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Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
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21 Septiembre 2017 04:08:00
La distopía mexicana
Una vez más, la sociedad salió a las calles para iniciar las tareas de rescate en decenas de puntos de la Ciudad de México, evocando la épica ciudadana de los sismos de 1985. Pero a diferencia de hace 32 años, cuando fueron innecesarias las brigadas para evitar la rapiña, lo que pasó el martes tras el sismo que sacudió la capital, afloró lo peor de la sociedad. En la tierra del gandalla, del vándalo sin escrúpulos –que no es pleonasmo–, y de los amorales, la distopía mexicana volvió a mostrar su espantosa cara. El sismo, caprichosamente sucedido escasas seis horas de que se conmemorara el de 1985, proyectó ese tipo de sociedad en la cual no queremos vivir.

El 19 de septiembre acabó temprano en actividad, pero se prolongó al infinito en la incertidumbre sobre el porvenir, cuyos miedos y emociones se fueron combinando con otro tipo de temor y frustración, de impotencia y rencor social.

En algunas zonas de la ciudad que no fueron afectadas directamente por el sismo, como en el poniente de la capital, los congestionamientos se volvieron tierra fértil para que los ladrones comenzaran a asaltar a pasajeros en los vehículos detenidos, víctimas colaterales del tráfico. En las zonas afectadas, los malhadados tocaron puertas en las casas para que los dejaran entrar a robar, impersonando a quien les abría angustiados, que miembros de Protección Civil que iban a revisar las estructuras de la propiedad. Hubo saqueos en tiendas de autoservicio y supermercados, donde los delincuentes aprovecharon la distracción de los guardias de seguridad, atentos a la crisis.

Lo sucedido este 19 de septiembre fue muy distinto a lo que pasó el 19 de septiembre de 1985, cuando la sociedad se empoderó y ante el pasmo del Gobierno federal, que en ese entonces tenía al Distrito Federal como una regencia, tomó el control de las cosas y durante casi 48 horas lo sustituyó.

En aquel entonces, el presidente Miguel de la Madrid regresó urgentemente de Lázaro Cárdenas, a donde aterrizaba en el momento en que se daba el sismo en la capital, y regresaba inmediatamente. De la Madrid recorrió en autobús las zonas siniestradas y en ocasiones pareció catatónico, como si no alcanzara a comprender la magnitud de lo sucedido.

Hace un par de días, el sismo tomó al presidente Enrique Peña Nieto en el avión rumbo a Oaxaca, que giró en el aire de regreso a la Ciudad de México. A diferencia de hace 32 años, con una curva de aprendizaje en protección civil y herramientas técnicas y tecnológicas que no existían en aquél entonces, convocó a su equipo especializado en desastres naturales, mientras que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, cuya Administración no depende de la federal, hizo lo mismo con su equipo capitalino. Los dos gobiernos trabajaron conjuntamente y organizaron las tareas, mientras Peña Nieto, como no lo hizo De la Madrid, ordenó el Plan DN-III para que el Ejército, solicitado por Mancera, se desplegara en las calles de la capital para contribuir en las acciones de rescate. En 1985, el experimentado y eficiente Batallón de Zapadores del Ejército se quedó con las palas y los picos esperando junto a las zonas devastadas esperando que el Presidente les diera la autorización para trabajar.

Las rápidas acciones coordinadas del Gobierno no lograron empatar rápidamente con las necesidades urgentes provocadas por el sismo en la Ciudad de México, que coincidieron con las tareas de rescate y reconstrucción en Oaxaca y Chiapas como consecuencia del sismo del 7 de septiembre. La gente, solidaria, salió a las calles en tal cantidad que, paradójicamente, comenzaron a estorbar en las tareas de rescate. Nada hay de qué quejarse de estas acciones, sino congratularse de que hubo destellos de una utopía social mexicana. Lamentablemente, los mal nacidos son como las frutas podridas. Ante los vacíos de autoridad, enfocada a la emergencia, aterrorizaron a capitalinos en varias zonas de la ciudad y les robaron. Son miserables delincuentes, escoria de una sociedad que los ha tolerado con su pasividad. 

Algo estamos haciendo tan mal, que estamos prohijando engendros sociales que carecen de límites. Un botón de muestra sucedió el mismo martes en una gasolinera donde la gente hacía pacientemente cola en espera del servicio.

Un taxista, que no estaba en emergencia, rebasó a tres automóviles enfrente de él y se metió hasta delante de la fila sin mayor prurito. La gente reaccionó. Uno se bajó de su automóvil a reclamarse la cínica osadía; otra exigió a los despachadores que no le cargaran el combustible. Uno, que no había sido directamente afectado, lo amenazó: si no se salía de la fila, lo sacaba a golpes de ella. El taxista insultó a todos y sólo porque su pasajero insistió en que debía salirse de la fila, lo hizo. Estuvo a unos instantes de que un incidente absurdo, se convirtiera en una gresca y, en las condiciones de nervio existentes, quizás hasta en un linchamiento del irracional taxista. No es falta de tolerancia, sino agotamiento frente a los sin escrúpulos. 

La gente se empieza a organizar para defenderse. En las casas donde fueron a asaltar, hubo quienes se armaron para enfrentar el ataque criminal. Algunos de quienes atestiguaron los robos en el tráfico pensaron si la solución no era andar armado. La Ley de la Selva de Hobbes se está convirtiendo en una realidad en la metrópoli nacional, contaminada la sociedad por la distopía en la que nos metimos hace tiempo y no sabemos, quizás porque no nos damos cuenta todavía de cómo salir.
20 Septiembre 2017 04:07:00
El amigo de Videgaray
Eso de andar de quedabien con el presidente de Estados Unidos le debían haber dicho al diplomático bisoño Luis Videgaray, nunca ha sido una buena idea. Con el Gobierno de Estados Unidos hay que seguir la máxima atribuida a John Foster Dulles, secretario de Estado en la Administración de Dwight D. Eisenhower, de “Estados Unidos no tiene amigos; tiene intereses”. No hay un registro histórico del dicho de Dulles, que todo indica fue expresado por el presidente francés Charles de Gaulle. La leyenda sobre su origen viene aparentemente de una visita de Dulles a México en 1958, donde fue recibido con manifestaciones callejeras y pancartas que decían: “Estados Unidos no tiene amigos; tiene intereses”. Sea cual fuera el autor intelectual de la frase, el principio se mantiene y Videgaray se ha equivocado. Plegar la política exterior mexicana a la agenda de Donald Trump sólo ha recibido desprecio como pago.

Videgaray llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en enero pasado, con el reconocimiento en público de que estaba ahí para aprender. No se sabe si alguien le platicó la historia principista de la política exterior mexicana ni la manera como pragmáticamente aplicaron la Doctrina Estrada, con casos excepcionales con la España de Francisco Franco, la Cuba de Fidel Castro, la Nicaragua de Anastasio Somoza, El Salvador de la junta militar, o incluso la Venezuela de Hugo Chávez. Lo que sí está claro es que no aprendió.

Desde que llegó cambió la orientación de la política exterior con Venezuela y de una postura de búsqueda del restablecimiento de la democracia a partir de la interlocución con el régimen y sus opositores, tomó partido por estos últimos. Recientemente fue el primer país en declarar persona non grata al embajador de Corea del Norte, y sin aparente razón, expulsarlo del país. Como secretario de Hacienda metió al presidente Enrique Peña Nieto a la elección presidencial en Estados Unidos al invitar al candidato Trump a una reunión en Los Pinos.

Para lograrlo, Videgaray habló con el yerno de Trump, Jared Kushner, quien inició las negociaciones con su suegro para que viajara a México. El conflicto en el que metió al Gobierno por organizar esa visita le costó el trabajo en Hacienda, pero cuando ganó la Presidencia, con la misma ligereza con la que se analizó el viaje de Trump, se concluyó que había sido inteligente invitarlo y Peña Nieto lo volvió a utilizar como emisario secreto para establecer los cimientos de lo que podría ser la relación bilateral. Todo parecía que iba bien hasta que Trump asumió la jefatura de la Casa Blanca en enero. Desde entonces, el Presidente estadunidense ha sido un dolor de cabeza para los mexicanos por sus bravuconerías, mentiras y ataques. Esto escaló la semana pasada.

Luego de que The New York Times publicó que en una reunión en la Casa Blanca el miércoles pasado el jefe de Gabinete, John Kelly, presentó un diagnóstico muy negativo sobre la seguridad y estabilidad en México, funcionarios del Gobierno de Estados Unidos ampliaron la versión al corresponsal de Reforma en Washington, José Díaz Briseño, y dijeron que el general calificó a México como “narcoestado fallido”. El lunes hubo otra filtración, a Ariel Moustsatsos, corresponsal de Noticieros Televisa y Foro TV, quien al preguntar sobre la eventual presencia del presidente Peña Nieto en la cena que ofreció Trump en Nueva York a los presidentes latinoamericanos, le dijeron que no había sido requerido. Un funcionario de Los Pinos dijo que Peña Nieto había cancelado su viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas desde hace un mes. Si no iba a estar, tampoco había sentido de invitarlo. Las filtraciones fueron dagas al corazón del Gobierno peñista.

Las cosas se pusieron peor. La Casa Blanca difundió el lunes la lista de invitados a la cena, que incluía a tres presidentes, cuatro cancilleres, un ministro de Economía, un funcionario de segundo nivel de la Casa Rosada, un alto funcionario del Senado Argentino, y los embajadores de Brasil y Colombia en Washington. Videgaray, quien ante la ausencia de Peña Nieto asumió la jefatura de la delegación mexicana, llegó el domingo a Nueva York y participó el lunes en los trabajos de las Naciones Unidas, pero no fue requerido. Tampoco el embajador de México en Washington ni otro funcionario mexicano. Cero mexicanos en un encuentro con sudamericanos y centroamericanos para hablar, principalmente, de Venezuela, excluyéndolo de un diálogo central para la estabilidad continental. La Secretaría de Relaciones Exteriores no informó oficialmente las razones de esta no invitación, pero extraoficialmente explicó que se debió a que como Peña Nieto no iba a estar, tampoco él porque no tenía a Presidente para acompañar.

El canciller más pronorteamericano que se recuerde en mucho tiempo se quedó sin participar por razones, sugieren, protocolarias. Su relación con Kushner, con el general Kelly, y con el secretario de Estado, Rex Tillerson, no sirvió. Las buenas calificaciones buscadas con Washington no le han dado resultados positivos en los últimos días, donde las críticas a México han tenido un tono que no se veía en décadas. Cambiar su estrategia con Washington es algo que debería considerar Videgaray, a quien los veteranos diplomáticos en la Cancillería le podrían decir que no se preocupe, que discrepar con Estados Unidos no es insultarlos, y que mantener una postura independiente y respetuosa de ellos, es mejor camino que ponerse de rodillas en la Oficina Oval.
19 Septiembre 2017 04:08:00
Patadas en la cara (y II)
El 25 de noviembre de 2008, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos difundió un informe sobre las operaciones tácticas en el mundo, que en 51 páginas proveía una perspectiva para las tendencias futuras de riesgo, los conflictos, sus contextos e implicaciones. “En términos de los peores escenarios para el Comando Conjunto, y para el mundo, dos estados importantes y grandes requieren de consideración por un rápido y súbito colapso: Pakistán y México”, afirmó este informe sobre los riesgos que enfrentaba Estados Unidos. Desde la aparición de este documento se comenzó a mencionar que México era un Estado fallido, que a finales de la década pasada provocó un agitado debate político en México sobre la definición, y que en los últimos días volvió a resurgir porque el general John Kelly, jefe de Gabinete de la Casa Blanca, lo subrayó durante una reunión privada con los líderes demócratas en el Capitolio.

Un Estado fallido se refiere a estados débiles donde no existe un Gobierno efectivo ni tiene el uso legítimo de la fuerza, y donde los poderes fácticos, los poderes de hecho, son quienes imponen sus decisiones por encima de la ley. Kelly se refirió a México como “un narcoestado fallido”, según las descripciones de prensa, durante la reunión en la Casa Blanca, presidida por el presidente Donald Trump. El mismo día que se publicó la primera referencia de Kelly en el diario The New York Times, el secretario de la Defensa, el general Jim Mattis, viajó a México para participar en las conmemoraciones de la Independencia. En el avión, los periodistas que lo acompañaron le preguntaron sobre lo dicho por Kelly.

“¿Cree que México está explotando?”, le preguntó un periodista. “No”, respondió Mattis. “El Gobierno (mexicano) está perfectamente consciente de su problema de criminalidad. Están enfrentándolo. En el problema de las drogas que están llegando a Estados Unidos, estamos trabajando conjuntamente. México tiene, como cada nación, los desafíos que tiene que enfrentar, y está consciente de ellos, y aquí estoy para apoyarlos en combatirlos”. Mattis fue cuidadoso en las horas previas a su llegada a México, invitado por los secretarios de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y de la Marina, el almirante Vidal Soberón. Pero Mattis sabía perfectamente del contexto de lo que había hablado Kelly. Cuando el Pentágono publicó el documento sobre los riesgos futuros, el general Mattis firmó la presentación como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sabe desde hace tiempo que las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad han sido bastante malas y de creciente desconfianza. Comenzó la tensión durante el Gobierno de Barack Obama, porque el diseño de la política de seguridad peñista partía del principio de cortar de tajo prácticamente toda la relación diversificada con las agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos. Una de las primeras señales de recelo fue cuando el Gobierno mexicano decidió no participar en el proceso de la doble certificación, que exigía el estadunidense para poder compartir información de inteligencia de alta calidad. Sólo la Marina mantuvo la norma y sólo la Marina siguió recibiendo esa información.

El desmantelamiento de Plataforma México, que se construyó con los recursos de la Iniciativa Mérida, fue otra señal de duda. La destrucción de los sistemas y protocolos del sistema penitenciario, que facilitaron la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue síntoma de que los recursos se estaban utilizando para fines poco claros.

El Gobierno de Obama, y el del presidente Donald Trump al relevarlo, vieron como responsable de este retroceso en materia de seguridad al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Nunca le negaron una visita a Washington, pero tampoco le abrieron la puerta a la Casa Blanca. Incluso, cuando viajó en enero del año pasado el presidente Peña Nieto a ver a Obama, aceptaron la visita a la Oficina Oval con su comitiva de secretarios, siempre y cuando no llevara a Osorio Chong. Durante la transición del Gobierno electo de Trump, Luis Videgaray, ministro sin cartera en ese entonces, se reunió con el yerno del futuro presidente para reencauzar las maltrechas relaciones bilaterales, y de acuerdo con lo que reportó a Peña Nieto, tampoco querían a Osorio Chong.

No es protagonismo el que Videgaray, ahora secretario de Relaciones Exteriores, lleve la voz del Gobierno de México en Washington sobre los temas de seguridad, desplazando al secretario de Gobernación, quien es el responsable de ella. Osorio Chong ha dicho que su relación con el equipo de seguridad de Trump es excelente y que a través de las pláticas que ha sostenido con ellos les ha mostrado una realidad que no habían contemplado previamente. Osorio Chong ha hablado varias veces con el general John Kelly, cuando era su contraparte como secretario de Seguridad Interna, pues a mediados de julio fue nombrado jefe de Gabinete de la Casa Blanca.

Osorio Chong no persuadió a Kelly, ni modificó su idea sobre México. Al contrario. En el cuestionario que respondió al Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado en su audiencia de confirmación en enero, Kelly subrayó que el problema de la seguridad de Estados Unidos no estaba sólo en México, sino “en las junglas de América Latina y el istmo centroamericano”, y que se necesitaba trabajar con los mexicanos en una estrategia integral regional. La semana pasada el mismo general escaló el problema con México. Es un Estado fallido, como ha descrito antes a los centroamericanos. No hay que trabajar con los mexicanos, sugirió, sino enfrentarlos.
18 Septiembre 2017 04:07:00
Patadas en la cara (I)
Al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, le debe haber urgido mandar el mensaje al mundo de que México no era un estado fallido, ni su gobierno protegía al narcotráfico, porque tan pronto como esos señalamientos salieron de la Casa Blanca en el formato de filtraciones, le dijo a la agencia de noticias inglesa Reuters, que el Gobierno del presidente Donald Trump le había asegurado que nada de eso pensaban en esa oficina. Tan fue filtración la del The New York Times, la boca por donde se expresó el equipo de Trump tan mal de México, como fue la de Videgaray. Las dos fuentes citaron a funcionarios de la Casa Blanca como la fuente de la información. ¿Quién tiene razón?

The New York Times publicó el viernes pasado la reconstrucción de una cena en la Casa Blanca entre el presidente Trump y los líderes demócratas en el Capitolio, Nancy Pelosi y Chuck Schumer para hablar sobre los dreamers, donde el senador ofreció su respaldo para el reforzamiento de la seguridad en la frontera con México.

En ese momento, dijo el diario, Trump llamó a su jefe de Gabinete, el general John Kelly, quien para reforzar el porqué tenían que sellarla presentó un panorama “notablemente pesimista” de la situación de la seguridad en México y la inestabilidad en ese país, cuyo gobierno comparó con la Venezuela de Hugo Chávez, sugiriendo que estaba “al borde del colapso”.

Videgeray instruyó al embajador de México en Washington, Gerónimo Gutiérrez, a pedir una clarificación de la Casa Blanca. En un mensaje en su cuenta de Twitter la tarde del viernes, Gutiérrez dijo: “Lo señalado en la nota en cuestión no corresponde, ni en tono ni en sustancia, a ninguna de las conversaciones sostenidas con el general John Kelly. Hemos recibido confirmación por parte del Gobierno de los Estados Unidos que lo reportado no refleja la visión ni lo expresado por Kelly en la citada ocasión. En su caso, cualquier precisión adicional, corresponde a los involucrados hacerla”.

Videgaray, que no quiso hablar con la prensa mexicana, repitió en Reuters la especie, y precisó que la respuesta había llegado de la Casa Blanca.

¿Quién se aproxima más a la verdad? ¿The New York Times o Videgaray y Gutiérrez? Hagamos caso a la sugerencia del embajador de que las aclaraciones pertinentes las hagan los presentes en la cena del miércoles. ¿Qué ha dicho oficialmente la Casa Blanca sobre el tema? El viernes, el briefing de la Casa Blanca estuvo muy sustancioso. Como se iba a tratar de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, estuvieron presentes con la vocera Sara Sanders, el consejero de Seguridad Nacional de Trump, el general H.R. McMaster, y la representante ante la ONU, la embajadora Nikki Haley. Hablaron del ataque terrorista en Londres, de China, Corea del Norte y de la cena que Trump ofrecerá a los presidentes latinoamericanos para hablar sobre la crisis de Venezuela –no se dijo si el presidente Nicolás Maduro fue invitado–, pero sobre lo que dijo Kelly de México, nada. La vocera no desmintió lo publicado por el Times. Tampoco, hasta este domingo, había negado oficialmente su versión.

Siguiendo la racional del embajador Gutiérrez, si la Casa Blanca no desmintió, entonces la versión del periódico se ajustó a la verdad. Si el general Kelly, que conoce perfectamente México y desde que era el jefe del Comando Sur en Panamá ha hablado sobre la crisis de seguridad en México que producen inestabilidad en la frontera sur de Estados Unidos por lo que se convierte en una tema de seguridad nacional para Washington, tampoco hizo ninguna corrección. La diputada Pelosi colocó en su página de internet del Congreso una declaración sobre el Mes de la Herencia Hispana el viernes, y se refirió a los dreamers, pero tampoco negó lo que el Times publicó.

El senador Schumer difundió en su página oficial en el Senado tres diferentes comunicados, pero ninguno refiriéndose de alguna forma a lo que les dijo el general Kelly 48 horas atrás. En el remate sobre las verdades y las verosimilitudes, el veterano corresponsal de Reforma en Washington, José Díaz Briseño, publicó el sábado tras hablar con dos funcionarios de la Casa Blanca: “Kelly sí comparó a México con Venezuela y se refirió a México como un narcoestado fallido”.

La retórica de Videgaray es insuficiente. El mensaje de Kelly es el más devastador que ha dicho un funcionario en el Gobierno de Trump desde que inició la administración. Kelly, de todo el gabinete, es quien mejor conoce a México y más relaciones tiene con las estructuras de seguridad.

Los señalamientos de Kelly forman parte de una línea de pensamiento en el Pentágono. En noviembre de 2008, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio a conocer un informe sobre los riesgos que enfrentaba Estados Unidos, en donde compararon a México con Pakistán, donde el primero podría colapsar por la fuerza de los cárteles de la droga, y el segundo por su guerra civil.

“Cómo se desarrolla el conflicto interno en México durante los próximos años, tendrá un impacto mayor sobre la estabilidad del Estado mexicano”, señaló el documento, del cual partió la noción de que México era un estado fallido. “Cualquier caída de México al caos demandará una respuesta estadunidense basada en las implicaciones para la seguridad interna, porque podría representar un problema de inmensas proporciones para Estados Unidos”. Las palabras de Kelly revelan que los síntomas se convirtieron en diagnóstico.
15 Septiembre 2017 04:08:00
Twitter para idiotas
Las redes sociales transformaron brutalmente la comunicación y la política en el mundo. Facebook logró que la gente se conectara con la política como nunca antes, y que los estrategas de campañas electorales pudieran diseñar modelos para atacar quirúrgicamente grupos para atraer su voto. “Facebook”, escribió la autora de best-sellers Traci Andrighetti, “ha alterado profundamente los procesos políticos no sólo en Estados Unidos, sino en el mundo”. Facebook es la arena pública donde los políticos se promueven. Facebook construye cadenas de personas, mientras Twitter, otra de las monstruosas redes sociales, arma cadenas de ideas y temas en 140 caracteres, que se disparan con la velocidad como se escriben. La brevedad requiere ordenamiento mental sintáctico, pero la rapidez pone a prueba la razón. Produce, señalan provocadora e incendiariamente los expertos, una idiotez colectiva.

Evan Williams es el último, pero el más radical, de los beligerantes. Es uno de los fundadores de Twitter y hoy en día uno de los empresarios más temerarios de Silicon Valley. Este miércoles le dio una entrevista al programa Today de la cadena 4 de radio de la BBC de Londres, donde señaló cómo el ecosistema de los medios se basa en pequeños lapsos de atención que hacen al mundo más estúpido. “Este ecosistema está apoyado y florece a partir de la atención que se le da. Punto. Y esto es lo que nos hace más tontos y no más listos”, agregó. “Donald Trump es el síntoma de esto”. 

La elección de Trump como Presidente, dijo, demostró cómo el mayor uso de las plataformas de las redes sociales está embruteciendo a todos, por la forma como se disemina, se usa, se consume y se procesa lo que ahí se afirma. Pero no hay que confundirse. “El mayor problema no es si Donald Trump usó Twitter para ser electo, aunque él lo diga así”, añadió Williams. “Es la calidad de la información que consumimos lo que está reforzando creencias peligrosas y aislando a la gente, limitándola para no tener una mentalidad abierta y un respeto por la verdad”. Como todas las plataformas digitales, como antes los medios convencionales, no son las herramientas y los vehículos perversos o irresponsables, sino quienes así las utilizan.

“Twitter no es lo peor de lo que existe”, dijo Williams, “son los medios impulsados por la publicidad que revuelven cosas minuto a minuto, donde su única medida es si alguien le da un clic o no. Por tanto, citar los tuits de Trump, o la última estupidez que dice cualquier candidato político o cualquier persona, es una forma efectiva de explotar los instintos básicos de la gente. Esto está atontando a todo el mundo”. Se aprovechan de ello los mercenarios del periodismo, quienes inventan episodios que saben que son mentiras, o presumen de repudiar los controles editoriales de los medios de comunicación, porque para sus plataformas matar una persona no es importante, porque la pueden revivir en cualquier momento y volverla a matar y revivir, porque florecen en la estimulación de las emociones,  de avivar las pasiones, difamar sin rendición de cuentas y cobrar por los clics. Son exitosos, pero perniciosos.

Es la lucha del momento. “Se necesita información en la que podamos creer, que significa que no tiene que ser financiada únicamente por la publicidad, porque eso distorsiona todo”, indicó Williams. “Una de mis más grandes enseñanzas durante las dos últimas décadas es que el acceso a la información solamente, no nos hace más listos. Las noticias falsas son sólo una parte del problema. Otra es la calidad y la profundidad de la información. ¿Está actualmente construyendo nuestro entendimiento o profundizando nuestra comprensión del mundo, o sólo es ruido?”.

Hay una parte maravillosa de las redes sociales, que convierten a cada persona en guardián contra los abusos y en freno importante a la impunidad. Pero abundan los abusos, proyectados como un Armagedón en una reciente película de Tom Hanks y Emma Watson, The Circle, sobre cómo el puritanismo maniqueo de la transparencia, sin control ni filtros, puede transformar a una sociedad y convertirla en una actora permanente de una realidad que no existe. En las redes sociales, en efecto, hay mucho ruido, como sostiene Williams, que explica de esa manera todo el volumen de información que no sirve ni tiene valor alguno. 

Se recurre de manera preponderante a Twitter para hacer todo ese ruido, la red que oscila entre la velocidad para transmitir información de utilidad, provista en su mayor parte por testigos presenciales y responsables de hechos o por medios de información, y lo que el cronista deportivo español Santiago Segurola describió alguna vez en un breve texto, como una “cantina de borrachos”. Hay mucha violencia en las redes y poca información. En Estados Unidos, de acuerdo con el Pew Research Center, el 40% de las personas son agredidas en Twitter, donde se privilegia un discurso ramplón y violento. México es considerado por la Unión Europea como una de las tres naciones donde más agresividad hay en las redes sociales. Y Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, afirma que el 40% aproximado de todas las cuentas de Twitter en México, son utilizadas para atacar.

Bill Keller, cuando aún era director ejecutivo en The New York Times,  escribió en 2011 La Trampa de Twitter, donde, como conclusión, recordó a la escritora Meg Woitzer, que recién acababa de publicar The Uncopling, y que describía a los jóvenes de esos años como “la generación que tenía información, pero sin contexto. Mantequilla, pero sin pan. Antojo, pero sin anhelo”. Qué tanta razón tenía.
14 Septiembre 2017 04:00:00
El sur no puede ser tan miserable
En las comunidades indígenas en Oaxaca y Chiapas la nostalgia no existe. Se vive y se muere el mismo día. Pese a esa realidad, el sismo de 8.2 grados en la escala de Richter del jueves pasado expuso la vulnerabilidad a cielo abierto de quienes no tenían nada y aún así, perdieron lo único de lo que eran dueños: la tranquilidad para dormir. Las categorías para entender desde las ciudades lo que este sismo significó para miles de indígenas en el sur mexicano están caducas.

¿Cómo podrían explicar que en Reforma de Pineda, en la frontera de Oaxaca con Chiapas, los hornos donde preparan las tortillas y los totopos es el equivalente a vivir o morir? Cuando los temblores los aplastaron, la población se quedó inerme: sin tortillas, no tendrán ningún ingreso; sin totopos, perdieron su alimento. 

Ante dramas con dobleces tan primarios, los discursos sobre las políticas públicas que dicen funcionarios federales se van a poner en marcha para la recuperación de esas comunidades trazan la brecha que existe en dos realidades que conviven sin mirarse, y que sólo se cruzan cuando hay tragedias.

En Reforma de Pineda, reportó el corresponsal de Eje Central Jair Ávalos, se cayó el 76% de las casas. Pero también la Alcaldía, el mercado, la estación del ferrocarril por donde pasa La Bestia, el DIF y el auditorio. Los casi 3 mil habitantes que se quedaron sin techo se fueron al campo de futbol municipal, cuyas maltrechas gradas se convirtieron en albergue.

Poca ayuda les ha llegado, como a Santa María Xadani, a 20 minutos de Juchitán, que se reinventa con el trabajo de sus habitantes, pero, observó Ávalos, la falta de comida y la escasez de agua agudiza su sobrevivencia. “Ya no hay nada más que pueda caerse –agregó–, pero el miedo inunda las calles de este pueblo que todavía la semana pasada sentía el calor de los hornos y olía a tlayudas y pescado”. 

En esas regiones del sur mexicano quedó  demostrado que los pobres pueden ser todavía más pobres, y perder hasta lo que nada tenían. Chiapas es el estado más pobre del país, con 80% de personas que viven en condiciones de marginación, y Oaxaca es el tercero más desamparado, con el 63% de su población menesterosa. El Índice GLAC tiene a Oaxaca y Chiapas en el sótano de su ranking de falta de bienestar y de riesgos sociales e inestabilidad. Los dos, agobiados por la corrupción de sus exgobernadores, enfrentan altos niveles de pobreza y marginación que, ante la mala calidad de vida, un brote social de inconformidad está latente. Ambos estados se encuentran en los últimos lugares de estabilidad, en situación cotidiana que se encuentra en países en guerra como Pakistán y Somalia.

Esa realidad ya existía antes de los sismos. Después de ellos, las condiciones van a empeorar de una manera acelerada. No hay forma que la asistencia a todas las comunidades afectadas llegue con la celeridad como exige la angustia de las víctimas. La tensión va a crecer conforme avancen los días sin resultados tangibles de mejoramiento que los pudiera llevar al precario bienestar en el que se habían acostumbrado –pero no necesariamente resignado– a vivir.

Funcionarios estatales y federales han comenzado a experimentar la inconformidad. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, camina todos los días por las zonas afectadas con la cabeza gacha, sin mostrar control sobre la información.

Los protocolos estatales para casos de desastre no funcionaron. No hay prácticamente policías municipales atendiendo a las víctimas y trabajando en las operaciones de rescate, porque se encuentran ellos mismos rescatando a sus familiares y viendo qué van a hacer. La seguridad en las comunidades que no están bajo la mirada de las cámaras de televisión la han tomado los propios pobladores para evitar saqueos y actos de rapiña. Al secretario de Educación, Aurelio Nuño, lo increparon el martes en Juchitán por el colapso de 400 escuelas en ese estado que, de sí, ha vivido un rezago educativo de casi una generación.

Entonces, ¿políticas públicas eficientes para dos estados que han sido tirados a la basura por quienes más tienen? ¿Podrá un nuevo diseño institucional reponer el rezago por el abandono mexicano de mexicanos que se remonta a generaciones? No será algo inútil, pero no hay que abrigar mucha esperanza en las condiciones actuales. Recordemos el ambicioso plan del presidente Enrique Peña Nieto sobre Zonas Económicas Especiales con un paquete de incentivos fiscales para las empresas que invirtieran en el sur mexicano, que se ha quedado como un gran proyecto donde el interés por conectar al México del sur con el del centro y el norte, se detuvo en un sueño alterado por la frustración. 

Nadie, salvo el Gobierno, está dispuesto a invertir en Chiapas y Oaxaca. Nadie en México, fuera del Gobierno, está dispuesto a ir al rescate de toda esa región cuya pobreza insulta y lastima. No hay que engañarse. La salvación de esa franja del país, que no será en menos de 30 años –la diferencia de bienestar con el norte de México–, no pasa por un nuevo diseño de políticas públicas, salvo que se trate de una especie de Plan Marshall, que no sería para aliviar problemas de manera efímera y que una vez pasada la emergencia, vuelvan a ser olvidados. Hay que reconstruir esa región y volverla a pegar al resto del país. Chiapas y Oaxaca, aunque con nuestras acciones no queramos verlo, también son México.
13 Septiembre 2017 04:08:00
La búsqueda sigue
Las investigaciones sobre el corrupto conglomerado brasileño Odebrecht y los sobornos en México, ya no se van a detener. El presidente Enrique Peña Nieto dio luz verde hace pocas semanas para que se profundizaran, sin menoscabo de qué colaborador actual o anterior de su Gobierno, pudiera salir involucrado. En seguimiento de ello, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que encontró una “irregularidad” de 119 millones de pesos que vinculan a un funcionario de Pemex con la adjudicación de una obra en la refinería Miguel Hidalgo en Tula. No se ha establecido responsabilidad alguna todavía sobre esa persona, quien de acuerdo con lo que se colige del comunicado, sigue trabajando en Pemex y que tuvo relación con Braskem, la filial a la que se refiere la Función Pública y que es una de las 22 empresas ligadas a Odebrecht bajo investigación.

El caso al que se refiere la Función Pública aparentemente es al contrato firmado por Pemex Gas y Petroquímica, hoy llamada Transformación Industrial, con Braskem en diciembre de 2015 por 115 millones de dólares para la construcción de vías de acceso y obras externas para un proyecto de utilización de residuos en la refinería de Tula. Ese mismo proyecto fue señalado por Luis de Meneses Wyell, quien hasta esta primavera fue director de Odebrecht en México, y quien declaró a la Fiscalía brasileña en diciembre que la empresa le pagó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para beneficiarlos con esa obra. Las fechas que mencionó Meneses Wyell no coinciden con los tiempos en los que Lozoya estuvo en Pemex. Cuando se le adjudicó el contrato Lozoya aún no dirigía la empresa, y cuando se hizo la ampliación, fue el Consejo de Administración que lo aprobó.

Las personas involucradas con la adjudicación original a Braskem son Miguel Tame, quien fue nombrado por el presidente Felipe Calderón director de Pemex Gas y Petroquímica, y que saltó al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al ser nombrado por Lozoya como director de Producción de Transformación Industrial, que es el nombre con el que se rebautizó, esa área de la empresa. Tame es uno de los exfuncionarios –renunció en febrero de 2016– que están siendo investigados por la Secretaría de la Función Pública y la PGR por presuntos actos de corrupción, pero no es el motivo de la “irregularidad” señalada con Braskem.

Otro funcionario involucrado en la adjudicación en la refinería de Tula es Leonardo Cornejo, quien es el director de Proyectos de Transformación Industrial, era el coordinador de Proyectos de Modernización, quien firmó los contratos para la ampliación de la obra en 2014 y 2015. Braskem, según Meneses Wyell, participó en ese proyecto con la empresa hidalguense Construcciones Tapia, la que les había sido recomendada, agregó ante la Fiscalía brasileña, por Lozoya. Construcciones Tapia, sin embargo, no entró a trabajar a Pemex de la mano del exdirector de la empresa, sino de Tame.

Cornejo es uno de la decena de funcionarios y exfuncionarios de Pemex que ya fue llamado a declarar a la PGR por el caso de corrupción de Odebrecht, y de acuerdo con personas que conocen detalles de los interrogatorios, fue con quien más incisivos y agresivos ha sido el Ministerio Público federal. Cornejo tampoco es el funcionario que incurrió en “irregularidades” con Braskem, que señaló la Función Pública, sino que se está apuntando a Armando García Espinosa, subdirector de Administración y Finanzas del área de Proyectos de Transformación Industrial, y quien también pertenece al grupo de la decena de funcionarios y exfuncionarios de Pemex investigados por la PGR.

Las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht se han enfocado al periodo donde Lozoya fue director de Pemex, y las personas bajo sospecha pertenecían al grupo de colaboradores más cercanos. Las ramificaciones de la presunta red de corrupción de la empresa brasileña en México alcanza a exfuncionarios del Gobierno de Felipe Calderón del segundo nivel ejecutivo, como han sido las pesquisas, hasta ahora, de las administraciones de Pemex durante el gobierno peñista. Sin embargo, de acuerdo con información recabada, las investigaciones que abarcan a 22 filiales de Odebrecht incluyen relaciones con empresas mexicanas que tenían vínculos con exdirectores de áreas y con familiares de antiguos miembros del Consejo de Administración de la empresa, que es por donde pasan todos los proyectos, se revisan y, dado el caso, se autorizan.

Es decir, el potencial de corrupción de Odebrecht en Pemex no se limita a la decena de funcionarios y exservidores públicos investigados hasta ahora, sino abarca un abanico mucho mayor de personas que pudieran estar involucradas durante, cuando menos, las direcciones de Lozoya y Juan José Suárez Coppel. La investigación de la Función Pública empezó el 22 de diciembre pasado, un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht y Braskem reconocieron haber sobornado a políticos y funcionarios de 11 países. De acuerdo con los documentos de la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, Odebrecht pagó sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos para asegurar que les dieran obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento.

La única obra que hasta el momento se confirma que tuvo irregularidades en su adjudicación es la de la refinería de Tula, pero está lejos de ser la única. La presión pública al Gobierno ha tenido frutos, y aunque tarde, en comparación con el avance de las investigaciones en otros países de América Latina, se empezó a caminar contra la impunidad.
12 Septiembre 2017 04:08:00
Expulsen a Roberta
Ya se fue el embajador de Corea del Norte Kim Hyong Gil, a quien el Gobierno de México declaró persona non grata el jueves pasado. Sin embargo, se quedaron otros que deberían de correr la misma suerte. Veamos. Si el embajador norcoreano se fue porque desestabilizaba la región asiática con ensayos nucleares que amenazaban a Corea del Sur y Japón, entonces la racional es que aquellos que atentan contra la paz de una nación deben correr la misma suerte. Por tanto, el Gobierno de México debe declarar persona non grata y darle 72 horas para que abandone el país a la embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson. No es nada personal contra la embajadora, aunque habría razones suficientes para haberle hecho extrañamientos por su proclividad a meterse en asuntos internos. En este caso se trata de su jefe, el presidente Donald Trump, que como ningún líder en el mundo ha atacado a México y lo ha desestabilizado.

Trump lleva dos años insultando a México, a los mexicanos, a los inmigrantes de origen mexicano y a las instituciones nacionales. Nos ha dicho narcotraficantes a todos, violadores de mujeres, criminales y escoria que debe ser frenada en la frontera sin consideración. Sus amenazas de sancionar a quienes inviertan en México produjeron que empresas multinacionales que habían trabajado por años en este país y tenían planes de expansión, cancelaran sus planes y optaran por llevar sus nuevas operaciones a Estados Unidos ante el miedo que les inyectó Trump. Con esto se perdieron miles de empleos para mexicanos y algunas ciudades en el centro del país, que dependían de esas inversiones, van a sufrir problemas económicos.

La beligerancia de Trump contra México ha provocado que otros países aplacen sus inversiones hasta ver qué sucede con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que Trump insiste en su deseo de repudiarlo, con lo que desde hace casi un año ha puesto de cabeza a los mercados y durante varios meses golpeó inmisericordemente al tipo de cambio, con lo que generó fugas de capitales y desestabilización financiera.

Visto con la frialdad de la analogía mecánica, Trump es una amenaza tangible mucho mayor que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que tiene un diferendo serio con el jefe de la Casa Blanca y lo ha amenazado, si continúa haciéndole lo mismo, con disparar un misil nuclear sobre su territorio de Guam, en el Pacífico. No hay amenaza directa o indirecta para México, y nunca se ha referido el dictador norcoreano a este país como objetivo estratégico por ser vecino de Estados Unidos. Las diferencias y tensiones entre los dos países se han dado por la desobediencia del régimen de Pyongyang a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre su programa nuclear, lo que no había sido motivo de acciones radicales mexicanas y de vulnerar la neutralidad que había mantenido en el conflicto entre poderes nucleares, hasta la semana pasada cuando expulsó al embajador norcoreano.

Está claro que Estados Unidos no significa lo mismo para México que Corea del Norte. El año pasado, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos se pudo medir por minuto: un millón de dólares se intercambiaba cada 60 segundos. Cada 24 horas cruzan la frontera entre los dos países mil 400 millones de dólares en bienes y servicios, y la economía mexicana depende en más del 70% de la estadunidense.

Con Corea del Norte el comercio bilateral totalizó 7 mil dólares el año pasado, algo tan ínfimo que ni siquiera figura en los indicadores de la Secretaría de Economía. No hay ningún mexicano en estos momentos en Corea del Norte, y obtener una visa de turista es sumamente difícil y costosa (hay que ingresar por la frontera China). En Estados Unidos vive también el 97.33% de los poco más de 12 millones de mexicanos que viven en el extranjero, sin contar con unos 4 millones de indocumentados en aquella nación. Los mexicanos son el segundo mercado turístico más importante de Estados Unidos, y en 2015 lo visitaron 18 mil 400 millones de turistas nacionales.

Cuando tanto se depende de un país, la soberanía tiene diferente connotación. Trump puede seguir insultando a México y a los mexicanos todo el tiempo que lo desee, y desestabilizar económica y socialmente a México –con las deportaciones masivas–, porque no va a tener una respuesta radical, más allá de la retórica de una declaración. La embajadora Jacobson puede meterse sin problema alguno en los asuntos internos, como hablar del sistema de procuración y administración de justicia o de la inseguridad, sin que se le llame para hacerle un extrañamiento. Estados Unidos se comporta con México como si fuera su protectorado, y su representante es una especie de pro cónsul. El Gobierno de México debe tener calculado que el costo de estar de hinojos ante Washington es superior frente al beneficio de la relación, pese a los constantes escupitajos.

Objetivamente hablando, declarar a la embajadora Jacobson persona non grata sería poco inteligente. Entregar la cabeza del embajador norcoreano cuyo país nada hizo contra México es algo similar, pero forma parte de la reconversión pronorteamericana de la política exterior mexicana. Videgaray ha modificado la política exterior con Venezuela y ahora Corea del Norte, con quienes Estados Unidos tiene diferendos. ¿Le está sirviendo Videgaray a Washington? ¿A cambio de qué? ¿Le sirve a México? Hasta ahora no hay nada tangible de regreso. Cuando menos para el Gobierno de Peña Nieto, o para el país.
11 Septiembre 2017 04:07:00
Expulsión amañada
Algo no está bien aunque parezca correcto. El jueves pasado el Gobierno de México declaró persona non grata al embajador de Corea del Norte, con lo que, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresaba su “absoluto rechazo a su reciente actividad nuclear, que significa una franca y creciente violación del derecho internacional y representa una grave amenaza para la región asiática y para el mundo”, particularmente para países aliados como Japón y Corea del Sur. El embajador Kim Hyong Gil respondió que la acción era “ignorante” y que el desacuerdo sobre el programa nuclear era un tema de Estados Unidos que “nada tenía que ver con México”. La acción tuvo poca repercusión porque el sismo horas después del anuncio, atrajo por completo a la opinión pública y a la sociedad política. Pero la duda existe: ¿por qué aprobó el presidente Enrique Peña Nieto su expulsión?

La explicación oficial es tramposa. De haber sido consistente la política exterior mexicana, como explicó el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, el Gobierno de México se habría mantenido neutral. La expulsión del embajador norcoreano rompió la neutralidad y lleva a plantear, cuando menos para efectos de argumentación, que el Gobierno peñista le quiso hacer un favor a Estados Unidos, enfrentado directamente con el régimen de Pyongyang, o a China, donde la rebeldía de su aliado le está mermando respeto internacional al no estar pudiendo contenerlo. En este caso la política exterior luce inconsistente y es inexplicable.

Desde 2006, el régimen de Pyongyang ha violado siete resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas contra sus actividades nucleares y el lanzamiento de misiles. Cuatro de ellas se dieron durante el Gobierno del presidente Peña Nieto: diciembre de 2012, febrero de 2013, en marzo y en noviembre de 2016, y la última en agosto pasado. En cada la ONU condenó a Corea del Norte y le urgió a cesar su actividad ilegal, pero México no hizo nada hasta que sucedieron dos eventos que coincidieron –o influyeron–, con el radical cambio en la política exterior mexicana.

El primero fue el 16 de agosto, cuando de visita a Chile, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, urgió a Brasil, Perú, Chile y México romper relaciones con el Gobierno de Kim Jong Un, para incrementar el aislamiento internacional de Corea del Norte. Brasil dijo que acataría las decisiones de las organizaciones multilaterales, lo que significa que no haría caso de una petición bilateral. Perú, que en los últimos meses ha reducido su personal diplomático en Pyongyang, dijo que no planeaba tomar ninguna acción. Chile llegó a un acuerdo conjunto hace cuatro años para restablecer relaciones con Corea del Norte, pero hasta la fecha no han intercambiado embajadores. México sustituyó al embajador José Luis Bernal, quien era embajador concurrente en Corea del Norte en abril pasado, pero su relevo, Bruno Figueroa, ya no fue nombrado para atender los asuntos en Pyongyang, que lleva un encargado de negocios no mexicano.

El segundo se dio en el marco de la Cumbre de los BRICs, en Xiamen el 4 de septiembre, donde el presidente Peña Nieto sostuvo un encuentro bilateral con el presidente chino Xi Jingping, tras lo cual condenaron la actividad nuclear de Corea del Norte y, de acuerdo con el comunicado de Los Pinos, coincidieron en la necesidad de aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Horas antes de que México expulsara al embajador norcoreano, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, declaró en una conferencia de prensa que el Consejo de Seguridad de la ONU debía responder con mayores sanciones ante la última explosión nuclear de Corea del Norte. “Creemos que las sanciones y la presión son sólo la mitad de lo que se necesita para resolver el problema”, agregó. “La otra mitad es el diálogo y la negociación”.

Japón, que no tiene relaciones formales con Corea del Norte pero mantiene un diálogo permanente, insiste en la necesidad de mantener negociaciones y puertas abiertas con Pyongyang. Corea del Sur tiene relaciones con su vecino del norte, y su nuevo presidente, Moon Jae-in, ha sido criticado en su país por ser proclive a intensificar sus vínculos con Kim Jong Un. No hay ninguna nación que haya tomado una decisión tan extrema, en estos momentos de tensión, como México, que súbitamente se metió en medio de un conflicto con posiciones distintas a las que aquellos que dice enfrentan sus aliados, están manteniendo.

La postura de México ha sido tensa durante muchos años, pese a las constantes violaciones de Corea del Norte a los acuerdos suscritos por ambos países. México restableció relaciones diplomáticas con Pyongyang en 1980, con un compromiso recíproco de prohibición completa de ensayos nucleares, lo cual marchó bien hasta 2003, cuando Corea del Norte se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear. Tres años después iniciaron sus pruebas con misiles, que impactaron en el Mar de Japón. En 2009 México condenó por primera vez al régimen norcoreano y dijo que sus acciones ponían en riesgo la estabilidad en la región. Siempre se mantuvo la neutralidad, rota ahora por el extraño activismo del canciller Luis Videgaray, cuya opacidad para explicar cuáles son las razones de fondo por las que se tomó la decisión, causan inquietud sobre qué el trasfondo de sus recomendaciones al presidente Peña Nieto.

La percepción es entreguismo a las superpotencias nucleares. Si quiere evitar que esa idea se anide como realidad, una explicación menos amañada es lo que procede.
08 Septiembre 2017 04:08:00
Recuerdos de las dictaduras
Le llamaron la “Operación Piña” y se ejecutó la tarde del 24 de marzo de 1980, cuando el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, oficiaba una misa privada. Unos matones, bajo las órdenes del mayor Roberto D’Aubuisson, acribillaron a monseñor Romero, un sacerdote que había sido conservador hasta que un sacerdote muy cercano, Rutilio Grande, fue asesinado por predicar por los pobres. Romero se concientizó y cambió de rezar por las élites a los que más necesitaban, con una prédica contra la violencia. Su asesinato aceleró lo que urgía frenar y se inició una larga noche donde fueron cayendo religiosos, líderes sociales, sindicalistas, maestros, defensores de derechos humanos y políticos. Todo aquello que significaba peligro para la Junta Militar fue eliminado. Nadie con capacidad dialéctica, habilidad para organizar y recursos persuasivos sobrevivió. La dictadura no permitía desafíos.

Aquellos eran los prolegómenos de una década de terror en América Central, donde los líderes sociales aparecían asesinados o degollados en las orillas de las carreteras. Los escuadrones de la muerte, organizados por D’Aubuisson, liquidaban a quien no se plegara a la dictadura militar.

El método de descabezar a quienes mejor preparación tenían y mayor capacidad intelectual mostraban se extendió por la región. En Guatemala, los líderes sociales fueron los primeros en caer. Siguió Honduras, donde, como en El Salvador y Guatemala, la verdadera guerra fue contra las ideas. No hay arma más letal que la mente, cuyo arsenal era visto por los regímenes militares incubado en la disidencia social.

Los recuerdos de esas dictaduras caen como premonición en la realidad mexicana. De acuerdo con un seguimiento informativo de Eje Central, durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha incrementado el número de asesinatos contra líderes sociales y activistas. En 52 meses de Administración, sintetizó la reportera Bet-biraí Nieto Morales, se cometieron 261 asesinatos: 17 contra sacerdotes, 123 contra líderes sociales –en su mayoría relacionados con la defensa de los derechos humanos–, 83 contra presidentes municipales y 38 contra periodistas.

