Pero así es. Mejor reconocerlo que cegarse ante la evidencia.
28 Febrero 2018 04:07:00
Las clases sociales de la corrupción
Los tres candidatos a la Presidencia ya confirmados se han dado hasta con la cubeta estos últimos días a propósito de la corrupción. El PRI y el Gobierno le pegan a Anaya y a López Obrador, para darle sustento a la tesis que en México todos los políticos son corruptos, y los priistas no son peores que otros. Anaya acusa a Meade de ser cómplice –en el mejor de los casos– y beneficiario –en el peor– del modus operandi del gobierno de Peña Nieto estos años: desvío de recursos de Hacienda a Sedesol o a Sedatu (o a la SRE también, con Juntos Podemos), desde donde se transfieren a empresas fantasma (tipo Estafa Maestra o Chihuahua) para ser canalizados a las campañas del PRI. AMLO sostiene también que todos son corruptos, pero él no. Cesará la corrupción en México porque habrá cesado en Los Pinos.

Y Meade golpea a AMLO con el argumento de que se rodea de gente como Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia, íconos supuestos de la corrupción sindical mexicana.

El primer punto que vale la pena destacar es que las denuncias –y los pecados– son de naturaleza distinta. Los ataques de AMLO y Meade a Anaya abarcan el supuesto lavado de dinero de un particular que le compra un bien a otro, y una supuesta ganancia excesiva en la venta correspondiente.

A menos de que resulte que Anaya no pagó impuestos sobre esa ganancia, no hay daño al erario. Lo mismo sucede con la embestida en un spot de Meade contra AMLO: tal vez sea una mala idea de López Obrador aliarse con la maestra y “Napito”, pero es sólo eso: una mala idea. No hay daño al erario. Finalmente las críticas de Anaya a AMLO también se estrellan contra esta pared: perdonar a los corruptos del pasado puede ser una garantía de impunidad futura, y de corrupción mayor en el porvenir, pero por ahora no es, per se, un acto corrupto.

En segundo término, las magnitudes involucradas también son diferentes. Aún si alguien cree el cuento del Gobierno de que Anaya inventó toda la operación de compra-venta para allegarse 54 millones de pesos, y convenció al notario a que se prestara a ello, al comprador también, al Registro Público de la Propiedad también, es decir, aún si Anaya siguiera siendo el dueño del predio, se trata de una ínfima cantidad de dinero.

Los desvíos de Meade y de Rosario Robles desde la Sedesol implican hasta 3 mil millones de pesos sobre varios años. En el Edomex, en Chiapas, en Zacatecas y varios estados más, se trata de enormes sumas de recursos públicos desviados a las campañas o los bolsillos de sujetos privados. Ojalá la PGR, el SAT y la CNBV actuaran con la misma rapidez con Sedesol y Sedatu como la que han mostrado con Anaya y Barreiro.

Por último, en el caso de estos últimos, las acusaciones provienen de particulares anónimos, de la PGR en manos de Peña Nieto y de Meade, y del aparato de Hacienda. En el caso de Robles y Meade, el origen son las revisiones de la Cuenta Pública llevadas a cabo cada año por la Auditoría Superior de la Federación.

No son comparables el uso descarado del aparato de Estado para atacar a un candidato, que un ejercicio ordinario, previsto por la ley y realizado cada año, por un ente en teoría autónomo, pero de cualquier manera no subordinado al Poder Ejecutivo.

No todas las corrupciones son iguales, sobre todo cuando dos no lo son, y una sí.
26 Febrero 2018 04:06:00
Ningún beneficio
Nunca se entendió del todo la lógica de un nuevo encuentro entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump en vísperas de las elecciones mexicanas y a 8 meses de que EPN dejara la Presidencia de México. A menos de que el encuentro fuera la ocasión para anunciar un gran acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los Dreamers y un aumento significativo de las visas H2A y H2B para trabajadores temporales mexicanos en Estados Unidos, el mero hecho de reunirse en México o en EU implicaba grandes riesgos y ningún beneficio.

Todo parece indicar que no hubo tal acuerdo. En primer lugar, porque no han concluido las negociaciones sobre el TLCAN y faltan los capítulos más espinosos: reglas de origen, estacionalidad agrícola, mecanismos de solución de disputas, cláusula de revisión quinquenal. Además, lo que hubiera podido ser un arreglo al problema de los dacas o dreamers que beneficiaría a casi 1.5 millones de mexicanos en EU se cayó en el senado norteamericano, sin siquiera llegar a la cámara baja donde iba a ser aún más difícil sacar algo sustantivo. Y en cuanto a las visas, de haber sólo eso de por medio, era de esperarse que el acuerdo sería impresentable para la sociedad norteamericana, para el partido demócrata, para los sindicatos, y para la comunidad latina. De modo que se antojaba que el anuncio sin fecha ni ubicación del encuentro sobre la reunión EPN-Trump, tenía más un sentido político interno mexicano que cualquier otra cosa.

Aún así, parecía difícil de comprender. Si bien una buena reunión entre los dos presidentes de alguna manera podría ayudarle a EPN y elevar ligeramente su popularidad, no se ve muy bien como eso podía contribuir a la campaña del candidato del PRI, que ni siquiera con un gran acuerdo hubiera podido levantarse de la postración en la que se encuentra. Pero ausente el acuerdo, es decir sin nada que anunciar que fuera realmente significativo, el riesgo de un mal encuentro podía ensombrecer cualquier beneficio posible.

Pues resulta, según The Washington Post, que no habrá tal encuentro o en todo caso será un “meet and greet”, al margen de la Cumbre de las Américas en Perú durante el mes de abril. Se suponía que el encuentro tendría lugar en la ciudad de Washington en la primera semana de marzo, y que se había logrado un acuerdo sobre el intratable problema del muro: Trump no insistiría en que México iba a pagar el muro y Peña no diría que México no lo pagaría. Pero en la conversación telefónica de la que se informó a principios de la semana pasada entre ambos mandatarios, resulta, de nuevo, según el WP, que no hubo tal convergencia. Trump se negó a comprometerse a no hablar del muro ni de que México lo pagaría; EPN no aceptó esa exigencia, y por lo tanto, según el WP, se canceló el viaje.

Ya si Trump perdió los estribos, como le dijeron los mexicanos al WP, o si sólo se exasperó y se frustró con la intransigencia mexicana, como dijeron los norteamericanos, da más o menos lo mismo.

No es una buena idea estar jugando con las relaciones con Estados Unidos como instrumento de campaña de un candidato del PRI. Siempre sale mal. Con Trump sale peor. Es hora de que la cancillería y Presidencia dejen de querer prolongar en los hechos la vigencia del mandato de EPN, cuando es obvio que ya es un presidente saliente, debilitado e impopular. Es hora de que dejen de negociar el TLCAN y permitan que el sucesor, cualquiera que sea, lo termine; es hora que suspendan mayores concesiones a EU en materia de la guerra contra las drogas y la migración centroamericana; y es hora de que cesen de buscar encuentros inútiles e inmanejables.
23 Febrero 2018 04:07:00
Una encuesta para los estados
Una nueva app permite acceder a bajo costo a las encuestas que levanta con mucha frecuencia José Carlos Campos Rojas de Massive Caller. Son mil llamadas “robot”, con un margen de error de 3.2 por ciento.

Desconozco quiénes son los propietarios de la empresa, y no puedo validar sus resultados a través de un largo historial, o de un medio de comunicación conocido, pero sé que mucha gente ve la app, comenta las encuestas, y sus resultados coinciden con otras pesquisas más conocidas. La ventaja que encierran reside en su frecuencia y volumen. Por eso me permito compartir algunos datos que de que allí provienen.

En un levantamiento fechado el 20 de febrero en las nueve entidades donde habrá comicios para Gobernador el 1 de julio, los resultados son muy alentadores para Morena, medianos para el Frente, y catastróficos para el PRI.

El único estado donde el “expartidazo” se mantiene competitivo es Yucatán, pero aún allí las cifras son aterradoras para el PRI: PAN-MC 35%, PRI-Verde-PANAL 25%. No existe ninguna posibilidad que el PRI gane en cualquier otro estado, mientras que Morena puede triunfar en Chiapas, CDMX, Morelos, Puebla, Tabasco, y Veracruz. El Frente, o Enrique Alfaro sólo por MC en Jalisco, puede ganar en Guanajuato, Jalisco, Veracruz, y Puebla.

Si estos números son confiables, y si se mantienen, la contienda nacional/presidencial no sólo será únicamente entre dos –López Obrador y Anaya– sino que las bancadas del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado se achicarán notablemente.

Justamente, Massive Caller levantó el 15 de febrero encuestas en los 32 estados en las elecciones para el Senado. En los últimos tres bastiones del PRI –Campeche, Hidalgo y Sonora– la contienda se antoja muy cerrada, con Morena en un segundo lugar en dos, e incluso adelante en Hidalgo.

En el Estado de México, los datos son 32% para Morena, 20% para el Frente y 16% para el PRI. De acuerdo con algunos modelos, basados en los datos de Massive Caller, la bancada priista puede verse reducida a menos de 10 senadores de mayoría y entre seis y ocho plurinominales. En todos estos casos, el número de indecisos permanece relativamente elevado, por arriba de 25 por ciento.

¿Se trata ya de una tendencia? ¿Hay indicios de un tsunami electoral a favor de Morena en muchos estados donde antes ni existía? Las cifras presidenciales, del 18 de febrero, no muestran un triunfo holgado para AMLO: lo ponen en 30%, versus 25% de Anaya y 16% de Meade.

Pero si alguien desea descifrar el enigma del 1 de julio con más elementos, donde conviene adentrarse es en las encuestas para gobernadores y senadores. El derrumbe del PRI parece tal que incluso puede configurarse un verdadero riesgo para el Frente.

Si estos resultados son ciertos, el partido de Enrique Peña Nieto podría caer por debajo de su piso histórico y comenzar a perder su voto duro. El voto blando del PRI se puede transferir al PAN y al Frente; sucedió en 2006 con Calderón.

Pero la querencia del voto duro es otra: reviste una propensión hacia el nacionalismo revolucionario “de izquierda” (eso es AMLO) innegable. Un PRI por debajo de 20% puede ayudar a Morena. Y hoy, a nivel de gubernaturas y senadurías, todo sugiere una cifra de esa índole.
22 Febrero 2018 04:07:00
El porqué de las listas
La integración y el anuncio de las listas de diputados y senadores nunca es un buen momento en la política mexicana. Digamos desde 1997, cuando el PRI perdió la Ciudad de México y su mayoría en la Cámara baja, los integrantes de dichas listas han llevado a muchos al llanto, a la desesperación o al cinismo más completo. La oposición ha carecido de cuadros; el PRI recicla a los dinosaurios de siempre; los nuevos partidos se nutren de las deserciones de los viejos partidos; y salvo en el caso de unos cuantos candidatos hoy para el Senado, los independientes aún no logran refrescar, renovar o mejorar el nivel de los legisladores.

Las razones son múltiples, y los políticos con alguna vocación pedagógica debieran tratar de explicarle a la sociedad por qué sus representantes no sólo son tan mediocres, sino por qué saltan unos de un bando a otro, de una cámara a otra, de una generación a otra. Ninguna explicación es exhaustiva, pero algunos elementos son evidentes, y comprensibles. Las aberraciones mexicanas se presentan en todos los países del mundo.

Primer ingrediente explicativo: la no reelección. Los diputados y senadores que elegiremos el 1 de julio son los primeros en ser reelectos desde tiempos inmemoriales. Lo cual encierra una doble consecuencia: el cargo es mucho más codiciado (puede durar 12 años, y si uno no quiere, sin trabajar mucho); pero a la vez la reelección permitirá un principio de profesionalización de la clase legisladora (no de la clase política). Sin reelección, a pesar del va-y-viene de una cámara a otra, no hay memoria, especialización o meritocracia. Veremos (o algunos verán) dentro de 12 o 24 años cómo cambian las cosas.

Segundo elemento: México nunca ha tenido una clase política meritocrática. Desde el Porfiriato, y sobre todo a partir de los años 40, el país resolvió en los hechos contar con una clase (o casta) administrativa en ocasiones de lujo, y con una clase política casi siempre execrable. Ninguna madre de buena familia quisiera casar a su hija con un diputado, presidente municipal o gobernador; todas, con un doctorante de los que enviaba Rodrigo Gómez a Yale desde hace tres cuartos de siglo. El resultado: magníficos secretarios de Hacienda, directores de Banco de México, embajadores y administradores públicos, y políticos de sexto mundo.

Tercer factor: en México no hay partidos políticos en el sentido estricto de la palabra. Sé que algunos distinguidos colegas añoran, por ejemplo, la época cuando el PAN “tenía ideología”. Me cuesta trabajo entender cuál, que no fuera una serie desordenada de convicciones conservadoras, un poco simplistas, medio ultramontanas, que, por ejemplo, pueden conducir a la insólita declaración de Margarita Zavala de Calderón: “En mi equipo hay mujeres, hombres y homosexuales”. Andrés Manuel también ha manifestado alguna nostalgia por los tiempos en que el PRI “tenía ideología”: ¿la de Lázaro Cárdenas o la de Miguel Alemán? ¿la de Carlos Salinas o la de Luis Echeverría? Y en el mundo PRD, hay muchos que extrañan una edad de oro de principios y posiciones nítidas. Sólo que no sabemos cuáles, a menos que sean los de Groucho Marx (“estos son mis principios, pero si no les gustan, aquí tengo otros”).

Pedirle a militantes de cualquiera de estos partidos que no se inscriban en la lista de otro partido que el suyo, por la simple razón que debieran “tener ideología”, es propio de otra época y de otro país. Los que brincan del PAN a Morena, o del PRI al PAN y luego de vuelta, o de Morena al PRD y de regreso, no traicionan sus creencias o posiciones, porque no las tienen. En su caso, abrazan y defienden determinadas causas, y piensan que su lucha por estas últimas será más eficaz en las listas de un partido en lugar de otro. Lo que la gente debe ver son las causas –si existen– y no los colores partidistas bajo los cuales se defienden. Y debe tomar nota también de las consecuencias de los actos de unos y otros: si Peña Nieto mete a Elba Esther a la cárcel, no debe sorprenderle que se alíe con su peor enemigo para vengarse. Lo mismo con Gómez Urrutia, el calderonismo y los desamparados por el Frente que de manera inevitable se desplazarán hacia Morena. Así es la política en democracia. Hay que entenderla y explicarla, no lamentarla.
19 Febrero 2018 04:06:00
El TED Talk de Anaya
Salvo la enigmática e irreverente referencia de Andrés Manuel López Obrador a que su lucha contra la corrupción rayará en la locura, el discurso más interesante de ayer fue el de Ricardo Anaya. Por innovador, arriesgado o incluso temerario, y por presuponer varias tesis que están lejos de comprobarse, por ahora. Me referiré a lo nuevo, a lo viejo y anacrónico, y a las debilidades, en ese orden.

Lo nuevo es lo que muchos ya han llamado el estilo TED Talk o Steve Jobs de Anaya. Cuando se siente más cómodo, en su piel, es cuando platica en lugar de arengar sobre temas tecnológicos, del futuro, de la transformación del país y del mundo, en vez de recurrir a los viejos estribillos sobre el cambio, la unidad, la dignidad, la patria, etc. Utilizó con mucho arrojo esta fórmula para dedicar casi la mitad de su discurso a las transformaciones tecnológicas en curso, a la necesidad de apostarle al cambio y a la innovación en lugar de repetir las tesis del presente y a mostrar de una manera muy pedagógica cómo determinadas transformaciones en los sectores más modernos del mundo pueden afectar directamente a los mexicanos. Incluso sus incursiones en las tiendas de Amazon en Seattle y a los tractocamiones autónomos en Silicon Valley resultaron atractivas.

Ahora bien, esta definición implica una opción estratégica. Esta es que Meade y el PRI están liquidados y que ya llegó la hora de concentrar las baterías contra López Obrador. Implica pensar que ya la contienda por el segundo lugar concluyó y que empezó en los hechos la disputa por el primer lugar.

En ella, el contraste, según Anaya, debe ser entre una persona joven, culta, enterada de los cambios mundiales, que puede resultar mucho más llamativa para el electorado mexicano que alguien que se ve mucho más viejo –y tiene un cuarto de siglo más– pero cuyas ideas son aún más rancias que sus canas: López Obrador. En el fondo, con mayor o menor conciencia, Anaya le apuesta al famoso carácter aspiracional de los mexicanos: queremos ser como los que nos mostró en los videos, pertenecer al mundo que describe del cambio tecnológico exponencial, ser parte de ese universo, en lugar de vernos atraídos por las imágenes especulares de nosotros mismos.

Esta fue la apuesta de los publicistas de finales de los años 50 y principios de los 60, y de Emilio Azcárraga Vidaurreta, cuando comenzó la televisión en México: desde las modelos rubias de Clairol hasta las rubias superiores de la Cervecería Moctezuma. Es posible que tenga razón, pero también debe subrayarse el carácter arriesgado de esta tesis.

Lo más viejo y anacrónico del discurso de Anaya fue la parte sobre EU. Repitió lugares comunes, obsoletos, sin ningún contenido y sin ningún chiste, para efectos puramente demagógicos en el recinto, y omitiendo cualquier reflexión didáctica, como en el resto de su discurso, a este respecto. Se hubiera saltado ese segmento. En cambio, otro elemento innovador fue la referencia a su madre y a su abuela, que muestra también de manera elíptica, que viene de una familia donde las mujeres trabajaban fuera del hogar, eran profesionistas y vivían en una situación de igualdad con los hombres. No es el caso de la inmensa mayoría de las familias mexicanas, y menos aún de las familias de clase media conservadora del Bajío. En este aspecto, el discurso de Anaya también llama la atención.

Mis dudas se centran en si tiene razón al pensar que la primera vuelta ya terminó y que estamos en plena segunda vuelta; no estoy seguro, pero supongo que su equipo tiene números y estudios cualitativos que así lo demuestran. Aun así, permanezco escéptico. Y en segundo lugar, es preciso reconocer que hasta llegar a la parte TED Talk de su intervención, hay pocas propuestas específicas propias. El Ingreso Básico Universal sigue siendo prácticamente la única idea original y detallada. Lo demás parece una repetición de su discurso de precampaña de cajón del último par de meses. Como le ha funcionado ese discurso, existe una tentación natural a repetirlo. Pero no es el discurso de una nueva etapa de campaña, es el discurso del final de una precampaña.
14 Febrero 2018 04:00:00
CDMX: El conservadurismo a flor de piel
Mikel Arriola tiene, al final de cuentas, el valor de sus convicciones. Después de un par de días de vacilaciones y cantinfladas, declaró que su postura sobre la mariguana, la adopción por parejas del mismo sexo y el aborto “para nada fue un tropiezo”. Lo hizo sin ambages, sin eufemismos y sin miedo. Afirmó que “esta es una ciudad de libertades y moderna, pero yo tengo como eje de campaña la familia tradicional y protección de los valores”. Dio una buena razón para exponer su punto de vista: para que la gente sepa por quien vota: “simplemente lo expresé para que la gente conozca mi opinión; yo no estoy de acuerdo con la legalización de la mariguana porque eso es generar problemas para resolver los problemas, platicamos con amas de casa y ellas comparten mi punto de vista”. Quedaron atrás sus lugares comunes y simplezas sobre consultas y debates. Bien hecho.

Ahora bien, junto con la franqueza y la contundencia –las cuales, insisto, se aprecian– es importante destacar un rasgo de carácter o de ambición política de Arriola. Lo conozco poco –mucho más a su padre– pero siempre me ha parecido un funcionario competente, amable y “moderno” (por su juventud, sin que pueda yo definir exactamente qué entiendo yo por eso). Sus posturas no corresponden al perfil que le asigno.

Tal vez se trate de un estratagema de campaña, medio burdo, transparente y condenado al fracaso, para arrebatarle votos conservadores a Alejandra Barrales y al Frente y colocar una cuña entre y el PRD por un lado, y Ricardo Anaya y el PAN por el otro. Pero más bien, todo sugiere que Arriola comparte el conservadurismo de buena parte del gobierno de Peña.

Quizás ellos se encuentren mucho más a tono con el humor del país (y de la ciudad) que yo y mi círculo de amistades y afinidades, pero de todas maneras me resulta difícil entender cómo el sector más joven del Gobierno, empezando por Peña Nieto, sea tan conservador en estos temas. El que la sociedad mexicana lo sea no es argumento: ellos no son, en lo más mínimo, un fiel reflejo de esa sociedad. Todos poseen algún tipo de educación universitaria (algunos de excelencia); todos pertenecen a una clase media alta; todos han viajado al extranjero; todos leen (bueno, todos, lo que se dice todos, quizás no).

Entiendo el tema de la conveniencia política, o que alguien como Andrés Manuel López Obrador se oponga al aborto, a la legalización de la mariguana para fines recreativos, a los matrimonios gay y a la adopción por parte de ellos, y a la muerte asistida. La conveniencia política explica porque hasta Obama o Clinton, que confesaron repetidamente su consumo de drogas, por ejemplo, jamás promovieron una legalización plena cuando se hallaban en funciones. La insularidad de AMLO explica, como en el caso de Lula en Brasil, una oposición casi religiosa y en ocasiones aberrante ante estos temas. Pero ¿graduados de LSE, Yale, MIT o incluso la UP? Hay algo que desentona, pero bien puede tratarse de un conservadurismo cultural auténtico, que se manifiesta –como en el caso del sexenio anterior– en propuestas o realidades de políticas públicas de otra época.

Arriola acierta también al exigir que Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales expongan su punto de vista al respecto. Y que lo hagan, como él, sin trampas. No se trata de pedir debates, consultas o posposiciones (“ahorita eso no importa: solo la pobreza”). En esta ciudad hay precedentes, leyes, usos y costumbres. Y hay también cierta frescura y modernidad: podemos abiertamente ser partidarios de las libertades señaladas, sin ser estigmatizados. Hay valores, pero no aquellos a los que se refiere Arriola. En cuanto a los votantes liberales o progresistas de la capital, harían bien en tomar nota: a quién prefieren para gobernarlos los próximos seis años.

12 Febrero 2018 04:00:00
Así están las cosas (electorales)
Sólo en México puede haber una precampaña, una intercampaña, y una campaña para elegir a un Presidente. Y sólo en México se pueden redactar leyes y aprobarlas, para que sean violadas por inviables. Como ahora toca, según esas leyes absurdas, reflexionar sobre los candidatos, hagámoslo, en el entendido de que los datos de los cuales disponemos no cumplen con todo el rigor que desearíamos.

Partiendo de las encuestas disponibles, de las columnas filtradas y de las que reflejan una opinión basada en información más o menos seriamente recabada, distingo tres tesis. Primero, Andrés Manuel López Obrador lleva una ventaja de entre 6 y 10%, dependiendo sobre todo de la manera en que se reparten los indecisos en las encuestas, y si en el trabajo de campo se reponen realmente los rechazos. No crece su margen de triunfo, pero tampoco disminuye. Si pudiera replegarse a Tabasco cuatro meses y callarse, ganaría sin mayor duda. Pero aún en campaña permanente, ha cometido menos errores que en el pasado, o de los que sus adversarios esperan, en ambas acepciones de la palabra. Si le apuestan a sus descalabros para ganarle, se van a equivocar. Los mercados también, de otra manera: una cosa es que descuenten su victoria, otra es que piensen que “no pasará nada”. Habrá una corrida contra el peso, se disparará la inflación, y se congelará la inversión privada, nacional y extranjera, durante un par de años por lo menos.

Ricardo Anaya en buena medida se ha ceñido al guión que escribió. Ha concentrado sus baterías y sus ojivas en el candidato del PRI; ha aprovechado el tiempo para construir una figura pública de cierto tipo (“humana”, whatever that means); ha procurado cicatrizar heridas dentro de los partidos del Frente, y entre ellos. Si le creemos a las encuestas, se ha posicionado en un segundo lugar aún no definitivo, pero sólido, con una ventaja de más de cinco puntos sobre el candidato del PRI. Si llega a los debates de abril, mayo y junio con menos de 7% de desventaja, puede ganarle a AMLO gracias a su superioridad en la esgrima verbal, aunque se puede generar allí una trampa de expectativas. Su debilidad es obvia: equipo de campaña, equipo y programa de Gobierno, buscar proactivamente el voto útil del PRI a tiempo y con eficacia.

José Antonio Meade padece la crisis de muchos de los candidatos del PRI, por lo menos desde Luis Echeverría en 1976: seré o no seré. Por mi parte, creo que no existe ninguna posibilidad de que Enrique Peña Nieto lo sustituya, pero no dudo un momento que en la cabeza del grupo de Meade ronda el fantasma de la sustitución. Mientras no llegue la fecha fatídica del registro ante la autoridad electoral, la mera idea de un deslinde con o sin ruptura frente a Peña es impensable. Razón por la cual su campaña “no despega”. No puede despegar, y en casi todas las encuestas, se nota. Y como lo han comentado muchos, y notablemente Jorge Volpi en Reforma, se ve un candidato incómodo, mal en su piel, por ese sencillo motivo. Sin distanciarse del Presidente en funciones más impopular de la historia moderna de México, imposible remontar su rezago. Romper antes de tiempo, o incluso a tiempo y con pacto, puede ser fatal. No hay por donde.

