×
Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
ver +

" Comentar Imprimir
17 Agosto 2017 04:08:00
2018: Meade
Los rituales regresaron por la puerta grande del Palacio de los Deportes al cierre de la 22 Asamblea Nacional del PRI. Sin lastres para el presidente Enrique Peña Nieto para que decida con quién buscará mantener Los Pinos, la cargada corporativista con las pancartas de organizaciones y sindicatos, y la clientelar con delegados levantamanos, llenó un escenario que mostró otro tipo de bufalada, la de los tecnócratas, que discretamente el sábado se formaron detrás de la persona para la que parece haber sido confeccionado un traje a la medida con la eliminación de los candados para la candidatura presidencial en 2018, José Antonio Meade, secretario de Hacienda. Invitado a la conclusión del cónclave, captó la atención y el imaginario de que él puede ser el gran delfín de Peña Nieto. ¿Será tan obvia la decisión?

Peña Nieto tiene a tres personas que pueden continuar su proyecto transexenal de reformas económicas. Uno es Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, quien fue el gran operador político de ese pacto, y Meade, quien está a cargo de la primera parte de la consolidación de las reformas económicas. Pero Videgaray está fuera de la sucesión, cuando menos en este momento, por decisión propia y porque su casa de Malinalco, cuya propiedad nunca explicó con transparencia, es como tener una Magnum 357 permanentemente en la cabeza. Otro es Aurelio Nuño, secretario de Educación, que fue uno de los negociadores del Pacto por México, la placenta de las reformas. Nuño tiene enorme cercanía con Peña Nieto, lo que sido, hasta en el Estado de México, tóxico para los candidatos priistas. No obstante, incluso más que Videgaray hoy en día, tiene la total confianza del Presidente. Él puede ser el elegido por Peña Nieto, pero dentro del juego de símbolos hay algo de lo que carece, que ya tiene Meade en este incierto momento para los aspirantes: instrucciones presidenciales específicas.

De acuerdo con información en el entorno del secretario de Hacienda, Peña Nieto le indicó no moverse ni buscar grupos que lo apoyen, mantener la calma y ejecutar las acciones directas y prioritarias que le pida. Lo primero, con suma urgencia, fue restablecer la relación con los gobernadores, que se encuentra rota hace bastante tiempo. Los gobernadores son parte esencial de la ecuación sucesoria. Durante la primera parte de la Administración peñista, los principales gobernadores afectados por el maltrato político y presupuestal fueron los priistas, adicionalmente que han sido algunos de ellos, que se comprometieron con el proyecto de Peña Nieto para llegar a la Presidencia, los que están pagando el costo de la corrupción sexenal. Sin el respaldo de los gobernadores no habría ni posibilidades de ser competitivo en 2018.

Meade hizo caso rápidamente al Presidente y realizó también ajustes estratégicos en el equipo hacendario que pasaron desapercibidos por la mayoría. Trasladó a Emilio Suárez Licona, de la dirección de la Unidad de Banca de Desarrollo en Hacienda, a donde llegó de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde trabajó con Meade a la Coordinación de Entidades Federativas. En su lugar entró Mario Govea, quien era director general adjunto de Coordinación y Política del Sistema Financiero de Fomento. También promovió a Arturo Téllez, titular del Órgano Interno de Control de Hacienda, y que trabajó con Meade en las secretarías de Energía, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Hacienda, a la Dirección General de Auditoría del SAT. Estas áreas son las que atienden directamente a los estados, tanto en los apoyos presupuestales como en algo que hoy es más importante, revisar sus cuentas, detectar las irregularidades, anomalías y, de ser necesario, trabajar con los gobernadores para ver cómo pueden ayudarlos a resolver hoyos financieros en sus cuentas que pueden significar, como se ha visto últimamente, procesos penales en su contra.

No ha sido lo único que ha construido Meade para su futuro. A diferencia de lo que no pudo hacer Videgaray porque el Presidente no lo permitió, Meade sí nombró a todos los directores de la banca de desarrollo, colocando en esos cargos a personas muy cercanas a él. Virgilio Andrade, a quien le dio su primer trabajo en el servicio público, lo nombró en Bansefi. Llevó a Francisco González al Banco Nacional de Comercio Exterior. Mario Zamora, a quien le dio trabajo en Financiera Rural por recomendación de su tío, Francisco Labastida, lo nombró en la Financiera Nacional de Desarrollo, y la semana pasada fue el coordinador de la Mesa de Estatutos que eliminó los candados para la candidatura presidencial.

El más significativo, sin embargo, fue el nombramiento de Alfredo Vara Alonso, en Banobras, porque significó un desafío a Videgaray, quien había logrado que el presidente nombrara directora a la senadora Ana Lilia Herrera, como premio de consolación por no haber sido candidata en el Estado de México, y Meade, en un acuerdo extraordinario en Los Pinos, tumbó la designación y llevó a un hombre de confianza, que trabajó en el Instituto de Protección del Ahorro Bancario, una institución imaginada y construida por su padre, Dionisio Meade.

La fortaleza de Meade dentro del Gobierno es poco vista por la opinión pública, pero tiene un alto significado. Meade no era parte del equipo compacto de Peña Nieto al arrancar el sexenio, pero la creciente cercanía y confianza, como permitirle armar todo el equipo hacendario con los suyos, sugieren que no sólo está en su estado de ánimo, sino que lo ve con el tamaño para consolidar su legado.
16 Agosto 2017 04:08:00
Las preocupaciones de Odebrecht
La historia de Odebrecht y sus corruptelas en México está llena de misterios y opacidades. En Estados Unidos no confían en que la Procuraduría General de la República haga bien su trabajo y, a decir de las últimas filtraciones de la Fiscalía de Brasil sobre el caso mexicano, en aquella nación suramericana, tampoco. La corrupción intercontinental del conglomerado brasileño estalló el 21 diciembre pasado, cuando Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, aceptaron haber sobornado a políticos y funcionarios de 11 países entre 2011 y 2016, luego de haber sido descubierta tras una investigación en la que participaron Brasil, Estados Unidos, México y Suiza. La sorpresa del espectacular anuncio fue que al darse a conocer, México fue excluido como copartícipe de la investigación. No le dijeron a la PGR qué se iba a anunciar sin el conocimiento del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuyo desdén jurídico y político sorprendió y molestó a las autoridades mexicanas. A los ejecutivos de Odebrecht, también. El acuerdo de Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos era pagar una multa de 3 mil 500 millones de dólares, la mayor suma desembolsada para resolver un caso de corrupción en los tribunales de ese país, y que la empresa hablara directamente con cada gobierno donde corrompió para reparar el daño y entregarles toda la información que les concernía. El plazo máximo para cumplir con lo pactado era junio. Fuentes ligadas a la empresa dijeron que los ejecutivos de Odebrecht no esperaron e hicieron contacto con la PGR para llegar a un acuerdo bilateral similar, que evitara que les congelaran sus obras en este país y actuaran eventualmente contra sus ejecutivos. Según las fuentes, en diciembre viajaron a México ejecutivos de la empresa para hablar con las autoridades mexicanas.

Quienes llegaron de Brasil fueron Guillermo Solís, el responsable del área jurídica de Odebrecht, y Luis de Meneses Wyell, quien pese a que era el director de la empresa en México, se encontraba fuera de este país por el temor de que, al estallar el escándalo, pudiera ser detenido. Meneses Wyell es un personaje clave en toda esta trama. Su testimonio ante la Fiscalía brasileña en diciembre pasado es el que relata pagos irregulares al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin –que él niega vehementemente– entre 2012 y 2016, para beneficiarlos con obra pública. La declaración de Meneses Wyell se refiere a la obra que se le entregó mediante adjudicación directa a Odebrecht y la empresa hidalguense Construcciones Tapia en 2015 para la construcción de vías de acceso y obras de externa para un proyecto de utilización de residuos en la refinería de Tula, por 150 millones de dólares, que en junio pasado fue cancelado por Pemex.

Fuentes vinculadas a Odebrecht dijeron que la refinería en Tula no era por la que estaban preocupados en la empresa brasileña, ni figuraba en los puntos que querían hablar con la PGR. El proyecto que les inquietaba era la construcción del gasoducto Los Ramones, cuya licitación para construir el tramo 2 de la obra, ganó en 2014 a través de Tag Pipelines. El contrato fue de 935 millones de dólares. Desde que se adjudicó el tramo 2 de Los Ramones hubo críticas porque el proyecto llevaba un sobreprecio de 60 por ciento. Reiteradamente se pidió que lo detuviera al entonces secretario de Energía en el Gobierno de Felipe Calderón, Jordy Herrera, quien conoció la obra cuando fue director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, que supervisaba esa construcción. Cuando Herrera dejó el cargo, lo sustituyó Alejandro Martínez Sibaja, el primer funcionario que removió José Antonio González cuando sustituyó a Lozoya en Pemex. En este espacio se refirió a mediados de febrero que uno de los más nerviosos por el escándalo de Odebrecht era Froylán Gracia García, coordinador ejecutivo de la Dirección General en la Administración anterior, y de todas las confianzas de Lozoya Austin. Gracia García era muy cercano a los ejecutivos de la empresa, y de acuerdo con las fuentes cercanas al conglomerado, realizó “decenas” de viajes a esa nación. No fue posible localizar a Gracia García, señalado por funcionarios peñistas para ilustrar la corrupción que había en Pemex, para conocer su opinión.

En el temario que llevaban Solís y Meneses Wyell se encontraba también su preocupación por los diferentes procesos electorales en Tamaulipas y Veracruz, dos de los estados donde tenían fuertes inversiones y que temían resultaran afectadas por los cambios de Gobierno. En esas dos entidades se presume es donde Odebrecht invirtió en campañas electorales, particularmente en Veracruz, donde la relación que comenzó durante el Gobierno de Fidel Herrera se profundizó durante el de Javier Duarte.

No se supo nunca si el procurador Cervantes recibió a Solís y Meneses Wyell. Dos meses después, los brasileños le informaron en Brasilia detalles de la investigación, y en mayo, extrañamente, rechazó un acuerdo con Odebrecht de reparación económica y colaboración en la investigación en México. Oficialmente alegó que “bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los exfuncionarios y/o funcionarios públicos involucrados”. Lo que ofrecía Odebrecht era lo contrario: facilitar la investigación. Rechazó esa ayuda y congeló el caso la PGR, cerrando la investigación por 5 años, acatando una instrucción de Los Pinos.
15 Agosto 2017 04:07:00
‘Duermo muy tranquilo’
Emilio Lozoya Austin realizaba un viaje en avión este domingo cuando el periódico brasileño O Globo difundió el testimonio de un exejecutivo de Odebrecht en México, quien aseguró que la empresa brasileña le había pagado millones de dólares a cambio de que les ayudara a obtener el contrato para hacer adecuaciones en la refinería en Tula, Hidalgo. Aterrizó pasado el mediodía en una escala rumbo a la Ciudad de México, y consultó con sus abogados cómo respondería. Cerca de las siete de la noche, a través de Twitter, negó todas las imputaciones y sugirió la existencia de testimonios amañados por parte de “delincuentes confesos” con el propósito de reducir sus condenas. Sin mencionarlo directamente, se refería al exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, en cuya declaración en la Fiscalía brasileña en diciembre, fincó O Globo su revelación.

En su comparecencia, Meneses Weyll dijo que Lozoya Austin recibió entre 2012 y 2014, 10 millones de dólares para favorecer a Odebrecht con obra pública. El reportero de O Globo que obtuvo el testimonio inculpatorio, señaló que ahora depende de la PGR determinar si ese dinero tocó a otros miembros del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Las primeras declaraciones de deslinde, son actos de fe: no hubo dinero de Odebrecht en la campaña presidencial, que hizo poco para disipar la tolvanera en el imaginario colectivo que conectó el pago de 4 millones de dólares a Lozoya Austin en 2012, con la búsqueda de Peña Nieto de la silla de Los Pinos. El escándalo de la semana, estalló. Sobre dinero en las campañas mexicanas, se hablará en un siguiente texto.

Lozoya Austin, quien es enemigo de litigar en los medios de comunicación, insistió este lunes en su inocencia. “Como (lo) he dicho, quedará probado que los alegatos contra mí son una mentira… Pero algo sucedió y que se investigue. Si los brasileños en realidad dijeron eso… es porque ninguno pisó la cárcel y entre más ‘peces gordos’ embarraban, mejor les iba”. Meneses Weyll fue representante de Odebrecht en México hasta finales de abril pasado, sin que se sepa qué ha pasado con él. El ejecutivo de la empresa no está acusado de nada aún, de acuerdo con la información pública disponible, pero se ha prestado a declarar ante los fiscales brasileños como “informante”.

No es el caso de Hilberto Mascarenhas, a quien el dueño de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, instruyó a crear el Departamento de Operaciones Estructuradas, mediante el cual, de acuerdo con las investigaciones en Brasil y Estados Unidos, se hacían los sobornos a funcionarios en más de una docena de países, incluido México. Mascarenhas, cuyo testimonio ante los fiscales brasileños divulgado en el semanario Veja apuntó que Lozoya Austin era parte de la red de sobornos de la empresa –a la cual vinculaban también con OHL–, que había pedido directamente durante una junta programada en noviembre pasado con Meneses Wyell y el responsable de Odebrecht para América Latina, Luiz Mameri. En su momento, Lozoya Austin respondió: “No he solicitado ni he recibido dinero ilegal”. Asimismo, aseguró que esa reunión, que se había previsto realizar 10 meses después de haber dejado la dirección de Pemex, nunca existió.

Lozoya, aunque sin hacerlo personalmente, no ha dejado de desmentir cada vez que aparece información sobre él, particularmente en la prensa brasileña, que es retomada por la mexicana y de otras naciones. No ha señalado cuál es la estrategia legal que está siguiendo su equipo de abogados, encabezado por Felipe Coello Trejo, a quien en algún momento se llamó “el fiscal de hierro” por su rudeza. “Los abogados harán lo que se requiera”, dijo Lozoya a la pregunta directa si iban a defender su caso en Brasil. “Pero lo que sí es un hecho es que duermo muy tranquilo, aunque molesto por los infundios”.

Aunque de bajo perfil, Lozoya no ha dejado de estar activo en México. La PGR no lo ha requerido, cuando menos todavía. Varios de los funcionarios que trabajaron con él o que actualmente laboran en Pemex han sido llamados a declarar. Uno de ellos, aparentemente contra quien más duro fue el Ministerio Público Federal, es Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos Industriales, y quien atestiguó la asignación directa a Odebrecht en la refinería de Tula el 16 de noviembre de 2015, y por la cual Meneses Wyell dijo que la empresa le había pagado 4 millones de dólares a Lozoya Austin.

Esa obra fue firmada por el director corporativo interino de Procura y Abastecimiento de Pemex, Gustavo Escobar, y el gerente administrativo de Odebrecht, Marcelo da Fonseca. Además de Cornejo Serrano, atestiguaron la firma Meneses Wyell, Miguel Tame, el director de Producción de Transformación Integral –que renunció junto con Lozoya Austin–, y Alejandro Martínez Sibaja, que era director de Pemex Transformación Industrial, a quien el nuevo director de Pemex, José Antonio González Anaya, adelantó su jubilación.

Cuando comenzaron a acumularse las denuncias periodísticas de corrupción en su entorno más cercano, Lozoya Austin realizó una investigación independiente de Pemex que no arrojó evidencia de que hubieran recibido sobornos. El tema de Odebrecht saltó en diciembre pasado, y su nombre empezó a mencionarse este año. En todo este tiempo, él ha señalado que las imputaciones no tienen bases sólidas, sugiriendo que hay personas –que no identifica– que están empeñadas en hacerle daño. Lozoya le apuesta a la ley y ha asegurado que el día que la PGR lo llame a declarar, acudirá sin dudarlo. “No tendría inconveniente –dijo previamente–, por obvias razones”. ¿Cuáles? Lo asegura: es inocente.
14 Agosto 2017 04:07:00
Propinas para Lozoya
Emilio Lozoya Austin tiene un problema muy serio, y también lo tiene el presidente Enrique Peña Nieto y el procurador general Raúl Cervantes. Testigos de la Fiscalía de Brasil lo señalaron de haber recibido 10 millones de dólares del conglomerado Odebrecht para que les facilitara obra pública en México, que se suman a otros 5 millones que documentaron los brasileños que también le habían dado en otro momento. Cuando menos 15 millones de dólares directo a las cuentas de Lozoya Austin en el extranjero, según la Fiscalía, sin que en México pase nada. Bueno, sí pasa. Hasta este momento existe encubrimiento y protección para el exdirector de Pemex por servicios prestados a sus superiores, sin molestarlo y sin hacer pública información que lo afecte, pese a que el rompecabezas de corrupción de Odebrecht en México muestra pagos regulares a Lozoya Austin.

Nuevas revelaciones publicadas el domingo por el periódico carioca O Globo muestran que Lozoya Austin se convirtió en un activo del conglomerado de construcción brasileña desde que era miembro del equipo de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, y lo procuraron con dinero regular por los beneficios que les podía dar cuando fuera un alto funcionario del nuevo Gobierno, como se los adelantó. Así fue. Odebrecht, según la Fiscalía brasileña, le llenó de decenas de millones de pesos el bolsillo sin que rindiera cuentas por ello, durante su gestión como funcionario, o posteriormente, como consultor privado que llegó a ser considerado, incluso, como diplomático peñista.

O Globo publicó que Odebrecht le pagó 10 millones de dólares de “propina” –eufemismo de soborno– a Lozoya Austin entre 2012 y 2016, como director de Pemex, para que la apoyara a conseguir una obra pública de 115 millones de dólares en la refinería de Tula, convenciendo al Consejo de Administración de Pemex de que debía adjudicársele a esa empresa la obra, junto con una hidalguense, Construcciones Industriales Tapia, con las que les recomendó asociarse desde que lo buscaron por primera vez en 2011, siguiendo una práctica regular en el peñismo de armar grupos empresariales a modo para las licitaciones. Los pagos, sin embargo, comenzaron en marzo de 2012, durante la campaña presidencial de Peña Nieto.

El dato de los 10 millones de dólares es consistente con la información que dio a conocer el 21 de diciembre pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, después de haber llegado a un acuerdo fuera de tribunales con Odebrecht, que contribuiría con la investigación multinacional sobre los sobornos que realizó en más de una docena de países, le aportaría información a las naciones en donde se realizaron, y pagaría una multa superior a los 3 mil millones de dólares. El caso mexicano se refería al pago de 6 millones de dólares a “un alto funcionario” de Pemex alrededor de diciembre de 2013 y diciembre de 2014, a cambio de ayudarla a ganar un proyecto. El pago a Lozoya Austin por apoyar la adjudicación en Tula, según las revelaciones de O Globo, fue de 6 millones de dólares pagado en ese mismo lapso.

Toda esta información fue proporcionada a la PGR por la Fiscalía brasileña en febrero pasado, cuando viajó a Brasilia el procurador Cervantes. A su regreso se informó extraoficialmente que se citaría a declarar a Lozoya Austin. Nunca pasó, de acuerdo con el propio exdirector de Pemex, quien sostiene que no ha sido llamado a comparecer por la PGR.

O Globo no pudo hablar con Lozoya Austin ni con sus representantes. Este domingo el exdirector de Pemex que se dedica a la consultoría privada, estuvo inalcanzable. En conversaciones anteriores, Lozoya Austin ha negado cualquier acto de corrupcion de él y de sus cercanos en la empresa paraestatal. El exfuncionario, muy cercano al presidente Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México, es una tumba cuando se habla con él, sin que deje escapar ningún tipo de información que pueda afectar a quien le rendía cuentas directamente y con quien podía tener acuerdos sin la gestión, control o intermediación de sus superiores jerárquicos.

Los detalles de la información divulgada este domingo por el diario brasileño lo colocan, como nunca, en una situación de extrema delicadeza por la precisión y la documentación que aportó Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, con quien hablaba regularmente Lozoya Austin, incluso antes de ser parte de la campaña presidencial, y quien hizo la recomendación a sus superiores en Sao Paulo de que tenían que fortalecer la relación con él, mediante pagos regulares de distintas cantidades, por la influencia que tenía en el entorno de Peña Nieto y el cargo de importancia que tendría en el nuevo gobierno.

La información divulgada presumiblemente la tenía en su poder desde hace meses la PGR, que contra lo que ha sucedido en América Latina, donde están abiertos los procesos que fueron beneficiarios de la corrupción de Odebrecht, ha tratado de mantener en secreto las pesquisas. Ahora se sabe por qué. La acusación contra Lozoya Austin golpea en el corazón de Los Pinos, donde fue durante toda la mitad del sexenio protegido del Presidente.
11 Agosto 2017 04:08:00
2018: el FODA de Peña
Cuando renunció Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia del PRI el año pasado, la decisión unipersonal del presidente Enrique Peña Nieto para sustituirlo fue Enrique Ochoa. La razón, lo decía en privado, era para mandar un mensaje claro al interior del partido, que entendería que cuando hablaba Ochoa, hablaba él. En estos últimos días, la encomienda se ha cumplido. En una entrevista con El Financiero el miércoles, Ochoa definió las virtudes que debe tener quien represente al PRI en 2018: trayectoria muy positiva, experimentada y probada en el ejercicio de la administración pública; honestidad comprobada, y un proyecto convincente e inteligente a la ciudadanía. Era preámbulo de lo que pasaría el jueves en Campeche, donde el PRI eliminó los candados para candidaturas presidenciales y estableció que cualquier militante, simpatizante o ciudadano puede representarlo en 2018, sin restricciones, siempre y cuando goce de “buena fama pública”.

La decisión del PRI abrió los cerrojos que tenía Peña Nieto para escoger a su sucesor, con lo cual la definición del candidato, o candidata, pasó a otro estadio, el de los atributos esbozados por Ochoa. Entonces, ¿qué es la fama pública? El concepto está claramente definido en materia jurídica, pero es más subjetivo en el contexto político. Sirve, sin embargo, el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que establece como deberes el respeto a las leyes; la ética, entendida como los valores que ayudan a distinguir lo bueno y los malos de las acciones; la honestidad y la honradez, que no son iguales, al significar la primera la demostración de una actitud responsable hacia su persona y hacia los demás, mientras que la segunda consiste en el reconocimiento y fama pública que se reputa como honesta.

¿Quiénes entre los aspirantes a la candidatura en el entorno de Peña Nieto no gozan de buena fama pública? Se puede argumentar que uno muy claro es el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien carga como un pesado lastre un tema objetivo, el del conflicto de interés sobre su casa de descanso en Malinalco, que nunca pudo responder en términos éticos al enfocarse solamente al aspecto legal. Otro es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al que mancha justa o injustamente, como él sostiene, la percepción de que uno de sus hermanos está involucrado en actividades poco transparentes. ¿Quiénes sí? Los alfiles del Presidente, Aurelio Nuño y José Antonio Meade, secretarios de Educación y Hacienda, llenan ampliamente ese casillero, como también el caballo negro de la sucesión, José Narro, secretario de Salud. Ninguno de estos tres ha sido cuestionado en términos de su integridad o desapego a la ley. ¿Pero es suficiente?

En el perfil dibujado por Ochoa, donde se establecieron las fortalezas y debilidades que analiza el Presidente para escoger a quien abandere el PRI, ¿tiene Nuño una trayectoria muy positiva, experimentada y probada en el ejercicio de la administración pública? La meteórica carrera de Nuño en el servicio público elimina la especificidad del requisito de la “trayectoria”, que sí pueden presumir en sus palmarés Meade y Narro. ¿Tienen un proyecto convincente e inteligente para la ciudadanía? Eso falta por aclararse, porque al querer Peña Nieto extender hasta enero la decisión sobre su sucesor, con la exigencia de control y contención que ha pedido a su Gabinete para que no alteren sus tiempos, ninguno de los tres puede aún trazar la visión que tiene sobre el país.

Intramuros, Peña Nieto tiene sus propias evaluaciones sobre cómo han trabajado y qué resultados han dado, que debe incorporarse en el capítulo de los atributos. Para él, como lo dijo este miércoles, Nuño logró la culminación de la reforma educativa, que fue la iniciativa más aplaudida por todos desde el inicio de su Administración en 2012. Los maestros, particularmente en la cuenca del descontento en el sur del país, podrán tener una opinión diferente, pero en términos de resultados ante los ojos del Presidente, Nuño cumplió la encomienda. A Meade le podrán echar en cara el gasolinazo y la mediocridad del crecimiento económico, pero en la valoración del Presidente, él fue quien rescató al Gobierno al entrar el relevo de Videgaray, el verdaderamente responsable de que no haya habido el despertar económico prometido, y quien diseñó la liberación de los precios energéticos. Narro no se ve tanto por lo que hace, sino por lo que no pasa: una crisis en el sistema de salud, lo que habla positivamente de su trabajo. De los tres, es el más experimentado en lo político y el de mayor sensibilidad sobre la realidad del país, a decir por los discursos que como rector de la UNAM pronunció.

Ninguno de los tres figura entre los priistas más conocidos, pero la ecuación sucesoria no debe pasar por el tema del conocimiento, sino de la variable de quién sería el más competitivo para ganar. El conocimiento, como dijo el año pasado Peña Nieto, se gana en una campaña presidencial, donde la presencia en medios puede lograr elevar los puntos porcentuales en las encuestas de una manera explosiva. Pero para ganar se requiere incorporar otros factores: ¿quién es el que más cohesiona dentro del PRI? ¿Quién es el que más puede sumar fuera del PRI? ¿Quién puede apelar al mayor número de votantes en el segmento de los switchers, que son los que modifican el rumbo de una elección? Las variables para la sucesión son amplias, pero recordando las palabras de Ochoa, Peña Nieto ya tiene definida la matriz. Sólo falta que escriba finalmente el nombre.
10 Agosto 2017 04:08:00
2018: Los alfiles de Peña
En el gabinete, la convención generalizada es que el presidente Enrique Peña Nieto tiene listas las cartas de dos colaboradores para la candidatura presidencial. Arriba, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, de quien mejor se expresa de todo el gabinete, y luego el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Están tan lejos de todos en el ánimo presidencial, particularmente Nuño, que hay aspirantes como Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, que admite en privado que no hay mucho qué hacer ya, aunque no por ello deja de buscar que sea él a quien designe el presidente y unja el PRI. La Asamblea Nacional del PRI que comenzó este miércoles y terminará el sábado, quiere darle a Peña Nieto todos los instrumentos para que sus deseos se cumplan y elimine los obstáculos que puedan al elegir a su sucesor.

La Asamblea pretende limar todas las aristas para facilitar la eventual candidatura de Nuño o Meade. De ahí viene la relevancia que se le ha asignado a la Mesa de Estatutos en Campeche, donde si bien el candado de fidelidad partidista que obliga una militancia de cuando menos 10 años a quien aspire la candidatura presidencial no afecta a Nuño, cuyo carnet priista data de 2004, se ha vuelto un condicionamiento casi de veto para Meade.

El secretario de Hacienda podría contender por la Presidencia con los colores del PRI, siempre y cuando vaya en alianza con otro partido, y que fuera propuesto por ese partido al cual se sumaría el PRI. Aunque esto ya se vio en Chiapas, con el gobernador Manuel Velasco del Partido Verde, se ve difícil que el PRI procese a Meade como su candidato presidencial, al tener que ceder el partido tendría la candidatura a otra franquicia.

Nuño y Meade son vistos dentro del gabinete y en otros círculos políticos, como los alfiles de Peña Nieto. Nuño, que llegó al gobierno peñista empujado por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se fue ganando la confianza del Presidente por los resultados que le dio y un enorme cariño, al ver reflejado en él su camino hacia la cima del poder, explicaron personas que los conocen.

Meade, el único miembro del gabinete al que le tiene respeto profesional Videgaray, fue conquistando gradualmente la confianza del Presidente, por su trabajo y convertirse en uno de los pocos funcionarios en su entorno que le aportan la información y la cosmogonía de la que el Presidente, un mexiquense típico, carece.

Los dos precandidatos del Presidente tienen a un solo rival de peligro, el secretario Osorio Chong, mañoso y perverso, buen conocedor de las plomerías de la política mexicana, como experimentaron Nuño con el conflicto magisterial hace poco más de dos años, cuando lo excluyó toscamente de las negociaciones, y el propio Meade en diciembre y enero, cuando lo dejó lidiando en solitario con las consecuencias políticas y sociales del gasolinazo. Osorio Chong, sin embargo, es el priista mejor colocado en las encuestas donde se evalúan a los aspirantes. La última pública, levantada en la penúltima semana por De las Heras Demotecnia, la casa encuestadora de cabecera del PRI, publicada en Uno TV, coloca al secretario de Gobernación como el priista al que mejor le iría en la elección presidencial, bajo cualquier escenario.

Por ejemplo, en una competencia con la panista Margarita Zavala, y contra el morenista Andrés Manuel López Obrador, Osorio Chong se quedaría un punto debajo de ellos, con 25% del voto, que están empatados con 26%. Meade alcanzaría en esa misma fórmula 21% del voto, contra 27% de Zavala y López Obrador. Nuño, en cambio, es el que tiene el peor comportamiento de los siete aspirantes priistas medidos, al obtener 20% del voto, 7 puntos debajo de sus rivales. Si la variable panista cambia a Ricardo Anaya como candidato, Osorio Chong quedaría en segundo lugar con 25%, debajo de López Obrador con 28% del voto, pero arriba 4 puntos de Anaya.

Meade, que se desplomaría al sexto lugar entre los priistas, empataría con Anaya con 22% del voto, pero se quedaría a 9 puntos de López Obrador.

Nuño, una vez más en el último escalafón priista, alcanzaría 18% del voto, contra 20% de Anaya y 28% de López Obrador.

En todos los careos realizados, Nuño apareció en el último lugar de los priistas, mientras que Meade sólo sale del sótano cuando aparece en la boleta Miguel Ángel Mancera, por la alianza PRD-PAN, con quien empata en 22% del voto, pero quedando ambos a 8 puntos de López Obrador. Los alfiles de Peña Nieto están cojos, pero ni siquiera con Osorio Chong el PRI tiene un candidato ganador, según esta última encuesta. De hecho, si sólo se mide la preferencia partidista el PRI pierde en cualquier escenario.

Estos datos, paradójicamente, no favorecen al secretario de Gobernación. Si aún con él no hay posibilidades reales de victoria, entonces Peña Nieto puede optar por cualquiera de sus alfiles, y jugar la apuesta de construir un candidato ganador.

No obstante, para poder hacerlo y tener una candidatura cohesionada, necesita el apoyo de todo el PRI que lo respalde. Con el PRI es difícil que mantenga la Presidencia, pero sin él, definitivamente no hay posibilidad alguna de entrar siquiera en competencia. La Asamblea Nacional del partido, entonces, tiene un significado diferente bajo este prisma, la necesidad de Peña Nieto de legitimar la decisión, cualquiera que sea, sobre su sucesor, para luchar por mantener el poder.
09 Agosto 2017 04:08:00
El poder, ¿para qué?
El gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, en su mayoría, tiene clara la instrucción. No es la Mesa de Estatutos de la Asamblea Nacional del PRI, donde se aprobará con seguridad la anulación de candados a la candidatura presidencial la más relevante, ni la de Rendición de Cuentas y Corrupción, donde el Gobierno ha sido prolífico en declaraciones, pero con déficits en resultados, en donde tienen que estar, sino en la de Visión de Futuro, que se llevará a cabo este miércoles y jueves en Zapopan.

Ahí se discutirán las reformas económicas de Peña Nieto, pero no para cuestionar el por qué las hicieron, sino para encontrar la forma de que a algo ya consumado, puedan encontrar en menos de un año la fórmula para conseguir un consenso nacional que evite que el PRI sea expulsado del poder en 2018. Reinventar en tan corto tiempo el código genético de un gobierno excluyente y tentaciones autoritarios, parece imposible. Tanto, como que en las condiciones actuales sería que el PRI pudiera mantener la Presidencia.

Las reformas de Peña Nieto, las más profundas desde el cambio de modelo económico impulsado Carlos Salinas, desde la Secretaría de Programación y Presupuesto en 1985, durante el Gobierno de Miguel de la Madrid, provocaron una pérdida significativa en el respaldo del PRI a nivel nacional. Desde las elecciones para gobernador en 2015, el PRI cayó a 15 entidades bajo su control, la cifra más baja en 26 años de alternancia electoral, con lo que perdió el 19% de su influencia de Gobierno en el país, al pasar de gobernar de 66 millones a 53 millones. En las elecciones para gobernador en junio pasado, perdieron una de tres –una más, Coahuila, sigue en litigio–, y perdieron otro millón de votos. Pero en el bastión peñista, el estado de México, el PRI como partido perdió por 56 mil votos ante Morena, pero salvó la derrota por los votos de sus aliados.

Todas las reformas fueron altamente cuestionadas. La fiscal provocó que en noviembre de 2013 su índice de desaprobación rebasara al de aprobación, que nunca pudo recuperarse y ubica a Peña Nieto en el nivel más bajo de respaldo nacional desde que se miden las gestiones presidenciales hace casi 30 años.

Esta reforma hizo que los estados de la frontera norte votaran contra el PRI en 2015, mientras que la educativa hizo que en la cuenca del descontento en el sur, rechazaran a sus candidatos, y en los estados del Golfo, indignados por la energética, expresaran su repudio al gobierno en las urnas. Se puede argumentar si las reformas eran indispensables o no; en el mundo fueron aplaudidas y en México repudiadas, pero lo que no puede sostenerse es que fueron decisiones cupulares donde se excluyó a todos menos a una docena de personas de varios partidos, controladas por Peña Nieto, que decidieron el futuro de la nación.

Las reformas fueron cocinadas en el Pacto por México, un acuerdo cupular con el PAN, el PRD y de manera satelital el Partido Verde y Nueva Alianza, que excluyó a los propios militantes de esos partidos y desoyó a todos los grupos de interés en el país que tenían cosas qué decir sobre las transformaciones.

Es cierto que este tipo de reconstrucción económica se tiene que procesar de esa manera casi vertical, pero es fundamental que para evitar tensiones que amenacen el sostenimiento de los cambios alcanzados, se tienen que buscar consensos. Al Presidente, o no le interesó alcanzar el consenso, o quienes debían de haberlo construido, no hicieron su trabajo. En cualquier caso, el rechazo a su gestión ha hecho inviable, en este momento, que el PRI se mantenga en el poder, y la posibilidad de una regresión a sus reformas tras las elecciones presidenciales del próximo año, al ser minoría en las entidades que concentran el mayor peso electoral: Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Guanajuato. Sólo lo mantiene en el mermado estado de México, y está en riesgo de perder la gubernatura en Jalisco en 2018.

La forma como ha funcionado el Gobierno de Peña Nieto ha sido vertical y excluyente, en contraposición de sociedades cada vez más horizontales y abiertas. Manlio Fabio Beltrones, el exlíder del PRI, que mantiene un diálogo fluido con el presidente, quien presidirá la mesa en Zapopan, ha insistido en que lo fundamental que debe hacer su partido es construir un proyecto de gobierno que beneficie a los ciudadanos que le permitan garantizar que las reformas no sean revertidas. Es decir, que mantengan el poder. Pero en este sentido, cabe la pregunta, desarrollada como libro por el exgobernador de Chiapas, Eduardo Robledo, “Poder, ¿para qué?, ¿por qué es tan difícil gobernar?”, en donde se plantea cómo se puede administrar el poder. En el caso del gobierno actual, la calificación es reprobatoria.

En un documento de “ideas” para la mesa de Zapopan, Beltrones tocó el crucial tema de la participación social organizada, que requeriría ser reconocida, primero, y después ser incluida en los debates, como “una forma de mostrar apertura, enriquecimiento de nuestras propuestas de políticas públicas y aproximación a las inquietudes sociales”.

Traducido al castellano es: si el partido no se abre, se erradica el verticalismo y se actúa con sensibilidad ante lo que la sociedad quiere y necesita, no habrá forma de revertir la tendencia electoral actual. Beltrones no lo plantea de manera tan dramática, pero es tan simple y claro como afirmar que o Peña Nieto y su equipo se abren a la participación de todos en el debate público, o la Presidencia pasará a otras manos en 2018.

Ahora, si uno revisa la genética del peñismo, eso es lo que hoy en día parece que sucederá.
08 Agosto 2017 04:07:00
Tláhuac, el dolor del ‘Peje’
A lo largo de toda la semana pasada, la preocupación de los asesores de Andrés Manuel López Obrador era en qué momento la investigación de narcopolítica en la delegación Tláhuac, encabezada por un connotado miembro de su partido, Morena, Rigoberto Salgado, empezará a salpicarlo. La puerta de entrada se encuentra en Tlalpan, a donde se extienden líneas de investigación federales ante la sospecha de que dinero de procedencia ilícita que piensan financió la campaña de Salgado también se inyectó en contiendas como la de Claudia Sheinbaum, a quien López Obrador impulsa como candidata al Gobierno de la Ciudad de México. ¿Será Tláhuac el principio de una campaña de descrédito contra López Obrador, en 2018? El tabasqueño ha probado ser inmune a todo tipo de ataques, pero su teflón en algo tan profundo como narcodinero en su partido y en sus campañas, de probarlo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ¿podría mantenerlo inmune?

Salgado está políticamente liquidado. Tras su comparecencia en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, no pudo desmentir las imputaciones que se le hicieron, salvo asegurar, contra documentos que le mostraron los diputados, que no tenía vinculación con la delincuencia en Tláhuac, donde hace 3 semanas un comando de la Marina acabó con la vida del líder del narcomenudeo en el sur de la capital federal, con vinculaciones con el cártel del Pacífico, Felipe de Jesús Pérez Luna. Para Morena se volvió una pieza desechable, donde lo importante es cómo su caso no contamina a Morena y al grupo compacto de López Obrador.

Tláhuac es la bomba de tiempo para Morena. No se volvió un foco rojo de seguridad en los últimos años, ni tampoco emergió como zona de narcomenudeo de manera reciente. Desde los 70, Tláhuac y una zona del mexiquense Neza, en la zona conurbada al oriente de la Ciudad de México, era donde se adquirían drogas. En aquel entonces era mariguana, y con el paso del tiempo se fue ampliando la oferta a cocaína y drogas sintéticas. A las tienditas y los raves acudían los fines de semana de todas partes de la Ciudad de México todos los grupos socioeconómicos a adquirir sus drogas. Es imposible que Salgado no conociera del tema de tiempo atrás, al haber sido dos veces responsable de la Seguridad Pública en Tláhuac antes de llegar a delegado. Sus omisiones o comisiones –ya lo determinarán las investigaciones– le van a provocar la caída política y, eventualmente, hasta la libertad.

Su caso se extiende, cuando menos en el campo de las investigaciones, hasta otras delegaciones morenistas, como Tlalpan, que encabeza la señora Sheinbaum, en cuanto a si dinero criminal fue inyectado a sus campañas. López Obrador ha sido enfático al hablar sobre Tláhuac, para deslindar claramente a Salgado de Morena. No defiende al delegado; busca blindar al partido. Nunca antes habían estado tan cerca de ser vinculados él, sus cercanos y su partido, con grupos criminales. Lo más cercano a lo que estuvo expuesto fue en el caso de José Luis Abarca, alcalde de Iguala cuando la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, a quien había apoyado. La prensa ha documentado cómo cuando en la campaña de Abarca le dijeron en Iguala sobre las acusaciones de haber ordenado asesinatos, López Obrador los desoyó. Esa actitud, no querer escuchar para no saber, lo ha marcado en el pasado.

Cuando en la campaña para el Gobierno de la Ciudad de México, la entonces presidenta del PRD, Rosario Robles, le dijo que había conseguido que un empresario financiara al partido, López Obrador le respondió que lo arreglara ella, pero que él no quería saber nada de eso. Ese empresario era el argentino Carlos Ahumada, que a cambio de ser mecenas de los perredistas e inyectar recursos a sus campañas, incluida la de López Obrador, recibió contratos de obra pública en diversas delegaciones, como Tláhuac.

El dinero de Ahumada siempre fue asociado a ese tipo de intercambios, recursos a campañas recuperados mediante entrega de obra pública, hasta que la investigación de Ayotzinapa abrió una ruta inesperada. Campo Morado, una mina de Ahumada en Tierra Caliente no lejos de Iguala, lo conectaba con un grupo criminal de envergadura, escisión de La Familia Michoacana, encabezado por Jhonny Hurtado Olascoaga, apodado “El Fish”, y autor intelectual de la ola de secuestros que se dieron en Valle de Bravo hace pocos años. Nunca se exploró la posible inyección de dinero criminal al PRD de López Obrador en aquellos años por la vía de Ahumada, como tampoco lo que representaba Abarca para los delincuentes en aquella zona.

López Obrador nunca quiso saber de dónde salían los recursos, aunque era beneficiario de ellos. Ese mismo modus operandi es el que vuelve a aparecer en Tláhuac, donde probablemente, de acuerdo con su actitud de no preguntar lo que no quiere saber, lo tiene en medio de una investigación federal de gran calado. López Obrador no es deshonesto ni se vive jugando fuera de la ley. Pero la manera negligente con la que trata los asuntos de financiamiento político lo hace responsable de sus consecuencias. El no ser culpable de cometer o solapar delitos no lo lleva a puerto seguro. La preocupación de sus asesores sobre cómo pueden quedar involucrados él y su equipo compacto en el caso Tláhuac debe convertirse en una estrategia sólida y convincente para evitar que su barco presidencial empiece a naufragar antes, incluso, de salir a la mar.
07 Agosto 2017 04:07:00
Tropas extranjeras en México
Después de publicar la transcripción de la conversación entre los presidentes de México y Estados Unidos el 27 de enero pasado, donde Donald Trump le dijo a Enrique Peña Nieto que “al 100%” estaba listo para enviar tropas estadunidenses a México a matar narcotraficantes, el periódico The Washington Post, que reveló la transcripción, se preguntó: “¿Puede enviar Trump tropas a México?”.

Peter DeShazo, profesor de asuntos latinoamericanos del Colegio Darmouth, respondió: “Es improbable que el Gobierno mexicano permitiría unidades de élite, como las Boinas Verdes o los SEAL, para enfrentar a los cárteles de la droga, o jugar un papel activo en asesorar y apoyar a las unidades mexicanas. No es un tema unilateral. El crimen organizado es un asunto internacional y no un tema doméstico de México”. DeShazo, The Washington Post y el propio Trump, están rebasados. Trump no necesita enviar tropas, porque hace tiempo sus militares están en México.

No en la forma como recuerda el Post la invasión estadunidense en 1847-48, o los amagos de la flota estadunidense en Veracruz en 1914. Ese modelo de intervención corresponde a un pasado muy lejano. La presencia tiene distinta cara y existe en México desde hace varios años. Incluso, desde los albores de la Segunda Guerra Mundial se firmó un oscuro tratado bilateral donde ambos países pueden utilizar, sin necesidad de solicitar autorización, los aeropuertos y las bases militares de cada nación en situaciones extraordinarias.

El Post recuerda el origen de una revigorizada relación militar, cuando el problema común del narcotráfico produjo una alianza táctica para enfrentarlos, pese a la desconfianza del y en el Ejército Mexicano. Esa desconfianza de Washington propició que el apoyo central se fuera a la Marina. Un grupo importante de marinos mexicanos fueron entrenados por el Cuerpo de la Marina de Estados Unidos y los capacitaron al mismo nivel de los SEAL, que es como se conoce a las unidades Mar, Aire y Tierra, de donde viene el acrónimo de las fuerzas de operaciones especiales más sofisticadas que tiene la Armada.

Los estadunidenses los entrenaron en sus instalaciones de Virginia y el sur de California, de donde salieron tres comandos de élite construidos a imagen y semejanza de los estadunidenses, que se encuentran en las bases de la Ciudad de México, Veracruz y Acapulco. Los SEAL estadunidenses figuran en las operaciones más espectaculares y conocidas de la guerra, como las invasiones a Panamá y Afganistán, o la muerte de Osama bin Laden, y condujeron tácticamente, a los comandos mexicanos que abatieron a Arturo Beltrán Leyva, el letal capo del narcotráfico, en diciembre de 2009. La CIA también ha trabajado con los comandos mexicanos, a quienes actualizó mediante contratistas privados en instalaciones secretas cerca de la Ciudad de México. La CIA, aunque no es militar, fue clave en la primera captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Mazatlán, donde también participaron SEAL estadunidenses encubiertos.

Esta participación estadunidense en México es previa al presidente Trump, y se sigue manteniendo en secreto. Al público sólo se le informa periódicamente de ejercicios conjuntos de las Fuerzas Armadas. De 2014 a 2016, recordó el Post, se incrementaron 20% los programas conjuntos, que van desde compartir inteligencia para atacar por aire, tierra y mar a los cárteles de la droga de Centro a Norteamérica, a asesoría legal de abogados estadunidenses a los militares mexicanos para la observancia de los derechos humanos. En ese periodo, agregó, se han destinado 27 millones de dólares para entrenar a los comandos mexicanos, desde combate cuerpo a cuerpo, a invasiones simuladas en playas. El último ejercicio fue en julio pasado, cuando la Fuerza Aérea Mexicana, en coordinación con el Comando del Norte y el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, realizaron el tercer ejercicio conjunto, Amalgam Eagle, en la Base Aérea Militar en Hermosillo.

La forma como se ha entreverado la injerencia, participación y asistencia del Pentágono en las Fuerzas Armadas mexicanas es profunda, aunque no responde a la obsoleta categoría de análisis que planteó Trump a Peña Nieto, ni a la manera como planteó el Post el dilema de la conversación telefónica entre los dos presidentes. El Post, extrañamente, tomó el caso de las unidades militares colombianas que entrenan junto con la Fuerzas Especiales del 7º Batallón del Ejército estadunidense, para asegurar que la política interna en México no permitiría semejante decisión. Error. Eso ya sucede, de manera más profunda, sin que parezca haberle importado a la oposición mexicana la forma como, en particular la Marina, se injertó dentro de los modelos estratégicos de seguridad de la Armada estadunidense.

No habrá tropas marchando sobre territorio mexicano, aún si existiera una autorización del Gobierno y el Congreso, porque en realidad no se necesitan. La lucha contra el narcotráfico no llegará a la victoria si sólo se utiliza la fuerza. Se requiere inteligencia e ir desarticulando sus redes financieras y de lavado de dinero para deshidratar a las organizaciones, aparejado no de combates tipo la Segunda Guerra Mundial, con batallones en las trincheras, sino con unidades de élite realizando operaciones quirúrgicas como las de Beltrán Leyva o, más recientemente, contra Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, el líder del narcomenudeo abatido hace unos días en Tláhuac de un tiro en la cabeza, dentro del automóvil donde huía. Trump y quien le haga caso, llegaron tarde a la historia. Militares estadunidenses con capacidad operativa y de decisión en México, hace tiempo llegaron para quedarse.
04 Agosto 2017 04:08:00
Diálogos en el infierno
El 25 de enero, 5 días después de asumir la Presidencia, Donald Trump concedió la primera entrevista a la televisión. Fue en la Oficina Oval de la Casa Blanca por la mañana, justo cuando, a unos metros de ahí, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y una pequeña comitiva mexicana, iniciaban con el equipo de Trump los preparativos de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Washington. Sin importar el momento, Trump le dijo al conductor del noticiero estelar de la ABC, David Muir, que México pagaría por el muro, rompiendo un compromiso forjado semanas antes por Videgaray y el yerno de Trump, su consejero Jared Kushner, de que no volvería a tocar el tema en público. Esos días en Washington quedaron registrados como el punto más bajo de la relación entre los dos países en tiempos de paz, y produjeron la cancelación de la visita. Para tratar de apagar el fuego, se acordó la conversación telefónica entre los dos presidentes.

La llamada se dio el 27, a las 10 de la mañana con 28 minutos, hora de Washington. Versiones sobre esa llamada han circulado profusamente desde entonces, pero este jueves, el periódico The Washington Post publicó la transcripción de ese diálogo, que abarca 5 mil 448 palabras en inglés –muy superior habría sido ese total en español–, y que muestra a Trump en su mejor representación como Presidente: agresivo, condescendiente, barroco, cursi, contradictorio, amenazante e impredecible.