A diferencia de lo que sucedió en el llamado Triángulo del Norte, donde las acciones represivas fueron emprendidas por los gobiernos militares, en México, “la mayoría de los ataques ocurrieron en municipios y regiones que coinciden con los lugares donde el crimen organizado estableció una estrategia para apoderarse del territorio.

En todos los casos el común denominador es el contexto de violencia en la región en que se cometieron, ya sea por cambios en las administraciones gubernamentales estatales y municipales o por la presencia de nuevos grupos de organizaciones criminales”. Eje Central citó el informe La Violencia de las Drogas en México, del proyecto Justicia en México de la Universidad de San Diego, que afirma que en la mayoría de los homicidios contra alcaldes y sus familiares se usaron métodos del crimen organizado, que repercute en el aspecto social, dado que “el asesinato de posiciones políticas amenaza el proceso democrático y socava el imperio de la ley”. No es el sector político, sin embargo, el más afectado.

Periodistas y religiosos son los más atacados. De acuerdo con el reporte Panorama de homicidios en el actual sexenio del Centro Católico Multimedial, los sacerdotes son vulnerables a diversos ataques en la creciente ola de agresión, asesinatos y desapariciones “acaecidos bajo la mirada indiferente de las autoridades, sobre todo, en las zonas de alto riesgo, donde prolifera la inseguridad y operan los grupos del crimen organizado”. Nieto Morales explicó que el papel e influencia que llegan a tener los clérigos en las comunidades, los convierte en blanco del crimen organizado, pues los ataques en su contra generan temor entre los pobladores.

En el caso de los periodistas, según la organización no gubernamental Artículo 19, “su labor diaria de informar a la población hechos que atañen a toda la sociedad, suelen incomodar a actores políticos, privados o del crimen organizado que buscan que sus intereses no sean expuestos ante una sociedad cada vez más harta de los abusos e ineficacia de las autoridades”. Lo inquietante es que el grueso de las agresiones no provino del crimen organizado, sino de gobiernos: en 2016 hubo 226 agresiones contra periodistas por parte de funcionarios públicos y 17 de los grupos del crimen organizado. Las agresiones cometidas por grupos criminales contra periodistas disminuyeron 51.43%, mientras que la de los gobiernos, se incrementó 37% (para un total de 53%) con respecto a 2015.

“Aunque los homicidios contra periodistas y sacerdotes llegan a ser los más difundidos e indignan a varios sectores sociales, los ataques contra activistas y líderes sociales representan el mayor número de crímenes contra personajes comunitarios clave en el país, pues ascienden a 123 en este sexenio”, indicó la reportera Nieto Morales. “Es decir, desde diciembre de 2012 hasta la actualidad, han sido asesinados cada mes dos líderes en promedio en el territorio nacional”. La numeralia de la muerte en México de quienes piensan, hacen y organizan, son un mal presagio, si se recuerdan las experiencias en América Central.

Ocho meses después del asesinato de monseñor Romero, seis líderes políticos del Frente Democrático Revolucionario, una organización paraguas que representaba a los diferentes sectores de la sociedad, fueron secuestrados, torturados y asesinados en San Salvador.

La historia de El Salvador comenzó a reescribirse con la partición de ese pequeño país que se vio inmerso en una interminable guerra civil. Ese momento de inflexión no se necesita en México. El conflicto interno se vive todos los días, sin que nos demos cuenta del ecosistema mortal en el respiramos.
07 Septiembre 2017 04:08:00
A jugar a la gallina
Está claro. Todos juegan al máximo límite para que el adversario ceda y claudique. La oposición al PRI en la Cámara de Diputados forzó una crisis constitucional que paralizó a San Lázaro para que el Gobierno ordene a sus diputados que acepten el ultimátum de quienes demandan eliminar el pase automático de procurador general a fiscal general, que se establece en la ley. La política mexicana se encuentra en este péndulo. Algunos están por la suma cero; otros por la claudicación del adversario. Brinkmanship es el nombre del juego, entendido como el ejercicio de una política arriesgada que a veces es suicida.

La falta de una solución a la instalación de los órganos de dirección de la Cámara de Diputados llevó a que el miércoles amaneciera el país sin nadie que pueda recibir el Paquete Económico para 2018, con lo que, teóricamente, no podrá iniciar la discusión sobre el Presupuesto y paralizará al Gobierno. La motivación es el conflicto por la negativa del PRI a discutir una iniciativa presidencial para eliminar el llamado pase automático, previsto por la ley desde 2014 y aprobado por el PAN, que hoy encabeza la cruzada en contra, y que en aquellos remotos tiempos hacía el amor todas las noches con el PRI. La discusión no es suficiente. La oposición quiere que se elimine esa provisión. Punto. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Quién cederá?

Brinkmanship es lo que se está ejecutando en San Lázaro. Una política arriesgada que si no llega a que una de las partes ceda, se volverá una política suicida. Este es el elemento central del juego de la gallina, uno de los ejercicios más notables en Teoría de Juegos, donde las dos partes se involucran en un diferendo donde, si nadie cede, todos pierden, y sólo si uno claudica, los dos pueden ganar al evitar la autodestrucción.

El nombre de “gallina” se originó cuando Bertrand Russell lo usó como metáfora de la política nuclear suicida en su influyente libro “Common Sense and Nuclear Warfare”, en 1959, al referirse a un juego de jóvenes que se popularizó 4 años antes en la película Rebelde sin Causa, donde, para dirimir una disputa, los jóvenes corrían en sus vehículos a toda velocidad por una pendiente que terminaba en despeñadero, buscando determinar quién era aquel que antes de caer brincaba de su automóvil. Si ninguno cambiaba el rumbo, en la metáfora nuclear, se daba la autodestrucción masiva. La racional es si un jugador cede, la mejor decisión del otro depende de lo que hizo su adversario. En el fondo trata sobre conflicto o conciliación.

En San Lázaro, la oposición juega a la gallina. Va a toda velocidad rumbo al despeñadero y, aunque no quiera, el PRI es arrastrado por la pendiente. Los diputados movieron el reloj legislativo –que es como eufemísticamente resuelven su violación a la ley– para el próximo jueves, a fin de dar tiempo a que avancen las negociaciones. O legislan los priistas contra el pase automático en el Senado, la Cámara donde se encuentra la propuesta presidencial, o no se instala el Congreso. No hagan apuestas.

El homogéneo bloque de la oposición se enfrenta a un PRI que tiene el poder en el Ejecutivo, pero no le alcanza en el Legislativo para lograr todos sus objetivos. El martes amanecieron unidos partido y Gobierno. El secretario de Gobernación, citado a comparecer en San Lázaro, no acudió, porque no le correspondía. No cedió a la presión. El coordinador priista en el Congreso, César Camacho, afirmó que la oposición estaba secuestrando a la Cámara de Diputados y que ese tema pertenecía a los senadores. Horas después, señal de lo que pasaba en Los Pinos, Camacho pidió al coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, que considerara discutir la iniciativa presidencial. Gamboa terminó el día señalando que ni estaba en la agenda priista ni era prioridad de su bancada.

Pero en poco más de 12 horas, fueron el Gobierno y el PRI los que mostraron señales de no correr al suicidio del despeñadero, frente a la voluntad intransigente, hasta el final de la jornada, de la oposición. Es posible, por su aversión al conflicto, que el presidente Enrique Peña Nieto ordene a su partido que recule y que sacrifiquen al procurador general Raúl Cervantes. Ya una vez lo hizo, en el intento fallido por llevarlo a la Suprema Corte de Justicia, demostrando que es una pieza desechable cuando el caso lo amerita. Lo que en este momento no puede tener punto de retorno, salvo pagando un alto costo político, es que la oposición dé marcha atrás o cambie migajas por votos en San Lázaro. Llegaron al límite de la pendiente.

La oposición cerró todos salvo un espacio de negociación, y de lo acertado de su toma de decisión saldrán fortalecidos o derrotados. El ejercicio para el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, que encabezan la oposición, está resultando aleccionador para 2018. Mostraron músculo y tienen arrinconado al PRI. Pero deben tener cuidado. Un gran ejemplo de brinkmanship es cuando la Unión Soviética comenzó a armar silos nucleares en Cuba, que desató la Crisis de los Misiles en 1962 y enfrentó al presidente John F. Kennedy con el presidente soviético Nikita Kruschev. Es un clásico juego de la gallina y el mundo estuvo en el umbral de una tercera guerra mundial, hasta que Kruschev reculó. Ahí empezó su declive. Dos años después, lo depusieron.
06 Septiembre 2017 04:08:00
El top de los violentos
Algo se pudrió en México. Si todo iba bien en materia de seguridad durante los cuatro primeros años de Gobierno, como afirma el presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué sucedió en el quinto año cuando todos los indicadores de criminalidad se dispararon? Homicidios dolosos, extorsiones, robos, secuestros. Todo se incrementó en el penúltimo año de gobierno. Peña Nieto asegura que esta descomposición se debe a que gobernadores y alcaldes, el hilo delgado por cuanto a debilidad institucional, no han hecho bien su trabajo. Hay de todo. Incluso hay variables que inciden en el fenómeno que llegan a ser extraordinarias, lo que hace más difícil el diagnóstico y la puerta de solución al problema.

Por ejemplo, ¿por qué Colima se descompuso? Porque el fentanilo, una droga sintética con base en el opio, que se convirtió en El Dorado para los consumidores en Estados Unidos, llega de China al puerto de Manzanillo y genera una lucha por el control de lo que se volvió un negocio altamente redituable. ¿Por qué perdió la paz Chihuahua? Porque se reactivó la ruta de la cocaína, de la Comarca Lagunera a Ciudad Juárez, por la sobreproducción en Colombia, luego de que como parte de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, se aceptó la exigencia de la guerrilla que dejaran de erradicarse los cultivos de la coca. Estos fenómenos exógenos ayudan a entender parte del incremento en la criminalidad, pero sólo en una parte.

Según el índice GLAC, la consultoría del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, el exdirector de Contraterrorismo de la CIA –que encontró a Osama binLaden–, José Rodríguez, y Luis Enrique Montenegro, el general que formó parte del Bloque de Búsqueda que encontró y aniquiló a Pablo Escobar, en 2016 había 13 entidades donde la seguridad estaba controlada y se vivía con bienestar, pero en 2017, seis estados se sumaron a la mayoría de las entidades que sufren con la violencia. Todos los estados del Pacífico norte se volvieron más violentos y socialmente más inestables, afectando la calidad de vida. Aquí se puede argumentar que la violencia responde a las variables internacionales, a las que hay que añadir la información de testigos protegidos, como los hermanos Flores, que trabajaban con el viejo Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, la debilidad institucional es el factor más poderoso que incide en el deterioro y la violencia, donde no sólo los estados, sino la Federación, tienen actuaciones deficitarias. Un análisis realizado por Eje Central de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encontró que los delitos que más impactaron a la sociedad en el primer semestre de 2017 fueron homicidios, secuestros y extorsiones, y que los estados más generadores de estos crímenes fueron el Estado de México, Guerrero y Veracruz.

Ninguno de ellos, salvo el Estado de México en materia de extorsiones (505 delitos de este tipo), ocupan el primer lugar e, incluso, Veracruz (253) figura en cuarto lugar en este tipo de crimen, mientras que Guerrero no se encuentra entre los cinco primeros lugares afectados por el delito. Después de los mexiquenses, Nuevo León es el más afectado por extorsiones (400), seguido de Jalisco (304), Veracruz y la Ciudad de México (248). En este tipo de delitos subyace la deficiencia o vacíos de autoridad, o la corrupción de las autoridades.

En homicidios, Guanajuato supera al segundo estado donde más muertes (2 mil 10 contra mil 757) que es México, seguidos de Michoacán (mil 326), Guerrero (mil 450) y Veracruz (mil 426), aunque en esta entidad el incremento del delito entre enero y junio fue de 90%. En el tema de los secuestros, Tamaulipas figura en lo alto de la tabla de criminalidad (116), seguido de Veracruz (113), el Estado de México (94), Tabasco (54) y Guerrero (39). El análisis de Eje Central revela los voluminosos incrementos en robos en carretera (85.49%), los robos a negocios con violencia (54.80%), y los homicidios dolosos (27.92%). En este último rubro, el total aproximado ya alcanzó los 80 mil, contra los 70 mil homicidios dolosos estimados del sexenio de Felipe Calderón.

De acuerdo con el Índice GLAC, los estados más afectados durante el primer semestre fueron Guerrero, México y Chiapas, donde cayó la calidad de vida. El Índice encontró que en Guerrero influyó la falta de inversión y crédito en diversos sectores, mientras que en Chiapas, como sucedió en Veracruz y Tabasco, fue la caída en los precios del petróleo lo que contribuyó al deterioro. Si no hay bienestar, hay violencia. El repunte en estados como Quintana Roo y Baja California Sur, como en Guerrero, afectó al turismo y perjudicó a sus habitantes por la caída de visitantes, que los empujó a buscar ingresos por otros caminos.

El incremento de la violencia, al analizar los diferentes factores que llevaron a ella, no se puede explicar únicamente como un tema de buenos y malos, sino de manera más compleja. Las variables que inciden en ella no necesariamente tienen que ver con criminalidad, sino con fenómenos que alteran la dinámica de la sociedad. Tales son los ejemplos del fentanilo o de las FARC, o el incremento de los secuestros en Sinaloa por la tardía temporada de lluvias, donde los agricultores, se mudan de su actividad legal a una ilegal para poder comer. Estas explicaciones del fenómeno no disminuyen la relevancia del problema. Al contrario. Con tantas variables involucradas, lo sorprendente es que no estemos peor en el repunte de criminalidad, porque si no hay respuesta para lo básico, menos aún para la complejidad que se vive.
05 Septiembre 2017 04:07:00
2018: el caballo negro
En el mensaje político a propósito del Quinto Informe de Gobierno, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, traía una “cara de funeral”, como lo describió Arturo Cano en su crónica en La Jornada. “Continúan siendo un misterio sus aspiraciones”, escribió Horacio Jiménez en su relato del evento en El Universal. “Para él no hay tiempo ni espacio para fotos ni abrazos”, agregó al compararlo con lo sociable y dicharachero del resto de sus colegas en el Gabinete. El pachuqueño sí es un misterio en público, no de ahora, sino de siempre. No muchos saben que es un hombre de noche, como su amigo, el presidente Enrique Peña Nieto, de quien solía despedirse casi amaneciendo, y su cómplice en las juergas con Juan Camilo Mouriño, el hombre fuerte en el Gobierno de Felipe Calderón, antípodas de lo que es en público, serio, solemne y de rasgos severos.

Osorio Chong se ha preparado desde el comienzo para ser sucesor de Peña Nieto. A lo largo de su gestión ha mantenido un cuarto de guerra en las sombras para definir estrategias, y tomó clases para mejorar su dicción, notable avance de alguien que hablaba como lectura de un mensaje telegráfico, a una fluidez que hace olvidar sus espasmos lingüísticos. Pero la candidatura del PRI le parecía que se le escapaba de las manos. Hace unas semanas, admitió en privado que los momios sucesorios no estaban inclinados por él. En los pasillos del poder, comenzando por Los Pinos, los nombres de sus colegas de gabinete, José Antonio Meade, José Narro y Nuño encabezaban las ternas que buscan adivinar el pensamiento del presidente Peña Nieto sobre su sucesor.

Nadie sabe cómo está pensando Peña Nieto porque nunca, en situaciones similares, guardando las diferencias, ha comentado las opciones que está considerando. Hace varios años, un profesor de política en la Universidad de Harvard trazó analogías entre el PRI y el Partido Comunista Ruso, afirmando, para sorpresa de sus alumnos, que sería más difícil de romper el régimen de Moscú que el de la Ciudad de México, por la flexibilidad del sistema político mexicano y los enormes recursos políticos de su Presidente para hacer su voluntad. Había otros ángulos de comparación.

En Moscú, los kremlinólogos observaban el presídium durante el desfile militar de la Revolución de Octubre para ver quién empezaba a acercarse al centro y determinar cómo iba subiendo en jerarquía y poder. En el México de la república priista, también se ven los presídiums y se trata de adivinar con gestos y lenguajes de cuerpo lo que el Presidente en turno piensa sobre su sucesor. Es cierto que no hay ninguna sucesión que atrape el imaginario colectivo mexicano como una priista, producto, se puede pensar, de una vieja cultura autoritaria que permeó estilos de vida. El Quinto Informe de Gobierno del presidente Peña Nieto era la ocasión para intentar penetrarle el pensamiento sucesorio.

Las señales se dieron, a juicio de quienes las interpretaban. La enorme sonrisa del secretario de Hacienda, la despedida del secretario de Relaciones Exteriores antes que al de Gobernación, o que los subsecretarios de Educación fueran colocados con el grupo de invitados especiales y no en lo alto de la última tribuna, junto a las cámaras de televisión, como sucedió cuando el titular era Emilio Chuayffet. La suma de las señales buscaban un destino manifiesto, y las crónicas periodísticas decían que no hubo ninguna. ¿Realmente no hubo ninguna? Habría que regresar al discurso de Peña Nieto el 2 de septiembre, donde habla bien de la economía y dice que pese al entorno internacional, México sigue creciendo. Entonces, no ve la economía como un tema que requiera de un experto para el próximo sexenio. No habló en concreto de las reformas, sino en lo general como una necesidad para seguir consolidando el cambio, enmarcado en lo político: que no haya polarización, ni división. O sea, un candidato con perfil político es lo que México necesita, si uno se atiene al texto del mensaje presidencial.

Lo que subrayó Peña Nieto como la prioridad nacional es la seguridad, a la cual le dedicó la primera parte de su mensaje, y reconoció que se volvió un problema serio. “En los primeros 4 años de esta Administración, se logró disminuir la incidencia de delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes”, dijo. “Sin embargo, ese resultado se ha revertido. Hoy, una parte significativa de los homicidios no está relacionada con el crimen organizado, sino con delitos del fuero común, aquellos que son responsabilidad de los estados y municipios”.

Es decir, son los gobernadores y los alcaldes quienes no han hecho su trabajo y por ello el incremento de la violencia. Para quienes piensen que la responsabilidad primaria recae en Osorio Chong –como quien esto escribe–, Peña Nieto considera otra cosa. No es él el culpable de la espiral de violencia que se vive, sino otros. ¿Tiene camino relativamente libre para la candidatura? Funcionarios en Los Pinos insisten en el distanciamiento del Presidente con él, pero quienes los han visto interactuar en el Gabinete, ven calidez y cercanía. Hay señales, pero no definitivas. Lo único que puede afirmarse en este momento es que Osorio Chong es quien encabeza las encuestas para 2018 dentro del PRI –por conocimiento de la persona–, que sería un error descartarlo a priori de la contienda, y que el dogma de Peña Nieto es escoger al candidato con el que pueda ganar, sea quien sea.
04 Septiembre 2017 04:07:00
2018: el enemigo
En su esperado Quinto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto no dejó asomar ninguna señal de hacia dónde está mirando para encontrar en el gabinete –lo único que ha destacado como incubadora para 2018– a su sucesor. Pero en cambio, definió sin mayores revelaciones celestiales quién es el enemigo a vencer. Andrés Manuel López Obrador, que no son más una obviedad, sino por razones cinceladas por el Presidente: piensa viejo, el mundo que imagina ya no existe, y es una amenaza real para las reformas económicas. Peña Nieto dijo que hoy se vivía mejor que hace cinco años, y será mejor en 2022 que en 2017, por lo que deslizó que López Obrador no es la solución para que eso suceda en México. Los dichos sobre López Obrador dejaron de ser fobias o miedos, y se trasladaron a un campo de batalla electoral generacional, ideológica y de decisiones cruciales sobre lo que será en los años venideros este país. 

“De mantenerse y profundizarse los cambios realizados, México podrá convertirse en un país plenamente desarrollado en menos de dos décadas”, dijo Peña Nieto dentro de las 170 palabras más importantes, en su visión, para el futuro nacional. “Nuestro país tiene que seguir cambiando; tiene que seguir transformándose… Ese futuro se tiene que construir y proteger cada día, sobre todo, cuando existen riesgos visibles de retroceso. Hace años que México no se encontraba en una encrucijada tan decisiva y determinante como la actual. La disyuntiva es muy clara: seguir construyendo para hacer de México una de las potencias mundiales del Siglo 21 o ceder a un modelo del pasado que ya ha fracasado. El futuro es incierto, pero sabemos a dónde queremos llegar. El pasado es conocido, y por eso sabemos qué queremos o qué debemos evitar”.

Peña Nieto se refería a los últimos años del modelo estatista de la economía, donde los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, en donde se inspira una buena parte del programa económico de López Obrador, produjeron crisis profundas que, como en casi todo el resto del mundo, obligaron a reconversiones industriales para vivir en forma globalizada. López Obrador, que teóricamente acepta el cambio que se ha vivido en los últimos 40 años, ideológicamente lo rechaza. En una entrevista la semana pasada con el periódico The Wall Street Journal, vocero de los intereses empresariales de Estados Unidos, López Obrador fue inmensamente cándido o perversamente claro en el mensaje que lanzó a los capitanes capitalistas de esa nación, cuando habló del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la reforma energética.

La renegociación del TLCAN, cuya segunda fase concluye este lunes en la Ciudad de México, debe suspenderse. Así lo dijo López Obrador al Journal, y que debían esperar a que pasaran las elecciones presidenciales. ¿Por qué Estados Unidos y Canadá tendrían que aguardar a lo que suceda en México? De hecho, en Estados Unidos quieren que todo concluya antes de las elecciones, por el temor que tienen de una regresión comercial con López Obrador. “No es conveniente buscar un acuerdo bajo presión”, agregó el precandidato presidencial con una explicación sin asidero a su primera reflexión, y que se refiere a las amenazas del presidente Donald Trump. “Cualquier tratado injusto puede ser revisado por el Gobierno de México”. En realidad es el Senado quien debe revisarlo; el Gobierno lo firma.

Pero esos matices no importan. El sentido de lo que expresó es lo relevante porque permiten asomarse a su pensamiento. Más significativo, por el impacto de sus palabras en Wall Street, es lo que dijo sobre la reforma económica que abrió las puertas al sector privado para invertir en petróleo y gas. La apertura del sector energético está fuera de discusión para López Obrador. Si es presidente, dijo, cancelará las licitaciones. Momentos después, se volvió a contradecir. “Favorezco la inversión extranjera, pero no permitiré que se afecten los intereses mexicanos”, afirmó. Le gusta la inversión extranjera, pero en otro país, porque no aceptará ningún dólar más en ese sector.

Las galimatías de López Obrador buscan esconder su ideología estatista con un lenguaje aperturista, pero las contradicciones afloran. El Journal soslaya el doble lenguaje, pero recuerda los reportes de las agencias calificadoras en Estados Unidos sobre sus temores por las reformas en caso de que gane la Presidencia, y la última encuesta del Banco de México con analistas del sector privado, donde señalaron que la incertidumbre política es uno de los principales obstáculos para el crecimiento.

“La transformación que hemos emprendido seguirá adelante, porque México no se detiene”, dijo el Presidente con motivo de su Quinto Informe de Gobierno. “Los ciudadanos nos exigen continuar en la ruta de la renovación y el cambio, y estamos comprometidos a hacerlo”. No está claro que así sea. En la última encuesta de Buendía&Laredo, el 69% de los mexicanos respondió que el país va por un mal o muy mal camino, contra sólo el 18% que piensa lo contrario. Si López Obrador permanece en lo alto de las encuestas de preferencia hacia 2018, es pertinente preguntar qué es lo que quiere la mayoría de los mexicanos.

Peña Nieto dijo que pondrá todo su “empeño, dedicación, pasión, entrega y esfuerzo sin reservas” para que no haya cambio de rumbo. Se podría leer de esta manera: no importa lo que piensen los mexicanos, lo mejor es lo que se hizo con las reformas y se van a defender con todo ante el enemigo, López Obrador, que quiere desmantelar la obra del sexenio.
01 Septiembre 2017 04:08:00
La cabeza de la hidra
El presidente Enrique Peña Nieto lanzó un grito al desierto. Este jueves, en la clausura de la reunión del Consejo de Seguridad Pública, abogó vehementemente por el Mando Único para enfrentar a la delincuencia y por el control de confianza de las policías. Pidió a los gobernadores del país a combatir a los criminales, en uno de sus últimos llamados para restaurar la seguridad en la nación. Se apoyó en un diagnóstico dramático, que subraya su gravedad porque es el mismo que el presidente Felipe Calderón tenía hace 8 años. ¿Cómo es posible que en lugar de avanzar nos hemos quedado estancados que significa un retroceso? La tasa delincuencial es más alta que la que se registró en la Administración anterior, y de acuerdo con un alto funcionario federal, va a empeorar. ¿Qué sucedió? Hay que regresar a 2009.

El 29 de septiembre de aquel año, en la glosa del Tercer Informe de Gobierno, el titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, explicó en el Congreso el Mando Único que impulsaba Calderón para combatir a la delincuencia, mediante el fortalecimiento institucional de las policías estatales y municipales, al tiempo de proporcionar un blindaje a los alcaldes. La situación era dramática. El 4% de los municipios no tenía Policía y alrededor del 22% no tenía turnos suficientes para cubrir los horarios que se requerían. Sólo una tercera parte de los estados los tenían completos. Las deficiencias estructurales tenían que ver con baja escolaridad, paupérrimos ingresos de no más de 4 mil pesos, y ausencia de controles de confianza.

En su discurso en el Consejo de Seguridad Pública, Peña Nieto señaló: “Las entidades, en muchos casos, no cuentan con cuerpos policiacos suficientemente sólidos y confiables. En el caso de los municipios, muchos ni siquiera han desarrollado sus propias corporaciones. Únicamente 14 de las 32 entidades tienen cuerpos policiales en todos sus municipios; y en la gran mayoría de donde sí las hay, el número no rebasa los 100 elementos. No sólo se trata de tener un mayor número de policías, sino de que sean más confiables y cercanos a la ciudadanía y que, además, estén debidamente profesionalizados. Se requiere de policías mejor preparados. En la actualidad, 70% tiene una escolaridad de secundaria o menos y, desde luego, falta avanzar en lograr una mejor remuneración.Aproximadamente 40% de los policías municipales percibe un sueldo base mensual inferior a 4 mil 600 pesos”.

Es decir, problemas de 2017 son los mismos de 2009. En 2010, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Conago, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, asumió como propia la iniciativa de Calderón y García Luna y la presentó al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Marcelo Ebrard, presidente en turno de la Conago, la presentó formalmente ante los gobernadores. El gobernador del Estado de México, Peña Nieto, la apoyó. Pero en el tema del control de confianza, Peña Nieto se opuso a lo planteado por Calderón, señalando que quería utilizarlo como presión política y, como otros mandatarios estatales, lo sabotearon. Incluso, al presentar su reforma judicial en diciembre de 2014, recordó que el proceso de depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos impulsado por Calderón había fracasado.

En 2009, Calderón, que el año anterior había intentado sin éxito que avanzara una ley contra el crimen organizado que incluía provisiones extraconstitucionales, como aprehensiones y cateos sin órdenes judiciales, buscó una nueva salida y respaldó la propuesta de varias organizaciones civiles, encabezadas por SOS de Alejandro Martí, para un nuevo sistema penal acusatorio. Lo que resultó de esa ley fue un adefesio aprobado en el Congreso. Por ejemplo, votaron el artículo 123 Apartado B fracción 13, que establece la remoción de su empleo a policías, fiscales y peritos conforme a la ley vigente al momento de la remoción. Es decir, la convirtió en la única ley en el mundo que se puede aplicar con retroactividad, una especie de ley en perjuicio. Ese artículo maltrata a quienes, en el Artículo 21, se les mandata para investigar delitos. La contradicción nunca fue resuelta.

El examen de ingreso y permanencia de policías, fiscales y peritos se basa en el Artículo 123, por lo que en la actualidad, en la vida real, si por ejemplo un detenido argumenta que fue torturado y en la captura sufrió algún jalón o golpe porque, digamos, se oponía a la aprehensión, el juez puede determinar que sí fue torturado y se le inicia una averiguación previa que lo inhabilita para permanecer en la dependencia donde trabaja. En suma, el sistema acusatorio pleno de garantías, que aprobaron los diputados bajo la dirección de varios de quienes hoy desde el Gobierno federal ven sus fallas, permite utilizar un sistema inquisitivo contra quienes persiguen a delincuentes. Lo que se construyó en todo este tiempo, contra los buenos deseos de sus impulsores, creó incentivos inversos.

El resultado directo fue el incremento de los delitos del fuero común, subrayado por el presidente Peña Nieto. “Ante los retos que implica el combate a la delincuencia, no podemos bajar la guardia, ni retroceder un solo paso”, expresó. Su declaración tiene una buena intención, pero no irá más allá. El reto es modificar las leyes, pero ante la proximidad del año electoral, no hay ni habrá voluntad política para hacerlo. Por tanto, si las cosas están mal, se pondrán peor. No es un silogismo. Los delitos seguirán incrementándose. Las muertes, también. El final del sexenio ya tiene definido su color: rojo será.
31 Agosto 2017 04:08:00
¿Qué pasó hace un año?
Hace un año la pesadilla mexicana se profundizó. El candidato Donald Trump viajó en forma relámpago a la Ciudad de México para entrevistarse con Peña Nieto en Los Pinos, coronando una gestión secreta del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con su yerno, Jared Kushner y su hija Ivanka. A Trump le había dicho un banquero amigo que conocía a Videgaray, que tenía que hablar con Peña Nieto porque algunas cosas que decía de México estaban equivocadas. Trump, que desde 14 meses antes había convertido a México en el tema central de su campaña, se iba rezagando frente a la demócrata Hillary Clinton. Para él no había mucho que perder. Peña Nieto creía, en ese momento, que tenía muchas cosas qué ganar.

No hay todavía una explicación clara del porqué hubo tanto énfasis para invitar a Trump y tan poco por lograrlo con Clinton. Quizás fue la eficiente gestión de Videgaray, contra la deficiente de la exsecretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. La canciller se oponía a esa visita pero hizo poco para cumplirle al Presidente. Ruiz Massieu, molesta por la visita, no renunció como pretendía por haber sido excluida de la toma final de decisiones, en la víspera de la llegada de Trump, y durante la reunión en Los Pinos el 32 de agosto, mientras Peña Nieto y Videgaray se comportaban con extrema prudencia, Ruiz Massieu espetó a Trump: “Nos sentimos agredidos por lo que ha dicho de los mexicanos”.

Trump no le hizo mucho caso, pero respondió que la prensa había tergiversado sus palabras. Era mentira, que comprobó Peña Nieto ese mismo 31 de agosto, cuando no habían pasado cuatro horas del encuentro y en Phoenix, Trump despotricó contra los mexicanos. Para esa noche, Peña Nieto era devorado en medios y redes sociales por la visita de Trump, e inculso sus incondicionales no entendían la razón de la invitación. En Los Pinos no sabían cómo frenar la devastadora reacción negativa en medios y redes sociales. Uno de los tracking poll que miden la gestión del Presidente, ubicó ese día su aprobación en 8%. La empresa GEA-ISA realizó una encuesta el siguiente fin de semana, que colocó la aprobación del Presidente en 26%, en ese momento su nivel más bajo del sexenio. 75% de los mexicanos consideraron “inconveniente” la invitación a Trump, y el 15% dijo que había sido “su máximo error” en el Gobierno.

Si las cosas pintaban mal, se pusieron peor. La prensa internacional criticó a Peña Nieto por haberle dado el espacio presidencialista que estaba urgido a tener, y de haber contribuido a que su campaña detuviera la caída. Tras la visita, Clinton vio cómo su ventaja sobre Trump se redujo y los 8 puntos que le había sacado tras la Convención Demócrata, se desvanecieron. La consecuencia inmediata fue una gran molestia del presidente Barack Obama, que ignoró a Peña Nieto durante la cumbre del G-20 en Hangzhou, China, días después, hasta que el Presidente chino, Xi Jinping, anfitrión de la cumbre, los sentó juntos en la cena oficial.

Obama no volteaba a ver a Peña Nieto, hasta que bruscamente lo tomó del antebrazo, lo jaló y le explicó sus razones de la visita. Obama le dijo que había cometido un gran error. En otro salón, la consejera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, habló con Ruiz Massieu y le dijo que tenían que despedir al responsable de la visita. Al regreso de China, Peña Nieto no despidió a Videgaray, pero en una larga y difícil reunión de cinco horas en Los Pinos, creó las condiciones para que el arquitecto de la visita renunciara. El Gobierno de Peña Nieto no recuperó la vertical. Ruiz Massieu no compuso la relación con los demócratas, y cuando ganó la elección Trump, tampoco abrir una puerta para reencausar las relaciones. Trump no dejó de hablar mal de México, y la canciller fue su siguiente víctima. El 24 de diciembre en Los Pinos Peña Nieto la despidió. La sustituiría Videgaray, que a espaldas de Ruiz Massieu ya había restablecido el contacto con Kushner e Ivanka Trump a mediados de noviembre, durante una misión secreta.

La llegada de Videgaray a Relaciones Exteriores y el nexo con Kushner facilitó que una semana después de la toma de posesión se diera una reunión en la Casa Blanca para establecer la agenda bilateral. Fue un desastre. Trump, una vez más, explotó los puentes construidos. En una segunda reunión en México, Trump volvió a tirar sus bombas sobre la relación. Cada vez que había un acercamiento, Trump lo saboteaba. Así ha sido hasta ahora. Trump no era un amigo de los mexicanos, pero hoy es un enemigo declarado.

En todo este tiempo, nada cambió. Con Trump presidente todo se agravó, porque hoy manda en Estados Unidos y tiene más poder e impunidad para somatizar sus fobias y odios en acciones políticas, o encontrar en México un enemigo externo para buscar cohesión interna. El Gobierno mexicano tiene que lidiar con él de la misma forma, peor, como si jamás lo hubieran invitado. Todo este año fue de desgaste político para Peña Nieto por nada. Estuvo mal la invitación en aquél momento, y estuvo mal cuando se analiza con la línea de tiempo de un año. Trump no cambió pero tiró a Peña Nieto al peor momento de todo su sexenio, hoyo del cual no ha salido.
30 Agosto 2017 04:08:00
2018: los gobernadores
El voto táctico, conocido como el voto útil, ha estado presente en las tres últimas elecciones. En 2000, cuatro millones de electores que votaron por la izquierda le quitaron su apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas para dárselo a Vicente Fox. En 2006, los gobernadores del PRI vieron el naufragio de Roberto Madrazo y respaldaron a Felipe Calderón. En 2012, al no despegar Josefina Vázquez Mota, el PAN ayudó a Enrique Peña Nieto. La primera de estas elecciones fue la de la alternancia en el sistema político. Las siguientes, una estrategia para impedir que Andrés Manuel López Obrador conquistara el poder. El próximo año se repite esta historia. Para que el candidato de Morena pierda por tercera ocasión la Presidencia, el PRI y el PAN necesitan forjar una alianza de facto. Matemáticamente, en este momento es lo único que pueden hacer para impedir el triunfo de López Obrador.

El PRI y cualquiera de sus aspirantes a la candidatura presidencial, se encuentran muy debajo de López Obrador, y detrás de cualquier candidato del PAN. No es una situación muy distinta a lo que se vivía en 2006, donde López Obrador y Calderón eran los competidores. La diferencia con el proceso de 2018, es que el PAN camina actualmente a una división que puede ser insuperable cuando se decida su candidatura presidencial, y Peña Nieto, aunque reconociendo en privado que la elección para Gobernador en el Estado de México estuvo lejos de arrojar los resultados que hubiera deseado, pudo probar que la estrategia desarrollada y la maquinaria priista, le dio la victoria.

Para 2018, varios son los factores que entran en juego. En el texto anterior se abordó el tema del candidato priista que más sume hacia afuera del PRI. Pero tan importante esa decisión como lo que Peña Nieto logre negociar con los actuales gobernadores. El próximo año nueve entidades cambian de Gobierno, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

De estas, sólo gobiernan priistas en Jalisco y Yucatán, porque aunque también forman Gobierno en Chiapas, el Ejecutivo estatal está en manos del Partido Verde. En este grupo se encuentran cinco de las siete entidades con mayor peso electoral, de las cuales el PRI sólo gobierna en una, Jalisco. ¿Cómo puede negociar Peña Nieto? El quid pro quo con los gobernadores sólo puede plantearse aquí en hipótesis de trabajo:

1.- El PRI, de antemano, no tiene posibilidades en la Ciudad de México, que gobierna una coalición de izquierda con un ciudadano, Miguel Ángel Mancera, y en Guanajuato, que gobierna el panista Miguel Márquez. Los dos son enclaves ideológicos del liberalismo y del conservadurismo, aunque en la capital federal la posibilidad de que Morena y López Obrador se impongan, es altamente probable en este momento. Guanajuato ha votado desde hace una generación de manera sistemática por el PAN, seguido del PRI. No se ve que este equilibrio vaya a modificarse el próximo año. En la Ciudad de México, clave para 2018, necesita formarse una alianza total contra Morena. El PRI ha estado sosteniendo pláticas con el delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quien podría ir abanderado por Movimiento Ciudadano, con todos los partidos salvo Morena trabajando para él.

2.- Movimiento Ciudadano es parte importante en el esquema. El poder del partido de Dante Delgado lo tiene el Alcalde de Guadalajara, que controla la bancada de 19 legisladores en San Lázaro. Alfaro es el único de los poderosos de 2018 que sólo piensa local. La opción ahí es que el Gobierno saque las manos de la elección en Jalisco para que se convierta en gobernador, a cambio que el partido no se sume a una alianza con Morena. Delgado anticipó en una reciente entrevista con El Universal, que no se sumarían a López Obrador.

3.- En Veracruz Miguel Ángel Yunes desea que quien lo suceda en la Gubernatura sea su hijo, en la actualidad Alcalde de Boca del Río. Yunes trabajó con el Gobierno de Peña Nieto en las recientes elecciones locales, al ser el autor intelectual de los videos de la famosa candidata de Morena a Alcaldesa, Eva Cadena, donde la presunción de corrupción se trasladó en negativos para López Obrador y rompió el momentum de Delfina Gómez, la candidata de Morena al Gobierno del Estado de México, que se perfilaba para derrotar –de hecho lo hizo en las urnas a nivel partido– al candidato del PRI, Alfredo del Mazo. La fórmula puede repetirse fácilmente.

4.- Una negociación similar se puede dar en Puebla. El gobernador Antonio Gali es realmente la cara del exgobernador Rafael Moreno Valle, quien si Peña Nieto pudiera incidir en el proceso de sucesión en el PAN, sería su candidato. Moreno Valle ayudó al PRI a ganar en el Estado de México, y una opción de negociación es apoyar a su esposa Érika Alonso, que quiere ser gobernadora, a alcanzar el cargo y allanarle lo que sea necesario para que Moreno Valle se convierta en senador.

Puebla, como Jalisco y Veracruz, son estados que pueden ser sacrificados si a cambio de ello Peña Nieto recibe las garantías de que operarán contra López Obrador y a favor de su candidato en la elección presidencial. La alianza del PRI con el Verde, Nueva Alianza, Encuentro Social e incluso el PT, no es suficiente para ganarle a López Obrador. El Presidente necesita al PAN si quiere mantener, o contender con posibilidades de victoria, frente a López Obrador. Por lo menos en las coordenadas políticas de este momento.
29 Agosto 2017 04:08:00
2018: factores de la victoria
Las últimas encuestas presidenciales son bastante claras: Andrés Manuel López Obrador y Morena, caminarán solos hacia Los Pinos en 2018. Ningún candidato del PRI con sus aliados podrán alcanzarlo. El PAN, ni solo ni acompañado con el Frente Amplio impedirá esa victoria. La aritmética indica que sólo una coalición del PRI con el PAN impedirá que López Obrador gobierne a partir del 1 de diciembre del próximo año, similar a la que informalmente tuvieron en 2006, cuando el priista, Roberto Madrazo, no creció y los gobernadores de su partido se inclinaron por Felipe Calderón, o en 2012, cuando la panista Josefina Vázquez Mota se estancó y la maquinaria presidencial declinó por Enrique Peña Nieto. Hipotéticamente hablando, si quieren frenar al tabasqueño, como lo han dicho abiertamente, esa será la única ecuación con posibilidades de malograr su victoria.

Es casi imposible, genéticamente hablando, que haya una alianza PRI-PAN registrada como tal en el Instituto Nacional Electoral en noviembre. Pero si no legal, podrá ser explícita. En la hipótesis de que Peña Nieto depende de que su candidato o él/la del PAN lo sucedan para así completar el ciclo de maduración que requieren sus reformas económicas y frenar a López Obrador, que quiere revertirlas, son dos los factores a considerar: el PRI necesita al candidato que más sume, y es imprescindible pactar con los gobernadores panistas el apoyo, en caso de que el abanderado del partido en el poder aventajara a quien encabece el boleto del PAN.

El que más suma hacia fuera del PRI es quien probablemente tiene más resistencias en el interior del partido, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Miembro transexenal de gabinetes, forma también parte de una cofradía de itamitas que crecieron juntos y se encuentran repartidos en diversos partidos.

El más importante, por el papel estratégico que puede jugar, es el senador panista Ernesto Cordero, cuyo rol puede ser analizado desde los dos escenarios sucesorios que se perfilan en el PAN: ante una ruptura en el partido por la imposición de Ricardo Anaya como candidato, puede jugar como enlace con quien chocaría, el expresidente Felipe Calderón, y persuadirlo para que la eventual candidata independiente, Margarita Zavala, en caso de no prender –como muy seguramente sucederá con cualquier independiente–, respalde a Meade, con quien también trabajó.

Meade es el preferido de los empresarios, que están a disgusto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por la crisis de seguridad –que achaca al gobierno de Calderón–, y con diferencias con el de Educación, Aurelio Nuño, quien los maltrató en la primera parte del sexenio. El secretario de Salud, José Narro, es estimado por las cúpulas empresariales por sus formas políticas y por lo estructurado de su mente, como lo demostró ante unos impresionados legisladores verdes que lo escucharon la semana pasada en su plenaria –Meade fue el otro secretario que más les gustó. Pero la diferencia con el secretario de Hacienda es precisamente su área de experiencia.

El problema de Meade es el PRI, del que no es militante, que no lo es menos con Nuño. Les reconocen inteligencia, pero no fidelidad. A Meade lo han visto más como panista –aunque en el Gobierno de Calderón le tenían recelo porque lo veían muy cerca de priistas–; y a Nuño le critican la ausencia de compromiso con el partido, que es la forma como traducen los temores de que no tendría ningún escrúpulo en una momento de definición, sacrificar al PRI y a los priistas por un objetivo que considere superior, como fue durante la negociación del Pacto por México, que por mantener el apoyo del PAN fue de quienes apoyaron ignorar actos de corrupción monumentales en la Administración de Calderón. Narro es bien visto por los priistas, sobre todo por sus dirigentes, al igual que Osorio Chong que, además, tiene el respaldo de las bases. Pero el secretario de Gobernación no tiene mucho más. Fuera del PRI, provoca urticaria.

Quién suma más fuera del PRI no lo es todo. Quiénes son los que le sumen a cualquier candidato del PRI es altamente relevante. En este escenario, los gobernadores son vitales. La elección presidencial de 2006 es el estudio de caso. Madrazo, desde la presidencia del PRI, impuso su candidatura presidencial –que es lo mismo que hoy está haciendo el panista Anaya–, y fracturó al partido. Una oposición nacional llamada Todos Unidos Contra Madrazo operó contra él. La división congeló a Madrazo en el tercer lugar de la contienda, lo que hizo que los gobernadores del PRI, en especial en el norte del país, volcaran sus maquinarias para apoyar a Calderón.

Al estallar el conflicto poselectoral, con la oposición beligerante de López Obrador y la toma de Paseo de la Reforma, cuya polarización calentó la mente del entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, que fraguó con Juan Francisco Ealy Ortiz, el dueño de El Universal, y los análisis jurídicos de Diego Valadés, la posibilidad de una crisis constitucional para ungirlo como Presidente de transición, otros gobernadores priistas, como el del Estado de México, Peña Nieto, trabajaron por la gobernabilidad y junto con los coordinadores priistas en las cámaras, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, operaron la toma de posesión de Calderón.

Los gobernadores priistas jugaron un papel central en impedir que López Obrador ganara la Presidencia y en mantener la legalidad del proceso. Peña Nieto lo vivió y hoy necesitará un acuerdo similar. De ello se hablará en un próximo texto.
28 Agosto 2017 04:07:00
2018: el destape
Quien más le habló al presidente Enrique Peña Nieto de cómo se abrió y despresurizó la sucesión presidencial en 1987, terminó inaugurando el híbrido método para la de 2018. Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado y uno de los maquiavelos que hablan al oído del príncipe, en un jugueteo con la prensa definió la mano de cuatro en el ánimo del Presidente. Tras ese “destape”, Peña Nieto anunció indirectamente los designados para jugar en la contienda. Esta afirmación es intuitiva a partir de la biografía de los hombres involucrados. Gamboa es un político sazonado en múltiples batallas, sumamente cuidadoso con lo que dice, e incapaz de colocar una palabra más allá de lo que se necesita para alcanzar el objetivo. Peña Nieto es ortodoxo, y como difícilmente se iba a atrever a innovar el proceso sucesorio dentro de su partido, había que abrir la válvula de presión y colocar nombres en el escenario donde el resto de los partidos ya tienen a sus actores.

No hay una fórmula única para el “destape”, como se conoce el acto más importante de un presidente para escoger a su sucesor desde que Abel Quezada, uno de los moneros políticos más relevantes en la prensa, la anidó en el imaginario mexicano a través de una campaña publicitaria jugando con la sucesión de Adolfo Ruiz Cortines, cuya unción fue resultado del acto racional que suelen hacer los presidentes, a quienes muchas veces se les ha atribuido la decisión a un acto de amiguismo. Miguel Alemán, que encabezó uno de los gobiernos más corruptos de la historia, buscó en Ruiz Cortines todo lo opuesto a él, un hombre austero que en su discurso de toma de posesión dijo que el suyo no sería un gobierno corrupto ni de amiguismos.

Años después, Gustavo Díaz Ordaz utilizó al líder de la Confederación Nacional Campesina, Augusto Gómez Villanueva –muy cercano al actual secretario de Hacienda–, para que destapara a Luis Echeverría, a quien cuando le tocó su turno de escoger a su sucesor, mandó al secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Rovirosa Wade, a declarar que había seis aspirantes a la candidatura. Miguel de la Madrid, en medio de una crisis dentro del PRI donde la disidencia le exigía abrir el proceso, les hizo caso, pero tuteló el método. Hizo que seis aspirantes a la candidatura presentaran su idea de país al Consejo Político del partido, de donde surgió Carlos Salinas. El secretario particular del presidente De la Madrid, dueño del 50% de la puerta de su despacho, era Gamboa, quien le contó a Peña Nieto la forma como su antecesor procesó la candidatura y, quizás, como se la abría a Salinas con más celeridad que al secretario de Gobernación, Manuel Bartlett.

Gamboa era secretario de Comunicaciones y Transportes en 1993 cuando llegó tarde a una comida en el hoy cerrado restaurante María Cristina, cerca de la Zona Rosa, a donde apresuradamente el presidente Carlos Salinas invitó a comer a seis periodistas para hablar del proceso de sucesión, ventilado en la prensa donde se discutían varios nombres, y deslizar su inclinación por Luis Donaldo Colosio. Salinas hizo lo que De la Madrid, López Portillo o Alemán hicieron, inclinarse por una persona que pensaban era lo más adecuado para las condiciones del país. De la Madrid necesitaba alguien ideológicamente comprometido con las reformas económicas, y López Portillo pensó en De la Madrid por la crisis económica que vivía el país. Alemán buscó en Ruiz Cortines el contraste a su administración. ¿Qué hará Peña Nieto?