La elección se va a jugar en 5 entidades. Si Enrique Alfaro le entrega sus mismo votos a Ricardo Anaya en Jalisco (tercer padrón del país); si Yunes (hijo) le entrega los suyos a Anaya en Veracruz (cuarto padrón); si la esposa de Moreno Valle hace lo propio en Puebla (quinto padrón); si Alejandra Barrales obtiene un millón de votos en la Ciudad de México, y Anaya, por su cuenta, un millón y medio o 30% del total en el Edomex, gana. El PRI puede perder las 9 gubernaturas en juego; y AMLO puede ganar si una o más de las condiciones descritas para Anaya no se cumplen. Así están las cosas.
07 Febrero 2018 04:06:00
¿Qué parte no entienden de Chihuahua?
No entiendo la discusión sobre quién ganó en Chihuahua: ¿Corral o el Gobierno? Para mí es obvio que ganó Corral de buenas a primeras. Si uno retoma su narrativa –y yo la hago mía– es muy sencillo. Primero, detiene a Alejandro Gutiérrez, a quien acusa de desvío de recursos a favor de la campaña del PRI del 2016. Segundo, el Gobierno ejerce represalias al suspenderle la entrega de 700 millones de pesos previamente pactados, el 14 de diciembre. Tercero, Corral exige ese pago y que se acelere y se transparente la solicitud de detención provisional para fines de extradición de César Duarte, prófugo en Estados Unidos. Cuarto, inicia su caravana para presionar al Gobierno federal para que todo esto suceda. Quinto, el Gobierno lo acusa de torturar a Gutiérrez, y los abogados de este último interponen un recurso al respecto. Sexto, la Fepade busca también interponer una demanda contra Alejandro Gutiérrez por violación a la ley electoral, lo cual se volvería un delito del fuero federal, lo cual podría llevar a que fuera trasladado a la Ciudad de México.

He aquí la secuencia de hechos. ¿Cuál es el desenlace? Uno: la represalia desaparece. El Gobierno acepta entregar el dinero a Corral. Dos: Alejandro Gutiérrez sigue preso, pronto en una cárcel federal, sujeto a un proceso que no ha cambiado en un ápice. La única diferencia radica en el hecho de que ahora va a enfrentarlo en una prisión federal pero con un juez estatal, en Chihuahua, y solo en Chihuahua. Tres: en teoría se acelera y se transparenta la solicitud de detención provisional con fines de extradición de César Duarte a Estados Unidos, con coadyuvancia del Gobierno de Chihuahua (si escoge mal Corral a quien le encargue el asunto, es harina de otro costal). Cuatro: la caravana siguió hasta la Ciudad de México, donde concluyó triunfal. Cinco: Corral se desiste de la demanda –válida– con la Secretaría de Hacienda por discrecionalidad en la entrega de recursos, pero mantiene la del estado de Chihuahua contra la Ley de Seguridad Interior.

No entiendo qué parte sugiere que perdió Corral y ganó el Gobierno. A menos de que haya una falta de estudio del tema, una antipatía previa –que se vale, por supuesto, aunque no sea la mía– o que haya, en algunos casos desde luego, una mala fe insólita, incluso para criterios mexicanos. A la pregunta que Corral nos formuló a varios de sus amigos desde que comenzó su negociación con el secretario de Gobernación: ¿y si no cumplen? La respuesta siempre fue evidente. Por supuesto que este Gobierno no tiene palabra, por supuesto que hará todo lo posible por no cumplir, y por lo tanto no debe retirar su demanda contra la SHCP ni entregar a Gutiérrez hasta que el Gobierno cumpla. Pero Corral no se cuece al primer hervor.

¿Se negoció la libertad de Gutiérrez contra los 900 millones de pesos? Cuando veamos a Gutiérrez en la calle, hablamos. ¿Se negoció el proceso contra Gutiérrez por desvío de recursos contra la extradición? Lo sabremos cuando se desista la Procuraduría Estatal de Chihuahua de dicho proceso. ¿No habrá nunca extradición, ya sea porque hagan trampas la PGR y la SRE, ya sea porque Estados Unidos la niegue, a raíz de los susurros de la Cancillería? Tal vez, pero igual Duarte no estaba en México antes, ni había solicitud, ni voluntad pública de enviarla.

Que me perdonen unos y otros: los partidarios de Corral no tenemos que demostrar que el gobernador ganó. Sus malquerientes o escépticos deben demostrar, no pronosticar, que perdió. La bola –es decir, la carga de la prueba– está en su cancha.
02 Febrero 2018 04:06:00
Gon
Murió ayer Gonzalo Aguilar Zínser. Un infarto sin antecedentes médicos ni aviso lo fulminó en su casa, sin resucitación posible. Deja a Sandra, su esposa de más de una década, y a su hija Camila, de 8 años, y a tres hijastros, que fueron sus hijos. Lo sobreviven también cuatro hermanas y dos hermanos.

Deja asimismo una eterna fila de amistades. Todos se dieron cita ayer en su velorio, y hoy de nuevo se encontrarán en el Panteón Francés, donde descansan las cenizas de sus abuelos, padres y hermanos. Entre esos amigos me enorgullece contarme, y mi tristeza no es menor a la de los familiares que lloran su partida.

A lo largo de los últimos 20 años, construimos una amistad a prueba de tensiones familiares mayores, desencuentros políticos menores, y roces personales insignificantes. En cambio, nos reímos, viajamos, comimos, bebimos, luchamos, imaginamos e inventamos como pocos.

Conocí a Gonzalo, ya en la vida adulta, a mediados de los años 80, gracias a dos acontecimientos de disímbola proporción: yo procuraba agandallarme legalmente un terreno al lado de mi casa, y pedí su ayuda; su hermano, Adolfo, fue secuestrado por la Secretaría de Gobernación, y varios nos reunimos primero para denunciarlo, después para acompañarlo al ser liberado. Nos habíamos encontrado antes, de niños, decía él, debido a la relación cercana de mis padres con los suyos (y más de mi madre con Adolfo Aguilar y Quevedo). Pero empezamos a ser verdaderamente amigos hacia finales de los años 80, y sobre todo a partir del intento de secuestro de mi asistente en junio de 1990, cuando a instancias de Adolfo, tanto Gonzalo como Alonso, su hermano mayor, me salvaron de varias trampas tendidas por el Gobierno de Salinas de Gortari y ayudaron a darle contenido jurídico a mi denuncia.

Pero fue sobre todo antes, durante y después del Gobierno de Fox que Gonzalo y yo construimos el vínculo que nos unió hasta ayer en vida, y en mi memoria para siempre, en momentos de tristeza, y de gran alegría. Administró, de parte de ambos cónyuges, un doloroso divorcio; iba a ser, muy pronto, el anfitrión de la celebración del matrimonio de mi hijo. Fue el autor de la idea de luchar por las candidaturas independientes; gracias a su energía, creatividad y en ocasiones locura, Fabián Aguinaco, Santiago Corcuera y yo ambulamos por los pasillos de los tribunales federales, del IFE, de la Suprema Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de la Corte en San José de Costa Rica. Ganamos lo que ganamos, perdimos lo que perdimos, y los resultados de la tesis delirante de Gonzalo están hoy a la vista de todos.

Así como lo hizo por mí, y por nuestra causa común, luchó en innumerables frentes por múltiples otras “víctimas” y clientes con la misma generosidad. Perteneció a ese grupo de abogados mexicanos que subsidian los casos que consideran nobles, con los que reditúan, provistos de mayor o menor nobleza. Seguimos en la lucha en muchas otras trincheras, hasta la semana pasado, cuando decidimos reactivar la demanda de Federico Jesús Reyes Heroles y otros contra México (#P-1868-11) en la CIDH en Washington, contra la prohibición de la compra de tiempo aire por la sociedad civil en México. Corcuera sigue encargado de ese litigio.

Pero no sólo grillamos y peleamos. Tuve el enorme privilegio de viajar con Gonzalo, en compañía de Manuel Rodríguez, de Pedro Saez, de Rolando Ocampo, de Roberta Garza y de Roberto Mendoza y Paco Ortiz, por buena parte de México, de Costa Rica, del Mar de Cortés, de Bahamas, Croacia y el Caribe, de Washington y Nueva York, y de pasar largos ratos en su casa de Tepoztlán. Allí comprobé e intuí, inconscientemente, el motivo de su muerte, que verbalizó ayer Joel Ortega. Tenía un corazón tan grande que no cabía en su pecho. Reventó.
31 Enero 2018 04:06:00
México y la enchilada de Trump
La nueva propuesta migratoria de Donald Trump coloca a muchos en una posición incómoda. Concederle una amnistía a casi 2 millones de dreamers o DACA en potencia; reducir dramáticamente el criterio de reunificación familiar para otorgar la residencia permanente a terceros; eliminar el sistema de lotería para ciertos países; y aprobar un presupuesto de 25 mil millones de dólares para construir el famoso muro: en su conjunto, el paquete encierra propuestas odiosas y otras de gran atractivo para el Partido Demócrata de Estados Unidos, para la comunidad hispana en ese país y para el mismo Gobierno de México. Concentrémonos en este último.

Hay aproximadamente 6 millones de ciudadanos mexicanos sin papeles al norte de la frontera. De los 1.8 millones de dreamers posiblemente beneficiados, más o menos, 1.5 millones son mexicanos. De tal suerte que la propuesta de Trump regularizaría, de manera provisional a corto y mediano plazo, y de modo permanente a largo plazo, a la cuarta parte de los indocumentados mexicanos. No es poco.

Eliminar la reunificación familiar no extendida (es decir, conservando la preferencia otorgada a hijos, padres y cónyuges) perjudicará a muchos mexicanos, pero de una manera indirecta. Los plazos para obtener una visa por este camino y que desemboque en la residencia permanente son eternos e inciertos. En cuanto al muro, para Peña Nieto y su equipo el problema siempre ha estribado en el pago, no en el hecho. Con los 25 mil millones se resuelve el pago y el hecho igual le tocará al Presidente que siga.

Por estas razones, y otras más que mencionaremos a continuación, comprendo la posible tentación que le provoca la idea de Trump a las autoridades mexicanas. Aunque no la cabildeen con los demócratas, aunque no lo digan en público, aunque les duela un poco en su amor propio, no es absurdo que en su fuero interno la aprueben y le den la bienvenida. Sobre todo si se ve acompañada por un ingrediente adicional.

Cada año, el Gobierno estadunidense otorga una determinada cantidad de visas temporales para empleos agrícolas y de servicios de baja calificación (sobre todo de la industria de la construcción y hospitalidad). Se trata de las categorías H2a y H2b, que en principio, y hasta ahora, no poseen un tope o una limitante legislativa (la H2b tiene un límite del Congreso, pero puede ser rebasado por una decisión o waiver del Presidente). El Poder Ejecutivo las asigna en función de nacionalidades, necesidades y disponibilidades.

Como es lógico, la enorme mayoría (93%) se entregan a mexicanos. En parte por inercia (el año anterior, fulano de tal de Zacatecas fue a trabajar a la pisca de la uva de mesa a Delano, California), en parte por competitividad de costos (el transporte es prácticamente gratuito) y por el entendimiento de los trabajadores temporales mexicanos con los trabajadores o capataces mexicanos con papeles, o con los empleadores mexicano-norteamericanos. Algunos ingenuos –tanto allá como acá– piensan que, como ya se revirtió –supuestamente– la migración de México a Estados Unidos, ya son pocos los paisanos que desean irse a trabajar al campo de California, a los rascacielos en obra  de Nueva York, o a los hoteles de Las Vegas. Parece que los paisanos discrepan.

En el ejercicio 2016 (es decir, de octubre 2015 a septiembre de 2016), se extendieron 422 mil visas H2a y H2b a mexicanos (Yearbook of Immigration Statistics, FY 2016, DHS, Table 32, p 86) Para el ejercicio siguiente –que concluyó el 30 de septiembre pasado– la cifra aumentó por lo menos en un 15 por ciento. El total de trabajadores temporales y familiares sumó 843 mil el mismo año.

Pues bien, Trump y su equipo están seriamente considerando aumentar el número de H2a y H2b al doble, o quizás hasta 600 mil mexicanos adicionales, para cubrir las necesidades de reconstrucción de las zonas devastadas por los huracanes “Harvey” e “Irma”. Podrían llegar entonces a la cifra mágica de un millón de trabajadores, y casi 2 millones incluyendo a familiares. En la mayoría de los casos, serían contratos renovables por lo menos por 3 años, y quizás más, y podrían ser portátiles. Es una enchilada más que completa. De materializarse esta propuesta, sería indeclinable para México.
29 Enero 2018 04:06:00
Respuesta a los twiteros interesados en el TLCAN
Concluyó la sexta ronda de negociaciones de revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sin grandes avances ni enormes tropiezos. No se produjo el gran salto adelante que algunos esperaban, ni un estrepitoso colapso de la negociación. El lunes 29 los tres ministros encargados de la negociación informarán sobre los detalles de lo logrado y de lo pendiente. Anunciarán que habrá una nueva ronda en marzo y probablemente repetirán la misma tontería de que los tiempos de la negociación no deben depender de las elecciones mexicanas. ¿Y su nieve de limón?

Hace una semana sugerí aquí de nuevo que en vista del carácter trascendente y prolongado del proceso, debiera congelarse o suspenderse hasta principios de 2019, cuando un nuevo presidente de México pueda concluir la negociación, y un nuevo Senado pueda ratificar su desenlace positivo, en caso de haberlo. En las redes he recibido tres tipos de mentadas al respecto, que resumo: Andrés Manuel lo dijo antes; Peña Nieto tiene el derecho de negociar hasta el 30 de noviembre; no sirve de nada la propuesta porque EPN nunca hace caso. Trato de responder a las tres objeciones, y de explicarle a la gente de buena fe la razón por la que seguir negociando hoy constituye una inmensa irresponsabilidad.

En defecto, AMLO ha dicho que debe posponerse la negociación desde hace tiempo. Por mi parte, lo hice por primera vez en agosto o septiembre, cuando resultó evidente que no se alcanzaría el objetivo de terminar para fin de año. Si a los partidarios de AMLO les importa mucho que el haya sido primero, le cedo con todo gusto la distinción. Pero debo subrayar una diferencia en la propuesta: si entiendo bien, AMLO pide la suspensión porque, como ha dicho, Peña no representa al pueblo de México y no puede negociar en su nombre. Yo sólo planteo que a EPN se le acabó el tiempo, y que un presidente lame duck (o pato cojo, es decir, saliente) no puede cerrar un intercambio de esta trascendencia cuando su mandato estarpor concluir.

A la segunda réplica, respondo que no se trata de un asunto jurídico, de derecho constitucional. El Presidente de la República lo es hasta su último día en funciones, obvio. El dilema es político. En democracia (no bajo el régimen autoritario de antes), ¿a partir de cuándo, en el largo proceso de debilitamiento de un mandatario saliente, se torna imposible, indeseable e irresponsable negociar un tratado o convenio internacional de enorme importancia para un país? Nos parecería lógico que un presidente de Estados Unidos negociara con nosotros algo sustantivo en septiembre del último año de su segundo periodo, a sabiendas de que en noviembre será electo un nuevo jefe del ejecutivo y en enero tomará posesión?

En tercer lugar, no se si Peña haga caso o no. No escribo ni sugiero ideas porque pienso que el Gobierno (este o cualquiera) las va a hacer suyas. Las adelanto porque me parecen correctas, me hagan caso o no. Ahora bien, si una idea es buena, y la comparten otros (AMLO la mía, o yo la de AMLO), es posible que haga su camino y la lleguen a adoptar quienes no la suscribían antes.

Ya Ildefonso Guajardo da la impresión de haber fijado un nuevo plazo: el 1 de julio. Después des esa fecha, insinúa muy elípticamente, él y su gobierno no podrán seguir adelante. Las buenas ideas –y creo que julio no lo es, pero abril sí lo sería– avanzan, y las asumen los personajes más disímbolos. En una de esas, hasta Peña Nieto.
27 Enero 2018 04:06:00
De la Madrid y la mariguana
Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, hizo una declaración de gran trascendencia hace un par de días en una conferencia en la Universidad Anáhuac. Dijo, entre otras cosas: “Nos haría un enorme daño perder esos destinos (Cancún y Cabos) por temas de combate al narcotráfico. Yo creo que el hacer legal no sólo el consumo, sino la producción y venta de la mariguana, contribuiría junto con otras acciones a (tener) destinos más seguros… Me gustaría ver que se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México, que no tienen por qué ser víctimas de violencia de un trato inadecuado al tema de las drogas en México. Ya la traen o ya la compran, entonces, no vienen por eso. Lo que no se justifica es que un consumidor vaya a dar a la cárcel porque consume mariguana, lo que no se justifica es que sea víctima de extorsiones porque consume mariguana, es un absurdo”. Además, fundamentó su propuesta en la idea evidente para muchos, aunque no para el Gobierno al que pertenece, de que la estrategia punitiva o coercitiva contra la mariguana y otras drogas ha fracasado. Incluso dijo que el tema de la legalización del uso recreativo de la mariguana no está a discusión desde un punto de vista científico: “es menos dañina que el alcohol o el tabaco”. No puede uno más que congratularse de estas declaraciones de uno de los funcionarios más inteligentes y competentes de este Gobierno (dicho esto por mí desde mucho antes de que se pronunciara en este sentido).

¿Se puede hacer algo por el estilo? ¿Legalizar en Cancún y Riviera Maya, por un lado, y en Los Cabos por el otro? ¿Sin que se extienda la legalización de facto a otras zonas de los mismos estados u otros? ¿Hay precedentes nacionales o internacionales? ¿Cuál sería la justificación? De la Madrid deberá pronto dar respuesta a estas preguntas, sobre todo si su atrevida sugerencia fue realizada en consulta o acuerdo previo con su jefe.

En el caso de México, hace pocos años, cuando estaba en discusión la legalización de los casinos, se propuso permitirlos en ciertas zonas del país. Existe también el antecedente de las zonas libres, que desde que muchos éramos muy jóvenes recordamos con nostalgia: La Paz, Cancún, Chetumal y varias otras pequeñas ciudades de la República, todas ellas viviendo un régimen de excepción.
En otros países del mundo existen fenómenos análogos. En Estados Unidos, son las llamadas “reservaciones” de los pueblos originarios de América del Norte, donde se permite y se alienta en condiciones de excepción la instalación de casinos.

Lo mismo sucede con otros estados, como Nevada y Nueva Jersey. A priori, no hay ninguna razón para suponer que no se pudiera legalizar la producción, venta y consumo de mariguana en estas zonas del país sin extenderla necesariamente a otras. En el fondo, es lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde ya casi una decena de estados han legalizado el uso recreativo de la mariguana, sin que necesariamente dicha legalización se extienda en los hechos a otros estados.

¿Quiénes consumirían esa mariguana? Primero, los habitantes de esos parajes que así desearan hacerlo: ni más ni menos de los que ya la consumen ahora. Aunque hubiera un pequeño aumento del consumo, la consiguiente disminución de la violencia, comprobada en muchos países del mundo después de una legalización de esta índole bien valdría la pena. En segundo lugar, quizás, mexicanos de otras regiones del país que llegarían ahí, como Avándaro en 1970, a fumarse todo lo que se les pusiera al alcance de la mano. Pero en condiciones de legalidad, sin contacto con el mercado negro y con mucha vigilancia de por medio. Que estos jóvenes –porque eso serían– fumen ahí en lugar de sus propias localidades no puede tener nada de grave. Por último, desde luego, consumirían mariguana ahí los visitantes, 90% de los cuales son norteamericanos.

Como dijo De la Madrid, visitantes que de todas maneras o traen su propia mariguana, o la compran ahí, pero hasta hoy ilegalmente. ¿No es preferible que fuera a la luz del día y con la ley de su lado?

La gran pregunta es si con esto disminuiría la desbocada violencia en Baja California Sur, y en menor medida, pero no despreciable, en Quintana Roo. Existen todas las razones para pensar que sí. Pero no lo vamos a saber hasta que lo intentemos. Esto es algo que Peña Nieto puede hacer ahora, antes de terminar su Gobierno, incluso probablemente por decreto, sin pasar por el Congreso, y con el acuerdo de los gobernadores que seguramente aceptarían. ¿Hay algo más arriesgado que seguir con la absurda guerra de Calderón y Peña Nieto contra la droga? A estas alturas parece que no. Un abrazo, Enrique.
24 Enero 2018 04:06:00
La caravana de Corral
La caravana de Javier Corral encierra muchos atractivos interesantes. Su lucha –por detener, juzgar y sentenciar a César Duarte, por recuperar los recursos que Hacienda le retiró arbitrariamente, y por evitar que sus enfrentamientos con el Gobierno federal se traduzcan en un repunte de la violencia en el estado– reviste múltiples características seductoras. Por ello es tan peligrosa para el Gobierno, pero también para el propio Corral.

El régimen no descifra qué hacer con Corral. Sabe que el enfrentamiento lo beneficia, e indirectamente al Frente y a Ricardo Anaya. Pero también intuye que ceder o conciliar le puede traer serias contrariedades con un parte del PRI (los demás exgobernadores no presos, los amigos de Alejandro Gutiérrez, el candidato) y sentar un precedente complicado. De allí sus palos de ciego: acusar a Corral de mandar torturar a Gutiérrez; aceptar en principio la petición de solicitar la extradición de Duarte, pero hacerlo a medias; buscar un diálogo con Corral a través del nuevo secretario de Gobernación; seguir reteniendo los fondos de diciembre (70 millones de pesos). No la tiene fácil, sobre todo si en las cajas de expedientes, notas y fichas de Duarte recién descubiertas en una de sus propiedades aparecen más pruebas de los desvíos ilegales de recursos.

Un peligro adicional para el Gobierno consiste en la posibilidad de emulación: que uno de los otros gobernadores electos en el 2016 se atreva a revelar mecanismos ilegales de financiamiento en sus estados, por parte de sus predecesores. Hasta ahora, ninguno ha osado hacerlo en relación con 2016, aunque Miguel Ángel Yunes y Carlos Joaquín han participado en o dirigido el esfuerzo para encarcelar a Javier Duarte y Roberto Borge. Ni hablemos de si cundiera el ejemplo de Corral para los casos de 2010, 2011 y 2012: cuando Humberto Moreira primero canalizó recursos del Edomex (gobernador: Enrique Peña Nieto) a las campañas de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, y otros, después al Edomex (candidato: Eruviel Ávila) y luego del PRI y de varios estados a la campaña presidencial de 2012 (candidato: Enrique Peña Nieto; secretario de Hacienda: José Antonio Meade). El caso Corral es una bomba de tiempo en potencia para el PRI y el Gobierno.

Por último, la aparente concesión del Gobierno, a saber, solicitar la extradición de César Duarte, puede entrañar consecuencias delicadas. En principio, no se pide la extradición primero, sino la detención provisional para fines de extradición. Una vez detenida la persona en cuestión, comienza el juicio de extradición donde el Estado solicitante presenta sus alegatos: los delitos perseguidos, y la conformidad de la solicitud con el tratado de extradición pertinente. Mientras, el perseguido suele permanecer en prisión (como Javier Duarte, Tomás Yarrington y Roberto Borge). Ver a un nuevo exgobernador priista tras las rejas no le convendría demasiado al candidato del PRI.

Pero el propio Corral también corre peligro. Debe saber ganar, y no siempre es fácil en circunstancias como las actuales. Si el Gobernador de Chihuahua, y la amplia coalición que lo rodea –en gran medida la misma que lo apoyó en la elección de 2016– logra la restitución de los recursos secuestrados por Hacienda y el fin de las prácticas discriminatorias contra Chihuahua, así como la detención de Duarte en Estados Unidos, debiera reflexionar sobre la mejor forma de seguir adelante con el juicio contra Alejandro Gutiérrez. ¿Sólo por la Procuraduría del Estado, o por la Fepade también? ¿Buscando extender la investigación a otros personajes, o limitándolo a Gutiérrez? ¿Con este último en la cárcel, o en libertad bajo fianza? ¿Con la mayor publicidad posible, para favorecer al Frente, o con mayor discreción, “des-electoralizando” el asunto? Corral va ganando; no hay que convertir la victoria en derrota.
22 Enero 2018 04:00:00
El Frente en CDMX
La cantidad de presagios negativos a propósito del Frente opositor (le sigo llamando así porque no recuerdo nunca el nombre jurídico, y me gusta más este) sólo se ve superada por la de columnas donde se afirma que Meade es un hombre honesto y AMLO un peligro para México (con términos actualizados). Durante meses, se argumentó que jamás los tres partidos se pondrían de acuerdo en un candidato presidencial (“unidos hasta que la candidatura los separe”); que nunca podrían repartir de manera satisfactoria para todos los 300 distritos uninominales de diputados federales, o las 128 senadurías por estados o de lista; o las ocho candidaturas a gobiernos estatales; o, por último, pero quizás en primer lugar después de la Presidencia, la candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Todos estos malos augurios se disiparon. Con algunas excepciones –ciertos distritos, el estado de Morelos, las senadurías de Nuevo León– se lograron prácticamente todos los acuerdos buscados. Faltaba un escollo, y de nuevo surgieron las voces del escepticismo: aun concediendo que la CDMX le tocaba al PRD, las tribus del partido del sol azteca eran capaces de destruir todo. Habría, de nuevo, divisiones, desencanto de los perdedores, prepotencia de los ganadores, escisiones y brazos caídos. Falta decir que estas previsiones preñadas de pesimismo no carecían de fundamento. La complejidad de la operación política de la alianza ahuyentaba y desalentaba a cualquiera; los antecedentes no eran buenos; los ataques de fuera hacia dentro, de adentro hacia fuera, y de todos contra todos no auguraban un desenlace afortunado. Sin embargo, lo hubo.