El diálogo fue intenso y por bloques, saltando Trump de un tema a otro. Para un mejor entendimiento del tipo de locura con la que tiene que lidiar Peña Nieto –y el mundo–, lo siguiente es una síntesis editada y sin el orden como se llevó a cabo esa conversación, cuyo contexto de inicio fueron las diferencias entre los dos gobiernos:

Peña Nieto: Señor Presidente, no es una diferencia personal. Pero es impensable y no puedo ignorarlo porque es totalmente inaceptable para los mexicanos que paguen el muro que usted piensa construir. Entiendo, señor Presidente, el pequeño margen político que tiene, en términos de todo lo que ha dicho desde la campaña. Pero también quiero que entienda, presidente Trump, la falta de margen que tengo como Presidente de México para aceptarlo.

Trump: Lo único que le pediré es sobre el muro. Usted y yo tenemos un problema político. Mi gente se levantará y dirá “Mexico pagará por el muro”, y su gente probablemente dirá lo mismo en lenguaje similar, pero diferente. El hecho es que los dos estamos un poco atados políticamente porque tengo que hacer que México pague el muro. He estado hablando de ello por 2 años.

Peña Nieto: Usted tiene una gran marca en su espalda, señor Presidente, con respecto a quién paga por el muro. Es por lo que sugiero que dejemos de hablar del muro. Pero mi posición ha sido y continuará siendo muy firme para decir que México no pagará por el muro.

Trump: Pero no puede decir eso a la prensa. No puedo soportarlo. No puede decirle eso a la prensa porque no puedo negociar bajo esas circunstancias.

Peña Nieto: Lo entiendo bien, señor Presidente. Entiendo este punto crítico y la crítica posición que esto constituye para su país y para usted… o México. Este es un tema que más allá de la situación económica, relacionado con la dignidad de México y al orgullo nacional de mi país. Dejemos de hablar del muro y busquemos una forma creativa para resolver este tema, que nos sirva a ambos, a los dos gobiernos y a nuestras sociedades.

Trump: Está bien, Enrique. Creo que es justo. No hablemos del muro cuando la prensa hable sobre el muro, y digamos “veamos cómo lo podemos resolver con México”.

Trump incumplió el compromiso. En el marco de la cumbre del G20 en Hamburgo, respondió a una corresponsal que preguntó si México pagaría por el muro: “Absolutamente”. En la llamada con Peña Nieto, cuya mayor parte se concentró en pedirle que dejara de decir que no pagaría por el muro, combinó amenazas comerciales e insultos sobre el narcotráfico.

Trump: Tienen unos hombres duros en México que quizás necesiten ayuda para enfrentarlos. Tienen que ser noqueados y ustedes no han hecho un buen trabajo. Quizás sus soldados les tienen miedo, pero los nuestros no y ayudaríamos al 100% porque están totalmente fuera de control.

Peña Nieto: Mucho de lo que está sucediendo en términos de narcotraficantes en México es ampliamente apoyado por las cantidades de dinero y armas que llegan de Estados Unidos. Esto ha llevado a que la pelea contra esas bandas criminales tenga la participación de todo el Ejército mexicano. Está claro que el crimen organizado es tanto nuestro enemigo como el de su Gobierno. Coincido en que debemos de trabajar juntos.

Trump: Usted y yo siempre seremos amigos. Debemos convertirnos casi como los padres de nuestros países. Casi, ¿está bien? Somos tú y yo contra el mundo, Enrique, no lo olvides. Quiero que seas tan popular que tu gente pida una enmienda constitucional para que puedas contender por la Presidencia por 6 años más.

Peña Nieto: Es muy amable, señor Presidente. Realmente, lo único que me interesa, por el bien de nuestras naciones, para su Gobierno y para usted, es que tengamos una relación con amistad y muy constructiva, señor Trump.

La historia ha mostrado lo poco que entendió Trump a Peña Nieto, lo malo de la relación bilateral bajo su Administración y las dificultades, por decir lo menos, que vendrán.
03 Agosto 2017 04:09:00
El desafío a Peña
Sin importar que los sonoros gritos de figuras que significaron mucho para el PRI en tiempos pasados, la Asamblea Nacional del partido en el poder lucía como un día de campo para el presidente Enrique Peña Nieto, a quien nadie parecía lo suficientemente poderoso para desafiar su poder metaconstitucional para decidir quién, dentro de su partido, lo sucederá. El martes, sin embargo, apareció un rival de alto calibre que, sin mostrar claramente su cara, se le cruzó en el camino. Se trata de Manlio Fabio Beltrones, el único capaz, en este momento, de encabezar a un priismo desencantado y molesto, incluso, con el peñismo.

La irrupción de Beltrones se dio tras una reunión con los diputados de la LXII Legislatura, que él coordinó, donde habló de la unidad partidista y de los gobiernos de coalición, que ha sido su caballo de batalla durante más de 5 años. Como resultado directo de ese encuentro, alrededor de 200 de los 212 diputados de esa bancada, que produjo gobernadores y secretarios de Estado, suscribieron su pronunciamiento donde la mano de Beltrones saltó a la palestra al convertirlo en un manifiesto colectivo ante Peña Nieto y el grupo político que tiene en el Gabinete y el PRI.

El pronunciamiento exige un debate abierto a todas las voces del partido, para reflejar lo que las bases priistas quieren. “No caigamos en debates falsos”, apuntó. “Tenemos que decirle al ciudadano para qué queremos conservar el ejercicio del gobierno y esto es lo que esperan los mexicanos. Rechazamos la confrontación. No queremos discusiones que sólo reflejen ánimos de conflicto o lucha de posiciones”. Es la voz de Beltrones, expuesta en público y en privado, como al propio Presidente: no es tener el poder por el poder, sino saber para qué se quiere el poder. La crítica sugiere que los priistas que tienen hoy el poder no saben para qué sirve. Como el conocimiento, no sirve si no se sabe aplicarlo. “La política suele estar impregnada de pragmatismo; el pragmatismo que recorre a todos los partidos”, continuó. “Nosotros tenemos claro que un pragmatismo sin idea sólo conduce al oportunismo. Vemos que surgen por todos lados alianzas electorales o alianzas de coyuntura con el único propósito de hacerse del gobierno. Se juntan las corrientes más disímbolas que hacen de los partidos simples vehículos de ocasión a los que es posible subirse, ir a donde se quiere y a veces pagar o no el costo del pasaje. Pasados los comicios, estas alianzas suelen ser no exigibles ni responsables ante nadie”.

Una vez más la reiteración de Beltrones, para que lo escuchen, ventiladas en una reciente entrevista de prensa. “El partido no puede seguir siendo un taxi que traslade de un lugar a otro a personas que no tengamos la seguridad que van a cumplir con la obligación del partido, porque después es el partido el que sale raspado”, dijo aquella vez. Esa frase parecía un traje hecho a la medida del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, pero con el tiempo se ha sabido quiénes fueron realmente sus destinatarios: los secretarios de Educación, Aurelio Nuño, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. El beltronismo los ve como pragmáticos oportunistas; a Meade, como panista.

En aquella entrevista, Beltrones aseguró: “El partido debe tener identidad. Ya tenemos las reglas. Respetemos las reglas: no andemos haciendo trajes a la medida o deshaciendo los trajes que vamos a vestir”. El pronunciamiento lo contextualizó: “La VII Asamblea, en tiempos de Jesús Reyes Heroles (octubre de 1972) puso el énfasis en el programa y la idea del partido de que al final del día es lo que cuenta para la sociedad. Desde entonces, dejamos de pensar hacia nosotros y pensamos más bien para los otros. La VII Asamblea nos preparó para la pluralidad y mostró que es posible pensar en el país, no sólo en las reglas internas. Nuestro real dilema es que se conserve la identidad del Partido y el compromiso con un programa y una idea de Gobierno inclusivo y comprensible para la sociedad”.

El señalamiento se cruza en las intenciones de Peña Nieto, cuyas decisiones electorales han sido caracterizadas por individualismos, no por identidad partidista, por coyunturas, no por programa, por exclusión, no inclusión. Es una nueva generación de priistas, emanados muchos de gubernaturas, que Beltrones ha señalado que fue un error haberlos visto como “el nuevo PRI”. Esa nueva generación de priistas, que no son el PRI que gobernó por décadas, la encabezan Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que lo fue en Hidalgo. No lo dijo con todas sus palabras, pero expresó la desilusión de muchos priistas al haber constatado que quienes los sucedieron en el poder tenían un código genético distinto. “Tengamos claro que en toda circunstancia, la experiencia es algo que no se jubila”, estableció el pronunciamiento, que deslizó una amenaza: “Es indispensable la unidad en la pluralidad y los acuerdos. La unidad siempre es posible con los acuerdos políticos que la sustenten”. ¿Qué quiso decir? ¿Que si no hay apertura en el debate, compromisos con todas las fuerzas internas, inclusión y deliberación para cohesionar al partido habrá desunión que pueda llevar a la fractura? ¿Está dispuesto Beltrones a romper con Peña Nieto y con el grupo de neopriistas que llegaron al poder? Según el pronunciamiento respaldado por 200 exlegisladores, sí. La primera División de Infantería sacó el martes las armas.

P.D. El senador Héctor Yunes asegura que nunca recibió dinero alguno de Javier Duarte para su campaña para gobernador y que jamás ocurrió un hecho que mencionan presuntos testigos a los que se citó en este espacio el lunes pasado, donde se apuntó: “El senador ha negado que le hayan dado dinero, pero hay testigos de que cuando menos 250 millones de pesos, en una caja de huevo, fueron colocados por el propio Yunes en la cajuela de su auto tras dárselos en la casa de Duarte”. Esta columna sostiene lo publicado.
01 Agosto 2017 04:07:00
Los informantes de Yunes
La situación legal y política del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se volvió insostenible tras un video en el que Moisés Manzur le dio un tiro de gracia, aportando elementos para que lo acusaran de corrupción. Manzur fue persuadido de hablar por Juan José Rodríguez Janeiro, quienes junto con Duarte formaban un trío que, con presuntos recursos públicos, habían construido un emporio particular. Rodríguez Janeiro, a su vez, fue convencido por el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes, de que era mejor que hablaran y colaboraran. Yunes llegó a Rodríguez Janeiro por un amigo común, y vio a los dos en Vancouver. Con su colaboración se empezó a construir una cadena de informantes de Yunes, algunos que fueron incondicionales de Duarte, y que prefirieron traicionarlo para tratar de salvarse de la justicia.

Duarte está en la cárcel, casi solo y traicionado. Una traición estratégica, porque le disminuyó recursos importantes para su huida, se dio como consecuencia de la confesión de Manzur, con un escolta del exgobernador, David Martínez, como protagonista. Martínez fue recomendado a Duarte por Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública y uno de los principales testigos de la PGR en el proceso contra el exgobernador. Martínez, quien trabajó la planeación de las rutas de escape y la logística, había sembrado por instrucciones suyas paquetes de 3 y 5 millones de pesos con personas leales a Duarte, para ser utilizados en los momentos en que fueran necesarios.

Martínez utilizó a uno de sus ayudantes, Norberto García, quien entregaba el dinero a las personas seleccionadas. Cuando Manzur delató a Duarte y entró en acción el plan B del exgobernador, Martínez se comunicó con las personas a quienes les habían entregado los paquetes millonarios y les dijo que “su jefe” los necesitaba. No sospecharon trampa, según personas que supieron del plan B, y le devolvieron el dinero que, sin embargo, nunca llegó. Desde ese momento nadie sabe nada de Martínez, quien escapó, estiman, con unos 100 millones de pesos.

Bermúdez, el jefe de todos ellos, no tardó mucho en darle la espalda a Duarte, quien presumía su confianza: “Él es quien cuida a mis hijos”. Bermúdez se hacía cargo de la logística familiar, que incluyó el escape por carretera, en vehículos separados –e intercambiados en la carretera de Veracruz a Coatzacoalcos–, de Duarte y su esposa Karime Macías. El exjefe policial le respondió hasta que lo atrapó la PGR, sin que se sepa qué tipo de presión ejerció contra él para que comenzara a hablar. Bermúdez tiene imputaciones de haber participado en crímenes.

Pero si en su caso se pudo haber ejercido algún tipo de coerción, hay otros ejemplos donde incondicionales de Duarte le voltearon la espalda. Una persona muy importante es Adolfo Mota, quien fue secretario de Educación y tenía una vieja relación con el senador Fernando Yunes, hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes, quien logró que Édgar Spinoso, oficial mayor de la Secretaría de Educación Veracruzana hasta 2014, aportara información sobre los presuntos desvíos de recursos de ese sector a Duarte, con lo cual se comenzaron a fincar las acusaciones penales en contra de él, y más relevante, dijo de cuáles cuentas salieron esos dineros.

Otra persona fundamental es Erick Lagos, quien antes de convertirse en diputado federal fue secretario general de Gobierno. Lagos, según cercanos a Duarte, mantuvo comunicación permanente con el gobernador Yunes desde los tiempos de mayor enfrentamiento con su antecesor, y en la actualidad hace trabajo político para él en Xalapa y San Lázaro. Lagos le aportó la mecánica para desviar sin aparente rastro dinero público para sus empresas, y puso al descubierto los atajos y las formas empleadas para mantener el flujo de recursos públicos a sus bolsillos. Lagos, aunque criticado, no aparece por ningún lado en riesgo de ser procesado.

Es el caso también de Juan Manuel del Castillo, subsecretario de Administración y Finanzas, uno de los funcionarios de Duarte con mayor conocimiento de toda la red de plomería que se utilizaron en las operaciones de desvío de dinero, y era con quien hablada directamente Rodríguez Janeiro.

Una persona más que decidió colaborar con Yunes, es Jorge Carvallo, exsecretario de Desarrollo Social, de donde salieron millones de pesos, presuntamente para convenios con medios, que nunca llegaron a la prensa.

El grupo de traidores del exgobernador e informantes de Yunes lo cierra Vicente Benítez, quien fue destituido como tesorero en 2012, cuando lo detuvo la Policía Federal en el aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos. Duarte lo sacó de la arena pública, pero no de sus operaciones. Cuando cesó a Spinoso como oficial mayor de la SEV, lo sustituyó con Benítez, quien se hacía cargo de pagar con dinero del erario los gastos personales de Duarte, las cuentas de las tarjetas de crédito de su esposa, y pagar la nómina del gobernador en Casa Xalapa.

Duarte tenía en ellos a sus operadores financieros y a quienes, en las áreas de política y seguridad, le aportaban el blindaje que necesitaba para proteger los recursos sacados del erario.

A todos ellos los benefició políticamente y desde Guatemala, donde estuvo preso en una prisión militar, les enviaba mensajes de texto por teléfono, generalmente en la madrugada, diciéndoles que aguantaran y que no hablaran. Si caía él, caían todos, era la advertencia, según una persona que vio los mensajes, sin saber que ya era muy tarde. Su círculo interno lo había traicionado y estaba delatándolo con Yunes.
31 Julio 2017 04:07:00
Duarte y el dinero ‘sucio’
Javier Duarte sintió por primera vez el frío presidencial el 5 de junio del año pasado, cuando cerca de las 6 de la tarde, policías federales le arrebataron a sus policías al senador Fernando Yunes, hijo del actual Gobernador de Veracruz, a quien habían detenido en un retén.

La acción federal, en violación de la autonomía estatal, era el colofón de horas de presión del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que lo liberara. Cinco veces le llamó a Duarte, quien se negaba a soltarlo. “¡Es senador, cabrón, suéltalo!”, dijo Duarte aquella tarde que le había gritado el secretario. Poco después, cuando le informaron que les habían quitado al senador, comentó: “Ya nos abandonó el águila”.

“Águila” es como llaman muchos políticos al presidente de la República en turno, en referencia al ave en el escudo de la Bandera nacional. Duarte nunca pensó, antes de ese día, que el presidente Enrique Peña Nieto le quitara su apoyo. Peña Nieto frenó varias veces al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que le pedía actuar en su contra por el desorden financiero y la corrupción en el estado. También rechazó la reiterada petición del exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, para que lo obligara a solicitar licencia, para tratar de salvar la elección. Peña Nieto, por el contrario, lo respaldó y le entregó la elección, con la promesa de Duarte de entregar la victoria.

Por varios años, Duarte recibió con una sobredotación de recursos presupuestales que entregaba en los estados y a los candidatos que le indicaran en la Ciudad de México. Una parte de esos recursos salían de una cuenta de la llamada Modernización Educativa, que entraban a través del presupuesto estatal de educación. Esa cuenta era discrecional y funcionaba desde la Secretaría de Finanzas. Con recursos de esa cuenta, de acuerdo con personas que conocieron sus movimientos, se financió parte de la campaña de Duarte para la diputación federal y, posteriormente, para la de su campaña a gobernador.

No hay ninguna estimación sobre cuánto dinero salió de Modernización Educativa para campañas políticas, porque quien manejaba la dispersión de recursos era el propio Duarte. De esa cuenta salió dinero para un gran número de estados, e incluso llegó a utilizar como correo del dinero “sucio” a Moisés Manzur, su socio y presunto cómplice de corrupción. Duarte no era ajeno a combinar operación política con sus relaciones personales. Por ejemplo, utilizó a Francisco Valencia, dueño de “Vinísimo”, que frecuentaba el gobernador con sus novias y a quien nombró director la Comisión de Agua, como el enlace con el PRD. Una de las campañas que recibió dinero veracruzano, según exfuncionarios veracruzanos, fue la de Silvano Aureoles, para la gubernatura de Michoacán.

“Duarte le daba a todos, en todos lados”, dijo una persona que lo conoció bien. Nadie se escapaba, ni siquiera Morena. El enlace con ese partido era Gabriel Deantes, subsecretario de Administración y Finanzas, aunque sólo en la parte económica, pues la política se la dejaba al actual presidente de la Fundación Colosio, José Murat, y a Erick Lagos, quien era secretario general de Gobierno. Pero las reuniones más delicadas las encabezaba directamente Duarte. En dos ocasiones habló en la Ciudad de México con el jefe de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y en dos, en su propio departamento en Polanco, con el operador del dos veces candidato presidencial y actual delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal –una de ellas tras anunciarse la alianza PAN-PRD para la gubernatura de Veracruz a finales de 2015.

Una de las razones, si no la principal, para que Duarte le garantizara a Peña Nieto que ganaría la elección, era por su confianza en la compra de opositores. Así lo había hecho en las elecciones intermedias de 2015, donde los candidatos priistas habían arrasado. Por esos resultados, siempre pensó que el Presidente le permitiría ungir a Alberto Silva, dos veces director de Comunicación Social, diputado local y secretario de Desarrollo Social, como candidato del PRI, pero Videgaray –siempre lo responsabilizó Duarte– impuso al senador Héctor Yunes. Aun con la molestia de Duarte, inyectó mil millones de pesos, decía, en la campaña del priista. El senador ha negado que le hayan dado dinero, pero hay testigos de que cuando menos 250 millones de pesos, en una caja de huevo, fueron colocados por el propio Yunes en la cajuela de su auto tras dárselos en la casa de Duarte.

La historia del dinero “sucio” en las campañas políticas es uno de los capítulos menos explorados, aunque muy hablados, de la gubernatura de Duarte, quien se ufanaba, a principios del año pasado, de haber invertido 2 mil 500 millones de pesos en los estados y candidatos que le dijeron desde la Ciudad de México. Ese, pensaba, era su seguro de vida política, pero se le fue agotando. El 5 de junio tuvo una primera llamada de atención sobre lo que podría venírsele, pero siguió con la esperanza de que su amigo Peña Nieto lo protegería siempre. Así lo hizo, en efecto, hasta que dejó de hacerlo.

Nota: En la columna del viernes, “2018: el factor Salinas”, se apunta que el expresidente Carlos Salinas se acercó a Margarita Zavala, precandidata del PAN a la Presidencia, para apoyarla. La señora Zavala aseguró a este espacio que es falso y que ella no ha recibido ningún tipo de respaldo de Salinas. El dato, para el contexto, fue aportado por dos fuentes de alto nivel, por separado, del PAN.
28 Julio 2017 04:08:00
Karime, la testigo madre
Durante la segunda comparecencia de Javier Duarte en el Reclusorio Norte, el sábado pasado, los fiscales de la PGR utilizaron el testimonio del abogado José Juan Rodríguez Janeiro, presunto prestanombres del exgobernador de Veracruz, y de su socio y amigo Moisés Manzur, como uno de los pilares para establecer la litis que permitió que se le diera un año de prisión preventiva. Pero al hacer una narrativa de las imputaciones de Rodríguez Janeiro, deslizaron, aparentemente sin el debido cuidado, que Duarte había sostenido un presunto amorío con Xóchitl Tress Rodríguez, viuda de un político panista que había sido asesinado, y a quien designó en la primavera de 2014 directora del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz. Un tema de política y pasión como este cobró enorme fuerza en los medios y las redes sociales. Como botón, la búsqueda en Google donde se asocia su nombre con Duarte arrojaba este jueves más de 68 mil resultados.

Las preguntas que se hacían en medios y redes sociales se centraban en cómo habría recibido esta revelación su esposa Karime Macías, quien vive en Londres desde abril pasado, tras ser detenido su esposo en Guatemala. Hizo renacer también las preguntas sobre el porqué las autoridades no procedieron en su contra, y luego de que Rodríguez Janeiro la señaló como beneficiaria del erario veracruzano, la sospecha de que había negociado inmunidad. Alonso Israel Lira Salas, subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, concedió varias entrevistas de prensa donde negó acuerdo alguno, y aclaró que se tendrían que realizar más averiguaciones para enjuiciarla. Fue muy enfático, sin embargo, en adelantar que, si se cubrieran los requisitos, se procedería en su contra.

La prensa continuó con su trabajo problematizando la relación de los esposos Duarte con las revelaciones de una amante a la que le había regalado, dijeron los fiscales, un departamento y una camioneta de lujo. La señora Macías es una mujer de carácter fuerte, que reacciona explosivamente. Las revelaciones de los fiscales no le cayeron, sin embargo, de sorpresa. La relación de Duarte con la señora Tress Rodríguez le era familiar desde hace aproximadamente 3 años, cuando su prima Córsica Ramírez Tovilla, a quien le dio la responsabilidad de manejar las redes sociales en el Gobierno de su esposo, le mostró todas las fotografías que había subido la viuda en su página de Facebook, donde mostraba una vida con muchas licencias personales.

Duarte dejó de ser cuidadoso con su vida personal hacia la mitad de su sexenio, con debilidades de carácter que lo hicieron familiarmente irresponsable, y el caso de la señora Tress Rodríguez no fue el único. Se involucró con cuando menos otras dos personas, y a una de ellas la hizo funcionaria del PRI y la llevó a cargos de elección popular. La vida privada de una persona se vuelve pública cuando, como en el caso de Duarte, la relación personal impacta al conjunto de la sociedad. Una de sus relaciones incidía en el PRI y alteraba la vida política en el estado, mientras que otra manejaba un presupuesto superior a los mil millones de pesos anuales en la Secretaría de Educación, de donde salieron cientos de millones de pesos que la Fiscalía acusara que fueron parte del desvío de recursos del erario a favor del exgobernador. Las andanzas de Duarte eran públicas, al ser un fiestero regular con sus distintas acompañantes, en algunos de los antros más concurridos de Veracruz, como El Barecito y La Casona, o el Clásico Xalapa, en la capital. También se conocían sus escapadas de días con alguna de ellas a uno de sus departamentos de lujo –a nombre de su hermano–, en Torre Pelícano, en la costera del Puerto, o a su rancho El Faunito, en Fortín de Las Flores.

Todas estas relaciones y fugas existenciales de su esposo no eran desconocidas para la señora Macías, quien desde hace aproximadamente 3 años, cuando descubrió su relación con la señora Tress Rodríguez, comenzó su distanciamiento y con ello el pudrimiento de su matrimonio. Probablemente por sus hijos –Duarte era un buen padre– fue que no buscó el divorcio antes, y fue sólo hasta llegar a Londres, humillada y lastimada por el bullying a sus hijos en la escuela, cuando el padre estaba prófugo, inició ese trámite que está en curso en la Ciudad de México.

Es imposible que las autoridades no tengan todo este contexto, acompañando la información sobre el papel clave que jugó, junto con Manzur, en la enorme red de presunta corrupción en Veracruz. La PGR, podría alegarse que, sabiendo que a la señora Macías le indigna verse en los medios, esté buscando irritarla aún más y forzarla a que rinda voluntariamente una declaración ministerial, ante la imposibilidad, por ley, de obligarla a declarar contra su esposo.

Karime Macías, de lograrse su declaración –en el supuesto de que sea esa la estrategia que persigue la PGR al golpearla en el orgullo y exhibirla públicamente–, se convertiría en el testigo que destruya a Duarte. Nadie, salvo Manzur, en la triada que se conoció en la Universidad Iberoamericana, conoce todo lo que hicieron y cómo lo hicieron. Pero nadie, ni siquiera Manzur, tiene el conocimiento de cuáles eran los resortes que se tenían que tocar para que el dinero fluyera del Gobierno, ni cuánto ni cómo se utilizaban esos recursos para, por ejemplo, campañas políticas, de lo que se hablará en futuros textos. La señora Macías sería la testigo madre para este juicio que hoy pinta sin precedente.
27 Julio 2017 04:08:00
2018: el factor Salinas
En poco más de dos semanas se celebrará la Asamblea Nacional del PRI, tras de la cual quedará definida la ruta del partido para la sucesión presidencial. Los priistas vienen marcando territorios y definiendo posiciones para debatir –v.g. apertura del método de selección de candidato y eliminación de candados que abra la puerta grande a un no militante–, pero están perdidos. Si antes no lograron quitarle o reducirle el poder metaconstitucional de escoger a su candidato al presidente Enrique Peña Nieto, ahora menos. La victoria pírrica en la elección para gobernador en el Estado de México fue suficientemente contundente, en la correlación de fuerzas internas, para mantener intacta su atribución. Pero esto no significa que dentro del PRI no exista un intento por restarle poder y capacidad de elegir a su relevo. El elefante en la sala tricolor se llama Carlos Salinas.

El expresidente Salinas no ha dejado de jugar política de altos vuelos desde que terminó su sexenio, aun desde el autoexilio. Cercano al exgobernador Arturo Montiel, acompañó desde sus inicios a su entonces discreto colaborador Peña Nieto, a quien procuró y aconsejó. Ya como gobernador, Salinas libró una lucha con quien fue secretario de Finanzas de Peña Nieto, Luis Videgaray, quien luego se convirtió en el jefe de su campaña presidencial. Salinas presumía a Peña Nieto y a quienes llenaban el arquetipo del neopriista postbaby boomer, y sus conquistas las hacía suyas. En el caso de Peña Nieto, los lazos eran aún más profundos que con otros de esos próceres del momento, como el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, porque un incondicional de él era íntimo amigo del Presidente, el abogado Juan Collado.

Si bien Salinas estaba claro que con Peña Nieto no iba a existir el tipo de Maximato que quizás llegó a idealizar con la frustrada candidatura de Luis Donaldo Colosio, se dio cuenta, desde la campaña presidencial incluso, que con Peña Nieto las cosas iban a ser muy distintas. Antes de iniciar el nuevo Gobierno, Salinas mandaba desde Londres nombres para ocupar cargos en el Gabinete, y para puestos de dirección general al equipo de transición. Al inicio del Gobierno, hablaba directamente con los secretarios de Estado para cabildear a favor de potenciales inversionistas. La presencia de Salinas parecía omnipotente en el peñismo, hasta que le pusieron un alto.

Peña Nieto le encomendó a Videgaray aclararle a Salinas que las reglas del juego habían cambiado y que no podía actuar de la manera como lo estaba haciendo. Ese encontronazo dejó la relación maltrecha, y Peña Nieto buscó minimizar el daño. Lo buscó para decirle que cuando necesitara algo no tenía que hablar con nadie, porque como expresidente tenía derecho de picaporte para buscarlo y solicitar todo lo que requiriera. A Salinas no le gustó esa redefinición del trato, y hubo señales muy claras del distanciamiento de Salinas, como cuando en una ocasión le hicieron una invitación para participar en un evento donde Peña Nieto había llamado a todos los expresidentes –menos Luis Echeverría–, y que declinó con la explicación de que tenía compromisos previos contraídos en el exterior. El despecho político que sintió Salinas se fue convirtiendo gradualmente en una oposición soterrada a la mecánica y operación de las reformas peñistas.

El distanciamiento de Peña Nieto se dio fundamentalmente por los choques con Videgaray. Con esa relación ya deteriorada, se encontraron en una cena muy pequeña para celebrar un cumpleaños de Collado, a la que, como es su costumbre, Peña Nieto llegó muy tarde. Durante la espera, Salinas criticó la política económica de Videgaray, y el todavía secretario de Hacienda, le respondió fuerte y rechazó sus observaciones. Más adelante, la forma como Videgaray maltrató a su sobrina, Claudia Ruiz Massieu, cuando aún tenía la cartera de Relaciones Exteriores en el contexto de la visita del candidato presidencial Donald Trump a México, molestó al expresidente, según personas cercanas a él. Pero la forma como fue rudamente cesada como canciller para darle el paso a Videgaray se convirtió en algo más grande que un enojo, que detonó en una militancia antipeñista.

Salinas salió a la calle a tejer alianzas. Fuera del PRI, de acuerdo con priistas y panistas, estableció una relación con Margarita Zavala, aspirante a la candidatura azul, y ha estado trabajando con algunos exjerarcas del PRI para ir construyendo una oposición al dedazo de Peña Nieto en la sucesión presidencial. Líderes y gobernadores priistas no dejan de platicar con el expresidente, y hay secretarios de Estado cercanos a él, como Rosario Robles, de Desarrollo Urbano y Territorial, a quien rescató financieramente cuando querían lincharla en sus tiempos de dirigente del PRD, y Aurelio Nuño, de Educación, a quien presentó con Peña Nieto. Nuño tiene en su entorno cercano a un grupo de prominentes salinistas, pero es un error pensar que, por esa razón, Salinas se encuentra automáticamente detrás de él. Hace tiempo Nuño hipotecó su futuro con Peña Nieto, quien lo tiene con la más alta consideración dentro del Gabinete.

El expresidente Salinas no hace cuentas fáciles. Es más sofisticado. Conoce al PRI, a los priistas, y entiende cómo la gestión de Peña Nieto le ha restado capacidad de maniobra. Pero qué tanto ha perdido para no sobreponerse a los embates que sufre es lo que están midiendo sus adversarios dentro del partido, donde el expresidente está siendo considerado por algunos peñistas como su principal enemigo.
26 Julio 2017 04:08:00
2018: ¿Osorio Chong?
Una vez más, el presidente Enrique Peña Nieto dejó claro cómo, cuando menos hasta ahora, se definirá la candidatura del PRI a Los Pinos. Será quien esté mejor evaluado en las encuestas y recibirá todo mi apoyo, le respondió al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, cuando le tocó hablar de sus propias aspiraciones. Por ese método, como ha sido en todas las nominaciones a gobernadores en su sexenio, reiterado por el presidente, se ratifica lo publicado en este espacio hace varias semanas: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, será el escogido. Sin embargo, pese a la ortodoxia presidencial, ¿sería Osorio Chong el mejor representante del PRI en 2018?

Osorio Chong es, dentro del Gabinete, quien más se acerca al arquetipo del viejo priista, que sabe combinar el oficio político con la mano dura y los castigos. Junto con José Narro, secretario de Salud y aspirante presidencial, es con quien quizás amplios sectores del PRI se sentirían más cómodos, y capaz de forjar alianzas tácticas con aquellos con quien difiere, que le permitiera añadir apoyos para su aventura. Eso debe agradarle a Peña Nieto, quien en momentos críticos, ha llegado a exclamar ante su Gabinete: “¡No se les olvide que soy priista!”. Como le dijo a De la Madrid, se puede mover, pero dentro de los tiempos y formas del PRI.

La cohesión y estabilidad dentro del PRI es una de las preocupaciones del presidente. Osorio Chong conoce al partido. Fue el articulador de los respaldos de gobernadores priistas para Peña Nieto, cuando buscaba la candidatura presidencial, con lo que amarró la Secretaría de Gobernación, con poder y respaldo. Por ejemplo, el Presidente le entregó la decisión de nombrar todos los delegados federales, que son los brazos políticos del Gobierno federal en el país, y ante lo cual contados secretarios presentaron oposición, y le permitió absorber la Seguridad Pública dentro de su área, con lo cual juntó los instrumentos de gobernabilidad y represión.

Peña Nieto no piensa como muchos otros en el país. Para él, la gobernabilidad ha sido mantenida en el país gracias al secretario de Gobernación. Para Osorio Chong, según funcionarios en su entorno, además de ese logro, ha ocupado los espacios dejados por muchos secretarios y resolvió problemas que otros no fueron capaces de solucionar. Es decir, el país estaría más inestable e incierto sin su trabajo, una visión que, para sorpresa de algunos de sus interlocutores, ha llegado a expresar el Presidente. 

La aritmética favorece la candidatura de Osorio Chong. En las pocas semanas que faltan para la definición de la candidatura priista, no hay secretario de Estado que pueda alcanzarlo, objetivamente hablando, en los porcentajes de preferencia electoral. La forma como el Presidente aprecia su trabajo y todo lo que le ha tolerado apuntalan esta hipótesis de trabajo. Al secretario de Gobernación se le escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras un año de descuido del Sistema Federal Penitenciario, cuyos presupuestos fueron deshidratados. Tampoco le han costado las denuncias internacionales sobre el espionaje, que en parte se le ha achacado, pero además, porque la extendida intervención telefónica en México, en la cual se han visto afectados secretarios de Estado, no ha sido investigada ni frenada por él, quien es responsable de la seguridad interior.

Si estos dos ejemplos no son suficientes para mostrar deficiencia, incapacidad o perversidad incluso –dejar pasar lo que afecta a otros-, que deberían haber hecho levantar las cejas al Presidente, la joya de la mala rendición de cuentas en Gobernación es la seguridad pública. Futuros subsecretarios de Gobernación afirmaban en vísperas del arranque del Gobierno, que en tres meses se acabaría la violencia, porque la estrategia fallida del Gobierno de Felipe Calderón iba a ser radicalmente modificada por una de prevención. No hubo nada de ello; ni siquiera presupuesto. Y en la actualidad, la violencia en 4 años y medio de gobierno peñista superó a la del sexenio completo anterior, y el número de homicidios dolosos rompe récord cada mes. El abuso de la fuerza y la tortura como método de interrogación por parte de los policías federales se ha registrado con alarma por gobiernos extranjeros.

En función de los resultados, el secretario de Gobernación es uno de quienes menos rendimientos positivos tiene. No se encuentra en el rango de los peores por cuanto a las metas propuestas y las alcanzadas, pero en lo que concierne a la sociedad, la Seguridad Pública, que es lo que más le afecta, el retroceso es notable. Ese mal trabajo es lo que más ha aportado al descrédito del presidente Peña Nieto en el exterior, y lo que lo coloca en el umbral de las cortes internacionales –el espionaje y el apoyo a los grupos paramilitares en Michoacán, como sus principales pesadillas.

La pregunta de qué tanto adjudica el Presidente esas deficiencias a su secretario de Gobernación se responde con la ausencia de señales de que ello haya afectado su relación. Pero si hay algo detrás, no se verá hasta el momento en que Peña Nieto decida su sucesor. Por lo pronto, el método de las encuestas le dan la candidatura. Sin embargo, esta decisión no será igual a las previas. Peña Nieto se juega la Presidencia y su tranquilidad para poder disfrutar sin persecuciones políticas y penales las décadas por delante que tendrá sin fuero. Si la racionalidad por fuera del espejismo de las encuestas se anida en su cabeza, la candidatura designada puede esfumarse y Osorio Chong conformarse con algo que no sea Los Pinos.
25 Julio 2017 04:07:00
Narcopolítica en Tláhuac
El operativo contra narcomenudistas en Tláhuac está tomando un giro político que afectará a la izquierda social que encabeza el jefe de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Inesperado para muchos, pero anticipado por las autoridades, las líneas de investigación abiertas desde principio de año contra el grupo criminal de Felipe de Jesús Pérez Luna, apodado “El Ojos” y abatido por comandos de la Marina el jueves pasado, conducen al delegado morenista Rigoberto Salgado y a su familia, sobre quienes la Marina, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México están determinando si no tienen nada que ver con ese grupo o si fueron parte del entramado de protección institucional de los delincuentes.

Salgado, quien de acuerdo con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México se ha mostrado muy nervioso desde la operación contra los narcomenudistas, fue llamado este lunes por la secretaria general de Gobierno capitalina, Patricia Mercado, para dar su versión sobre lo que está sucediendo en Tláhuac. No se sabe el resultado de esa conversación, enmarcada en el ámbito político, no dentro de las averiguaciones criminales. El delegado, quien el viernes defendió a los mototaxistas de Tláhuac, decenas de ellos al servicio de Pérez Luna, tiene sin embargo, razones más profundas por las que debe estar preocupado, como la bonanza de él y de su familia desde que asumió la jefatura delegacional, y el uso de recursos de origen sospechoso para su campaña electoral.

Dos de las razones más notorias, porque pudieron ser seguidas por todos los habitantes de la delegación, es la forma como en sólo dos años las casas donde viven Sandoval y su madre tuvieron remodelaciones notables. La casa de su madre, una propiedad menor de 200 metros cuadrados y dos pisos, como es el estándar en la delegación para quienes se encuentran dentro de los rangos de clase media, se amplió con un lote que se convirtió en jardín, y con un tercer piso que parece un solario. La casa del delegado sufrió alteraciones más importantes. De una pequeña propiedad de un piso, se convirtió en una de tres pisos con una escalera de caracol y vigilada por una decena de cámaras en el exterior. Los ingresos del delegado no justifican ese tipo de obra, y tendrá que explicar de dónde salió el dinero para tan importantes modificaciones.

Pero quizás lo más importante, de acuerdo con funcionarios, es un restaurante que hasta antes de ser delegado ocupaba un pequeño local en Tláhuac, sin muchas posibilidades de sobrevivir. Ahí llegó a trabajar un sobrino que, según las pesquisas preliminares, tiene parentesco con Pérez Luna. Ser familiar de un delincuente no hace a nadie delincuente también. Pero en el caso del restaurante, el establecimiento creció físicamente a tener en la actualidad un tamaño casi el equivalente a cinco casas y que, además, abrió dos sucursales en Querétaro. Los vecinos de Tláhuac denunciaron en su momento en la prensa que el restaurante había recibido recursos de la Delegación para expandirse, pero Sandoval lo negó.

El crecimiento del restaurante llamó la atención a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que está revisando los movimientos de dinero de ese negocio, mientras que las unidades de Inteligencia de la Marina y la Policía capitalina están rastreando quiénes y de dónde abastecían el producto, a fin de establecer o descartar si a partir de los suministros se pudieron haber enviado cargamentos de droga para la banda de Pérez Luna. Hasta el momento todas son hipótesis de trabajo, iniciadas por el crecimiento extraordinario de un pequeño negocio que sólo creció en los 2 últimos años, a la llegada del sobrino de Sandoval. Las sospechas de las autoridades tienen raíces en los vínculos del grupo de narcomenudistas que los ligan al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que operan principalmente en la costa del Pacífico, y a Dámaso López, el “Mini Lic”, que encabeza una facción del cártel del Pacífico, asentado en Sinaloa.

Sandoval tiene mucho que explicar a las autoridades, no sólo las políticas, sino las judiciales y financieras, sobre el origen de los recursos para hacer tantas obras privadas, y aclarar de una forma menos retórica sobre su señalada participación en el restaurante donde trabaja su sobrino. No tiene muchos espacios de acción.

Hay información en poder de las autoridades que apuntan a que la policía en Tláhuac brindaba protección a Pérez Luna, quien a su vez inyectaba recursos al Gobierno delegacional para ampliar la impunidad.

La banda de “El Ojos” está relacionada con cuando menos 29 asesinatos en los tres últimos años, incluidos a policías capitalinos, en varias delegaciones, además de comercializar mariguana, cocaína en piedra y solventes en ocho delegaciones. Urge al delegado que se deslinde de los presuntos vínculos con la banda de narcomenudeo sobre la cual siguen las operaciones para destruirla en su totalidad. Pero no sólo debe preocuparse él. López Obrador, candidato seguro en la contienda presidencial, debe observar con detenimiento lo que sucedió en Tláhuac y actuar.

La línea de investigación sobre recursos financieros de origen oscuro que presuntamente llegaron a la campaña de Sandoval provienen de una empresa que también registra movimientos irregulares en otras delegaciones morenistas.

No actuar rápidamente tendría consecuencias para su  candidatura. Pero defenderse con el ataque, como ha sido su estilo, lo ayudará menos. En el caso de Tláhuac no hay una embestida política en su contra; es un caso de narcopolítica en construcción, del cual debe deslindarse inmediatamente.
24 Julio 2017 04:07:00
El cártel de Tláhuac
Como todas las operaciones que involucran a los comandos especiales de la Marina, la que realizaron el jueves pasado en las calles de la Delegación Tláhuac, en la Ciudad de México, fue quirúrgica. Se inició cerca del mediodía, cuando unidades de la Marina, con el apoyo táctico de los grupos especiales de la Policía capitalina, llegaron a la Delegación para catear un domicilio, donde la información de inteligencia ubicaba a Felipe de Jesús Pérez Luna “El Ojos”, líder de una banda crecientemente poderosa dedicada al narcomenudeo. La investigación federal sobre este grupo llevaba siete meses, pero la decisión de acabar con ella se tomó hace unos dos meses, después de una plática entre el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el secretario de la Marina, almirante Vidal Soberón.

Los comandos de la Marina tomaron el control del perímetro central de la operación, en donde una de sus unidades fue directamente sobre Pérez Luna, y un equipo de apoyo aseguraba las esquinas que delimitaban la zona de acción, coordinados con la Policía capitalina. Los halcones de la banda de Pérez Luna le advirtieron de su presencia, por lo que escapó de la casa que iban a catear y buscó huir. Los halcones, principalmente mototaxistas, intentaron de manera apresurada bloquear calles para permitirle el escape. Sin experiencia, como se aprecia en las fotografías, no pudieron bloquear ninguna vía. Los comandos los alcanzaron en una cocina económica y tratando de escabullirse en un vehículo. Los abatieron sin miramientos. Así es la Marina; no toma prisioneros. Unas cuatro horas después, la banda criminal había quedado descabezada.

La prensa rápidamente dio cuenta del operativo contra el que llamó cártel de Tláhuac, tomando como referencia la calificación que utilizó El Universal para describir al grupo que controlaba el narcomenudeo en Ciudad Universitaria. La tipificación es errónea, sin embargo, y crea confusión sobre la escala del grupo. Un cártel de las drogas controla territorio; la banda de Pérez Luna no tenía ninguno bajo su dominio. Un cártel maneja la logística, organiza la producción, distribución y comercialización de sus drogas, mediante esquemas empresariales que involucran a bandas, a las cuales suministran el producto, armas, les llegan incluso a asignar zonas de venta en calles y ciudades (como hacen los Zetas) y les cobran por todo; el grupo de Tláhuac compraba el producto del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y de la facción del cártel del Pacífico que encabeza el llamado “Mini Lic”, Dámaso López.

En los medios, algunos analistas mencionaron que el no que la autoridad rechazara que era un “cártel”, minimizaba el impacto del grupo criminal. Establecer la analogía por el sólo hecho de que venden droga, tienen personal armado y realizan actividades criminales, dicen los expertos, es una generalización equívoca. Paradójicamente, la violencia que generan los cárteles de las drogas es menor cuantitativamente que la que provocan las bandas de narcomenudistas. Los cárteles se habían repartido el país en territorios. Esta distribución tenía como premisa que debían arreglarse entre ellos para evitar una lucha entre cárteles que provocara la intervención del Estado. El presidente Felipe Calderón cambió la estrategia y en lugar de administrar el fenómeno, como había sido, atacando a uno o dos cárteles por sexenio, emprendió una guerra total. Esto motivó que ante la disyuntiva de ser aniquilados si no se fortalecían, los cárteles empezaron a pelear entre ellos, modificando el mapa del narcotráfico y desatando la violencia en aquél sexenio, que se ha incrementado en el de Enrique Peña Nieto, desdoblándose con mayor crudeza también en las bandas de narcomenudistas.

La guerra entre las organizaciones criminales propiciada por Calderón incentivó el crecimiento de las pandillas y su realineamiento con los cárteles en términos de salida para sus drogas en las calles de la Ciudad de México y como matones a sueldo. Una externalidad del narcotráfico es el narcomenudeo, que es lo que ha generado en los últimos 10 años que poco más del 92% de los delitos, sean del fuero común. El narcomenudeo es la parte más salvaje y violenta del negocio del narcotráfico, que se asocia gradualmente con robo, extorsión y secuestro. Los narcomenudistas en el país no controlan territorios, pero amenazan a las comunidades, como sucedió en Tláhuac, donde la presencia del grupo de Pérez Luna hacía muy difícil la vida cotidiana.

Ese grupo criminal manejaba el narcomenudeo en Tláhuac y una zona de Chalco, pero este año se extendió a otras delegaciones cercanas, como Ixtapalapa, Tlalpan y Coyoacán, y comenzaba a incursionar en Álvaro Obregón, y en el Estado de México y Puebla. En pocos meses amplió su mercado de las zonas marginales de la ciudad a las de clases media y alta, obteniendo recursos para ampliar su negocio y comprar armas. Este crecimiento es lo que llevó a Mancera a plantear al Gobierno federal le necesidad de destruirlo. La capacidad de fuego de la Policía capitalina, frente al armamento que estaba adquiriendo el grupo de Pérez Luna, obligó la intervención federal, que es lo que se acordó hace un par de meses y se ejecutó el jueves.

El problema y la violencia no cesará. Marinos y policías capitalinos están tras los lugartenientes de Pérez Luna para tratar de eliminar al grupo del escenario delictivo y buscar ser más rápidos en la aniquilación de sus cuadros, versus que esta banda recicle y restituya a sus jefes. La lucha no ha acabado; tampoco la violencia. De eso hay que estar conscientes.
21 Julio 2017 04:09:00
¿Ya se decidió Peña?
El jueves pasado hubo frenesí en varias oficinas de alto nivel y redacciones de medios en la Ciudad de México. El lunes, anticipaban, se darán los cambios en el Gabinete. Algunos nombres comenzaron a emerger, hasta que de un lugar que nadie tiene ubicado dónde circuló una lista de lo que anunciaría el presidente Enrique Peña Nieto. Miguel Ángel Osorio Chong se mudaba de Gobernación a Desarrollo Social, de donde salía Luis Enrique Miranda rumbo a Siberia. A Bucareli llegaba el secretario de Educación, Aurelio Nuño, sin identificar su remplazo. Pero el de Agustín Carstens al frente del Banco de México sería José Antonio Meade, quien entregaría Hacienda a José Antonio González Anaya, quien a su vez dejaría la dirección de Pemex en manos de Enrique Ochoa, cuya plaza como presidente del PRI sería ocupada por el senador Emilio Gamboa. En la lista de marras desaparecía el procurador Raúl Cervantes, cuyo despacho sería ocupado por el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales.

Vaya sacudida la que anticipaba la lista anónima. De un jalón, nueve posiciones de Gabinete ajustadas por el Presidente, antes de su quinto y penúltimo informe de Gobierno. En vísperas de su tercer informe, Peña Nieto realizó 10 ajustes en su equipo, pero sólo seis de ellos tocaban posiciones dentro del Gabinete. Esta lista rompenervios cambiaba por completo la marcha de la sucesión presidencial. Leído bajo el horizonte de 2018, se podría interpretar que Nuño, como nuevo jefe de la política interna y de la Policía, quedaría desplazado de la contienda, mientras que Osorio Chong, a quien cada semana le explota el barril con dinamita en donde está sentado y le añade puntos negativos a sus resultados en términos de seguridad y gobernabilidad, estaría enfilado a la unión tricolor. Por lo mismo, Ochoa, cabeza de playa de Nuño en el PRI, sería una pieza dese-chable, sustituida por Gamboa, confidente del Presidente y cercano a Osorio Chong.

