×
Jorge Castañeda
Jorge Castañeda
ver +

" Comentar Imprimir
16 Agosto 2017 04:00:00
Lozoya y Tórtola
Con tanto que se ha filtrado en estos días sobre el caso Lozoya/Odebrecht, con tantas fuentes de dichas filtraciones, y con tantas versiones circulando en los pasillos, es difícil determinar cuánto sabemos y cuánto no. Ojalá la inminente declaración de Emilio Lozoya ante la PGR disipe las nubes de confusión de todos, aunque comienza mal, con una pregunta: ¿Por qué citan a Lozoya a declarar únicamente después de las filtraciones?

Por el momento tengo claros tres hechos. En primer lugar, que tres funcionarios de buen nivel de la empresa brasileña Odebrecht declararon ante un juez en Brasil, dentro del esquema de delaciones premiadas, que mucho le ha servido a la justicia brasileña para desmontar la gigantesca red de corrupción genéricamente llamada Lava Jato, que la empresa entregó 10 millones de dólares en dos tranches –por así decirlo– a Emilio Lozoya. La primera se dio cuando era el encargado de asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto, y la otra como director de Pemex. En segundo lugar, sabemos que Odebrecht realizó varias transferencias de recursos de sus cuentas a las de dos empresas en distintos paraísos fiscales: a Latin American Asia Capital Holding Ltd, y Zacapan S.A., por un total de 10 millones de dólares. Dichas cuentas aparentemente estan radicadas en dos bancos, ambos ubicados en la isla de Tórtola, de las British Virgin Islands. En tercer lugar, sabemos que las filtraciones, ya sean todas procedentes de las delaciones premiadas, ya sean de otras fuentes, que podrían incluso ser mexicanas, afirman que dichas cuentas corresponden a empresas “ligadas a” Emilio Lozoya. Aquí la cosa se complica y a la vez se puede facilitar.

No es imposible indagar para un Estado, pero también para investigadores privados, periodísticos o de organizaciones de la sociedad civil, quiénes son los principales accionistas o funcionarios de las sociedades de responsabilidad limitada (LLCs) en los paraísos fiscales del Caribe o de Panamá. Entre chismes, sobornos (hablando del Rey de Roma), fuego amigo y otros instrumentos, es posible determinar quiénes son esos accionistas, o, de tratarse de accionariados anónimos, averiguar quiénes son los “funcionarios” (tesorero, secretario, presidente) de la empresa. Fue el caso de los famosos Panama Papers.

De ahí que el tema de Lozoya en estos paraísos fiscales y con esas cuentas se vuelva binario: o las cuentas son de empresas suyas, aunque disfrazadas, o las cuentas no tienen nada que ver con él. En el primer caso, Lozoya debe ir a la cárcel; en el segundo, se le debe una disculpa. El reto es otro: ¿quién va a averiguar?

Procedamos por descarte. Los gobiernos de Suiza, Estados Unidos y Brasil, los tres partes del acuerdo con Odebrecht por el cual pagó una multa gigantesca, no tienen el menor interés en saber quiénes son los mexicanos que recibieron ese dinero. Es obvio que el Gobierno de Peña Nieto tampoco. La PGR no va a enviar a nadie a Tórtola, o a Antigua, o a Lichtenstein. Va a proceder como la función pública en el caso de la casa blanca: donde buscamos, no encontramos nada. Donde no buscamos, menos.

Queda la oposición en México, y las organizaciones periodísticas o de la sociedad civil. De la primera, espero poco: no está en su ADN perseguir con seriedad a cualquier gobierno. Los medios y las organizaciones pueden hacer más, pero en ocasiones muestran más propensión a ser destinantarias de filtraciones que a investigarlas por cuenta propia. Pero estamos en sus manos, porque no hay otras.
14 Agosto 2017 04:06:00
Indiana Jones y el PRI
Parece absurdo a estas alturas insistir de nuevo en la completa falta de vuelo intelectual del PRI. Su agotamiento abstracto ha sido patente desde hace tiempo, y cuando uno u otro de sus gobiernos emprende o logra algunas reformas importantes, el partido simplemente las aplaude o las deforma, sin tener nada que decir de sustancia al respecto. Pero en su última asamblea, los priistas de plano se volaron la barda en materia de mediocridad conceptual.

Ante los enormes retos que enfrenta el país, en lo económico, social, político e internacional, frente a una elección presidencial decisiva en 2018, el PRI se fijó –y alcanzó– como gran avance quitar unos candados burocráticos redundantes y de interés sólo para... los priistas.

Como se sabe, los estatutos del PRI estipulan desde hace tiempo que el requisito de ser miembro del mismo, o contar con un mínimo de años de militancia, se hacen a un lado si el partido va a una elección en alianza. El partido de Gobierno cuenta con por lo menos tres aliados posibles, y en realidad seguros, si los quiere. Se trata del Partido Verde –que sirvió en el 2006 y el 2012–, el Partido Encuentro Social (cercano al secretario de Gobernación) y Nueva Alianza, arrebatado a Elba Esther Gordillo cuando fue encarcelada.

Con cualquiera de los tres, o con los tres, el PRI puede hacer más o menos lo que quiera. Lo esencial es cuánto puede dar a cambio; cada vez menos, sin duda, pero algo es algo, sobre todo para organizaciones pequeñas en riesgo de perder su registro si van solas a una elección presidencial. Si lo que Peña Nieto pretendía era designar a Meade como candidato del PRI, no necesitaba cambiar los estatutos de su partido, ni mucho menos armar tanto escándalo al respecto. Con sus prestigiados e íntegros aliados le bastaba.

Pero entonces no hubiera podido librar dos escollos importantes. El primero: la indigencia teórica, política y estratégica del PRI. No puede ofrecer nada, porque además de estar poblado de políticos sin pensamiento ni decoro –¿en verdad Enrique Ochoa piensa que su partido va a ganar en la Ciudad de México, en Jalisco, y en Veracruz?– sus integrantes no estarían de acuerdo en nada. Salvo lo que tratara de imponer Peña Nieto, lo cual implicaría que supiera qué imponer.

Pero en segundo lugar, el PRI hubiera tenido que proponer por lo menos un par de ideas en serio, que habrían involucrado algún tipo de dedicatoria. Cualquier tesis programática sustantiva le quedaría bien a un pre-candidato, y mal a otro. Lo cual no tendría nada de grave, si Peña Nieto perteneciera a su siglo. Pero proviene de –y es parte de– la era de López Mateos.

Es obvio que los jerarcas priistas siguen pensando que la selección de su candidato equivale a la elección del próximo Presidente de México. Está en su ADN; es el chip priista. El destape no es de candidatos y mandatarios hipotéticos; es del “bueno”. Para ellos, resulta impensable que a 80% de los mexicanos les dé enteramente lo mismo si el candidato del PRI es Nuño, Meade o Narro: los odian a todos. Creen que perdura la época del dedazo, y que lo más importante son las florituras priistas y el lenguaje críptico del siglo pasado. No recuerdan la segunda o tercera película de Indiana Jones, cuando Harrison Ford se enfrenta a un enemigo árabe feroz, armado de una cimitarra aterradora, la cual manipula con extrema destreza, hasta que el héroe de las tres películas desenfunda su revólver y le mete un balazo a su contrincante. Todas las mañas y despistes de Peña servirán de muy poco; Indiana Jones, whoever that may be, los va a liquidar en julio del 2018.
11 Agosto 2017 04:07:00
Márquez, Julión y la ausencia de adultos
No faltarán quienes piensen que la colocación de Rafael Márquez y Julión en la lista de personas posiblemente involucradas en actividades de narcotráfico y de lavado de dinero constituye una advertencia, amenaza o franco golpe bajo al Gobierno de Peña Nieto. Washington escogió el momento para lanzar su torpedo por debajo de la línea de flotación –en la víspera del arranque de las negociaciones del TLC–, el lugar –la Embajada de EU en la Ciudad de México– donde recibiría la máxima difusión en el país– y el mensajero –el director de OFAC. Este departamento, y su titular son quienes manejan los castigos contra todos los países que violan sanciones impuestas a ellos por Estados Unidos, desde Cuba hasta Corea del Norte, e incluyendo hoy a Rusia y a Irán. No se trata de un personaje menor del Gobierno norteamericano, que, además, se desplazó a la Ciudad de México para hacer su anuncio.

Huelga decir que, si bien la Embajada sabía de la distante, pero innegable, relación de Peña Nieto con Julión, cuando organizó la visita del director de OFAC y convocó a varios columnistas para advertirles del golpe que venía, no tenía conocimiento de la reciente visita de EPN al Cañón del Sumidero en compañía del cantante. Ni que Presidencia subiría y bajaría fotos del Presidente con el presunto narco.

Pero la Embajada sí sabía quién es Rafa Márquez en la psique mexicana y cuántos golpes más a la autoestima nacional puede aguantar este país. Y también conoce a la perfección cuán grande es la debilidad del equipo de Gobierno, los enormes retos que enfrenta, y las consecuencias de un deterioro mayor en la confianza, la aprobación y la resiliencia mexicanas. La pregunta no es si un malin génie (Descartes) en Washington urdió todo esto, junto con la captura de Veytia, Yarrington, más los que se acumulen, sino al revés. ¿Por qué no hay nadie en Washington pendiente del derrumbe mexicano y que ponga orden en momentos críticos?

La decisión de OFAC pasa por seis o siete agencias norteamericanas antes de oficializarse, incluyendo a la CIA y al Departamento de Estado. No sé si burocráticamente también requiere de la firma del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, pero, en todo caso, el Mexican Desk Officer en la Cancillería estadunidense le informa a su colega en la Presidencia. Es obvio que nadie alzó una señal de alarma sobre si realmente valía la pena armar este escándalo, en este momento, con ramificaciones imprevisibles. El problema con Washington para México es que no hay nadie que mande en el conjunto de temas de la relación bilateral y evite que cada quien se dispare por su cuenta. Los cowboys andan sueltos de nuevo (remembre Camarena); no hay ningún adulto en el cuarto de juegos. Peor aún: puede ser que en México tampoco. Todo indica que la Secretaría de Hacienda y en particular la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Alberto Bazbaz, trabajaron de la mano con OFAC y los norteamericanos en esta investigación, que duró un buen tiempo. En el Gobierno de la “coordinación”, la SHCP no le avisó a la Segob o al EMP o a la Oficina de la Presidencia que venía un ataque contra Julión, amigo del gobernador de Chiapas, próximo anfitrión del Presidente de la República y artista de selfies. Ni tal vez a la Cancillería, donde los buenos oficios y contactos del titular hubieran podido elevar la decisión sobre Márquez a un nivel político. No se ven los adultos en el cuarto de juegos mexicano.
09 Agosto 2017 04:07:00
¿Sanciones a Maduro?
La reunión de cancilleres de países “Like Minded” en Lima el día de ayer, a propósito de la crisis política, económica, financiera y humanitaria que agobia a Venezuela, es un primer paso interesante hacia un enfoque diferente. Al sacar el tema de la OEA se evita, en primer lugar, que Venezuela y Cuba sigan utilizando a los pequeños países del Caribe, y a sus aliados del ALBA, para bloquear cualquier resolución “con dientes” en relación a lo que sucede en ese país. La OEA impide que se aprueben resoluciones que exijan la liberación de los presos políticos, que se ponga un alto a la represión ya denunciada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos como feroz y generalizada, y que se lleven a cabo las elecciones previstas para este año y el entrante. Al reducir el número de países, a aquellos que piensan de manera parecida, se puede avanzar en varias direcciones.

Una de ellas, que proviene de experiencias anteriores de los años 80 y 90, y que ha sido discutida por varios gobiernos en las últimas semanas, tiene que ver con la posibilidad de crear un grupo de países amigos o de seguimiento al caso Venezuela. Para ello, tendría que formarse este grupo ad hoc con gobiernos aceptables, tanto para el Gobierno como para la oposición venezolana, algo que puede parecer improbable pero no imposible. Algunos países, como México y Colombia, o como El Salvador o República Dominicana, pueden ser aceptables para ambas partes. Crear un grupo de esa manera permitiría el inicio de un nuevo proceso de intermediación. Se evitarían los errores tan graves que se cometieron en el proceso anterior encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero y se podrían contemplar salidas realistas a la tragedia venezolana.

Una segunda dirección que también se abre, sin embargo, va en un sentido muy distinto. Involucra la posibilidad de que algunos países, desde luego los reunidos en Lima, pero también quizás EU y la UE, consideren la imposición de sanciones económicas al Gobierno de Nicolás Maduro por violar determinados instrumentos internacionales que ha suscrito. Ya el fin de semana pasado los cuatro países del Mercosur suspendieron a Venezuela por violar las normas democráticas existentes en ese país. Aunque el efecto económico de esta decisión pueda ser menor, se trata claramente de sanciones, como muchos de estos países han aprobado en otros momentos de la historia, a propósito de otros casos. Se podría ir más lejos, donde un mayor número de países aplicaran sanciones más severas a Venezuela hasta que su Gobierno escuchara la razón. La más extrema sería la suspensión de compras de petróleo por todos los países involucrados, empezando por EU, y también, en su caso, el congelamiento de activos venezolanos en distintos países donde existen. De la misma manera que el Gobierno de Nicolás Maduro ha congelado o expropiado propiedades de empresas procedentes de estos mismos países de América Latina.

Muchos dirán que es una exageración recurrir a sanciones en el caso de Venezuela. Que nunca resultan, que sólo perjudican a la población más desfavorecida, y que si incluye a EU tendría un efecto contraproducente: darle la razón a Maduro de que está siendo víctima de un “compló” del imperio. Todo esto puede o no ser cierto, pero conviene tomar en cuenta dos elementos antes de fijar una posición definitiva al respecto.

En primer lugar, repetir incansablemente el mantra de la ineficacia de las sanciones contra Cuba desde 1961 no es necesariamente pertinente para el caso venezolano. En efecto, esas sanciones pueden haber sido inútiles, contraproducentes e injustas, pero ello no significa que lo sean en el caso de Venezuela. Sobre todo, este tipo de análisis apresurado, hace caso omiso de un precepto fundamental en estas discusiones.

El único criterio para juzgar si la imposición de sanciones económicas, políticas, jurídicas e incluso sociales a un determinado régimen, debe o no establecerse, es su eficacia. Si son eficaces, deben utilizarse; si no lo son, deben descartarse. No está claro que sanciones bien pensadas, que incluyeran un enfoque humanitario para ahorrarle a la tan castigada población venezolana más penurias de las que ya ha sufrido, puedan resultar ser eficaces en el caso de Venezuela y llevar a una salida democrática a la crisis. Esto ha sucedido en otros países. El caso más reciente y emblemático es desde luego el de Sudáfrica a principios de los años 90. Conviene recordarlo.
07 Agosto 2017 04:06:00
La agenda: el silencio telefónico
La publicación de una especie de versión estenográfica del diálogo por teléfono entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump aporta valiosas lecciones en muchas direcciones diferentes. Ya se ha dicho lo esencial al respecto; aquí sólo quisiera reiterar, con mayor precisión, lo que ya traté de exponer.

Peña no se manejó mal. Se vio bien preparado para responder a la mayoría de los temas que su equipo supuso que suscitaría su interlocutor, y lo hizo ciñéndose a un guion ciertamente defensivo, pero sencillo y eficaz. En efecto, como lo han señalado algunos, como Agustín Basave, no supo qué decir cuando Trump se refirió en términos despectivos a las Fuerzas Armadas Mexicanas, o cuando estableció una falsa amalgama entre la epidemia de opioides que padece hoy Estados Unidos, y la producción de drogas en México. Pero en general, se desempeñó mejor de lo que muchos esperábamos.

El problema no estriba en lo que Peña dijo, sino en sus silencios sustantivos. Y aunque la conversación tuvo lugar hace seis meses, esos silencios perduran. Se trata, claramente, de la falta de agenda mexicana con Washington, y la reacción puramente defensiva, negativa o pasiva, del Gobierno ante las embestidas norteamericanas. A lo largo de los últimos 50 años, distingo tres momentos en los que México no sólo reaccionó ante la agenda estadunidense, sino cuando activamente propusimos nuestra propia agenda. El primero fue entre 1979 y 1985, durante los sexenios de López Portillo y De la Madrid, cuando tuvimos una agenda centroamericana activa, vigorosa y explícita.

El segundo fue a propósito del TLC, propuesta de Carlos Salinas, ante la cual reaccionaron primero Bush padre y después Clinton. El tercero se produjo durante el sexenio de Fox, cuando México propuso a Bush hijo y empujó un acuerdo y/o una reforma migratoria integral con Estados Unidos. Hoy no tenemos agenda propia, pro-activa y clara.

¿Qué significa? Simplemente que más allá de los lugares comunes (“ganar-ganar”), de los deseos piadosos (hay que terminar pronto), de los deseos abstractos (una negociación integral) y de repetidas negativas (Freud enloquecería ante tanta “denegación”: no aceptaremos aranceles, cuotas, humillaciones, intromisiones, etc), el Gobierno de Peña no le ha formulado explícita y públicamente al de Trump lo que quiere, no lo que no quiere. Esto se notó de manera dolorosa en la conversación telefónica.

Plantear lo que uno desea no significa lograrlo todo, ni que uno siquiera piense que alcanzará todas las metas. Pero sí implica formular propuestas específicas, ambiciosas, poco realistas si se quiere, pero que permitan orientar la negociación en una dirección diferente. Para no ir más lejos, repito tres ideas al respecto.

Primero: incluir la libre circulación de la mano de obra en el TLCAN, con etapas y techos si se quiere, enfatizando más los flujos futuros que los acervos anteriores si se prefiere, pero como un interés nacional mexicano primordial. Segundo: atender la crisis centroamericana a través de un especie de Plan Marshall de Estados Unidos para el Triángulo del Norte, con el objetivo de disminuir el crimen y la violencia, la corrupción y la pobreza, y la incapacidad estatal de control territorial. Tercero: trabajar juntos para que México obtenga la autorización de los organismos internacionales encargados de droga (la JIFE en particular) para sembrar y procesar legalmente, como varios otros países, campos de amapola para la producción de morfina y otros opiáceos, y reducir de esa manera el impacto en México de la epidemia en Estados Unidos.

Esta es una propuesta de agenda. No incluye temas estrictamente comerciales, aunque seguramente tenemos mucho que plantear al respecto. ¿No nos gusta? Inventemos otra. Pero no nos demos gato por liebre: desear buenas relaciones entre México y Estados Unidos no es una agenda. Es puro rollo.
04 Agosto 2017 04:00:00
¿Por qué las prisas del TLCAN?
En los últimos días he platicado con varias personas muy inteligentes, muy bien informadas del curso de las negociaciones sobre el TLCAN, y muy predispuestas a contar lo que piensan. A todas ellas les he hecho la misma pregunta para la cual no tengo respuesta, al no necesariamente contar con los atributos mencionados: ¿Cuál es la prisa del Gobierno de México?

El argumento “oficial” más sensato y creíble que he escuchado involucra a lo que podríamos llamar la inestabilidad psicológica del presidente Trump. Invoca también la esperanza de utilizar las ansias del mismo individuo por lograr alguna victoria en su gestión presidencial que sea inminente y económica. La idea sería que si no terminan las negociaciones en un muy corto plazo –como se ha dicho, para fin de año– Trump es capaz de recurrir al capítulo de salida del Tratado, o de plantear exigencias desorbitadas que obligarían a México a invocar la misma cláusula. En cambio, es posible que su necesidad de entregar un triunfo a corto plazo lo llevaría a ceder en algunos puntos difícilmente aceptables para México y para Canadá.

Acepto que el argumento es sincero, pero no me convence. No veo por qué Trump sería incapaz de cambiar de parecer, incluso después del famoso handshake de los tres mandatarios en torno a una negociación concluida. Tampoco comprendo por qué Trump le ofrecería a México concesiones mayores en noviembre que en mayo o junio, o a finales del 2018. Si esta es la razón de la prisa mexicana, es muy mala.

El segundo argumento que he escuchado –que el Gobierno ha ofrecido de una manera más o menos formal, más o menos oficiosa– es el de la “contaminación”. Hay que acabar pronto para que la negociación no contamine, ni se contamine, con la campaña electoral mexicana del 2018. Para empezar, la del 2018 no es del 18; es ya del 17. En segundo lugar, cerrar la negociación a finales del 17, sin poder lograr una ratificación legislativa en los tres países antes de finales del 18 no sirve absolutamente de nada. Sobre todo si en México gana un candidato presidencial opuesto al contenido de la nueva negociación, u opuesto al tratado en sí mismo; si su partido o su coalición alcanza un tercio bloqueante en el Senado; si los republicanos pierden su mayoría en la Cámara de Representantes, o mucho peor, en el Senado de EU. Cualquier firma protocolaria sin valor jurídico alguno realizada durante el 2018 sería revertida por los actores mencionados. El argumento de la contaminación no tiene el menor sentido, ante todo si nos obliga a ir rápido y a no poner obstáculos donde podemos colocarlos.

El tercer argumento me parece el más persuasivo y el más perspicaz. Sí hay un tema de contaminación, pero no en el sentido que lo ha dicho el Gobierno. En realidad, Peña Nieto y algunos de sus colaboradores tienen prisa por dos motivos. El primero se refiere a la selección del candidato del PRI a la Presidencia. Contar con un gran éxito de parte de Luis Videgaray antes de fin de año no pinta tanto porque le permitiera a él ser el candidato, pero sí podría incidir en quien fuera el candidato del PRI.

Pero confluiría también en la estrategia, que ya he descrito como miope, de Peña Nieto para el 2018. Alcanzar un gran éxito en la negociación de EU a más tardar para febrero o marzo del año entrante, le daría, piensan, un gran empujón al candidato del PRI y llevarlo a la victoria. Ese sí es un argumento creíble, y a la vez completamente falso.

Pensar que alguien en México va a votar por el candidato de Peña-PRI sólo porque los negociadores mexicanos obtuvieron algún tipo de triunfo en el mantenimiento con matices del contenido del capítulo 19 de solución de controversias antidumping del Tratado, me parece delirante. No tiene el menor sentido, pero sí se entiende que pueda servirle al Gobierno.

En lugar de tener prisas, quizás convendría poner sobre la mesa lo que Carlos Salinas dijo que puso sobre la mesa en 1992 (ya he argumentado en otras páginas por qué no le creo). México debe tener una agenda propia para el TLC y el tema central de esa agenda propia –lógrese o no, en su totalidad o en una pequeña parte– es el asunto migratorio. México no debe ni puede aceptar que se reabra el TLC sin incluir algo cuya exclusión siempre nos impusieron: el destino de los millones de mexicanos en EU y de los cientos de miles que se siguen yendo cada año. Que esto retrasaría la negociación, sí; que no lograríamos todo lo que buscamos, sí; que es un tema que a Trump no le gusta, desde luego. ¿Y qué?
02 Agosto 2017 04:08:00
Dos programas comunes
Uno de los dilemas más complejos de la construcción del llamado Frente Amplio Opositor o Democrático yace en la elaboración de un programa común, aceptado por el PAN, el PRD, MC y los eventuales sectores de la sociedad civil que se unirían bajo una misma bandera. Obviamente, no es el único obstáculo. Escoger a candidatos únicos a la Presidencia, la Jefatura de un Gobierno de coalición de la Ciudad de México y de sendas bancadas en el Senado y la Cámara de Diputados puede constituir una tarea titánica, o francamente imposible. Encontrar aspirantes que encabecen un frente tan antiPRI como antiAMLO, y a la vez enarbolen una propuesta innovadora, audaz y atractiva constituye asimismo un reto quizás insuperable. Pero el programa encierra sus propias dificultades, en algunos sentidos más interesantes.

En discusiones con diversos interlocutores vinculados con la construcción del hipotético frente, he detectado una disyuntiva hasta cierto punto tajante a propósito del hilo conductor del programa posible. O bien se procedería mediante la llamada triangulación –inventada por Bill Clinton a principios de los años 90– sumando posturas de todas las partes, o bien habría que recurrir al mecanismo de los denominadores comunes mínimos de todas las partes. Ambas posturas encierran ventajas y desventajas.

La triangulación implicaría sumar, por ejemplo, las tesis liberales del PAN en materia económica e internacional, a las definiciones progresistas del PRD, de los independientes y de parte de la sociedad civil en materia social y de vida cotidiana. Así, un programa común incluiría la profundización de la reforma energética, una mayor apertura económica, una reforma fiscal basada en el aumento y la extensión del IVA, la reforma del sistema de procuración de justicia y del régimen político mexicano, y una posición internacional comprometida con los derechos humanos y la defensa colectiva de la democracia representativa y no con la no intervención. Pero también incorporaría el ingreso básico universal, el alza del salario mínimo, un sistema universal de protección social, la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización de la mariguana y una activa promoción de la sustitución de importaciones de los insumos de las exportaciones.

Este camino revestiría la ventaja de darle satisfacción a todos los integrantes del frente, a nivel cupular. Pero podría traer como grave consecuencia enajenar a las bases: las del PAN, que no tolerarían temas como el aborto o los matrimonios igualitarios, o a las de la izquierda, que no aceptarían la privatización de parte de las hipotéticas acciones de Pemex. Tal vez los intelectuales, activistas y militantes verían con buenos ojos un esquema de esta naturaleza, pero los votantes se enfurecerían. Los del PAN se refugiarían en la abstención o el voto útil por el PRI, como en 2012, y los del PRD se aventarían a los brazos de Morena.

La otra opción es más prudente, pero quizás menos movilizadora. El programa incluiría, y sólo incluiría, aquellas propuestas comunes a todos sectores: PAN, PRD, MC, sociedad civil e independientes. Empezaría posiblemente con la lucha contra la corrupción, tal vez un fin a la guerra del narco y la construcción de un estado de derecho funcional, una política económica que buscara un mayor crecimiento, un combate más imaginativo a la pobreza y la desigualdad, y algunas reformas político-electorales (segunda vuelta, reducción del financiamiento a los partidos y del número de diputados y senadores plurinominales). Existen suficientes convergencias para que no se tratara de una simple lista de lugares comunes o buenos deseos, y al mismo tiempo, los electores de base no se sentirían ofendidos. El problema aquí es saber qué sucedería cuando por una razón u otra fuera preciso abordar temas espinosos excluidos del programa común, y que la actualidad impusiera. Lo conveniente de este segundo enfoque consiste en que los pleitos vendrían después; con el primero, vendrían antes.

Supongo que los arquitectos del Frente han revisado estas opciones –y otras, desde luego– y que van avanzando por buen camino. Eso esperamos muchos que ya no nos resignamos a votar por el mal menor, que tenemos una definición clara –la mía es la candidatura independiente de Ríos Piter–, pero que podríamos apoyar una vía que incluyera nuestra primera preferencia y la ampliara.
31 Julio 2017 04:00:00
Cuauhtémoc, Venezuela y México
Cuauhtémoc Cárdenas es un icono de la democracia en México. Hemos tenido muchos acuerdos y algunos desencuentros, siempre en un marco de respeto y afecto. En ese contexto van estas líneas.

Su texto del sábado en La Jornada sobre la posición de México ante Venezuela contiene varias imprecisiones que me parecen incompatibles con otras posiciones que ha manifestado a propósito de otros países, incluyendo el nuestro, y sobre todo, omisas en relación con los acontecimientos de ayer en aquel país. Las resumo, reconociendo que, en efecto, puede uno pensar que asociar a México a las sanciones impuestas por EU a funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos y/o corrupción no es la mejor manera de defender la democracia en Venezuela. La postura mexicana ha vuelto a ser congruente: defender la democracia representativa y el respeto a los derechos humanos en Venezuela como lo haría en cualquier otro país, incluyendo México.

El primer error de Cárdenas, y de los intelectuales que firman un manifiesto análogo en el mismo periódico, es considerar que una postura de esta naturaleza rompe con la tradición de política exterior mexicana. Al contrario. México, desde los años 70, ha adoptado actitudes de severa crítica a gobiernos dictatoriales, racistas o agresivos. Lo hizo con Chile después del golpe de estado de Pinochet. Lo hizo cuando rompió relaciones con la dictadura de Somoza en Nicaragua, en 1979, ayudando abiertamente al Frente Sandinista en su lucha contra el genocida. México invocó muchos principios para justificar sus actos, pero claramente tomó partido: a favor de las fuerzas opositoras a la dictadura. Durante varias décadas se opuso al régimen del apartheid en Sudáfrica, y votó a favor de sanciones en la ONU. Ni qué decir de la Declaración Franco-mexicana sobre El Salvador en 1981, cuando le reconoció al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional el carácter de fuerza política representativa. La diferencia con Cárdenas y sus colegas puede ser que ellos consideran que, en los casos que acabo de mencionar, se trataba de auténticas dictaduras mientras en Venezuela (y Cuba) se trata de regímenes que no pueden ser considerados como tales.

Segunda imprecisión: México, junto con otros países desde hace varias décadas, ha considerado que el principio de no intervención debe subordinarse a otros principios de valor jurídico universal como el respeto a los derechos humanos, la defensa colectiva de la democracia, la paz y la seguridad mundiales y el combate a ciertos regímenes especialmente odiosos.

Tercera imprecisión: Cárdenas parece pensar que la única razón por la cual México adoptaría una postura crítica frente a la dictadura de Nicolás Maduro, a la represión, al golpe de estado que significa la elección de la Asamblea Constituyente, es por alinearse con EU. Que no existen intereses mexicanos propios para adoptar estas posturas. Falso. Primero, porque México ha suscrito –con Venezuela- una gran cantidad de instrumentos jurídicos regionales e internacionales sobre los cuales descansa su postura actual: la Carta de Bogotá, el llamado Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, y sobre todo la Carta Democrática Interamericana. Estos documentos nos obligan a las posiciones que hemos adoptado; no hacerlo equivale a traicionar esos instrumentos o la adhesión de México a los mismos. La Carta Democrática Interamericana en particular es muy específica. La violación de normas constitucionales en cualquier país de América Latina debe detonar un mecanismo de censura y sanciones contra el país que así procede.

Cuarto error: Venezuela no tiene por qué plegarse a los designios del imperio o de México, o de cualquier otro país. Falso. Tiene que plegarse a la letra y el espíritu de los instrumentos internacionales que ha firmado. Maduro ha dicho que retira a su país de la OEA, y que denuncia la Carta de Bogotá, pero ese es un proceso que tarda dos años. Ha expulsado a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero sigue siendo vigente el Pacto de San José y la Comisión y la Corte para su país. Entonces, Venezuela sí tiene obligaciones muy específicas.

La última imprecisión de Cuauhtémoc es la que me parece más grave. Sin la movilización y la unidad de las fuerzas de los sectores pro democráticos dentro de México es imposible avanzar. Pero también sin el apoyo de sectores externos: aliados, fuerzas afines u organismos internacionales. Cuauhtémoc llamó a que hubiera observadores internacionales en las elecciones del 94; su partido, o varios de sus correligionarios, acudieron a la OEA y a la CIDH para denunciar el fraude electoral. Ahora mismo los sectores más radicales de la izquierda mexicana siguen apelando al GIEI y a instancias análogas para casos como Tlatlaya sin ruborizarse. Sin embargo, ¿Con qué cara se pide eso para México sin exigir lo mismo para otros países? ¿Qué no tiene más fuerza la exigencia de sectores opositores en México al solicitar la intervención de organismos como la CIDH, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Amnistía Internacional o Human Rights Watch en México si también se pide en otras partes de América Latina? La mejor ancla contra los retrocesos en esta materia en México son los acuerdos internacionales que se han suscrito.

Creo que sí hay imprecisiones en el texto de Cárdenas pero celebro la posibilidad de debatirlos con él de esta manera indirecta y espero que respetuosa.
28 Julio 2017 04:07:00
¿Cuántos mexicanos se van?
La tragedia del tráiler de San Antonio nos obliga a recordar muchas cosas tristes, empezando, desde luego, por el doloroso hecho de la partida de cientos de miles de mexicanos a Estados Unidos cada año, y el terrible costo que muchos están dispuestos a pagar por irse. Pero más que nada evoca una realidad que gran número de expertos se niegan a ver o entender.

Hace por lo menos cinco años comenzó a circular la tesis del balance cero, es decir, que el número de mexicanos que partían a Estados Unidos era igual o inferior al de aquellos que volvían. De esa idea –técnica, eufemística, quizás excesiva pero con alguna dosis de verdad– se derivaron varias mentiras. Que ya no se iban los mexicanos porque había muchas oportunidades en México; que todos los migrantes indocumentados ansiosos por cruzar a Estados Unidos eran centroamericanos; que el fenómeno migratorio dejó de ser pertinente; que ya México no era un país emisor o expulsor de migrantes.

Todo era falso, empezando por la peregrina idea de que el incremento en el número de retornados se debía a decisiones voluntarias y no a deportaciones –por definición coercitivas–, o que algún oriundo de Michoacán o Guerrero acababa de volver a su terruño por nostalgia o para aprovechar las magníficas oportunidades que se le ofrecían en esos estados (supongo que de parte del narco).

De las 39 víctimas del horror de San Antonio, 34 eran mexicanos. De los 10 muertos, siete eran mexicanos. Por ahora. Veremos si estas proporciones aumentan conforme se obtenga mayor información. A menos de que nuestros compatriotas hayan fallecido o estén hospitalizados porque se subieron al tráiler pensando que venía a México, se trata de paisanos que pagaron una suma estratosférica y creciente al pollero para irse, y aceptaron correr el riesgo de perder la vida por hacerlo. En verdad ¿ya nadie se va? ¿En serio terminó la migración mexicana a Estados Unidos? ¿Cuántos muertos más se necesitan para entender que no es cierto?

Pero otro dato, menos escalofriante pero tal vez más significativo, ilustra el mismo tema. Desde 2012 señalé en The New York Times, en un artículo escrito con Douglas Massey, que la cifra de migrantes mexicanos que ingresaban a Estados Unidos con papeles había crecido de manera exponencial. Hoy esto es más cierto que nunca.

De acuerdo con datos publicados en el diario Reforma el domingo pasado, en 2016, Washington expidió 184 mil visas H2A y H2B, es decir, permisos de trabajo temporales para empleos agrícolas y de servicios. Si le sumamos casi 20 mil visas H1B para profesionistas, se trata de más de 200 mil mexicanos que emigran cada año al norte. Desde 1997, el total se ha triplicado. Habría que sumar a este número los mexicanos que reciben visas de inversionistas o de reunificación familiar (estando en México).

Andamos cerca de los 300 mil mexicanos que se van cada año con papeles. ¿Cuántos son los indocumentados que emprenden el viaje aterrador sin papeles? ¿Otros 100 mil? ¿200 mil? ¿A cuanto asciende el total global, con o sin papeles? ¿Medio millón? ¡Que bueno que ya se vayan menos! ¡Que pasaría si se fueran más!
26 Julio 2017 04:07:00
Otra vez 2018
Escribí aquí la semana pasada que no me cuadraban las cifras oníricas del Gobierno para el 2018. Si aceptábamos que la popularidad del Presidente era igual –detalles más, detalles menos– a la probable votación que recibiría el candidato del PRI a la presidencia el año entrante, y que nada significativo ocurriría de aquí a las elecciones para modificar esa popularidad o esa ecuación, no había manera de que ganara el PRI en 2018. La encuesta de Reforma publicada el 23 de julio confirma lo anterior.

