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Lulú De Koster.
Lulú De Koster.
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Es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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19 Septiembre 2018 04:00:00
Una nueva consejera en el CPC
Celebro que la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila emitiera una convocatoria con enfoque de género para renovar la primera posición en el Consejo de Participación Ciudadana (CPC), que el próximo 5 de octubre cambia su presidencia e integrará a la profesionista que resulte con la mejor puntuación en las evaluaciones que harán los siete notables que actualmente integran la Comisión de Selección.

La convocatoria se cerró el sábado 15 de septiembre y se inscribieron 22 ciudadanas. De acuerdo con el orden que dio a conocer la Comisión de Selección, enviaron su documentación: Karla Yolanda Chío Posada, licenciada en Administración de Empresas; Karla Ivonne Natividad González, licenciada en Comercio Internacional; María del Carmen Rocamontes Ramos, licenciada en Psicología; Norma Mercedes Herrera de Hoyos, contadora pública, así como Leonor Adriana Gómez Barreiro, licenciada en Comunicación y Periodismo.

También se registraron: Diana María Medina Álvarez, licenciada en Administración de Empresas; Karla Gabriela Ramírez Borjón, licenciada en Derecho; María Eugenia Villarreal Abusaíd, licenciada en Derecho; Lydia Pérez González, licenciada en Economía; Abdelali Soto Vázquez, licenciada en Economía; Jafia Pacheco Valtierra, licenciada en Derecho; Laura Karyna López de la Torre; licenciada en Derecho.

Igualmente: Ana Olga Rodríguez Betancourt, licenciada en Economía; Alejandra Wade Villanueva, contadora pública; Yvonne Corona Muñiz, médica cirujana/licenciada en Derecho; Cecilia Rendón Isunza, licenciada en Ciencias de la Comunicación, lo mismo que Leticia Bravo Ostos, licenciada en Derecho.

En esta lista y de entre quienes saldrá el nombre de quien suplirá al consejero Manuel Gil Navarro en el primer cambio del CPC están también María Verónica Garza Vara, licenciada en Derecho; Érika Paloma Muñoz Hernández, licenciada en Comercio Internacional/Educación Preescolar, así como María Inés Garza Orta, contadora pública; Cecilia del Carmen Cardiel Escamilla, licenciada en Diseño Gráfico, y Dulce Marcela de Jesús Mendoza Camero, licenciada en Derecho.

Aunque la entrega de documentación no implica que las 22 ciudadanas cumplieran con los requisitos, ya de entrada es un número importante de mujeres que decidieron inscribirse para la selección de la nueva integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, y más aún, yo resaltaría el interés de ser parte de la consolidación de un sistema, de la generación de políticas públicas para el combate de la corrupción, de aportar sus conocimientos y de sumarse a los esfuerzos no solo de un cuerpo colegiado, sino del Sistema Anticorrupción en el estado.
12 Septiembre 2018 04:00:00
Corrupción y derechos humanos
Hace unos días leía un apunte de Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, que decía que “una política anticorrupción efectiva debe incorporar la perspectiva de derechos humanos. La corrupción no debe ser freno del ejercicio de los derechos que la propia Constitución contempla: educación, salud, seguridad, entre otros”.

En esta misma ruta, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta Urquidi, quien es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de posgrado sobre Política y Gobierno, ha insistido en que las agendas de los sistemas locales impulsen políticas públicas relacionadas con la defensa de las garantías individuales.

Porque la corrupción hace que la vida sea más cara y merma la confianza del consumidor y la credibilidad de los inversionistas que deben pagar sumas de dinero para conseguir permisos de instalación en entidades de este país. Además, la corrupción agota los fondos públicos y destruye las expectativas de una sociedad justa.

La corrupción facilita otros delitos, incluyendo el tráfico ilegal de vida silvestre, el terrorismo, las desapariciones de personas o la falta de medicamentos en los hospitales evitando que quede plenamente garantizado el derecho a la salud.

De ahí que el Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila iniciara una agenda en este sentido y junto a colectivos y grupos de la sociedad civil que han solicitado el acompañamiento ciudadano, buscar soluciones de fondo y no solamente sanciones a culpables, en un afán de lograr que el Estado implemente políticas públicas y mecanismos para revertir actos ilegales que eviten que los presupuestos lleguen a los hospitales públicos o que la inversión sea limitada en este sector, o bien incidir en la integración de los cuerpos policiacos estatales y municipales, en la designación de funcionarios del sistema judicial, o en una ruta que permita evitar que por intereses de particulares se afecte la flora y fauna en valles, ríos o zonas serranas del estado.

De este tema habla el Proyecto de Nación 2018-2024 que desplegará el nuevo gobierno federal a partir del 1 de diciembre y menciona que México tiene el mayor porcentaje en América Latina de personas que afirman que en el último año pagaron un soborno para acceder a servicios básicos y públicos de salud o seguridad, a un trámite oficial, para acceder a un programa de beneficio social o para la inscripción de un hijo en una escuela pública, porque de acuerdo con cifras de Transparencia Mexicana, 14 de cada 100 pesos del ingreso promedio anual de los hogares en el país se destina a pagos extraoficiales.

La corrupción y su afectación en rubros como los derechos humanos son altamente sensibles y es un tema delicado para la sociedad cuando se habla del abuso de autoridad en una corporación o de malas prácticas entre quienes deben garantizar la aplicación de la justicia en Coahuila.
05 Septiembre 2018 04:00:00
Ética entre universitarios
Ser universitario no es solamente llenarse de orgullo por su alma mater, porque también implica ser un ciudadano honesto.

La honradez, la transparencia y el profesionalismo entre los estudiantes es un tema que interesa a los que dirigen las políticas internas en las escuelas de nivel superior y posgrado, ya sea instituciones públicas o privadas en Coahuila.

¿Cuántas veces ha escuchado que un alumno ofreció un obsequio a un maestro o maestra para alcanzar el puntaje y evitar un examen extraordinario? ¿O que directivos de universidades buscan concretar convenios o firmar fideicomisos de obra pública o ampliación de inmuebles en el plantel con intención de desviar recursos públicos?

La transparencia y, claro está, la designación por competencias en áreas como contralorías, las tesorerías, la oficina de compras, etcétera, en las universidades, evitarán de alguna manera que el dinero que recibe un plantel sea utilizado con fines ilegales o de franca corrupción, como en el más reciente escándalo en México conocido como “La Estafa Maestra”, que involucró dinero público que fue supuestamente desviado a través de 11 dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Social y Petróleos Mexicanos, así como universidades que cumplieron un rol determinante en este, que fue señalado por los medios de comunicación como un evidente acto de deshonestidad que aparentemente sigue impune.

Los y las alumnas de nivel superior en Coahuila y en el país representan una gran oportunidad para erradicar o controlar la corrupción –como lo señalan algunos especialistas– y de fomentar las buenas prácticas en las escuelas, así como de la implementación de una contraloría social, ser alumnos “vigilantes”, promotores de la honestidad e incentivar el desarrollo de mecanismos para dejar de normalizar la corrupción desde las aulas en esta entidad.

Y ni qué decir de una crisis de ética que permiten maestros en universidades, como lo señala en su artículo Conductas no Éticas en el Ámbito Universitario su autora, la doctora Ana Hirsch Adler, investigadora de la UNAM, que advierte que en el caso de los profesores: “…no tratan con respeto a las personas que participan en sus investigaciones, alteran los datos, obligan a investigar algo sólo porque a ellos les servirá para aumentar su prestigio profesional, no dan el crédito correspondiente a los alumnos que participan en la investigación, se aprovechan de los alumnos para hacer sus investigaciones (sic)”.

No basta con que los titulares de área o directores y rectores hagan pública su declaración patrimonial, de no conflicto de interés o su declaración fiscal, sino que vayan más allá. Incidir con el claustro de maestros, alumnos y personal administrativo y/o sindicalizado para impulsar códigos de ética y honestidad, y aumentar el lenguaje en positivo que revierta actos de corrupción o abuso en las escuelas y campus universitarios.
29 Agosto 2018 04:07:00
No sin las mujeres
La mitad de la población en Coahuila son mujeres. Académicas, amas de casa, operarias, directoras de área en el servicio público, maestras en escuelas, activistas, promotoras de la igualdad, madres de familia, líderes empresariales… desafortunadamente, los espacios son limitados para este segmento de la población que puede pasar inadvertido en la agenda pública, en eventos, actos protocolarios o reuniones de especialistas para definir el rumbo que seguirá la entidad en temas que nos atañen a todas y a todos.

Es difícil de entender. Pero basta con hacer un conteo de los lugares que ocupan mujeres, por ejemplo, en el Gabinete estatal, en administraciones municipales, en cúpulas empresariales en regiones de Coahuila, dirigencias sindicales o titulares de centros de investigación y docencia.

Más allá de las posturas por la defensa de espacios para las mujeres o de la cuota de género en temas electorales, es necesario visibilizar a las féminas en foros donde participan profesionistas o académicos y quienes se dedican al servicio público e inciden en la toma de decisiones. El objetivo: apoyar a las mujeres para hacerse notar y dar sus puntos de vista, su aporte y experiencia en cualquier rama de la ciencia.

Un tema en la agenda pública y que han venido impulsando desde el centro del país personajes como el ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío Díaz, y el propio Alejandro Cubí Sánchez-Guijaldo, director de la editorial Tirant lo Blanch para México y el Caribe, es la iniciativa @NoSinMujeresMx que busca que académicos y profesionistas de diferentes áreas, principalmente en las ciencias sociales, asuman el compromiso de no participar como ponentes en ningún evento donde no haya al menos una mujer en calidad de experta y en el mismo presídium.