El equipo más próximo al Presidente hoy en día, el de los tecnócratas, pierde la batalla, según la lista anónima. Adiós, Meade, a cualquier posibilidad de una alianza para la elección presidencial, con lo que sería irrelevante la mesa de Estatutos en la próxima asamblea nacional del PRI, donde el tema controvertido es que la modificación del candado sobre su militancia, que le impide ser abanderado de ese partido, pero ajustaría con sus más cercanos, como premio de consolación, el Gabinete económico. Sales, a quien no quiere nadie en Gobernación, de quien depende, rompería ese ostracismo y falta de apoyo, y pasaría a ser par de quien lo oprime, Osorio Chong, en el Gabinete, mientras que Cervantes, muy estimado en Los Pinos, pasaría a la reserva de desempleados como su sobrino, el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos.

Menudo ajuste haría el Presidente. Además de Osorio Chong, quien, en la ruta copiada a la unción de Luis Donaldo Colosio en 1993, lo harían el contendiente más fuerte del peñismo para la candidatura, la lista deja a salvo, por omisión, al secretario de Salud, José Narro. Parecería tan clara la decisión presidencial del 2018 entre ellos dos, sin problemas de candados ni amenaza de fracturas en el PRI, como con otros aspirantes, que sería irrelevante mantener a Ochoa al frente del partido, a escasas tres semanas y media de su Asamblea Nacional. ¿Por qué haría todos esos ajustes tan cerca de la asamblea y de su penúltimo informe? La lista de marras no parece estar asida a la realidad, y aunque en este Gobierno no dejan de asombrar a sus gobernados por la enorme e inagotable para hacer cosas extrañas y meterse cotidianamente en problemas innecesarios, no tiene mucho sentido.

Cualquiera que se precie de conocer a Peña Nieto sabe perfectamente que las decisiones de tipo electoral, que es el contexto con el que se darán todos los ajustes en su equipo, no las consulta ni comenta con nadie. Alfredo del Mazo lo experimentó hace 6 años, cuando sólo un par de días antes de que se decidiera la candidatura al Gobierno del Estado de México, el gobernador Peña Nieto le dijo que él no sería, como en la víspera se lo había comunicado a Luis Videgaray. Meade se enteró que lo iba a nombrar secretario de Desarrollo Social cuando se encontraba en su acuerdo de medianoche en Los Pinos como secretario de Relaciones Exteriores. Su llegada a Hacienda le fue notificada casi a punto de ser citado para ver al Presidente, no para que le informaran, sino para analizar el control de daños que tendrían que hacer como consecuencia del relevo.

Se puede argumentar que esa lista no fue autorizada por el Presidente, aunque cumplió el propósito, deliberada o inopinadamente, de calentar las fuertemente cargadas mentes sucesorias y ejercer presiones a definiciones prontas. Peña Nieto ha demostrado que no se le acorrala de esa forma, y mantiene sus tiempos electorales de manera firme. Hace unos días, por ejemplo, cuando el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, le pidió autorización para incrementar su exposición pública, pensando en la candidatura presidencial, recibió como única recomendación que lo hiciera dentro de la disciplina impuesta al Gabinete en este tema y dentro de los tiempos establecidos por el PRI. Efectivamente, Peña Nieto genera mucha certidumbre y es predecible. De esta manera, se puede decir que el lunes podrán pasar muchas cosas, pero muy probablemente ajustes en el Gabinete de esa magnitud, al menos, no habrá.
20 Julio 2017 04:00:00
El socavón, la estrategia fallida
La premisa fue clara tras el análisis de las consecuencias del socavón en el Paso Express de Cuernavaca, donde murieron dos personas: “si no se contiene de manera correcta este suceso, pondrá en tela de juicio proyectos como el tren México-Toluca y el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. La discusión, dentro del equipo de estrategia de Los Pinos, urgía una serie de acciones para controlar los daños derivados de esa tragedia que contemplaba la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y, en una acción de poder, que el presidente Enrique Peña Nieto no se la aceptara porque él “no es el responsable directo”. El objetivo de la estrategia era que la responsabilidad se contuviera en el delegado de la dependencia en Morelos y en las constructoras para ,de esa forma, convertir a la Secretaría de víctima a victimario. ¿Qué sucedió? La estrategia no funcionó. Fracasó antes de nacer.

Una copia del documento para el control de daños y el manejo de crisis elaborada por los estrategas presidenciales refleja lo que sucedió en las primeras 48 horas de la tragedia la semana pasada: una crítica generalizada en los medios de comunicación por la pasividad mostrada por las autoridades, y las primeras declaraciones equívocas del secretario Ruiz Esparza que sugerían que el Gobierno quería eludir su responsabilidad. En el centro del primer diagnóstico de impacto que realizaron está el secretario, a quien observaron en un papel declarativo lleno de contradicciones y con un “bajo nivel argumentativo”, que generó más confusión y dio margen a que se pensara que se estaba protegiendo a la empresa constructora hispano-mexicana Aldesa.

La recomendación de los estrategas era que la empresa constructora, el supervisor y el realizador del proyecto ejecutivo de obra debían hacerse responsables de la tragedia, y que no recayera en la SCT el papel de victimario. La realidad ha sido un deslinde generalizado de responsabilidades, donde nadie tuvo culpa alguna de nada. Aldesa, que ha enviado un equipo de ejecutivos a México para controlar el daño y manejar la crisis que enfrenta, rechazó el cuestionamiento sobre la integridad de la empresa. Epccor, la otra empresa que colaboró con Aldesa en la construcción del Paso Express, culpó al gobierno de Morelos por falta de mantenimiento y limpieza del drenaje.

La falta de control sobre los declarantes y la ausencia de un secretario firme que pudiera unificar una respuesta y homologar el mensaje, contribuyó al desorden comunicativo y a la crisis que no se detiene. La declaración del vocero de Epccor molestó a las autoridades de Morelos, que se agravó cuando Ruiz Esparza dijo que el delegado de la SCT en el estado, lo había recomendado el gobernador Graco Ramírez. La respuesta fue fulminante y abrió nuevos flancos al Gobierno federal. Ramírez dijo no haber conocido jamás al delegado –al anterior, agregó, pidió que lo removieran por corrupto– y comentó que el representante de la SCT lo había nombrado la Secretaría de Gobernación.

El documento retomó la información aportada por Ruiz Esparza a la prensa de que la tragedia había sido causada por una fuga de agua en un drenaje, consecuencia de lluvias atípicas en la zona. “La atipicidad de las lluvias en el centro del país es una variable fácilmente comprobable”, indicaron los estrategas. Roberto Ramírez, director de Conagua, dijo una semana antes que si bien se estaban registrando lluvias atípicas en el centro del país, en el promedio del año, había llovido menos en 2017 que en 2016. En la zona del socavón, empero, la lluvia fue de 54.4 milímetros, cuatro milímetros más que el promedio histórico.

La atipicidad de las lluvias y la responsabilidad sobre las constructoras que se sugería como “la narrativa gubernamental”, quedó hecha trizas antes de que comenzara a aplicarse. Ruiz Esparza no ha logrado que los ejecutivos de Aldesa ofrezcan una rueda de prensa, como se pide en el documento, para responder los cuestionamientos técnicos. Tampoco se preparó un análisis del suelo (mecánica de suelos) donde se realizó la obra “para atender cualquier otro riesgo y prevenirlo”, que de acuerdo con Óscar Callejo, subsecretario de Infraestructura de la SCT, fue responsabilidad única de la dependencia, con lo que deslindó, una vez más, a las constructoras.

Ruiz Esparza y su equipo demolieron la estrategia. Primero dijeron que no había peligro y que el subsuelo de la obra en el área del socavón estaba firme y estable. Después tuvieron que limitar el flujo por el Paso y más adelante suspenderlo. A los habitantes de la zona, a quienes no habían volteado a ver salvo para asegurar que estaban seguros, tuvieron que desalojarlos a medianoche ante los riesgos de más víctimas. Los estrategas plantearon que se debía mantener en confidencialidad los montos del apoyo a las familias, pero el secretario declaró que se les daría un millón de pesos por “el mal rato que pasaron”, que fue una declaración que volvió a incendiar a la opinión pública por la insensibilidad, por lo menos que se pueda decir, del comentario.

“Mediáticamente, Gerardo Ruiz Esparza ha resultado y será señalado como el principal responsable. En materia de opinión pública, el asunto es altamente complejo y de alta densidad por la percepción de corrupción e incompetencia contra la actual administración y su ambicioso programa de infraestructura”, iniciaron los estrategas su documento. La estrategia pretendía evitar que las percepciones se convirtieran en la historia oficial de la tragedia. Lo que no anticiparon es que el fracaso del plan contribuirá a hacer realidad lo que querían impedir.
19 Julio 2017 04:00:00
La comedia veracruzana
Las imágenes de Javier Duarte al pisar territorio mexicano tras ser deportado por Guatemala tienen una involuntaria comicidad. Su cara y la de los agentes que lo acompañaron hasta la cárcel se digitalizaron para que nadie pudiera enterarse quién era el misterioso personaje que todos sabían quién era. Sus manos también estaban digitalizadas para ocultar que iban esposadas. En el juzgado se indicó a la prensa que logró acceso a su primera comparecencia que no podían tomar fotografías ni videograbar la diligencia. Se trataba de salvaguardar el debido proceso, dentro de los parámetros del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, del exgobernador de Veracruz, que para efectos de registro histórico, es su primer caso de alto impacto. El show, como dijo Duarte, comenzaba.

La primera escena fue el lunes, cuando el juez federal en el Reclusorio Norte le negó seguir su proceso en libertad por el temor de que se pudiera escapar. Era una discusión ociosa, dado que para que eso pudiera ser considerado, tendría que dejar de existir el presunto delito de delincuencia organizada, que es el único por el que está en la cárcel. La segunda fue la admisión de la PGR, que ha acreditado sólo el 10% del dinero desviado del erario, en donde quieren amarrar el presunto delito de lavado de dinero. Este arranque tuvo sus cortinas de humo.

¿Cómo mantener la credibilidad de un caso que parece armado para que, si no se cae rápidamente, Duarte vea con nitidez la luz al final del túnel y mantenga alta su expectativa de recuperar la libertad en un tiempo que no impacte políticamente en el Gobierno? Esta pregunta sirve como hipótesis de trabajo: ¿Será Duarte juzgado realmente por los delitos que presuntamente cometió? O ¿es una charada para satisfacer las jaurías de la opinión pública y gobernar –a contrapelo de lo que originalmente decían en Los Pinos– para la gradería? La duda surge a partir de lo que está sucediendo en el arranque del juicio al exgobernador, cuya persecución judicial comenzó unos 10 meses después de haberse iniciado la investigación.

En febrero de 2016, de acuerdo con personas que conocen los prolegómenos del caso Duarte, el entonces director del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, entregó a la PGR todas las carpetas de investigación sobre el entonces gobernador de Veracruz, que fueron la base para iniciar la averiguación previa que mucho tiempo después sirvió para pedir la orden de aprehensión. La documentación no mostraba un daño al erario por sólo 38 millones de pesos, que es lo que la PGR dijo al juez que tiene probado como desvío, sino por más de 400 millones de pesos.

Esto no incluye algunos “botines de guerra”, como llaman en el argot policial a los decomisos que son rasurados, como el que sucedió este año en un departamento que encontró la PGR en la colonia Del Valle de la Ciudad de México, donde descubrieron 400 millones de pesos en efectivo, de los cuales se repusieron alrededor de 200 al Gobierno de Miguel Ángel Yunes, en Veracruz, y el resto se destinó para la campaña del PRI para Gobernador en el Estado de México, según funcionarios que conocieron del decomiso. Este monto no quedó registrado.

Entonces, como primera reflexión, se puede argumentar que las autoridades no están acusando a Duarte por todos los recursos que supuestamente desvió. No obstante, como en el caso del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, y de la maestra Elba Esther Gordillo, sólo se necesitan 2 millones de pesos para mantenerlo en la cárcel. Los 38 millones acreditados a Duarte por la PGR, por ello mismo, son suficientes. Y con eso puede montarse el show pronosticado por el exgobernador de Veracruz, para un público sediento de sangre. Pero el caso tiene otra lectura que no está en la superficie, y que deberá ser uno de los argumentos centrales de la defensa sobre la observancia del debido proceso.

Si se toman en cuenta los tiempos en que tardó en actuar la autoridad, se puede argumentar que por error o por perversidad se solicitó la orden de aprehensión hasta después de que Duarte pidiera licencia como gobernador, a mediados de octubre pasado, sin que mediara un juicio de procedencia para el desafuero. Esto significa que el exgobernador puede argumentar que, como tenía fuero constitucional, la ejecución de la orden de aprehensión violó el debido proceso y se tiene que fallar una nulidad de origen, por lo que el caso se caería en su totalidad.

Existe una discusión continua sobre si el fuero desaparece cuando se pide licencia para retirarse del cargo. Cuando Duarte la solicitó, Yunes, entonces gobernador electo de Veracruz y abogado que entiende bastante de estas cosas, dijo que seguía teniendo fuero, por lo que tendría que ser desaforado para ser procesado, en el caso de delitos federales por el Congreso de la Unión, y en el de los delitos del fuero común, por el Congreso estatal. Adicionalmente, hay una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia que indica que cuando un servidor público que goza de fuero constitucional solicita licencia, no pierde la protección otorgada.

De esta manera, si se pensaba ejercer acción penal verdadera contra Duarte, la PGR tendría que haber pedido al Legislativo un juicio de procedencia para pedir su desafuero. Al no hacerlo, dejó sembradas las semillas para que Duarte camine hacia la libertad. El expediente, como se dice en el argot judicial, “lo dejaron flojito” para que la defensa encuentre la puerta de salida y Duarte no se desespere. Así está la justicia mexicana.
18 Julio 2017 04:07:00
Duarte, ¿inocente?
Javier Duarte llegó a México extraditado por Guatemala para enfrentar acusaciones que tienen que ver con corrupción. Sin embargo, no hay que dar de brincos por que alguien al que se le adjudica saqueo de las arcas por cientos de millones de pesos tenga que rendir cuentas. De hecho, las acusaciones que formularon la PGR y la Fiscalía de Veracruz ente el Tribunal guatemalteco para que autorizara su entrega están llenas de errores y no prueban de manera contundente las acusaciones en su contra. Es decir, en las condiciones jurídicas actuales, las posibilidades de que Duarte derrote en tribunales a sus acusadores son mucho más elevadas frente a la posibilidad de que sea sentenciado.

La extradición de Duarte se fincó en tres acusaciones, una de ellas federal, que es la de la PGR, que lo acusa por delincuencia organizada y lavado de dinero, y dos locales radicadas en Veracruz por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, y por tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal. Un análisis sobre las acusaciones, publicadas por la edición impresa de Eje Central, establece errores en los documentos entregados a los tribunales guatemaltecos y contradicciones en las cifras del presunto daño que causó al erario.

De acuerdo con la explicación, la PGR presentó peritajes que no demuestran la ruta del dinero del presupuesto veracruzano presuntamente desviado por el exgobernador, ni soportan los testimonios que acrediten el delito de delincuencia organizada. En el caso de la Fiscalía de Veracruz, sólo aportaron dos documentos y un par de testimonios con los que pretende probarle al exgobernador cinco delitos. La debilidad del caso contra Duarte fue sintetizado en tres campos por Eje Central:

1.– Al no establecer que existía una estructura criminal para delinquir, no se podrán demostrar los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, que exige comprobar que tres o más personas se organizaron para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos tipificados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

2.– En el caso de los delitos del fuero común, los documentos que integran las dos carpetas, las 38/2017 y 56/2017, en las que se basan las acusaciones de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición tienen su origen en las denuncias de un líder partidista, y en una de las auditorías que practicó el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) en 2014 y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero que apenas cubren un pequeño monto de los presuntos desvíos que se atribuyen al Gobierno de Javier Duarte, y que Orfis calculó en 24 mil millones de pesos en ese ejercicio fiscal.

3.– En la carpeta 56/2017 se vincula a Duarte por el presunto desvío de 220 millones de pesos de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV), originado por la denuncia presentada el 13 de diciembre de 2016 por el Orfis. El expediente está tan mal integrado que ni siquiera los montos del presunto peculado coinciden con las auditorías federales. Y en el caso de la segunda carpeta, en la que se le acusa de tráfico de influencias por utilizar un helicóptero del Gobierno del Estado cuando ya era gobernador con licencia, la autoridad ni siquiera prueba que utilizó sus influencias para beneficiarse del helicóptero, y tampoco acredita que como gobernador con licencia ya no tenía derecho a usar la aeronave.

La debilidad de la acusación y el hecho de que no haya sido deportado en automático levantan suspicacias sobre una entrega pactada. ¿Por qué no lo hizo inmediatamente el Gobierno de Guatemala si había violado sus leyes migratorias al ingresar al país con pasaporte falso? La respuesta, dicha en un principio por los guatemaltecos, es que Duarte entró con uno real. Si fue el suyo, se puede alegar que la Secretaría de Gobernación, que era la responsable de dar este seguimiento, no lo estaba buscando. Si fue un pasaporte real, con nombre apócrifo, tampoco hay investigación conocida de cómo lo obtuvo en la Cancillería mexicana.

La razón por la que no lo deportaran lo explicó –sin abundar por qué no fue un proceso mecánico, sino hablado con México– el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, como una medida para evitar que Duarte pudiera quedar libre, lo que es incorrecto, pues al fincársele el presunto delito de delincuencia organizada, no sería sujeto a fianza. De habérsele deportado, se podrían haber añadido delitos a las causas penales que se le siguen. Al ser extraditado, sólo lo pueden juzgar por los delitos establecidos en el documento entregado al Tribunal. Para que se le puedan añadir delitos en México, tendrían que volver a hacer un trámite en Guatemala para ver si el Tribunal acepta que se le añadan.

La extradición es benéfica para Duarte, que parece más un reo protegido por las autoridades mexicanas que perseguido con total cabalidad. Ciertamente, esta hipótesis podrá ser desmontada por la realidad de un juicio expedito y de acusaciones sólidas, en lugar de los que nos tienen acostumbrados, llenos de fuegos pirotécnicos y acciones cosméticas que ganan tiempo y desgastan a la opinión pública; procesos políticos, no legales, donde pagar las cuentas que deben no es el objetivo, sino apagar el incendio de la coyuntura.
17 Julio 2017 03:00:00
La metáfora del socavón
Las columnas políticas están saturadas con el clamor a que renuncie el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por la tragedia en el Paso Exprés de Cuernavaca, donde la semana pasada dos personas murieron al caer en un hoyo a la mitad de la autopista. Lo absurdo de esta muerte desató la presión contra Ruiz Esparza, quien dijo no me voy hasta que así lo determine mi jefe –a quien le transfirió esa responsabilidad–, el presidente Enrique Peña Nieto, que ha probado ser protector de la incompetencia. Ruiz Esparza debió renunciar, no por culpable sino por responsable, o el Presidente darle ese empujón y limitar el daño en él. Al no ser así, el socavón se convirtió en la metáfora de su Gobierno, donde todo lo malo que sucede se le pega a él.

¿Por qué Ruiz Esparza debió haber sido despedido o, de manera políticamente responsable presentado su renuncia? Porque un servidor público debe regirse por la ética institucional. Pero si no bastara el compromiso para el Presidente que le encargó una delicada responsabilidad, por mentiroso. El columnista Carlos Puig, lo documentó el viernes pasado en Milenio, al recordar que para presumir la obra de 14 kilómetros y medio que no era nueva sino era una ampliación del libramiento en Cuernavaca, el staff de propaganda gubernamental grabó un spot donde decía Ruiz Esparza: “El concreto asfáltico que estamos viendo aquí… es sin duda, un material más resistente. No tenían drenaje, entonces tuvimos que hacerles un drenaje para que la carretera en un momento dado tuviera circulación de agua y las casas de al lado pudieran desahogar también los líquidos de sus casas”.

La justificación que dio Ruiz Esparza tras el socavón, fue que las lluvias atípicas habían tapado un drenaje que tenía 40 años de viejo. Entonces, ¿dónde quedó el drenaje que construyó su Secretaría? O fue una mentira flagrante, o hay un público caso de corrupción. ¿Cuál es de los dos secretario? La memoria corta ayuda a salirse por la tangente. Cuando se mostró que las autoridades en Morelos y los vecinos llevan más de ocho meses advirtiendo sistemáticamente sobre la mala obra y los riesgos con el drenaje, destituyó al delegado de la SCT en Morelos y a cuando menos siete funcionarios más en las oficinas centrales. La omisión es una violación a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos. El delegado, entonces, incumplió su trabajo. ¿De dónde salió?

El columnista Julio Hernández lo explicó el viernes en La Jornada. Hace ocho años, José Luis Alarcón Ezeta, era director de la escuela de idiomas Harmon Hall, que fundó su padre. Lo nombraron delegado de la SCT por recomendación del gobernador Graco Ramírez, tras haber realizado actividades empresariales con Cuauhtémoc Ochoa. Este hombre, no lo menciona en la columna Hernández, es parte importante del círculo interno del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de quien fue funcionario cuando era gobernador en Hidalgo, y uno de los enclaves políticos de Bucareli en la Secretaría del Medio Ambiente. Sin ningún nexo previo con el gobernador, se puede alegar que su recomendación fue un favor político a Osorio Chong.

La conexión entre el secretario de Gobernación y los delegados es importante recordar. De acuerdo con funcionarios federales, sobre 80% de los delegados de la SCT fueron impuestos por la Secretaría de Gobernación. Es decir, en ocho de cada 10, como en el caso de Alarcón Ezeta, el secretario Ruiz Esparza no tuvo ni voto ni veto. Los delegados federales son como subsecretarios en los estados donde están comisionados, aunque no todos son tan poderosos como los de la SCT, porque son los responsables de distribuir los recursos para las obras –esa dependencia es la que más gasta-, y repartir los trabajos entre los grupos regionales. Esa racional permitió al gobierno federal repartir las obras entre empresas de todo el país, lo que se modificó en el Gobierno de Peña Nieto, donde los beneficiados notoriamente, incluso en tierras muy lejanas de sus orígenes, fueron mexiquenses e hidalguenses.

Cuando se extraña e indigna el Presidente porqué tiene tan mal ánimo y ambiente en todo el país, haber roto la distribución regional de obras es una de las razones que debería de tomar en cuenta. El avasallamiento de los suyos y del secretario de Gobernación sobre los recursos de los contribuyentes para las obras, es una explicación del porqué en todas las mediciones sobre percepción de corrupción en el extranjero, el gobierno de Peña Nieto ha retrocedido significativamente en los rankings globales. En Gobernación, como en Comunicaciones y Transportes, el presidente no ha hecho nada por reparar las anomalías. Qué tanto sabe de lo que se hace en su Gobierno, es una incógnita sin resolver.

En todo caso, el socavón es una metáfora continuada del sexenio peñista: un gobierno de cuates, donde el amiguismo se sobrepone a las capacidades; una tibieza en la mano presidencial que le impide sacrificar a quien no dé resultados o que le genere conflicto; tortuguismo para tomar decisiones políticas y éticas, por citar tres de los más sobresalientes. El viernes pasado hubo una reunión de Gabinete en Los Pinos donde se revisaron los avances del sexenio y los logros de la reforma energética. Del resto de los temas nada. Por cuanto a incompetencia, corrupción, inseguridad, violencia, ingobernabilidad, desprestigio, los calificativos que se convierten en sustantivos sobre su Gobierno, ni una palabra revelada. Otro botón de este sexenio fallido: esconder la cabeza pensando que si no ve nada, nada pasa.
14 Julio 2017 04:08:00
El sufrimiento de Videgaray
La crisis que vive Jared Kushner por los contactos que tuvo con diplomáticos y emisarios del Gobierno ruso durante la campaña presidencial en Estados Unidos es la misma crisis que vive Luis Videgaray. El yerno del presidente Donald Trump, su consejero desde la campaña de 2016, está bajo fuego luego de que su cuñado divulgara los correos electrónicos que muestran la planeación de una reunión con una abogada rusa que ofrecía información de su Gobierno contra Hillary Clinton, por posibles violaciones a la ley electoral y de conspiración. La crisis la resumió el senador demócrata Chris Murphy en una entrevista con la televisora MSNBC: “Si este fuera un mundo político normal, Jared Kushner estaría sin trabajo esta noche”. Si eso llegara a suceder, Videgaray será un daño colateral.

El esposo de Ivanka Trump está en medio del peor torbellino desde que comenzó la turbulenta Presidencia de su suegro. Un análisis en la edición digital de la revista Vanity Fair señala que dado su amplio papel durante la campaña y la presidencia de Trump, la investigación en su contra continúa expandiéndose. La cadena de periódicos McClatchy informó que el Departamento de Justicia y los comités de Inteligencia del Senado y la Cámara de Diputados también investigan si el equipo digital de la campaña de Trump, encabezado por Kushner, jugó un “papel como conducto o atajo de Moscú para influir en las operaciones en las elecciones”.

En una crónica analítica en The New York Times, se añadió que el escrutinio sobre Kushner se centra en qué tanto le dijo a Trump sobre la naturaleza de su reunión con la abogada rusa. El Times agregó que si minimizó lo platicado u omitió detalles significativos, “permitió a su suegro.., al vicepresidente de Estados Unidos y a muchos otros voceros, salir y repetir día tras día la mentira de que nadie en la operación de Trump se había reunido con funcionarios u operadores del Gobierno ruso”. El fuego le está subiendo tan rápido a Kushner, que la revista New York ventiló las versiones de que podría renunciar.

La desgracia de Kushner sería la desgracia de Videgaray, a quien en la primavera de 2016, un banquero que lo visitaba regularmente cuando era secretario de Hacienda, ofreció acercarlo con el candidato Trump. Videgaray lo consultó con el presidente Enrique Peña Nieto, quien le autorizó iniciar los contactos. Un empresario conocido de Francisco Guzmán, jefe de la Oficina de la Presidencia, que tenía relación con Kushner, terminó de concretar el primer encuentro, en verano en un hotel en Nueva York, donde se reunió secretamente con Kushner e Ivanka Trump, y se planteó la posibilidad de la visita de Trump a México durante la campaña presidencial, discutida en el equipo del candidato en agosto.

El 30 de ese mes se dio la visita relámpago de Trump a Los Pinos, que causó la crisis política más profunda del sexenio, al partirse el Gabinete por la invitación. Peña Nieto mantuvo su apoyo a Videgaray, que sólo cambió días después cuando, por sugerencia de funcionarios de la Casa Blanca, lo orilló a renunciar. Peña Nieto pensaba haber salvado un enfrentamiento con el presidente Barack Obama y con quien pensaba que ganaría la elección, Hillary Clinton. Tan pronto como ganó Trump, Peña Nieto reactivó a Videgaray, quien viajó a Nueva York en noviembre para otra reunión con Kushner y establecer las bases de la relación bilateral.

Ya como secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray preparó con Kushner la visita de Peña Nieto a Washington para hablar con Trump, que se frustró por las imprudencias del jefe de la Casa Blanca. El ánimo guerrero de Trump se apaciguó por la intermediación de Kushner, quien llevó a Videgaray a hablar con él en la Oficina Oval en los primeros días de la Administración. Se volvieron a colocar ruedas a la relación bilateral, que tomó un curso de normalidad y contribuyó a la tranquilidad de los mercados internacionales. Kushner se convirtió en el enlace del Gobierno de Estados Unidos con México, y Videgaray en el mismo papel de su Gobierno.

Los dos han armado el andamiaje de la relación y preparado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue el principal tema en su reunión el martes pasado en la Casa Blanca, cuando el escándalo ruso aumentaba su velocidad. Esa polémica se intensificó desde entonces. El martes, los señalamientos contra Kushner eran por la sospecha de que él era el filtrador de los comprometedores correos electrónicos de Donald Trump Jr. Hoy, el coliseo washingtoniano está gritando que lo degraden y, de preferencia, que lo destituyan. Trump no ha dado señales de estar fastidiado de su yerno, como sugiere la revista New York que ya sucede en su entorno. La realidad, sin embargo, es que Kushner está dejando de ser un activo para convertirse en un lastre, y nadie sabe si saldrá fortalecido de este episodio, o se retire antes de que lo destruyan.

Videgaray es un daño colateral de lo que le suceda. Depende de él para agilizar y dinamizar la relación bilateral y la renegociación comercial. Sin Kushner, las cosas podrían salir, pero podrían no, o sufrir bloqueos, porque se quedaría sin la persona con derecho de picaporte en la Oficina Oval que le resuelve en forma expedita las cosas. Videgaray necesita triunfar en este campo, que lo es prácticamente todo, que le permitiría ser interlocutor en la decisión sobre la candidatura presidencial en 2018, y allanar el camino para una vida transexenal. El problema es que la sobrevivencia de Kushner no depende de él.
13 Julio 2017 04:08:00
Espionaje, señor Peña, you have a problem
Espiar ilegalmente en México a mexicanos por el hecho de tener posiciones críticas al Gobierno es una acción condenable que exige explicación y sanción a quien o quienes lo hayan hecho, dentro del Gobierno –funcionarios actuando al margen de la ley– o fuera de él. Pero espiar ilegalmente a extranjeros en territorio mexicano coloca al Gobierno en el umbral de un problema internacional. Las autoridades pueden mantener su negligencia para investigar casos de espionaje a mexicanos y burlarse de la rendición de cuentas. Pueden ignorar, deliberadamente o no, conocer a los autores intelectuales de semejante actividad, e incluso solapar a los responsables. Pero pretender lo mismo cuando hay extranjeros involucrados tiene implicaciones internacionales, como sucede con el espionaje al grupo de expertos internacionales que coadyuvaron en la investigación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, revelado esta semana.

Como reacción directa a ese espionaje difundido a través del periódico The New York Times, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, afirmó en el programa La Nota Dura, transmitido por El Financiero-Bloomberg, que nunca recibió del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ningún reclamo por la sospecha de que sus comunicaciones privadas estaban siendo intervenidas. No lo sabían. Los investigadores le dijeron al diario que no fue sino hasta que difundió el método mediante el cual se intervinieron los teléfonos de activistas sociales, abogados de derechos humanos y periodistas que sospecharon que ellos también habían sido objetivo de esos ataques. El Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, que verificó que esas intervenciones habían sido realizadas por un programa llamado Pegasus, confirmó que así había sido.

Pegasus es un software que vende una empresa israelí llamada NSO Group que, de acuerdo con el Times, sólo puede ser adquirido por gobiernos. De ahí la sospecha informada de que el espionaje se originó en alguna oficina del Gobierno federal y la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto para que la PGR investigara. Han pasado varias semanas desde que dio la instrucción y no ha sucedido nada. El argumento es que una investigación de esta naturaleza lleva tiempo. Lo inverosímil no es la demora para dar resultados, sino que no sepan claramente quién o quiénes, dentro o fuera del Gobierno, tenían acceso a Pegasus. Lo mismo se puede alegar del CISEN, que, de acuerdo con funcionarios federales, no tiene ese software, contradiciendo lo que los contratos del NSO Group sostienen.

El espionaje ilegal es un tema de seguridad nacional. Si la PGR y el Cisen, que tiene la tecnología para investigar de manera más expedita el espionaje ilegal, no saben nada, es más grave que si funcionarios en esas dependencias hubieran abusado de su autoridad, pues reflejaría una incompetencia monumental del Gobierno en términos de la seguridad del Estado. No es creíble que desconozcan su origen y a los autores. La hipótesis de que el Gobierno sí sabe quién espió y está encubriendo a los responsables la fortalece la oposición del PRI en el Congreso a que comparezcan el secretario de Gobernación, el procurador general y el director del Cisen. En toda democracia, que el Congreso llame a que los funcionarios involucrados en temas delicados expliquen sus acciones y decisiones es una práctica normal. Que el PRI esté impidiendo que vayan a comparecer, sabiendo que los coordinadores no hacen nada que no les ordenen desde Los Pinos, daña más a Peña Nieto de lo que él mismo cree. No se beneficia el Presidente de este blindaje contra la transparencia, sino que indirectamente lo inculpa.

Ciertamente, en el caso del espionaje doméstico, el Gobierno puede soportar las críticas e ignorarlas, así como manipular al Congreso para que no moleste al Ejecutivo. Sin embargo, eso no lo podrán hacer con el espionaje extranjeros, que violó tratados y acuerdos internacionales, con lo cual podría ser sujeto el Presidente, como jefe del Ejecutivo, a un litigio en cortes internacionales. Sólo como botón de muestra, la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU establece que nadie puede ser sujeto de interferencia arbitraria o ilegal de su privacidad, y tiene derecho a la libertad de pensamiento, a expresarse y a diseminar información por cualquier medio sin ser sujeto a coerción o intimidación, gozando de la protección de la ley contra esos ataques.

Las garantías individuales y los derechos contemplados internacionalmente fueron violados con los mexicanos y los extranjeros. Los mexicanos no tienen muchas opciones, ante la pasividad e indiferencia de las autoridades, pero no los extranjeros. El espionaje contra ellos no tiene muchos precedentes. La analogía en la memoria es el espionaje global de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo. No obstante, el hoyo legal que salva al Gobierno de esa nación fue el Acta de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero de 1978. El mexicano no tiene nada por el estilo. El espionaje fue grotesco y masivo, y el encubrimiento se encuentra bajo los mismos parámetros.

El Presidente debe reflexionar sobre lo que está sucediendo en su Gobierno, sean o no algunos de sus colaboradores responsables directos de ello, y actuar en consecuencia. Si no hace algo al interior de su equipo, entonces se le recomienda contratar un equipo de abogados y preparar su defensa en cortes internacionales, porque alguien va a pagar por esto y, hasta ahora, la única cabeza responsable a la vista es la de él.
12 Julio 2017 04:08:00
Lo que quiera Mr. Trump
La reunión entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump en Hamburgo la semana pasada tuvo un resultado totalmente inesperado y lamentable, anunciado por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al término del encuentro. Los presidentes acordaron, dijo, negociar un acuerdo de trabajadores temporales de México para que vayan durante periodos específicos a apoyar al sector agrícola de Estados Unidos y lo ayuden a mantener sus niveles de competencia. Frente a la anécdota del “absolutamente”, con lo cual Trump, en respuesta a una pregunta de la prensa, ratificó su idea de que México pague por un eventual muro fronterizo, pasó desapercibido la aberración de tan semejante intención. Un acuerdo de esa naturaleza revive el nefasto Programa Bracero, que vigente entre 1942 y 1964.

El spin que le dieron las autoridades mexicanas al acuerdo es que reconocía la realidad mexicana (¿cuál?, ¿qué México es un país cuyo destino manifiesto es ser el patio de Estados Unidos?), y que era un avance dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con relación a la regulación del sector laboral, que en Washington quieren que sea renegociado (en el entendido que este paso no abre las puertas del mercado estadunidense a todos que tengan la capacidad y entrenamiento para competir, sino sólo a la mano de obra intensiva en el sector primario). En cualquier caso, la visión mexicana es cortoplacista y vergonzosa.

No se sabe aún de quién fue iniciativa este nuevo programa, pero caben dos interpretaciones: si la idea es estadunidense, los mexicanos están bailando al ritmo que les impuso Trump; pero si la idea es mexicana, la ignorancia histórica sobre lo que este tipo de programa significa, conduce a una subordinación política y el final de la búsqueda del ideal asimétrico en las relaciones bilaterales. Sin embargo, hay razones para suponer que el planteamiento surgió de los estadunidenses. Videgaray explicó que la idea salió del déficit de mano de obra en algunas partes de la economía de Estados Unidos, como el campo y la industria de la construcción, con lo cual se subrayaba el mejoramiento de las relaciones bilaterales. De dónde sacó el canciller esa idea, no se sabe. El acuerdo que quieren estudiar no incluiría a obreros, sino solamente campesinos.

La analogía con el Programa Bracero es monumental. Durante los 22 años que funcionó, este programa, conocido como el Mexican Farm Labor Agreement, firmado en agosto de 1942, permitió que casi 5 millones de campesinos mexicanos trabajaran en los campos de 22 estados de la Unión Americana, principalmente en California y Texas. Una vez concluido, nunca se reemplazó. Años más tarde se crearon las visas de trabajo temporal, conocidas como H2A, para trabajadores en el campo, y H2B, para trabajadores no agrícolas. Otro programa, el H-1B, conocido como visas de negocios, ha sido reducido significativamente por Trump.

El Programa Bracero, de acuerdo con lo negociado, garantizaba para los mexicanos condiciones de vida adecuados, en cuando a salud, vivienda y comida, así como un salario mínimo de 30 centavos por hora. Una parte muy importante que contenía el documento, es que los mexicanos no podrían ser sujetos de ningún tipo de discriminación o que fueran excluidos de las zonas reservadas sólo para los blancos. Nada de esto se cumplió. En Texas, los mexicanos fueron tratados como perros en el transporte público, donde los obligaban a viajar en la misma zona de los animales, y lejos de asegurarles las condiciones de vida y los salarios comprometidos entre los dos gobiernos, sufrieron una explotación sistemática que violaban lo suscrito por los dos gobiernos, que incluía abusos físicos. En California, los orillaron a vivir en cuevas dentro de los campos de cultivo. Los braceros rara vez se quejaban del maltrato, por el temor de que se les cancelara la visa.

Por años, el Programa fue criticado. Los gobiernos mexicanos alentaron la expulsión económica de sus campesinos al ser incapaces de abrir oportunidades en su país, mientras que en Estados Unidos produjo externalidades, como la caída de los salarios de los campesinos estadunidenses. La Comisión sobre el Trabajo Migratorio creada por el presidente Harry Truman, afirmó en un reporte en 1951 que mientras los sindicatos se oponían a la inmigración mexicana sin restricciones, los agroindustriales, con respaldos en el Capitolio, querían garantizar la continuidad de la mano de obra “barata y dócil” mexicana.

El programa otorgó alrededor de 200 mil visas anuales durante ese periodo y fue utilizado con otros fines por Washington. El Departamento de Estado lo utilizó como un mecanismo para frenar el creciente apoyo al Partido Comunista –ilegal en ese entonces–, y el Pentágono encontró en él un mecanismo de reclutamiento para las guerras en las que se embarcaba. De esa forma, reclutaron mexicanos para la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la de Vietnam. El programa obligaba a los mexicanos a regresar al término de la vigencia de la visa, sin generar antigüedad ni derechos, y sólo podía ser utilizado para resolver los déficits laborales, sin desplazar o remplazar a los trabajadores estadunidenses.

De acuerdo con lo que dijo Videgaray, para allá van. El lobby agroindustrial ha presionado como ningún otro a Trump para que fortalezca ese sector durante la renegociación del TLCAN, y uno de sus impulsores es el senador texano John Cornyn, a quien visitó en su oficina el canciller mexicano el lunes. ¿Indignidad completa la de los mexicanos, y desdén por la historia y por los mexicanos? Si se trata de complacer a Trump y el lobby agroindustrial, este será el primer paso, una genuflexión ante los ojos de todos los mexicanos.
11 Julio 2017 04:07:00
2018: Aurelio Nuño
Aurelio Nuño es una hechura original de Enrique Jackson, quien hace más de una década lo introdujo formalmente en la política como su asesor en la Cámara de Diputados. Egresado de la Universidad Iberoamericana, sus viejos enlaces en esa institución lo colocaron en el camino del expresidente Carlos Salinas, quien vio sus atributos y se lo recomendó a quien ya estaba trabajando en la construcción de la candidatura presidencial del entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Luis Videgaray, a quien mandó Peña Nieto a presidir la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en 2009 para que después, amarrados los dineros para los gobernadores amigos que ayudarían en la campaña de 2012, se regresara a Toluca a dirigir la campaña presidencial, lo incorporó a su equipo. A Nuño lo ayudaron las circunstancias, con el respaldo, por supuesto, de sus promotores.

Cuando se armaba el equipo presidencial, una mala lectura de Peña Nieto sobre las aspiraciones del entonces embajador en el Reino Unido, Eduardo Medina Mora, lo llevó a nombrarlo embajador en Estados Unidos, y no secretario de Relaciones Exteriores, que era lo que realmente deseaba. En el reacomodo, Peña Nieto nombró a José Antonio Meade en la Cancillería, en lugar del cargo en el que se pensó originalmente, Jefe de la Oficina de la Presidencia. Un leal a Peña Nieto, Francisco Guzmán, fue hecho a un lado por Videgaray, quien armó prácticamente todo el gabinete, y colocó en la segunda oficina más importante de Los Pinos a su hombre, Aurelio Nuño.

Nuño ha sido una persona muy importante para Peña Nieto, quien le entregó la llave de su oficina y le delegó una responsabilidad sobre las decisiones de su gobierno como ningún otro funcionario en ese cargo había tenido. Muy poderosos personajes pasaron por la segunda oficina más fuerte en Los Pinos, pero las decisiones finales siempre las tomaba el presidente en turno, a veces muy en contra de lo que les aconsejaban. Peña Nieto fue diferente y Nuño se convirtió en una voz determinante. Tres de ellas han marcado su Presidencia:

1.- Le aseguró que había negociado con Los Chuchos que el PRD respaldaría la Reforma Energética, si el presidente presentaba la reforma fiscal perredista. Así lo hizo. Obligó al secretario de Hacienda a cambiar la reforma fiscal que buscaba aumentar la recaudación a través del IVA, a costa de la alianza electoral con los empresarios. El PRD, como era lógico suponer, no votó la Reforma Energética.

2.- Cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa en en Iguala, Nuño consideró por estar involucrada la policía municipal era un tema local donde no debía involucrarse el presidente. La ausencia de Peña Nieto durante más de dos semanas le generó críticas y presiones que lo obligaron a intervenir, con casi un mes de retraso. Como una acción de alto impacto mediático, Nuño organizó que el presidente recibiera en Los Pinos a los padres de los normalistas, a sus abogados y apoyos, con lo cual se explica el momento en que un crimen local, pasó a ser considerado “un crimen de Estado”.

3.- La respuesta al escándalo de la casa blanca la manejó Nuño con la ortodoxia del manual de crisis: quien estaba en el centro de la polémica debía ser quien explicara las cosas. Soslayó dos cosas: que esa persona, Angélica Rivera, era la esposa del presidente –con lo que se transfería el rol protagonista del escándalo-, y que al ser una actriz profesional, utilizar un video para transmitir el mensaje, se iba a interpretar como una actuación.

Pese a esos costos, Peña Nieto le entregó poderes extraordinarios, reflejo de una creciente dependencia intelectual y emocional de su joven colaborador, a quien en agosto de 2015, empujó a la calle para que comenzara a crecer. Lo nombró secretario de Educación, para que llevara a cabo la Reforma Educativa que en la campaña preparó y redactó junto con su amanuense en ese entonces, el actual líder del PRI, Enrique Ochoa. En ese momento, ungido como su delfín, Peña Nieto comenzó a engañar con la verdad, como suele decirlo.

El 26 de mayo de 2016, se publicó en este espacio: “En una monarquía, como evoca la restauración del PRI de la era de Enrique Peña Nieto, el sucesor del presidente tendrá que ser Aurelio Nuño, su secretario de Educación.

En una monarquía priista, el presidente no hereda a su hermano –Carlos Salinas pasó por encima de Manuel Camacho, y José López Portillo sobre Javier García Paniagua, en los casos más claros de los últimos 40 años–, sino a su hijo. Nuño es adoptado porque incursionó en la política como asesor del diputado Enrique Jackson hace más de una década, y recibió del actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, su impulsó definitivo. Inteligente, Nuño voló por méritos propios, y después de observarlo durante tres años, Peña Nieto decidió que era tiempo que saliera a la arena pública, desde donde construye su candidatura”.

Nuño se convirtió en una figura polémica por su discurso policial y despectivo contra miles de maestros, con lo cual generaba tensiones innecesarias. En 2016 se le cruzó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien no sólo lo desplazó de las negociaciones políticas educativas, sino que lo hizo con avasallamiento. Las aspiraciones presidenciales de Nuño parecían liquidadas. Pero no es así. Aquellas acciones de Osorio Chong contra él, provocaron el primer enfriamiento de su relación con el presidente, algo muy significativo en lo que representa Nuño para Peña Nieto, posiblemente hoy, con quien, como suele decir, esté engañando con la verdad para 2018.
10 Julio 2017 04:07:00
2018: primera batalla
A las 10 de la noche con 34 minutos, en la cuenta de Twitter del líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, se colocó una fotografía tomada horas antes, en desayunadero de los políticos, el restaurante Balmoral, de la Ciudad de México, con Manlio Fabio Beltrones, a quien sustituyó como dirigente del partido en el poder el año pasado. “Me da gusto volver a reunirme con @MFBeltrones, los #PRIistas estamos trabajando en unidad a favor de #Mexico rumbo a la #XXIIAsambleaPRI”, escribió con los modismos de las redes sociales. La última vez que se reunieron fue el 18 de julio del año pasado, en otro restaurante en Polanco, el Champs Elysées días después de haberlo relevado. En esa ocasión Beltrones subió la fotografía en Twitter con el mensaje: “Comiendo con mi amigo @EnriqueOchoaR, presidente del @PRI_Nacional, compartiendo experiencias, ideas y compromisos”. En ambos casos, la simulación tan excelsa de la política mexicana, no pudo ocultar el conflicto entre dos fueras antagónicas en disputa por el poder.

El año pasado, después de una larga reunión en Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto, Beltrones le ofreció su renuncia al frente del PRI para que sirviera como punto de partida para que el jefe de Los Pinos reacomodara su equipo, que no le estaba siendo funcional ni para gobernar, ni para ganar elecciones. Peña Nieto no hizo nada. Pero de su oficina lo presionaron para que asistiera a la unción de su relevo, Ochoa, casi una semana después. Beltrones no se encontraba –convenientemente– en México, pero envió a su hija Silvana, como representante. Peticiones del Presidente, a través de intermediarios, le pidieron que se reuniera con Ochoa, con quien, para no tensar más las cosas, lo hizo. No fue un encuentro de amigos, sino de adversarios. Nunca más volvieron a cruzarse hasta la semana pasada.

La reunión en el Balmoral fue otra charada arreglada desde las alturas del poder para tratar de evitar que a cinco semanas de la Asamblea Nacional del PRI, donde se definirán las reglas del juego de la sucesión presidencial, empezara la guerra. Pero como sucedió el año pasado, los términos de la competencia se inclinaron hacia un lado. Mientras Ochoa se reunía con él, en Chiapas se libraba la primera gran batalla para 2018. El presidente del PRI en ese estado, Roberto Albores Gleason, impidió la entrada a la Asamblea Estatal al diputado local, Willy Ochoa, con lo cual bloqueó su participación en las deliberaciones. “No se vale que actúen de esa manera”, dijo el diputado local, “y no se vale que el Comité Nacional solape lo que está ocurriendo aquí”.

¿Qué pasó en Tuxtla Gutiérrez? Willy Ochoa es un político incondicional de Beltrones, que no aspira ser candidato a gobernador el próximo año, pero sí está buscando una senaduría. Albores Gleason, que lleva siete años al frente del PRI estatal, responde a los intereses del dirigente nacional, quien a su vez es una pieza estratégica del secretario de Educación y fuerte aspirante a la candidatura presidencial, Aurelio Nuño. Albores Gleason, senador y consejero nacional de la Comisión Política Permanente, que es el órgano de dirección colegiado del PRI, y secretario de Gestión Social del Comité Ejecutivo, es a quien Nuño y Ochoa quieren como gobernador en Chiapas.

El “destape” anticipado de Albores Gleason, se dio el 11 de marzo pasado, cuando se casó en una hacienda yucateca donde estuvieron sus padrinos, junto con los secretarios de Gobernación, Salud, el procurador general, y siete gobernadores priistas. Nuño y Ochoa han desoído a 10 exlíderes del PRI en Chiapas, que hace un año pidieron su remoción por haber violado los estatutos del partido y mantenerse irregularmente en el cargo. Como se apreció hace unos días, la respuesta desde el centro ha sido el apoyo total a Albores Gleason para que mueva Chiapas a su gusto, por encima inclusive de sus aliados, el Partido Verde, al que pertenece el gobernador Manuel Velasco, sin reparar en lo que eso impacta en el tejido político nacional del PRI.