En la carrera de caballos entre partidos, el PRI se ubica en 17%, sin repartir los indecisos o los que no responden (21%). Si se incluyen estos y se reparten de manera equitativa, el partidazo roza 20% de los que hablábamos. Esta cifra corresponde exactamente a la popularidad o aprobación que Reforma le asigna a Enrique Peña Nieto unos días antes. Su 20% refleja una mejora en relación a enero, pero 12% de entonces encerraba un sesgo negativo debido a que la pesquisa fue levantada en el peor momento del gasolinazo.

Dos datos adicionales confirman esta tesis. A la pregunta ¿Usted piensa que el PRI debe seguir gobernando el país o que debe cambiar el partido en el Gobierno? 80% de los mexicanos respondió que debe cambiar. Hubo una gran similitud entre la medición de la respuesta en el Edomex a la misma pregunta y los votos que finalmente recibió el PRI en esa elección. El techo del PRI hoy está en 20% del electorado, en el mejor de los casos.

Ahora bien, si nos vamos a los llamados careos entre candidatos posibles, la cosa empeora, aunque no tanto. Si el candidato del PRI es Miguel Ángel Osorio Chong, el puntero en las encuestas, aunque desde luego que no en lo único que importa, a saber, el corazón de EPN, el PRI alcanza 15% del voto y 21% de no respuesta, y sin independiente en la boleta. En ningún careo alternativo, o con ningún candidato diferente, le va a mejor al PRI que con Osorio.

Una sencilla prueba empírica corrobora todo esto. Piense usted, amable lector, en algún conocido que deteste a EPN (no creo que le falten). Pregúntele, después de escuchar sus diatribas contra el Gobierno de Peña, si votaría por José Narro o Aurelio Nuño, los dos posibles candidatos del PRI menos contaminados. Luego avíseme cuántas mentadas de madre se llevó.

Una última reflexión sobre el Frente Amplio, de acuerdo con la encuesta. Aunque en los careos no le va bien, hay dos motivos para cierto optimismo. El 42% de los entrevistados se dice dispuesto a votar por el FA del PAN y del PRD, 13 puntos más que la suma de PAN y PRD separados, aunque Margarita Zavala Calderón, la mejor posicionada como candidata, sólo obtiene 27% como abanderada del FA. Y a la pregunta de ¿quién tiene mayores posibilidades de derrotar al PRI (voto útil)?, el FA supera a MORENA por 43% a 39%. No está mal.

Hay tres discusiones importantes sobre el 2018. Una es si gana o no López Obrador. Yo creo que sí, pero se trata de un debate un poco ocioso hoy. La segunda es si puede ganar o no el PRI. No es ociosa. No puede ganar. Y la tercera es si un frente PAN-PRD-MC puede ganarle a López Obrador con una propuesta que no sea partidista ni negativa. No sé; espero que sí.
24 Julio 2017 04:00:00
Los datos de sangre y plomo
Dos series de datos publicados a finales de la semana pasada vuelven a ilustrar el carácter delirante de la guerra contra el narco de Calderón y Peña Nieto. Primero los muertos. Las cifras de junio de homicidios dolosos –todos, vinculados al narco o no– divulgadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública (así con algunas mayúsculas y nombre rimbombante entero, para que no se sientan menospreciados los burócratas) arrojaron los totales más altos de la historia. En el mes de junio, fueron víctimas de homicidios dolosos 2 mil 566 personas en México, haciendo del mes pasado el más sangriento desde que el SESNSP levanta datos, es decir, desde 1997. El INEGI recopila números análogos, aunque una ligera distorsión hacia arriba, desde 1992, pero no ha publicado todavía la información de 2017; extrapolando, estamos muy por arriba de ese año. Algún tontito por allí descubrirá que en realidad la cifra total de homicidios –dolosos y culposos– de junio superó por 69 víctimas la de mayo (4009), sin recordar que mayo tiene 31 días, y junio, 30.

Si nos remitimos al primer semestre del año, el total registrado de homicidios dolosos alcanzó 13 mil 729, mayor que el primer semestre de 2011, el año rojo de Felipe Calderón, con 10 mil 324, un incremento de 33 por ciento. El dato del mes pasado es el más alto desde que comenzó la guerra, y más que duplica la cifra del primer año de la misma, a saber 2007. De acuerdo con varios medios, de mantenerse la tendencia actual, este año cerrará en más de 27 mil homicidios dolosos, alrededor de 25 por cada 100 mil habitantes, el peor año de la historia moderna de México y cercano al nivel de Brasil. Si nos vamos al desglose diario, como Alejandro Hope, entre 2016 y 2017 el total de homicidios por día pasó de 61 a 85. Chapeau, EPN. Fox le entregó a Calderón el país menos violento de nuestra historia moderna; Peña a López Obrador, el más.

¿A cambio de qué? ¿De algo peor? Difícil de imaginar. ¿De la perdida por el Estado del control territorial del país? ¿Como hoy en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California? ¿De haber reducido el consumo de drogas en México? Ya vimos en estas notas cómo la encuesta más reciente muestra que México es un país de consumo muy bajo, ligeramente superior al de hace 5 años. ¿Que llegue menos droga a Estados Unidos? De mariguana, quizás. Porque hemos perdido segmento de mercado debido a la legalización allá y los “heroicos” decomisos aquí, pero nada más. En Colombia se siembran nuevamente más hectáreas de hoja de coca que nunca, y aunque una parte se encamine a Europa vía Venezuela y África, y otra hacia EU, pero vía el Caribe y el Golfo, el destino principal sigue siendo nuestro vecino, y el conducto principal, nosotros. El único cambio es la heroína, producida a partir de la amapola. A ella se refiere el otro dato sangriento de la semana.

Según datos de la Secretaría de la Defensa publicados por Reforma el 21 de julio, el promedio mensual de hectáreas sembradas con amapola detectadas por el Estado se duplicó entre 2016 y 2017. Durante el primer semestre del año pasado, se cultivaron mil 837 hectáreas de amapola por mes; este año, el promedio mensual aumentó a 3 mil 702 hectáreas. El total para 2016 fue de 26 mil hectáreas bajo cultivo; de seguir la tendencia actual este año, se alcanzará una cifra de 44 mil hectáreas. Pero no sólo eso. De acuerdo con un oficial de la Sección Séptima del Ejército citado por Reforma, “una semilla normal hace crecer una planta con 8 a 10 bulbos; la semilla mejorada logra más de 40 bulbos”. Vamos bien.
21 Julio 2017 04:08:00
TLC, salarios, corrupción y derechos humanos
El lunes pasado EU hizo públicas sus metas de negociación para los intercambios con México y Canadá para revisar el TLCAN. Aunque el documento de 17 páginas es denso, más para especialistas que para “todólogos” como yo, y representa, más que otra cosa, una síntesis de las divisiones dentro del Gobierno de Washington, se pueden desprender de algunas conclusiones iniciales.

No quisiera entrar en la discusión, un poco ociosa por el momento, de si las demandas norteamericanas son buenas o malas para México, excesivas o insignificantes, esperadas o imprevistas. Prefiero comentar lo que me gusta del planteamiento. Habrá que ver hasta dónde quiere llegar EU en la inclusión de los puntos de su pliego petitorio, y sobre todo si, en caso de hacerlo, qué consecuencias reales pueden tener para México. Por el momento, subrayo dos planteamientos interesantes y bienvenidos, y un tercero, aún ausente.

Empiezo con la referencia salarial incluida en la demanda de incorporar los acuerdos paralelos de 1993 al núcleo del Tratado y de darle mayores dientes y detalle a los temas laborales. Algunas de las tesis de EU fueron tomadas del TPP; por ejemplo, si no me equivoco, el tema del trabajo infantil. Otras provienen del equipo de nacionalismo económico de Trump. Para ir al grano, si la única manera de elevar los salarios en México es porque EU nos lo exige como condición para permitir que los productos mexicanos sigan entrando al mercado más grande del mundo sin aranceles, así sea.

No sé si esa sea la mejor manera de aumentar el ingreso de los trabajadores mexicanos. Creo que puede provocar distorsiones en el mercado de trabajo en México. Sin duda, no corresponde del todo a las versiones clásicas del libre comercio. No es seguro incluso que se pueda hacer. Pero si las demandas laborales en materia de sindicatos, libres de cumplimiento de normas internacionales (OIT) y de salarios decentes se acompañan de consecuencias reales o “dientes” en caso de incumplimiento, bienvenidas sean.

Podremos alegar durante años que así no se deben incrementar los salarios en México; que sería preferible que aumente el empleo y la productividad para que más adelante crezcan los sueldos; y que la mejor manera de que eso suceda es elevando las exportaciones mexicanas a EU, pues sí, pero todo eso no ha sucedido a lo largo de los últimos 23 años.

Segunda consideración, ya planteada por varios colegas, en particular por Leo Zuckermann. Me refiero a la inclusión de un capítulo sobre corrupción en el Tratado, a petición de EU. De nuevo, le doy la bienvenida, ya que me he convencido desde hace tiempo que no vamos a acotar la corrupción en México sin apoyo internacional. Como ese no parece poder provenir de la ONU, de la OCDE, ni de otras organizaciones multilaterales, pues que se origine entonces en un acuerdo bi o trilateral con EU y Canadá. No creo que haya de otra. Preferiría que el Tratado incluyera una especie de espejo de la Foreign Corrupt Practices Act o Ley contra las Prácticas corruptas en el Extranjero de EU; y todavía es posible que así suceda. La FCPA es una ley hasta cierto punto draconiana que se ha violado muchas veces desde que se promulgó en los años 70, pero que tiene el mérito de infundirle temores innegables a empresas norteamericanas que operan en el mundo, corrompiendo a funcionarios desde tiempos inmemoriales. Quizás el escándalo más reciente en México fue el de Walmart denunciado por el New York Times hace pocos años.

Mi tercera reflexión se dirige a una ausencia en el documento norteamericano pero que podría pertenecer al mexicano: una cláusula de derechos humanos para los tres países. México ya aceptó la incorporación de temas de democracia y derechos humanos en los acuerdos de libre comercio a través del Convenio con la Unión Europea firmado en 1998, ahora en plena revisión. No tiene nada de malo que se mezcle el libre comercio con los derechos humanos; probablemente sea la forma más eficaz de obligar a un mayor respeto por estos derechos y limitar sus violaciones.

Solemos molestarnos cuando el Departamento de Estado denuncia violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Preguntamos ¿quiénes son ellos para juzgarnos? Pues si incluimos el tema en un acuerdo entre los tres países, ellos serán lo mismo que nosotros y los canadienses: partes de un convenio libremente consentido en donde tres países se comprometen a respetar determinadas normas de derechos humanos.

Hacerlo le serviría doblemente a México: En primer lugar, nos permitiría invocar el tratado a propósito del maltrato a los mexicanos en EU. Segundo, fungiría como ancla internacional para reducir las gravísimas violaciones a los derechos humanos en México, que hemos todos atestiguado desde 2007. Ojalá Canadá, un país con una vieja tradición de defensa de los derechos humanos en ámbitos internacionales, lo proponga; ojalá México lo sugiera; y ojalá algunos sectores en EU, que por distintas razones no lo han planteado, ahora sí lo hagan.
19 Julio 2017 04:08:00
Del 20% al 30% de Peña a…
A estas alturas es vox populi la conclusión que sacó el Gobierno de la elección del Edomex. Con un candidato correcto –sin más–, recursos ilimitados y la división de los partidos opositores –de preferencia con candidatos mediocres– el PRI gana. A escala estatal o nacional. Por lo tanto, conviene reproducir esa estrategia en todo el país, el año entrante para vencer a López Obrador, el único contrincante peligroso, aunque sea de panzazo, al igual que en el Estado de México.

Aclaro que albergo enormes dudas sobre la eficacia de esta estrategia. Pero sí pienso que es la de Los Pinos. Implica, para empezar, que el PAN vaya sólo a la contienda y, en segundo lugar, al igual que en el Edomex, con una candidata incapaz de ganar, más bien susceptible de derrumbarse, pero sin desaparecer por completo, conservando algo así como el piso de Acción Nacional: Margarita Zavala Calderón. En tercer término, el esquema presupone que el PRD también se presente al electorado sin coaliciones o aliados significativos (Movimiento Ciudadano o el PT no importan), con un aspirante viable, que sin embargo no llegue a ser competitivo, pero que impida que todo el electorado perredista se corra hacia Morena: Miguel Ángel Mancera.

Enseguida, sería necesario que contiendan un par de independientes atractivos, que puedan reunir entre ambos de ocho a 10 puntos porcentuales, sin despuntar, ya que cada uno le coloca un techo al otro. Y por último, un candidato del PRI que, sin ser Bill Clinton o Barack Obama en campaña, no provoque escisiones ni brazos caídos o resentimientos,  asegure cicatrices duraderas y goce del apoyo completo del Estado mexicano, a la vieja usanza.

Este conjunto de ingredientes deben garantizar un PRI, cualquiera que sea su candidato entre los posibles, en casi 30%, y un AMLO que no pase de esa misma cifra. En el empate, creen, gana el PRI, gracias al par de puntos que siempre puede arrebatar el día de los comicios. Yo pienso que aun si esta estrategia se consumara, le haría el juego a López Obrador, y no al Gobierno. Esto es discutible, pero es lo de menos. El error consiste en establecer de entrada una ecuación que sencillamente no cuadra.

La tasa de aprobación de Peña Nieto en el conjunto de encuestas públicas oscila en torno a la barrera del 20 por ciento. Se trata también del piso histórico del PRI: cerca del 22% del voto que obtuvo Roberto Madrazo en el 2006. Por tanto, para que el candidato priista –e insisto: no importa cuál; eso sólo les interesa a los fieles de ese partido– pueda emparejarse con AMLO, debe aumentar en 50% su voto: pasar de los 20% de EPN hoy, o los 22% de Madrazo ayer, a los 30% de Andrés Manuel mañana. ¿Por qué habría de suceder eso?

A priori, no existe razón alguna. La popularidad de Peña difícilmente subirá; ni Duarte ni los socavones le ayudan. El candidato del PRI, con una excepción, difícilmente adquirirá una personalidad propia en tan poco tiempo, sobre todo cuando toda la oposición se dedicará a tildarlo de títere del propio Peña. Y el deslinde no será como en los tiempos del viejo  PRI, del dedazo y de los ritos sucesorios siempre más conflictivos de lo que se esperaba. ¿Cómo le harán un Nuño, un Osorio, un Meade o un Narro para explicar que siempre no son tan empleados de Peña, ni tan admiradores suyos? Pero, en todo caso, he ahí el reto: pasar de los 20% de EPN, a los 30% necesarios para ganar. Good luck.
17 Julio 2017 03:00:00
¿Enchilada completa o rebanadas de salchichón?
En principio, este lunes deben publicarse los lineamientos detallados de la postura del Ejecutivo norteamericano, tal y como se las comunica al Poder Legislativo, para renegociar el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte con México y con Canadá. No es imperioso que así suceda, pero existe la esperanza en muchos círculos en México y en EU de que así sea. Asimismo, en los próximos días, se supone que también se publicarán en el Diario Oficial Estadunidense (Federal Register) las directrices emitidas desde febrero por la Secretaría de Seguridad Interior (Homeland Security) sobre las nuevas facultades de deportación por parte de esta misma dependencia y sus agencias. En lugar de que sólo puedan deportar por la vía expedita a quienes lleven menos de 14 días en los EU, o que hayan sido detenidos a menos de 100 millas de la frontera con México o Canadá, podrán hacerlo ya en cualquier parte del país, y a todos aquellos que no puedan comprobar que llevan por lo menos 90 días en EU aunque sea sin papeles.

La pregunta es si ambos temas tienen algo que ver el uno con el otro, y si México debe proceder en los hechos como lo ha venido haciendo, por desgracia, como si se tratara de pistas paralelas, sin mayor vínculo entre una y otra. A pesar de que el presidente Peña Nieto afirmó desde principios de enero que México buscaría una estrategia integral en la negociación con el presidente Trump, en los hechos no ha sido así. Se ha negociado, por un lado, el tema del Acuerdo del Libre Comercio, y por el otro, se ha dicho que la cooperación mexicana en materia migratoria centroamericana, de seguridad, de guerra contra el narco y de aceptación de deportaciones, sí se podría ver limitada en caso de que el posicionamiento de EU en materia comercial fuera excesivo. Son dos posturas: o la enchilada completa o las rebanadas de salchichón.

Ha sido un error mexicano aceptar este paralelismo. Decir que sólo cuestionaremos, y en su caso reduciremos o suprimiremos la cooperación en todos los ámbitos sí y sólo sí las posturas en el ámbito comercial son perniciosas para México, es resignarse a que efectivamente lo sean. EU va a plantear sus exigencias, cualesquiera que sean, y ver si México efectivamente se atreve a dejar pasar a los centroamericanos. En lugar de que dejemos pasar a los centroamericanos nosotros y ver si EU se atreve a imponernos restricciones voluntarias de exportaciones. Esta estrategia probablemente no va a cambiar, es la que el Gobierno ha decidido, seguramente después de mucha reflexión, y probablemente más a raíz de las preocupaciones del destino personal del presidente Peña Nieto después de que salga del gobierno que de los intereses nacionales.

Ahora bien, resignándonos a ello, hay varias cosas que el Estado Mexicano sí puede plantear en este conjunto de temas. La primera es que, una vez publicadas las directrices en el Diario Oficial, es factible ponerlas en tela de juicio ante el sistema judicial norteamericano. A partir de que entren en vigor, y que efectivamente alguien sea deportado con estos nuevos lineamientos, se puede cuestionar el procedimiento por faltar al debido proceso. Sobre todo si se viene una aceleración brutal de las deportaciones, como se espera, y con mayor razón se empiezan a violar las normas del dicho debido proceso. Esto le facilitaría mucho la tarea a las organizaciones en EU que defienden los derechos de los indocumentados. México puede, desde ahora, empezar a canalizar fondos directamente a esas organizaciones, y en particular a dos de ellas: la American Civil Liberties Union (ACLU), y el American Immigration Lawyers Association (AILA) para que encuentren los mejores casos posibles para generar jurisprudencia ante la falta del debido proceso.

Por otro lado, es urgente que México ya tenga una postura propia ante EU sobre el tema de los mexicanos que carecen de documentos, y sobre los flujos futuros de mexicanos que seguirán yéndose a EU. Las recomendaciones que publicó la comisión encabezada por Ernesto Zedillo y el exsecretario de comercio de George Bush, Carlos Gutiérrez, hace varios meses es un camino a seguir. Lo ideal sería incluir en una misma propuesta mexicana tanto la legalización de los indocumentados como la apertura de una puerta en el muro para los flujos futuros de trabajadores temporales, y un camino hacia la permanencia para ellos y hacia la ciudadanía norteamericana para los primeros.

No sé si algo de esto vaya a suceder, obviamente ninguna de estas propuestas tendría éxito en el corto plazo. Algunas propuestas deben reflejar la ambición de un país, su sentido ético y la defensa de sus nacionales o de otros valores cualesquiera que sean las posibilidades de éxito. Si no, todo se volvería un asunto de probabilidades que se pueden calcular. A menos de que uno se equivoque.
14 Julio 2017 04:07:00
Los rusos de Trump
Comentaba en un artículo anterior que había una muy buena explicación por la cual Peña Nieto optó por reunirse con Donald Trump en Hamburgo hace unos días, pero que el Gobierno no había querido dar, ni en público ni vía filtración, dicha explicación. Atribuía esa renuencia del régimen a la inexistencia en México de la costumbre de recurrir a plumas o voces autorizadas en materia de política exterior para dar explicaciones o información sobre una decisión en ese ámbito sin tener que asumir la defensa de dicha postura en público. Quizás haya otra explicación.

Los últimos acontecimientos en Washington sugieren que la vida política de Trump puede no ser tan larga como él hubiera querido. No voy a repetir aquí lo que ya he sugerido hace algunas semanas, a saber, que la hipótesis más plausible sobre su salida de la Casa Blanca antes de tiempo ocurra por una renuncia suya a cambio de un indulto para él y para toda su familia. Sugería entonces que muy pronto quedaría involucrado en el escándalo de la relación con Rusia su hijo Donald, además, desde luego, de su yerno Jared Kushner, y en su caso su esposa Ivanka. Sí quisiera volver a otra hipótesis que comenté desde enero en estas páginas y que puede volverse más factible conforme avanzan las investigaciones.

Decía entonces, citando a un abogado amigo mío que conoce bien el tejemaneje de Washington, de las exrepúblicas soviéticas y de las altas esferas financieras e industriales alemanas, que el riesgo para Trump podía ser que Vladimir Putin se volteara un día. Esto puede estar sucediendo.

El razonamiento era, y es muy sencillo, sólo que ahora hay más elementos que lo avalan. Desde los años 90, los oligarcas rusos necesitaban encontrar maneras de sacar rublos mal habidos de su país, lavarlos en alguna parte y después disfrutarlos en inversiones “legítimas” en Occidente. Para ello recurrieron a todo tipo de ardides financieros, uno de los cuales, no necesariamente el más importante, fue prestarle dinero a Donald Trump en sus diversas aventuras empresariales de aquella época, en un momento en que nadie más lo hacía. Dichos préstamos tendieron a canalizarse desde los 90 y hasta finales de la primera década de este siglo a través de la sucursal de Deutsche Bank en Moscú, según esta versión que, desde luego, no me consta.

Fue útil para Trump el poder disponer de fondos que de otra manera no hubiera conseguido, ya que se encontraba al borde de la quiebra; y fue útil para la plutocracia rusa poder disfrutar de esa compañía, en todos los sentidos de la palabra. Es la lógica del video recién hecho público de Trump en una cena en 2013 durante el concurso Miss Universo en Moscú.

Ahora bien, en la medida en que avanzan las investigaciones en Washington, se acercan a temas que involucran a esos mismos oligarcas rusos; ya son innumerables los contactos entre personajes de la campaña de Trump y personajes y otros del Gobierno ruso. El de la abogada dedicada a torpedear la ley Magnitski que llevó a Putin a impedir la adopción por norteamericanos de bebés rusos, es sólo el último caso; habrá muchos más en los días y semanas que vienen. Es posible que llegue el momento en que la oligarquía rusa y el propio Putin decidan que el caldo de Trump les está saliendo más caro que las albóndigas de Obama, o de Hillary. Que toda la estrategia de Putin, que buscaba, casi a cualquier costo, que se levantaran las sanciones económicas contra su país, haya fracasado, pero no sin costo. El precio a pagar serían las revelaciones que empezarían a surgir en EU, y procedentes de las investigaciones del Congreso y del fiscal especial, de los vínculos entre la gente de Trump y los oligarcas de Moscú.

De ser ese el caso, a Putin le sobran elementos para tumbar a Trump o para comprometer a su familia –los dos hijos, la hija y el yerno– y evitar revelaciones desafortunadas. ¿Habremos llegado a esto? Probablemente no aún, pero no es imposible que nos estemos acercando.
12 Julio 2017 04:07:00
Filtrar y explicar
En varios ámbitos se ha criticado el encuentro entre Peña Nieto y Trump en Hamburgo, desde antes de que tuviera lugar, y por supuesto después del mismo, al comprobarse lo que muchos habían previsto. Las razones de la crítica de buena fe eran que no hay nada controlable con Trump y que era altamente probable que de nuevo sucediera algo que transformara la reunión, por muy bien “planchada” que estuviera, en un fiasco. Otros, los de menor buena fe, han comentado, con mayor o menor ironía, que todo esto era obvio y que para qué juntarse.

El verdadero problema aquí es otro. Por razones propias del sistema político mexicano, del chip priista de los funcionarios de este Gobierno y de la poca pericia de la mayor parte de la comentocracia mexicana en materia internacional –con notables excepciones–, no es fácil que un presidente o su canciller le filtren a columnistas conocedores e influyentes las verdaderas razones de una decisión de política exterior, sin asumir la argumentación pertinente. Esto sucede en todos los países democráticos del mundo, y hasta en algunos autoritarios como China. Es una forma ya consagrada a la vez de informar y de poder negar el carácter oficial de la información.

Desde luego que no tengo la menor idea de las verdaderas razones por las cuales Peña Nieto y Videgaray decidieron llevar a cabo esta reunión con Trump en Hamburgo. Pero si a mí me hubieran preguntado, hubiera respondido lo siguiente. Es conveniente la reunión, no porque tengamos la certeza de que vaya a salir bien, incluso tomando en cuenta la elevada probabilidad de que salga mal, sino porque debe compararse este encuentro con los otros posibles. Partiendo de una premisa: no era, ni es factible que el Presidente de México pase los últimos dos años de su mandato sin reunirse con el nuevo Presidente de EU.

Trump tomó posesión el 20 de enero; Peña se va el 30 de noviembre de 2018; entre una fecha y otra transcurre un año y 10 meses. No es concebible que no se reunieran ni una sola vez. Aceptando esta premisa, las opciones eran evidentes. O bien se llevaba a cabo este encuentro en Hamburgo, al margen del G20. O bien en el marco de la Asamblea General de la ONU. O se podía realizar la reunión en la próxima conferencia de APEC que siempre tiene lugar en los últimos meses del año, en un contexto prácticamente idéntico, con casi el mismo número de participantes que el G20. O Peña viajaría a algún punto de EU (Washington, Mar-a-Lago o alguna otra ciudad) donde se reuniría con Trump. O Trump viajaría a alguna ciudad mexicana para reu-nirse con Peña, tomando en cuenta que no pareciera ser una gran idea que vuelva a venir a nuestro país.

La reunión del G20, la de la ONU o la de APEC son más o menos equivalentes; probablemente convenía esta mejor que las otras dos, pero no hay ninguna razón para suponer que alguna de ellas hubiera evitado los escollos o nos hubiera ahorrado las probabilidades de un incidente.

La del viaje de Peña a EU sería mucho más difícil de manejar –se trataría 100% del terreno de Trump–; la de Trump viniendo a México, no quiero ni pensar en las complicaciones que entrañaría. De tal suerte que la decisión de Peña y de Videgaray, no fue, en mi opinión, e insisto, no tengo la menor idea cuál fue su opinión, en optar entre una buena opción y una mala, partiendo de que era inevitable un encuentro entre Trump y Peña antes de la salida del segundo. De las opciones posibles, esta, Hamburgo, era el mal menor. No porque estuviera “planchada”, no porque fuera perfecta, no porque había condiciones óptimas para su celebración, sino únicamente porque eran menos malas esas condiciones que las otras opciones.

Esto es lo que alguien de los Pinos y de Cancillería debió haberle filtrado a uno o varios columnistas y comentaristas de radio o de televisión sin atribución a la fuente, pero con la autoridad que tiene el columnista gracias a sus accesos. Simplemente atribuiría la versión a una fuente autorizada, de alto nivel del Gobierno de México. Si esta es la explicación, debió haberla sido. Como esto no se puede hacer en México, ahora resulta que el Gobierno se halla indefenso frente a los ataques de varios orígenes a su reunión con Trump, que en efecto no salió bien, pero que, si podía salir mejor, que alguien diga cómo.
10 Julio 2017 04:00:00
Aix
Aix-en-Provence es una ciudad de 140 mil habitantes en el sur de Francia, cerca de Marsella. Es la zona del hexágono del idioma del poeta Federico Mistral, la cuna del pintor Cézanne, y donde millones de franceses vienen a pasar parte o todo el verano desde hace más de un siglo. Hoy pertenece a la demarcación regional llamada Provence-Alpes Maritimes-Cote d´Azur o PACA.

Es una ciudad más o menos con la misma población que Tulancingo, en Hidalgo. En realidad Tulancingo tiene unos 20 mil habitantes más. No es ni la más rica de Francia ni la más pobre. Es quizás una de las de mayor tradición o abolengo o de belleza natural, aunque no necesariamente arquitectónica. Las plazas son preciosas sin ser espectaculares; la catedral en plena restauración es buena pero desde luego no es Chartres o Reims, o Estrasburgo; quizás lo que más caracteriza a esta región es la luminosidad que inspiró a artistas como Cézanne, Van Gogh, Sisley, y a un buen número adicional de impresionistas.

La comparación con Tulancingo es válida. No solo por las dimensiones demográficas idénticas, sino también porque Francia es un país de pequeñas ciudades y México es un país de ciudades medianas. La diferencia reside en lo que cada una de estas dos ciudades encierra para sus habitantes y visitantes. La primera comparación que impacta, quizás injustamente pero no del todo, porque si bien Francia es una nación con una cultura milenaria, México también lo es. El museo de la ciudad, insisto, que tiene 140 mil habitantes, tiene una exposición permanente que incluye varias obras de Cézanne, como es lógico, de Picasso, Giacometti-esculturas y caballete- y desde luego exposiciones temporales de enorme calidad. Dos llaman en este momento la atención. La de Sisley, uno de los primeros impresionistas, y la de la galerista Jeanne Bucher Jaeger con una colección con más de 100 obras entre las que destacan Picasso, Renoir, Monet, Van Gogh, Klee, Dubuffet y Nicolas de Stael.

Aix también ofrece a sus habitantes y visitantes la sede de la Universidad de Provence-Marsella, una de las universidades públicas más avanzadas en Francia en materia de “digital o numérico” como le dicen ahí, y es sede también desde hace 17 años, de las reuniones de jornadas de economía donde se congregan altos funcionarios, los mayores empresarios de Francia y economistas, politólogos y científicos sociales de toda índole del mundo entero. Insisto, todo esto en una ciudad de 140 mil habitantes.

Y como todas estas ciudades, Aix tiene tres centros fundamentales para la vida local y turística. La primera es la famosa Office de Tourisme, ubicada en el Centro de la ciudad donde todos los turistas pueden dirigirse a preguntar por alojamiento, restauración, obras de teatro, museos, paseos y parques, y viajes alrededor de la ciudad. El propósito del Office de Tourisme, es sólo ese. Informarle a los visitantes qué pueden hacer: no estafarlos, no engañarlos, no decirles que no-el deporte preferido francés.

En segundo lugar, Aix, como todas las ciudades francesas, de este tamaño o incluso menores, tiene por lo menos una Maison de la Jeunesse de la Culture –MJC– fundadas por Andrés Malraux a principios de los años sesenta cuando fue el primer ministro de cultura del General de Gaulle. Ahí se reúnen jóvenes, niños y viejos, que pierden el tiempo o lo disfrutan y lo aprovechan, aprenden cosas o solo se divierten, pero donde existe un centro cultural abierto a todos y animado por el Estado francés.

Y en tercer lugar, Aix, como casi todas las ciudades francesas de estas dimensiones, tiene su Alcaldía, el llamado Hotel de Ville, que se coordina con la Policía Nacional (la famosa Gendarmería que tanto le gustaba a Peña Nieto), y se vincula también con la Administración nacional: el famoso Prefecto y ahora desde los años 80 con los presidentes regionales.

Francia tiene una enorme cantidad de problemas. Aix no está exenta de ellos. Tulancingo tampoco. Dentro de unos 50 o 60 años, quizás tendremos el nivel de vida en Tulancingo que el que tiene Aix hoy. Pero algunas de las cosas que tiene Aix las podría tener Tulancingo. No dependen del PIB per cápita. Dependen de unas ciertas ganas de hacer las cosas y de gastar dinero en ellas. ¿Dinero de quién? De los contribuyentes, los que en México no queremos pagar impuestos, como si a los franceses les diera mucho gusto.
07 Julio 2017 04:07:00
El american dream de Enrique Berruga
La novela más reciente de Enrique Berruga, quien, lo confieso con gusto, es no sólo un amigo y excolaborador, sino también un colega de múltiples conspiraciones y “complós”, es a la vez la más ingeniosa y la más pertinente. Ingeniosa porque recurre a una serie de trucos literarios o metáforas existenciales, que, acompañadas de su legendario sentido del humor, hacen que uno se ría con frecuencia a lo largo de las páginas del texto. Cada lector encontrará el tema, el párrafo o el capítulo más gracioso.

El que más me divirtió a mí fueron los pasajes sobre la gran reticencia del personaje central de la novela, que, para olvidar un mal de amores en apariencia incurable, trató de convertirse al judaísmo. Sólo que no pensó al iniciar esa aventura si tendría que pasar por el rito de la circuncisión, pero no a las semanas o meses de nacer, sino en la edad madura. Los estratagemas literarios de Berruga no son necesariamente originales y novedosos, pero funcionan muy bien en este texto.

Pertinente, porque es, como lo anuncia la editorial, la primera sátira política de la era de Trump. Aunque me parece que la palabra sátira no es la más adecuada. Porque en el fondo, Berruga está planteando un doble dilema para México y para EU, que no tiene nada de satírico ni de artificial, sino que encierra una profunda realidad. Esta es la parte más interesante de la novela de Berruga, y la más apasionante, aunque no necesariamente destila el mismo humor que las otras.

Primer dilema, y el resumen es mío, no de Berruga. En una confabulación llevada a cabo durante una cena en la ciudad de Dallas, un grupo de norteamericanos –políticos, científicos sociales, militares y diplomáticos– le anuncian a un interlocutor mexicano que han llegado a la conclusión siguiente: “México es demasiado importante para dejarse en manos de los mexicanos”. En efecto, consideran que el desastre que vive su país vecino, en materia económica, social, cultural, de violencia, de delincuencia y de corrupción es tal, que ya no funciona el viejo paradigma norteamericano que operó desde la Revolución por lo menos, si no es que desde antes. Mientras México podía ser (mal) gobernado por sus élites, que garantizaban estabilidad en la frontera, EU podía permitirse el lujo de dejar en manos de esas élites la administración del territorio vecino. La ineptitud o el agotamiento de esas élites dieron al traste con el paradigma. Ahora EU tiene que ocuparse directamente.

El segundo dilema es que en buena medida ese agotamiento de las élites se debe a la inenarrable e infinita corrupción de las mismas, que ya ha destruido los más mínimos vestigios de confianza en ellas que podía albergar en algún momento la sociedad mexicana. De tal suerte que EU debe resolver con una jugada maestra la ingobernabilidad mexicana y la fuente de esa ingobernabilidad: la corrupción. No revelaré cuál es esa medida, pero sí puedo describir el vínculo entre la corrupción y un arma secreta de los norteamericanos. Se trata de la lucha en EU contra la corrupción en México.