En México, la propuesta incluye algunos puntos más. La idea, dijo Cubí en una charla telefónica, es que cuando no se cuente con una mujer entre los ponentes, en un debate o conferencia, será importante ofrecer propuestas o una terna de mujeres con trayectoria y experiencia a quienes organizan estos eventos académicos o que tienen que ver con temas relacionados con las ciencias sociales, humanidades, investigación, políticas públicas, docencia, leyes, etcétera, para garantizar el espacio a las féminas.

Cubí Sánchez-Guijaldo dijo que Coahuila estaría en esta ruta para firmar un compromiso e impulsar la iniciativa que, además, sugiere a los hombres ceder espacios en donde no se tenga considerada al menos una mujer en el presídium.

El seguimiento de esta iniciativa, @NoSinMujeresMx lo hará cada ciudadano, cada mujer, los medios de comunicación y la sociedad. Pronto Cubí estará en Saltillo para firmar un acuerdo en Coahuila, que sería el primer estado en sumarse a esta causa.
22 Agosto 2018 04:08:00
Austeridad al máximo
La estrategia de austeridad planteada por el Gobierno federal entrante, exige un nivel de ahorro que obliga a redimensionar la política nacional en materia de generación de programas sociales, de inversión en infraestructura carretera, hospitalaria, educativa, de telecomunicaciones, por citar algunos puntos prioritarios para la población.

En un par de semanas, en cuanto queden renovadas ambas cámaras del Congreso de la Unión, comenzarán la negoción del presupuesto para el ejercicio el 2019 y con ello la distribución del pago de servicios personales y gasto corriente, que de seguir con la inercia que ha mantenido el reparto de la bolsa en los últimos años, de cada peso 45 centavos se irán para este rubro; mientras que para el pago de la deuda y subsidio de los estados de la República destinarán 28 centavos y el resto para inversión pública.

Los equipos de transición sostuvieron una reunión importante y para algunos inédita, en la que por cierto estuvieron el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y a partir de estos acuerdos comenzará el rediseño de las políticas públicas, la Administración federal, los cambios de nombre de programas sociales, los ahorros y la planeación de obra que será prioritaria para la Presidencia a partir del 1 de diciembre.

En Coahuila, los legisladores federales estarán en la negociación del presupuesto para el año entrante, que sin duda incluirá el desarrollo de obra hospitalaria y carretera, además de construcción de tramos de drenaje pluvial en ciudades como Saltillo y Torreón, donde las lluvias desquician el tráfico vehicular y ponen en riesgo a ciudadanos.

Una obra que fue promesa de campaña y que en mayo de 2012 se ofreció a los saltillenses, fue la construcción de un puente vehicular en la prolongación del bulevar Antonio Cárdenas (o Abasolo) y el Periférico Luis Echeverría, que nunca se concretó y que ahora es una sentida demanda para quienes viven o trabajan al sur de la ciudad, esto sin contar con la urgente ampliación de la carretera a Zacatecas en su tramo Saltillo-Derramadero.

Lo importante en el ejercicio presupuestal será la forma en la que se aplique y los mecanismos que sean utilizados para garantizar que cada peso destinado a la compra de medicinas para hospitales, a la construcción de un puente vehicular o al despliegue de programas sociales, lleguen realmente a la ciudadanía.

Erradicar las compras “a modo”, las licitaciones opacas, evitar las listas de beneficiarios que son afines a un grupo político, será el gran reto. La profesionalización de los servidores públicos y la transparencia valdrán más que la reducción de los sueldos o la desaparición de oficinas o dependencias públicas en el país.
15 Agosto 2018 04:08:00
Gasto municipal
En el Primer Informe Individual de Resultados 2017, la Auditoría Superior del Estado (ASE), en los Indicadores Básicos y de Gestión al Desempeño, documento que es público, analiza un punto importante en la administración de los recursos municipales en Coahuila. El equilibrio presupuestal es sin duda una parte fundamental en el ejercicio del gasto público que garantiza la regulación y el control del dinero municipal.

El equilibrio presupuestal es la igualdad entre el total de ingresos recaudados y el total de gastos.

La ASE menciona que es importante medir esta situación financiera, porque es una de las bases que garantiza tener finanzas sanas. Además, este indicador permite verificar y evitar incurrir en déficit, que ocurre cuando los egresos sobrepasan los ingresos.

Aunque esto no quiere decir que todo ingreso que llega a las arcas municipales deba ser gastado, porque es importante generar superávit, que puede ser destinado hacia una cuenta de efectivo y equivalentes para que el Municipio mantenga una disposición inmediata de efectivo, o bien, se utilicen para disminuir los pasivos circulantes que se tengan contratados.

El control del gasto municipal, la correcta regulación y supervisión de las finanzas evitarán endeudamiento a corto o mediano plazo. En total 17 ayuntamientos obtuvieron un superávit, cinco de ellos localizados en el parámetro alto. Saltillo y Torreón presentaron el mayor superávit en el ejercicio 2017, ambos municipios cambiaron de posición en comparación con el año anterior, en dicho ejercicio Torreón era el mejor evaluado.

Asimismo, dentro de este intervalo se encuentran los municipios de Monclova, Acuña y Frontera y dentro del rango superior al promedio se localiza Francisco I. Madero, el cual mejoró sus finanzas y por tanto, su liquidez.

Sin embargo, 21 municipios incurrieron en déficit, es decir, su gasto superó la cantidad de ingresos obtenidos, por lo que deben ajustar las finanzas para que el gasto disminuya y así contar con una liquidez para enfrentar sus obligaciones.

El control del gasto municipal, la regulación financiera en los 38 municipios, representa un nicho de oportunidad para revertir el endeudamiento en los ayuntamientos por falta de liquidez, principalmente hacia el cierre de las administraciones.

Es importante que los 38 alcaldes y alcaldesas conozcan a fondo la operación del presupuesto, con indicadores que incluyan el equilibrio presupuestal, la liquidez, autonomía y capacidad financiera, la inversión pública, por citar algunos rubros que seguramente serán tema en los eventos con autoridades municipales y estatales, que tendrán sede en Saltillo, este mismo fin de semana.
08 Agosto 2018 04:00:00
Poner orden
Escuchaba una entrevista con Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política, integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y miembro del Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas, en la que explicaba los objetivos del Sistema Nacional (SNA) y los sistemas locales Anticorrupción, y decía claramente que la urgencia es poner orden. Poner orden y establecer métodos de control en compras, asignaciones, gasto público, etcétera. Es decir, orden para revertir la problemática que ha dejado la corrupción no solamente en Coahuila, sino en el país.

Merino advierte que la articulación de estrategias entre las dependencias encargadas de fiscalizar y vigilar que los impuestos se gasten conforme a lo planeado y bajo un esquema de legalidad es lo esencial. Para Merino, el orden comienza en el trabajo conjunto entre los integrantes del Comité Coordinador que encabeza el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y del que forman parte el Consejo de la Judicatura, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Recordemos que las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicadas en julio de 2016, han sido la de dar forma, a partir de lo planteado en la Constitución Mexicana, al SNA. Es un diseño normativo complejo, pues la coordinación entre instituciones está en el centro del propio sistema.

Entre las líneas de acción que incluso, resalta Mauricio Merino en su ensayo: Opacidad y Corrupción: las Huellas de la Captura, está la creación del SNA, como una instancia de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Además, entre las líneas de acción del SNA y los sistemas locales, está la concentración de capacidad de investigar y sustanciar las faltas administrativas en las áreas de control interno, llevando a los tribunales de justicia administrativa la atribución de conocer y resolver casos de corrupción, así como aumentar las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado e incrementar la vigilancia sobre los servidores públicos en una ruta de incrementar sanciones por delitos de corrupción y la obligación de presentar declaración patrimonial en el formato que, por cierto, está por definir el SNA y que replicarán los estados.

La única vía para atajar la corrupción es llevar a las instancias públicas al ideal de la “caja de cristal”, bajo principios de máxima transparencia, rendición y control del gasto, en aspectos que incluyen desde la designación de funcionarios, hasta la sanción por sus acciones pasando por el examen minucioso en la toma de decisiones y el manejo del dinero público.
01 Agosto 2018 04:00:00
Contratos de obra pública
México, y Coahuila obviamente, requieren de una profunda regulación de inversión en obra pública, desde la planificación, la justificación, el promedio de gasto anual en esta materia, la medición de niveles de cumplimiento del programa de obra y esquemas de contratación que garanticen la transparencia y aplicación real del gasto en este rubro. Y habría que añadir la vigilancia en la asignación de contratos para erradicar las asignaciones “a modo”.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en México, los estados realizan obra pública con una planeación y seguimiento deficientes, lo que deriva en una discrepancia evidente entre lo presupuestado anualmente y lo ejercido en obra e infraestructura.

En un estudio realizado por el Imco, en el 2016 cinco entidades de la República excedieron su presupuesto en más del 100%, mientras que siete entidades recortaron su gasto en más del 50%, entre este último grupo está Coahuila.

El Índice Legal de Obra Pública que generó el Imco tiene 24 indicadores que se desagregan en 144 criterios para regular el desarrollo de obra pública en los estados. Criterios como libre competencia y no hacer “trajes a la medida”; autorización de recursos para proyectos planeados y necesarios; compras sujetas a un procedimiento de auditoría; contemplar sanciones y aplicarlas contra quien o quienes incurran en actos ilegales durante el proceso, por ejemplo, de asignación de contrato, incluyendo a servidores públicos y particulares y claro está, procedimientos abiertos y bajo el esquema de máxima publicidad.

