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Luis Carlos Plata
Luis Carlos Plata
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Luis Carlos Plata (Saltillo, 1984) es abogado (UAdeC), maestro (UPF, Barcelona) y candidato a doctor (URV, Tarragona), pero practica el periodismo desde hace 17 años, y su trabajo de investigación le ha merecido premios estatales e internacionales. Ha sido articulista de catorcenarios, revistas y periódicos del norte del país desde 2002, además de fungir como director editorial de medios de comunicación en Veracruz.

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21 Marzo 2019 04:06:00
La ‘emergencia’ de Guadiana
Un senador, presidente de la Comisión de Energía, da un mensaje a los medios de comunicación utilizando la infraestructura de la Cámara alta el martes 19 de marzo por la mañana, para urgir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que continúe adquiriendo carbón a los productores de la Región Carbonífera de Coahuila, ya que hace cuatro meses dejó de hacerlo.

El referido legislador –mismo día por la tarde– se entrevista con el director de la CFE en sus oficinas para negociar la compra de 360 mil toneladas del mineral en forma “emergente”. A la salida de la reunión informa que su gestión ha sido exitosa y el funcionario accedió a sus pretensiones.

Hasta aquí no habría inconveniente de no ser porque el personaje en comento, Armando Guadiana Tijerina, es empresario minero y en sociedad con su hermano, José Luis, propietario de Materiales Industrializados S.A. de C.V., sociedad que agrupa varias empresas: Carbón Mexicano, S.A.de C.V., Compañía Minera Zapalinamé, Macocozac, S.A. de C.V., Grupo Gex (Super Express, Transportes ALGG, Fletes y Minerales GUME, Transportes ATEO N.L., ALGG Fletes y Auto transporte Express Oriental S.A. de C.V.) y Compañía Minera Caopas.

Juez y parte, pues.

Me explico. Sus negocios no terminan con la venta simple de carbón a CFE o coque a AHMSA. Por el contrario, abarcan la cadena de valor del mineral en todas sus fases (lavado, acarreo, transporte, recuperación). Para determinar que no se beneficie de la compra “emergente” habría que hacer un seguimiento quirúrgico a fin de revisar que en ninguna parte del proceso intervenga. Interrelacionadas entre sí, es difícil saberlo sin un peritaje. Ahí se cierra la pinza.

Al respecto surgen algunas preguntas. Si el procedimiento se hará sin licitar, ¿quién será el que asigne y bajo qué criterios? ¿Por qué esa cifra y no otra? A río revuelto, ganancia de pescadores.

En términos reales, la cantidad equivale a mes y medio de producción entre los 87 registrados en la Promotora para el Desarrollo Minero –autoridad única en la materia desde hace tres meses– para vender. Es decir, en todo caso, se trata de un parche. Administrar la necesidad. Un mejoralito que apuesta por la inmediatez, no por el futuro inmediato.

En reiteradas ocasiones Guadiana ha dicho que desde hace dos años no vende carbón a la CFE. En su defensa podrá decir también que, como especialista en el tema, nadie mejor que él para interceder por una región –de la cual es nativo, además–. Incluso puede argüir un compromiso moral con sus coterráneos.

Sin embargo, su trabajo legislativo se puede resumir en un párrafo: dos iniciativas (que pasaron directamente a la congeladora); una para prohibir la reelección de alcaldes y legisladores, y otra en materia de fuero. Y seis exhortos variopintos.

Dos dirigidos al Congreso de Coahuila para que discutiese la Ley del Servicio Médico y para que diese atención a las peticiones de los trabajadores de la educación del estado, uno a la Auditoría Superior de la Federación para que auditase el ejercicio fiscal 2018 de las universidades públicas e instituciones de educación superior (cosa que ya hace); otro a las entidades federativas para que previniesen la extorsión que realizan policías estatales y municipales en perjuicio de operadores de pipas repartidoras de gas LP; uno más a la Secretaría de Gobernación para que declarase zona de emergencia La Laguna luego de las lluvias de septiembre de 2018, y por último a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que brindase un informe sobre la demanda presentada en la Corte Penal Internacional por los hechos de Allende y Piedras Negras ocurridos en marzo de 2011.

El resto (casi siete meses ya) ha sido un esfuerzo permanente por defender el carbón y la tauromaquia. Indirectamente sus negocios. Apenas dos meses después de protestar el cargo de senador abogó ante López Obrador la construcción de una nueva central carboeléctrica, o bien, una unidad adicional a las dos plantas generadoras de electricidad (José López Portillo y Carbón II) ubicadas en Nava. Lo que sea, a fin de que la CFE consuma –y adquiera, desde luego– más carbón a empresarios mineros como él.