La lucha contra la corrupción en la novela se da de una manera no tan distinta a lo que ha sucedido en estos últimos años. EU ayuda o participa en detenciones de exfuncionarios o funcionarios corruptos mexicanos y luego también, en la novela por lo menos, de empresarios y de políticos en retiro o en reserva. Les confisca sus cuantiosas cuentas y otros activos en EU; en seguida el Gobierno de Washington hace un gesto de supuesta gran magnanimidad al entregarle un cheque gigantesco al de México, reuniendo todos los fondos expropiados. Podrían ser los 14 mmdd que dice el Gobierno de EU que tiene “El Chapo” y que va a arrebatarle.

La novela de Enrique Berruga debe ser leída por quien quiera divertirse, por quien quiera burlarse de Trump, y por quien quiera entender algunas de las novedades en las relaciones de México y EU en la era de Trump y en la era de la descomposición del sistema político mexicano. Y que no necesariamente se pueden captar a través de otras lecturas. Vale la pena leer a Berruga.
05 Julio 2017 04:07:00
El nuevo enfoque de EU con México… desde 1988
En la víspera de la reunión entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump en Hamburgo, va a ser grande la tentación de cantar victoria cuando el norteamericano declare que su país debe hacer algo también por combatir el narcotráfico, por reducir la demanda de drogas, por luchar contra el consumo en Estados Unidos, y por reducir el trasiego de armas de Estados Unidos a México. Se dirá que por fin Estados Unidos aceptó la tesis mexicana de la responsabilidad compartida, del trampolín y la alberca, y que eso demuestra la insólita capacidad persuasiva del Mandatario mexicano.

Desde 2009, y después en un segundo pequeño libro con Rubén Aguilar, procuré mostrar cómo no hay nada nuevo bajo el sol, y que a Washington nunca le ha costado nada darnos todo el atole que queramos con los dedos de ambas manos, mientras prosigamos con su guerra contra las drogas. Repito algunas citas de esos textos, y varias otras, más recientes.

“En febrero de 1988, en la cumbre de Mazatlán entre Miguel de la Madrid y Ronald Regan, este último admitió que ‘el problema era el consumo en Estados Unidos’ y que se trabajaba para disminuirlo. En esa ocasión el canciller mexicano Bernardo Sepúlveda declaró con satisfacción que ese era ‘un elemento nuevo’ en la relación bilateral y que iba a ayudar a la lucha contra el narcotráfico ... En mayo de 1997, en el encuentro entre Zedillo y Bill Clinton en la Ciudad de México, el presidente estadunidense se comprometió a ‘frenar el tráfico de armas ilegales hacia México que fortalece a los narcotraficantes’... En noviembre de ese mismo año, (ambos presidentes) declararon tras una reunión en Washington (que) “coincidimos que es necesario ampliar el apoyo a los esfuerzos para disminuir la demanda de drogas ilícitas, como parte de un enfoque integral en la cooperación antinarcóticos... En febrero de 2001 George Bush, en una visita al rancho San Cristóbal en Guanajuato, reconoció que el motivo por que crece el tráfico de drogas es por la demanda de estas en su país: “el narcotráfico y el crimen organizado son amenazas de primer orden para nuestras sociedades. Nos proponemos reducir la demanda de droga y eliminar las organizaciones de narcotraficantes”… En agosto de 2007, Bush declaró: “Estados Unidos está comprometido con esta estrategia conjunta para hacer frente a un problema común ... En marzo de 2009, durante una entrevista concedida a CBS, Barack Obama dijo: “tenemos que reconocer que esta lucha es una calle de doble vía”, y reconoció que “desde Estados Unidos, tenemos que poner de nuestra parte reduciendo el consumo y el tráfico de armas y de dinero que van a parar a los cárteles de la droga. Esta guerra (contra el narcotráfico) se está librando con armas no compradas aquí, sino en mi país. Como dije antes, y es algo que el presidente Calderón y yo reconocemos firmemente, no se puede combatir esta guerra con una sola mano, no se puede simplemente tener un esfuerzo del lado de México y no de Estados Unidos ... En marzo de 2011, en un encuentro entre Calderón y Obama en Washington, el presidente norteamericano dijo: “Estamos muy conscientes que la batalla que el presidente Calderón está combatiendo no es sólo su batalla, también es nuestra. Tenemos que asumir responsabilidad, así como él ha asumido responsabilidad”.

Podría entregarle más citas por el estilo al lector, pero creo que la hipótesis está demostrada. No le cuesta nada a Estados Unidos admitir su responsabilidad si existe un amplio consenso en ese país sobre la imperiosa necesidad de... no hacer nada al respecto. Incluso ahora, con la llamada epidemia de opioides, es altamente improbable que los norteamericanos hagan lo único que podría resultar eficaz: legalizar bajo una muy estricta supervisión la heroína, el fentanyl y otros potentes analgésicos como el oxycontin cuyas restricciones recientes para ser recetado lo han convertido prácticamente en un fármaco ilegal.

El problema es que a casi 40 años de la primera declaración de un presidente estadunidense sobre la exigencia de que su país haga la tarea, sabemos que no la va a hacer. Y si somos honestos, sabemos también que la sociedad norteamericana, dentro de su hipocresía tan redituable, tiene razón. Quisiera que cada político o funcionario mexicano se formulara la siguiente pregunta: Si se hubiera permitido en California el voto de ciudadanos mexicanos en noviembre pasado sobre la legislación recreativa de la mariguana ¿cómo hubieran votado?
03 Julio 2017 04:00:00
La reforma educativa y el inglés
Tres notas del periódico Reforma del 2 de julio sobre el aprendizaje del inglés por parte de mexicanos en México y en Estados Unidos me llamaron la atención sobremanera. Se trata de un tema que pretendo conocer en parte, aclarando que tuve la fortuna de aprender mi inglés fuera de México, y en circunstancias excepcionalmente privilegiadas.

La primera nota es simplemente fantástica: más mexicana imposible. Resulta que en el nuevo modelo educativo (y prefiero escribirlo sin mayúsculas; ojalá en el siguiente sexenio se suprima el uso de las mismas en documentos oficiales), “la enseñanza del inglés es una de las prioridades del nuevo currículo... el objetivo es que todos los niños, niñas y jóvenes... aprendan a leer y comunicarse en inglés”. Magníficas intenciones.

Sólo que en la misma nota se explica que el nuevo plan de estudios (con mayúsculas) “contempla las mismas horas de clases de inglés que el vigente: 2.5 a la semana, o 100 al año en primaria”. Todo esto entraría en vigor en 2018 (si AMLO está de acuerdo), o sea en el mismo México que hoy. De modo que los mismos niños, con los mismos maestros, durante las mismas horas... van a aprender el inglés que hasta hoy no han aprendido. Puro realismo mágico.

Una posible explicación de por qué esto no ha funcionado –y no va a funcionar– aparece en una nota publicada en la misma página. Según la Auditoría Superior de la Federación, “el 87% de los recursos ejercidos por el programa nacional de inglés –Proni– (con mayúsculas) no fueron comprobados por las entidades federativas que los recibieron... Ninguna de las entidades comprobó la totalidad del gasto realizado. Veracruz no comprobó nada... La ASF observó que la SEP no cuenta con mecanismos de seguimiento y supervisión que garanticen que los recursos sean utilizados para (su) propósito... Las reglas de operación del Proni no mencionan los requisitos que deberán cubrir los asesores externos que impartirán las clases de inglés”. Supongo que uno de los requisitos sería... hablar inglés. Como por ejemplo los “Dreamers”. En un mundo ideal, contaríamos con maestros que sepan inglés, y que sepan enseñarlo. Si tenemos que optar entre los que saben lo primero y no lo segundo, y los que no saben lo primero y a medias lo segundo, me quedo con los “Dreamers”.

Ahora bien, existen más o menos 48 mil razones por las cuales los mexicanos deben poder manejarse en inglés: la frontera, tener el 11% de los nacidos en territorio mexicano residiendo en Estados Unidos, a más de un millón de norteamericanos residiendo en México, a más de 20 millones de visitantes anglófonos al año, entre otras. Pero la tercera nota de Reforma nos proporciona un motivo adicional. Según el Pew Research Center, citado por el diario, la tasa promedio de naturalización de todas las nacionalidades en Estados Unidos es de 74%; la de los mexicanos con derecho a solicitar la ciudadanía estadounidense, de 42%.

Este desfase no es nuevo; siempre han mostrado más renuencia los mexicanos a “volverse gringos” que los demás. Las razones originales han ido variando. Transcurrieron ya casi 20 años desde la histórica decisión de Ernesto Zedillo de permitir la doble nacionalidad, la ausencia de la cual constituyó una de los principales obstáculos en el pasado. A este motivo se sumaban los temores no fundados, pero reales: perder derechos ejidales, de seguridad social, etc. Sin embargo, según el resumen de Reforma del estudio de Pew, existe una explicación adicional.

“Pew preguntó a los mexicanos con green card por qué no se habían naturalizado. Las respuestas más frecuentes se centraban en un nivel inadecuado de inglés..”. Esto a pesar de los esfuerzos –discutibles– del Gobierno de Peña Nieto por alentar a los mexicanos a naturalizarse, para contar con más derechos en EU, empezando por el del sufragio. El mexicano en Estados Unidos, por su bajo nivel educativo, enfrenta grandes dificultades de aprendizaje del inglés, aún en comparación con expatriados de otros países latinoamericanos. Por ahora, con el “nuevo” modelo educativo y las súper-horas de la SEP, seguramente esto va a cambiar.
30 Junio 2017 04:07:00
Trump y Peña en Alemania
Por fin habrá una reunión bilateral Peña Nieto-Trump en la Cumbre del G-20 en Alemania. Era tiempo. No sólo no la hubo con Trump como presidente electo, como ha sucedido en múltiples ocasiones (López Portillo-Reagan; Salinas-Bush; Calderón-Obama); no sólo no fue la primera reunión del nuevo mandatario ya en funciones, como la de Fox y Bush; simplemente no hubo nada.

Las razones son bien conocidas: el fiasco de la visita del candidato Trump a México; las majaderías de Trump poco tiempo antes de la visita programada de Peña Nieto a Washington en febrero; la imposibilidad de asegurar un control de daños mínimo en la agenda, en una posible conferencia de prensa conjunta, o en un hipotético comunicado conjunto aceptable para ambos gobiernos. Y, sobre todo, en las secuelas de la visita. Nadie puede garantizarle a ningún jefe de Estado o de Gobierno que no habrá tuits de Trump al día siguiente, o filtraciones de algunos de sus colaboradores contra otros, o versiones de prensa posteriores
comprometedoras.

Por eso, no es una mala solución que el encuentro se produzca en las circunstancias descritas, como una de muchas reuniones de Trump (y probablemente de Peña Nieto). Será breve, de preferencia sin preguntas de la prensa, con fotos bien orquestadas y negociadas, y sanseacabó. Pero entonces, dirán algunos, ¿para qué correr riesgos, sobre todo con una opinión pública mexicana tan (correctamente) incendiada con Trump y su Gobierno? Porque México no puede permitirse el lujo de no entenderse o de no hablar con Washington, y con este Gobierno norteamericano, los subalternos sencillamente no mandan.

La multiplicidad de temas de la agenda binacional es bien conocida. Abarca mucho más que los asuntos espinosos; en realidad, estos últimos son los de mayor importancia pero de menor número. Obviamente figuran la revisión del Tratado de Libre Comercio, las detenciones y deportaciones de mexicanos en Estados Unidos, el muro, la frontera sur, la guerra contra las drogas y la epidemia de opioides transformada en epidemia de heroína mexicana por las autoridades estadounidenses, Venezuela, Cuba, diversos temas en la ONU, etc. Pero los otros temas son más numerosos y recurrentes, y aunque no necesariamente se manejan a nivel presidencial, el gobierno de Estados Unidos (y el de México) requieren de una clara señal sobre la trascendencia que sus presidentes le asignan a la relación para actuar en
consecuencia.

Todo esto ha sido cierto desde la primera visita de un presidente de Estados Unidos a México después de la guerra (Truman a la Ciudad de México en 1947). La diferencia con Trump reside en la increíble desorganización de su equipo, en la falta de líneas de mando, en los pleitos entre todos los funcionarios, y en la ausencia de nombramientos en puestos clave. Ya es público el conflicto entre el yerno presidencial y el secretario de Estado. Es conocida la rivalidad y animosidad entre este último y el encargado de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, y entre todos ellos y el secretario de Seguridad Interior, y entre el representante de Comercio Internacional y el secretario de Comercio. En cada gobierno hay divisiones y pleitos, pero ni tan pronto ni tan agudas como en el de Trump.

No es que después de Hamburgo el presidente-empresario se vaya a hacer cargo de la relación con México, y pondrá orden entre sus colaboradores. Son demasiados los casos, desde Qatar hasta China, donde sabemos que los efectos de las cumbres con Trump resultan más efímeros que sus tuits. Pero de algo servirá, y sobre todo, le permitirá a todos los optimistas beatos de ambos lados de la frontera mantener y fortalecer su entusiasmo y el tipo de cambio, mientras compran dólares baratos e invierten en Estados Unidos. Unos meses más de optimismo bien valen una foto, buena, mala o regular.
28 Junio 2017 04:07:00
‘Para que la droga no llegue a tus hijos’ (bis)
Por fin se publicó un resumen de prensa de la Encuesta de Consumo de Drogas Ilícitas, Alcohol y Tabaco de 2016. El estudio anterior, aún denominado de adicciones, se levantó en 2011 y se divulgó en 2012; la Comisión Nacional de Adicciones (Conadic) se tardó cinco años en entregar datos nuevos. Suponiendo que la pesquisa se realizó con la misma metodología y seriedad (o falta de ella) que en los levantamientos anteriores, se entiende que el Gobierno se haya colgado tanto.

Primer dato: entre 2011 y 2016, el número de personas que reconocieron haber consumido drogas ilícitas por lo menos una vez en la vida pasó de 5.7 millones a 8.4 millones, un incremento de 47 por ciento. Si recordamos que en estos cinco años, la población mexicana de 12 a 65 años aumentó entre 9 y 10%, tenemos un crecimiento de aproximadamente 6% al año. Se trata de una tasa importante, pero no alarmante, que revela que los supuestos esfuerzos enormes de este Gobierno y del anterior para que “la droga no llegue a tus hijos” han sido por completo fútiles. Casi 200 mil muertos, probablemente 100 mil millones de dólares de gasto adicional, 30 mil desaparecidos y un desprestigio internacional incalculable, a cambio de un incremento en el uso de drogas apenas inercial. ¡Qué gran idea!

Pero más importante: nuestra propensión por las drogas es... muy inferior a la de países más ricos... y más pobres. Nuestra incidencia –personas que hayan probado drogas ilícitas por lo menos una vez en su vida– es de 6.7%, según esta última encuesta. El promedio mundial, de acuerdo con la Oficina de la ONU en Viena, en 2015 fue de 5.3 por ciento En Estados Unidos y Canadá, la tasa fue de 20.3%, más del triple de México. En América Latina –sin México– la cifra alcanzó 15.8% en 2015; en Europa, 8.1 por ciento.

En otras palabras, México se encuentra muy por debajo de los niveles de consumo de drogas de otras regiones del mundo, más prósperas o menos. Si nos fuéramos a otros indicadores, como por ejemplo el número de personas que han consumido estupefacientes ilícitos por lo menos una vez durante el último año, las comparaciones serían iguales. México es un pequeño consumidor, sobre todo dado su PIB per cápita (el segundo de América Latina), las dimensiones de su clase media, su cercanía a Estados Unidos, y la magnitud del turismo norteamericano en el país.

Que estos promedios escondan innumerables tragedias humanas y familiares, ni duda cabe. Que haya cifras desglosadas –jóvenes, mujeres, habitantes fronterizos, etc.– donde los incrementos son mayores, también. Y por último, que entre usuarios una vez en la vida, durante el último año figuren un número importante de adictos, desde luego que es cierto. La pregunta no es esa.

Sobre lo que conviene interrogarse como sociedad –y no como interlocutores individuales de interminables anécdotas– es si el costo de la guerra contra las drogas se justifica a nombre de estos grados absolutos de consumo, o de estas tasas anuales de crecimiento. Por supuesto que no se trata de la única justificación esgrimida por sus partidarios, sinceros o tontos útiles. Pero es una justificación que no vale gran cosa, ni por un lado ni por el otro. Si recordamos que mayo fue el mes más violento de la historia reciente de México –desde 1992– habría razones para dudar si el pretexto del combate a la violencia sí vale como excusa. Parece que no.
26 Junio 2017 04:00:00
¿Todos con el frente?
Ahora resulta que todo el mundo esta de acuerdo con las alianzas o los grandes frentes opositores. Primero el PAN, luego muy a su manera por lo menos una parte del PRD, y pronto Movimiento Ciudadano aprueban y apoyan la idea de una candidatura presidencial común de todas estas organizaciones. Incluso la llamada sociedad civil –intelectuales, activistas sociales, empresarios– no sólo cabe dentro de este jarrito de Tlaquepaque, sino que puede aspirar a beneficiarse del mismo vía candidaturas ganadoras. ¿Así de fácil?

Veamos las ventajas del esquema antes de revisar sus contradicciones. Es la única forma de coaligarse contra López Obrador que no tenga una clara dedicatoria contra el, ya que quien encabeza el frente deberá combatir con igual vigor al PRI y a Morena. Es también la única manera de cerrarle el camino al PRI sin hacerle el juego a AMLO.

Sólo así se puede construir un suma aritmética vencedora, de acuerdo con las encuestas actuales: PAN (23%), PRD (7%), MC (4-5%), en incluso los independientes con 5 por ciento. En teoría, Andrés Manuel no llega a más que 35% en el mejor de los casos (su cifra de 2006).

Por último, no debe ser tan difícil, si se le encarga a un zapatero, producir unos zapatos programáticos que le resulten cómodos y funcionales a todos los integrantes del frente. Con descartar las posiciones extremas del PAN y del PRD, centrarse en una decena de propuestas sencillas y llamativas, y subrayar la diferencia con las mentiras del PRI y el echeverrismo (dixit Joel Ortega) de AMLO, no se trata de una tarea titánica. Son todas virtudes interesantes.

El principal desafío que presenta el frente yace en la necesaria y deseable exigencia doble que debe satisfacer: complacer a las cúpulas y a los votantes, al mismo tiempo. Aquí las cosas se complican. Para que los de arriba acepten la idea, debe estar abierta la candidatura presidencial a todos los contendientes de cada partido: tres por el PAN (o seis, si se prefiere) y dos o tres del PRD. Pero es obvio para cualquiera que los electores perredistas primero muertos que votar por Margarita Zavala de Calderón, o por Rafael Moreno Valle (aunque haya sido electo con el apoyo del PRD en Puebla). Y si el único aspirante panista viable es Anaya, entonces el modelo es un traje a la medida, inaceptable para Felipe Calderón y sus adeptos, para Moreno Valle y los suyos, y para muchos otros panistas (minoritarios tal vez, pero importantes).

Si el arreglo desembocara en una candidatura del PRD, tendría que ser Miguel Ángel Mancera, que no se considera perredista, sino independiente. Sólo que el PAN no lo ve como independiente sino como perredista, y los votantes panistas difícilmente se resignarían a un candidato con 7% en las encuestas, cuando los suyos tienen entre tres y cuatro veces más. Y una parte de los votantes perredistas se irían entonces con AMLO, al no poder votar por una candidato propio. Por último, si se avalara la tesis de un candidato que no fuera ni PAN ni PRD, y Mancera aspirara a cumplir con tales requisitos, ni la cúpula ni el electorado del PAN serían anuentes.

En pocas palabras, lo que buscan las cúpulas parece inaceptable para los votantes; los sentimientos de estos no parecen compatibles con las ideas de las cúpulas. ¿Es imposible? No, ya que el olor a triunfo atrae a todos los animales políticos. Pero el nivel de sacrificios y de grandeza tendrá que ser mucho mayor que el esperado y pronosticado hasta ahora. A ver.
23 Junio 2017 04:07:00
Venezuela y nosotros
Hay varios saldos de la Reunión de Consulta y de la Asamblea Anual de la OEA, celebradas en Cancún desde el lunes pasado. Veo tres de particular relevancia para México, y en ellos quisiera concentrarme. Sin menosprecio de las consecuencias y balances para Venezuela -tema central de los debates-, para el resto de Latinoamérica, y para Estados Unidos y Canadá. Voy de lo más trascendente a lo de menor importancia, insisto, para México.

Por fin contamos con una posición digna y correcta, que antepone los compromisos regionales de defensa colectiva de la democracia representativa y de los derechos humanos, a los principios caducos de no intervención y de supuesta autodeterminación de los pueblos. Que bueno que México ya parezca haber vuelto a la postura que tuvimos hace poco más de 15 años, que se fue perdiendo durante el gobierno de Calderón y que se desvaneció por completo durante los primeros dos años y medio el gobierno de Peña Nieto. Se trata de un avance significativo de política exterior, que de inmediato generó repercusiones en la política interna.  No se debe disociar la postura de México ante Venezuela de aumentar, hasta duplicar, las aportaciones mexicanas y de los demás países -gracias al exhorto de México- al sistema interamericano de defensa a los derechos humanos, a saber, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Tampoco debemos separarla de la declaración de Videgaray de que México da la bienvenida a todo el escrutinio externo, incluyendo desde luego observadores internacionales para las elecciones del 2018. No se puede lo uno sin lo otro, aunque el abogado de los padres de Ayotzinapa admire a la dictadura de Maduro.

En segundo lugar, es cierto que gobiernos representando a más de 90% de la población y del PIB de América Latina votaron por una resolución vigorosa y clara sobre Venezuela en materia de la Asamblea Constituyente, la liberación de los presos políticos y un calendario electoral previamente acordado, etc. Ahí sí realmente hay un avance en cuanto a que la gran mayoría de los habitantes de América Latina, representados por sus gobiernos, votó de esta manera. Es un avance importante y hay que recalcarlo. Hace muy pocos años, ni Brasil, ni Argentina, ni Perú ni México lo hubieran hecho. Ahora, sólo Bolivia y Nicaragua se solidarizaron con Maduro; ni Ecuador ni El Salvador los siguieron. El cambio es notable, y se va a profundizar en las semanas por venir.

El tercer punto es que en efecto fracasamos: no tiene sentido tratar de tapar el sol con un dedo. No se obtuvieron los votos necesarios para que el proyecto de resolución fuera aprobado, y esas son las reglas de la OEA. Como en el futbol, gana el que anota más goles, no el que mete los más bonitos. Esas son las reglas de la OEA y de la ONU. México y Perú no lograron el objetivo que se plantearon. Fue imposible arrancar tres votos más a los países del Caribe, que hicieron la diferencia, entre abstenciones y votos en contra.

Ahora la pregunta es por qué. He visto tres explicaciones que enumera muy bien Andrés Oppenheimer, aunque yo agregaría una que me parece la más importante. La primera es la explicación que parte del petróleo que Venezuela le regala o le vende muy subsidiado a las islas caribeñas. Ya no es lo que era, ni en volumen ni en precio, pero persiste su pertinencia. La segunda explicación consiste en que Estados Unidos no hizo la tarea. El hecho de que Rex Tillerson el Secretario de Estado, no haya viajado a Cancún, debilitó el esfuerzo de todos, porque no pudo torcer brazos ahí. Aunque ahí no es donde se tuercen los brazos a los pequeños países del Caribe, sino por teléfono o a través de las embajadas de Washington en cada capital. Hay un caso especialmente escandaloso: el de República Dominicana. Que Estados Unidos no pueda convencer a Sato Domingo que vote con nosotros me parece increíble.

La interpretación que agregaría involucra a un país donde tal vez México tenga que hacer más. Cuba ejerce una enorme influencia en esos pequeños países vecinos de La Habana, desde hace muchos años, porque allí ha puesto en práctica una política desde hace casi 40 años, de “cooperación”. Ha enviado a miles de agentes de inteligencia, médicos, maestros, instructores deportivos y militares a todos los pequeños países, para ayudarles con distintas formas. Eso le ha traído a Cuba una gran ascendiente sobre sus gobernantes. No sé si México ha hecho la tarea con Cuba, diciéndole: “Hemos hecho todo lo posible para quedar bien contigo. Te perdonamos la deuda, fue Peña Nieto a Cuba, vino Raúl Castro a Mérida, todo lo que querías te hemos dado, ahora ayúdanos tú.” Ya es hora de que haya un mínimo de reciprocidad cubana por estos esfuerzos desmedidos que México ha llevado a cabo por Cuba, por cierto no adoptando la justa postura que con toda razón hemos adoptado frente a Venezuela. Tal vez no surgieron las condiciones para buscar esta correspondencia cubana en relación con las reuniones de Cancún. Habrá otras reuniones y otras oportunidades. Habrá que trabajar para ellas.
21 Junio 2017 04:07:00
Los cacharon
No existe ninguna duda en mi mente de que, por lo menos desde los años 60, el Estado mexicano espía, vigila, sigue e interviene los teléfonos de sus adversarios, sus críticos, y sobre todo, sus integrantes y adeptos (para que lo sigan siendo). En momentos cruciales, se agudiza la vigilancia; el resto del tiempo, seguramente se lleva a cabo con la misma ineptitud, desidia e impericia que caracteriza a las fuerzas del orden nacionales en otros menesteres. No hay nada nuevo bajo el sol.

Salvo que en el caso del software Pegasus y de la empresa israelí NSO, los cacharon.

Esa es la gran diferencia entre el escándalo revelado por The New York Times y la mayoría de los anteriores, remontándonos a la infame Dirección Federal de Seguridad de Gutiérrez Barrios, Miguel Nassar y García Paniagua. A reserva de que resulte falsa la historia narrada en el largo reportaje del diario neoyorquino el lunes, esta vez un medio de prestigio internacional informa de una estrategia de intervención telefónica y de datos en 10 casos concretos –deben ser muchos más– con nombres y apellidos.

Los autores consultaron a los afectados, a expertos en “encriptar” y “hackear” celulares, a la empresa fabricante del software, y hasta al Gobierno mexicano, que desde luego se hizo el desentendido.

He aquí la segunda característica novedosa de este caso. Normalmente, los gobiernos se rehúsan a responder –desmintiendo o confirmando– casos de espionaje de cualquier índole. Esta vez, Peña Nieto no tuvo más remedio –por tratarse del Times, de la extensión y detalle del reportaje, y de la coyuntura en la relación con Estados Unidos. Tuvo que enviar una carta patética al Times, que podría haber sido redactada por Donald Trump. “No hay ninguna prueba de que fuimos nosotros”, dice el pobre encargado de medios internacionales de la Presidencia. E insta a las víctimas a interponer una denuncia ante la PGR, una de las tres dependencias que adquirió el software en Israel. Sólo que al responder, abre una caja de Pandora que no va a poder cerrar fácilmente.

El Gobierno tiene manera de averiguar qué sucedió. Sabe exactamente qué dependencias compraron Pegasus, sabe cuánto han pagado por su servicios –65 mil dólares por cada aparato hackeado– y quién tuvo acceso al dispositivo para utilizarlo, en su caso, indebidamente. El hacker no deja huellas en el celular intervenido, pero sí existen necesariamente huellas presupuestales, de cadena de mando, de utilización en oficinas de Gobierno, o incluso de alquiler o venta venal del equipo a terceros.

Nadie puede afirmar que la PGR, el Cisen o la Sedena utilizaron el software para espiar a los mexicanos y la norteamericana nombrados en el artículo de NYT. Pero sí se puede afirmar que el Gobierno cuenta con las herramientas necesarias para saber quién fue, aunque se tratara de un esquema más de corrupción de este régimen: un alto funcionario “prestando” el servicio a particulares, o a otros funcionarios, o a políticos externos a la Administración pública, pero cercanos al partido de Gobierno.

Es cierto que no veremos el espectáculo de Osorio Chong (jefe de las instancias de seguridad), Imaz, Cervantes, Cienfuegos o Meade (el que paga), interrogados en cadena nacional por senadores o diputados bien preparados y documentados sobre Pegasus y The New York Times. Es mucho pedir. Pero no lo es insistir que el Gobierno investigue de oficio lo que probablemente sea un delito, sin duda es una estupidez, y seguro es inmoral.
19 Junio 2017 04:00:00
Las habas de Trump y Peña Nieto
La comentocracia norteamericana se desvivió la semana pasada y se rasgó las vestiduras ante el patético espectáculo de una reunión de Gabinete del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Transmitido en vivo en la televisión nacional. todos los secretarios del despacho norteamericano agradecieron al “Señor Presidente” el privilegio, el lujo, el honor, el favor, de haberles permitido servirle y bajo su mando, al pueblo norteamericano, y lo felicitaron por su extraordinaria labor al frente de las instituciones norteamericanas. El propio Trump no se midió: afirmó que por lo menos desde Roosevelt, ningún presidente había sido tan productivo durante sus primeros 120 días como él.

Realmente se trató de un montaje deliberado, consiente y lamentable. Un triste espectáculo de bananerización de Estados Unidos. Se suponía que solo en las repúblicas bananeras pasaban cosas de este tipo. ¿Qué horas son Teniente? le preguntaba el Señor Presidente en México, o en Guatemala o en Paraguay o en cualquiera de los países latinoamericanos con dictadores de un tipo o de otro; contestaba el oficial del Estado Mayor Presidencial o su equivalente: las que usted diga señor Presidente”.

Pero quizás lo peor de esta obligación colectiva a la que Trump sujetó a sus principales colaboradores-por cierto no solo del Gabinete: Reince Priebus, el jefe de la oficina de la Presidencia, quizás fue el más arrastrado de todos- fue la falta de dignidad de cualquiera de ellos. Se trata en muchos casos de personalidades que han tenido cierto éxito en su vida profesional antes de entrar al Gobierno: militares, empresarios, algunos activistas de derecha en distintos ámbitos, en fín. La mayoría es de una gran mediocridad pero en todo caso no tenían motivos para sufrir la indignidad a la que los sujetó Trump. Ninguno se negó a participar en este teatro ridículo; ninguno renunció, ninguno se ausentó, todos bajaron a beber agua.

Tiene un fuerte parecido esta aberrante alegoría, con lo que sucedió con el Gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Sin tener la certeza de que haya contabilizado a todos, tengo entendido que nueve secretarios de estado fueron encargados de subregiones en el Estado de México para llevar a cabo la estricta aplicación de las instituciones presidenciales. Se trataba de ganar a toda costa; de asegurar que se robara poco, que se gastara mucho, que se regalaran todos los tinacos habidos y por haber, que se llevara a votar a todos los que podían votar por el PRI y que se disuadiera a todos que no lo iban a hacer, de votar hasta dónde fuera posible. Nueve secretarios de Estado incluyendo a personas que, o bien por su cargo-Hacienda- o bien por su trayectoria-Narro- debían haberse excusado de un comportamiento de esta patética naturaleza, pero al igual que con Trump, la mitad del Gabinete presidencial apechugó. Ninguno renunció. Ninguno dijo que no. No sabemos si de los otros 9 algunos se negaron a participar en este juego inmoral, pero sí tenemos la certeza que los 9 lo hicieron de muy buena gana, hasta riéndose y divirtiéndose en los actos “multitudinarios” de acarreados, del candidato Alfredo del Mazo.

Podrán presumir ellos que de algo sirvió: ganaron. Podrán justificarse alegando que a la larga todo el mundo se olvidará de su reprobable actuación, pero que todo el mundo recordará que Del Mazo venció. Y tal vez tengan razón.

Como tal vez tengan razón los integrantes del Gabinete de Trump, al pensar, o decir, que poder hacer el bien desde la secretaría de Comercio, de Finanzas, de Seguridad interna, de Estado, o de Defensa, bien vale una breve humillación, aunque pase en vivo y a todo color en cadena nacional. Pero que quede claro: en todas partes se cuecen habas.
16 Junio 2017 04:06:00
Salarios en la Riviera Maya
Relaté en esta página los pormenores de los salarios en el sector hotelero de Puerto Vallarta e intenté mostrar cómo, a pesar de tratarse de un sector de éxito de la economía mexicana, seguían siendo increíblemente bajos los ingresos de los trabajadores de la industria turística. Algunos amigos objetaron que Puerto Vallarta no es un destino de punta y por lo tanto no es representativo. Ahora tuve la oportunidad de investigar anecdóticamente la situación en Riviera Maya.

La semana pasada di una conferencia a un grupo de médicos, invitados por una empresa farmacéutica y de alimentos infantiles, en un hotel todo incluido al sur de Playa del Carmen. No es de los más lujosos de esa zona, pero tampoco era, ni mucho menos, de tres estrellas. Al cenar en uno de los múltiples restaurantes del hotel, que puede llegar a albergar hasta 5 mil personas con aproximadamente 2 mil habitaciones, conversé con una joven habitante del municipio Solidaridad que trabajaba en uno de ellos. Ocupaba un cargo digamos a medio camino entre mesera y capitán.

Me explicó cómo, de sueldo base recibía mil 400 pesos por quincena, pero que había un reparto de propinas que el hotel entregaba al sindicato de trabajadores hoteleros (de la CROC o de la CROM, no recuerdo bien) y con esa suma, más lo que obtenía de propinas en efectivo en la mesa, es decir, directamente para ella, podía alcanzar un ingreso de aproximadamente 10 mil pesos al mes. Le dije que no me parecía tan mal, que me sorprendía que fuera tanto, en comparación con lo que había yo podido comprobar en el Pacífico.

Seguimos conversando y le dije: “Bueno, entonces en promedio cada mes no te va tan mal”.

Me dijo que en efecto así era, pero que los promedios no eran constantes, ya que al depender tanto de la propina el ingreso, este dependía también de la ocupación. Durante los meses de baja ocupación, podía bajar el ingreso a $8000 o $9000. Contesté que lo entendía, pero que aun así se encontraba en una situación preferible a la de sus colegas en otras partes de la República. Y luego, para mi sorpresa, me dijo: ¡Claro! Hay meses de baja ocupación, pero también hay meses –tres o cuatro al año– cuando cierra el hotel”.

Sorprendido, le respondía que cómo podía suceder eso. Replicó que los meses de muy baja ocupación como septiembre, octubre, noviembre y quizás alguno de primavera que no fuera Semana Santa, el hotel sencillamente cerraba y punto. Pregunté qué sucedía con los trabajadores y con ella en particular y me contestó que los mandaban a su casa y los volvían a contratar cuando abriera de nuevo el hotel.

Traté de entender cómo funcionaba el sistema y en particular si ella tenía alguna posibilidad de conseguir otro empleo durante los meses de cierre del hotel. Respondió que no.

Concluí entonces que sus 10 mil pesos al mes, en efecto, son tales, pero por ocho a nueve meses al año. Si prorrateamos esos 80 mil entre 12, nos encontramos de nuevo en los 6 mil 500 a 7 mil pesos al mes de Puerto Vallarta. Es decir, nuevamente, en un sector de éxito de la economía nacional, y en una región de punta de ese sector de éxito, el ingreso promedio, no de los trabajadores menos bien pagados, –que son recamareras, lavatrastes, jardineros, etc.– sino el segmento inmediatamente superior, eso es lo que gana una joven mexicana de 25 años en la Rivera Maya. Y luego nos preguntamos por qué la gente está enojada.
14 Junio 2017 04:07:00
La segunda vuelta del PAN
La segunda vuelta para la elección presidencial ha cobrado de nuevo pertinencia. Quienes somos sus partidarios desde hace unos 15 años, y hemos defendido sus virtudes contra los 48 mil argumentos conservadores en México en su contra, no podemos más que congratularnos de que ahora aparezca una gran cantidad de nuevos defensores. Bienvenidos.