Faltaba la CDMX. Al final, también se superó ese lance. El PRD, por orientación de Miguel Ángel Mancera, escogió un método tortuoso pero al final eficaz para seleccionar a su candidato: una campaña breve que desde luego favorecía a la de mayor reconocimiento social: Alejandra Barrales; tres encuestadoras formulando las mismas preguntas con muestras espejo; y al final una asamblea del partido en la CDMX para avalar el resultado de las encuestas. En vista de los estragos que un método en teoría semejante había generado dentro de Morena para el mismo cargo, junto con la historia de primarias mal logradas dentro del PRD, para cargos de elección o de dirección, había razones fundadas para temer que esto acabara en un tiradero. No fue el caso. En efecto, ganó Alejandra Barrales, que era probablemente la que a pesar de todo prefería Mancera. Y los otros dos candidatos, en particular Salomón Chertorivski, le alzaron la mano, reconocieron su derrota y se comprometieron a apoyarla y a hacer campaña con ella.

Aunque sé que le tocaba de alguna manera a Barrales dicha candidatura desde hace tiempo, y creo que puede ser una excelente aspirante si Mancera pone a trabajar a todo el aparato y el dinero del Gobierno de la CDMX, probablemente hubiera preferido a Chertorivski. No porque fuera mejor o peor candidato, ni porque tenga una buena relación personal con él desde hace muchos años. Sino más bien porque hubiera sido la primera figura destacada entre todas las candidaturas del Frente que no perteneciera a cualquiera de los partidos que lo integran. Se ha dicho hasta la saciedad que lo que se llamó el Frente Ciudadano no parecía muy propiamente ciudadano que digamos. Pero la candidatura de Chertorivski le hubiera impreso un sello ciudadano que mucha falta le hace. Barrales será una muy buena candidata y si logra el millón y medio de votos, o el 30% de la votación, que se ha propuesto el Frente en la CDMX, eso puede casi garantizarle una victoria en la elección presidencial a Ricardo Anaya.

Hay un último presagio negativo pendiente. Se trata de las dudas que abundan en muchos círculos sobre la posibilidad de que los tres partidos incluyan a figuras no partidistas en sus listas para diputados, senadores, delegados y asambleístas, o para los principales cargos de dirección en la campaña de Anaya y del Frente como tal. Yo nunca creí en los vaticinios adversos de los últimos seis o siete meses, en parte porque veía de más cerca la operación política para armar al Frente, y en parte porque no tenía ningún interés, en un sentido o en otro, que me cegara ante lo que estaba sucediendo. En el caso de la inclusión de figuras no partidistas confieso que soy un poco más escéptico que en los otros temas. Pero de cualquier manera creo que así como el Frente ha logrado sortear todos los obstáculos que se le han presentado hasta ahora, podrá, si así lo decide, cumplir también con ese compromiso o promesa que sí puede hacer la diferencia entre López Obrador y Anaya. De Meade mejor ni hablamos.
19 Enero 2018 04:00:00
2000 vs 2018
En un inteligente artículo de este jueves, Carlos Elizondo establece un paralelismo entre la elección del 2000 y la del 2018. Compara las cifras económicas de ambos años y sexenios; coteja la popularidad de Ernesto Zedillo con la de Enrique Peña Nieto; propone otras comparaciones interesantes. Concluye, si entendí bien, que lo más probable es que ambas elecciones se parezcan mucho, y que por tanto es poco probable que el candidato del PRI hoy pueda correr una suerte distinta al de entonces. Pero que no es del todo imposible que eso suceda.

Me gusta la comparación. Quisiera agregarle algunos elementos que pueden complementar el análisis de Elizondo. En particular, sugiero algunos datos e impresiones de la campaña de Fox, y de cómo veíamos desde esa perspectiva la campaña de Labastida. Quizás no comparta del todo la tesis de Elizondo de que una de las diferencias entre el 2000 y el 2018 sea que Zedillo no se metió, y que Peña se va a meter mucho. Zedillo sí se metió a fondo a favor de Labastida, pero a finales de mayo de ese año desistió de su empeño. Cuando se percató de la creciente probabilidad de que Fox ganara, efectivamente, fijó una sana distancia, pero sólo hasta entonces.

El problema de Labastida fue muy parecido al de José Antonio Meade hoy. Zedillo y el PRI no podían más que intentar constantemente influir en la campaña de Labastida, en los políticos que la operaban, y sobre todo en los candidatos que la acompañaban. Hubo varios momentos decisivos en la campaña, los debates al final siendo los más importantes. Pero quizás el verdadero momento de inflexión, que sí se notó en las encuestas, pero sobre todo en lo que los franceses llaman “el aire del tiempo”, fueron las famosas listas: cuando estuvieron “listas las listas”.

Me refiero a las candidaturas a diputados, a senadores, apenas por segunda vez a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, y para algunas otras gubernaturas (menos que ahora). Por más que Labastida contaba con una larga experiencia en el PRI y en el Gobierno –había sido gobernador de su estado y titular de tres carteras del gabinete–, no pudo desprenderse por completo de las injerencias de Zedillo y del PRI en las famosas listas. Su virtual coordinador de campaña, Esteban Moctezuma, siendo un joven político con ángel y vitalidad, siéndole leal a Labastida, lo era también en alguna medida a Zedillo. Había sido su secretario de Gobernación y de Sedesol. Pero cuando surgieron los dinosaurios de siempre para las candidaturas a diputados y senadores, en la campaña de Fox vimos claramente que Labastida no tenía el margen para separarse de Zedillo. Fue una de sus grandes vulnerabilidades, aunque, como lo dice Elizondo, la popularidad de Zedillo era muy elevada en ese momento. La de Zedillo: no la del PRI.

Al comprobar que podía seguir siendo factible y redituable pintar a Labastida de rojo, asociarlo lo más posible con el PRI, y dentro del PRI, con lo peor del mismo, muchos de cuyos representantes se encontraban en las listas, en la campaña de Fox se discernió una gran oportunidad. También comprobamos que Francisco Labastida no disponía de mayor margen, que no era ni mucho menos lo peor del PRI, sino quizá de lo mejor, ya sea para acercársele más a Zedillo y sacarle mayor apoyo, ya sea para alejarse y romper con él.

El dilema eterno de cualquier candidato del PRI se tuvo que resolver ya en condiciones distintas a las de antes. Desde Manuel Ávila Camacho, designado por Lázaro Cárdenas, todos los candidatos del PRI se han distanciado en mayor o menor medida de quien “los hizo mujer”. La separación siempre provocó tensiones, de nuevo, mayores o menores. Todos recordamos la anécdota de Díaz Ordaz, que en algún momento contempló la posibilidad de desplazar a Luis Echeverría como candidato. En todo caso, una vez Echeverría presidente, cada vez que se rasuraba en la mañana y se veía en el espejo, se auto-insultaba con una palabra irrepetible.

Pero una vez que hay contrincante, la separación se vuelve prácticamente imposible. Fue muy compleja para Colosio –poco tiempo– y para Zedillo –mucho más tiempo– en 1994. Fue imposible para Labastida. Todo indica que lo ha sido y lo será también para Meade. Entonces, quizás, el 2018 se parece al 2000 también en este sentido.
17 Enero 2018 04:00:00
Ni perdón ni olvido
El 15 de enero el presidente Peña Nieto hizo unas declaraciones en apariencia inobjetables, incluso inocuas, sobre el crimen organizado y el narco. Supongo que en respuesta a las sugerencias medio en clave de Andrés Manuel López Obrador sobre una posible amnistía para quienes cultivan amapola y mariguana, o quienes trafican cocaína, fentanyl, heroína y mariguana, dijo: “Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia no puede haber perdón ni olvido para los delincuentes, no puede haber borrón y cuenta nueva. Dejar hacer y dejar pasar a los criminales significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México”.

Más claro ni el agua. De la misma manera que el apoyo de México, y del propio Peña Nieto para el proceso de paz en Colombia ha sido contundente, incondicional y solidario. No solo en lo tocante con las FARC, sino también, hacia adelante, con el ELN, sino, aunque no le haya tocado a EPN, con las AUC, o Autodefensas Unidas de Colombia, es decir los paramilitares, cuando Álvaro Uribe llegó a un acuerdo de entrega y desarme con ellos. Ahora bien, los buenos espíritus y los ignorantes de buena fe pueden alegar que ni las FARC ni el ELN, ni las AUC eran delincuentes o criminales, menos aún narcos: sólo guerrilleros de izquierda o de derecha, equivocados sin duda, pero que luchaban, también de buena fe, por una causa más o menos noble. Por ello, se justificaba una negociación con ellos, no por narcos ni por maleantes.

Asimismo, el Estado de Israel ha afirmado a veces que no negocia con terroristas o criminales. Pero negoció los acuerdos Oslo con la OLP cuando esta aún no reconocía el derecho de Israel de existir y cuando no controlaba a varios de los grupos que la componían. Asimismo, ha canjeado a cientos de presos palestinos por uno o dos soldados de Tajal (origen de la serie de televisión Homeland) retenidos por los palestinos. Con Hamás canjeó justamente a Guilad Schalit, antecesor de Brody, por 477 presos palestinos. Podríamos enumerar decenas de casos donde estados democráticos dialogan, negocian y llegan a acuerdos con quienes habían anteriormente designado como terroristas, criminales, asesinos o delincuentes.

El tema colombiano es el más interesante, porque encierra una amalgama relativamente pura de actividad criminal desprovista de cualquier ideología o causa política, con estas últimas. Los tres grupos eran a la vez organizaciones armadas con algún tipo de causa, y narcotraficantes. Empezaron (las FARC) a principios de los años 80, gravando a los campesinos que cultivaban hoja de coca. Posteriormente, procesaron la pasta, produjeron polvo, e incluso traficaron. Quienes desconozcan la historia pueden consultarla en las grandes series colombianas (el Cártel de los Sapos, o el Patrón del Mal, entre otras). En otras palabras, el Estado colombiano negoció con narcos en casos distintos a la célebre entrega negociada de Pablo Escobar a principios de la década de los 90. Esa negociación ha sido en general considerada como un fracaso; las de Uribe y Santos, como un éxito. A tal grado los acuerdos de paz con las FARC implican explícitamente a narcos como un perdón, que incluyen un capítulo sobre narcotráfico y amnistía y reinserción. Fue el caso de otra negociación, también apoyada por México, en El Salvador, entre las maras y el gobierno de Mauricio Funes. Muchos consideran que dicha negociación, aunque recibió la bendición de la OEA, también fracasó, aunque la estrategia de “mano dura” del siguiente gobierno salvadoreño tampoco prosperó.

A reserva de encontrar excepciones, o de victorias aplastantes sin negociación alguna (Alemania y Japón en 1945), siempre se negocia con enemigos, nunca con amigos. Y en una guerra, los enemigos siempre son malos: criminales, delincuentes, terroristas, asesinos. Los unos lo son realmente, y son eso nada más. Otros revisten características complejas: son terroristas, y luchadores de liberación nacional también (FLN en Argelia, OLP hasta 1992). Unos son narcos y guerrilleros, otros narcos y campesinos que cultivan hoja de coca o amapola. Otros son capos a secas, como Von Braun, Heisenberg, los militares chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, guatemaltecos, etc. ¿Ni perdón ni olvido? Sin perdón no hay rendición, desarme ni reinserción. El olvido es otra cosa; la vida no es un bolero.
15 Enero 2018 04:00:00
John Feeley o el juramento incumplible
La semana pasada se hizo pública la renuncia del embajador de Estados Unidos en Panamá. Entregó su carta de renuncia en diciembre, y se volverá efectiva en marzo. Junto con el encargado de negocios norteamericano en Beijing, se trata del único par de jefes de misión bajo Donald Trump en haberse negado a seguir siendo sus representantes ante otro Gobierno, a un año de haber tomado posesión.

Feeley fue consejero político en la Embajada estadunidense en México a principios de este siglo, y después Deputy Chief of Mission, o segundo de abordo, entre 2009 y 2012. Por lo tanto, tiene muchos y buenos amigos en México, entre los cuales me siento orgulloso de contarme. La nota que escribo debe leerse en ese contexto.

Habiendo sido de joven piloto de helicóptero en el cuerpo de Marines, ingresó al servicio exterior de su país hace 30 años. Las líneas más importantes de su explicación son las siguientes: “Como joven funcionario del servicio exterior, firmé un juramento de seguir lealmente al Presidente y a su Administración de manera apolítica, aún cuando pudiera no estar de acuerdo con algunas posturas determinadas. Mis mentores me aclararon que si yo llegaba a creer que no podía cumplir ese juramento, mi honor me obligaría a renunciar. Ese momento ha llegado”. Me consta que en sus diversos cargos, Feeley manifestó desacuerdos, incluso con el Gobierno de Obama, entre 2009 y 2015, que no lo llevaron a renunciar. Transitó por uno de los momentos más difíciles de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos en 2010, cuando el presidente Felipe Calderón expulsó al embajador Carlos Pascual de México (entonces jefe y amigo de Feeley), con el pretexto de un cable de Wikileaks, pero en realidad por haberse relacionado amorosamente con la hija de un alto dirigente del PRI (entonces partido de oposición). La secretaria de Estado Hillary Clinton aceptó sin mayores miramientos la expulsión, actitud que algunos pudieran haber cuestionado. Feeley no.

Pero Trump rebasó el límite de lo aceptable para Feeley, incluso antes de haberse referido a Haití, El Salvador y a varios “países africanos” en los términos que se dieron a conocer hace unos días. Su decisión refleja el dilema que viven todos los integrantes de un servicio civil de carrera, como lo es el servicio exterior en la gran mayoría de los países, incluyendo desde luego al nuestro. Por un lado, trabajan para el Estado, no para un gobierno en particular, a diferencia de los múltiples funcionarios en diversas cancillerías que responden a nombramientos políticos. Su lealtad se debe al Estado, no al Presidente de turno. Pero en política exterior, y en realidad en la política a secas, las decisiones presidenciales revisten un peso específico que no puede ser siempre ignorado. En México tuvimos el caso de Octavio Paz, miembro del Servicio Exterior Mexicano, quien solicitó licencia en 1968 después de la matanza de Tlatelolco, un acto de política interna que sin embargo imposibilitó la estadía del poeta en la India como representante del Estado y Mandatario responsables de las muertes acontecidas.

Tanto en América Latina como en Europa, abundan las circunstancias que a lo largo de los últimos 50 años han llevado a numerosos diplomáticos de carrera a “bellos gestos” como el de Feeley. El costo es elevado: el expiloto, con sus 56 años, poseía un futuro atractivo en el Departamento de Estado, ya sea como subsecretario de Estado para América Latina, o como embajador en México o Colombia, países que conoce al detalle.

Por eso es tan noble y encomiable su decisión, y tan aleccionadora. Hay momentos en la vida de un funcionario, aun de carrera, ya sin hablar de designaciones políticas, cuando su permanencia en un Gobierno resulta, a su entender, intolerable, porque lo vuelve cómplice de acciones, definiciones y comportamientos reprobables. Cada quien tiene su propio límite, y los de un funcionario no son extrapolables a otro. Pero en muchos países existen, y no se acata la consigna de la picardía política mexicana: “Antes de la renuncia, hasta la ignominia”.
12 Enero 2018 04:00:00
Fuerza Civil en Nuevo León: ¿modelo para armar?
En días recientes ha surgido un minidebate en Monterrey y en The New York Times sobre el auge y la caída de Fuerza Civil, la policía estatal neoleonesa creada por el entonces gobernador Rodrigo Medina en 2011. El actual gobernador, Jaime Rodríguez, ha respondido con estridencia y coraje a los reportajes del rotativo neoyorquino, y en particular a una persona allí ampliamente citada: Jorge Tello Peón. Algunos lectores recordarán que fue Subsecretario de Gobernación encargado de seguridad nacional bajo Ernesto Zedillo; posteriormente fue contratado por Cemex, donde ocupó una vicepresidencia durante varios años. Según el Times, de alguna manera condujo el proceso de creación y lanzamiento de Fuerza Civil, por cuenta del Gobierno del Estado y del empresariado regiomontano.

“El Bronco” trató a Tello de “empleado” de Medina y le reclamó sus afirmaciones. En una palabra, Tello responsabilizó a “El Bronco” de haber destruido Fuerza Civil por desidia y motivos políticos, y concluyó que ya no quedaba nada de ese proyecto que había sido tan exitoso. Hasta allí la discusión: “Destruyeron todo”, dijo Tello.

Desde luego que Jorge Tello realizó una labor titánica en Nuevo León, que trajo resultados a un plazo relativamente corto. Y en efecto, poco permanece de ese esfuerzo, en el cual el papel de Lorenzo Zambrano fue decisivo. Muchos vieron a Fuerza Civil como un modelo para el resto del país; si su fracaso se debe exclusivamente a la llegada y el descuido o la ineptitud del “Bronco”, puede seguirlo siendo. Pero es posible que el problema encierre otras aristas.

Fuerza Civil se caracterizó, si recuerdo bien, por cuatro características en alguna medida inéditas para una policía estatal. En primer lugar, el número de sus efectivos: debía alcanzar, al terminar el período de Medina, casi 15 mil efectivos. Esta cifra, para una población estatal de aproximadamente 5 millones de habitantes, llevaría la proporción de policías estatales por habitante a una magnitud superior a la de cualquier entidad, con la excepción –a medias– de la CDMX. Si no me equivoco, al salir Medina del Gobierno, el número logrado fue 4 mil 500 elementos, la tercera parte de lo programado.

En segundo lugar, había que pagarle bien a dichos efectivos. Se pensó en un sueldo base de 14 mil pesos al mes, que junto con prestaciones equivalía a casi 20 mil –nada mal, en comparación con otros estados. Se alcanzó esta meta, más o menos: para un número muy inferior de efectivos, por menos tiempo, y sin que se materializaran tan pronto muchas de las prestaciones.

Sobre todo, resultó que la mayoría de los reclutas provenían de otros estados de la República. Ni siquiera con esos sueldos pudieron contratar a una cantidad suficiente de neoloneses.

En tercer lugar, la formación debía constituir un pilar del empeño: 6 meses de academia de policía, complementados por el programa Sinergia de formación continua o mantenimiento de los efectivos.

De nuevo, una meta loable, pero al tratarse de reclutas de estados del sur del país, el nivel educativo y hasta físico de los cadetes no era comparable con el de los reclutas locales en potencia. No bastó el semestre de entrenamiento.

Por último, y esto es lo más grave, buena parte del gasto de lanzamiento y del primer año de sueldos, etc. (digamos el 2012), fue asumida por la iniciativa privada de Monterrey, a través de una especie de impuesto temporal y extraordinario, a la mexicana: informal, pero eficaz. Los impuestos especiales de guerra son comunes en muchos países, y el empresariado regio consideraba que su estado se encontraba en guerra. El problema surgió al concluir el periodo especial: ¿de dónde vendrían los recursos para seguir adelante?

He aquí el gran reto de Fuerza Civil. Crear una policía estatal de primer mundo (CHIPS, simpáticos; Texas Rangers, odiosos) requiere de una estructura fiscal de primer mundo. Alguien tiene que pagar. En Nuevo León, a diferencia de California, no existe un impuesto estatal (en California hay el equivalente de un IVA de 8% y un ISR estatal, también de 8). Ninguna entidad federativa en México posee dinero propio (Chihuahua, la que más). Todo viene de la Federación.

Existirían dos soluciones alternativas: “estadualizar” parcialmente el predial, arrebatándole parte a los municipios, o federalizar el costo de policías estatales de las dimensiones, ambiciones y costo de Fuerza Civil. Es decir, que el gasto destinado a los integrantes comisionados a San Pedro Garza García, por ejemplo, se financiara de una bolsa fiscal nacional que se nutre de los impuestos de todos los mexicanos –IVA, ISR, IEPES, etc. En otras palabras, que una parte de los impuestos que pagan los chiapanecos y oaxaqueños se canalice a pagar los sueldos de la policía del municipio más rico del país. A ver quién es el valiente que propone eso.
10 Enero 2018 04:07:00
¿Tortura en Chihuahua?
Varios priistas distinguidos, incluyendo a Aurelio Nuño, coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade, este último y algunos voceros oficiales adicionales han acusado en estos días al gobernador de Chihuahua de haber ordenado o permitido torturar a Alejandro Gutiérrez. En particular, Antonio Collado, abogado de Gutiérrez, dio detalles de dicha tortura.

Como se sabe, Gutiérrez fue detenido en diciembre por desviar 250 millones de pesos del erario para las campañas del PRI. La acusación de tortura es tan grave que debe ser aclarada de inmediato por Javier Corral y por todos los que lo hemos apoyado en su lucha contra las represalias que la Secretaría de Hacienda ha ejercido con su estado por haber iniciado los procesos en curso contra Gutiérrez.

En tanto miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, y habiendo firmado o mandado ratificar por México al Senado un número importante de convenciones internacionales sobre temas vinculados a la tortura, no puedo hacerme de la vista gorda sobre este asunto. Tampoco resulta aceptable un simple desmentido. No existe autoridad alguna que acepte, de buena gana, que torturó a alguien. Todas dicen que no. Afortunadamente, contamos con una serie de normas nacionales, internacionales –sobre todo el llamado Protocolo de Estambul– y de usos y costumbres para determinar qué es tortura y qué no lo es; cómo se comprueba que la hubo, o que no tuvo lugar; y qué consecuencias reviste su confirmación para el debido proceso, para confesiones o testimonios, etc.

Javier Corral debe actuar en consecuencia. Es imprescindible que de inmediato presente a Alejandro Gutiérrez ante la prensa nacional e internacional, ante la CNDH y las ONG mexicanas, ante el representante en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU y ante ONG internacionales como HRW y Amnistía Internacional. Es indispensable que todos puedan dirigirle preguntas con seguimiento; que pueda mostrar los signos y evidencias de tortura; que pueda nombrar o describir a sus torturadores; y que todo eso quede plasmado en su carpeta de investigación para el juicio o, en su caso, para invalidarlo y asegurar su inmediata liberación.

Ahora bien, cabe en la fatalidad una pequeña posibilidad de exculpación de Corral y de los funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua y demás posibles responsables de la tortura. A saber: que Gutiérrez no logre convencer a quienes acudan a su presentación de que, en efecto, la versión proporcionada por Meade, Nuño y Collado corresponde a la realidad. Se podría alegar, con algo de fundamento, que temió por su vida. Para tranquilidad de Gutiérrez sería preciso asegurar que visitadores de la CNDH, del ACDHONU, de HRW y de AI lo protejan. No se trata de un temor ocioso.

Así, se daría satisfacción a todos. Nadie podría sostener que las acusaciones del PRI son falsas, si resultan ciertas. Y nadie podría repetir o retuitear dichas acusaciones si Gutiérrez fuera incapaz de demostrarlas, de acuerdo con protocolos internacionales, o de persuadirnos de su veracidad, si resultaran falsas.

¿Que esto viola tal vez los bizantinos procedimientos jurídicos mexicanos? Entonces, que conste en actas que todas las partes consintieron a este mecanismo, y que cualquier violación a la normatividad de Chihuahua o federal no fuera incluida en la carpeta. ¿Sí, Javier? ¿Sí, Aurelio?
08 Enero 2018 04:00:00
El caos de Donald Trump
El nuevo libro sobre Trump en la Casa Blanca (Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House), no contiene ni grandes revelaciones ni fuentes excepcionalmente confiables, ni un análisis interesante del primer año del supuesto cuatrienio del mandatario norteamericano. Concluye a mediados de octubre pasado y por lo tanto abarca apenas nueve meses de su periodo. Pero al cumplirse casi un año de su toma de posesión, comienza a ayudarnos a descifrar el principal enigma de la Presidencia de Trump: ¿existe un método shakesperiano en su locura, o se trata simplemente de una aberración en la historia de Estados Unidos sin lógica, sin sentido, sin orden, todo ello producto de la increíble incapacidad física, mental, emocional y sustantiva de un personaje de los tres chiflados, más que de Hamlet?