El veto a Willy Ochoa es una afrenta a Beltrones. La fotografía del líder priista Ochoa con el exdirigente nacional, parece una burla. Fue consecuencia de un importante litigio en medios entre Ochoa, quien anticipó que en la Asamblea Nacional del 12 de agosto, decidirían los delegados si aceptan a un candidato sin militancia partidista para el boleto presidencial, y Beltrones, que respondió que el PRI no podía ser utilizado como “taxi” para candidatos que no fueran miembros del partido. Demasiado fuerte el choque en la arena pública, para permitir que la bola de nieve se convirtiera en avalancha.

Pero el café en el Balmoral el mismo día que los incondicionales de Nuño y Ochoa golpeaban al incondicional de Beltrones, tiene tipo de celada. La declaración sobre posible candidatos a la Presidencia que no fueran militantes, se leyó como un traje que estaba siendo hecho a la medida del secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Pero la secuela en Chiapas obliga a una nueva reflexión sobre si querer abrir la puerta a Meade fue o no un distractor. Quienes conocen a Beltrones tienen la certeza que su declaración contra los no militantes en busca de la Presidencia, fue platicada antes con Peña Nieto –a quien vio unos 10 días antes de hacerla–, por lo que Meade no sería realmente a quien buscaba cuidar Ochoa, sino a quien lo colocó el frente del PRI y metió en el juego electoral, Aurelio Nuño.
07 Julio 2017 04:08:00
Conversación con un sordo
La reunión en Hamburgo entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump se dará en medio de un frenesí en la relación bilateral que lleva tres semanas, y que tendrá su estación más importante este viernes, cuando Peña Nieto y su equipo entren a un túnel de 30 minutos para un diálogo con Trump, con quien hablar es como tener una conversación con un sordo que tiene proclividad al asesinato. Es decir, la interlocución está llena de incertidumbres, pero no por la preparación del encuentro y la acotación de la temática, como será en esa ciudad alemana donde se celebrará la cumbre del G-20, sino por lo poco predecible de su comportamiento y lo mercurial en sus emociones.

Esta reunión ha sido protegida con algodones. Hace dos semanas se programó la visita a México del secretario de Seguridad Interna, John Kelly, quien llegó a México acompañado por el director de la CIA, Mike Pompeo. El enfoque de seguridad y de tareas de inteligencia era evidente, pero el diseño de la visita sugiere un énfasis distinto. Ausentes por completo en los dos primeros días del viaje de Kelly y Pompeo fueron sus contrapartes y enlaces institucionales, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el director del CISEN, Eugenio Imaz, enfatizando la desconfianza en Washington con esa ala del equipo de Peña Nieto, y el interés por articular la relación bilateral con otras caras, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y los jefes de las Fuerzas Armadas, el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, y el de la Marina, almirante Vidal Soberón.

Kelly, de acuerdo con diplomáticos estadunidenses, planteó en Los Pinos los temas que Trump pretende abordar con Peña Nieto, la seguridad regional que integre a Centroamérica, migración y tráfico de armas, junto con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no vio directamente el secretario. No habrá sorpresas en Hamburgo, fue el mensaje de Kelly a Peña Nieto, pero los mexicanos no están seguros. En una plática con periodistas que acompañaron al presidente en el viaje a Europa, Videgaray dijo que esperaban que la conversación con Trump fuera en términos de cordialidad y respeto, que es hasta ahora el mayor déficit en la relación bilateral.

Trump no es el Gobierno de Estados Unidos, que en las áreas que conciernen a la relación con México, están trabajando con otro ritmo, tono e interés. Se vio en la preparación de la reunión entre los dos presidentes, que originalmente había anticipado el director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, sería tipo pull aside, como definen las reuniones de pasillo, rápidas y sin mucho contenido, preparadas más para relaciones públicas. En menos de una semana, Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado elevaron el nivel de la reunión, a una de trabajo, de 30 minutos –no de 10– y con la participación de secretarios y colaboradores. La fotografía que iba a ser la joya del encuentro, tomó densidad.

El temario de la reunión no podía ser extenso y se terminó de afinar durante la mañana del miércoles, antes de que llegaran Kelly y Pompeo a México. Los temas son los obvios, pero lo importante es lo que no se abordará, según lo acordado por los equipos: el muro fronterizo, que se ha convertido en la metáfora de la desastrosa relación entre Peña Nieto y Trump. Temáticamente será una reunión dentro de las líneas convencionales de este tipo de encuentros, pero políticamente, lo que no se ve, es lo relevante: el cuidado con el que el Gabinete de Trump quiere llevar la relación con México. ¿Será la plática tan tersa, como se ha negociado? Si la visita de Trump a Los Pinos en agosto del año pasado se puede tomar como referencia, será una conversación cordial y respetuosa, como espera Videgaray. La inquietud es sobre lo que puede venir después.

Tras aquella reunión en Los Pinos, Trump rompió los acuerdos tomados y habló contra México y los mexicanos. Ya como Presidente, habló por teléfono con Peña Nieto y se comprometió una vez más a no hablar públicamente de aquellos temas donde claramente había diferencias insalvables, pero volvió a destrozar lo pactado días después. Kelly, el secretario de Trump quien se ha encargado, quizás inopinadamente, de reparar los daños que provoca su Presidente y colocar bálsamo en las heridas a los mexicanos, ha tenido que trabajar horas extras para evitar un mayor alejamiento entre los dos países. Junto con el secretario de Estado, Rex Tillerson, ha ido construyendo la agenda bilateral cuidando que la Casa Blanca y sus supremacistas, no la dinamiten.

El tipo de reunión en Hamburgo, iniciativa de ese sector integracionista del Gobierno de Trump, volvió a enviar un mensaje de que las relaciones bilaterales tienen un diálogo ininterrumpido, aunque a veces tenga sus sobresaltos. En papel, los mexicanos están preparados. La próxima semana, para dar un seguimiento a los asuntos mexicanos, Videgaray estará en el Capitolio hablando con diputados y senadores sobre comercio y seguridad, cerrando estas tres semanas de frenesí. Todo está calculado y planeado por las dos cancillerías para que las cosas resulten de acuerdo con la partitura que escribieron, pero con Trump nada es seguro ni cierto, pues su palabra cambia al ritmo de su temperamento. Lo único es que los mexicanos ya saben que así es, y no va a cambiar. Estarán preparados para evitar un nuevo naufragio. Es lo menos que se espera de ellos.
06 Julio 2017 04:08:00
2018: choques en el paraíso
Los campos de batalla en el PRI se han establecido. Por un lado, Enrique Ochoa, impuesto por el presidente Enrique Peña Nieto como líder del PRI para enviar una señal al interior del partido que él era el jefe supremo. Por el otro, Manlio Fabio Beltrones, quien renunció al PRI tras las derrotas en 2016 en la contienda de 12 gubernaturas, donde ofreció su cabeza al Presidente como un sacrificio para que ajustara el rumbo de su gobierno, que tanto daño había causado en las urnas. Peña Nieto lo ignoró y sólo Beltrones pagó el costo de la humillación. Desde entonces, las fisuras en el PRI se han acentuado, donde la minoría, ubicada en el entorno peñista controla a la mayoría por la vía de los recursos que tiene la Presidencia para destruir a quien sea, si así se lo propone.

Beltrones, que probablemente tiene más prestigio hoy en día dentro del PRI que Peña Nieto y todo su gabinete junto, fue crecientemente presionado por los cuadros más experimentados del partido para que definiera su posición y dijera qué quería. Buscaban tener en él la cabeza del desafío a Peña Nieto, pero rechazaba las presiones. Hasta después de las elecciones en el Estado de México podría darse un posicionamiento, insistía a quien le preguntaba.

Finalmente, esa definición se dio en una entrevista con Reforma, donde anticipó que definirá si compite por la candidatura presidencial después de la Asamblea Nacional del PRI en cinco semanas, pero advirtió que su partido no puede servir de “taxi” de aspirantes sin identidad partidista.

Ante el pañuelo lanzado, Ochoa aceptó el reto. Al hablar con periodistas sobre la Asamblea, dijo que serán sus delegados quienes decidirán si aceptan o no a un candidato sin identificación partidista, que podrían ser él mismo o el secretario de Educación, Aurelio Nuño, entre el grupo presidencial que se encuentra entre los aspirantes. Ochoa fue más ambicioso y abrió la baraja para darle a Peña Nieto mayores márgenes para su decisión. Dirán los priistas, adelantó, si permiten que sea un no militante candidato por el partido a la Presidencia, con lo que abrió al debate público el cabildeo intramuros para que se modifique el estatuto que exige 10 años mínimo de militancia y que hayan tenido algún cargo de representación priista, que pudiera ser incluso representante en su casilla en una elección, que permitiría contender por la franquicia al secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

Este candado es la piedra de toque de la Asamblea General del PRI y en donde se juega el destino de la sucesión presidencial. Ochoa es la avanzada para el cabildeo que trata de eliminar ese candado de los estatutos, incorporado por los priistas en la ola de furia contra el expresidente Ernesto Zedillo, a quien muchos consideran trabajó contra el PRI desde el interior del PRI, y allanó el camino para que Vicente Fox acabara con el reinado priista en el poder. Impedir la llegada de otro perfil como Zedillo a una candidatura, sirvió durante años tanto como el modificado Artículo 82 de la Constitución, escrito en 1917 con dedicatoria al ministro de Hacienda, José Yves Limantour, y que evitó que figuras como Carlos Hank González nunca pudieran aspirar por la candidatura presidencial al haber nacido uno de sus padres en el extranjero. La disidencia priista ya planteó a la secretaria general del partido, Claudia Ruiz Massieu, que estarían dispuestos a eliminar ese candado a cambio de que Peña Nieto abriera el proceso de selección de candidato presidencial.

La respuesta de Los Pinos no ha llegado. Aceptar esa propuesta sería el equivalente para Peña Nieto de entregar la facultad, intocada hasta ahora, de decidir a quien desee como sucesor. Los resultados de la elección del estado de México le permitieron afianzar ese recurso metafísico de la política priista, y no hay señales de que abra el proceso de sucesión para hacerlo más incluyente, como lo hizo Miguel de la Madrid en 1987. Pero hay algo más. En la Asamblea General se espera que participen cerca de 10 mil priistas, pero más del 70% serán música de acompañamiento para efectos prácticos, pues unos dos mil 500 delegados serán los únicos que tomen las decisiones sobre el rumbo del partido.

Los preparativos de la Asamblea General no los ha realizado Ochoa. Peña Nieto encargó esa responsabilidad a Ruiz Massieu, que es una negociadora dura y con bajos niveles de tolerancia, y al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien ha trabajado estrechamente con el Presidente en materia electoral y partidista desde hace más de una década. La convocatoria de la Asamblea, redactada por Murillo Karam, no deja espacios para el debate abierto, menos aún para sorpresas. Es decir, podría argumentarse que si la mayoría de esos cerca de 2 mil 500 delegados deciden respaldar los deseos de Peña Nieto, podrá haber eliminación de los candados y construir el andamiaje para que decida por quien le plazca como su sucesor.

Una decisión vertical, como esa, mandaría un mensaje al PRI, donde Peña Nieto ha perdido sistemáticamente influencia, de autocracia partidista. Pero ¿llevaría a una fractura como en 1987? La mayor parte de los priistas consultados piensan que no, y que habría subordinación. Pero esas preguntas se hicieron antes de la definición de Beltrones, quien ya habló y a quien todos escuchan. El choque entre el PRI de Peña Nieto y el de Beltrones, en todo caso, comenzó.
05 Julio 2017 04:08:00
La seguridad, de mal en peor
Si en la primera parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la seguridad pública estuvo mal, en la segunda parte, en la recta final del sexenio, estará peor. En función de los resultados, esta es la peor área del Gobierno peñista, donde los rendimientos han sido sistemáticamente decrecientes.

Urge un rediseño de la estrategia para combatir el crimen, pidió el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en donde el Gobierno federal, los gobernadores, alcaldes y legisladores asuman su parte de responsabilidad.

Urge, sobre todo para el Presidente, porque la debacle de la estrategia amenaza con devorar por completo los últimos meses de Peña Nieto en Los Pinos, y su principal carta –de acuerdo con las encuestas– para ser el abanderado del PRI para la elección presidencial de 2018, el secretario Osorio Chong, está tocado de muerte política.

La boca se les ha llenado de palabras huecas a los funcionarios peñistas desde el arranque del sexenio.

La balandronada de que en 100 días acabarían con la violencia se convertirá en metáfora de su incompetencia.

El Gobierno del presidente Felipe Calderón les dejó un país en medio de una guerra civil, con una estrategia de fuego y muerte que tuvo su cénit en mayo de 2011, cuando las denuncias de homicidios dolosos alcanzaron la cifra de 9 mil 466 durante los primeros cuatro meses de ese año.

A partir de entonces, la estrategia de ser más rápidos para abatir o capturar criminales, versus la velocidad de los cárteles para renovar sus cuadros, comenzó a reducir la estadística de la muerte.

Para 2012, la cifra cayó a 9 mil 158, que bajó a 7 mil 902 al año siguiente, a 6 mil 887 en 2014, y 6 mil 708 en 2015, cuando el diseño de mucha coordinación en el gabinete de seguridad y no confrontación con los cárteles de la droga, tocó piso.

Los criminales le tomaron la medida al Gobierno. Se realinearon y se fortalecieron.

La guerra civil reinició. Para 2016, la estrategia de contención y administración del combate contra la delincuencia estaba destrozada. El discurso oficial siguió ensalzando los logros que contrarrestaban con el total de denuncias de homicidios dolosos, que son con los que se identifica a la delincuencia organizada en el Artículo 9 del Código Penal.

En 2016, ese tipo de delito sumó 7 mil 658 denuncias, lo que significó un incremento de 22% con respecto al año anterior.

El Estado de México, Guerrero y Chihuahua, registraron el mayor número de estos crímenes, acumulando la tercera parte de este tipo de delitos en los 16 años que llevaba el siglo. El Estado de México, no fue sorpresa, fue el primer lugar nacional en violencia.

El número de asesinatos en la categoría de homicidios dolosos en 2016 llegó a los 20 mil 549, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que significó un incremento de 20.6% con respecto a los 17 mil 34 homicidios dolosos denunciados en 2015, cuando ya se había notado un incremento de 8.8% con respecto a 2014. En los primeros cuatro meses de este año, lo que pasó fue el acabose. El total de denuncias presentadas por homicidio doloso se disparó a 9 mil 916, lo que significa un aumento de 29.5% con respecto al mismo periodo en 2016. Estos cuatro meses fueron el periodo más violento en la historia de México, o cuando menos, si se quiere ser purista, desde que se cuenta con registros de incidencia delictiva, hace 20 años.

Si las cosas estaban mal, como se apuntó en un principio, van a empeorar. En los primeros 54 meses del Gobierno de Peña Nieto, casi cuatro años y medio en total, el número de homicidios dolosos denunciados llegó a 83 mil 209. Como comparación, en los primeros 54 meses de gobierno de Calderón, hubo 70 mil 693 homicidios dolosos. La cifra en el actual Gobierno puede ser incluso mayor, por las variables en la medición. Una de ellas es que si no está identificada la persona asesinada, no se contabiliza. Aún así, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que recoge información de todas las procuradurías del país, durante el sexenio de Peña Nieto se han denunciado hasta el momento 12 mil 516 homicidios por encima del total de denuncias en el gobierno de Calderón, lo que representa un incremento de 17.7 por ciento.

Los estados con mayor número de denuncias de este tipo de delitos, son Veracruz, que tuvo un incremento de 122% entre 2015 y 2016, seguido de Michoacán (65%), Colima (259%), Baja California (42%) y Chihuahua (30%). En la suma general, 23 entidades del país sufrieron un aumento en las denuncias, lideradas por Veracruz, Michoacán y Colima.

En los primeros cuatro meses de este año, como botón de la extensión territorial de la violencia, se reportaron denuncias en 28 entidades, con Baja California, Veracruz y Sinaloa, a la cabeza.

Llamados como los que hizo De Hoyos Osorio Chong, como responsable de la seguridad interior y la gobernabilidad, deben ser una exigencia para las instituciones, que hasta ahora se han dedicado a dos cosas: a esconder la cabeza como avestruces, o a posponer el fortalecimiento institucional que tanto contribuye a esta debacle, por intereses partidistas particulares. A este respecto, no hay señales que las cosas cambiarán, ni la voluntad presidencial para dar un golpe de timón y rectificar el rumbo.
04 Julio 2017 04:07:00
Qué hacer con Trump
¿Qué puede hacer el presidente Enrique Peña Nieto para evitar que Donald Trump lo humille en la arena pública? Peña Nieto ya experimentó que la actitud conciliadora que tiene en privado se vuelve nuclear cuando se traslada al público. Una cosa le dijo Trump el último día de agosto del año pasado en Los Pinos, y otra su reacción tres horas después en Phoenix, al dinamitar la conversación que tuvieron durante la campaña presidencial. Otra fue la conversación telefónica, ya presidentes ambos, para acordar que donde la discrepancia fuera insalvable no hablarían de ello con los medios, que violó Trump ante una cámara de televisión. No hay garantía alguna para que lo que acuerden la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado para su encuentro este viernes en Hamburgo, sea respetado por él. Coloquialmente hablando, lo que vaya a resultar será un volado.

Peña Nieto y Trump sostendrán lo que llama el Departamento de Estado como una reunión pull-aside, que son rápidas y sin tiempo para profundizar, pero que sirven para subrayar el tema que más preocupa en ese momento, o enviar un mensaje de que esa relación es prioritaria. Trump tendrá encuentros pull-aside con nueve de los 19 líderes con quienes se verá en la cumbre del G-20 en Hamburgo a finales de esta semana. ¿Qué puede hacer Peña Nieto con Trump? Si la plática va a ser expedita, sin tiempo para abundar en un tema, la forma como se construirá lo que sucedió en ella no dependerá del presidente mexicano y cómo se le planta, sino de cómo su equipo diseña la narrativa del encuentro.

Lo peor que puede suceder es lo que ya están haciendo: emitir declaraciones inocuas, vagas y retóricas, o preparar comunicados que destilen miel. Un comunicado para hablar generalidades, como suelen hacerlo, junto con sus filtraciones a las columnas políticas anónimas donde ensalzan al Presidente, no sirve. No les ha funcionado en el pasado, no les va a funcionar ahora. Una comunicación política diferente podría hacer la diferencia. Pero, ¿serán capaces de reinventarse los mexicanos?

La incapacidad de tener una comunicación política eficiente que defienda los intereses mexicanos, no es exclusiva del Gobierno de Peña Nieto. Se extiende por muchos sexenios, explicado por la deformación gubernamental de pensar que información e igual a propaganda, que siempre los hace perder la iniciativa y estar siempre a la defensiva. El encuentro de Trump con Peña Nieto, por ejemplo, lo anunciaron en Washington el jueves pasado, cuando el director del Consejo Nacional de Seguridad, H.R. McMaster, y el director del Consejo Nacional Económico, Gary Cohn, dieron una briefing –equivalente informal a una rueda de prensa– a la prensa en la Casa Blanca sobre el viaje a Europa. Lo que hace la Casa Blanca es administrar la información.

En Hamburgo lo primero primero a través del pool –un grupo compacto– de periodistas que viajen en el Air Fore One, donde altos funcionarios del Gobierno darán a conocer el objetivo que van a alcanzar y lo que esperan de los encuentros más importantes. Ese pool da la información al resto de los periodistas acreditados por la Casa Blanca, con lo cual se empieza a construir su narrativa, con el énfasis deseado. Una vez en Hamburgo, la oficina de prensa de Trump llevará a los periodistas acreditados a funcionarios de alto nivel que irán explicando los detalles que quieren que se resalte de los encuentros bilaterales, con lo cual definirán el contenido de las pláticas. Otros países hacen lo mismo y neutralizan el spin –la intención– de la Casa Blanca. La experiencia en el gobierno peñista en este campo ha sido amarga, no sólo porque carecen de este procedimiento, sino porque ni siquiera se le da la atención requerida. En una ocasión, para una reunión convocada intempestivamente por el presidente Barack Obama, como la prensa mexicana quedó hospedada a 45 minutos de Washington, no llevaron funcionarios a hablar con ella porque, dijo un colaborador de Peña Nieto, “estaban demasiado lejos y no daba tiempo”. Aquella ocasión, como se ha dado sistemáticamente en otras, el tono y ángulo de la información no respondió a los intereses mexicanos.

La única forma como podría neutralizarse a Trump, pensando en la probabilidad que haga una de sus jugarretas, es trabajar una estrategia similar: un briefing este mismo martes a la prensa mexicana sobre lo que se espera, para no levantar expectativas falsas y orientar sobre las razones del encuentro, así como reportes diarios, por funcionarios de alto nivel, durante la cumbre del G-20. Esta información les permitiría construir la narrativa de esa gira de acuerdo con los intereses mexicanos, e inyectar antídotos a las ocurrencias de Trump con una versión alterna de lo que diga la Casa Blanca.

La batalla entre los dos presidentes se escenificará, como siempre, en el campo de la comunicación política. Y para entrar a esa guerra se tienen que reinventar los funcionarios mexicanos, dejando su solemnidad y opacidad a un lado. Nunca lo han logrado, por su confusión conceptual con lo que es la información y el mensaje, o generar propaganda en lugar de información. Pero tampoco nunca habían tenido una desafío tan grande como lo es Trump y su bipolaridad. Peña Nieto y su equipo lo saben perfectamente. Han vivido las frustraciones por su excesiva prudencia y falta de creatividad comunicacional. Nunca es tarde para rectificar. Imperdonable sería, con toda lo vivido con Trump, que vuelvan a cometer los mismos errores.
03 Julio 2017 04:07:00
El rival más débil
No es el mejor momento para una reunión entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, pero en unos días se verán las caras en privado. Hay que hacer dos consideraciones para tratar de entender por qué dialogarán en el marco de la cumbre del G-20 en Hamburgo a finales de esta semana: ¿cuándo es el mejor momento para reunirse con Trump? Si era inevitable que se cruzaran y hablaran durante las sesiones, ¿no sería más costoso el no tener un encuentro bilateral? Nunca habrá un buen momento para hablar con el actual inquilino de la Casa Blanca, porque hasta donde se ha visto su proceder, siempre es un viaje hacia lo desconocido tener cualquier tipo de interlocución o trato con él. Pero al mismo tiempo, el no formar parte del grupo de nueve líderes que hasta ahora se ha programado dialogarán bilateralmente con él, probablemente habría sido interpretado en México como un nuevo desdén del presidente estadunidense.

Difícilmente podrán sentirse tranquilos los funcionarios mexicanos más sensatos por el encuentro con Trump. La cancillería mexicana no había hecho ningún esfuerzo por buscar una entrevista entre ellos, porque no tendrían nada importante y concreto que pudieran anunciar. Una plática entre estos dos presidentes, que con otros mandatarios estadounidense se podían presumir en un comunicado lleno de caracterizaciones de que fue “cordial”, donde “revisaron los temas de la agenda bilateral” y “acordaron seguir trabajando” para fortalecerla por la calidad de la relación bilateral, no podrá ser tratada de igual manera porque a diferencia de antaño, en el caso de Trump, sólo jugando a las forzadas con él, levantándole la voz y confrontándolo, mandaría un mensaje de no subordinación.

Peña Nieto no presentará una postura de esas características porque genéticamente es todo lo contrario, de formas muy suaves y de trato débil cuando debe imponerse. Por si no fuera suficiente ese pasivo, Trump es un personaje impredecible y tramposo. Peña Nieto ya ha sufrido y padecido sus exabruptos y sus mentiras, pagando con humillaciones y descrédito los atropellos. El peor de ellos cuando en enero pasado prácticamente le retiró la invitación en público a ir a la Casa Blanca. Ese episodio precedió a un acuerdo de no hablar sobre el muro en la frontera y que México iba a pagarlo, como decía Trump, quien lo rompió en la víspera de que iniciaran delegaciones de alto nivel de los dos países las primeras pláticas sobre las relaciones bilaterales, a unos cuantos metros de la Oficina Oval.

Trump dijo el jueves 26 de enero en su cuenta de Twitter: el presidente Peña Nieto no debe visitar Estados Unidos a menos que México esté dispuesto a pagar por el muro. Poco después, por la misma red social, Peña Nieto anunció la cancelación del viaje, previsto para el día 30. Las primeras pláticas oficiales entre los dos países habían arrancado en la víspera, y recién se sentaban los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, comenzaron las hostilidades, que se convirtieron en insultos del supremacista consejero de Trump, Steve Bannon. Los mexicanos consideraron levantarse de la mesa, pero a fin de evitar lanzar la relación bilateral al abismo, aguantaron el maltrato.

La cancelación de la visita a Washington llevó la relación a uno de los puntos más álgidos que se recuerda, en situaciones incluso más difíciles que durante la tortuosa negociación sobre el acuerdo de gas natural durante el gobierno de José López Portillo, o más grave que cuando se enfrentaron los gobiernos de Miguel de la Madrid y Ronald Reagan por su intención de invadir Nicaragua. Se puede argumentar que fue la fisura más grande entre los dos países en tiempos de paz, que tuvo un proceso de recuperación con el trabajo que se realizó posteriormente con los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interior, John Kelly. Aún así, exabruptos antimexicanos de Trump, en medio de negociaciones bilaterales, llevó a Kelly en un momento, durante una de esas reuniones en la Ciudad de México, a disculparse con los mexicanos por las declaraciones de su Presidente.

El estado de relación bilateral ha continuado avanzando por buen camino, con acuerdos marco en materia de seguridad regional y alcanzándose los tiempos óptimos –para su aprobación antes de los periodos electorales de 2018– para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero por más sólido que sea los construido, no deja de ser frágil por la explosividad bipolar de Trump y su búsqueda permanente, en momentos de dificultad, de voltear una y otra vez a México para fustigarlo en los temas de migración y comercio que son los que mejor juegan con su electorado conservador, que mantiene aún de manera homogénea, para tratar de desviar la atención.

Angela Merkel, la canciller federal alemana y anfitriona de la Cumbre del G-20, anticipó la semana pasada que la presencia de Trump va a ser tensa y difícil, por temas como medio ambiente y libre comercio, donde se encuentra literalmente casi contra todo el mundo. Su temor fue confirmado durante el briefing que dio el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, sobre la reunión. “Desde la perspectiva de política exterior, el objetivo del Presidente será dejar claro, incluso a nuestros aliados, que Estados Unidos no puede tolerar un comercio injusto y prácticas desventajosa para nuestros trabajadores y nuestras industrias”, dijo. “Estamos preparados para actuar donde sea necesario”. No se necesita más. Trump va con la espada afilada. Peña Nieto, en el contexto actual, es su rival más débil.
30 Junio 2017 04:08:00
La moral de ‘El Bronco’
El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, tiene la lengua muy larga y la congruencia muy corta. Esta semana anunció que demandará a los principales medios de comunicación de su estado porque dicen mentiras y nadie les ha puesto un alto, afianzando en la ética pública su desafío. Al mismo tiempo, sigue mascando el chicloso podrido de su fiscal anticorrupción, Ernesto Canales, acusado de fraude en la Ciudad de México, y quien pese a ir perdiendo en todas las instancias judiciales su alegato de inocencia, lo mantiene en el cargo. Hace mucho tiempo Canales debió haber renunciado –en aras de la ética institucional–, o el Gobernador haberlo despedido, porque un presunto delincuente no puede ser el responsable de perseguir delincuentes. La doble moral de “El Bronco”, que se presenta como justiciero, es de antología.

Canales se encuentra en un pantano legal. Entre más se mueve, más se hunde. El 26 de marzo de 2012 fue acusado, junto con un viejo asociado, César Gerardo García Méndez, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La demanda, interpuesta por los abogados de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, señalaba que los abogados “se apoderaron y dispusieron en su beneficio” de los 6 millones de dólares pagados por Televisa, como compensación por la venta de sus acciones a Emilio Azcárraga Jean, “obteniendo un lucro indebido y generado un detrimento patrimonial” a su cliente. Canales lo ha negado siempre, aunque a través de denuncias periodísticas ha sido forzado a aceptar que existe el litigio en su contra.

A principio de este año, el caso tomó otra velocidad, cuando salió el pliego de consignación de la orden de aprehensión contra García Méndez, por el delito de administración fraudulenta. Según el pliego, violó el Artículo 234 del Código Penal al haber realizado operaciones perjudiciales al patrimonio de Paula Cusi, en beneficio de un tercero; en este caso, él y su entonces socio Canales, a quienes contrató para que resolvieran una disputa con Televisa. Por razones inexplicables, en el pliego de consignación del agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el 17 de febrero, Canales, presunto responsable de los mismos delitos, salvó una acción judicial en su contra.

La extraña actitud jurídica de las autoridades capitalinas, sólo se podían entender en un contexto político, donde el Gobierno de la Ciudad de México no se enfrentara con el Gobernador de Nuevo León, quien como ha sido su actitud, con seguridad lo iba a defender. Sin embargo, en los últimos días cambiaron las cosas. Para evitar que siguiera el camino de García Méndez, Canales promovió un amparo en contra de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por la negativa de determinar el no ejercicio de la acción penal. Es decir, que cerraran su caso exonerándolo de cualquier delito. No le funcionó. El amparo solicitado fue negado, con lo que el proceso judicial en su contra continúa.

El fiscal anticorrupción de Nuevo León utilizó argucias y mañas para ganar tiempo y buscar nuevas defensas contra las autoridades. Una de ellas fue no presentarse a la comparecencia para ir desahogando las pruebas –donde podía haber apuntalado su defensa–, y cuando lo apercibieron, dijo que nunca había recibido el citatorio. El Ministerio Público ya le giró otro nuevo citatorio, enviado por correo certificado. La fecha para que comparezca ante las autoridades es el próximo 10 de julio, en calidad de “probable responsable” del delito de fraude. El documento en el que se sostiene la presunta responsabilidad de Canales, está firmado el 28 de abril de 2011, donde la señora Cusi cedía “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de El Tigre Azcárraga Milmo, a su hijo Emilio Azcárraga Jean, a cambio de una contraprestación, que Canales no le informó que se había acordado, de seis millones de dólares, a cambio de desistirse de acciones legales para mantener el 16.6 por ciento de la empresa que le fue heredado por El Tigre. Este documento, llamado Carta de Instrucción, fue firmado por Canales y García Méndez con el representante de Televisa, Alejandro Bustos.

En ese documento solicitaban a Televisa determinar la forma como realizaría el pago compensatorio mediante dos opciones: 1) Un depósito a la cuenta de Summer Stream, C.V., por la vía de Abdadi&Co, Securities Ltd, en el banco Standard Bank Plc., en Londres, por 3 millones de dólares. Y, 2) mediante la contratación que llevara a cabo Televisa de los servicios de mercadotecnia de la empresa Summer Stream, C.V., por otros 3 millones de dólares. El representante de las empresas era Canales.

Canales afirmó ante el Ministerio Público que la señora Cusi estuvo informada de todas sus acciones, y presentó como prueba una carta que le envió el 21 de octubre de 2011, en donde detalló la negociación con los abogados de Televisa y el pago de los 6 millones de dólares que aplicó, “conforme a tus instrucciones, al pago de los honorarios de los distintos profesionistas que intervinieron tanto en la acción civil como en la penal, así como en la restitución de diversas cantidades pagadas por mí en tu nombre durante los procedimientos”.

Esa carta sí lo deslindaba de cualquier delito, pero hubo un problema: nunca se la entregó a la señora Cusi. Su exsocio García Méndez ya está pagando por el fraude. Canales sigue peleando para no ir a la cárcel. ¿”El Bronco”? Bien gracias, y mirando para otro lado.
29 Junio 2017 04:08:00
Los enojos de ‘El Bronco’
“El Bronco” está iracundo. “Es hora de ponerles un alto”, exclamó el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, a quien apodan “El Bronco”, al instruir al procurador de Justicia, Bernardo González Garza, analizar demandar a El Norte de Monterrey y su filial Reforma, Televisa, Televisión Azteca y el Grupo Milenio. El Gobernador está indignado porque El Norte publicó que gastó 7.4 millones de pesos para promover su imagen a través de la revista ARegional. “Es una tremenda mentira”, alegó, “se la han pasado echando mentiras porque este Gobierno no les paga un solo peso”.

Rodríguez apareció en la portada de la edición 63, con el título de “Confianza”, sobre su “exitosa” reestructuración de la deuda. Esa misma portada, en formato usual cuando los políticos quieren promover su imagen, apareció en espectaculares en las calles. No es el único gobernador que ha figurado recientemente en las portadas de ARegional. Anteriormente aparecieron el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval; el 62 de Puebla, Antonio Gali, y el de Yucatán, Rolando Zapata. “Nosotros no pagamos un solo peso”, se defendió Rodríguez. “Si la revista cobra o no cobra, o es un costo, es otra cosa”. Si no pagó, le preguntaron tramposamente los periodistas regios, ¿quién lo hizo? “El Bronco” se quedó callado.

El misterio de la promoción a su imagen causó polémica, la haya pagado o no. Pero la forma tan incendiaria como respondió a la información de El Norte sugiere que fue sorprendido por la publicación, que tiene vínculos interesantes. ARegional es dirigida por Cutberto Anduaga, quien tiene relación con Jorge Francisco Márquez, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, y brazo derecho del secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Anduaga da la cara de esa revista y consultora, de la que es socio Alberto Cano Vélez, director de Sociedad Hipotecaria Federal. Otro fundador, Manlio Fabio Beltrones, se retiró de la sociedad hace una década.

Se puede entender la reacción del Gobernador si ignora cómo terminó en la portada y los espectaculares de ARegional, que tiene publicidad permanente del Grupo Vallas, cuyo socio y fundador, el argentino Mariano Menéndez, también participó en el lanzamiento de la edición mexicana de la revista Forbes. Lo que es un tanto irrisorio es que aproveche este contexto para ajustar cuentas pendientes a los medios de comunicación en Nuevo León, contra los cuales ha estado enfrentado desde que era candidato a la Gubernatura.

“El Bronco” se regodeaba en la campaña con que iba a romper con las canonjías que le había dado el exgobernador Rodrigo Medina, porque él no compraba espacios en medios. Desde entonces, era tramposo. Su campaña en medios convencionales no le costó nada, en efecto, pero en las redes sociales un grupo de empresarios pagó a empresas multinacionales para que todo lo que él dijera o hiciera fuera ampliamente replicado. Su primer enemigo en los medios fue el Grupo Milenio, del cual dijo que les suspendería una pauta de mil millones de pesos y que cancelaría todos los proyectos de obra pública que sus dueños habían contratado con Medina.

“Los voy a meter a la cárcel”, alguna vez ofreció “El Bronco” al hablar con el patriarca del Grupo Milenio, Francisco González. No lo hizo, muy probablemente porque como en otros casos de persecución política, no ha encontrado elementos. La cruzada bronca contra los medios, revigorizada esta semana, comenzó el mes pasado, cuando anticipó que procedería legalmente contra los medios de comunicación que se beneficiaron de contratos otorgados por Medina, asignados directamente a través de familiares. “Hay hijos de comunicadores que se dedican a la obra pública que fueron beneficiados por el Gobierno anterior”, dijo a la prensa. “Se dieron contratos para promoción del Gobierno anterior a muchos medios y lo sabrá la prensa”.

Mucha palabrería y pocas acciones concretas. Durante su campaña recibió apoyo editorial gratuito e intenso por parte del Grupo Reforma, a través de su diario El Norte, mediante una alianza táctica que se dio de manera natural. El hombre que articulaba parte de la campaña y el Gobierno desde las sombras, cuando asumió la Gubernatura, era Fernando Elizondo, cuyo hijo estuvo casado con la hija de Alejandro Junco, el propietario y director general del Grupo Reforma. Elizondo ya no se encuentra en el equipo de Rodríguez, y lo que pudo ser una tregua, terminó.

El Gobernador, sin embargo, habla mucho, de más, y concreta poco. En mayo afirmó a los periodistas que su gobierno presentaría denuncias contra los medios que “desfondaron” las finanzas estatales, refiriéndose a las pautas asignadas por el Gobierno de Medina –enfrentado por cierto a El Norte–, porque aún tenían el descaro –no lo dijo de esta forma, pero se podría interpretar por su fraseo– de querer “cobrar sus deudas”. No habría nada de raro. Si les deben facturas, el Gobierno tiene que asumir las deudas. Si no le gusta lo que le dejaron, que no vaya contra el mensajero, sino contra el origen de su molestia.

Con el exgobernador Medina no ha podido en tribunales, y su gran oferta de campaña quedó sin cumplirse, con lo cual la luna de miel con el electorado se agotó y los problemas que tiene en la administración, gobernabilidad y manejo sobre todo, de la seguridad y las cárceles, le ha explotado. Que eso sea expuesto en los medios lo molesta, por lo que quisiera censurar todo lo que afecta a su imagen y su gestión. No lo logrará. La incompetencia demostrada en los 19 meses que lleva su administración es inocultable, se difunda masivamente o no. Pésimo gobernador, en función de resultados, y típico de los talantes autoritarios que busca en los medios la solución de sus problemas.
28 Junio 2017 04:08:00
Espionaje, hipocresías y panfleteros
El debate abierto sobre el espionaje a periodistas, abogados de derechos humanos y activistas ha tomado un rumbo absurdo. Se hace énfasis en la denuncia del programa Pegasus, que se utilizó para intervenir sus teléfonos celulares como si el software, por más inteligente que sea, decidiera que su papel no es indagar lo que planean los criminales o los terroristas, sino los adversarios del Gobierno. El absurdo que encierran estas palabras es equidistantemente proporcional al absurdo de la discusión. No es el programa, sino la utilización que se le da a Pegasus. No es perverso el software, sino quien o quiénes usaron su tecnología para fines ajenos para los que fue adquirido. Por tanto, Pegagus no es a quien se debe condenar, sino a quienes emplearon el sofisticado y eficiente programa para combatir al crimen, para el espionaje político.

Este último punto lleva a una discusión soslayada. El espionaje de marras no es el principio del problema, sino la última expresión de un delito que se arrastra desde hace más de dos décadas. El espionaje se convirtió en un deporte nacional donde participan los agentes políticos y sociales. Que lo practiquen los gobiernos es una verdad de Perogrullo. También lo hacen las grandes empresas, que practican intervenciones telefónicas. En las campañas electorales se denuesta a rivales con grabaciones y videos realizados subrepticiamente. Hasta se dio el caso en la elección presidencial de 2012, que un medio de comunicación pequeño pagó por la intercepción telefónica en la campaña de la panista Josefina Vázquez Mota, para hacerle favor al PRI.

Inexplicable, por limitado, que todo el debate público se enfoque al Gobierno federal. Esto no quiere decir que carezca de relevancia que los mexicanos sepamos quién abusó del poder al utilizar herramientas para combatir a la delincuencia y a terroristas, en personas que no eran una amenaza para la seguridad interior o la seguridad nacional del país, pero que tienen como común denominador que son una molestia regular para el Gobierno federal, aunque habría que preguntarse, objetivamente, si en efecto, Pegasus sólo está en manos de dependencias federales. Si queremos aproximarnos a la verdad, convendría revisar otros casos de espionaje.

El más importante, porque es el antecedente directo e inmediato a la investigación sobre el espionaje a periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, se publicó en febrero pasado en The New York Times, que reveló que tres de los activistas que cabildearon el impuesto a las bebidas con un alto contenido de azúcar habían sido espiados mediante un programa desarrollado por la empresa israelita NSO Group. El espionaje revelado la semana pasada involucraba al mismo diario y a la misma empresa fabricante del software, al que en esta ocasión ya identificaron como Pegasus.

La pregunta es si podría considerarse a Simón Barquera, director de investigación en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, Luis Manuel Encarnación, exdirector de la Fundación Mídete, y Alejando Cavillo, fundador de El Poder del Consumidor, que fueron los tres cabilderos espiados, representaban también una molestia para el Gobierno federal. Hasta donde uno puede alcanzar a comprender con lo que se aprecia en el primer plano, Barquera, Calvillo y Encarnación deben haber sido un dolor de cabeza para la industria refresquera y para quienes están vinculados a ella, porque el impuesto les iba a reducir sus márgenes de ganancia. Pero, ¿el Gobierno federal también resultaría afectado? Sólo positivamente, al ganar mayor recaudación. Entonces, si para el espionaje sobre tres personas que tenían como común denominador que eran una molestia para la industria refresquera se utilizó el Pegasus, ¿no existe la posibilidad que el software esté también en manos de quien no trabaja en el Gobierno federal?

Es aquí donde cobra sentido saber quiénes fueron los intermediarios entre el Gobierno y los proveedores, porque si como estableció el Times, el Pegasus sólo se vende a gobiernos para combatir el crimen y el terrorismo, ¿violaron los brokers las cláusulas de los contratos? ¿Vendieron quienes nunca debieron haber tenido acceso a ese poderoso software? Si fuera este el caso, los brokers tendrán un problema con los fabricantes del producto y el Gobierno federal, si desconociera el hecho, por sus descuidos en el tema de la seguridad y no vigilar que ese software jamás cayera en manos privadas.

Esto lleva la discusión a un siguiente nivel. ¿Por qué sólo se está enfocando la condena al espionaje ahora que se trata de periodistas, abogados de derechos humanos y activistas? La misma enjundia tendría que aplicarse al espionaje que desde principios de este siglo se ha venido realizando de manera sistemática a periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, pero también a políticos, funcionarios públicos y empresarios, que en el pasado, lejos de ser motivo de repudio, ha sido manjar para los medios de comunicación, que sin cuestionar los orígenes de infinidad de materiales ilegalmente obtenidos que se les hace llegar, los difunden como si fuera resultado de investigaciones
periodísticas.

El fin justifica los medios –la frase atribuida a Maquiavelo–, en su máxima expresión. El bien mayor es el sustento del aforismo. Sin embargo, ¿qué tantas veces ese tipo de prácticas ilegales fueron en beneficio del bien mayor? Muy pocas, en efecto. La mayor de las veces fue para difamar, estigmatizar y, finalmente, descarrillar a políticos o dañarles su imagen. El espionaje al servicio de la propaganda. De esto no se habla, por supuesto, porque de ese ejercicio han vivido medios y políticos en los últimos años, particularmente al servicio del poder.
27 Junio 2017 04:07:00
El solitario del Palacio (y II)
Quien dirige las guerras nunca está en la primera línea de fuego. Si bajo su mando se encuentra todo un Ejército y depende de su experiencia y estrategia el futuro de sus tropas y de todo lo que defiende, ¿es concebible que sea la persona que más se exponga a ser anulada de la batalla? Un Ejército sin cabeza se desarticula. Permitirlo es una tontería, pero la semana pasada eso sucedió en el Gobierno de México. El presidente Enrique Peña Nieto se batió en el campo de batalla de la opinión pública para responder las denuncias de espionaje contra periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, y lo acribillaron. Si ello no fuera suficientemente equívoco, el Presidente se fue a la guerra solo, sin generales, capitanes, o tropas detrás de él. Abandonado por sus colaboradores en Los Pinos y su gabinete de seguridad, que debió haberlo resguardado, lo aplastaron.

¿Quiénes le fallaron?

El jefe de Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, es el primer nombre en el colapso del respaldo a Peña Nieto. Desde que apareció la denuncia de espionaje en el diario The New York Times, Guzmán debió haber recomendado al Presidente una estrategia para hacer frente a lo que venía. Guzmán, que se distingue por su incondicional lealtad a Peña Nieto pero no por su brillantez estratégica, poco hizo. La denuncia creció en impacto en México y en el mundo. En Los Pinos decidieron que un oscuro funcionario de tercer nivel fuera la voz del Gobierno, sin entender la gravedad de lo que esa denuncia significaba. Tres aspectos concatenados pasaron sin reflexión en Los Pinos:

1.- Que la denuncia establecía que el espionaje se realizó a través de un programa que sólo se vendía a gobiernos, y que en el caso del mexicano, los únicos contratos conocidos eran de la Secretaría de Gobernación, el Cisen y la PGR. Debieron pensar que la carta era suficiente porque el Presidente y el equipo al mando de Guzmán, aseguraba desde que se difundió la información, que era mentira y que tendría que ser probada. Es decir, el problema no era del Gobierno, sino del Times y los acusadores.

2.- El Gobierno del presidente Peña Nieto, como actor sobresaliente de la iniciativa de Gobiernos Abiertos, estaba en entredicho. Esta iniciativa es una plataforma internacional donde compromete a sus signatarios a hacer a sus gobiernos más abiertos, responsables y sensibles a los ciudadanos, con mecanismos de rendición de cuentas incluidos. Si la Presidencia negó que se espiara, sin abrir inmediatamente una investigación interna para deslindar responsabilidades sin apelar a actos de fe, lo que transmitió no es sólo la negación a la posibilidad de infractores de la ley dentro del Gobierno, sino la cerrazón para poder verse hacia su interior y castigar a los eventuales violadores de la ley. La actitud siembra la posibilidad de que expulsen a México de esa plataforma.

3.- Con el paso de los días surgió más información sobre el espionaje. Entre ella, la posibilidad de que uno de los centros de fusión financiados por Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, que fueron creados para que funcionarios de los dos países realizaran trabajos de inteligencia para combatir a los cárteles de la droga o a terroristas, fuera el lugar desde donde se enviaron cientos de mensajes a teléfonos celulares para infectarlos con programas para clonarlos y activar remotamente su video y audio. Si esto es confirmado por Estados Unidos, hay dos opciones: o participaron en el espionaje en México, o el espionaje fue hecho a sus espaldas, con su dinero. Un conflicto diplomático, en el caso que desconozcan lo que se hace en esos centros, tocaría la puerta.

A decir por las declaraciones hechas por el Presidente el jueves pasado sobre el espionaje, es muy probable que todas estas consideraciones fueran soslayadas por su equipo en Los Pinos, ante la determinante línea discursiva de Peña Nieto que enseñó la ausencia de escenarios planteados por su equipo. Se puede argumentar lo mismo en las áreas donde debían haber trabajado las posibilidades y probabilidades de respuesta y acción, particularmente en la Secretaría de Gobernación y la PGR. Ni hicieron nada en público que aportara información contundente para impedir que a la denuncia original se le fueran añadiendo pruebas de espionaje, ni tampoco salieron sus titulares a la defensa de Peña Nieto.

Notable por su distancia del presidente fue el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, jefe del gabinete y responsable de la seguridad, cuya dependencia es una de las que adquirió Pegasus, programa que usaron para espiar, y que también compró el Cisen, que está bajo su mando, dirigido por un incondicional, Eugenio Ímaz, que tampoco dio la cara por el Presidente. Osorio Chong debió haber sido la voz del Gobierno, pero no lo hizo. Dejó que su jefe se enfrentara solo y diera la cara por él, a quien más protegió el Presidente con sus afirmaciones de la semana pasada. La misma actitud tuvo el procurador general, Raúl Cervantes, cuya dependencia tiene ese programa para combatir criminales.

Ninguno prestó el cuerpo y permitieron que fuera el Presidente quien peleara en la arena pública. Si alguien tenía que quedar lastimado y dañado, ¿tenía que ser el Presidente? Por supuesto que no. Era la última instancia; la última frontera del Gobierno. La realidad fue diferente. Dejaron a su jefe y líder peleando solo en la línea de fuego. Ellos, se quedaron a buen resguardo.
26 Junio 2017 04:07:00
El solitario del Palacio (I)
La definición del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto quedó escrita el jueves pasado con una tarde de perros en Jalisco, a propósito de las denuncias de espionaje contra periodistas, abogados de derechos humanos y activistas. En cuestión de horas amenazó a quienes denunciaron que los espiaban con tomar represalias, y reculó su lance intimidatorio al afirmar que respetaba la libertad de quienes, poco antes, amagó con censurar. El Presidente pagó con críticas e insultos en las redes sociales sus señalamientos, en una escena shakesperiana, donde él, solo en el centro del escenario, fue fustigado y linchado sin que nadie de quienes trabajan para él saliera en su defensa.

