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Gerardo Aguado
Gerardo Aguado
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Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila. @GerardoAguado

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15 Junio 2019 03:58:00
No hubo negociación, hubo atropello
“...la soberanía de una nación es la facultad absoluta de determinar por sí mismo su propia competencia”.

“…los gobiernos son soberanos en el ámbito interno de sus respectivos estados, de modo que los representantes gubernamentales de otros países no deben crear normas jurídicas internas en un país distinto al suyo”.

No hubo negociación, hubo un atropello el pasado 8 de junio cuando el Gobierno de Estados Unidos –con la bota en el pescuezo– amenazó al Gobierno de México a cumplir con determinadas condiciones para que no fuese a hacer efectiva su amenaza de aplicar aranceles a diversos productos de exportación. Ante esta situación, el Gobierno de la 4T sucumbió y aceptó términos: tomar medidas sin precedentes para aumentar la aplicación de la ley para frenar la migración irregular. Lo cual significa que en breve México desplegará, si no es que ya lo hizo, a 6 mil elementos de la Guardia Nacional, que significa el 10% de su total de integrantes; Guardia Nacional que fue creada para combatir delincuentes y no para convertirse en una Border Patrol.

Además México deberá recibir en breve a más de 12 mil migrantes solicitantes de asilo político provenientes de los Estados Unidos, a quienes deberá proporcionar hospedaje, alimento, atención médica y demás atenciones básicas por el tiempo que sea necesario; sí, con costo al erario mexicano. Pero, por si fuera poco, el “acuerdo” incluye por supuesto que cualquier migrante que ingrese a nuestro país de forma ilegal, deberá ser retenido, atendido y proporcionarle los mismos servicios mencionados. Como diría Diego Fernández de Ceballos: canallada de Trump. Esto obligará al Gobierno de México a estirar la cobija de los recursos públicos, sacrificando las necesidades locales, por la imperante necesidad del Gobierno norteamericano para que México se “haga cargo” de los Migrantes centroamericanos.

El Gobierno de México, acorralado por un Trump que busca posicionar, al igual que en 2016, un discurso de odio y división racial en el marco de las próximas elecciones para renovar el Ejecutivo federal en aquel país y que además aprovechó para presionar la vulnerabilidad actual de nuestro país en materia económica, decidió “por el mal menor”, ganar 45 días, plazo fatal acordado para resolver los problemas migratorios y ceder. Lo que es el colmo es que para anunciar el “acuerdo” el Gobierno mexicano convocó en Tijuana a un “festejo” que lo único que demostró fue el gusto de AMLO por simular y mentir. Pan y circo.

Como dato adicional recordemos que parte del problema que atraviesa México con la avalancha migratoria, se debe a la convocatoria que realizo AMLO el pasado octubre cuando todavía era presidente electo, en ese momento dijo que “aquí (en México) les vamos a dar todo lo que necesiten a los migrantes”. El pez por su boca muere.

No se trata de festejar como triunfo lo que fue la única salida posible, vivimos hoy con la respiración artificial que nos da el Gobierno estadunidense y que nos convierte, por lo pronto, en el “tercer país seguro”, que en términos generales significa que el país que recibe la migración, “se convierte solo en receptor, no en mariscal de campo”. Una negociación de la que no sacamos nada, pues como señalan economistas y expertos en el tema, de haberse aplicado las medidas arancelarias de Trump, la economía de Estados Unidos se vería seriamente afectada, además, México podría haber reaccionado como otras administraciones federales: respondiendo con aranceles en igual o mayor proporción.

Para lo anteriormente expuesto, vale la pena señalar que la migración, cuando se hace ordenadamente es un derecho humano, eso no conlleva a que las avalanchas de los que quieran ingresar puedan hacerlo sin apego a la ley, lo que ocurre es que la migración se salió de control y generó un problema grave, que hoy se convirtió en una amenaza hecha por EU y aceptada por nuestro país, lo que genera una obligación no compartida y leonina. Ya para terminar se me olvidó comentarlo, parte de los “acuerdos” incluyen que México deberá incrementar el consumo/importación de productos estadunidenses en el lapso de 90 días. Así se las dejo; la última palabra la tiene usted estimado lector.
08 Junio 2019 03:58:00
¿Será justo?
El transporte público es el medio de movilización de personas, incluyendo todas sus modalidades y tipos de unidad, más usado por las personas en el mundo. De este dependen todos los días miles de personas en cada ciudad, grande, mediana o pequeña, y en las zonas rurales para transportarse a sus empleos, escuelas y otros destinos menos frecuentes como las citas al médico y las visitas familiares.