El Presidente piensa, porque así lo ha dicho en reuniones privadas, que la corrupción no es un problema de fondo que afecta a su Gobierno, y expresado públicamente lo fundamental de que las reformas económicas, para que rindan los frutos por lo cual fueron impulsadas, sigan su curso programado. ¿Quién está comprometido con las reformas peñistas? Nuño, quien fue uno de los arquitectos del Pacto por México, en donde se procesaron, y Meade, quien ideológicamente es el más involucrado de todos con ellas. Los dos, si hubiera modificado el presidente su creencia sobre la corrupción como una de las variables de la sucesión, no parecen tener fantasmas en el clóset, como es el caso de Narro, aunque a diferencia de los primeros, como rector de la UNAM tomó posiciones en materia de política económica que le provocó fricciones con Nuño, en ese entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, y como secretario de Salud propuso a principio de año en reuniones de gabinete, aplazar el gasolinazo.

Ninguno de ellos figura alto en las encuestas presidenciales. Pero no hay que engañarse. En este momento, esas mediciones no registran tendencia de voto, sino conocimiento. Por eso Osorio Chong, mencionado en los medios por cinco años, es quien siempre aparece en lo alto de las preferencias priistas. También tiene, a diferencia de los otros tres, más negativos y fantasmas de corrupción, reales o imaginarios, revoloteando en su clóset. A favor, por lo que se sabe, no es una variable que utilizará Peña Nieto en su elección final. Los restantes tienen como confort que el Presidente dice que es irrelevante que su candidato tenga 1% de preferencia en este momento, porque en la campaña lo resolverá.
25 Agosto 2017 04:08:00
Golpe de Estado en la Casa Blanca
Hay de golpes de Estado a golpes de Estado. Unos, abiertos y sin matices, derrocan a un régimen e instauran otro –como tantos conocidos en América Latina–, y otros son técnicos –como el que hizo el presidente Ernesto Zedillo cuando, para impulsar su reforma judicial, disolvió la Suprema Corte de Justicia, uno de los tres pilares del Estado. En Estados Unidos se está dando un golpe de Estado técnico de los generales de cuatro estrellas al presidente Donald Trump. Los generales copan los principales cargos en la Administración Trump y los puestos estratégicos dentro de la Casa Blanca. La militarización del Gobierno es una realidad que debía preocupar enormemente en Estados Unidos al haberse perdido el equilibrio con los civiles pero, paradójicamente, está resultando en un alivio para muchos que consideran que los generales están proveyendo consistencia y racionalidad, como dijo el senador Richard Blumenthal, exmilitar y miembro del poderoso Comité de Servicios Armados. Las noticias tranquilizadoras no son sólo para aquella nación. También para México.

Trump respeta a los militares. El último en llegar a su círculo íntimo fue el general retirado John Kelly, a quien designó secretario de Seguridad Interna, y que recientemente nombró jefe de Gabinete en la Casa Blanca. Previamente llamó al general H.R. McMaster como consejero de Seguridad Nacional, en sustitución del general Michael Flynn, efímero en ese cargo, el primer militar en la historia en ocupar ese lugar. El trío de generales lo corona el secretario de la Defensa, Jim Mattis, al frente del Pentágono, que tradicionalmente ocupa un civil, que sirve de contrapeso del poderoso jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los tres, según un reporte en The Washington Post, se han ganado la confianza del Presidente. Otros exmilitares en puestos de relevancia son el director de la CIA, Mike Pompeo, el procurador general, Jeff Sessions, los secretarios de Energía Rick Perry, y del Interior, Ryan Zinke, y el nuevo director de la Oficina Federal de Prisiones, Mark S. Inch.

Los civiles no ocultan su satisfacción, ya que mientras el presidente Trump transgrede y patina, los generales proveen “una firme mano en el timón”, añadió el senador Blumenthal. Por ejemplo, en medio del escándalo de violencia racial en Charlottesville hace dos domingos, donde Trump fue contradictorio y se inclinó por el respaldo a los grupos supremacistas, cinco generales miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas afirmaron que estaban en contra de la intolerancia y el racismo. Dos momentos adicionales clave para entender su influencia sobre Trump fue la llegada de Kelly a la Casa Blanca, donde lo primero que hizo fue establecer una clara línea de mando –todo, por diseño institucional, tiene que pasar por él antes de llegar al Presidente–, y despidió al nuevo director de Comunicaciones, encargado de las estrategias de información y propaganda, antes de que hubiera tomado posesión, y empujó al ideólogo de la extrema derecha, Steve Bannon, a que renunciara. Bannon había impulsado con éxito de lograrlo, que Trump autorizada la privatización de la guerra en Afganistán, pero fue derrotado por los generales que, el viernes pasado, mientras el ideólogo empacaba sus cosas, se reunieron en Campo David con el Presidente para presentarle el nuevo plan de intervención en aquella nación, que anunció el lunes.

No deja de existir preocupación por la creciente presencia e influencia de los militares en el Gobierno de Trump, como lo ha venido registrando el portal liberal ThinkProgress. “Por supuesto que hay gente preocupada por esto”, le declaró Sheri Berman, profesora de Ciencia Política en la liberal Barnard College, la universidad privada femenina más importante de Estados Unidos. “Aunque las relaciones de los militares con los civiles en Estados Unidos son diferentes de lugares como Egipto o Pakistán, hay preocupación de que un cambio pudiera ocurrir en Estados Unidos”.

Por el momento, lo que hay es alivio. México se puede sumar a ese creciente grupo que respiran confianza a través de ellos. Los generales en el poder conocen muy bien México. Kelly, por ejemplo, fue el jefe del Comando Sur, donde pese a que México no estaba en su jurisdicción, conoció y mantiene una gran amistad con el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, y el almirante Vidal Soberón, secretario de la Marina. Mattis y Pompeo, sin tener esa vieja relación, han establecido una buena comunicación con los mexicanos. Pero el diálogo fluido no es lo único importante. La visión de los generales es estratégica, no reduccionista, es racional, no intempestiva, y entienden que países como México son vitales para la seguridad nacional de Estados Unidos, no piezas desechables para satisfacer clientelas electorales. Sus ópticas favorecen una buena relación con México, y ayudan a contener a un presidente capaz de violentar toda norma y toda ley.

“Nuestra democracia se asienta sobre el control de los civiles sobre los militares”, escribió este jueves Jonathan Capehart, miembro del Consejo Editorial del Post. “Como estadunidense, está en nuestro ADN el temor a la influencia de los militares sobre el Presidente. La preocupación y la desconfianza sobre las intenciones de la jerarquía militar creó un aura de preocupación por la cual el Presidente debe ser protegido. Pero en giro loco que sólo Trump pudo haber logrado, los generales que rodean al Presidente son los únicos que protegen nuestra democracia, de él”. Por ahora así es. La mala noticia de la militarización de la Casa Blanca, increíblemente, es una razón hoy para celebrar.
24 Agosto 2017 04:08:00
La amenaza de Trump
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, asumido como el salvador de la patria, le salió respondón al presidente Donald Trump. El martes, después de que Trump expresó en Phoenix su frustración para negociar un Tratado de Libre Comercio con México y Canadá que como dice, no sea desventajoso para Estados Unidos, y deslizar que “no creo que podamos llegar a un acuerdo, y probablemente terminemos con el TLCAN en algún momento”, el canciller lo refutó en Twitter y dijo que la renegociación ya había comenzado. Lleno un espacio de información con una reacción disfuncional al contestar lo que no planteó Trump. “México permanecerá en la mesa con serenidad, firmeza y con el interés nacional por delante”, aseguró.

Al día siguiente, más frío de la cabeza, añadió en una entrevista de radio: “No es una sorpresa. Debemos reaccionar con seguridad y entender que es parte de un proceso de negociación. México seguirá negociando con claridad, con firmeza y con la cabeza fría. Tenemos que aprender a reaccionar, no a sobre reaccionar a este tipo de declaraciones”. ¿Quién sobre-reaccionó? Si uno revisa las primeras planas de los periódicos mexicanos, fue él quien lo hizo, no la opinión pública. Videgaray explicó en la radio que el discurso de Trump era sólo una “estrategia de negociación” que no debía causar pánico en México.

Quizás es una proyección freudiana, al haber fincado en el éxito de la renegociación del TLCAN su reivindicación política. Quien lleva la negociación, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, no se envolvió en la bandera nacional, ni trató de darle Tafil a la nación. Fue sereno. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, quien como Guajardo es responsable de la renegociación, emitió un comunicado donde se limitó a señalar que su país trabajará duro para modernizar el tratado, y admitió que las rondas comerciales frecuentemente tienen una retórica encendida.

Como la de Videgaray estos dos días de reaparición en la arena pública mexicana. “Si quisiera el Presidente de Estados Unidos terminar el Tratado de Libre Comercio, lo puede hacer, así como lo puede hacer el Presidente de México o el primer ministro de Canadá, simplemente hay que mandar una carta con seis meses de anticipación”, añadió. “Si el presidente Trump quisiera hacerlo, no creo que desperdiciaría ocho meses en un proceso complejo, con muchísima gente involucrada”. Esa previsión del tratado es conocida. Por ello, Trump anunció al principio de su administración que iba a repudiar este año el TLCAN, pero llamadas telefónicas del presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, lo persuadieron a darle una oportunidad a la negociación.

Videgaray le pintó a la opinión pública mexicana a un Trump racional, calculador en la negociación y que sólo está jugando para sacar el mejor provecho. Ese Trump que proyectó el canciller no existe. Trump es volátil, mercurial, de mecha muy corta y reacciones nucleares inmediatas. Diplomáticos canadienses que hablaron con la prensa sin permitir que los citaran directamente, dijeron que las condiciones en las que se encuentra Trump –un caos en su gobierno–, moldearon el beligerante discurso anti TLCAN que pronunció en Phoenix. El contexto es importante y define el rumbo que toma el presidente de Estados Unidos. Trump está herido y sacudido por la revolución que ha vivido en la Casa Blanca en los últimos días. La semana pasada dejó de ser su principal consejero Steve Bannon, el ideólogo del nacionalismo económico que se opone al multilateralismo, pero su agenda la retomó el negociador comercial en jefe de la Casa Blanca, Robert Lighthizer.

La falta de información en México sobre los detalles específicos de lo que sucedió durante la primera ronda de negociaciones la semana pasada en Washington, ayuda a que las cuentas de vidrio de Videgaray sean vistas como joyas. Pero en Estados Unidos y Canadá, donde la prensa dio cuenta pormenorizada de la posición radical de Lighthizer, quien representa de la manera más pura los deseos de Trump, reducir el déficit comercial a partir de la manufactura, a través de medidas radicales aplicada a la industria automotriz. La agenda de Trump es America First, y Lighthizer la está llevando a tal extremo que los negociadores canadienses le dijeron al corresponsal del periódico Globe and Mail de Toronto, que no habría que descartar la posibilidad de que todo el sector automotriz saliera del TLCAN.

El periódico canadiense National Post publicó que la principal conversación en los pasillos del hotel donde se realizó la primera ronda de renegociación, era cuándo recurriría Trump a la amenaza de salirse del acuerdo, como estrategia de negociación. “La única sorpresa”, añadió el diario, “es lo rápido que llegó”. No es fácil interpretar en qué momento Trump fanfarronea con amenazas para sacar ventaja de ello, o está hablando seriamente. Lighthizer no pareció blofear la semana pasada cuando presentó los términos y las condiciones en las que quería iniciar la renegociación con México y Canadá.

Los negociadores estadunidenses, de acuerdo con funcionarios mexicanos que estuvieron en Washington, se mostraban incluso apenados por lo que tenían que defender, por no creer en los beneficios que esa posición le daría a Estados Unidos, pero fueron inflexibles con sus contrapartes. Son soldados que responden a los intereses de su comandante en jefe, que en Phoenix les volvió a pedir que se pintaran la cara de guerra. Trump es hoy una fiera herida, que no cumple compromisos, que sólo genera incertidumbre y que tiene una mano muy dura que le gusta usar. Eso no hay que olvidarlo, aunque Videgaray trate de esconderlo.
23 Agosto 2017 04:08:00
2018: pasarela presidencial
La sucesión presidencial de Enrique Peña Nieto comienza hoy. Informal, quizás, pero diáfana. Arranca con una pasarela de presidenciables en la plenaria de diputados y senadores del PRI y el Partido Verde, ante la que desfilarán seis aspirantes a la candidatura presidencial. Aunque este tipo de reunión se da cada año para revisar la agenda legislativa, celebrarse unas 15 semanas antes del destape cambia su metabolismo: será el único momento antes de la decisión que tome Peña Nieto donde podrán demostrar si tienen la densidad y gravitas que necesitará el ungido para enfrentar a la División Panzer que representa Andrés Manuel López Obrador, el único de todos los que sueñan en Los Pinos que es seguro aparecerá en la boleta presidencial de 2018.

La agenda de la plenaria está balanceada entre actores de reparto dentro del Gabinete y los elegidos por el Presidente para que participen en el juego de las sillas presidencial. El miércoles abrirá el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, seguido por el de Agricultura, José Calzada, y el de Salud, José Narro, quien será el orador durante la comida. El jueves temprano comparecerá el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, seguido del de Turismo, Enrique de la Madrid, y concluirá con el de Educación, Aurelio Nuño, quien hará su presentación durante la comida.

Narro y Nuño, quienes en el pasado se enfrentaron cuando el primero era rector de la UNAM y el segundo, jefe de la Oficina de la Presidencia, por la posición sobre política y economía del hoy titular en Salud, fueron escogidos para el momento estelar, la comida. No son cosas dejadas al azar, al orden alfabético o al capricho de quienes organizaron la agenda. El orden fue consultado con Los Pinos, de donde debió llegar la instrucción de cómo debía de ser. ¿Querrá decir que Peña Nieto está pensando en ellos para sucederlo? Analizando otras tomas de decisión del Presidente, no quiere decir nada. Peña Nieto engaña mucho con la verdad y  suele enviar señales contradictorias para desconcertar y aliviar presiones.

Leer las intenciones de Peña Nieto es como intentar explicar sin abstracciones qué hubo antes del Universo. Lo único que se puede argumentar, porque es una definición explícita reciente, es que hay un PRI de Peña Nieto y otro PRI en el que se encuentran priistas del anterior siglo. El PRI de Peña Nieto es excluyente y vertical. Él es su única cabeza y no comparte el poder. La decisión sobre su sucesor va a ser suya, sin airear el proceso ni generar una discusión interna de donde surja el mejor de los aspirantes. El único juez es Peña Nieto, y los legisladores servirán como público en un teatro donde ven y sienten, pero no tienen influencia sobre el libreto.

En esta pasarela presidencial, la dupla Narro y Nuño podría ser comparada con los dos que abren la plenaria de legisladores. Osorio Chong y Meade son primero porque ¿son los punteros? Se podría entender del secretario de Gobernación, que por decreto es jefe del Gabinete, pero por lo que ha dejado trascender Osorio Chong, en estos momentos está fuera de la pelea por la candidatura, aunque no ha claudicado. Pertenece al PRI del Presidente, pero también tiene asideras en el otro PRI que no es peñista de corazón, el de las bases, donde la militancia se inclina por el secretario de Gobernación antes que por cualquier otro. Menos, por supuesto, de Meade, exógeno por definición, aunque los priistas del montón le están haciendo caravanas prolongadas. Meade no es priista, aunque el presidente Peña Nieto lo presentó formalmente en la sociedad tricolor en la clausura de la 22 Asamblea Nacional del PRI, que quitó los candados que le impedían ser candidato.

Meade pertenece al grupo de aspirantes a cuya carrera hacia la unción priista, como describió Pablo Hiriart este martes en la páginas de El Financiero, le puso un dique el expresidente del partido, Manlio Fabio Beltrones, en una entrevista con El País de Madrid. Beltrones pertenece a un PRI que no es el de Peña Nieto, y en las semanas recientes ha expresado su oposición no sólo a la candidatura de Meade, sino a la de Nuño y, de cambiar de opinión, a la del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, con quien tiene una creciente enemistad. Beltrones está más cerca de Osorio Chong, pero no apuesta por él.

El exlíder del PRI, como una parte importante de quienes estarán en la plenaria, se sienten más identificado con Narro, y desconfía de los técnicos que han copado a Peña Nieto durante casi 5 años de Gobierno. En el sándwich de la pasarela están Calzada y De la Madrid, que son gozne entre los dos PRIs. El primero es casi un actor de reparto y prácticamente es inservible hasta como distractor. El segundo es una figura que algunos perciben como el caballo negro en la sucesión, aunque también podría ser un candidato de sacrificio en la lucha por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, dentro de una alianza macro del PRI con toda la oposición para contener a Morena.

Todas estas consideraciones pueden acertar en el diagnóstico o errar completamente. Se hacen a partir del peso de cada uno de ellos en la prensa y la sociedad política. Peña Nieto no se rige por esos parámetros, sino por su instinto. La pasarela, en todo caso, le ayudará para seguir afinando la decisión más importante de su vida que vendrá, se cree, a finales de noviembre.
22 Agosto 2017 04:07:00
La réplica de Froylán
Froylán Gracia, coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya Austin, dice no saber que haya funcionarios del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que lo señalen “como una ilustración de corrupción”, o que esté nervioso por el escándalo en el que se encuentra metido Odebrecht en México. Asegura que tampoco ha sido informado formalmente de algún procedimiento en su contra relacionado con esa investigación. Todo esto se encuentra en una carta de 486 palabras para refutar 92 en donde se hace referencia a él, en una columna publicada el 16 de agosto, “Las preocupaciones de Odebrecht”, en cuyo antepenúltimo párrafo se apuntó:

“En este espacio se refirió a mediados de febrero que uno de los más nerviosos por el escándalo de Odebrecht era Froylán Gracia García, coordinador ejecutivo de la Dirección General en la Administración anterior, y de todas las confianzas de Lozoya Austin. Gracia García era muy cercano a los ejecutivos de la empresa, y de acuerdo con las fuentes cercanas al conglomerado, realizó ‘decenas’ de viajes a esa nación. No fue posible localizar a Gracia García, señalado por funcionarios peñistas para ilustrar la corrupción que había en Pemex, para conocer su opinión”.

La réplica de Gracia subraya: “Niego categóricamente el contenido de su nota por ser falsa e inexacta. En efecto conozco al licenciado Emilio Lozoya Austin, porque sostuvimos una relación de trabajo como es del dominio público y porque desde hace años tengo una relación de amistad cordial y de respeto, sin embargo, ese vínculo no tiene nada de indebido o ilícito. Por otro lado, su nota periodística se aparta de la realidad al decir que he estado muy nervioso por el escándalo de Odebrecht. En efecto, no tengo preocupación alguna por ello, ya que en el ejercicio de mis encargos como funcionario público y últimamente como coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex, siempre me conduje apegado a derecho, de manera honesta y esa conducta es extensiva a mi vida personal y familiar, la que ahora se ve afectada por su nota frívola y apartada de la realidad.

“Asimismo, me permito enfatizar que es falso que realicé decenas de viajes a Brasil, por mi relación con funcionarios de la empresa Odebrecht. Por otro lado, hasta el día de hoy no he sido informado formalmente de algún procedimiento iniciado en mi contra que se encuentre relacionado con el asunto Odebrecht, ni tengo conocimiento de que algún funcionario de la administración del Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, me señale como ‘ilustración de corrupción’. Por otra parte, es falso el que usted haya pretendido establecer comunicación alguna con el suscrito, no lo hizo en esta ocasión ni en las demás notas que ha escrito en mi perjuicio… Han sido reiteradas las ocasiones en que usted, más allá del interés periodístico recurre a publicar información falsa y que representa un atentado contra mi honra y la de mi familia”.

El exfuncionario de Pemex, extrañamente, no desmintió lo único que podría haber refutado sólidamente: en ese texto se escribió su apellido materno como García, no Galicia, que es como se llama. No se metió en honduras para desmentir o deslindarse de su relación cercana con ejecutivos de Odebrecht, porque la tenía, de acuerdo con representantes de la empresa, con Luis de Meneses Wyell, exdirector del conglomerado en México, y Guillermo Solís, director del jurídico de la empresa en Brasil, por conducto de quienes realizó viajes a Brasil. Gracia negó que hubieran sido “decenas” de veces, como generalizaron representantes de la empresa un número no determinado de visitas que realizó a esa nación por invitación de ellos, sin aclarar cuántas veces sí lo hizo. O si nunca hizo alguno.

Le pareció frívolo que el texto aludido se refiriera a un tema de corrupción en Pemex por parte de una empresa que pagó sobornos a funcionarios en 13 países que ha provocado el encarcelamiento de su propietario y dos expresidentes, sin aclarar por qué es inocuo tocar un tema que a todos parece de alta relevancia. Es entendible que desconozca que algún funcionario peñista lo haya calificado como un ejemplo de corrupción, porque no es algo que se vaya diciendo en las calles. Sin embargo, un secretario de Estado y funcionarios de Hacienda, Pemex y la PGR, tienen esa impresión de él y lo ubican en el centro de la corrupción en la gestión de Lozoya Austin.

El viernes pasado, en otro texto sobre el tema, “El Talón de Emilio”, se apuntó: “Gracia García cambió su patrón de comportamiento desde que llegó a Pemex, emborrachándose por las tardes en restaurantes y presumiendo su bonanza. Las sospechas del origen de su dinero vino acompañado cuando inversionistas nacionales y extranjeros se empezaron a quejar que para conseguir citas con Lozoya, Gracia García cobraba millones de pesos”. Este dato fue referido por primera vez en este espacio en octubre de 2015 y nunca replicó el exfuncionario. Varias veces durante este tiempo se le buscó por diversas vías sin éxito alguno. En su carta dice que eso nunca sucedió y dio la dirección en Polanco de un despacho de abogados para establecer contacto con él. Ya se le pidió una cita. Mientras tanto, en el texto del viernes pasado se concluyó en referencia a él: “Ahí está el nombre de alguien donde la PGR puede asomarse a esa gestión tan controvertida de Lozoya en Pemex. Es todo suyo, si quiere”. La sugerencia se sostiene.
18 Agosto 2017 04:08:00
El talón de Emilio
Emilio Lozoya era más que un colaborador cercano del presidente Enrique Peña Nieto. En la campaña presidencial, junto con el embajador Jorge Montaño, fue el abridor de puertas con líderes del mundo, gobiernos y medios de comunicación. Tras la elección, Montaño fue desplazado y Lozoya pasó a ser el emisario de Peña Nieto en el mundo. Fluente en inglés y alemán, parecía encaminado a ser el próximo secretario de Relaciones Exteriores, pero cuando llegó el momento de las definiciones del Gabinete, Peña Nieto le cumplió lo que le había pedido: la Dirección General de Pemex.

Lozoya se convirtió en un funcionario muy cercano al Presidente por razones que –cuando se le ha preguntado a qué se debía, qué hizo por Peña Nieto y su familia, o qué servicios extraordinarios realizó para él–, parece que se le atoraran las palabras al no dejar escapar frase alguna.

Cuando dentro del Gabinete se lo comían a críticas y denuncias, por lo que consideraban una mala administración en Pemex y corrupción, el Presidente siempre lo defendía. Su principal enemigo siempre fue el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con quien tuvo fuertes fricciones.

Videgaray se quejaba airadamente de que el desorden en Pemex causado por Lozoya habìa provocado la caída en la producción. Lozoya se defendía, muchas veces enojado, con la explicación de que la causa de la baja era porque Hacienda le había quitado recursos a Pemex para producir. Las confrontaciones entre los dos, un diálogo de sordos, creció con los meses. A mitad del sexenio, la autonomía con la que se manejaba Lozoya generó roces con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aunque para entonces, a la mala gestión administrativa, se le sumaban imputaciones indirectas de corrupción dentro de Pemex.

En la primavera de 2015 Videgaray solicitó al director del SAT, Aristóteles Núñez, investigar la presunta corrupción en Pemex, que resultó en dos expedientes que Videgaray decía que llevaría al Presidente para mostrar quién era realmente Lozoya. No se sabe si se le llegó a entregar, pero en otoño de ese año, el secretario de Hacienda le pidió al Presidente la cabeza de Lozoya. Su petición fue denegada. Lozoya ya le había dado la vuelta a Videgaray y veía al Presidente sin necesidad de la intermediación del secretario. En diciembre de ese año, Videgaray intentó una vez más que Peña Nieto cesara a Lozoya, pero lo atajó el Presidente. “No lo voy a hacer”, recuerda un funcionario que le dijo Peña Nieto a Videgaray, “no me vuelvas a tocar este punto”.

En febrero de 2016 Peña Nieto lo cesó, pero no como consecuencia de las peticiones de Videgaray, sino porque un mes antes, por insistencia de Lozoya y contra la opinión de la canciller Claudia Ruiz Massieu –ante la confrontación en ese momento Arabia Saudita y Estados Unidos por los precios del petróleo–, visitó el reino saudí. Las imágenes de esa gira mostraban a Lozoya como el hombre cercano a los jeques, opacando a Peña Nieto. Su salida abrió la caja de Pandora que Videgaray afirmaba existía en Pemex. La presunta corrupción en la institución se socializó y el funcionario en donde se centraban las miradas era Froylán Gracia García, coordinador ejecutivo de la Dirección General, muy cercano a Lozoya, a quien había conocido 15 años atrás cuando ambos vivían en la costa este de Estados Unidos.

Gracia García cambió su patrón de comportamiento desde que llegó a Pemex, emborrachándose por las tardes en restaurantes y presumiendo su bonanza. Las sospechas del origen de su dinero vinieron acompañadas cuando inversionistas nacionales y extranjeros se empezaron a quejar de que para conseguir citas con Lozoya, Gracia García cobraba millones de pesos. Las imputaciones de corrupción en Pemex siempre terminaban en el nombre de su coordinador ejecutivo y en otro íntimo de Lozoya, el entonces director de Procura y Abastecimiento, Arturo Henríquez Autrey, quien le pidió a Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, 4 millones de pesos que, decía, eran para el director de Pemex. Lozoya siempre ha dicho que son falsas esas imputaciones, y afirmaba en su momento que esas acusaciones se debían a que había lastimado muchos intereses. “Sólo el año pasado”, decía Lozoya del 2014, “los ‘coyotes’ dejaron de ganar unos 29 mil millones de pesos”.

Las sombras de corrupción han perseguido desde entonces a Lozoya, millonario de cuna y casado con una heredera de fortunas alemanas. Pero ninguna imputación ha sido tan grave como los señalamientos de Luis de Meneses Wyell, director de Oderbrecht México, e Hilberto Mascarenhas, jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas, el área de donde salieron los pagos ilegales a funcionarios en 13 países, que lo acusaron de haber recibido 10 millones de dólares por ayudarlos en una adjudicación directa de obra pública en la refinería de Tula. Por esta razón, Lozoya, quien niega haber recibido nada de nadie, declararía este jueves en la PGR.

En ninguno de los testimonios sobre el caso Oderbrecht que tiene la Fiscalía brasileña donde aparece el nombre de Lozoya, se señala que pidió o recibió directamente un pago por sus servicios. Tampoco se señala por nombre quién o quiénes pidieron el soborno, o a quién o quiénes se los entregaron. Pero las sospechas revolotean sobre la cabeza de Lozoya. Él no intimaba con los ejecutivos de Odebrecht Meneses y Mascarenhas, quienes lo han colocado en el litigio penal, sino Gracia García, el hombre más nervioso de todos desde que se abrió el escándalo brasileño. Ahí está el nombre de alguien donde la PGR puede asomarse a esa gestión tan controvertida de Lozoya en Pemex. Es todo suyo, si quiere.
17 Agosto 2017 04:08:00
2018: Meade
Los rituales regresaron por la puerta grande del Palacio de los Deportes al cierre de la 22 Asamblea Nacional del PRI. Sin lastres para el presidente Enrique Peña Nieto para que decida con quién buscará mantener Los Pinos, la cargada corporativista con las pancartas de organizaciones y sindicatos, y la clientelar con delegados levantamanos, llenó un escenario que mostró otro tipo de bufalada, la de los tecnócratas, que discretamente el sábado se formaron detrás de la persona para la que parece haber sido confeccionado un traje a la medida con la eliminación de los candados para la candidatura presidencial en 2018, José Antonio Meade, secretario de Hacienda. Invitado a la conclusión del cónclave, captó la atención y el imaginario de que él puede ser el gran delfín de Peña Nieto. ¿Será tan obvia la decisión?

Peña Nieto tiene a tres personas que pueden continuar su proyecto transexenal de reformas económicas. Uno es Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, quien fue el gran operador político de ese pacto, y Meade, quien está a cargo de la primera parte de la consolidación de las reformas económicas. Pero Videgaray está fuera de la sucesión, cuando menos en este momento, por decisión propia y porque su casa de Malinalco, cuya propiedad nunca explicó con transparencia, es como tener una Magnum 357 permanentemente en la cabeza. Otro es Aurelio Nuño, secretario de Educación, que fue uno de los negociadores del Pacto por México, la placenta de las reformas. Nuño tiene enorme cercanía con Peña Nieto, lo que sido, hasta en el Estado de México, tóxico para los candidatos priistas. No obstante, incluso más que Videgaray hoy en día, tiene la total confianza del Presidente. Él puede ser el elegido por Peña Nieto, pero dentro del juego de símbolos hay algo de lo que carece, que ya tiene Meade en este incierto momento para los aspirantes: instrucciones presidenciales específicas.

De acuerdo con información en el entorno del secretario de Hacienda, Peña Nieto le indicó no moverse ni buscar grupos que lo apoyen, mantener la calma y ejecutar las acciones directas y prioritarias que le pida. Lo primero, con suma urgencia, fue restablecer la relación con los gobernadores, que se encuentra rota hace bastante tiempo. Los gobernadores son parte esencial de la ecuación sucesoria. Durante la primera parte de la Administración peñista, los principales gobernadores afectados por el maltrato político y presupuestal fueron los priistas, adicionalmente que han sido algunos de ellos, que se comprometieron con el proyecto de Peña Nieto para llegar a la Presidencia, los que están pagando el costo de la corrupción sexenal. Sin el respaldo de los gobernadores no habría ni posibilidades de ser competitivo en 2018.

Meade hizo caso rápidamente al Presidente y realizó también ajustes estratégicos en el equipo hacendario que pasaron desapercibidos por la mayoría. Trasladó a Emilio Suárez Licona, de la dirección de la Unidad de Banca de Desarrollo en Hacienda, a donde llegó de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde trabajó con Meade a la Coordinación de Entidades Federativas. En su lugar entró Mario Govea, quien era director general adjunto de Coordinación y Política del Sistema Financiero de Fomento. También promovió a Arturo Téllez, titular del Órgano Interno de Control de Hacienda, y que trabajó con Meade en las secretarías de Energía, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Hacienda, a la Dirección General de Auditoría del SAT. Estas áreas son las que atienden directamente a los estados, tanto en los apoyos presupuestales como en algo que hoy es más importante, revisar sus cuentas, detectar las irregularidades, anomalías y, de ser necesario, trabajar con los gobernadores para ver cómo pueden ayudarlos a resolver hoyos financieros en sus cuentas que pueden significar, como se ha visto últimamente, procesos penales en su contra.

No ha sido lo único que ha construido Meade para su futuro. A diferencia de lo que no pudo hacer Videgaray porque el Presidente no lo permitió, Meade sí nombró a todos los directores de la banca de desarrollo, colocando en esos cargos a personas muy cercanas a él. Virgilio Andrade, a quien le dio su primer trabajo en el servicio público, lo nombró en Bansefi. Llevó a Francisco González al Banco Nacional de Comercio Exterior. Mario Zamora, a quien le dio trabajo en Financiera Rural por recomendación de su tío, Francisco Labastida, lo nombró en la Financiera Nacional de Desarrollo, y la semana pasada fue el coordinador de la Mesa de Estatutos que eliminó los candados para la candidatura presidencial.

El más significativo, sin embargo, fue el nombramiento de Alfredo Vara Alonso, en Banobras, porque significó un desafío a Videgaray, quien había logrado que el presidente nombrara directora a la senadora Ana Lilia Herrera, como premio de consolación por no haber sido candidata en el Estado de México, y Meade, en un acuerdo extraordinario en Los Pinos, tumbó la designación y llevó a un hombre de confianza, que trabajó en el Instituto de Protección del Ahorro Bancario, una institución imaginada y construida por su padre, Dionisio Meade.

La fortaleza de Meade dentro del Gobierno es poco vista por la opinión pública, pero tiene un alto significado. Meade no era parte del equipo compacto de Peña Nieto al arrancar el sexenio, pero la creciente cercanía y confianza, como permitirle armar todo el equipo hacendario con los suyos, sugieren que no sólo está en su estado de ánimo, sino que lo ve con el tamaño para consolidar su legado.
16 Agosto 2017 04:08:00
Las preocupaciones de Odebrecht
La historia de Odebrecht y sus corruptelas en México está llena de misterios y opacidades. En Estados Unidos no confían en que la Procuraduría General de la República haga bien su trabajo y, a decir de las últimas filtraciones de la Fiscalía de Brasil sobre el caso mexicano, en aquella nación suramericana, tampoco. La corrupción intercontinental del conglomerado brasileño estalló el 21 diciembre pasado, cuando Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, aceptaron haber sobornado a políticos y funcionarios de 11 países entre 2011 y 2016, luego de haber sido descubierta tras una investigación en la que participaron Brasil, Estados Unidos, México y Suiza. La sorpresa del espectacular anuncio fue que al darse a conocer, México fue excluido como copartícipe de la investigación. No le dijeron a la PGR qué se iba a anunciar sin el conocimiento del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuyo desdén jurídico y político sorprendió y molestó a las autoridades mexicanas. A los ejecutivos de Odebrecht, también. El acuerdo de Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos era pagar una multa de 3 mil 500 millones de dólares, la mayor suma desembolsada para resolver un caso de corrupción en los tribunales de ese país, y que la empresa hablara directamente con cada gobierno donde corrompió para reparar el daño y entregarles toda la información que les concernía. El plazo máximo para cumplir con lo pactado era junio. Fuentes ligadas a la empresa dijeron que los ejecutivos de Odebrecht no esperaron e hicieron contacto con la PGR para llegar a un acuerdo bilateral similar, que evitara que les congelaran sus obras en este país y actuaran eventualmente contra sus ejecutivos. Según las fuentes, en diciembre viajaron a México ejecutivos de la empresa para hablar con las autoridades mexicanas.

Quienes llegaron de Brasil fueron Guillermo Solís, el responsable del área jurídica de Odebrecht, y Luis de Meneses Wyell, quien pese a que era el director de la empresa en México, se encontraba fuera de este país por el temor de que, al estallar el escándalo, pudiera ser detenido. Meneses Wyell es un personaje clave en toda esta trama. Su testimonio ante la Fiscalía brasileña en diciembre pasado es el que relata pagos irregulares al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin –que él niega vehementemente– entre 2012 y 2016, para beneficiarlos con obra pública. La declaración de Meneses Wyell se refiere a la obra que se le entregó mediante adjudicación directa a Odebrecht y la empresa hidalguense Construcciones Tapia en 2015 para la construcción de vías de acceso y obras de externa para un proyecto de utilización de residuos en la refinería de Tula, por 150 millones de dólares, que en junio pasado fue cancelado por Pemex.

Fuentes vinculadas a Odebrecht dijeron que la refinería en Tula no era por la que estaban preocupados en la empresa brasileña, ni figuraba en los puntos que querían hablar con la PGR. El proyecto que les inquietaba era la construcción del gasoducto Los Ramones, cuya licitación para construir el tramo 2 de la obra, ganó en 2014 a través de Tag Pipelines. El contrato fue de 935 millones de dólares. Desde que se adjudicó el tramo 2 de Los Ramones hubo críticas porque el proyecto llevaba un sobreprecio de 60 por ciento. Reiteradamente se pidió que lo detuviera al entonces secretario de Energía en el Gobierno de Felipe Calderón, Jordy Herrera, quien conoció la obra cuando fue director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, que supervisaba esa construcción. Cuando Herrera dejó el cargo, lo sustituyó Alejandro Martínez Sibaja, el primer funcionario que removió José Antonio González cuando sustituyó a Lozoya en Pemex. En este espacio se refirió a mediados de febrero que uno de los más nerviosos por el escándalo de Odebrecht era Froylán Gracia García, coordinador ejecutivo de la Dirección General en la Administración anterior, y de todas las confianzas de Lozoya Austin. Gracia García era muy cercano a los ejecutivos de la empresa, y de acuerdo con las fuentes cercanas al conglomerado, realizó “decenas” de viajes a esa nación. No fue posible localizar a Gracia García, señalado por funcionarios peñistas para ilustrar la corrupción que había en Pemex, para conocer su opinión.

En el temario que llevaban Solís y Meneses Wyell se encontraba también su preocupación por los diferentes procesos electorales en Tamaulipas y Veracruz, dos de los estados donde tenían fuertes inversiones y que temían resultaran afectadas por los cambios de Gobierno. En esas dos entidades se presume es donde Odebrecht invirtió en campañas electorales, particularmente en Veracruz, donde la relación que comenzó durante el Gobierno de Fidel Herrera se profundizó durante el de Javier Duarte.

No se supo nunca si el procurador Cervantes recibió a Solís y Meneses Wyell. Dos meses después, los brasileños le informaron en Brasilia detalles de la investigación, y en mayo, extrañamente, rechazó un acuerdo con Odebrecht de reparación económica y colaboración en la investigación en México. Oficialmente alegó que “bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los exfuncionarios y/o funcionarios públicos involucrados”. Lo que ofrecía Odebrecht era lo contrario: facilitar la investigación. Rechazó esa ayuda y congeló el caso la PGR, cerrando la investigación por 5 años, acatando una instrucción de Los Pinos.
15 Agosto 2017 04:07:00
‘Duermo muy tranquilo’
Emilio Lozoya Austin realizaba un viaje en avión este domingo cuando el periódico brasileño O Globo difundió el testimonio de un exejecutivo de Odebrecht en México, quien aseguró que la empresa brasileña le había pagado millones de dólares a cambio de que les ayudara a obtener el contrato para hacer adecuaciones en la refinería en Tula, Hidalgo. Aterrizó pasado el mediodía en una escala rumbo a la Ciudad de México, y consultó con sus abogados cómo respondería. Cerca de las siete de la noche, a través de Twitter, negó todas las imputaciones y sugirió la existencia de testimonios amañados por parte de “delincuentes confesos” con el propósito de reducir sus condenas. Sin mencionarlo directamente, se refería al exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, en cuya declaración en la Fiscalía brasileña en diciembre, fincó O Globo su revelación.

En su comparecencia, Meneses Weyll dijo que Lozoya Austin recibió entre 2012 y 2014, 10 millones de dólares para favorecer a Odebrecht con obra pública. El reportero de O Globo que obtuvo el testimonio inculpatorio, señaló que ahora depende de la PGR determinar si ese dinero tocó a otros miembros del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Las primeras declaraciones de deslinde, son actos de fe: no hubo dinero de Odebrecht en la campaña presidencial, que hizo poco para disipar la tolvanera en el imaginario colectivo que conectó el pago de 4 millones de dólares a Lozoya Austin en 2012, con la búsqueda de Peña Nieto de la silla de Los Pinos. El escándalo de la semana, estalló. Sobre dinero en las campañas mexicanas, se hablará en un siguiente texto.

Lozoya Austin, quien es enemigo de litigar en los medios de comunicación, insistió este lunes en su inocencia. “Como (lo) he dicho, quedará probado que los alegatos contra mí son una mentira… Pero algo sucedió y que se investigue. Si los brasileños en realidad dijeron eso… es porque ninguno pisó la cárcel y entre más ‘peces gordos’ embarraban, mejor les iba”. Meneses Weyll fue representante de Odebrecht en México hasta finales de abril pasado, sin que se sepa qué ha pasado con él. El ejecutivo de la empresa no está acusado de nada aún, de acuerdo con la información pública disponible, pero se ha prestado a declarar ante los fiscales brasileños como “informante”.

No es el caso de Hilberto Mascarenhas, a quien el dueño de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, instruyó a crear el Departamento de Operaciones Estructuradas, mediante el cual, de acuerdo con las investigaciones en Brasil y Estados Unidos, se hacían los sobornos a funcionarios en más de una docena de países, incluido México. Mascarenhas, cuyo testimonio ante los fiscales brasileños divulgado en el semanario Veja apuntó que Lozoya Austin era parte de la red de sobornos de la empresa –a la cual vinculaban también con OHL–, que había pedido directamente durante una junta programada en noviembre pasado con Meneses Wyell y el responsable de Odebrecht para América Latina, Luiz Mameri. En su momento, Lozoya Austin respondió: “No he solicitado ni he recibido dinero ilegal”. Asimismo, aseguró que esa reunión, que se había previsto realizar 10 meses después de haber dejado la dirección de Pemex, nunca existió.

Lozoya, aunque sin hacerlo personalmente, no ha dejado de desmentir cada vez que aparece información sobre él, particularmente en la prensa brasileña, que es retomada por la mexicana y de otras naciones. No ha señalado cuál es la estrategia legal que está siguiendo su equipo de abogados, encabezado por Felipe Coello Trejo, a quien en algún momento se llamó “el fiscal de hierro” por su rudeza. “Los abogados harán lo que se requiera”, dijo Lozoya a la pregunta directa si iban a defender su caso en Brasil. “Pero lo que sí es un hecho es que duermo muy tranquilo, aunque molesto por los infundios”.

Aunque de bajo perfil, Lozoya no ha dejado de estar activo en México. La PGR no lo ha requerido, cuando menos todavía. Varios de los funcionarios que trabajaron con él o que actualmente laboran en Pemex han sido llamados a declarar. Uno de ellos, aparentemente contra quien más duro fue el Ministerio Público Federal, es Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos Industriales, y quien atestiguó la asignación directa a Odebrecht en la refinería de Tula el 16 de noviembre de 2015, y por la cual Meneses Wyell dijo que la empresa le había pagado 4 millones de dólares a Lozoya Austin.

Esa obra fue firmada por el director corporativo interino de Procura y Abastecimiento de Pemex, Gustavo Escobar, y el gerente administrativo de Odebrecht, Marcelo da Fonseca. Además de Cornejo Serrano, atestiguaron la firma Meneses Wyell, Miguel Tame, el director de Producción de Transformación Integral –que renunció junto con Lozoya Austin–, y Alejandro Martínez Sibaja, que era director de Pemex Transformación Industrial, a quien el nuevo director de Pemex, José Antonio González Anaya, adelantó su jubilación.

Cuando comenzaron a acumularse las denuncias periodísticas de corrupción en su entorno más cercano, Lozoya Austin realizó una investigación independiente de Pemex que no arrojó evidencia de que hubieran recibido sobornos. El tema de Odebrecht saltó en diciembre pasado, y su nombre empezó a mencionarse este año. En todo este tiempo, él ha señalado que las imputaciones no tienen bases sólidas, sugiriendo que hay personas –que no identifica– que están empeñadas en hacerle daño. Lozoya le apuesta a la ley y ha asegurado que el día que la PGR lo llame a declarar, acudirá sin dudarlo. “No tendría inconveniente –dijo previamente–, por obvias razones”. ¿Cuáles? Lo asegura: es inocente.
14 Agosto 2017 04:07:00
Propinas para Lozoya
Emilio Lozoya Austin tiene un problema muy serio, y también lo tiene el presidente Enrique Peña Nieto y el procurador general Raúl Cervantes. Testigos de la Fiscalía de Brasil lo señalaron de haber recibido 10 millones de dólares del conglomerado Odebrecht para que les facilitara obra pública en México, que se suman a otros 5 millones que documentaron los brasileños que también le habían dado en otro momento. Cuando menos 15 millones de dólares directo a las cuentas de Lozoya Austin en el extranjero, según la Fiscalía, sin que en México pase nada. Bueno, sí pasa. Hasta este momento existe encubrimiento y protección para el exdirector de Pemex por servicios prestados a sus superiores, sin molestarlo y sin hacer pública información que lo afecte, pese a que el rompecabezas de corrupción de Odebrecht en México muestra pagos regulares a Lozoya Austin.

Nuevas revelaciones publicadas el domingo por el periódico carioca O Globo muestran que Lozoya Austin se convirtió en un activo del conglomerado de construcción brasileña desde que era miembro del equipo de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, y lo procuraron con dinero regular por los beneficios que les podía dar cuando fuera un alto funcionario del nuevo Gobierno, como se los adelantó. Así fue. Odebrecht, según la Fiscalía brasileña, le llenó de decenas de millones de pesos el bolsillo sin que rindiera cuentas por ello, durante su gestión como funcionario, o posteriormente, como consultor privado que llegó a ser considerado, incluso, como diplomático peñista.

O Globo publicó que Odebrecht le pagó 10 millones de dólares de “propina” –eufemismo de soborno– a Lozoya Austin entre 2012 y 2016, como director de Pemex, para que la apoyara a conseguir una obra pública de 115 millones de dólares en la refinería de Tula, convenciendo al Consejo de Administración de Pemex de que debía adjudicársele a esa empresa la obra, junto con una hidalguense, Construcciones Industriales Tapia, con las que les recomendó asociarse desde que lo buscaron por primera vez en 2011, siguiendo una práctica regular en el peñismo de armar grupos empresariales a modo para las licitaciones. Los pagos, sin embargo, comenzaron en marzo de 2012, durante la campaña presidencial de Peña Nieto.

El dato de los 10 millones de dólares es consistente con la información que dio a conocer el 21 de diciembre pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, después de haber llegado a un acuerdo fuera de tribunales con Odebrecht, que contribuiría con la investigación multinacional sobre los sobornos que realizó en más de una docena de países, le aportaría información a las naciones en donde se realizaron, y pagaría una multa superior a los 3 mil millones de dólares. El caso mexicano se refería al pago de 6 millones de dólares a “un alto funcionario” de Pemex alrededor de diciembre de 2013 y diciembre de 2014, a cambio de ayudarla a ganar un proyecto. El pago a Lozoya Austin por apoyar la adjudicación en Tula, según las revelaciones de O Globo, fue de 6 millones de dólares pagado en ese mismo lapso.

Toda esta información fue proporcionada a la PGR por la Fiscalía brasileña en febrero pasado, cuando viajó a Brasilia el procurador Cervantes. A su regreso se informó extraoficialmente que se citaría a declarar a Lozoya Austin. Nunca pasó, de acuerdo con el propio exdirector de Pemex, quien sostiene que no ha sido llamado a comparecer por la PGR.

O Globo no pudo hablar con Lozoya Austin ni con sus representantes. Este domingo el exdirector de Pemex que se dedica a la consultoría privada, estuvo inalcanzable. En conversaciones anteriores, Lozoya Austin ha negado cualquier acto de corrupcion de él y de sus cercanos en la empresa paraestatal. El exfuncionario, muy cercano al presidente Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México, es una tumba cuando se habla con él, sin que deje escapar ningún tipo de información que pueda afectar a quien le rendía cuentas directamente y con quien podía tener acuerdos sin la gestión, control o intermediación de sus superiores jerárquicos.

Los detalles de la información divulgada este domingo por el diario brasileño lo colocan, como nunca, en una situación de extrema delicadeza por la precisión y la documentación que aportó Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, con quien hablaba regularmente Lozoya Austin, incluso antes de ser parte de la campaña presidencial, y quien hizo la recomendación a sus superiores en Sao Paulo de que tenían que fortalecer la relación con él, mediante pagos regulares de distintas cantidades, por la influencia que tenía en el entorno de Peña Nieto y el cargo de importancia que tendría en el nuevo gobierno.

La información divulgada presumiblemente la tenía en su poder desde hace meses la PGR, que contra lo que ha sucedido en América Latina, donde están abiertos los procesos que fueron beneficiarios de la corrupción de Odebrecht, ha tratado de mantener en secreto las pesquisas. Ahora se sabe por qué. La acusación contra Lozoya Austin golpea en el corazón de Los Pinos, donde fue durante toda la mitad del sexenio protegido del Presidente.
11 Agosto 2017 04:08:00
2018: el FODA de Peña
Cuando renunció Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia del PRI el año pasado, la decisión unipersonal del presidente Enrique Peña Nieto para sustituirlo fue Enrique Ochoa. La razón, lo decía en privado, era para mandar un mensaje claro al interior del partido, que entendería que cuando hablaba Ochoa, hablaba él. En estos últimos días, la encomienda se ha cumplido. En una entrevista con El Financiero el miércoles, Ochoa definió las virtudes que debe tener quien represente al PRI en 2018: trayectoria muy positiva, experimentada y probada en el ejercicio de la administración pública; honestidad comprobada, y un proyecto convincente e inteligente a la ciudadanía. Era preámbulo de lo que pasaría el jueves en Campeche, donde el PRI eliminó los candados para candidaturas presidenciales y estableció que cualquier militante, simpatizante o ciudadano puede representarlo en 2018, sin restricciones, siempre y cuando goce de “buena fama pública”.