Hasta dos semanas antes de la elección de 2016, pensé que Trump podía ganar. Me equivoqué al final por las mismas razones que muchos más: los modelos construidos por los encuestadores y promocionados por los medios. Mis razones para creerlo se podían resumir en una sola tesis: dentro del caos, su campaña poseía una lógica propia, y él era el candidato ideal para esa lógica. Buscaba consolidar una base pequeña, pero bien identificada y ubicada regionalmente, movilizarla, y confiar en que los errores de su adversaria bastarían para ganar. Ganó. Hubo, en mi opinión un método en aquella locura.

Del libro de marras extraigo una conclusión contraria: no hay tal método en su Gobierno, ni lo habrá. De las más de 200 entrevistas que presume el autor; de la unanimidad que según él impera tanto en el entorno profesional como familiar de Trump sobre su disfuncionalidad radical para ejercer la presidencia; del deterioro de su comportamiento físico y mental; de la merma, por último, de los integrantes del equipo del Gabinete y de la Casa Blanca, se desprende una sensación de catástrofe inminente.

Steve Bannon, en desgracia por ahora –Trump posee la clara costumbre de reconciliarse con los objetos de sus iras– es citado al final de libro recurriendo al siguiente cálculo: existe 33.3% de probabilidades de que el presidente sea destituido vía impeachment; otras 33.3% de probabilidades de que renuncie, quizás para evitar la aplicación de la enmienda 25 de la Constitución por incapacidad para ejercer el cargo; y las restantes de que termine su primer y único período. El ideólogo inicial de Trump –papel poco envidiable: pensar por alguien carente de pensamiento abstracto– está ardido, obviamente. Como todo estratega, considera que sin el, su anterior discípulo, pupilo o títere se encuentra indefenso y desamparado. Pero el cálculo no suena absurdo. Por mi parte, agregaría una hipótesis adicional: un quebranto de la salud del personaje, debido a cualquiera de sus posibles padecimientos físicos o mentales.

Alguien decía en uno de los programas de televisión del fin de semana que si bien se antoja aberrante la afirmación de Wolff según la cual el 100% de sus interlocutores se hallaban convencidos de la total incapacidad de Trump para ser presidente, si la mitad de la aberración fuera cierta, sería insólito. Demasiada gente en los círculos de poder político, empresarial, intelectual y civil de Estados Unidos ya sabe que Trump pone en peligro la estabilidad del país y del mundo. De acuerdo con el libro, varios de los colaboradores supuestamente sensatos que lo rodean, están a punto de marcharse: despedidos, o hartos. Tillerson, Kushner, McMaster y Kelly, se dice, ya no resisten a la tentación de abandonar el barco antes de que se hunda con ellos.

La palabra inminente –calificando a los sustantivos debacle o fuga– es peligrosa. Puede significar una semana o un año. Pero cualquier lector se quedará con la nítida impresión que el caos descrito en este libro es insostenible, y a la vez inevitable. ¡Hay gran desorden bajo el cielo!, hubiera exclamado el Gran Timonel.
05 Enero 2018 04:00:00
La seguridad de AMLO
La propuesta de seguridad de Andrés Manuel López Obrador tiene, por el menos en parte, el mérito de existir. Contiene una buena dosis de lugares comunes, otra de demagogia –a menos de que sus ideas de amnistía y diálogo se desglosen y se definan con mayor precisión– y unos elementos interesantes, aunque abstractos. Entre ellos destaca la creación de una guardia nacional que englobaría –o no– a todas las policías, al Ejército y a la Marina.

Junto con la (re)creación de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo creador, Alejandro Gertz, afortunadamente pertenece al Consejo Asesor de AMLO, la Guardia Nacional puede ser el primer paso –confuso– hacia la creación de una policía única. Implican ambas la separación de las funciones policiacas de las funciones políticas de la vieja Secretaría de Gobernación, vueltas (o volvidas) a ser fusionadas bajo Peña Nieto, después de que Fox con razón las separó. Si todas las corporaciones se funden en una estructura de Guardia Nacional y se “policisan” los integrantes castrenses, en lugar de militarizar a los policiacos, se habrá avanzado algo.

En alguna reseña de la presentación de López Obrador, leí que sugería la cifra de 350 mil miembros de la Guardia. De ser así, supongo que una buena parte de los elementos de la Defensa y de la Marina se integrarían a la misma, junto con la Policía Federal, y quizás algunas policías municipales o estatales que sirvan (CDMX, Yucatán…). Como de cualquier manera deberá mantenerse la existencia, aunque fuera mínima, de las FFAA, como un estamento aparte, contaríamos con un pequeño ejército, una Policía Federal única y numerosa, y habríamos suprimido a la enorme cantidad de policías municipales o estatales, prácticamente todas inservibles.

No sé si AMLO tenga conciencia de lo que propone. Implica admitir que todas las tonterías que se han dicho sobre el fortalecimiento de las fuerzas municipales o estatales, o sobre la irresponsabilidad de los gobernadores al no asumir sus... responsabilidades. Si fuéramos serios, no repetiríamos las mismas mantras sin preguntarnos por qué no se ha podido lograr lo que se ambiciona. ¿Por qué no sirven las policías municipales? ¿Qué tendría que cambiar para que funcionaran? ¿Por qué los gobernadores no hacen su chamba? ¿Qué tendría que cambiar para que la hicieran?

En cambio, transitar hacia una policía nacional única, como muchos hemos propuesto desde hace más de 10 años, por lo menos encierra la ventaja de explorar algo nuevo. Es obvio para todos que todo lo hecho hasta ahora no ha funcionado. También debiera ser evidente que lo disfuncional es el andamiaje institucional mexicano, simulador de un falso federalismo en un país donde lo que marcha bien es lo nacional. Entonces plantearse la posibilidad de reestructurar las instituciones de seguridad civil y militar no es necesariamente una mala idea, aunque no sepa yo, por lo menos, exactamente que entiende AMLO por ello.

Sobrela amnistía y el diálogo propuestos por López Obrador, confieso que no acabo de entender. ¿Amnistía para los campesinos si dejen de sembrar amapola o mariguana, o para que sigan cultivando? ¿Diálogo con capos para que se entreguen, o para que se dediquen a lo suyo –el narco– y no a lo ajeno –extorsión, ordeña, secuestro, etc.? Cuando nos explique, habrá que tomar en serio las “ocurrencias” de AMLO, para descalificarlas, o para entenderlas y juzgarlas.
29 Diciembre 2017 04:05:00
Los medios mexicanos y The New York Times (2)
En la soterrada y mínima discusión que ha provocado el reportaje de The New York Times sobre la corrupción y los medios impresos en México, impera una confusión. El corresponsal extranjero afirma algo hasta cierto punto indiscutible: todos los gobiernos mexicanos de la época moderna se han anunciado masivamente en dichos medios –Peña Nieto, más que ninguno– y de ello se deriva una influencia indebida en el contenido, la línea editorial y el trabajo de cada periódico involucrado.

A esto, muchos han respondido, personal o institucionalmente, que en sus páginas se pueden leer todos los puntos de vista del espectro político e ideológico, que ningún escritor –articulista, editorialista, columnista o comentócrata, según el término preferido de cada quien– ha sido censurado. Comparto, en carne propia, esta afirmación. En 2018, cumpliré 40 años publicando notas en varios foros: Proceso, La Jornada, Reforma, Milenio y El Financiero. Nunca he recibido presión, o censura alguna para escribir, o dejar de escribir, algo: crítica, apoyo, denuncia, reflexión interesante o aburrida. Sin atreverme a ser absolutista o categórico, me atrevo a pensar que son contadas las excepciones, a lo largo de los últimos 20 años por lo menos, que contradigan la mía. Los medios electrónicos podrán constituir un caso diferente, pero durante más de 30 años de colaborar con regularidad en los programas conducidos por José Gutiérrez Vivó, Ciro Gómez Leyva, José Cárdenas y Joaquín López Dóriga, con la excepción del periodo de negociación del TLC en 1991-1992 con Grupo Radio Centro, jamás me han pedido los dueños de estas difusoras omitir un tema, o incluir otro. Puedo decir lo mismo de Televisa.

El problema es que ese no es el problema. Incluso para egos del tamaño del mío, debe ser evidente a estas alturas que, a los sucesivos gobiernos de la República, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña, las columnas no importan. El más prestigiado de los articulistas pesa mucho menos que una primera plana a modo, o que un corresponsal extranjero domesticado. La influencia ejercida por el Gobierno –o por los anunciantes, en algunos casos– no se dirige a los editorialistas, críticos o zalameros. Se concentra en las primeras planas.

Una segunda preocupación de los gobiernos es también proactiva: la jerarquía de las noticias, y la forma en que se presentan. Ejemplo: anteayer el peso recuperó 15 centavos frente al dólar, en buena medida gracias a una subasta de 500 millones de dólares de Banxico. La cabeza pueda rezar: “Se fortaleció el peso .15”, o “Banxico defiende el peso con 500 millones de dólares, sin mayor impacto”. Es obvio cuál presentación le conviene más al Gobierno. Cómo es transparente la postura gubernamental de preferir que las malas noticias se entierren en páginas interiores de los diarios, y no en la página 2 o 3.

Una tercera consideración estriba en consolidar una actitud pasiva de determinados medios: que no realicen trabajo investigativo. No cuesta mucho lograrlo: la tradición al respecto, en nuestro país, es breve, estrecha y sin arraigo. Pero siempre es preferible contar con la anuencia de los dueños en esta materia, para que no haya sorpresas, sólo filtraciones.

Toca al lector llevar a cabo una tarea en buena medida ociosa, pero ilustrativa. Se trata de revisar las primeras planas, a lo largo de un mes, de los rotativos señalados por The New York Times como los casos emblemáticos del lamentable panorama que describe: El Universal, Milenio, Excélsior y La Jornada. Luego, el lector puede animarse a estudiar la presentación y jerarquía de las noticias en los mismos diarios durante una semana o dos: cómo y dónde aparecen las buenas ... y las malas. Por último, que ojee las columnas de mis colegas de la comentocracia en los mismos medios. Muchos de ellos son entrañables amigos, o distinguidos académicos, políticos o periodistas cuyas posiciones no comparto. En efecto, en las planas editoriales de estos periódicos, el lector encontrará el mosaico de opiniones propio de un país plural y heterogéneo como el nuestro.

Cuando el lector concluya este ejercicio, se hallará en situación de converger con el corresponsal del New York Times, o de rechazar sus puntos de vista. Le apuesto a que estará de acuerdo.
27 Diciembre 2017 04:05:00
Los medios mexicanos y The New York Times
El día de Navidad, el diario norteamericano The New York Times publicó nuevamente un largo reportaje, casi un ensayo, de plana entera, con llamada en la primera plana, ahora sobre lo que llaman “la corrupción y la subordinación de los medios” en México (para aclarar: desde hace 5 meses soy editorialista contratado por The New York Times para entregar una columna mensual). Dicho artículo enumera una gran cantidad de ejemplos de cómo gracias a las exorbitantes cantidades de dinero que ha gastado el Gobierno de Peña Nieto en publicidad oficial, de la cual dependen la enorme mayoría de los medios impresos en México, dichos medios han aceptado, o se han visto obligados a aceptar, formas diversas y de distinta intensidad, de censura. Se refiere en particular a los casos de La Jornada, Milenio, El Universal y Excélsior.

Se le puede quizás reprochar al artículo el no referirse a los medios electrónicos, que también reciben enormes cantidades de publicidad, o que no haya consultado las suficientes fuentes simpatizantes del Gobierno o de los medios impresos, para balancear el contenido. Yo no comparto esos reproches, pero quizás tengan sentido. Lo más importante, sin embargo, del reportaje, es lo que ha sucedido desde que fue escrito, es decir hace varias semanas, antes desde luego de que fuera publicado. Me refiero a la acción de esos mismos medios mexicanos ante dicho reportaje, y el que se publicó hace un poco más de una semana, también en el mismo diario, sobre el escándalo de corrupción y del desvío de fondos en el estado de Chihuahua. Conviene recordar que si bien Reforma publicó una especie de adelanto de ese proceso, la denuncia provino en realidad de otra larguísima investigación del mismo corresponsal del The New York Times en México, que duró más de 5 meses en llevar a cabo. Cuando digo reacción es un eufemismo: se trata del silencio.

En el caso del escándalo de Chihuahua, salvo Reforma, ninguno de los diarios citados, y algunos más, llevaron el tema en primera plana y varios ni siquiera lo mencionaron. En el caso del artículo sobre la corrupción de los medios impresos en México, con la excepción de Reforma, ninguno dijo absolutamente nada, con la extraña excepción de Milenio y El Universal, que le responden al rotativo neoyorquino sin publicar ni siquiera un resumen del artículo al que responden. Me parece que mejor prueba de la veracidad del periódico sería difícil de encontrar.

Detrás de todo esto no se encuentra ni Carlos Slim, ni mucho menos, como sugiere mi amigo Federico Arreola, el que esto escribe. Es lógico que la prensa extranjera se ocupe de temas mexicanos en un momento, es decir, desde principios del año pasado en México, gracias a Donald Trump, es un tema fundamental de la actualidad mundial. Es lógico también que la mayoría de los medios internacionales que cubren al país, lo hacen sobre la actualidad inmediata: reportan sobre el acontecer diario o en todo caso semanal. El largo reportaje investigativo, que sí suelen muchos llevar a cabo sobre temas internos de cada uno de sus respectivos países o de otros países, no es lo fuerte de los impresos mundiales. Pero cuando un diario con los recursos, el prestigio y la experiencia de The New York Times decide concentrar el tiempo, el esfuerzo y el talento de su corresponsal en un país determinado, a largos reportajes investigativos sobre temas cruciales, es difícil esperar que no traiga consigo revelaciones de hechos nuevos o denuncias de hechos viejos. Esto sucedió ahora con México. No hay nada extraño. Sólo les formularía a los lectores de esta columna la siguiente pregunta: ¿en verdad creen que los 2 mil millones de dólares de publicidad gubernamental en los medios durante este sexenio no tuvieron ninguna influencia sobre el contenido de las publicaciones? Otra pregunta: ¿están dispuestos a afirmar que en México la publicidad gubernamental nunca ha sido un factor de influencia o de presión o de censura en los medios mexicanos? “No te pago para que me pegues”. ¿Fue una puntada de José López Portillo o una profunda verdad?
22 Diciembre 2017 04:07:00
¿Por qué César Duarte no?
Habrá mil cosas que comentar a propósito de la detención de Alejandro Gutiérrez en Coahuila, para ser trasladado a Chihuahua. Más se podrá especular sobre la veracidad de la acusación en su contra, y según Reforma y The New York Times, sobre el desvío de más de 250 millones de pesos a las campañas del PRI en 2016. Y aún más podremos aventurarnos, sin miedo a equivocarnos, en relación con otras operaciones de esta misma naturaleza en otros estados. Por último, habrá tiempo para descifrar un gran enigma: si el PRI desvió, obtuvo y gastó tantos miles de millones de pesos en las 12 contiendas electorales para gobernador del 2016, ¿por qué perdió 9 de ellas?

Pero en este momento quisiera detenerme en una faceta muy particular del caso Chihuahua. Según el periódico neoyorquino, César Duarte, el exgobernador de ese estado, huyó a Estados Unidos, donde “está evadiendo cargos federales y estatales de corrupción... Su hija es ciudadana norteamericana, y de acuerdo con documentos jurídicos revisados por el Times, el exgobernador ha solicitado la residencia permanente en Estados Unidos”.

La gran interrogante que se ha formulado en múltiples ocasiones Javier Corral, el actual gobernador, se refiere al motivo del Gobierno de Estados Unidos de no deportar a Duarte en vista de su situación migratoria irregular. Pregunta que Corral le ha dirigido también a las autoridades norteamericanas.

Me explico. En el caso de Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, la cosa es más clara. Desde el 19 de junio de 2015, el mismo rotativo estadunidense informó de la acusación en su contra por un gran jurado en San Antonio, Texas. Anduvo como Pedro por su casa en México –tuve el honor de saludarlo en un restaurante de Polanco hace un año–, hasta que fue detenido hace un par de meses. Sólo entonces Washington solicitó su extradición. No antes, y por ello no había sido arrestado en México, porque las autoridades mexicanas les habían explicado a las norteamericanas que una solicitud de detención provisional no sería aceptada.

Duarte no tiene nacionalidad norteamericana. Cuando se trasladó a Estados Unidos, hace más o menos un año, lo hizo con una visa B1-B2, ya que tampoco contaba con la “green card” que ahora ha solicitado. Por lo tanto, ha permanecido en Estados Unidos más de un año con visa de turista. Se entiende que el Gobierno de México no solicite su extradición, aunque Corral ha insistido en ello. No se entiende la razón por la cual el Gobierno de Estados Unidos no ha accedido a la petición de Corral de expulsarlo a México en vista de esa situación migratoria ilegal.

En el caso de Guatemala, desde la definición del exvicepresidente Joe Biden, hace casi 3 años, en torno al financiamiento norteamericano de la CICIG y de la alianza por la prosperidad, Washington ha sostenido que el combate a la corrupción en países cuya estabilidad es un asunto de seguridad nacional de Estados Unidos, es un asunto de seguridad nacional. En el caso de México en tiempos recientes, esto ha comenzado a ser cierto –ver el caso de Tomás Yarrington, el propio Eugenio Hernández, probablemente el de Roberto Borge en Panamá, el fiscal Édgar Veytia de Nayarit. Pero en el caso de César Duarte no. Sólo se me ocurren dos explicaciones. La primera es que el Gobierno de México, a diferencia de los otros casos citados, en este ha insistido con vigor en la importancia de que Duarte permanezca en libertad. La otra, más complicada, es que Estados Unidos haya comprendido que toda denuncia de corrupción en México, abona a favor de AMLO en las elecciones del 1 de julio, a menos que se demuestre lo contrario. Es mejor esperar hasta después de dichas elecciones.
20 Diciembre 2017 04:00:00
¿Es la corrupción, estúpidos?
En algún momento las campañas de Ricardo Anaya y José Antonio Meade se verán obligadas a incluir una mayor dosis de sustancia en sus pronunciamientos de oratoria o mediáticos. López Obrador ya lo ha hecho, con su Plan de Nación de más de 400 páginas, aunque buena parte de la sustancia allí plasmada es confusa y no aparece con frecuencia en los discursos, spots o videos del candidato. Ninguna campaña esgrima pura sustancia, pero algo de vez en cuando se antoja necesario. El Frente ha dado un buen paso adelante con el Ingreso Básico Universal, y Meade ha adoptado como programa las reformas de Peña Nieto. Es algo, pero no suficiente para la larga marcha que concluye el 1 de julio.

Como no se puede todo al mismo tiempo, cada candidato deberá escoger dónde desea concentrar el ingrediente de sustancia que le inyecte a su retórica. Por distintas razones, ni Meade ni López Obrador pueden adoptar el tema de la corrupción como primer insumo de sustancia en sus campañas. AMLO, porque ya se auto-limitó, por lo menos discursivamente, a combatir la corrupción futura, perdonando la pasada. Meade, por obvias razones, no puede adentrarse en las aguas pantanosas de la interminable corrupción de las dos administraciones a las cuales perteneció (en primera línea). Anaya sí puede, pero no sin complicaciones.

El meollo del asunto es la impunidad, es decir, la ausencia de castigos por crímenes pasados. Para que haya consecuencias, se debe investigar, y no, como dijo Vicente Fox en el 2001, simplemente esperar que “aparezcan pruebas”. Sólo aparecen, si se buscan. La pregunta entonces es ¿Quién las busca, y dónde? Si se deja en manos de la justicia ordinaria, o incluso de las aún inexistentes instituciones del sistema anticorrupción, es altamente improbable que se encuentren las mentadas pruebas.

Por ello, llámese como se llame, es indispensable algún instrumento ad hoc, excepcional, para realizar las faenas que las podridas e impotentes instituciones existentes jamás podrán llevar a cabo. Sin proponer algo en este sentido –Comisión de la Verdad, Investigadora, Contra la Impunidad, de Retrovisor, etc.– carecerá de credibilidad y de eficacia la advertencia de proceder contra los funcionarios de este régimen y por lo menos de los dos que lo precedieron (Calderón y Fox). Buscar, y si se encuentra, sentenciar; si no se encuentra, absolver.

Pero esta es sólo la primera complicación. La otra es de índole política. Existen dos peligros para este enfoque. El primero es que Peña Nieto y su gente se espanten, y concluyan que, con todo y todo, les conviene más que llegue Andrés Manuel a la Presidencia que Anaya. La supuesta animosidad personal ya existente entre el Presidente y el candidato opositor abonaría a esta hipótesis. El segundo peligro yace en la actitud del empresariado. Muchos ven con malos ojos que el Frente ataque al candidato del PRI, y peor todavía, que haga del combate a la corrupción, incluyendo zanjar cuentas con el pasado, la piedra de toque de su campaña.

Algunos empresarios piensan que eso sólo fortalece a AMLO, debilita a Meade –su consentido– y no aporta nada positivo. La creencia es lógica, interesada y falsa. Dejarle la bandera de la lucha contra la corrupción a AMLO equivale a entregarle la victoria. No atacar la impunidad por el pasado, garantiza la del futuro.
18 Diciembre 2017 04:00:00
Las posibles y chistosas travesuras de Osorio
En 1987, Miguel de la Madrid concluyó que no debía remover a Manuel Bartlett de la Secretaría de Gobernación, aunque hubiera perdido en la contienda tácita para sucederlo. Pensó que Bartlett se entendería bien con Carlos Salinas, el ganador, y que prefería a un hombre “leal” y conocedor de la nueva ley electoral a un improvisado o desconocido. Lo demás es historia.

Como cuenta Salinas, Bartlett era el encargado, entre otras cosas, de los partidos paleros y los dejó sueltos. Primero el PARM, luego el PPS y el llamado Ferrocarril postularon a Cuauhtémoc Cárdenas para la Presidencia. Como lo muestra un magnífico estudio de Francisco Cantú, resumido en un breve artículo en Nexos –A la luz de las actas: Un análisis de la elección presidencial de 1988– nadie puede asegurar la victoria de Salinas con datos en la mano.

En parte por eso, el propio Salinas, en 1993, decidió mover a Manuel Camacho, aspirante derrotado por Luis Donald Colosio, del DF a Relaciones. En la Ciudad de México, un Camacho resentido le hubiera podido jugar rudo a Colosio; desde la SRE resultaba inofensivo. Después vino el alzamiento en Chiapas, la designación de Camacho como comisionado para la Paz, y los dolores de muelas, de cabeza y de lo demás que le infligió a Colosio hasta la víspera de su muerte. La lección es clara. En el viejo juego de la sucesión priista, no hay perdedor leal o solidario: sólo ardidos.

Vía rumores, he escuchado desde hace medio año cómo varios colaboradores cercanos de Peña Nieto se han esforzado de convencer al Presidente de defenestrar a Miguel Osorio Chong de Bucareli, una vez que pareció evidente que no sería el candidato de EPN. Pensaban, invocando los precedentes citados, que el secretario de Gobernación no resistiría a la tentación de golpear, por lo menos en una postura pasiva-agresiva, a quien saliera favorecido por la decisión de Peña. Lo negaría hasta la muerte, pero no podría dejar de perseverar en su ser natural (Spinoza), o, cual alacrán fiel a sí mismo, de picar a la ranita (dicho popular mexicano).

Existen buenas razones para suponer –y sólo supongo: no cuento con datos duros- que así fue. Dos ejemplos: la alianza del PES con AMLO, y la coincidencia de la de Nueva Alianza con la prisión domiciliaria dictada por fin a Elba Esther Gordillo. Algunos dirán que me encantan las teorías de la conspiración, y tendrán razón.

El PES tenía dueño, y se llamaba Osorio Chong. Se alió con Andrés Manuel en una hábil maniobra de este último: Elena y Jesusa igual votarán por el, pero los evangélicos de Hidalgo, Oaxaca y varios estados más pueden valer oro. ¿No lo podía evitar Osorio? Si les expedientes que utilizó para amenazar a los dirigentes del PES no bastaban ¿no había otros? Me resulta difícil de creer que el secretario de Gobernación de un gobierno con la mano pesada no hubiera podido tirar esa alianza.

Lo de Elba Esther es más retorcido. Se ha interpretado la coincidencia ya mencionada como prueba de un quid pro quo entre el PRI y su presa del sexenio. A cambio de convencer al Panal de apoyar a Meade, se le concedió la casa por cárcel a la maestra. No me cuadra la explicación. Aunque hablo poco de política con Elba, y evito temas polémicos como las comprensibles críticas de Ricardo Anaya a Felipe Calderón por el poder que ella alcanzó durante su sexenio, creo entender que alucina a los actuales líderes del Panal, y que el sentimiento es mutuo. Dudo que impere comunicación alguna entre ellos y Elba.