De origen, los autobuses o “camiones”, como se les llama de manera coloquial, han sido el medio de transporte colectivo más común en todos los lugares del planeta. En países como el nuestro, se clasifica en municipal e intermunicipal, pudiendo comprender también rutas entre municipios de distintos estados, en cuyo caso es interestatal.

El aumento de tarifas al transporte público, si bien obedece a un derecho lógico, legal y comercial que tienen los concesionarios del transporte, es un proceso que debe consideraciones y análisis de las condiciones establecidas en la ley, así como de un correcto estudio de mercado, costos, inflación, aumento de combustibles y demás. La mejor prueba de que existen aumentos injustos y desproporcionados es que podemos apreciar a lo largo y ancho del país que, para municipios iguales en densidad de población, no existen las mismas tarifas, incluso a veces la diferencia es de dos pesos o más de un municipio a otro, de un estado a otro. Otra prueba es que cobran tarifas iguales con unidades totalmente distintas en condiciones y antigüedad, nuevos y viejos cobrando lo mismo.

Estas discrepancias permiten establecer con facilidad que se arrastran vicios, fallas y acciones que no son del todo apegadas a derecho desde hace años o lustros en los incrementos de tarifas, lo que al final resulta en una disparidad total, como las que ya hemos analizado.

Generalmente, cuando se concede un aumento de tarifas de parte de un municipio, se presentan dos situaciones: los concesionarios aducen o alegan el incremento de los combustibles, de los insumos y la inflación. Y el municipio impone condiciones de modernidad en las unidades y en el servicio. Generalmente ambas partes aceptan una y otra condicionante y se llega a un acuerdo; sin embargo, lo más común, es que transcurrido el tiempo, al llegar el nuevo aumento de tarifas, los transportistas no cumplieron con su parte, y vuelven a prometer lo mismo; el ciclo se repite.

Es una demanda social que los concesionarios cumplan con las promesas que hacen al momento de que se les autorizan las nuevas tarifas. Como lo es el que los municipios realicen verdaderos y profesionales estudios de mercado, y de costo-beneficio, comparando las tarifas incluso con las de otros municipios de la entidad o de otros estados, para entender y valorar las diferencias y sus justificaciones.
01 Junio 2019 03:50:00
El cáncer de la Administración pública
Explicaba hace un par de semanas que nepotismo es cuando un funcionario, utilizando sus atribuciones y poder, favorece indebidamente a un familiar consanguíneo o por afinidad en la asignación de un empleo, cargo o comisión bajo su mando, dirección o responsabilidad. Por otra parte, debemos hablar del conflicto de interés, figura que existe desde hace muchos años en todas las leyes donde las autoridades deben garantizar que no participarán en negocios, asuntos legales o resoluciones administrativas donde se vean involucrados familiares consanguíneos o por afinidad.

Sin embargo, ante los persistentes y cada vez mayores actos de corrupción en la Administración pública federal, estatal y municipal, se optó por establecer un control mayor a través de las leyes en aras de prevenir, contener y combatir dichos actos donde los servidores públicos favorecen con contratos a proveedores y contratistas que son familiares, socios o, en casos más extremos, contratan a sus propias empresas, desplegando un cinismo inaudito. En los hechos algunos municipios, en todo el país, como en Coahuila, siguen, gran porcentaje de todos ellos, practicando sin empacho alguno la contratación de servidores públicos, que en realidad son familiares.

Al tiempo, la práctica de favorecer a familiares y socios con contratos de obras públicas, servicios, insumos y arrendamientos de todo tipo, es tan común que resulta inexplicable, ya que además, es bien sabido que ni siquiera intentan ocultarlo con trucos contables y financieros, sino que lo hacen de modo abierto y descarado. El conflicto de interés, igualmente, es un cáncer que permea a toda la Administración pública, pero es casi intocable en los municipios, donde estos se escudan en cosas como falta de reglamentos, falta de personal capacitado para entender dichas conductas, la creencia de que contratar a familiares como proveedores no tiene nada de malo, la creencia de que el derecho al comercio y al trabajo del proveedor debe privilegiarse por encima del conflicto de interés, entre otros argumentos.