Cortita y al pie

El asunto, políticamente, se trata de quién puede más. En el último trimestre, cada uno por separado, habían hecho gestiones en el mismo sentido el gobernador del Estado, diputados federales, locales, y Reyes Flores, delegado federal, para que CFE siga financiando el círculo vicioso en el que se hallan 140 mil habitantes de cinco municipios (70% de su población total) y fomentando el atraso que supone el huachicol de piedra.

Pero a través de sendas cartas enviadas durante la última semana, Guadiana y el inhabilitado por 20 años para ejercer el servicio público, Rogelio Montemayor, ambos empresarios mineros alguna vez, dirigidas a la directora general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, describen un idéntico panorama catastrófico en caso de cancelarse la compra de carbón para la generación de electricidad. Ambos, además, le dan por su lado al Presidente de la República con el discurso de la soberanía energética, al afirmar que ésta depende del carbón primero. ¿Y del fracking después?

La última y nos vamos

Si no hay cambio de pichada, hoy jueves serán entregados los códigos para suministro. Guadiana tiene prisa, mucha prisa. Hace unas semanas, a propósito de información privilegiada que utilizan expresidentes, López Obrador dijo que si no es ilegal, por lo menos es inmoral.

Pues eso.
19 Marzo 2019 04:07:00
Ya no hay pretextos: se va Jorge Torres
Durante 35 días, del pasado 5 de febrero al 12 de marzo, el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, había logrado retrasar su extradición a Estados Unidos luego de ser arrestado en Puerto Vallarta por la Agencia de Investigación Criminal.

Sin embargo, la sentencia del 12 de marzo, dictada por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, no impedirá su traslado a Texas para enfrentar los cargos por lavado de dinero contenidos en el caso 2:13-cr-1075 de la Corte para el Distrito Sur de Texas (a su otrora subordinado en el Gobierno del Estado, Javier Villarreal, se le sigue un procedimiento similar pero en la Corte para el Distrito Oeste).

A través del juicio de amparo 111/2019-V-A, promovido en su nombre por Carlota Llaguno (expresidenta del DIF Coahuila), su cónyuge, había reclamado “incomunicación”, “tortura y malos tratos”, y el asunto verdaderamente importante para su causa: la “extradición”. Que al respecto se le presentase un “informe justificado”.

Previamente a su detención había sido requerido por el Departamento de Justicia estadunidense como consta en el expediente 30/2018 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual contiene la extradición internacional pasiva que conoció la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Al Juzgado de Amparo le fue presentada copia certificada del referido expediente, comprobando su existencia, y la declaración del director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, quien informó que “se determinó procedente declarar la detención formal con fines de extradición”.

Cabe señalar que todo el procedimiento se siguió al exmandatario estatal en el reclusorio, donde actualmente se encuentra interno desde el pasado 6 de febrero.

Y el 13 de marzo, finalmente, le fue notificado el veredicto personalmente: se sobresee su juicio. En este caso sobreseer significa que se archiva el expediente sin entrar al fondo del tema; se le pone fin y el juez se abstiene de analizar la presunta violación de garantías. No vale, por tanto, el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito.

Lo anterior significa que la Secretaría de Relaciones Exteriores puede proceder ya conforme a derecho. No hay pretextos al tratarse de un procedimiento simplificado.

Cortita y al pie

Con fecha 29 de octubre de 2013, la Corte para el Distrito Sur de Texas había ordenado la detención de Jorge Torres por los cargos de fraude bancario, fraude postal, fraude electrónico y lavado de dinero al comprobar que, entre octubre de 2007 y abril de 2008 –siendo él secretario de Finanzas del Estado– transfirió, en complicidad con Javier Villarreal –subsecretario de Planeación– 2 millones 762 mil 066 dólares desde sus cuentas en los bancos JP Morgan Chase, de Brownsville, e Inter National, de McAllen, a un paraíso fiscal en las islas Bermudas.

Como no pudo acreditar el origen legal del dinero, incurriendo incluso en falsedad de declaraciones, era buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 194 países.

Adicionalmente, el 17 de noviembre de 2014, le fueron decomisadas dos propiedades en Montgomery, Texas, adquiridas con recursos de procedencia ilícita.