Por otra parte, Nueva Alianza no tenía adonde ir, más que con el PRI, una vez que el Frente se negó a recibirlos. Solos, y sin el apoyo del SNTE que Elba Esther les arrimó desde 2005, perdían el registro. ¿Entonces? Hipótesis: Osorio juntó en el tiempo dos hechos completamente separados –la alianza, y el regreso de Elba a su casa– para golpear a Meade. Aparece el ya groggy candidato del PRI como el responsable de una jugada odiosa del Gobierno: “liberar” a Gordillo a cambio del apoyo de “su” partido a la candidatura priista. ¿Que Osorio no es capaz de tamaña travesura? Pregúntenle a Bartlett.
15 Diciembre 2017 04:07:00
TLC y campaña electoral
Empieza una cuenta regresiva para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No porque Trump vaya a reventar el acuerdo, parándose de la mesa (lo cual puede suceder), ni tampoco por el calendario electoral mexicano o norteamericano (que también incide), sino por otras dos razones. Una norteamericana, otra mexicana. Primero, la primera. Cada día es más probable que tres de los principales interlocutores del Gobierno de Peña Nieto en Washington tengan los días contados. El yerno de oro, Jared Kushner, quien según los medios estadunidenses ya perdió influencia con su suegro, se encuentra al borde de una imputación (“indictment”) penal por el fiscal especial Mueller. En estos casos, la información pública en ocasiones es más confiable que la “confidencial”. El secretario de Estado Tillerson, de acuerdo con todas las versiones y la lógica misma de sus recurrentes humillaciones por parte de su jefe, parece que se marcha en enero.

Por último, el que equivocadamente algunos consideraron como amigo de México, a saber el general John Kelly, jefe de la Oficina de la Casa Blanca, también se siente frustrado y desbordado. Sabe que cada día de más al lado de Trump es una estrella de menos en su larga carrera militar. Ya ha sido tildado –con razón, quizás– de supremacista blanco, ignorante de la historia de Estados Unidos, y menos susceptible de controlar u ordenar a su jefe. Nos quedaríamos, entonces, con el general McMaster, consejero de Seguridad Nacional, el menos influyente y el más alejado de México.

¿Qué tiene que ver todo esto con el TLC, si los negociadores del TLCAN son otros (Ross y Lighthizer)? Mucho, ya que el acuerdo, si lo hay, incluirá de manera inevitable, por México y por Estados Unidos, elementos migratorios (trabajadores agrícolas estacionales, de la industria de la construcción en Houston y Florida, y Dreamers), de seguridad (frontera sur de México) y del narco (la llamada epidemia de opioides). Todo esto se negocia en la Casa Blanca o en el Departamento de Estado, o simplemente no se negocia.

La segunda razón es mexicana. Ya quedó claro que no habrá término de las conversaciones sobre el TLCAN antes de la primavera del año entrante. En otras palabras, un par de meses antes de las elecciones mexicanas. Se entiende que el Gobierno le apueste a que gane su candidato, pero por lo menos debiera aceptar la posibilidad de que no sea el caso. Concluir la negociación de un acuerdo tan importante para México 60 o 70 días antes de que desaparezca el poder real de una administración implicaría una irresponsabilidad terrible. Si nadie lo planteara de esta manera, salvo el que escribe, carecería de cualquier trascendencia. No es el caso. Tanto López Obrador como ahora Anaya han propuesto, por no decir exigido, que la negociación del TLCAN se posponga hasta que haya presidente electo, por lo menos. Imposible saber qué piensa Meade al respecto, porque ni los medios le preguntan (se entiende), ni él piensa ofrecer respuesta alguna (también se entiende). Pero el dilema existe. ¿Qué hacemos? Lo ideal sería lo responsable: fijar una fecha o guillotina para concluir las negociaciones, en vista de la sucesión presidencial. Si no hay acuerdo antes de tal fecha, se suspenden las pláticas hasta que haya nuevo gobierno. ¿Alguien le apostaría al sentido del Estado de Peña o de Meade? 
13 Diciembre 2017 04:06:00
Una ley indebida para una estrategia fallida
Si no es hoy, será mañana o pasado cuando conozcamos el destino de la cuestionada y cuestionable Ley de Seguridad Interior. Aunque el presidente Peña Nieto llamó a escuchar a todas las voces, etc..., persiste la posibilidad –o probabilidad– de que el Senado la apruebe antes de irse de vacaciones el viernes, o unos cuantos días después si encuentran un artilugio legislativo para prolongar el período de sesiones. Más aún, si apostara, le pondría una pequeña suma a la incapacidad de Peña de resistir la tentación de complacer a las FFAA en plena efervescencia sucesoria y al arranque de Guadalupe-Reyes.

Múltiples observadores, especialistas y legisladores se han pronunciado en contra de uno u otro de los componentes de la ley. Desde la eliminación de un incentivo para que los gobernadores hagan el esfuerzo –en mi opinión inútil– de fortalecer las policías civiles en sus estados, hasta la ausencia de un plazo para el retiro obligatorio de los militares, e incluyendo una joya de ambigüedad: el Ejército o la Marina no podrán reprimir o dispersar manifestaciones de naturaleza política o social, pero ¿qué tal una de apoyo a los narcos?

De todas las críticas, aquellas centradas en el tema de derechos humanos son las más rigurosas y severas. Es poco común que todos los niveles de instituciones gubernamentales de derechos humanos –Alto Comisionado de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Senado (que no puede participar en los dictámenes de la minuta) se pronuncien con tal unanimidad y vigor contra una ley en particular. Ya sin hablar de que las organizaciones no-gubernamentales internacionales –como Human Rights Watch y Amnesty International– y nacionales –prácticamente todas– también lo hagan. No tiene mucho caso insistir en estas críticas, basadas en lecturas cuidadosas de la ley, y no en ocurrencias. Por eso me permito subrayar otra faceta de la ley, aún más criticable, y que ha sido subrayada por varios expertos o analistas. Se trata del espíritu de la ley, más allá de su letra.

En el fondo, la propuesta consiste en una consagración de la estrategia de Calderón y de Peña Nieto de utilizar a las FFAA no para contener, administrar o regular al narco en México, como antes, sino para cambiar su naturaleza, y en la medida de lo posible, destruirlo en la forma como lo conocimos. Acabar con los grandes cárteles y capos (la “kingpin strategy” de la DEA), pulverizar al narco y convertirlo en un problema de seguridad pública, ni siquiera interior: esas eran las metas.

Pero como México no cuenta con fuerzas no militares de seguridad pública dignas del nombre, y nos resistimos a adoptar la única estrategia alternativa, a saber, crear una policía nacional única, sustitutiva de las estatales y municipales, todas ellas inservibles, el enfoque Calderón-Peña equivale a eternizar a las FFAA en la guerra. La ley de seguridad interior institucionaliza esa estrategia fallida. Le da no sólo valor jurídico, sino estatuto transexenal, irreversible e intocable.

Los partidarios de seguir con la guerra y la participación de los militares en el combate que debiera ser de fuerzas civiles, podrán recurrir a la ley para justificarse. Los norteamericanos podrán señalarla como antídoto contra el argumento de que los soldados y marinos no son para eso. Al contrario, dirá Washington: ya no tienen ustedes excusa legal, ni pretexto político, ya que su ley fue aprobada con amplia mayoría por ambas cámaras y, en su caso, validada por la Suprema Corte.

Ya lo sabemos. La estrategia entronizada en la ley ha sido un fracaso sangriento, oneroso y devastador para México. Más muertos que nunca; más droga que nunca (ahora heroína y fentanyl procedente de China, como la cocaína de Colombia) encaminada a Estados Unidos, más deterioro de la imagen internacional del país; mayor extensión a todo el territorio nacional. Más que una ley para perpetuarla, necesitamos el santo sepulcro de esta guerra fallida.
11 Diciembre 2017 04:00:00
El Frente: ¿no que no?
Finalmente, como muchos lo habíamos vaticinado, sí hubo Frente y candidato único del mismo a la Presidencia de la República. No hubo método dizque democrático y transparente, pero se pudieron ajustar los tiempos para no perder ventaja ante a los otros dos candidatos presidenciales ya declarados. Además, los tres partidos que lo integran lograron ponerse de acuerdo en presentar una candidatura única en la Ciudad de México, en cinco de las otras gubernaturas, en casi la totalidad de los 300 distritos electorales de donde saldrán los diputados uninominales y en las candidaturas para el senado, tanto las de mayoría como las de lista. Los desacuerdos en esta materia son mínimos y algunos son más formales que sustantivos. Por ejemplo, Enrique Alfaro no será candidato del Frente a la Gubernatura de Jalisco, pero hará campaña a favor de quien lo sea.

Además, como claramente se desprende del discurso de Ricardo Anaya el domingo en la Ciudad de México, hay un programa común mínimo que si bien no abarca la totalidad de los temas por ahora, y deja a un lado probablemente con razón algunos de los capítulos más espinosos –aborto, matrimonios gay, legalización de la mariguana, reforma energética, IVA– sí incluye una estrategia discursiva clara, una jerarquía de los argumentos y de las propuestas, y un método de exposición que todos forman un paquete común a los tres partidos y a los sectores no partidistas –activistas, intelectuales, empresarios, profesionistas– que se sumarán o no al Frente. Llama especialmente la atención la insistencia de Anaya en el Ingreso Ciudadano Universal, o Ingreso Básico Universal, como propuesta fundamental del Frente, sobre la cual hay acuerdo, y que tal como lo explicó, es objeto de discusión, experimentación e innovación en múltiples países en el mundo y, como ya se explicó en esta columna hace unas semanas, si se hace por la vía del Impuesto Negativo sobre el Ingreso, puede costar menos de un punto del PIB para erradicar la pobreza extrema en pocos años.

La clave del éxito del Frente va a residir ahora en su capacidad de alcanzar dos objetivos tanto de estrategia electoral como de autodefinición. En materia de estrategia electoral, es lógico que en el seno del mismo haya algo de debate sobre el blanco de los golpes más importantes en el primer periodo de campaña y en el segundo. Hay quienes piensan, con cierto fundamento, que no es deseable concentrar todo el fuego contra el PRI y la corrupción ya que eso puede favorecer a López Obrador y, sobre todo, dificultar el voto útil de los priistas más adelante cuando el PRI, como es previsible, permanezca en el tercer lugar en las encuestas y empiece a funcionar el voto útil a favor de Anaya. Otros piensan que es absolutamente fundamental que primero Anaya y la coalición logren despedazar al PRI e impedir que crezca incluso un par de puntos, concentrando de nuevo todo el fuego sobre el tema de la corrupción, del mal desempeño económico y de la violencia. En ambos casos, Anaya y el Frente tienen buenos argumentos que incluyen un nítido deslinde con los gobiernos de Fox y sobre todo de Calderón en materia de guerra contra el crimen organizado o el narco. Esta es una primera disyuntiva decisiva.

La segunda es la autodefinición. Creo que hizo bien el Frente en despojarse del calificativo ciudadano en su nombre como coalición electoral y de Gobierno, aunque no en la propaganda, ya que justamente de eso se trata, de lograr que exista un frente ciudadano sobre todo cuando los principales candidatos provienen de los tres partidos. No es una tarea sencilla. Va a ser difícil que mucha gente que no proviene de los partidos se sume a la campaña del Frente y de Anaya, y de quien obtenga la candidatura en la capital de la República, o que sean incluidos en el Poder Legislativo del año entrante y menos aún en el gobierno si gana Anaya. Quienes hemos recorrido esa ruta en el pasado sabemos que al final son muchos menos los que se adhieren que los que apoyan con distancia, con o sin razón. Ojalá se incorporen muchos y de manera pública y abierta, y sobre todo, en los cuartos de guerra, círculos de decisión, o comandos de campaña (según la jerga chilena que tanto le gusta a Anaya).

Por lo pronto, se consuma un proyecto que algunos tratamos de impulsar y construir desde el año 2000, antes de la elección de Fox y sobre todo después. En ese momento, varios intentamos convencer tanto a Fox como a los principales dirigentes del PRD y del PAN para que ingresaran al gabinete de Fox distinguidos políticos o administradores del PRD. No fue posible esta alianza entonces, ahora lo es con el agregado fundamental de Movimiento Ciudadano y de Dante Delgado, y de todas las demás personalidades que espero muy pronto se sumen.
08 Diciembre 2017 04:07:00
Los detenidos y deportados de Trump
El pasado 5 de diciembre, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos divulgó las cifras de detenciones, deportaciones y aprehensiones de extranjeros sin documentos dentro de Estados Unidos. Simultáneamente, Human Rights Watch hizo público un estudio de 43 casos de mexicanos deportados: casos emblemáticos, desgarradores y aleccionadores para todos.(https://www.hrw.org/es/report/2017/12/05/los-deportados/inmigrantes-desarraigados-del-pais-que-consideran-su-hogar)

Por un lado, el número de detenciones en la frontera (realizadas por la Patrulla Fronteriza) llegó a su nivel más bajo en 45 años: 310 mil. Un informe de DHS de 2015 reveló que por cada migrante detenido en la línea o cerca de la misma, otro logró cruzar y adentrarse en territorio norteamericano. A pesar de esta declinación, el número de deportaciones entre finales de enero y principios de octubre se mantuvo ligeramente abajo del total del mismo período de 2016 (con el presidente Obama), pero la brecha se ha cerrado. El decremento es apenas de 6%, y casi seguramente se emparejarán los dos años completos a finales de diciembre. No habría que olvidar cómo Obama incrementó a lo bestia el número de deportaciones de mexicanos, aunque a partir de 2012 la cantidad y el tipo de deportados varió de manera significativa. Videgaray ha insistido con razón que hasta hace unos meses, Obama seguía en primer lugar en materia de deportaciones. Casi ya no.

Lo grave es que el total de detenciones en la época de Trump ha crecido 42% en relación al año pasado. Por detenciones, se entiende personas arrestadas en el interior del país, por ICE o la policía local o estatal que posteriormente entrega a los indocumentados correspondientes a las autoridades federales.

Entre el 20 de enero y el 30 de septiembre, se produjeron 110 mil detenciones, mientras que en 2016 la cifra fue de 77 mil. Casi la tercera parte –31 mil– carecían de cualquier historial penal, tres veces más que en 2016, y los delitos cometidos por los demás eran de tránsito o de posesión de sustancias ilegales. Más de la mitad son mexicanos.

A diferencia del gobierno de Obama, se trata ahora de personas arraigadas en su comunidad. Se trata de miembros de familias, con hijos y cónyuges, muchos de los cuales llevan 20 años o más residiendo sin papeles en Estados Unidos. Las consecuencias de ambas detenciones –entendiendo que la gran mayoría serán deportados al fin– son radicalmente distintas. Los de Obama, digamos, son recién llegados, que volverán a intentar el cruce hasta que tengan éxito, sin raíces en Estados Unidos. Los de Trump son parte –fundamental– de la sociedad norteamericana, y su expulsión divide a familias, deja a niños a cargo de desconocidos, y manda a gente a un país que ya no es el suyo.

La suerte de los detenidos depende en gran medida del acceso que tengan a abogados, traductores y a los consulados de sus respectivos países, ante todo México. El gobierno de Peña Nieto ha hecho un esfuerzo para expandir y mejorar la disponibilidad de apoyos jurídicos, en primer lugar a través de un mayor presupuesto para nuestras representaciones en Estados Unidos. También se ha acercado a diversas organizaciones norteamericanas; a algunas les propuso contribuir con recursos considerables para brindar servicios legales a los migrantes detenidos. Pero ante el volumen de detenidos, que se transformarán en deportados con el paso del tiempo, no será suficiente.

Poco a poco los peores vaticinios a propósito de Trump se van cumpliendo. El que mayor pertinencia reviste para México quizás sea el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Contra la historia reciente de ambos países, contra la opinión de todos los aliados de Washington, incluso del Papa, contra el punto de vista de los secretarios de Estado y Defensa, Trump optó por cumplir una promesa de campaña, cualquiera que fuera el costo. Me temo que suceda lo mismo con las detenciones, las deportaciones, el muro y el NAFTA.
06 Diciembre 2017 04:06:00
‘Waiting for’ el Frente
El frente opositor se encuentra a pocos días, incluso a escasas horas, de consolidarse, o de tronar. Por una serie de motivos burocráticos –que se derivan de nuestras aberrantes leyes electorales– a más tardar el 9 de diciembre deben presentarse una serie de documentos ante el INE. Por otro lado, imperativos políticos de fondo, lo obligan a anunciar ya quiénes serán sus candidatos a la Presidencia y al gobierno de la Ciudad de México. Si lo logran los tres dirigentes de los partidos que conforman el frente, habrán desmentido y rebatido al número creciente de dignos integrantes de la comentocracia que por razones de buena o mala fe han vaticinado en múltiples ocasiones en los últimos días, o desde hace meses, el fracaso o la sepultura definitiva de la alianza PAN-PRD-MC. Si la troika no puede, habrá tenido razón la bandada de aves de mal agüero.

Acertarán aquellos que desde las elecciones del Edomex pronosticaron que el PRI y el Gobierno de Peña Nieto buscarían replicar la estrategia de Atlacomulco: fragmentar a la oposición y evitar a toda costa la unidad PAN-PRD. En ese caso, el costo fue elevado: lo que Eruviel Ávila canalizó a la campaña perredista en Neza, y los casi mil millones de pesos que Peña y Meade le suministraron a Josefina Vázquez Mota desde 2014, para que no fuera candidato PAN-PRD. Valió la pena: EPN conservó el dominio sobre su tierra, y evitó una derrota que hubiera sido bochornosa.

Repetir la faena a escala nacional implica alcanzar dos metas. En primer lugar, que no haya candidatura única PAN-PRD-MC, ya sea porque Miguel Ángel Mancera se postula por el PRD, y este último lo acepte como su aspirante, ya sea porque Rafael Moreno Valle decida lanzarse con otro partido que el suyo, por ejemplo Nueva Alianza. El segundo objetivo sine qua non consiste en colocar a un par de independientes, pero por lo menos a uno, en la boleta para restarle algunos votos al candidato del PAN o del Frente, si es que hay tal.

De allí que la madre de todas las batallas para EPN resida en asegurar que PAN y PRD vayan separados al 2018 (Movimiento Ciudadano les importa menos). Si Vázquez Mota recibió 80 millones de dólares por ello en el EDOMEX ¿Cuánto está dispuesto a gastar EPN, si se trata de la Presidencia de la República? La magnitud de su victoria, de consumarla, sólo equivaldría a la dimensión de su revés, de no ser el caso. Todos aquellos que festejarían la desaparición del frente, proclamando el próximo triunfo del PRI gracias a la destreza política del Presidente y a la mediocridad/ambición desalmada de los frentistas, de ser honestos, también tendrían que lamentar la hipotética derrota peñista. Obviamente no será el caso, pero se tratará de un buen parámetro en los días que vienen.

¿Puede ganar el PRI con el Frente en la boleta? No creo, y al revisar los deseos piadosos de los acólitos de Peña en los medios, creo que ellos tampoco. Entiendo la estrechez de miras de algunos empresarios, quienes prefieren evitar la pregunta y alinearse ya con el PRI para vencer a AMLO, con quien sea: el inminente Premio Nobel de Economía, el mafioso de Hidalgo, el rumbero de la UNAM, o incluso mi joven y buen amigo educador. Stalin preguntaba: ¿cuántas divisiones tiene el papa? ¿Cuántos votos tiene el Consejo Mexicano de Negocios?
04 Diciembre 2017 04:05:00
Trump: se cierran los círculos ruso y turco
Los medios norteamericanos informaron desde el viernes que Michael Flynn, el principal asesor de política exterior de Trump durante la campaña electoral y el periodo de transición, y su asesor de seguridad nacional por tres semanas en la Casa Blanca, se declaró culpable de mentir en sus declaraciones al FBI. Aceptó una pena de entre seis meses y cinco años de cárcel, a cambio de no ser acusado de delitos mayores y de cooperar con la Fiscalía Especial de Robert Mueller. Se trata del golpe más severo asestado a Trump y a su familia desde que comenzó su mandato.

Flynn ha declarado, según filtraciones y documentos del gran jurado ante el cual fue imputado, que conversó en diversas ocasiones con funcionarios rusos a propósito de la decisión del Gobierno de Obama de imponer sanciones al régimen de Vladimir Putin por haber interferido en las elecciones estadunidenses de 2016. Asimismo, reveló que sus intercambios con los rusos se refirieron también a una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre los asentamientos israelís en los territorios ocupados. En ambos casos, se entiende que Flynn solicitó, a nombre de Trump y de la nueva administración, que Rusia e Israel mantuvieran la calma, ya que el nuevo gobierno en Washington revocaría las posturas de Obama.

Resulta ahora, de acuerdo con otras filtraciones, que Flynn no actuó por su cuenta. Al contrario, consultó a –e informó de– sus conversaciones, a K.T. MacFarlane, asesora de seguridad nacional de Trump durante la transición, y a “un alto funcionario” de la misma. No puede ser otro que Jared Kushner, yerno de Trump, y actual encargado en la Casa Blanca de múltiples temas delicados. En otras palabras, si Flynn cometió un delito al sostener estos diálogos con funcionarios rusos, y MacFarlane y Kushner lo sabían en ese momento, también serán acusados ante el gran jurado. Todo indica que eso
sucederá.

Pero el asunto no termina en Rusia. Desde hace tiempo, se sabe que Flynn fue contratado por el Gobierno turco y/o por empresarios de Turquía cercanos al Gobierno de Erdogan. La intención era cabildear en Estados Unidos la extradición de Fethullah Gülen, un clérigo turco radicado en Penn-sylvania. Según las autoridades de Ankara, Gülen instigó y dirigió el intento de golpe contra Erdogan en 2016. Por ello y por agravios anteriores, han insistido en su demanda de extradición.

Al no prosperar, buscaron otros caminos. Entre ellos, como se publicitó en noviembre, figuró el intento de ofrecerle 15 millones de dólares a Flynn para “extraer”, es decir secuestrar, a Gülen, al estilo de la DEA con el Dr. Álvarez Machain en México en los años 80, o sobre todo, de Adolf Eichmann, raptado por Israel en Argentina en 1960. Nunca se consumó el soborno, ni la operación. La no denuncia de una intención de cometer un delito, en Estados Unidos, es un no delito. Pero si Flynn consultó con Kushner, con Trump Jr., o con el propio Trump, sobre la conveniencia de aceptar la oferta y no la reportaron al FBI, pueden verse involucrados en un delito de obstrucción de justicia. De ser el caso, todos serían susceptibles de una grave acusación. El hecho de que un financiero iraní, de nombre Reza Zarrab, se haya volteado en una corte de Nueva York la semana pasada, declarándose culpable de esquivar las sanciones estadunidenses a Irán, por cuenta de Erdogan, y que tal vez sea quien ofreció el soborno a Flynn, complica las
cosas.

En estas páginas, especulamos hace algunos meses que la única posibilidad de que Trump saliera de la Casa Blanca antes de las elecciones de medio periodo de 2018, consistía en su deseo de lograr un indulto para su yerno, su hijo y posiblemente su hija. Sugerí que podían ser formalmente acusados de delitos penales serios. Estamos cada vez más cerca de la imputación; veremos qué puede más, el amor paternal o la ambición presidencial.
01 Diciembre 2017 04:06:00
AMLO y Meade, un solo corazón contra la corrupción
Habrá desde luego enormes diferencias entre los diversos candidatos a la Presidencia, tanto los partidistas como los independientes. Y en particular habrá quizás diferencias más estridentes entre los dos primeros aspirantes a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Pero desde ahora podemos entrever un gran parecido entre ellos: su actitud ante la corrupción.

La idea es de Armando Ríos Piter, y es muy buena, por eso me la fusilo, como siempre, tratando de reconocer la paternidad de las tesis perspicaces que descubro y reproduzco. ¿Qué dice López Obrador en su libro y ahora en su Plan de Nación, así como en todos sus discursos a propósito de la corrupción? Que siendo él honesto no viene mucho al caso qué instituciones ni qué orígenes tiene su candidatura; de quién se ha rodeado a lo largo de su larga vida política; qué investigaciones o comisiones de la verdad va a crear para indagar sobre el pasado, reducir la impunidad, y de esa manera evitar la corrupción en el futuro. Básicamente la respuesta de López Obrador es que, como él es honesto, en su Gobierno no se va a robar y no habrá corrupción. Podrá haber colaboradores suyos que fueron corruptos; podrán no ser castigados los funcionarios de sexenios anteriores que hayan sido corruptos; incluso podrá haber una especie de amnistía tácita o explícita para todos ellos. Pero el problema de la impunidad, es decir, de la corrupción pasada no castigada y que se perpetúa hacia el futuro, se va a evitar con el mero hecho de que Andrés Manuel López Obrador es un hombre honesto, austero, íntegro y que así lo ha demostrado a lo largo de toda su vida política.