En este sentido, las contralorías municipales deben contar con la atribución expresa de: supervisar y valorar este tipo de conflictos, función que es perfectamente compatible con los alcances y naturaleza de los órganos de control de los municipios. Además, el contralor, como no puede fiscalizarse asimismo, situación que representa un vacío en nuestra legislación, por eso debe responder a manera de informe mensual sobre actos de nepotismo o conflicto de interés detectados dentro de la Administración ante el Cabildo, creo que sería lo más apropiado para darle la mayor certeza, imparcialidad y honestidad a sus funciones. En fin, falta mucho en materia de imparcialidad y honestidad en la Administración pública, pero con mejores leyes, podremos lograr la transición de la opacidad a la transparencia.
25 Mayo 2019 03:55:00
El preocupante PND de AMLO
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del actual Gobierno ha sido publicado, y ha generado dudas, decepción y preocupación por sus contenidos, pero en especial por la ausencia de contenidos.

Entre otras cosas, destaca por la falta de proyecciones en cifras y calendario de metas para medir su avance y logros.

Su pronóstico de crecimiento no corresponde con el crecimiento que ha observado el país en sus primeros cinco meses de gobierno, que nos tienen a la puerta de eventuales problemas económicos serios en caso de no corregir el rumbo de su política económica en breve plazo.

En ninguna parte menciona la forma en que serán obtenidos los recursos necesarios y las fuentes para cada eje rector y sus programas; pero además nos encontramos con varias inconsistencias, de las cuales resalto algunas. Cabe mencionar que leí y analicé el Plan completo, además de compararlo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del anterior Gobierno.

En el eje Política y Gobierno, sus ideas y planes para recuperar el estado de derecho, pacificar el país y erradicar el consumo de drogas y por ende al narco, son de lectura obligada, y de preocupación aún más obligada, y para evitar incurrir en modificaciones de lo que dice al texto, reproducimos algunas porciones de este eje:

“…Durante décadas, el cumplimiento de las normas legales fue asumido por los gobernantes como optativo y discrecional. Semejante conducta generó un gravísimo daño a las instituciones y a la moral pública, por cuanto generalizó el ejemplo de la ilegalidad en sectores de la población. En el actual Gobierno todos los funcionarios deberán acatar y aplicar el conjunto de leyes vigentes en el país, en la inteligencia de que solo una autoridad respetuosa de la legalidad puede restaurar la confianza en ella por parte de la población.

“Lo anterior significa abstenerse de simulaciones de constitucionalidad como las que practicaron los gobiernos anteriores…”, fin de la cita.

¡Qué extrañas palabras!, viniendo de un Presidente que se ha dedicado a realizar consultas inconstitucionales, a cancelar obras sin seguir los procedimientos de ley, a adjudicar contratos sin licitación, un hombre que pretendió cancelar la reforma educativa con un memorándum.

En cuanto a Seguridad Nacional y Seguridad Pública, el Ejecutivo federal ha emprendido un cambio de paradigma. Entre 2006 y 2018 los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial y el llamado “populismo penal”, consistente en endurecer los castigos a las acciones delictivas. El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido social. En el combate a las drogas, la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no solo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública: en la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una reducción del consumo. Peor aún, el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción social y rehabilitación.

La “guerra contra las drogas” ha escalado el problema de salud pública que representan las sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública. La alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica. Pero el Plan Nacional de Desarrollo dice que, “La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación. Ello debe procurarse de manera negociada, tanto en la relación bilateral con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU…” fin de la cita.

El chiste se cuenta solo. Sin palabras, máxime cuando el Presidente no tiene la menor idea de tiempo, momento y acciones prioritarias, mientras esperamos la implementación y desarrollo de su “brillante” estrategia, el narco avanza por todo el país, regresa a paso acelerado el sistema de plazas a los estados y las batallas sangrientas por dichas plazas aumentan las ejecuciones y los levantones, las desapariciones, y es solo el principio, no queremos imaginar las consecuencias de su cese unilateral de combate al narco, mismo que ya reconoció de manera pública, cuando dijo, “se terminó la guerra con los narcos, estamos en paz”.

Como se demostró en campaña, ni él ni su equipo, ni Olga Sánchez Cordero, pudieron nunca explicar esta parte de la estrategia de paz, ni establecer las bases mínimas. Al contrario, resulta en extremo preocupante, que admite de forma pública que, a su Gobierno, porque es del de él, le resulta imposible derrotar a la delincuencia.