Uno de los estados evaluados fue Coahuila. Entre lo que el Imco llama “las malas prácticas” detectadas en la adquisición de obra, sobresale la falta del reglamento de la Ley de Obra estatal, lo que propicia una regulación poco eficiente en esta materia, evidenciando que tampoco se tiene un estudio del mercado previo al concurso de obra, ni se incorporan prácticas que generen competencia, por lo que sin leyes claras y completas, siempre habrá espacio para la discrecionalidad en la asignación de contratos en este tipo de inversiones que se hacen con dinero público.

Sin embargo, Coahuila tiene algunos avances, como el uso de medios electrónicos para desarrollar procedimientos, lo que favorece la transparencia, evita la interacción entre los que están concursando por la inversión y hace más sencillos los procesos de auditoría.

En resumen: urge mayor rigor en la planeación y asignación de contratos de obra pública en la entidad. Imco concluye la ficha técnica del análisis en Coahuila (2016), que prevalece la opacidad, la falta de documentos de soporte y el desfase entre lo presupuestado para infraestructura y la inversión asignada para este rubro.
25 Julio 2018 04:00:00
El reclamo es generalizado
Para expertos e integrantes de la sociedad civil, el Sistema Nacional Anticorrupción debería tener ajustes importantes en su integración, como lo es la inclusión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de la Comisión Nacional Bancaria en el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno del Sistema Nacional.

Es lo que llaman la Reforma 2.0, que serviría para modificar incluso los alcances de las decisiones que se toman en cada reunión del Comité Coordinador, del que forman parte, en el caso del nacional, la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia y el Tribunal de Justicia Administrativa. Son siete entidades vinculadas para garantizar la prevención, detección y sanción de la corrupción en un esquema que se replica en los estados.

Esta Reforma 2.0 podría permitir que además del SAT y de la Comisión Nacional Bancaria, en el Comité Coordinador se incluyan actores que permitan la regulación y transparencia de operaciones en el Registro Público de la Propiedad, el Registro Mercantil y otras instancias que, al igual que en Coahuila, han sido señaladas por grupos de abogados como áreas susceptibles y de alta prevalencia de hechos de corrupción.

El mapa o atlas de riesgo está en proceso y es un trabajo del que también conoce Usaid, que ha estado trabajando en Coahuila con los integrantes del Comité Coordinador. El mapeo permitirá tener estos datos para focalizar las acciones y erradicar estos ilícitos en oficinas o entidades públicas donde las quejas están a la orden del día.

En Coahuila, el 5 de octubre de 2017, rindió protesta el Primer Consejo de Participación Ciudadana y, posterior a la designación de la secretaria técnica, iniciaron los trabajos de planeación y el trazo de la ruta del Sistema Estatal Anticorrupción, desde donde se han impulsado propuestas de políticas públicas para la designación de titulares de órganos internos de control en entidades descentralizadas, que permitirá dar certeza a los nombramientos de contralores.

La participación de agrupaciones de la sociedad civil es importante para la toma de decisiones en el propio sistema estatal. El trabajo y sus propuestas han llegado al Comité Coordinador, donde los integrantes han conocido los detalles de esta exigencia y las iniciativas de los grupos de la sociedad civil.

El reclamo es generalizado: la corrupción debe castigarse en Coahuila, la desarticulación de las redes de corrupción es uno de los temas torales para el Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila.
18 Julio 2018 04:00:00
Ajustes en la política anticorrupción
La participación ciudadana es la pieza toral de los sistemas locales anticorrupción y para la implementación de estrategias que detecten, prevengan y sancionen los actos de deshonestidad no solamente entre servidores públicos, sino también en acciones que involucran al sector empresarial, como lo han considerado especialistas que impulsaron la creación del SNA.

El lunes 16 de julio de 2018, en un conversatorio organizado por Felipe de Jesús Coria Quiñones, presidente entrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Durango, uno de los temas en los que coincidimos integrantes de consejos ciudadanos de entidades como Puebla, Durango, Zacatecas y Coahuila es el cambio de planes anticorrupción desde el Sistema Nacional, que buscará quien podría ser la nueva secretaria de la Función Pública en el país, Irma Eréndira Sandoval, y quien tendría una posición en el Comité Coordinador y Órgano de Gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Esto porque al “ajustar” el esquema con el que ya opera poco más de una veintena de entidades que tienen consejos de Participación Ciudadana, se iniciará un cambio sustancial que nadie está seguro de cómo impactaría en la metodología, los planes, la generación del mapa de riesgo, de la política anticorrupción, las formas de selección de los CPC, entre otros puntos que son dignos de un profundo análisis.

Si bien hay estados donde no se tienen homologadas las leyes y tampoco se ha integrado el sistema anticorrupción, incluyendo la designación del fiscal especializado o magistrados en materia de justicia administrativa, en donde se tiene este avance hay marcada incertidumbre desde la visión de los CPC, sobre lo que pasará a partir del 1 de diciembre.

Otro de los asuntos planteados en el segundo conversatorio a iniciativa de integrantes de consejos de participación en el país, y este lunes luego de la toma de protesta de Felipe de Jesús Coria como presidente del CPC de Durango, es la vinculación entre las secretarías técnicas –en los estados donde ya opera el sistema completo– y los consejos o comités de participación ciudadana, frente a conflictos o fricciones internas que han trascendido en algunos estados y que limitan el avance coordinado en el desarrollo de políticas públicas, mecanismos de control o plataformas que ayuden al ciudadano a denunciar hechos que considera pueden ser actos de corrupción en cualquiera de los niveles del servicio público.

Estos encuentros vis a vis permiten a los consejeros ampliar su visión de lo que están haciendo en sus estados, y evidentemente facilitan el intercambio de experiencias y de preocupaciones, porque las discusiones así, cara a cara, son el mejor termómetro para saber si lo que se ha hecho hasta ahora en Coahuila está en la ruta correcta.
11 Julio 2018 04:00:00
Fiscalía contra la impunidad
En las propuestas registradas ante la instancia electoral federal por parte de la coalición Juntos Haremos Historia, abanderada por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anticipa la terna de quienes podrían ocupar el cargo de fiscal Anticorrupción y cuyo nombramiento deberá ser avalado por las dos terceras partes del Senado de la República, pero sin involucrar a la sociedad civil, asunto que ha generado incertidumbre entre los grupos organizados e incluso, entre algunos integrantes del Comité de Participación Ciudadana nacional y en los estados.

En 81 páginas, el documento que fija el Proyecto de Nación, menciona que actualmente la Constitución faculta a la Fiscalía General de la República para nombrar a los titulares de las fiscalías especializadas para delitos electorales y de combate a la corrupción.

Sin embargo, López Obrador ha dado a conocer la terna para las fiscalías especializadas y para Fiscalía General, aunque aún están pendientes los cambios a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que requiere definir temas como el centro, el modelo de investigación criminal, la profesionalización de sus servidores, así como la previsión de controles y contrapesos.

La terna con los perfiles que hasta ahora se manejan para ser sometidos al escrutinio de la Cámara alta y a propuesta del presidente electo, menciona a María de la Luz Mijangos, quien se ha desempeñado como integrante de la Contaduría Mayor de Hacienda en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ha sido directora de la Unidad de Enlace en la Cámara de Diputados y fue subdirectora jurídica de la Lotería Nacional, así como asesora del Consejo General del INE. Por cierto, Mijangos estuvo en Saltillo hace unos días, en el Primer Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia.

También se da a conocer el nombre de Diana Álvarez Maury, catedrática con más de 15 años de experiencia en la impartición de clases en universidades del país y consultora jurídica independiente.

Y Ricardo Peralta Saucedo, quien participó el año pasado en el proceso de selección y como aspirante a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, ha sido secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, fue agente del Ministerio Público y director de Operaciones Policía Ministerial del Estado de México.

La terna está configurada. Aquí lo importante, es que alguno de estos perfiles garantice imparcialidad, apartidismo, autonomía, profesionalismo y solvencia técnica, además de mostrar capacidades para adoptar esquemas locales e internacionales, que permitan transitar hacia a la erradicación de la impunidad en casos de corrupción, en cualquiera de los niveles de Gobierno, la sociedad e iniciativa privada.
04 Julio 2018 04:00:00
Refundar los partidos
Los resultados electorales del 1 de julio dejaron en claro dos cosas: la muy amplia participación ciudadana y la necesidad de reflexionar sobre la configuración de los partidos políticos, en su aporte a la democracia del país.

En Coahuila, poco más de seis de cada 10 ciudadanos, acudieron a las urnas para ejercer este derecho constitucional. La movilización durante la jornada inició desde temprano y el conteo de votos transcurrió sin contratiempos en la entidad. Atrás quedó el fantasma de las confusas y abrumadoras actas de escrutinio y cómputo que debieron llenar los integrantes de las mesas receptoras de votos, en la elección de 2017.

El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Coahuila dieron cuenta de los primeros resultados que advertían de la sobresaliente participación de los votantes y fueron difundiendo los resultados de una elección que reflejó lo que las mayorías quieren: un cambio.

La estructura de los partidos tradicionales, los que durante décadas llevaron mayoría de votos, los que habían gobernado esta entidad, no alcanzó los niveles esperados y la gente decidió por nuevas tendencias, nuevos perfiles. Quizá fue la inercia de la candidatura presidencial en la figura de Andrés Manuel López Obrador, quizá el desgaste de las propuestas que aparecieron en las boletas, o quizá los ideales partidistas que ya no cumplen con la expectativa del electorado.

En su Artículo 41, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los partidos políticos son entidades de interés público y que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos...”

Agrega que la ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, es decir, garantiza el acceso al financiamiento público, a la entrega de prerrogativas.

La refundación de partidos será, sin duda, un tema de análisis de las agrupaciones políticas que mantienen registro nacional o local. La ciudadanía ya decidió por el cambio y eso amerita una reflexión profunda al interior de los partidos, de sus perfiles, de su forma de hacer política, de la necesidad de incluir nuevas propuestas, de atender a sectores que seguramente no han sido incluidos en las decisiones.