¿Qué dice Meade? O en todo caso ¿qué dicen sus simpatizantes o sus partidarios? Exactamente lo mismo: Meade es un hombre honesto; que no tiene manchas de corrupción, de negocios suyos, de complicidades activas en su pasado, en su vida de funcionario. Podrá haber participado en gobiernos corruptos; haber sido testigo de actos de corrupción de terceros; podrá incluso haber solapado la corrupción de otros en distintos momentos de su carrera burocrática. Pero siendo un hombre honesto, íntegro, la corrupción bajo su presidencia desaparecerá, o se reducirá de manera dramática casi casi por acción de una varita mágica. ¿Cuál va a ser la varita mágica? Pues justamente será la presencia en la Presidencia de un hombre honesto, no importa de quién se haya rodeado antes o durante su campaña; ni de quién se rodee en su Gabinete. Como él no ha robado, se dejará de robar.

Como vemos, el enfoque es exactamente el mismo, y es totalmente iluso, en el mejor de los casos, o hipócrita y mentiroso en el peor. Cualquiera sabe que no hay manera de reducir la corrupción en este país sin castigar a los corruptos. Y todos sabemos desde hace tiempo que la única manera de castigar a los corruptos es buscándolos, no esperar que aparezcan por sí mismos. Mientras esto no se haga a través de comisiones de la verdad, como he sugerido, o a través de algún tipo de mecanismo internacional tipo CICIG, como han sugerido otros (incluyéndome a mí), o mediante un Sistema Nacional Anticorrupción con verdaderos dientes, no dentaduras falsas, no va a disminuir la corrupción en México. Aunque Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, como Bruto, sean “an honorable man”.
29 Noviembre 2017 04:06:00
La pequeña historia
La discusión sobre la manera en que cada partido político escoge a sus candidatos a diversos cargos de elección popular es tan vieja como Robert Michels y la Social-Democracia alemana. No hay, desde luego, método mejor o más democrático que otro, ya que todos involucran algún tipo de representación: de miembros o militantes en una convención, una asamblea, un consejo o un Comité Central. En muchos casos, ciertamente arcaicos, la responsabilidad recae en un individuo: patriarca, jefe de Estado o de Gobierno, candidato eterno incapacitado, dueño inhabilitado.

El PRI no es peor que otros en este sentido. Me parece una tremenda pérdida de tiempo eternizarse en el dedazo, el destape, la cargada, y todas las peculiaridades folclóricas que los priistas adoran, que los medios devoran –les permite trabajar menos y aparecer más– y que los críticos reciben con júbilo. ¡Qué mejor que denunciar prácticas efectivamente antediluvianas, corruptas y autoritarias! Al final, creo, es muy asunto de los priistas –y de López Obrador o del Frente– cómo designan a sus abanderados. Los partidos son asociaciones voluntarias, y a quienes disguste tal o cual procedimiento, se encuentran en todo su derecho de marcharse: a su casa… o a otro partido.

Por eso prefiero centrar la reflexión sobre el nuevo candidato del PRI en lo esencial: qué ha sido, para entender qué será. Es lo que los priistas, y Peña Nieto en particular, prefieren relegar a los márgenes de la discusión. Y con razón: Meade ha sido un pieza central de la corrupción, de las violaciones a los derechos humanos y de un desempeño económico mediocre de los últimos dos sexenios. Su candidatura es indisociable, para la gente decente, de Calderón y de Peña Nieto, y de la relación entre ambos.

Sobre la corrupción, dos ejemplos. El escándalo de la llamada “Estafa Maestra” tuvo lugar, sobre todo, en 2012 y 2013. Como se sabe, a través de este esquema, “11 dependencias del Gobierno federal desviaron 7 mil 670 millones de pesos a través de convenios con ocho universidades públicas que, a su vez, contrataron a 186 empresas para supuestamente cumplir con múltiples servicios, de las cuales 128 no existían” (Animal Político de ayer), entre 2012 y 2014. En 2012, el secretario de Hacienda, de donde venía todo ese dinero público federal, era José Antonio Meade. Como se sabe, en 2014-2015 –y quizás todavía– casi mil millones de pesos fueron transferidos por el Gobierno federal, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la organización Juntos Podemos, presidida por Josefina Vázquez Mota, para dizque proyectos de apoyo a los mexicanos en Estados Unidos, sin licitación, sin rendición de cuentas, sin transparencia sobre los gastos operativos. En 2014, el secretario de Relaciones Exteriores era José Antonio Meade.

En materia de derechos humanos, el Gobierno de México, a través de sus embajadas y consulados, hizo hasta lo imposible para que la sangrienta guerra de Calderón no fuera investigada por la Corte Penal Internacional de La Haya, siendo que existían motivos más que válidos para abrir un examen preliminar. Que el expediente presentado por activistas mexicanos fuera deficiente no significaba que dichas violaciones no hubieran existido. En 2013 y 2014, cuando México se dedicó en cuerpo y alma a blanquear al Gobierno de Calderón en esta materia, el Secretario de Relaciones Exteriores era José Antonio Meade.

A partir de septiembre de 2014, cuando se precipitó la andanada de críticas y denuncias al Gobierno de Peña Nieto por las desapariciones de Ayotzinapa, por la tortura generalizada –investigada por un relator del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU–, y por otros casos emblemáticos como Tlatlaya (junio de 2014), el responsable por parte de México de combatir esas denuncias y dizque defender al Gobierno fue el secretario de Relaciones Exteriores, a la sazón, José Antonio Meade.

Debo decir que, en lo personal, sólo recibí trato cordial y deferente por parte de la Cancillería durante esos años, y que muchos de los funcionarios con quienes colaboré, formal o indirectamente sobre distintos temas de política exterior, me trataron con gran amabilidad, en buena medida por instrucciones de Meade. Pero me resisto a aceptar, sin chistar, las distorsiones o francas mentiras de muchos en los medios, en el PRI y en el seno del empresariado, sobre una pequeña parte de la historia de estos sexenios, y sobre todo, a propósito del pacto de la omertá entre Calderón y Peña Nieto, que traté de describir y denunciar hace casi dos años. Meade lo encarna y lo simboliza.
27 Noviembre 2017 04:08:00
Otra propuesta social: Santiago Levy
Esta semana se presenta un nuevo libro programático de Héctor Aguilar Camín

–¿Y ahora qué?– en la FIL de Guadalajara. A diferencia de textos anteriores, aquí se trata de un esfuerzo colectivo, de un gran número de autores, que someten cierto número de propuestas a la opinión pública, a las organizaciones de la sociedad civil, a los actores políticos. Dada la abundancia de temas y sugerencias allí formuladas, me limitaré a destacar una de ellas, por su importancia, su pertinencia, y su antigüedad.

Se trata del esquema de un sistema de protección social universal diseñado y propuesto por Santiago Levy desde mediados del sexenio de Felipe Calderón. En su contribución al libro de Aguilar Camín, Levy en lo esencial reitera su enfoque de entonces, pero hoy cobra una actualidad y urgencia mayores que cuando lo esbozó inicialmente: el deterioro social es inmenso. A reserva de traicionar algunos de los matices, resumo rápidamente su tesis.

Pero antes, conviene aclarar paradas. Muchos retomamos la idea de Levy desde 2009, y en particular con miras a la sucesión presidencial de 2012. Se le propuso la idea a Peña Nieto, e inicialmente la vio con buenos ojos. Pero una conspiración del círculo itamita se encargó de desprestigiar a Levy, a su propuesta, y a sus números. Por razones exclusivamente de índole burocrática –de posiciones de poder de un pequeño grupo de economistas con ambiciones de poder político– la idea fue perdiendo fuerza. Cuando vino el Pacto por México, que excluía cualquier elevación del IVA a escala nacional, o su extensión a alimentos y medicinas, la idea murió. Ahora resucita y si los candidatos a la Presidencia 2018 la retoman, puede prosperar.

Levy sostiene que una gran cantidad de mexicanos no cuenta con una protección social adecuada, ya que el sistema creado por Ávila Camacho era bismarckiano: dependiente del empleo. Con el paso de los años, sólo cuatro de 10 ciudadanos podía esperar un seguro médico y una pensión dignas, sin hablar de seguro de desempleo. Lógicamente, esto se tornó inaceptable para “el sistema” y para la sociedad mexicana, que fue inventando distintos paliativos o parches, unos más nobles y eficaces que otros. Pero todos fomentaban en alguna medida la informalidad, ya que daba lo mismo pagar impuestos o no, registrarse en Salud o el SAT o no, ya que para todos existía algún cuidado. Esto a su vez condujo a un estancamiento de la productividad, o incluso a su descenso, ya que las microempresas informales son menos productivas que los grandes conglomerados de la economía formal. De ese estancamiento de la productividad, y de las elevadas cargas sociales para las empresas, debido al sistema contributivo, proviene el magro crecimiento económico y del empleo en México desde hace 25 años. Ese raquítico desempeño provoca nuestro bajo nivel de salarios.

En su lugar, Levy sugiere un sistema de pagador único, de cobertura universal para todos los mexicanos dados de alta en el SAT, con o sin empleo, financiado por el fondo fiscal central en lugar de contribuciones de patrones, empleados y Estado, conservando los beneficios adquiridos por unos, y extendiendo un piso mínimo de protección para todos los demás. Según Levy, esto aumentaría el empleo, al reducir las cargas sociales no salariales de las empresas, fomentaría la formalidad (al tener que inscribirse cada derechohabiente en el SAT), y reduciría la brecha entre los asegurados y los desamparados y entre los formales y los
informales.

¿CuÁnto cuesta? Levy dice que depende de qué se quiera: un Cadillac o un Volkswagen. Empieza con medio punto del PIB; supongo que esta cifra (neta) resulta del costo bruto del esquema al que se le resta el ahorro por dedicar cotizaciones al IMSS, al ISSSTE y recursos del Seguro Popular al nuevo instrumento. Sólo resultaría financiable a través de la extensión del IVA a alimentos y medicinas, y
elevándolo.

Es caro, desde luego; la situación actual es peor. Si al diseño de Santiago Levy se le agrega una versión costeable del Ingreso o Renta Básica Universal (otro capítulo de libro, escrito por John Scott), y la unificación tan esperada y pospuesta del sector salud, el próximo Gobierno contaría con un “firme” de política social audaz, imaginativa y viable. ¿Quién la suscribe?
24 Noviembre 2017 04:06:00
Ingreso Universal o Ingreso Negativo sobre la Renta
En estos últimos días, el presidente del PAN y posible candidato presidencial del Frente Opositor propuso incluir dentro de la plataforma del frente lo que se ha llamado el ingreso ciudadano universal. Es una buena idea en teoría y puede llegar a ser un ingrediente importante de la propuesta social opositora.

Esta idea del ingreso ciudadano universal proviene, de una manera u otra, de discusiones de hace muchísimos años, entre ellos del economista conservador Milton Friedman, de los años 50, pero también de distintos sectores progresistas contemporáneos en Canadá, España, Finlandia y ahora en Stockton, California. Se trata de garantizar un ingreso mínimo para todos los residentes de un país determinado, independientemente de su nivel de ingreso, de su empleo, de su edad. En los países ricos se ha pensado en este ingreso de alguna manera para atenuar los efectos de la automatización y el desempleo para personas de cierta edad; en los países menos ricos se ha contemplado como un paliativo para la pobreza extrema.    

De los debates  recientes en varias partes del mundo, han surgido varias disyuntivas: si la renta o el ingreso debe ser para todos, sólo para los mayores de 18 años, para los que se encuentran por debajo de un umbral determinado de bienestar; si debe sustituir a otros programas sociales o de asistencia, o sumarse a los ya existentes –en México, Prospera y Oportunidades, en Brasil, Bolsa Familia– y, por decir algo, si al Ing. Carlos Slim también se le debiera entregar ese estipendio, por ser mexicano y vivir en México. La lógica de darle el dinero a Slim proviene de la idea de que es más costoso seleccionar a los beneficiarios que entregarles una cantidad al final pequeña.

La Cepal le encargó a José Luis Alberro, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, consultor internacional, exdirector de Pemex Gas y colaborador de Los Pinos durante el régimen de Carlos Salinas, realizar un estudio comparativo entre el ingreso universal y otras opciones de otros países. Alberro llevó a cabo el ejercicio, comparando el ingreso negativo sobre la renta (INR) y el ingreso universal o IU y llegó a la conclusión de que: “Según el Coneval, la población en pobreza extrema es la que tiene un ingreso inferior al valor de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM) y, además, tiene 3 o más carencias sociales. El Coneval estima que, en 2016, la LBM en medio urbano era 1,337.27 pesos mensuales (955.09 en medio rural) y que 9.4 millones de personas estaban en pobreza extrema. El INR sería un complemento monetario que recibirían los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años, cuyo ingreso monetario fuera menor que cierto umbral, de suerte que su ingreso total –incluyendo esta transferencia, fuera mayor o igual que la LBM.” Para el autor del estudio “hay dos maneras de erradicar la pobreza extrema: introduciendo un INR cuyo costo es .85% del PIB; o introduciendo un IU cuyo costo es 6.8% del PIB.

Con un INR se puede asegurar que 26.8 millones de mexicanos mayores de 18 años tengan un ingreso mayor que la LBM, acabando con la pobreza extrema, a la vez que:

•Se combate la iniquidad económica porque se le da más al que tiene menos;

• A las personas que reciban esa ayuda, les convendrá tratar de aumentar sus ingresos;

• Se elimina por completo la pobreza en el medio rural porque el ingreso promedio neto de los beneficiados será 2% mayor que la Línea de Bienestar en medio rural;

• El ingreso promedio neto de los beneficiados será también equivalente al 66.0% de la Línea de Bienestar en el medio urbano34;

• El Coeficiente de Gini de la distribución del ingreso disminuirá en 7.8%.”

Alberro considera que el INR representa un costo fiscal accesible y aceptable, mientras que el del IU es excesivo. Espero que siga trabajando estos temas, junto con otros economistas mexicanos en Washington, y con los técnicos del Frente Opositor para llegar a la mejor solución: Tal vez un poco más que el INR de Alberro, pero bastante menos que el IU sugerido por el Frente, hasta ahora. Este es el tipo de ideas, el tipo de debate y el tipo de diálogo que debe haber para en esta campaña presidencial que empieza. Que cada quien opine, y se defina.
22 Noviembre 2017 04:07:00
AMLO y TLCAN: Tiene razón
No leí nada en las reseñas del supuesto Proyecto de Nación, presentado ayer por López Obrador, que me impactara especialmente. Cierto, no me soplé las 415 páginas, pero una ojeada sugiere que allí hay más detalle y sustancia que en los discursos o resúmenes ejecutivos que sólo incluyen lugares comunes o buenos deseos. Pero sí encontré en una declaración o intervención atribuida a Héctor Vasconcelos, el encargado de los temas de relaciones con el exterior de AMLO, que me pareció interesante.

Según El Financiero, a propósito del TLCAN, Vasconcelos afirmó que “Un gobierno como el actual, con los índices de aceptación más bajos en la historia moderna del país... carece de la legitimidad requerida para representar los intereses del país en esta negociación”.

Por lo tanto, las negociaciones con Estados Unidos y Canadá deben suspenderse hasta que tome posesión el nuevo gobierno, o en todo caso, hasta que haya presidente electo y equipo de transición. El propio AMLO ya había planteado esta alternativa, pero quizá de manera menos formal.

No creo que el motivo de una posposición de las pláticas consista en la popularidad de Peña Nieto. Presidentes carentes de apoyo pueden negociar tratados, que luego serán ratificados por un poder legislativo institucional, sin importar su aprobación. Para eso existe dicho proceso. Pero existe otra razón, esa sí poderosa, que justificaría la suspensión, y que le daría, justamente, la razón a AMLO. Por una vez, tiendo a estar de acuerdo con él.

Ya es evidente que las conversaciones no van a concluir antes de la primavera del año entrante, si es que llegan a buen puerto. Imposible un voto en el Senado mexicano, o en ambas cámaras en Estados Unidos, antes de las elecciones del 1 de julio en México. No tiene sentido que un mandatario saliente –lo que los norteamericanos llaman un lame duck– debe negociar algo de tal trascendencia en los últimos años de su mandato. Se antoja una actitud irresponsable, de escasa visión de Estado, y un poco desesperada. En otra coyuntura mexicana, o en otro país, resultaría impensable.

Hoy en México no lo es. Existen dos explicaciones. La primera –la primordial– reside en la sospecha fundada de las élites del país de que AMLO va a ganar, y que posiblemente reventaría la negociación con Trump ya sea por inexperiencia, ya sea por radical. No es un tema sin fundamento, pero un poco ocioso. Si gana él, parecería inviable esperar que enviara el nuevo instrumento al nuevo Senado de 2018, y menos aún que aceptara el país que Peña lo hiciera con el viejo Senado después de haber perdido su candidato y su partido. AMLO, al igual que Bill Clinton con el NAFTA original en 1993, pediría muy sensatamente una re-re-negociación después de su victoria, que arrancara con la toma de posesión del nuevo equipo. Washington y Ottawa se vería obligados a atender una petición eminentemente razonable.

Ahora bien, si AMLO pierde y gana el candidato del Frente –descarto por completo un triunfo del PRI– la transición sería más tersa, por lo menos en esta materia, e incluso Ricardo Anaya podría aceptar los lineamientos básicos ya negociados, y resolver los grandes pendientes en un acuerdo tácito con el Gobierno saliente. Esta explicación, entonces, no funciona.

La otra, más mezquina y menos seria, estriba en el deseo de Peña y de su equipo de llevar la medalla de un buen acuerdo para México, si lo logran, o de envolverse en la bandera y patear la mesa si no. Como no es imposible que aún suceda un milagro (el 12 de diciembre, por ejemplo), o que Trump nos saque las castañas del fuego de una manera u otra, EPN prefiere aferrarse hasta los momentos finales de su sexenio. La esperanza es siempre la última en morir. No es una postura digna, ni tampoco eficaz. Al contrario, Peña se adornaría vistiéndose de estadista al imponer un hiato en la negociación y entregándole la responsabilidad de las misma a su sucesor. Además, sería una buena salida ante una mala perspectiva.
17 Noviembre 2017 04:07:00
Viva la Suprema Corte
Ayer la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una ponencia del ministro Arturo Zaldívar, que cada día se coloca más como la voz de vanguardia en la Corte, ordenando al Poder Legislativo a autorizar la legislación secundaria, que lleva cinco años pendiente, sobre el gasto gubernamental –del Gobierno federal y gobiernos estatales– en materia de publicidad oficial. Desde el mes de febrero de 2014 el cambio se aprobó en la Constitución; el Legislativo tenía la obligación de aprobar la legislación secundaria y no lo ha hecho, como tantas otras veces.

Lo interesante en este caso, a diferencia con lo que ha pasado en otras ocasiones en las que se trataba de recursos de anticonstitucionalidad interpuestos por poderes estatales, es que ahora se trata de un amparo de la organización Artículo 19 que muestra, como lo decía el ministro Zaldívar, que los ciudadanos de a pie –claro, con abogados, con tiempo y con recursos, pero no importa– pueden recurrir individualmente a la Suprema Corte para temas de orden constitucional y de lo que creo que el ministro llama la defensa de sus derechos humanos. Este es un asunto que se viene peleando desde hace mucho tiempo; de alguna manera en el juicio que yo tuve en la Suprema Corte en 2007 era parecido en el tema, no en sí mismo sino en la parte jurídica: si el amparo sirve o no para temas de este tipo. La Primera Sala resolvió que sí, que tiene varias implicaciones, además de este precedente que de alguna manera crea, aunque no necesariamente sea jurisprudencia.

En primer término, y lo más importante, es que el Poder Legislativo tiene que acatar una instrucción de la Corte, que ahora dice que no es discrecional legislar o no cuando hay una obligación y un plazo para hacerlo. Y, en segundo lugar, el fondo del tema es importantísimo porque tenemos un enorme gasto gubernamental en publicidad oficial, insisto, tanto por parte del Gobierno federal y de los gobiernos estatales. Me pregunto ¿qué bien público, ventaja o tema positivo le trae al país, a los contribuyentes y a la sociedad mexicana en general que salgan los spots de Peña Nieto caminando con un campesino y explicándole las virtudes de su reforma educativa? Y como buena parte de los temas fiscales del Estado ya se le dan al INE con la reforma del 2007, entonces resulta que el Gobierno federal y los estados tienen que pagarle a las radiodifusoras y televisoras ese tiempo. Por eso el gasto estratosférico, por ejemplo, que se plantea para este año de más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial ¿De qué sirve?

Existen algunos temas que bien lo ameritan, como sería el caso de las campañas de vacunación, o bien para inscribir a los niños en la escuela primaria a tiempo, y algunos otros temas adicionales, como catástrofes naturales, por ejemplo, pero hasta ahí. Gran decisión de la Corte y gran ponencia del ministro Zaldívar. Ahora faltar ver si de aquí al 30 de abril de 2018, que fue el plazo que dio la Suprema Corte, en efecto, los legisladores hacen algo que no suelen hacer, esto es, legislar.
15 Noviembre 2017 04:07:00
Estudiantes mexicanos en Estados Unidos
Quienes nunca hemos creído en las ridículas cifras de Calderón sobre el número de ingenieros que se titulan cada año en México –más que en Alemania, decía absurdamente– también pensamos que México sí debe incrementar de manera radical la cantidad de estudiantes que cursan estudios de posgrado en el extranjero. Por una sencilla razón: nunca podremos incrementar la matrícula de licenciatura, y sobre todo de posgrado, en el corto plazo sin enviar a un gran caudal de mexicanos a estudiar afuera. Es lo que hacen los chinos, los indios, lo que trataron de hacer los brasileños hasta que se les acabó el dinero, y muchos más. Fue, por una vez acertadamente, lo que intentó llevar a cabo la Cancillería mexicana durante los primeros años de este sexenio.

En efecto, tanto José Antonio Meade como Sergio Alcocer, su subsecretario para América del Norte, se propusieron elevar casi exponencialmente el número de estudiantes mexicanos en el exterior, y en particular en Estados Unidos. Convencieron, por cierto, a Obama, que se trataba de una gran idea, y la promovió en un memorable discurso en el Museo de Antropología en 2014. Conocían bien los obstáculos por superar –el costo, el idioma, la falta de costumbre, etc– pero se propusieron de igual modo una meta ambiciosa: pasar de los 13 mil estudiantes mexicanos registrados por Estados Unidos en 2013 –vía la expedición de visas F-1– a 100 mil al concluir el sexenio.

La cifra de 13 mil encerraba contradicciones. Existe un buen número de mexicanos de doble nacionalidad –aunque residentes de México– que estudian en Estados Unidos sin necesitar visa. Por otro lado, muchos de los que se inscriben en cursos de verano de idiomas o diplomados, o quienes cruzan la frontera todos los días en Ciudad Juárez, Reynosa o Matamoros, para ir a uno de los campus de la Universidad de Texas en El Paso, McAllen o Brownsville, tampoco cuentan todos con visa. Sea como fuere, la meta bien valía la pena.

Hace unos días, el Institute for International Education publicó su análisis anual sobre el universo de extranjeros estudiando en Estados Unidos durante el año escolar 2016-2017. El titular de prensa, reseñando el estudio, subrayó la caída general, debido, en gran medida, al miedo por las medidas antimigrantes de Trump, así como las restricciones reales: una reducción de 7% de la matrícula inscrita en el otoño de 2017. Pero los datos del IIE encerraban otras lecciones.

El total de mexicanos estudiando en Estados Unidos, según el IIE fue, en 2016-2017, de 16 mil 835 jóvenes. Se trata de un pequeño incremento en relación con 2012, el año anterior a la llegada de Peña, Meade y Alcocer al Gobierno. El aumento es inercial: con o sin grandes esfuerzos por parte del Gobierno de México, se hubiera producido. Para tener una idea, China envió a 350 mil estudiantes a Estados Unidos (además, una enorme cantidad de jóvenes chinos van a Australia), es decir, el doble de México per cápita, y la India 186 mil, más o menos lo mismo que México per cápita, pero tratándose de un país mucho más pobre y alejado de Estados Unidos. Algunos dirán, justamente, que México no necesita mandar a sus muchachos y muchachas a estudiar a EU porque tenemos nuestras propias instituciones de educación superior. Corea del Sur, con la tercera parte de nuestra población, despachó a 58 mil estudiantes a EU en 2016, casi cuatro veces más que nosotros, con un sistema educativo que ya quisiéramos para un día de fiesta.