Entre ellos destaca la dirección nacional del PAN. Es fundamental que Ricardo Anaya diga que Acción Nacional apoya la segunda vuelta y que lo argumente con la inteligencia que lo caracteriza. En realidad, no se trata de una postura nueva para el PAN, ya que por lo menos desde 2009, cuando Felipe Calderón y Fernando Gómez Mont enviaron su llamado decálogo de reformas electorales al Congreso, incluyeron la segunda vuelta, por lo menos en un primer momento. Entonces es cierto que ahora el PAN le da un nuevo brillo al asunto, pero también es cierto que no se trata de una innovación y qué bueno que así sea.

El pequeño problema es que el PAN tuvo en sus manos la posibilidad de imponerle la segunda vuelta a Peña Nieto y al PRI en 2014. Muchos se lo dijimos entonces. Como EPN necesitaba desesperadamente la reforma energética, y como era obvio desde el principio del sexenio que jamás lograría los votos del PRD si el PAN no votaba a favor, no habría reforma energética. Por tanto, el cambalache estaba cantado: reforma energética contra segunda vuelta. Proliferaron las plumas y las intervenciones en aquel momento en este sentido, pero la dirección panista de entonces prefirió aceptar una serie de argumentos absurdos para hacerse tonta.

Entre esos argumentos figuraban por lo menos tres. El primero: el PAN no podía oponerse a la reforma energética porque siempre había sido partidaria de la misma, y podría alcanzar una mejor reforma energética apoyándola que utilizándola como instrumento de chantaje para lograr la segunda vuelta. En segundo lugar, que de todas maneras Peña Nieto jamás aceptaría la segunda vuelta; la verdadera disyuntiva se hallaba entre ni reforma energética ni segunda vuelta, o sólo reforma energética. Tercero, por último, que no había equivalencia entre un tema estructural y estratégico, y una reforma meramente electoral, es decir, que no debían sumarse peras con manzanas. Era una oportunidad magnífica que se desaprovechó y que probablemente signifique que no haya segunda vuelta para el 2018.

Conviene siempre recordar que en democracia sí se intercambian peras por manzanas: manzanas podridas con peras maduras, o peras podridas con manzanas en su punto. Así es como avanzan las causas de la democracia o las reformas de una índole o de otra. Cuando un partido se niega a jugar su papel de oposición de verdad, la democracia no funciona. El PRI lo hizo con una postura de obstrucción sistemática durante el sexenio de Fox, y en menor medida del de Calderón, aunque le avaló su guerra sangrienta contra el narco.

El PAN lo ha hecho en el sexenio de Peña Nieto, sistemáticamente dándole más o menos lo que quiera, sin obtener gran cosa a cambio. Acordémonos que, por ejemplo, a propósito de reelecciones, una reforma tan importante como la segunda vuelta, a saber, el primer senador mexicano reelegible, lo será en el 2024. Sólo para alimentar nuestro optimismo.

Hacer esto hoy es preferible a no hacerlo, aunque se viole una normatividad evidente, ciertamente absurda, y lleve dedicatoria la reforma: contra AMLO. En el fondo, quien debiera recapacitar al respecto, es el propio López Obrador. El PRI-AN, la mafia en el poder, la sociedad civil, la comentocracia, y hasta instituciones académicas de las cuales se vanagloria de vez en cuando, pueden imponerle una segunda vuelta de dos maneras distintas: en la ley y en las formas, como en Francia hace un mes, y ahora con las elecciones legislativas; o en los hechos, a través de una amplia coalición anti AMLO que convierta la primera vuelta en una segunda. ¿Qué prefiere?
12 Junio 2017 04:06:00
Trump y los eufemismos de EU
El estado de derecho norteamericano tiene una fama legendaria. Como repiten de manera insaciable sus presidentes, legisladores, intelectuales y empresarios, EU es un país de leyes. El resto del mundo suele admirar ese estado de derecho y tratar de emularlo cuando es posible, pero sin dejar de lado las dimensiones de la hipocresía norteamericana: existe para los hombres blancos, no para las mujeres negras o latinas. Los dos puntos de vista son un poco excesivos pero, a propósito de Donald Trump hoy, tenemos elementos para ver con más precisión cómo funciona el famoso estado de derecho norteamericano, o su imperio de la ley.

En realidad, el estado de derecho estadunidense funciona de manera escalonada. A lo largo de su historia, para los varones, los blancos, los anglosajones y las personas mayores de 40 años, ha funcionado increíblemente bien desde mediados del siglo 19. Obviamente no funcionaba para los esclavos en esas mismas épocas, ni para las mujeres hasta hace muy poco, e incluso hoy para los latinos y los jóvenes de raza afroamericana no funciona casi para nada. Ahora, que funcione para cierto sector no quiere decir que lo haga a la perfección, y Trump puede volverse víctima de sus ilusiones sobre el funcionamiento del estado de derecho norteamericano para tres sectores que él debiera conocer mejor: los magnates, los empresarios del sector de bienes raíces y hombres de negocios que viven y trabajan en estados como Nueva York, Nueva Jersey, quizás Illinois o por lo menos la ciudad de Chicago, y desde luego ciudades como Las Vegas y algunas más.

Trump puede pensar, con algo de razón, que mentir, engañar, recurrir a eufemismos, a legalismos, a todo tipo de maniobras jurídico-políticas, puede ser exitoso o surtir efecto en las condiciones que siempre le han correspondido a él: un multimillonario dedicado a los bienes raíces, básicamente en el estado de Nueva York y en menor medida en Nueva Jersey. Algo por el estilo le sucedió a Bill Clinton a finales de los años 90 cuando trató de evitar su propia destitución por el caso Monica Lewinsky y la obstrucción de la justicia y el perjurio, al recurrir a eufemismos como: “no tuve sexo con esa mujer”. Luego, cuando le preguntaron si había tenido algún tipo de relación sexual oral con ella dijo: “defina sexual”. Trump vive en un mundo parecido, pero no es seguro que los jueces y los jurados de Brooklyn y Queens sean iguales que el Congreso de EU, el tribunal de la opinión pública y la propia Suprema Corte tratándose del Presidente de EU.

¿A qué me refiero? Que Trump está recurriendo al mismo tipo de subterfugios legales que le funcionaron maravillosamente bien en otros lugares, en otros momentos. Pero no son necesariamente tan eficaces en su situación actual. Discutir si dijo o no la frase “espero que puedas no insistir en esto”, a propósito de lo que le dijo al director del FBI James Comey en el caso del asesor de seguridad nacional Michael Flynn, es una discusión muy estrecha. Seguramente en un tribunal administrativo o civil del Bronx eso pasa, ya en instancias jurídicas o políticas de otro nivel es más difícil. Lo mismo sucede cuando habla de si hay o no grabaciones de sus conversaciones con el exdirector del FBI, o las hay o no las hay. Si las hay, debiera soltarlas porque debieran exonerarlo. Si las hay y no las suelta es porque no sólo no lo exoneran sino porque lo condenan. Lo mismo sucede con varias de sus declaraciones de estas últimas semanas, atribuidas a él por el exdirector del FBI. Es posible que Comey haya mentido; no sería el primero que lo haga (recordemos a J. Edgar Hoover).

Pero ese no es el tema central ahorita. El tema es si Trump no se estará metiendo en un berenjenal jurídico, político y legislativo que acabe por destituirlo, ya sea por la vía del impeachment, ya sea por la incapacidad de desempeñar sus funciones o por renuncia. Dar una batalla jurídica en EU creyendo que todo son bienes raíces para ricos en Nueva York es un grave error. Hay que admirar y creer en el estado de derecho norteamericano pero no hacerse bolas, es para algunos, en algunos lugares, en algunos momentos; no para otros, en otros lugares y en otros momentos.
09 Junio 2017 04:07:00
Recuerdos del 2006
Prácticamente ha terminado el recuento de votos del Estado de México. A la hora de escribir estas líneas se había revisado el cómputo distrital del 98% de las actas y el resultado sigue siendo casi el mismo desde el domingo en la noche. Cómputo distrital no significa voto por voto, casilla por casilla, significa acta por acta. El Instituto Electoral del Estado de México determinó que sólo unas 3 mil casillas se abrieran por completo. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, parece haber sugerido, quizás no con la vehemencia que fuera deseable, que el IEEM debiera abrir el mayor número de paquetes posible y no ceñirse a la interpretación más estricta de la letra de la ley.

En el 2006, como muchos –casi todos– recordarán, López Obrador se rebeló contra el recuento del entonces INE. Exigió que se abriera la totalidad de los paquetes, para llevar a cabo el “voto por voto, casilla por casilla”, y demostrar que en realidad había ganado él y no Felipe Calderón. Se abrieron un número considerable de paquetes, pero de todas maneras una proporción muy pequeña del total. Debido a que nadie quiso tomarle la palabra a López Obrador, él puso en tela de juicio la legitimidad de la elección de Calderón durante seis años. Entre otras consecuencias de esa decisión del IFE –y de los partidos políticos– de no abrir la totalidad de los paquetes, Calderón se la pasó batallando para conquistar una legitimidad de gestión que no obtuvo en las urnas.

Se debatió mucho entonces sobre lo que hubiera sucedido de haberse abierto la totalidad de los paquetes y haber recontado la totalidad de las boletas. Surgieron dos argumentos explícitos, y uno tácito o silencioso.

La tesis a favor de abrir los paquetes en 2006 fue que, si no hubo un fraude deliberado, los inevitables errores, incluso cuantiosos en lo que es una tarea humana, es decir, una tarea imperfecta, de contar y recontar los votos, daría un resultado prácticamente idéntico por una sencilla razón. Los errores serían completamente aleatorios: aquellos que favorecieran a Calderón en algunos casos, se verían compensados por aquellos que favorecieran a López Obrador, en otros. El argumento en contra era que al abrir y contar y mostrar la cantidad de errores que en efecto tuvieron lugar, fueran intencionales o no, aleatorios o no, se colocaría la elección en tal situación de descrédito y escepticismo, que sería mucho más fácil para López Obrador lograr la anulación o en todo caso destruir la legitimidad del ganador durante el sexenio entero. El argumento tácito de algunos era: “no vaya a ser que si abrimos, resulte que López Obrador tiene razón y gana”.

Todo esto vale a medias para el Estado de México. No es evidente que si se abrieran todos los paquetes se redujera el margen de tres puntos de ventaja de Alfredo del Mazo. Tampoco es evidente que, si no se abren, López Obrador va a armar el mismo “pancho” que en 2006. Ni es tan grave que se abrieran los paquetes y resultara que Delfina Gómez sí ganó. Pero siguiendo las palabras sabias, aunque insuficientes en mi opinión de Lorenzo Córdova, da la impresión de que resultaría preferible hoy atender la petición de López Obrador, sitúese o no dentro de una interpretación estricta de la letra de la ley, y abrir todos los paquetes para que quede claro que en efecto perdió su candidato. Hacer lo contrario va a ser una nueva mancha, una nueva raya al tigre. Ya van muchas rayas, y en una de esas, hay muchos tigres.
07 Junio 2017 04:06:00
Elecciones: dudas domingueras
Permanece un pendiente de las elecciones del domingo pasado: Coahuila. Sin involucrarme en las minucias jurídicas, electorales o políticas del asunto –no conozco lo suficiente el estado– me limito a una advertencia. Para el PAN en general, y para Ricardo Anaya en particular, se trata de una apuesta decisiva: entre ganar dos de tres, o perder dos de tres. No tengo la menor idea qué se esté negociando o lo que se pueda negociar, pero entiendo muy bien la tentación de la ...concertacesión. Para el gobierno, y para Peña Nieto en particular, lo esencial era el Estado de México; ya estuvo. Siguen otros asuntos: Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía General, Ley de Seguridad Interior, Mando Único, etc. ¿Pueden cambalachear una por otra? ¿Les alcanza el cinismo? Dejo al lector la respuesta.

Lo demás es historia. Peña y el PRI ven pasar la bala de cerca, nuevamente, pero no da en el blanco. López Obrador sigue avanzando, incluso de manera espectacular, pero se quedó en la raya, o cortito (dixit Leo Zuckermann). Si su derrota –muy relativa, ya que cuadruplica la votación mexiquense de MORENA en 2015– se debió a sus errores en las entrevistas durante las dos semanas previas a los comicios; o las acusaciones de corrupción a su candidata y a su aliada Eva Cadena; o al voto útil de 3% de los pocos partidarios de Josefina Vázquez Mota, que a último minuto la abandonaron a favor de Del Mazo (tesis de Luis Carlos Ugalde); o si sencillamente AMLO tiene un techo de 30-33% en el país y por ende en el EDOMEX, que es su fiel reflejo: difícil saber.

Lo que sí podemos afirmar, de acuerdo con encuestas de salida de Alejandro Moreno y de Roy Campos, es lo siguiente. En primer lugar, Delfina Gómez atrajo una proporción... desproporcionada del voto universitario. Obtuvo 31% del voto en general, y 41% de los sufragios de los mexiquenses con estudios de universidad. EL PRI ya perdió ese voto, en todo el país, y creo que para siempre. Del Mazo, quien logró el 33% del voto en su conjunto, apenas sedujo al 18% de los electores con educación superior. Que ni piense Peña en Narro: causa perdida.

En segundo término, las mujeres no votan por mujeres. Josefina obtuvo el mismo porcentaje del voto femenino que su votación general, pero Delfina se situó 3 puntos abajo. Lo vimos ya en 2012, pero ahora se confirma. Aguas, Margarita. Asimismo, el PRI sigue arrasando en el seno del electorado de menores ingresos, medidos en las encuestas de salida por nivel educativo. Entre los mexiquenses de educación básica, Del Mazo conquistó el 43% de los sufragios: 10 puntos más que en el electorado en general.

Finalmente, un par de señales alarmantes para el 2018. De cada siete votantes favorables al PRD, seis declararon que su segunda opción hubiera sido... MORENA. Era de esperarse, aunque habría algunas razones para dudarlo: aborto, matrimonios igualitarios, mariguana, arrogancia de AMLO. Los partidarios de la alianza PRD-PAN deben cuidarse. Pero López Obrador no sólo jala a los perredistas arrepentidos, resignados o entusiastas. Según La Razón, MORENA realizó grandes avances en los municipios de Naucalpan, Atizapán y Tlanepantla: el famoso corredor azul. En otras palabras, puede atraer, extrañamente, salvo por el conservadurismo cultural de ambas partes, a votantes panistas.

¿Y el 2018? AMLO con gran impulso y ventaja, pero con pies de cemento sin cal (no tan de barro). El PAN, en la encrucijada: forja una alianza ganadora, que no lo beneficie en lo personal, o busca una candidatura perdedora. El PRI, condenado a perder, a pesar de los festejos en Los Pinos el domingo hasta las 5 de la mañana. Y el PRD, sin manera de jugar su papel de bisagra, a menos de que resurgiera la segunda vuelta, o que en México hubiera declinaciones dignas y explícitas. A que no...
02 Junio 2017 04:07:00
¿Elección marrana o china?
Insistir en que todos los partidos y sus candidatos son iguales es hacerle el juego al PRI y al Gobierno, dicen quienes han visto cómo en Europa y Estados Unidos la ultraderecha utiliza este razonamiento para desalentar el voto y ganar elecciones. En el Estado de México, sin embargo, es imposible no llegar a esa conclusión al término de una de las campañas más repugnantes que hemos atestiguado en México desde hace años.

Los cuatro partidos repartiendo tinacos por doquier, constituye uno de los ejemplos más representativos. Como dijo un amigo que vive en el Edomex, ya hay más tinacos que fuentes de agua en esa entidad. Los videos de Eva Cadena recibiendo dinero, de Delfina Gómez aceptando los descuentos de 10% a los sueldos de los empleados de la municipalidad de Texcoco cuando era Alcaldesa, y los ridículos montos declarados por todos los partidos, empezando por Morena, de las sumas gastadas en la campaña, son una prueba más.

¿Quién puede creer que en el reporte a la autoridad electoral al 27 de mayo, Morena haya gastado 85 millones de pesos (el total mayor), y Del Mazo 72 millones (segundo lugar)? Hemos visto cifras en distintas columnas que hablan de un gasto por parte del Gobierno federal y estatal entre 11 mil millones de pesos y más de 50 millones a favor del candidato del PRI, tanto en obra pública realizada específicamente con ese fin, como en propaganda, acarreos y compras de votos o de credenciales. El PAN ha gastado menos y ha hecho menos, y su despilfarro menor redundará en un resultado menor... como el que seguramente se esperaba en Los Pinos, en la campaña de la candidata y en la dirección nacional de ese partido. El PRD declaró un menor gasto, pero la suma no refleja todo lo que el Gobierno estatal le aportó a su candidato. Se vale sospechar que en 2016 Cuitláhuac García en Veracruz recibió apoyo de Javier Duarte para evitar un triunfo de Miguel Ángel Yunes, y también se vale pensar que Eruviel Ávila hizo lo mismo con Zepeda para quitarle votos a Delfina.

Muchos –entre otros Carlos Elizondo– han denunciado la pasividad del INE ante semejante chanchero, como dicen los chilenos. Su razón de ser era impedir que una autoridad electoral local se encontrara capturada por el partido en el Gobierno estatal, sobre todo cuando no hubiera alternancia en el estado. Mejor ejemplo de captura y de no alternancia que el Edomex, imposible. Y mayor riesgo de una elección de Estado que en el Edomex, también. No veo razón alguna para dudar que el presidente Peña Nieto piensa retirarse a Ixtapan de la Sal a jugar golf a partir de 2019. Si pierde el PRI, que ni lo piense.

El mejor argumento a favor de una candidatura independiente a la Presidencia es la elección del Estado de México. Todos los partidos, por su razones y a su escala, hicieron lo mismo. Todos se endrogaron con sus fuentes de financiamiento, y todos deberán rendirles cuentas y pagar facturas. Si alguien a estas alturas cree todavía que en 2018 algún candidato, de algún partido, actuará de modo diferente, es un iluso o un cínico. Si todos los secretarios de Estado de EPN fueron cómplices del cochinero de Del Mazo, ¿por qué no lo serían de sí mismos el año entrante? Un independiente no será un santo, pero no podrá ni le convendrá incurrir en estas marranadas. Sobre advertencia no hay engaño.
31 Mayo 2017 04:07:00
Trump y plagio
Las coincidencias de ideas o de tesis entre académicos o distinguidos miembros de la comentocracia abundan en México y en el mundo entero. Unas coincidencias son menos espontáneas o sinceras que otras. Hemos atestiguado en los últimos años diversos ejemplos de aparentes coincidencias que no eran tales: se suelen llamar plagio. Un autor simplemente se fusila el texto, el argumento o la reflexión de otro, sin citarlo.

Existe otra categoría de repetición: cuando un grupo de comentaristas participa de manera constante y regular en un programa de radio o de televisión durante años, o almuerzan juntos cada semana, y en los días siguientes, escriben más o menos lo mismo, sobre el mismo tema. No hay plagio ni mala fe, sólo gente afín que afina sus ideas en la discusión y luego plasma el resultado de ésta última en el diario, uno o dos días después. Se aburriría el lector si cada vez que Leo Zuckerman, Aguilar Camín o yo publicáramos contenidos similares, nos citáramos mutuamente.

Y luego hay una tercera forma de coincidencias que es la más complicada. Se trata de aquellas ocasiones en que de buena fe, sin dolo o engaño, alguien publica un razonamiento que ya fue desarrollado o divulgado por otro, en el mismo medio, o en otro semejante y cercano, más o menos simultáneamente, sin que el segundo haya leído al primero, ni mucho menos pretenda copiarlo sin atribución. Esta es una especie de especialidad mexicana, por una simple razón: nadie lee a nadie en México, y nunca se le reconocerá a alguien haber pensado, dicho o escrito algo primero, que otros asumieron o aceptaron después.

Todo esto viene a colación porque al redactar mi artículo anterior sobre la renuncia posible de Trump no me percaté que en Project Syndicate, un sitio donde publico desde hace más de 10 años, Bernard-Henri Lévy escribió algo muy parecido unos días antes. No había yo leído el trabajo de Lévy, a quien no conozco pero cuya obra he ojeado, pero debí haberlo hecho. Somos hasta cierto punto colegas, escribimos en este caso sobre el mismo tema en el mismo medio, tenemos conocidos en común... En fin, antes de creer yo que mis ocurrencias eran únicas, tenía la obligación de revisar algunos otros escritos para comprobar si eran tan originales como pensaba. Y de encontrar algo parecido en otras páginas, estaba obligado a decirlo, aunque sólo fuera bajo el lema “Les grands esprits se rencontrent”. Misión cumplida, con una disculpa a los lectores por no hacer bien mi trabajo, a Manuel Arroyo que me lo paga muy bien, y a Enrique Quintana, responsable de lo que aquí se publica.

A propósito de la renuncia de Trump y de la hipótesis central de mi artículo y de la posibilidad accesoria de la nota de Lévy, los últimos acontecimientos parecen respaldarla. El yerno de Trump puede ser acusado formalmente; las investigaciones se centran cada vez más sobre él. Varios análisis en algunos medios norteamericanos ya señalan que por lo menos existe una ambigüedad sobre su presidente en funciones, puede ser acusado penalmente, pero en todo caso, consideran que al dejar la Presidencia es susceptible de ser procesado por delitos cometidos como presidente, como presidente electo o como candidato. Además, hay una lectura interesante de las razones por las cuales la canciller alemana Angela Merkel, el nuevo presidente francés Emmanuel Macron, tal vez algunos gobiernos latinoamericanos y hasta el primer ministro de Japón –Shinzo Abe– comienzan a pensar que no sólo con Trump no se puede nada, sino que no va a durar. Se juntan el hambre con las ganas de comer. Esto ya es un asunto del día a día.
29 Mayo 2017 04:00:00
La renuncia (de Trump)
Cada día se discute más, tanto en EU como en otros países, y en particular en México, la posibilidad de que Donald Trump sea destituido legalmente como Presidente antes de finalizar su primer mandato. Algunos analistas hablan de impeachment, es decir, de juicio político; otros recurren al Artículo 25 de la Constitución norteamericana, a saber, la posibilidad de que el vicepresidente y el Gabinete consideren que el Presidente no puede cumplir con sus funciones y el Congreso luego vote al respecto.

La mayor parte de los cálculos, sin embargo, son todavía contrarios a esta hipótesis. Se considera que para que esto suceda, por lo menos 25 miembros republicanos y la totalidad de los demócratas de la Cámara baja tendrían que votar a favor del impeachment, es decir, la acusación formal al presidente en funciones para luego ser juzgado en el Senado. Esto no significa que es destituido el presidente; tal y como sucedió con Bill Clinton, tendrían que cambiar de bando más de una decena de senadores republicanos, y votar a favor la totalidad de los demócratas, para que finalmente Trump fuera despojado de sus funciones. Se cree que estas dos condiciones necesarias aún no se cumplen en EU.

Otro elemento de cálculo involucra las elecciones de medio periodo del 2018. Muchos piensan que si los republicanos enfrentan una verdadera debacle al perder su mayoría, tanto en la Cámara baja como en el Senado, podrían optar por defenestrar a Trump antes de dichas elecciones. Esta hipótesis no es descabellada, pero implicaría que los partidarios de Trump en el electorado –aproximadamente 40%- dejaran de apoyarlo con el entusiasmo que aún destilan: más del 80% de ese 40% sigue aprobando su labor. Por el momento parece difícil que esto pudiera cambiar en los 15 meses que faltan para que comience la campaña de las elecciones legislativas de medio periodo de 2018.

Sin embargo, en días recientes ha surgido una nueva hipótesis que puede ser más verosímil o factible que las anteriores. Esta opción retoma el antecedente de Richard Nixon en 1974, que renunció antes de llegar a la votación en la Cámara de representantes, y desde luego antes del juicio propiamente tal en el Senado. Se supuso desde entonces, con muchos elementos, que dicha renuncia tuvo mucho que ver con el indulto posterior que le otorgó el nuevo presidente –Gerald Ford– y que tuvo un estatuto inapelable y total. En otras palabras, Nixon renunció no sólo a la presidencia, sino a la posibilidad de pelear el juicio político ante el Congreso a cambio de un perdón definitivo. Empieza a vislumbrarse una posibilidad semejante en el caso de Trump.

Aunque no me queda claro cuáles son los delitos por los cuáles puede ser perseguido penalmente un expresidente de EU: aquellos cometidos antes de su elección, durante el periodo de transición cuando funge como presidente electo, o ya como presidente en funciones, todo sí parece indicar que cualquier tipo de inmunidad de la cual pudiera gozar en cualquiera de los tres casos no se aplica a sus familiares. Cada día surgen nuevas versiones o filtraciones relativas a los posibles contactos del yerno de Trump, su hija e incluso sus dos hijos que no ocupan funciones en la Casa Blanca, con el Gobierno de Rusia. Hasta ahora ninguna de estas investigaciones o filtraciones parecen implicar delitos penales. Sin embargo, es perfectamente posible que así suceda. De ser el caso, pudiera existir un riesgo serio de encarcelamiento posterior por delitos cometidos en cualquiera de las situaciones antes mencionadas. En ese caso extremo, podría volverse atractivo para Trump evitar cualquier riesgo de esta índole, renunciando a la Presidencia a cambio de un indulto general para él y toda su familia.

¿Suena muy extremo? Desde luego que sí. De la misma manera que sonaba muy extrema la posibilidad, cuando fue reelecto Nixon en 1972, que menos de dos años después renunciaría a la Presidencia para evitar ir a la cárcel.
26 Mayo 2017 04:07:00
PRI: una buena razón para ser candidato perdedor
Para variar, abundan las teorías sobre quién será el candidato del PRI a la presidencia. Como ha sido el caso desde 1933 y hasta el 2000, y ahora nuevamente, al tratarse de una decisión personal del presidente en turno, la especulación es tentadora y generalizada. Todos tenemos las mismas posibilidades de adivinarle el pensamiento al que decide y nadie puede argumentar que tiene una teoría más ajustada a la realidad que otras. La diferencia esta vez, como en 1999, es que no se puede asegurar que ese candidato será Presidente, como lo fueron todos sus predecesores entre 1934 y 2000.

Dicho esto, va mi propia especulación, tomando en cuenta las versiones que he escuchado de distinguidos priistas, de otra época ciertamente, pero que algo saben de estos menesteres. Ha circulado mucho la tesis de que los aparentes punteros, por razones distintas en la carrera por el cariño/aprobación/confianza de Enrique Peña Nieto, es decir, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, no serán los candidatos del PRI por una sencilla razón. No les conviene. Es obvio que ninguno de los dos podría ganar la elección presidencial, y por tanto ¿qué sentido tendría aceptar ir al matadero? Por ese motivo, dicen algunos, Peña estaría buscando alguna solución milagrosa a través de la cual pudiera convencer a millones de mexicanos que tal o cual miembro de su gabinete en realidad no es gente suya, no es tan priista o malo como los demás. Por mi parte, nunca he compartido esta idea, pero entiendo que haya muchos que puedan simpatizar con ella.

La teoría que me parece más sensata, en cambio, consiste en lo contrario. Que tanto Videgaray como Osorio tendrían muy buenas razones para tratar de ser candidatos del PRI a la Presidencia, aun sabiendo que van a perder. Por varias razones. El candidato del PRI, desde tiempos inmemoriales, comparte con el presidente saliente que lo escogió la tarea de escoger a su vez a los candidatos priistas a las dos cámaras legislativas y a las gubernaturas estatales que se encuentran en juego en el año sucesorio. En el caso del 2018 se trata de toda la Cámara de Diputados, todo el Senado, todas las delegaciones o alcaldías de la Ciudad de México, la Asamblea y ocho gubernaturas. Desde luego que no todos los candidatos del PRI, pero habrá una bancada priista importante en la Cámara baja, en el Senado, en la Asamblea del D.F., en las alcaldías y algunas de las ocho gubernaturas en juego quedarán en manos del PRI. Su candidato va a ser decisivo en la selección de estas personas, sobre todo si cuenta con la solidaridad, apoyo o complicidad de Peña Nieto. Y ese candidato del PRI, aunque pierda la elección presidencial, será el líder de la oposición priista al siguiente mandato.

Oposición priista que seguramente no será mayoritaria en ninguna cámara, que no habrá conquistado ni siquiera la mitad de las gubernaturas en juego, pero que posiblemente sea la más importante del país. No es una mala situación en la que se encontrarían Videgaray u Osorio en caso de que así sucediera. ¿Preferirían ganar la elección? Desde luego. ¿Puede lograrlo algún priista? Todo sugiere que no. Entonces la verdadera opción para Peña no es ganar con el PRI y un candidato supuestamente competitivo o perder con uno malo, sino perder con un desconocido o escoger no a su sucesor en Los Pinos, sino al jefe de la oposición priista al próximo Gobierno de uno u otro partido opositor de hoy. No está mal
22 Mayo 2017 04:05:00
La alianza nonata
El acuerdo nonato entre el PAN y el PRD para ir juntos a los comicios presidenciales de 2018 muestra las dificultades de cualquier tentativa de alianza en una elección sin segunda vuelta. La presidenta del PRD se vio obligada a dar marcha atrás escasas horas después de la conferencia de prensa conjunta de los dirigentes de ambos partidos. El PAN no pudo hacer más que permanecer callado; los simpatizantes de esta estrategia miran de lado cuando se les pregunta porque no funcionó en el EDOMEX.

Las tentaciones de una coalición PAN-PRD contra Andrés Manuel López Obrador, o de la misma quimera involucrando al PAN y al PRI, provienen de un cálculo electoral demasiado simplista. En cualquiera de las encuestas existentes, los posibles candidatos del PAN y del PRD suman más votos que AMLO. Lo mismo sucede con los del PRIAN. Por otro lado, López Obrador cada día parece contar con más probabilidades que nunca de ganarle a cualquier aspirante que postulen solos el PRI o el PAN (del PRD ni hablemos). Si su victoria es lo peor que le podría suceder a México, y la única manera de ganarle sea mediante una alianza, y si ambas posibles alianzas son teóricamente triunfantes, hagamos la alianza. Simplismo puro.

La falacia y de la debilidad del argumento no yacen únicamente en lo esencial: la diferencia entre los votantes y sus líderes partidistas. Se originan en una evaluación equivocada de los intereses reales de los diversos candidatos realmente existentes. Para varios, figurar en la boleta y lograr un resultado respetable es más importante que cerrarle el paso a AMLO: Zavala-Calderón o Anaya por el PAN, pueden preferir perder solos pero acumular fuerza para el futuro, en lugar de declinar a favor de un tercero que tal vez si derrote a AMLO pero no les traiga ningún beneficio. Lo mismo valdría para Mancera, un político joven cuya carrera no termina en el 2018. En el PRI no es exactamente igual, ya que allí manda un solo hombre, pero aún así, dudo que los cuadros o apparatchiks priistas acepten trabajar y hacer de las suyas en beneficio de alguien que no es de los suyos.

El verdadero problema reside en la actitud de los votantes. Hay algunas encuestas sobre segunda preferencia, pero todavía son demasiado hipotéticas. Sirve más la intuición y el análisis. En el caso PAN-PRD, dada la gran ventaja actual y futura de los azules (incluso en el EDOMEX), la pregunta es sencilla: si el candidato de la alianza es del PAN ¿donde se irían los votantes perredistas? ¿Con Anaya, Zavala-Calderón o Moreno Valle, o incluso con un tercero en discordia, ni panista ni perredista? ¿O con AMLO, su querencia natural?

Las cúpulas pueden ponerse de acuerdo, pero las bases –es decir, los cuadros y los electores– no los van a seguir. Los ejemplos estatales confirman esta afirmación. AMLO no estaba en la boleta, e incluso una representante tan deslucida con Delfina en el EDOMEX le robó votos tanto al PAN como al PRD.

A nivel presidencial, los votantes no son intercambiables en México a menos de que se haga una campaña explícita y proactiva por el voto útil, como lo hizo Fox en 2000. Aún así, hoy, con la polarización vigente, se antoja imposible. Mejor entonces una candidatura independiente, que sí le pueda quitar votos a AMLO, pero también al PAN, al PRD hasta al PRI, y a los abstencionistas. Lo demás son cuentas de vidrio, apantallapendejos y deseos piadosos de una comentocracia timorata.
19 Mayo 2017 04:07:00
Las detenciones mexicanas de Trump
El mismo día que se llevó a cabo la primera reunión de nivel ministerial entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y “crimen organizado”, y que el Ejecutivo norteamericano echó a andar el reloj de las negociaciones del TLCAN, se publicaron las cifras iniciales de detenciones de indocumentados por el Gobierno de Trump. Son demoledoras, y anuncian un incremento significativo de las deportaciones en los próximos meses.

Durante los primeros tres meses de la presencia de Trump en la Casa Blanca, las detenciones crecieron 38% en relación al mismo período del año anterior. En total, fueron arrestadas 41 mil 318 personas sin papeles, más de 400 diarios.

Según The New York Times, muchas de las aprehensiones tuvieron lugar en las casas de los afectados, en la madrugada. Asimismo, más de la mitad de los arrestos involucraron a migrantes que no habían cometido ningún delito, salvo el de encontrarse en Estados Unidos sin papeles. De acuerdo con el diario neoyorquino, a este ritmo, el número total de detenciones para 2017 superará el año pico de Obama, 2011.

Ya hemos explicado por qué hasta ahora este dato no se refleja en el número de deportaciones, que ha caído en relación a 2016. Cada detenido –y un poco más de la mitad son mexicanos– tiene derecho a una audiencia, a menos de que ya haya una orden de un juez deportándolo, o que firme su aceptación de repatriación voluntaria. De tal suerte que una parte –no se sabe cuantos– de los detenidos aún permanece en Estados Unidos, pero la gran mayoría serán deportados en las semanas o meses que siguen.

La tragedia detrás de estos datos impersonales consiste en el miedo que no pueden dejar de infundir en los indocumentados aún no detenidos. Personas que acuden a los juzgados a cumplir con los mandatos judiciales; que van a su trabajo; a la escuela por sus hijos, o a misa el domingo y que siguen libres y hasta ahora inmunes, viven aterradas ante la perspectiva de una detención tal vez inminente.

Unas suspenden cualquier movimiento, salvo aquel relacionado con el empleo. Otras firman papeles de custodia de sus hijos menores, en caso de ser arrestados y deportados los padres. Unos cuantos –muy pocos– contemplan un retorno para evitar el arresto.