Los comicios del domingo pasado dejan importantes lecciones. No sólo del hartazgo del que tanto se habla por los malos manejos del recurso público, la impunidad, la pobreza, etcétera, porque la ciudadanía fue más allá, se organizó y participó para ser tomada en cuenta en la estrategia de gobierno que requiere este país.
27 Junio 2018 04:00:00
¿Controlar o erradicar la corrupción?
Durante el cierre del diplomado Ética Pública y Corrupción, que se desarrolló en Saltillo, Eduardo Bohórquez, desde 1999 director de Transparencia Mexicana capítulo México, habló de la manera en la que se puede medir qué tanto ha avanzado el sistema anticorrupción en el país y en los estados. Y la respuesta fue que la medición se hará con base en el desmantelamiento de las redes de corrupción en escándalos como Odebrecht, la “casa blanca” o “La Estafa Maestra”.

Bohórquez, quien es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, dejó en claro que es necesario debilitar la red de protección para actuar contra quienes son parte de los nodos de poder que se encubren para seguir desviando recursos públicos o incurriendo en actos que dañan a los ciudadanos, porque finalmente, cuando se viene abajo un puente vial o un hospital no funciona como estaba planeado debido a la falta de recursos por el desfalco al erario, se afecta directamente a la comunidad.

La discusión de la reparación del daño causado al presupuesto o la recuperación de activos son temas para someterse a discusión en las legislaciones locales. Bohórquez dijo el viernes pasado que la multa o sanción administrativa contra quienes hacen mal uso del dinero público no evita que sigan incurriendo en actos de corrupción. Un sistema anticorrupción es aquel que es capaz de detectar y desmantelar redes de corrupción, como sería si realmente se procede, por ejemplo, contra quien o quienes estuvieron involucrados en asuntos que marcan la agenda nacional como Odebrecht. Es ahí donde se verá el avance.

Pero ¿cómo se eligen los casos a investigar en las entidades o el país? Eduardo Bohórquez fue enfático al decir que los casos de corrupción escogen a los propios sistemas. No se trata de investigar solamente los escándalos, a los exgobernadores, empresarios, servidores públicos o tener expedientes de grandes volúmenes e indagatorias, porque lo importante es detectar e inhibir los casos de corrupción a cualquier nivel. Los delitos financieros deberían ser prioritarios en las investigaciones relacionadas con daño al patrimonio público. Entender los delitos económicos y los alcances de la investigación penal es una de las agendas más importantes en anticorrupción.

Eduardo Bohórquez viajó exclusivamente para el cierre de este diplomado y reiteró que los actores involucrados en redes de corrupción son difíciles de detectar y de descubrir porque se protegen de cualquier sospecha. Siempre habrá un agente público y uno privado para consumar un acto ilegal que afecte al recurso público, no es un burócrata involucrado en este tipo de hechos, porque empresas, notarios, fiscalistas o administradores suelen estar entre las profesiones que facilitan los nodos de los que habló Bohórquez en Saltillo.
20 Junio 2018 04:00:00
Bienes públicos,  beneficio privado
Uno de los temas que abordaron integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas en la presentación de la propuesta de Política Nacional Anticorrupción, que a principios de semana fue entregada al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, sugiere abrir a debate cómo se enfrentará el problema de la corrupción en el país.

Mauricio Merino, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), y Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, hablaron de temas que son cruciales para prevenir, detectar y sancionar los hechos ilegales que involucran actos de deshonestidad de servidores públicos, profesionistas, particulares, ciudadanos y empresarios.

El documento proyecta acciones que deben ser vistas como una política de Estado, con capacidad de modificar comportamientos institucionales en el país desde los tres niveles de Gobierno, con objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo. Además, debe incluir mecanismos de medición que permitan la corrección de acciones, en una estrategia coordinada y que ayude a la adecuada implementación de una política, en el ámbito nacional y para los sistemas locales.

Uno de los puntos de esta propuesta hecha por académicos y activistas es la profesionalización de quienes ocupan un cargo público en el país, en los estados y municipios, porque se trata de una ruta para la generación de capacidades de quienes acceden al servicio público y erradicar las relaciones o compadrazgos que dañan la figura del burócrata.

Otro de los ejes de la Política Nacional Anticorrupción que será parte del debate nacional, busca evitar la llamada corrupción de ventanilla, por medio de incentivos que desanimen la opacidad e impulsen la mejora de procesos.

Erradicar la impunidad y aquellos casos de corrupción que sean detectados sean efectivamente sancionados, es otro de los elementos que contiene la propuesta enviada por la Red por la Rendición de Cuentas al CPC Nacional.

Los académicos y activistas sugieren identificar y desarticular las redes de corrupción a través de las modificaciones normativas, además de propiciar el efectivo control de los procesos donde existe prevalencia de actos de corrupción en las actividades del servicio público y en su relación con el sector empresarial, con ciudadanos o profesionistas.

La propuesta tiene puntos sobresalientes, que, sin duda, marcarán la agenda del Sistema Nacional y de los sistemas locales, porque hay temas de coincidencia que lastiman no solo la calidad de vida de los habitantes, sino que afectan al erario. Llevará años, varios años, lograr avances tangibles y comenzar a revertir y erradicar las redes de corrupción.
13 Junio 2018 04:00:00
Testigos y denunciantes
El Instituto Nacional Electoral (INE) cerró el registro para ciudadanos que sin tener militancia partidista y bajo un esquema de total independencia, o perteneciendo a una cámara empresarial o agrupación de la sociedad civil, participarán como observadores electorales el próximo 1 de julio.

En la entidad, hasta este lunes se hablaba de más de 600 personas inscritas, incluyendo a representantes de grupos empresariales y sectores como la Alianza Cívica de Coahuila, que llenaron solicitudes, entregaron al INE copias fotostáticas de la credencial para votar y atendieron la capacitación en la que se aclaran las dudas de los interesados en ser parte de este ejercicio democrático.

En este intercambio de ideas y preguntas, se dice qué puede y qué no debe hacer un observador electoral porque, entre otras funciones, podrá seguir de cerca el desarrollo de la jornada comicial, tener acceso al conteo de votos y a las sesiones posteriores a la votación. Aunque entre las facultades del observador electoral, como ocurre para cualquier ciudadano, está la posibilidad de denunciar irregularidades durante la votación, en caso de que se presenten hechos de este tipo.

Arturo Cárdenas Román, vocal de Capacitación en la Junta Local del INE, es quien está al frente del despliegue que involucra horas de orientación para quienes, sin otro fin más que ser testigos de un proceso de elección, estarán siendo parte del grupo de observadores ciudadanos.

No hay ningún otro incentivo más que estar ahí en las casillas, en las juntas distritales o municipales. No hay uniformes, ni diplomas por participar, habrá solamente una acreditación que el observador deberá portar el domingo 1 de julio, cuando el país elija a quien gobernará la República Mexicana los próximos seis años.

Importantes lecciones dejó para las autoridades electorales lo ocurrido y los rezagos en el conteo de votos durante la elección local del 4 de junio de 2017, cuando la complejidad del acta de escrutinio y cómputo de votos, las combinaciones para el reparto de sufragios y otros elementos, trastocaron la función del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y evidenciaron la compleja carga de trabajo endosada a los integrantes de las mesas receptoras de votos.

En estos años de periodismo he participado en la cobertura informativa de elecciones. Esta será una ocasión en la que siga los comicios como observadora y como yo hay decenas de personas interesadas, en lo que ocurra en esta jornada, las incidencias, los votantes, la organización, el conteo, y principalmente en el nivel de participación que alcance un proceso plagado de incidentes graves, la muerte de candidatos, de declinaciones, denostaciones y escasas propuestas.
06 Junio 2018 04:00:00
Retos y definiciones
En la conferencia Retos de los Sistemas Locales Anticorrupción, en el Primer Encuentro de Sistemas Locales Anticorrupción, uno de los temas fue la urgente definición del Plan Nacional Anticorrupción, así como la protección a denunciantes en una estrategia que permitirá a los sistemas estatales la recepción de documentación o quejas de quienes alertan sobre posibles actos de corrupción en oficinas públicas o instancias gubernamentales.

Un asunto por demás sobresaliente en la ponencia que dictó el especialista en temas de anticorrupción y transparencia, además de fundador de Sonora Ciudadana, A.C., Guillermo Noriega Esparza, fue la definición de una estrategia para encaminar acciones que ayuden a erradicar las prácticas deshonestas en la sociedad, gobierno y empresas.

Noriega habló también de lo que seguramente será parte de la agenda en la Red Nacional de Consejeros Locales del Sistema Anticorrupción, de establecer una política de comunicación homogénea para informar con claridad sobre los alcances y metas en el combate a la corrupción, de la ley y las facultades de los integrantes del Comité Coordinador, del CPC y de la Comisión Ejecutiva. Cada uno con planes específicos y objetivos de trabajo que van en la misma ruta. Eso, insistió Noriega, es lo que se tiene que explicar, decir una y otra vez, acudir con grupos, porque finalmente la vinculación es una parte fundamental del Consejo de Participación Ciudadana, que a través de su presidencia, armoniza el trabajo de los y las integrantes del Comité Coordinador.

Es una estructura compleja, que comienza a implementarse en los estados. Coahuila, Puebla, Jalisco, Sonora, Estado de México, Durango, son de los más avanzados en la estructuración y el despliegue de lo que marca la ley, para la consolidación de los sistemas locales anticorrupción. Los resultados no se verán en uno, dos o tres meses. El propio Noriega en esta ponencia habló de eso. De los primeros logros, de estados que no han logrado instalar su Consejo de Participación, de entidades donde definitivamente hay intereses muy particulares que impiden que el Sistema Anticorrupción comience a desplegar acciones, mecanismos y una estructura que logre amalgamar esfuerzos de las instancias involucradas en la prevención, detección y sanción de hechos ilegales en el manejo de recursos públicos.