En lo que respecta a la Política Social, por ejemplo, habla del derecho a la educación, pero las menciones en relación a cómo traducirá en realidad este derecho, son más bien escuetas y vagas, carecen de planeación y proyección. El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, dice, contará con un apoyo bimestral de 800 pesos por familia, para niñas, niños y jóvenes menores de 18 años que estudien en escuelas públicas. A considerar los costos de la vida, transporte, uniformes, calzado, útiles y demás, será un programa de apoyo en extremo limitado, más en un país donde la prioridad principal es tener algo que comer todos los días. En cambio, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, para jóvenes que cursan estudios superiores, otorgará una beca de 4 mil 800 pesos bimestrales. Esto es, por debajo de la universidad recibirán 800 pesos. Pero en la universidad 4 mil 800, con lo que se establece una desigualdad de apoyo social difícil de comprender. Habla de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, sin aclarar la calidad educativa de estas, la certificación de su personal, ni los presupuestos que serán destinados para infraestructura y personal.

En cuanto al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, asegura que garantizará el acceso a servicios médicos para toda la población… en el año 2024, la pregunta obligada es: ¿Y por mientras? ¿Los años 2019, 20, 21, 22..? Tampoco menciona costos, ni proyecciones anuales o grados de avance.

Y así podemos seguir analizando punto por punto el “Plan”, pero nos basta esta pequeña muestra para evidenciar un Plan Nacional de Desarrollo que no parece hecho por profesionales ni conforme a las bases constitucionales y legales preestablecidas. Al leerlo, parece más bien una de sus conferencias mañaneras, a lo largo del texto vemos como echa culpas de todo a los anteriores gobiernos, utiliza la palabra neoliberalismo en cada oportunidad, dice que todo lo anterior fue un fracaso, pero ofrece, como durante su campaña, soluciones milagrosas y bastante fuera de lugar la mayoría.

Nos preocupa de sobremanera que este sea el Plan Nacional de Desarrollo, un documento cargado de buenas intenciones, muchas de ellas de inviabilidad notoria, o fracaso predecible. Que en lugar de ser un documento científico, técnico, estadístico, jurídico, jerarquizado y producto de verdaderas consultas a los sectores sociales y privados, sea una especie de manifiesto político libre.
18 Mayo 2019 03:59:00
San Manolo
Lisonja: alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace de una persona para ganar su voluntad.

Hace unas semanas presenté un punto de acuerdo en el Congreso del Estado, en el cual solicitaba que el Cabildo de Saltillo iniciara una investigación para dar seguimiento a varios casos de nepotismo detectados dentro de la administración del alcalde Manolo Jiménez Salinas; por mencionar algunos de los casos, en la nómina están primos, esposas de primos del presidente municipal, pasando por amigos, amigas y hasta el nombramiento con conflicto de interés del tesorero del Ayuntamiento.

Desde luego las reacciones no se hicieron esperar, y en un acto de sobreprotección, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso, simpatizantes y hasta troles en redes sociales, mostraron su enojo por exhibir a un alcalde que –hay que decirlo– no respeta lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esa sobreprotección hasta hoy brindada por sus simpatizantes le ha hecho un flaco favor y el mensaje que mandan de “cuidar al alcalde por sobre todas las cosas” quizás demuestra dos verdades:

Que no tiene la estatura para poder asumir las culpas o subsanar las faltas administrativas o, que de aquí en adelante, habrá que guiarlo y cuidarlo.

Me refiero a lo siguiente, hace unos días, un periódico publicó una nota que llevaba por título “Saltillo plantea cadena perpetua o pena de muerte a quien agreda a policías”. Lo primero que me recordó fue a Humberto Moreira, que hace ya algunas legislaturas presentó una reforma a la Constitución local para validar la pena de muerte, iniciativa que en su momento fue aprobada por la legislatura coahuilense y luego fue enviada al Congreso de la Unión por tratarse de una reforma de carácter federal y, afortunadamente, fue rechazada por diputados y senadores. Y, lo segundo que se vino a mi mente, es que cómo después de que hace algunos meses el gobernador del Estado, en el marco del arranque de los trabajos del Programa Estatal de Derechos Humanos 2017-2023, declarara que los derechos humanos son agenda de Estado de primer nivel y guía para planear, presupuestar e implementar prácticas y estándares de protección a una sociedad de derechos; y que hace unos días la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconocía que Saltillo y Coahuila eran ejemplo de respeto a los derechos humanos; venga el alcalde de Saltillo –que lo presumen como un político nuevo y de avanzada– a dejar de lado los derechos humanos y proponer, aunque sea solo una declaración, la pena de muerte.