La decisión del PRI abrió los cerrojos que tenía Peña Nieto para escoger a su sucesor, con lo cual la definición del candidato, o candidata, pasó a otro estadio, el de los atributos esbozados por Ochoa. Entonces, ¿qué es la fama pública? El concepto está claramente definido en materia jurídica, pero es más subjetivo en el contexto político. Sirve, sin embargo, el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que establece como deberes el respeto a las leyes; la ética, entendida como los valores que ayudan a distinguir lo bueno y los malos de las acciones; la honestidad y la honradez, que no son iguales, al significar la primera la demostración de una actitud responsable hacia su persona y hacia los demás, mientras que la segunda consiste en el reconocimiento y fama pública que se reputa como honesta.

¿Quiénes entre los aspirantes a la candidatura en el entorno de Peña Nieto no gozan de buena fama pública? Se puede argumentar que uno muy claro es el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien carga como un pesado lastre un tema objetivo, el del conflicto de interés sobre su casa de descanso en Malinalco, que nunca pudo responder en términos éticos al enfocarse solamente al aspecto legal. Otro es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al que mancha justa o injustamente, como él sostiene, la percepción de que uno de sus hermanos está involucrado en actividades poco transparentes. ¿Quiénes sí? Los alfiles del Presidente, Aurelio Nuño y José Antonio Meade, secretarios de Educación y Hacienda, llenan ampliamente ese casillero, como también el caballo negro de la sucesión, José Narro, secretario de Salud. Ninguno de estos tres ha sido cuestionado en términos de su integridad o desapego a la ley. ¿Pero es suficiente?

En el perfil dibujado por Ochoa, donde se establecieron las fortalezas y debilidades que analiza el Presidente para escoger a quien abandere el PRI, ¿tiene Nuño una trayectoria muy positiva, experimentada y probada en el ejercicio de la administración pública? La meteórica carrera de Nuño en el servicio público elimina la especificidad del requisito de la “trayectoria”, que sí pueden presumir en sus palmarés Meade y Narro. ¿Tienen un proyecto convincente e inteligente para la ciudadanía? Eso falta por aclararse, porque al querer Peña Nieto extender hasta enero la decisión sobre su sucesor, con la exigencia de control y contención que ha pedido a su Gabinete para que no alteren sus tiempos, ninguno de los tres puede aún trazar la visión que tiene sobre el país.

Intramuros, Peña Nieto tiene sus propias evaluaciones sobre cómo han trabajado y qué resultados han dado, que debe incorporarse en el capítulo de los atributos. Para él, como lo dijo este miércoles, Nuño logró la culminación de la reforma educativa, que fue la iniciativa más aplaudida por todos desde el inicio de su Administración en 2012. Los maestros, particularmente en la cuenca del descontento en el sur del país, podrán tener una opinión diferente, pero en términos de resultados ante los ojos del Presidente, Nuño cumplió la encomienda. A Meade le podrán echar en cara el gasolinazo y la mediocridad del crecimiento económico, pero en la valoración del Presidente, él fue quien rescató al Gobierno al entrar el relevo de Videgaray, el verdaderamente responsable de que no haya habido el despertar económico prometido, y quien diseñó la liberación de los precios energéticos. Narro no se ve tanto por lo que hace, sino por lo que no pasa: una crisis en el sistema de salud, lo que habla positivamente de su trabajo. De los tres, es el más experimentado en lo político y el de mayor sensibilidad sobre la realidad del país, a decir por los discursos que como rector de la UNAM pronunció.

Ninguno de los tres figura entre los priistas más conocidos, pero la ecuación sucesoria no debe pasar por el tema del conocimiento, sino de la variable de quién sería el más competitivo para ganar. El conocimiento, como dijo el año pasado Peña Nieto, se gana en una campaña presidencial, donde la presencia en medios puede lograr elevar los puntos porcentuales en las encuestas de una manera explosiva. Pero para ganar se requiere incorporar otros factores: ¿quién es el que más cohesiona dentro del PRI? ¿Quién es el que más puede sumar fuera del PRI? ¿Quién puede apelar al mayor número de votantes en el segmento de los switchers, que son los que modifican el rumbo de una elección? Las variables para la sucesión son amplias, pero recordando las palabras de Ochoa, Peña Nieto ya tiene definida la matriz. Sólo falta que escriba finalmente el nombre.
10 Agosto 2017 04:08:00
2018: Los alfiles de Peña
En el gabinete, la convención generalizada es que el presidente Enrique Peña Nieto tiene listas las cartas de dos colaboradores para la candidatura presidencial. Arriba, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, de quien mejor se expresa de todo el gabinete, y luego el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Están tan lejos de todos en el ánimo presidencial, particularmente Nuño, que hay aspirantes como Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, que admite en privado que no hay mucho qué hacer ya, aunque no por ello deja de buscar que sea él a quien designe el presidente y unja el PRI. La Asamblea Nacional del PRI que comenzó este miércoles y terminará el sábado, quiere darle a Peña Nieto todos los instrumentos para que sus deseos se cumplan y elimine los obstáculos que puedan al elegir a su sucesor.

La Asamblea pretende limar todas las aristas para facilitar la eventual candidatura de Nuño o Meade. De ahí viene la relevancia que se le ha asignado a la Mesa de Estatutos en Campeche, donde si bien el candado de fidelidad partidista que obliga una militancia de cuando menos 10 años a quien aspire la candidatura presidencial no afecta a Nuño, cuyo carnet priista data de 2004, se ha vuelto un condicionamiento casi de veto para Meade.

El secretario de Hacienda podría contender por la Presidencia con los colores del PRI, siempre y cuando vaya en alianza con otro partido, y que fuera propuesto por ese partido al cual se sumaría el PRI. Aunque esto ya se vio en Chiapas, con el gobernador Manuel Velasco del Partido Verde, se ve difícil que el PRI procese a Meade como su candidato presidencial, al tener que ceder el partido tendría la candidatura a otra franquicia.

Nuño y Meade son vistos dentro del gabinete y en otros círculos políticos, como los alfiles de Peña Nieto. Nuño, que llegó al gobierno peñista empujado por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se fue ganando la confianza del Presidente por los resultados que le dio y un enorme cariño, al ver reflejado en él su camino hacia la cima del poder, explicaron personas que los conocen.

Meade, el único miembro del gabinete al que le tiene respeto profesional Videgaray, fue conquistando gradualmente la confianza del Presidente, por su trabajo y convertirse en uno de los pocos funcionarios en su entorno que le aportan la información y la cosmogonía de la que el Presidente, un mexiquense típico, carece.

Los dos precandidatos del Presidente tienen a un solo rival de peligro, el secretario Osorio Chong, mañoso y perverso, buen conocedor de las plomerías de la política mexicana, como experimentaron Nuño con el conflicto magisterial hace poco más de dos años, cuando lo excluyó toscamente de las negociaciones, y el propio Meade en diciembre y enero, cuando lo dejó lidiando en solitario con las consecuencias políticas y sociales del gasolinazo. Osorio Chong, sin embargo, es el priista mejor colocado en las encuestas donde se evalúan a los aspirantes. La última pública, levantada en la penúltima semana por De las Heras Demotecnia, la casa encuestadora de cabecera del PRI, publicada en Uno TV, coloca al secretario de Gobernación como el priista al que mejor le iría en la elección presidencial, bajo cualquier escenario.

Por ejemplo, en una competencia con la panista Margarita Zavala, y contra el morenista Andrés Manuel López Obrador, Osorio Chong se quedaría un punto debajo de ellos, con 25% del voto, que están empatados con 26%. Meade alcanzaría en esa misma fórmula 21% del voto, contra 27% de Zavala y López Obrador. Nuño, en cambio, es el que tiene el peor comportamiento de los siete aspirantes priistas medidos, al obtener 20% del voto, 7 puntos debajo de sus rivales. Si la variable panista cambia a Ricardo Anaya como candidato, Osorio Chong quedaría en segundo lugar con 25%, debajo de López Obrador con 28% del voto, pero arriba 4 puntos de Anaya.

Meade, que se desplomaría al sexto lugar entre los priistas, empataría con Anaya con 22% del voto, pero se quedaría a 9 puntos de López Obrador.

Nuño, una vez más en el último escalafón priista, alcanzaría 18% del voto, contra 20% de Anaya y 28% de López Obrador.

En todos los careos realizados, Nuño apareció en el último lugar de los priistas, mientras que Meade sólo sale del sótano cuando aparece en la boleta Miguel Ángel Mancera, por la alianza PRD-PAN, con quien empata en 22% del voto, pero quedando ambos a 8 puntos de López Obrador. Los alfiles de Peña Nieto están cojos, pero ni siquiera con Osorio Chong el PRI tiene un candidato ganador, según esta última encuesta. De hecho, si sólo se mide la preferencia partidista el PRI pierde en cualquier escenario.

Estos datos, paradójicamente, no favorecen al secretario de Gobernación. Si aún con él no hay posibilidades reales de victoria, entonces Peña Nieto puede optar por cualquiera de sus alfiles, y jugar la apuesta de construir un candidato ganador.

No obstante, para poder hacerlo y tener una candidatura cohesionada, necesita el apoyo de todo el PRI que lo respalde. Con el PRI es difícil que mantenga la Presidencia, pero sin él, definitivamente no hay posibilidad alguna de entrar siquiera en competencia. La Asamblea Nacional del partido, entonces, tiene un significado diferente bajo este prisma, la necesidad de Peña Nieto de legitimar la decisión, cualquiera que sea, sobre su sucesor, para luchar por mantener el poder.
09 Agosto 2017 04:08:00
El poder, ¿para qué?
El gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, en su mayoría, tiene clara la instrucción. No es la Mesa de Estatutos de la Asamblea Nacional del PRI, donde se aprobará con seguridad la anulación de candados a la candidatura presidencial la más relevante, ni la de Rendición de Cuentas y Corrupción, donde el Gobierno ha sido prolífico en declaraciones, pero con déficits en resultados, en donde tienen que estar, sino en la de Visión de Futuro, que se llevará a cabo este miércoles y jueves en Zapopan.

Ahí se discutirán las reformas económicas de Peña Nieto, pero no para cuestionar el por qué las hicieron, sino para encontrar la forma de que a algo ya consumado, puedan encontrar en menos de un año la fórmula para conseguir un consenso nacional que evite que el PRI sea expulsado del poder en 2018. Reinventar en tan corto tiempo el código genético de un gobierno excluyente y tentaciones autoritarios, parece imposible. Tanto, como que en las condiciones actuales sería que el PRI pudiera mantener la Presidencia.

Las reformas de Peña Nieto, las más profundas desde el cambio de modelo económico impulsado Carlos Salinas, desde la Secretaría de Programación y Presupuesto en 1985, durante el Gobierno de Miguel de la Madrid, provocaron una pérdida significativa en el respaldo del PRI a nivel nacional. Desde las elecciones para gobernador en 2015, el PRI cayó a 15 entidades bajo su control, la cifra más baja en 26 años de alternancia electoral, con lo que perdió el 19% de su influencia de Gobierno en el país, al pasar de gobernar de 66 millones a 53 millones. En las elecciones para gobernador en junio pasado, perdieron una de tres –una más, Coahuila, sigue en litigio–, y perdieron otro millón de votos. Pero en el bastión peñista, el estado de México, el PRI como partido perdió por 56 mil votos ante Morena, pero salvó la derrota por los votos de sus aliados.

Todas las reformas fueron altamente cuestionadas. La fiscal provocó que en noviembre de 2013 su índice de desaprobación rebasara al de aprobación, que nunca pudo recuperarse y ubica a Peña Nieto en el nivel más bajo de respaldo nacional desde que se miden las gestiones presidenciales hace casi 30 años.

Esta reforma hizo que los estados de la frontera norte votaran contra el PRI en 2015, mientras que la educativa hizo que en la cuenca del descontento en el sur, rechazaran a sus candidatos, y en los estados del Golfo, indignados por la energética, expresaran su repudio al gobierno en las urnas. Se puede argumentar si las reformas eran indispensables o no; en el mundo fueron aplaudidas y en México repudiadas, pero lo que no puede sostenerse es que fueron decisiones cupulares donde se excluyó a todos menos a una docena de personas de varios partidos, controladas por Peña Nieto, que decidieron el futuro de la nación.

Las reformas fueron cocinadas en el Pacto por México, un acuerdo cupular con el PAN, el PRD y de manera satelital el Partido Verde y Nueva Alianza, que excluyó a los propios militantes de esos partidos y desoyó a todos los grupos de interés en el país que tenían cosas qué decir sobre las transformaciones.

Es cierto que este tipo de reconstrucción económica se tiene que procesar de esa manera casi vertical, pero es fundamental que para evitar tensiones que amenacen el sostenimiento de los cambios alcanzados, se tienen que buscar consensos. Al Presidente, o no le interesó alcanzar el consenso, o quienes debían de haberlo construido, no hicieron su trabajo. En cualquier caso, el rechazo a su gestión ha hecho inviable, en este momento, que el PRI se mantenga en el poder, y la posibilidad de una regresión a sus reformas tras las elecciones presidenciales del próximo año, al ser minoría en las entidades que concentran el mayor peso electoral: Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Guanajuato. Sólo lo mantiene en el mermado estado de México, y está en riesgo de perder la gubernatura en Jalisco en 2018.

La forma como ha funcionado el Gobierno de Peña Nieto ha sido vertical y excluyente, en contraposición de sociedades cada vez más horizontales y abiertas. Manlio Fabio Beltrones, el exlíder del PRI, que mantiene un diálogo fluido con el presidente, quien presidirá la mesa en Zapopan, ha insistido en que lo fundamental que debe hacer su partido es construir un proyecto de gobierno que beneficie a los ciudadanos que le permitan garantizar que las reformas no sean revertidas. Es decir, que mantengan el poder. Pero en este sentido, cabe la pregunta, desarrollada como libro por el exgobernador de Chiapas, Eduardo Robledo, “Poder, ¿para qué?, ¿por qué es tan difícil gobernar?”, en donde se plantea cómo se puede administrar el poder. En el caso del gobierno actual, la calificación es reprobatoria.

En un documento de “ideas” para la mesa de Zapopan, Beltrones tocó el crucial tema de la participación social organizada, que requeriría ser reconocida, primero, y después ser incluida en los debates, como “una forma de mostrar apertura, enriquecimiento de nuestras propuestas de políticas públicas y aproximación a las inquietudes sociales”.

Traducido al castellano es: si el partido no se abre, se erradica el verticalismo y se actúa con sensibilidad ante lo que la sociedad quiere y necesita, no habrá forma de revertir la tendencia electoral actual. Beltrones no lo plantea de manera tan dramática, pero es tan simple y claro como afirmar que o Peña Nieto y su equipo se abren a la participación de todos en el debate público, o la Presidencia pasará a otras manos en 2018.

Ahora, si uno revisa la genética del peñismo, eso es lo que hoy en día parece que sucederá.
08 Agosto 2017 04:07:00
Tláhuac, el dolor del ‘Peje’
A lo largo de toda la semana pasada, la preocupación de los asesores de Andrés Manuel López Obrador era en qué momento la investigación de narcopolítica en la delegación Tláhuac, encabezada por un connotado miembro de su partido, Morena, Rigoberto Salgado, empezará a salpicarlo. La puerta de entrada se encuentra en Tlalpan, a donde se extienden líneas de investigación federales ante la sospecha de que dinero de procedencia ilícita que piensan financió la campaña de Salgado también se inyectó en contiendas como la de Claudia Sheinbaum, a quien López Obrador impulsa como candidata al Gobierno de la Ciudad de México. ¿Será Tláhuac el principio de una campaña de descrédito contra López Obrador, en 2018? El tabasqueño ha probado ser inmune a todo tipo de ataques, pero su teflón en algo tan profundo como narcodinero en su partido y en sus campañas, de probarlo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ¿podría mantenerlo inmune?

Salgado está políticamente liquidado. Tras su comparecencia en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, no pudo desmentir las imputaciones que se le hicieron, salvo asegurar, contra documentos que le mostraron los diputados, que no tenía vinculación con la delincuencia en Tláhuac, donde hace 3 semanas un comando de la Marina acabó con la vida del líder del narcomenudeo en el sur de la capital federal, con vinculaciones con el cártel del Pacífico, Felipe de Jesús Pérez Luna. Para Morena se volvió una pieza desechable, donde lo importante es cómo su caso no contamina a Morena y al grupo compacto de López Obrador.

Tláhuac es la bomba de tiempo para Morena. No se volvió un foco rojo de seguridad en los últimos años, ni tampoco emergió como zona de narcomenudeo de manera reciente. Desde los 70, Tláhuac y una zona del mexiquense Neza, en la zona conurbada al oriente de la Ciudad de México, era donde se adquirían drogas. En aquel entonces era mariguana, y con el paso del tiempo se fue ampliando la oferta a cocaína y drogas sintéticas. A las tienditas y los raves acudían los fines de semana de todas partes de la Ciudad de México todos los grupos socioeconómicos a adquirir sus drogas. Es imposible que Salgado no conociera del tema de tiempo atrás, al haber sido dos veces responsable de la Seguridad Pública en Tláhuac antes de llegar a delegado. Sus omisiones o comisiones –ya lo determinarán las investigaciones– le van a provocar la caída política y, eventualmente, hasta la libertad.

Su caso se extiende, cuando menos en el campo de las investigaciones, hasta otras delegaciones morenistas, como Tlalpan, que encabeza la señora Sheinbaum, en cuanto a si dinero criminal fue inyectado a sus campañas. López Obrador ha sido enfático al hablar sobre Tláhuac, para deslindar claramente a Salgado de Morena. No defiende al delegado; busca blindar al partido. Nunca antes habían estado tan cerca de ser vinculados él, sus cercanos y su partido, con grupos criminales. Lo más cercano a lo que estuvo expuesto fue en el caso de José Luis Abarca, alcalde de Iguala cuando la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, a quien había apoyado. La prensa ha documentado cómo cuando en la campaña de Abarca le dijeron en Iguala sobre las acusaciones de haber ordenado asesinatos, López Obrador los desoyó. Esa actitud, no querer escuchar para no saber, lo ha marcado en el pasado.

Cuando en la campaña para el Gobierno de la Ciudad de México, la entonces presidenta del PRD, Rosario Robles, le dijo que había conseguido que un empresario financiara al partido, López Obrador le respondió que lo arreglara ella, pero que él no quería saber nada de eso. Ese empresario era el argentino Carlos Ahumada, que a cambio de ser mecenas de los perredistas e inyectar recursos a sus campañas, incluida la de López Obrador, recibió contratos de obra pública en diversas delegaciones, como Tláhuac.

El dinero de Ahumada siempre fue asociado a ese tipo de intercambios, recursos a campañas recuperados mediante entrega de obra pública, hasta que la investigación de Ayotzinapa abrió una ruta inesperada. Campo Morado, una mina de Ahumada en Tierra Caliente no lejos de Iguala, lo conectaba con un grupo criminal de envergadura, escisión de La Familia Michoacana, encabezado por Jhonny Hurtado Olascoaga, apodado “El Fish”, y autor intelectual de la ola de secuestros que se dieron en Valle de Bravo hace pocos años. Nunca se exploró la posible inyección de dinero criminal al PRD de López Obrador en aquellos años por la vía de Ahumada, como tampoco lo que representaba Abarca para los delincuentes en aquella zona.

López Obrador nunca quiso saber de dónde salían los recursos, aunque era beneficiario de ellos. Ese mismo modus operandi es el que vuelve a aparecer en Tláhuac, donde probablemente, de acuerdo con su actitud de no preguntar lo que no quiere saber, lo tiene en medio de una investigación federal de gran calado. López Obrador no es deshonesto ni se vive jugando fuera de la ley. Pero la manera negligente con la que trata los asuntos de financiamiento político lo hace responsable de sus consecuencias. El no ser culpable de cometer o solapar delitos no lo lleva a puerto seguro. La preocupación de sus asesores sobre cómo pueden quedar involucrados él y su equipo compacto en el caso Tláhuac debe convertirse en una estrategia sólida y convincente para evitar que su barco presidencial empiece a naufragar antes, incluso, de salir a la mar.
07 Agosto 2017 04:07:00
Tropas extranjeras en México
Después de publicar la transcripción de la conversación entre los presidentes de México y Estados Unidos el 27 de enero pasado, donde Donald Trump le dijo a Enrique Peña Nieto que “al 100%” estaba listo para enviar tropas estadunidenses a México a matar narcotraficantes, el periódico The Washington Post, que reveló la transcripción, se preguntó: “¿Puede enviar Trump tropas a México?”.

Peter DeShazo, profesor de asuntos latinoamericanos del Colegio Darmouth, respondió: “Es improbable que el Gobierno mexicano permitiría unidades de élite, como las Boinas Verdes o los SEAL, para enfrentar a los cárteles de la droga, o jugar un papel activo en asesorar y apoyar a las unidades mexicanas. No es un tema unilateral. El crimen organizado es un asunto internacional y no un tema doméstico de México”. DeShazo, The Washington Post y el propio Trump, están rebasados. Trump no necesita enviar tropas, porque hace tiempo sus militares están en México.

No en la forma como recuerda el Post la invasión estadunidense en 1847-48, o los amagos de la flota estadunidense en Veracruz en 1914. Ese modelo de intervención corresponde a un pasado muy lejano. La presencia tiene distinta cara y existe en México desde hace varios años. Incluso, desde los albores de la Segunda Guerra Mundial se firmó un oscuro tratado bilateral donde ambos países pueden utilizar, sin necesidad de solicitar autorización, los aeropuertos y las bases militares de cada nación en situaciones extraordinarias.

El Post recuerda el origen de una revigorizada relación militar, cuando el problema común del narcotráfico produjo una alianza táctica para enfrentarlos, pese a la desconfianza del y en el Ejército Mexicano. Esa desconfianza de Washington propició que el apoyo central se fuera a la Marina. Un grupo importante de marinos mexicanos fueron entrenados por el Cuerpo de la Marina de Estados Unidos y los capacitaron al mismo nivel de los SEAL, que es como se conoce a las unidades Mar, Aire y Tierra, de donde viene el acrónimo de las fuerzas de operaciones especiales más sofisticadas que tiene la Armada.

Los estadunidenses los entrenaron en sus instalaciones de Virginia y el sur de California, de donde salieron tres comandos de élite construidos a imagen y semejanza de los estadunidenses, que se encuentran en las bases de la Ciudad de México, Veracruz y Acapulco. Los SEAL estadunidenses figuran en las operaciones más espectaculares y conocidas de la guerra, como las invasiones a Panamá y Afganistán, o la muerte de Osama bin Laden, y condujeron tácticamente, a los comandos mexicanos que abatieron a Arturo Beltrán Leyva, el letal capo del narcotráfico, en diciembre de 2009. La CIA también ha trabajado con los comandos mexicanos, a quienes actualizó mediante contratistas privados en instalaciones secretas cerca de la Ciudad de México. La CIA, aunque no es militar, fue clave en la primera captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Mazatlán, donde también participaron SEAL estadunidenses encubiertos.

Esta participación estadunidense en México es previa al presidente Trump, y se sigue manteniendo en secreto. Al público sólo se le informa periódicamente de ejercicios conjuntos de las Fuerzas Armadas. De 2014 a 2016, recordó el Post, se incrementaron 20% los programas conjuntos, que van desde compartir inteligencia para atacar por aire, tierra y mar a los cárteles de la droga de Centro a Norteamérica, a asesoría legal de abogados estadunidenses a los militares mexicanos para la observancia de los derechos humanos. En ese periodo, agregó, se han destinado 27 millones de dólares para entrenar a los comandos mexicanos, desde combate cuerpo a cuerpo, a invasiones simuladas en playas. El último ejercicio fue en julio pasado, cuando la Fuerza Aérea Mexicana, en coordinación con el Comando del Norte y el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, realizaron el tercer ejercicio conjunto, Amalgam Eagle, en la Base Aérea Militar en Hermosillo.

La forma como se ha entreverado la injerencia, participación y asistencia del Pentágono en las Fuerzas Armadas mexicanas es profunda, aunque no responde a la obsoleta categoría de análisis que planteó Trump a Peña Nieto, ni a la manera como planteó el Post el dilema de la conversación telefónica entre los dos presidentes. El Post, extrañamente, tomó el caso de las unidades militares colombianas que entrenan junto con la Fuerzas Especiales del 7º Batallón del Ejército estadunidense, para asegurar que la política interna en México no permitiría semejante decisión. Error. Eso ya sucede, de manera más profunda, sin que parezca haberle importado a la oposición mexicana la forma como, en particular la Marina, se injertó dentro de los modelos estratégicos de seguridad de la Armada estadunidense.

No habrá tropas marchando sobre territorio mexicano, aún si existiera una autorización del Gobierno y el Congreso, porque en realidad no se necesitan. La lucha contra el narcotráfico no llegará a la victoria si sólo se utiliza la fuerza. Se requiere inteligencia e ir desarticulando sus redes financieras y de lavado de dinero para deshidratar a las organizaciones, aparejado no de combates tipo la Segunda Guerra Mundial, con batallones en las trincheras, sino con unidades de élite realizando operaciones quirúrgicas como las de Beltrán Leyva o, más recientemente, contra Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, el líder del narcomenudeo abatido hace unos días en Tláhuac de un tiro en la cabeza, dentro del automóvil donde huía. Trump y quien le haga caso, llegaron tarde a la historia. Militares estadunidenses con capacidad operativa y de decisión en México, hace tiempo llegaron para quedarse.
04 Agosto 2017 04:08:00
Diálogos en el infierno
El 25 de enero, 5 días después de asumir la Presidencia, Donald Trump concedió la primera entrevista a la televisión. Fue en la Oficina Oval de la Casa Blanca por la mañana, justo cuando, a unos metros de ahí, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y una pequeña comitiva mexicana, iniciaban con el equipo de Trump los preparativos de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Washington. Sin importar el momento, Trump le dijo al conductor del noticiero estelar de la ABC, David Muir, que México pagaría por el muro, rompiendo un compromiso forjado semanas antes por Videgaray y el yerno de Trump, su consejero Jared Kushner, de que no volvería a tocar el tema en público. Esos días en Washington quedaron registrados como el punto más bajo de la relación entre los dos países en tiempos de paz, y produjeron la cancelación de la visita. Para tratar de apagar el fuego, se acordó la conversación telefónica entre los dos presidentes.

La llamada se dio el 27, a las 10 de la mañana con 28 minutos, hora de Washington. Versiones sobre esa llamada han circulado profusamente desde entonces, pero este jueves, el periódico The Washington Post publicó la transcripción de ese diálogo, que abarca 5 mil 448 palabras en inglés –muy superior habría sido ese total en español–, y que muestra a Trump en su mejor representación como Presidente: agresivo, condescendiente, barroco, cursi, contradictorio, amenazante e impredecible.

El diálogo fue intenso y por bloques, saltando Trump de un tema a otro. Para un mejor entendimiento del tipo de locura con la que tiene que lidiar Peña Nieto –y el mundo–, lo siguiente es una síntesis editada y sin el orden como se llevó a cabo esa conversación, cuyo contexto de inicio fueron las diferencias entre los dos gobiernos:

Peña Nieto: Señor Presidente, no es una diferencia personal. Pero es impensable y no puedo ignorarlo porque es totalmente inaceptable para los mexicanos que paguen el muro que usted piensa construir. Entiendo, señor Presidente, el pequeño margen político que tiene, en términos de todo lo que ha dicho desde la campaña. Pero también quiero que entienda, presidente Trump, la falta de margen que tengo como Presidente de México para aceptarlo.

Trump: Lo único que le pediré es sobre el muro. Usted y yo tenemos un problema político. Mi gente se levantará y dirá “Mexico pagará por el muro”, y su gente probablemente dirá lo mismo en lenguaje similar, pero diferente. El hecho es que los dos estamos un poco atados políticamente porque tengo que hacer que México pague el muro. He estado hablando de ello por 2 años.

Peña Nieto: Usted tiene una gran marca en su espalda, señor Presidente, con respecto a quién paga por el muro. Es por lo que sugiero que dejemos de hablar del muro. Pero mi posición ha sido y continuará siendo muy firme para decir que México no pagará por el muro.

Trump: Pero no puede decir eso a la prensa. No puedo soportarlo. No puede decirle eso a la prensa porque no puedo negociar bajo esas circunstancias.

Peña Nieto: Lo entiendo bien, señor Presidente. Entiendo este punto crítico y la crítica posición que esto constituye para su país y para usted… o México. Este es un tema que más allá de la situación económica, relacionado con la dignidad de México y al orgullo nacional de mi país. Dejemos de hablar del muro y busquemos una forma creativa para resolver este tema, que nos sirva a ambos, a los dos gobiernos y a nuestras sociedades.

Trump: Está bien, Enrique. Creo que es justo. No hablemos del muro cuando la prensa hable sobre el muro, y digamos “veamos cómo lo podemos resolver con México”.

Trump incumplió el compromiso. En el marco de la cumbre del G20 en Hamburgo, respondió a una corresponsal que preguntó si México pagaría por el muro: “Absolutamente”. En la llamada con Peña Nieto, cuya mayor parte se concentró en pedirle que dejara de decir que no pagaría por el muro, combinó amenazas comerciales e insultos sobre el narcotráfico.

Trump: Tienen unos hombres duros en México que quizás necesiten ayuda para enfrentarlos. Tienen que ser noqueados y ustedes no han hecho un buen trabajo. Quizás sus soldados les tienen miedo, pero los nuestros no y ayudaríamos al 100% porque están totalmente fuera de control.

Peña Nieto: Mucho de lo que está sucediendo en términos de narcotraficantes en México es ampliamente apoyado por las cantidades de dinero y armas que llegan de Estados Unidos. Esto ha llevado a que la pelea contra esas bandas criminales tenga la participación de todo el Ejército mexicano. Está claro que el crimen organizado es tanto nuestro enemigo como el de su Gobierno. Coincido en que debemos de trabajar juntos.

Trump: Usted y yo siempre seremos amigos. Debemos convertirnos casi como los padres de nuestros países. Casi, ¿está bien? Somos tú y yo contra el mundo, Enrique, no lo olvides. Quiero que seas tan popular que tu gente pida una enmienda constitucional para que puedas contender por la Presidencia por 6 años más.

Peña Nieto: Es muy amable, señor Presidente. Realmente, lo único que me interesa, por el bien de nuestras naciones, para su Gobierno y para usted, es que tengamos una relación con amistad y muy constructiva, señor Trump.

La historia ha mostrado lo poco que entendió Trump a Peña Nieto, lo malo de la relación bilateral bajo su Administración y las dificultades, por decir lo menos, que vendrán.
03 Agosto 2017 04:09:00
El desafío a Peña
Sin importar que los sonoros gritos de figuras que significaron mucho para el PRI en tiempos pasados, la Asamblea Nacional del partido en el poder lucía como un día de campo para el presidente Enrique Peña Nieto, a quien nadie parecía lo suficientemente poderoso para desafiar su poder metaconstitucional para decidir quién, dentro de su partido, lo sucederá. El martes, sin embargo, apareció un rival de alto calibre que, sin mostrar claramente su cara, se le cruzó en el camino. Se trata de Manlio Fabio Beltrones, el único capaz, en este momento, de encabezar a un priismo desencantado y molesto, incluso, con el peñismo.

La irrupción de Beltrones se dio tras una reunión con los diputados de la LXII Legislatura, que él coordinó, donde habló de la unidad partidista y de los gobiernos de coalición, que ha sido su caballo de batalla durante más de 5 años. Como resultado directo de ese encuentro, alrededor de 200 de los 212 diputados de esa bancada, que produjo gobernadores y secretarios de Estado, suscribieron su pronunciamiento donde la mano de Beltrones saltó a la palestra al convertirlo en un manifiesto colectivo ante Peña Nieto y el grupo político que tiene en el Gabinete y el PRI.

El pronunciamiento exige un debate abierto a todas las voces del partido, para reflejar lo que las bases priistas quieren. “No caigamos en debates falsos”, apuntó. “Tenemos que decirle al ciudadano para qué queremos conservar el ejercicio del gobierno y esto es lo que esperan los mexicanos. Rechazamos la confrontación. No queremos discusiones que sólo reflejen ánimos de conflicto o lucha de posiciones”. Es la voz de Beltrones, expuesta en público y en privado, como al propio Presidente: no es tener el poder por el poder, sino saber para qué se quiere el poder. La crítica sugiere que los priistas que tienen hoy el poder no saben para qué sirve. Como el conocimiento, no sirve si no se sabe aplicarlo. “La política suele estar impregnada de pragmatismo; el pragmatismo que recorre a todos los partidos”, continuó. “Nosotros tenemos claro que un pragmatismo sin idea sólo conduce al oportunismo. Vemos que surgen por todos lados alianzas electorales o alianzas de coyuntura con el único propósito de hacerse del gobierno. Se juntan las corrientes más disímbolas que hacen de los partidos simples vehículos de ocasión a los que es posible subirse, ir a donde se quiere y a veces pagar o no el costo del pasaje. Pasados los comicios, estas alianzas suelen ser no exigibles ni responsables ante nadie”.

Una vez más la reiteración de Beltrones, para que lo escuchen, ventiladas en una reciente entrevista de prensa. “El partido no puede seguir siendo un taxi que traslade de un lugar a otro a personas que no tengamos la seguridad que van a cumplir con la obligación del partido, porque después es el partido el que sale raspado”, dijo aquella vez. Esa frase parecía un traje hecho a la medida del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, pero con el tiempo se ha sabido quiénes fueron realmente sus destinatarios: los secretarios de Educación, Aurelio Nuño, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. El beltronismo los ve como pragmáticos oportunistas; a Meade, como panista.

En aquella entrevista, Beltrones aseguró: “El partido debe tener identidad. Ya tenemos las reglas. Respetemos las reglas: no andemos haciendo trajes a la medida o deshaciendo los trajes que vamos a vestir”. El pronunciamiento lo contextualizó: “La VII Asamblea, en tiempos de Jesús Reyes Heroles (octubre de 1972) puso el énfasis en el programa y la idea del partido de que al final del día es lo que cuenta para la sociedad. Desde entonces, dejamos de pensar hacia nosotros y pensamos más bien para los otros. La VII Asamblea nos preparó para la pluralidad y mostró que es posible pensar en el país, no sólo en las reglas internas. Nuestro real dilema es que se conserve la identidad del Partido y el compromiso con un programa y una idea de Gobierno inclusivo y comprensible para la sociedad”.

El señalamiento se cruza en las intenciones de Peña Nieto, cuyas decisiones electorales han sido caracterizadas por individualismos, no por identidad partidista, por coyunturas, no por programa, por exclusión, no inclusión. Es una nueva generación de priistas, emanados muchos de gubernaturas, que Beltrones ha señalado que fue un error haberlos visto como “el nuevo PRI”. Esa nueva generación de priistas, que no son el PRI que gobernó por décadas, la encabezan Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que lo fue en Hidalgo. No lo dijo con todas sus palabras, pero expresó la desilusión de muchos priistas al haber constatado que quienes los sucedieron en el poder tenían un código genético distinto. “Tengamos claro que en toda circunstancia, la experiencia es algo que no se jubila”, estableció el pronunciamiento, que deslizó una amenaza: “Es indispensable la unidad en la pluralidad y los acuerdos. La unidad siempre es posible con los acuerdos políticos que la sustenten”. ¿Qué quiso decir? ¿Que si no hay apertura en el debate, compromisos con todas las fuerzas internas, inclusión y deliberación para cohesionar al partido habrá desunión que pueda llevar a la fractura? ¿Está dispuesto Beltrones a romper con Peña Nieto y con el grupo de neopriistas que llegaron al poder? Según el pronunciamiento respaldado por 200 exlegisladores, sí. La primera División de Infantería sacó el martes las armas.

P.D. El senador Héctor Yunes asegura que nunca recibió dinero alguno de Javier Duarte para su campaña para gobernador y que jamás ocurrió un hecho que mencionan presuntos testigos a los que se citó en este espacio el lunes pasado, donde se apuntó: “El senador ha negado que le hayan dado dinero, pero hay testigos de que cuando menos 250 millones de pesos, en una caja de huevo, fueron colocados por el propio Yunes en la cajuela de su auto tras dárselos en la casa de Duarte”. Esta columna sostiene lo publicado.
01 Agosto 2017 04:07:00
Los informantes de Yunes
La situación legal y política del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se volvió insostenible tras un video en el que Moisés Manzur le dio un tiro de gracia, aportando elementos para que lo acusaran de corrupción. Manzur fue persuadido de hablar por Juan José Rodríguez Janeiro, quienes junto con Duarte formaban un trío que, con presuntos recursos públicos, habían construido un emporio particular. Rodríguez Janeiro, a su vez, fue convencido por el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes, de que era mejor que hablaran y colaboraran. Yunes llegó a Rodríguez Janeiro por un amigo común, y vio a los dos en Vancouver. Con su colaboración se empezó a construir una cadena de informantes de Yunes, algunos que fueron incondicionales de Duarte, y que prefirieron traicionarlo para tratar de salvarse de la justicia.

Duarte está en la cárcel, casi solo y traicionado. Una traición estratégica, porque le disminuyó recursos importantes para su huida, se dio como consecuencia de la confesión de Manzur, con un escolta del exgobernador, David Martínez, como protagonista. Martínez fue recomendado a Duarte por Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública y uno de los principales testigos de la PGR en el proceso contra el exgobernador. Martínez, quien trabajó la planeación de las rutas de escape y la logística, había sembrado por instrucciones suyas paquetes de 3 y 5 millones de pesos con personas leales a Duarte, para ser utilizados en los momentos en que fueran necesarios.

Martínez utilizó a uno de sus ayudantes, Norberto García, quien entregaba el dinero a las personas seleccionadas. Cuando Manzur delató a Duarte y entró en acción el plan B del exgobernador, Martínez se comunicó con las personas a quienes les habían entregado los paquetes millonarios y les dijo que “su jefe” los necesitaba. No sospecharon trampa, según personas que supieron del plan B, y le devolvieron el dinero que, sin embargo, nunca llegó. Desde ese momento nadie sabe nada de Martínez, quien escapó, estiman, con unos 100 millones de pesos.

Bermúdez, el jefe de todos ellos, no tardó mucho en darle la espalda a Duarte, quien presumía su confianza: “Él es quien cuida a mis hijos”. Bermúdez se hacía cargo de la logística familiar, que incluyó el escape por carretera, en vehículos separados –e intercambiados en la carretera de Veracruz a Coatzacoalcos–, de Duarte y su esposa Karime Macías. El exjefe policial le respondió hasta que lo atrapó la PGR, sin que se sepa qué tipo de presión ejerció contra él para que comenzara a hablar. Bermúdez tiene imputaciones de haber participado en crímenes.

Pero si en su caso se pudo haber ejercido algún tipo de coerción, hay otros ejemplos donde incondicionales de Duarte le voltearon la espalda. Una persona muy importante es Adolfo Mota, quien fue secretario de Educación y tenía una vieja relación con el senador Fernando Yunes, hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes, quien logró que Édgar Spinoso, oficial mayor de la Secretaría de Educación Veracruzana hasta 2014, aportara información sobre los presuntos desvíos de recursos de ese sector a Duarte, con lo cual se comenzaron a fincar las acusaciones penales en contra de él, y más relevante, dijo de cuáles cuentas salieron esos dineros.

Otra persona fundamental es Erick Lagos, quien antes de convertirse en diputado federal fue secretario general de Gobierno. Lagos, según cercanos a Duarte, mantuvo comunicación permanente con el gobernador Yunes desde los tiempos de mayor enfrentamiento con su antecesor, y en la actualidad hace trabajo político para él en Xalapa y San Lázaro. Lagos le aportó la mecánica para desviar sin aparente rastro dinero público para sus empresas, y puso al descubierto los atajos y las formas empleadas para mantener el flujo de recursos públicos a sus bolsillos. Lagos, aunque criticado, no aparece por ningún lado en riesgo de ser procesado.

Es el caso también de Juan Manuel del Castillo, subsecretario de Administración y Finanzas, uno de los funcionarios de Duarte con mayor conocimiento de toda la red de plomería que se utilizaron en las operaciones de desvío de dinero, y era con quien hablada directamente Rodríguez Janeiro.

Una persona más que decidió colaborar con Yunes, es Jorge Carvallo, exsecretario de Desarrollo Social, de donde salieron millones de pesos, presuntamente para convenios con medios, que nunca llegaron a la prensa.

El grupo de traidores del exgobernador e informantes de Yunes lo cierra Vicente Benítez, quien fue destituido como tesorero en 2012, cuando lo detuvo la Policía Federal en el aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos. Duarte lo sacó de la arena pública, pero no de sus operaciones. Cuando cesó a Spinoso como oficial mayor de la SEV, lo sustituyó con Benítez, quien se hacía cargo de pagar con dinero del erario los gastos personales de Duarte, las cuentas de las tarjetas de crédito de su esposa, y pagar la nómina del gobernador en Casa Xalapa.

Duarte tenía en ellos a sus operadores financieros y a quienes, en las áreas de política y seguridad, le aportaban el blindaje que necesitaba para proteger los recursos sacados del erario.

A todos ellos los benefició políticamente y desde Guatemala, donde estuvo preso en una prisión militar, les enviaba mensajes de texto por teléfono, generalmente en la madrugada, diciéndoles que aguantaran y que no hablaran. Si caía él, caían todos, era la advertencia, según una persona que vio los mensajes, sin saber que ya era muy tarde. Su círculo interno lo había traicionado y estaba delatándolo con Yunes.
31 Julio 2017 04:07:00
Duarte y el dinero ‘sucio’
Javier Duarte sintió por primera vez el frío presidencial el 5 de junio del año pasado, cuando cerca de las 6 de la tarde, policías federales le arrebataron a sus policías al senador Fernando Yunes, hijo del actual Gobernador de Veracruz, a quien habían detenido en un retén.

La acción federal, en violación de la autonomía estatal, era el colofón de horas de presión del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que lo liberara. Cinco veces le llamó a Duarte, quien se negaba a soltarlo. “¡Es senador, cabrón, suéltalo!”, dijo Duarte aquella tarde que le había gritado el secretario. Poco después, cuando le informaron que les habían quitado al senador, comentó: “Ya nos abandonó el águila”.

“Águila” es como llaman muchos políticos al presidente de la República en turno, en referencia al ave en el escudo de la Bandera nacional. Duarte nunca pensó, antes de ese día, que el presidente Enrique Peña Nieto le quitara su apoyo. Peña Nieto frenó varias veces al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que le pedía actuar en su contra por el desorden financiero y la corrupción en el estado. También rechazó la reiterada petición del exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, para que lo obligara a solicitar licencia, para tratar de salvar la elección. Peña Nieto, por el contrario, lo respaldó y le entregó la elección, con la promesa de Duarte de entregar la victoria.

Por varios años, Duarte recibió con una sobredotación de recursos presupuestales que entregaba en los estados y a los candidatos que le indicaran en la Ciudad de México. Una parte de esos recursos salían de una cuenta de la llamada Modernización Educativa, que entraban a través del presupuesto estatal de educación. Esa cuenta era discrecional y funcionaba desde la Secretaría de Finanzas. Con recursos de esa cuenta, de acuerdo con personas que conocieron sus movimientos, se financió parte de la campaña de Duarte para la diputación federal y, posteriormente, para la de su campaña a gobernador.

No hay ninguna estimación sobre cuánto dinero salió de Modernización Educativa para campañas políticas, porque quien manejaba la dispersión de recursos era el propio Duarte. De esa cuenta salió dinero para un gran número de estados, e incluso llegó a utilizar como correo del dinero “sucio” a Moisés Manzur, su socio y presunto cómplice de corrupción. Duarte no era ajeno a combinar operación política con sus relaciones personales. Por ejemplo, utilizó a Francisco Valencia, dueño de “Vinísimo”, que frecuentaba el gobernador con sus novias y a quien nombró director la Comisión de Agua, como el enlace con el PRD. Una de las campañas que recibió dinero veracruzano, según exfuncionarios veracruzanos, fue la de Silvano Aureoles, para la gubernatura de Michoacán.

“Duarte le daba a todos, en todos lados”, dijo una persona que lo conoció bien. Nadie se escapaba, ni siquiera Morena. El enlace con ese partido era Gabriel Deantes, subsecretario de Administración y Finanzas, aunque sólo en la parte económica, pues la política se la dejaba al actual presidente de la Fundación Colosio, José Murat, y a Erick Lagos, quien era secretario general de Gobierno. Pero las reuniones más delicadas las encabezaba directamente Duarte. En dos ocasiones habló en la Ciudad de México con el jefe de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y en dos, en su propio departamento en Polanco, con el operador del dos veces candidato presidencial y actual delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal –una de ellas tras anunciarse la alianza PAN-PRD para la gubernatura de Veracruz a finales de 2015.

Una de las razones, si no la principal, para que Duarte le garantizara a Peña Nieto que ganaría la elección, era por su confianza en la compra de opositores. Así lo había hecho en las elecciones intermedias de 2015, donde los candidatos priistas habían arrasado. Por esos resultados, siempre pensó que el Presidente le permitiría ungir a Alberto Silva, dos veces director de Comunicación Social, diputado local y secretario de Desarrollo Social, como candidato del PRI, pero Videgaray –siempre lo responsabilizó Duarte– impuso al senador Héctor Yunes. Aun con la molestia de Duarte, inyectó mil millones de pesos, decía, en la campaña del priista. El senador ha negado que le hayan dado dinero, pero hay testigos de que cuando menos 250 millones de pesos, en una caja de huevo, fueron colocados por el propio Yunes en la cajuela de su auto tras dárselos en la casa de Duarte.

La historia del dinero “sucio” en las campañas políticas es uno de los capítulos menos explorados, aunque muy hablados, de la gubernatura de Duarte, quien se ufanaba, a principios del año pasado, de haber invertido 2 mil 500 millones de pesos en los estados y candidatos que le dijeron desde la Ciudad de México. Ese, pensaba, era su seguro de vida política, pero se le fue agotando. El 5 de junio tuvo una primera llamada de atención sobre lo que podría venírsele, pero siguió con la esperanza de que su amigo Peña Nieto lo protegería siempre. Así lo hizo, en efecto, hasta que dejó de hacerlo.

Nota: En la columna del viernes, “2018: el factor Salinas”, se apunta que el expresidente Carlos Salinas se acercó a Margarita Zavala, precandidata del PAN a la Presidencia, para apoyarla. La señora Zavala aseguró a este espacio que es falso y que ella no ha recibido ningún tipo de respaldo de Salinas. El dato, para el contexto, fue aportado por dos fuentes de alto nivel, por separado, del PAN.
28 Julio 2017 04:08:00
Karime, la testigo madre
Durante la segunda comparecencia de Javier Duarte en el Reclusorio Norte, el sábado pasado, los fiscales de la PGR utilizaron el testimonio del abogado José Juan Rodríguez Janeiro, presunto prestanombres del exgobernador de Veracruz, y de su socio y amigo Moisés Manzur, como uno de los pilares para establecer la litis que permitió que se le diera un año de prisión preventiva. Pero al hacer una narrativa de las imputaciones de Rodríguez Janeiro, deslizaron, aparentemente sin el debido cuidado, que Duarte había sostenido un presunto amorío con Xóchitl Tress Rodríguez, viuda de un político panista que había sido asesinado, y a quien designó en la primavera de 2014 directora del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz. Un tema de política y pasión como este cobró enorme fuerza en los medios y las redes sociales. Como botón, la búsqueda en Google donde se asocia su nombre con Duarte arrojaba este jueves más de 68 mil resultados.

Las preguntas que se hacían en medios y redes sociales se centraban en cómo habría recibido esta revelación su esposa Karime Macías, quien vive en Londres desde abril pasado, tras ser detenido su esposo en Guatemala. Hizo renacer también las preguntas sobre el porqué las autoridades no procedieron en su contra, y luego de que Rodríguez Janeiro la señaló como beneficiaria del erario veracruzano, la sospecha de que había negociado inmunidad. Alonso Israel Lira Salas, subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, concedió varias entrevistas de prensa donde negó acuerdo alguno, y aclaró que se tendrían que realizar más averiguaciones para enjuiciarla. Fue muy enfático, sin embargo, en adelantar que, si se cubrieran los requisitos, se procedería en su contra.