Este es el dilema ya existente para las autoridades mexicanas. En esta materia, ya no se trata de amenazas incumplidas de Trump ni de peligros futuros. Esto es hoy. Hacerse de la vista gorda y negociar temas comerciales, de guerra a las drogas, o de sellamiento mayor de la frontera sur, como si nada sucediera, es insostenible. La negociación integral o en paquete se da en el contenido y en el tiempo, o no se da. Si México cede hoy en cuestión de drogas (“redoblar los esfuerzos”, según la embajadora Jacobson), y en impedir el paso a los centroamericanos, esperando que Washington nos devuelva la moneda más adelante en el TLCAN, nos pasaríamos de ingenuos. Y si México piensa que podemos aceptar, sin chistar, las detenciones crecientes de mexicanos en Estados Unidos, sin poner el tema en la balanza, nos pasaríamos de cínicos.

Me da la impresión que la Cancillería, dentro del buen trabajo que está realizando con los consulados mexicanos, con la defensa jurídica de los migrantes en todo Estados Unidos, y en Texas en particular, no acaba de captar la sensibilidad nacional ante el maltrato a los paisanos.

Quisieran casi que el tema se suspendiera en el tiempo, para resistir los embates norteamericanos en lo tocante al narco y los centroamericanos, y lograr una negociación aceptable en el ámbito comercial. No se va a poder.
17 Mayo 2017 04:07:00
Seguridad y elecciones no se llevan
Es obvio que el país vive una nueva crisis de violencia e inseguridad, como en los peores momentos del 2011. Se ha comentado ya hasta el cansancio los índices de homicidios dolosos por 100 mil habitantes, de secuestros, etcétera; han alcanzado los niveles que se vivieron durante el apogeo de la guerra de Calderón. Y también es un hecho que los casos emblemáticos, como el de Javier Valdez en Culiacán, el de Miroslava Breach en Chihuahua y el de Miriam Rodríguez en Coahuila comienzan a proliferar nuevamente. Al mismo tiempo, también es obvio que la operación política del Gobierno de Peña Nieto deja mucho que desear, ya que existe una descoordinación cada vez mayor entre las distintas dependencias que tienen que ver con la seguridad, con la relación con Estados Unidos o con las elecciones, ya sea en el Estado de México este año, ya sea a nivel federal en el 2018.

Uno de los aciertos de Fox como presidente –y son más de los que se le reconocen, sobre todo a la luz del extraordinario éxito de sus sucesores– fue haber separado la función de seguridad, que anteriormente se ubicaba en la Secretaría de Gobernación, de la función política que siguió radicada en Bucareli durante su sexenio. En cualquier país más o menos democrático, las dos funciones se localizan en dependencias distintas, aunque haya, lógicamente, cierta duplicidad de funciones en distintos momentos o con distintas personalidades. Calderón tuvo la sensatez de mantener la separación y la insensatez de entregarle la seguridad del país a un policía de cuarto nivel como Genaro García Luna. Pero Peña, en su ingenuidad y desidia, decidió reunificar las funciones bajo la égida de la Secretaría de Gobernación y de un político de gran altura, visión de estadista, de una formación innegable, y de una experiencia nacional incomparable como Miguel Ángel Osorio Chong. Ya hablando en serio, el error fue de Peña, no de Chong. Ni Fouche hubiera podido con el paquete que Peña le encargó a Gobernación: la política, la seguridad, los gobernadores, las iglesias, la migración, la ventanilla única con EU, más lo que se acumule.

Hoy en día, el tema se complica. El caos de seguridad se combina con la complejidad de la relación con Estados Unidos y la organización de las elecciones del 2018, por lo menos en lo que se refiere al Gobierno y al PRI, que es mucho. En 1987, según muchas de las personas que pude entrevistar para mi libro La Herencia: arqueología de la sucesión presidencial, Miguel de la Madrid –y a su manera Carlos Salinas– cometieron el error de dejar a un precandidato priista derrotado –Manuel Bartlett– en su cargo: la Secretaría de Gobernación. Todo lo demás es historia: ¿Cómo permitió que los partiditos paleros se aglutinaran detrás de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas?; ¿Cómo Gobernación no fue informando del crecimiento de dicha candidatura?; ¿Y cómo el mismo día de las elecciones, Manuel Bartlett sacó el buey de la barranca después de haberlo casi ahogado y ensuciado al máximo?

En 1993, Salinas trató de no cometer el mismo error. Nunca hay que dejar a un precandidato derrotado como responsable de la totalidad o de una parte del destino del precandidato victorioso. Provocó o exigió la renuncia de Manuel Camacho como regente de la Ciudad de México, después de haber destapado a Luis Donaldo Colosio, porque no pensaba dejar la elección del D.F. en manos de Camacho. Semanas después, con el alzamiento en Chiapas, las cosas fueron cambiando, pero la decisión inicial no fue equivocada. Supongo que Peña Nieto ha estudiado con todo detalle estos antecedentes; ha conversado con los interesados, muchos de los cuales no sólo viven, sino que siguen siendo miembros activos de la política nacional. No tiene el menor sentido dejar a los aludidos –a pesar de las mejores intenciones conscientes– en cargos donde pueden perjudicar, de manera inconsciente a los ganadores. En este caso, el dilema se multiplica porque abarca también el de la seguridad.

15 Mayo 2017 04:01:00
El lamento de los deportados
Ayer tuvo lugar el cuarto foro de la iniciativa Agenda Migrante, que coordinamos Eunice Rendón y yo. El tema –y los principales participantes– fueron los mexicanos deportados de Estados Unidos. Joaquín López Dóriga, Carlos Puig y Paola Rojas moderaron las mesas, y asistieron, como a las reuniones anteriores de México, Phoenix y Chicago, funcionarios de la Cancillería, en particular Carlos Manuel Sada, subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Gobernación, legisladores como Cecilia Soto, Claudia Corichi y Armando Ríos Piter y académicos como Rafael Fernández de Castro. Podemos sacar tres conclusiones del encuentro.

En primer término, más allá de una aparente reducción en el número de deportaciones este año, en comparación con 2016, el perfil del deportado está cambiando. Son ligeramente menos que antes, pero la proporción que proviene del interior de Estados Unidos, a diferencia de aquellos detenidos por CBP y la Patrulla Fronteriza en la línea o cerca de ella, ha aumentado. En otras palabras, el tiempo promedio que los deportados llevan en Estados Unidos ha crecido; las separaciones familiares también, y el alejamiento de México –en el tiempo y en el espacio– de los deportados se ha incrementado. Las deportaciones de Trump, por ahora, son menos que las de Obama, pero son más dolorosas.

En segundo lugar, y por estas mismas razones, se ha agudizado el sentimiento de no pertenencia, de extranjería, de indefensión o de franco mal trato que describen los deportados al llegar a México. Desde el bullying a los niños que no hablan bien español, hasta la renuencia de empresas mexicanas a contratar a personas de más de 45 años o a jóvenes con tatuajes; los recién llegados se sienten discriminados, rechazados o incluso repudiados por quienes son sus compatriotas, y al mismo tiempo no lo son. Los deportados son mexicanos, sin duda, pero han pasado buena parte de sus vidas fuera de México. Muchos de ellos pueden vivir en Estados Unidos como si fuera México –comida, telenovelas, futbol, música, idioma, religión– pero no es México. Muchos ya no tienen familiares en México, y casi ninguno posee papeles o arraigo. Asegurar su inserción significa, en primer lugar, garantizarles un sentido de pertenencia: emocional y documental.

En tercer término, es evidente que los pleitos entre precandidatos del PRI a la Presidencia ha afectado seriamente el trabajo de diversas dependencias en materia de atención a deportados. Gobernación sencillamente no existe. El Instituto Nacional de Migración y su titular se dedican a hacer el trabajo sucio de Estados Unidos en la frontera sur, o a llevar la fiesta en paz en la frontera norte, sin preocuparse mayormente de los deportados. En contraste con la Secretaría de Relaciones, que gracias a los senadores de Operación Monarca ha conseguido recursos adicionales, y comienza a ejercerlos en los 50 consulados de México en Estados Unidos, Segob se desentiende de las
deportaciones.

Hace casi seis meses, en diciembre, varios legisladores, comunicadores y académicos sugirieron medidas concretas para la atención a deportados. Primero que nada “cacharlos” en los 11 puntos de entrada fronteriza y en el aeropuerto de la CDMX. Casi todos los deportados pasan necesariamente por estos 12 filtros; allí se les puede apoyar; ya después, resulta mucho más difícil y costoso. Pero en lugar de que Gobernación haya colocado ya allí los módulos del INE, del Seguro Popular, de Bansefi y de los principales gobiernos estatales de destino, el Inami, en el mejor de los casos, les entrega a los deportados un inútil oficio de repatriación. Con dicho “documento” (que no es tal) no pueden ni cambiar dólares en un banco, ni tomar un vuelo dentro de la República, ni obtener un celular, ni entrar en varios edificios públicos. Los deportados le reclamaron amargamente en el foro a la encargada del programa Somos Mexicanos de la Segob que lo que les dan, cuando se los dan... no sirve de nada.

Fueron mucho más creíbles los reclamos, que la defensa de la funcionaria indefensa de Bucareli. Pero a decir verdad, no le tocaba a ella dar la cara. A quienes les correspondía la tarea, les pasó de noche.
12 Mayo 2017 04:07:00
¿Y si AMLO tiene razón sobre el TLC?
En las prenegociaciones e interminables especulaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, muchos buenos amigos norteamericanos de México nos brindan un consejo en apariencia muy sabio. Dicen ellos: “No hagan caso de lo que Donald Trump dice, fíjense en lo que dice”. Buena idea, mal consejo.

En 1999 y 2000, un respetable colega, el entonces embajador de Estados Unidos en Venezuela, John Maisto, repetía por doquier que Washington debía prestar atención a lo que el entonces recién electo Hugo Chávez hacía, no lo que decía. Maisto pregonaba esta sugerencia con las mejores intenciones del mundo, como ahora lo hacen nuestros interlocutores estadunidenses pro-NAFTA. El pequeño problema en aquella época fue que, muy pronto, Chávez comenzó a hacer lo que decía. El pequeño problema ahora es que Trump no sólo va a hacer lo que dice, sino que lo que dice el Presidente de Estados Unidos no es un mero dicho: es un hecho.

Esto tiene que ver con la entrevista de Donald Trump a The Economist ayer, centrada en el comercio y en el TLC con México, pero también con el escándalo más reciente (no el último) en Washington: el cese fulminante y público del director del FBI. Lo que dice Trump se transforma rápidamente en lo que hace Trump, pero además, tratándose de quien es, el impacto financiero, geo-político y hasta cultural de su retórica reviste implicaciones muy materiales.

Todo indica, como lo hemos señalado aquí, que las negociaciones del TLC, con o sin Canadá, no comenzarán antes de septiembre. No habrá aprobación legislativa en Estados Unidos antes del 2019. La carta de solicitud de Trade Promotion Authority que el Ejecutivo enviará al Congreso estadunidense quizás la semana que entra o después, incluirá provocaciones muy directas destinadas a generar una reacción de rechazo en la Ciudad de México y en Ottawa. De ignorarlas, México puede pasar por ingenuo o complaciente; de caer en la provocación, corremos el riesgo de torpedear una negociación que podría, a la larga, salir bien. ¿Qué hacer?

Por mucho que me moleste coincidir con López Obrador, en una de esas convendría más que el Gobierno de Peña Nieto fijara un plazo perentorio para el envío del nuevo acuerdo (bilateral o trilateral) al Congreso de EU. De no cumplirse, se suspenderían las pláticas con el pretexto/justificación de que no sería congruente, democrático ni políticamente sensato seguir negociando cuando una de las partes –i.e. México– ya vive bajo un gobierno saliente (lame duck) y con un Congreso también legislando en sus últimas semanas.

Los inconvenientes de este esquema son evidentes, pero sus ventajas son contundentes, aunque menos visibles. Peña Nieto le pasa el paquete al siguiente Mandatario, y gana tiempo con Trump. Como van las cosas en Washington, nadie sabe cuánto tiempo permanezca en la Casa Blanca. Obliga a cada candidato a la Presidencia de México a pronunciarse durante la campaña sobre lo que haría con el TLC. No bastarán los lugares comunes imbéciles sobre el respeto, la cooperación y la soberanía. Y en tercer lugar, o bien obliga a Trump y a sus negociadores a acelerar el paso y terminar a tiempo, o bien a dejar todo en paz por ahora, o bien a salirse ellos del TLC, en lugar de que lo haga México, por buenas razones, pero siempre difíciles de explicar.

El despido de James Comey del FBI marca un hito en la Presidencia de Trump. En lugar de utilizar la distracción de los reflectores y los enredos del ocupante de la Casa Blanca para no hacer nada, México debiera aprovechar esta debilidad para formular planteamientos duros y audaces, en materia comercial, y en el tema de seguridad, durante la próxima reunión de Miami. Es por allí.
10 Mayo 2017 04:07:00
AMLO, Venezuela y nosotros
El tema de Venezuela nunca ha sido fácil para Andrés Manuel López Obrador. En 2006, gente con información lo acusó de recibir recursos de Hugo Chávez. No supo qué decir más que no conocía a Chávez, y que por tanto no podía ser discípulo o seguidor suyo. En 2012, el tema tuvo menos vigencia, pero de cualquier manera AMLO resultó incapaz de adoptar una postura democrática, moderna e inteligente frente a lo que ya entonces era un país en crisis. Hoy arde.

Por eso son tan notables las respuestas que le dio a Ciro Gómez Leyva en la última parte de la entrevista que le hizo el martes en la noche. Uno puede pensar que a estas alturas insistir en las tonterías de la no intervención y autodeterminación de los pueblos, y la frase absurda, anacrónica y despreciable de “candil de la calle oscuridad de la casa”, es ridícula. También puede uno hacer a un lado dilemas como el que algunos de sus principales asesores estén en la nómina de Russia Today, la cadena televisiva oficial de Putin. Incluso puede uno pasar por alto la desfachatez de AMLO de hablar de 2006 y cómo le robaron la Presidencia para imponer al espurio de Felipe Calderón, y cómo él hizo un plantón y que eso sí es una verdadera afrenta a la democracia, etcétera. Como definición ante Venezuela, cada quien habla de cómo le fue en la feria, sobre todo cuando quiere evitar cualquier tipo de pronunciamiento. Se vale.

Pero cuando AMLO les dice a los opositores venezolanos a la dictadura de Nicolás Maduro: “les recomiendo que no caigan en la trampa de la violencia… Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho para poner en riesgo la vida de los demás. Cuiden eso; si tienen la fuerza, porque hay un movimiento amplio de protesta, utilicen métodos que no expongan a los ciudadanos. Y háganle caso al papa Francisco, busquen el diálogo, busquen la conciliación… Es muy lamentable que exista esta confrontación, lo digo de manera sincera, me duele que se sacrifique a la gente. El poder no justifica la pérdida de una sola vida, de un ser humano…”.

No denuncia la represión de las fuerzas del orden y de los colectivos oficiales contra los manifestantes y estudiantes; no menciona a los presos políticos; no se refiere al intento de golpe de Estado de hace unas semanas, al arrebatarle el poder a la Asamblea Nacional para entregárselo a una Suprema Corte completamente dominada por Maduro.

Ni siquiera se refiere al nuevo intento de golpe de Estado a través de la convocatoria a una asamblea constituyente sin representantes electos de ningún tipo.

Todo eso es absolutamente incomprensible. Es la postura de Gustavo Díaz Ordaz en su informe de 1969, cuando responsabiliza a los manifestantes del movimiento estudiantil del año anterior de la represión y de las muertes que tuvieron lugar.

¿Qué acaso los casi 40 muertos recientes venezolanos no merecen ningún gesto de solidaridad por parte de AMLO? ¿Qué los familiares de los presos políticos no merecen ningún tipo de compasión? ¿Qué la oposición venezolana legal, legítima tanto en el Poder Legislativo como en los ejecutivos departamentales, no merece ningún respeto? ¿Ni siquiera que López Obrador converse con ellos? ¿De veras los manifestantes son los responsables de su propia muerte? ¿O lo es el Gobierno de Maduro, que ha creado las multitudes de llamados colectivos por ahora apertrechados únicamente con armas cortas, pero que muy pronto, según Maduro, recibirán hasta 500 mil fusiles automáticos?

Es lamentable que alguien que pueda ser el próximo presidente de México tenga una posición tan aberrante sobre un tema de gran importancia para México y América Latina, cuyos países integrantes dice AMLO ser más importantes para él que los del resto del mundo. Hay que ver la entrevista de Ciro Gómez Leyva. Es patética.
08 Mayo 2017 04:07:00
Tres enseñanzas francesas
Saco tres conclusiones de las elecciones francesas de ayer. En primer lugar, el bastión de las libertades que ha sido Francia desde hace más de dos siglos, sigue intacto. En última instancia, como diría Louis Althusser, mi maître à penser de los años 70, los franceses siempre hacen lo debido. En ocasiones –la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Argelia, la descolonización– la última instancia llega tarde. Pero llega.

Por más de 30 puntos porcentuales, el electorado francés rechazó al neofascismo de Marine Le Pen, a pesar de una participación más baja que en otros comicios, que debió favorecerla a ella.

El baluarte francés aguantó vara, aunque 11 millones de votos por una candidata de ultraderecha, antisemita y xenófoba, no es un asunto menor. La posición de Jean-Luc Melenchon, el candidato de izquierda que se negó a apoyar a Emmanuel Macron, recordándonos a quienes lo estudiamos la postura del Partido comunista alemán (KPD) en 1933 frente a Hitler, tampoco obstó para que Macron ganara.

Segunda lección: en regímenes presidenciales, la segunda vuelta cuenta. La sabiduría del General De Gaulle perdura. Macron derrotó por 3% al neofascismo en la primera vuelta; venció por 30% en la segunda. El mandato y el rechazo, imposibles más claros.

Con pinzas en la nariz, o aguantando la respiración “a chile pinto”, los votantes de izquierda (en 50%) y de centro-derecha (en una proporción ligeramente menor) sufragaron por un candidato de segunda mesa, carismático pero insulso programáticamente hablando, cuya gran virtud fue ser preferible a la alternativa.

En términos churchilianos: el peor de todos, con la excepción de los demás. Es la lógica de la segunda vuelta, en los países con regímenes presidenciales, cultura política e historia democrática. Y los que no, no.

Tercera enseñanza: es la era del outsider electoral, sea o no elitista, sea o no independiente desde el punto de vista jurídico o financiero, joven o viejo, de izquierda o de derecha, a condición que “muerda” en todos los segmentos del electorado. Trump, Macron, López Obrador por ahora, el Brexit, son todos personajes y posturas triunfantes y objetivamente elitistas, partes indiscutibles del establishment político, económico y cultural de cada país, pero que por una razón u otra, canalizan el sentimiento antiestablishment de una parte del electorado. El tema es la identidad de los outsiders, en cada caso.

El de Francia demuestra que en el país casi-cuna de los partidos políticos (de los actuales, el Socialista fue fundado como Sección Francesa de Internacional Obrera, por Jean Jaurés en 1905), bajo determinadas condiciones, un candidato independiente o sin partido puede ganar una elección presidencial. En México, una parte de esas condiciones están dadas.

Hay una partidocracia desacreditada (más que en Francia), un hartazgo ciudadano con la clase política (más que en Francia), una terrible mediocridad de candidaturas sistémicas (desde el PRI hasta Morena) y una coyuntura económica, social e internacional adversa (más que en Francia). Pero existen otros problemas.

En México, la cancha no es pareja y no se emparejó. La cantidad de firmas necesarias; la astringencia de recursos públicos y de acceso a medios masivos de comunicación; la multiplicidad de candidaturas independientes, más o menos autónomas; la renuencia o franca negativa de los sectores pudientes de apoyar a alguna; la reticencia o la clara repugnancia, que todos los posibles candidatos independientes (no los soñados) le provocan al 99% de la comentocracia: todo ello dificulta enormemente que alguien aproveche esta coyuntura tan favorable.

Por último, se necesita un candidato, como Macron, que prenda y movilice a la gente, aunque sólo sea contra la alternativa. Una primera condición para ello es que esa candidatura sea única.

En ausencia de una segunda vuelta legal, lograrlo implica una gran madurez de los posibles para encontrar una fórmula de selección. No se pudo.

Al cabo de más de un año de esfuerzos considerables, me resulta evidente que, por las razones que sean, no existen las condiciones para que ese candidato único sea yo.

Sin embargo, creo que otros pueden llenar los requisitos: de frescura, de pluralidad de simpatías, de convocatoria. Uno en particular: el jaguar. Sería mezquino y demasiado conforme al fenotipo del intelectual mexicano reconocer que yo no puedo ser, pero no apoyar a quien sí puede. No soy de allí. Por eso Ríos Piter cuenta con todo mi apoyo, en esta batalla que apenas comienza.
05 Mayo 2017 03:00:00
Una idea creativa ... y fallida
Abundan las especulaciones sobre los resultados posibles de las elecciones en el Estado de México, sobre la situación actual de la carrera de caballos, y sobre las consecuencias políticas de uno u otro desenlace. Llegamos a ver extrañezas entre simpáticas y absurdas, donde comentaristas de un mismo medio sacan conclusiones contrarias de encuestas... del mismo medio. Circulan asimismo diversas teorías, unas más maquiavélicas que otras, otras más retorcidas o bizantinas que unas. Una en particular destaca por su inteligencia y sofisticación, procedente de las mismas virtudes poseídas por sus autores.

Va más o menos así. Nadie en sus cinco sentidos piensa que hoy un candidato del PRI o del PAN le puede ganar la elección presidencial a López Obrador en 2018 sin algún tipo de alianza de dos o tres partidos. Nadie con los pies en la tierra ve viable una alianza de esa índole a menos de que sea impuesta por un nuevo diseño electoral. Y nadie con memoria desea repetir las maniobras “fallidas” de Zedillo y Fox contra AMLO y que le permitieron victimizarse en 1999 y 2005.

Por lo tanto resulta imprescindible un paquete que imponga alianzas, no tenga dedicatoria directa para AMLO y no hiera las susceptibilidades del presidente Peña. Este se ha opuesto siempre a la segunda vuelta –el único mecanismo que vuelve obligatoria una alianza entre fuerzas “antagónicas”- porque según él, implicaba la derrota del PRI, o en todo caso le enviaba la señal a los priistas que el primero entre ellos ya se había resignado a perder.

La cuadratura del círculo es la siguiente. Si el PRI pierde en el Edomex, tanto Peña como los priistas sabrán que sin un milagro, serán derrotados en el 2018. Pasaría a ser entonces aceptable, incluso deseable, un esquema donde si ningún candidato alcanza un umbral determinado –digamos, con Manlio Fabio Beltrones, 42% del voto– se abre una disyuntiva. O bien el candidato con mayor porcentaje, inferior a 42% -digamos, AMLO- logra, en el transcurso de un mes, conformar un gobierno de coalición, de acuerdo con la legislación de 2014-2015, que obtenga la mitad más uno de los votos en el Senado o la Cámara de Diputados. O bien se celebra una segunda vuelta, al término de un mes, en la que contienden los dos candidatos punteros –digamos, AMLO y el aspirante panista– y donde pierde AMLO y gana el PRIAN.

El PRI y el PAN, y hasta tal vez el PRD, impedirían en el Congreso la ratificación del Gobierno de coalición de AMLO. Pero tendría la oportunidad de lograrla. No habría sólo segunda vuelta para cerrarle el paso, sino un mecanismo más complicado –y enredado– para ganarle, que no le facilitaría del todo la victimización. Y EPN no habría claudicado de sus convicciones o de su confianza en el triunfo del PRI sino hasta después de la debacle mexiquense.

Veo tres dificultades con esta maniobra, que por otra parte me parece saludable para el país, más allá del 2018. En primer lugar, creo que a pesar de todo, el PRI va a ganar de panzazo en el Edomex, porque se trata de una elección del Presidente (ni siquiera de Estado), y obviamente el INE no tiene ni la voluntad ni la capacidad de limpiar el cochinero. En segundo lugar, tal y como está la ley hoy, no se puede modificar la legislación electoral federal salvo 90 días o más antes de que inicie el proceso electoral (Artículo 105 de la Constitución), que comienza el 1 de septiembre de 2017. En otras palabras, para las elecciones que tendrán lugar el 1 de julio de 2018, la fecha límite para cambiar cualquier ley aplicable a esos comicios deberá aprobarse antes del 31 de mayo de este año. Es decir, dentro de tres semanas. Imposible, a menos de que se cambiara la disposición constitucional pertinente, que también debería ocurrir antes de esa misma fecha.

Por último, creo que AMLO igual jugaría la carta de la victimización. Gracias a ella, y al hartazgo, en el 2018, a diferencia del 2006 o el 2012, los electores del PRI en la primera vuelta, o incluso los del PAN si este último logra la hazaña de quedar en tercer lugar (como Josefina en el Edomex), no votarían por el aspirante del PRIAN, sino por López Obrador. Por todo eso, este esquema, audaz e imaginativo, no prosperará.
03 Mayo 2017 04:07:00
La respuesta en Venezuela
La crisis venezolana se agrava. El peligro y las consecuencias para distintos países también. En los últimos días varias aristas de la tragedia de ese desdichado país se han complicado y agudizado, sin que haya una solución evidente.

La semana pasada se deterioró el frente diplomático al decidir el Gobierno de Nicolás Maduro dar aviso de su retiro de la Organización de Estados Americanos, con un plazo de dos años. Esto llevará a Venezuela a centrar esfuerzos para romper su aislamiento en organizaciones como la CELAC, adefesio que nunca debió haber existido y que sólo vio la luz del día por la irresponsable diplomacia de Felipe Calderón. Ahí, esta misma semana quizás, Maduro y su canciller despotricarán en general contra los países que han exigido elecciones presidenciales, la liberación de los presos políticos, y el restablecimiento de la autonomía del poder legislativo y del órgano electoral. A México le van a tundir. A mucha honra.

En el frente interno, Maduro hizo dos anuncios especialmente ominosos, tanto la semana pasada como esta. Por un lado, proclamó su intención de armar a más de 500 mil milicianos “bolivarianos” con los famosos AK-47 o Kalashnicovs o cuernos de chivo, que Venezuela ha venido recibiendo de Rusia a lo largo del último decenio, y también de una fábrica que los rusos montaron en el propio país andino para asegurar el abasto a largo plazo. Esto constituye no sólo un golpe al Ejército venezolano sino también una amenaza para la población. En cualquier momento, los llamados colectivos se pueden volver milicianos, los milicianos desarmados se pueden armar, y los bolivarianos armados se pueden volver actores protagonistas de una guerra civil entre medio millón de militantes provistos de armas automáticas y una oposición desarmada.

En segundo lugar, Maduro anunció apenas ayer su intención de adaptar y promulgar una nueva constitución, a través de la convocatoria a una asamblea constituyente compuesta por delegados del llamado poder comunal. Esta es una estructura que creó Chávez después de una de sus varias derrotas electorales para ir sustituyendo en los hechos al poder ejecutivo municipal y departamental, en muchas partes de Venezuela controlado por la oposición. Son consejos comunales que han desplazado a los alcaldes y a los gobernadores, en ocasiones físicamente desterrándolos de sus sitios de trabajo. La nueva constitución seguramente será de carácter socialista, pero ya no del indescifrable socialismo del siglo 21 de Hugo Chávez. Ahora probablemente se tratará sin ambajes de un régimen autoritario, expropiador, nacionalista a ultranza y militarizado. Esa constitución puede llevar también a una guerra civil y a la suspensión de las muy pocas libertades que permanecen intactas en Venezuela.

Ante este panorama aterrador, la comunidad latinoamericana y otros centros de poder como el Vaticano, buscan reactivar viejos mecanismos de mediación, completamente desacreditados e inaceptables para la oposición y para cualquier persona en sus cinco sentidos. No obstante, de la vacuidad de estos esfuerzos no se desprende un esquema alternativo viable y eficaz. Desde el punto de vista económico, todo sugiere que Maduro le apuesta a un incremento del precio del petróleo, aumento cuyas razones sólo él parece conocer. Su otra tabla de salvación son los préstamos chinos –en realidad compras anticipadas de petróleo– y que sí han mantenido a flote a Venezuela, aunque los chinos se exasperen por la tardanza o la inexistencia de las entregas de aceite venezolano. Pero ni los países productores de petróleo ni los chinos pueden realmente influir en Maduro, suponiendo que quisieran hacerlo.

La pregunta que deben formularse los encargados de estos esfuerzos diplomáticos es ¿quién realmente posee un grado de influencia significativo o decisivo sobre los gobernantes venezolanos, es decir, Maduro, los militares, el sector encabezado por Diosdado Cabello, y los otros jerarcas del chavismo que sin ser militares se han involucrado en las prácticas heterodoxas del régimen autoritario venezolano?

De la respuesta que se encuentre a esa pregunta dependerá el éxito de cualquier esfuerzo mediador. Tengo mis sospechas de cuál es la respuesta apropiada, pero mientras no tenga la certeza, prefiero reservármela.
28 Abril 2017 04:07:00
El mini pánico del miércoles
El pequeño pánico que vivieron los mercados el miércoles con la amenaza filtrada por la Casa Blanca de que Estados Unidos pronto anunciaría su intención de retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe ser premonitorio. En varios sentidos.

La apreciación del peso de los últimos meses puede ser efímera, o en todo caso, precaria. Cualquier susto golpea a la moneda mexicana, y es lógico que así sea. Las razones que llevaron a su hundimiento entre noviembre y finales de enero siguen vigentes; sólo han sido desterradas de las primeras planas por la tranquilidad artificial generada por los propios medios internacionales y las corredurías y bancas de inversión. Los cambios constantes de opinión de Donald Trump son ya legendarios, incluso sin llegar a los 100 días de gobierno. Su proclividad por los giros de 180 grados, ya sea por ausencia radical de convicciones, ya sea como táctica negociadora, seguirán proliferando y son, por definición, imprevisibles. Tampoco son negociables: de nada sirve llegar a un acuerdo con el propio presidente o con sus principales colaboradores, ya que ningún acuerdo resiste un cambio de parecer
repentino.

Tampoco debemos caer en la tentación del alivio por motivos de distracción. No es porque surjan o se creen crisis en Corea del Norte, Siria, el mar del Sur de China o Venezuela, que Trump se olvidará de México. Para Trump, el TLCAN, el muro, las deportaciones y la guerra contra las drogas son temas de política interna tanto como externa. Los costos de un enfrentamiento con México debido al TLCAN son mucho menores que con China, Alemania, Rusia o la ONU. Los aplausos por cumplir las promesas sobre México con sus seguidores son mucho más sonoros que otros.

Si a todo ello sumamos las complicaciones de calendario ya descritas en estas notas hace unos días –y que se han corroborado: el negociador comercial ya no fue ratificado esta semana- vemos como no hay ningún motivo de optimismo en el panorama. Por eso ya es tiempo que el Gobierno mexicano, a través del jefe del Ejecutivo, le explique claramente al país lo que ha sucedido y lo que va a acontecer en esta materia. ¿Cuáles son los tiempos de la renegociación del TLCAN? ¿Cuáles son las condiciones jurídicas reales e inamovibles de Estados Unidos y de Canadá? ¿Cuáles son las implicaciones político electorales en México del verdadero calendario, y no del calendario deseado? ¿Cuáles son las consecuencias comerciales para México –y no del consuelo de tontos para Estados Unidos- de regirnos por reglas de la OMC? ¿Cuál sería el impacto comparativo e hipotético sobre la inversión extranjera directa en México durante los próximos 10 años de una renegociación verosímil y no ideal, por un lado, y de retirarnos ahora del TLCAN, por el otro?

Entiendo que Peña Nieto haya preferido ni pensar en estos dilemas, o en todo caso no compartir malas noticias con la sociedad mexicana para no asustarla. Había, quizás, una muy pequeña esperanza de que la actitud pública –insostenible en privado- de optimismo beato ante Trump en lo referente al TLC, se reivindicara en un futuro mediato. Después de la amenaza ni siquiera velada del miércoles, no sólo es iluso seguir albergándola. Es insensato.
26 Abril 2017 04:08:00
El video de AMLO
El video de una candidata de Morena para las elecciones municipales de Veracruz de junio de este año nos recuerda obviamente las clásicas tomas de 2004 del señor de las ligas, de los abrigos, de las maletas y de las bolsas de aquella época: todos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero de Carlos Ahumada, quien se tomó la molestia de grabar la totalidad de las escenas. Hay muchos parecidos y hay algunas diferencias importantes. Empecemos con los parecidos.

El guionista podría ser el mismo. Esto es Rocky I, Rocky II, Rocky III y Rocky IV. Se trata de una donación posiblemente ilegal, a una destinataria cuya aceptación del dinero también puede resultar ser un delito. De la misma manera, todo indica que se trataba en aquella época de un “cuatro” en potencia, que Ahumada le puso a la gente de López Obrador, no tanto para “ventanearlos” en lo inmediato sino como un seguro de vida que en efecto necesitó más adelante, cuando languidecía primero en un calabozo cubano, luego en otro del DF (no sé cuál sea peor).

En el caso de la candidata Eva Cadena, existen múltiples razones para pensar que ni siquiera se trató de un “cuatro” en potencia o hacia futuro, sino más bien de una trampa un poco simplista y rústica tendida a una simpatizante de AMLO también simplista y rústica. No parece muy creíble que esto haya sido espontáneo y grabado de pura casualidad, por una especie de cámara de seguridad.

Ya se ha dicho que, si se trató de un ardid, eso no disculpa a Cadena ni, por cierto, a quien la engatusó. Si ambos están cometiendo un delito electoral, pues ambos deben ser castigados, cualesquiera que hayan sido las motivaciones profundas que llevaron a este bochornoso incidente. Lo lógico debió haber sido que Eva Cadena rechazara, indignada, el ofrecimiento de los 500 mil pesos; que denunciara de inmediato el nombre del “generoso” donante ante la autoridad electoral y ante los medios de comunicación; y que fuera corriendo con López Obrador para informarle de lo que había sucedido. Nada de esto aconteció. No pudo ella evitar la tentación de recibir el dinero, ya sea para Morena, ya sea para su propia candidatura en el municipio de Las Choapas. Se entiende, aunque no la exculpa, que ni la madre Teresa de Calcuta hubiera rechazado donativos. Primero los acepta, los destinaba a los niños desamparados a quienes cuidaba y luego averigua de dónde venía el dinero.

El problema es que la gente que está reclutando Morena para sus distintas candidaturas y para sus apoyos hacia la campaña presidencial del 2018 no está siendo filtrada por nadie. Ya hemos visto aparecer en los mítines de López Obrador a gente por lo menos cuestionable de un pasado priista muy reciente. Seguramente con el paso del tiempo veremos más. Cuántos de ellos no aceptarán también el donativo anónimo –o ni tanto– de dinero bien habido, pero mal donado, o mal habido y mal donado ¿Qué procedimientos tiene López Obrador para evitar que esto vuelva a suceder, más que denunciar que fue víctima de una maniobra perversa? Esta sin duda lo es.