A raíz de esta declaración, el pasado miércoles en la sesión del Congreso, presenté de nueva cuenta un punto de acuerdo para solicitarle a Manolo Jiménez que cumpla con lo establecido en el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Para sorpresa de nadie, el punto de acuerdo fue enviado a Comisión sin ni siquiera ser discutido, como si el tema de derechos humanos no fuera un tema toral en el discurso público actual. Pero lo más interesante, es que en el Poder Legislativo se han impulsado una gran cantidad de reformas en materia de Derechos Humanos, algunas incluso impulsadas por el PRI y que se refieren a los principios de mejora continua en las condiciones existentes bajo los principios de progresividad y no regresividad. Pero hoy no, hoy jugaba un factor más importante que el derecho humano: San Manolo.

Frente al derecho humano, no pueden nunca oponerse conceptos como el de “interés público” o “seguridad nacional”… mucho menos un Alcalde. Ninguno de estos conceptos tienen la fuerza suficiente como para derrotar a un derecho humano. La regla general en todas las situaciones en las que se pretenda enfrentar al derecho humano vs el derecho colectivo, siempre primará el derecho humano. Por eso me llama la atención que se impusiera la lisonja ante tal derecho. Es por este actuar de los fieles seguidores de San Manolo ante ambos puntos de acuerdo presentados por un servidor, que me sirvo de citar una frase de Don Quijote, muy ad hoc a los momentos que hemos vivido las últimas semanas en el Congreso: “yo quiero que sepas, Sancho, que si llegase a oídos de los príncipes la verdad desnuda, sin los vestidos de la lisonja, otros tiempos correrían”.

La opacidad en la función pública y la simulación hacen daño y mucho, espero que el alcalde o su contraloría (cualquiera de las 2, la ciudadana o la oficial) puedan darnos razón de los casos de nepotismo lo antes posible y a su vez prender la veladora, para que el fiscal Anticorrupción dé seguimiento. Respecto al tema de seguridad, que quede claro, la seguridad es un tema que nos preocupa a todos, pero nos debe ocupar con seriedad y con el compromiso que la situación amerita, no violentando los derechos de todas y todos. Ya lo dijo el gobernador de Coahuila, el derecho humano es agenda de Estado de primer nivel. Espero y el alcalde pronto pueda enderezar el rumbo, creo que tiene madera, pero el amor incondicional de sus seguidores mal cría y San Manolo puede volverse un niño malcriado. Al tiempo…
04 Mayo 2019 03:56:00
Hacer las cosas bien
Los créditos de corto plazo son préstamos que las entidades federativas pueden solicitar sin autorización de sus respectivos poderes legislativos.
Se entiende que la intención del legislador que creó y aprobó estas reformas en las leyes de deuda locales, y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, era permitir el acceso de los gobiernos locales, municipales y de los organismos (en este último caso, quedaron contemplados solo en las leyes locales de deuda) a créditos de la banca en forma ágil e inmediata para hacer frente a ciertas situaciones de tipo emergente, sobre todo.

El artículo 30, de la mencionada ley, establece que las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, como es que en todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas obligaciones a corto plazo no exceda del 6% de los ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, y que las obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses.

Sin embargo, en los hechos, tenemos que las entidades federativas, muchas de ellas, abusan de estos créditos a corto plazo, y venden una idea engañosa a la ciudadanía, queriendo hacer creer que no pasa nada, que “solo es un crédito de corto plazo, que prácticamente no genera intereses”, o bien, generalmente definen el objetivo u objetivos del destino del crédito, pero en los hechos nunca transparentan la aplicación del mismo, y suele suceder que se utiliza para cosas distintas a las que fueron anunciadas de manera pública.

En cambio, las realidades son otras: los créditos de corto plazo generan altos intereses en todos los casos, y más para entidades federativas que ya están “mega endeudadas”, y para aquellas que solicitan estos empréstitos en forma frecuente, pues van acumulando un préstamo tras otro, y los intereses de todos deben ser sumados como perjuicio al erario, es decir, al ciudadano quien es el que paga todo.

Algo que decir a favor de las entidades que recurren a estas prácticas, es que, como ocurre en Coahuila, la deuda heredada por Humberto Moreira ha generado, hasta la fecha, varios problemas, como la poca liquidez, obligando al Estado a “echar mano” de esta herramienta para poderle hacer frente a sus problemas financieros, sin afán de defender la práctica, urge encontrar una manera de eficientar y transparentar este método, sin afectar el sentido de urgencia y prontitud que actualmente permite la ley, para contraer crédito de este tipo.