Un Gobierno completo vio la aniquilación pública de su jefe, sin entenderse cómo permitieron el juicio sumario de la opinión pública, y se escondieran para evitar que la indignación se volteara contra ellos. Una vez más, como tantas veces en el sexenio, Peña Nieto caminó sobre una plancha de fuego que lo consumió, mientras que sus colaboradores, en silencio, observaban el sacrificio. El libreto se repite. El Presidente que los cuida sin que lo protejan, que los defiende sin recibir reciprocidad, sacó la cara y el coraje por quienes debían, como obligación ética ante su jefe, haber sido los que enfrentaran el tsunami de acusaciones.

No era él quien debía haberse metido a la arena pública para hacer una defensa de su Gobierno. Nosotros no espiamos, dijo con una contundencia que sus asesores debían haber evitado y blindarlo del bumerán que significa involucrarse en el tema del espionaje de un gobierno. No lo ayudaron a refinar su discurso ni a atemperar su tono. Fue como si en el Gobierno sólo existiera él, y únicamente él fuera la voz de la administración. ¿Cómo pudo asegurar con tanta convicción que su gobierno no espía salvo a criminales? Su Gobierno es una democracia, dijo sofísticamente, como si las democracias no espiaran a sus ciudadanos. Cuán equivocado está.

Las democracias sí espían, como la Agencia Nacional de Seguridad lo hizo con miles de personas –incluido él– en aras de la seguridad de los Estados Unidos, país donde un presidente, Richard Nixon, espió a sus adversarios políticos y con ello transgredió la ley que le costó la jefatura de la Casa Blanca. Las democracias espían, la mayor parte de las veces escudadas en la protección de los intereses nacionales, violando la ley. Los asesores y los colaboradores del Presidente nunca debieron haber permitido que hablara sobre este tema, porque lo colocaron en el límite de la legalidad por asegurar cosas que, o no debería conocer, o si los desconoce, no debería de tocar.

Hay ejemplos históricos que enseñan cómo se cuida a un Presidente para no incurrir en un probable delito. En Estados Unidos, la más grande democracia, cuando el presidente John F. Kennedy autorizó la Mongoose Operation para derrocar al régimen de Fidel Castro en Cuba, la CIA no le informó que también trataría de asesinarlo, no por saltárselo, sino para evitar que en caso de que le llegaran a preguntar si él había ordenado el crimen, dijera no saber sin cometer perjurio. En México, cuando la subsecretaria de Telecomunicaciones, Purificación Carpinteyro, quiso entregarle al presidente Felipe Calderón un disco con grabaciones ilegalmente realizadas al secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se interpuso e impidió que las recibiera, porque eso llevaría al Mandatario a una probable situación de ilegalidad.

Ese tipo de acciones se hacen para darle a los presidentes salidas plausibles, mediante las cuales se les mantiene ignorantes de acciones que realizan sus colaboradores que pueden ser ilegales. Un presidente que no sabe que se comete una ilegalidad, no viola la ley. Un colaborador que por cualquier razón viola la ley, incluso con la intención de salvaguardar la seguridad del Estado, puede ser destituido sin afectar al presidente o al Gobierno. Mantener ajeno al Presidente de esas acciones es una obligación de sus colaboradores. Permitir que Peña Nieto se metiera al tema del espionaje y hiciera afirmaciones tajantes para negarlo, lo dejó sin márgenes de operación y sin puertas de escape, para él y para su gobierno.

Hasta este momento, todas las evidencias sobre el espionaje señalan a una rama del Gobierno como la responsable, por el hecho aún no controvertido de que el programa Pegasus, utilizado para intervenir la vida privada de 88 personas, sólo se vende a gobiernos. En el caso mexicano, los únicos contratos conocidos fueron para la Secretaría de Gobernación, el Cisen y la PGR. Si el Presidente negó “de manera categórica” que su gobierno espiaba a personas no vinculadas al crimen organizado o al terrorismo, uno puede asumir que la información se la proporcionaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador, Raúl Cervantes. Si el Presidente manifestó con firmeza la inocencia de su gobierno, ¿se puede presumir que conoce quién utiliza fuera del Gobierno programas para espiar?

El Presidente nunca debió haberse referido al tema del espionaje por lo delicado del tema en sí mismo. Pero igualmente, es injusto para Peña Nieto que su equipo lo haya abandonado en la arena pública en la batalla legal y política. Es inconcebible que nadie de sus colaboradores saliera a pararse frente a la opinión pública y defenderlo. La estrechez de miras, o lo timorato, o lo perverso del gabinete y el staff presidencial, o todas ellas juntas, quedó expuesta en esa tarde de perros que vivió su jefe y que sigue pagando.
23 Junio 2017 04:08:00
Seguridad, la debacle
Las justificaciones y los gemidos de dolor de los más altos funcionarios federales tratando de explicar por qué en mayo pasado se registró la tasa de homicidios dolosos más alta en la historia de México, o desde 1997, cuando se empezaron a contabilizar, son patéticos. La queja es que las deficiencias legales del nuevo Sistema Penal Acusatorio, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ha provocado que más criminales libren en automático la cárcel y regresen a las calles a matar, y el spin mediático es que el incremento de los asesinatos está en lo alto de la numeralia en los estados que recién cambiaron de mando, de un gobernador priista, a uno panista. Los dos argumentos, si bien no serían excluyentes, se contraponen en la desesperación de buscar explicaciones externas en las deficiencias internas.

Es cierto que en el Congreso no enmendaron la iniciativa –preparada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, y el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos– para conceder prisión preventiva a quienes cometieran un asesinato y sólo se les decomisara su arma. Pero también es cierto que no se hizo un buen trabajo. En enero de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto nombró a María de los Ángeles Fromow secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del nuevo sistema penal de justicia, dentro de la Secretaría de Gobernación. Un mes antes de entrar en vigor el sistema el 18 de junio de 2016, afirmó en una entrevista con Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula, que iba “a estar operando al 100% en todo el país”. No fue así.

Olvidando convenientemente las omisiones y deficiencias internas, se buscaron nuevos pretextos. El argumento mediático que comenzaron a utilizar en el Gobierno cuando los indicadores de la seguridad mostraron una tendencia a su agravamiento, fue que era resultado del descontrol en los estados por los cambios de Gobierno tras las elecciones en 12 estados el año pasado. Sin embargo, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre, revelan que las cinco entidades con el mayor número de incidencia delictiva, México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Baja California, no cambiaron de gobernante. Estas entidades, además, son también las que mayor número de homicidios dolosos registraron. Otro engaño.

Los pretextos son una fuga hacia delante. Disfraza con propaganda y retórica los errores de origen de la estrategia de seguridad pública, que provocó, con su fallido diagnóstico, que no se contemplaran correctamente los escenarios que provocaría el nuevo sistema penal acusatorio, una reforma legal de segunda generación, con una política de seguridad pública del siglo pasado. Gran parte de lo que se ha presumido en esta materia a lo largo del sexenio, ha sido mediante fuegos pirotécnicos y entrevistas que esconden una realidad que, probablemente, no alcanzaron a ver hasta que les corrió el cuerpo como gangrena.

Ignoraron las denuncias del desmantelamiento de Plataforma México al inicio de la administración, retrasando la construcción de la base criminal más importante, hasta la llegada de Peña Nieto a la Presidencia, de América Latina. Cancelaron drásticamente los esquemas de cooperación con Estados Unidos, con lo que perdieron el compartimiento de información de inteligencia de calidad y la ayuda para capacitar policías. La síntesis del desconocimiento del equipo de Peña Nieto lo revela la anécdota de uno de los miembros del equipo de transición cuando visitó el búnker de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal. Al abrírseles los salones secretos y mostrarles en tiempo real la persecución de un avión con cocaína desde Panamá a México, uno de esos miembros preguntó si los satélites que utilizaban podían mostrar los choques en las carreteras o ayudar a la vigilancia de las cadenas en los antros de la Ciudad de México. El proyecto de Gendarmería que le entregó el entonces secretario García Luna al presidente electo como un siguiente paso en el diseño de la seguridad pública, fue tirado a la basura por el equipo de transición. Se dejó de combatir durante ocho meses a los cárteles de la droga y se desmantelaron los protocolos de seguridad en el Sistema Penitenciario Federal.

Los resultados de mayo pasado eran previsibles desde entonces. Si la estrategia, altamente criticada por lo violento de su naturaleza, enmarcada además en los conflictos reales dentro del gabinete del expresidente Felipe Calderón, se cambió por mucha coordinación –que se mantiene óptimamente sólo en los discursos–, y campo libre para el crimen organizado, acompañada de una reorientación de los recursos, pero manejada de manera opaca a través de exfuncionarios del Gobierno de Hidalgo que protegieron del escrutinio público el destino de los dineros, con el argumento de que se trata de la seguridad nacional, era cuestión de tiempo que la tendencia a la baja de los delitos, se revirtiera.

Mayo de 2011 había sido el mes de mayor violencia en la historia de México y desde entonces, mes por mes, había una reducción en la incidencia delictiva. El cálculo, de haberse mantenido la estrategia durante el Gobierno de Peña Nieto, era que para 2018, la incidencia delictiva regresaría a los niveles de los 90. No hacerlo dio como resultado el mayo de 2017. ¿Dónde están los responsables de esta debacle de la estrategia de seguridad? Donde siempre. Protegidos, por la falta de rendición de cuentas, por su jefe el Presidente.
22 Junio 2017 04:08:00
2018: Osorio Chong
Revisemos el patrón del presidente Enrique Peña Nieto en la selección de candidatos del PRI a las gubernaturas de Nuevo León, Ivonne Álvarez; Tamaulipas, Baltazar Hinojosa; y Chihuahua, Enrique Serrano. Todos ellos punteaban en las preferencias electorales, y todos perdieron. En Nayarit, Manuel Cota, puntero en las encuestas, fue abanderado del PRI, y Alfredo del Mazo, en el Estado de México. Cota perdió y Del Mazo, de no haber sido por la alianza que ayudó a su partido, también habría perdido. Otros candidatos del PRI, que también iban arriba en las encuestas, salieron avante de sus compromisos. La suerte de todos ellos tenía como común denominador que fueron candidatos por gracia del dedazo presidencial y que, sin importar contexto o antecedentes, atributos o lastres, iban arriba en las tendencias electorales. Peña Nieto se arropó en la herramienta estadística para hacer su decisión final.

Entonces, si el Presidente se mantiene congruente con su modelo de decisión electoral para la sucesión de 2018, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, será el relevo natural de Peña Nieto en la candidatura priista. Osorio Chong ha trabajado por ella desde hace más de cuatro años, con un “cuarto de guerra” que cada semana se reúne para analizar estrategias. Este grupo de trabajo es innombrable, e inexistente cuando alguien solicita una respuesta oficial sobre lo que hace. Pero ahí se revisa qué debe hacer el secretario para navegar por las turbulentas aguas del peñismo sin riesgo de naufragar. Durante todo este tiempo le ha funcionado. Los negativos por la ingobernabilidad, la inseguridad o temas de su directa competencia como la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, le cayeron al Presidente sin daño para él.

Osorio Chong ha sido siempre el puntero priista en las preferencias electorales, y sólo en algunas ocasiones vivió el desafío del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila. Después de ellos dos está el vacío. Las tendencias del electorado muestran que el costo por su gestión ha sido intangible. No le afectó la fuga de Guzmán, ni el desastre en el sistema penitenciario. Tampoco le pegó haber sido él quien le dio carta de naturalización a los grupos paramilitares en Michoacán. La muy mala relación con el Gobierno de Barack Obama al inicio del Gobierno se debió a la forma como cerró las puertas a la cooperación bilateral en materia de seguridad que llevó a Washington a reorientar la ayuda dentro de la Iniciativa Mérida. Ese planteamiento produjo que el apoyo financiero al proceso del nuevo sistema penal acusatorio se redirigiera a Centroamérica, con lo que la capacitación de los policías se detuvo y provocó que criminales que deberían estar en la cárcel caminaran hacia la libertad por la incompetencia policial.

Durante el periodo de transición, Osorio Chong convenció al Presidente que como secretario de Gobernación también debía asumir el cargo de responsable de la seguridad pública, porque eso sería el camino hacia la coordinación en el gabinete para revertir la violencia en las calles mexicanas. El resultado fue que durante los primeros cuatro años de Peña Nieto la violencia fuera 28% superior a la del mismo periodo del enemigo de este gobierno, el presidente Felipe Calderón. Mejor prueba de la debacle de la estrategia de seguridad no podía haber. Peor aún. Los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelan que en mayo se registró la cifra más alta de homicidios dolosos desde que se sistematiza esa información, en 1997.

Los resultados de Osorio Chong no son los más sobresalientes del gabinete, y la acumulación de poder se convirtió en un búmeran. Hoy enfrenta el tema del ciberespionaje a periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, mediante un programa que sólo tenían la Secretaría de la Defensa, la PGR y Gobernación, que tiene dos áreas de inteligencia, el CISEN y en la Policía Federal. El secretario niega cualquier ilegalidad o abuso de autoridad, pero tendría que responderle, no sólo a la sociedad –este gobierno es muy refractario al pulso de los ciudadanos– sino al Presidente, como responsable de la política interna, cómo puede darse el espionaje político sin que sepan de dónde viene. O en su defecto, si sabe de dónde viene, quién es el responsable, o cómo fue posible –en el cinismo de otras naciones–, que lo hayan descubierto.

En cualquier caso tendría que haber consecuencias. Pero para fortuna de Osorio Chong, el Presidente no es proclive a que sus colaboradores rindan cuentas por sus errores y omisiones. Si fuera otro el perfil de Peña Nieto, hace tiempo habría perdido el empleo. Todavía más, pese a ser el secretario más aislado en el gabinete, de acuerdo con funcionarios de alto nivel, el Presidente le muestra una enorme cercanía en las reuniones de gabinete. Quienes han visto la interacción entre los dos, no aprecian la frialdad que se adjudica a su relación en los medios de comunicación.

La información que sale de Los Pinos –que es otra de las coladeras de información delicada dentro del Gobierno federal– sugiere que Osorio Chong ha caído del ánimo presidencial y que está en busca del Senado, ante lo que señalan su convicción de que no será candidato a la Presidencia. Pero con Peña Nieto nada es seguro y todo, en este campo, es incierto. Se puede argumentar, sobre la base de los antecedentes y el proceder del Presidente, que Osorio Chong sigue en la carrera, como puntero y rival a vencer.
21 Junio 2017 04:08:00
¿Inocentes de espiar?
Unas cuantas horas después de que circulara el reportaje del The New York Times sobre el spyware para intervenir comunicaciones de periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, el Gobierno de México envió una carta al editor del periódico, donde afirmó que “no (había) prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano (fueran) responsables del supuesto espionaje descrito en (el) artículo”. Firmada por un funcionario de segundo nivel de Los Pinos, la carta subrayaba el respeto a la privacidad y la protección de datos personales, como “valores inherentes a nuestra libertad, democracia y estado de derecho”. La carta jugó con la semántica.

Como el reportaje no identificó qué dependencia utilizó el programa llamado Pegaso, se escabulló afirmando que no se tenían pruebas de participación oficial. El Times, sin embargo, lo dejó claro. Desde 2011, apuntó al menos que tres dependencias federales compraron 80 millones de dólares en spyware a la empresa israelita NSO Group que aclaró, a petición directa de las instituciones que hicieron la investigación publicada por el diario, sólo vende ese programa a gobiernos con el acuerdo explícito de ser usado únicamente en el combate de terroristas, narcotraficantes o criminales. Es decir, si Pegaso sólo era vendido a gobiernos, el Gobierno mexicano es el único que pudo haberlo utilizado contra objetivos que no son criminales ni terroristas.

El Gobierno no quiso dar una respuesta directa a la opinión pública mexicana, y se escudó en la carta que decidieron, antes de que fuera publicada por el Times, divulgar su traducción a través de la cuenta de Twitter del vocero presidencial, Eduardo Sánchez, y presentarla como la respuesta oficial. La Presidencia, decía la carta, respetaba la privacidad de las personas y condenó “cualquier intento de vulnerarla”. Esta respuesta, sin embargo, es insuficiente. Llena los espacios de opinión pública, pero no va ni al fondo del problema, ni atiende los problemas que arrastran desde que inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

El caso de un periodista, fuera de la investigación que publicó el Times, es sintomático de la dialéctica entre algunos periodistas y medios de comunicación, y algunos funcionarios del Gobierno. Entre varios incidentes, dentro del contexto del hostigamiento, intimidación y espionaje, sobresalen:

1.- A mediados de 2014, después de varios textos sobre la ilegalidad de los grupos de autodefensa en Michoacán, comenzó a ser seguido. El periodista descubrió la cola y los confrontó. “Si me están tomando fotografías”, les dijo, “les voy a tomar fotografías yo”. Dos fotografías fueron entregadas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ofreció investigar quiénes eran. Hasta la fecha, nunca dio respuesta. El periodista investigó y encontró que las placas del vehículo correspondían a una empresa de seguridad en el Estado de México.

2.- A finales de 2014, molestos en la PGR por su cobertura sobre la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, desde la oficina del entonces procurador Jesús Murillo Karam, se ordenó que investigaran su vida privada, y durante semanas se recopiló información a través de intercepción de teléfonos y de otros periodistas, para conocer su patrón de comportamiento.

3.- En 2015 recibió varios mensajes de texto en su teléfono celular, similares a los descritos en la investigación que publicó el Times, así también uno repetido que llegó como mensaje directo en su cuenta de Twitter, que procedía de la cuenta del periodista Ricardo Alemán –muy probablemente clonada–, que decía: “Ya viste esta foto tuya que esta en Twitter goo.gl/c85E4F Es real? si eres tu? Que te paso ese día!”.

4.- Durante 2015 y 2016 continuaron llegando mensajes de esa naturaleza a su teléfono celular, referidos a presuntos robos en su casa, supuestas fotografías comprometedoras de él o amigos suyos, o peticiones de apoyos solidarios.

5.- En el mismo periodo, varios intentos de penetrar a su teléfono celular fueron hechos desde dos números telefónicos de direcciones inexistentes. Los números desde donde se hicieron los intentos de penetración aparecían siempre ocupados cuando se marcó para rastrear esas llamadas.

Varios de estos episodios fueron presentados informalmente en instancias de Gobierno que escucharon con atención, pero nunca actuaron. Tampoco mostraron alerta por lo que sucedía. Lo único que algunos altos funcionarios aseguraron, era que no se trataba de un tema ordenado por el Gobierno. No era el caso más serio ni más sistemático que se había hecho contra un periodista, pero al ser denunciado ante las mismas instancias, tampoco hubo una respuesta de interés por resolverlo. Lo que sí sucedió fue que cuando publicó una información que relacionaba al CISEN con este espionaje, plumas oficiosas descalificaron el texto, sugiriendo que se trataba de una mentira.

El caso del periodista revela un patrón de intimidación, hostigamiento y espionaje que muestra en su conjunto, una vigilancia sistemática contra él. Como probó la investigación en el Times, el uso político de las herramientas de inteligencia es mucho más grande de lo imaginado, que abarca no sólo a periodistas, abogados o activistas, sino a quienes consideren un adversario o enemigo potencial, aún cuando este se encuentre –como irá emergiendo gradualmente–, dentro del mismo Gobierno. Por esta última razón, fue lamentable la respuesta del Gobierno al periódico neoyorquino. Ojalá se hubiera abierto una investigación interna que pudiera sostener la palabra inicial del Gobierno o encontrar a quien dentro del propio Gobierno está abusando del poder y los recursos a su disposición. La negación absolutista, cubre de sombras y sospechas el comunicado que eso quiso disipar. En estos tiempos, la apertura, no la cerrazón, es algo que debe considerar.
20 Junio 2017 04:07:00
Espían a los críticos
Un amplio reportaje en The New York Times este lunes dan cuenta del espionaje político en México. “Los más prominentes abogados de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción han sido objetivo de un spyware sofisticado que se vendió al Gobierno de México con la condición de que sólo se utilizara para investigar criminales y terroristas”, comienza el texto. “Los objetivos incluyen abogados involucrados con la desaparición masiva de 43 estudiantes, un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y un estadunidense que representa víctimas de abuso sexual por parte de la Policía”.

El Times llegó a esta historia del México contemporáneo muy tarde, pero al ser el diario de mayor influencia en el mundo y que suele asustar a los funcionarios mexicanos con bastante facilidad, su interés por el tema debe ser agradecido por la posibilidad de que finalmente provoque una reacción en el presidente Enrique Peña Nieto, que al soslayar lo que durante su gobierno se ha publicado sobre el espionaje político, no sólo avaló lo que sus servicios de inteligencia hacían, sino que, en la negligencia de obligarlos a que se mantuvieran dentro de los márgenes de la ley, llevará la penitencia de que ahora, la responsabilidad de las ilegalidades se le carguen a su gestión.

En octubre de 2015 se dio a conocer en este espacio la existencia del programa mediante el cual el CISEN –el reportaje del Times no identifica a las instituciones que utilizaron el spyware– realizaba espionaje político. En la segunda de tres entregas sobre “¿Para qué sirve el CISEN?”, se mencionó directamente dos listas de teléfonos que habían sido infectadas por el programa. “No se sabe cuántos teléfonos de actores políticos y sociales, de agentes económicos o periodistas, tiene interceptado el CISEN, pero la sábana con los números, que corresponde a un periodo específico este verano, muestra un enorme abanico de intervenciones”, se apuntó en ese entonces.

“De acuerdo con el documento, hubo 729 intervenciones telefónicas, aunque una decena de personas espiadas aparece con números adicionales. Hay una serie de nombres de personas que no son públicas o empresas de seguridad, comercializadoras, de asistencia pública e inclusive de una televisora. Pero también, sin saberse el nombre pero sí en dónde se contrató la línea, un teléfono registrado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cuestión de nombres, hay varias líneas intervenidas que fueron contratadas por Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, y los teléfonos celulares de la afamada conductora de radio Carmen Aristegui, y de quien esto escribe.

“La forma como buscaron entrar en esos teléfonos, de acuerdo con expertos consultados, es a través de un software malware, que es un código maligno que se infiltra en los dispositivos mediante el cual se pueden emitir mensajes de texto. Un modelo clásico de estos mensajes puede decir, con un lenguaje que parecería el de una persona con quien se tiene amistad, que “unas personas extrañas se presentaron en su casa”, por lo que le envían un enlace para ver la fotografía. Lo que permite ese enlace, que nunca abre, es que el virus se meta al teléfono y permita dos objetivos: la escucha y el análisis de la red de vínculos que se encuentra en el aparato, a fin de poder determinar su abanico de amigos y conocidos que permitan, construir sus relaciones”.

El Times reiteró que el programa se llama Pegaso, del Grupo NSO, un fabricante israelí de armas cibernéticas al cual, desde 2011, cuando menos tres dependencias federales mexicanas le han comprado software por 80 millones de dólares. La existencia de estos programas surgió en noviembre de 2011 durante una entrevista con David Vincenzetti, socio fundador de Hacking Team, una empresa italiana fundada en 2003, con el periódico inglés The Guardian, quien reveló que habían vendido sus dispositivos en 30 países en cinco continentes. Su principal producto era un programa llamado Da Vinci, dentro de su Sistema de Control Remoto, bautizado como Galileo.

En este espacio, bajo el título de “Espionaje a Mexicanos”, publicado a mediados de 2015, se señaló: “El Ejército, la Marina, la Policía Federal, el CISEN y 11 gobiernos estatales, han espiado masivamente a mexicanos, a través de un sistema que interviene a control remoto dispositivos móviles, copia mensajes de texto, conversaciones de Google, Yahoo, MSN y Skype, y extrae todos los datos y el historial de las computadoras, sus audios e imágenes de la webcam, que les permiten, además, grabarlos mientras trabajan. Esta es la más grande revelación que se haya dado de cómo en México los gobiernos espían a sus gobernados, y el mayor descubrimiento de cómo la vida privada en este país, es inexistente”. A la fecha, varios de esos contratos ya expiraron.

Cuando todo esto emergió a la opinión pública en 2015, nada pasó. Cuando se revelaron detalles del spyware contra personas que tenían discrepancias con las políticas del Gobierno, tampoco. Desde hace 15 años, el espionaje político como herramienta de la política es el mejor vehículo para alcanzar objetivos políticos. El reportaje del Times, aunque tardío, es vital por la colonización de ese periódico sobre la vida pública mexicana. Si ahora que ventila estas violaciones ayuda a que se pongan fin a las ilegalidades, habrá que celebrarlo. Lo más importante es llegar a un fin a estos abusos y que quienes los cometieron, paguen por sus delitos.
19 Junio 2017 04:07:00
2018: Los que no van
La prensa política se sacudió el viernes pasado de una manera asombrosa, luego que en la víspera, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, publicó en Twitter una fotografía con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en los jardines de la Universidad Internacional de Florida, en un receso de la conferencia sobre Seguridad y Prosperidad Centroamericana. Videgaray escribió una frase: “Como desde hace casi 30 años, con @JoseAMeadeK caminando juntos”. Como desde el ITAM, brazo con brazo, suficiente para generar diversas interpretaciones, todas de ellas electorales.

¿Por qué Videgaray y Meade, sin estar con ellos el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, otro protagonista de esa conferencia en Miami? En el horizonte de la sucesión presidencial en 2018, ¿era un mensaje de cohesión de grupo político frente al aspirante más aislado dentro del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Era acaso un desdén al jefe de la política interna del país? El primer plano de la fotografía se prestó a varias explicaciones semióticas, pero existe otra razón, profunda y desconocida por el gran público, del porqué, de la nada, Videgaray publicó esa gráfica, que no pareció una imagen tomada en forma circunstancial, sino planeada y fabricada para un propósito concreto: mostrar que entre él y Meade, no existen tensiones ni distanciamiento, sino que mantienen la misma cercanía como aquella que se forjó en los 90s en la universidad.

Dentro de las más altas esferas del poder han notado que desde hace varios meses se han dado enfrentamientos entre los dos secretarios. Funcionarios del Gobierno y políticos con acceso a la casa presidencial, dicen que se originaron por una mayor cercanía de Meade con Peña Nieto y la creciente capacidad del secretario de Hacienda para captar la atención del oído presidencial, donde el intermediario durante más de cuatro años de administración, Videgaray, fue desplazado. Son los celos de Videgaray, explicaron políticos, los que llevaron a la tensión con Meade, que tuvo uno de sus momentos culminantes cuando se decidió la candidatura del PRI al Gobierno del Estado de México.

Cuando la senadora Ana Lilia Herrera fue hecha a un lado por la unción de Alfredo del Mazo, Videgaray, quien la había propuesto como candidata porque si bien estaba abajo del entonces diputado en las encuestas de preferencia electoral, estaba menos vinculada al Presidente y, por lo mismo, tendría mayor espacio para poder decir cosas en la campaña, le pidió al Presidente, como premio de consolidación, la dirección de Banobras, cuyo titular, Abraham Zamora, había llevado a Relaciones Exteriores como jefe de Oficina. Cuando le informó a Meade, el secretario de Hacienda protestó y Videgaray le dijo que era una decisión tomada por el Presidente, y que si no le parecía, que le dijera a él, según políticos que supieron de esta conversación. Meade fue con Peña Nieto y le explicó que necesitaba a un financiero, no una política, para poder hacer un buen cierre en el principal banco de desarrollo del país. El Presidente reculó y Meade logró que nombrara a un viejo colaborador suyo y amigo cercano, Alberto Peredo Jiménez.

Las tensiones, de acuerdo con funcionarios y políticos, continuaron y han estado afectando lo que parecía iba a ser el paso natural de Meade a la presidencia del Banco de México en otoño, una vez que se hiciera efectiva la renuncia de Agustín Carstens. Esta mudanza contaría con todo el respaldo de Videgaray, autor intelectual del eventual nombramiento. Sin embargo, de acuerdo con la información recabada, Videgaray tuvo segundos pensamientos. Si Meade saliera, ¿a quien impulsaría como su sucesor? Con poca duda, el sustituto sería el director de Pemex, José Antonio González Anaya, cuya línea de amistad es con Meade, no con Videgaray. El poderoso secretario terminaría de perder el control y ascendencia sobre todo el gabinete económico y órganos autónomos, por lo que en los nuevos realineamientos, a quien está impulsando es al subsecretario del ramo en Hacienda, más cercano a Videgaray que a Meade, Miguel Messmacher.

Meade se quedaría entonces en Hacienda hasta el final del sexenio. Tampoco sería candidato. La especulación sobre su unción no tiene puerto de destino en este momento. Si hay alguien de todos los suspirantes en el entorno de Peña Nieto que por definición no podrá ser candidato del PRI, es Meade. Existe un candado desde hace más de una década en los requisitos para aspirar a la candidatura presidencial, que exige una militancia mayor a los 10 años y haber tenido un cargo en el partido. Meade no sólo carece de ello, sino que ni siquiera es miembro del PRI. Forzar su candidatura desde Los Pinos podría generarle una rebelión priista al presidente. A menos que en la próxima Asamblea Nacional del PRI agosto se cambiaran los estatutos para eliminar esos candidatos, Meade está eliminado de la competencia.

Hablar sobre él en términos de sucesión presidencial es tan ocioso como plantear hoy en día que Videgaray sigue acariciando la posibilidad de ser candidato. La racional del canciller es exactamente la misma por la que se oponía a Del Mazo: es demasiado cercano a Peña Nieto y los temas prácticamente seguros en la campaña, como corrupción, contaminan tanto al Presidente como a él. Videgaray debe saber la poca viabilidad que tiene su eventual candidatura, y conoce del obstáculo estatutario de Meade. Los dos irán juntos al 2018, pero no en calidad de tándem sucesorio sino, hoy por hoy, acompañando a Peña Nieto hasta el final de su sexenio. Claro, si no sacude el trapecio el presidente a contra sentido.
16 Junio 2017 04:00:00
El epicentro del crimen
Desde hace más de una década, en el Departamento de Estado llaman a Honduras “el hoyo negro”, porque esa pequeña nación centroamericana es una exportadora masiva de criminales, con redes en México a través de Los Zetas, y las triadas chinas, que manejan parte de la inmigración indocumentada hacia Estados Unidos. Honduras siguió el camino que trazó la Mara Salvatrucha, la pandilla creada en los 80 en Los Ángeles con salvadoreños que huyeron de la guerra civil financiada por Estados Unidos. Con esas dos naciones penetradas por delincuentes, Guatemala, la primera puerta de entrada a Norteamérica, quedó infectada y se sumó, en la Mesoamérica, a los cárteles mexicanos con los que expandieron el crimen trasnacional.

Este fenómeno –abreviado en extremo–, explica la vieja preocupación de los gobiernos en Washington y la Ciudad de México para establecer un freno en el Suchiate mediante la construcción de una barrera de contención, equivalente a un buffer state. Las desconfianzas mutuas llevaron a que durante muchos años la cooperación regional entre los dos países estuviera limitada. Pero en la última parte del Gobierno de Barack Obama, el entonces jefe de la Casa Blanca se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y dieron las primeras pinceladas para un acuerdo marco, que ha tenido como su primera expresión la Alianza para la Prosperidad, impulsada por los países del Triángulo del Norte, que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras.

La primera gran reunión de la Alianza para la Prosperidad en el Gobierno del presidente Donald Trump comenzó ayer en Miami, convocada por Estados Unidos y México, que están trabajando para establecer controles a la migración, utilizada por los cárteles de la droga mexicanos. Pero si bien el tema de la seguridad es dominante y lo que más atención genera en la opinión pública, el énfasis en el cual se están centrando los dos gobiernos, como una forma para enfrentarla bajo otros ángulos y estimular el desarrollo económico, es la parte fiscal.

Como nunca antes en el esquema de seguridad regional, hay un desdoblamiento en la estrategia para combatir el crimen trasnacional, como se vio en la sesión de este jueves con los secretarios del Tesoro, Steven Mnuchin, y de Hacienda, José Antonio Meade, que sacaron a las reformas fiscales del ángulo ciego en que se encontraban. Andrew Wainer, director de Investigación de Save the Children en Estados Unidos, sostiene que el impacto de la evasión de impuestos es particularmente alarmante en el Triángulo del Norte, donde se mezcla con la ausencia de un estado de derecho. De acuerdo con el Global Financial Integrity, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, los flujos financieros ilegales costaron mil billones de dólares en 2013 a las naciones en desarrollo, que “tienen un terrible impacto subversivo sobre los gobiernos, las víctimas de los crímenes y la sociedad”.

En su último reporte en marzo sobre este tema, el presidente de esta organización, Raymond Baker, afirmó: “La comunidad internacional ha puesto muy poca atención al combate del dinero en el crimen trasnacional, prefiriendo enfocarse sobre lo material o las manifestaciones de los crímenes. La lucha debe ser redirigida a combatir el dinero que el crimen genera. Esto significa cerrar el oscuro sistema financiero que facilita el movimiento del dinero y la secrecía de los recursos que se generan ilegalmente. Nada de esto es técnicamente difícil. Es un asunto de voluntad política”.

Este es el gran giro que se está viendo en Miami. “América Latina es la región más inequitativa en el Mundo, y el Triángulo del Norte es notoriamente pobre en recaudación de impuestos y equidad en el gasto”, dice Wainer. “Mientras que algunas naciones latinoamericanas emplearon una tasa impositiva progresiva para reducir la desigualdad en el ingreso, la política fiscal regresiva en Centroamérica exacerbó su de por sí severa desigualdad. En los últimos años, Guatemala tuvo el radio más bajo de impuestos comparado con el Producto Interno Bruto, con 12%, en comparación con Brasil donde la tasa fue de 36% o Dinamarca, donde fue de 48%”.

Wainer explica que junto con las estructuras fiscales regresivas, América Central está plagada por algunas de las tasas criminales más altas del mundo, como la extorsión, que la organización privada InSight Crime ubica como “el epicentro” global al Triángulo del Norte. Los salvadoreños pagan 400 millones de dólares anuales en extorsion, mientras los hondureños pagan 200 millones y los guatemaltecos 61, de acuerdo con la prensa local. “Los centroamericanos pobres están atrapados en medio de las estructuras fiscales formales y legales que privilegian a los ricos y a las prácticas ilegales que afectan a los pobres”, dice.

La intención de México y Estados Unidos es que reorienten su sistema fiscal para hacerlas menos vulnerables al crimen. No es una ruta fácil y está llena de contradicciones. Peña Nieto sigue pagando en las encuestas de aprobación la reforma fiscal de 2013, que fue progresiva y le generó derrotas electorales en el norte del país, mientras que la idea de Trump, reducir impuestos, se contrapone a lo que Mnuchin pide para Centroaérica, cuyos gobiernos siguen teniendo respaldo sólido de los grupos empresariales, que serían los más afectados por una reforma fiscal. Pero la disyuntiva es clara: ceder para ganar. Es decir, reducir utilidades a cambio de hacer viables esas naciones para inversión, desarrollo y mercado de consumidores, o dejar que sea el crimen trasnacional el que determine el futuro de la región.
15 Junio 2017 04:08:00
Andrés Manuel el puro
Andrés Manuel López Obrador pasó la factura al PRD porque su candidato a la Gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, no declinó a favor de Delfina Gómez, candidata de Morena. Zepeda y el PRD sí les hicieron daño. Los medios de comunicación le abrieron sus puertas y en un instante se convirtió en la sensación de la campaña electoral. Obtuvo un millón de votos, básicamente de Neza, el municipio donde fue alcalde, y contribuyó a quitarle electores a Morena en la zona metropolitana de la Ciudad de México y el sur del estado. No se lo perdonó López Obrador. De mercenario no bajó al partido que lo postuló dos veces a la Presidencia, y adelantó que no buscará una alianza con el PRD en la elección presidencial de 2018.

López Obrador perdonó al PT, que a cambio de que el presidente Enrique Peña Nieto ordenara a su partido que le apoyara con los votos suficientes en Aguascalientes para que no perdieran el registro y las prerrogativas, fue su aliado táctico en cuanta elección se presentó en el último año hasta que, una semanas antes de la elección del 4 de junio, su candidato a gobernador en el Estado de México, Óscar Yáñez, un bon vivant oportunista de la política, la entregó sus pocos votos a Morena. La memoria de López Obrador no es longeva sino coyuntural. Sus decisiones aliancistas murieron y nacieron hace dos domingos, bajo un criterio purista, teológico como su discurso, de que con los impuros no emprendería la marcha hacia el 2018, mientras que los arrepentidos, como el PT, serían indultados.

Para la sucesión presidencial que ya comenzó, López Obrador reclutará perredistas y líderes sociales en todo el país, sin meterse al pantano donde chapalean sus dirigentes. Es una decisión principista, aunque maniquea, sobre cómo ve el panorama político y electoral, y cómo analizó los resultados de Morena el 4 de junio. Muy bien en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, donde su candidato fue un factor de la aplastante derrota del PRI, y menos bien en Veracruz, donde el impulso de las elecciones del año pasado lo mantuvo como tercera fuerza, pero sin la energía de aquél entonces. Aún así, el gran malestar en el país, que se alineaba a favor de los candidatos de Morena, no le alcanzó para ganar posiciones de gobierno, salvo un puñado de alcaldías veracruzanas. La pregunta si con el andamiaje que está mostrando hoy en día López Obrador, le alcanzará para ganar la Presidencia, tiene una respuesta simple: no.

Con sus amarres actuales, López Obrador no tiene el combustible para ir a las elecciones presidenciales con claras posibilidades de ganar. Será una fuerza competitiva, pero no la locomotora que parece cree tener. Por ello debería ser más prudente y menos soberbio. El dinero y las irregularidades durante las campañas no fueron las únicas razones por las que no alcanzó la Gubernatura mexiquense o mejores resultados en Veracruz. Tuvo errores en la organización, como la falta de representantes de casillas en el Estado de México, y no menos relevante, la campaña sucia que le endilgó el PRI fue kryptonita.

La revelación del llamado diezmo de Gómez cuando era alcaldesa en Texcoco, no le quitó puntos, de acuerdo con sus estrategas, pero frenó su avance ante el priista Alfredo del Mazo. La campaña con el instrumento útil de Eva Cadena, la candidata a una Presidencia Municipal en Veracruz, que apareció en un video recibiendo dinero que decían era para López Obrador, golpeó de manera importante la imagen de honestidad del jefe de Morena, de acuerdo con resultados preliminares sobre el impacto electoral de la campaña. Su fuerza quedó menguada y no fue suficiente para impulsar en el último tramo a su candidata mexiquense. Un estudio de la Central de Inteligencia Política que publica mensualmente El Financiero, que mide los impactos en los medios, encontró que la cobertura negativa sobre López Obrador en el mes previo a la elección, se incrementó en 360 por ciento.

López Obrador no parece estar analizando con frialdad la variedad de recursos que se utilizaron contra él y Morena en los procesos electorales pasados, aunque su comportamiento luce bipolar en ocasiones. No se sabe aún, por ejemplo, el tamaño del impacto negativo de su alteración durante la entrevista con Pepe Cárdenas en Radio Fórmula, con quien prácticamente se peleó al aire. Cárdenas, un profesional probado y reprimido en el pasado por la defensa a su libertad, quedó periodísticamente reivindicado mientras que su interlocutor exhibió su piel delgada y a veces intolerante. Más grave aún, en términos de comportamiento, fue la manera como criticó también a Carmen Aristegui, en otra entrevista por internet, por no hacer bien su trabajo. Aristegui es incondicional de López Obrador, por lo cual los expertos se preguntan: si a una leal maltrata, ¿qué será con quienes discrepan con él?

Ya se está viendo. Los excluye, los critica, los insulta. López Obrador comete un error que puede pagar el próximo año si no rectifica. No puede negarse a una alianza con quienes no piensan como él, por el hecho que no se subordinen a sus necesidades y deseos. La elección en el Estado de México lo mostró vulnerable y eliminó la inevitabilidad de que caminará hacia Los Pinos el próximo año. Debe entender que el ejército que ha juntado hasta ahora no le dará para ganar y que tiene que convencer a otros, en la sociedad política y en la civil, que es la mejor alternativa para el país, pero sin ese purismo con tufo totalitario que asomó en él durante las tres últimas semanas de efervescencia electoral.
14 Junio 2017 04:08:00
Marcha para atrás
Sorprendentes, por decir lo menos, fueron las declaraciones que hizo el candidato ganador en las elecciones para gobernador en el Estado de México, Alfredo del Mazo, a El Universal este lunes. Sus afirmaciones incluían juicios como “logramos recuperar el ánimo del partido”, “se comenzó a recuperar la confianza” y, lo más notorio, que el mensaje de las urnas el 4 de junio fue de “fortaleza” del PRI frente a las elecciones presidenciales de 2018. Del Mazo añadió que ganaron con una diferencia de más de 168 mil votos, que es casi 3% de la votación. Para el virtual gobernador electo, el PRI se vio sólido. Cómo llegó a esas conclusiones, no se sabe, y en la entrevista tampoco explica la contradicción entre sus dichos y los números absolutos de la elección.

El PRI tuvo alrededor de 56 mil votos menos que su adversaria Delfina Gómez, la candidata de Morena, y la victoria es atribuible a los partidos coaligados al PRI, el Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, que aportaron unos 125 mil votos que le dieron la ventaja por casi 3%. Sin alianza, Del Mazo habría perdido la elección. En términos de fuerza tricolor, tuvo un millón de votos menos que los obtenidos hace seis años por el gobernador Eruviel Ávila, y debido a que el PRD no fue en alianza con Morena, evitó una paliza de 2 a 1. Las cuentas no reflejan nada más que el diagnóstico triunfalista dentro de la cúpula de poder priista en cuanto a sus alcances y posibilidades para 2018.

El ánimo contagia al grupo en el poder. El domingo de la elección, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a todo su gabinete y a los líderes parlamentarios para que lo acompañaran en el seguimiento de los resultados, que al comenzar la noche no pintaban bien y había malestar y algunos gritos, pero que se fue componiendo después de darse el conteo rápido, que cambió el humor. Peña Nieto, como se reportó en este espacio la semana pasada, pedía que la arrogancia no los afectara, sugiriendo que habría que estudiar con detalle lo que había pasado para ajustar lo necesario en la ruta de las elecciones presidenciales del año próximo. Las primeras señales, una semana después, no las dio Del Mazo, aunque él ha sido quien las ha socializado. La señal sobre cómo terminó el análisis de lo que sucedió el 4 de junio en Los Pinos es un cambio de dirección a lo que al mediodía del lunes 15 de mayo, sucedió en la casa presidencial.

Ese día el presidente Peña Nieto convocó a los líderes de las bancadas en el Congreso, César Camacho, y el Senado, Emilio Gamboa, para que discutieran con su equipo la posibilidad de una reforma que permitiera la segunda vuelta en la elección presidencial. No se podría hacer en un periodo extraordinario, particularmente en el Congreso, donde Camacho explicó las dificultades que habría para sacarlo adelante. Se propusieron dos rutas para alcanzar eso. Sembrar en la prensa un atajo legislativo para poder llevarlo a cabo dentro de los tiempos que marca la ley –toda reforma tendría que ser propuesta 90 días antes de que inicie oficialmente el periodo electoral–, y una negociación secreta con el PAN.

El Presidente le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, su mejor constructor de acuerdos, hablar con el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, y plantearle esa posibilidad. La apertura del presidente Peña Nieto era extraordinaria, pues de manera sistemática, desde que era gobernador del Estado de México, se había opuesto a discutir siquiera la segunda vuelta. La idea prevaleciente era que esa fórmula perjudicaría al PRI, aunque en realidad todo indicaba lo contrario.

Una encuesta que realizó la empresa Buendía&Laredo luego de que el entonces presidente Felipe Calderón propusiera la segunda vuelta electoral, mostró que el partido al que más le beneficiaría la fórmula sería al PRI, que obtendría 5 puntos porcentuales de quienes apoyaron en una primera vuelta al PRD, al verde o al PT, contra sólo 2 que alcanzaría el PAN. El escenario planteado en el estudio demoscópico subrayaba una polarización entre el PAN y la coalición de izquierda de Andrés Manuel López Obrador, con beneficios directos para el PRI.

Aún con esos datos, Peña Nieto tenía una visión más conservadora, que fue cambiando este año y abriéndose a opciones para 2018, aparentemente ante la posibilidad de que al PRI no le fuera bien en el Estado de México y se tuviera que optar por una alianza con el PAN para 2018, para contener a López Obrador y Morena. Por ello surgió la convocatoria del 15 de mayo y el encuentro entre Videgaray y Anaya. Como consecuencia de esa conversación, el PAN pidió a finales de ese mes “sacar de la congeladora” la iniciativa ciudadana sobre la segunda vuelta electoral que se había presentado en 2014, para que pudiera aplicarse en las elecciones presidenciales de 2018.

No se avanzó más en esa iniciativa por las dificultades expresadas por los coordinadores parlamentarios del PRI para procesarla durante un periodo extraordinario. Con ello se perdió probablemente una oportunidad histórica. En Los Pinos se enfrió la idea y Peña Nieto volvió a sus posiciones ortodoxas. Las declaraciones de Del Mazo son una indicación de ello. El PRI no necesita cambios en la ley, es la racional, porque podrá con quien se le ponga enfrente el próximo año. Al menos, es lo que hoy están diciendo. Anaya, en cambio, sigue en lo acordado con Videgaray.
13 Junio 2017 04:00:00
El gambito de Castillejos
Una de las explicaciones más jocosas –porque no se le puede llamar de otra manera– de la renuncia de Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República el viernes pasado, fue lo que en forma oficiosa se dijo en Los Pinos: necesitaba tiempo, le dijo al presidente Enrique Peña Nieto, para preparar su boda. Por esa razón, una de las personas de mayor influencia en Los Pinos en los últimos años, pieza central de Peña Nieto para ir copando de leales al Poder Judicial, se tiraba al vacío en el servicio público y una carrera ascendente, puesta en un suspenso que, al final del sexenio, parecería más un suicidio. Por supuesto, esa razón es una mentira blanca. La renuncia de Castillejos es parte de un entramado mucho más ambicioso.

La salida de Castillejos de Los Pinos sin horizonte público tangible es un gambito del presidente Peña Nieto que, como buen jugador de ajedrez, sacrificó a su pieza –la conserjería jurídica– para obtener no una, sino varias posiciones favorables en el corto y mediano plazo. Esta jugada tiene como precedente el decreto del 13 de diciembre de 2013, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación que creó la Fiscalía General de la República, que tenía como artículo Décimo Sexto transitorio lo siguiente:

1.- La entrada en vigor de la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo se verificará en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que el Congreso de la Unión expida para dicho efecto, y siempre que el propio Congreso haga la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

2.- El procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de autonomía de la Fiscalía, quedará designado fiscal general de la República como ministerio constitucional.

Cuando se publicó el decreto el procurador general era Jesús Murillo Karam, quien explicó en su momento que la transición podría durar dos años, y una vez que estuvieran aprobadas todas las leyes secundarias. Murillo Karam no sobrevivió en el cargo, y fue sustituido por Arely Gómez, quien fue vista también como una figura efímera en la PGR o, en su defecto, que no necesariamente sería ella la que durante el resto del sexenio pudiera asumir la Fiscalía General. Gómez dejó la PGR en octubre de 2016, cuyo relevo, Raúl Cervantes, provocó la polémica que ninguno de sus antecesores había provocado. La objeción contra el Décimo Sexto transitorio, personalizado en él, es que el Presidente quería dejar a un incondicional como Fiscal General.

Cervantes no era tan cercano al Presidente como a otras figuras de la clase priista, pero es tío –aunque se dicen primos por razones generacionales– de Castillejos y del actual director de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo, que fue procurador en el Gobierno del gobernador Peña Nieto en el Estado de México. La oposición en las cámaras al pase automático llevó a un ofrecimiento del PAN al Presidente: si modificaba el artículo transitorio que lo establecía, aprobaban primero los transitorios en su conjunto y después, de cualquier forma, votarían a favor de Cervantes.