Guillermo Noriega cerró la charla con un punto clave en el trabajo y el avance de los sistemas locales, como la protección a los denunciantes, en lo que los especialistas llaman “whistleblower”, en un esquema que garantice a quienes señalen hechos de corrupción, total discrecionalidad y garantías para evitar que sean blanco de represalias o acciones en su contra, por decir la verdad.
30 Mayo 2018 04:00:00
31 de mayo, límite del plazo
Mañana vence el plazo para que servidores públicos presenten su declaración fiscal y de conflicto de intereses, en el formato que actualmente se tiene y cuyas características no permiten un monitoreo real de ingresos o riquezas de funcionarios estatales o municipales.

La exigencia ciudadana ha llevado a plantear un nuevo esquema de datos que aparezcan en las declaraciones y que a decir del propio Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, conviene que siga el formato de la #3de3, muy parecido a lo que exige el Imco para publicar en su plataforma.

Este año, no habrá cambios en el formato que se hace público en la página de la Secretaría de Fiscalización en Coahuila, en el sitio declaranet.coahuila, porque el Sistema Nacional Anticorrupción, que de acuerdo con la ley tiene a su cargo el diseño de los nuevos formatos, no ha logrado consensos para impulsar esta política y otras, que estarían en el Plan Nacional Anticorrupción. Por lo que la #3de3 en las declaraciones de los servidores públicos de Coahuila no será una realidad, al menos en este año.

Es importante que, como lo han dicho consejeros nacionales, como la propia Irene Levy, catedrática de la Universidad Iberoamericana e integrante del CPC Nacional, hay que preguntarse también hasta dónde es posible hacer públicos datos patrimoniales o que involucran información de propiedades, fincas, cuentas bancarias, autos, etcétera de los familiares más cercanos de cada uno de los servidores públicos en el país, ya no digamos sólo en Coahuila.

Pero en la entidad, en el Artículo Décimo del Decreto que reformó diversas leyes locales como la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y cuatro legislaciones más, señala que la Secretaría de Fiscalización seguirá facultada para realizar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los municipios de la entidad, hasta en tanto el Sistema Nacional Anticorrupción emita los formatos para la presentación de las declaraciones patrimoniales y se realicen las modificaciones a sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Los tiempos rebasaron al Sistema Nacional que no logró acuerdos con académicos, el INAI, las organizaciones, etcétera, para generar un formato único nacional que permita prevenir casos de enriquecimiento inexplicable, como los que han marcado la agenda previa a los comicios del 1 de julio. No hay que perder de vista que la presentación de la declaración anual es una obligación, y que desde ayer la página de la Secretaría de Fiscalización daba un reporte en tiempo real de funcionarios, principalmente del Congreso, Fiscalía y Tribunal, que seguían incumpliendo con esta obligación.
23 Mayo 2018 04:00:00
¿Quién con autoridad moral?
Algunas veces se ha preguntado: ¿quién tiene autoridad moral para señalar tal o cual acontecimiento en una sociedad?

Roberto Newell, economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), hablaba de un tema por demás interesante y relacionado a la ética, honestidad y la moral, si se toma en cuenta que hoy en día estos conceptos han marcado la agenda pública en las entidades del país, y decía que las empresas más grandes y poderosas, refiriéndose a México por supuesto, tienen la obligación de negarse a mantener relaciones económicas y políticas con cualquier Gobierno federal, estatal o local, que esté implicado en prácticas corruptas. Lo que de alguna forma comenzaría a permear en la restricción de compras directas o sin licitación, tan cuestionadas en cualquier nivel de autoridad del que se hable.

La solvencia moral tiene su origen en cuestiones de carácter religioso, de valores, creencias, de ideales e, incluso, en prácticas juramentadas que acostumbran algunos segmentos de la población.

La moral es el respaldo que –por su trayectoria, trabajo, aporte a la sociedad o a la familia, la congruencia, pues –tiene cualquier persona para cuestionar la función, ya sea quienes laboran para el Gobierno, la academia, los grupos sociales, las empresas, sindicatos, comercios, por citar algunos ejemplos.

En el Diplomado Ética Pública y Corrupción, impulsado desde el Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila y que este fin de semana completará su quinta sesión, uno de los temas fue Conflicto de Intereses en el Sector Público y el Privado, donde el análisis principal era precisamente la ética y el compromiso de quienes forman parte del servicio público, los ciudadanos, empresarios y quien forme parte de una sociedad, incluyendo claro, a las compañías que son parte de la lista de proveedores de los tres niveles de autoridad.

Una frase que resaltó en las ponencias y que resume bien este asunto de la solvencia moral para decir qué está bien y qué no, es que “no todos los conflictos de intereses son actos de corrupción, ni que detrás de todo acto de corrupción, hay un conflicto de intereses”.

En la discusión de esta postura, y dentro del mismo diplomado impartido en la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), se concluyó que la mayoría, sino es que todas las personas, tienen intereses relacionados a la carga cultural, de valores, amistades, afiliación partidista, religiosa, laboral, familiar, etcétera, lo que finalmente determina la tendencia que se tiene en la toma de decisiones, en determinar qué es ético y qué no es moralmente correcto hacer en cualquier ámbito. De ahí la pregunta: ¿Quién con autoridad moral?
16 Mayo 2018 04:00:00
‘No le pegué, solamente la empujé’
La violencia intrafamiliar es un problema serio en Coahuila. Los agravios contra las mujeres y niños crecen en un ambiente de normalización social, a veces por vergüenza o temor al “qué dirán” o por dependencia económica y amenazas del agresor que regularmente es el compañero de vida, el esposo o pareja sentimental de quien soporta las agresiones físicas, verbales o económicas.

En una información recientemente publicada en Periódico Zócalo, el periodista Luis Durón habló del incremento en la petición de órdenes de restricción de madres de familia que son agredidas físicamente por su esposo o pareja, regularmente en el interior del domicilio, en actos extremos que atestiguan los hijos en medio de la impotencia de no saber qué hacer, o a quién pedir ayuda para controlar la situación y que la violencia pare de una vez por todas.

La publicación revela además, que durante 2017 se emitieron tres mil 544 medidas de protección para mujeres víctimas de la violencia y de acuerdo con datos del Centro de Empoderamiento y Justicia para las Mujeres, en el primer bimestre de 2018 se emitieron 382 órdenes de restricción para mujeres en la entidad.

La función de los efectivos municipales, que son la autoridad de primer contacto en caso de emergencia o cuando una mujer pide apoyo ante la situación de violenta intrafamiliar, juegan un papel importante a la hora de la detención o sometimiento del agresor. Porque la violencia que se denuncia, no puede ni debe quedar impune aunque existan intentos de persuasión para que se otorgue el perdón o tráfico de influencias para que no se ejercite acción penal contra el agresor.

En estos casos, la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres, Delitos Sexuales en contra de Niños, Niñas y Adolescentes está facultada para otorgar medidas de protección a la madre y los hijos por un periodo de 60 días a partir de la denuncia por lesiones presentada ante el Ministerio Público adscrito a esta oficina que depende de la Fiscalía General del Estado.

La violencia puede ser un factor detonante de la disolución del vínculo matrimonial. Con las modificaciones al Código Civil, aprobadas en 2013, se introduce la figura del divorcio incausado, que es un “procedimiento por el cual el divorcio pueda ser solicitado por uno o ambos cónyuges, sin necesidad de causal sino con la simple presentación de una solicitud y convenio ante el juez de lo familiar, quien lo validará y otorgará la fuerza de sentencia”.

se ha incrementado tanto el número de parejas que deciden concluir el vínculo matrimonial en la entidad, que los juzgados están saturados y, el divorcio ya no es tan “exprés” como se ofreció inicialmente y tampoco las modificaciones a la legislación no respaldan el patrimonio de la mujer.
09 Mayo 2018 04:00:00
Contraloría independiente
En el Primer Debate Ciudadano 2018, con los seis candidatos a la Alcaldía de Saltillo, en un ejercicio desplegado por el Consejo Cívico de las Instituciones de la Región Sureste de Coahuila y empresarios de Coparmex, uno de los temas que abordaron los abanderados fue el combate a la corrupción y la designación de una contraloría municipal independiente.

Además del rubro de la inseguridad y del abasto de agua potable en la capital de Coahuila, la construcción de una estrategia incluyente y ciudadana para dar certidumbre en la designación del contralor o contralora municipal, o que algunos incluso llamaron contralor independiente, fue parte de la agenda en el debate, que por cierto, se enmarcó en una dinámica creativa y diferente para generar preguntas e interacción con expertos y saltillenses.

En esta capital, como en la mayoría de los municipios del estado, prevalece la designación directa de los titulares de áreas como la contraloría, dedicada a la fiscalización y control del gasto público, lo que a decir de los especialistas, puede cambiar si se incluyen esquemas de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, o en la selección de ternas de aspirantes, por ejemplo.

Sin duda, la transparencia es una exigencia social generalizada. Lo mismo que la planeación del gasto público, desde una visión incluyente, que priorice el destino de los recursos y las necesidades de un municipio como Saltillo.

Empresarios, líderes de opinión, estudiantes e integrantes de organizaciones de la sociedad civil estuvieron ahí, en el Primer Debate Ciudadano. En un encuentro que permitió conocer la postura de los cinco hombres y una mujer que buscan ganar la elección del 1 de julio.