Después de analizar el tema, la conclusión me ha llevado a pensar que lo que se debe buscar es: “Comunicar y avisar”, pero manteniendo la flexibilidad que otorga la ley para que una entidad pueda recurrir a un crédito de este tipo, con prontitud, sin trabas, pero sí con mayor transparencia. ¿Cómo?, muy sencillo, informando al Congreso local lo siguiente:

» Qué generó la falta de liquidez

» En qué se gastará cada peso del crédito

Esta información ayudará a legitimar las acciones financieras del Gobierno y a transparentar el proceso, evitando así, miles de polémicas al respecto.

Es por eso que la semana pasada presenté ante el Pleno una reforma a la citada ley, al Artículo 30 para ser exactos, donde propuse agregar un numeral para que por obligación, al contraer este crédito de corto plazo, el Ejecutivo tenga que dar cuenta a la legislatura de los dos puntos que mencioné.

Yo siempre he pensado que la ley no debe limitar, si no por el contrario, ser una herramienta en donde todas las partes ganen, pensando siempre en el beneficio de los ciudadanos a través de prácticas transparentes y justas.
27 Abril 2019 03:31:00
Atole con el dedo
Cuando transitamos del modelo de Procuraduría a Fiscalía, dentro de este nuevo modelo se creó una entidad especializada en perseguir delitos por hechos de corrupción y, por supuesto, el Sistema Anticorrupción, que tendría como eje fundamental la integración de la participación ciudadana para monitorear y dar seguimiento a los avances en materia de anticorrupción; pensamos que sin duda cambiaría la manera de combatir este mal y comenzaríamos a ver rendir frutos que ayudarían sanear la vida pública del país y las
entidades.


La ilusión duro poco, pronto comenzamos a ver que las fiscalías especializadas en delitos por hechos de corrupción solo simulaban, fiscales a modo que habían colaborado en anteriores cargos con los artífices de grandes actos de corrupción, y en general una fiscalía llena de cuates y cuotas, un sistema anticorrupción en donde las plazas destinadas a docentes honorables o ciudadanos imparciales fueron aprovechadas para acomodar personal cómodo, que tampoco “hicie-ra demás” (“no vaya a ser que se la crean y comenzarán a cuestionar a los fiscales”, seguramente más de uno comentó al momento de su creación).
Esto dio por resultado un sistema que no ha querido aprovechar los
“dientes”, que le fueron dotados y con ello parece estar destinado a convertirse en un elefante blanco. Desde su concepción, considerando que uno de los principales objetivos del sistema es la medición y evaluación del combate a la corrupción, este solo ha fungido como mero espectador y hoy este sistema creado para pedir cuentas permanentemente a los fiscales, presionar y medir su efectividad, hasta el momento ha brillado por su ausencia. Y en esta crítica no me refiero solo al Sistema Anticorrupción coahuilense, también al nacional y al de la mayoría de las entidades.
Pero no todo es culpa de los fiscales, hay que decirlo, ya que tanto a los consejos de Participación Ciudadana del sistema, a los diputados, senadores y organizaciones les ha faltado ser más severos con los auditores superiores y fiscales para que estos rindan cuentas y proporcionen información. Es decir, pareciera que todos están estáticos, a que algo ocurra para evaluar. Tenemos un problema de parálisis y en esto sí que es responsabilidad de todos hacer mover esta maquinaria.

Ya montados en el tema, por supuesto merece la pena hablar de las particularidades del Sistema coahuilense y su Fiscalía Anticorrupción. Parte de lo que he comentado en pá-rrafos anteriores se ve reflejado en los resultados de la Fiscalía Anticorrupción que a la fecha Homero Flores Mier ha destacado por no avanzar nada en el combate a la corrupción; hecho señalado incluso por el auditor Superior del Estado. En lo personal, como diputado en diversas ocasiones he denunciado la forma en que este servidor público declara y luego se desdice de sus afirmaciones sin empacho alguno; caso concreto las empresas fantasma, donde declaró primero que sí llevaba los procesos correspondientes, para luego decir que no, que los tenía la Fiscalía General, y al final decir que él solo conocía una parte de las denuncias.