El 29 de noviembre del año pasado, en una acción que sorprendió a Senado, el presidente Peña Nieto envió una reforma a ese transitorio para que, “ante las voces, entre ellas las del propio procurador Cervantes” que señalan que el pase automático “no abona a centrarse en la discusión del modelo institucional”, le otorgaba ese derecho al Senado, que debería designarlo. Una vez enviada la reforma al transitorio, de acuerdo con personas que conocieron los detalles de esas gestiones, el presidente cayó en cuenta que el PAN y el PRD le había tendido una trampa, por lo que instruyó a la bancada del PRI a congelar la enmienda. La decisión presidencial sería que buscarían otras fórmulas para reponer el proceso que el mismo Peña Nieto había detenido.

Las elecciones en el Estado de México detuvieron muchas de las acciones planeadas para la última parte del sexenio, pero cinco días después de pasada la elección regresaron a la ruta trazada. El viernes comenzó a perfilarse el rumbo, con la renuncia de Castillejos. Uno de los argumentos esgrimidos por la oposición en contra del pase automático quedó borrado. Si el primo del procurador ya no era el consejero jurídico de la Presidencia ni tampoco ocupaba ningún cargo en el servicio público, el conflicto de interés inherente quedaba eliminado.

Al no aprobarse la enmienda del Presidente, se mantiene vigente el artículo transitorio Décimo Sexto, por lo que quedará abierto el camino para que Cervantes, tenga el pase automático a la Fiscalía General. Castillejos no se sacrificó por su primo. Una segunda jugada está cocinándose: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto que existe el argumento que no hay nadie que esté en vísperas de su jubilación, pero no es necesario.

El Gobierno mexicano está promoviendo a la ministra Margarita Luna Ramos como la candidata del Gobierno para ocupar una de las 15 sillas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El próximo año quedará vacante una de las dos sillas que corresponden a América Latina, al terminar su periodo de nueve años el brasileño Antônio Augusto Cançado. Ahí está el gambito de Castillejos y el diseño estratégico del presidente. La boda es un chascarrillo. El Poder Judicial es el fin.
12 Junio 2017 04:07:00
¿Quién protege a Lozoya?
Emilio Lozoya, el director de Pemex durante la primera parte del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se ha convertido en las últimas semanas en una figura estelar en el escenario de la corrupción mexicana. La investigación global sobre los sobornos en 11 naciones realizados por el gigante brasileño Oderbrecht colocó a su administración en el centro de la corrupción y el foco de las pesquisas que lleva a cabo la PGR, donde ha llamado a declarar a más de una veintena de funcionarios y exfuncionarios, varios de ellos muy vinculados a él. Lozoya sostiene su total inocencia en ese y otros casos de corrupción en la empresa que dirigió.

El tema de Lozoya y su paso por Pemex es un hoyo negro. La información que ha emergido sobre actos de corrupción y su abrupta salida de la dirección de Pemex en febrero del año pasado sigue siendo parcial. Se ha responsabilizado de su salida al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien en al menos dos ocasiones le pidió al presidente Enrique Peña Nieto que lo cesara por la desorganización administrativa en Pemex y presuntos actos de corrupción. Siempre fue atajado. Incluso en la última conversación que sostuvieron ambos sobre él en diciembre de 2015, Peña Nieto le dijo que no le volviera a tocar el tema.

La salida de Lozoya se dio poco después de que el Presidente realizó una visita oficial a Arabia Saudita, promovida por Lozoya en contra de la recomendación de la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, por el conflicto que tenía esa nación con el gobierno de Barack Obama. Peña Nieto desoyó a la canciller, como soslayó las peticiones de Videgaray. El entonces director de Pemex tenía una relación excepcional con el Presidente, a quien veía en acuerdo cuando deseaba, sin necesidad de tener que pasar por los canales formales e informales en Los Pinos como prácticamente todo el gabinete tenía que utilizar para hablar con él.

El cese de Lozoya no fue explicado, aunque por el discurso del Presidente al dar posesión a José Antonio González Anaya, obedeció a la necesidad de darle mayor eficiencia y rentabilidad, que era uno de los argumentos de Videgaray contra el exdirector. Pero Lozoya no iba a ser enviado a la nada. Finalmente no fue posible promoverlo como embajador en el Reino Unido por los datos sobre presuntos actos de corrupción en Pemex, ni tampoco le permitieron al líder del PRI, Enrique Ochoa, incorporarlo al Comité Ejecutivo Nacional. El exdirector de Pemex apesta, pero no lo suficiente como para que rinda cuentas ante el Ministerio Público por los actos de corrupción que se investigan durante su administración en la empresa.

Lozoya no está tranquilo, pero no se oculta. No habla mucho fuera de defenderse de imputaciones directas a él. Insiste en su inocencia pero no abunda en las explicaciones que pudieran aclarar el cochinero que se dio durante su gestión. ¿Estará cubriendo Lozoya a otros funcionarios? ¿Estará pagando costos que no le pertenecen? Este tipo de preguntas se han venido haciendo de manera cada vez más constante por el blindaje jurídico que tiene el exdirector de Pemex, y que no se ve en la opinión pública. Un caso ilustrativo es la compra de dos aviones de lujo en 2014 a través de una operación de compra-venta triangulada con un intermediario con sede en Panamá.

Pemex pagó 71.3 millones de dólares por dos aeronaves para transporte de personal cuya información, hasta la fecha se mentiene bajo reserva en México. Se trata de un Cessna Citation Sovereign 680, modelo 2009, por el que pagó 15.5 millones de dólares, y un Gulfstream Aerospace G-550, fabricado en 2010, por un precio de 55.8 millones de dólares. Lo notable es que se adquirieron por casi el doble de su valor comercial. La existencia de esos aviones había sido denunciada por el PAN el año pasado, que pedía detalles sobre su mantenimiento, pero no se conocía del precio de la compra.

Los detalles surgieron de manera indirecta durante un juicio en la Corte Sur de Florida, en Miami, donde la empresa Matrix Aviation Inc. demandó a Pemex y a la compañía SYM Technologies Ltd, que sirvió de intermediaria de la operación, de formar parte de una conspiración civil para afectar económicamente a la propietaria de las aeronaves y por incumplir con el pago total de una comisión que habían acordado en 9.7 millones de dólares, de los que quedaron por cubrir 1.7 millones, de acuerdo con una investigación publicada en Eje Central.

En esa demanda civil de más de 250 páginas que obtuvo Eje Central aparece como figura central de la operación el brigadier general Eduardo León Trauwitz, gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex, a quien se dirigió la propuesta. León Trauwitz fue encargado de la seguridad del presidente electo y exgobernador del Estado de México, Peña Nieto, y es uno de los leales al inquilino de Los Pinos más favorecidos con cargos estratégicos.

La versión oficial sobra el uso de los aviones de lujo, es que serían utilizados para vigilar la ordeña de ductos, que durante el periodo de León Trauwitz se incrementó en 30%. ¿Qué está pasando escondido ante los ojos públicos? El brigadier general, está siendo investigado desde principios de este año, como consecuencia de distintas auditorías practicadas a su área y tras la revisión de los contratos por la compra de equipo en materia de seguridad física de Pemex. Lozoya, sigue protegido. Todo esto durará hasta que, como sucederá irremediablemente, el hilo se rompa por lo más delgado. Lo único incierto es dónde está ese hilo.
09 Junio 2017 04:08:00
Vergüenza electoral
Las elecciones para gobernador en el Estado de México y Coahuila trajeron al descubierto lo que quizás durante un largo tiempo no habíamos visto de una manera grotesca: que las prácticas cavernícolas para alterar el resultado de una elección siguen viviendo en este régimen. Los casos que han presentado los partidos de oposición al PRI son contundentes y, en algunos casos inexplicables, como las juntas distritales en el Estado de México, donde al hacer la compulsa donde había ganado el priista Alfredo del Mazo, terminó con una clara victoria de Delfina Gómez de Morena, o la forma como en la frontera norte de Coahuila, grupos de choque apoyados por la Policía Estatal se robaron paquetes electorales que estaban resguardados por… policías estatales.

El PAN reclama el triunfo en la elección para gobernador en Coahuila, y Morena hace lo propio en el Estado de México. El PRI asegura tener 30 mil votos de diferencia en Coahuila, lo que hace a su candidato, Miguel Riquelme, ganador de la contienda, y sostiene que su ventaja de 2.9% en las elecciones mexiquenses llevarán sin duda a su candidato Alfredo del Mazo a la Gubernatura. Los recuentos del voto que se iniciaron el miércoles se contaminaron por lo pueril de las irregularidades que han comenzado a salir a la opinión pública.

Entre los ejemplos más utilizados por el PAN en Coahuila se encuentra lo que sucedió en la Sección Electoral 10 en Ciudad Acuña, donde un grupo de cholos, protegidos por la Policía Estatal destruyó las urnas la noche de la elección. La bodega en Piedras Negras, donde se resguardaban los paquetes electorales, que es otro de los puntos de mayor tensión post electoral, fue violada mediante una puerta falsa, para presuntamente alterar las actas computadas. Una funcionaria del Instituto Electoral de Coahuila en uno de los distritos en Saltillo, donde Riquelme ganó por el mayor margen, no contribuyó a atemperar los ánimos, al afirmar que la evidencia de las urnas violadas era irrelevante porque las podían volver a contar. Es decir, volver a sumar el voto de actas alteradas.

Los ejemplos no son menos graves en el Estado de México. En la Junta Distrital 44 en Nicolás Romero, los funcionarios de casilla dieron como votos buenos para el PRI aquellas boletas donde se cruzó la sigla fuera del recuadro, por el hecho de la proximidad, o también en donde se escribieron palomas en cada recuadro y sólo en el del PRI se cruzó. Los funcionarios dijeron que habían decidido así por “la intención del voto”. Este concepto atroz en procesos electorales es lo que hizo que Al Gore perdiera la Presidencia de Estados Unidos ante George W. Bush en 2000, porque los electores en Florida votaron cerca del recuadro de su partido, pero no en él. Los seis medios de comunicación que revisaron meticulosamente las boletas, concluyeron que debió haber ganado Gore, pero que legalmente, como falló la Suprema Corte de Justicia, el triunfo era para el republicano.

En el Estado de México, la participación en las regiones donde ganó el PRI superó en más de 10% la media de 52% en la jornada electoral. En Valle de Bravo fue de 65%, y en Atlacomulco de 62%, los municipios más emblemáticos de la abultada votación priista. En cambio, en las regiones donde ganó Morena la participación fue menor al promedio. Este patrón, analizado por la empresa Parametría, es atípico en elecciones en el Estado de México y, en su conjunto, antihistórico que una votación superior al 50% se haya inclinado por el PRI. La mayor parte de las votaciones atípicas se dieron en las zonas rurales, donde Morena no pudo cubrir con representantes cerca de un 30% de las casillas. Las irregularidades en las elecciones motivaron protestas como no se veían hace muchas elecciones.

Las elecciones en esos dos estados, que se sabía difíciles por la experiencia de los operadores políticos del PRI, se volvieron focos de conflicto ante la forma abierta y sin pudor como se dio un buen número de irregularidades. En Coahuila, todos los partidos de oposición se levantaron de la mesa de cómputos distritales el miércoles en protesta por lo que el PAN llamó “fraude electoral”, para ejercer presión que permita que en los tribunales electorales la elección pueda ser anulada y respuesta en agosto próximo. La dirigencia panista afirma que más del 30% de las casillas tienen irregularidades, con lo cual habría motivos, de probarse, para anular la elección, que requiere, para ello, que el 20% de las casillas sean eliminadas. En el estado de México, las autoridades electorales soslayaron los comportamientos atípicos en la participación, y ajustaron de 21 a 17% el número de paquetes electorales que revisarán.

No está claro, con la información disponible hasta ahora, que el PAN y Morena tengan elementos suficientes para que se anulen las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Probablemente, por su incapacidad para tener representantes en todas las casillas, o descuidos en la vigilancia de las urnas, carezcan de evidencia suficiente para que sus impugnaciones tengan éxito. Pero la no anulación de las elecciones, si ese fuera el resultado y se mantienen las victorias de los priistas perfilados hasta ahora, no reduce la vergüenza colectiva que, como mexicanos, nos deben dar todas las trampas electorales que se vieron este domingo. Regresamos al pasado más hediondo, pero nos debe alertar sobre el futuro inmediato y su estación presidencial en 2018.
08 Junio 2017 04:08:00
2018: la sucesión presidencial
La sucesión presidencial del partido en el poder no comenzó el domingo, sino en las semanas previas a las críticas elecciones en el Estado de México. Fue a finales de abril cuando el PRI anunció que la XXII Asamblea Nacional se adelantaba de noviembre, al 12 de agosto. A dos personas responsabilizó el presidente Enrique Peña Nieto para armarla y preparar los consensos: la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y el exmiembro del gabinete, Jesús Murillo Karam, quien fue el responsable de redactar la convocatoria. El documento, con una estructura burocrática, no abría muchos márgenes para que se escucharan las voces disidentes, pero Ruiz Massieu comenzó a hablar con diferentes figuras dentro del PRI que habían presentado objeciones a la forma vertical como querían desarrollar la asamblea y, como consecuencia, controlar la sucesión presidencial.

La preocupación del Presidente, expresada por varios líderes del PRI, es la existencia de candados para la nominación del candidato a sucederlo, donde se mantiene la obligación a todos quienes aspiren la candidatura, a tener un mínimo de 10 años de militancia probada en el partido, que es un requisito que se arrastra desde la XVIII Asamblea Nacional desde noviembre de 2001. A este control contra neopriistas se le ha añadido una presión de varios grupos internos del partido, encabezados por Democracia Interna, que quieren que los delegados aprueben el requerimiento de que quien aspire necesita haber ganado un cargo de elección popular –de mayoría–, con lo cual los únicos miembros del primer equipo de Peña Nieto que podrían aspirar son los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Agricultura, José Calzada, o el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.

Las negociaciones de Ruiz Massieu tienden a evitar que los delegados a la Asamblea pudieran añadir candados, así como eliminar el requerimiento de los 10 años de militancia probada. Lo que varios dirigentes del PRI han contra propuesto, es que Peña Nieto abra el proceso de selección de candidato, que es un punto donde hasta ahora, públicamente, el Presidente no ha mostrado indicios de moverse. De mantenerse rígida la posición de Peña Nieto, y si actúa como lo ha hecho durante todos los procesos electorales bajo su mandato, el candidato sería Osorio Chong. La explicación es que si el Presidente es consistente con su forma práctica de decidir candidaturas, optaría por quien aparece mejor colocado en las encuestas, donde el secretario de Gobernación ha figurado de manera sistemática, salvo en algunas mediciones ocasionales donde el gobernador Ávila lo supera, como el priista mejor ubicado en la tabla de presidenciables.

Lo cerrado del proceso electoral en el Estado de México no ha alterado el proceso de sucesión presidencial, de acuerdo con lo que se están manejando en el círculo interno de Peña Nieto. Antes incluso de la elección, el gobernador Ávila estaba prácticamente descartado de la sucesión, por una pérdida de confianza en Los Pinos, ante la sospecha de no haber trabajado a toda su capacidad a favor de la campaña del candidato Alfredo del Mazo, donde uno de los argumentos que se esgrimen es que en toda la contienda, ni la candidata de Morena, Delfina Gómez, su mentor, Higinio Martínez, el jefe del partido en el estado y viejo amigo del Gobernador, o el líder morenista, Andrés Manuel López Obrador, lo criticaron o lo metieron en la fórmula de la mafia del poder.

El otro elemento a discusión en los pasillos palaciegos, es una fórmula similar a la que utilizó el presidente Miguel de la Madrid durante la sucesión presidencial en 1988, donde pese a tener en la mente dos candidatos posibles, los secretarios de Gobernación, Manuel Bartlett, y de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas, organizó una pasarela con seis aspirantes ante el Consejo Político en 1987, para que expusieran su visión de país y programa de gobierno. Una pasarela de cuatro aspirantes es lo que se viene planteando como una posibilidad, donde figurarían los secretarios Osorio Chong; de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; de Salud, José Narro, y de Turismo, Enrique de la Madrid.

La idea que se está proponiendo, y que no ha sido mal vista por el Presidente, es que la pasarela no se haría ante el Consejo Político, sino en el país, para lo cual tendrían que renunciar a sus cargos. La lista no incluiría al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que está siendo promovido para la presidencia del Banco de México en otoño, cuando concrete su renuncia Agustín Carstens, ni al secretario de Educación, Aurelio Nuño, que podría ir a Gobernación si, como se menciona en los primeros niveles del Gobierno, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, es sustituido por Osorio Chong.

Uno de los objetivos por los cuales se analiza abrir el proceso, es oxigenar al partido y recuperar el consenso interno. Los dos líderes del PRI que más éxitos electorales tuvieron durante su presidencia, Beatriz Paredes y Roberto Madrazo, fueron resultado de procesos internos que permitieron su legitimación. El candidato de Peña Nieto tendrá que legitimarse y evitar una fractura dentro del partido, como sucedió con Roberto Madrazo en 2006, que tiró la votación del PRI para ese cargo a un histórico 22%. Según ha trascendido, no hay una decisión tomada. Tampoco si el Presidente modificará la forma como manejará el proceso interno después de lo que sucedió en el Estado de México. Pero no falta mucho para ver las señales. Un ajuste en el gabinete, podría ser el principio de todo.
07 Junio 2017 04:08:00
Encerrona en Los Pinos
La gran interrogante, dentro del grupo en el poder, es cómo leerá el presidente Enrique Peña Nieto el resultado de la elección en el Estado de México, que durante meses se convirtió en su única prioridad y donde, por su comportamiento, parecía que no habría mañana para él si su candidato, Alfredo del Mazo, perdía la Gubernatura. El clímax se dio durante el fin de semana, al aislarse en su casa en Ixtapan de la Sal y no regresar a Los Pinos sino hasta entrada la noche del domingo, para seguir junto con su gabinete, los coordinadores parlamentarios del PRI y dirigentes del Partido Verde, los primeros datos preliminares oficiales del órgano electoral mexiquense. Personas que acudieron a la cita en el Salón Venustiano Carranza de la casa Presidencial, describieron la tensión que se vivió ante los datos de las encuestas de salida que perfilaban una contienda muy cerrada, con probabilidades de derrota. Demasiado esfuerzo y recursos invertidos en el proceso, ¿para nada?

La cita fue a las ocho de la noche, donde los convocados se fueron sumando a quienes habían estado todo el día en Los Pinos, el staff del Presidente. Llegó todo el Gabinete, menos el secretario de Agricultura, José Calzada, por razones que no están claras. También asistieron, fuera del priismo, el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, junto con el líder de facto del Partido Verde, Jorge Emilio González, el Niño Verde, cuyo partido participó en la operación territorial del domingo en el Estado de México, donde desplazaron a 800 operadores de campo para mover el voto. Peña Nieto llegó cerca de las 11 de la noche, cuando se alistaba el Instituto Electoral del Estado de México a difundir su conteo rápido. Cuando se anunció que la tendencia de voto favorecía a Del Mazo, el Salón Venustiano Carranza se inundó de satisfacción, pero sobre todo se oyó la exhalación de alivio de respiración contenida.

No hubo excesos en la celebración, porque de acuerdo con algunos presentes, el propio Presidente lo impidió. Es un gran resultado, dijo Peña Nieto a los pequeños grupos que se repartieron por el salón. Pero no hay que caer en la arrogancia, enfatizó. Esta frase fue resaltada por los participantes que hicieron una narración de lo que sucedió en Los Pinos, desde el domingo por la noche hasta casi las 6 de la mañana del lunes, cuando terminó la encerrona. La razón de ello son las dudas sobre la influencia que pudieran tener algunos colaboradores de Peña Nieto en la interpretación del resultado en el Estado de México, que podrían convencerlo de que la victoria es un referéndum a lo que está haciendo. El triunfalismo, sin embargo, sería un error del Presidente. Ganó Del Mazo, pero perdió el PRI. Retendrán el gobierno, pero el priismo de Peña Nieto sufrió una gran herida.

El hecho de que el PREP, con poco más del 97% de las actas contabilizadas le dé una ventaja de 2.9% a Del Mazo sobre la candidata de Morena, Delfina Gómez, no revela lo que sucedió el domingo. La movilización del voto, la participación del gabinete en pleno, de varios gobernadores, incluidos no priistas trabajando a favor de Peña Nieto, y la presión y amenazas para que el candidato del PRD, Juan Zepeda, no declinara a favor de Gómez, no fueron suficientes para que el voto priista le diera la victoria a su candidato. Del Mazo obtuvo 57 mil menos votos de los que logró Gómez. Sólo el sacrificio –porque perdieron el registro- del Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, que fueron coaligados con el PRI, le dieron los 226 mil 298 votos con los cuales aventaja el priista la votación.

Esta es la prudencia a la cual probablemente se refería Peña Nieto, y que se reflejaba en la actitud de varios miembros del Gabinete que participaron directamente en el proceso mexiquense. La principal, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, a quien la llamó repetidamente “coordinadora” Peña Nieto, por el papel que jugó como la responsable federal en las elecciones. Robles no dejaba de observar las pantallas con el PREP, mientras que otra figura, claramente desmoronándose, ocupó en una esquina sin moverse para no notarse. Era el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, íntimo amigo del Presidente, y quien le decía con toda confianza que con el solo dinero iban a tener una elección holgada en el Estado de México. La estrategia fontanera de Miranda no le alcanzó al PRI, y lo dejó convertido, para quienes lo vieron arrumbado en el Venustiano Carranza, en una figura desechable.

Pero más allá de él, una lección analizada esa noche es cómo tampoco se dio el apoyo homogéneo de los padrones de los programas sociales federales, al registrarse derrotas en prácticamente todos los municipios en el norte y poniente de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y los lastres en imagen y rechazo a la gestión de gobierno que arrastró la campaña del PRI. Del Mazo parecía entender bien la realidad de la elección, pues cuando llegó a las 3 de la mañana a Los Pinos, en compañía del gobernador Eruviel Ávila, no había triunfalismo en su actitud, sino prudencia. Esto mismo es lo que se notó en el actuar de Peña Nieto que, desde este domingo, dejó entrever otro asistente a la encerrona, el líder del PRI, Enrique Ochoa; empezó a trabajar la sucesión Presidencial.
06 Junio 2017 04:07:00
Todo cambió en Toluca
Hace tres semanas, uno de los colaboradores más cercanos al candidato del PRI al Gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, confió: “Está cerrado pero vamos arriba”. Su interlocutor respondió: “Entonces ya perdieron”. No importaba el resultado de la elección de este domingo, porque la inversión política y económica para sacar adelante un resultado favorable ante una candidata desconocida y de fama hiperlocal, frente a una maquinaria electoral históricamente poderosa y con el apoyo masivo del Gobierno federal, reflejó no sólo el desgaste y descrédito de lo que Del Mazo representaba, al PRI y al Gobierno, sino la vulnerabilidad y fragilidad de un régimen que este domingo inició su cambio. El mapa electoral del Estado de México mostró la polarización irreversible en el centro del país, en cuya megalópolis se concentra más del 20% del electorado, y cuyas tendencias, expresiones y conflictos tienen megáfonos con alcance nacional.

El PRI y Morena borraron al PAN y al PRD, cuya presencia se mantuvo en medio municipio, Naucalpan, y en Neza, respectivamente. El electorado no aceptó grises. La candidatura de Delfina Gómez, de Morena, apostó a los pobres. Su campaña estuvo diseñada estratégicamente a partir de una rama de la estadística aplicada en la medicina, conocida como la bioestadística, que estudia las moléculas y su entorno. De esta manera, lo que la estrategia fue acelerando a través de las redes sociales fueron los reactivos a las heridas sociales, como la inseguridad en las populosas “ciudades dormitorios” en la zona conurbada de la Ciudad de México –en el microcosmos de su pesadilla, la movilidad y el transporte público–. La dificultad para la candidatura de Del Mazo fue que el malestar contra el régimen y sus gobernantes cruzó barreras socioeconómicas y socioculturales.

La campaña que comenzó como una lucha de clases –el heredero de una dinastía frente a la hija de un albañil–, se convirtió en un referéndum sobre la permanencia del PRI o el cambio. Mas del 65% de los encuestados declaraban querer el cambio, lo que mostraba el hastío de la gente, sintetizado en el Estado de México, pero que es un botón de muestra nacional. Ese “cambio”, sin embargo, incluía como opciones para lograrlo en las elecciones mexiquenses al Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, aliados del PRI en esta elección, que es lo que al final le está permitiendo ganar la elección, pues los solos votos de la estructura no rebasan los de Gómez. Dicho de otra forma, si el PRI no hubiera ido coaligado, probablemente habría perdido la elección.

La necesidad de cambio debe entenderse más allá del mero voto, importante en el plazo inmediato. El entorno hostil y negativo en el que hizo campaña Del Mazo, por el descrédito en la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y la creciente pérdida de lealtad en el PRI, obligó a su partido a desplegar todo tipo de artimañas para evitar el descalabro este domingo, que incluyó la permanente campaña del “establecimiento político”, a través de los medios, en contra de Gómez, Morena y Andrés Manuel López Obrador hasta casi el día de la elección, ante la insultante mirada pasiva de los árbitros electorales.

Aún así, de acuerdo con los expertos, el resultado de la ofensiva más agresiva, por masiva y sistemática que se recuerda en una elección mexicana, no descarriló a Gómez, aunque sí logró frenar su avance. De otra forma, al cierre de la campaña se habría decantado el resultado a su favor, porque al observar el número de votos por Morena, las acusaciones de corrupción no fueron suficientes para cambiar la decisión. Este último balance y resultado es el elemento que más ilustra el cambio que produjo este proceso electoral en el corpus mexicano.

A la irritación por factores como la inseguridad y la desigualdad entre las regiones pobres y las zonas más afluentes del estado, que fue la línea divisoria entre las dos campañas con las cuales se inició la contienda, se les fue sumando la indignación de sectores más favorecidos dentro de la sociedad ante la utilización de los viejos recursos de dinero, cooptación y presión empleados por el régimen en apoyo a Del Mazo, que marcó la jornada electoral de este domingo, y la creciente indignación por la corrupción galopante que amplios sectores han documentado en la administración peñista.

Se puede argumentar que estos factores han estado presentes en elecciones anteriores, pero lo inédito del proceso mexiquense es que sí modificó tendencias de voto en zonas urbanas priistas y conservadoras, y realineó a la oposición al PRI en torno a un partido, Morena, cuyas suspicacias y temores que despierta entre amplias bases del electorado, pesaron menos que el repudio a Del Mazo, por lo que representaba. El diseño bioestadístico para influir en segmentos de la población afectados y desplazados, quedó rebasado por el malestar, medido con algoritmos en las encuestas de Morena y sus “tracking polo”. Si la competencia hubiera sido justa y competida, en la definición clásica shumpeteriana, la victoria de Gómez habría sido por 14 puntos, de acuerdo con esos estudios. El aparato priista impidió esa debacle.

El mensaje para el presidente Peña Nieto está en las urnas. Del Mazo lleva un millón de votos menos de los que tuvo el gobernador Eruviel Ávila con una mayor participación del electorado. Siete de cada 10 mexiquenses votaron contra él y de ellos, la mitad por Morena. Su victoria es pírrica, y no hay mucho que festejar. El Presidente reunió a su gabinete el domingo por la noche en Los Pinos para seguir el proceso y perfilar el 2018. De esto, se hablará en otro texto.
05 Junio 2017 04:09:00
Elección de Estado
Toluca.- La elección en el Estado de México fue, para todos los efectos, una elección de Estado. El presidente Enrique Peña Nieto responsabilizó a la secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, Rosario Robles, como el enlace del Gobierno con la campaña de Alfredo del Mazo, que tuvo este domingo un despliegue del gabinete legal y ampliado en tierras mexiquenses. El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, fue enviado a la zona de Valle de Bravo, donde hay un alto número de programas sociales. El de Salud, José Narro, a Ecatepec.

En los municipios conurbados de la Ciudad de México trabajaron la llamada “ruta de la leche”, bajo la dirección del director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga, quien desde las 6 de la mañana trabajó con el padrón de los beneficiarios de la leche gubernamental. Margarita González, la operadora electoral de Robles, lo apoyó, junto con el director del ISSSTE, José Reyes Baeza, que se concentró en Neza. El gabinete estuvo trabajando todo el día, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le fue pasando al Presidente la información de cómo se iba comportando el electorado.

Era fundamental para el PRI el arranque de la jornada. Para el primer corte de las encuestas de salida esperaban iniciar el día con una ventaja de ocho puntos sobre Delfina Gómez, de Morena, porque de otra forma, dijeron estrategas de Del Mazo, se complicaría el día. Entre 8 y 10 de la mañana es cuando el PRI moviliza los “programas sociales”, que es como les llama a sus clientelas electorales dentro de los padrones federales. La movilización continúa más allá de esa hora y termina cerca de la una de la tarde.

Las encuestas de salida que empezaron a circular alrededor de las 11 de la mañana, mostraban que Del Mazo aventajaba por sólo 5 puntos a Gómez, aunque varios encuestadores reportaron que la gente no estaba respondiendo a la salida de la urna, aparentemente porque la fuerte vigilancia en las casillas los intimidaba. Algunas casas encuestadoras decidieron hacer su encuesta de salida a una calle de la casilla, y los resultados mostraban un empate. A las 11 y media enviaron al PRI una encuesta atribuida al CISEN, en la que Del Mazo aventajaba por 1.13 puntos a Gómez, mientras que una más a las dos y media de la tarde, había reducido la ventaja a 12 décimas de punto.

Sin embargo, dentro de la casa presidencial no había nerviosismo, de acuerdo con personas con información interna. Inclusive, poco antes de las tres de la tarde, le informaron al presidente Peña Nieto que Del Mazo llevaba un millón 300 mil votos asegurados, y que ganaría por 8 puntos. Ese porcentaje no se correspondía con ninguna de las encuestas de salida. El último corte a las cinco y media de la tarde atribuido al mismo estudio mostraba arroba a Del Mazo por 1.25 puntos porcentuales, y como en todas las mediciones de salida previas, el priista y Gómez superaban casi dos a uno al perredista Juan Zepeda y a la panista Josefina Vázquez Mota.

El despliegue federal coronó la ofensiva más agresiva, por masiva y sistemática que se recuerda en una elección mexicana, en contra de una candidata (o candidato), como fue el caso de la cruzada contra Gómez, con lo cual se intentó compensar los negativos de Del Mazo y los pesados lastres que arrastraba, en gran parte con el descrédito del presidente Peña Nieto. Más del 65% de los encuestados en las semanas previas declararon querer el cambio, aunque cuando se les preguntaba quién podría encabezar el cambio, incluían en sus respuestas al Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, que apoyaron al candidato del PRI.

La irrupción de Gómez y Morena en el Estado de México, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, junto con los enormes negativos del Presidente trasladados a Del Mazo, le crearon un entorno hostil que obligó al Gobierno y a su partido a abrir la chequera y comprar voluntades a billetazos. La compra del voto comenzó en 2 mil 500 pesos y terminó en 4 mil; la compra de credenciales de militantes de Morena, en esta última semana, alcanzó los 20 mil pesos. Los priistas compraron espacio en las paredes de las casas por 4 mil pesos para colgar propaganda, porque el Instituto Nacional Electoral sólo contabiliza los espectaculares. Ante tantas reglas formales, la campaña se convirtió en un caldo de cultivo para la informalidad, que aprovechó el PRI.

Los resultados oficiales tardarán todavía varios días en conocerse, y los datos de las encuestas de salida preparaban no sólo el cierre de la jornada electoral sino lo que viene en 2018. No esperarían los partidos el conteo rápido para preparar la lucha postelectoral. Los datos en los cuartos de guerra de Del Mazo y Gómez permitían que cada uno de ellos se proclamara como vencedor. Sólo para dar una muestra de las contradicciones que se vivieron durante la jornada con las encuestas de salida, Mendoza Blanco, una empresa que con muy buen récord en estudios de opinión, le daba una ventaja a Gómez con 35.4% contra 30.2% de Del Mazo, mientras que Demotecnia, que suele encuestar para el PRI, le daba 35% del voto a Del Mazo contra 29% para Gómez.

Para lo que fue esta elección, ganara o perdiera el priista era secundario en función de la contienda presidencial: una elección de Estado como fue la mexiquense, no es suficiente para una victoria legitimada.
02 Junio 2017 04:08:00
Miedo en Los Pinos
El miedo entró en Los Pinos como la humedad: gradualmente y sin que nadie se diera cuenta. Cuando vieron todo lo que les había comido, la pesadilla de un eventual Armagedón se incorporó en sus escenarios políticos. El presidente Enrique Peña Nieto, quien desde hace casi un año ha mostrado a quienes hablan con él que su principal preocupación eran las elecciones en el Estado de México, se ha topado con la realidad de una posible derrota de su candidato al Gobierno el próximo domingo y, de acuerdo con personas con acceso cotidiano al inquilino de Los Pinos, está intratable.

Esto, explican, porque el malestar creciente de Peña Nieto hace casi imposible tener una plática sin alteraciones con él, menos aún discutir sobre algún tema difícil. Las tardes en Los Pinos se han vuelto inexpugnables. Qué tantas cosas pasarán por su mente sólo él, que de sí es muy reservado sobre sus pensamientos políticos, podría decirlas. Qué tantas explicaciones podrá darse a la situación de alto riesgo para que el PRI pierda su último bastión electoral en el país, es tan imposible saberlas como difícil que él admita que, quizás, se equivocó de principio a fin en la sucesión mexiquense.

Comenzó, como todas las cosas, por el principio. Alfredo del Mazo fue ungido candidato, pese a los argumentos, principalmente, del entonces ciudadano Luis Videgaray, de que la candidata debía ser la senadora con licencia y secretaria de Educación en el Gobierno de Eruviel Ávila, Ana Lilia Herrera, por dos razones fundamentales: no tenía la cercanía de Del Mazo, ni tanto el lastre de ser la candidata oficial sería menor, y porque podría decir cosas que su primo no podría, en materia, por ejemplo, de deslindes. Peña Nieto desoyó a Videgaray.

La candidatura de su primo no prendió, y el hecho de que llegara al final de la campaña con números increíblemente cerrados para la historia del PRI en el Estado de México proyectaba imágenes ominosas. El segundo error que se puede observar es cómo minimizaron la candidatura de Delfina Gómez, a quien apoyó Andrés Manuel López Obrador porque no tenía a nadie de él para esa contienda, y le entregó la decisión al jefe de Morena en el Estado de México, Higinio Martínez, mentor político de la candidata, respaldado por Horacio Duarte, el abogado de Morena e incondicional del tabasqueño. Desconocida fuera de su terruño en Texcoco, Delfina Gómez se convirtió en la Cenicienta de la elección.

Los priistas ni la volteaban a ver. Les preocupaba una alianza entre el PAN y el PRD, que se encargaron de dinamitar desde el Gobierno federal, y luego pensaron que Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, era la contendiente a derrotar, pese a que su único precedente en campaña, en 2012, les había enseñado todas sus limitaciones competitivas.

Gómez, hija de un albañil que se formó como maestra, tenía la misma narrativa de vida que hizo al gobernador Ávila un político altamente exitoso, pero descuidaron el paralelismo. Los estrategas de Gómez decidieron atacar al electorado en esos enormes huecos que dejó el PRI, con un discurso de únicamente tres ideas –la cuna humilde, la que enfrenta al monstruo tricolor, y la única que podía sacarlo del poder–, y un programa de movilidad –el gran problema en las concentraciones de alto voto– que difundieron, de manera inteligente, en el metro y el sistema de transporte público. Cuando despertaron, parafraseando al micro poema de Tito Monterroso, el monstruo de Gómez estaba frente a ellos.

Las estrategias de dispersión del voto que buscaban los priistas se colapsaron. Vázquez Mota, como en la elección presidencial de 2012, se estancó; al perredista Juan Zepeda, la mejor campaña de todas, le habrían faltado varias semanas para estar en niveles de competencia –si le hacemos caso a las encuestas–; y la de Del Mazo no prendió, pero con tantas preocupaciones del Presidente para que salieran bien las cosas, que en la saturación de equipos de trabajo en torno al candidato, lo que provocaron fue una multiplicidad de fuentes de toma de decisión y un caos.

En la campaña del priista hubo cinco curtos de guerra que no necesariamente se comunicaban y, en ocasiones, se contrapunteaban.

Todos giraban en torno de las preocupaciones del Presidente, quien designó a Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial como su enlace, aunque también tenían injerencia en las decisiones los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación, Aurelio Nuño, por donde se canalizó la masiva ayuda a Del Mazo vestida de programas sociales. Otro de los equipos en conflicto lo manejó el jefe de la campaña, Ernesto Nemer, y uno más lo articuló el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, para asuntos especiales –con alcaldes– bajo instrucciones presidenciales directas.

Del Mazo también tenía a dos grupo de estrategas, uno de profesionales y otro de familiares, que a veces coincidían y a veces no. Demasiadas manos que trabajaron contra la propia campaña.

La forma como Del Mazo ya no pudo mantener ventaja sobre Gómez desde hace casi un mes, comenzó a cambiar los ánimos en Los Pinos y el miedo a un derrota y las consecuencias que ello pudiera traer política y judicialmente para el Presidente y su primer entorno mexiquense, ha colocado el ánimo en Los Pinos en el punto más bajo del sexenio, con el mal humor del Presidente como muchos de sus colaboradores nunca habían visto. No se sabe qué sucederá finalmente el domingo, pero la incertidumbre no ha dejado de apretar el alma en la casa presidencial.
01 Junio 2017 04:08:00
Los (malos) amigos del Presidente
Una de dos. O el presidente Enrique Peña Nieto tiene como colaboradores a un gran grupo de incompetentes, o hay traidores a su alrededor. En cualquier caso, las angustiantes horas en vísperas de la elección para gobernador en el Estado de México podrían haber sido mucho menos rompe nervios de haber hecho su equipo un trabajo más decente, profesional o doble cara en las estrategias para las elecciones mexiquenses. Lo que hicieron fue todo lo contrario. Un colaborador de Peña Nieto enumeró un catálogo de eslabones que nunca debieron romperse:

1.- El acuerdo con el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, para utilizar a Josefina Vázquez Mota como contención de Morena. Tan pronto como se perfiló su candidatura, desde el gabinete se filtró la documentación de que a través de su ONG, Juntos Podemos, el Gobierno de Peña Nieto le dio 900 millones de pesos para un programa de migrantes en Estados Unidos. La razón por la cual lo hicieron es porque temían que Vázquez Mota se convirtiera en la adversaria que dañara la candidatura de Alfredo del Mazo. El remate, con otra filtración, es que su familia era investigada por presunto lavado de dinero. Estas acciones concluyeron en la ruptura del acuerdo palaciego, con lo que Anaya y el PAN reorientaron su discurso para denostar al PRI y corrupción. La pregunta es ¿quién decidió liquidar a Vázquez Mota antes de iniciar las campañas?

2.- El acuerdo con el líder nacional del PT, Alberto Anaya, para que colocaran un candidato de trapo para la Gubernatura, que pudiera restarle votos a la candidata de Morena, Delfina Gómez. Anaya, el petista, ya negoció con el Gobierno el año pasado, que a cambio de mantener el registro como partido con el apoyo priista en la elección extraordinaria en Aguascalientes en diciembre de 2015, su partido respaldaría al PRI en todos los procesos electorales hasta 2018. Su candidato en el Estado de México, Óscar González, cumplió la encomienda hasta que en una noche cambió de opinión y declinó a favor de Gómez. Las preguntas son ¿quién convenció al presidente Peña Nieto de confiar en el PT, y quién no hizo el trabajo de seguimiento para que el mercenario Anaya no los vendiera?

3.- El mal manejo del gasolinazo. Si bien desde septiembre el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo en el Congreso que a partir de enero se liberalizarían los precios de la gasolina, ¿por qué el asesor de opinión pública del presidente, Rodrigo Gallart, dijo a todos los comunicadores del Gobierno federal a mediados de diciembre que se fueran de vacaciones y que no salieran a dar la cara bajo ninguna circunstancia hasta la segunda semana de enero de este año? El gasolinazo, recriminó una estratega de Del Mazo al director de Pemex, José Antonio González, le costó al priista 15 puntos porcentuales de preferencia electoral, y 20 puntos al PRI de identidad partidista. En Los Pinos, le habían dicho al Presidente que si bien iba a haber molestia por el aumento, no pasaría más de una semana para que la inconformidad se disipara.

4.- La difusión generalizada de las encuestas del CISEN. Desde su nacimiento, el órgano civil de inteligencia, dependiente de la Secretaría de Gobernación, realiza estudios demoscópicos para medir el pulso de los mexicanos. Entre las que realiza son electorales, y siempre habían sido una herramienta para la toma de decisiones en Los Pinos o en Bucareli. Este año hubo un cambio significativo. De manera regular, cada semana que aparecían nuevos datos, la encuesta era distribuida a políticos y periodistas por igual, que permitió el seguimiento histórico del comportamiento del electorado en el estado de México, de sistemático rendimiento a la baja del candidato priista. Fue el único estado de los tres en campaña, curiosamente, donde se filtraron los datos al público. La pregunta es ¿quién era el responsable de guardar la llave de la caja de los secretos en el CISEN para que estas encuestas siguieran el mismo protocolo y fueran vistos por el mismo tipo de ojos de antaño?

Si alguien quiere contestar las preguntas, mal haría en señalarse a un solo funcionario o a una sola dependencia como responsable de todas estas fallas estratégicas que han tenido una incidencia directa en el mediocre comportamiento del candidato del PRI, Alfredo del Mazo. Tampoco hay suficiente información hasta este momento que arroje luz sobre las motivaciones o las equivocaciones, incluso las omisiones, en las que incurrieron los colaboradores del Presidente. Puede haber una combinación de ingenuidad, ignorancia de cómo se comporta el electorado, malos cálculos o, definitivamente, traiciones al Presidente.

La elección en el Estado de México fue tomada como algo personal por Peña Nieto, y encargó de ella a sus colaboradores más cercanos y a sus amigos. Las cosas, visto los resultados hasta ahora, han sido terribles. Después de cuatro años y medio de gobierno, saber que el Presidente es más amigo de sus amigos que sus amigos de él, ya no es una explicación ni justificación de las cosas que le suceden y le afectan. La generosidad y la nobleza de Peña Nieto con sus amigos, después de tanto tiempo, ya puede ser clasificado en otra categoría. La Gubernatura del Estado de México será el costo, aún si eventualmente ganara el PRI, porque los factores que lo llevaron al punto actual no desaparecen ni impedirán que se repitan el próximo año.
31 Mayo 2017 04:08:00
Buendía, 33 años después
Parece que fue ayer. El jueves 31 de mayo de 1984, la noticia principal en Excélsior, comenzaba: Manuel Buendía, el periodista que dedicó su vida a la defensa de las causas que carecían de voz, que abogó desde su tribuna contra los poderosos y los intocables con una pluma crítica y honesta, fue acallado ayer por la tarde de cinco tiros por la espalda, uno de ellos al corazón. El más influyente columnista político de todos los tiempos, moría tirado en una banqueta en la avenida Insurgentes, ante la vista morbosa de decenas de personas que no sabían la relevancia de ese crimen y lo que significaría para la vida pública de México.

Buendía siempre llevaba una pistola con sus iniciales en la cintura, y solía decir entre sonriente y echado para adelante, como era: A mí, para matarme, me tendrán que matar por la espalda, porque si me atacan de frente me llevaré a varios. Buendía fue asesinado a la hora del crepúsculo por un agresor que, con el conocimiento de que portaba un arma, le bajó la gabardina que llevaba puesta a la mitad de los brazos para inmovilizarlo y le disparó a quemarropa. Fue un crimen de Estado que acabó con la ingenuidad de los mexicanos, en aquellos prolegómenos violentos de la narcopolítica.

Dos veces anteriormente, en 2007 y 2014, se ha publicado prácticamente la misma columna en este espacio, en la efeméride del asesinato que cambió la vida pública. Una vez más hay que insistir sobre los principios que animaron a escribirla por primera ocasión, porque lejos de haberse reducido la impunidad en los asesinatos de periodistas ha prevalecido, y el número de muertos en esta profesión se ha incrementado. Manuel Buendía acababa de cumplir 58 años cuando fue asesinado, y se cortó una carrera llena de luces y reconocimientos. Muy pocos políticos, periodistas, e intelectuales le regateaban méritos. Era temido, pero respetado. Las relaciones de Buendía eran extensas en todos los niveles de la vida pública, pero sus nexos con los hombres de poder nunca fue subordinación.

En una ocasión, Buendía escribió en su leída y reproducida columna, Red Privada, una descripción de una política pública que estaba instrumentando el gobierno de José López Portillo, con la promesa de que al día siguiente vendría la continuación. El secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, habló con el entonces director de Excélsior, Regino Díaz Redondo, y lo amenazó: Si publican la segunda parte, habrán revelado un secreto de Estado y el Gobierno tomaría represalias. Díaz Redondo le comentó lo que había dicho el secretario de Gobernación. Son las cinco don Manuel, le dijo. Si a las siete usted no me ha hablado, publicaremos la segunda parte y afrontaremos las consecuencias. Buendía habló a las siete de la noche para informarle a Díaz Redondo: va en camino otra columna.

Buendía tenía una gran autoridad moral y profesional entre sus pares. Un cuarto de siglo antes de su muerte, inventó desde la dirección del periódico La Prensa, una nueva forma de trabajar la fuente policiaca. El metabolismo que inyectó en la redacción los llevaba a descubrir crímenes y robos antes incluso que la Policía, lo que lo llevó a tener conflictos internos con la entonces cooperativa ante la luz e influencia que estaba adquiriendo. Salió de La Prensa en un conflicto político interno e inició Para Control de Usted, una columna en El Día, firmada por J.M. Téllezgirón, que apareció regularmente durante 13 años, hasta que nació Red Privada. Sus enemigos públicos incluían personas e instituciones sobre las que había escrito de manera sistemáticamente crítica, aunque con nadie llegó a tener reservas salvo con la organización radical de derecha Los Tecos, que nació en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que tenía una organización secreta y de choque.

Tenía tantos flancos abiertos, que no parecía de distinta relevancia que un mes antes de morir retomara una denuncia de los obispos del Pacífico sobre la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder, que había sido publicada en el mar de información que era Excélsior. Años después, el 30 de mayo de 2007, se mencionó en este espacio un informe secreto elaborado por un equipo especial en Los Pinos, encabezado por Samuel del Villar, asesor del presidente Miguel de la Madrid, que identificaba como el asesino del columnista a un militar, y que la orden fue dada en una reunión presidida por el secretario de la Defensa, general Juan Arévalo Gardoqui, funcionarios de la Secretaría de Gobernación y un proveedor de armas presentes, ante el temor que el columnista tuviera información del involucramiento de miembros del Gobierno con el narcotráfico lista para publicar.

Nunca se aclaró con certeza cuál fue el móvil del asesinato, pero pagaron con cárcel el director de la extinta Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Martínez, y varios de sus comandantes. Un agente más, Manuel Ávila Moro, fue sentenciado como autor material. Zorrilla Martínez era amigo íntimo de Buendía, y fue la primera persona a la que su secretario particular, el hoy columnista Luis Soto, le habló por teléfono minutos después del asesinato. Varios comandantes de la DFS llegaron a la oficina de Buendía  y por órdenes del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, se llevaron expedientes del voluminoso archivo que tenía Buendía. Su crimen no tiene aún a los culpables verdaderos, ni a las motivaciones políticas que lo provocaron. Treinta y tres años después, la historia continúa. México, en este campo, no ha cambiado.
30 Mayo 2017 04:07:00
Sabotajes mexiquenses
La tensión que ha caracterizado la campaña electoral en el Estado de México está alcanzando nuevos niveles. El fenómeno que representó la candidatura de Delfina Gómez con Andrés Manuel López Obrador detrás de ella rompió las expectativas y generó preocupaciones y temores. Como se detalló en la columna anterior, bajo cualquier medición, el resultado de la elección se encuentra en el espacio de lo incierto, lo que lleva a una proposición: la aceptación de lo cerrado de la contienda es, para efectos prácticos del PRI, una derrota anticipada. Sin embargo, no necesariamente se puede cancelar prematuramente lo que pase en las urnas el próximo domingo, cuyo desarrollo y resultado tendrán que esperar a ese día. Nadie puede saber lo que pase en tierras mexiquenses salvo, quizás, que la elección será entre Gómez y el priista Alfredo del Mazo, y entre todo un aparato electoral, el mayor en la historia del PRI, contra el malestar, el mayor también en la historia del PRI.