Afortunadamente el tema de la apertura en la toma de decisiones, la vigilancia del manejo financiero municipal, la inclusión de integrantes de la sociedad civil y la posibilidad de designar a un contralor independiente, están en la agenda de los candidatos en esta ciudad. Y es importante reconocerlo, porque finalmente es un avance para la erradicación de prácticas que afectan a las finanzas públicas, al destino de los impuestos.

La tendencia de una sociedad cada vez más informada y exigente, quizá en un segmento muy marcado, es ir rumbo a la inclusión de ideas y de participación a la hora de decidir qué se hará con el dinero público.

Claro está, que no a todos les interesa esta parte, hay a quienes evidentemente les preocupa más el solventar el gasto diario en sus familias, el sortear las fallas en los servicios o el pago de impuestos, y les da igual quien gane la elección.
02 Mayo 2018 04:00:00
No es opcional
Con las reformas recientes a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de Coahuila, crecieron las obligaciones de las entidades públicas y organismos autónomos con responsabilidad de enviar al Congreso del Estado, los avances de gestión financiera cada tres meses para la revisión por parte del órgano de fiscalización del Legislativo.

Ayer mismo y en su correspondencia, el Congreso de Coahuila publicaba el número y los nombres de las oficinas que ejercen recursos públicos y que cumplieron en tiempo con esta entrega, que agiliza la revisión del gasto en las dependencias y organismos estatales así como municipales en Coahuila.

De acuerdo al Artículo 3 de esta ley, un “informe de avance de gestión financiera, es el documento trimestral que, como parte integrante de la cuenta pública, rinden las entidades al Congreso sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados, a fin de que la Auditoría Superior fiscalice los ingresos y egresos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas”.

En este sentido, la presentación de los informes es un mecanismo crucial para que la Auditoría Superior del Estado pueda revisar el presupuesto ejercido en tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal en curso como lo menciona esta misma legislación que otorga facultades específicas al órgano de fiscalización del Congreso, donde más de un centenar de informes trimestrales llegaron en estos días previos al 30 de abril, fecha límite para este cumplimiento.

Las multas y amonestaciones por no entregar en el plazo marcado, el avance de gestión financiera pueden ir desde los 26 mil pesos, hasta los 88 mil 300 pesos, según lo señala la misma legislación, y los paga el representante o la representante del área que tiene o tenía la responsabilidad de entregar dicho documento al Legislativo.

Las multas por no entregar a tiempo este documento, o las amonestaciones a servidores públicos están a la vista y se han aplicado al menos a 13 servidores o excolaboradores del Gobierno, como se advierte en el Informe de Seguimiento de Resultados 2017, en sitio web
https://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/IS_2017(2S).pdf

De los procesos de fiscalización, han derivado sanciones, algunas pendientes de aplicar, otras que están sin seguimiento por parte de las contralorías internas o que simplemente han quedado en apercibimientos públicos o privados.

El objetivo principal para la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de Coahuila es la vigilancia del gasto público. Que el presupuesto proyectado para cada programa u obra pública, se aplique conforme a lo previsto en cada año fiscal, además de generar esquemas de prevención de actos ilegales que puedan representan un quebranto al erario.
25 Abril 2018 04:00:00
La #3de3 en el debate
En el postdebate, la rendición de cuentas y la presentación de la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses fue marcando la pauta en los discursos de los presidenciables en las últimas horas.

La iniciativa ciudadana #3de3 en su sitio web 3de3.mx impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (que es un centro de investigaciones apartidista y sin fines de lucro que actúa con base en evidencia para resolver desafíos importantes de México), así como por la agrupación civil Transparencia Mexicana (dedicada al combate a la corrupción en el país), permitió darle certeza a los asuntos que abordaron los cinco candidatos a la Presidencia, durante el ejercicio democrático del domingo pasado.

El lunes por la tarde, escuchábamos como el tema de las propiedades de Andrés Manuel López Obrador se convertían en un punto toral del mensaje a los electores y en la tajada política del candidato Meade. Los departamentos no reportados supuestamente en la #3de3 del tabasqueño, le permitieron a los políticos seguir con la pugna en los efectos del primer debate organizado por el INE.

La rendición de cuentas es una obligación para cualquiera que accede o que aspira a un ingreso, dieta o sueldo que provenga del erario.

La iniciativa #3de3 en su escrupuloso formulario, demuestra que es un mecanismo confiable y que pone a la vista de todos, las pertenencias, empresas, automóviles, obras de arte, el estado que guarda el pago de impuestos fiscales o el conflicto de intereses en el que puede incurrir un servidor público, al poseer una empresa constructora, un corporativo, un despacho de asesores o ser proveedor del estado o la entidad pública a la que desea acceder.

De ahí la importancia de adoptar esquemas de declaración patrimonial como la impulsada por el IMCO y Transparencia Mexicana, plataformas a las que por cierto, han accedido cinco de los candidatos a una senaduría o diputación federal por Coahuila.

Jericó Abramo Masso, Guillermo Anaya Llamas, Verónica Martínez García, Ricardo Aguirre Gutiérrez y Fernando Purón son quienes hasta ayer habían puesto a la vista de los electores, sus declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal.

La transparencia y la rendición de cuentas es un sentido reclamo de la sociedad. La opacidad en el gasto público solapó muchos de los actos de corrupción que actualmente están en la agenda pública de Coahuila y que desgraciadamente, siguen en la impunidad.

El formato para la nueva declaración patrimonial de servidores públicos está en los pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyos alcances incluirán detalles de las propiedades y datos que funcionarios deberán publicar para medir o advertir si en el tiempo de su encargo, existe enriquecimiento ilícito.
18 Abril 2018 04:00:00
Evasión al fisco y #PanamaPapers
Cuando cubre el gasto de la consulta del médico particular, ¿le acepta tarjeta de débito o crédito? Si su respuesta es no, considere que su doctor podría estar incurriendo en omisión de pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria, el SAT.

Uno de los principales controles de la Secretaría de Hacienda y que incluso puede retribuir en un mayor porcentaje de devoluciones a quienes declaran impuestos anuales es el pago de servicios profesionales a través de transferencias electrónicas.

Es común que algunos médicos, principalmente dentistas, sicólogos, cardiólogos o nutriólogos, realicen operaciones sin emitir facturas a sus clientes, o para cubrir el requisito entregan comprobantes, pero a nombre del colega con el que comparten consultorio, precisamente para evadir al fisco.

Datos del SAT advierten que aproximadamente 290 mil médicos o profesionistas del área de la salud están dados de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pero solamente la mitad cumple con la declaración anual que exigen las autoridades hacendarias y que para este segmento, por cierto, el plazo vence el último día de este mes.

Pese al desarrollo de esquemas como la generación del Certificado Fiscal Digital por Internet o la factura electrónica 3.3 que facilita al Servicio de Administración Tributaria para la detección de actividades ilícitas en tiempo real, la percepción es que no se actúa con la eficacia que quisieran los que cumplen con el pago de gravamen, contra empresas, negocios, comercios o brokers, que son los grandes evasores de impuestos en este país.

Los especialistas advierten que cualquier persona que utilice una cuenta bancaria, ya sea para el manejo de sus ahorros, un esquema de crédito o por medio de su nómina, será parte del sistema de fiscalización de Hacienda y por lo tanto, sometido a mecanismos de control por parte del SAT en este 2018.

Aunque ahora pretendan imponer rigor en el SAT, siempre quedará la duda de la razón por la cual no se concluyen acciones enérgicas en medio de escándalos como el #PanamaPapers, que involucró a exfuncionarios municipales y empresarios locales que invertían –para no pagar impuestos en México– en países llamados paraísos fiscales.

La prevención, la sanción y detección de actos de corrupción tiene plena relación con la actuación de la Secretaría de Hacienda y los bancos en el país, que al momento detectan operaciones millonarias que pueden o no estar vinculadas con lavado de dinero, hechos ilegales o evasión al fisco. Pero tal parece que esa información solamente se utiliza con fines políticos, comerciales o quizá para impulsar escándalos mediáticos en México.
11 Abril 2018 04:00:00
Proveedores en la mira…
El Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), revela que siete de cada 10 compras que hace el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto no están licitadas o al menos no pasan por un esquema de comparación de precios y revisión de la calidad de los productos o servicios que justifiquen la compra.

En su más reciente medición, el IMCO señala que las oficinas donde el gasto es menos transparente, y que por lo tanto tiene mayores factores de riesgo de corrupción, son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el ISSSTE, el IMSS y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por el alto volumen o la cantidad de recursos que son erogados para la contratación de servicios o el pago a proveedores en las tan cuestionadas compras directas.

En este rubro, el de las compras directas o adjudicaciones que se necesitan por la emergencia en la prestación de servicios de salud regulados por el Estado, contingencias ambientales o la dotación de bienes que garanticen la satisfacción inmediata de una necesidad específica en la población, se requiere una revisión especial.

Los mecanismos de compra y la publicación del padrón de proveedores permiten dar alguna certeza del gasto hecho por ejemplo, en la contratación de obra pública, como lo es la construcción de puentes o calles en una ciudad, pero también está el abasto de medicamentos e insumos en hospitales, donde por la premura del medicamento requerido por menores enfermos de cáncer o pacientes diabéticos, sería difícil llevar por la ruta de la licitación este tipo de compras. Y es ahí donde está la parte sensible, si es que en realidad se busca imprimir rigor al tema.

Ante este escenario, el IMCO ha propuesto una nueva Ley de Adquisiciones para evitar que una o dos empresas sean las que regularmente se lleven la mayor parte de la inversión en obra, compras de medicinas o contratación de servicios en una entidad pública.

Sería necesario articular el uso de las tecnologías para la ubicación de las empresas que son proveedoras o prestadoras de servicios en la llamada georreferenciación, que para algunos académicos, esta parte no le ha aportado mucho a la operación transparente de las compras, pero por algo se empieza.