La prensa continuó con su trabajo problematizando la relación de los esposos Duarte con las revelaciones de una amante a la que le había regalado, dijeron los fiscales, un departamento y una camioneta de lujo. La señora Macías es una mujer de carácter fuerte, que reacciona explosivamente. Las revelaciones de los fiscales no le cayeron, sin embargo, de sorpresa. La relación de Duarte con la señora Tress Rodríguez le era familiar desde hace aproximadamente 3 años, cuando su prima Córsica Ramírez Tovilla, a quien le dio la responsabilidad de manejar las redes sociales en el Gobierno de su esposo, le mostró todas las fotografías que había subido la viuda en su página de Facebook, donde mostraba una vida con muchas licencias personales.

Duarte dejó de ser cuidadoso con su vida personal hacia la mitad de su sexenio, con debilidades de carácter que lo hicieron familiarmente irresponsable, y el caso de la señora Tress Rodríguez no fue el único. Se involucró con cuando menos otras dos personas, y a una de ellas la hizo funcionaria del PRI y la llevó a cargos de elección popular. La vida privada de una persona se vuelve pública cuando, como en el caso de Duarte, la relación personal impacta al conjunto de la sociedad. Una de sus relaciones incidía en el PRI y alteraba la vida política en el estado, mientras que otra manejaba un presupuesto superior a los mil millones de pesos anuales en la Secretaría de Educación, de donde salieron cientos de millones de pesos que la Fiscalía acusara que fueron parte del desvío de recursos del erario a favor del exgobernador. Las andanzas de Duarte eran públicas, al ser un fiestero regular con sus distintas acompañantes, en algunos de los antros más concurridos de Veracruz, como El Barecito y La Casona, o el Clásico Xalapa, en la capital. También se conocían sus escapadas de días con alguna de ellas a uno de sus departamentos de lujo –a nombre de su hermano–, en Torre Pelícano, en la costera del Puerto, o a su rancho El Faunito, en Fortín de Las Flores.

Todas estas relaciones y fugas existenciales de su esposo no eran desconocidas para la señora Macías, quien desde hace aproximadamente 3 años, cuando descubrió su relación con la señora Tress Rodríguez, comenzó su distanciamiento y con ello el pudrimiento de su matrimonio. Probablemente por sus hijos –Duarte era un buen padre– fue que no buscó el divorcio antes, y fue sólo hasta llegar a Londres, humillada y lastimada por el bullying a sus hijos en la escuela, cuando el padre estaba prófugo, inició ese trámite que está en curso en la Ciudad de México.

Es imposible que las autoridades no tengan todo este contexto, acompañando la información sobre el papel clave que jugó, junto con Manzur, en la enorme red de presunta corrupción en Veracruz. La PGR, podría alegarse que, sabiendo que a la señora Macías le indigna verse en los medios, esté buscando irritarla aún más y forzarla a que rinda voluntariamente una declaración ministerial, ante la imposibilidad, por ley, de obligarla a declarar contra su esposo.

Karime Macías, de lograrse su declaración –en el supuesto de que sea esa la estrategia que persigue la PGR al golpearla en el orgullo y exhibirla públicamente–, se convertiría en el testigo que destruya a Duarte. Nadie, salvo Manzur, en la triada que se conoció en la Universidad Iberoamericana, conoce todo lo que hicieron y cómo lo hicieron. Pero nadie, ni siquiera Manzur, tiene el conocimiento de cuáles eran los resortes que se tenían que tocar para que el dinero fluyera del Gobierno, ni cuánto ni cómo se utilizaban esos recursos para, por ejemplo, campañas políticas, de lo que se hablará en futuros textos. La señora Macías sería la testigo madre para este juicio que hoy pinta sin precedente.
27 Julio 2017 04:08:00
2018: el factor Salinas
En poco más de dos semanas se celebrará la Asamblea Nacional del PRI, tras de la cual quedará definida la ruta del partido para la sucesión presidencial. Los priistas vienen marcando territorios y definiendo posiciones para debatir –v.g. apertura del método de selección de candidato y eliminación de candados que abra la puerta grande a un no militante–, pero están perdidos. Si antes no lograron quitarle o reducirle el poder metaconstitucional de escoger a su candidato al presidente Enrique Peña Nieto, ahora menos. La victoria pírrica en la elección para gobernador en el Estado de México fue suficientemente contundente, en la correlación de fuerzas internas, para mantener intacta su atribución. Pero esto no significa que dentro del PRI no exista un intento por restarle poder y capacidad de elegir a su relevo. El elefante en la sala tricolor se llama Carlos Salinas.

El expresidente Salinas no ha dejado de jugar política de altos vuelos desde que terminó su sexenio, aun desde el autoexilio. Cercano al exgobernador Arturo Montiel, acompañó desde sus inicios a su entonces discreto colaborador Peña Nieto, a quien procuró y aconsejó. Ya como gobernador, Salinas libró una lucha con quien fue secretario de Finanzas de Peña Nieto, Luis Videgaray, quien luego se convirtió en el jefe de su campaña presidencial. Salinas presumía a Peña Nieto y a quienes llenaban el arquetipo del neopriista postbaby boomer, y sus conquistas las hacía suyas. En el caso de Peña Nieto, los lazos eran aún más profundos que con otros de esos próceres del momento, como el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, porque un incondicional de él era íntimo amigo del Presidente, el abogado Juan Collado.

Si bien Salinas estaba claro que con Peña Nieto no iba a existir el tipo de Maximato que quizás llegó a idealizar con la frustrada candidatura de Luis Donaldo Colosio, se dio cuenta, desde la campaña presidencial incluso, que con Peña Nieto las cosas iban a ser muy distintas. Antes de iniciar el nuevo Gobierno, Salinas mandaba desde Londres nombres para ocupar cargos en el Gabinete, y para puestos de dirección general al equipo de transición. Al inicio del Gobierno, hablaba directamente con los secretarios de Estado para cabildear a favor de potenciales inversionistas. La presencia de Salinas parecía omnipotente en el peñismo, hasta que le pusieron un alto.

Peña Nieto le encomendó a Videgaray aclararle a Salinas que las reglas del juego habían cambiado y que no podía actuar de la manera como lo estaba haciendo. Ese encontronazo dejó la relación maltrecha, y Peña Nieto buscó minimizar el daño. Lo buscó para decirle que cuando necesitara algo no tenía que hablar con nadie, porque como expresidente tenía derecho de picaporte para buscarlo y solicitar todo lo que requiriera. A Salinas no le gustó esa redefinición del trato, y hubo señales muy claras del distanciamiento de Salinas, como cuando en una ocasión le hicieron una invitación para participar en un evento donde Peña Nieto había llamado a todos los expresidentes –menos Luis Echeverría–, y que declinó con la explicación de que tenía compromisos previos contraídos en el exterior. El despecho político que sintió Salinas se fue convirtiendo gradualmente en una oposición soterrada a la mecánica y operación de las reformas peñistas.

El distanciamiento de Peña Nieto se dio fundamentalmente por los choques con Videgaray. Con esa relación ya deteriorada, se encontraron en una cena muy pequeña para celebrar un cumpleaños de Collado, a la que, como es su costumbre, Peña Nieto llegó muy tarde. Durante la espera, Salinas criticó la política económica de Videgaray, y el todavía secretario de Hacienda, le respondió fuerte y rechazó sus observaciones. Más adelante, la forma como Videgaray maltrató a su sobrina, Claudia Ruiz Massieu, cuando aún tenía la cartera de Relaciones Exteriores en el contexto de la visita del candidato presidencial Donald Trump a México, molestó al expresidente, según personas cercanas a él. Pero la forma como fue rudamente cesada como canciller para darle el paso a Videgaray se convirtió en algo más grande que un enojo, que detonó en una militancia antipeñista.

Salinas salió a la calle a tejer alianzas. Fuera del PRI, de acuerdo con priistas y panistas, estableció una relación con Margarita Zavala, aspirante a la candidatura azul, y ha estado trabajando con algunos exjerarcas del PRI para ir construyendo una oposición al dedazo de Peña Nieto en la sucesión presidencial. Líderes y gobernadores priistas no dejan de platicar con el expresidente, y hay secretarios de Estado cercanos a él, como Rosario Robles, de Desarrollo Urbano y Territorial, a quien rescató financieramente cuando querían lincharla en sus tiempos de dirigente del PRD, y Aurelio Nuño, de Educación, a quien presentó con Peña Nieto. Nuño tiene en su entorno cercano a un grupo de prominentes salinistas, pero es un error pensar que, por esa razón, Salinas se encuentra automáticamente detrás de él. Hace tiempo Nuño hipotecó su futuro con Peña Nieto, quien lo tiene con la más alta consideración dentro del Gabinete.

El expresidente Salinas no hace cuentas fáciles. Es más sofisticado. Conoce al PRI, a los priistas, y entiende cómo la gestión de Peña Nieto le ha restado capacidad de maniobra. Pero qué tanto ha perdido para no sobreponerse a los embates que sufre es lo que están midiendo sus adversarios dentro del partido, donde el expresidente está siendo considerado por algunos peñistas como su principal enemigo.
26 Julio 2017 04:08:00
2018: ¿Osorio Chong?
Una vez más, el presidente Enrique Peña Nieto dejó claro cómo, cuando menos hasta ahora, se definirá la candidatura del PRI a Los Pinos. Será quien esté mejor evaluado en las encuestas y recibirá todo mi apoyo, le respondió al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, cuando le tocó hablar de sus propias aspiraciones. Por ese método, como ha sido en todas las nominaciones a gobernadores en su sexenio, reiterado por el presidente, se ratifica lo publicado en este espacio hace varias semanas: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, será el escogido. Sin embargo, pese a la ortodoxia presidencial, ¿sería Osorio Chong el mejor representante del PRI en 2018?

Osorio Chong es, dentro del Gabinete, quien más se acerca al arquetipo del viejo priista, que sabe combinar el oficio político con la mano dura y los castigos. Junto con José Narro, secretario de Salud y aspirante presidencial, es con quien quizás amplios sectores del PRI se sentirían más cómodos, y capaz de forjar alianzas tácticas con aquellos con quien difiere, que le permitiera añadir apoyos para su aventura. Eso debe agradarle a Peña Nieto, quien en momentos críticos, ha llegado a exclamar ante su Gabinete: “¡No se les olvide que soy priista!”. Como le dijo a De la Madrid, se puede mover, pero dentro de los tiempos y formas del PRI.

La cohesión y estabilidad dentro del PRI es una de las preocupaciones del presidente. Osorio Chong conoce al partido. Fue el articulador de los respaldos de gobernadores priistas para Peña Nieto, cuando buscaba la candidatura presidencial, con lo que amarró la Secretaría de Gobernación, con poder y respaldo. Por ejemplo, el Presidente le entregó la decisión de nombrar todos los delegados federales, que son los brazos políticos del Gobierno federal en el país, y ante lo cual contados secretarios presentaron oposición, y le permitió absorber la Seguridad Pública dentro de su área, con lo cual juntó los instrumentos de gobernabilidad y represión.

Peña Nieto no piensa como muchos otros en el país. Para él, la gobernabilidad ha sido mantenida en el país gracias al secretario de Gobernación. Para Osorio Chong, según funcionarios en su entorno, además de ese logro, ha ocupado los espacios dejados por muchos secretarios y resolvió problemas que otros no fueron capaces de solucionar. Es decir, el país estaría más inestable e incierto sin su trabajo, una visión que, para sorpresa de algunos de sus interlocutores, ha llegado a expresar el Presidente. 

La aritmética favorece la candidatura de Osorio Chong. En las pocas semanas que faltan para la definición de la candidatura priista, no hay secretario de Estado que pueda alcanzarlo, objetivamente hablando, en los porcentajes de preferencia electoral. La forma como el Presidente aprecia su trabajo y todo lo que le ha tolerado apuntalan esta hipótesis de trabajo. Al secretario de Gobernación se le escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras un año de descuido del Sistema Federal Penitenciario, cuyos presupuestos fueron deshidratados. Tampoco le han costado las denuncias internacionales sobre el espionaje, que en parte se le ha achacado, pero además, porque la extendida intervención telefónica en México, en la cual se han visto afectados secretarios de Estado, no ha sido investigada ni frenada por él, quien es responsable de la seguridad interior.

Si estos dos ejemplos no son suficientes para mostrar deficiencia, incapacidad o perversidad incluso –dejar pasar lo que afecta a otros-, que deberían haber hecho levantar las cejas al Presidente, la joya de la mala rendición de cuentas en Gobernación es la seguridad pública. Futuros subsecretarios de Gobernación afirmaban en vísperas del arranque del Gobierno, que en tres meses se acabaría la violencia, porque la estrategia fallida del Gobierno de Felipe Calderón iba a ser radicalmente modificada por una de prevención. No hubo nada de ello; ni siquiera presupuesto. Y en la actualidad, la violencia en 4 años y medio de gobierno peñista superó a la del sexenio completo anterior, y el número de homicidios dolosos rompe récord cada mes. El abuso de la fuerza y la tortura como método de interrogación por parte de los policías federales se ha registrado con alarma por gobiernos extranjeros.

En función de los resultados, el secretario de Gobernación es uno de quienes menos rendimientos positivos tiene. No se encuentra en el rango de los peores por cuanto a las metas propuestas y las alcanzadas, pero en lo que concierne a la sociedad, la Seguridad Pública, que es lo que más le afecta, el retroceso es notable. Ese mal trabajo es lo que más ha aportado al descrédito del presidente Peña Nieto en el exterior, y lo que lo coloca en el umbral de las cortes internacionales –el espionaje y el apoyo a los grupos paramilitares en Michoacán, como sus principales pesadillas.

La pregunta de qué tanto adjudica el Presidente esas deficiencias a su secretario de Gobernación se responde con la ausencia de señales de que ello haya afectado su relación. Pero si hay algo detrás, no se verá hasta el momento en que Peña Nieto decida su sucesor. Por lo pronto, el método de las encuestas le dan la candidatura. Sin embargo, esta decisión no será igual a las previas. Peña Nieto se juega la Presidencia y su tranquilidad para poder disfrutar sin persecuciones políticas y penales las décadas por delante que tendrá sin fuero. Si la racionalidad por fuera del espejismo de las encuestas se anida en su cabeza, la candidatura designada puede esfumarse y Osorio Chong conformarse con algo que no sea Los Pinos.
25 Julio 2017 04:07:00
Narcopolítica en Tláhuac
El operativo contra narcomenudistas en Tláhuac está tomando un giro político que afectará a la izquierda social que encabeza el jefe de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Inesperado para muchos, pero anticipado por las autoridades, las líneas de investigación abiertas desde principio de año contra el grupo criminal de Felipe de Jesús Pérez Luna, apodado “El Ojos” y abatido por comandos de la Marina el jueves pasado, conducen al delegado morenista Rigoberto Salgado y a su familia, sobre quienes la Marina, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México están determinando si no tienen nada que ver con ese grupo o si fueron parte del entramado de protección institucional de los delincuentes.

Salgado, quien de acuerdo con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México se ha mostrado muy nervioso desde la operación contra los narcomenudistas, fue llamado este lunes por la secretaria general de Gobierno capitalina, Patricia Mercado, para dar su versión sobre lo que está sucediendo en Tláhuac. No se sabe el resultado de esa conversación, enmarcada en el ámbito político, no dentro de las averiguaciones criminales. El delegado, quien el viernes defendió a los mototaxistas de Tláhuac, decenas de ellos al servicio de Pérez Luna, tiene sin embargo, razones más profundas por las que debe estar preocupado, como la bonanza de él y de su familia desde que asumió la jefatura delegacional, y el uso de recursos de origen sospechoso para su campaña electoral.

Dos de las razones más notorias, porque pudieron ser seguidas por todos los habitantes de la delegación, es la forma como en sólo dos años las casas donde viven Sandoval y su madre tuvieron remodelaciones notables. La casa de su madre, una propiedad menor de 200 metros cuadrados y dos pisos, como es el estándar en la delegación para quienes se encuentran dentro de los rangos de clase media, se amplió con un lote que se convirtió en jardín, y con un tercer piso que parece un solario. La casa del delegado sufrió alteraciones más importantes. De una pequeña propiedad de un piso, se convirtió en una de tres pisos con una escalera de caracol y vigilada por una decena de cámaras en el exterior. Los ingresos del delegado no justifican ese tipo de obra, y tendrá que explicar de dónde salió el dinero para tan importantes modificaciones.

Pero quizás lo más importante, de acuerdo con funcionarios, es un restaurante que hasta antes de ser delegado ocupaba un pequeño local en Tláhuac, sin muchas posibilidades de sobrevivir. Ahí llegó a trabajar un sobrino que, según las pesquisas preliminares, tiene parentesco con Pérez Luna. Ser familiar de un delincuente no hace a nadie delincuente también. Pero en el caso del restaurante, el establecimiento creció físicamente a tener en la actualidad un tamaño casi el equivalente a cinco casas y que, además, abrió dos sucursales en Querétaro. Los vecinos de Tláhuac denunciaron en su momento en la prensa que el restaurante había recibido recursos de la Delegación para expandirse, pero Sandoval lo negó.

El crecimiento del restaurante llamó la atención a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que está revisando los movimientos de dinero de ese negocio, mientras que las unidades de Inteligencia de la Marina y la Policía capitalina están rastreando quiénes y de dónde abastecían el producto, a fin de establecer o descartar si a partir de los suministros se pudieron haber enviado cargamentos de droga para la banda de Pérez Luna. Hasta el momento todas son hipótesis de trabajo, iniciadas por el crecimiento extraordinario de un pequeño negocio que sólo creció en los 2 últimos años, a la llegada del sobrino de Sandoval. Las sospechas de las autoridades tienen raíces en los vínculos del grupo de narcomenudistas que los ligan al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que operan principalmente en la costa del Pacífico, y a Dámaso López, el “Mini Lic”, que encabeza una facción del cártel del Pacífico, asentado en Sinaloa.

Sandoval tiene mucho que explicar a las autoridades, no sólo las políticas, sino las judiciales y financieras, sobre el origen de los recursos para hacer tantas obras privadas, y aclarar de una forma menos retórica sobre su señalada participación en el restaurante donde trabaja su sobrino. No tiene muchos espacios de acción.

Hay información en poder de las autoridades que apuntan a que la policía en Tláhuac brindaba protección a Pérez Luna, quien a su vez inyectaba recursos al Gobierno delegacional para ampliar la impunidad.

La banda de “El Ojos” está relacionada con cuando menos 29 asesinatos en los tres últimos años, incluidos a policías capitalinos, en varias delegaciones, además de comercializar mariguana, cocaína en piedra y solventes en ocho delegaciones. Urge al delegado que se deslinde de los presuntos vínculos con la banda de narcomenudeo sobre la cual siguen las operaciones para destruirla en su totalidad. Pero no sólo debe preocuparse él. López Obrador, candidato seguro en la contienda presidencial, debe observar con detenimiento lo que sucedió en Tláhuac y actuar.

La línea de investigación sobre recursos financieros de origen oscuro que presuntamente llegaron a la campaña de Sandoval provienen de una empresa que también registra movimientos irregulares en otras delegaciones morenistas.

No actuar rápidamente tendría consecuencias para su  candidatura. Pero defenderse con el ataque, como ha sido su estilo, lo ayudará menos. En el caso de Tláhuac no hay una embestida política en su contra; es un caso de narcopolítica en construcción, del cual debe deslindarse inmediatamente.
24 Julio 2017 04:07:00
El cártel de Tláhuac
Como todas las operaciones que involucran a los comandos especiales de la Marina, la que realizaron el jueves pasado en las calles de la Delegación Tláhuac, en la Ciudad de México, fue quirúrgica. Se inició cerca del mediodía, cuando unidades de la Marina, con el apoyo táctico de los grupos especiales de la Policía capitalina, llegaron a la Delegación para catear un domicilio, donde la información de inteligencia ubicaba a Felipe de Jesús Pérez Luna “El Ojos”, líder de una banda crecientemente poderosa dedicada al narcomenudeo. La investigación federal sobre este grupo llevaba siete meses, pero la decisión de acabar con ella se tomó hace unos dos meses, después de una plática entre el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el secretario de la Marina, almirante Vidal Soberón.

Los comandos de la Marina tomaron el control del perímetro central de la operación, en donde una de sus unidades fue directamente sobre Pérez Luna, y un equipo de apoyo aseguraba las esquinas que delimitaban la zona de acción, coordinados con la Policía capitalina. Los halcones de la banda de Pérez Luna le advirtieron de su presencia, por lo que escapó de la casa que iban a catear y buscó huir. Los halcones, principalmente mototaxistas, intentaron de manera apresurada bloquear calles para permitirle el escape. Sin experiencia, como se aprecia en las fotografías, no pudieron bloquear ninguna vía. Los comandos los alcanzaron en una cocina económica y tratando de escabullirse en un vehículo. Los abatieron sin miramientos. Así es la Marina; no toma prisioneros. Unas cuatro horas después, la banda criminal había quedado descabezada.

La prensa rápidamente dio cuenta del operativo contra el que llamó cártel de Tláhuac, tomando como referencia la calificación que utilizó El Universal para describir al grupo que controlaba el narcomenudeo en Ciudad Universitaria. La tipificación es errónea, sin embargo, y crea confusión sobre la escala del grupo. Un cártel de las drogas controla territorio; la banda de Pérez Luna no tenía ninguno bajo su dominio. Un cártel maneja la logística, organiza la producción, distribución y comercialización de sus drogas, mediante esquemas empresariales que involucran a bandas, a las cuales suministran el producto, armas, les llegan incluso a asignar zonas de venta en calles y ciudades (como hacen los Zetas) y les cobran por todo; el grupo de Tláhuac compraba el producto del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y de la facción del cártel del Pacífico que encabeza el llamado “Mini Lic”, Dámaso López.

En los medios, algunos analistas mencionaron que el no que la autoridad rechazara que era un “cártel”, minimizaba el impacto del grupo criminal. Establecer la analogía por el sólo hecho de que venden droga, tienen personal armado y realizan actividades criminales, dicen los expertos, es una generalización equívoca. Paradójicamente, la violencia que generan los cárteles de las drogas es menor cuantitativamente que la que provocan las bandas de narcomenudistas. Los cárteles se habían repartido el país en territorios. Esta distribución tenía como premisa que debían arreglarse entre ellos para evitar una lucha entre cárteles que provocara la intervención del Estado. El presidente Felipe Calderón cambió la estrategia y en lugar de administrar el fenómeno, como había sido, atacando a uno o dos cárteles por sexenio, emprendió una guerra total. Esto motivó que ante la disyuntiva de ser aniquilados si no se fortalecían, los cárteles empezaron a pelear entre ellos, modificando el mapa del narcotráfico y desatando la violencia en aquél sexenio, que se ha incrementado en el de Enrique Peña Nieto, desdoblándose con mayor crudeza también en las bandas de narcomenudistas.

La guerra entre las organizaciones criminales propiciada por Calderón incentivó el crecimiento de las pandillas y su realineamiento con los cárteles en términos de salida para sus drogas en las calles de la Ciudad de México y como matones a sueldo. Una externalidad del narcotráfico es el narcomenudeo, que es lo que ha generado en los últimos 10 años que poco más del 92% de los delitos, sean del fuero común. El narcomenudeo es la parte más salvaje y violenta del negocio del narcotráfico, que se asocia gradualmente con robo, extorsión y secuestro. Los narcomenudistas en el país no controlan territorios, pero amenazan a las comunidades, como sucedió en Tláhuac, donde la presencia del grupo de Pérez Luna hacía muy difícil la vida cotidiana.

Ese grupo criminal manejaba el narcomenudeo en Tláhuac y una zona de Chalco, pero este año se extendió a otras delegaciones cercanas, como Ixtapalapa, Tlalpan y Coyoacán, y comenzaba a incursionar en Álvaro Obregón, y en el Estado de México y Puebla. En pocos meses amplió su mercado de las zonas marginales de la ciudad a las de clases media y alta, obteniendo recursos para ampliar su negocio y comprar armas. Este crecimiento es lo que llevó a Mancera a plantear al Gobierno federal le necesidad de destruirlo. La capacidad de fuego de la Policía capitalina, frente al armamento que estaba adquiriendo el grupo de Pérez Luna, obligó la intervención federal, que es lo que se acordó hace un par de meses y se ejecutó el jueves.

El problema y la violencia no cesará. Marinos y policías capitalinos están tras los lugartenientes de Pérez Luna para tratar de eliminar al grupo del escenario delictivo y buscar ser más rápidos en la aniquilación de sus cuadros, versus que esta banda recicle y restituya a sus jefes. La lucha no ha acabado; tampoco la violencia. De eso hay que estar conscientes.
21 Julio 2017 04:09:00
¿Ya se decidió Peña?
El jueves pasado hubo frenesí en varias oficinas de alto nivel y redacciones de medios en la Ciudad de México. El lunes, anticipaban, se darán los cambios en el Gabinete. Algunos nombres comenzaron a emerger, hasta que de un lugar que nadie tiene ubicado dónde circuló una lista de lo que anunciaría el presidente Enrique Peña Nieto. Miguel Ángel Osorio Chong se mudaba de Gobernación a Desarrollo Social, de donde salía Luis Enrique Miranda rumbo a Siberia. A Bucareli llegaba el secretario de Educación, Aurelio Nuño, sin identificar su remplazo. Pero el de Agustín Carstens al frente del Banco de México sería José Antonio Meade, quien entregaría Hacienda a José Antonio González Anaya, quien a su vez dejaría la dirección de Pemex en manos de Enrique Ochoa, cuya plaza como presidente del PRI sería ocupada por el senador Emilio Gamboa. En la lista de marras desaparecía el procurador Raúl Cervantes, cuyo despacho sería ocupado por el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales.

Vaya sacudida la que anticipaba la lista anónima. De un jalón, nueve posiciones de Gabinete ajustadas por el Presidente, antes de su quinto y penúltimo informe de Gobierno. En vísperas de su tercer informe, Peña Nieto realizó 10 ajustes en su equipo, pero sólo seis de ellos tocaban posiciones dentro del Gabinete. Esta lista rompenervios cambiaba por completo la marcha de la sucesión presidencial. Leído bajo el horizonte de 2018, se podría interpretar que Nuño, como nuevo jefe de la política interna y de la Policía, quedaría desplazado de la contienda, mientras que Osorio Chong, a quien cada semana le explota el barril con dinamita en donde está sentado y le añade puntos negativos a sus resultados en términos de seguridad y gobernabilidad, estaría enfilado a la unión tricolor. Por lo mismo, Ochoa, cabeza de playa de Nuño en el PRI, sería una pieza dese-chable, sustituida por Gamboa, confidente del Presidente y cercano a Osorio Chong.

El equipo más próximo al Presidente hoy en día, el de los tecnócratas, pierde la batalla, según la lista anónima. Adiós, Meade, a cualquier posibilidad de una alianza para la elección presidencial, con lo que sería irrelevante la mesa de Estatutos en la próxima asamblea nacional del PRI, donde el tema controvertido es que la modificación del candado sobre su militancia, que le impide ser abanderado de ese partido, pero ajustaría con sus más cercanos, como premio de consolación, el Gabinete económico. Sales, a quien no quiere nadie en Gobernación, de quien depende, rompería ese ostracismo y falta de apoyo, y pasaría a ser par de quien lo oprime, Osorio Chong, en el Gabinete, mientras que Cervantes, muy estimado en Los Pinos, pasaría a la reserva de desempleados como su sobrino, el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos.

Menudo ajuste haría el Presidente. Además de Osorio Chong, quien, en la ruta copiada a la unción de Luis Donaldo Colosio en 1993, lo harían el contendiente más fuerte del peñismo para la candidatura, la lista deja a salvo, por omisión, al secretario de Salud, José Narro. Parecería tan clara la decisión presidencial del 2018 entre ellos dos, sin problemas de candados ni amenaza de fracturas en el PRI, como con otros aspirantes, que sería irrelevante mantener a Ochoa al frente del partido, a escasas tres semanas y media de su Asamblea Nacional. ¿Por qué haría todos esos ajustes tan cerca de la asamblea y de su penúltimo informe? La lista de marras no parece estar asida a la realidad, y aunque en este Gobierno no dejan de asombrar a sus gobernados por la enorme e inagotable para hacer cosas extrañas y meterse cotidianamente en problemas innecesarios, no tiene mucho sentido.

Cualquiera que se precie de conocer a Peña Nieto sabe perfectamente que las decisiones de tipo electoral, que es el contexto con el que se darán todos los ajustes en su equipo, no las consulta ni comenta con nadie. Alfredo del Mazo lo experimentó hace 6 años, cuando sólo un par de días antes de que se decidiera la candidatura al Gobierno del Estado de México, el gobernador Peña Nieto le dijo que él no sería, como en la víspera se lo había comunicado a Luis Videgaray. Meade se enteró que lo iba a nombrar secretario de Desarrollo Social cuando se encontraba en su acuerdo de medianoche en Los Pinos como secretario de Relaciones Exteriores. Su llegada a Hacienda le fue notificada casi a punto de ser citado para ver al Presidente, no para que le informaran, sino para analizar el control de daños que tendrían que hacer como consecuencia del relevo.

Se puede argumentar que esa lista no fue autorizada por el Presidente, aunque cumplió el propósito, deliberada o inopinadamente, de calentar las fuertemente cargadas mentes sucesorias y ejercer presiones a definiciones prontas. Peña Nieto ha demostrado que no se le acorrala de esa forma, y mantiene sus tiempos electorales de manera firme. Hace unos días, por ejemplo, cuando el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, le pidió autorización para incrementar su exposición pública, pensando en la candidatura presidencial, recibió como única recomendación que lo hiciera dentro de la disciplina impuesta al Gabinete en este tema y dentro de los tiempos establecidos por el PRI. Efectivamente, Peña Nieto genera mucha certidumbre y es predecible. De esta manera, se puede decir que el lunes podrán pasar muchas cosas, pero muy probablemente ajustes en el Gabinete de esa magnitud, al menos, no habrá.
20 Julio 2017 04:00:00
El socavón, la estrategia fallida
La premisa fue clara tras el análisis de las consecuencias del socavón en el Paso Express de Cuernavaca, donde murieron dos personas: “si no se contiene de manera correcta este suceso, pondrá en tela de juicio proyectos como el tren México-Toluca y el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. La discusión, dentro del equipo de estrategia de Los Pinos, urgía una serie de acciones para controlar los daños derivados de esa tragedia que contemplaba la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y, en una acción de poder, que el presidente Enrique Peña Nieto no se la aceptara porque él “no es el responsable directo”. El objetivo de la estrategia era que la responsabilidad se contuviera en el delegado de la dependencia en Morelos y en las constructoras para ,de esa forma, convertir a la Secretaría de víctima a victimario. ¿Qué sucedió? La estrategia no funcionó. Fracasó antes de nacer.

Una copia del documento para el control de daños y el manejo de crisis elaborada por los estrategas presidenciales refleja lo que sucedió en las primeras 48 horas de la tragedia la semana pasada: una crítica generalizada en los medios de comunicación por la pasividad mostrada por las autoridades, y las primeras declaraciones equívocas del secretario Ruiz Esparza que sugerían que el Gobierno quería eludir su responsabilidad. En el centro del primer diagnóstico de impacto que realizaron está el secretario, a quien observaron en un papel declarativo lleno de contradicciones y con un “bajo nivel argumentativo”, que generó más confusión y dio margen a que se pensara que se estaba protegiendo a la empresa constructora hispano-mexicana Aldesa.

La recomendación de los estrategas era que la empresa constructora, el supervisor y el realizador del proyecto ejecutivo de obra debían hacerse responsables de la tragedia, y que no recayera en la SCT el papel de victimario. La realidad ha sido un deslinde generalizado de responsabilidades, donde nadie tuvo culpa alguna de nada. Aldesa, que ha enviado un equipo de ejecutivos a México para controlar el daño y manejar la crisis que enfrenta, rechazó el cuestionamiento sobre la integridad de la empresa. Epccor, la otra empresa que colaboró con Aldesa en la construcción del Paso Express, culpó al gobierno de Morelos por falta de mantenimiento y limpieza del drenaje.

La falta de control sobre los declarantes y la ausencia de un secretario firme que pudiera unificar una respuesta y homologar el mensaje, contribuyó al desorden comunicativo y a la crisis que no se detiene. La declaración del vocero de Epccor molestó a las autoridades de Morelos, que se agravó cuando Ruiz Esparza dijo que el delegado de la SCT en el estado, lo había recomendado el gobernador Graco Ramírez. La respuesta fue fulminante y abrió nuevos flancos al Gobierno federal. Ramírez dijo no haber conocido jamás al delegado –al anterior, agregó, pidió que lo removieran por corrupto– y comentó que el representante de la SCT lo había nombrado la Secretaría de Gobernación.

El documento retomó la información aportada por Ruiz Esparza a la prensa de que la tragedia había sido causada por una fuga de agua en un drenaje, consecuencia de lluvias atípicas en la zona. “La atipicidad de las lluvias en el centro del país es una variable fácilmente comprobable”, indicaron los estrategas. Roberto Ramírez, director de Conagua, dijo una semana antes que si bien se estaban registrando lluvias atípicas en el centro del país, en el promedio del año, había llovido menos en 2017 que en 2016. En la zona del socavón, empero, la lluvia fue de 54.4 milímetros, cuatro milímetros más que el promedio histórico.

La atipicidad de las lluvias y la responsabilidad sobre las constructoras que se sugería como “la narrativa gubernamental”, quedó hecha trizas antes de que comenzara a aplicarse. Ruiz Esparza no ha logrado que los ejecutivos de Aldesa ofrezcan una rueda de prensa, como se pide en el documento, para responder los cuestionamientos técnicos. Tampoco se preparó un análisis del suelo (mecánica de suelos) donde se realizó la obra “para atender cualquier otro riesgo y prevenirlo”, que de acuerdo con Óscar Callejo, subsecretario de Infraestructura de la SCT, fue responsabilidad única de la dependencia, con lo que deslindó, una vez más, a las constructoras.

Ruiz Esparza y su equipo demolieron la estrategia. Primero dijeron que no había peligro y que el subsuelo de la obra en el área del socavón estaba firme y estable. Después tuvieron que limitar el flujo por el Paso y más adelante suspenderlo. A los habitantes de la zona, a quienes no habían volteado a ver salvo para asegurar que estaban seguros, tuvieron que desalojarlos a medianoche ante los riesgos de más víctimas. Los estrategas plantearon que se debía mantener en confidencialidad los montos del apoyo a las familias, pero el secretario declaró que se les daría un millón de pesos por “el mal rato que pasaron”, que fue una declaración que volvió a incendiar a la opinión pública por la insensibilidad, por lo menos que se pueda decir, del comentario.

“Mediáticamente, Gerardo Ruiz Esparza ha resultado y será señalado como el principal responsable. En materia de opinión pública, el asunto es altamente complejo y de alta densidad por la percepción de corrupción e incompetencia contra la actual administración y su ambicioso programa de infraestructura”, iniciaron los estrategas su documento. La estrategia pretendía evitar que las percepciones se convirtieran en la historia oficial de la tragedia. Lo que no anticiparon es que el fracaso del plan contribuirá a hacer realidad lo que querían impedir.
19 Julio 2017 04:00:00
La comedia veracruzana
Las imágenes de Javier Duarte al pisar territorio mexicano tras ser deportado por Guatemala tienen una involuntaria comicidad. Su cara y la de los agentes que lo acompañaron hasta la cárcel se digitalizaron para que nadie pudiera enterarse quién era el misterioso personaje que todos sabían quién era. Sus manos también estaban digitalizadas para ocultar que iban esposadas. En el juzgado se indicó a la prensa que logró acceso a su primera comparecencia que no podían tomar fotografías ni videograbar la diligencia. Se trataba de salvaguardar el debido proceso, dentro de los parámetros del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, del exgobernador de Veracruz, que para efectos de registro histórico, es su primer caso de alto impacto. El show, como dijo Duarte, comenzaba.

La primera escena fue el lunes, cuando el juez federal en el Reclusorio Norte le negó seguir su proceso en libertad por el temor de que se pudiera escapar. Era una discusión ociosa, dado que para que eso pudiera ser considerado, tendría que dejar de existir el presunto delito de delincuencia organizada, que es el único por el que está en la cárcel. La segunda fue la admisión de la PGR, que ha acreditado sólo el 10% del dinero desviado del erario, en donde quieren amarrar el presunto delito de lavado de dinero. Este arranque tuvo sus cortinas de humo.

¿Cómo mantener la credibilidad de un caso que parece armado para que, si no se cae rápidamente, Duarte vea con nitidez la luz al final del túnel y mantenga alta su expectativa de recuperar la libertad en un tiempo que no impacte políticamente en el Gobierno? Esta pregunta sirve como hipótesis de trabajo: ¿Será Duarte juzgado realmente por los delitos que presuntamente cometió? O ¿es una charada para satisfacer las jaurías de la opinión pública y gobernar –a contrapelo de lo que originalmente decían en Los Pinos– para la gradería? La duda surge a partir de lo que está sucediendo en el arranque del juicio al exgobernador, cuya persecución judicial comenzó unos 10 meses después de haberse iniciado la investigación.

En febrero de 2016, de acuerdo con personas que conocen los prolegómenos del caso Duarte, el entonces director del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, entregó a la PGR todas las carpetas de investigación sobre el entonces gobernador de Veracruz, que fueron la base para iniciar la averiguación previa que mucho tiempo después sirvió para pedir la orden de aprehensión. La documentación no mostraba un daño al erario por sólo 38 millones de pesos, que es lo que la PGR dijo al juez que tiene probado como desvío, sino por más de 400 millones de pesos.

Esto no incluye algunos “botines de guerra”, como llaman en el argot policial a los decomisos que son rasurados, como el que sucedió este año en un departamento que encontró la PGR en la colonia Del Valle de la Ciudad de México, donde descubrieron 400 millones de pesos en efectivo, de los cuales se repusieron alrededor de 200 al Gobierno de Miguel Ángel Yunes, en Veracruz, y el resto se destinó para la campaña del PRI para Gobernador en el Estado de México, según funcionarios que conocieron del decomiso. Este monto no quedó registrado.

Entonces, como primera reflexión, se puede argumentar que las autoridades no están acusando a Duarte por todos los recursos que supuestamente desvió. No obstante, como en el caso del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, y de la maestra Elba Esther Gordillo, sólo se necesitan 2 millones de pesos para mantenerlo en la cárcel. Los 38 millones acreditados a Duarte por la PGR, por ello mismo, son suficientes. Y con eso puede montarse el show pronosticado por el exgobernador de Veracruz, para un público sediento de sangre. Pero el caso tiene otra lectura que no está en la superficie, y que deberá ser uno de los argumentos centrales de la defensa sobre la observancia del debido proceso.

Si se toman en cuenta los tiempos en que tardó en actuar la autoridad, se puede argumentar que por error o por perversidad se solicitó la orden de aprehensión hasta después de que Duarte pidiera licencia como gobernador, a mediados de octubre pasado, sin que mediara un juicio de procedencia para el desafuero. Esto significa que el exgobernador puede argumentar que, como tenía fuero constitucional, la ejecución de la orden de aprehensión violó el debido proceso y se tiene que fallar una nulidad de origen, por lo que el caso se caería en su totalidad.

Existe una discusión continua sobre si el fuero desaparece cuando se pide licencia para retirarse del cargo. Cuando Duarte la solicitó, Yunes, entonces gobernador electo de Veracruz y abogado que entiende bastante de estas cosas, dijo que seguía teniendo fuero, por lo que tendría que ser desaforado para ser procesado, en el caso de delitos federales por el Congreso de la Unión, y en el de los delitos del fuero común, por el Congreso estatal. Adicionalmente, hay una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia que indica que cuando un servidor público que goza de fuero constitucional solicita licencia, no pierde la protección otorgada.

De esta manera, si se pensaba ejercer acción penal verdadera contra Duarte, la PGR tendría que haber pedido al Legislativo un juicio de procedencia para pedir su desafuero. Al no hacerlo, dejó sembradas las semillas para que Duarte camine hacia la libertad. El expediente, como se dice en el argot judicial, “lo dejaron flojito” para que la defensa encuentre la puerta de salida y Duarte no se desespere. Así está la justicia mexicana.
18 Julio 2017 04:07:00
Duarte, ¿inocente?
Javier Duarte llegó a México extraditado por Guatemala para enfrentar acusaciones que tienen que ver con corrupción. Sin embargo, no hay que dar de brincos por que alguien al que se le adjudica saqueo de las arcas por cientos de millones de pesos tenga que rendir cuentas. De hecho, las acusaciones que formularon la PGR y la Fiscalía de Veracruz ente el Tribunal guatemalteco para que autorizara su entrega están llenas de errores y no prueban de manera contundente las acusaciones en su contra. Es decir, en las condiciones jurídicas actuales, las posibilidades de que Duarte derrote en tribunales a sus acusadores son mucho más elevadas frente a la posibilidad de que sea sentenciado.

La extradición de Duarte se fincó en tres acusaciones, una de ellas federal, que es la de la PGR, que lo acusa por delincuencia organizada y lavado de dinero, y dos locales radicadas en Veracruz por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, y por tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal. Un análisis sobre las acusaciones, publicadas por la edición impresa de Eje Central, establece errores en los documentos entregados a los tribunales guatemaltecos y contradicciones en las cifras del presunto daño que causó al erario.

De acuerdo con la explicación, la PGR presentó peritajes que no demuestran la ruta del dinero del presupuesto veracruzano presuntamente desviado por el exgobernador, ni soportan los testimonios que acrediten el delito de delincuencia organizada. En el caso de la Fiscalía de Veracruz, sólo aportaron dos documentos y un par de testimonios con los que pretende probarle al exgobernador cinco delitos. La debilidad del caso contra Duarte fue sintetizado en tres campos por Eje Central:

1.– Al no establecer que existía una estructura criminal para delinquir, no se podrán demostrar los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, que exige comprobar que tres o más personas se organizaron para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos tipificados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

2.– En el caso de los delitos del fuero común, los documentos que integran las dos carpetas, las 38/2017 y 56/2017, en las que se basan las acusaciones de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición tienen su origen en las denuncias de un líder partidista, y en una de las auditorías que practicó el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) en 2014 y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero que apenas cubren un pequeño monto de los presuntos desvíos que se atribuyen al Gobierno de Javier Duarte, y que Orfis calculó en 24 mil millones de pesos en ese ejercicio fiscal.

3.– En la carpeta 56/2017 se vincula a Duarte por el presunto desvío de 220 millones de pesos de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV), originado por la denuncia presentada el 13 de diciembre de 2016 por el Orfis. El expediente está tan mal integrado que ni siquiera los montos del presunto peculado coinciden con las auditorías federales. Y en el caso de la segunda carpeta, en la que se le acusa de tráfico de influencias por utilizar un helicóptero del Gobierno del Estado cuando ya era gobernador con licencia, la autoridad ni siquiera prueba que utilizó sus influencias para beneficiarse del helicóptero, y tampoco acredita que como gobernador con licencia ya no tenía derecho a usar la aeronave.

La debilidad de la acusación y el hecho de que no haya sido deportado en automático levantan suspicacias sobre una entrega pactada. ¿Por qué no lo hizo inmediatamente el Gobierno de Guatemala si había violado sus leyes migratorias al ingresar al país con pasaporte falso? La respuesta, dicha en un principio por los guatemaltecos, es que Duarte entró con uno real. Si fue el suyo, se puede alegar que la Secretaría de Gobernación, que era la responsable de dar este seguimiento, no lo estaba buscando. Si fue un pasaporte real, con nombre apócrifo, tampoco hay investigación conocida de cómo lo obtuvo en la Cancillería mexicana.

La razón por la que no lo deportaran lo explicó –sin abundar por qué no fue un proceso mecánico, sino hablado con México– el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, como una medida para evitar que Duarte pudiera quedar libre, lo que es incorrecto, pues al fincársele el presunto delito de delincuencia organizada, no sería sujeto a fianza. De habérsele deportado, se podrían haber añadido delitos a las causas penales que se le siguen. Al ser extraditado, sólo lo pueden juzgar por los delitos establecidos en el documento entregado al Tribunal. Para que se le puedan añadir delitos en México, tendrían que volver a hacer un trámite en Guatemala para ver si el Tribunal acepta que se le añadan.

La extradición es benéfica para Duarte, que parece más un reo protegido por las autoridades mexicanas que perseguido con total cabalidad. Ciertamente, esta hipótesis podrá ser desmontada por la realidad de un juicio expedito y de acusaciones sólidas, en lugar de los que nos tienen acostumbrados, llenos de fuegos pirotécnicos y acciones cosméticas que ganan tiempo y desgastan a la opinión pública; procesos políticos, no legales, donde pagar las cuentas que deben no es el objetivo, sino apagar el incendio de la coyuntura.
17 Julio 2017 03:00:00
La metáfora del socavón
Las columnas políticas están saturadas con el clamor a que renuncie el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por la tragedia en el Paso Exprés de Cuernavaca, donde la semana pasada dos personas murieron al caer en un hoyo a la mitad de la autopista. Lo absurdo de esta muerte desató la presión contra Ruiz Esparza, quien dijo no me voy hasta que así lo determine mi jefe –a quien le transfirió esa responsabilidad–, el presidente Enrique Peña Nieto, que ha probado ser protector de la incompetencia. Ruiz Esparza debió renunciar, no por culpable sino por responsable, o el Presidente darle ese empujón y limitar el daño en él. Al no ser así, el socavón se convirtió en la metáfora de su Gobierno, donde todo lo malo que sucede se le pega a él.

¿Por qué Ruiz Esparza debió haber sido despedido o, de manera políticamente responsable presentado su renuncia? Porque un servidor público debe regirse por la ética institucional. Pero si no bastara el compromiso para el Presidente que le encargó una delicada responsabilidad, por mentiroso. El columnista Carlos Puig, lo documentó el viernes pasado en Milenio, al recordar que para presumir la obra de 14 kilómetros y medio que no era nueva sino era una ampliación del libramiento en Cuernavaca, el staff de propaganda gubernamental grabó un spot donde decía Ruiz Esparza: “El concreto asfáltico que estamos viendo aquí… es sin duda, un material más resistente. No tenían drenaje, entonces tuvimos que hacerles un drenaje para que la carretera en un momento dado tuviera circulación de agua y las casas de al lado pudieran desahogar también los líquidos de sus casas”.

La justificación que dio Ruiz Esparza tras el socavón, fue que las lluvias atípicas habían tapado un drenaje que tenía 40 años de viejo. Entonces, ¿dónde quedó el drenaje que construyó su Secretaría? O fue una mentira flagrante, o hay un público caso de corrupción. ¿Cuál es de los dos secretario? La memoria corta ayuda a salirse por la tangente. Cuando se mostró que las autoridades en Morelos y los vecinos llevan más de ocho meses advirtiendo sistemáticamente sobre la mala obra y los riesgos con el drenaje, destituyó al delegado de la SCT en Morelos y a cuando menos siete funcionarios más en las oficinas centrales. La omisión es una violación a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos. El delegado, entonces, incumplió su trabajo. ¿De dónde salió?

El columnista Julio Hernández lo explicó el viernes en La Jornada. Hace ocho años, José Luis Alarcón Ezeta, era director de la escuela de idiomas Harmon Hall, que fundó su padre. Lo nombraron delegado de la SCT por recomendación del gobernador Graco Ramírez, tras haber realizado actividades empresariales con Cuauhtémoc Ochoa. Este hombre, no lo menciona en la columna Hernández, es parte importante del círculo interno del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de quien fue funcionario cuando era gobernador en Hidalgo, y uno de los enclaves políticos de Bucareli en la Secretaría del Medio Ambiente. Sin ningún nexo previo con el gobernador, se puede alegar que su recomendación fue un favor político a Osorio Chong.