La idea era buena. Para variar, faltaron los recursos. La pregunta es si esto se puede hacer en el futuro. Para ello, el Gobierno de Peña, en el libro blanco que seguramente está preparando sobre sus logros y fracasos, debiera explicarnos por qué no se pudo. Si no, volverá a pasar lo mismo.
13 Noviembre 2017 04:00:00
Una amenaza fútil
En unos días tendrá lugar la quinta ronda de negociaciones sobre la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Al acercarse la fecha, el Gobierno de México, a través del secretario de Relaciones Exteriores, emitió una advertencia, a la vez sensata y poco creíble, y por tanto de escasa eficacia. El secretario dijo, en una entrevista con Bloomberg retomada por El País, lo siguiente: “Es bueno cooperar con EU en seguridad, migración y otros asuntos... Pero es un hecho de la vida y una realidad política que un mal resultado en el TLCAN tendrá impacto sobre esto”.

Reiteró lo que Enrique Peña Nieto viene diciendo desde enero de este año: la negociación debe ser en paquete. En realidad, esa afirmación se diluyó desde un principio, y se redujo a dos tesis más simples. Primera: México renegociaría el TLCAN en sus términos, sin mezclar temas migratorios, de seguridad o de drogas. Segunda: si salieran mal las cosas, habría repercusiones ex post en esos temas. La diferencia ahora es el que el canciller lo dice casi un año más tarde, y en una coyuntura donde todo indica que las negociaciones sobre el TLCAN han resultado más arduas de lo previsto. De allí que hoy una repetición principista se convierta en una amenaza. Como lo hemos sugerido muchos desde diciembre de 2016.

Por desgracia, a estas alturas, en una amenaza poco creíble. Por tres razones. En primer lugar porque a fuerza de mantener el mismo orden de los factores, en lugar de invertirlo, Estados Unidos debe haber ya concluido que no va en serio. Si México en algún momento hubiera subido el tono y la puja, para realmente utilizar otras fichas de negociación para incidir en la del TLCAN –donde carece de ellas– hubiera transformado la secuencia. Podría haber suspendido ex ante la cooperación con Estados Unidos en alguno de los rubros neurálgicos. Desde hace tiempo sugerimos varios: abrir la frontera sur, ya no compartir inteligencia sobre asuntos de seguridad, rechazar deportaciones de personas cuya nacionalidad mexicana no se compruebe anteriormente; hacernos de la vista gorda en materia de la guerra contra el narco, y dejar pasar cargamentos de heroína, cocaína y mariguana. Washington de inmediato hubiera tomado nota; tal vez hubiera ejercido algún tipo de represalia; pero es impensable que el acto no repercutiera en las negociaciones comerciales. Hoy, esgrimir la misma amenaza sin cambiar el orden de los factores se antoja fútil.

Enseguida, la estrategia mexicana tan no ha funcionado, que ahora se vuelve necesario insistir en ella, después de haberla mantenido durante casi un año. Estados Unidos ya nos manifestó tácita y sin duda explícitamente, aunque en privado, que no van a alterar sus posturas en el TLCAN como tal. Y que tampoco ven ninguna necesidad de involucrar otros aspectos en el intercambio. Es cierto que algunos norteamericanos han coqueteado con la idea de acordar una media-enchilada migratoria a cambio de la aceptación mexicana de los cambios más drásticos en el TLCAN, pero no se trata de posiciones formales, ni probables. De modo que insistir en lo mismo que ya no prosperó es, en el menor de los casos, ingenuo. En el peor, deshonesto.

Por último, la amenaza es inverosímil porque los encargados de los otros temas de la relación bilateral –Gobernación, PGR, Sedena, Semar– han procedido como si nada sucediera. La tropa sigue quemando sembradíos de amapola en Guerrero y el Triángulo Dorado. La Procuraduría sigue extraditando narcos. El INAMI sigue recibiendo deportados –más de 100 mil, en lo que va del año– como si nada. Y el CISEN mantiene la cooperación y las reuniones preestablecidas con el aparato de inteligencia norteamericano como si las negociaciones comerciales las llevara a cabo otro gobierno. En estas condiciones. ¿Quién le creería a Videgaray?

Los norteamericanos siempre han pensado que somos puro jarabe de pico. Se han equivocado en algunas ocasiones; no muchas. Para que nos tomen en serio, ya con un año de pura retórica bajo la cintura, habrá que pasar a los hechos. Sobre todo si la pura retórica no ha servido de nada.
10 Noviembre 2017 04:07:00
Los tiempos y métodos del Frente
Al acercarse los plazos de selección de candidatos presidenciales –y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, de presentación de los integrantes de su gobierno si ganara- las opciones para las fuerzas políticas se estrechan. Grupos como Nueva Alianza y el Partido Verde van pensando si les sigue conviniendo aliarse con el PRI, o si prefieren cambiar de bando e irse con el Frente. Por su parte, el Frente debe resolver si los acepta: hay buenas razones a favor y en contra. Y el propio Frente enfrenta ya disyuntivas mucho más inmediatas que hace algunos meses. Si bien la fecha jurídica para registrar candidatos es hasta marzo, el plazo político difícilmente se puede extender más allá de mediados de diciembre. Si el PRI anuncia al cerrar el mes, la presión para no tardarse se incrementará. En cualquier hipótesis, hablamos de días.

De allí que el dilema para el Frente se haya simplificado. Como ya se ha dicho en múltiples ocasiones, cuenta con dos caminos. El primero, el más elegante, sencillo, ganador y altamente improbable, es de entregar las principales candidaturas a mexicanos sin partido –independientes o no; jóvenes o no tanto;  de izquierda o de centro; con unas ventajas y otras deficiencias. Con esta opción, desaparece el problema del método de selección. Si los tres dirigentes se encierran y deciden renunciar a la primera prerrogativa de un partido político, a saber, presentar candidatos a los principales cargos de elección popular o de nombramiento presidencial del país, poco importará la vía por la que llegaron a una decisión de semejante ruptura con los vicios de la clase política nacional. Constituiría la mejor réplica posible a la acusación de ser gandallas, parte de la partidocracia, burócratas que se reparten el pastel en lo obscurito, etc. El desenlace o resultado legitima el método.

Si esto no sucede –y casi seguramente no sucederá- la alternativa tal vez era otra antes, pero ya no lo es. Desde hace tiempo, en parte a raíz de un artículo de Aguilar Camín, los principales dirigentes del Frente han procurado diseñar un mecanismo para escoger a los principales candidatos del 2018: Presidencia, CDMX, ocho gubernaturas, Senado y Cámara de Diputados. Unos siempre mostraron más entusiasmo que otros, según la fórmula en juego, el costo, el tiempo, y las posibilidades de injerencia del gobierno o de un resultado que reventara al mismo Frente. Pero la discusión existía y era pertinente. La idea medular consistía en que el método legitimara el desenlace o resultado: una idea audaz, de difícil aterrizaje, y de consecuencias incontrolables.

Hoy parece que ya no es viable. Más allá de cualquier inconveniente de un proceso que por muy transparente y democrático que fuera, llevaría al Frente sin candidato hasta febrero, todos los demás amarres necesarios se antojan imposibles en tan poco tiempo. Posponer una decisión hasta entonces crearía un vacío que el PRI y AMLO llenarían de manera arrolladora. Cuando se produzca la designación del candidato priista, el gobierno y sus medios –que son muchos- se colocarán por completo al servicio del mismo. Cuando AMLO presente a su equipo y “programa”, el ruido propio del puntero será ensordecedor. El Frente no podrá competir sin candidato, paliando su ausencia con un proceso interesante, pero alambicado y a estas alturas inoperante.

La alternativa es clara. Una vez designados los candidatos partidistas del Frente, o incluso mientras se definen, debieran incorporar al mayor número posible de mexicanos no partidistas y decididos a participar en una campaña electoral, a elaborar (tampoco sobra tiempo para ello) el programa del Frente, a conformar el equipo de campaña del Frente, el equipo de gobierno en potencia del Frente, y las bancadas legislativas. Unos aceptarán, y otros no. ¿De qué mexicanos no partidistas, o “ciudadanos”, como se les suele denominar, se trata? De los que el Frente quiera: activistas, empresarios, académicos, intelectuales, etc. Como por definición en esta materia no existe representatividad alguna, el Frente debe invitar a quienes más simpaticen con su proyecto, a los que más le aporten, y a las personas que cumplan con una serie de criterios indispensables –de género, generacionales, regionales, y profesionales. Pero ya no pueden perder tiempo buscando una quimérica cuadratura del círculo.
08 Noviembre 2017 04:06:00
El destape que ya no es
Supongo que estamos en vísperas de la designación por Enrique Peña Nieto del candidato presidencial del PRI. Por varias razones, políticas y jurídicas, no podrá posponer la decisión mucho más allá de finales de noviembre. En vista de que llevo más de 20 años ocupándome de este tema –sobre todo a partir de los chismes de sobremesas, pero también de mi libro La Herencia– comparto mi especulación pura y dura con el lector.

Me centro en las diferencias con el pasado. La más obvia: Peña escogerá al candidato del PRI, no al próximo Presidente, como lo creyeron todos los mandatarios de facto o de jure desde Calles en 1933, hasta Zedillo en 1999. Para quienes pensamos que ningún presidente saliente con menos de 30% de aprobación puede lograr la elección de un sucesor de su propio partido, sin hablar del grupo más cercano de su gabinete, Peña va a escoger al perdedor, no al próximo jefe de Estado.

Segunda: ahora cuenta el criterio de poder ganar. Antes no. La elección ya estaba ganada desde un principio. Nunca fue un criterio para el autor del dedazo. Podría no serlo para Peña, si decidiera que su partido no tiene cómo ganar esta vez, y que le conviene más apostar todo a uno de los otros dos candidatos. Dudo que lo haga y, por lo tanto, deberá valorar las virtudes en campaña de sus opciones. Ninguno es Obama, Fox o Peña.

Última diferencia: la cola por pisar, o los cadáveres en los armarios por descubrir, también cuentan. No a la norteamericana, quizás, pero sí con mucha más contundencia que en el pasado. Y hay dos tipos de colas, tanto en materia de corrupción como de violaciones de derechos humanos. Una es la proactiva y descarada. El que roba, mata o ambas cosas. La otra es más compleja: la pasiva-omisa. Cualquier candidato de oposición –AMLO, Anaya o una opción no partidista del Frente, o un independiente como Ríos Piter– harán campaña contra el malo de la película y de la boleta: Peña Nieto. El ungido del PRI podrá alegar hasta el infinito que no robó ni mató. La pregunta es si sabía quién sí robó o sí mató, o si nos dirá que nunca se enteró de nada: ni de los muertos ni de los miles de millones robados. Sostendrá que él sólo manejaba el tren que conducía a Auschwitz, pero que jamás se imaginó lo que allí sucedía. Seguía órdenes.

Mis amigos priistas de buena fe sostienen que este dilema se resuelve como siempre: con un pacto tácito o secreto entre el Presidente y el candidato, en el que el primero acepta (a regañadientes) que el segundo lo ataque. No sé si este procedimiento alguna vez funcionó en los hechos, pero estoy seguro que en democracia es insostenible. Cualquier crítica o deslinde del priista a su mentor, será de inmediato aprovechado por sus rivales para interpelarlo con la pregunta de los 64 millones: ¿por qué no lo dijiste antes? ¿por qué no renunciaste? ¿por qué fuiste cómplice, pasivo, o tal vez, muy activo? De los precandidatos de Peña Nieto, no sé cuál pase esta prueba del añejo.

En MORENA, el candidato presidencial será quien decida AMLO. Ya sabemos quién es. En los hechos, en el Frente, el candidato será quien escoja Ricardo Anaya, muy probablemente él mismo. En el PRI, decidirá Peña Nieto. No es un peor método que otro, mientras los militantes del PRI, del PAN, del PRD o de Morena acepten este estado de cosas. Y cuando lo rechacen, a ver qué método inventan. No se me ocurre ninguno que funcione.
03 Noviembre 2017 04:07:00
Los nexos con Francia
El miércoles concluyeron mis funciones como copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, creado en 2013 por los presidentes Peña Nieto y Hollande, para componer y recomponer las relaciones de todo tipo entre Francia y México, llevadas a su punto más bajo en años por Nicolás Sarkozy y Felipe Calderón. Durante estos cuatro años llevamos a cabo una gran cantidad de reuniones, actividades e iniciativas, unas que prosperaron y otras que no.

A partir de ahora, el Consejo será copresidido por dos empresarios, Fernando Chico Pardo de México y Pierre André de Chalandar de Francia. Ha sido ampliado, sobre todo para incluir a más mujeres, y seguirá trabajando para tratar de darle un carácter más estratégico a la relación entre ambos países. Durante las reuniones en la Cancillería, en presencia de los dos ministros de Relaciones Exteriores, y en Los Pinos, frente a Peña Nieto, tuvimos la oportunidad mi colega Philippe Faure y yo de hacer a la vez un balance de lo que se pudo llevar a cabo, y también de tomar nota de los pendientes, un eufemismo para no decir fracasos.

Los logros fueron principalmente en materia sicológica, cultural, educativa y de salud. Psicológicos, en cuanto a que el lamentable estado de las relaciones en 2012 se compuso y se llegó al punto de que la cordialidad y la franqueza o sinceridad que hay entre los dos presidentes, sus ministros y sus gobiernos son de las más cercanas en el mundo, para México por lo menos. En lo cultural, se pudieron llevar a cabo iniciativas emblemáticas como la construcción e inauguración del monumento en homenaje a Carlos Fuentes frente a Ciudad Slim, y la extraordinaria exposición mexicana en el Grand Palais el año pasado. En materia de salud, se avanzó mucho en lo tocante a las relaciones entre el Seguro Social y la empresa Hôpitaux de Paris. Y en el rubro educativo, se abrió una filial de la Universidad de Compiègne en México, y se llevaron a cabo una gran cantidad de intercambios buscando aumentar –no siempre con éxito– el número de estudiantes mexicanos en
Francia.

En materia económica, comercial, financiera y de turismo, aunque sí se avanzó, la verdad es que no resultó tan factible incrementar los números, las alianzas estratégicas, las asociaciones o las ventas de unos a otros y otros a unos. Quisiera poder afirmar que esto fue una responsabilidad compartida, y que ni un gobierno o el otro carga la culpa de las insuficiencias. No estoy del todo convencido, sin embargo.

En efecto, para Francia, la relación con México puede ser “estratégica” en los foros multilaterales, o frente a otros países de América Latina, pero en última instancia, tratándose de una potencia claramente mercantilista, su objetivo principal consiste en vender sus abarrotes: armas, aviones, energía nuclear, etc. Para México, adentrarnos de verdad en un vínculo estratégico con un país como Francia significa, o bien hacer a un lado lo comercial y las inversiones y transferencia tecnológica, y centrarnos en lo político y cultural, o bien realizar un esfuerzo particular para reorientar un parte de nuestras compras y acuerdos en estos rubros de otro país (Estados Unidos), a Francia. La responsabilidad de efectuar un giro de esta naturaleza nos toca a nosotros, y no pudimos cumplirla.

El reto reside en la definición de la palabra “estratégico”. Para que una relación que no lo es comience a serlo, cualquier país debe aceptar ciertos sacrificios. O renuncia a vínculos anteriores más o menos confesables con otras naciones, o se verá obligado a tomar decisiones que no respondan sólo a criterios económicos, aunque el ámbito de la decisión sea estrictamente económico. A lo largo de muchos sexenios, no hemos podido tomar ese tipo de decisiones, aunque cada presidente se lo ha propuesto (Peña Nieto con el tren chino a Querétaro, por ejemplo).

De cualquier manera, la idea de un consejo de esta índole es buena, y debiera reproducirse con otros países. Nunca nadie quedará totalmente satisfecho, pero buscar cómo acercar a sociedades además de a gobiernos, es un propósito recomendable en materia de política exterior.
01 Noviembre 2017 04:06:00
¿Viva la autonomía?
En México, a lo largo de los últimos años –por lo menos desde 1994– hemos visto florecer las instituciones –u organismos– autónomos. Muchos hemos pensado, desde hace tiempo –en mi caso, desde que publiqué La Utopía Desarmada en 1993– que la “autonomización” de una serie de entes públicas, debe figurar de manera prominente en el programa de una izquierda latinoamericana modernizada.

Desde el Banco de México, en aquel año, hasta los órganos reguladores de tiempos más recientes, e incluyendo al INEGI, el IFE/INE, al IFAI/INAI y ahora las dependencias del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, la separación de todas esas instituciones del Estado central se ha considerado como un hecho positivo.

Sigo pensando que la autonomía es preferible a la sumisión absoluta o incluso relativa de una serie de funciones a la autoridad gubernamental más política. En la gran mayoría de los países democráticos, existe. En muchos casos abarca también otros ámbitos estatales: la Policía, el Ministerio Público, el fisco.

Pero es evidente que hemos llegado a un extremo en México, no en cuanto al número de “autonomías”, sino al hipostasiar sus virtudes.

La autonomía no resuelve todo, en particular cuando en un país determinado el Gobierno en funciones quiere y puede ejercer su autoridad de una manera arbitraria o contraria al espíritu de la ley que crea la figura “autonómica”.

No lo digo por el escándalo sobre la Fepade, o el fiscal “carnal”, o lo que sucedió hace poco en una de las vicepresidencias del INEGI, o lo que vaya a suceder en el Banco de México en algunas semanas. Tampoco a propósito del IFE en 2007.

El problema es que si no se produce un cambio de mentalidad en la clase política mexicana, en la sociedad civil, en la academia y el empresariado, no hay autonomía que aguante.

El tema de cuotas y cuates, con todo y su simplismo, constituye el síntoma de un dilema mayor. Cada gobierno se “atasca” con sus nombramientos: procura designar al mayor número posible de amigos y aliados en el mayor número posible de puestos transexenales, que en efecto, suelen hallarse en las entes autónomas. Para lograrlo, realiza intercambios por otros asuntos: premios, presupuestos, algunas leyes, otras designaciones.

Las fuerzas políticas externas al Poder Ejecutivo –no sé si utilizar el término oposición– aceptan el juego de las sillas y los trueques, porque cuando llegan al Poder Ejecutivo esperan que sus predecesores se presten a los mismos subterfugios. Acabamos teniendo organismos autónomos en realidad subordinados al poder de turno, que no siempre es el mismo, por lo menos.

¿Debemos entonces dar marcha atrás a tanta autonomía? No creo. Con todos los vicios del mundo es preferible la situación actual a la de antes, aunque en algunos aspectos se asemeja.

La famosa autonomía universitaria, por ejemplo, no obstó para que, hasta José Narro, el rector de la UNAM fuera nombrado por el Presidente en funciones.

Lo importante es que no pensemos que la autonomía resuelve todo; que funge como un baluarte contra los excesos de cualquier gobierno; que la autonomía garantiza, per se, imparcialidad, integridad, pericia e independencia.

Ni de Santiago Nieto, ni de Lorenzo Córdova, ni de Agustín Carstens, ni de nadie. No conviene caer ni en una simulación más, ni creernos nuestros propios cuentos.
30 Octubre 2017 04:00:00
Primer arresto de gente de Trump
Desde el viernes pasado se filtró la noticia en Estados Unidos de que hoy lunes sería detenido el primer personaje acusado formalmente por el fiscal especial del caso Rusia en la campaña presidencial norteamericana de 2016. El gran jurado ante el cual fue entregada la imputación sellada está reunido desde hace algún tiempo en Washington o Virginia, y se ha especulado a lo largo de todo el fin de semana sobre quién puede ser la primera víctima de todo el escándalo vinculado a la campaña de Donald Trump.

Son tres los candidatos: el exmilitar y asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, el jefe de campaña y cabildero Paul Manafort, y el financiero, consultor y maniobrero Carter Page, el más joven de los tres. Hay dos posibles estrategias que estaría poniendo en práctica el fiscal Robert Mueller. La primera consistiría en detener y presionar a un pez “pequeño” para que informara y delatara a peces más “gordos”. La segunda estribaría, al contrario, en irse de entrada lo más arriba posible, para desde ahí obtener información hacia abajo y horizontalmente.

El hecho de que no hubiera habido ninguna reacción de la Casa Blanca desde el viernes –ni comentarios ni tweets– sugiere, como han especulado los medios de EU, que el presidente Trump y su equipo, tanto político como jurídico, fueron tomados por sorpresa por este acontecimiento. Asimismo, lo que parece indicar la decisión de Mueller es que su investigación ha procedido con mayor celeridad y precisión de lo que se hubiera pensado. Ahora comienzan las consecuencias de este primer paso de naturaleza penal en todo el proceso.

Primera consecuencia evidente: Trump tendrá que ocuparse de esto, y en buena medida sólo de esto, no sólo durante los próximos días y semanas sino a lo largo de los meses venideros. Porque este será sólo un primer paso; seguramente seguirán más arrestos y más imputaciones. Las cuentas de abogados, y las legislativas y políticas seguirán incrementando casi como taxímetro. En segundo lugar, esto puede acelerar las deserciones en el Partido Republicano, principalmente en el Senado, pero también algunas en la Cámara de Representantes. Aunque el apoyo de Trump en el seno de su base electoral parece seguir intacto, serían demasiadas las expectativas y probabilidades de que hubiera un desenlace fatal –impeachment, inhabilitación o renuncia– de Trump antes de finales del 2018 para que los republicanos en su totalidad quisieran ir a los comicios del año entrante vinculados a Trump.

Y en tercer lugar, recordando la película Wag de Dog con Dustin Hoffman de finales del siglo pasado, a propósito del impeachment de Bill Clinton y de la guerra que inventa para distraer la atención, la tentación para Trump, que le gusta proceder de esa manera para inventar algún tipo de crisis, enfrentamiento político o de plano militar, puede resultar irresistible. No le faltan opciones. Desde luego destaca Corea del Norte, pero de la misma manera podría abrir un flanco nuevo mediante el retiro de EU del TLCAN, o a través de una crisis con China, con Rusia o en Venezuela. Nada de esto es seguro pero todo es posible. Lo que sí sabemos, a partir de hoy, de confirmarse la filtración, es que la investigación ya se volvió un asunto grave y serio, que se acerca a Trump y a su familia, y que surtirá efectos políticos, internos e internacionales durante el próximo año.
27 Octubre 2017 04:08:00
Kennedy: otra vez Oswald en México
Este jueves se liberaron del sigilo varios miles de documentos secretos de las investigaciones del asesinato de John F. Kennedy. Desde una ley aprobada en 1992, el Gobierno de Estados Unidos tenía como fecha perentoria para entregar tal vez más de 100 mil páginas a más tardar el 26 de octubre de 2017. Llegó la fecha.

Según varios expertos e historiadores consultados por The New York Times, no habrá necesariamente revelaciones espectaculares, ni se podrá saber de inmediato qué joyas se encuentran en el acervo. Más aún, el Presidente de Estados Unidos puede mantener en reserva, o tachar largos pasajes del archivo, invocando razones de seguridad nacional, y en particular, las relaciones que existían en 1963 entre los servicios de inteligencia norteamericanos y de otros países. Uno de ellos es el nuestro.

En efecto, uno de los temas más enigmáticos aún hoy, y que los documentos antes secretos podrán ayudar a dilucidar, consiste en la visita que realizó Lee Harvey Oswald a la Ciudad de México en septiembre de 1963, un par de meses antes de matar a Kennedy. Hace años se supo que Oswald viajó a México con el propósito de obtener una visa para la Unión Soviética, vía Cuba. Ya había vivido en la URSS a finales del 50; regresó a Estados Unidos, pero se desencantó de nuevo y deseaba volver. Pensó que primero iría a La Habana, y de allí a Moscú. Se presentó varias veces en las embajadas de la isla y de la URSS, en esa época ambas en Tacubaya, sin éxito.

Todo esto lo sabemos porque la CIA y la Dirección Federal de Seguridad vigilaban juntas las embajadas soviéticas y las cubanas, compartían información, videos y grabaciones. Lo que no sabemos con precisión es lo que sucedió dentro de las sedes diplomáticas. Se supone que hay varios temas aún en suspenso sobre lo que en efecto sucedía dentro de estas. En primer lugar, está la escena que posiblemente captó el camarógrafo de la CIA en la que un oficial de inteligencia cubana le ofrecía o le entregaba dinero, pero Oswald aparece de espaldas y no fue posible determinar con certeza que se tratara de él. Siempre ha parecido dudosa esta hipótesis, pero no imposible. La otra más conocida es que cuando los cubanos le negaron la visa a Oswald dentro de la Embajada empezó a gritar y a anunciar que les iba a demostrar cuán castrista y admirador de la Revolución cubana era, y lo haría al matar al Presidente de EU muy próximamente. La tercera escena que puede haber o no sucedido es si dentro de la Embajada, las dos o tres veces que fue Oswald ahí, estableció algún tipo de relación afectiva con una de las colaboradoras mexicanas, una tal Silvia Durán, y mantuvo contacto estrecho con ella durante la semana que permaneció en México.