Cualquiera que sea el caso, son hechos que se dieron a conocer en septiembre del año 2016, tiempo más que suficiente para haber resuelto las carpetas de investigación y deslindar responsabilidades, ya que, como lo señalan expertos en la materia, se trata de delitos financieros donde solo debe probarse la situación legal de la empresa, los montos de dinero recibido ilegalmente, y, en su caso, los delitos cometidos en cada una de las etapas, desde la constitución, registro, celebración de contratos, y erogación oficial de pagos. Todo son pruebas documentales en poder de entidades públicas, en este caso, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el Registro Público de la Propiedad y el Registro de Comercio, rastreo, compilación y análisis de documentos, sumados a las declaraciones de los servidores públicos involucrados, declaraciones que debieron ofrecer a la autoridad en cualquier momento que les fuesen solicitadas.

Entrados en materia, el fiscal Flores Mier presentó ante este Poder Legislativo, de forma escrita, el Informe Anual de Actividades 2017- 2018, de acuerdo a la obligación que le impone la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Las cifras son de escándalo, 243 carpetas de investigación, y de éstas, solo siete fueron judicializadas, aunque Flores Mier pretende darnos atole con el dedo en el apartado denominado como “carpetas concluidas”; se trata de conclusiones bastante desafortunadas, toda vez que seis son archivo temporal, es decir, no es una conclusión formal o plena, cinco fueron perdón, y 27 fue-ron remitidas a otras áreas; eso, mis estimadas compañeras y compañeros, tampoco es una “conclusión”, son más bien reasignaciones o turnos.
Esto es el reflejo de una Fiscalía Anticorrupción que está generando resultados en extremo pobres y de un Sistema Anticorrupcion coahuilense estático.

Si extrapolamos cifras y calculamos una mediana básica, tendríamos que decir que esta Fiscalía estará concluyendo en forma definitiva entre 15 y 17 casos cada 16 meses; y mientras, se irán acumulando más y más denuncias por hechos de corrupción, tanto de parte de la ASE, como de los particulares y de otras entidades públicas hasta llegar al colapso total. Por eso es fundamental que diputados, Consejo de Participación Ciudadana y organizaciones civiles, cuestionen al unísono estas lamentables cifras, solo así, a través de la presión, valuaciones constantes y solicitud de cuentas, podremos ir haciendo más efectivo y eficiente el combate a la corrupción, y si ni así reacciona, entonces pedir la llegada de un nuevo fiscal Anticorrupción.
20 Abril 2019 03:14:00
Odebrecht
El “caso de Odebrecht” seguramente lo han escuchado, pero para aquel que no esté familiarizado con el tema, Odebrecht es un conglomerado brasileño de negocios en materia de ingeniería, construcción y fabricación de productos químicos y petroquímicos, como pueden ver, una empresa bastante robusta y fuerte con presencia en Sudamérica, Centroamérica, África, Medio Oriente y Europa.

La empresa saltó a la fama cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto a 10 países, comenzó una serie de investigaciones sobre la constructora brasileña, en la que se detalló que esta habría entregado moches a presidentes, expresidentes y funcionarios durante los últimos 20 años (incluido por supuesto México), para de esta manera salir beneficiados en las licitaciones públicas.

Odebrecht creó esta caja alterna a finales del año 2010 con el nombre de “Sector de relaciones estratégicas” para disi-mular toda la telaraña de moches. Saco este tema a colación porque hace unos días el expresidente de Perú, Alan García acaparó las primeras planas no solo por ser uno de los expresidentes investigados y ordenado arrestar, sino porque prefirió el suicidio a pasar varios años en prisión pagando por sus actos de corrupción, y así de varios altos funcionarios en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Brasil, Perú, República Dominicana, Venezuela ha sido evidenciada su implicación y conectes a esta compleja red de corrupción, por lo que casi en todos los países involucrados hay ya personas encarceladas por estos hechos por corrupción.

Sin embargo, las persecuciones y castigos producto de las investigaciones a dicha empresa brasileña no han llegado a México. Me explico, la investigación en nuestro país inició con el conocimiento de 10.5 millones de dólares en sobornos a diversos funcionarios, aunque la indagación se centró en 17 empleados de Pemex, cuyos nombres no fueron revelados; sí hubo una investigación donde se expuso a Emilio Lozoya –exdirector de la empresa petrolera del Gobierno– como uno de los principales implicados.