Que estos $500 mil empalidecen frente a las gigantescas sumas que distintos gobiernos estatales y empresarios han canalizado a las campañas de gobernadores y candidatos presidenciales en los últimos años es innegable. Que se trata probablemente de delitos tan graves los unos como los otros, también es indiscutible. Este es el sistema electoral que tenemos. Habría que felicitar a todos los que lo han construido por lo menos desde 1996. ¿Realmente están contentos con lo que han labrado?
21 Abril 2017 04:07:00
El nuevo calendario del TLC
Las declaraciones recientes de los dos principales encargados de la negociación comercial entre México y Estados Unidos –Wilbur Ross e Ildefonso Guajardo– y el propio Donald Trump anuncian, en los hechos, un nuevo calendario para la revisión del TLCAN. Y los pronunciamientos de Trump sobre los cambios “mayores” que busca en el NAFTA auguran una negociación de mayor complejidad y profundidad de lo que muchos en México pensaban (yo no) y que requerirá aprobación legislativa en los tres países, y en las dos cámaras en Washington. En realidad, para nosotros, ambas dificultades están vinculadas, y son por completo ajenas a la agenda electoral mexicana.

El procedimiento legislativo de EU es claro: para empezar negociaciones comerciales bajo la actual Trade Promotion Authorization (TPA, la versión actual del fast-track de antes, y que por cierto se vence en julio de 2018), el ejecutivo debe enviar una carta de intenciones detallada a las dos comisiones pertinentes de ambas cámaras legislativas y “consultar” el contenido de la misma con ellas durante 90 días. Esto, que iba a ocurrir hace más de un mes, se ha demorado, obligando a posponer el arranque del reloj debido a una maniobra legislativa medio dilatoria de los demócratas. Exigen que la carta del Ejecutivo lleve la rúbrica del Representante Especial para Negociaciones Comerciales (USTR), y éste no ha sido ratificado por el Senado. Este retraso se debe a su vez a que, para ser enviada su candidatura, debe obtener un permiso especial (waiver) por haber trabajado como cabildero para dos gobiernos extranjeros durante el año anterior. En el mejor de los casos, el USTR será confirmado en la última semana de abril –y más bien durante la primera quincena de mayo– para que se programen las reuniones preliminares con el Congreso sobre el borrador de la carta, y esta sería recibida en el Capitolio entre el 15 y el 30 de mayo. Los 90 días correrían hasta mediados de agosto, cuando nadie trabaja en Washington, y por tanto las negociaciones con México y Canadá comenzarían en septiembre. En una hipótesis optimista, podrían concluir para abril o para mayo de 2018, aunque francamente lo dudo.

Con independencia del calendario electoral mexicano –la coincidencia con la cual generaría una tormenta perfecta– existe una regla no escrita de la política de comercio exterior en EU: el Ejecutivo no envía nunca un acuerdo comercial al Congreso para su aprobación en un año electoral. El 2018 lo es: en noviembre se renueva toda la Cámara baja, y el tercio del Senado. Como todas las reglas no escritas, se puede violar, como en los casos de Australia y Perú. Pero se antoja muy cuesta arriba que Trump cuente todavía entonces con el capital político para correr el riesgo de un rechazo de lo que sería su NAFTA. Lo cual nos lleva a finales de noviembre de 2018 para aprobar el nuevo texto en EU, y más bien a la primavera de 2019. Para entonces, habrá otro gobierno en México, y otro Congreso.

Algunos de los más autorizados expertos mexicanos en estos temas (yo desde luego no lo soy) han sostenido que en realidad esto no sería tan grave. Al no aprobarse un nuevo TLCAN hasta 2019, regiría, como default option, el actual, a saber, el que más nos conviene. Trump simplemente se resignaría ante la imposibilidad de lograr una aprobación expedita. Co-existiría con un TLC que según él es el peor de la historia para Estados Unidos, hasta que surgieran condiciones para lograr una votación favorable  para el nuevo acuerdo.

No me cuadra el argumento. Políticamente hablando, veo muy difícil que Trump prefiera conservar un TLC “malo” que abandonarlo de plano; tampoco creo que acepte mandarlo al Congreso sin la garantía de una pronta aprobación. Entonces tendremos que esperar, con la consiguiente incertidumbre. Quién sabe hasta cuándo.
19 Abril 2017 04:06:00
AMLO, la amnistía anticipada, “el largo brazo de la ley”
Hace unas semanas tuve la oportunidad de conversar largo y tendido con uno de los principales colaboradores de Andrés Manuel López Obrador. Nos conocemos desde hace años, y entre gitanos no nos leemos las cartas. Aunque tocamos múltiples temas, el que me interesa abordar aquí abarca la especie de amnistía anticipada para corruptos y violadores de derechos humanos que AMLO ha anunciado en varios discursos, y sobre todo en su libro La Salida, en particular a la luz de la detención o denuncia de varios exfuncionarios mexicanos en el extranjero en las últimas semanas.

No me referiré a lo que muchos han señalado, y criticado: quién es él para decidir a quién indulta o perdona, arrogándose atribuciones del Poder Judicial; el borrón y cuenta nueva garantiza la perpetuación de la impunidad, etc. En la citada conversación, procuré convencer a mi interlocutor que ya no estaba en manos de AMLO, o de cualquier presidente de la República –bueno o malo, honesto o ratero, magnánimo o vengativo– absolver a nadie de determinados delitos. El factor internacional ya no lo permite.

Insistí en el capítulo de derechos humanos primero, recordando el pavor que le provocó a Felipe Calderón ser arrastrado al banquillo de los acusados en la Corte Penal Internacional de La Haya, y los ejemplos menos fallidos que ese de otros violadores de los derechos humanos que no fueron juzgados en sus propios países. Pero el capítulo principal para la opinión pública hoy en México es el de la corrupción –no sé si con razón– y no el de los derechos humanos.

Si pudiera continuar nuestro intercambio, le preguntaría al consejero “pejista” ¿Qué haría AMLO en el caso de Tomás Yarrington, por ejemplo? Según su libro, sería perdonado, y podría volver a México. Pero si hubiera sido detenido antes en Florencia por las autoridades italianas, a solicitud de las norteamericanas ¿pediría que lo soltaran? ¿No buscaría extraditarlo a México? O si primero volviera a Tamaulipas, acogiéndose a la amnistía presidencial, y Washington solicitara su detención provisional para fines de extradición, por delitos cometidos en Estados Unidos ¿la negaría? O ya preso en Nueva York, con “El Chapo” y Veytia ¿le exigiría a Trump que por favor lo liberara, ya que goza de un versión mexicana de amparo universal?

Le insistiría a mi interlocutor con el caso de Emilio Lozoya. Sin prejuzgar si el exdirector de Pemex efectivamente recibió una mordida de 5 millones de dólares ¿qué haría AMLO si los brasileños o los suizos o los norteamericanos pensaran que sí, e intentaran juzgarlo en sus tribunales por delitos cometidos ante su legislación (Foreign Corrupt Practices Act en EU, escándalo Lava Jato en Brasil)? López Obrador trataría de hacer valer la “soberanía” mexicana que tanto le gusta y sostendría que a los mexicanos sólo se les juzga en México, y a este (o éstos, porque no ha sido indiciado sólo Lozoya), él ya lo perdonó?

Entiendo que en una campaña no se tiene respuesta a todo. También que el ámbito más ajeno a AMLO (y a los demás precandidatos a la Presidencia) es el internacional. Pero ya sería tiempo de que ellos entendieran que ya no hay nada en México que sea puramente interno, ni nada que resulte exclusivamente externo. Javier Duarte se fugó a Guatemala, no como “El Chapo” a la sierra madre occidental y los cerros de Sinaloa y Durango; César Duarte a El Paso (según su sucesor), otros exgobernadores andan como Pedro por su casa en la Ciudad de México o en Cozumel. ¿En verdad AMLO va a poder decidir todo esto sólo porque según él México es un país soberano? Ojalá su asesor le explique que no es ya tan fácil, o lo convenza de platicar con Yarrington, o Duarte, o Veytia, o Lozoya, más los que se acumulen.
17 Abril 2017 04:05:00
¿Quién captura a los capturados?
Mientras no comparezcan ante un juez –en México, en Italia, en Guatemala o Estados Unidos– no habrá cómo saber si Édgar Veytia, Tomás Yarrington, Emilio Lozoya o Javier Duarte incurrieron en los delitos de los cuales han sido acusados por unos o por otros. No nos consta si los cargos o los motivos de las denuncias son válidas, o proceden de cualquiera de las otras explicaciones posibles: delación premiada en Brasil, testigos protegidos en Estados Unidos, venganza política en Veracruz. Pero podemos aventurar una hipótesist preliminar a propósito de las capturas de las últimas semanas: el factor foráneo fue decisivo, y las autoridades nacionales se vieron impotentes u omisas mientras no entrara en juego el involucramiento internacional.

Uno de los acusados fue fiscal o procurador del estado de Nayarit durante siete años. Otros dos fueron gobernadores durante seis, y luego prófugos a lo largo de seis meses, o seis años. Un cuarto fue director de Pemex por dos años, y el principal colaborador de política exterior del candidato y presidente-electo Peña Nieto. Salvo el caso de Duarte en Guatemala –y habrá que esperar– resulta inimaginable su detención o “ventaneada” sin la participación del Gobierno de Estados Unidos, del Poder Judicial brasileño, y de los medios de ambos países.

En el caso del escándalo de Odebrecht y de Pemex, varios hemos insistido en algo desde hace meses –mucho antes que AMLO, aunque sus términos y ejemplos sean calcas de los de otros, mucho después. Parecía increíble que expresidentes, exministros o subsecretarios fueron mencionados en múltiples países de América Latina, pero en México tanto la paraestatal petrolera como la PGR y la Secretaría de la Función Pública insistieran en mantener bajo sigilo los nombres de los destinatarios de más de 10 millones de dólares de mordidas. Asimismo, Veytia jamás habría sido detenido si la DEA no lo hubiera buscado. El Gobernador de Nayarit, y quizás hasta su amigo el de Nuevo León, o ignoraban todo de sus actividades y “ahorros”, o sabían algo y eran algo cómplices. Y todos vimos con nuestros propios ojos la foto del agente de ICE en Florencia acompañando –extrañamente, porque no es su función– a la Policía italiana en el arresto de Yarrington.

No se puede descartar que ante la posible derrota del PRI en el Estado de México, y el seguro fracaso de su partido en el 2018, Peña Nieto haya decidido insistirle a Washington que ayudara, en lugar de obstaculizar o permanecer en la indiferencia ante las huidas de Yarrington y Duarte. En ese caso, podría ser inminente la detención en Estados Unidos, o en México a solicitud de Estados Unidos, de otro Duarte y otro exgobernador de Tamaulipas. Si no podemos los mexicanos sin el apoyo de Washington o de otros países (Suiza y Brasil, en el caso Pemex), ni modo. Mejor presos así, que libres de otra manera.

Pero tampoco se puede desechar otra explicación, por lo menos en los casos de Veytia y Yarrington, más los que se acumulen. La postura de los gobiernos de Obama y de Bush, y en realidad de todas las administraciones norteamericanas de la historia moderna, ha sido de pasividad, tolerancia, o hacerse de plano de la vista gorda ante la corrupción mexicana. Preferían no hacer olas, a pesar de que buena parte de las fortunas robadas en México... se guardaban en Estados Unidos y eran fáciles de rastrear. Siempre pensaron los norteamericanos que el beneficio de cualquier acción suya contra la corrupción en México empalidecería frente al costo o el riesgo de la consiguiente inestabilidad o del darle la espalda a sus antiguos socios, amigos o cómplices.

Es posible, aunque por ahora sea imposible de aseverar, que Trump, por una razón u otra, haya abandonado la tradicional actitud estadunidense. Molesto por anteriores agravios personales, frustrado por las dificultades de avanzar en su agenda con México, o preocupado en serio por los estragos que la corrupción mexicana puede surtir sobre la “estabilidad” del país, quizás Trump ha optado por perseguir a los autores y los frutos de la venalidad mexicana. Ambas listas pueden ser interminables.
12 Abril 2017 04:08:00
Los tiempos del TLC, de Trump y de Peña Nieto
Por buenas y malas razones, el Gobierno mexicano prefiere concluir con el de Estados Unidos las negociaciones en materia comercial antes de fin de año. Sin entrar a la consideración de los motivos involucrados, quisiera subrayar un primer obstáculo para que eso suceda, y una primera consecuencia negativa.

Hace unos días comenzó el receso de Semana Santa del Congreso norteamericano. Vuelven hasta el 24 de abril. Será hasta entonces, en el mejor de los casos, que empezarán a considerar el nombramiento de Robert Lighthizer como representante especial de Comercio Internacional (USTR), primero en comisiones y después en el Pleno. Él fungió como cabildero de los gobiernos extranjeros hasta hace poco, y por lo tanto requiere de un permiso especial para ser ratificado. Dicho permiso debe solicitarlo el Poder Ejecutivo. Mientras no lo pida, no será aprobado; mientras no sea ratificado, los demócratas (minoritarios) en la Comisión de Finanzas del Senado se niegan a recibir la carta de intenciones del Gobierno que echaría a andar el reloj de los 90 días para iniciar las negociaciones con México y Canadá. De modo que es poco probable que el plazo arranque antes de principios de mayo, y concluirá, en la hipótesis más favorable, a principios de agosto. El secretario de Comercio estadunidense ha afirmado, por un lado, que las negociaciones tardarían un año; y por el otro, que puede ser menos. Antes de principios de 2018, se antoja difícil que culminen. Y se sabe que en año electoral en Estados Unidos, es casi imposible que se apruebe un acuerdo comercial. En una próxima entrega examinaremos lo que eso puede significar para México.

La consecuencia más ominosa para nosotros de esta recalendarización del tema comercial yace en la integración de la llamada negociación... integral. Como en muchos otros asuntos, desde que Videgaray llegó a la cancillería, el Gobierno ha mostrado una mayor disposición a atender sugerencias de otros: amigos, críticos u opositores. La negociación en paquete es una de ellas. El problema es que la separación en el tiempo de los temas de seguridad –esto es, migratorios, de guerra contra el narco, antiterrorismo y el muro- con los comerciales puede dificultar enormemente la “integralidad”. En particular, obstaculiza la vinculación entre los dos grandes rubros.

Existen dos caminos de vinculación. Uno, el que parece haber escogido el Gobierno de México, consiste en condicionar la continuidad de la cooperación en el conjunto de rubros de seguridad a una actitud constructiva y moderada de Washington en la renegociación del TLCAN. Si hay buena voluntad norteamericana en comercio, persistirá la buena disposición mexicana en seguridad. En todo caso, una mayor cooperación quedaría sujeta a resultados concretos –y muy ulteriores– en seguridad. La otra vía, parecida a la que acaba de esbozar Trump frente a China, es la inversa. Si Beijing arregla el tema de Corea del Norte, EU negociará con mayor flexibilidad los asuntos comerciales; si no, no. México podría –y debiera– hacer lo mismo. Por lo pronto, suspender partes o la totalidad de los esquemas de cooperación, hasta ver si se comprueba la buena voluntad estadunidense en el TLCAN; si no se corrobora está última, no se reanudan las primeras.

Los dos caminos contienen riesgos y dificultades innegables. El primero padece los efectos del calendario: las reglas de origen se negociarán a fin de año, las deportaciones ocurren ahora. El segundo puede ser visto en Estados Unidos como un chantaje –lo es, por cierto– y ello nos enemistaría con posibles aliados dentro de ese país. Si los tiempos esperados por la SRE y Economía se cumplieran, quizás la primera opción resultaría preferible. De no ser el caso, la segunda se vuelve más atractiva, porque parece remota la posibilidad de poner en práctica una postura de enfrentamiento con Washington por un gobierno tan debilitado como el de Peña Nieto, ya en plena campaña electoral de 2018. No está fácil.
10 Abril 2017 04:07:00
Venezuela: falta más
Finalmente el presidente Peña Nieto hizo lo que debió haber hecho hace casi 3 años: recibir en Los Pinos y tomarse la foto con la esposa de Leopoldo López, el líder encarcelado de la oposición venezolana. Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores ha echado a andar una estrategia diferente para México, tanto dentro de la OEA como en el plano bilateral con varios países de América Latina. Todo ello a propósito de Venezuela. Mejor tarde que nunca y como ha dicho Aguilar Camín, no hay que regatearle al Gobierno este cambio positivo y necesario.

Sin embargo, los acontecimientos no tienen siempre la paciencia, la resignación o la tolerancia que podemos albergar los comentaristas o los funcionarios. Lo que ha sucedido con la nueva política mexicana frente a Venezuela es que se ha ido rezagando día con día conforme se agrava la crisis de ese país: crisis política, humanitaria, económica, social. Para poder seguir avanzando sin embargo y mantenernos al día, convendría que tanto Peña como la cancillería se deshicieran de algunas telarañas mentales que todavía ofuscan su pensamiento.

La idea de que México nunca ha intervenido en conflictos internos de otros países, a través de opiniones, recursos, apoyos o sanciones, es completamente falsa. Sólo existe en la cabeza trasnochada de los principistas o de algunos sectores de la izquierda. Desde la guerra civil española, México ha tomado partido en varias ocasiones a favor de un régimen o de otro, en un país o en otro. De la misma manera que defendimos a la República española, tomamos partido contra el golpe de Estado en Guatemala en 1954, contra la dictadura de Batista en Cuba de 1956 a 1959, a favor del régimen de Allende en Chile y contra el de Pinochet, y a favor de distintos proyectos revolucionarios en Centroamérica a finales de los años 70 y principios de los 80: Nicaragua, El Salvador y en menor medida Guatemala, y desde luego siempre aprobamos y mantuvimos las sanciones contra el odioso régimen del Apartheid en Sudáfrica, al grado de que en 1976, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Alfonso García Robles, por instrucciones del presidente Echeverría, le prohibió al equipo mexicano de tenis competir en Sudáfrica en la Copa Davis, en la época del célebre Raúl Ramírez.

Muchos dirán en México que se trataba en todos estos casos de tomas de partido a favor de los buenos y en contra de los malos. Si ese fuera el criterio, pues ya todo dependería de cuál es el rasero que se utiliza para definir a los buenos y a los malos. No me queda claro cuál de las dictaduras latinoamericanas de todos estos años ha sido la peor y cuál ha sido la mejor: Chile, Cuba, Somoza, y ahora Maduro en Venezuela. La lógica de todo esto no es que México no interviene, es que México como todos los países toma partido y lo hace a veces en función de intereses, de simpatías o de ciertos valores. Por mi parte prefiero la intervención basada en valores, y en particular en dos: la democracia y el respeto a los derechos humanos. Pero entiendo que pueda haber otros: la revolución, el socialismo, el antiimperialismo, etc. Pero por lo menos aceptemos que de eso se trata.

¿Qué debe hacer México ahora en Venezuela? En primer lugar dejar de insistir en la tontería del diálogo. Ya se intentó un esfuerzo mediador encabezado por el ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y fracasó estrepitosamente. No puede haber diálogo, cuando la mitad de los líderes de la oposición están en la cárcel, y peor aún si es detenido en estas horas o días, Henrique Capriles, el otrora candidato de la oposición a la presidencia y actual gobernador del estado de Miranda. No hay diálogo posible cuando la represión es cotidiana o cuando el Poder Judicial, de alguna manera disuelve al Poder Legislativo (maniobra que fue echada abajo por la presión internacional y por la calle en Caracas, pero que puede volver a ser impuesta).

Así mismo, México debe dejar de buscar consensos en la OEA e ir planteando proyectos de resolución cada vez más duros, invocando el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para lograr la suspensión de Venezuela de la OEA, si no celebra elecciones, se liberan a los presos políticos y se devuelve la autonomía a la Asamblea Nacional y al órgano electoral. Pero además, México debe ir buscando con otros países latinoamericanos, y en particular con los dueños del circo de Caracas –los cubanos- para encontrar activamente una salida a la pesadilla venezolana, en lugar de simplemente lamentarla o censurarla. Se han dado pasos muy importantes, muy bienvenidos, y muy tardíos. Faltan más.
07 Abril 2017 04:07:00
Ganar y perder en el Edomex
Habrá muchas maneras de interpretar los resultados de las elecciones del Estado de México en cuanto a su pertinencia para el 2018. Una será a la luz de las encuestas: quién le “atinó” y quién no, por mucho que todo el mundo insista, con razón, que los sondeos equivalen a la fotografía de un instante, no a un vaticinio. Sobre todo cuando impera una elevada tasa de rechazo, como parece ser el caso hoy en el Edomex. Dicha tasa puede distorsionar hasta la fotografía, ya sin hablar del vaticinio.

Otra, la más común y lógica, será en función del ganador o los derrotados. Como en toda elección, alguien ganará y los demás perderán. El vencedor, además del ímpetu que siempre genera una victoria, dispondrá de un enorme presupuesto durante casi un año para financiar –dentro o fuera de la legalidad- la campaña presidencial del aspirante de su partido en los comicios presidenciales de 2018. Si gana el PRI, se dirá que conservó su bastión; que la bala pasó cerca, pero no dio en el blanco; y que se comprobó que utilizando bien los recursos del Estado y escogiendo a un buen candidato, no todo está perdido para el año entrante. Si gana el PAN, se dirá que va en caballo de hacienda hacia la Presidencia, y que al resultar exitosa la estrategia de Ricardo Anaya, no habrá cómo arrebatarle la candidatura azul. Y por último, si triunfó Morena, se podrá concluir que López Obrador ya es imbatible, tanto por el acervo de votos amarrados en el padrón más abultado del país, como por los miles de millones de pesos de los cuales dispondrá para su campaña.

Pero hay una manera adicional de leer los resultados de junio. La pura carrera de caballos no es siempre lo más importante. Se vio en 2015, cuando el PRI y el Verde alcanzaron una mayoría en la Cámara de Diputados, pero obtuvieron números de votos inferiores a 2012, que presagiaban una derrota en el 2016. Derrota que se produjo de manera contundente. Aún si perdiera la candidata de AMLO, puede ganar con miras al 2018. En otras palabras, si Morena y los partidos que conformaron las coaliciones anteriores de López Obrador obtienen un número absoluto o un porcentaje superior de votos al que este último alcanzó en 2006 y 2012, aunque no gane, sus augurios para 2018 serán superlativos.

En 2006, la coalición que respaldó a AMLO obtuvo 2 millones 462 mil 614 votos en el Edomex, es decir, 43.3% del total. Le sacó una ventaja de 12 puntos al PAN, y de 25% al PRI. En 2012, el conjunto de partidos que presentaron a AMLO como candidato presidencial obtuvieron 2 millones 304 mil 129 votos mexiquenses, aproximadamente lo mismo, en términos absolutos, pero mucho menos en porcentaje: 34%. Enrique Peña Nieto captó 43% del voto (en su estado), y el PAN, con la misma candidata que ahora, se desplomó, quedándose con por ciento.

Si Delfina Gómez no gana, pero sola supera el porcentaje y/o los votos de AMLO en 2012, acercándose a los números de 2006, será una gran avance para Morena. Si no gana, pero junto con los candidatos del PRD y el PT, rebasa el 34% de AMLO de 2012, y si es probable que los votantes de estos dos partidos se inclinen mayoritariamente a favor de AMLO en 2018, hagan lo que hagan las cúpulas, Morena logrará un desenlace muy favorable, aunque haya perdido.

Recordemos que en 2006, López Obrador perdió la elección nacional por medio punto, mientras que en 2012 perdió por casi 8%. Parte de la diferencia en el margen de derrota provino del Estado de México.
05 Abril 2017 04:06:00
Naufragio del SNA
Llegó el día fatídico del arranque del Sistema Nacional Anticorrupción para ser instalado formalmente; pero lo fue de una manera totalmente incompleta y trunca. Como dijo Jacqueline Peschard: “el Sistema Nacional Anticorrupción está todavía incompleto, no está nombrado el Fiscal Especial Anticorrupción ni los Magistrados de la Sala Especializada, ni las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que tendrán a su cargo imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos que cometan faltas graves”.

Desde luego, los partidos no pudieron ponerse de acuerdo, y el Gobierno y el Congreso no pudieron decidir quién debía ser 1) el Fiscal General de la República, 2) el Fiscal Anticorrupción y 3) si se mantenía el pase automático. En una más de las intrigas de este Gobierno, se había dado a entender que el presidente Peña Nieto desistió de su afán por nombrar al Procurador General de la República -Raúl Cervantes- como fiscal mediante el llamado pase automático. En realidad, no hubo tal, y al día de hoy no se ha resuelto ni que sea ni que no lo sea.

Esto nos dice mucho sobre varias cosas. Nos dice algo sobre la renuencia cada vez más clara del gobierno federal a que se puedan instalar instituciones, mecanismos y personas capaces no sólo de perseguir la corrupción hacia adelante en este sexenio y en el que sigue, sino hacia atrás una vez que este concluya. Nos dice algo también sobre la complicidad de los partidos de oposición: PAN, PRD y Morena, que no sólo no han podido imponer algo distinto, sino que no han querido utilizar otras palancas, otras fichas de negociación, para imponer lo que no querían. Los partidos no han querido obstaculizar otras iniciativas del gobierno en la Cámara de Diputados o en el Senado para obligarlo a ceder en la designación de los dos fiscales, el que manda -el General de la República- y el subordinado –el Fiscal Anticorrupción–.

Complicidad también de los organismos de la sociedad civil que tanto lucharon –en muchos casos con gran mérito y empeño– para armar un sistema, ciertamente alambicado, en ocasiones incomprensible, pero que sin duda correspondía a las mejores intenciones de las personas que lo construyeron. Y finalmente, para variar, complicidad de los medios de comunicación que no han podido denunciar con suficiente vigor la incapacidad de las instituciones políticas del país de cumplir con los plazos establecidos.

Pero el problema de fondo no es ni el carácter bizantino del sistema, ni la reticencia del Gobierno, ni la complicidad de los partidos y de las instituciones de la sociedad civil, sino la dificultad de avanzar en la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones existentes. Dentro de los innumerables enunciantes de la corrupción en México a lo largo de los últimos 30 o 40 años, siempre ha habido quienes piensan que las instituciones existentes y los actores nacionales pueden arrojar resultados en la materia. Y hemos sido muchos otros que siempre hemos pensado, en primer lugar, que con las instituciones existentes es imposible barrer con la corrupción hacia atrás, es decir, reducir la impunidad y por tanto evitar la corrupción de futuro. Pero también hemos pensado que es inconcebible que esto lo podamos hacer sólo con actores nacionales; sin un fuerte apoyo internacional, nada de esto será posible.

Hoy lo que estamos viendo ante el evidente naufragio del SNA es que esas dos tesis parecen ser cada día más acertadas. Con las instituciones existentes, es decir la PGR, –transformada en Fiscalía–, con la Auditoría Superior de la Federación, con la Secretaría de la Función Pública, con lo que hay en México, no se va a poder. Para eso se necesitan instituciones de excepción como una Comisión de la Verdad. Pero tampoco vamos a poder solos los mexicanos. No es cierto. Mejor reconocerlo de una vez, sin apoyo internacional nada de esto va a prosperar. A ver qué día nos convencemos todos.
03 Abril 2017 04:05:00
El asco del Edomex
La elección del Estado de México es un cochinero. El PRI y el Gobierno se han puesto a regalar mugre y media a la pobre gente necesitada de las comunidades más rezagadas. Abusan de las carencias reales, de la radical ausencia de la llamada cultura del esfuerzo, y de la presencia perenne de la demanda mexicana: el Gobierno está para ayudarme.

Bajo el cínico –aunque exquisitamente nacional– eufemismo del “apoyo social”, secretarios de Estado, incluso de dependencias como Hacienda (who should know better), el Gobernador y hasta la esposa del Presidente reparten tinacos, sillas de ruedas, pensiones, escrituras, reafiliaciones a distintos programas asistenciales, gallinas, pollos, hornos de microondas, lavadoras, monederos electrónicos, materiales de construcción, fertilizantes, uniformes escolares y cuanta porquería inventen.

Todo, en muchas ocasiones según los medios nacionales, a cambio de la credencial de elector. No sé si les alcance para ganar, pero estoy seguro que basta para alejar a mucha gente de la política electoral en México. No tienen vergüenza.

Ahora bien, no podrían incurrir en semejantes cochinadas sin un triple “compló”: electoral, del INE con López Obrador; político-jurídico, de la oposición en el Congreso y la Suprema Corte; y fiscal, de la ASF y la Secretaría de Hacienda. Me explico.

En 2007 se redactó y aprobó una nueva legislación electoral con el exclusivo propósito de complacer a AMLO. Se inventaron 48 mil reglas, cortapisas, prohibiciones, mediciones, restricciones y reglamentos para evitar –en teoría– las trapacerías que, según AMLO, permitieron que se le arrebatara la victoria en 2006. Igual no quedó contento; se fueron legislando cada vez más letras de la ley, mientras se debilitaba día a día el famoso espíritu de la misma. Hasta que llegamos al Edomex del 2017.

El Gobierno viola con descaro el espíritu –“sin rubor”, parece que dijo Peña Nieto– de la ley, mientras que el PRI cumple, más o menos, con la letra. Y el INE no dice esta boca es mía. Se niega a atraer la elección; y la deja en manos de una autoridad local entregada, comprada, controlada por completo, por las autoridades de Toluca.

En segundo lugar, la oposición en ambas cámaras tendría cómo boicotear diversos temas de interés para el ejecutivo en el Congreso –desde nombramientos de embajadores y de la adorno-currículum vice-presidenta del INEGI, hasta el presupuesto, la ley de seguridad interior y la neutralización de la reforma judicial de 2008– a menos de que Peña y su Gabinete desistieran de su desfachatez y de sus mañas. Pero para eso, se necesitaría un mínimo de columna vertebral en dicha oposición (son iguales PAN, PRD y Morena), que por supuesto no se ve por ninguna parte.

Lo mismo es cierto de parte de la SCJN. Sabemos que no debe ocuparse de cuestiones electorales; para eso está el TEPJF. Pero la acción del Gobierno no es estrictamente electoral: es criminal, inmoral y violatoria de todas las reglas de acción gubernamental. En una palabra, anticonstitucional, y eso sí es materia suya. Es inconcebible que los abogados de la oposición no busquen la manera –aunque fracasen– de obligar a la SCJN a definirse al respecto.

Por último, está el problema fiscal. El dinero con el que Rosario Robles, Eruviel Ávila, Luis Miranda, etc, regalan todo lo regalable es nuestro: de los contribuyentes. No es del Edomex: como todas las entidades federativas, no recauda nada. Es de las magnánimas dependencias federales, pero en ninguna parte, que yo sepa, se estipuló que esos recursos se debían gastar en esas comunidades en estos momentos.

Si se aprobó ese gasto para el Edomex en el presupuesto, no se determinó que se entregará en las dos semanas previas a la veda electoral. Y si no se definió el destino estatal del gasto de las dependencias federales involucradas, podemos preguntarnos por qué se canalizan tantos dineros a un estado ni tan rico, pero tampoco tan pobre.

El Edomex ocupa el lugar 16 en PIB per cápita y en desarrollo humano de la ONU: a la mitad exactamente. O por qué se concentran los recursos en dádivas personales y no en escuelas, o clínicas, o caminos, o cualquier esfuerzo colectivo, no individual. La respuesta es obvia: porque aún en el Estado de México, el voto es individual. ¡Que asco!
03 Abril 2017 04:05:00
El asco del Edomex
La elección del Estado de México es un cochinero. El PRI y el Gobierno se han puesto a regalar mugre y media a la pobre gente necesitada de las comunidades más rezagadas. Abusan de las carencias reales, de la radical ausencia de la llamada cultura del esfuerzo, y de la presencia perenne de la demanda mexicana: el Gobierno está para ayudarme.

Bajo el cínico –aunque exquisitamente nacional– eufemismo del “apoyo social”, secretarios de Estado, incluso de dependencias como Hacienda (who should know better), el Gobernador y hasta la esposa del Presidente reparten tinacos, sillas de ruedas, pensiones, escrituras, reafiliaciones a distintos programas asistenciales, gallinas, pollos, hornos de microondas, lavadoras, monederos electrónicos, materiales de construcción, fertilizantes, uniformes escolares y cuanta porquería inventen.

Todo, en muchas ocasiones según los medios nacionales, a cambio de la credencial de elector. No sé si les alcance para ganar, pero estoy seguro que basta para alejar a mucha gente de la política electoral en México. No tienen vergüenza.

Ahora bien, no podrían incurrir en semejantes cochinadas sin un triple “compló”: electoral, del INE con López Obrador; político-jurídico, de la oposición en el Congreso y la Suprema Corte; y fiscal, de la ASF y la Secretaría de Hacienda. Me explico.

En 2007 se redactó y aprobó una nueva legislación electoral con el exclusivo propósito de complacer a AMLO. Se inventaron 48 mil reglas, cortapisas, prohibiciones, mediciones, restricciones y reglamentos para evitar –en teoría– las trapacerías que, según AMLO, permitieron que se le arrebatara la victoria en 2006. Igual no quedó contento; se fueron legislando cada vez más letras de la ley, mientras se debilitaba día a día el famoso espíritu de la misma. Hasta que llegamos al Edomex del 2017.

El Gobierno viola con descaro el espíritu –“sin rubor”, parece que dijo Peña Nieto– de la ley, mientras que el PRI cumple, más o menos, con la letra. Y el INE no dice esta boca es mía. Se niega a atraer la elección; y la deja en manos de una autoridad local entregada, comprada, controlada por completo, por las autoridades de Toluca.

En segundo lugar, la oposición en ambas cámaras tendría cómo boicotear diversos temas de interés para el ejecutivo en el Congreso –desde nombramientos de embajadores y de la adorno-currículum vice-presidenta del INEGI, hasta el presupuesto, la ley de seguridad interior y la neutralización de la reforma judicial de 2008– a menos de que Peña y su Gabinete desistieran de su desfachatez y de sus mañas. Pero para eso, se necesitaría un mínimo de columna vertebral en dicha oposición (son iguales PAN, PRD y Morena), que por supuesto no se ve por ninguna parte.

Lo mismo es cierto de parte de la SCJN. Sabemos que no debe ocuparse de cuestiones electorales; para eso está el TEPJF. Pero la acción del Gobierno no es estrictamente electoral: es criminal, inmoral y violatoria de todas las reglas de acción gubernamental. En una palabra, anticonstitucional, y eso sí es materia suya. Es inconcebible que los abogados de la oposición no busquen la manera –aunque fracasen– de obligar a la SCJN a definirse al respecto.

Por último, está el problema fiscal. El dinero con el que Rosario Robles, Eruviel Ávila, Luis Miranda, etc, regalan todo lo regalable es nuestro: de los contribuyentes. No es del Edomex: como todas las entidades federativas, no recauda nada. Es de las magnánimas dependencias federales, pero en ninguna parte, que yo sepa, se estipuló que esos recursos se debían gastar en esas comunidades en estos momentos.