Lo que más podría resultar interesante es si la Federal de Seguridad y la CIA monitoreaban también las comunicaciones cubanas de la Embajada con La Habana. Y si en esas comunicaciones el oficial de inteligencia, o el embajador cualquiera de ellos le informó a La Habana de que un exmarine norteamericano, que había vivido un par de años en la Unión Soviética, se presentó en la Embajada, pidió una visa, le fue negada y anunció que iba a matar a Kennedy. De existir ese cable, o ese mensaje de la Embajada de Cuba en México a La Habana, la siguiente pregunta sería ¿por qué La Habana no compartió esa información, directa o indirectamente, con alguien en el Gobierno de EU? O a la inversa, si hay cables de la Embajada de Cuba a La Habana intervenidos por la CIA y/o la Federal de Seguridad, y no figura ese mensaje, pues significa que, o bien no le dieron importancia, o bien que prefirieron no enviarlo.

Estos son algunos de los misterios que permanecen en el aire y que tal vez puedan ser aclarados por este enorme acervo de documentos que se liberan estos días. Para los curiosos y ociosos que siempre nos ha obsesionado el asesinato de Kennedy, una verdadera mina de oro.
25 Octubre 2017 04:06:00
La Fepade y los senadores carnales
Con el despido de Santiago Nieto, titular de la Fepade, el Frente Opositor Ciudadano –o como se le quiera llamar– recibe una nueva oportunidad de obtener un triunfo político significativo. Por varias razones muy sencillas. La primera es que, aunque Morena se una en este momento a la lucha del Frente por restituir a Nieto con una mayoría simple en el Senado, de todas formas será la coalición del Frente PAN-PRD-Movimiento Ciudadano quien pueda ganarle al PRI, si es que todos votan juntos.

Al PRI y al Gobierno les faltan tres votos para impedir la restitución de Nieto. Esos votos no los tiene en ninguna parte, salvo en el PAN. He aquí la segunda razón de la posible victoria del Frente. Hay seis senadores del PAN que ya han mostrado su anuencia a colocarse del lado del PRI, y sobre todo de Peña Nieto. Junto, desde luego, con sus jefes naturales, que son Felipe Calderón y Margarita Zavala de Calderón, en otros temas. En este, sin embargo, les va a costar más trabajo. Si votan con Peña Nieto contra la restitución del fiscal de la Fepade, y contra el PAN, el PRD, Morena y MC, se mostrarán claramente cómplices de la corrupción de Peña Nieto, de Emilio Lozoya y de varios más.

Creo que los seis senadores, a quienes algunos llaman traidores –yo prefiero decir simplemente la pequeña minoría disidente del PAN– deben pensarla muy bien. ¿De veras quieren apoyar a Peña, a Lozoya, a la corrupción, a Odebrecht sólo por ardidos? ¿O prefieren votar con todo el PAN, con todo el PRD, con toda Morena, con todo MC, para restituir a Nieto y de esa manera impedir la maniobra de Peña Nieto de despedirlo y sobre todo de encubrir la corrupción que hubo por parte de su campaña y de la empresa brasileña Odebrecht?

Si se impusiera el voto secreto, sería una maniobra inteligente de Emilio Gamboa para permitirle a sus aliados embozados votar con él sin que sepa. No obstante, habría varias maneras de dilucidar si los seis o siete magníficos calderonistas votaron con el Gobierno y la corrupción, o con la oposición y el Frente. La primera, y más obvia, sería que los senadores de Morena y del Frente votaran abiertamente, o por lo menos alzaran la mano al votar por cédula, aunque se les impusiera el voto secreto. De esa manera, los panistas disidentes se verían obligados a votar en público, o a confesar, por lo menos tácitamente, que se aliaron al PRI, a Gamboa, y a Peña Nieto. Si por algún motivo eso exigiera una dosis de testosterona de la cual los legisladores frentistas carecen, podrían todos convocar a la prensa inmediatamente después de la votación para aclarar cómo votaron. Las consecuencias serían las mismas.

Por último, si tampoco se atrevieran a eso, tendrían la opción de retar a los panistas a confesar su complicidad con el PRI, si es que Peña Nieto gana. En efecto, no habría otra explicación de cómo el PRI logrará los 65 votos necesarios, salvo los disidentes. Si les alcanza a los priistas, el estigma para el pequeño grupo de panistas sería su mayor castigo, a condición que el Frente opositor actuara como oposición. Es una batalla del tamaño del fiscal carnal, y se juega en la postura de los disidentes carnales.
23 Octubre 2017 04:00:00
Violencia para que la amapola no llegue a tus hijos
De acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en septiembre se produjeron 2 mil 184 homicidios dolosos en todo el país, una cifra superior a la de agosto y a la de julio, aunque ligeramente inferior a la de junio. Con estos datos van 18 mil 505 homicidios dolosos en todo el año, 23% más que en el 2016 y 6% más que en el 2011, el año más sangriento en lo que va de la guerra de Calderón y Peña. Si más o menos proyectamos estos datos para este año en su totalidad, llegaremos probablemente a unos 25 mil homicidios dolosos, es decir más o menos 23 por 100 mil habitantes, casi tres veces del punto más bajo de la historia moderna de México que fue en el 2007.

Estas cifras no lo dicen todo. En un espléndido reportaje de Ricardo Pérez en Reforma el día 20 de octubre, el periodista nos cuenta lo que sucede con los miembros de las fuerzas armadas en el Triángulo Dorado, cerca de Guachochi, en el corazón de la sierra Tarahumara, buscando erradicar sembradíos de adormidera o amapola. Se trata del personal de la 42 Zona Militar, que según dicen los mismos soldados, destruyen unas 300 plantaciones cada día. Cito: “Los hombres bajo el mando del teniente Luis Enrique Trujillo, llevan un mes viviendo en un campamento enclavado en el bosque de coníferas; los días los pasan esperando los mensajes en el radio, con las coordenadas de los plantíos detectados en sobrevuelos de helicópteros. Recibieron incluso el otro día una nota escrita en papel con algunos errores de ortografía, evidentemente redactada por los campesinos de la zona, que pidieron que por favor no les destruyeran sus cosechas y que no tenían ni para comer, sus hijas ni traen zapato”. Se sabe además que, como los narcos suelen pagar las cosechas por adelantado, si el Ejército las destruye, el campesino debe dos cosechas, la destruída y la que sigue.

Los militares dicen que “estamos haciendo un bien a México… es por el bien de México para que esta droga no llegue a los jóvenes”. En otras palabras, cientos de soldados y oficiales del Ejército mexicano pasan meses en la sierra Tarahumara destruyendo plantíos de amapola empobreciendo a los campesinos de la zona, para que la droga, que para todos fines prácticos, no se consuma en México, no llegue a jóvenes mexicanos que nunca la han visto ni verán, y a quienes les da enteramente lo mismo si las Fuerzas Armadas están haciendo bien o mal ese trabajo.

En realidad los militares son en el mejor de los casos ignorantes, y en el peor de ellos faltantes a la verdad. No están destruyendo plantíos de adormidera para que la droga no llegue a los jóvenes mexicanos. En realidad, la están destruyendo para que no llegue a los viejos norteamericanos, quienes en efecto están ahora padeciendo una epidemia de opioides en una escala no vista anteriormente.

La gran pregunta que debemos hacernos todos los mexicanos, sobre todo a ocho meses de las elecciones presidenciales, es si tiene sentido que sigan subiendo las cifras de homicidios dolosos y sigamos gastando dinero en destruir plantíos de amapola para que decenas de miles de norteamericanos al año no fallezcan a raíz de sobredosis de distintos opioides (de ninguna manera sólo por heroína mexicana); o si el costo lo debe pagar Estados Unidos de una manera o de otra: legalizando bajo una estricta supervisión médica la utilización de la heroína para fines médicos o para adictos certificados, sobre todo si buscan dejar atrás su adicción mediante el uso de sustancias como la metadona.

¿Acaso queremos seguir llevando a cabo una guerra tan violenta como la nuestra en pro de los barrios de la Unión Americana donde se consume esa heroína? Lo que no queda para nada claro es por qué ponemos nosotros el dinero, los muertos y la pobreza de los campesinos, mientras que los norteamericanos en principio no ponen nada.
20 Octubre 2017 04:07:00
Dos buenas ideas para el plan B
Ahora que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte parece naufragar, comienzan a proliferar diversas ideas para el mentado plan B. Todas las que se centran en diversificar nuestras relaciones comerciales no me convencen; sucede lo mismo con las tesis del “mercado interno” (de dónde van a salir los mexicanos que compren los 3 millones de automóviles que exportamos cada año). Pero hay dos que me gustan, que escuché en voz de mexicanos en Washington y de exdiplomáticos mexicanos en México, a quienes no voy a ventanear, salvo para decir que son inteligentes y perspicaces, con experiencia en estos asuntos, y muy bien conectados en la capital del “imperio”.

La primera es más bien de orden táctica, y se refiere al dilema de la mesa de negociación y quién debe levantarse primero. Como se sabe, existen dos planteamientos antagónicos: uno –el que importa– el del Gobierno y de los empresarios, de que México no debe pararse primero, y debe endilgarle el costo de una hipotética ruptura a Estados Unidos; otro, que creo que sólo sostengo yo, en el sentido de que si las autoridades saben a ciencia cierta que Trump quiere reventar el TLCAN, debemos ser nosotros quienes nos levantemos antes, escogiendo el momento, el lugar, el motivo y la narrativa que más nos convenga. Pero hay una tercera opción, quizás mejor que las dos citadas.

Consiste en lo que podría resumirse con la consigna de Trotsky –rechazada al final por Lenin– en Brest-Litovsk, a propósito de las negociaciones entre la recién nacida Unión Soviética y Alemania: ni paz ni guerra. Si se llega a la conclusión de que EU no quiere ningún acuerdo, más tampoco invoca la cláusula de derogación del TLCAN (apartado 2055), México debe anunciar que no existen condiciones para negociar en la mesa, pero que va a llevar su causa, su caso, su agenda, a la sociedad norteamericana para que ésta convenza al Gobierno estadunidense de volver a la mesa con buena fe.

Las autoridades mexicanas, los empresarios, los artistas, los académicos, los comunicadores, se desplegarían por toda la Unión Americana difundiendo el mensaje mexicano, concentrándose en el Congreso, los medios, las universidades, las asociaciones empresariales, los clubes de rotarios, leones, liwanis y cuantas organizaciones haya, obviamente dirigiéndose a las comunidades hispanas, pero no sólo a ellas, ni mucho menos. En el peor de los casos, el esquema nos serviría para otras cosas y causas, y para después. En el mejor de los casos, Trump recapacitaría. Se trataría de un esfuerzo público, sostenido, y claro: no quieren negociar, nosotros sí, pero así no. Una duda: sé que podemos hablar bien del camello, pero no sé si tengamos camello. No veo más agenda comercial mexicana que la defensa del status quo, como dijo Paul Krugman en el diálogo que sostuvimos en la UNAM el jueves.

Segunda buena idea del plan B: la legislación mexicana, acompañada de arbitrajes internacionales vinculantes y obligatorios. Muchos lo hemos repetido desde 1992: el TLCAN fue ante todo una decisión –más o menos desesperada– para blindar la política macroeconómica, para dar certidumbre y para ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas, extranjeros y nacionales. Sin TLCAN, no se ve muy bien cómo garantizar todo esto. Un remedio subóptimo, pero mejor que nada, consistiría en incorporar a las leyes mexicanas internas todo lo que está en el TLC (por ejemplo, “investor-state dispute settlement”) y no que se encuentra en dicha legislación, pero sometido, por decisión mexicana, a diversos instrumentos de arbitraje internacional.

El arbitraje tendría que ser obligatorio, es decir que el Gobierno de México, por ejemplo, no podría negarse a él, y vinculante, es decir el Gobierno de México se vería obligado a aceptar los fallos (a diferencia, por ejemplo, de lo que hizo en el caso de José Gutiérrez Vivó y los Aguirre en 2005). En lugar de atarnos las manos con cuerdas canadienses y norteamericanas, nos las amarraríamos con mecates mexicanos. No es lo ideal, pero no está mal. Mi duda: ¿lo aceptaría el Congreso? Tarea para el Frente.
18 Octubre 2017 04:07:00
Venezuela y la presión internacional
El aparente resultado de las elecciones regionales en Venezuela este pasado domingo muestra que cualquier esperanza de un desenlace bienaventurado de la crisis de aquel país en el corto plazo es ya lejana. En parte, debido a la división de las fuerzas opositoras –algunos sectores de la MUD participaron en la elección para gobernadores y otros, no–, en parte por el fraude electoral generalizado, que llevó a cabo el Gobierno de Nicolás Maduro, no sólo a la priista, sino llevando las tradiciones mexicanas a nuevos niveles de excelencia, y en parte por un cierto cansancio probablemente de la oposición en su conjunto, Maduro pudo decir que se llevó 17 gubernaturas y perdió sólo 5. Más allá de la decepción opositora, y del hecho que incluso de haber ganado más gubernaturas, el poder en juego era exiguo, podemos concluir que la permanencia de Maduro en el poder será un asunto de mediano plazo.

Había la posibilidad, hasta mediados del verano, de que las manifestaciones en la calle y las trágicas muertes provocadas por Maduro y sus “colectivos” provocarían algún tipo de derrumbe del Gobierno: o bien por la calle, o bien por la presión internacional, o bien por la división de las fuerzas armadas que concluirían que ya no era viable el régimen. Pero nada de eso sucedió en aquel momento. Ahora es más improbable que nunca, ya que las manifestaciones callejeras desaparecieron, la presión internacional sigue vigente, pero no basta, y no parece haberse abierto ninguna grieta dentro del estamento militar venezolano.

Sólo queda la presión internacional a mediano plazo. Para que surta efecto, en primer lugar, es absolutamente indispensable que Donald Trump cese cualquier ataque verbal o amenaza explícita al Gobierno de Maduro, como lo hizo hace algunos meses, imposibilitando así la posible fractura del Ejército. En segundo lugar, las sanciones deben ser universales, es decir, provenir de Estados Unidos y Canadá, de toda América Latina y de la Unión Europea. De faltar esa universalidad, difícilmente se puede esperar un efecto decisivo que no tarde años en producirse. Para ello, es absolutamente clave la decisión que pueda tomar la Unión Europea en los próximos días.

Esta decisión depende básicamente de tres vertientes. La primera es que los principales países latinoamericanos, agrupados en el llamado Grupo de Lima, que incluye desde luego a Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú, se presenten en un frente unido ante Bruselas para legitimar las sanciones europeas, a través de sus propios actos en ese mismo sentido. Las sanciones latinoamericanas no surtirán mayor efecto, salvo quizás en el caso de Brasil y de Colombia, pero sí pueden ser fundamentales para convencer a los europeos. En segundo lugar, para que la Unión Europea aplique sanciones económicas a Venezuela, es obligatoria la unanimidad: los 28 países, ya sin Inglaterra, deben aceptarlas. Hasta ayer existía un veto: el del Gobierno de Alexis Tsipras en Grecia, y de su partido Syriza. Seguramente ese veto explica el paso del primer ministro griego por la Casa Blanca justamente ayer. El tema central, del cual seguramente conversaron Trump y Tsipras fue Venezuela, fueron las sanciones europeas y la necesidad de que Grecia coopere en esta materia. Es difícil saber por el momento cómo reaccionó el gobernante de izquierda, amigo de Maduro. Asimismo, la lógica de diversos viajes de diplomáticos latinoamericanos, desde el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y hasta de Luis Videgaray a Europa en estos días, responde también a la necesidad de convencer a varios países, pero principalmente a Alemania, Francia e Italia, que convenzan a los griegos de levantar su veto. Sin ello no hay sanciones posibles.

De suceder todo esto, el régimen venezolano se debilitará a mediano plazo. En algún momento, dejará de poder pagar el servicio de su deuda externa, sobre todo si los chinos y los rusos dejan de ayudarle. En algún momento su capacidad de importar alimentos llegará al límite, y en algún momento la incapacidad de realizar transacciones financieras en cualquier parte del mundo hará inviable por completo su economía. Y eso nos lleva a la tercera y última vertiente.

Hasta donde sea posible, las sanciones económicas deben evitar efectos desastrosos para la población venezolana que ya ha sufrido lo suficiente. Por eso sería importante que dichas sanciones se acompañaran de una ayuda humanitaria, dirigida directamente a los sectores más desfavorecidos de Venezuela, y que las sanciones sobre todo se dirijan a impedir la importación, la compra o el pago de bienes y servicios no vinculados directamente a las primeras necesidades de la gente. Nada de esto es sencillo, pero más difícil será seguir lidiando con un Gobierno que cada día se parece más a una dictadura.
16 Octubre 2017 04:00:00
Misoginia y Margarita
Hay personas inteligentes en el entorno de Margarita Zavala de Calderón que debieron haberle aconsejado no lanzarse a una aventura innecesaria y contraproducente. No me refiero a su salida de Acción Nacional, sino a la idea misma de su candidatura, independiente o panista. Entre esas personas incluyo, desde luego, a su hermano, a quien conozco bien y con quien trabajé de manera agradable y productiva durante casi tres años. Juan Ignacio es listo, a estas alturas avezado, indudablemente simpático y cercano a su hermana. No sé cuál sea su opinión más íntima sobre la candidatura fraterna, pero es evidente que en público se ve obligado a defenderla, tanto frente a críticas sustantivas como superficiales.

En su artículo más reciente en El Financiero, llega incluso al extremo de defender al Gobierno de su cuñado, y en particular su sangrienta guerra contra el narco, juicio explícito que no necesariamente equivale a una convicción interna. Lo hace ante una tesis que plantee la semana pasada en estas mismas páginas, a saber, que la salida de Margarita del PAN le facilitaba las cosas al Frente, ya que podía dejar de cargar el lastre de la guerra de Calderón. No entraré aquí en responder a Juan Ignacio sobre el fondo de este asunto; habrá tiempo para hacerlo, y además, se trata más bien de un debate entre panistas y expanistas, y no soy ni lo uno ni lo otro. Tampoco comentaré otra afirmación de Zavala, esto es, la supuesta influencia que ejerzo sobre Ricardo Anaya, a través de “pláticas eternas en restaurantes a la vista de todos” (supongo que Juan preferiría que me reuniera con Anaya a escondidas). Me limitaré a discutir su acusación más personal: mi “patética misoginia, consecuente con una persona rencorosa”.

De lo rencoroso, he escrito ampliamente, en un libro cuya lectura Zavala hizo sin duda bien ahorrarse. Hasta aquí ningún desacuerdo. Doy por sentado que por misoginia se refiere a mi insistencia en referirme a su hermana como Margarita Zavala de Calderón, o a la “esposa de Calderón”, como lo hace también Andrés Manuel López Obrador. O quizás al hecho de que pienso que hasta que se demuestre con hechos y dichos lo contrario, la hermana de Zavala es solidaria con las políticas públicas ejercidas durante la Presidencia de su cuñado. Al día de hoy, no existe, políticamente hablando, más que como esposa de quien fuera presidente. Y sí, en efecto, creo que es correcto referirme en esos términos a Margarita Zavala de Calderón, por varias razones.

En primer lugar, porque varias mujeres en la política, cuyos maridos fueron primeros mandatarios, conservaron el apellido de sus maridos, por la sencilla razón que les convenía a ellas, a ellos, a sus amigos y en ocasiones a sus adversarios. Violeta Barrios de Chamorro o simplemente Violeta Chamorro, Cristina Fernández de Kirchner, Hillary Rodham Clinton (a quien Margarita Zavala de Calderón quiso emular en algún momento) e incluso, aunque muchos se enojen, Martha Fox. Mi madre siempre firmaba Neoma G. de Castañeda porque a pesar de tener varias carreras propias y una personalidad de cierta fuerza, hasta muy poco antes de su muerte, fue un apéndice de mi padre. Reconocer esta realidad, y utilizarla para fines políticos –a favor o en contra– me parece normal, lógico y de ninguna manera misógino. Atribuirle a la esposa de Calderón el apoyo y el acuerdo con las políticas del Gobierno de su marido me parece la consecuencia obvia de un hecho incontrovertible: Margarita Zavala debe su existencia política a su cónyuge, para bien y para mal. El día que Zavala Calderón se deslinde claramente de dichas políticas, podremos discutir las suyas; mientras, las suyas son las de él.

En Twitter algunas personas me reclaman un poco lo mismo que Zavala, pero de otra manera. Sostienen que las esposas no son apéndices de sus maridos, por el mero hecho de ser esposas. Depende: unas sí, y otras no. No hay reglas en esto, y en general, tratándose de personas privadas, son asuntos privados de cada pareja. Cuando se trata de personas públicas, y que aspiran a ser la persona más pública del país –presidente de la república–, son asuntos públicos, y deben ser juzgados como tales. Aunque a sus hermanos o hermanas les moleste.
13 Octubre 2017 04:07:00
¿Se acabó el TLC?
En plena visita del primer ministro de Canadá a México, y al arrancar la cuarta ronda de negociaciones sobre el TLC en Washington, proliferan las versiones de que el Acuerdo de Libre Comercio está a punto de derrumbarse. Medios estadunidenses como Wall Street Journal y The New York Times publican filtraciones procedentes de los negociadores de EU sobre una serie de propuestas sustantivas claramente inaceptables para México y para Canadá. Altos funcionarios mexicanos y canadienses afirman que el fin del NAFTA no es el fin del mundo, o que México puede vivir sin el acuerdo, o que Canadá y EU podrán ponerse de acuerdo sin México.

Es difícil saber qué parte de todo esto es cierto, y qué tanto es postura negociadora del método marrullero de Trump. Pero la situación es lo suficientemente grave para hacerse varias preguntas sobre lo que México debe decidir, y quizás también para insistir de nuevo en tres ideas falsas o ilusas que circulan en México y en EU sobre lo que a México le conviene.

En primer lugar, se ha dicho repetidamente que le conviene más esperar a que sea EU el que se levante de la mesa, para que sea Trump y su equipo quien asuma el costo político de derogar un convenio que le ha beneficiado enormemente a EU y a sus dos socios comerciales. No me parece para nada evidente la tesis. Para empezar, no veo cuál costo político para Trump: las grandes empresas norteamericanas, que pudieran resultar afectadas negativamente –y en escasa medida– por una decisión de este tipo, no contribuyeron a la campaña de Trump y por tanto él no les debe nada. Y para su base –el 40% de los norteamericanos que votó por él– sacar a EU del NAFTA no sólo no entraña un costo político sino todo lo contrario. En cambio, para México, dejar en manos del Gobierno de EU el cómo, cuándo y por qué levantarse de la mesa puede ser temerario. Quizá convenga más que sea México quien decida en qué momento, lugar y con qué motivos es deseable acabar con una negociación que evidentemente no va a ningún lado.

Segunda tesis endeble: México puede sobrevivir fácilmente sin el NAFTA. De tratarse de un acuerdo fundamentalmente comercial, la hipótesis es absolutamente correcta: seguiremos exportando más o menos lo mismo a EU y EU a México, y con precios muy parecidos para los consumidores mexicanos. Pero algunos siempre hemos pensado que el TLCAN no era primordialmente un asunto comercial, sino de seguridad jurídica y de inversión extranjera. Salinas de Gortari se lanzó a esa aventura no para lograr mayor acceso para productos mexicanos al mercado de EU y de Canadá, sino para garantizarle a los inversionistas extranjeros la seguridad jurídica que el estado de derecho mexicano no les brindaba. En mi opinión, de eso se trató siempre, no de un asunto de aranceles o de mercados. Quedarnos sin el TLCAN significa dejar de brindarles a esos inversionistas esa seguridad jurídica. No es un tema menor, y sí es grave.

Tercera falacia: México debe recurrir a las otras armas que posee, o invocar la integralidad de la relación bilateral con EU sólo cuando hayan fracasado o claramente concluido sin éxito las negociaciones comerciales. Utilizar las armas de la migración por la frontera sur, de no aceptar a deportados procedentes de EU sin comprobar su nacionalidad, de cesar de dedicar recursos humanos y financieros a la guerra contra el narco, y en particular a impedir que la cocaína de Colombia, la heroína de Guerrero y la mariguana del norte del país lleguen a EU, y por último, la cooperación en materia de terrorismo e inseguridad no deben ser empleadas sino hasta que sea patente la mala voluntad del Gobierno de Trump en lo que se refiere al TLCAN. Probablemente sea al revés, para que no fracasen las negociaciones comerciales, a México no le basta amenazar a EU con el recurso a estos instrumentos. Si no estamos dispuestos a poner en práctica estas amenazas, EU no va a creer que son reales porque efectivamente el riesgo o costo para México es muy grande. Pensar que los norteamericanos van a espantarse con nuestras amenazas migratorias, del narco, o de seguridad, y por tanto portarse bien en materia comercial es ingenuo.

Ojalá no tengamos que llegar a comprobar si las tres tesis del Gobierno y de los empresarios mexicanos y norteamericanos son ciertas o no. Pero cada día que pasa resulta más probable que en el fondo lo que Trump está haciendo al ampliar el número de demandas inaceptables para México y Canadá es simplemente sabotear el acuerdo. Si ese es el caso, no tiene sentido ni esperar a que él se vaya, ni decir que no importa, ni guardar las únicas armas que tenemos para un futuro donde ya no servirán.

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