Torres López había logrado permanecer prófugo durante 5 años, 3 meses y 7 días.

Sería una ironía que migrara en plan expedito hacia territorio texano del 18 al 22 de marzo, fechas en que se registraron los hechos conocidos como la matanza de Allende (2011), en los que siendo mandatario estatal tuvo responsabilidad por omisión de prestar auxilio.


La última y nos vamos

A otro exgobernador de Coahuila que también había solicitado un amparo en fecha reciente (17 de enero), Humberto Moreira, el 28 de febrero del presente año le fue sobreseído de igual forma el juicio 27/2019-I-A, pues el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México consideró que no había necesidad de ampararle, ya que fue “restituido en el goce de los derechos fundamentales violados”.

Moreira se había quejado del director general de Procedimientos Internacionales de la Procuraduría General de la República, quien había omitido responder a sus preguntas formuladas por escrito el 12 de diciembre de 2018, mismas que entregó en la oficialía de partes.

Al rendir su informe justificado, el funcionario señalado “negó la existencia del acto que se le atribuye”, pues envió a Humberto la contestación solicitada el 29 de enero, mediante oficio DGPI/0331/19.

Desde entonces ya sabe lo que le
espera.
17 Marzo 2019 04:06:00
Saltillo, ¿la mejor ciudad ‘del mundo mundial’?
Si usted se detiene un momento a observar la publicidad oficial que genera el Ayuntamiento de Saltillo, particularmente durante los primeros tres meses del año en curso, llegará un punto en que se pregunte: ¿estamos hablando del mismo Saltillo, o acaso las pautas para medios de comunicación se traspapelaron y describen por error a Londres y Nueva York?

Por decirlo de alguna manera: hay disonancia cognitiva entre imagen institucional y realidad. No coinciden, pues.

Así, a juzgar por la información que produce la Presidencia Municipal, la capital de Coahuila es el referente de todo México; la mejor del país.

Cito algunos ejemplos en lo que va de 2019:

“Recolección de basura en Saltillo seguirá como el mejor del país” (enero 4).

“Continúa Saltillo en el top 3 de seguridad” (enero 16).

“Gobierno de Saltillo, el tercero más eficiente de México” (enero 20).

“Modelo de seguridad de Saltillo es referente nacional” (febrero 23).

“Saltillo es una potencia nacional en el deporte” (marzo 2).

“Saltillo, entre los 3 mejores para la programación de su presupuesto” (marzo 6).

Pero también, conforme avanza el calendario, se va ubicando en una trayectoria donde ya es potencia y modelo para el mundo.

Aquí algunas muestras para dimensionar:

“De nuevo Saltillo en la palestra internacional” (enero 14).

“Es Saltillo modelo internacional en limpieza” (marzo 2).

“Saltillo, una potencia para el mundo” (marzo 9).

“Saltillenses radicados en los Estados Unidos manifiestan su orgullo al ver que su tierra se consolida a nivel internacional” (marzo 10).

“Luminarias de primer mundo en todas sus colonias” (marzo 13).

El asunto de fondo es que si aplicamos una superficial –ni siquiera profunda– verificación de datos, estos no se sostienen.

Una cosa es el orgullo, la identidad, incluso el afecto por una ciudad; y otra muy distinta la autocomplacencia, el autoengaño y la demagogia.

El saltillense suele tener una imagen de sí mismo que no corresponde con la realidad. Pero es libre de pensar y creer lo que quiera. Un Gobierno, en cambio, está obligado a centrarse y aterrizarse por una simple razón: partir de un diagnóstico erróneo, o falso, no permite ejecutar políticas públicas efectivas. Ni siquiera es posible iniciarlas, mucho menos remediar problemas o fenómenos sociales.

Dicho de otra forma: el ciudadano puede ser subjetivo; la autoridad debe ser objetiva.

En su defensa podrán argumentar que se trata de mensajes motivacionales; un aliento a ser mejores y destacar allende las fronteras. Aunque se parezca mucho a la sociedad distópica de Un Mundo Feliz”, de Aldous Huxley.

Sin embargo la historia es cíclica y los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetirla. Si bien es cierto que Manolo Jiménez no es el único alcalde contemporáneo que ha puesto en práctica esa “estrategia”, sí es quien más rápido ha desplegado un plan electoral, sistemático, de mensajes en serie. Camina independiente a la realidad. Y si los hechos no coinciden con la publicidad oficial –parafraseando a Hegel– peor para los hechos. A su lado Humberto Moreira luce como un estadista mesurado.