Si se aprobó ese gasto para el Edomex en el presupuesto, no se determinó que se entregará en las dos semanas previas a la veda electoral. Y si no se definió el destino estatal del gasto de las dependencias federales involucradas, podemos preguntarnos por qué se canalizan tantos dineros a un estado ni tan rico, pero tampoco tan pobre.

El Edomex ocupa el lugar 16 en PIB per cápita y en desarrollo humano de la ONU: a la mitad exactamente. O por qué se concentran los recursos en dádivas personales y no en escuelas, o clínicas, o caminos, o cualquier esfuerzo colectivo, no individual. La respuesta es obvia: porque aún en el Estado de México, el voto es individual. ¡Que asco!
31 Marzo 2017 04:07:00
‘CDMX, más homicidios que en 1997’
El lunes pasado se publicaron las cifras de homicidios dolosos en la Ciudad de México para el primer bimestre de este año. Totalizaron 170, el número más alto desde 1997 y quizás desde antes, pero no se contabilizaban de la misma manera; es un resultado devastador.

Representan un incremento de 7% en relación a los mismos meses de 2016 y, proyectándolos hacia adelante, el año cerraría con 990 homicidios dolosos. Esto equivale a casi 15 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Obviamente no estamos en los niveles de Caracas o de Sao Paulo, pero sí muy por encima de las demás capitales sudamericanas y de las grandes ciudades de Estados Unidos.

Obviamente no es sencillo saber exactamente por qué ha sucedido esto, pero es evidente que algo ha cambiado en la ciudad. Es lógico que la delegación con los mayores totales sea Iztapalapa -de lejos la más poblada- pero en tercero y cuarto lugar vienen Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, es decir, zonas de la capital con una composición social diferente y
heterogénea.

Este es un problema para los habitantes de la Ciudad de México, para sus gobernantes, y también para los aspirantes a distintos cargos de elección popular en el 2018 de los partidos gobernantes en la capital. Desde luego, el primer afectado es Miguel Ángel Mancera, el jefe de Gobierno. Más allá de su amabilidad y capacidad de trabajo, y del aprecio personal que muchos le podemos tener, el haber Presenciado una descomposición de esta naturaleza no puede presagiar nada bueno para un candidato a la Presidencia. Y si nos atenemos a las encuestas -por ejemplo, la de GEA-ISA de hace unos días- en efecto, como candidato del PRD, Mancera se encuentra en los niveles más bajos de los últimos tiempos (entre 4 y 7% dependiendo de los contrincantes).

Otros como Ricardo Monreal, que aspira a ser candidato de Morena a la jefatura de Gobierno, también pueden sufrir las consecuencias del aumento de la violencia en su delegación. De alguna manera todo esto lleva a pensar que, en primer lugar, los miles y miles de muertos de esta guerra de 10 años fueron en vano, que las decenas de miles de millones de dólares gastados no sirvieron de nada y que el increíble deterioro de la imagen internacional y nacional de México no tuvo nada a cambio.

Normalmente en una democracia, las consecuencias de decisiones de este tipo se pagan en las urnas; no está claro que siempre suceda así en México. Lo que sí conviene subrayar es que, si a pesar de un total de más de 100 mil policías en la Ciudad de México, para una población de un poco más de 8 millones de habitantes, ya no se pueden mantener bajos los niveles de homicidios, menos se puede hacer en las demás entidades de la República, ni en sus grandes ciudades que carecen desde luego del presupuesto de la capital.
29 Marzo 2017 04:07:00
Venezuela y México
La reunión extraordinaria de ayer del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) abrió un dilema para varios países, sobre todo los más importantes del hemisferio: Brasil, México, Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos y Canadá. Una vez logrados los votos para que hubiera una reunión de esta índole sobre el tema de Venezuela, comenzaba una disyuntiva. O bien los países que suscribieron una declaración la semana pasada sobre la gravedad de la situación en Venezuela y pidieron la liberación de los presos políticos en ese país, así como la celebración de elecciones en un plazo indefinido, podían insistir y endurecer su postura; o bien podían mantenerla relativamente diluida o incluso debilitarla aún más para poder cosechar los 18 votos necesarios para una resolución con ciertos dientes.

En el fondo, la discusión es relativamente sencilla, aunque la ecuación de votos y geopolítica no lo es. El secretario General de la OEA, Luis Almagro, planteó en su segundo informe sobre Venezuela un diagnóstico y un remedio relativamente claro: existía ya una situación de virtual dictadura en ese país junto con una crisis humanitaria; se justificaba plenamente la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana y, en caso de que Venezuela no llamara a elecciones, liberara a los presos políticos y cambiara la composición del órgano electoral en 30 días, debía ser suspendida de la OEA.

A esta postura radical, formulada justamente para obligar a países menos radicales a que fueran modificando su postura, se opuso el texto firmado por 14 países la semana pasada que no ponía un plazo, volvía a apoyar la absurda gestión mediadora del expresidente de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y mencionaba la Carta Democrática Interamericana sólo en términos muy generales.

Ayer la situación se planteó de manera más tajante. Por un lado, existía la posibilidad, de ninguna manera garantizada, de alcanzar los 18 votos necesarios para aprobar una resolución semejante al texto de la semana pasada, o un poco más diluido; o bien, plantear una posición firme y categórica que incluyera plazos, llamado a elecciones e invocación del artículo 21 de la Carta a sabiendas de que no habría los votos para aprobarla. Cuando mucho podría obtener la aprobación de 12 o 13 países. En buena medida la decisión le corresponde a México, ya sea porque países como Brasil, Argentina y Perú pueden estar de acuerdo, pero no necesariamente se encuentran en situación de hacerlo; ya sea porque Estados Unidos parece estar sintiendo la pauta que marca México, como ha sucedido en el pasado en este tipo de temas.

De las dos opciones, huelga decir que a mí me parece muy superior la segunda: perder para ganar. Un proyecto de resolución tibio, abstracto, conciliador, no va a surtir el menor efecto, ni sobre el gobierno venezolano, ni sobre la comunidad internacional en su conjunto, ni sobre la evolución futura de la crisis venezolana. En cambio, un texto fuerte, firme, incluso tajante, puede no recoger hoy los votos necesarios, pero sí puede centrar el precedente para una votación ulterior dentro de unos dos o tres meses cuando se siga deteriorando la situación económica, política, social y hasta humanitaria en Venezuela.

Al momento de escribir estas líneas, no sé cuál de estas dos posturas haya adoptado México. Espero que haya sido la segunda. Lamentaría que fuera la primera, pero es preciso reconocer que a pesar de la posibilidad de una postura a medias tintas mucho se ha avanzado en México al respecto. Si un cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador acusa a Videgaray de ser cómplice de Almagro, algo está haciendo bien Videgaray.

Nota: Esta columna fue escrita antes de darse a conocer los resultados de la votación en la reunión.
27 Marzo 2017 04:05:00
Salarios en México
Para nadie es un secreto que la desigualdad en México constituye el reto principal del país. Números van y vienen, el Gini sube y baja; el INEGI mejora la calidad de sus encuestas de ingreso y gasto de los hogares pero no logra penetrar en el 1% más rico; los candidatos proponen mejores o peores soluciones. Abundan los datos de la pobreza, la desigualdad y el ingreso, y el trabajo del comentócrata no es generar más cifras, sino divulgar algunas. De preferencia ilustrativas.

Durante una conferencia en Puerto Vallarta la semana pasada pude obtener la tabla de salarios de un hotel de cuatro estrellas todo incluido (la mayoría lo son) de unos 250 cuartos. En este tipo de establecimientos las propinas –siempre importantes en la industria de la hospitalidad– puede alcanzar hasta un poco más del doble del salario mensual. De suerte que para tener una estimación más realista, duplico los montos y le agrego un pilón a los datos que con mucha generosidad y confianza me entregaron la dueña del hotel y el gerente de administración. Estos datos se refieren sobre todo a camaristas, meseros, cocineros y ayudantes de limpieza.

El sueldo mensual de un mesero fue en marzo de 2 mil 433 pesos. Suponiendo el complemento de la propina, podría llegar a un poco más de 5 mil pesos al mes, que al tipo de cambio actual equivale a 250 dólares. Un auxiliar de limpieza categoría A gana 3 mil 54 pesos mensuales; de nuevo, utilizando la misma fórmula para el servicio, podría alcanzar unos 7 mil pesos, o 350 dólares mensuales. Una camarista –la categoría más numerosa en cualquier hotel de ciertas dimensiones– ganó 2 mil 915 pesos en marzo; con su parte alícuota de las propinas, 7 mil, es decir, lo mismo que el auxiliar de limpieza. Los mejor pagados son los oficios más calificados, como plomero, mecánico general, electricista, técnico en refrigeración y panadero. Todos ellos reciben entre 8 y 9 mil 500 pesos al mes de salario; no sé exactamente si les corresponde una proporción semejante de propina, o probablemente menos.

La traducción a dólares es engañosa, desde luego. La moneda mexicana se ha depreciado de manera significativa en el último año, y habría que hacer la conversión a PPP (purchasing power parity) para tomar en cuenta el diferencial de precios de distintos bienes y sobre todo de servicios entre México y Estados Unidos. De todas maneras, conviene recordar que el salario mínimo en Estados Unidos, dependiendo de cada estado, oscila entre 7.50 y 10 dólares por hora. Recuérdese también que el sector turismo es de los más exitosos de la economía mexicana, que Vallarta en particular lleva dos años de auge, pero también que los precios en varios destinos turísticos mexicanos se acerquen mucho a los de Estados Unidos.

Una comparación adicional. El sector más dinámico, globalizado y competitivo de la economía mexicana es la industria automotriz. De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte del INEGI, el salario promedio para obreros en la categoría de fabricación de automóviles y camiones (3 mil 361) fue en octubre de 2016 de 9 mil 820 pesos al mes. Es una cifra superior a la de los meseros, camaristas y ayudantes de limpieza en los hoteles de Puerto Vallarta, pero menor a la de los plomeros y electricistas.

Sólo para documentar nuestro optimismo, de acuerdo con Autoblog, publicación cercana al sindicato de trabajadores de la industria automotriz (UAW), en 2015, a pesar del sistema de dos pisos (Two Tier) establecido en 2008 cuando el rescate de GM, Ford y Fiat-Chrysler: “Como están las cosas, los salarios por hora, incluyendo prestaciones, son de $58 en General Motors, $57 en Ford, y $48 en Fiat-Chrysler”. Saquen la cuenta, queridos lectores.
24 Marzo 2017 04:07:00
El oso de Odebrecht
Escribí en estas páginas hace algún tiempo que México corría el riesgo de hacer el ridículo en el concierto latinoamericano al ser el único país donde no se divulgaran los nombres del escándalo Odebrecht. Como se sabe, la empresa constructora brasileña creó una división especial para obtener contratos en América Latina y en África vía sobornos de funcionarios. Cuando fue descubierto, a través de las investigaciones del Lava Jato en Brasil, cuando su director y principal accionista fue encarcelado y cuando la empresa fue demandada en otros países, llegó a un acuerdo con los gobiernos de Brasil, EU y Suiza. Se comprometió a pagar una multa de 1.3 mil millones de dólares, y se hicieron públicos en un tribunal de Nueva York los detalles de la corrupción generalizada en la que incurrió.

Empezaron rápidamente a circular nombres, montos, órdenes de aprehensión y filtraciones. En Argentina fue acusado un exministro; en Colombia resultó que Odebrecht contribuyó con una cantidad importante a las dos campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, aparentemente sin su conocimiento; en Perú, dos expresidentes –Alejandro Toledo y Ollanta Humala– fueron acusados de haber recibido recursos con su conocimiento. Se giraron órdenes de aprehensión, notas rojas de Interpol o de arraigo en su contra. En México, nada.

Puede tratarse de un nuevo oso para el zoológico nacional. La magnitud de los sobornos –4.5 millones durante el sexenio de Calderón, 6 en el de Peña Nieto– dificulta pensar que los destinatarios de la mordida fueron funcionarios menores. Por esa razón, o varias más de alguna manera imaginables, el gobierno de México ha hecho todo lo posible para que no se publiciten los nombres.

El procurador Raúl Cervantes viajó a Brasil hace unas semanas, ostensiblemente para convencer a los encargados de la investigación allá y a varios homólogos suyos de América Latina, pero regresó con la noticia de que hasta el mes de mayo o junio se abriría la reserva en ese país en cuanto a los nombres de los funcionarios acusados en los documentos del tribunal de Nueva York y del acuerdo entre la empresa y los tres gobiernos mencionados. Pemex, por su parte, anunció hace poco, de acuerdo con una columna de Carlos Loret de Mola, que no podía hacer públicos los dos contratos firmados por la paraestatal con Odebrecht, ya que hacerlo entorpecería las investigaciones que lleva a cabo la PGR y la Auditoría Superior de la Federación. Huelga decir que ni la PGR ni la PF han informado a alguien sobre el curso de dichas investigaciones, hacia dónde apuntan, cuándo piensan terminarlas, si han entrado en contacto con los brasileños o no, además del viaje de Cervantes, y todos los demás elementos que podrían ser útiles de conocer.

Por otra parte, un grupo de académicos de la UNAM concentró el fuego sobre Calderón, pero también contra algunos de los funcionarios de Pemex durante el sexenio actual. Los nombres que reaparecen con insistencia en las versiones de prensa –en efecto no corroboradas– son los de Miguel Tame y Jordy Herrera como posibles beneficiarios de las aportaciones de Odebrecht. En el caso de Tame en particular se supone que él podría ser uno de ellos ya que ocupó cargos importantes en Pemex en ambos sexenios. El hecho es que por ahora no se sabe nada y todo indica que no se sabrá.

Huelga decir que los medios de comunicación mexicanos, así como varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas a denunciar y descubrir hechos de corrupción en México han sido especialmente pasivos en este caso. No es seguro que si los medios le rascan con seriedad al tema en Nueva York, en Brasil y en Suiza, pudieran descubrir los nombres de los mexicanos involucrados. Pero es seguro que si no le rascan no van a descubrir nada, a menos de que alguien les filtre algo: su vocación natural. Lo bueno es que esto no está sólo en manos de las organizaciones y medios mexicanos. Si ellos se niegan a hacer su chamba habrá medios u organizaciones de la sociedad civil en otros países que sí la harán. Y entonces sí se sabrá si hay algún paralelo entre el caso de los expresidentes peruanos y el de los actuales y futuros expresidentes mexicanos.
22 Marzo 2017 04:07:00
Videgaray y Venezuela
El Gobierno de México tiene cosas más importantes de que ocuparse hoy en materia de política exterior, pero se aproxima una nueva crisis diplomática en torno al desastre de Venezuela. En eso consiste la peculiaridad de la cartera de Relaciones Exteriores: uno no escoge los temas; los temas lo escogen a uno. México tendrá que adoptar una definición dolorosa para un Gobierno tan timorato y anacrónico como el de Peña Nieto.

El pasado 14 de marzo, Luis Almagro, el secretario general de la OEA (uruguayo y excanciller del Frente Amplio), presentó su segundo informe sobre Venezuela. En un documento de 73 páginas, expuso con todo detalle las características de la situación que impera en ese desdichado país. Concluyó: “El régimen venezolano viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana... está lleno de abusos, violaciones de derechos, restricción de las libertades civiles, políticas y electorales, pobreza, hambre, privación de libertad, tortura, censura y todo el catálogo de violaciones de la dignidad política, social y personal... (vive una) crisis humanitaria... a una escala inaudita en el hemisferio occidental.”

Por ende, Almagro exige que en un plazo de 30 días se celebren elecciones libres, se cambia la composición del órgano electoral, y sean liberados todos los presos políticos. De lo contrario, pedirá a la OEA que, invocando el Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, suspenda la membresía de Venezuela en dicha organización. Para ello se requiere el voto de las dos terceras partes de los 34 integrantes. La Carta fue invocada ya en junio de 2009, cuando el episodio de la destitución de Manuel Zelaya en Honduras. Firmada en 2001 en Lima, por todos los gobiernos del hemisferio, incluyendo el de Hugo Chávez, su propósito es claro: impedir colectivamente la ruptura del orden constitucional en América Latina, y generar consecuencias si se produce tal ruptura.

Almagro ya intentó invocar la Carta el año pasado. Paradójicamente, fue el Gobierno de Obama, y en particular el subsecretario de Estado Tom Shannon, quienes lograron torpedear la iniciativa. Argumentaron que convenía darle tiempo al esfuerzo mediador de José Luis Rodríguez Zapatero, apoyado por el Vaticano. A pesar de que Brasil y Argentina ya habían abandonado su postura de defensa incondicional de Nicolás Maduro el esfuerzo no prosperó. Hoy tal vez sí.

Perú, Brasil y Argentina probablemente vean con buenos ojos el proyecto. Trump ya se comunicó con los presidentes de Brasil y Chile, por lo menos, para informarles del cambio de posición de la Casa Blanca e instarlos a votar a favor. No sabemos si le habló también a su amigo Peña Nieto, pero la SRE sí informó que el titular reunió a sus principales colaboradores hace unos días para hacer frente a la nueva encrucijada hemisférica.

Desde 2007, México ha tenido dos posturas frente a la tragedia venezolana. La primera, vergonzante y vergonzosa, de Calderón y de la primer parte del sexenio de Peña Nieto, consistió en hacerse de la vista gorda frente a los crecientes atropellos del Gobierno venezolano en materia de elecciones, derechos humanos y corrupción. Sus voceros aducían la no-intervención, la defensa de las inversiones mexicanas en ese país, a partir de 2013 el supuesto peligro –demencial– que Maduro o sus amigos financiaran el combate de López Obrador a la reforma energética, y después de 2014, el miedo a Ayotzinapa. En una palabra: complicidad pura con la
dictadura.

Cuando llega Claudia Ruiz Massieu a la cancillería, las cosas comienzan a cambiar. Recibe a la esposa de Leopoldo López, crítica los abusos de Maduro, y adopta una actitud más digna. Hoy Videgaray debe escoger entre la postura pusilánime del primer tercio del sexenio, o rebasar la de su predecesora. O apoya el esquema de Almagro, con Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos y Canadá, y vota a favor de la aplicación de la Carta; o se opone al proyecto frontalmente; o a la mexicana, se hace guaje.

Es posible que si avanza la iniciativa de Almagro, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y tal vez El Salvador y Ecuador (dos países cuya divisa nacional es el dólar) opten por salir de la OEA. Tampoco sería tan grave; preferible que Venezuela sea suspendida, o acate las condiciones del secretario general. Pero no al costo de la neutralidad, indiferencia o temor de México de tomar partido.
17 Marzo 2017 04:06:00
Otro oso para el zoológico nacional: fiscal anticorrupción
Con la novedad de que “dos aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Anticorrupción declinaron luego de que el Senado encontrara similitudes en sus ensayos... La secretaría técnica de la Comisión de Justicia encontró una similitud muy específica en cuanto a la redacción de dos ensayos de los candidatos”. (Reforma on line) Una vez que los dos autores/candidatos fueron pillados por haber copiado uno al otro, o por haberse puesto de acuerdo, ambos –Braulio Robles Zúñiga y Angélica Palacios Zárate– declinaron su postulación. Supongo que prefirieron eso a ser rechazados. Algunos medios informaron que incluso se repetían los errores de ortografía. Aunque tal vez no sea requisito para ser fiscal el no cometerlos.

Más allá del ridículo que hicieron los plagiarios o cómplices, parece broma de mal gusto que dos personas de esa calidad moral hayan llegado hasta la etapa de presentación de propuestas escritas ante las comisiones unidas del Senado. Obviamente no pensaron que podrían ser detectadas sus trampas, ni tampoco creyeron que el recurrir a ese tipo de artimañas los descalificaba ipso facto para el cargo. Eso no es culpa del Sistema Nacional Anticorrupción.

Pero sí lo es el creciente cuestionamiento y escepticismo ante la Fiscalía en ciernes. Hace una semana varias organizaciones de la sociedad civil, incluyendo algunas que participaron en el diseño y aprobación del SNA, pidieron cambiar el formato para designar al titular de la Fiscalía, y pidieron al Senado cancelar el procedimiento de designación mientras no se garantizara su autonomía. Anunciaron que no acompañarían al Senado en dicho proceso. Entre las organizaciones firmantes figuran IMCO, México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Unido contra la Delincuencia, Coparmex, WOLA, Freedom House, Artículo 19, Centro Pro, y muchas más.

Parece también extraño que se escoja al segundo de abordo (el fiscal anticorrupción) antes que al capitán de la nave, a saber, el fiscal general de la República, que podrá removerlo, de quien dependerá administrativa y presupuestalmente, y cuyo periodo de designación es de nueve años, mientras que el de Anticorrupción, en este caso, será sólo hasta fin de sexenio. Si con este tipo de procedimientos y mañas Peña Nieto, el PRI y algunos de los artífices del SNA lite que fue aprobado, piensan dotar de credibilidad al combate contra la corrupción, creo que están muy equivocados.

En el ambiente actual, con un Duarte fugado gracias a la complicidad de alguien el Gobierno federal; con otro Duarte libre y tan campante; con un exgobernador más, Roberto Borge, asistiendo a los juegos del Miami Heat; con el candidato presidencial puntero anunciando por escrito que indultará/perdonará a todos los presuntos corruptos que hayan pecado antes de su toma de posesión en 2018; cuando los altos funcionarios de Pemex sobornados por Odebrecht siguen sin conocerse, siendo que en Colombia el propio presidente Santos admite que su campaña recibió dinero de la constructora brasileña, aunque él no lo sabía, ¿cómo se le puede pedir a la opinión pública que crea en todo esto?

El problema yace en la evidente intención de Peña Nieto y su gobierno de entorpecer –o mejor aún imposibilitar– cualquier indagación de actos de corrupción de este sexenio una vez que concluya. Tal vez no lo logren, pero la tentativa es tan evidente que no puede más que manchar el proceso en su totalidad. Cada vez más, parece que este es el hilo conductor de lo que queda del sexenio. ¿O a poco alguien cree que el Gobierno pidió –y la SCJN aceptó– reservar las bitácoras de vuelo de los aviones del EMP para evitar que algún “extraño enemigo” derribara al TP-01? Sigilo ocioso: Washington debe otorgar un permiso de sobrevuelo cada vez que se usa un TP para ir a Miami, a Houston, a Los Ángeles, a Toronto, etc., y para obtenerlo se debe dar la lista de pasajeros, el origen, motivo y destino del vuelo. No vayan a soltar la información un buen día....
15 Marzo 2017 04:06:00
Se desfonda el PRD…y el Partido Socialista en Francia
El diario El País cabeceaba hace unos días que el Partido Socialista francés se desfondaba. En las encuestas relativas a las próximas elecciones presidenciales de abril y mayo, se hallaba en 13% de intención de voto, lo cual lo llevaría a su peor resultado desde 1969. La razón: una transferencia masiva de votos y de apoyos socialistas al candidato independiente, Emmanuel Macron, hoy colocado en el segundo lugar de las mismas encuestas.

Algo por el estilo le sucede al PRD en México. Ya ha perdido una parte considerable de su electorado, que siguió a Andrés Manuel López Obrador a Morena. Ya había perdido también a varios de sus dirigentes históricos, sin que necesariamente se alinearan con AMLO. Ahora comienza una desbandada de sus senadores, quizás mañana de sus diputados, en dirección de AMLO, de nuevo. Pero lo peor no es eso. Lo más grave reside en la confluencia franco-mexicana del voto útil y de la cargada.

En todas partes, los votantes prefieren votar por el ganador. En México, país de la bufalada, esto es, de una estampida hacia el posible ganador por el mero hecho de serlo, el fenómeno se agudiza. En un sistema político de pocas lealtades electorales partidistas, no hay por qué avergonzarse de apoyar y votar cada vez por partidos distintos. Recuérdese solamente cómo el PRI perdió 16% entre 2000 y 2006, y el PAN casi 20% entre 2000 y 2012. El voto útil también pertenece ya a nuestros usos y costumbres electorales: ¿para qué votar por una primera opción perdedora, si puedo hacerlo ya sea por una segunda preferencia vencedora, o contra un rival contrario a mis intereses o predilecciones?

La combinación de ambos comportamientos puede hundir al PRD, y no hay salvación evidente. Hoy algunos pronostican que una candidatura de “cuarto polo”, de alguien como Miguel Ángel Mancera, en alianza con Movimiento Ciudadano (MC) y el PT, podría conservarle unos 8 a 10 puntos al sol azteca. Lo dudo. Las encuestas –que debemos tomar con un grano de sal debido al elevado porcentaje de no respuestas- suelen otorgarle menos puntos a Mancera –un político respetable- pero, sobre todo, no pueden tomar en cuenta el final de la historia. ¿Qué va a hacer un elector perredista, en junio de 2018, si su gallo va en cuarto o quinto lugar en las encuestas, si AMLO va en primero y va subiendo (la cargada) o va bajando (el voto útil)? Ni Mancera ni cualquiera de los otros posibles aspirantes del PRD lograrían amarrar a esos votantes, y terminarían por hacer un triste papel que no merecen.

Por ello, creo que no lo harán. Se sumarán a López Obrador. A menos de que el PRD logre armar una coalición con el PAN, con MC e independientes, e incluso, si Peña Nieto entiende, con un candidato sin partido (no el que escribe) y un programa progresista, que le dé batalla a AMLO en el equivalente de un segunda vuelta que por razones incomprensibles, Peña Nieto rechaza.
13 Marzo 2017 04:00:00
Trump, AMLO y los déficit comerciales
Se ha hablado repetidamente de las semejanzas entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Creo que la analogía es menos absurda de lo que parece, si nos alejamos de las idioteces de tipo: AMLO es mexicano, Trump norteamericano; AMLO es de izquierda, Trump de derecha; AMLO quiere al pueblo y es austero, Trump es rico, ostentoso y desprecia a las mujeres. No se trata tampoco de construir similitudes tan abstractas que no sirvan de nada: ambos deben su éxito electoral al resentimiento de sectores sociales desamparados; ambos son “populistas”, es decir apelan a los peores sentimientos de la gente y buscan relacionarse con las masas sin mayor mediación que Twitter o Youtube. Pero en algunos casos concretos, hay cercanías interesantes.

Tomemos un tema algo técnico: el déficit comercial de un país con otro, esto es, de México con Estados Unidos en algunos rubros, de Estados Unidos con México en su conjunto. Trump y sus principales consejeros comerciales –Steve Bannon, Stephen Miller, Peter Navarro- han insistido con vigor –o virulencia- en que el déficit comercial de EU con México y China es intolerable, ya que demuestra una “tomadura de pelo” por parte de esos países a EU, y una transferencia de empleos y de riqueza de su país a los demás. No es del todo cierto, pero sí encierra una dosis de verdad: según las cuentas de Trump, México ha acumulado a lo largo de los últimos 15 años un superávit comercial con EU de 5% del PIB anuales; si nos vamos a la balanza de bienes y servicios, llegamos a 10% del PIB, o 120 mil millones de dólares anuales de superávit nuestro con ellos.

Esto en sí no es bueno ni malo: depende de que se importe, que se exporte, como se compensa en la cuenta de capital, y hasta que punto el déficit norteamericano refleja un “plus” para el consumidor norteamericano: paga menos por los bienes importados. Pero para Trump y sus asesores, la clave yace en una idea etérea de soberanía, de “America First” y de que un déficit comercial abultado y permanente es nocivo para su país. Es un problema estratégico López Obrador ha manifestado ideas análogas en su libro 2018. La Salida. Sobre todo en dos temas: energía y agricultura. Quiere construir y reconfigurar refinerías para “dejar de importar 653 mil barriles diarios de gasolina... El objetivo debe ser industrializar la materia prima y ya no vender ni un solo barril de petróleo crudo al extranjero, a fin de generar empleos y utilidades en beneficio de los mexicanos.” O como dice también, “darle valor agregado a la materia prima significa generar empleos... y ser autosuficientes”.

En cuanto a la agricultura, AMLO dice: “Por cada dólar en alimentos que México importa no solo transfiere al exterior divisas escasas que podrían utilizarse para otros fines, sino que pierde empleos rurales... Se apoyara a los productores nacionales con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y para dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos.” En el fondo, AMLO plantea la necesidad de un superávit comercial en agricultura también, y la autosuficiencia en por lo menos maíz, frijol, arroz,sorgo, trigo, carne de res, de cerdo de pollo y pescado.

Para concluir: Trump y AMLO coinciden en que es mejor producir ciertas cosas –cada quien las suyas- dentro de su país que importarlas. No cuenta si dicha producción refleja en términos ricardianos la utilización óptima de capital y trabajo, o si hay otros productores más eficientes de los mismos bienes (o servicios). Existen razones estratégicas para producir determinadas cosas –coches, alimentos, gasolinas- dentro del país, y no en el exterior. Incluso para quienes nunca hemos sido adeptos de las teorías de las ventajas comparativas en el comercio internacional, el planteamiento resulta hoy de un gran simplismo. Por parte de ambos.
10 Marzo 2017 04:07:00
El golpe más duro de Trump… hasta ahora
De acuerdo con varios reportes de conversaciones privadas con el secretario de Relaciones Exteriores y sus principales colaboradores, el Gobierno mexicano tenía más o menos armado su cronograma para la negociación “integral” con la administración Trump. Dejando a un lado los detalles, lo esencial era que todo quedara resuelto, para bien o para mal, en noviembre de este año a más tardar. El motivo ostensible de la urgencia: evitar que temas tan conflictivos como el muro, las deportaciones, el TLCAN, la seguridad, la migración centroamericana, la guerra contra las drogas, se empalmaran con la campaña presidencial en México. Agregaría una razón: la remota posibilidad de que Luis Videgaray fuera el candidato del PRI a la Presidencia dependía de que pudiera renunciar a la Cancillería en octubre-noviembre para ser postulado. Dicha renuncia no sería factible de no haber terminado (con éxito, se supone) las pláticas con Washington.

El miércoles, durante una entrevista con Bloomberg, Wilbur Ross, el nuevo secretario de Comercio –uno de los “buenos” de Trump– afirmó que las negociaciones sobre el TLCAN comenzarían en “the latter part of this year” –bien traducido, significa “en la segunda parte de este año, tirándole al final–  y que tardarían aproximadamente un año. Con un breve comentario, no muy cuidado tal vez, dio al traste con los planes de Peña Nieto, Videgaray y México. Visto que los plazos de los mecanismos legislativos y jurídicos del ejecutivo norteamericano son complejos, discrecionales y tortuosos, Ross puede imponer este calendario, aunque no fuera indispensable. Incluso insinuó que el Gobierno de Trump solicitaría una nueva TPA (Trade Promotion Authority, o ex “fast-track”) al Congreso, aunque en el sentido estricto, no parece necesario, ya que el de Obama sigue vigente hasta mediados de 2018.

Ahora bien, lo de la campaña presidencial mexicana, y la raja que cada candidato opositor al PRI pueda sacarle a cada filtración o rumor sobre el curso y el contenido de las negociaciones es lo de menos, como lo son las posibles ambiciones persistentes de Videgaray. Lo más grave de la declaración de Ross consiste en la complicación que introduce en la noción correcta que presentó el Gobierno de “integralidad”: todo está en la mesa, y nada está acordado hasta que todo esté acordado. Las negociaciones comerciales empezarán en septiembre, digamos, pero las redadas, las deportaciones, la construcción del muro (o por lo menos la aprobación de fondos), la hostilidad retórica y sustantiva con México y los mexicanos en Estados Unidos, empezaron todas ya. Si México intenta negociar estos temas hoy –como quizás estuvo tratando Videgaray en Washington ayer– lo tendrá que hacer sin el componente comercial. Si espera a que este último arranque deberá dejar en paz los otros temas hasta entonces, sin contar con las fichas mexicanas –centroamericanos, drogas, demandas en Estados Unidos, apelar a la comunidad internacional– por el momento.

No hay buena solución. La menos mala probablemente estribe en lo que hemos reiterado en estas páginas desde noviembre: elevar el costo de la “mexicanofobia” de Trump lo más posible, lo más pronto posible, y buscar el mayor número de aliados en Estados Unidos cuanto antes. Por las razones esperadas, la táctica de dejar pasar el tiempo para que Trump se desgaste lo favorece a él, no a nosotros. Hacer algo ahora es la única vía, sin estar exenta de riesgos y de tropezones.
08 Marzo 2017 04:06:00
Un umbral del TLCAN
El Gobierno de Peña Nieto, y en particular los negociadores del conjunto de temas con la Administración Trump, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores, han ido aceptando varias sugerencias de distintos sectores de la sociedad mexicana que han podido convencer a Peña Nieto y a Videgaray de algunas de sus ideas.

Doy como ejemplo la declaración de Peña Nieto de negociar el paquete con EU; la respuesta de México al general Kelly de Seguridad Interior de que México no aceptará deportados que no sean comprobadamente mexicanos, y también la asignación de mayores recursos, en particular los mil mdp procedentes del INE, a la defensoría jurídica de los paisanos deportables en EU a través de los consulados de México. No siempre lo ha hecho el Gobierno, pero lo importante es que paulatinamente ha ido asumiendo posiciones que provienen fuera del mismo. Qué bueno.

En este sentido, convendría que el Gobierno entendiera que hay un tema adicional en el que haría bien escuchando algunas ideas procedentes de distintos sectores a propósito del aspecto específicamente comercial. En lo individual, tanto Ildefonso Guajardo como Videgaray, y de vez en cuando el propio Peña Nieto, han esbozado algunas líneas rojas en lo que se refiere a las negociaciones relacionadas con el TLCAN, pero no han establecido con precisión cuáles son sus líneas rojas al respecto. Una de ellas debiera ser el dilema de la aprobación legislativa por cualquier nuevo instrumento jurídico por parte del Congreso norteamericano.

Desconozco quién es el responsable de determinarlo, ni el mecanismo preciso a través del cual se decida, pero es evidente que existe un umbral jurídico y conceptual que define qué tantos cambios son susceptibles de ser incorporados al TLCAN original sin necesitar una nueva aprobación por el Congreso de EU. Ese umbral de cambios, equivalente al “qué tanto es tantito” existe. Más allá del umbral se requiere de aprobación legislativa, por debajo, no es necesario. México debiera afirmar claramente que todo aquello por debajo del umbral de aprobación legislativa puede estar en la mesa; y nada por arriba es aceptable siquiera como tema de negociación.