López Obrador denunció hace días que la elección en el Estado de México fue organizada desde Los Pinos, desde donde está dirigida. Aunque oficialmente se niega que así sea, así es. En este mismo espacio se ha reseñado durante semanas el interés y la participación directa del presidente Enrique Peña Nieto en la campaña de Del Mazo, así como su intervención directa y continua en el proceso. Si alguna vez existió una elección de Estado, la mexiquense es lo más sofisticado que pueda encontrarse.

Los cálculos extraoficiales, estimados por funcionarios federales, ubican el nivel de gasto por arriba de los 31 mil millones de pesos, 10 mil en recursos federales directos para obras y programas, y el resto –mucho de ellos en efectivo y proveniente de los estados–, para la operación en campo de poco más de 70 mil personas, que llovieron de todo el país, para apoyar la campaña priista. La saturación de operadores ha sido tan grande, que uno de quienes los organizan comentó: “Han habido ocasiones que en una sola colonia nos topamos cuatro equipos de diferentes partes del país”.

Además de la dirigencia del PRI, funcionarios federales –a nivel incluso de secretarios de Estado– y exgobernadores se encuentran al mando de la operación electoral, que está buscando garantizar la lealtad de los priistas movilizados el domingo con su voto, y evitar lo que le llaman “el fenómeno Chetumal”, donde más de 50 mil priistas escogieron en ese bastión priista al candidato de la oposición al Gobierno de Quintana Roo, Carlos Joaquín, o lo que les sucedió en Veracruz, donde de los 600 mil priistas movilizados para votar por su candidato a gobernador, 400 mil lo hicieron por sus opositores. Dinero es lo que están dando en las tierras mexiquenses, y temor es lo que están vendiendo. Las dos herramientas no han funcionado, sin embargo, en el pasado.

La tercera herramienta que se está preparando, de acuerdo con personas que conocen las entrañas de la organización, es el sabotaje. Según explican, se tiene un mapa de las casillas en donde se puede definir la elección en contra del PRI. Un buen número de ellas, indicaron, están en la zona oriente de la Ciudad de México, donde se encuentran ocho municipios conurbados, en poder del PRD, el PRI y de su aliado electoral Antorcha Campesina. Pero también hay casillas definitorias en la zona nororiente de la Ciudad de México. Un diagnóstico dado a conocer la semana pasada por el PAN mexiquense, reveló que son 417 casillas en 25 municipios, donde puede haber coacción y alteración del voto. El reporte identificó los municipios de Ecatepec, Chimalhuacán y La Paz, como susceptibles a manipulación por parte del PRI en la zona conurbada, mientras que Morena, señaló, puede hacer lo mismo en Texcoco y Chalco.

Lo que no registró el PAN, que se concentró en los mecanismos de coacción de voto el próximo domingo, es lo que señalaron personas cercanas a la organización electoral del PRI, quienes dijeron que entre los planes para esa zona se comprende que en caso extremo se genere violencia en la casilla para de esa forma anular la elección en esa sección. Jugar a la violencia en una elección que se prevé tan competida, es irse al extremo de los riesgos, donde sin embargo parece haber priistas dispuestos a llegar a esos niveles para evitar una derrota en municipios densamente poblados. A lo que han llegado es a medir costos contra beneficios, aunque visto antes de que suceda para alguien cuya vida política y pública no se pone en riesgo, los costos parecen ser mayores que los beneficios. Los criterios deben ser diferentes para los priistas, al tener listos los planes de sabotaje electoral.

La elección en el Estado de México apunta para judicializarse y que sea impugnada por todos aquellos, inclusive el partido que gane, salvo que la diferencia sea significativamente alta. Esto sería la normalidad en los tiempos modernos mexicanos. Lo extraordinario y regresivo sería la violencia en los comicios, donde se puede saber cuándo y cómo comienza, pero no cuándo ni cómo termina. El secretario de Gobernación ha hablado con los gobernadores para que las elecciones sean desarrolladas en paz. Probablemente la inercia que llevan las campañas los tenga rebasados y de ahí la preocupación, o quizás sólo sea una simulación porque la victoria es el único objetivo. Es deseable que haya responsabilidad de todas las partes, y que sean las urnas las que marquen el destino.
29 Mayo 2017 04:07:00
Tendencias mexiquenses
¿Quién ganará la elección para gobernador en el Estado de México el próximo domingo? Nadie lo sabe con certeza, pero tampoco nadie puede descartar una sorpresa. “Está muy cerrada, pero vamos a ganar”, dijo uno de los colaboradores más cercanos al candidato del PRI, Alfredo del Mazo. “Les viene un tsunami”, afirmó uno de los estrategas de la candidata de Morena, Delfina Gómez. A una semana de la elección, lo único que parece cierto es que la final será entre dos, pero de la lectura interna que hacen los partidos no se puede extraer en estos momentos ganador seguro. Las encuestas internas de los partidos ubican a Del Mazo y Gómez cómodamente arriba de sus contendientes, pero todas registran un dato que puede ser perturbador para el PRI: el número de personas encuestadas que responden “no sabe” o no contestó”, oscila entre 17 y 23%, lo que ha sido negativo para los candidatos del PRI en el pasado, porque regularmente es un voto escondido en contra de ellos.

Las últimas encuestas públicas sobre el Estado de México muestran un repunte en las preferencias electorales de Del Mazo. Según el estudio difundido por El Financiero el 24 de mayo, Del Mazo traía el 34% de las preferencias electorales, contra 29% de Gómez, muy arriba de Juan Zepeda, el candidato del PRD, con 19%, y Josefina Vázquez Mota del PAN, con 13%. En la muestra del periódico, sin embargo, se registra que alrededor de dos de cada 10 encuestados, no quisieron revelar su preferencia electoral, que es un porcentaje que de votar alteraría cualquier muestra realizada. Esta ha sido precisamente la tendencia en las últimas elecciones, la más significativa hace casi dos años en Nuevo León, donde las encuestas daban una apretada victoria para Jaime Rodríguez, “El Bronco”, o incluso una derrota ante la candidata del PRI, Ivonne Álvarez, que resultó en una paliza dos a uno. El PRI también esperaba ganar las elecciones para gobernador en Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango el año pasado, y se fueron a la oposición por ese voto oculto en las encuestas.

Si las tendencias electorales en los dos últimos años han mostrado que esta variable ha sido tóxica para el PRI, la pregunta es por qué en el Estado de México tendría que ser diferente. El alto porcentaje de las personas que no revelan por quién quieren votar genera preocupación por un lado, y optimismo por el otro, pero sobre todo, en función de las metodologías de cada partido, diferentes tendencias de voto y mayor incertidumbre.

El tracking poll del PRI, por ejemplo, que arrojó un cruce preocupante para ellos el 10 de mayo, tras el segundo debate, cuando Gómez superó a Del Mazo en una tendencia que parecía difícil revertir, mostró un cambio importante el mismo día en que se publicó la encuesta de El Financiero, aunque la ventaja del priista sobre la morenista no era como la traía el periódico, sino un poco más modesta, de 2 puntos porcentuales. El tracking poll es una encuesta que mide diariamente a los candidatos y sirve para estrategia más que como proyección de voto.

Bajo esta advertencia, el tracking poll de Morena dice otras cosas. Por ejemplo, que la ventaja de Gómez es irreversible, al haber estado en algunos momentos dentro de ese registro, hasta en 10 puntos de ventaja sobre Del Mazo. La principal encuesta que tiene Morena para consumo interno, es de la firma Indicadores S.C., refleja esa diferencia, que con fecha del 28 de mayo confirma que en una semana prácticamente no se movió nada. En esta última señala que Gómez y Morena aventajan en las preferencias con 36.6% del voto, contra 25.4% de Del Mazo y el PRI, arrumbando a Zepeda y el PRD en 17% y a Vázquez Mota y el PAN con 14%. Pero una encuesta telefónica que mandó a hacer el PAN, cuyos resultados estuvieron listos el 25 de mayo, muestra al PRI con una significativa ventaja de 6 puntos, 28.7% de la preferencia de voto, contra 22.2% para Morena, 16.1% para el PRD y 12.4% para el PAN, con un nivel de no respuesta de 17.3%.

Si sólo se observan las preferencias de voto la confusión puede ser enorme. Hay otros datos que dicen mucho del electorado. Uno de ellos fundamental, sobre todo en el Estado de México, es la aprobación de los gobernantes. En la última encuesta de Morena, ubican al nivel de desaprobación del presidente Enrique Peña Nieto en 78.6%, y la del gobernador Eruviel Ávila en 65%. Los datos sobre aprobación presidencial son consistentes con la mayor parte de los estudios, donde 8 de cada 10 electores rechazan la gestión de Peña Nieto, aunque es superior por casi 15% el rechazo a Ávila.

La desaprobación del Presidente es algo que ha ido cargando toda la campaña Del Mazo, y en las elecciones el año pasado, el rechazo a Peña Nieto y los gobernadores fueron claves en las derrotas del PRI. El otro dato a observar es la abstención. Según las muestras del PRI, esperan un nivel de participación de 42%, lo que ya le preocupa a los estrategas de Del Mazo, porque entre más gente salga a votar, consideran, más lo hará por la oposición. El resto de los encuestadores se debate si la participación será en 50 o 60%, lo que sería un récord histórico para el Estado de México y de ser así, un probable campanazo electoral.
26 Mayo 2017 04:08:00
El valor de un periodista: 12 mil pesos
En 17 años, desde que el entonces subdirector de Pemex, Juan Bueno, denunció por primera vez que estaban robando combustible de los ductos de la empresa, las cosas cambiaron significativamente. No sólo porque de aquellos ingresos criminales de 2 mil millones de pesos anuales se fueron en 2016 a 30 mil millones, sino porque el tejido social en decenas de comunidades por donde atraviesan los ductos de Pemex se transformó radicalmente. El trabajo en el campo, lavando excusados o limpiando pisos fue cediendo ante la construcción de estructuras criminales. En la zona huachicolera, que se extiende por seis municipios en Puebla, los jefes de familia se integraron a las bandas criminales, sus hijos mayores a las legiones de halcones, y los niños y las mujeres, contribuyeron a los ingresos de la casa ofreciéndose como escudo cuando los militares y las policías quisieran intervenir y frenar el negocio.

La forma como un pueblo se mezcló y se convirtió en uno mismo con los grupos criminales, se vio durante dos enfrentamientos este mes en Palmarito, una comunidad que se encuentra en esa región, donde decenas de pobladores se enfrentaron a militares que vigilaban la zona y mataron a cuatro en un primer incidente. Dos días después emboscaron un convoy del Ejército porque quería decomisar varios vehículos donde transportaban combustible robado. Una buena parte del pueblo participó para defender sus intereses económicos, como lo había venido haciendo a lo largo del año ante los intentos de la Policía poblana de frenar el robo de combustible, como parte de una acción estatal y federal no anunciada, respuesta al desbordamiento de un problema que estaba a punto de alcanzar una nueva dimensión, como sucedió en mayo con el asesinato de soldados.

En marzo, a las acciones de las fuerzas de seguridad se sumaron dependencias a las que se había mantenido al margen del combate a los criminales que ordeñan los ductos. Por primera vez se desdoblaron los esfuerzos y se comenzó a combatir el delito buscando a los que hacían florecer el negocio del combustible robado. Ese mes el SAT comenzó a revisar los manifiestos de compra y venta de combustibles en todas las gasolineras de la región huachicolera, y se reforzó el envío de fuerzas de seguridad a esos seis municipios que se conocen como el Triángulo Rojo. Nadie se inhibió ni arredró ante la llegada del Ejército. No había razones.

Durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la tolerancia al robo de combustible había detonado el negocio ilegal. En 2013, al arrancar el sexenio, el robo de combustible ascendía a 11.9 millones de barriles anuales, que se fue a 20.5 millones de barriles para mayo de 2016, y subió 2 millones de barriles más en septiembre. Para dar una idea de la magnitud del negocio, los criminales vendían a la orilla de las carreteras o en las comunidades huachicoleras, el litro de combustible entre 7 y 9 pesos, que generó el año pasado un ingreso de 143 millones de pesos, lo que significó que cada dos días, con la estimación más conservadora, se extraía combustible de un ducto en esa zona.

El Triángulo Rojo, que hace a Puebla el principal estado en robo de combustible, fue un campo abierto para los criminales durante dos últimos años: de 560 tomas clandestinas que había en 2015, se fueron a mil 105 al año siguiente. De ese total, en Tepeaca, Palmar del Bravo y Quecholac, a donde pertenece Palmarito, fue donde más incidentes de ordeña de ductos se dieron. Ellos son tres de los seis principales puntos en el país donde se concentra la actividad criminal. Altamira, Irapuato en el ducto Salamanca-Aguascalientes-Zacatecas, y una vez más en Irapuato, en el ducto Salamanca-León, forman al resto del grupo donde se dieron los puntos de mayor ordeña de combustible: 268 ordeñas –el registro más alto del país–, 146 en el ducto hacia Zacatecas, y 136 en el que va a León, respectivamente.

El Gobierno tiene desde hace tiempo el atlas de incidencias en la ordeña de combustible, que se concentra en ocho estados, Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, México , Hidalgo, Jalisco y Michoacán, pero no hizo mucho por reforzar la seguridad, ni por impedir que el tejido social se fuera deteriorando. Los pobladores en esa zona se quejaban de su precariedad y la falta de oportunidades, pero no los escucharon. Los criminales encontraron una tierra fértil para sumarlos al negocio. Quienes participaban directamente en la ordeña ganaban 40 mil pesos mensuales, y los jóvenes y niños que servían de halcones, 12 mil. Las bandas criminales que emergieron como las más violentas en la zona huachicolera, Los Negros y Los Marranos, no querían ojos extraños que registraran sus pillerías y le pusieron precio a sus cabezas: por cada periodista muerto les pagarían 12 mil pesos. Los periodistas denunciaron las amenazas, pero sin acciones para defenderlos, dejaron de informar ante la ausencia de condiciones de seguridad.

La muerte de cuatro militares cambió el metabolismo institucional. Cuatro soldados muertos en Palmarito y el enojo del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, lograron lo que un patrón de muertes y la putrefacción social en el Triángulo Rojo no habían conseguido: que ese delito, problema de seguridad nacional, se tomara en serio. Fue una reacción tardía pero indispensable. El rompimiento del tejido social llevó a comunidades enteras al lado de los criminales, ante el abandono de los gobernantes, aunque no está claro cómo se pueda revertir.
25 Mayo 2017 04:08:00
Pleito huachicolero
El negocio del robo de combustible es un gran negocio. Todos los cárteles de la droga han expandido sus actividades criminales hacia la ordeña de los ductos de Pemex porque es lo que más dinero les está dejando. Una célula de Los Zetas, que es la organización que comenzó la ordeña de manera organizada como un negocio colateral al narcotráfico y contrabando humano, obtiene un promedio de 7 millones de pesos semanales. Diariamente, en la hoy famosa zona del Triángulo Rojo en Puebla, las ganancias que obtienen las bandas criminales por ese hurto es de 2 millones de pesos diarios. Tan grande es el valor de esa actividad, que Pemex reconoce que el año pasado perdió 30 mil millones de pesos por el combustible que extrajeron de sus ductos. La merma financiera para Pemex es monumental, pero el problema, que es viejo, no había sido atacado de manera abierta y enérgica como hasta este mes. La muerte de cuatro soldados derrumbó la negligencia gubernamental, que era asombrosa.

Tuvieron que suceder dos ataques directos a soldados en el Triángulo Rojo, la de mayor incidencia de robo a combustibles, a principio de mayo –cuatro militares murieron en uno de los enfrentamientos con los criminales–, para que el Gobierno cambiara su actitud y, tomara con seriedad el combate a esos grupos criminales. La decisión del presidente Enrique Peña Nieto para que se enfrentara en forma transversal el fenómeno criminal se dio únicamente al final de todo un año de conflicto en esa zona huachicol, cuya reacción, no prevención, es la narrativa de cómo este crimen les estalló en las manos.

El presidente Peña Nieto tendría que haber estado muy bien informado del problema que se vivía, pues desde hace unos tres años promovió a quien había sido su jefe de seguridad en el Gobierno del Estado de México, el general brigadier Eduardo León Trawitz, como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, que es el área responsable de los ductos. El general Trawitz sostenía reuniones regulares con los responsables del área logística de Pemex para discutir del robo de combustible, donde había acusaciones cruzadas. Exfuncionarios que conocen de esas reuniones, recuerdan que el general afirmaba que el robo tenía cómplices dentro de Pemex, mientras que los encargados de logística respondían que era responsabilidad de los militares la vigilancia.

El alegato del general es que tenía que haber complicidad en Pemex con los criminales porque para poder ordeñar un ducto se necesitaba, a fin de evitar una explosión letal, que no estuviera transportando combustible, información que sólo podría provenir del salón de control de ductos de la empresa. Esta idea sigue permeando en el Gobierno federal y se está investigando en Pemex la posibilidad de complicidad con los criminales. Pero el alegato de los responsables de logística, sobre todo en el periodo 2014-2015, era por la información que se tenía en las áreas de seguridad del Gobierno poblano, que la ordeña de ductos en el Triángulo Rojo estaba avalada y, en algunos casos, controlada, por los militares. Un enfrentamiento entre soldados y Policía Estatal en Amozoc, uno de los seis municipios de la zona huachicolera, por el manejo del combustible robado, hizo emerger la corrupción institucional, pero el expediente se congeló por el daño que haría a la imagen de los gobiernos, pero particularmente al Ejército.

Pese a esas señales de alarma, no se hizo nada. José Antonio González Anaya relevó a Emilio Lozoya en la dirección de Pemex a principio de 2016, y entre las cosas que cambió drásticamente, fueron las acciones en marcha para enfrentar la ordeña de ductos. Canceló el proyecto de desarrollo de trazadores que estaba realizando una empresa privada mexicana, por falta de presupuesto, y también paró una negociación con una empresa colombiana que vendía un sistema que utilizaba una especie de pelotas que corrían por los ductos y que en el momento que se registrara una perforación, tapaban el orificio.

El descuido se potencia porque en el Triángulo Rojo se incrementó el desafío de los criminales este año: el 11 de febrero asesinaron al regidor de Industria y Comercio de Quecholac, en un enfrentamiento contra huachicoleros; el 9 de marzo asesinaron a tres agentes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto cuando investigaban a una banda dedicada al robo de combustible; el 16 periodistas y ONG denunciaron amenazas de muerte de huachicoleros en esa zona; el 27, los habitantes de la zona atacaron un convoy militar para evitar que se llevaran dos camioneras con combustible robado; el 26 de abril los huachicoleros atacaron un destacamento militar en respuesta a un decomiso de otros vehículos con combustible robado; y en mayo, el 3, huachicoleros y pobladores de Palmarito atacaron a militares y mataron a cuatro soldados, y tres días después, cuando los militares se llevaban otras camionetas con combustible robado, volvieron a atacar a un destacamento militar en la misma comunidad.

Sólo así reaccionó el Gobierno. El Presidente ordenó el envío de 2 mil 500 soldados a la región, para reforzar a los 500 policías estatales enviados para combate y control en la zona huachicolera. En Pemex restablecieron las negociaciones –aunque los costos se elevaron 100% en todo el tiempo de abandono–, y el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, a manera de reclamo, afirmó: hubieron omisiones y fallas de autoridades para proteger el combustible mexicano. Tiene razón. Este problema ya cumplió 14 años, que pudrió a las comunidades y corrompió a las autoridades. Otro capítulo más de la microhistoria mexicana.
24 Mayo 2017 04:00:00
Fake news mexicanas
Coahuila se ha convertido en el laboratorio mexicano de las fake news, este concepto que define la manipulación de un electorado a partir de la diseminación de información apócrifa. En la última semana, dos candidatos en ese estado han sido víctimas de las fake news, Guillermo Anaya, el panista que busca la Gubernatura de Coahuila, y Humberto Moreira, presidente del PRI durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y que quiere ser diputado local por el Partido Joven. En ambos casos, los creadores de esas fake news han utilizado a periódicos de la Ciudad de México como vehículos para mostrarlos como mentirosos, deshonestos y poco dignos para recibir el voto de los ciudadanos, a los cuales les han entregado documentación para lanzar denuncias, de origen anónimo, que descarrilen sus esfuerzos.

Hace tiempo los partidos entendieron que su voz había perdido credibilidad, por lo que las denuncias directas en conferencias de prensa o a través de sus espacios no causaban el impacto que buscaban. Encontraron que esa misma denuncia, difundida por un medio de comunicación tenía un efecto multiplicador y negativo contra el objetivo seleccionado. La semana pasada se publicó que Moreira tenía abierta una investigación en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre transferencias bancarias que su esposa y su cuñada habían hecho entre 2013 y 2016 por 62 millones de dólares, a cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, desde una cuenta en el Broadway Bank de San Antonio, Texas.

La publicación generó reacciones inmediatas de los partidos y los políticos, que exigieron a las autoridades mexicanas que se investigaran las acusaciones. Las secuelas de esa información aún rebota en la opinión pública, pese a que esa cuenta no existe. Una persona, después de esa revelación, intentó depositar 25 dólares en la cuenta del banco texano, pero le dijeron en las cajas que no existía. Un caso similar le sucedió a Anaya esta semana, al difundirse que tenía una cuenta en Banorte y otra en Barbados, que sumaban depósitos por 211 millones de pesos, pese a que en su declaración 3 de 3 sólo había reportado un ingreso neto mensual de dos millones. Anaya recibió de Banorte, a petición de él, una carta donde informó que la cuenta referida, no existía.

Verosimilitudes no es lo mismo que veracidad. No es la primera vez que se emplean fake news en los procesos electorales en México, que se volvieron relevantes y notorios como concepto durante la campaña presidencial en Estados Unidos, donde los grupos de extrema derecha simpatizantes de Donald Trump, desarrollaron sitios e información falsa para desacreditar a Hillary Clinton. Mucha de esa información falsa circuló a través de Facebook, donde de acuerdo con el medio digital BuzzFeed, de las 20 noticias apócrifas más relevantes, 19 afectaban a Clinton. El Centro Pew Research realizó una encuesta en diciembre de 2016 que encontró que el 64% de los adultos estadounidenses creían que las fake news habían causado mucha confusión sobre los hechos reales o temas de actualidad, mientras que el 23% de loas encuestados admitieron que habían compartido esas informaciones apócrifas.

Previamente en México se utilizaron noticias falsas para descarrillar campañas. La primera muy notoria fue la campaña de Arturo Zamora, del PRI, por la Gubernatura de Jalisco 2006, al publicarse que era investigado por la DEA por supuestos vínculos con el narcotráfico. Esa información falsa le costó la Gubernatura, y se volvió a utilizar la misma especie en la campaña para senador, aunque en esa ocasión ya no tuvo impacto. En la contienda presidencial en 2012, le dieron a un columnista información que el coordinador de la campaña de Peña Nieto, Luis Videgaray, realizaba transferencias de recursos a través de una cuenta en Santander, con la ayuda de su madre, que era ejecutiva del banco. El columnista buscó a Videgaray para saber su opinión, y encontró que lo que le habían dado, no era cierto, por lo que no difundió nada. Al columnista le ofrecieron también las pruebas de que los hermanos del entonces secretario de Organización del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, tenían cuentas millonarios en Panamá, y cuando dijo que tendría que verificarlo primero para saber si eran reales, ya no le entregaron los documentos, mismos que fueron publicados dos semanas después en un medio que tuvo que admitir ante la amenaza de demandas, que eran falsos.

Aquellas noticias apócrifas eran ocasionales, pero en los dos últimos años las fake news, existentes antes de Trump, han sido utilizadas de manera sistemática en procesos electorales en México. Una de las formas más recurridas ha sido la plantación de encuestas apócrifas, un recurso que se incrementó en las actuales campañas, inclusive en diarios capitalinos sin historia en el uso y manejo de estudios demoscópicos. Las encuestas falsas han servido para generar confusión y crear condiciones disruptivas en las elecciones del 4 de junio, donde los políticos de todo sino han encontrado en la inmadurez política de los medios, vehículos eficientes para sus propósitos inmediatos.

Los políticos han encontrado en la aportación de documentación apócrifa, que el daño a su reputación es limitada y se transfiere el descrédito a los medios. A algunos no les interesa la mala fama pública, pero los más serios deberán reflexionar sobre sus controles editoriales internos para impedir que sean utilizados malamente en el futuro.
23 Mayo 2017 04:07:00
La fiesta inolvidable
En Anzures, una colonia en la Ciudad de México de abolengo venido a menos, hay una casa donde los días son espectaculares. Se encuentra en una calle con nombre de astrónomo y es administrada por Froylán Gracia García, coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex durante la administración de Emilio Lozoya. La casa no es distinta a las que hay en esa zona de la capital, pero lo que la distingue es su interior y lo que se da un promedio de dos veces por semana: empresarios y políticos, funcionarios federales y gobernadores, llegan ahí por invitación con el propósito de hacer negocios. Qué tipo de negocios realizan, está totalmente libre a la imaginación. Cuántos se han podido concretar, no se sabe. Pero en el momento en que se entra a la casa eso parece irrelevante.

La planta baja dispone de una gran barra, que ha sorprendido por su tamaño a más de un invitado, donde hay todas las marcas de bebida para cualquier tipo de paladar y capricho. Se encuentra en un espacio abierto que de día puede funcionar meramente como bar, y en las noches se convierte, por la decoración y la iluminación, en una discoteca. Hay meseros elegantemente vestidos que ofrecen canapés a los invitados, aunque en la parte trasera de la casa hay un patio en donde se pueden dar comidas. Pero la joya de la casa es otra.

El atractivo para los grupos selectos que acuden, no más de 15 de preferencia, son las mujeres. Algunos de quienes han ido a esas reuniones las describen como espectaculares. Eslavas y brasileñas, únicamente, son acompañantes para quien quiera platicar con ellas, adiestradas a retirarse cuando los visitantes comienzan a platicar de temas que no sean para gastar tiempo en superficialidades. Pero están ahí para lo que deseen los invitados. En la planta alta hay suites, no oficinas, para quien busque una mayor privacidad.

Nadie sabe –o si lo sabe no le importa– si todo lo que suceda en esa casa es videograbado. Se desconoce, porque hasta ahora nadie lo ha descubierto, que existan micrófonos para grabar conversaciones. Por una extraña razón, nadie se pregunta que si todo es gratis, las mujeres, las bebidas, el servicio, en dónde está el negocio de Gracia García. Su nombre ha sido una fuente de conversación dentro del Gobierno federal durante buena parte del sexenio, al haber sido la persona más influyente durante la administración de Lozoya en Pemex, que despachaba junto al entonces director de la empresa y por quien todos los asuntos relevantes tenían que pasar primero por el semáforo de su despacho.

La integridad de Gracia García fue defendida siempre por Lozoya, quien aseguraba que todas las insinuaciones e imputaciones en su contra eran falsas. Las autoridades abrieron investigaciones informales sobre el exfuncionario, y no se sabe si exista un expediente judicial actualmente en su contra. Gracia García ha sido señalado por inversionistas extranjeros y mexicanos como un funcionario que cobraba por gestionar citas con Lozoya –que el exdirector de Pemex también ha negado–, y acusado de realizar negocios paralelos abusando de su delicado puesto de confianza.

Lozoya fue removido de Pemex después de meses de que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pidió al presidente Enrique Peña Nieto su cese, por lo que consideraba un desorden administrativo en la empresa, y por los presuntos actos de corrupción durante su gestión. Los señalamientos contra Lozoya crecieron después de su salida, lo que motivó que la intención de Peña Nieto de nombrarlo embajador de México en el Reino Unido se congeló por meses y finalmente se canceló. Una intentona del presidente del PRI, Enrique Ochoa, por incorporarlo al Comité Ejecutivo Nacional cuando fue nombrado en la institución, también fue desechada por el mal ambiente que tenía Lozoya en el gabinete. Nada legal hay hasta ahora en contra del exdirector de Pemex, quien mantiene discretamente una consultoría en una oficina en las Lomas de Chapultepec.

Tampoco tiene vinculación alguna con la casa en Anzures que administra y opera Gracia García, quien pese a la muy mala imagen en el gobierno peñista, no parece haber tenido mayor problema para montar su nuevo negocio y convocar a funcionarios, políticos y empresarios a que utilicen la instalación para relajarse y alcanzar acuerdos benéficos para todos. La manera como Gracia García ha sido capaz de construir tan peculiar empresa, habla de la ligereza o frivolidad, además de irresponsabilidad con la que actores políticos y agentes económicos realizan los asuntos públicos.

La satanización de Gracia García dentro del Gobierno debería de ser el semáforo rojo para evitar tener un trato directo o indirecto con él en cualquier tema de orden público. El que todo lo que puedan usar y gozar en esa casa sea de manera gratuita significa –porque no cabe pensar en la ingenuidad de los visitantes– que hay otro tipo de pago al exfuncionario de Pemex. Se desconoce si es una comisión acordada por cada negocio, como lo acusan de sus tiempos como el brazo derecho del exdirector de Pemex, o algún otro tipo de beneficio. En todo caso, nada es gratis. Sobre todo ahí, en esa casa, donde varias personas que han asistido como invitados describen coincidentemente su experiencia como “una fiesta inolvidable”. Más se recordaría en el futuro si lo que sucede en su interior cada semana, fuera investigado para determinar si lo ahí acordado entre en el marco de presuntos actos de corrupción. Por lo pronto hay un exceso de cinismo, lo que no está penado por la ley, y muy en concordancia con lo que ha sido el sexenio al que le falta medio año para concluir.
22 Mayo 2017 04:07:00
Presidencia cazará corruptos
Finalmente, luego de más de cuatro años de gobierno, en Los Pinos cayeron en cuenta que junto con las reformas, un importante detonador del malestar de los mexicanos tiene que ver con la corrupción. El 1 de mayo, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, le propuso al consejero jurídico en Los Pinos, Humberto Castillejos, uno de los funcionarios más influyentes en el presidente Enrique Peña Nieto, una estrategia para combatir la corrupción en el Gobierno federal. Guzmán, revelaron funcionarios, solicitó a todas las secretarías un listado de trabajadores que pudieran ser acusados por corrupción, para que pudieran ser explotados penal y mediáticamente y comenzó a trabajar de esta manera el final del sexenio, que se encuentra a sólo 17 meses de distancia.

La petición de Guzmán revela varias facetas sobresalientes del Gobierno actual. Por un lado, la aceptación implícita del presidente Peña Nieto que la corrupción tiene infectado a su gobierno. Peña Nieto era refractario a la sola insinuación de corruptos en su administración, y todavía en diciembre, cuando se le preguntaba directamente sobre qué haría al respecto, respondía que su gobierno era el que más había hecho en el combate a la corrupción. La impresión que siempre dejaba era la de negación total a un fenómeno que se había convertido en su gangrena. No está claro en qué momento cambió su parecer, y autorizar acciones como las propuestas por Guzmán, pero en el primer trimestre del año, en una reunión con el equipo editorial de un medio en la Ciudad de México, uno de sus interlocutores fue –según personas que estuvieron en ese encuentro– brutal, por decir lo menos. Le dijo, no literalmente como aquí se apunta, que si no había pensado que una vez que terminara su mandato podría ser acusado por corrupción. La cara de Peña Nieto, recordaron los presentes, cambió de color y fue evidente su enojo.

La otra faceta que sacó al descubierto la iniciativa de Guzmán, es la aceptación clara del conocimiento que hay en Los Pinos sobre la corrupción en el Gobierno. Cuándo la reconocieron, no está claro. En qué momento les pareció que había rebasado todo lo tolerable posible, en el contexto de un régimen donde la colusión y las ilegalidades son parte del combustible que lo mantiene todavía, tampoco. La corrupción explotó a niveles no recordados por nadie, desde los primeros meses del Gobierno de Peña Nieto, con la llegada de un alto número de mexiquenses a la administración pública federal. Los primeros en sentir la voracidad fueron los empresarios, quienes se quejaban que los niveles de corrupción del pasado, cuando les pedían un promedio de 10-15% de comisión sobre las licitaciones de obra pública que ganaran en un concurso se había elevado hasta en un 40%, y escaló todavía más en los últimos meses, en algunos casos que comentan pero no denuncian públicamente, hasta 80%. Cínicamente, en el Gobierno le están llamando “retorno de inversión”.

Las cifras son increíbles, incluso para un sistema donde la corrupción ha sido un estilo de vida y un método de operación cotidiana durante décadas. Sin embargo, pese a que desde 2013 los empresarios comenzaron a expresar su malestar, dos miembros del gabinete consultados por este espacio en aquellos meses del incipiente gobierno aseguraron no haber escuchado nada sobre este tema. La corrupción dentro del Gobierno comenzó a permear en el gabinete hasta 2015, según algunos funcionarios, pero no pasó nada. Incluso, como mostró la actitud del presidente Peña Nieto, la negación era la constante. Después de la derrota del PRI en la mayoría de las elecciones para gobernador el año pasado y los números decrecientes del respaldo electoral al partido y a sus candidatos en las elecciones para gobernador en tres estados en junio, dentro del Gobierno hay otro tipo de sensibilidad acelerada por la preocupación de perder el poder. Un funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, admitió que si un partido de oposición llegara al poder el próximo año y actuara con energía, “no alcanzarían las cárceles para tantos funcionarios” vinculados a actos de corrupción.

Ya fue demasiado para seguir manteniendo la ceguera. Incluso para los mexiquenses en Los Pinos. El encuentro de Guzmán y Castillejos en mayo transcurrió en esa dirección. Carne para el sacrificio de fin de sexenio, es lo que están pidiendo a las dependencias del Gobierno, cuyas listas negras se están elaborando para que se trabajen con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. El enfoque se está haciendo en aquellas dependencias donde se manejen fondos públicos, o en áreas sensibles, como en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde se inició una auditoría por la venta de los dos últimos ingenios del Gobierno, por 3 mil 400 millones de pesos.

La cacería de corruptos ha comenzado. No hay pistas todavía de por dónde podrán venir los primeros señalamientos, más allá de las investigaciones en curso dentro de Pemex. Funcionarios federales indicaron que la estrategia no se limita al Gobierno del presidente Peña Nieto, sino que también se está analizando a los gobernadores –priistas y de oposición– por el manejo de los fondos públicos. Se desconocen las razones por las cuales Peña Nieto autorizó a sus dos cercanos colaboradores a iniciar la persecución, pero queda claro que con esto empezó a construir un puente para el día después que deje la Presidencia, levantado sobre la infamia pública de funcionarios.
19 Mayo 2017 04:08:00
Sin capitán de barco
El asesinato de Javier Valdez Cárdenas esta semana fue el catalizador de que algo está sucediendo en la guerra contra el narcotráfico. No está claro qué es, pero que enseña que esa lucha no puede seguir analizándose con las categorías hasta ahora utilizadas. El asesinato de Valdés Cárdenas fue producto de una inteligencia criminal diferente. El fundador y director del semanario sinaloense Ríodoce no firmaba los textos más penetrantes sobre el narcotráfico, por lo que la hipótesis sobre el qué había escrito para buscar pistas sobre presuntos asesinos es endeble. Es decir, pese a haber realizado una crónica a lo largo de los años a través de varios libros sobre el narcotráfico, no estaba directamente en la línea de fuego. Sin embargo, el respetado periodista, galardonado internacionalmente era un símbolo en esta profesión que sobrevive en el ecosistema de la violencia, por lo que se puede argumentar que el crimen fue contra un objetivo de alto impacto pensado para que sacudiera todas las estructuras.

Así fue. La posición de la Fiscalía de Sinaloa que tiene como principal línea de investigación el que haya sido un robo de auto no se sostiene: la dispararon 12 tiros de cuando menos dos calibres diferentes, lo que habla de al menos dos asesinos, quienes, lo más importante, nunca intentaron robarse el vehículo. El crimen generó, como no había sucedido desde el asesinato de Manuel Buendía en 1984, un sentimiento de indefensión e impotencia en el gremio, particularmente entre aquellos que, a diferencia de los charlatanes y oportunistas en la profesión, saben cuándo las amenazas y los entornos significan algo. El crimen de Buendía fue en un inefable mayo, al cerrar un mes de inestabilidad política originado en Estados Unidos con denuncias nunca probadas de desvío de dinero del entonces presidente Miguel de la Madrid, y pocas semanas después de que Buendía había retomado una denuncia de los obispos del Pacífico donde alertaban por primera vez que las estructuras políticas estaban coludidas con el crimen organizado.

Ese crimen abriría una década de turbulencia narcopolítica. Casi una década después fue asesinado en Guadalajara el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, durante un extraño intento de asesinato de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por parte de matones de los hermanos Arellano Félix, del cártel de Tijuana. Posadas Ocampo fue acribillado en el aeropuerto de esa capital, a donde había ido a recoger al nuncio apostólico, Girolamo Prigione, quien lo iba a acompañar a la inauguración de una mueblería de un amigo del obispo, Eduardo González Quirarte, lugarteniente de Amado Carrillo, el inmortalizado –por las telenovelas– “Señor de los Cielos”, y quien era el encargado del cártel de Juárez para penetrar y reclutar a generales.

Visto en la línea de tiempo histórica, el crimen Buendía comenzó una década de turbulencia, donde los sobresalientes de esa época incluyeron el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, que había infiltrado al cártel de Guadalajara, por lo que sus jefes, Rafael Caro Quintero –a quien la PGR en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no actuó para impedirle que recuperara su libertad por un tecnicismo jurídico–, y Ernesto Fonseca, quien logró del Poder Judicial su liberación anticipada por enfermedad, y la irrupción maldita del narcotráfico en el Ejército, con la compra de protección del general de tres estrellas, Jesús Gutiérrez Rebollo, quien era el zar contra las drogas en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Esa época trajo el magnicidio del candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, y del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Durante esos años, las instituciones se fueron debilitando y los cárteles de la droga fortaleciéndose y penetrando las estructuras políticas nacionales.

Lo que se sembró en aquellos años llegó a niveles de rebase en el Gobierno del presidente Vicente Fox, donde Michoacán y Tamaulipas se habían convertido prácticamente en narcoestados, lo que propició la guerra contra las drogas en el Gobierno del presidente Felipe Calderón. La llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia trajo consigo una gran estrategia de lengua que se hizo añicos en el primer año de administración, y un rezago en la lucha contra la delincuencia organizada. El asesinato de Valdés Cárdenas se inscribe en el desbordamiento en el que se encuentra el Gobierno frente a los criminales, y la notable falta de estrategia para combatirlos, pero no sólo como consecuencia de la incompetencia en materia de seguridad pública, sino como un desafío al Estado Mexicano.

Es ese algo que no se puede definir pero que se ve que existe, donde cambió la dinámica del crimen organizado y, por tanto, deberían de cambiar también las formas de combatirla. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, estuvo en Washington este jueves para concretar una nueva estrategia con Estados Unidos en este campo, donde abordarán el fenómeno desde un punto de vista del negocio que representa para atacarlo en todas sus facetas. Es decir, un combate integral que deje atrás el énfasis policial de Calderón. Pero un día antes, en respuesta a las presiones por el asesinato de Valdés Cárdenas, Peña Nieto anunció un paquete de medidas para proteger a periodistas que sólo comprende un enfoque policial. La transversalidad acordada por Videgaray en Estados Unidos, ignorada por un presidente que, o no entienda nada de lo que le plantean, o no escucha lo que le dice su canciller. En todo caso, qué preocupante. El barco no tiene capitán.
18 Mayo 2017 04:08:00
Recuerdos de las dictaduras
Le llamaron la “Operación Piña” y se ejecutó la tarde del 24 de marzo de 1980, cuando el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, oficiaba una misa privada. Unos matones bajo las órdenes del mayor Roberto D’Aubuisson, acribillaron a monseñor Romero, un sacerdote que había sido conservador hasta que un sacerdote muy cercano, Rutilio Grande, fue asesinado por predicar por los pobres. Romero se concientizó y cambió de rezar por las élites a los que más necesitaban, con una prédica contra la violencia. Su asesinato aceleró lo que urgía frenar y se inició una larga noche donde fueron cayendo religiosos, líderes sociales, sindicalistas, maestros, defensores de derechos humanos y políticos. Todo aquello que significaba peligro para la Junta Militar, fue eliminado. Nadie con capacidad dialéctica, habilidad para organizar y recursos persuasivos, sobrevivió. La dictadura no permitía desafíos.

Aquellos eran los prolegómenos de una década de terror en América Central donde los líderes sociales aparecían asesinados o degollados en las orillas de las carreteras. Los escuadrones de la muerte, organizados por D’Aubuisson, liquidaban a quien no se plegara a la dictadura militar. El método de descabezar a quienes mejor preparación tenía y mayor capacidad intelectual mostraban, se extendió por la región. En Guatemala, los líderes sociales fueron los primeros en caer. Siguió Honduras, donde como en El Salvador y Guatemala, la verdadera guerra fue contra las ideas. No hay arma más letal que la mente, cuyo arsenal era visto por los regímenes militares incubado en la disidencia social.

Los recuerdos de esas dictaduras caen como premonición en la realidad mexicana. De acuerdo con un seguimiento informativo de Eje Central, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha incrementado el número de asesinatos contra líderes sociales y activistas. En 52 meses de administración, sintetizó la reportera et-biraí Nieto Morales, se cometieron 261 asesinatos: 17 contra sacerdotes, 123 contra líderes sociales –en su mayoría relacionados con la defensa de los derechos humanos–, 83 contra presidentes municipales y 38 contra periodistas.

A diferencia de lo que sucedió en el llamado Triángulo del Norte, donde las acciones represivas fueron emprendidas por los gobiernos militares, en México, “la mayoría de los ataques ocurrieron en municipios y regiones que coinciden con los lugares donde el crimen organizado estableció una estrategia para apoderarse del territorio. En todos los casos el común denominador es el contexto de violencia en la región en que se cometieron, ya sea por cambios en las administraciones gubernamentales estatales y municipales o por la presencia de nuevos grupos de organizaciones criminales”. Eje Central citó el informe La Violencia de las Drogas en México, del proyecto Justicia en México de la Universidad de San Diego, que afirma que en la mayoría de los homicidios contra alcaldes y sus familiares se usaron métodos del crimen organizada, que repercute en el aspecto social, dado que “el asesinato de posiciones políticas amenaza el proceso democrático y socava el imperio de la ley”. No es el sector político, sin embargo, el más afectado.

Periodistas y religiosos son los más atacados. De acuerdo con el reporte Panorama de homicidios en el actual sexenio del Centro Católico Multimedial, los sacerdotes son vulnerables a diversos ataques en la creciente ola de agresión, asesinatos y desapariciones “acaecidos bajo la mirada indiferente de las autoridades, sobre todo, en las zonas de alto riesgo, donde prolifera la inseguridad y operan los grupos del crimen organizado”. Nieto Morales explicó que el papel e influencia que llegan a tener los clérigos en las comunidades, los convierte en blanco del crimen organizado, pues los ataques en su contra generan temor entre los pobladores. En el caso de los periodistas, según la organización no gubernamental Artículo 19, “su labor diaria de informar a la población hechos que atañen a toda la sociedad, suelen incomodar a actores políticos, privados o del crimen organizado que buscan que sus intereses no sean expuestos ante una sociedad cada vez más harta de los abusos e ineficacia de las autoridades”. Lo inquietante es que el grueso de las agresiones no provino del crimen organizado, sino de gobiernos: en 2016 hubo 226 agresiones contra periodistas por parte de funcionarios públicos y 17 de los grupos del crimen organizado. Las agresiones cometidas por grupos criminales contra periodistas disminuyeron 51.43%, mientras que la de los gobiernos, se incrementó 37% (para un total de 53%) con respecto a 2015.

“Aunque los homicidios contra periodistas y sacerdotes llegan a ser los más difundidos e indignan a varios sectores sociales, los ataques contra activistas y líderes sociales representan el mayor número de crímenes contra personajes comunitarios clave en el país, pues ascienden a 123 en este sexenio”, indicó la reportera Nieto Morales. “Es decir, desde diciembre de 2012 hasta la actualidad, han sido asesinados cada mes dos líderes en promedio en el territorio nacional”. La numeralia de la muerte en México de quienes piensan, hacen y organizan, son un mal presagio, si se recuerdan las experiencias en América Central.

Ocho meses después del asesinato de monseñor Romero, seis líderes políticos del Frente Democrático Revolucionario, una organización paraguas que representaba a los diferentes sectores de la sociedad, fueron secuestrados, torturados y asesinados en San Salvador. La historia de ese país comenzó a reescribirse con la partición de ese pequeño país que se vio inmerso en una interminable guerra civil. Ese momento de inflexión no se necesita en México. Se vive todos los días sin que nos demos cuenta del ecosistema mortal en el respiramos.
17 Mayo 2017 04:08:00
La guerra mexicana
En 2013, el semanario inglés The Economist se dio a la tarea de establecer cuantitativamente la definición de un estado de guerra civil. “No cada lucha que involucre a grupos armados es una guerra civil”, apunto. “Varias medidas cualitativas pueden ayudar un simple conflicto de una guerra: ¿tienen los rebeldes apoyo político? ¿tienen posibilidad de ganar? ¿buscan sólo dinero?

En la academia también se hacen distinciones cuantitativas. El problema es escoger el número. ¿Debería de ser la marca 25 muertos al año? ¿O 100? ¿O mil?”. Y agregó: “Arriba de la marca de mil, pocos dudan que es una guerra”. Sin embargo, no todos los conflictos violentos son percibidos como una guerra civil. México es un caso típico. Más de 50 mil muertos durante el gobierno de Felipe Calderón no fueron suficientes para que se pensara en México que había una guerra civil. Una suma que será mayor en el de Enrique Peña Nieto, seguramente tampoco será percibido como un conflicto que marcó al país. Pero eso es lo que tenemos.

En un análisis de Virginia Page en la Universidad de Columbia en Nueva York sobre paz y guerras civiles, la autora establece cinco criterios que definen un conflicto armado como guerra civil que, en México se cumplen todos: la guerra ha causado más de mil muertos; representa un desafío a la soberanía de un Estado internacionalmente reconocido; ocurre dentro de las fronteras de ese Estado; involucra al Estado como uno de los principales combatientes; y los rebeldes son capaces de mantener una oposición militar organizada y causar víctimas significativas al Estado. Como recordatorio, durante el primer trimestre de este año hubo 6 mil 511 denuncias de homicidio doloso en el país; es decir, seis veces más de la cantidad estándar para calificar un conflicto como una guerra civil.

Las autoridades han negado, desde el Gobierno de Calderón, que se viva una guerra civil. Es una guerra contra criminales, dijo siempre el expresidente. En el gobierno de Peña Nieto, mientras las fuerzas de seguridad federales dejaron de combatir criminales durante ocho meses, se hizo algo que sólo se había visto en la guerra de Bosnia en los 90: el Gobierno armó a un grupo (las autodefensas en Michoacán) para combatir y aniquilar a otro grupo (Los Caballeros Templarios). El Gobierno peñista no tiene en su vocabulario político la palabra “guerra”, pero las acciones extra constitucionales en Michoacán entran en la tipología del genocidio, razón por la cual se está armando un expediente en Estados Unidos contra el presidente Peña Nieto, para llevarlo a una corte internacional, acusado de crímenes de lesa humanidad.

Por sus omisiones y negligencias, con sus estrategias fallidas e ilegales como apoyar a miembros de la delincuencia organizada para limpiar de criminales a Michoacán, el Gobierno ha contribuido a la creación o consolidación de zonas donde la guerra es abierta. El testimonio de Jorge Alberto Martínez, corresponsal de la agencia Quadratín donde describe lo que sufrieron él y otros seis colegas el sábado en la zona guerrerense de Tierra Caliente, dibuja detrás del drama personal escenas que sólo se ven en los ecosistemas bélicos: retenes militares y de grupos antagónicos a las fuerzas gubernamentales; enfrentamientos armados en las calles, con vehículos incendiados como barricadas para frenar los ataques de los adversarios y servir de trinchera, y capas de colaboradores dentro de la población, sometida por adoctrinamiento, complicidad o miedo, para que los apoyen con información, vigilancia y acciones armadas.