Cortita y al pie

Si tomamos como base su discurso público, el primer año de Administración, Manolo Jiménez hizo de Saltillo la mejor ciudad para vivir en México. En el primer trimestre de su segundo periodo de gestión, en cambio, va en camino de convertir a Saltillo en la ciudad más habitable del orbe.

Ojalá existan galaxias suficientes para compararnos el tercer y cuarto año.

La última y nos vamos

Al megalómano se le hace chico el mar para echarse un buche de agua. De acuerdo. Pero nosotros no tenemos la culpa.
14 Marzo 2019 04:06:00
La piedra que Olga Sánchez puso en Arteaga
El 18 de noviembre pasado la entonces propuesta para titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, visitó Arteaga como invitada especial para poner la primera piedra del edificio Derechos Humanos Siglo XXI de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH).

Y sí, la puso, se fotografiaron con ella los políticos locales, y se fue con carpetas de peticiones bajo el brazo. Hasta aquí no habría materia periodística de no ser porque dicho inmueble, en los hechos y en los documentos, es una obra fantasma.

La Coordinación General de Administración Patrimonial de la Universidad Autónoma de Coahuila, nave nodriza de la AIDH, a través del oficio CGAPS/391/2018 respondió a quien esto escribe que “no se tiene información respecto a que se hayan realizado proyectos y obra para el edificio”, y solamente “se cuenta con un proyecto ejecutivo que fue realizado por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (Icifed)”.

Asimismo reveló un dato interesante: “quien se encargará de bajar (sic) los recursos para la ejecución de la obra será el Gobierno del Estado de Coahuila”.

La Secretaría de Finanzas, consultada por separado, afirmó que no habrá presupuesto para 2019 ya que no se realizaron gestiones ante la Federación en ese sentido; y el Icifed, por su parte, manifestó el 15 de enero que ni siquiera está terminado el proyecto ejecutivo (denominado “Centro de Jurisprudencia Siglo XXI”, y encargado por Luis Efrén Ríos en 2016, antes de ser depuesto como director de la Facultad de Jurisprudencia), ya que “se encuentra en proceso de revisión y actualización”.

En resumen: no existe como tal, ni existirá por lo menos este año.

¿Cuál era la urgencia del grupo en el poder, entonces, por fotografiarse codo a codo con la hoy secretaria de Gobernación? ¿Sabrá esta lo que vino a legitimar con su presencia en la entidad? No en vano el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, más avezado, durante su última visita al estado ni se despidió de ellos ni pisó territorio civil en Saltillo. Ni siquiera para ir al baño.

Ahora bien, por qué el Gobierno del Estado debería estar obligado a gestionar recursos federales para un tercero, en este caso la AIDH, que forma parte de una universidad en el papel autónoma, cuando, por atribuciones, debería ser la UAdeC quien lo haga.

Cabe señalar que en la congeladora legislativa reposa un punto de acuerdo presentado por el diputado Marcelo Torres el 4 de diciembre, respecto al “impacto negativo” que causa el presupuesto asignado a la AIDH en los recursos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la UAdeC (al contar ésta última ya con una Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios). El asunto de fondo es la duplicidad de funciones. En el Congreso del Estado también se le señaló por ostentarse como un organismo autónomo dentro de otro organismo autónomo.

Cortita y al pie

Y no es la primera ocasión en que un tentativo inmueble para la AIDH genera controversia.

De acuerdo con el documento SEFIN/UT/658/2017 de la Secretaría de Finanzas, en actas del Comité Técnico del Impuesto Sobre Nómina consta que habían etiquetado para el hipotético edificio 160 millones de pesos en el Programa de Inversión 2016-2017 Sureste.

La última y nos vamos

El caso es que, sin controles ni jerarquías, la AIDH se ha blindado como un suprapoder muy oneroso.

Cito un ejemplo: en una partida especial contenida en el Artículo 40 del Presupuesto de Egresos de Coahuila para 2019, le otorgan 39 millones 590 mil pesos para gastar. Y lo anterior es posible pues el Artículo 26 de la Ley de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, aprobada el 28 de agosto de 2017, contiene una ventajosa cláusula que implica una orden para el gobernador en turno: “para cada ejercicio fiscal, el Ejecutivo del Estado incluirá de manera irreductible en el presupuesto que se conviene para la Universidad Autónoma de Coahuila para cada año, la partida especial y adicional que le corresponda a la Academia IDH para garantizar su organización y funcionamiento conforme a esta ley”.