¿Por qué? Primero, volver al calvario del 93 sería una gran imprudencia mexicana ya que le permitiría a la Administración Trump incluir una serie de nociones en sus exigencias que no han terminado de plantear hasta ahora. Por el momento, su gente sólo ha sugerido la inclusión de cambios en las reglas de origen o contenido de Norteamérica, y cambios significativos en los mecanismos de resolución de conflictos o disputas. Ahora se escuchan voces en EU que hablan de poner límites a la llamada manipulación de divisas para México, y en su caso Canadá, y también la imposición de cuotas o restricciones voluntarias de exportaciones de México a EU. Estas sugerencias adicionales podrían ser más mortales para México y difícilmente podrían caber en un tratado que no requiriera de una aprobación legislativa. Pero lo más importante es que abrir la puerta a un cambio legislativo constituiría una invitación a cualquier legislador norteamericano a imponer sus propias condiciones. En teoría, la llamada autorización de promoción comercial que se les otorga a los presidentes, obliga al Congreso a votar sí o no, a favor o en contra, del acuerdo que se negocie, sin modificaciones del mismo por parte del Congreso. Sin embargo, como en el 92 y 93, la votación corre el riesgo de ser muy cerrada, cualquier congresista puede exigir ciertas concesiones para sí mismo, su distrito, sus votantes, o peor aún, con el propósito de torpedear el acuerdo en su conjunto.

Esto ya sucedió el pasado 17 de febrero cuando seis representantes demócratas, apoyados por varios sindicatos, plantearon una serie de exigencias y cronograma, resumidos en 10 principios, para cualquier renegociación del TLCAN. Todos ellos son veneno para la sobrevivencia del tratado. No significa esto que todo lo que ellos planteen se incorpore a un nuevo tratado hipotético, sino que al igual que esos seis plantearon, muchos otros pueden hacer lo mismo.

Es una mala idea permitir que esto suceda, la única manera es plantear claramente que, como diría Fidel Castro, dentro de la aprobación legislativa norteamericana actual todo, fuera de ella nada. Ojalá vuelvan a hacer caso.
06 Marzo 2017 04:00:00
EDOMEX: el miedo al voto útil
El Estado de México no es un buen indicador de la elección presidencial. De serlo, Francisco Labastida hubiera ganado en 2000, y Roberto Madrazo en 2006. Montiel y Peña Nieto fueron electos en 1999 y 2005 gracias a la maquinaria priista, pero no pudieron entregar un margen suficiente de ventaja a los abanderados del PRI para la Presidencia al año siguiente. Hoy parece que un triunfo del PRI de nuevo no garantiza una victoria en 2018, pero una derrota en la tierra de EPN sí entierra a cualquier candidato priista el año entrante. El Edomex no predice, pero sí constituye un laboratorio electoral y político, y así lo están viendo el Gobierno, el PRI y sus aliados.

El único desenlace asegurado de antemano parecía ser una alianza PAN-PRD, con un candidato (o candidata) aceptable para ambas cúpulas y para los respectivos electorados. Una vez que Alejandro Encinas decidió no confrontar a Andrés Manuel López Obrador –en el Edomex, por lo menos– y que Josefina Vázquez Mota optó por entender los mensajes cifrados procedentes de la Secretaría de Hacienda y negarse en los hechos a participar en una alianza, esta última se quedó en el camino. La amenaza restante para Peña Nieto se redujo al voto útil, consciente o tácito.

En efecto, el peligro para el PRI reside en la virtual e hipotética alianza de facto entre los votantes del PAN –furiosos, como todos los mexicanos, con Peña Nieto y Cía. y los de Morena –motivados por esa misma furia más la devoción por las quimeras de AMLO. Si los panistas se inclinaran paulatinamente por la candidata de Morena, porque creyeran que ella puede ganar y su aspirante no, pierde el PRI. Si el PAN hubiera presentado una candidatura débil, local, generadora de pugnas locales, la hipótesis del voto útil se podría confirmar.

De allí la lógica para el PRI de la postulación unipartidista de Vázquez Mota. Extraña que cuando podía haber ido en alianza, alguien filtró los datos que dieron lugar al escándalo de los 900 millones de pesos de Juntos Podemos en Estados Unidos. Hoy que es candidata sólo por el PAN, no hay más filtraciones. Una posible explicación radica en la “tirada” del PRI: una división del voto en tres partes iguales, gracias a la cual la mermada pero persistente capacidad de manipulación del voto por el Gobierno en el Estado del Presidente permita ganar de “panzazo”. Si se desplomara el PAN, la lógica no funcionaría; si Morena tirara la toalla, y López Obrador no hiciera campaña, tampoco. Con Vázquez Mota hay la seguridad de una candidatura fuerte, pero posiblemente empatada con el PRI y Morena; con AMLO dedicado al Edomex, hay la seguridad de una candidatura de izquierda antigua también susceptible de llevarse un tercio del voto.

La jugada es hábil. Puede prosperar. Peña Nieto le entiende a su estado. Al país en su conjunto, quien sabe. El PRI en el Edomex puede todavía ser competitivo; a nivel nacional, no lo es. Hace muchos meses que ya no hay tres tercios en México; Los Pinos no es Toluca.
03 Marzo 2017 04:07:00
La cargada
Aunque la actualidad sigue imponiendo los temas de Trump, de EU, de la reacción mexicana, a todo ello y a los enormes retos que le impone al país el cambio dramático que se ha producido en el vecino del norte, hoy quisiera hablar más bien de un tema estrecha y directamente vinculado a ese dilema: me refiero desde luego a la elección presidencial del 2018 en México. ¿Qué tiene que ver una con el otro? Absolutamente todo, aunque hoy no será tan fácil de demostrarlo.

Hoy en día López Obrador conserva y ensancha la ventaja que según algunos que lo escribimos desde hace tres años tendría en este momento. Tiene un extraordinario jefe de campaña –Enrique Peña Nieto– y una capacidad de trabajo ídem; conexión con los sentimientos más sencillos y simples de la gente, que ningún candidato puede tener en este país en esta época. Para todos fines prácticos, tendría ganada la elección si fuera hoy.

El dilema que enfrentan los demás candidatos consiste en que quieren hacen en vista de este hecho contundente: intentar en vano ganarle, o fortalecer su presencia en el Congreso como contrapeso, aspirando a un fuerte segundo lugar; o buscar la manera de aliarse directa o tácitamente con él, contribuyendo a algo que ya estamos viendo dentro del empresariado y en algunos otros círculos, a saber, el clásico fenómeno de “la cargada”.

Conviene recordarlo, México no es priista; el PRI es profundamente mexicano. “La cargada” no es un fenómeno priista, es ante todo mexicano. Hoy que mucha gente piensa que López Obrador no puede perder, empiezan a alinearse con él.

Empresarios, intelectuales, activistas, políticos locales de buena o mala reputación –ver Tlaxcala y Puebla– se empiezan a sumar a una candidatura que ven con simpatía no porque estén de acuerdo con sus propuestas o incluso con la personalidad del candidato, sino porque va a ganar. Esto existe también en otros países, pero México es tal vez el lugar privilegiado de “la cargada”.

En estas condiciones, o bien alguien opera con extrema audacia, habilidad y talento para crear un polo diferente (ni el cuarto polo de Dante Delgado, ni el gran polo opositor de algunos otros) sino una candidatura independiente que pueda canalizar el descontento y los recursos que otras candidaturas independientes hasta ahora no han podido reunir.

De no ser el caso, y de no producirse un acontecimiento imprevisto, como ya dije, parece difícil evitar una victoria de AMLO. Este es el gran reto que enfrenta el país y sus vecinos.

La pregunta que deberá hacerse EU, Centroamérica, el empresariado y la parte más libertaria de la sociedad civil mexicana, es si en vista de este hecho aparentemente inevitable, conviene más oponerse a él o alinearse.
01 Marzo 2017 04:06:00
¿Trump en China?
Algunas horas antes de su primer discurso ante el Congreso de EU, Donald Trump filtró ante conductores de noticieros de las principales cadenas del país (con excepción de Jorge Ramos, que muy dignamente decidió no aceptar la invitación) que estaba abierto a algún tipo de reforma migratoria integral. Esta incluiría la legalización de millones de indocumentados en EU que no hubieran cometido delitos graves, es decir, casi la totalidad. De inmediato las cadenas, y hasta el New York Times, se fueron con la finta de que en dicho discurso, anoche, Trump anunciaría, si no los detalles por lo menos los fundamentos de una tal reforma. Huelga decir que eso no sucedió.

Hace casi medio siglo, uno de los presidentes norteamericanos más conservadores de la época moderna envió a su consejero de seguridad nacional a la China de Mao Tse Tung para poner un término a los entonces 25 años de distanciamiento entre el país más poblado del mundo y el país más rico del mundo. Poco después, Richard Nixon viajó a Beijing y a Shanghái, se reunió con Mao Tse Tung y con Chu En-Lai, y desde entonces existe la leyenda (no urbana) de Nixon en China: que sólo un presidente norteamericano tan conservador, derechista o reaccionario y anticomunista como Nixon podía llevar a cabo una reconciliación que se había tardado desde 1949.

En alguna ocasión, cuando Leo Zuckermann, Héctor Aguilar y yo invitamos al entonces candidato Peña Nieto a nuestra Hora de Opinar, él utilizó este ejemplo, y el de Felipe González en España, para argumentar que sólo un priista podría llevar a cabo una reforma energética. Tenía razón, salvo que la hizo mal y tarde. Pero es cierto que sólo un presidente de un gobierno socialista como González hubiera podido llevar a cabo el ingreso de España a la OTAN y también a la Unión Europea en condiciones no siempre favorables.

Debido a esos ejemplos, alguna gente, perspicaz y quizás excesivamente optimista ha pensado que sólo un presidente norteamericano tan antiinmigrantes, xenófobo y nacionalista, podría llevar a cabo una reforma migratoria como la que Bush y Obama buscaron con perseverancia y buena fe, no siempre con habilidad ni sentido de oportunidad, y que no pudieron lograr. No es descartable del todo la idea.

En una de esas, un día Trump, después de deportar a millones de mexicanos, de construir cientos de kilómetros de muro, de destruir el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, podrá en efecto proponer una reforma migratoria integral en EU. La famosa “enchilada completa” entrañaría lo que siempre tenía que incluir: la legalización de los que están allá y la legalización de los flujos futuros que seguirán siendo indispensables para la economía y la sociedad norteamericana. Pero no lo hizo anoche y no lo va a hacer en un futuro cercano. Error de quienes pensaron que así iba a ser, error de los especuladores que fortalecieron al peso anoche, error de los que quieren buscarle la parte buena a todo, incluso con Trump.
22 Febrero 2017 04:06:00
Calderón, Peña y Cuba
Ayer el Gobierno de Cuba negó la entrada a la isla al expresidente Felipe Calderón, quien pensaba asistir al aniversario luctuoso de Oswaldo Payá. El disidente cubano, autor de la Iniciativa Varela, falleció en un accidente automovilístico considerado por sus hijos como sospechoso, poco después de la visita del presidente Calderón a Cuba en 2012. Durante dicha visita, Calderón se negó a recibir a Payá o a cualquiera de los disidentes cubanos, rompiendo el esquema de sus dos predecesores, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Ellos, ya sea a través de su canciller, ya sea personalmente, se reunieron con los disidentes en La Habana, y Fox recibió a Payá en Los Pinos a finales de 2002. Es decir, la postura de Calderón frente a Payá y la dictadura cubana fue una siendo presidente, y otra siendo expresidente.

Pero no sÓlo ante el tema de los disidentes. Calderón cometió uno de los más graves atentados mexicanos contra la defensa colectiva de la democracia en América Latina, al promover y permitir el ingreso de Cuba en 2008 al entonces llamado Grupo de Río, organización que se creó en los años 80. Surgió del Grupo de apoyo a Contadora, y siempre enarboló como condición de pertenencia al mismo la vigencia de un régimen democrático. Era imposible argumentar que esa condición existía en Cuba; Calderón y su canciller simplemente la hicieron a un lado. Triste consuelo la ulterior metamorfosis del Grupo de Río en ese adefesio regional denominado CELAG, una OEA sin Estados Unidos ni Canadá, singularmente inútil para México hoy.

Subrayo la hipocresía de Calderón y su doble rasero por una sencilla razón. A pesar de ello, y de su absurda, sangrienta, costosa y optativa guerra contra el narco, pienso que la ofensa del Gobierno de Cuba es contra el Estado mexicano, no contra la persona de Calderón. Los expresidentes de México no suelen ser bien tratados por sus sucesores, salvo De la Madrid por Salinas, Zedillo por Fox, y Calderón por Peña Nieto gracias al pacto de omertá del cual hemos escrito, en orden inversa, Álvaro Delgado y yo. No creo que haya sido una buena idea, porque la investidura ... dura. De la misma manera que los excancilleres no tienen derecho a un pasaporte diplomático (ninguno de mis sucesores en la cancillería se ha atrevido a cambiar esa norma que fijé en 2001), los expresidentes, sí. Con razón, tienen también derecho a una pensión vitalicia, a un equipo de seguridad, y a la deferencia de las instituciones, sino es que de la sociedad. No somos Colombia, Chile ni Estados Unidos, para sólo dar algunos ejemplos, pero algo ya debemos asumir en esta materia.

Por eso resulta tan decepcionante la actitud del gobierno de Peña Nieto ante la majadería cubana. No se trata de lamentarla. Debieron haber condenado el acto, explicando la razón de la condena, llamar al embajador de Cuba a Relaciones Exteriores para entregarle una nota de protesta, y hasta en su caso llamar a consultas al embajador de México en la isla. Nada: sólo un pobre “lamento” castrófilo, ni siquiera borincano, como el del jibarito de Rafael Hernández.

¿Que no conviene abrir tantos frentes simultáneamente? Veremos si se produjo alguna represalia de Peña contra la nueva cachetada de Trump: expedir los odiosos y ominosos lineamientos para llevar a cabo deportaciones masivas de mexicanos en Estados Unidos en la víspera de la llegada a México del firmante de los mismos, el general de Marines John Kelly. ¿Más frentes, o ninguno?
20 Febrero 2017 04:05:00
Peña, Trump y Venezuela
A principios de año tuve la oportunidad de compartir con algunos altos funcionarios del Gobierno, una sugerencia para imprimirle un sello distinto a la política exterior de México, bajo la nueva conducción de Luis Videgaray. Pensé que se podría profundizar e incluso radicalizar el cambio que ya había introducido Claudia Ruíz Massieu frente a la postura pusilánime y troglodita de los primeros dos años del sexenio de Peña Nieto.

Durante ese periodo ni siquiera la subsecretaria encargada de América Latina se dignó a recibir a cualquiera de los dirigentes de la oposición democrática venezolana, ni los radicales como Leopoldo López, en esa época aún libre, o María Corina Machado, o a los más moderados como Capriles. Ruiz Massieu rompió con ese esquema al recibir a la esposa de López, y al adoptar una postura más firme, más comprometida con la defensa de los derechos humanos y de la democracia en Venezuela, en foros como la OEA. El nuevo equipo de Relaciones podía, en mi opinión, dar un par de pasos adicionales.

El primero consistiría en buscar un acuerdo con los nuevos gobiernos de Brasil y Argentina para invocar la Carta Democrática Interamericana y en particular su capítulo 18, a propósito de la ruptura del orden institucional en Venezuela, aun corriendo el riesgo de que o bien no alcanzaran los votos, debido a la posición venal pero comprensible de las islas del Caribe en manos de Maduro, o de que Venezuela y los demás países del Alba, se retiraran de la OEA.

Pero además se podría realizar el gesto simbólico, pero expresivo y contundente como todos los buenos gestos, de que el presidente Peña Nieto recibiera en público a Lilian Tintori. Se trataría del escalón siguiente después de que la hubiera recibido la canciller anterior y enviaría una señal incontrovertible sobre la mayor claridad del nuevo grupo al mando en la SRE.

Probablemente porque les ganó la agenda, porque se la pasan de evento en evento –el Día del Ingeniero, el Día del Albañil, el Día del Niño, del padre, de la madre y de cuanta idiotez se les ocurre– no se organizaron para llevar a cabo el encuentro con Tintori. Era muy fácil. Las personas que la asesoran y la ayudan en México estaban dispuestas a responder en un par de horas a cualquier invitación que se le hiciera por parte de Peña Nieto. Simplemente se les pasó, a menos de que hayan decidido conscientemente no hacerlo.

No se puede descartar esa hipótesis, porque es factible que Peña por lo menos haya pensado que si se reunía con la esposa del dirigente opositor encarcelado, Maduro empezaría a despotricar contra Peña por cuanta imbecilidad se le ocurriera al Presidente venezolano, que se le ocurren muchas por cierto.

En esta hipótesis, Peña lo último que querría es abrir un frente adicional. De ser cierto, esta actitud volvería a la posición acobardada de los primeros dos años del sexenio. Con la pequeña diferencia que entonces era presidente de Estados Unidos Barack Obama, y ahora es Donald Trump.

A Peña se le fue la oportunidad. Trump recibió a Lilian Tintori en la Casa Blanca, hace unos días donde se tomó la foto con ella y donde fue ella una de las primeras personas de relieve en ser recibidas por el nuevo presidente. Ya Peña no puede hacer lo mismo porque la jauría chavista en México y en Venezuela no dejaría de gritar que Peña solo recibió a Tintori porque Trump se lo pidió, se lo exigió o por simplemente copiar la decisión de Trump para quedar bien con él.

Por tanto, ahora parece difícil si no es que imposible que Peña reciba a Tintori o a Capriles o a ambos, y por tanto se desperdició la oportunidad de marcar un rumbo nuevo, por lo menos en materia de política latinoamericana en lo que queda de este sexenio. Una lástima pero hasta cierto punto previsible. No se puede gobernar con puros eventos y anuncios. De vez en cuando hay que hacer algo.
17 Febrero 2017 04:06:00
López Obrador y los derechos humanos
El nuevo episodio de uso aparentemente desproporcionado de la fuerza y con un índice de letalidad inexplicable por parte de la Marina en Tepic, Nayarit, con 12 “abatidos” por parte de los “malos” y cero por parte de los “buenos” ha despertado cuestionamientos que antes no habíamos visto. En particular, me resulta especialmente interesante que en esta ocasión Andrés Manuel López Obrador sí haya protestado y denunciado la guerra de Calderón y de Peña contra el narco.

Probablemente no tuvo razón al afirmar que los muertos eran menores de edad; tampoco la tuvo en pensar que no eran sicarios o semicapos, o capos del narco. Pero por lo menos ahora empezó a preocuparse por las violaciones a los derechos humanos en México, por la guerra contra el narco, y por los inexplicables índices de letalidad que se dan en nuestro país. Es interesante que por fin López Obrador empiece a entender que más allá los narcos, la violencia, la inseguridad y el crimen organizado son o no productos de la pobreza, la desigualdad y la mafia en el poder, son criticables y denunciables en sí mismos, y que dicha guerra no tiene el menor sentido.

El siguiente paso es saber si para López Obrador los derechos humanos son un asunto primordial o no. Si se tratara simplemente de un político tabasqueño, transfugado al DF durante seis años, y sin futuro en México, la verdad no le importaría a nadie lo que piensa. Pero tratándose no sólo del candidato puntero para las elecciones del 2018, sino muy posiblemente el próximo presidente de la República, sus posturas ante el tema primordial, absolutamente decisivo en México hoy de los derechos humanos y sus violaciones, resultan especialmente interesantes.

Pasando de un extremo al otro, en una entrevista con León Krauze hace pocos días, parecía preocuparle la detención de Leopoldo López en Venezuela: una clarísima violación a los derechos humanos en ese país. Obviamente nunca se había pronunciado sobre cualquier situación en Venezuela, limitándose a repetir incansablemente la idiotez en 2006 y 2012 que él no conocía a Hugo Chávez (como si todos los católicos hubieran conocido a Jesucristo). Tampoco se había escuchado jamás una crítica a las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Pero nunca es tarde: si ahora sí le preocupan las violaciones a los derechos humanos en México, enhorabuena. Sólo que entonces de ahí se derivan varias consideraciones.

¿Qué parte de la guerra del narco le disgusta o con qué parte está en desacuerdo? Quienes hemos denunciado la absurda, sangrienta y optativa guerra de Calderón contra el narco desde el principio, hemos propuesto también una alternativa: legalizar las drogas, o por lo menos la mariguana; crear una policía nacional única, y mandarle la señal sin negociaciones explícitas al narco, que mientras se dediquen al narco y no a extorsionar, secuestrar, asaltar, violar, etcétera, se trata de una actividad empresarial aceptable para el Estado mexicano. López Obrador obviamente nunca va a decir algo de esto, primero porque no lo entiende, segundo porque está en campaña y probablemente sería políticamente peligroso hacerlo. Pero el tema es que si no está de acuerdo con la guerra del narco de Calderón y de Peña, con la violación a los derechos humanos, con el involucramiento del Ejército y de la Marina, entonces ¿qué propone? ¿Cuál de las posibles soluciones es la que a él le gusta?

La campaña presidencial ha empezado, los candidatos están ya presentando sus propuestas y sus críticas. Es el momento en que todos debemos preguntarles, empezando por los punteros, es decir, López Obrador, Margarita Zavala de Calderón y Miguel Ángel Osorio Chong, ¿qué piensan? De Osorio Chong no tenemos muchas dudas, piensa lo que piensa Peña, por eso ha sido su secretario de Gobernación todo este tiempo. De la señora Calderón tampoco debemos tener muchas dudas, piensa lo que piensa su marido, hasta que diga lo contrario. Pero López Obrador sí puede ser en esta materia un enigma, ojalá empiece a despejarla lo más pronto posible para que sepamos a qué atenernos. Calderón nunca nos habló de su guerra hasta que la inició y Peña Nieto nos dijo que iba a poner un término a la misma. No lo hizo.
15 Febrero 2017 04:06:00
IMSS, INE y deportados
Una de las afirmaciones más desgarradoras de las muchas que escuchamos los participantes en el segundo foro de Agenda Migrante, organizado entre otros por Eunice Rendón, en Phoenix el fin de semana pasado, provino de una mujer que había sido deportada a México hace unos cinco años y después volvió a Estados Unidos. Dijo que se sintió tan indocumentada en México durante su estancia como en EU. Explicó por qué, y la experiencia de cualquier extranjero que se instala a vivir en México durante unos años sin el apoyo de una empresa o embajada, confirma su dicho.

El meollo de su explicación consistió en sentirse indocumentada por carecer de... documentos. Los mexicanos que nacimos, crecimos y residimos hoy en México disponemos de una serie de papeles que nos permiten navegar los turbulentos mares de la burocracia mexicana: desde la FIEL y el RFC hasta la cartilla militar para quienes nacimos antes de la supresión de la exigencia de presentarla para salir del país o sacar un pasaporte, pasando por toda la parafernalia de certificados escolares, INAPAM, IMSS o ISSSTE, INE o licencia de conducir. Una deportada, que salió de México a los 10 años, es devuelta por la fuerza a los 30, y debe organizar su vida a partir de cero, sufre un verdadero calvario en un país de papeles, reglamentos, requisitos y reconocimientos.

Por eso el senador Armando Ríos Piter formuló una propuesta sencilla, viable y hasta cierto punto económica, a raíz de la intervención de la mujer en cuestión. Sugirió que se abriera, en cada uno de los once puntos fronterizos donde son entregados los deportados por Estados Unidos a las autoridades mexicanas, un módulo del Instituto Mexicano del Seguro Social y otro del Instituto Nacional Electoral. Cada deportado, al verse comprobada su nacionalidad mexicana como condición para ser aceptado en México, se inscribiría en el IMSS, y recibiría una credencial de elector.

La inscripción en el Seguro sería excepcional y provisional –digamos, por un año– ya que en teoría se paga por cuotas, entre el empleado y el empleador. Pero hay ya muchos mexicanos registrados en el IMSS que pagan su propia cuota completa, o cuyo empleador la cubre en su totalidad. En el caso de los deportados, el Estado cubriría las cuotas, al exentar el pago por un año. Aún si se tratara de una cifra enorme de deportados y que se enfermaran todos al mismo tiempo, el costo sería manejable, y obviamente eso no va a suceder de inmediato. Les daría a los deportados un apoyo importante en caso de algún padecimiento, una credencial para identificarse, y una sensación de pertenencia, de la cual todos carecen.

Se podría hacer el equivalente con el INE. Desde luego que no podría ser una credencial para votar en todas las elecciones, ya que muchos deportados no cuentan con un domicilio en México. Por lo tanto no sabrían de entrada en qué sección electoral, municipio o estado residirán, si es que no intentan regresar a Estados Unidos. Pero en cualquier lugar del país donde se instalen, podrán votar en la elección presidencial de 2018; su credencial lo estipularía. Además de volver a generar un elemento de pertenencia, les daría la única identificación universalmente aceptada en México, para entrar a un edificio, abrir una cuenta bancaria, subirse a un avión o identificarse como mexicano ante la autoridad. De nuevo el costo no sería exorbitante.

Propuestas concretas como ésta pueden funcionar en nuestra emergencia. Si éstas no le gustan a alguien, como dijo Groucho Marx a propósito de sus principios, hay otras. Propónganlas.
10 Febrero 2017 04:06:00
La resistencia: en los tribunales, con los paisanos
El Tribunal Colegiado de Apelaciones del Noveno Distrito de Estados Unidos le dio palo a Donald Trump ayer en materia de su prohibición de viajes a Estados Unidos para nacionales de varios países de mayoría musulmana y de recepción de refugiados procedentes de Siria. El asunto irá a la Suprema Corte, donde Trump debiera contar con las votos necesarios para ganar, a condición de que sea confirmado su candidato para ocupar el noveno escaño, vacante desde mediados del año pasado. Es una gran derrota para Trump, que muestra el camino a seguir en la resistencia contra la larga noche que nos espera. México tiene fichas de negociación y de lucha contra la embestida norteamericana. Ya las hemos mencionado varias veces: suprimir el llamado sellamiento de la frontera sur; hacerse de la vista gorda ante cargamentos de mariguana destinados al estado de California; incluso incluir en la agenda bilateral el aseguramiento de las fronteras mexicanas en materia de terrorismo. Pero, al final de cuentas, se trata de estrategias de alto riesgo, audaces, pero de difícil ejecución y propias del ámbito político. A la larga, ese será el conducto más eficaz para derrotar las políticas de Trump. Pero en el corto plazo, como ya comenzamos a ver, el litigio en los tribunales es más productivo.

Este sábado en Phoenix, Arizona, varios mexicanos trataremos de reunirnos con compatriotas carentes de documentos para escucharlos y tratar de discernir de qué manera podemos ayudarles a contrarrestar la ofensiva de Trump, sobre todo en materia de persecuciones y deportaciones. Irán gobernadores, senadores, diputados. Conductores de noticieros, académicos y activistas nos desplazaremos a Phoenix, gracias al apoyo de diversas organizaciones, desde Coparmex hasta Chicanos por la Causa, para entender de qué manera podemos ser más útiles.

Pero desde diciembre pasado quedó claro que la respuesta a las primeras preguntas es obvia. Los paisanos prefieren que se les apoye para permanecer en Estados Unidos a que se destinen recursos para su inserción en México, una vez ya deportados. ¿En qué consiste el apoyo? Abogados, abogados y abogados, junto con información a través de los medios de comunicación en español, presencia de los consulados, subsidio para fianzas. Sobre todo si prospera la propuesta que hemos presentado en diversos foros Eunice Rendón y yo de que los indocumentados que sean detenidos en Estados Unidos deben acogerse al derecho de audiencia, fianza y juicio migratorio, en lugar de aceptar, en el momento de la detención, la alternativa del llamado retorno voluntario. En lo individual, conviene esta última; en lo colectivo, la otra. Ojalá el Gobierno de México empiece a recorrer el camino del Poder Judicial norteamericano. Existen muchas maneras de hacerlo.

Todas son caras y peligrosas, unas más que otras. Pero la peor opción reside en aceptar la nueva normalidad de Trump, en incurrir en el “business as usual”, en poner la otra mejilla ante cada golpe o cachetada, como si no pasara nada. Hay una ruta de resistencia. Hay que explorarla.  
08 Febrero 2017 04:00:00
Tropas, letalidad y violencia: 2017
El diario Reforma informó el martes que la Sedena reportó en 2016 un incremento significativo de efectivos militares desplegados en operaciones anticrimen organizado. De acuerdo con los datos del Ejército, el año pasado participaron 51.9 mil tropas en las calles. Durante el año de mayor despliegue de Calderón, en el auge de la violencia provocada por la guerra del anterior Presidente, se desplegaron 52.7 mil tropas, prácticamente lo mismo. No sólo no ha habido retiro de las Fuerzas Armadas de las plazas y vías públicas del país, sino que, al término de 10 años de guerra, de 100 mil muertos adicionales al monto inercial, más de 30 mil desaparecidos, y decenas de miles de millones de dólares gastados, hay el mismo número de soldados involucrados.

En 2013, el primer año de Peña Nieto, el Presidente logró reducir la presencia militar en México. El total de efectivos castrenses en operaciones bajó a 34.5 mil, pero de 2015 a 2016 dio un salto de casi 40 por ciento. Lo cual pareciera confirmar los resultados de determinados estudios y análisis en el sentido de que el monto de enfrentamientos de las fuerzas del Estado con el crimen organizado depende del número de tropas desplegadas, y el total de muertos y heridos depende del número de enfrentamientos. Entre otras investigaciones que debiéramos citar figura el último trabajo del CIDE, dirigido por Alejandro Madrazo. Según el boletín publicado en Reforma:

“Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), basado en información oficial de 3 mil 327 combates registrados en el sexenio pasado, establece que en cuatro de cada 10 combates fueron ‘eventos de letalidad perfecta’, es decir, sólo registraron muertos y ningún herido. Los denominados ‘eventos de letalidad perfecta’ incrementaron año con año, pues mientras en 2007 hubo 15, para 2011 hubo 451, además de que en ellos se dieron el 86% de las 3 mil 413 muertes de presuntos delincuentes registradas en combate. Estas cifras, señaló Alejandro Madrazo, autor junto con Laura Atuesta y Óscar Siordia del estudio, evidencian que lo que hubo fue una actuación sistemática de las Fuerzas Armadas para exterminar ‘presuntos delincuentes’. Desde 2011 ya teníamos fuertes indicios que lo que había era una política de exterminio, los hallazgos que nosotros pudimos hacer con esta base de datos, nos dicen dos cosas o tres cosas que van en ese sentido”, señaló. La política de exterminio, explicó, se dio, o bien porque las fuerzas armadas hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, o bien porque cometieron ejecuciones extrajudiciales, cuando ya los presuntos delincuentes estaban vencidos. Todos los indicios nos dicen que lo que se está buscando es maximizar el número de muertos, que no iban a detener a gente para procesarla penalmente, que lo que iban era a matarla, y eso es muy preocupante, y sobre todo eso embona muy bien con el hecho de que hay muy poquitas averiguaciones previas iniciadas por esas muertes”, señaló. El estudio fue elaborado con base en información oficial que de manera anónima fue entregada al CIDE de operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2011 y los resultados fueron obtenidos luego de un trabajo que implicó analizar mil 561 registros a través de 52 variables. Los índices de letalidad, refirió Madrazo, son muy superiores a los que registran ejércitos en guerra, en donde generalmente hay más heridos que muertos, pero en el caso mexicano, en el periodo analizado, esto no tuvo ese comportamiento”.

Enero fue el mes más violento del sexenio de Peña Nieto, combatiendo al narco. Mientras que fue también el primer mes de plena legalización de la mariguana en California. Go you to know.
06 Febrero 2017 04:05:00
Ingreso ciudadano universal en la India… y en México
¡Una de las discusiones más interesantes de la próxima campaña presidencial puede involucrar al llamado “ingreso ciudadano (o básico) universal” (ICU o IBU). Es un tema presente en México desde tiempo atrás, inicialmente propuesto en una plataforma política por Patricia Mercado en 2006, y por Gabriel Zaíd desde antes. Ha sido retomado en tiempos recientes por economistas como Gerardo Esquivel, por la CEPAL, por legisladores como Cecilia Soto y Luis Sánchez, y apenas hace unos días, en las deliberaciones de la Constituyente de la Ciudad de México.

Como ya se ha dicho, se trata de entregarle a cada mexicano –en principio mayor de 18 años, para no fomentar el crecimiento demográfico, aunque algunos discuten esto– un ingreso monetario determinado, trabaje o no trabaje, sea pobre u opulento, tenga hijos o no. Puede ser igual al salario mínimo, o al costo de un canasta básica, o el cociente de dividir la totalidad de los programas asistenciales existentes entre el número de mexicanos de más de 18 años (unos 85 millones de personas).

Los pros y contras han sido debatidos, sobre todo en países ricos (en particular en Suiza), donde el temor es que debido a la automatización del trabajo –camiones sin choferes, líneas de ensamble robotizadas, cajas sin cajeros en las tiendas– mucha gente pase a ser permanentemente desempleada. Las objeciones van desde el desincentivo para trabajar hasta el costo fiscal, pasando por variaciones dentro de la idea. ¿Es justo entregarle un estipendio, por pequeño que fuera, a un magnate? ¿O cuesta más la administración de criterios de elegibilidad que dárselo a un multimillonario? El programa ¿debe sustituir a los ya existentes –en México, Prospera/Oportunidades/Progresa, pensión para adultos mayores, y miles más- o deben conservarse esos, el ICU siendo un complemento? ¿Es preferible un estipendio puro y simple, o conviene más un impuesto negativo sobre la renta –la idea original de Milton Friedman y que existe en EU como “earned income tax credit”?

Retomar este tema hoy viene el caso por dos motivos. Primero, porque si bien Santiago Levy tiene razón cuando afirma que los bajos salarios en México se deben a la baja productividad en el enorme sector informal, y mientras no se reduzca de modo drástico este último, nada será eficaz, un piso de ingreso mínimo puede ser útil. Sobre todo si recordamos los números escalofriantes del INEGI.

De acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, el salario promedio de los trabajadores dependientes de la razón social del sector “Fabricación de automóviles y camiones”, en octubre de 2016, fue de 9 mil 820 pesos. Es decir, al tipo de cambio actual, 490 dólares al mes. Sin meternos a PPP (purchasing power parity, para tomar en cuenta la diferencia de precios entre México y EU), esto es más o menos la décima parte de lo que gana un obrero de la UAW pagado por hora en un planta automotriz de EU: 30 dólares la hora, o aproximadamente 5 mil dólares al mes.

Sobre todo, se ha vuelto más pertinente porque según la revista The Economist, la semana pasada el Gobierno de la India, el país con más pobres en el mundo, sugirió la idea de sustituir los casi mil programas federales de asistencia, incluyendo subsidios, por un ICU. Los programas cuestan 5% del PIB; un ICU muy bajo, costaría 6-7%. Gracias al sistema Aadhaar, es factible entregarle el estipendio a cada indio por teléfono celular. Repugna la idea de transferirle cualquier dinero a los marrajas industriales de la India; existe el riesgo de que el ICU se agregue a los programas vigentes. Pero como dice The Economist (publicación que se opuso al ICU en el referéndum suizo de 2016), a propósito del Gobierno derechista de Modi: “Hay razones para no saltar ciegamente hacia el ICU. Pero como instrumento para ayudar a los más pobres del mundo, los razonamientos a favor son fuertes”.

" Comentar Imprimir
columnistas

top-add