Además, la reforma a la ley en Coahuila incluye la presentación de documentos con fotografía de proveedores y sus apoderados legales, pero ¿quién o quiénes están cumpliendo con esta reforma?, pero también se estableció como requisito la participación de observadores externos, algo así como testigos sociales, para evitar precisamente compras “a modo” y los cuestionamientos a la autoridad por el tema de los proveedores.
04 Abril 2018 04:00:00
¡Aguas, esa nota es falsa!
La verificación de datos, notas y frases de la oferta política que se escuchará en los próximos meses y con miras a la elección del 1 de julio será un tema toral para activistas, agrupaciones, medios de comunicación y académicos involucrados en una iniciativa nacional que busca minimizar o revertir el impacto de las llamadas fake news.

Las noticias falsas incrementan la posibilidad de confundir a los electores en un periodo importante para el país, que incluye el análisis de propuestas de campaña de quienes buscan un cargo de elección popular, pero principalmente afecta la divulgación de ideas en redes sociales, cuyo alcance e inmediatez convierte a las fake news en un fenómeno que preocupa a las autoridades que están a cargo del proceso comicial, que se ve afectado por la andanada de imágenes alteradas, grabaciones editadas, videos comprometedores, usurpación de identidad y uso ilegal de datos personales, mensajes falsos en cadenas de WhatsApp o datos que llegan por medio de cuentas de correo no oficiales y documentos no auténticos que atrapan la atención de la opinión pública, a la que no se le expone la versión de la contraparte para garantizar el equilibrio de lo que se da a conocer.

Frente a una sociedad cada vez más informada, es importante esta parte, la de la revisión de notas o información que va surgiendo con mayor frecuencia desde cuentas en redes sociales que pueden ser simuladas o alteradas, replicadas únicamente para desvirtuar la realidad, por medio de mensajes que logran impactar o viralizar imágenes y datos que están fuera de la realidad.

La plataforma verificado.mx permite a los ciber-nautas acceder a datos y textos que son evaluados por una red de periodistas, activistas y agrupaciones en el país, que desde el pasado fin de semana intensificaron las tareas de investigación de información que va surgiendo de los discursos de candidatos, lo que se publica en las redes sociales y los videos que comienzan a circular en contra de tal o cual aspirante a un puesto de elección. La idea de esta iniciativa es también evitar que noticias falsas inunden el ciberespacio en las campañas electorales y que finalmente inhiban la participación del ciudadano en la próxima jornada de votaciones. Las fake news son parte del debate legislativo dividido por la delgada línea que separa la libertad de expresión y la información falsa capaz de alterar la vida personal de cualquiera que ingresa al ámbito público y en el sector privado. Verificado 2018 es una iniciativa interesante, de propuesta y alternativa frente a lo que veremos en los próximos días. Es deber de todos estar atentos a la información que nos llega, a revisar la certeza de los datos y decidir o formar cada uno nuestro propio criterio.
28 Marzo 2018 04:13:00
Carreteras Inseguras
Estos días, Grupo Zócalo y Radio Zócalo dieron seguimiento a episodios de violencia registrados en carreteras y tramos federales, en el comienzo del período de vacaciones de Semana Santa.

La estrategia de vigilancia no es la ideal o la que los viajeros esperan, principalmente cuando se trata de la presencia y el apoyo permanente de la Policía Federal, en su división Caminos. Más bien, a los elementos se les ve con mayor frecuencia sancionando, y con justa razón, a quienes utilizan las rutas de peaje como pistas de carreras.

La prioridad es la vigilancia en zonas como Tamaulipas, Nuevo León y la parte norte de Coahuila, pues se trata de vías de comunicación terrestre, que permiten el intercambio comercial o turístico de coahuilenses que buscan llegar a ciudades del sur de Texas, en los Estados Unidos.

La inseguridad, el riesgo de un asalto, un secuestro, o las amenazas y agresiones, son parte de los temores que sobresalen en la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG-2017), donde casi seis de cada 10 coahuilenses advierten que este problema, es su principal preocupación.

Los hechos más recientes y que además involucraron a funcionarios de Saltillo, ponen de manifiesto que en entidades vecinas se priorizaron asuntos políticos, antes que el blindaje de seguridad que exigen no solo neoloneses o tamaulipecos, sino también quienes utilizan las carreteras para llegar a los Estados Unidos.

Y otro tema que es importante considerar es que a unas horas de iniciar las campañas electorales rumbo al 1 de julio, es digno de análisis que rubros torales para la población se aborden con ideas políticas o de jurisdicciones y sin la coordinación necesaria para garantizar resultados.

Los medios de comunicación en Tamaulipas dieron cuenta de las declaraciones del gobernador de aquella entidad, quien respondió al mandatario interino de Nuevo León, sobre la alerta para evitar transitar por carreteras tamaulipecas. El litigio mediático no le abona a la consolidación de instituciones o a las acciones tendientes a revertir el índice de percepción de inseguridad que se tiene.

Valdría la pena reflexionar sobre la vigilancia en carreteras y la garantía de un viaje seguro, para no convertir un tema serio y preocupante, en un asunto de reflectores políticos. Ahí están los datos de la ENSIG-2017 y los estudios hechos por agrupaciones nacionales y activistas en observatorios de seguridad, que bien pueden abonarle a la solución de fondo del problema.

21 Marzo 2018 04:00:00
Dádivas y sobornos
La academia y el trabajo en temas relacionados con la detección, erradicación y combate de la corrupción en Coahuila, representan un aporte crucial para la generación de estrategias que inhiban la problemática que afecta a los coahuilenses.

Dentro del Coloquio de Economía Regional, el viernes 16 de marzo en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas (Cise) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en Saltillo, uno de los temas de tesis de nivel doctorado que se presentó en el Cise, fue la titulada Efectos de la Corrupción en la Economía Mexicana, en la autoría del maestro investigador David Franco Chichao.

El también excolaborador de legisladores federales la Cámara de Diputados lleva meses evaluando cifras y analizando datos en repositorios del INEGI y otras instancias que le han permitido cuantificar los costos y efectos que produce la corrupción en el crecimiento del país, pero especialmente en Coahuila.

Antes del mediodía, Chichao realizó una compactada presentación de su tema de tesis para obtener su doctorado en la ceremonia en la que estuvieron sus asesores Gustavo Félix (Cise), Rogelio Rendón (UAdeVeracruz) y Alenka Guzmán (UAM) quienes incluso hicieron algunas observaciones al trabajo que ha estado desplegando el investigador de la Autónoma de Coahuila.

Varias hipótesis son las que plantea Franco Chichao en este proyecto de tesis. Una, la hipótesis de Sanders, que dice que la corrupción hace que el Gobierno y particulares caminen en direcciones opuestas, afectando el destino de recursos que deberían invertirse en áreas prioritarias.

Y en efecto. Según la propia versión del investigador del Cise, está focalizada la prevalencia en la entrega de sobornos o dádivas para agilizar la entrega de documentos en áreas del Registro Civil, Tenencia de la Tierra, Registro Público de la Propiedad, procedimientos en el Infonavit, programación de citas médicas en el IMSS, ISSSTE o clínicas de acceso público, pago de impuestos como el de control vehicular, la inscripción a programas sociales o becas de manutención, la reconexión del servicio de agua o de la CFE, por citar algunos.

Pero también está el pago sobornos para acelerar el trámite de instalación de una empresa o de un negocio, de un bar o para abrir las puertas de un nuevo centro comercial.

Igualmente aparecen en este análisis de Franco Chichao, las dádivas para acceder a información privilegiada, e incluso para mantener relación cercana con los núcleos de poder, con los que deciden pues, el curso de la política en la entidad. De ahí que la academia represente una pieza fundamental en la consolidación del Sistema Anticorrupción en Coahuila.
14 Marzo 2018 04:00:00
Gafi: blanqueo de activos
El blanqueo de activos es un tema preocupante no únicamente en la esfera nacional, ya que también es un asunto que involucra a los gobiernos locales, y Coahuila no es la excepción.

De acuerdo con el último informe del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (Gafi) y con una medición internacional, en la que está incluido México, han sido pocos los resultados de la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la llamada ley “antilavado”, que fue publicada en octubre de 2012 y que tiene alcances en inversiones de particulares, evasión de impuestos, transferencias sin regulación y la creación de empresas “fachada”, pero que, en teoría, debería detectar la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT o de la PGR.

En 228 páginas y en un reporte conjunto, el Gafi y el Gobierno mexicano presentaron hace unos días los detalles de lo que este grupo intergubernamental encontró a partir de recomendaciones hechas a las autoridades federales y, claro está, a las entidades en este país. Incluso, el diputado federal Juan Romero Tenorio, la semana pasada retomó dicha incidencia durante una intervención desde la tribuna en San Lázaro.

Pero aquí es trascendente lo que dice el Gafi, que señala que con base en la cantidad de reportes de operaciones “inusuales” relacionados con el uso indebido de personas jurídicas, en 2013 el SAT detectó en el país a poco más de mil empresas “pantalla” o personas jurídicas que presentaron documentos falsos o inconsistentes, pero en el año 2016 los registros aumentaron a 12 mil 470 reportes de acciones aparentemente ilegales.

Esta cifra no aparece desglosada por estados, por eso sería difícil saber cuántos de estos reportes de actividades “inusuales” detectados por el SAT fueron ubicados en Coahuila. Lo que está a la vista de todos, y espero que no se vuelva un tema electoral o meramente político para acaparar reflectores, son las empresas fantasma, un asunto que está en la agenda de partidos de oposición y del propio partido en el poder, pero en donde lo importante será generar políticas de prevención, detección y sanción, como parte de los mecanismos de fondo que conduzcan a la erradicación de estas prácticas que propiciaron reportes extraordinarios del órgano de fiscalización del Legislativo, a finales del año pasado.