Más allá de algunas multas y sanciones económicas impuestas por la Secretaría de la Función Pública a dos filiales de Odebrecht en México, así como a dos representantes legales de la constructora brasileña, ninguna persona ha pisado la cárcel en México por este caso. Por ejemplo, un amparo fue concedido por un juez en la Ciudad de México a Emilio Lozoya y la PGR quedó impedida para determinar, y en su caso consignar, la carpeta de investigación por las supuestas irregularidades en los contratos de Pemex con Odebrecht hasta que el funcionario y su equipo de defensa puedan tener acceso a la carpeta. Finalmente, Pemex informó que se reservará la información de las negociaciones y contratos hasta 2021.

¿Qué pasa con México que nunca, por algún caso de corrupción alguien es perseguido y encarcelado? Este caso es un gran ejemplo, que si bien, en otros países hay presidentes que tampoco han sido formalmente castigados, sí al menos les costó el cargo y tuvieron que renunciar, pero pareciera que nuestro país es el “paraíso de la impunidad”, donde el sistema te permite pasar del reflector a la sombra de manera desapercibida, hecho lamentable, ya que la empresa brasileña es solo una de las muchas que ejercen bajo este modus operandi de los moches, lo que se ha convertido a lo largo del tiempo en un deporte popular en nuestro país.

Mientras nuestro México siga igual y no haya castigos ejemplares, no podremos salir adelante del todo, mientras el combate a la corrupción siga siendo simulación y el sistema proteja “a los suyos” podremos hablar que nuestro país seguirá siendo víctima de este terrible mal.

Al tiempo.
13 Abril 2019 03:30:00
Miedo ¿a qué?
Humberto Moreira, Jorge Torres, Javier Villarreal y hasta Rubén Moreira son personajes que siempre serán recordados por encabezar la era más oscura en el Estado de Coahuila, el fraude financiero más grande de la historia “La Megadeuda”, que a la fecha sigue ocasionando dificultades financieras en la entidad, poca inversión pública productiva, insuficientes recursos destinados a la educación y salud y por supuesto, un enorme problema de liquidez que obliga al Ejecutivo estatal a solicitar créditos a corto plazo y reestructurar la deuda para tener margen de maniobra.

Es por ello que, el grave problema de este fraude no solo es la contratación ilegal de créditos, ni que fuera por la exorbitante cantidad de 36 mil millones de pesos y ni que lo lavaran en España y Texas, sino las consecuencias a larguísimo plazo que todos los coahuilenses pagarán. Sumergiendo al estado en una parálisis de crecimiento.

A pesar de todo lo mencionado, en nuestro país no hay una sola investigación en curso para que estos personajes paguen por sus actos de corrupción, sin embargo en España y Texas sí. En las investigaciones en aquellos países tenemos a dos exgobernadores y a Javier Villarreal involucrados, este último, en su momento a toda costa trató de negar la existencia de la megadeuda durante su gestión como secretario Ejecutivo del Satec.

Pero meses después de ser destapado todo lo referente a la deuda, Javier Villarreal siguió solicitando créditos, y nadie en Coahuila hizo nada para detenerlo; ni el entonces Gobernador (que dijo que ni enterado estaba), ni el secretario de Finanzas, ni el mismísimo Congreso del Estado.

Como Diputados tenemos la obligación y compromiso moral de aportar tiempo y dedicación a solicitar información acerca de las investigaciones en curso. Sabemos que el fiscal Anticorrupción no lo va a hacer, por eso lo pusieron ahí, para cuidar las espaldas de los involucrados. Con razones de sobra entonces, solicité en el Congreso del Estado la creación de una comisión especial que dé seguimiento a todas las investigaciones que involucran a estas personas aunque se estén dando en el extranjero, por supuesto que tenemos facultades para solicitar información directamente en la Corte texana o española o bien a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de esta manera colaborar, ya sea con información o mínimo enterar a los coahuilenses del tema.

Pero para no dejar la costumbre, mi solicitud no pudo ser ni discutida ni votada y fue enviada directo a la Comisión de Gobernación, como si no fuera urgente resolver este tema. Por el contrario, prefieren darle tratamiento de “tema tabú” o como si fuera algo ya superado. Nada más alejado de la realidad, este tema de la megadeuda coahuilense sigue vivo y confío plenamente que los que la hicieron, la van a pagar; el problema es que todavía hay quienes prefieren no abordar el tema y no dejar de cuidar y honrar a personajes que tanto daño le hicieron a nuestro estado. Por eso digo: Miedo ¿A qué?

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

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