La conexión entre el secretario de Gobernación y los delegados es importante recordar. De acuerdo con funcionarios federales, sobre 80% de los delegados de la SCT fueron impuestos por la Secretaría de Gobernación. Es decir, en ocho de cada 10, como en el caso de Alarcón Ezeta, el secretario Ruiz Esparza no tuvo ni voto ni veto. Los delegados federales son como subsecretarios en los estados donde están comisionados, aunque no todos son tan poderosos como los de la SCT, porque son los responsables de distribuir los recursos para las obras –esa dependencia es la que más gasta-, y repartir los trabajos entre los grupos regionales. Esa racional permitió al gobierno federal repartir las obras entre empresas de todo el país, lo que se modificó en el Gobierno de Peña Nieto, donde los beneficiados notoriamente, incluso en tierras muy lejanas de sus orígenes, fueron mexiquenses e hidalguenses.

Cuando se extraña e indigna el Presidente porqué tiene tan mal ánimo y ambiente en todo el país, haber roto la distribución regional de obras es una de las razones que debería de tomar en cuenta. El avasallamiento de los suyos y del secretario de Gobernación sobre los recursos de los contribuyentes para las obras, es una explicación del porqué en todas las mediciones sobre percepción de corrupción en el extranjero, el gobierno de Peña Nieto ha retrocedido significativamente en los rankings globales. En Gobernación, como en Comunicaciones y Transportes, el presidente no ha hecho nada por reparar las anomalías. Qué tanto sabe de lo que se hace en su Gobierno, es una incógnita sin resolver.

En todo caso, el socavón es una metáfora continuada del sexenio peñista: un gobierno de cuates, donde el amiguismo se sobrepone a las capacidades; una tibieza en la mano presidencial que le impide sacrificar a quien no dé resultados o que le genere conflicto; tortuguismo para tomar decisiones políticas y éticas, por citar tres de los más sobresalientes. El viernes pasado hubo una reunión de Gabinete en Los Pinos donde se revisaron los avances del sexenio y los logros de la reforma energética. Del resto de los temas nada. Por cuanto a incompetencia, corrupción, inseguridad, violencia, ingobernabilidad, desprestigio, los calificativos que se convierten en sustantivos sobre su Gobierno, ni una palabra revelada. Otro botón de este sexenio fallido: esconder la cabeza pensando que si no ve nada, nada pasa.
14 Julio 2017 04:08:00
El sufrimiento de Videgaray
La crisis que vive Jared Kushner por los contactos que tuvo con diplomáticos y emisarios del Gobierno ruso durante la campaña presidencial en Estados Unidos es la misma crisis que vive Luis Videgaray. El yerno del presidente Donald Trump, su consejero desde la campaña de 2016, está bajo fuego luego de que su cuñado divulgara los correos electrónicos que muestran la planeación de una reunión con una abogada rusa que ofrecía información de su Gobierno contra Hillary Clinton, por posibles violaciones a la ley electoral y de conspiración. La crisis la resumió el senador demócrata Chris Murphy en una entrevista con la televisora MSNBC: “Si este fuera un mundo político normal, Jared Kushner estaría sin trabajo esta noche”. Si eso llegara a suceder, Videgaray será un daño colateral.

El esposo de Ivanka Trump está en medio del peor torbellino desde que comenzó la turbulenta Presidencia de su suegro. Un análisis en la edición digital de la revista Vanity Fair señala que dado su amplio papel durante la campaña y la presidencia de Trump, la investigación en su contra continúa expandiéndose. La cadena de periódicos McClatchy informó que el Departamento de Justicia y los comités de Inteligencia del Senado y la Cámara de Diputados también investigan si el equipo digital de la campaña de Trump, encabezado por Kushner, jugó un “papel como conducto o atajo de Moscú para influir en las operaciones en las elecciones”.

En una crónica analítica en The New York Times, se añadió que el escrutinio sobre Kushner se centra en qué tanto le dijo a Trump sobre la naturaleza de su reunión con la abogada rusa. El Times agregó que si minimizó lo platicado u omitió detalles significativos, “permitió a su suegro.., al vicepresidente de Estados Unidos y a muchos otros voceros, salir y repetir día tras día la mentira de que nadie en la operación de Trump se había reunido con funcionarios u operadores del Gobierno ruso”. El fuego le está subiendo tan rápido a Kushner, que la revista New York ventiló las versiones de que podría renunciar.

La desgracia de Kushner sería la desgracia de Videgaray, a quien en la primavera de 2016, un banquero que lo visitaba regularmente cuando era secretario de Hacienda, ofreció acercarlo con el candidato Trump. Videgaray lo consultó con el presidente Enrique Peña Nieto, quien le autorizó iniciar los contactos. Un empresario conocido de Francisco Guzmán, jefe de la Oficina de la Presidencia, que tenía relación con Kushner, terminó de concretar el primer encuentro, en verano en un hotel en Nueva York, donde se reunió secretamente con Kushner e Ivanka Trump, y se planteó la posibilidad de la visita de Trump a México durante la campaña presidencial, discutida en el equipo del candidato en agosto.

El 30 de ese mes se dio la visita relámpago de Trump a Los Pinos, que causó la crisis política más profunda del sexenio, al partirse el Gabinete por la invitación. Peña Nieto mantuvo su apoyo a Videgaray, que sólo cambió días después cuando, por sugerencia de funcionarios de la Casa Blanca, lo orilló a renunciar. Peña Nieto pensaba haber salvado un enfrentamiento con el presidente Barack Obama y con quien pensaba que ganaría la elección, Hillary Clinton. Tan pronto como ganó Trump, Peña Nieto reactivó a Videgaray, quien viajó a Nueva York en noviembre para otra reunión con Kushner y establecer las bases de la relación bilateral.

Ya como secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray preparó con Kushner la visita de Peña Nieto a Washington para hablar con Trump, que se frustró por las imprudencias del jefe de la Casa Blanca. El ánimo guerrero de Trump se apaciguó por la intermediación de Kushner, quien llevó a Videgaray a hablar con él en la Oficina Oval en los primeros días de la Administración. Se volvieron a colocar ruedas a la relación bilateral, que tomó un curso de normalidad y contribuyó a la tranquilidad de los mercados internacionales. Kushner se convirtió en el enlace del Gobierno de Estados Unidos con México, y Videgaray en el mismo papel de su Gobierno.

Los dos han armado el andamiaje de la relación y preparado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue el principal tema en su reunión el martes pasado en la Casa Blanca, cuando el escándalo ruso aumentaba su velocidad. Esa polémica se intensificó desde entonces. El martes, los señalamientos contra Kushner eran por la sospecha de que él era el filtrador de los comprometedores correos electrónicos de Donald Trump Jr. Hoy, el coliseo washingtoniano está gritando que lo degraden y, de preferencia, que lo destituyan. Trump no ha dado señales de estar fastidiado de su yerno, como sugiere la revista New York que ya sucede en su entorno. La realidad, sin embargo, es que Kushner está dejando de ser un activo para convertirse en un lastre, y nadie sabe si saldrá fortalecido de este episodio, o se retire antes de que lo destruyan.

Videgaray es un daño colateral de lo que le suceda. Depende de él para agilizar y dinamizar la relación bilateral y la renegociación comercial. Sin Kushner, las cosas podrían salir, pero podrían no, o sufrir bloqueos, porque se quedaría sin la persona con derecho de picaporte en la Oficina Oval que le resuelve en forma expedita las cosas. Videgaray necesita triunfar en este campo, que lo es prácticamente todo, que le permitiría ser interlocutor en la decisión sobre la candidatura presidencial en 2018, y allanar el camino para una vida transexenal. El problema es que la sobrevivencia de Kushner no depende de él.
13 Julio 2017 04:08:00
Espionaje, señor Peña, you have a problem
Espiar ilegalmente en México a mexicanos por el hecho de tener posiciones críticas al Gobierno es una acción condenable que exige explicación y sanción a quien o quienes lo hayan hecho, dentro del Gobierno –funcionarios actuando al margen de la ley– o fuera de él. Pero espiar ilegalmente a extranjeros en territorio mexicano coloca al Gobierno en el umbral de un problema internacional. Las autoridades pueden mantener su negligencia para investigar casos de espionaje a mexicanos y burlarse de la rendición de cuentas. Pueden ignorar, deliberadamente o no, conocer a los autores intelectuales de semejante actividad, e incluso solapar a los responsables. Pero pretender lo mismo cuando hay extranjeros involucrados tiene implicaciones internacionales, como sucede con el espionaje al grupo de expertos internacionales que coadyuvaron en la investigación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, revelado esta semana.

Como reacción directa a ese espionaje difundido a través del periódico The New York Times, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, afirmó en el programa La Nota Dura, transmitido por El Financiero-Bloomberg, que nunca recibió del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ningún reclamo por la sospecha de que sus comunicaciones privadas estaban siendo intervenidas. No lo sabían. Los investigadores le dijeron al diario que no fue sino hasta que difundió el método mediante el cual se intervinieron los teléfonos de activistas sociales, abogados de derechos humanos y periodistas que sospecharon que ellos también habían sido objetivo de esos ataques. El Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, que verificó que esas intervenciones habían sido realizadas por un programa llamado Pegasus, confirmó que así había sido.

Pegasus es un software que vende una empresa israelí llamada NSO Group que, de acuerdo con el Times, sólo puede ser adquirido por gobiernos. De ahí la sospecha informada de que el espionaje se originó en alguna oficina del Gobierno federal y la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto para que la PGR investigara. Han pasado varias semanas desde que dio la instrucción y no ha sucedido nada. El argumento es que una investigación de esta naturaleza lleva tiempo. Lo inverosímil no es la demora para dar resultados, sino que no sepan claramente quién o quiénes, dentro o fuera del Gobierno, tenían acceso a Pegasus. Lo mismo se puede alegar del CISEN, que, de acuerdo con funcionarios federales, no tiene ese software, contradiciendo lo que los contratos del NSO Group sostienen.

El espionaje ilegal es un tema de seguridad nacional. Si la PGR y el Cisen, que tiene la tecnología para investigar de manera más expedita el espionaje ilegal, no saben nada, es más grave que si funcionarios en esas dependencias hubieran abusado de su autoridad, pues reflejaría una incompetencia monumental del Gobierno en términos de la seguridad del Estado. No es creíble que desconozcan su origen y a los autores. La hipótesis de que el Gobierno sí sabe quién espió y está encubriendo a los responsables la fortalece la oposición del PRI en el Congreso a que comparezcan el secretario de Gobernación, el procurador general y el director del Cisen. En toda democracia, que el Congreso llame a que los funcionarios involucrados en temas delicados expliquen sus acciones y decisiones es una práctica normal. Que el PRI esté impidiendo que vayan a comparecer, sabiendo que los coordinadores no hacen nada que no les ordenen desde Los Pinos, daña más a Peña Nieto de lo que él mismo cree. No se beneficia el Presidente de este blindaje contra la transparencia, sino que indirectamente lo inculpa.

Ciertamente, en el caso del espionaje doméstico, el Gobierno puede soportar las críticas e ignorarlas, así como manipular al Congreso para que no moleste al Ejecutivo. Sin embargo, eso no lo podrán hacer con el espionaje extranjeros, que violó tratados y acuerdos internacionales, con lo cual podría ser sujeto el Presidente, como jefe del Ejecutivo, a un litigio en cortes internacionales. Sólo como botón de muestra, la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU establece que nadie puede ser sujeto de interferencia arbitraria o ilegal de su privacidad, y tiene derecho a la libertad de pensamiento, a expresarse y a diseminar información por cualquier medio sin ser sujeto a coerción o intimidación, gozando de la protección de la ley contra esos ataques.

Las garantías individuales y los derechos contemplados internacionalmente fueron violados con los mexicanos y los extranjeros. Los mexicanos no tienen muchas opciones, ante la pasividad e indiferencia de las autoridades, pero no los extranjeros. El espionaje contra ellos no tiene muchos precedentes. La analogía en la memoria es el espionaje global de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo. No obstante, el hoyo legal que salva al Gobierno de esa nación fue el Acta de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero de 1978. El mexicano no tiene nada por el estilo. El espionaje fue grotesco y masivo, y el encubrimiento se encuentra bajo los mismos parámetros.

El Presidente debe reflexionar sobre lo que está sucediendo en su Gobierno, sean o no algunos de sus colaboradores responsables directos de ello, y actuar en consecuencia. Si no hace algo al interior de su equipo, entonces se le recomienda contratar un equipo de abogados y preparar su defensa en cortes internacionales, porque alguien va a pagar por esto y, hasta ahora, la única cabeza responsable a la vista es la de él.
12 Julio 2017 04:08:00
Lo que quiera Mr. Trump
La reunión entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump en Hamburgo la semana pasada tuvo un resultado totalmente inesperado y lamentable, anunciado por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al término del encuentro. Los presidentes acordaron, dijo, negociar un acuerdo de trabajadores temporales de México para que vayan durante periodos específicos a apoyar al sector agrícola de Estados Unidos y lo ayuden a mantener sus niveles de competencia. Frente a la anécdota del “absolutamente”, con lo cual Trump, en respuesta a una pregunta de la prensa, ratificó su idea de que México pague por un eventual muro fronterizo, pasó desapercibido la aberración de tan semejante intención. Un acuerdo de esa naturaleza revive el nefasto Programa Bracero, que vigente entre 1942 y 1964.

El spin que le dieron las autoridades mexicanas al acuerdo es que reconocía la realidad mexicana (¿cuál?, ¿qué México es un país cuyo destino manifiesto es ser el patio de Estados Unidos?), y que era un avance dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con relación a la regulación del sector laboral, que en Washington quieren que sea renegociado (en el entendido que este paso no abre las puertas del mercado estadunidense a todos que tengan la capacidad y entrenamiento para competir, sino sólo a la mano de obra intensiva en el sector primario). En cualquier caso, la visión mexicana es cortoplacista y vergonzosa.

No se sabe aún de quién fue iniciativa este nuevo programa, pero caben dos interpretaciones: si la idea es estadunidense, los mexicanos están bailando al ritmo que les impuso Trump; pero si la idea es mexicana, la ignorancia histórica sobre lo que este tipo de programa significa, conduce a una subordinación política y el final de la búsqueda del ideal asimétrico en las relaciones bilaterales. Sin embargo, hay razones para suponer que el planteamiento surgió de los estadunidenses. Videgaray explicó que la idea salió del déficit de mano de obra en algunas partes de la economía de Estados Unidos, como el campo y la industria de la construcción, con lo cual se subrayaba el mejoramiento de las relaciones bilaterales. De dónde sacó el canciller esa idea, no se sabe. El acuerdo que quieren estudiar no incluiría a obreros, sino solamente campesinos.

La analogía con el Programa Bracero es monumental. Durante los 22 años que funcionó, este programa, conocido como el Mexican Farm Labor Agreement, firmado en agosto de 1942, permitió que casi 5 millones de campesinos mexicanos trabajaran en los campos de 22 estados de la Unión Americana, principalmente en California y Texas. Una vez concluido, nunca se reemplazó. Años más tarde se crearon las visas de trabajo temporal, conocidas como H2A, para trabajadores en el campo, y H2B, para trabajadores no agrícolas. Otro programa, el H-1B, conocido como visas de negocios, ha sido reducido significativamente por Trump.

El Programa Bracero, de acuerdo con lo negociado, garantizaba para los mexicanos condiciones de vida adecuados, en cuando a salud, vivienda y comida, así como un salario mínimo de 30 centavos por hora. Una parte muy importante que contenía el documento, es que los mexicanos no podrían ser sujetos de ningún tipo de discriminación o que fueran excluidos de las zonas reservadas sólo para los blancos. Nada de esto se cumplió. En Texas, los mexicanos fueron tratados como perros en el transporte público, donde los obligaban a viajar en la misma zona de los animales, y lejos de asegurarles las condiciones de vida y los salarios comprometidos entre los dos gobiernos, sufrieron una explotación sistemática que violaban lo suscrito por los dos gobiernos, que incluía abusos físicos. En California, los orillaron a vivir en cuevas dentro de los campos de cultivo. Los braceros rara vez se quejaban del maltrato, por el temor de que se les cancelara la visa.

Por años, el Programa fue criticado. Los gobiernos mexicanos alentaron la expulsión económica de sus campesinos al ser incapaces de abrir oportunidades en su país, mientras que en Estados Unidos produjo externalidades, como la caída de los salarios de los campesinos estadunidenses. La Comisión sobre el Trabajo Migratorio creada por el presidente Harry Truman, afirmó en un reporte en 1951 que mientras los sindicatos se oponían a la inmigración mexicana sin restricciones, los agroindustriales, con respaldos en el Capitolio, querían garantizar la continuidad de la mano de obra “barata y dócil” mexicana.

El programa otorgó alrededor de 200 mil visas anuales durante ese periodo y fue utilizado con otros fines por Washington. El Departamento de Estado lo utilizó como un mecanismo para frenar el creciente apoyo al Partido Comunista –ilegal en ese entonces–, y el Pentágono encontró en él un mecanismo de reclutamiento para las guerras en las que se embarcaba. De esa forma, reclutaron mexicanos para la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la de Vietnam. El programa obligaba a los mexicanos a regresar al término de la vigencia de la visa, sin generar antigüedad ni derechos, y sólo podía ser utilizado para resolver los déficits laborales, sin desplazar o remplazar a los trabajadores estadunidenses.

De acuerdo con lo que dijo Videgaray, para allá van. El lobby agroindustrial ha presionado como ningún otro a Trump para que fortalezca ese sector durante la renegociación del TLCAN, y uno de sus impulsores es el senador texano John Cornyn, a quien visitó en su oficina el canciller mexicano el lunes. ¿Indignidad completa la de los mexicanos, y desdén por la historia y por los mexicanos? Si se trata de complacer a Trump y el lobby agroindustrial, este será el primer paso, una genuflexión ante los ojos de todos los mexicanos.
11 Julio 2017 04:07:00
2018: Aurelio Nuño
Aurelio Nuño es una hechura original de Enrique Jackson, quien hace más de una década lo introdujo formalmente en la política como su asesor en la Cámara de Diputados. Egresado de la Universidad Iberoamericana, sus viejos enlaces en esa institución lo colocaron en el camino del expresidente Carlos Salinas, quien vio sus atributos y se lo recomendó a quien ya estaba trabajando en la construcción de la candidatura presidencial del entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Luis Videgaray, a quien mandó Peña Nieto a presidir la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en 2009 para que después, amarrados los dineros para los gobernadores amigos que ayudarían en la campaña de 2012, se regresara a Toluca a dirigir la campaña presidencial, lo incorporó a su equipo. A Nuño lo ayudaron las circunstancias, con el respaldo, por supuesto, de sus promotores.

Cuando se armaba el equipo presidencial, una mala lectura de Peña Nieto sobre las aspiraciones del entonces embajador en el Reino Unido, Eduardo Medina Mora, lo llevó a nombrarlo embajador en Estados Unidos, y no secretario de Relaciones Exteriores, que era lo que realmente deseaba. En el reacomodo, Peña Nieto nombró a José Antonio Meade en la Cancillería, en lugar del cargo en el que se pensó originalmente, Jefe de la Oficina de la Presidencia. Un leal a Peña Nieto, Francisco Guzmán, fue hecho a un lado por Videgaray, quien armó prácticamente todo el gabinete, y colocó en la segunda oficina más importante de Los Pinos a su hombre, Aurelio Nuño.

Nuño ha sido una persona muy importante para Peña Nieto, quien le entregó la llave de su oficina y le delegó una responsabilidad sobre las decisiones de su gobierno como ningún otro funcionario en ese cargo había tenido. Muy poderosos personajes pasaron por la segunda oficina más fuerte en Los Pinos, pero las decisiones finales siempre las tomaba el presidente en turno, a veces muy en contra de lo que les aconsejaban. Peña Nieto fue diferente y Nuño se convirtió en una voz determinante. Tres de ellas han marcado su Presidencia:

1.- Le aseguró que había negociado con Los Chuchos que el PRD respaldaría la Reforma Energética, si el presidente presentaba la reforma fiscal perredista. Así lo hizo. Obligó al secretario de Hacienda a cambiar la reforma fiscal que buscaba aumentar la recaudación a través del IVA, a costa de la alianza electoral con los empresarios. El PRD, como era lógico suponer, no votó la Reforma Energética.

2.- Cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa en en Iguala, Nuño consideró por estar involucrada la policía municipal era un tema local donde no debía involucrarse el presidente. La ausencia de Peña Nieto durante más de dos semanas le generó críticas y presiones que lo obligaron a intervenir, con casi un mes de retraso. Como una acción de alto impacto mediático, Nuño organizó que el presidente recibiera en Los Pinos a los padres de los normalistas, a sus abogados y apoyos, con lo cual se explica el momento en que un crimen local, pasó a ser considerado “un crimen de Estado”.

3.- La respuesta al escándalo de la casa blanca la manejó Nuño con la ortodoxia del manual de crisis: quien estaba en el centro de la polémica debía ser quien explicara las cosas. Soslayó dos cosas: que esa persona, Angélica Rivera, era la esposa del presidente –con lo que se transfería el rol protagonista del escándalo-, y que al ser una actriz profesional, utilizar un video para transmitir el mensaje, se iba a interpretar como una actuación.

Pese a esos costos, Peña Nieto le entregó poderes extraordinarios, reflejo de una creciente dependencia intelectual y emocional de su joven colaborador, a quien en agosto de 2015, empujó a la calle para que comenzara a crecer. Lo nombró secretario de Educación, para que llevara a cabo la Reforma Educativa que en la campaña preparó y redactó junto con su amanuense en ese entonces, el actual líder del PRI, Enrique Ochoa. En ese momento, ungido como su delfín, Peña Nieto comenzó a engañar con la verdad, como suele decirlo.

El 26 de mayo de 2016, se publicó en este espacio: “En una monarquía, como evoca la restauración del PRI de la era de Enrique Peña Nieto, el sucesor del presidente tendrá que ser Aurelio Nuño, su secretario de Educación.

En una monarquía priista, el presidente no hereda a su hermano –Carlos Salinas pasó por encima de Manuel Camacho, y José López Portillo sobre Javier García Paniagua, en los casos más claros de los últimos 40 años–, sino a su hijo. Nuño es adoptado porque incursionó en la política como asesor del diputado Enrique Jackson hace más de una década, y recibió del actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, su impulsó definitivo. Inteligente, Nuño voló por méritos propios, y después de observarlo durante tres años, Peña Nieto decidió que era tiempo que saliera a la arena pública, desde donde construye su candidatura”.

Nuño se convirtió en una figura polémica por su discurso policial y despectivo contra miles de maestros, con lo cual generaba tensiones innecesarias. En 2016 se le cruzó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien no sólo lo desplazó de las negociaciones políticas educativas, sino que lo hizo con avasallamiento. Las aspiraciones presidenciales de Nuño parecían liquidadas. Pero no es así. Aquellas acciones de Osorio Chong contra él, provocaron el primer enfriamiento de su relación con el presidente, algo muy significativo en lo que representa Nuño para Peña Nieto, posiblemente hoy, con quien, como suele decir, esté engañando con la verdad para 2018.
10 Julio 2017 04:07:00
2018: primera batalla
A las 10 de la noche con 34 minutos, en la cuenta de Twitter del líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, se colocó una fotografía tomada horas antes, en desayunadero de los políticos, el restaurante Balmoral, de la Ciudad de México, con Manlio Fabio Beltrones, a quien sustituyó como dirigente del partido en el poder el año pasado. “Me da gusto volver a reunirme con @MFBeltrones, los #PRIistas estamos trabajando en unidad a favor de #Mexico rumbo a la #XXIIAsambleaPRI”, escribió con los modismos de las redes sociales. La última vez que se reunieron fue el 18 de julio del año pasado, en otro restaurante en Polanco, el Champs Elysées días después de haberlo relevado. En esa ocasión Beltrones subió la fotografía en Twitter con el mensaje: “Comiendo con mi amigo @EnriqueOchoaR, presidente del @PRI_Nacional, compartiendo experiencias, ideas y compromisos”. En ambos casos, la simulación tan excelsa de la política mexicana, no pudo ocultar el conflicto entre dos fueras antagónicas en disputa por el poder.

El año pasado, después de una larga reunión en Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto, Beltrones le ofreció su renuncia al frente del PRI para que sirviera como punto de partida para que el jefe de Los Pinos reacomodara su equipo, que no le estaba siendo funcional ni para gobernar, ni para ganar elecciones. Peña Nieto no hizo nada. Pero de su oficina lo presionaron para que asistiera a la unción de su relevo, Ochoa, casi una semana después. Beltrones no se encontraba –convenientemente– en México, pero envió a su hija Silvana, como representante. Peticiones del Presidente, a través de intermediarios, le pidieron que se reuniera con Ochoa, con quien, para no tensar más las cosas, lo hizo. No fue un encuentro de amigos, sino de adversarios. Nunca más volvieron a cruzarse hasta la semana pasada.

La reunión en el Balmoral fue otra charada arreglada desde las alturas del poder para tratar de evitar que a cinco semanas de la Asamblea Nacional del PRI, donde se definirán las reglas del juego de la sucesión presidencial, empezara la guerra. Pero como sucedió el año pasado, los términos de la competencia se inclinaron hacia un lado. Mientras Ochoa se reunía con él, en Chiapas se libraba la primera gran batalla para 2018. El presidente del PRI en ese estado, Roberto Albores Gleason, impidió la entrada a la Asamblea Estatal al diputado local, Willy Ochoa, con lo cual bloqueó su participación en las deliberaciones. “No se vale que actúen de esa manera”, dijo el diputado local, “y no se vale que el Comité Nacional solape lo que está ocurriendo aquí”.

¿Qué pasó en Tuxtla Gutiérrez? Willy Ochoa es un político incondicional de Beltrones, que no aspira ser candidato a gobernador el próximo año, pero sí está buscando una senaduría. Albores Gleason, que lleva siete años al frente del PRI estatal, responde a los intereses del dirigente nacional, quien a su vez es una pieza estratégica del secretario de Educación y fuerte aspirante a la candidatura presidencial, Aurelio Nuño. Albores Gleason, senador y consejero nacional de la Comisión Política Permanente, que es el órgano de dirección colegiado del PRI, y secretario de Gestión Social del Comité Ejecutivo, es a quien Nuño y Ochoa quieren como gobernador en Chiapas.

El “destape” anticipado de Albores Gleason, se dio el 11 de marzo pasado, cuando se casó en una hacienda yucateca donde estuvieron sus padrinos, junto con los secretarios de Gobernación, Salud, el procurador general, y siete gobernadores priistas. Nuño y Ochoa han desoído a 10 exlíderes del PRI en Chiapas, que hace un año pidieron su remoción por haber violado los estatutos del partido y mantenerse irregularmente en el cargo. Como se apreció hace unos días, la respuesta desde el centro ha sido el apoyo total a Albores Gleason para que mueva Chiapas a su gusto, por encima inclusive de sus aliados, el Partido Verde, al que pertenece el gobernador Manuel Velasco, sin reparar en lo que eso impacta en el tejido político nacional del PRI.

El veto a Willy Ochoa es una afrenta a Beltrones. La fotografía del líder priista Ochoa con el exdirigente nacional, parece una burla. Fue consecuencia de un importante litigio en medios entre Ochoa, quien anticipó que en la Asamblea Nacional del 12 de agosto, decidirían los delegados si aceptan a un candidato sin militancia partidista para el boleto presidencial, y Beltrones, que respondió que el PRI no podía ser utilizado como “taxi” para candidatos que no fueran miembros del partido. Demasiado fuerte el choque en la arena pública, para permitir que la bola de nieve se convirtiera en avalancha.

Pero el café en el Balmoral el mismo día que los incondicionales de Nuño y Ochoa golpeaban al incondicional de Beltrones, tiene tipo de celada. La declaración sobre posible candidatos a la Presidencia que no fueran militantes, se leyó como un traje que estaba siendo hecho a la medida del secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Pero la secuela en Chiapas obliga a una nueva reflexión sobre si querer abrir la puerta a Meade fue o no un distractor. Quienes conocen a Beltrones tienen la certeza que su declaración contra los no militantes en busca de la Presidencia, fue platicada antes con Peña Nieto –a quien vio unos 10 días antes de hacerla–, por lo que Meade no sería realmente a quien buscaba cuidar Ochoa, sino a quien lo colocó el frente del PRI y metió en el juego electoral, Aurelio Nuño.
07 Julio 2017 04:08:00
Conversación con un sordo
La reunión en Hamburgo entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump se dará en medio de un frenesí en la relación bilateral que lleva tres semanas, y que tendrá su estación más importante este viernes, cuando Peña Nieto y su equipo entren a un túnel de 30 minutos para un diálogo con Trump, con quien hablar es como tener una conversación con un sordo que tiene proclividad al asesinato. Es decir, la interlocución está llena de incertidumbres, pero no por la preparación del encuentro y la acotación de la temática, como será en esa ciudad alemana donde se celebrará la cumbre del G-20, sino por lo poco predecible de su comportamiento y lo mercurial en sus emociones.

Esta reunión ha sido protegida con algodones. Hace dos semanas se programó la visita a México del secretario de Seguridad Interna, John Kelly, quien llegó a México acompañado por el director de la CIA, Mike Pompeo. El enfoque de seguridad y de tareas de inteligencia era evidente, pero el diseño de la visita sugiere un énfasis distinto. Ausentes por completo en los dos primeros días del viaje de Kelly y Pompeo fueron sus contrapartes y enlaces institucionales, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el director del CISEN, Eugenio Imaz, enfatizando la desconfianza en Washington con esa ala del equipo de Peña Nieto, y el interés por articular la relación bilateral con otras caras, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y los jefes de las Fuerzas Armadas, el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, y el de la Marina, almirante Vidal Soberón.

Kelly, de acuerdo con diplomáticos estadunidenses, planteó en Los Pinos los temas que Trump pretende abordar con Peña Nieto, la seguridad regional que integre a Centroamérica, migración y tráfico de armas, junto con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no vio directamente el secretario. No habrá sorpresas en Hamburgo, fue el mensaje de Kelly a Peña Nieto, pero los mexicanos no están seguros. En una plática con periodistas que acompañaron al presidente en el viaje a Europa, Videgaray dijo que esperaban que la conversación con Trump fuera en términos de cordialidad y respeto, que es hasta ahora el mayor déficit en la relación bilateral.

Trump no es el Gobierno de Estados Unidos, que en las áreas que conciernen a la relación con México, están trabajando con otro ritmo, tono e interés. Se vio en la preparación de la reunión entre los dos presidentes, que originalmente había anticipado el director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, sería tipo pull aside, como definen las reuniones de pasillo, rápidas y sin mucho contenido, preparadas más para relaciones públicas. En menos de una semana, Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado elevaron el nivel de la reunión, a una de trabajo, de 30 minutos –no de 10– y con la participación de secretarios y colaboradores. La fotografía que iba a ser la joya del encuentro, tomó densidad.

El temario de la reunión no podía ser extenso y se terminó de afinar durante la mañana del miércoles, antes de que llegaran Kelly y Pompeo a México. Los temas son los obvios, pero lo importante es lo que no se abordará, según lo acordado por los equipos: el muro fronterizo, que se ha convertido en la metáfora de la desastrosa relación entre Peña Nieto y Trump. Temáticamente será una reunión dentro de las líneas convencionales de este tipo de encuentros, pero políticamente, lo que no se ve, es lo relevante: el cuidado con el que el Gabinete de Trump quiere llevar la relación con México. ¿Será la plática tan tersa, como se ha negociado? Si la visita de Trump a Los Pinos en agosto del año pasado se puede tomar como referencia, será una conversación cordial y respetuosa, como espera Videgaray. La inquietud es sobre lo que puede venir después.

Tras aquella reunión en Los Pinos, Trump rompió los acuerdos tomados y habló contra México y los mexicanos. Ya como Presidente, habló por teléfono con Peña Nieto y se comprometió una vez más a no hablar públicamente de aquellos temas donde claramente había diferencias insalvables, pero volvió a destrozar lo pactado días después. Kelly, el secretario de Trump quien se ha encargado, quizás inopinadamente, de reparar los daños que provoca su Presidente y colocar bálsamo en las heridas a los mexicanos, ha tenido que trabajar horas extras para evitar un mayor alejamiento entre los dos países. Junto con el secretario de Estado, Rex Tillerson, ha ido construyendo la agenda bilateral cuidando que la Casa Blanca y sus supremacistas, no la dinamiten.

El tipo de reunión en Hamburgo, iniciativa de ese sector integracionista del Gobierno de Trump, volvió a enviar un mensaje de que las relaciones bilaterales tienen un diálogo ininterrumpido, aunque a veces tenga sus sobresaltos. En papel, los mexicanos están preparados. La próxima semana, para dar un seguimiento a los asuntos mexicanos, Videgaray estará en el Capitolio hablando con diputados y senadores sobre comercio y seguridad, cerrando estas tres semanas de frenesí. Todo está calculado y planeado por las dos cancillerías para que las cosas resulten de acuerdo con la partitura que escribieron, pero con Trump nada es seguro ni cierto, pues su palabra cambia al ritmo de su temperamento. Lo único es que los mexicanos ya saben que así es, y no va a cambiar. Estarán preparados para evitar un nuevo naufragio. Es lo menos que se espera de ellos.
06 Julio 2017 04:08:00
2018: choques en el paraíso
Los campos de batalla en el PRI se han establecido. Por un lado, Enrique Ochoa, impuesto por el presidente Enrique Peña Nieto como líder del PRI para enviar una señal al interior del partido que él era el jefe supremo. Por el otro, Manlio Fabio Beltrones, quien renunció al PRI tras las derrotas en 2016 en la contienda de 12 gubernaturas, donde ofreció su cabeza al Presidente como un sacrificio para que ajustara el rumbo de su gobierno, que tanto daño había causado en las urnas. Peña Nieto lo ignoró y sólo Beltrones pagó el costo de la humillación. Desde entonces, las fisuras en el PRI se han acentuado, donde la minoría, ubicada en el entorno peñista controla a la mayoría por la vía de los recursos que tiene la Presidencia para destruir a quien sea, si así se lo propone.

Beltrones, que probablemente tiene más prestigio hoy en día dentro del PRI que Peña Nieto y todo su gabinete junto, fue crecientemente presionado por los cuadros más experimentados del partido para que definiera su posición y dijera qué quería. Buscaban tener en él la cabeza del desafío a Peña Nieto, pero rechazaba las presiones. Hasta después de las elecciones en el Estado de México podría darse un posicionamiento, insistía a quien le preguntaba.

Finalmente, esa definición se dio en una entrevista con Reforma, donde anticipó que definirá si compite por la candidatura presidencial después de la Asamblea Nacional del PRI en cinco semanas, pero advirtió que su partido no puede servir de “taxi” de aspirantes sin identidad partidista.

Ante el pañuelo lanzado, Ochoa aceptó el reto. Al hablar con periodistas sobre la Asamblea, dijo que serán sus delegados quienes decidirán si aceptan o no a un candidato sin identificación partidista, que podrían ser él mismo o el secretario de Educación, Aurelio Nuño, entre el grupo presidencial que se encuentra entre los aspirantes. Ochoa fue más ambicioso y abrió la baraja para darle a Peña Nieto mayores márgenes para su decisión. Dirán los priistas, adelantó, si permiten que sea un no militante candidato por el partido a la Presidencia, con lo que abrió al debate público el cabildeo intramuros para que se modifique el estatuto que exige 10 años mínimo de militancia y que hayan tenido algún cargo de representación priista, que pudiera ser incluso representante en su casilla en una elección, que permitiría contender por la franquicia al secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

Este candado es la piedra de toque de la Asamblea General del PRI y en donde se juega el destino de la sucesión presidencial. Ochoa es la avanzada para el cabildeo que trata de eliminar ese candado de los estatutos, incorporado por los priistas en la ola de furia contra el expresidente Ernesto Zedillo, a quien muchos consideran trabajó contra el PRI desde el interior del PRI, y allanó el camino para que Vicente Fox acabara con el reinado priista en el poder. Impedir la llegada de otro perfil como Zedillo a una candidatura, sirvió durante años tanto como el modificado Artículo 82 de la Constitución, escrito en 1917 con dedicatoria al ministro de Hacienda, José Yves Limantour, y que evitó que figuras como Carlos Hank González nunca pudieran aspirar por la candidatura presidencial al haber nacido uno de sus padres en el extranjero. La disidencia priista ya planteó a la secretaria general del partido, Claudia Ruiz Massieu, que estarían dispuestos a eliminar ese candado a cambio de que Peña Nieto abriera el proceso de selección de candidato presidencial.

La respuesta de Los Pinos no ha llegado. Aceptar esa propuesta sería el equivalente para Peña Nieto de entregar la facultad, intocada hasta ahora, de decidir a quien desee como sucesor. Los resultados de la elección del estado de México le permitieron afianzar ese recurso metafísico de la política priista, y no hay señales de que abra el proceso de sucesión para hacerlo más incluyente, como lo hizo Miguel de la Madrid en 1987. Pero hay algo más. En la Asamblea General se espera que participen cerca de 10 mil priistas, pero más del 70% serán música de acompañamiento para efectos prácticos, pues unos dos mil 500 delegados serán los únicos que tomen las decisiones sobre el rumbo del partido.

Los preparativos de la Asamblea General no los ha realizado Ochoa. Peña Nieto encargó esa responsabilidad a Ruiz Massieu, que es una negociadora dura y con bajos niveles de tolerancia, y al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien ha trabajado estrechamente con el Presidente en materia electoral y partidista desde hace más de una década. La convocatoria de la Asamblea, redactada por Murillo Karam, no deja espacios para el debate abierto, menos aún para sorpresas. Es decir, podría argumentarse que si la mayoría de esos cerca de 2 mil 500 delegados deciden respaldar los deseos de Peña Nieto, podrá haber eliminación de los candados y construir el andamiaje para que decida por quien le plazca como su sucesor.

Una decisión vertical, como esa, mandaría un mensaje al PRI, donde Peña Nieto ha perdido sistemáticamente influencia, de autocracia partidista. Pero ¿llevaría a una fractura como en 1987? La mayor parte de los priistas consultados piensan que no, y que habría subordinación. Pero esas preguntas se hicieron antes de la definición de Beltrones, quien ya habló y a quien todos escuchan. El choque entre el PRI de Peña Nieto y el de Beltrones, en todo caso, comenzó.
05 Julio 2017 04:08:00
La seguridad, de mal en peor
Si en la primera parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la seguridad pública estuvo mal, en la segunda parte, en la recta final del sexenio, estará peor. En función de los resultados, esta es la peor área del Gobierno peñista, donde los rendimientos han sido sistemáticamente decrecientes.

Urge un rediseño de la estrategia para combatir el crimen, pidió el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en donde el Gobierno federal, los gobernadores, alcaldes y legisladores asuman su parte de responsabilidad.

Urge, sobre todo para el Presidente, porque la debacle de la estrategia amenaza con devorar por completo los últimos meses de Peña Nieto en Los Pinos, y su principal carta –de acuerdo con las encuestas– para ser el abanderado del PRI para la elección presidencial de 2018, el secretario Osorio Chong, está tocado de muerte política.

La boca se les ha llenado de palabras huecas a los funcionarios peñistas desde el arranque del sexenio.

La balandronada de que en 100 días acabarían con la violencia se convertirá en metáfora de su incompetencia.

El Gobierno del presidente Felipe Calderón les dejó un país en medio de una guerra civil, con una estrategia de fuego y muerte que tuvo su cénit en mayo de 2011, cuando las denuncias de homicidios dolosos alcanzaron la cifra de 9 mil 466 durante los primeros cuatro meses de ese año.

A partir de entonces, la estrategia de ser más rápidos para abatir o capturar criminales, versus la velocidad de los cárteles para renovar sus cuadros, comenzó a reducir la estadística de la muerte.

Para 2012, la cifra cayó a 9 mil 158, que bajó a 7 mil 902 al año siguiente, a 6 mil 887 en 2014, y 6 mil 708 en 2015, cuando el diseño de mucha coordinación en el gabinete de seguridad y no confrontación con los cárteles de la droga, tocó piso.

Los criminales le tomaron la medida al Gobierno. Se realinearon y se fortalecieron.

La guerra civil reinició. Para 2016, la estrategia de contención y administración del combate contra la delincuencia estaba destrozada. El discurso oficial siguió ensalzando los logros que contrarrestaban con el total de denuncias de homicidios dolosos, que son con los que se identifica a la delincuencia organizada en el Artículo 9 del Código Penal.

En 2016, ese tipo de delito sumó 7 mil 658 denuncias, lo que significó un incremento de 22% con respecto al año anterior.

El Estado de México, Guerrero y Chihuahua, registraron el mayor número de estos crímenes, acumulando la tercera parte de este tipo de delitos en los 16 años que llevaba el siglo. El Estado de México, no fue sorpresa, fue el primer lugar nacional en violencia.

El número de asesinatos en la categoría de homicidios dolosos en 2016 llegó a los 20 mil 549, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que significó un incremento de 20.6% con respecto a los 17 mil 34 homicidios dolosos denunciados en 2015, cuando ya se había notado un incremento de 8.8% con respecto a 2014. En los primeros cuatro meses de este año, lo que pasó fue el acabose. El total de denuncias presentadas por homicidio doloso se disparó a 9 mil 916, lo que significa un aumento de 29.5% con respecto al mismo periodo en 2016. Estos cuatro meses fueron el periodo más violento en la historia de México, o cuando menos, si se quiere ser purista, desde que se cuenta con registros de incidencia delictiva, hace 20 años.

Si las cosas estaban mal, como se apuntó en un principio, van a empeorar. En los primeros 54 meses del Gobierno de Peña Nieto, casi cuatro años y medio en total, el número de homicidios dolosos denunciados llegó a 83 mil 209. Como comparación, en los primeros 54 meses de gobierno de Calderón, hubo 70 mil 693 homicidios dolosos. La cifra en el actual Gobierno puede ser incluso mayor, por las variables en la medición. Una de ellas es que si no está identificada la persona asesinada, no se contabiliza. Aún así, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que recoge información de todas las procuradurías del país, durante el sexenio de Peña Nieto se han denunciado hasta el momento 12 mil 516 homicidios por encima del total de denuncias en el gobierno de Calderón, lo que representa un incremento de 17.7 por ciento.

Los estados con mayor número de denuncias de este tipo de delitos, son Veracruz, que tuvo un incremento de 122% entre 2015 y 2016, seguido de Michoacán (65%), Colima (259%), Baja California (42%) y Chihuahua (30%). En la suma general, 23 entidades del país sufrieron un aumento en las denuncias, lideradas por Veracruz, Michoacán y Colima.

En los primeros cuatro meses de este año, como botón de la extensión territorial de la violencia, se reportaron denuncias en 28 entidades, con Baja California, Veracruz y Sinaloa, a la cabeza.

Llamados como los que hizo De Hoyos Osorio Chong, como responsable de la seguridad interior y la gobernabilidad, deben ser una exigencia para las instituciones, que hasta ahora se han dedicado a dos cosas: a esconder la cabeza como avestruces, o a posponer el fortalecimiento institucional que tanto contribuye a esta debacle, por intereses partidistas particulares. A este respecto, no hay señales que las cosas cambiarán, ni la voluntad presidencial para dar un golpe de timón y rectificar el rumbo.
04 Julio 2017 04:07:00
Qué hacer con Trump
¿Qué puede hacer el presidente Enrique Peña Nieto para evitar que Donald Trump lo humille en la arena pública? Peña Nieto ya experimentó que la actitud conciliadora que tiene en privado se vuelve nuclear cuando se traslada al público. Una cosa le dijo Trump el último día de agosto del año pasado en Los Pinos, y otra su reacción tres horas después en Phoenix, al dinamitar la conversación que tuvieron durante la campaña presidencial. Otra fue la conversación telefónica, ya presidentes ambos, para acordar que donde la discrepancia fuera insalvable no hablarían de ello con los medios, que violó Trump ante una cámara de televisión. No hay garantía alguna para que lo que acuerden la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado para su encuentro este viernes en Hamburgo, sea respetado por él. Coloquialmente hablando, lo que vaya a resultar será un volado.

Peña Nieto y Trump sostendrán lo que llama el Departamento de Estado como una reunión pull-aside, que son rápidas y sin tiempo para profundizar, pero que sirven para subrayar el tema que más preocupa en ese momento, o enviar un mensaje de que esa relación es prioritaria. Trump tendrá encuentros pull-aside con nueve de los 19 líderes con quienes se verá en la cumbre del G-20 en Hamburgo a finales de esta semana. ¿Qué puede hacer Peña Nieto con Trump? Si la plática va a ser expedita, sin tiempo para abundar en un tema, la forma como se construirá lo que sucedió en ella no dependerá del presidente mexicano y cómo se le planta, sino de cómo su equipo diseña la narrativa del encuentro.

Lo peor que puede suceder es lo que ya están haciendo: emitir declaraciones inocuas, vagas y retóricas, o preparar comunicados que destilen miel. Un comunicado para hablar generalidades, como suelen hacerlo, junto con sus filtraciones a las columnas políticas anónimas donde ensalzan al Presidente, no sirve. No les ha funcionado en el pasado, no les va a funcionar ahora. Una comunicación política diferente podría hacer la diferencia. Pero, ¿serán capaces de reinventarse los mexicanos?

La incapacidad de tener una comunicación política eficiente que defienda los intereses mexicanos, no es exclusiva del Gobierno de Peña Nieto. Se extiende por muchos sexenios, explicado por la deformación gubernamental de pensar que información e igual a propaganda, que siempre los hace perder la iniciativa y estar siempre a la defensiva. El encuentro de Trump con Peña Nieto, por ejemplo, lo anunciaron en Washington el jueves pasado, cuando el director del Consejo Nacional de Seguridad, H.R. McMaster, y el director del Consejo Nacional Económico, Gary Cohn, dieron una briefing –equivalente informal a una rueda de prensa– a la prensa en la Casa Blanca sobre el viaje a Europa. Lo que hace la Casa Blanca es administrar la información.

En Hamburgo lo primero primero a través del pool –un grupo compacto– de periodistas que viajen en el Air Fore One, donde altos funcionarios del Gobierno darán a conocer el objetivo que van a alcanzar y lo que esperan de los encuentros más importantes. Ese pool da la información al resto de los periodistas acreditados por la Casa Blanca, con lo cual se empieza a construir su narrativa, con el énfasis deseado. Una vez en Hamburgo, la oficina de prensa de Trump llevará a los periodistas acreditados a funcionarios de alto nivel que irán explicando los detalles que quieren que se resalte de los encuentros bilaterales, con lo cual definirán el contenido de las pláticas. Otros países hacen lo mismo y neutralizan el spin –la intención– de la Casa Blanca. La experiencia en el gobierno peñista en este campo ha sido amarga, no sólo porque carecen de este procedimiento, sino porque ni siquiera se le da la atención requerida. En una ocasión, para una reunión convocada intempestivamente por el presidente Barack Obama, como la prensa mexicana quedó hospedada a 45 minutos de Washington, no llevaron funcionarios a hablar con ella porque, dijo un colaborador de Peña Nieto, “estaban demasiado lejos y no daba tiempo”. Aquella ocasión, como se ha dado sistemáticamente en otras, el tono y ángulo de la información no respondió a los intereses mexicanos.

La única forma como podría neutralizarse a Trump, pensando en la probabilidad que haga una de sus jugarretas, es trabajar una estrategia similar: un briefing este mismo martes a la prensa mexicana sobre lo que se espera, para no levantar expectativas falsas y orientar sobre las razones del encuentro, así como reportes diarios, por funcionarios de alto nivel, durante la cumbre del G-20. Esta información les permitiría construir la narrativa de esa gira de acuerdo con los intereses mexicanos, e inyectar antídotos a las ocurrencias de Trump con una versión alterna de lo que diga la Casa Blanca.