El sitio
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/comparecencia102016.pdf permite conocer las acciones iniciadas por la autoridad estatal para inhibir prácticas ilegales, como las reformas a la Ley de Adquisiciones en Coahuila, que endurecieron los requisitos para las compañías que aspiran a ser parte del padrón de proveedores. Creo que es un buen comienzo. Falta por hacer y es precisamente una parte que involucra directamente la participación y el activismo ciudadano.
07 Marzo 2018 04:00:00
Corrupción sin género
En la más reciente Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2015, las mujeres representan el segmento de la población que menos advierte, es víctima o participa en actos de corrupción, es decir, en entrega de dádivas, obsequios o de dinero a cambio de agilizar un trámite en una oficina de gobierno o para evadir sanciones y multas o para dar celeridad a la sentencia en un juicio familiar, por ejemplo.

De los mil 200 hogares coahuilenses donde se aplicó esta encuesta bianual y realizada por el Inegi, más de la mitad de los entrevistados fueron mujeres que dieron su punto de vista sobre la prevalencia de actos de corrupción y la mayoría de las participantes, minimizaron el problema, al considerar como prioritaria la atención gubernamental en otros rubros como el combate de la pobreza, servicios y empleo.

No obstante, entre más alto es el nivel académico o ingreso económico de las mujeres, es más común que ellas visibilicen y señalen prácticas irregulares en el servicio público, en juzgados, servicios educativos, entrega de becas, permisos para apertura de comercios o atención médica.

La Encig revela que casi tres de cada 10 hombres entrevistados que realizaron un trámite, pago, requirieron de un servicio o tuvieron contacto presencial con un servidor público, advirtieron una mala experiencia relacionada con temas de corrupción.

Pero la cifra es menor en el caso de las mujeres, donde menos de una de cada 10, argumentó haber sido víctima de actividades deshonestas en el sector público. Es decir, es baja la exposición de mujeres a temas relacionados con la corrupción, al menos no con la prevalencia que señalan los del sexo opuesto.

El año pasado, justamente por estas fechas, cerca del Día Internacional de la Mujer, la actual secretaria de la Función Pública federal, Arely Gómez González invitó a las mujeres del país a sumarse a una exigencia de cero tolerancia a la corrupción, para prevenir, señalar y sancionar actos que afectan a la población no sólo femenina, sino a las familias, a los niños, adultos y a la población en este país.

Sin excluir a los hombres, Arely Gómez propuso impulsar la ética como un compromiso no solamente en el servicio público, también entre la ciudadanía y llamó a los gobiernos a impulsar la inclusión de mujeres en espacios de toma de decisiones en instancias públicas, organizaciones de la sociedad civil y en el sector empresarial.

Es un buen inicio, si se quiere hablar en serio de los daños que deja la corrupción y que definitivamente altera los apoyos, programas y aportes que deberían de ir en favor de las mujeres.
28 Febrero 2018 04:00:00
Hornos como la guerra de Hitler
La activista y defensora de derechos humanos, y quien desde febrero preside el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta Urquidi, en una charla este fin de semana y durante un encuentro con integrantes de los consejos estatales anticorrupción, dejó ir una frase lapidaria que vincula la inseguridad en los estados del país, con actos deshonestos de servidores públicos, principalmente que colaboran en áreas de seguridad.

Acosta Urquidi, ex integrante de Human Rights, dijo que lo que ocurrió en Coahuila, específicamente en el penal de Piedras Negras, es comparable a lo pasó en los hornos crematorios de la segunda guerra mundial, en la era de Hitler.

La también directora de la Oficina de México de Freedom House, estuvo en la Primera Reunión de integrantes de CPC, en Monterrey, Nuevo León, donde Mariclaire habló en corto de lo que ocurrió en Allende o en Piedras Negras hace algunos años. Ella mostró su preocupación por la cifra de personas desparecidas y las agresiones a periodistas, por la escasa protección a favor de defensores de las garantías de las personas en la entidad.

La actual presidenta del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción, relacionó el tema a la corrupción y falta de vocación de servicio de las autoridades que infligen la ley, principalmente en casos como las personas desaparecidas o las agresiones contra quienes abanderan la búsqueda de desaparecidos.

Fue como un campo de exterminio… así lo definió. Sin más ni más Acosta Urquidi, quien se identifica plenamente con la ideología y el activismo del Obispo de Saltillo, Raúl Vera López. La también ex colaboradora de Amnistía Internacional, consideró que el reporte dado a conocer sobre los hechos en el centro penitenciario de Piedras Negras, serían considerados crímenes de lesa humanidad.

El tema de derechos humanos en los sistemas anticorrupción será parte de la agenda de la nueva presidencia del CPC Nacional.

La especialidad de la activista que estará en el cargo hasta febrero de 2019, es la defensa de las garantías individuales, ligadas a asuntos de corrupción en rubros como el de la salud, la seguridad, de justicia, la dotación de servicios básicos en las comunidades y ciudades. Es ahí donde está la corrupción que lastima a los que menos tienen, a las clases más desprotegidas y hasta donde debe permear la política anticorrupción en este país y en el estado.

POR: LULÚ DE KOSTER

@lulukoster

Es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.
21 Febrero 2018 04:07:00
Pensiones, en la mira política
Las reformas a legislaciones que involucran la rendición de cuentas y transparencia en Coahuila colocan al estado en una posición de exigencia para garantizar que cada peso se gaste bajo parámetros establecidos, y para permitir al ciudadano conocer lo que se hace sin mecanismos de difícil acceso a portales habilitados para cumplir con esta demanda.

Hace días, un especialista comentaba que una forma de revertir el escepticismo en la sociedad puede ser el disponer de versiones públicas, abiertas y respetando las garantías de las personas –en el marco de la presunción de inocencia– de procedimientos administrativos iniciados y concluidos por la autoridad, como lo son los resultados de revisiones del gasto en la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre), que agrupa a profesores y trabajadores administrativos, activos y en retiro, de universidades y del magisterio estatal.

Desde el Informe de Resultados 2012, publicado por la Auditoría Superior, se advertía de la situación vulnerable del esquema de ahorro para el retiro de sindicalizados. Sin embargo, fue apenas en noviembre de 2016 cuando fue publicado en el Periódico Oficial el Reglamento Interior de la Dirección de Pensiones que delineó obligaciones de aportantes, patrón y representantes sindicales.

Pero el déficit financiero se ha venido agudizando en medio de la crisis en la prestación del servicio médico, la entrega de pensiones o procesos de jubilación a beneficiarios que exigen resultados e incluso sanciones, para quien o quienes llevaron a la Dipetre, creada por decreto en el año 1961, a la situación en la que ahora se encuentra.

Aunque vale la pena apuntar que la Junta de Administración de la Dipetre, en la que están representados la UAdeC, la UAAAN y el Gobierno estatal, adoptó mecanismos para revertir la situación y no seguir “pateando el bote”.

Durante años, las dirigencias en gremios magisteriales intentaron soluciones por medio de sorteos, ajustes a la ley o descuentos nominales, para abonarle a las finanzas y evitar la quiebra del sistema. La situación es caótica y parece inevitable que en estos momentos de algidez electoral la Dipetre se convierta, para algunos, en un insumo político nada despreciable.
14 Febrero 2018 04:00:00
Dos mil caracteres y punto
La tendencia en la sociedad es exigir resultados en cualquier tarea. Ya sea en el gobierno, la academia o las empresas, en cualquier ámbito en el que las personas se desarrollan. Y eso es válido en una sociedad cada vez más informada.

En Coahuila, la administración pública se ubica frente a un reclamo permanente, donde temas como la seguridad pública y la prevención, detección y sanción de prácticas deshonestas son o, al menos, deben ser una prioridad.

En el Proyecto del Plan Estatal de Desarrollo Coahuila 2017-2023, uno de los objetivos es la Integridad y el Buen Gobierno, un eje orientado mejorar la administración pública que se encuentra bajo el escrutinio generalizado y marcado por el activismo de grupos civiles durante los últimos años, en esta petición de la que comentaba al inicio de esta colaboración editorial.

“Una prioridad de la administración estatal es el combate a la corrupción desde una perspectiva integral que comprenda acciones preventivas y correctivas, aplicables a todas las partes involucradas en actos ilícitos. Se le dará debida atención a todos los actos de autoridad emanados del Sistema Estatal Anticorrupción”, agrega en unos de los párrafos del texto que se hizo público hace unos días.

Es interesante cuando se analiza a fondo, porque se habla incluso, de la revisión que se hará en la presentación de declaraciones patrimoniales o de conflicto de intereses de los servidores públicos, por ejemplo. Asunto que desde el Consejo Nacional, y como lo citaba alguno de los integrantes del Consejo Nacional del SNA, se viene impulsando en una demanda que incluye la plataforma nacional, con cambios específicos que sin duda, serán de largo alcance si se logran concretar los ajustes en el tenor que se ha comentado desde la escena nacional y local, o desde grupos organizados de la sociedad civil.

Otro punto interesante es la valoración de lo que llaman un “mapa de riesgo” en las administraciones públicas, para advertir y corregir áreas o trámites que faciliten o que propicien prácticas ilegales que es necesario hacer visibles, porque para expertos locales, estas acciones han normalizado entre la sociedad.

De ahí la importancia del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, que nace a partir de una iniciativa ciudadana nacional y desde el requerimiento social del control de los recursos públicos no solo en la entidad, sino en los 32 estados donde se viene desplegando un esquema similar al que ya opera en Coahuila.

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