Lo que vivieron los periodistas en la zona de Arcelia el sábado pasado, es similar a como se vivía la guerra civil en El Salvador, donde a la zona de conflicto se llegaba en automóvil y se pasaban retenes militares y de las fuerzas de oposición, para adentrarse a tierra de nadie y llegar al corazón del conflicto del día. La diferencia con El Salvador, es que mientras en Guerrero y otras regiones del país los periodistas pueden atestiguar la guerra que se vive de manera cotidiana, con una frecuencia que aterra, en El Salvador un corresponsal, si tenía suerte, podía cubrir personalmente no más de tres enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, al año. Ni esa, ni otras guerras civiles en el mundo han producido, en tan corto tiempo, tantos periodistas muertos como durante el Gobierno de Peña Nieto en la guerra civil no declarada: seis en los cinco meses que lleva el año, y siguen contando.

Se pueden trazar otras analogías. En Belfast, cuando la guerra de colonización en Irlanda del Norte –con tintes religiosos–, estaban perfectamente determinados los dos bandos en conflicto y dentro de la violencia había un orden. Más peligroso era en Beirut, en la guerra civil en Líbano, pero la única frontera de terror era la línea verde que dividía a musulmanes de cristianos; una vez en cualquiera de los dos territorios, había certidumbre sobre la vida. México es más como los Balcanes en la partición de Yugoslavia, donde cruzando la frontera de los Cascos Azules de la ONU todo era como en las zonas calientes mexicanas: posibilidades de ejecución sumaria, desapariciones, violencia dentro de las ciudades y el sólo orden de quien tenía las armas para decidir quién vivía y quién moría. Aquí, los periodistas se han convertido, como en otros conflictos en el mundo, en objetivos y daños colaterales. Igual que miles de mexicanos, hay que decirlo, atrapados también en este clima que mata.
16 Mayo 2017 04:07:00
El chistorete de Anaya
Fabricio Montaño no es conocido en la arena pública. Sin embargo, dentro del PAN juega un papel importante como operador de Ricardo Anaya, a cargo del trabajo con los alcaldes panistas. En los últimos días inició una campaña en las redes sociales con una selección de fotografías que decían: “Canadá: 2015, Justin Trudeau”; “Francia: 2017, Emmanuel Macron”; y “México: 2018, Ricardo Anaya”. Así, sin prurito alguno, colocó a su jefe como la vanguardia mexicana para el cambio. Pero ¿realmente es Anaya como el primer ministro de Canadá, que bebió la política corriendo por los vetustos pasillos del parlamento en Ottawa junto a su padre? O ¿como el Presidente francés, que se educó en la escuela que entrena a los líderes galos, y sirvió en el gabinete de un jefe de Estado? Por favor. Anaya es una broma personificada en líder de un partido.

La mofa que se puede hacer de la analogía, permitida a Montaño por su jefe Anaya, ha sido significativamente más cruel hacia el interior de su partido, donde críticos a su dirigencia, que lo conocen de tiempo, circularon un decálogo en el cual, con sarcasmo, acomodaron declaraciones públicas del dirigente del PAN donde desliza sutilmente las razones por las que debería ser el candidato a la Presidencia en 2018. En la mayoría de ellas, sin embargo, los hechos son contrarios a lo que postula. El texto lo titulan “Por qué”. ¿La razón?

“Porque nací para servir a mi país, para ayudar a los demás, es algo que tengo adentro y que siempre he practicado, lo mismo en el terremoto que en mi vida política”, parafrasearon al líder del PAN con un tono de burla.

“Para mí, ver por los demás es una obligación de vida”. Anaya presume lo que carece.

En un texto publicado en este espacio en noviembre pasado, se mencionó que se había convertido en el factor de división dentro del PAN por la forma con la que buscaba la candidatura presidencial, donde no mostraba los deseos de servir, sino de servir sus propósitos personales. “Sé dialogar con todos, porque mi vida ha sido un diálogo con los demás y creo que nuestro país necesita hablarse, no callarse: necesita ver hacia delante, no hacia atrás, necesita las palabras no el silencio, porque nuestro país ya tiene un pasado, lo que necesita es un futuro”, lo volvieron a parafrasear.

Aquel texto de noviembre se llamaba “Anaya, el sin amigos”, y mencionaba que traiciona amigos y rompe alianzas, dándole la espalda a quienes le ayudaron a dirigir el partido. La última en esta cadena, la candidata panista al Gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, a quien prometió no abandonaría en la contienda y ha dejado. “A mí nunca me ha engañado”, dijo una alta figura en el PAN, “pero por la única razón que nunca hemos acordado nada”. Cuando sus conocidos escribieron el texto sarcástico, no pudieron encontrar mejores frases para explicar la polaridad entre sus dichos y hechos, que esta: “Hay quienes creen en sí mismos nada más. Yo creo en México porque me gusta creer en su gente, porque sé de lo que somos capaces los mexicanos cuando nos lo proponemos”.

El texto de los panistas críticos a Anaya jugó cruelmente con otros de sus dichos sobre los porqués debe ser el próximo presidente, acomodados de la siguiente forma: “A México le hace falta un liderazgo ético. Como todos tengo defectos y tengo carencias, pero la ética, el comportamiento correcto, el respeto a lo que es de los demás, al dinero público, a las necesidades del país es una de mis características”.

Es una roma involuntaria. El año pasado la prensa descubrió el mal uso que daba dinero público para mantener a su familia viviendo en Estados Unidos. Cuando se defendió de que provenía de sus negocios, construidos antes de entrar en la política, nunca pudo explicar las lagunas de ingresos en sus declaraciones públicas. Los panistas se han dado vuelo con él. Una vez más se burlaron de su líder, con otro redacción ajustada de sus dichos:

“México necesita conciliar muchas cosas entre ellas la enorme desigualdad de nuestra sociedad; necesita conciliar la realidad con nuestros anhelos, necesita conciliar lo que quieren en el sur con lo que emprenden en el norte, necesitamos algunos pensamientos comunes, como el mañana, el futuro que queremos, en el que cabemos todos. Sólo así construiremos ese mañana y quiero estar al frente de esa construcción”. La gran crítica que se le puede hacer a este compendio de objetivos de Anaya, enlistados con sintaxis por panistas, es que realmente no cree en México ni tiene fe en México. Su familia vive en Atlanta y cada fin de semana, salvo cuando le es imposible, viaja a su casa, que es el hogar de los Anaya.

Al líder del PAN lo centraron sus obsesiones con dirigentes jóvenes, convertidos en alter egos. Es enorme su obsesión con Trudeau, con quien se compara constantemente y cuando no, lo imita, como en una fotografía haciendo yoga que subió a Twitter dos semanas después de que vio al canadiense haciéndolo. En los últimos días Macron es lo que ahora quiere Anaya, resaltando que apenas es un año mayor que él. Montaño, su escudero, ya se está encargando de socializar que la ola de líderes mundiales, encuentra en Anaya el destino manifiesto de México. En el PAN se ríen de él. En el resto del país, si no obtiene victorias importantes el próximo 4 de junio, no tardarán en hacer lo mismo.
15 Mayo 2017 04:00:00
Edomex: la maestra, con los maestros
Las fotografías del sábado pasado en un evento de la candidata de Morena a la Gubernatura del Estado de México en Tlanepanta, no dejaron margen a la especulación. Delfina Gómez estaba flanqueada por Fernando González, el yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, y con quien el hoy secretario de Educación, Aurelio Nuño, nunca se pudo poner de acuerdo sobre los términos y el lenguaje de la reforma educativa, y Rafael Ochoa, compadre de la exlideresa del magisterio, y quien con una falta de cuidado la semana pasada, destapó el apoyo de esa dirigencia descabezada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a la candidata de Morena. Ya lo había diagnosticado la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota: Gómez y Gordillo, son la misma cosa.

Mecánicamente no, pero orgánicamente, Vázquez Mota tiene razón. Gómez no sólo es maestra, sino pertenece a la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la que anidó y encumbró a Gordillo, de la cual fue secretaria general de 1977 hasta 1988, cuando el entonces regente del Distrito Federal, Manuel Camacho –años después uno de los ideólogos y estrategas de Andrés Manuel López Obrador–, la llevó con el presidente Carlos Salinas para ungirla dirigente nacional en sustitución de Carlos Jongitud. Ochoa, desde entonces, fue lugarteniente de Gordillo.

La postura de la vieja dirigencia magisterial no es ideológica o de revanchismo contra el Gobierno de Peña Nieto. Gordillo siempre mantuvo la política donde el apoyo a los maestros para cargos de elección popular no estaban condicionados al partido con el que buscaran candidaturas o competían en las elecciones. Para dar cabida plena a esas aspiraciones creó el partido de los maestros, Nueva Alianza, que abrió mayores posibilidades de negociaciones y acuerdos políticos. La maestra siempre decía que antes que respaldar a cualquier partido y cualquier candidato estaban los maestros.

En las elecciones presidenciales en 2006, pese al rechazo de López Obrador a la alianza que le propuso Gordillo, la instrucción a los maestros fue que votaran por quien quisieran, salvo –esto sí en respuesta los agravios que había sufrido de su expartido, el PRI–, a favor del candidato priista, Roberto Madrazo. Los maestros votaron en las dos circunscripciones del norte del país por Felipe Calderón, mientras que en las tres restantes por López Obrador. En las elecciones presidenciales de 2012 jugó con Peña Nieto, a quien conocía, y cuyo operador político era otro viejo amigo de ella, el hoy secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Sólo fue después de formalizar la alianza cuando supo que entre las prioridades de Peña Nieto como presidente estaba la reforma educativa. Peña Nieto se la encargó a Nuño, quien encargó su redacción a Enrique Ochoa, actualmente presidente del PRI. Ochoa incluyó el detonador de una bomba social, al establecer que si no pasaban las pruebas que se les exigiría, los maestros podrían ser despedidos. Gordillo luchó con el jefe del equipo de transición, Luis Videgaray, para que la palabra “permanencia” dentro del sindicato fuera garantizada sin amenaza alguna. Nunca movió a Videgaray de la postura original, pese al argumento biológico de Gordillo, de que no había necesidad de medidas punitivas en la reforma, ya que la edad se encargaría de jubilarlos durante el sexenio y los nuevos maestros podrían ingresar bajo las nuevas reglas propuestas.

La respuesta final fue la cárcel, y el Presidente encargó a su íntimo amigo, nombrado subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, que cambiara de aliados. No forjaría una alianza con el relevo de Gordillo, Juan Díaz, sino que pactaría con la Coordinadora Magisterial, disidencia del sindicato desde hace cuatro décadas. El resultado de la acción fue que desde 2013, Peña Nieto compró un conflicto social que ha generado indiscriminadamente periodos de ingobernabilidad.

La disidencia magisterial se extendió por el país sin que el Gobierno pudiera cooptarla, como buscaba Miranda, arquetipo de una clase política mexiquense acostumbrada a resolver conflictos con dinero. Nunca entendió la lógica política de la disidencia magisterial o sus tácticas, ni tendieron puentes con el magisterio oficial: en las elecciones para gobernador en 2016, los maestros votaron contra el PRI en Veracruz y Oaxaca. Y hace mucho dejaron de tenerlos como clientelas en la Ciudad de México y el Estado de México, donde han votado sistemáticamente por la izquierda.

La fotografía de Gómez con González y Ochoa muestra que la alianza con los maestros por parte de López Obrador está consolidada. Hace unos dos meses hubo acercamientos de uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador con uno de los miembros del grupo compacto de Gordillo, pero cuando le llevaron la propuesta concreta al próximo candidato presidencial de Morena, pidió que mantuvieran el diálogo y los puentes, porque aún no estaba listo para oficializar el acercamiento. El sábado ya se socializaron. Lo que aún no se ha dado a conocer es que de tiempo atrás hay miembros del equipo de López Obrador en contacto permanente con el entorno de Díaz, líder del SNTE, con lo cual se puede apreciar que el ejército de maestros que tantos años sirvió al PRI apostará por la izquierda.

Los maestros son fundamentales en las elecciones. No sólo como promotores de candidatos y partidos en las aulas y con los padres de familia, sino como funcionarios de casilla, que sigue siendo hoy en día el lugar donde se deciden las elecciones. Tener vigilantes en las urnas es fundamental. López Obrador ya está claro sobre su valor estratégico. Las elecciones mexiquenses serán la primera prueba.
12 Mayo 2017 04:08:00
La muerte del spot
El espectacularmente torpe, fallido y mentiroso spot donde se comparaba a Alfredo del Mazo con John F. Kennedy y Justin Trudeau para sugerir que las dinastías políticas no son malas sino exitosas, y justificar a un tercer Del Mazo como gobernador en el Estado de México era positivo, chocó con la realidad. En el cuarto de guerra de Del Mazo, rechazaron tajantemente el spot. “Haría más daño que beneficio”, confió uno de los asesores del candidato del PRI a la Gubernatura.

La revelación en este espacio del spot causó confusión en el equipo de Del Mazo, donde no todos estaban enterados de su existencia, que ratificó el argumento de la columna “El spot de Del Mazo”, sobre la confusión y la crisis en la campaña, por los múltiples opinadores y tomadores de decisión en el entorno del candidato.

El spot surgía en el contexto de datos negativos frente a la candidata de Morena, Delfina Gómez, y desnudaba el desorden de los equipos del priista. “La campaña de Del Mazo –se apuntó–, ha venido arrastrando crisis consecutivas, en buena parte por el alto número de personas que opinan e intervienen en las decisiones, tomadas en Los Pinos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Casa de Gobierno en Toluca, por encima muchas veces, incluso, del propio candidato. Los nervios se han extendido más allá del equipo de campaña, y las presiones que llegan de fuera está orillando, a decir por las nuevas estrategias para posicionar al candidato, a situaciones extremas”.

De acuerdo con asesores de Del Mazo, la primera versión del spot fue presentada en el cuarto de guerra hace aproximadamente un mes, donde unánimamente lo descalificaron. El spot no fue preparado por la responsable de la campaña de aire –opinión pública, imagen y encuestas– de Del Mazo, Alejandra Sota, sino por un externo, cuyo nombre no se ha revelado.

Una segunda versión, con fecha del 9 de mayo, fue circulado este martes al equipo de campaña y a varios líderes del PRI, pero tuvo el mismo final. No se va a enviar al Instituto Nacional Electoral, a donde ya llegaron los siguientes spots, sobre el salario rosa, y donde ofrece Del Mazo mano dura en materia de seguridad.

La génesis del spot, la manera como llegó, la confusión que generó en el equipo de Del Mazo al ser difundido públicamente este jueves, son la narrativa de lo que está sucediendo en la campaña del priista. Los procesos de toma de decisión en la campaña no se toman de una manera vertical con líneas de mando definidas, sino que atraviesan transversalmente por la multiplicidad de equipos que trabajan en forma simultánea tácticas y estrategias, donde  no hay homogeneidad ni en los criterios ni en la información que maneja cada una de las áreas que varias veces se traslapan y duplican trabajos.

Tampoco hay mandos únicos, sino que se multiplican, con lo que se dificultan los tramos de control y responsabilidad.

Por ejemplo, a la campaña de aire, que es como se conoce al área que trabaja la opinión pública y es responsable de los estudios de opinión, que recae en Sota, se sumó Gisela Rubach, una veterana consultora. Parecen un tándem que ha venido trabajando integralmente desde hace varias elecciones, pero no es así. Rubach es independiente de Sota y sus planteamientos no necesariamente son los mismos.

En Chihuahua, la estrategia de Sota fue hecha a un lado y se privilegió la de Rubach, con la que finalmente se perdió la Gubernatura. En el Estado de México la dinámica es similar, y aunque Sota es también la responsable de imagen y estrategias mediáticas, Rubach fue quien tomó la preparación de Del Mazo en vísperas del segundo y último debate el martes. Al traslape de tareas se le llegan a añadir las dierencias conceptuales que se puedan tener de una campaña, a partir de las diferentes premisas y objetivos que se buscan, que en ocasiones llegan a confrontarse.

Las contradicciones se vuelven, de esa manera, algo cotidiano. El spot der Del Mazo es el ejemplo. Quien elaboró decidió que las comparaciones con Kennedy y Trudeau eran un buen apoyo para la línea discursiva del candidato sobre su experiencia ante la falta de ella de Gómez, no forma parte del equipo que se encuentra bajo el mando de Sota, ni tampoco Rubach tiene su carta de nacimiento. “No es del equipo de campaña”, dijo uno de los operadores de Del Mazo, “siempre hay un proactivo”. Pero no son solamente voluntarios que quisieron hacer un promocional casero. Son personas que tienen acceso a los más altos niveles de gobierno y que piensan que sus contribuciones aportan al candidato.

Esta fragmentación en el proceso de toma de decisiones produce confusión y enfrentamiento dentro del equipo de campaña. Un caso similar es sintomático. En la elección presidencial de 2000, el equipo del candidato del PRI, Francisco Labastida, carecía de orden y disciplina, lo cual favoreció la multiplicidad de decisiones, y generó contradicciones, con lo cual se despilfarraron 20 puntos de ventaja de Labastida sobre Vicente Fox, que finalmente ganó la Presidencia.

Este antecedente debería servirle a Del Mazo y a todos en su entorno, porque la desorganización, convertida a veces en anarquía, como en el caso del spot, puede estar cavando su tumba electoral.
10 Mayo 2017 04:08:00
El infierno para Peña
¿Qué sucedería si Delfina Gómez gana en el Estado de México? A la pregunta hipotética ya hay varias respuestas. La derrota del PRI significaría la primera alternancia en la cuna del Grupo Atlacomulco, la aristocracia del régimen. Sería un duro golpe a las aspiraciones presidenciales del equipo que encabezan el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el gobernador Eruviel Ávila. Mandaría igualmente el poderoso mensaje hacia el interior del PRI sobre el capital agotado del presidente Enrique Peña Nieto para ganar una elección, que podría acelerar la diáspora. Pero hay algo mucho más grave de lo que no se está hablando. Una victoria de la candidata de Morena, puede significar la entrada a la pesadilla judicial del presidente Peña Nieto, a más de un año antes de finalizar su sexenio.

No se puede descartar como escenario, que el triunfo de Gómez tenga como una primera con objetivos políticos claros, el arranque de la persecución penal contra los mexiquenses por corrupción y mal uso del poder. Prospectos abundan, debido a la decisión de Peña Nieto de gobernar mayoritariamente con mexiquenses, que en la coyuntura actual muestra vulnerabilidades inexistentes con anterioridad ante el avasallamiento de sus paisanos en el Gobierno federal. El inicio de procesos contra exfuncionarios mexiquenses que ocupan actualmente cargos en el gabinete federal, no significaría necesariamente una tentación revanchista de Gómez, su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, pero sí se convertiría en una bandera de campaña excepcional rumbo al 2018.

¿Qué mejor cruzada contra la mafia del poder que llevar a juicio a algunos de sus personeros acusados de corrupción? Este fenómeno no fue un factor en la anterior campaña presidencial, ni nunca antes lo había sido. No es así ahora, donde la corrupción se ha convertido una variable indisoluble de las campañas electorales y que han ayudado a definir elecciones contra el PRI.

López Obrador y Gómez han ventilado públicamente algunos temas de alto impacto relacionados con corrupción. Los principales están relacionadas con las constructoras OHL, la española y su filial mexicana, y la brasileña Oderbrecht, donde los nombres que se asocian con ellas son los de Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Ruiz Esparza ocupó el mismo cargo en el Estado de México, cuando el gobernador era Peña Nieto, y Lozoya estuvo en el equipo de mayor confianza en la campaña presidencial de 2012.

Las dos empresas enfrentan juicios que han salpicado al Gobierno de Peña Nieto. Abrir una investigación a nivel estatal en su contra, más allá de qué tan sólidas pueden ser las acusaciones, o qué tanto puedan probárseles delitos, generarán una turbulencia nacional e internacional que se empataría con la percepción de que el peñismo suda corruptelas e impunidad.

Si esto es cierto o no, es irrelevante. Una mayoría de mexicanos así lo creen, y en el mundo, según se aprecia con numerosos despachos de los corresponsales extranjeros, también. Material para jugar en los medios abunda. La pregunta de cuántos miembros del gabinete peñista podrían terminar en la cárcel, se antoja extremadamente atractiva para el electorado, ante la creciente distancia de Peña Nieto con sus gobernados.

El mayor problema que tiene el Presidente es que hay más casos donde personas cercanas a él están salpicadas por presunta corrupción y puede abrirse una investigación en su contra. Un ejemplo donde la prensa ha documentado irregularidades e ilegalidades es en Caminos y Puentes Federales, que dirige Benito Neme, que fue abogado electoral de Peña Nieto en el Estado de México, y en las concesiones de peaje entregadas a la familia Alcántara, del Grupo Atlacomulco, cuya inexperiencia ha generado incontables problemas para los usuarios, resultado de la entrega de la concesión por del ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Raúl Murrieta, que relevó a Videgaray como secretario de Finanzas en la parte final del gobierno de Peña Nieto en el estado de México, y en el arranque de Ávila.

Los mexiquenses aparecen por todos lados en casos que huelen a gas. El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, que fue secretario general de Gobierno en los tiempos de Peña Nieto, es el principal protector del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y el principal amigo de la familia Miguel, perseguida por la ley en el pasado, mientras otro de los del círculo íntimo del presidente, Felipe Enríquez, con vínculos en Monterrey y Toluca, y a quien hizo embajador en Uruguay, aparece en las indagaciones sobre ventas irregulares de tierras en Quintana Roo, durante el gobierno de Roberto Borge.

Es decir, material hay para alimentar la sed de venganza en el coliseo mexicano, y quizás, incluso, hasta para llevar a la cárcel a algunos de ellos. Si ganara Gómez, difícilmente le daría tiempo a su procurador de terminar de armar los casos, pero en un país donde la justicia se maneja políticamente, cuánto tarde es secundario, porque la administración del escándalo caminaría a la par de la campaña presidencial.

Un golpe maestro sería iniciar una investigación al propio presidente Peña Nieto. Es cierto que tiene fuero, pero que Gómez dijera que esperará a verse las caras el 2 de diciembre de 2018, sería suficiente material para el linchamiento. Ciertamente lo escrito aquí es un escenario político. También que este infierno se puede evitar, o cuando menos aplazar por un tiempo, siempre y cuando la candidata de Morena pierda la elección, y el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, triunfe.
09 Mayo 2017 04:07:00
A referéndum: PRI o no PRI
El segundo debate entre aspirantes a la Gubernatura del Estado de México se llevará a cabo hoy, sin que haya mucha ciencia para saber cuál será el tono y la dirección que tome. Delfina Gómez, la candidata de Morena, será probablemente en quien se enfocará la mayor parte de los ataques de sus adversarios. Las razones no se encuentran en lo alto de sus preferencias electorales, pues si fuera ese el caso, igual tendría que ser sometido a la metralla el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, sino por algo más profundo y que sintetiza el fondo de lo que se trata esta elección: el próximo 4 de junio, los electores decidirán si quieren más PRI en el Gobierno o si ese partido cumplió su ciclo y será expulsado del poder.

Este referéndum es lo que vienen dibujando las encuestas de preferencia electoral en las preguntas sobre por cuál partido nunca votaría (el PRI siempre aparece con el rechazo de cuatro o más electores de cada 10), y los niveles de aprobación del presidente Enrique Peña Nieto (menos del 20%, contra 80% mínimo de rechazo a su gestión), y del gobernador Eruviel Ávila (que oscila entre el 40 y 50%). Los mexiquenses mejor ubicados en los dos gobiernos más importantes del país, son ahora la síntesis de desgaste, descrédito y deseo de cambio. Ninguna de las candidatas o candidatos adversarios a Del Mazo representa el ánimo por esa mudanza de poder mejor que Gómez. La candidata de Morena proyecta lo que nadie entre sus competidores es.

En términos políticos, pese a pertenecer a un partido caudillista, no es identificada como parte de una estructura partidista que, por la manera como se han comportado los electores en México y el mundo, es rechazada abiertamente y cada vez se convierte en un mayor lastre en las urnas. Se puede plantear que la candidata independiente, Teresa Castell, se encuentra en las mismas condiciones, o incluso en mejores que Gómez en el papel, al tener sus raíces en el sector empresarial y haber brincado a la candidatura desde la presidencia de uno de los capítulos de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresariales. Sin embargo, la apuesta del PRI al incorporar a una mujer (el factor género) que jugara como independiente (frente a la crisis de partidos) para restar votos a Gómez o a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, tuvo como premisa pensar que los electores mexiquenses son idiotas. Los empresarios mexiquenses, es de conocimiento público, se comportan como un sector más del PRI.

En términos personales, la humildad de la cuna de Gómez está en las antípodas de las sábanas de seda entre las que nació Del Mazo, o en las que se ha ido fabricando con los años la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Se asemeja el origen de Gómez al del candidato del PRD, Juan Cepeda, aunque a diferencia de él, no lo utiliza como retórica política, pero la define diariamente. Es la más ingenua de todos quienes contienden por la Gubernatura, lo que al mismo tiempo la convierte en la más auténtica ante los electores. El señalamiento de que será una marioneta más del jefe de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en una réplica de lo que ha sucedido en la Ciudad de México con algunos delegados, no parece haber permeado todavía entre el electorado, como tampoco el que esté menos preparada para gobernar que Del Mazo, con quien disputará, de mantenerse la actual tendencia, la victoria.

Gómez es la anticandidata, la antistatus quo, la que se enfrenta, como López Obrador, al sistema político que rige en México. Este sistema lo representa el PRI, pues pese a los 12 años de gobiernos panistas, ni Vicente Fox ni Felipe Calderón fueron rupturistas, ni construyeron un nuevo sistema para el México de la alternancia. Vázquez Mota representa para el electorado la posibilidad de la alternancia, pero con la experiencia de Fox, está claro que este paso no es suficiente para un cambio profundo. Cepeda, que es un formidable candidato, representa a un partido en vías de extinción por un carácter mercenario de la primera parte del sexenio peñista que le costó en las urnas en 2015 sin que aprendiera la lección. Óscar González es el candidato del PT, nacido de las entrañas del PRI, regresó a sus orígenes en fechas recientes y está en la contienda para arrebatarle votos a Gómez, en beneficio de su placenta.

La elección en el Estado de México parece estar diseñada para que el candidato Del Mazo cuente con el respaldo esquirol de tres contendientes, y sólo tenga que luchar contra Vázquez Mota y Gómez. La panista, como en la campaña presidencial de 2012, no ha podido crecer para volverse competitiva frente a ellos dos, y habrá que ver su comportamiento en el debate para saber si se mantiene en la contienda por la Gubernatura, o también se entrega al PRI, por razones no de voluntad política o afinidad ideológica sino, como le sucedió hace cinco años, porque el voto útil tenía que ser para el PRI a fin de cerrarle el paso a López Obrador a Los Pinos, que hoy se trasladaría a Gómez para que no llegue al Palacio de Lerdo.

El segundo debate entre contendientes a la Gubernatura no deja nada a la especulación. Esta batalla va más allá de la elección en sí misma, es el referéndum si los electores quieren o no al PRI, o se cansaron de él, en el Estado de México y, quizás, en el resto del país.
08 Mayo 2017 04:00:00
El Gobernador apesta
Roberto Sandoval tiene una carrera meteórica que así como subió tan alto en escasos 10 años, todas las señales indican que caerá a la misma velocidad. El Gobernador de Nayarit se encuentra viviendo horas extras en libertad, por la gracia del candidato del PRI a la Gubernatura, Manuel Cota, quien pidió que no procedieran judicialmente en su contra por presuntos delitos en contra de la salud y enriquecimiento inexplicable, para no afectar el destino de una elección que piensa estar en condiciones de ganar en junio. Sandoval, según personas que platican con él, no alcanza a ver el problema en el que está metido y está convencido que las llamas en su entorno no llegarán a quemarlo. En cuatro semanas aproximadamente se podrá ver si su cálculo fue correcto.

Sandoval ha sido tocado por la mano del crimen organizado. Lo más público, la reciente captura del exfiscal nayarita Édgar Veytia en San Ysidro, a quien la DEA investigó durante casi cinco años y encontró vinculación y apoyo para dos cárteles enfrentados, el de los hermanos Beltrán Leyva, que habían hecho de ese estado su residencia y zona de reclutamiento de su guardia pretoriana, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es la organización criminal más importante de México en la actualidad. Tras la captura de su fiscal, el Gobernador corrió por el respaldo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien se lo dio en una primera instancia que, en todo caso, es temporal.

Otro tentáculo que lo tiene agarrado es el de José Emiliano Aguilar, el hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, detenido a finales de marzo acusado de tráfico de personas de origen chino a Estados Unidos. Aguilar fue capturado en la misma frontera que Veytia, entre Tijuana y San Ysidro, cuando trataba de contrabandear un grupo de chinos en la cajuela de su automóvil, por lo que había acordado un pago entre 3 mil y 60 mil dólares. Viejo amigo de Pepe Aguilar, el Gobernador se encargó de cuidar a José Emiliano, a quien utilizaba como chofer y asistente para asuntos personales.

Sandoval fue creación del exgobernador Ney González, su predecesor, y por cuya puerta construyeron en Nayarit algunos de los grandes jefes del narcotráfico, que hoy se enfrentan entre sí, un santuario.

Pero si González propició el refugio, fue Veytia durante el Gobierno de Sandoval quien metió a los cárteles de la droga a la estructuras gubernamentales. El exfiscal, que se acercó a los herederos de los Beltrán Leyva, terminó traicionándolos y respaldando sin que ellos supieran al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que provocó la implosión que ha causado tiempos violentos para los nayaritas, y colocó a Sandoval en un espacio de alta vulnerabilidad.

Funcionarios estatales admiten que tras la detención de Veytia, se consideró la posibilidad de buscar el desafuero de Sandoval e iniciar un proceso en su contra. De entrada, no sería por delitos relacionados con el narcotráfico, pero sí por enriquecimiento inexplicable derivado de su desmedida afición por los caballos, que llegaba a presumir abiertamente, obtenidos mediante apoyos que le dio el exgobernador de Chihuahua. César Duarte, perseguido también por la justicia mexicana, a través del sobrino de Sandoval, Hugo Sánchez Sandoval, quien fue coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en Nayarit.

Sandoval llegó a tener en dos ranchos en Tepic poco más de mil caballos que, cínicamente, dijo el año pasado que había comenzado a vender para no tener problemas posteriores con la ley. Esa afición le fue inyectada por José Manuel Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastian, el cantautor que murió en 2015, y cuyo hermano, Federico Figueroa, ha sido señalado reiteradamente por el Gobierno de Morelos de estar vinculado al grupo criminal de Los Rojos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva que opera en Morelos y varias zonas de Chilpancingo y Tierra Caliente en Guerrero.

Sandoval es de los gobernadores más pedestres que hay en el país, entre los menos preparados y entre quienes más voracidad mostraron durante su Administración. Tablajero de origen, el exgobernador González lo hizo diputado y presidente municipal de Tepic, antes de convertirse en su delfín para la Gubernatura. Notable su incapacidad por expresarse, difícilmente puede articular con fluidez dos ideas juntas, lo que no impidió trabajar muy de cerca con Veytia, llegarlo a promover para la Gubernatura y buscar que su sucesor fuera escogido por él.

Desacreditado en el Gobierno federal y el PRI cuando comenzó el proceso electoral en Nayarit, le impusieron como candidato al senador Cota. Sandoval se opuso a esa candidatura y trabajó en contra del designado, hasta que fue presionado desde la Ciudad de México para que respaldara al candidato oficial. A regañadientes lo hizo Sandoval, quien no mantiene una buena relación con Cota.

Paradójicamente, fue el candidato priista quien le dio oportunidad de seguir en libertad, porque tras tantos escándalos de corrupción y de vinculaciones al crimen organizado de encumbrados políticos del régimen, evaluó que una acción penal en contra del Gobernador podía afectar su propia campaña y la elección.

De acuerdo con funcionarios que conocen más detalles de las gestiones de Cota, la petición al Gobierno federal fue que no tomaran acciones en contra de Sandoval hasta después del 4 de junio, una vez que pasen las elecciones. La petición fue aceptada para no generar turbulencia electoral, pero no desechada. Si al final se procede en contra del Gobernador ya se verá, pero tocado por la mano del crimen organizado ineludiblemente quedó.
05 Mayo 2017 04:08:00
Manotazos a Peña
La ecuación sobre la seguridad no está saliendo en México. El presidente Enrique Peña Nieto admitió ante los gobernadores que hay varias zonas del país donde los índices de violencia regresaron a tiempos pasados –los años de la guerra al narcotráfico del presidente Felipe Calderón–, reconociendo un fracaso en la lucha contra los criminales, por lo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se puede colegir, corrió a la radio el jueves para hacer neutralizar toda crítica al ser el destinatario principal de la autocrítica presidencial. Le fue, como siempre, muy bien, porque no lo cuestionaron y pudo transmitir el mensaje para la masa: está en la primera línea, para lo que se ofrezca. Sin embargo, en donde la propaganda no tiene impacto ni son tan condescendientes, el sentir es diferente: México no está haciendo bien su trabajo en materia de seguridad y es tiempo de hacer algo al respecto.

En Washington ya pegaron manotazos, por medio de los secretarios más afines al Gobierno mexicano, Rex Tillerson, de Estado, y John Kelly, de Seguridad Interna. Con las finas formas que disfrazan la mano dura, anunció que convocaron a representantes del Gobierno mexicano a Washington el 18 de mayo para hablar sobre temas de seguridad y establecer una agenda común para combatir al crimen organizado. Eufemismos aparte, quieren decirle a México a detalle lo que desean que haga por ellos. El plan lo esbozó Kelly al anunciar el ajuste general a la estrategia de seguridad en América Central, en donde México, es la idea, mejore su trabajo y establezca una frontera hermética con Guatemala para frenar la inmigración indocumentada y a los criminales.

El Gobierno mexicano, dice Kelly, ha mejorado su seguridad fronteriza, pero es insuficiente. Tiene que fortalecerla y servir para lo que quieren en Washington, un buffer state, una línea que contenga todo lo que toque la puerta del Suchiate, y no a 160 kilómetros dentro de territorio mexicano, que es lo que ha hecho el Gobierno mexicano regalando superficie a los criminales, al establecer ahí los controles militares en lo que hoy en día, para efectos de seguridad, es la frontera sur de México con el resto del mundo. El plan de Kelly ajusta la Alianza para la Prosperidad impulsada por el presidente Barack Obama en octubre del año pasado, que inyectó 750 millones de dólares en Centroamérica para impulsar proyectos que impulsen el desarrollo económico y lleven a la construcción de un estado de Derecho que combata al crimen organizado.

Ahí está la obsesión del presidente Donald Trump, particularmente la Mara Salvatrucha, subproducto de la intervención de Estados Unidos en la guerra civil en El Salvador de los 80, que nació en Los Ángeles para defenderse de las pandillas mexicanas en aquella ciudad. Trump dijo durante un mitin en Harrisburg el sábado pasado al celebrar los primeros 100 días de su gobierno, que esa pandilla salvadoreña ya se encuentra en Long Island, Nueva York, donde creció. Días antes, el procurador Jeff Sessions visitó Long Island y dijo que la MS, como llaman a los maras, “representan una de las mayores amenazas a la seguridad de los estadunidenses”. No hay que equivocarse. No son los cárteles de la droga mexicanos quienes más les quitan el sueño en la Casa Blanca, sino esta pandilla que se metió en lo que fue la casa del infante Trump. 

“Lo que vamos a ver es un mayor involucramiento directo entre los gobiernos centroamericanos y el mexicano, y un esfuerzo más intenso por integrar el lado económico con el lado de la seguridad”, dijo William Brownfield, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales Judiciales y Narcotráfico, en una entrevista con la agencia Reuters. “Vamos a ver que esta estrategia, que ya ha sido desarrollada, sea empujada más fuerte y agresivamente en este año y después”. Sus palabras suenan muy fuertes. Quien tiene que hacer ese trabajo es México, de acuerdo con los lineamientos que les den en Washington. La estrategia no es mexicana, es estadunidense, pero Peña Nieto tiene que seguirla.

Esto no es nuevo. La hoja de ruta la dejó muy clara el general Kelly durante sus audiencias en el Senado en enero, durante el proceso de su reconfirmación como secretario de Seguridad Interior, y que ha sido su preocupación desde que era jefe del Comando Sur en Panamá. En un discurso en octubre de 2014 en la Universidad de Defensa Nacional en Washington, Kelly expresó la urgencia por combatir los sindicatos trasnacionales criminales en el Triángulo Dorado –Guatemala, El Salvador y Honduras–, que envían miles de millones de dólares en cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos, y exportan violencia. Dijo que para que esto pueda tener éxito, tendría que repetirse “el milagro de Colombia”. Es decir, un Plan Colombia diseñado y administrado por Estados Unidos. Sólo para no olvidar, la MS está asociada a Los Zetas en sus crímenes en aquella nación.

La nueva estrategia va a ser firmada por los gobiernos de América Central, Estados Unidos y México el próximo mes en Miami. El Gobierno del presidente Peña Nieto no ha querido hablar mucho sobre el tema porque es bastante indigno. Aceptaron participar en la estrategia de seguridad de Estados Unidos, sin colocarla como una baza en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hace unos días Osorio Chong dijo que esa es parte de la estrategia. Se sigue burlando el Gobierno de sus gobernados. Ya aceptaron participar en la estrategia de Trump antes de empezar a negociar él. Y a nadie se lo dijeron en México.
04 Mayo 2017 04:08:00
Dámaso, las verdades a medias
Despejada la tolvanera que dejó la captura de Dámaso López, el sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán dentro del cártel del Pacífico, lo que no está nada claro es por qué y de parte de quién fue la detención. Perseguido por Estados Unidos desde enero de 2013, no había una preocupación similar en México, aunque aparece en la lista de los 17 objetivos del narcotráfico –de un total de 122– que todavía faltan por detener. El silencio de las autoridades mexicanas no ayuda a disipar las dudas, ni resuelve preguntas fundamentales: ¿realmente quería detenerlo el Gobierno mexicano? ¿Había una investigación en su contra? ¿Se le detuvo por presión de Estados Unidos? Por el contrario, sus declaraciones fragmentadas, junto sus temores de comparecer ante la prensa, ha llevado únicamente a contradicciones que muestran que la verdad del Gobierno mexicano sobre la captura, es una verdad a medias.

La primera señal de que las cosas que decían las autoridades mexicanas eran parciales y confusas, se dio cuando al celebrar la detención de López, el presidente del Senado, Pablo Escudero, declaró: “Es un éxito de la PGR y la Secretaría de la Defensa. Es una buena señal de cómo se están articulando las autoridades norteamericanas con la Marina, la PGR y la Defensa Nacional”. Es decir, en la persecución y finalmente detención de López, participaron activamente las agencias de inteligencia estadunidenses. Ningún funcionario confirmó lo dicho por Escudero, pero tampoco lo negó. El jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Omar García Harfuch, profundizó la confusión, al asegurar en un mensaje a medios el martes –que originalmente se organizó como conferencia de prensa–, que la detención obedeció a una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

Lo que dijo no se sostiene con los hechos, o las autoridades violaron el debido proceso de López, por lo que dado el garantismo actual de la Suprema Corte de Justicia, puede salir en libertad y las acusaciones desechadas como pruebas para mantenerlo en la cárcel. Esto se explica porque si lo señalado por García Harfuch es cierto, sus agentes debieron haberlo llevado ante el juez que habría ordenado su detención con fines de extradición, y no trasladarlo directamente a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de la Delincuencia Organizada.

Expertos dijeron que la única justificación de llevarlo a la SEIDO tendría que ser mediante la apertura de una carpeta de investigación tras la difusión en los medios la semana pasada de un video realizado por un hacker en donde aparece López. Funcionarios confirmaron indirectamente esa explicación al señalar que sería cumplimentada una orden de aprehensión por el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales de Jalisco, y le serían imputados delitos flagrantes, lo que apoya el dicho de García Harfuch –y ratifica violación al debido proceso–, que tendría que ver con los paquetes de metanfetaminas que se encontraron en el departamento donde se encontraba durante los cateos tras su detención.

La manera como se están tropezando las autoridades mexicanas en la explicación clara sobre el origen de la captura de López, no puede entenderse sin observar a la contraparte estadunidense. El Gobierno del presidente Barack Obama mantuvo sellado, sin explicación alguna, el expediente sobre López abierto en 2011, desclasificado el 7 de marzo de 2013 al iniciar el juicio en su contra en la Corte Este de Distrito en Virginia. El 9 de enero de ese año, el Departamento del Tesoro lo incluyó junto con Inés Coronel Barreras, suegro de “El Chapo” Guzmán y condenado la semana a 10 años de prisión, como los principales lugartenientes del capo sinaloense en la llamada Acta Kingpin, que prohíbe todas las relaciones comerciales y financieras de ciudadanos estadunidenses con ellos y sus empresas.

En noviembre de 2011, el Gobierno de Estados Unidos solicitó la orden de aprehensión contra López, por lavado de dinero y tráfico de cocaína por 280 millones de dólares. Las investigaciones se profundizaron en Estados Unidos, mientras que en México no se dio seguimiento. Una orden de aprehensión solicitada por la PGR en febrero de 2011 fue peleada en tribunales por López, quien obtuvo un amparo el 22 de noviembre de 2012. Desde entonces no hubo nada en su contra hasta los últimos días, cuando se le detuvo como consecuencia directa, aparentemente, de un video hecho por un hacker y difundido por Carlos Loret en su programa Despertar de Televisa.

Ese video cambió la dinámica dentro del Gobierno mexicano al quedar expuesto ante la opinión pública. Loret dijo que había sido videograbado por una persona que tras entregar el material viajó a Estados Unidos para “ser protegido por ese país”. ¿Por qué tendría que ser protegido por Estados Unidos alguien que no sirvió a Estados Unidos? Quienes proporcionaron a Loret el video, no lo explican. Tampoco por qué, si era un hacker infiltrado por los mexicanos, no le dieron protección.

Con la información disponible se puede argumentar que ese hacker no trabajaba para el Gobierno mexicano, sino para el estadunidense. Por lo tanto, era un activo de los servicios de inteligencia de ese país, que tras cumplir con su objetivo –quizás agudizar las contradicciones en el Gobierno mexicano sobre qué hacer con López–, fue extraído para proteger su vida. Esta acción sería consistente con la persecución en aquella nación contra López, y la decisión de explotar mediáticamente la presencia del narcotraficante en la Ciudad de México, para obligar a un gobierno pasivo a actuar y no ser exhibido como cómplice, voluntario o no, de los cárteles de la droga.
03 Mayo 2017 04:08:00
La sonrisa de “El Mayo”
La captura de Dámaso López en la Ciudad de México es un respiro para uno de los líderes de una de las organizaciones criminales más fuertes en el país, Ismael “El Mayo” Zambada, jefe del cártel del Pacífico. En una operación contra la estructura central de López, a quien apodan “El Licenciado”, el Ejército y la PGR detuvieron a quien se había convertido en una amenaza para la aristocracia criminal del narcotráfico y provocado una espiral de violencia en el noroeste del país. Su aprehensión ayudará a que en el mediano se restablezca la Pax Narca en Sinaloa, y que los enfrentamientos de los últimos meses en la sangrienta la lucha de poder por la supremacía criminal, se reduzcan significativamente.

Dámaso López es la persona más cercana a Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuya relación comenzó en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, donde estaba preso, y “El Licenciado” era subdirector y jefe de seguridad. López fue uno de los principales colaboradores de Guzmán para que se fugara en 2001 y más adelante lo acompañó en su fuga. Su relación se fortaleció y actualmente son dobles compadres. Al ser detenido por segunda ocasión “El Chapo” en enero del año pasado, López asumió el liderazgo de la facción de Guzmán dentro del cártel del Pacífico, lo que produjo un choque con sus hijos, quienes desconocieron y disputaron su liderazgo.

Los hijos de Guzmán son parte de la estructura del cártel del Pacífico, cuyo jefe único es “El Mayo” Zambada, ante la probable muerte de Juan José “El Azul” Esparragoza, figura histórica del narcotráfico. La irrupción de López como uno de los jefes en esa organización, quien no tiene los vínculos familiares que han forjado sus dirigentes a lo largo de tres generaciones, propició una ola de violencia donde con plomo buscó consolidar una hegemonía en territorios en poder de los pacíficos y del cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos líderes son los únicos grandes capos que no han sido detenidos.

En febrero pasado, los hijos de “El Chapo”, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, entregaron una carta a la prensa donde denunciaban que “El Licenciado” había tratado de asesinarlos junto con “El Mayo” Zambada en una junta a la que, explicaron, fueron convocados el 4 de febrero en la sierra de Sinaloa. Según los jóvenes Guzmán, iban a resolver el secuestro que sufrieron siete meses antes en Nuevo Vallarta, aparentemente responsabilidad de López, pero al llegar al punto seleccionado fueron emboscados. Varios de sus escoltas murieron en el enfrentamiento, lo que no sólo intensificó la violencia que se había desatado en los días previos, sino que se incrementó.

Para ellos, la captura de Dámaso López es justicia poética. Fuera de circulación quedó la persona con la que se habían enfrentado en los últimos meses y que se había convertido en un distractor para la lucha que viene, con el cártel Jalisco Nueva Generación que dirige Nemesio “El Mencho” Oseguera, y que de acuerdo con una investigación realizada por EjeCentral, es la organización criminal que más se ha expandido en el sexenio y que de mantenerse su crecimiento, se calcula que para finales del próximo año tendrá hegemonía criminal en 80% del territorio nacional. En el último año, Oseguera ha desafiado al Pacífico en sus viejos bastiones y le ha ido quitando hegemonía en varias de las zonas que controlaba en el noroeste del país y en sus litorales.

La detención de Dámaso López tuvo como preámbulo la filtración de un video del CISEN, en donde aparecía un hacker que tenía infiltrado la inteligencia civil, que le entregaron al programa Despertar del periodista Carlos Loret, y en donde aparecían imágenes frescas de “El Licenciado”, cuyas fotografías en manos de las autoridades eran muy viejas. Ese tipo de filtraciones a la prensa suelen tener dos objetivos distintos. O se utilizan para avisar a un criminal, desde el interior de las instituciones, que lo están siguiendo para que pueda huir, o se hace para mostrar lo cerca que están de atraparlo y forzarlo a moverse y a cometer errores para poder detenerlo. Aparentemente esto último es lo que sucedió, donde presumiblemente hubo una traición de familiares.

López fue detenido en la Ciudad de México, en donde también se atrapó en un operativo simultáneo en otro punto de la capital, a Víctor Geovanny González, señalado como operador financiero y logístico local de “El Licenciado”. Su detención vuelve a cohesionar al cártel del Pacífico, que no pudo conseguir tras la captura de “El Chapo” Guzmán por la rebeldía de López, quien originalmente se había plegado a su liderazgo para meses después traicionarlo. El cártel del Pacífico no sufrió con la detención de Guzmán, quien desde su primera fuga en 2001 y vivir prófugo, se había vuelto más la marca del crimen organizado que el eje alrededor del cual operaba la organización sinaloense. Pero las diferencias con López estaban debilitando a toda la estructura, que está velando armas para enfrentarse más adelante con el cártel Jalisco Nueva Generación.

El cártel del Pacífico enfrentará ahora las reacciones de los leales de López, por lo que es posible que haya un repunte en la violencia. Pero sin el liderazgo y la captura de varios de sus lugartenientes, es más probable que su fuerza se desvanezca rápidamente y “El Mayo” Zamabada quede como jefe único de esa organización criminal y el líder del narcotráfico que más tiempo ha estado fuera del alcance del Gobierno federal.

" Comentar Imprimir
columnistas

top-add