La batalla entre los dos presidentes se escenificará, como siempre, en el campo de la comunicación política. Y para entrar a esa guerra se tienen que reinventar los funcionarios mexicanos, dejando su solemnidad y opacidad a un lado. Nunca lo han logrado, por su confusión conceptual con lo que es la información y el mensaje, o generar propaganda en lugar de información. Pero tampoco nunca habían tenido una desafío tan grande como lo es Trump y su bipolaridad. Peña Nieto y su equipo lo saben perfectamente. Han vivido las frustraciones por su excesiva prudencia y falta de creatividad comunicacional. Nunca es tarde para rectificar. Imperdonable sería, con toda lo vivido con Trump, que vuelvan a cometer los mismos errores.
03 Julio 2017 04:07:00
El rival más débil
No es el mejor momento para una reunión entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, pero en unos días se verán las caras en privado. Hay que hacer dos consideraciones para tratar de entender por qué dialogarán en el marco de la cumbre del G-20 en Hamburgo a finales de esta semana: ¿cuándo es el mejor momento para reunirse con Trump? Si era inevitable que se cruzaran y hablaran durante las sesiones, ¿no sería más costoso el no tener un encuentro bilateral? Nunca habrá un buen momento para hablar con el actual inquilino de la Casa Blanca, porque hasta donde se ha visto su proceder, siempre es un viaje hacia lo desconocido tener cualquier tipo de interlocución o trato con él. Pero al mismo tiempo, el no formar parte del grupo de nueve líderes que hasta ahora se ha programado dialogarán bilateralmente con él, probablemente habría sido interpretado en México como un nuevo desdén del presidente estadunidense.

Difícilmente podrán sentirse tranquilos los funcionarios mexicanos más sensatos por el encuentro con Trump. La cancillería mexicana no había hecho ningún esfuerzo por buscar una entrevista entre ellos, porque no tendrían nada importante y concreto que pudieran anunciar. Una plática entre estos dos presidentes, que con otros mandatarios estadounidense se podían presumir en un comunicado lleno de caracterizaciones de que fue “cordial”, donde “revisaron los temas de la agenda bilateral” y “acordaron seguir trabajando” para fortalecerla por la calidad de la relación bilateral, no podrá ser tratada de igual manera porque a diferencia de antaño, en el caso de Trump, sólo jugando a las forzadas con él, levantándole la voz y confrontándolo, mandaría un mensaje de no subordinación.

Peña Nieto no presentará una postura de esas características porque genéticamente es todo lo contrario, de formas muy suaves y de trato débil cuando debe imponerse. Por si no fuera suficiente ese pasivo, Trump es un personaje impredecible y tramposo. Peña Nieto ya ha sufrido y padecido sus exabruptos y sus mentiras, pagando con humillaciones y descrédito los atropellos. El peor de ellos cuando en enero pasado prácticamente le retiró la invitación en público a ir a la Casa Blanca. Ese episodio precedió a un acuerdo de no hablar sobre el muro en la frontera y que México iba a pagarlo, como decía Trump, quien lo rompió en la víspera de que iniciaran delegaciones de alto nivel de los dos países las primeras pláticas sobre las relaciones bilaterales, a unos cuantos metros de la Oficina Oval.

Trump dijo el jueves 26 de enero en su cuenta de Twitter: el presidente Peña Nieto no debe visitar Estados Unidos a menos que México esté dispuesto a pagar por el muro. Poco después, por la misma red social, Peña Nieto anunció la cancelación del viaje, previsto para el día 30. Las primeras pláticas oficiales entre los dos países habían arrancado en la víspera, y recién se sentaban los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, comenzaron las hostilidades, que se convirtieron en insultos del supremacista consejero de Trump, Steve Bannon. Los mexicanos consideraron levantarse de la mesa, pero a fin de evitar lanzar la relación bilateral al abismo, aguantaron el maltrato.

La cancelación de la visita a Washington llevó la relación a uno de los puntos más álgidos que se recuerda, en situaciones incluso más difíciles que durante la tortuosa negociación sobre el acuerdo de gas natural durante el gobierno de José López Portillo, o más grave que cuando se enfrentaron los gobiernos de Miguel de la Madrid y Ronald Reagan por su intención de invadir Nicaragua. Se puede argumentar que fue la fisura más grande entre los dos países en tiempos de paz, que tuvo un proceso de recuperación con el trabajo que se realizó posteriormente con los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interior, John Kelly. Aún así, exabruptos antimexicanos de Trump, en medio de negociaciones bilaterales, llevó a Kelly en un momento, durante una de esas reuniones en la Ciudad de México, a disculparse con los mexicanos por las declaraciones de su Presidente.

El estado de relación bilateral ha continuado avanzando por buen camino, con acuerdos marco en materia de seguridad regional y alcanzándose los tiempos óptimos –para su aprobación antes de los periodos electorales de 2018– para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero por más sólido que sea los construido, no deja de ser frágil por la explosividad bipolar de Trump y su búsqueda permanente, en momentos de dificultad, de voltear una y otra vez a México para fustigarlo en los temas de migración y comercio que son los que mejor juegan con su electorado conservador, que mantiene aún de manera homogénea, para tratar de desviar la atención.

Angela Merkel, la canciller federal alemana y anfitriona de la Cumbre del G-20, anticipó la semana pasada que la presencia de Trump va a ser tensa y difícil, por temas como medio ambiente y libre comercio, donde se encuentra literalmente casi contra todo el mundo. Su temor fue confirmado durante el briefing que dio el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, sobre la reunión. “Desde la perspectiva de política exterior, el objetivo del Presidente será dejar claro, incluso a nuestros aliados, que Estados Unidos no puede tolerar un comercio injusto y prácticas desventajosa para nuestros trabajadores y nuestras industrias”, dijo. “Estamos preparados para actuar donde sea necesario”. No se necesita más. Trump va con la espada afilada. Peña Nieto, en el contexto actual, es su rival más débil.
30 Junio 2017 04:08:00
La moral de ‘El Bronco’
El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, tiene la lengua muy larga y la congruencia muy corta. Esta semana anunció que demandará a los principales medios de comunicación de su estado porque dicen mentiras y nadie les ha puesto un alto, afianzando en la ética pública su desafío. Al mismo tiempo, sigue mascando el chicloso podrido de su fiscal anticorrupción, Ernesto Canales, acusado de fraude en la Ciudad de México, y quien pese a ir perdiendo en todas las instancias judiciales su alegato de inocencia, lo mantiene en el cargo. Hace mucho tiempo Canales debió haber renunciado –en aras de la ética institucional–, o el Gobernador haberlo despedido, porque un presunto delincuente no puede ser el responsable de perseguir delincuentes. La doble moral de “El Bronco”, que se presenta como justiciero, es de antología.

Canales se encuentra en un pantano legal. Entre más se mueve, más se hunde. El 26 de marzo de 2012 fue acusado, junto con un viejo asociado, César Gerardo García Méndez, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La demanda, interpuesta por los abogados de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, señalaba que los abogados “se apoderaron y dispusieron en su beneficio” de los 6 millones de dólares pagados por Televisa, como compensación por la venta de sus acciones a Emilio Azcárraga Jean, “obteniendo un lucro indebido y generado un detrimento patrimonial” a su cliente. Canales lo ha negado siempre, aunque a través de denuncias periodísticas ha sido forzado a aceptar que existe el litigio en su contra.

A principio de este año, el caso tomó otra velocidad, cuando salió el pliego de consignación de la orden de aprehensión contra García Méndez, por el delito de administración fraudulenta. Según el pliego, violó el Artículo 234 del Código Penal al haber realizado operaciones perjudiciales al patrimonio de Paula Cusi, en beneficio de un tercero; en este caso, él y su entonces socio Canales, a quienes contrató para que resolvieran una disputa con Televisa. Por razones inexplicables, en el pliego de consignación del agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el 17 de febrero, Canales, presunto responsable de los mismos delitos, salvó una acción judicial en su contra.

La extraña actitud jurídica de las autoridades capitalinas, sólo se podían entender en un contexto político, donde el Gobierno de la Ciudad de México no se enfrentara con el Gobernador de Nuevo León, quien como ha sido su actitud, con seguridad lo iba a defender. Sin embargo, en los últimos días cambiaron las cosas. Para evitar que siguiera el camino de García Méndez, Canales promovió un amparo en contra de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por la negativa de determinar el no ejercicio de la acción penal. Es decir, que cerraran su caso exonerándolo de cualquier delito. No le funcionó. El amparo solicitado fue negado, con lo que el proceso judicial en su contra continúa.

El fiscal anticorrupción de Nuevo León utilizó argucias y mañas para ganar tiempo y buscar nuevas defensas contra las autoridades. Una de ellas fue no presentarse a la comparecencia para ir desahogando las pruebas –donde podía haber apuntalado su defensa–, y cuando lo apercibieron, dijo que nunca había recibido el citatorio. El Ministerio Público ya le giró otro nuevo citatorio, enviado por correo certificado. La fecha para que comparezca ante las autoridades es el próximo 10 de julio, en calidad de “probable responsable” del delito de fraude. El documento en el que se sostiene la presunta responsabilidad de Canales, está firmado el 28 de abril de 2011, donde la señora Cusi cedía “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de El Tigre Azcárraga Milmo, a su hijo Emilio Azcárraga Jean, a cambio de una contraprestación, que Canales no le informó que se había acordado, de seis millones de dólares, a cambio de desistirse de acciones legales para mantener el 16.6 por ciento de la empresa que le fue heredado por El Tigre. Este documento, llamado Carta de Instrucción, fue firmado por Canales y García Méndez con el representante de Televisa, Alejandro Bustos.

En ese documento solicitaban a Televisa determinar la forma como realizaría el pago compensatorio mediante dos opciones: 1) Un depósito a la cuenta de Summer Stream, C.V., por la vía de Abdadi&Co, Securities Ltd, en el banco Standard Bank Plc., en Londres, por 3 millones de dólares. Y, 2) mediante la contratación que llevara a cabo Televisa de los servicios de mercadotecnia de la empresa Summer Stream, C.V., por otros 3 millones de dólares. El representante de las empresas era Canales.

Canales afirmó ante el Ministerio Público que la señora Cusi estuvo informada de todas sus acciones, y presentó como prueba una carta que le envió el 21 de octubre de 2011, en donde detalló la negociación con los abogados de Televisa y el pago de los 6 millones de dólares que aplicó, “conforme a tus instrucciones, al pago de los honorarios de los distintos profesionistas que intervinieron tanto en la acción civil como en la penal, así como en la restitución de diversas cantidades pagadas por mí en tu nombre durante los procedimientos”.

Esa carta sí lo deslindaba de cualquier delito, pero hubo un problema: nunca se la entregó a la señora Cusi. Su exsocio García Méndez ya está pagando por el fraude. Canales sigue peleando para no ir a la cárcel. ¿”El Bronco”? Bien gracias, y mirando para otro lado.
29 Junio 2017 04:08:00
Los enojos de ‘El Bronco’
“El Bronco” está iracundo. “Es hora de ponerles un alto”, exclamó el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, a quien apodan “El Bronco”, al instruir al procurador de Justicia, Bernardo González Garza, analizar demandar a El Norte de Monterrey y su filial Reforma, Televisa, Televisión Azteca y el Grupo Milenio. El Gobernador está indignado porque El Norte publicó que gastó 7.4 millones de pesos para promover su imagen a través de la revista ARegional. “Es una tremenda mentira”, alegó, “se la han pasado echando mentiras porque este Gobierno no les paga un solo peso”.

Rodríguez apareció en la portada de la edición 63, con el título de “Confianza”, sobre su “exitosa” reestructuración de la deuda. Esa misma portada, en formato usual cuando los políticos quieren promover su imagen, apareció en espectaculares en las calles. No es el único gobernador que ha figurado recientemente en las portadas de ARegional. Anteriormente aparecieron el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval; el 62 de Puebla, Antonio Gali, y el de Yucatán, Rolando Zapata. “Nosotros no pagamos un solo peso”, se defendió Rodríguez. “Si la revista cobra o no cobra, o es un costo, es otra cosa”. Si no pagó, le preguntaron tramposamente los periodistas regios, ¿quién lo hizo? “El Bronco” se quedó callado.

El misterio de la promoción a su imagen causó polémica, la haya pagado o no. Pero la forma tan incendiaria como respondió a la información de El Norte sugiere que fue sorprendido por la publicación, que tiene vínculos interesantes. ARegional es dirigida por Cutberto Anduaga, quien tiene relación con Jorge Francisco Márquez, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, y brazo derecho del secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Anduaga da la cara de esa revista y consultora, de la que es socio Alberto Cano Vélez, director de Sociedad Hipotecaria Federal. Otro fundador, Manlio Fabio Beltrones, se retiró de la sociedad hace una década.

Se puede entender la reacción del Gobernador si ignora cómo terminó en la portada y los espectaculares de ARegional, que tiene publicidad permanente del Grupo Vallas, cuyo socio y fundador, el argentino Mariano Menéndez, también participó en el lanzamiento de la edición mexicana de la revista Forbes. Lo que es un tanto irrisorio es que aproveche este contexto para ajustar cuentas pendientes a los medios de comunicación en Nuevo León, contra los cuales ha estado enfrentado desde que era candidato a la Gubernatura.

“El Bronco” se regodeaba en la campaña con que iba a romper con las canonjías que le había dado el exgobernador Rodrigo Medina, porque él no compraba espacios en medios. Desde entonces, era tramposo. Su campaña en medios convencionales no le costó nada, en efecto, pero en las redes sociales un grupo de empresarios pagó a empresas multinacionales para que todo lo que él dijera o hiciera fuera ampliamente replicado. Su primer enemigo en los medios fue el Grupo Milenio, del cual dijo que les suspendería una pauta de mil millones de pesos y que cancelaría todos los proyectos de obra pública que sus dueños habían contratado con Medina.

“Los voy a meter a la cárcel”, alguna vez ofreció “El Bronco” al hablar con el patriarca del Grupo Milenio, Francisco González. No lo hizo, muy probablemente porque como en otros casos de persecución política, no ha encontrado elementos. La cruzada bronca contra los medios, revigorizada esta semana, comenzó el mes pasado, cuando anticipó que procedería legalmente contra los medios de comunicación que se beneficiaron de contratos otorgados por Medina, asignados directamente a través de familiares. “Hay hijos de comunicadores que se dedican a la obra pública que fueron beneficiados por el Gobierno anterior”, dijo a la prensa. “Se dieron contratos para promoción del Gobierno anterior a muchos medios y lo sabrá la prensa”.

Mucha palabrería y pocas acciones concretas. Durante su campaña recibió apoyo editorial gratuito e intenso por parte del Grupo Reforma, a través de su diario El Norte, mediante una alianza táctica que se dio de manera natural. El hombre que articulaba parte de la campaña y el Gobierno desde las sombras, cuando asumió la Gubernatura, era Fernando Elizondo, cuyo hijo estuvo casado con la hija de Alejandro Junco, el propietario y director general del Grupo Reforma. Elizondo ya no se encuentra en el equipo de Rodríguez, y lo que pudo ser una tregua, terminó.

El Gobernador, sin embargo, habla mucho, de más, y concreta poco. En mayo afirmó a los periodistas que su gobierno presentaría denuncias contra los medios que “desfondaron” las finanzas estatales, refiriéndose a las pautas asignadas por el Gobierno de Medina –enfrentado por cierto a El Norte–, porque aún tenían el descaro –no lo dijo de esta forma, pero se podría interpretar por su fraseo– de querer “cobrar sus deudas”. No habría nada de raro. Si les deben facturas, el Gobierno tiene que asumir las deudas. Si no le gusta lo que le dejaron, que no vaya contra el mensajero, sino contra el origen de su molestia.

Con el exgobernador Medina no ha podido en tribunales, y su gran oferta de campaña quedó sin cumplirse, con lo cual la luna de miel con el electorado se agotó y los problemas que tiene en la administración, gobernabilidad y manejo sobre todo, de la seguridad y las cárceles, le ha explotado. Que eso sea expuesto en los medios lo molesta, por lo que quisiera censurar todo lo que afecta a su imagen y su gestión. No lo logrará. La incompetencia demostrada en los 19 meses que lleva su administración es inocultable, se difunda masivamente o no. Pésimo gobernador, en función de resultados, y típico de los talantes autoritarios que busca en los medios la solución de sus problemas.
28 Junio 2017 04:08:00
Espionaje, hipocresías y panfleteros
El debate abierto sobre el espionaje a periodistas, abogados de derechos humanos y activistas ha tomado un rumbo absurdo. Se hace énfasis en la denuncia del programa Pegasus, que se utilizó para intervenir sus teléfonos celulares como si el software, por más inteligente que sea, decidiera que su papel no es indagar lo que planean los criminales o los terroristas, sino los adversarios del Gobierno. El absurdo que encierran estas palabras es equidistantemente proporcional al absurdo de la discusión. No es el programa, sino la utilización que se le da a Pegasus. No es perverso el software, sino quien o quiénes usaron su tecnología para fines ajenos para los que fue adquirido. Por tanto, Pegagus no es a quien se debe condenar, sino a quienes emplearon el sofisticado y eficiente programa para combatir al crimen, para el espionaje político.

Este último punto lleva a una discusión soslayada. El espionaje de marras no es el principio del problema, sino la última expresión de un delito que se arrastra desde hace más de dos décadas. El espionaje se convirtió en un deporte nacional donde participan los agentes políticos y sociales. Que lo practiquen los gobiernos es una verdad de Perogrullo. También lo hacen las grandes empresas, que practican intervenciones telefónicas. En las campañas electorales se denuesta a rivales con grabaciones y videos realizados subrepticiamente. Hasta se dio el caso en la elección presidencial de 2012, que un medio de comunicación pequeño pagó por la intercepción telefónica en la campaña de la panista Josefina Vázquez Mota, para hacerle favor al PRI.

Inexplicable, por limitado, que todo el debate público se enfoque al Gobierno federal. Esto no quiere decir que carezca de relevancia que los mexicanos sepamos quién abusó del poder al utilizar herramientas para combatir a la delincuencia y a terroristas, en personas que no eran una amenaza para la seguridad interior o la seguridad nacional del país, pero que tienen como común denominador que son una molestia regular para el Gobierno federal, aunque habría que preguntarse, objetivamente, si en efecto, Pegasus sólo está en manos de dependencias federales. Si queremos aproximarnos a la verdad, convendría revisar otros casos de espionaje.

El más importante, porque es el antecedente directo e inmediato a la investigación sobre el espionaje a periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, se publicó en febrero pasado en The New York Times, que reveló que tres de los activistas que cabildearon el impuesto a las bebidas con un alto contenido de azúcar habían sido espiados mediante un programa desarrollado por la empresa israelita NSO Group. El espionaje revelado la semana pasada involucraba al mismo diario y a la misma empresa fabricante del software, al que en esta ocasión ya identificaron como Pegasus.

La pregunta es si podría considerarse a Simón Barquera, director de investigación en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, Luis Manuel Encarnación, exdirector de la Fundación Mídete, y Alejando Cavillo, fundador de El Poder del Consumidor, que fueron los tres cabilderos espiados, representaban también una molestia para el Gobierno federal. Hasta donde uno puede alcanzar a comprender con lo que se aprecia en el primer plano, Barquera, Calvillo y Encarnación deben haber sido un dolor de cabeza para la industria refresquera y para quienes están vinculados a ella, porque el impuesto les iba a reducir sus márgenes de ganancia. Pero, ¿el Gobierno federal también resultaría afectado? Sólo positivamente, al ganar mayor recaudación. Entonces, si para el espionaje sobre tres personas que tenían como común denominador que eran una molestia para la industria refresquera se utilizó el Pegasus, ¿no existe la posibilidad que el software esté también en manos de quien no trabaja en el Gobierno federal?

Es aquí donde cobra sentido saber quiénes fueron los intermediarios entre el Gobierno y los proveedores, porque si como estableció el Times, el Pegasus sólo se vende a gobiernos para combatir el crimen y el terrorismo, ¿violaron los brokers las cláusulas de los contratos? ¿Vendieron quienes nunca debieron haber tenido acceso a ese poderoso software? Si fuera este el caso, los brokers tendrán un problema con los fabricantes del producto y el Gobierno federal, si desconociera el hecho, por sus descuidos en el tema de la seguridad y no vigilar que ese software jamás cayera en manos privadas.

Esto lleva la discusión a un siguiente nivel. ¿Por qué sólo se está enfocando la condena al espionaje ahora que se trata de periodistas, abogados de derechos humanos y activistas? La misma enjundia tendría que aplicarse al espionaje que desde principios de este siglo se ha venido realizando de manera sistemática a periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, pero también a políticos, funcionarios públicos y empresarios, que en el pasado, lejos de ser motivo de repudio, ha sido manjar para los medios de comunicación, que sin cuestionar los orígenes de infinidad de materiales ilegalmente obtenidos que se les hace llegar, los difunden como si fuera resultado de investigaciones
periodísticas.

El fin justifica los medios –la frase atribuida a Maquiavelo–, en su máxima expresión. El bien mayor es el sustento del aforismo. Sin embargo, ¿qué tantas veces ese tipo de prácticas ilegales fueron en beneficio del bien mayor? Muy pocas, en efecto. La mayor de las veces fue para difamar, estigmatizar y, finalmente, descarrillar a políticos o dañarles su imagen. El espionaje al servicio de la propaganda. De esto no se habla, por supuesto, porque de ese ejercicio han vivido medios y políticos en los últimos años, particularmente al servicio del poder.
27 Junio 2017 04:07:00
El solitario del Palacio (y II)
Quien dirige las guerras nunca está en la primera línea de fuego. Si bajo su mando se encuentra todo un Ejército y depende de su experiencia y estrategia el futuro de sus tropas y de todo lo que defiende, ¿es concebible que sea la persona que más se exponga a ser anulada de la batalla? Un Ejército sin cabeza se desarticula. Permitirlo es una tontería, pero la semana pasada eso sucedió en el Gobierno de México. El presidente Enrique Peña Nieto se batió en el campo de batalla de la opinión pública para responder las denuncias de espionaje contra periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, y lo acribillaron. Si ello no fuera suficientemente equívoco, el Presidente se fue a la guerra solo, sin generales, capitanes, o tropas detrás de él. Abandonado por sus colaboradores en Los Pinos y su gabinete de seguridad, que debió haberlo resguardado, lo aplastaron.

¿Quiénes le fallaron?

El jefe de Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, es el primer nombre en el colapso del respaldo a Peña Nieto. Desde que apareció la denuncia de espionaje en el diario The New York Times, Guzmán debió haber recomendado al Presidente una estrategia para hacer frente a lo que venía. Guzmán, que se distingue por su incondicional lealtad a Peña Nieto pero no por su brillantez estratégica, poco hizo. La denuncia creció en impacto en México y en el mundo. En Los Pinos decidieron que un oscuro funcionario de tercer nivel fuera la voz del Gobierno, sin entender la gravedad de lo que esa denuncia significaba. Tres aspectos concatenados pasaron sin reflexión en Los Pinos:

1.- Que la denuncia establecía que el espionaje se realizó a través de un programa que sólo se vendía a gobiernos, y que en el caso del mexicano, los únicos contratos conocidos eran de la Secretaría de Gobernación, el Cisen y la PGR. Debieron pensar que la carta era suficiente porque el Presidente y el equipo al mando de Guzmán, aseguraba desde que se difundió la información, que era mentira y que tendría que ser probada. Es decir, el problema no era del Gobierno, sino del Times y los acusadores.

2.- El Gobierno del presidente Peña Nieto, como actor sobresaliente de la iniciativa de Gobiernos Abiertos, estaba en entredicho. Esta iniciativa es una plataforma internacional donde compromete a sus signatarios a hacer a sus gobiernos más abiertos, responsables y sensibles a los ciudadanos, con mecanismos de rendición de cuentas incluidos. Si la Presidencia negó que se espiara, sin abrir inmediatamente una investigación interna para deslindar responsabilidades sin apelar a actos de fe, lo que transmitió no es sólo la negación a la posibilidad de infractores de la ley dentro del Gobierno, sino la cerrazón para poder verse hacia su interior y castigar a los eventuales violadores de la ley. La actitud siembra la posibilidad de que expulsen a México de esa plataforma.

3.- Con el paso de los días surgió más información sobre el espionaje. Entre ella, la posibilidad de que uno de los centros de fusión financiados por Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, que fueron creados para que funcionarios de los dos países realizaran trabajos de inteligencia para combatir a los cárteles de la droga o a terroristas, fuera el lugar desde donde se enviaron cientos de mensajes a teléfonos celulares para infectarlos con programas para clonarlos y activar remotamente su video y audio. Si esto es confirmado por Estados Unidos, hay dos opciones: o participaron en el espionaje en México, o el espionaje fue hecho a sus espaldas, con su dinero. Un conflicto diplomático, en el caso que desconozcan lo que se hace en esos centros, tocaría la puerta.

A decir por las declaraciones hechas por el Presidente el jueves pasado sobre el espionaje, es muy probable que todas estas consideraciones fueran soslayadas por su equipo en Los Pinos, ante la determinante línea discursiva de Peña Nieto que enseñó la ausencia de escenarios planteados por su equipo. Se puede argumentar lo mismo en las áreas donde debían haber trabajado las posibilidades y probabilidades de respuesta y acción, particularmente en la Secretaría de Gobernación y la PGR. Ni hicieron nada en público que aportara información contundente para impedir que a la denuncia original se le fueran añadiendo pruebas de espionaje, ni tampoco salieron sus titulares a la defensa de Peña Nieto.

Notable por su distancia del presidente fue el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, jefe del gabinete y responsable de la seguridad, cuya dependencia es una de las que adquirió Pegasus, programa que usaron para espiar, y que también compró el Cisen, que está bajo su mando, dirigido por un incondicional, Eugenio Ímaz, que tampoco dio la cara por el Presidente. Osorio Chong debió haber sido la voz del Gobierno, pero no lo hizo. Dejó que su jefe se enfrentara solo y diera la cara por él, a quien más protegió el Presidente con sus afirmaciones de la semana pasada. La misma actitud tuvo el procurador general, Raúl Cervantes, cuya dependencia tiene ese programa para combatir criminales.

Ninguno prestó el cuerpo y permitieron que fuera el Presidente quien peleara en la arena pública. Si alguien tenía que quedar lastimado y dañado, ¿tenía que ser el Presidente? Por supuesto que no. Era la última instancia; la última frontera del Gobierno. La realidad fue diferente. Dejaron a su jefe y líder peleando solo en la línea de fuego. Ellos, se quedaron a buen resguardo.
26 Junio 2017 04:07:00
El solitario del Palacio (I)
La definición del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto quedó escrita el jueves pasado con una tarde de perros en Jalisco, a propósito de las denuncias de espionaje contra periodistas, abogados de derechos humanos y activistas. En cuestión de horas amenazó a quienes denunciaron que los espiaban con tomar represalias, y reculó su lance intimidatorio al afirmar que respetaba la libertad de quienes, poco antes, amagó con censurar. El Presidente pagó con críticas e insultos en las redes sociales sus señalamientos, en una escena shakesperiana, donde él, solo en el centro del escenario, fue fustigado y linchado sin que nadie de quienes trabajan para él saliera en su defensa.

Un Gobierno completo vio la aniquilación pública de su jefe, sin entenderse cómo permitieron el juicio sumario de la opinión pública, y se escondieran para evitar que la indignación se volteara contra ellos. Una vez más, como tantas veces en el sexenio, Peña Nieto caminó sobre una plancha de fuego que lo consumió, mientras que sus colaboradores, en silencio, observaban el sacrificio. El libreto se repite. El Presidente que los cuida sin que lo protejan, que los defiende sin recibir reciprocidad, sacó la cara y el coraje por quienes debían, como obligación ética ante su jefe, haber sido los que enfrentaran el tsunami de acusaciones.

No era él quien debía haberse metido a la arena pública para hacer una defensa de su Gobierno. Nosotros no espiamos, dijo con una contundencia que sus asesores debían haber evitado y blindarlo del bumerán que significa involucrarse en el tema del espionaje de un gobierno. No lo ayudaron a refinar su discurso ni a atemperar su tono. Fue como si en el Gobierno sólo existiera él, y únicamente él fuera la voz de la administración. ¿Cómo pudo asegurar con tanta convicción que su gobierno no espía salvo a criminales? Su Gobierno es una democracia, dijo sofísticamente, como si las democracias no espiaran a sus ciudadanos. Cuán equivocado está.

Las democracias sí espían, como la Agencia Nacional de Seguridad lo hizo con miles de personas –incluido él– en aras de la seguridad de los Estados Unidos, país donde un presidente, Richard Nixon, espió a sus adversarios políticos y con ello transgredió la ley que le costó la jefatura de la Casa Blanca. Las democracias espían, la mayor parte de las veces escudadas en la protección de los intereses nacionales, violando la ley. Los asesores y los colaboradores del Presidente nunca debieron haber permitido que hablara sobre este tema, porque lo colocaron en el límite de la legalidad por asegurar cosas que, o no debería conocer, o si los desconoce, no debería de tocar.

Hay ejemplos históricos que enseñan cómo se cuida a un Presidente para no incurrir en un probable delito. En Estados Unidos, la más grande democracia, cuando el presidente John F. Kennedy autorizó la Mongoose Operation para derrocar al régimen de Fidel Castro en Cuba, la CIA no le informó que también trataría de asesinarlo, no por saltárselo, sino para evitar que en caso de que le llegaran a preguntar si él había ordenado el crimen, dijera no saber sin cometer perjurio. En México, cuando la subsecretaria de Telecomunicaciones, Purificación Carpinteyro, quiso entregarle al presidente Felipe Calderón un disco con grabaciones ilegalmente realizadas al secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se interpuso e impidió que las recibiera, porque eso llevaría al Mandatario a una probable situación de ilegalidad.

Ese tipo de acciones se hacen para darle a los presidentes salidas plausibles, mediante las cuales se les mantiene ignorantes de acciones que realizan sus colaboradores que pueden ser ilegales. Un presidente que no sabe que se comete una ilegalidad, no viola la ley. Un colaborador que por cualquier razón viola la ley, incluso con la intención de salvaguardar la seguridad del Estado, puede ser destituido sin afectar al presidente o al Gobierno. Mantener ajeno al Presidente de esas acciones es una obligación de sus colaboradores. Permitir que Peña Nieto se metiera al tema del espionaje y hiciera afirmaciones tajantes para negarlo, lo dejó sin márgenes de operación y sin puertas de escape, para él y para su gobierno.

Hasta este momento, todas las evidencias sobre el espionaje señalan a una rama del Gobierno como la responsable, por el hecho aún no controvertido de que el programa Pegasus, utilizado para intervenir la vida privada de 88 personas, sólo se vende a gobiernos. En el caso mexicano, los únicos contratos conocidos fueron para la Secretaría de Gobernación, el Cisen y la PGR. Si el Presidente negó “de manera categórica” que su gobierno espiaba a personas no vinculadas al crimen organizado o al terrorismo, uno puede asumir que la información se la proporcionaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador, Raúl Cervantes. Si el Presidente manifestó con firmeza la inocencia de su gobierno, ¿se puede presumir que conoce quién utiliza fuera del Gobierno programas para espiar?

El Presidente nunca debió haberse referido al tema del espionaje por lo delicado del tema en sí mismo. Pero igualmente, es injusto para Peña Nieto que su equipo lo haya abandonado en la arena pública en la batalla legal y política. Es inconcebible que nadie de sus colaboradores saliera a pararse frente a la opinión pública y defenderlo. La estrechez de miras, o lo timorato, o lo perverso del gabinete y el staff presidencial, o todas ellas juntas, quedó expuesta en esa tarde de perros que vivió su jefe y que sigue pagando.
23 Junio 2017 04:08:00
Seguridad, la debacle
Las justificaciones y los gemidos de dolor de los más altos funcionarios federales tratando de explicar por qué en mayo pasado se registró la tasa de homicidios dolosos más alta en la historia de México, o desde 1997, cuando se empezaron a contabilizar, son patéticos. La queja es que las deficiencias legales del nuevo Sistema Penal Acusatorio, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ha provocado que más criminales libren en automático la cárcel y regresen a las calles a matar, y el spin mediático es que el incremento de los asesinatos está en lo alto de la numeralia en los estados que recién cambiaron de mando, de un gobernador priista, a uno panista. Los dos argumentos, si bien no serían excluyentes, se contraponen en la desesperación de buscar explicaciones externas en las deficiencias internas.

Es cierto que en el Congreso no enmendaron la iniciativa –preparada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, y el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos– para conceder prisión preventiva a quienes cometieran un asesinato y sólo se les decomisara su arma. Pero también es cierto que no se hizo un buen trabajo. En enero de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto nombró a María de los Ángeles Fromow secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del nuevo sistema penal de justicia, dentro de la Secretaría de Gobernación. Un mes antes de entrar en vigor el sistema el 18 de junio de 2016, afirmó en una entrevista con Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula, que iba “a estar operando al 100% en todo el país”. No fue así.

Olvidando convenientemente las omisiones y deficiencias internas, se buscaron nuevos pretextos. El argumento mediático que comenzaron a utilizar en el Gobierno cuando los indicadores de la seguridad mostraron una tendencia a su agravamiento, fue que era resultado del descontrol en los estados por los cambios de Gobierno tras las elecciones en 12 estados el año pasado. Sin embargo, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre, revelan que las cinco entidades con el mayor número de incidencia delictiva, México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Baja California, no cambiaron de gobernante. Estas entidades, además, son también las que mayor número de homicidios dolosos registraron. Otro engaño.

Los pretextos son una fuga hacia delante. Disfraza con propaganda y retórica los errores de origen de la estrategia de seguridad pública, que provocó, con su fallido diagnóstico, que no se contemplaran correctamente los escenarios que provocaría el nuevo sistema penal acusatorio, una reforma legal de segunda generación, con una política de seguridad pública del siglo pasado. Gran parte de lo que se ha presumido en esta materia a lo largo del sexenio, ha sido mediante fuegos pirotécnicos y entrevistas que esconden una realidad que, probablemente, no alcanzaron a ver hasta que les corrió el cuerpo como gangrena.

Ignoraron las denuncias del desmantelamiento de Plataforma México al inicio de la administración, retrasando la construcción de la base criminal más importante, hasta la llegada de Peña Nieto a la Presidencia, de América Latina. Cancelaron drásticamente los esquemas de cooperación con Estados Unidos, con lo que perdieron el compartimiento de información de inteligencia de calidad y la ayuda para capacitar policías. La síntesis del desconocimiento del equipo de Peña Nieto lo revela la anécdota de uno de los miembros del equipo de transición cuando visitó el búnker de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal. Al abrírseles los salones secretos y mostrarles en tiempo real la persecución de un avión con cocaína desde Panamá a México, uno de esos miembros preguntó si los satélites que utilizaban podían mostrar los choques en las carreteras o ayudar a la vigilancia de las cadenas en los antros de la Ciudad de México. El proyecto de Gendarmería que le entregó el entonces secretario García Luna al presidente electo como un siguiente paso en el diseño de la seguridad pública, fue tirado a la basura por el equipo de transición. Se dejó de combatir durante ocho meses a los cárteles de la droga y se desmantelaron los protocolos de seguridad en el Sistema Penitenciario Federal.

Los resultados de mayo pasado eran previsibles desde entonces. Si la estrategia, altamente criticada por lo violento de su naturaleza, enmarcada además en los conflictos reales dentro del gabinete del expresidente Felipe Calderón, se cambió por mucha coordinación –que se mantiene óptimamente sólo en los discursos–, y campo libre para el crimen organizado, acompañada de una reorientación de los recursos, pero manejada de manera opaca a través de exfuncionarios del Gobierno de Hidalgo que protegieron del escrutinio público el destino de los dineros, con el argumento de que se trata de la seguridad nacional, era cuestión de tiempo que la tendencia a la baja de los delitos, se revirtiera.

Mayo de 2011 había sido el mes de mayor violencia en la historia de México y desde entonces, mes por mes, había una reducción en la incidencia delictiva. El cálculo, de haberse mantenido la estrategia durante el Gobierno de Peña Nieto, era que para 2018, la incidencia delictiva regresaría a los niveles de los 90. No hacerlo dio como resultado el mayo de 2017. ¿Dónde están los responsables de esta debacle de la estrategia de seguridad? Donde siempre. Protegidos, por la falta de rendición de cuentas, por su jefe el Presidente.
22 Junio 2017 04:08:00
2018: Osorio Chong
Revisemos el patrón del presidente Enrique Peña Nieto en la selección de candidatos del PRI a las gubernaturas de Nuevo León, Ivonne Álvarez; Tamaulipas, Baltazar Hinojosa; y Chihuahua, Enrique Serrano. Todos ellos punteaban en las preferencias electorales, y todos perdieron. En Nayarit, Manuel Cota, puntero en las encuestas, fue abanderado del PRI, y Alfredo del Mazo, en el Estado de México. Cota perdió y Del Mazo, de no haber sido por la alianza que ayudó a su partido, también habría perdido. Otros candidatos del PRI, que también iban arriba en las encuestas, salieron avante de sus compromisos. La suerte de todos ellos tenía como común denominador que fueron candidatos por gracia del dedazo presidencial y que, sin importar contexto o antecedentes, atributos o lastres, iban arriba en las tendencias electorales. Peña Nieto se arropó en la herramienta estadística para hacer su decisión final.

Entonces, si el Presidente se mantiene congruente con su modelo de decisión electoral para la sucesión de 2018, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, será el relevo natural de Peña Nieto en la candidatura priista. Osorio Chong ha trabajado por ella desde hace más de cuatro años, con un “cuarto de guerra” que cada semana se reúne para analizar estrategias. Este grupo de trabajo es innombrable, e inexistente cuando alguien solicita una respuesta oficial sobre lo que hace. Pero ahí se revisa qué debe hacer el secretario para navegar por las turbulentas aguas del peñismo sin riesgo de naufragar. Durante todo este tiempo le ha funcionado. Los negativos por la ingobernabilidad, la inseguridad o temas de su directa competencia como la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, le cayeron al Presidente sin daño para él.

Osorio Chong ha sido siempre el puntero priista en las preferencias electorales, y sólo en algunas ocasiones vivió el desafío del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila. Después de ellos dos está el vacío. Las tendencias del electorado muestran que el costo por su gestión ha sido intangible. No le afectó la fuga de Guzmán, ni el desastre en el sistema penitenciario. Tampoco le pegó haber sido él quien le dio carta de naturalización a los grupos paramilitares en Michoacán. La muy mala relación con el Gobierno de Barack Obama al inicio del Gobierno se debió a la forma como cerró las puertas a la cooperación bilateral en materia de seguridad que llevó a Washington a reorientar la ayuda dentro de la Iniciativa Mérida. Ese planteamiento produjo que el apoyo financiero al proceso del nuevo sistema penal acusatorio se redirigiera a Centroamérica, con lo que la capacitación de los policías se detuvo y provocó que criminales que deberían estar en la cárcel caminaran hacia la libertad por la incompetencia policial.

Durante el periodo de transición, Osorio Chong convenció al Presidente que como secretario de Gobernación también debía asumir el cargo de responsable de la seguridad pública, porque eso sería el camino hacia la coordinación en el gabinete para revertir la violencia en las calles mexicanas. El resultado fue que durante los primeros cuatro años de Peña Nieto la violencia fuera 28% superior a la del mismo periodo del enemigo de este gobierno, el presidente Felipe Calderón. Mejor prueba de la debacle de la estrategia de seguridad no podía haber. Peor aún. Los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelan que en mayo se registró la cifra más alta de homicidios dolosos desde que se sistematiza esa información, en 1997.

Los resultados de Osorio Chong no son los más sobresalientes del gabinete, y la acumulación de poder se convirtió en un búmeran. Hoy enfrenta el tema del ciberespionaje a periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, mediante un programa que sólo tenían la Secretaría de la Defensa, la PGR y Gobernación, que tiene dos áreas de inteligencia, el CISEN y en la Policía Federal. El secretario niega cualquier ilegalidad o abuso de autoridad, pero tendría que responderle, no sólo a la sociedad –este gobierno es muy refractario al pulso de los ciudadanos– sino al Presidente, como responsable de la política interna, cómo puede darse el espionaje político sin que sepan de dónde viene. O en su defecto, si sabe de dónde viene, quién es el responsable, o cómo fue posible –en el cinismo de otras naciones–, que lo hayan descubierto.

En cualquier caso tendría que haber consecuencias. Pero para fortuna de Osorio Chong, el Presidente no es proclive a que sus colaboradores rindan cuentas por sus errores y omisiones. Si fuera otro el perfil de Peña Nieto, hace tiempo habría perdido el empleo. Todavía más, pese a ser el secretario más aislado en el gabinete, de acuerdo con funcionarios de alto nivel, el Presidente le muestra una enorme cercanía en las reuniones de gabinete. Quienes han visto la interacción entre los dos, no aprecian la frialdad que se adjudica a su relación en los medios de comunicación.

La información que sale de Los Pinos –que es otra de las coladeras de información delicada dentro del Gobierno federal– sugiere que Osorio Chong ha caído del ánimo presidencial y que está en busca del Senado, ante lo que señalan su convicción de que no será candidato a la Presidencia. Pero con Peña Nieto nada es seguro y todo, en este campo, es incierto. Se puede argumentar, sobre la base de los antecedentes y el proceder del Presidente, que Osorio Chong sigue en la carrera, como puntero y rival a vencer.
21 Junio 2017 04:08:00
¿Inocentes de espiar?
Unas cuantas horas después de que circulara el reportaje del The New York Times sobre el spyware para intervenir comunicaciones de periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, el Gobierno de México envió una carta al editor del periódico, donde afirmó que “no (había) prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano (fueran) responsables del supuesto espionaje descrito en (el) artículo”. Firmada por un funcionario de segundo nivel de Los Pinos, la carta subrayaba el respeto a la privacidad y la protección de datos personales, como “valores inherentes a nuestra libertad, democracia y estado de derecho”. La carta jugó con la semántica.

Como el reportaje no identificó qué dependencia utilizó el programa llamado Pegaso, se escabulló afirmando que no se tenían pruebas de participación oficial. El Times, sin embargo, lo dejó claro. Desde 2011, apuntó al menos que tres dependencias federales compraron 80 millones de dólares en spyware a la empresa israelita NSO Group que aclaró, a petición directa de las instituciones que hicieron la investigación publicada por el diario, sólo vende ese programa a gobiernos con el acuerdo explícito de ser usado únicamente en el combate de terroristas, narcotraficantes o criminales. Es decir, si Pegaso sólo era vendido a gobiernos, el Gobierno mexicano es el único que pudo haberlo utilizado contra objetivos que no son criminales ni terroristas.

El Gobierno no quiso dar una respuesta directa a la opinión pública mexicana, y se escudó en la carta que decidieron, antes de que fuera publicada por el Times, divulgar su traducción a través de la cuenta de Twitter del vocero presidencial, Eduardo Sánchez, y presentarla como la respuesta oficial. La Presidencia, decía la carta, respetaba la privacidad de las personas y condenó “cualquier intento de vulnerarla”. Esta respuesta, sin embargo, es insuficiente. Llena los espacios de opinión pública, pero no va ni al fondo del problema, ni atiende los problemas que arrastran desde que inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

El caso de un periodista, fuera de la investigación que publicó el Times, es sintomático de la dialéctica entre algunos periodistas y medios de comunicación, y algunos funcionarios del Gobierno. Entre varios incidentes, dentro del contexto del hostigamiento, intimidación y espionaje, sobresalen:

1.- A mediados de 2014, después de varios textos sobre la ilegalidad de los grupos de autodefensa en Michoacán, comenzó a ser seguido. El periodista descubrió la cola y los confrontó. “Si me están tomando fotografías”, les dijo, “les voy a tomar fotografías yo”. Dos fotografías fueron entregadas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ofreció investigar quiénes eran. Hasta la fecha, nunca dio respuesta. El periodista investigó y encontró que las placas del vehículo correspondían a una empresa de seguridad en el Estado de México.

2.- A finales de 2014, molestos en la PGR por su cobertura sobre la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, desde la oficina del entonces procurador Jesús Murillo Karam, se ordenó que investigaran su vida privada, y durante semanas se recopiló información a través de intercepción de teléfonos y de otros periodistas, para conocer su patrón de comportamiento.

3.- En 2015 recibió varios mensajes de texto en su teléfono celular, similares a los descritos en la investigación que publicó el Times, así también uno repetido que llegó como mensaje directo en su cuenta de Twitter, que procedía de la cuenta del periodista Ricardo Alemán –muy probablemente clonada–, que decía: “Ya viste esta foto tuya que esta en Twitter goo.gl/c85E4F Es real? si eres tu? Que te paso ese día!”.

4.- Durante 2015 y 2016 continuaron llegando mensajes de esa naturaleza a su teléfono celular, referidos a presuntos robos en su casa, supuestas fotografías comprometedoras de él o amigos suyos, o peticiones de apoyos solidarios.

5.- En el mismo periodo, varios intentos de penetrar a su teléfono celular fueron hechos desde dos números telefónicos de direcciones inexistentes. Los números desde donde se hicieron los intentos de penetración aparecían siempre ocupados cuando se marcó para rastrear esas llamadas.

Varios de estos episodios fueron presentados informalmente en instancias de Gobierno que escucharon con atención, pero nunca actuaron. Tampoco mostraron alerta por lo que sucedía. Lo único que algunos altos funcionarios aseguraron, era que no se trataba de un tema ordenado por el Gobierno. No era el caso más serio ni más sistemático que se había hecho contra un periodista, pero al ser denunciado ante las mismas instancias, tampoco hubo una respuesta de interés por resolverlo. Lo que sí sucedió fue que cuando publicó una información que relacionaba al CISEN con este espionaje, plumas oficiosas descalificaron el texto, sugiriendo que se trataba de una mentira.

El caso del periodista revela un patrón de intimidación, hostigamiento y espionaje que muestra en su conjunto, una vigilancia sistemática contra él. Como probó la investigación en el Times, el uso político de las herramientas de inteligencia es mucho más grande de lo imaginado, que abarca no sólo a periodistas, abogados o activistas, sino a quienes consideren un adversario o enemigo potencial, aún cuando este se encuentre –como irá emergiendo gradualmente–, dentro del mismo Gobierno. Por esta última razón, fue lamentable la respuesta del Gobierno al periódico neoyorquino. Ojalá se hubiera abierto una investigación interna que pudiera sostener la palabra inicial del Gobierno o encontrar a quien dentro del propio Gobierno está abusando del poder y los recursos a su disposición. La negación absolutista, cubre de sombras y sospechas el comunicado que eso quiso disipar. En estos tiempos, la apertura, no la cerrazón, es algo que debe considerar.
20 Junio 2017 04:07:00
Espían a los críticos
Un amplio reportaje en The New York Times este lunes dan cuenta del espionaje político en México. “Los más prominentes abogados de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción han sido objetivo de un spyware sofisticado que se vendió al Gobierno de México con la condición de que sólo se utilizara para investigar criminales y terroristas”, comienza el texto. “Los objetivos incluyen abogados involucrados con la desaparición masiva de 43 estudiantes, un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y un estadunidense que representa víctimas de abuso sexual por parte de la Policía”.

El Times llegó a esta historia del México contemporáneo muy tarde, pero al ser el diario de mayor influencia en el mundo y que suele asustar a los funcionarios mexicanos con bastante facilidad, su interés por el tema debe ser agradecido por la posibilidad de que finalmente provoque una reacción en el presidente Enrique Peña Nieto, que al soslayar lo que durante su gobierno se ha publicado sobre el espionaje político, no sólo avaló lo que sus servicios de inteligencia hacían, sino que, en la negligencia de obligarlos a que se mantuvieran dentro de los márgenes de la ley, llevará la penitencia de que ahora, la responsabilidad de las ilegalidades se le carguen a su gestión.

En octubre de 2015 se dio a conocer en este espacio la existencia del programa mediante el cual el CISEN –el reportaje del Times no identifica a las instituciones que utilizaron el spyware– realizaba espionaje político. En la segunda de tres entregas sobre “¿Para qué sirve el CISEN?”, se mencionó directamente dos listas de teléfonos que habían sido infectadas por el programa. “No se sabe cuántos teléfonos de actores políticos y sociales, de agentes económicos o periodistas, tiene interceptado el CISEN, pero la sábana con los números, que corresponde a un periodo específico este verano, muestra un enorme abanico de intervenciones”, se apuntó en ese entonces.

“De acuerdo con el documento, hubo 729 intervenciones telefónicas, aunque una decena de personas espiadas aparece con números adicionales. Hay una serie de nombres de personas que no son públicas o empresas de seguridad, comercializadoras, de asistencia pública e inclusive de una televisora. Pero también, sin saberse el nombre pero sí en dónde se contrató la línea, un teléfono registrado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cuestión de nombres, hay varias líneas intervenidas que fueron contratadas por Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, y los teléfonos celulares de la afamada conductora de radio Carmen Aristegui, y de quien esto escribe.