La Chalupa y buenas.
12 Marzo 2019 04:09:00
¿Dónde quedaron 641 millones de pesos en ‘asesorías’?
Arrancarle información (pública, por lo demás) a la Secretaría de Finanzas en Coahuila no es tarea fácil. A sabiendas que cada solicitud es un camino largo y sinuoso, desde noviembre de 2018 quien esto escribe requirió vía transparencia el monto de los pagos por “asesorías” que hasta entonces había realizado el Gobierno del Estado por adjudicación directa, especificando qué áreas de la Administración fueron consideradas y quiénes los prestadores de servicios favorecidos. Lo básico, pues.

El tema no es menor si tomamos en cuenta que originalmente habían sido presupuestados 33.2 millones de pesos en ese rubro para 2018, y lo ejercido de acuerdo con el avance de la cuenta pública en el cuarto trimestre fueron 652 millones 945 mil pesos. Ese aumento exponencial, justo es decirlo, equivale a 20 veces más de lo aprobado en el Presupuesto de Egresos.

Para dimensionar el derroche del año anterior: en 2019 la Administración estatal ‘sólo’ gastará 154 millones 362 mil 775 pesos en “asesorías”.

Como la rendición de cuentas en el estado es un asunto kafkiano, fui citado en Finanzas el último día laboral del año pasado para revisar 10 mil fojas donde, a juicio de la Subsecretaría de Egresos y Administración, descansaban los comprobantes de pago por “asesorías” (también conocidas como “servicios profesionales, científicos, técnicos y otros”) a personas físicas y morales.

Y debía comparecer a una hora determinada ya que mi pregunta “implica la revisión de un gran número de documentos”, de lo contrario la Secretaría “se vería en la necesidad de destinar recursos humanos y/o económicos para su revisión e integración, viéndose sobrepasada en sus capacidades humanas, técnicas y presupuestales, toda vez que esta dependencia tendría que destinar a una persona única y exclusivamente para trabajar en la revisión de los documentos en donde se contiene la información solicitada para posteriormente procesarla e integrarla de la manera en que lo requiere el solicitante, entorpeciendo sus labores diarias” (SEFIN/UT/1122/2018).

No hay que perder de vista el verbo utilizado, “entorpecer”, ni tampoco el trasfondo del caso: la transparencia representa para ellos una dificultad y un obstáculo. A su vez la Secretaría de Finanzas, pese a contar con 536 servidores públicos (según su directorio, actualizado al 31 de diciembre) es tan frágil que una simple solicitud de información implica que “sobrepasen sus capacidades”. Es la gota que derrama el vaso.

Por otro lado, mediante el oficio SEFIN/UT/1113/2018, la misma dependencia envió a quien eso escribe una liga de internet (inservible, por lo demás) para acceder a información “disponible de manera sistematizada” que sencillamente conducía a ninguna parte, como se ha hecho costumbre en su actuar. Dicha respuesta nugatoria motivó a interponer un recurso de revisión ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, quien me concedió la razón y les obligó a entregar la respuesta en los términos que fue solicitada.

Así, a través del oficio SEFIN/UT/241/2019 con fecha 18 de febrero de 2019, no tuvo más remedio que responder finalmente que por concepto de “asesorías” en 2018 la Secretaría de Educación ejerció 3 millones 688 mil 499 pesos, la Secretaría de Gobierno 2 millones 088 mil, y la Secretaría de Finanzas 5 millones 573 mil 800.

Nada más.

Cortita y al pie

La suma de lo erogado entre las tres dependencias del Ejecutivo, por tanto, asciende a 11 millones 350 mil pesos. Esto, cabe señalar, se trata de información de carácter oficial y aquí viene lo interesante: eso significa que, en realidad, sólo gastaron una tercera parte de lo etiquetado inicialmente (33.2 millones).

¿Dónde quedaron, entonces, los otros 641 millones 595 mil pesos de diferencia que reportaron –irónicamente– también de manera oficial?

No cuadran sus propias cifras, y no son precisamente cacahuates.

La última y nos vamos

A partir de hoy, y todos los martes, jueves y domingos, la columna “Mosaico de Egos” se publicará en las ediciones de Grupo Zócalo (Saltillo, Piedras Negras, Monclova y Ciudad Acuña).

Agradezco el espacio editorial a su presidente y director general, Francisco Juaristi Santos, y especialmente a usted, de antemano, el contar con su lectura.

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