“La forma como buscaron entrar en esos teléfonos, de acuerdo con expertos consultados, es a través de un software malware, que es un código maligno que se infiltra en los dispositivos mediante el cual se pueden emitir mensajes de texto. Un modelo clásico de estos mensajes puede decir, con un lenguaje que parecería el de una persona con quien se tiene amistad, que “unas personas extrañas se presentaron en su casa”, por lo que le envían un enlace para ver la fotografía. Lo que permite ese enlace, que nunca abre, es que el virus se meta al teléfono y permita dos objetivos: la escucha y el análisis de la red de vínculos que se encuentra en el aparato, a fin de poder determinar su abanico de amigos y conocidos que permitan, construir sus relaciones”.

El Times reiteró que el programa se llama Pegaso, del Grupo NSO, un fabricante israelí de armas cibernéticas al cual, desde 2011, cuando menos tres dependencias federales mexicanas le han comprado software por 80 millones de dólares. La existencia de estos programas surgió en noviembre de 2011 durante una entrevista con David Vincenzetti, socio fundador de Hacking Team, una empresa italiana fundada en 2003, con el periódico inglés The Guardian, quien reveló que habían vendido sus dispositivos en 30 países en cinco continentes. Su principal producto era un programa llamado Da Vinci, dentro de su Sistema de Control Remoto, bautizado como Galileo.

En este espacio, bajo el título de “Espionaje a Mexicanos”, publicado a mediados de 2015, se señaló: “El Ejército, la Marina, la Policía Federal, el CISEN y 11 gobiernos estatales, han espiado masivamente a mexicanos, a través de un sistema que interviene a control remoto dispositivos móviles, copia mensajes de texto, conversaciones de Google, Yahoo, MSN y Skype, y extrae todos los datos y el historial de las computadoras, sus audios e imágenes de la webcam, que les permiten, además, grabarlos mientras trabajan. Esta es la más grande revelación que se haya dado de cómo en México los gobiernos espían a sus gobernados, y el mayor descubrimiento de cómo la vida privada en este país, es inexistente”. A la fecha, varios de esos contratos ya expiraron.

Cuando todo esto emergió a la opinión pública en 2015, nada pasó. Cuando se revelaron detalles del spyware contra personas que tenían discrepancias con las políticas del Gobierno, tampoco. Desde hace 15 años, el espionaje político como herramienta de la política es el mejor vehículo para alcanzar objetivos políticos. El reportaje del Times, aunque tardío, es vital por la colonización de ese periódico sobre la vida pública mexicana. Si ahora que ventila estas violaciones ayuda a que se pongan fin a las ilegalidades, habrá que celebrarlo. Lo más importante es llegar a un fin a estos abusos y que quienes los cometieron, paguen por sus delitos.
19 Junio 2017 04:07:00
2018: Los que no van
La prensa política se sacudió el viernes pasado de una manera asombrosa, luego que en la víspera, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, publicó en Twitter una fotografía con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en los jardines de la Universidad Internacional de Florida, en un receso de la conferencia sobre Seguridad y Prosperidad Centroamericana. Videgaray escribió una frase: “Como desde hace casi 30 años, con @JoseAMeadeK caminando juntos”. Como desde el ITAM, brazo con brazo, suficiente para generar diversas interpretaciones, todas de ellas electorales.

¿Por qué Videgaray y Meade, sin estar con ellos el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, otro protagonista de esa conferencia en Miami? En el horizonte de la sucesión presidencial en 2018, ¿era un mensaje de cohesión de grupo político frente al aspirante más aislado dentro del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Era acaso un desdén al jefe de la política interna del país? El primer plano de la fotografía se prestó a varias explicaciones semióticas, pero existe otra razón, profunda y desconocida por el gran público, del porqué, de la nada, Videgaray publicó esa gráfica, que no pareció una imagen tomada en forma circunstancial, sino planeada y fabricada para un propósito concreto: mostrar que entre él y Meade, no existen tensiones ni distanciamiento, sino que mantienen la misma cercanía como aquella que se forjó en los 90s en la universidad.

Dentro de las más altas esferas del poder han notado que desde hace varios meses se han dado enfrentamientos entre los dos secretarios. Funcionarios del Gobierno y políticos con acceso a la casa presidencial, dicen que se originaron por una mayor cercanía de Meade con Peña Nieto y la creciente capacidad del secretario de Hacienda para captar la atención del oído presidencial, donde el intermediario durante más de cuatro años de administración, Videgaray, fue desplazado. Son los celos de Videgaray, explicaron políticos, los que llevaron a la tensión con Meade, que tuvo uno de sus momentos culminantes cuando se decidió la candidatura del PRI al Gobierno del Estado de México.

Cuando la senadora Ana Lilia Herrera fue hecha a un lado por la unción de Alfredo del Mazo, Videgaray, quien la había propuesto como candidata porque si bien estaba abajo del entonces diputado en las encuestas de preferencia electoral, estaba menos vinculada al Presidente y, por lo mismo, tendría mayor espacio para poder decir cosas en la campaña, le pidió al Presidente, como premio de consolidación, la dirección de Banobras, cuyo titular, Abraham Zamora, había llevado a Relaciones Exteriores como jefe de Oficina. Cuando le informó a Meade, el secretario de Hacienda protestó y Videgaray le dijo que era una decisión tomada por el Presidente, y que si no le parecía, que le dijera a él, según políticos que supieron de esta conversación. Meade fue con Peña Nieto y le explicó que necesitaba a un financiero, no una política, para poder hacer un buen cierre en el principal banco de desarrollo del país. El Presidente reculó y Meade logró que nombrara a un viejo colaborador suyo y amigo cercano, Alberto Peredo Jiménez.

Las tensiones, de acuerdo con funcionarios y políticos, continuaron y han estado afectando lo que parecía iba a ser el paso natural de Meade a la presidencia del Banco de México en otoño, una vez que se hiciera efectiva la renuncia de Agustín Carstens. Esta mudanza contaría con todo el respaldo de Videgaray, autor intelectual del eventual nombramiento. Sin embargo, de acuerdo con la información recabada, Videgaray tuvo segundos pensamientos. Si Meade saliera, ¿a quien impulsaría como su sucesor? Con poca duda, el sustituto sería el director de Pemex, José Antonio González Anaya, cuya línea de amistad es con Meade, no con Videgaray. El poderoso secretario terminaría de perder el control y ascendencia sobre todo el gabinete económico y órganos autónomos, por lo que en los nuevos realineamientos, a quien está impulsando es al subsecretario del ramo en Hacienda, más cercano a Videgaray que a Meade, Miguel Messmacher.

Meade se quedaría entonces en Hacienda hasta el final del sexenio. Tampoco sería candidato. La especulación sobre su unción no tiene puerto de destino en este momento. Si hay alguien de todos los suspirantes en el entorno de Peña Nieto que por definición no podrá ser candidato del PRI, es Meade. Existe un candado desde hace más de una década en los requisitos para aspirar a la candidatura presidencial, que exige una militancia mayor a los 10 años y haber tenido un cargo en el partido. Meade no sólo carece de ello, sino que ni siquiera es miembro del PRI. Forzar su candidatura desde Los Pinos podría generarle una rebelión priista al presidente. A menos que en la próxima Asamblea Nacional del PRI agosto se cambiaran los estatutos para eliminar esos candidatos, Meade está eliminado de la competencia.

Hablar sobre él en términos de sucesión presidencial es tan ocioso como plantear hoy en día que Videgaray sigue acariciando la posibilidad de ser candidato. La racional del canciller es exactamente la misma por la que se oponía a Del Mazo: es demasiado cercano a Peña Nieto y los temas prácticamente seguros en la campaña, como corrupción, contaminan tanto al Presidente como a él. Videgaray debe saber la poca viabilidad que tiene su eventual candidatura, y conoce del obstáculo estatutario de Meade. Los dos irán juntos al 2018, pero no en calidad de tándem sucesorio sino, hoy por hoy, acompañando a Peña Nieto hasta el final de su sexenio. Claro, si no sacude el trapecio el presidente a contra sentido.
16 Junio 2017 04:00:00
El epicentro del crimen
Desde hace más de una década, en el Departamento de Estado llaman a Honduras “el hoyo negro”, porque esa pequeña nación centroamericana es una exportadora masiva de criminales, con redes en México a través de Los Zetas, y las triadas chinas, que manejan parte de la inmigración indocumentada hacia Estados Unidos. Honduras siguió el camino que trazó la Mara Salvatrucha, la pandilla creada en los 80 en Los Ángeles con salvadoreños que huyeron de la guerra civil financiada por Estados Unidos. Con esas dos naciones penetradas por delincuentes, Guatemala, la primera puerta de entrada a Norteamérica, quedó infectada y se sumó, en la Mesoamérica, a los cárteles mexicanos con los que expandieron el crimen trasnacional.

Este fenómeno –abreviado en extremo–, explica la vieja preocupación de los gobiernos en Washington y la Ciudad de México para establecer un freno en el Suchiate mediante la construcción de una barrera de contención, equivalente a un buffer state. Las desconfianzas mutuas llevaron a que durante muchos años la cooperación regional entre los dos países estuviera limitada. Pero en la última parte del Gobierno de Barack Obama, el entonces jefe de la Casa Blanca se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y dieron las primeras pinceladas para un acuerdo marco, que ha tenido como su primera expresión la Alianza para la Prosperidad, impulsada por los países del Triángulo del Norte, que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras.

La primera gran reunión de la Alianza para la Prosperidad en el Gobierno del presidente Donald Trump comenzó ayer en Miami, convocada por Estados Unidos y México, que están trabajando para establecer controles a la migración, utilizada por los cárteles de la droga mexicanos. Pero si bien el tema de la seguridad es dominante y lo que más atención genera en la opinión pública, el énfasis en el cual se están centrando los dos gobiernos, como una forma para enfrentarla bajo otros ángulos y estimular el desarrollo económico, es la parte fiscal.

Como nunca antes en el esquema de seguridad regional, hay un desdoblamiento en la estrategia para combatir el crimen trasnacional, como se vio en la sesión de este jueves con los secretarios del Tesoro, Steven Mnuchin, y de Hacienda, José Antonio Meade, que sacaron a las reformas fiscales del ángulo ciego en que se encontraban. Andrew Wainer, director de Investigación de Save the Children en Estados Unidos, sostiene que el impacto de la evasión de impuestos es particularmente alarmante en el Triángulo del Norte, donde se mezcla con la ausencia de un estado de derecho. De acuerdo con el Global Financial Integrity, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, los flujos financieros ilegales costaron mil billones de dólares en 2013 a las naciones en desarrollo, que “tienen un terrible impacto subversivo sobre los gobiernos, las víctimas de los crímenes y la sociedad”.

En su último reporte en marzo sobre este tema, el presidente de esta organización, Raymond Baker, afirmó: “La comunidad internacional ha puesto muy poca atención al combate del dinero en el crimen trasnacional, prefiriendo enfocarse sobre lo material o las manifestaciones de los crímenes. La lucha debe ser redirigida a combatir el dinero que el crimen genera. Esto significa cerrar el oscuro sistema financiero que facilita el movimiento del dinero y la secrecía de los recursos que se generan ilegalmente. Nada de esto es técnicamente difícil. Es un asunto de voluntad política”.

Este es el gran giro que se está viendo en Miami. “América Latina es la región más inequitativa en el Mundo, y el Triángulo del Norte es notoriamente pobre en recaudación de impuestos y equidad en el gasto”, dice Wainer. “Mientras que algunas naciones latinoamericanas emplearon una tasa impositiva progresiva para reducir la desigualdad en el ingreso, la política fiscal regresiva en Centroamérica exacerbó su de por sí severa desigualdad. En los últimos años, Guatemala tuvo el radio más bajo de impuestos comparado con el Producto Interno Bruto, con 12%, en comparación con Brasil donde la tasa fue de 36% o Dinamarca, donde fue de 48%”.

Wainer explica que junto con las estructuras fiscales regresivas, América Central está plagada por algunas de las tasas criminales más altas del mundo, como la extorsión, que la organización privada InSight Crime ubica como “el epicentro” global al Triángulo del Norte. Los salvadoreños pagan 400 millones de dólares anuales en extorsion, mientras los hondureños pagan 200 millones y los guatemaltecos 61, de acuerdo con la prensa local. “Los centroamericanos pobres están atrapados en medio de las estructuras fiscales formales y legales que privilegian a los ricos y a las prácticas ilegales que afectan a los pobres”, dice.

La intención de México y Estados Unidos es que reorienten su sistema fiscal para hacerlas menos vulnerables al crimen. No es una ruta fácil y está llena de contradicciones. Peña Nieto sigue pagando en las encuestas de aprobación la reforma fiscal de 2013, que fue progresiva y le generó derrotas electorales en el norte del país, mientras que la idea de Trump, reducir impuestos, se contrapone a lo que Mnuchin pide para Centroaérica, cuyos gobiernos siguen teniendo respaldo sólido de los grupos empresariales, que serían los más afectados por una reforma fiscal. Pero la disyuntiva es clara: ceder para ganar. Es decir, reducir utilidades a cambio de hacer viables esas naciones para inversión, desarrollo y mercado de consumidores, o dejar que sea el crimen trasnacional el que determine el futuro de la región.
15 Junio 2017 04:08:00
Andrés Manuel el puro
Andrés Manuel López Obrador pasó la factura al PRD porque su candidato a la Gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, no declinó a favor de Delfina Gómez, candidata de Morena. Zepeda y el PRD sí les hicieron daño. Los medios de comunicación le abrieron sus puertas y en un instante se convirtió en la sensación de la campaña electoral. Obtuvo un millón de votos, básicamente de Neza, el municipio donde fue alcalde, y contribuyó a quitarle electores a Morena en la zona metropolitana de la Ciudad de México y el sur del estado. No se lo perdonó López Obrador. De mercenario no bajó al partido que lo postuló dos veces a la Presidencia, y adelantó que no buscará una alianza con el PRD en la elección presidencial de 2018.

López Obrador perdonó al PT, que a cambio de que el presidente Enrique Peña Nieto ordenara a su partido que le apoyara con los votos suficientes en Aguascalientes para que no perdieran el registro y las prerrogativas, fue su aliado táctico en cuanta elección se presentó en el último año hasta que, una semanas antes de la elección del 4 de junio, su candidato a gobernador en el Estado de México, Óscar Yáñez, un bon vivant oportunista de la política, la entregó sus pocos votos a Morena. La memoria de López Obrador no es longeva sino coyuntural. Sus decisiones aliancistas murieron y nacieron hace dos domingos, bajo un criterio purista, teológico como su discurso, de que con los impuros no emprendería la marcha hacia el 2018, mientras que los arrepentidos, como el PT, serían indultados.

Para la sucesión presidencial que ya comenzó, López Obrador reclutará perredistas y líderes sociales en todo el país, sin meterse al pantano donde chapalean sus dirigentes. Es una decisión principista, aunque maniquea, sobre cómo ve el panorama político y electoral, y cómo analizó los resultados de Morena el 4 de junio. Muy bien en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, donde su candidato fue un factor de la aplastante derrota del PRI, y menos bien en Veracruz, donde el impulso de las elecciones del año pasado lo mantuvo como tercera fuerza, pero sin la energía de aquél entonces. Aún así, el gran malestar en el país, que se alineaba a favor de los candidatos de Morena, no le alcanzó para ganar posiciones de gobierno, salvo un puñado de alcaldías veracruzanas. La pregunta si con el andamiaje que está mostrando hoy en día López Obrador, le alcanzará para ganar la Presidencia, tiene una respuesta simple: no.

Con sus amarres actuales, López Obrador no tiene el combustible para ir a las elecciones presidenciales con claras posibilidades de ganar. Será una fuerza competitiva, pero no la locomotora que parece cree tener. Por ello debería ser más prudente y menos soberbio. El dinero y las irregularidades durante las campañas no fueron las únicas razones por las que no alcanzó la Gubernatura mexiquense o mejores resultados en Veracruz. Tuvo errores en la organización, como la falta de representantes de casillas en el Estado de México, y no menos relevante, la campaña sucia que le endilgó el PRI fue kryptonita.

La revelación del llamado diezmo de Gómez cuando era alcaldesa en Texcoco, no le quitó puntos, de acuerdo con sus estrategas, pero frenó su avance ante el priista Alfredo del Mazo. La campaña con el instrumento útil de Eva Cadena, la candidata a una Presidencia Municipal en Veracruz, que apareció en un video recibiendo dinero que decían era para López Obrador, golpeó de manera importante la imagen de honestidad del jefe de Morena, de acuerdo con resultados preliminares sobre el impacto electoral de la campaña. Su fuerza quedó menguada y no fue suficiente para impulsar en el último tramo a su candidata mexiquense. Un estudio de la Central de Inteligencia Política que publica mensualmente El Financiero, que mide los impactos en los medios, encontró que la cobertura negativa sobre López Obrador en el mes previo a la elección, se incrementó en 360 por ciento.

López Obrador no parece estar analizando con frialdad la variedad de recursos que se utilizaron contra él y Morena en los procesos electorales pasados, aunque su comportamiento luce bipolar en ocasiones. No se sabe aún, por ejemplo, el tamaño del impacto negativo de su alteración durante la entrevista con Pepe Cárdenas en Radio Fórmula, con quien prácticamente se peleó al aire. Cárdenas, un profesional probado y reprimido en el pasado por la defensa a su libertad, quedó periodísticamente reivindicado mientras que su interlocutor exhibió su piel delgada y a veces intolerante. Más grave aún, en términos de comportamiento, fue la manera como criticó también a Carmen Aristegui, en otra entrevista por internet, por no hacer bien su trabajo. Aristegui es incondicional de López Obrador, por lo cual los expertos se preguntan: si a una leal maltrata, ¿qué será con quienes discrepan con él?

Ya se está viendo. Los excluye, los critica, los insulta. López Obrador comete un error que puede pagar el próximo año si no rectifica. No puede negarse a una alianza con quienes no piensan como él, por el hecho que no se subordinen a sus necesidades y deseos. La elección en el Estado de México lo mostró vulnerable y eliminó la inevitabilidad de que caminará hacia Los Pinos el próximo año. Debe entender que el ejército que ha juntado hasta ahora no le dará para ganar y que tiene que convencer a otros, en la sociedad política y en la civil, que es la mejor alternativa para el país, pero sin ese purismo con tufo totalitario que asomó en él durante las tres últimas semanas de efervescencia electoral.
14 Junio 2017 04:08:00
Marcha para atrás
Sorprendentes, por decir lo menos, fueron las declaraciones que hizo el candidato ganador en las elecciones para gobernador en el Estado de México, Alfredo del Mazo, a El Universal este lunes. Sus afirmaciones incluían juicios como “logramos recuperar el ánimo del partido”, “se comenzó a recuperar la confianza” y, lo más notorio, que el mensaje de las urnas el 4 de junio fue de “fortaleza” del PRI frente a las elecciones presidenciales de 2018. Del Mazo añadió que ganaron con una diferencia de más de 168 mil votos, que es casi 3% de la votación. Para el virtual gobernador electo, el PRI se vio sólido. Cómo llegó a esas conclusiones, no se sabe, y en la entrevista tampoco explica la contradicción entre sus dichos y los números absolutos de la elección.

El PRI tuvo alrededor de 56 mil votos menos que su adversaria Delfina Gómez, la candidata de Morena, y la victoria es atribuible a los partidos coaligados al PRI, el Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, que aportaron unos 125 mil votos que le dieron la ventaja por casi 3%. Sin alianza, Del Mazo habría perdido la elección. En términos de fuerza tricolor, tuvo un millón de votos menos que los obtenidos hace seis años por el gobernador Eruviel Ávila, y debido a que el PRD no fue en alianza con Morena, evitó una paliza de 2 a 1. Las cuentas no reflejan nada más que el diagnóstico triunfalista dentro de la cúpula de poder priista en cuanto a sus alcances y posibilidades para 2018.

El ánimo contagia al grupo en el poder. El domingo de la elección, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a todo su gabinete y a los líderes parlamentarios para que lo acompañaran en el seguimiento de los resultados, que al comenzar la noche no pintaban bien y había malestar y algunos gritos, pero que se fue componiendo después de darse el conteo rápido, que cambió el humor. Peña Nieto, como se reportó en este espacio la semana pasada, pedía que la arrogancia no los afectara, sugiriendo que habría que estudiar con detalle lo que había pasado para ajustar lo necesario en la ruta de las elecciones presidenciales del año próximo. Las primeras señales, una semana después, no las dio Del Mazo, aunque él ha sido quien las ha socializado. La señal sobre cómo terminó el análisis de lo que sucedió el 4 de junio en Los Pinos es un cambio de dirección a lo que al mediodía del lunes 15 de mayo, sucedió en la casa presidencial.

Ese día el presidente Peña Nieto convocó a los líderes de las bancadas en el Congreso, César Camacho, y el Senado, Emilio Gamboa, para que discutieran con su equipo la posibilidad de una reforma que permitiera la segunda vuelta en la elección presidencial. No se podría hacer en un periodo extraordinario, particularmente en el Congreso, donde Camacho explicó las dificultades que habría para sacarlo adelante. Se propusieron dos rutas para alcanzar eso. Sembrar en la prensa un atajo legislativo para poder llevarlo a cabo dentro de los tiempos que marca la ley –toda reforma tendría que ser propuesta 90 días antes de que inicie oficialmente el periodo electoral–, y una negociación secreta con el PAN.

El Presidente le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, su mejor constructor de acuerdos, hablar con el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, y plantearle esa posibilidad. La apertura del presidente Peña Nieto era extraordinaria, pues de manera sistemática, desde que era gobernador del Estado de México, se había opuesto a discutir siquiera la segunda vuelta. La idea prevaleciente era que esa fórmula perjudicaría al PRI, aunque en realidad todo indicaba lo contrario.

Una encuesta que realizó la empresa Buendía&Laredo luego de que el entonces presidente Felipe Calderón propusiera la segunda vuelta electoral, mostró que el partido al que más le beneficiaría la fórmula sería al PRI, que obtendría 5 puntos porcentuales de quienes apoyaron en una primera vuelta al PRD, al verde o al PT, contra sólo 2 que alcanzaría el PAN. El escenario planteado en el estudio demoscópico subrayaba una polarización entre el PAN y la coalición de izquierda de Andrés Manuel López Obrador, con beneficios directos para el PRI.

Aún con esos datos, Peña Nieto tenía una visión más conservadora, que fue cambiando este año y abriéndose a opciones para 2018, aparentemente ante la posibilidad de que al PRI no le fuera bien en el Estado de México y se tuviera que optar por una alianza con el PAN para 2018, para contener a López Obrador y Morena. Por ello surgió la convocatoria del 15 de mayo y el encuentro entre Videgaray y Anaya. Como consecuencia de esa conversación, el PAN pidió a finales de ese mes “sacar de la congeladora” la iniciativa ciudadana sobre la segunda vuelta electoral que se había presentado en 2014, para que pudiera aplicarse en las elecciones presidenciales de 2018.

No se avanzó más en esa iniciativa por las dificultades expresadas por los coordinadores parlamentarios del PRI para procesarla durante un periodo extraordinario. Con ello se perdió probablemente una oportunidad histórica. En Los Pinos se enfrió la idea y Peña Nieto volvió a sus posiciones ortodoxas. Las declaraciones de Del Mazo son una indicación de ello. El PRI no necesita cambios en la ley, es la racional, porque podrá con quien se le ponga enfrente el próximo año. Al menos, es lo que hoy están diciendo. Anaya, en cambio, sigue en lo acordado con Videgaray.
13 Junio 2017 04:00:00
El gambito de Castillejos
Una de las explicaciones más jocosas –porque no se le puede llamar de otra manera– de la renuncia de Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República el viernes pasado, fue lo que en forma oficiosa se dijo en Los Pinos: necesitaba tiempo, le dijo al presidente Enrique Peña Nieto, para preparar su boda. Por esa razón, una de las personas de mayor influencia en Los Pinos en los últimos años, pieza central de Peña Nieto para ir copando de leales al Poder Judicial, se tiraba al vacío en el servicio público y una carrera ascendente, puesta en un suspenso que, al final del sexenio, parecería más un suicidio. Por supuesto, esa razón es una mentira blanca. La renuncia de Castillejos es parte de un entramado mucho más ambicioso.

La salida de Castillejos de Los Pinos sin horizonte público tangible es un gambito del presidente Peña Nieto que, como buen jugador de ajedrez, sacrificó a su pieza –la conserjería jurídica– para obtener no una, sino varias posiciones favorables en el corto y mediano plazo. Esta jugada tiene como precedente el decreto del 13 de diciembre de 2013, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación que creó la Fiscalía General de la República, que tenía como artículo Décimo Sexto transitorio lo siguiente:

1.- La entrada en vigor de la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo se verificará en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que el Congreso de la Unión expida para dicho efecto, y siempre que el propio Congreso haga la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

2.- El procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de autonomía de la Fiscalía, quedará designado fiscal general de la República como ministerio constitucional.

Cuando se publicó el decreto el procurador general era Jesús Murillo Karam, quien explicó en su momento que la transición podría durar dos años, y una vez que estuvieran aprobadas todas las leyes secundarias. Murillo Karam no sobrevivió en el cargo, y fue sustituido por Arely Gómez, quien fue vista también como una figura efímera en la PGR o, en su defecto, que no necesariamente sería ella la que durante el resto del sexenio pudiera asumir la Fiscalía General. Gómez dejó la PGR en octubre de 2016, cuyo relevo, Raúl Cervantes, provocó la polémica que ninguno de sus antecesores había provocado. La objeción contra el Décimo Sexto transitorio, personalizado en él, es que el Presidente quería dejar a un incondicional como Fiscal General.

Cervantes no era tan cercano al Presidente como a otras figuras de la clase priista, pero es tío –aunque se dicen primos por razones generacionales– de Castillejos y del actual director de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo, que fue procurador en el Gobierno del gobernador Peña Nieto en el Estado de México. La oposición en las cámaras al pase automático llevó a un ofrecimiento del PAN al Presidente: si modificaba el artículo transitorio que lo establecía, aprobaban primero los transitorios en su conjunto y después, de cualquier forma, votarían a favor de Cervantes.

El 29 de noviembre del año pasado, en una acción que sorprendió a Senado, el presidente Peña Nieto envió una reforma a ese transitorio para que, “ante las voces, entre ellas las del propio procurador Cervantes” que señalan que el pase automático “no abona a centrarse en la discusión del modelo institucional”, le otorgaba ese derecho al Senado, que debería designarlo. Una vez enviada la reforma al transitorio, de acuerdo con personas que conocieron los detalles de esas gestiones, el presidente cayó en cuenta que el PAN y el PRD le había tendido una trampa, por lo que instruyó a la bancada del PRI a congelar la enmienda. La decisión presidencial sería que buscarían otras fórmulas para reponer el proceso que el mismo Peña Nieto había detenido.

Las elecciones en el Estado de México detuvieron muchas de las acciones planeadas para la última parte del sexenio, pero cinco días después de pasada la elección regresaron a la ruta trazada. El viernes comenzó a perfilarse el rumbo, con la renuncia de Castillejos. Uno de los argumentos esgrimidos por la oposición en contra del pase automático quedó borrado. Si el primo del procurador ya no era el consejero jurídico de la Presidencia ni tampoco ocupaba ningún cargo en el servicio público, el conflicto de interés inherente quedaba eliminado.

Al no aprobarse la enmienda del Presidente, se mantiene vigente el artículo transitorio Décimo Sexto, por lo que quedará abierto el camino para que Cervantes, tenga el pase automático a la Fiscalía General. Castillejos no se sacrificó por su primo. Una segunda jugada está cocinándose: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto que existe el argumento que no hay nadie que esté en vísperas de su jubilación, pero no es necesario.

El Gobierno mexicano está promoviendo a la ministra Margarita Luna Ramos como la candidata del Gobierno para ocupar una de las 15 sillas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El próximo año quedará vacante una de las dos sillas que corresponden a América Latina, al terminar su periodo de nueve años el brasileño Antônio Augusto Cançado. Ahí está el gambito de Castillejos y el diseño estratégico del presidente. La boda es un chascarrillo. El Poder Judicial es el fin.
12 Junio 2017 04:07:00
¿Quién protege a Lozoya?
Emilio Lozoya, el director de Pemex durante la primera parte del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se ha convertido en las últimas semanas en una figura estelar en el escenario de la corrupción mexicana. La investigación global sobre los sobornos en 11 naciones realizados por el gigante brasileño Oderbrecht colocó a su administración en el centro de la corrupción y el foco de las pesquisas que lleva a cabo la PGR, donde ha llamado a declarar a más de una veintena de funcionarios y exfuncionarios, varios de ellos muy vinculados a él. Lozoya sostiene su total inocencia en ese y otros casos de corrupción en la empresa que dirigió.

El tema de Lozoya y su paso por Pemex es un hoyo negro. La información que ha emergido sobre actos de corrupción y su abrupta salida de la dirección de Pemex en febrero del año pasado sigue siendo parcial. Se ha responsabilizado de su salida al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien en al menos dos ocasiones le pidió al presidente Enrique Peña Nieto que lo cesara por la desorganización administrativa en Pemex y presuntos actos de corrupción. Siempre fue atajado. Incluso en la última conversación que sostuvieron ambos sobre él en diciembre de 2015, Peña Nieto le dijo que no le volviera a tocar el tema.

La salida de Lozoya se dio poco después de que el Presidente realizó una visita oficial a Arabia Saudita, promovida por Lozoya en contra de la recomendación de la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, por el conflicto que tenía esa nación con el gobierno de Barack Obama. Peña Nieto desoyó a la canciller, como soslayó las peticiones de Videgaray. El entonces director de Pemex tenía una relación excepcional con el Presidente, a quien veía en acuerdo cuando deseaba, sin necesidad de tener que pasar por los canales formales e informales en Los Pinos como prácticamente todo el gabinete tenía que utilizar para hablar con él.

El cese de Lozoya no fue explicado, aunque por el discurso del Presidente al dar posesión a José Antonio González Anaya, obedeció a la necesidad de darle mayor eficiencia y rentabilidad, que era uno de los argumentos de Videgaray contra el exdirector. Pero Lozoya no iba a ser enviado a la nada. Finalmente no fue posible promoverlo como embajador en el Reino Unido por los datos sobre presuntos actos de corrupción en Pemex, ni tampoco le permitieron al líder del PRI, Enrique Ochoa, incorporarlo al Comité Ejecutivo Nacional. El exdirector de Pemex apesta, pero no lo suficiente como para que rinda cuentas ante el Ministerio Público por los actos de corrupción que se investigan durante su administración en la empresa.

Lozoya no está tranquilo, pero no se oculta. No habla mucho fuera de defenderse de imputaciones directas a él. Insiste en su inocencia pero no abunda en las explicaciones que pudieran aclarar el cochinero que se dio durante su gestión. ¿Estará cubriendo Lozoya a otros funcionarios? ¿Estará pagando costos que no le pertenecen? Este tipo de preguntas se han venido haciendo de manera cada vez más constante por el blindaje jurídico que tiene el exdirector de Pemex, y que no se ve en la opinión pública. Un caso ilustrativo es la compra de dos aviones de lujo en 2014 a través de una operación de compra-venta triangulada con un intermediario con sede en Panamá.

Pemex pagó 71.3 millones de dólares por dos aeronaves para transporte de personal cuya información, hasta la fecha se mentiene bajo reserva en México. Se trata de un Cessna Citation Sovereign 680, modelo 2009, por el que pagó 15.5 millones de dólares, y un Gulfstream Aerospace G-550, fabricado en 2010, por un precio de 55.8 millones de dólares. Lo notable es que se adquirieron por casi el doble de su valor comercial. La existencia de esos aviones había sido denunciada por el PAN el año pasado, que pedía detalles sobre su mantenimiento, pero no se conocía del precio de la compra.

Los detalles surgieron de manera indirecta durante un juicio en la Corte Sur de Florida, en Miami, donde la empresa Matrix Aviation Inc. demandó a Pemex y a la compañía SYM Technologies Ltd, que sirvió de intermediaria de la operación, de formar parte de una conspiración civil para afectar económicamente a la propietaria de las aeronaves y por incumplir con el pago total de una comisión que habían acordado en 9.7 millones de dólares, de los que quedaron por cubrir 1.7 millones, de acuerdo con una investigación publicada en Eje Central.

En esa demanda civil de más de 250 páginas que obtuvo Eje Central aparece como figura central de la operación el brigadier general Eduardo León Trauwitz, gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex, a quien se dirigió la propuesta. León Trauwitz fue encargado de la seguridad del presidente electo y exgobernador del Estado de México, Peña Nieto, y es uno de los leales al inquilino de Los Pinos más favorecidos con cargos estratégicos.

La versión oficial sobra el uso de los aviones de lujo, es que serían utilizados para vigilar la ordeña de ductos, que durante el periodo de León Trauwitz se incrementó en 30%. ¿Qué está pasando escondido ante los ojos públicos? El brigadier general, está siendo investigado desde principios de este año, como consecuencia de distintas auditorías practicadas a su área y tras la revisión de los contratos por la compra de equipo en materia de seguridad física de Pemex. Lozoya, sigue protegido. Todo esto durará hasta que, como sucederá irremediablemente, el hilo se rompa por lo más delgado. Lo único incierto es dónde está ese hilo.
09 Junio 2017 04:08:00
Vergüenza electoral
Las elecciones para gobernador en el Estado de México y Coahuila trajeron al descubierto lo que quizás durante un largo tiempo no habíamos visto de una manera grotesca: que las prácticas cavernícolas para alterar el resultado de una elección siguen viviendo en este régimen. Los casos que han presentado los partidos de oposición al PRI son contundentes y, en algunos casos inexplicables, como las juntas distritales en el Estado de México, donde al hacer la compulsa donde había ganado el priista Alfredo del Mazo, terminó con una clara victoria de Delfina Gómez de Morena, o la forma como en la frontera norte de Coahuila, grupos de choque apoyados por la Policía Estatal se robaron paquetes electorales que estaban resguardados por… policías estatales.

El PAN reclama el triunfo en la elección para gobernador en Coahuila, y Morena hace lo propio en el Estado de México. El PRI asegura tener 30 mil votos de diferencia en Coahuila, lo que hace a su candidato, Miguel Riquelme, ganador de la contienda, y sostiene que su ventaja de 2.9% en las elecciones mexiquenses llevarán sin duda a su candidato Alfredo del Mazo a la Gubernatura. Los recuentos del voto que se iniciaron el miércoles se contaminaron por lo pueril de las irregularidades que han comenzado a salir a la opinión pública.

Entre los ejemplos más utilizados por el PAN en Coahuila se encuentra lo que sucedió en la Sección Electoral 10 en Ciudad Acuña, donde un grupo de cholos, protegidos por la Policía Estatal destruyó las urnas la noche de la elección. La bodega en Piedras Negras, donde se resguardaban los paquetes electorales, que es otro de los puntos de mayor tensión post electoral, fue violada mediante una puerta falsa, para presuntamente alterar las actas computadas. Una funcionaria del Instituto Electoral de Coahuila en uno de los distritos en Saltillo, donde Riquelme ganó por el mayor margen, no contribuyó a atemperar los ánimos, al afirmar que la evidencia de las urnas violadas era irrelevante porque las podían volver a contar. Es decir, volver a sumar el voto de actas alteradas.

Los ejemplos no son menos graves en el Estado de México. En la Junta Distrital 44 en Nicolás Romero, los funcionarios de casilla dieron como votos buenos para el PRI aquellas boletas donde se cruzó la sigla fuera del recuadro, por el hecho de la proximidad, o también en donde se escribieron palomas en cada recuadro y sólo en el del PRI se cruzó. Los funcionarios dijeron que habían decidido así por “la intención del voto”. Este concepto atroz en procesos electorales es lo que hizo que Al Gore perdiera la Presidencia de Estados Unidos ante George W. Bush en 2000, porque los electores en Florida votaron cerca del recuadro de su partido, pero no en él. Los seis medios de comunicación que revisaron meticulosamente las boletas, concluyeron que debió haber ganado Gore, pero que legalmente, como falló la Suprema Corte de Justicia, el triunfo era para el republicano.

En el Estado de México, la participación en las regiones donde ganó el PRI superó en más de 10% la media de 52% en la jornada electoral. En Valle de Bravo fue de 65%, y en Atlacomulco de 62%, los municipios más emblemáticos de la abultada votación priista. En cambio, en las regiones donde ganó Morena la participación fue menor al promedio. Este patrón, analizado por la empresa Parametría, es atípico en elecciones en el Estado de México y, en su conjunto, antihistórico que una votación superior al 50% se haya inclinado por el PRI. La mayor parte de las votaciones atípicas se dieron en las zonas rurales, donde Morena no pudo cubrir con representantes cerca de un 30% de las casillas. Las irregularidades en las elecciones motivaron protestas como no se veían hace muchas elecciones.

Las elecciones en esos dos estados, que se sabía difíciles por la experiencia de los operadores políticos del PRI, se volvieron focos de conflicto ante la forma abierta y sin pudor como se dio un buen número de irregularidades. En Coahuila, todos los partidos de oposición se levantaron de la mesa de cómputos distritales el miércoles en protesta por lo que el PAN llamó “fraude electoral”, para ejercer presión que permita que en los tribunales electorales la elección pueda ser anulada y respuesta en agosto próximo. La dirigencia panista afirma que más del 30% de las casillas tienen irregularidades, con lo cual habría motivos, de probarse, para anular la elección, que requiere, para ello, que el 20% de las casillas sean eliminadas. En el estado de México, las autoridades electorales soslayaron los comportamientos atípicos en la participación, y ajustaron de 21 a 17% el número de paquetes electorales que revisarán.

No está claro, con la información disponible hasta ahora, que el PAN y Morena tengan elementos suficientes para que se anulen las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Probablemente, por su incapacidad para tener representantes en todas las casillas, o descuidos en la vigilancia de las urnas, carezcan de evidencia suficiente para que sus impugnaciones tengan éxito. Pero la no anulación de las elecciones, si ese fuera el resultado y se mantienen las victorias de los priistas perfilados hasta ahora, no reduce la vergüenza colectiva que, como mexicanos, nos deben dar todas las trampas electorales que se vieron este domingo. Regresamos al pasado más hediondo, pero nos debe alertar sobre el futuro inmediato y su estación presidencial en 2018.
08 Junio 2017 04:08:00
2018: la sucesión presidencial
La sucesión presidencial del partido en el poder no comenzó el domingo, sino en las semanas previas a las críticas elecciones en el Estado de México. Fue a finales de abril cuando el PRI anunció que la XXII Asamblea Nacional se adelantaba de noviembre, al 12 de agosto. A dos personas responsabilizó el presidente Enrique Peña Nieto para armarla y preparar los consensos: la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y el exmiembro del gabinete, Jesús Murillo Karam, quien fue el responsable de redactar la convocatoria. El documento, con una estructura burocrática, no abría muchos márgenes para que se escucharan las voces disidentes, pero Ruiz Massieu comenzó a hablar con diferentes figuras dentro del PRI que habían presentado objeciones a la forma vertical como querían desarrollar la asamblea y, como consecuencia, controlar la sucesión presidencial.

La preocupación del Presidente, expresada por varios líderes del PRI, es la existencia de candados para la nominación del candidato a sucederlo, donde se mantiene la obligación a todos quienes aspiren la candidatura, a tener un mínimo de 10 años de militancia probada en el partido, que es un requisito que se arrastra desde la XVIII Asamblea Nacional desde noviembre de 2001. A este control contra neopriistas se le ha añadido una presión de varios grupos internos del partido, encabezados por Democracia Interna, que quieren que los delegados aprueben el requerimiento de que quien aspire necesita haber ganado un cargo de elección popular –de mayoría–, con lo cual los únicos miembros del primer equipo de Peña Nieto que podrían aspirar son los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Agricultura, José Calzada, o el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.

Las negociaciones de Ruiz Massieu tienden a evitar que los delegados a la Asamblea pudieran añadir candados, así como eliminar el requerimiento de los 10 años de militancia probada. Lo que varios dirigentes del PRI han contra propuesto, es que Peña Nieto abra el proceso de selección de candidato, que es un punto donde hasta ahora, públicamente, el Presidente no ha mostrado indicios de moverse. De mantenerse rígida la posición de Peña Nieto, y si actúa como lo ha hecho durante todos los procesos electorales bajo su mandato, el candidato sería Osorio Chong. La explicación es que si el Presidente es consistente con su forma práctica de decidir candidaturas, optaría por quien aparece mejor colocado en las encuestas, donde el secretario de Gobernación ha figurado de manera sistemática, salvo en algunas mediciones ocasionales donde el gobernador Ávila lo supera, como el priista mejor ubicado en la tabla de presidenciables.

Lo cerrado del proceso electoral en el Estado de México no ha alterado el proceso de sucesión presidencial, de acuerdo con lo que se están manejando en el círculo interno de Peña Nieto. Antes incluso de la elección, el gobernador Ávila estaba prácticamente descartado de la sucesión, por una pérdida de confianza en Los Pinos, ante la sospecha de no haber trabajado a toda su capacidad a favor de la campaña del candidato Alfredo del Mazo, donde uno de los argumentos que se esgrimen es que en toda la contienda, ni la candidata de Morena, Delfina Gómez, su mentor, Higinio Martínez, el jefe del partido en el estado y viejo amigo del Gobernador, o el líder morenista, Andrés Manuel López Obrador, lo criticaron o lo metieron en la fórmula de la mafia del poder.

El otro elemento a discusión en los pasillos palaciegos, es una fórmula similar a la que utilizó el presidente Miguel de la Madrid durante la sucesión presidencial en 1988, donde pese a tener en la mente dos candidatos posibles, los secretarios de Gobernación, Manuel Bartlett, y de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas, organizó una pasarela con seis aspirantes ante el Consejo Político en 1987, para que expusieran su visión de país y programa de gobierno. Una pasarela de cuatro aspirantes es lo que se viene planteando como una posibilidad, donde figurarían los secretarios Osorio Chong; de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; de Salud, José Narro, y de Turismo, Enrique de la Madrid.

La idea que se está proponiendo, y que no ha sido mal vista por el Presidente, es que la pasarela no se haría ante el Consejo Político, sino en el país, para lo cual tendrían que renunciar a sus cargos. La lista no incluiría al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que está siendo promovido para la presidencia del Banco de México en otoño, cuando concrete su renuncia Agustín Carstens, ni al secretario de Educación, Aurelio Nuño, que podría ir a Gobernación si, como se menciona en los primeros niveles del Gobierno, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, es sustituido por Osorio Chong.

Uno de los objetivos por los cuales se analiza abrir el proceso, es oxigenar al partido y recuperar el consenso interno. Los dos líderes del PRI que más éxitos electorales tuvieron durante su presidencia, Beatriz Paredes y Roberto Madrazo, fueron resultado de procesos internos que permitieron su legitimación. El candidato de Peña Nieto tendrá que legitimarse y evitar una fractura dentro del partido, como sucedió con Roberto Madrazo en 2006, que tiró la votación del PRI para ese cargo a un histórico 22%. Según ha trascendido, no hay una decisión tomada. Tampoco si el Presidente modificará la forma como manejará el proceso interno después de lo que sucedió en el Estado de México. Pero no falta mucho para ver las señales. Un ajuste en el gabinete, podría ser el principio de todo.
07 Junio 2017 04:08:00
Encerrona en Los Pinos
La gran interrogante, dentro del grupo en el poder, es cómo leerá el presidente Enrique Peña Nieto el resultado de la elección en el Estado de México, que durante meses se convirtió en su única prioridad y donde, por su comportamiento, parecía que no habría mañana para él si su candidato, Alfredo del Mazo, perdía la Gubernatura. El clímax se dio durante el fin de semana, al aislarse en su casa en Ixtapan de la Sal y no regresar a Los Pinos sino hasta entrada la noche del domingo, para seguir junto con su gabinete, los coordinadores parlamentarios del PRI y dirigentes del Partido Verde, los primeros datos preliminares oficiales del órgano electoral mexiquense. Personas que acudieron a la cita en el Salón Venustiano Carranza de la casa Presidencial, describieron la tensión que se vivió ante los datos de las encuestas de salida que perfilaban una contienda muy cerrada, con probabilidades de derrota. Demasiado esfuerzo y recursos invertidos en el proceso, ¿para nada?

La cita fue a las ocho de la noche, donde los convocados se fueron sumando a quienes habían estado todo el día en Los Pinos, el staff del Presidente. Llegó todo el Gabinete, menos el secretario de Agricultura, José Calzada, por razones que no están claras. También asistieron, fuera del priismo, el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, junto con el líder de facto del Partido Verde, Jorge Emilio González, el Niño Verde, cuyo partido participó en la operación territorial del domingo en el Estado de México, donde desplazaron a 800 operadores de campo para mover el voto. Peña Nieto llegó cerca de las 11 de la noche, cuando se alistaba el Instituto Electoral del Estado de México a difundir su conteo rápido. Cuando se anunció que la tendencia de voto favorecía a Del Mazo, el Salón Venustiano Carranza se inundó de satisfacción, pero sobre todo se oyó la exhalación de alivio de respiración contenida.

No hubo excesos en la celebración, porque de acuerdo con algunos presentes, el propio Presidente lo impidió. Es un gran resultado, dijo Peña Nieto a los pequeños grupos que se repartieron por el salón. Pero no hay que caer en la arrogancia, enfatizó. Esta frase fue resaltada por los participantes que hicieron una narración de lo que sucedió en Los Pinos, desde el domingo por la noche hasta casi las 6 de la mañana del lunes, cuando terminó la encerrona. La razón de ello son las dudas sobre la influencia que pudieran tener algunos colaboradores de Peña Nieto en la interpretación del resultado en el Estado de México, que podrían convencerlo de que la victoria es un referéndum a lo que está haciendo. El triunfalismo, sin embargo, sería un error del Presidente. Ganó Del Mazo, pero perdió el PRI. Retendrán el gobierno, pero el priismo de Peña Nieto sufrió una gran herida.

El hecho de que el PREP, con poco más del 97% de las actas contabilizadas le dé una ventaja de 2.9% a Del Mazo sobre la candidata de Morena, Delfina Gómez, no revela lo que sucedió el domingo. La movilización del voto, la participación del gabinete en pleno, de varios gobernadores, incluidos no priistas trabajando a favor de Peña Nieto, y la presión y amenazas para que el candidato del PRD, Juan Zepeda, no declinara a favor de Gómez, no fueron suficientes para que el voto priista le diera la victoria a su candidato. Del Mazo obtuvo 57 mil menos votos de los que logró Gómez. Sólo el sacrificio –porque perdieron el registro- del Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, que fueron coaligados con el PRI, le dieron los 226 mil 298 votos con los cuales aventaja el priista la votación.

Esta es la prudencia a la cual probablemente se refería Peña Nieto, y que se reflejaba en la actitud de varios miembros del Gabinete que participaron directamente en el proceso mexiquense. La principal, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, a quien la llamó repetidamente “coordinadora” Peña Nieto, por el papel que jugó como la responsable federal en las elecciones. Robles no dejaba de observar las pantallas con el PREP, mientras que otra figura, claramente desmoronándose, ocupó en una esquina sin moverse para no notarse. Era el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, íntimo amigo del Presidente, y quien le decía con toda confianza que con el solo dinero iban a tener una elección holgada en el Estado de México. La estrategia fontanera de Miranda no le alcanzó al PRI, y lo dejó convertido, para quienes lo vieron arrumbado en el Venustiano Carranza, en una figura desechable.

Pero más allá de él, una lección analizada esa noche es cómo tampoco se dio el apoyo homogéneo de los padrones de los programas sociales federales, al registrarse derrotas en prácticamente todos los municipios en el norte y poniente de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y los lastres en imagen y rechazo a la gestión de gobierno que arrastró la campaña del PRI. Del Mazo parecía entender bien la realidad de la elección, pues cuando llegó a las 3 de la mañana a Los Pinos, en compañía del gobernador Eruviel Ávila, no había triunfalismo en su actitud, sino prudencia. Esto mismo es lo que se notó en el actuar de Peña Nieto que, desde este domingo, dejó entrever otro asistente a la encerrona, el líder del PRI, Enrique Ochoa; empezó a trabajar la sucesión Presidencial.

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