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Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
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17 Enero 2018 04:07:00
El futuro, no es de Meade
La urgencia por reencauzar la campaña presidencial de José Antonio Meade tiene una razón de fondo: los mexicanos quieren que pierda el PRI, y que entre Andrés Manuel López Obrador o Ricardo Anaya salga el próximo presidente. Esta es la conclusión de un análisis realizado por Ronald Anton, director de la consultoría ecuatoriana CPI Latinoamérica, a partir de datos demoscópicos sobre las preferencias electorales, que anticipan un futuro ominoso para Meade y para el presidente Enrique Peña Nieto, que busca, a través de el candidato, la continuidad de sus políticas y la consolidación de sus reformas. Esto no va a ser posible, si se analizan objetivamente las tendencias del electorado.

Anton publicó recientemente un diagnóstico de 22 páginas titulado Crónica de una Alternancia Anunciada, donde sólo ve una competencia real entre López Obrador y Anaya, “ambos representando el cambio que pide la sociedad, frente a un PRI que se encuentra con el Presidente peor evaluado en la Historia de México, con un partido que trae los máximos negativos, con seria desventaja territorial, con una constante pérdida de intención de votos en todas las campañas presidenciales y con un candidato que no termina de gustar a los electores”. Las condiciones objetivas que enfrentan Peña Nieto, Meade y el PRI son totalmente adversas, de acuerdo con el análisis del consultor.

“Desde la llegada del PRI a la Presidencia en 2012, el partido ha sufrido una debacle constante”, apuntó. “En 2012 controlaban 21 gubernaturas, pero desde entonces, ya con Enrique Peña Nieto como presidente, el PRI ha perdido un total de 24.9 millones de electores y gobierna solamente en 14 estados (15 si sumamos Chiapas gobernada por su aliado el Partido Verde): Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas”. Cuando asumió Peña Nieto la Presidencia el PRI gobernaba arriba del 51% de los mexicanos; en la actualidad gobierna al 43%. Esta pérdida de poder territorial, a juicio de Anton, es otro factor a tomar en cuenta para entender la baja probabilidad de ganar las elecciones presidenciales. El consultor lo explica a partir de la disminución de aprobación que tiene el PRI, más allá de sus candidatos a puestos de elección popular.

Esta reducción de su poder territorial también se ha registrado en los congresos locales, donde de acuerdo con el análisis del consultor ecuatoriano, el PRI pasó de tener 463 legisladores en 2015, a 361 en 2017. “Aunque sigue siendo el partido que más diputados tiene, ha perdido gran parte de los congresos donde contaba con mayoría”, indicó Anton. “Desde 2015, tan sólo ostenta la mayoría absoluta en los congresos de Campeche, Guerrero, Estado de México, Sonora y Yucatán, perdiendo con ello más poder local”. Anton no lo precisó, pero salvo el Estado de México, ninguno de los restantes se encuentra entre las 10 entidades con mayor peso electoral en el país, y aún en esa entidad, la tierra del presidente Peña Nieto, en la elección para gobernador el año pasado, el PRI como partido obtuvo 56 mil votos menos que Morena; sólo la coalición con otros tres partidos evitó un monumental descalabro en el estado.

En los estudios demoscópicos que revisó, Anton encontró que la tasa de rechazo al PRI es de 57.4%, contra 40% de rechazo del PAN, 37.5% de Morena y 34.1% del PRD. “De todas las elecciones que se han sucedido desde que Enrique Peña Nieto es presidente –explicó Anton–, en todos los estados donde los gobernadores del PRI tenían una valoración ciudadana por debajo del 50%, los electores cambiaron el partido que gobernaba el estado”. Tampoco ayuda la aprobación a la gestión de Peña Nieto, donde poco más de 8 de cada 10 mexicanos desaprueba su actuación presidencial. “El fuerte rechazo con el que cuenta tanto el partido como la figura del Presidente –afirma el consultor–, dificulta la revalidación del mandato del PRI”.

Como contraste, la coalición Por México al Frente que tiene como abanderado a Anaya, gobierna al 48.6% de los mexicanos en 16 estados, incluida la Ciudad de México, el bastión de la izquierda donde el PRI se encuentra en un lejano cuarto lugar de preferencias electorales.

El PAN gobierna en 12 estados, que es el mayor número que jamás haya gobernado, entre las cuales se encuentran tres de las seis entidades con mayor peso electoral en el país. En el Senado ocupa más del 50% de los escaños, y en el Congreso federal tiene más del 40% de las curules.Por lo que toca a los congresos locales, los frentistas tienen una presencia de casi dos a uno en el país. Morena no tiene esos números, pero es un partido que apenas nació electoralmente en 2015. Pero tiene lo que ningún otro, a López Obrador como candidato, que en dos intentonas presidenciales anteriores, logró el apoyo del 35.29% del electorado en 2006, y 31.57% en 2012.

Este contexto, que habla de una complejidad política creciente en México, estimó Anton, ofrecen un escenario de gran dificultad para que el PRI pueda ganar las elecciones presidenciales. El escenario de victoria de López Obrador es real, afirmó el consultor, pero la alianza en el Frente le dan a Anaya la suficiente fuerza par contender contra él y ganarle. Meade no está en este rango. El rechazo social al partido y la baja popularidad de Peña Nieto, lo están hundiendo. ¿Podrá revertir esta crónica anunciada de una derrota? Todo es posible, aunque parezca imposible.
16 Enero 2018 04:06:00
Videgaray, al rescate
Dentro y fuera de la precampaña presidencial de José Antonio Meade, las voces de que se va a remplazar al candidato con su coordinador de campaña, Aurelio Nuño, son insistentes. Claudia Ruiz Massieu, la secretaria general del PRI, afirma que eso no va a suceder y que Meade será el candidato. No podía esperarse una declaración en sentido contrario, aunque ella, como un creciente número de priistas, no terminan de estar cómodos con la candidatura designada, según miembros del partido que admiten las tribulaciones en este arranque electoral. Tampoco está contento el presidente Enrique Peña Nieto, pero no con el candidato, sino con la confrontación entre los equipos. “Nunca había visto una campaña más dividida”, dijo un funcionario que ha participado en más de cuatro campañas presidenciales del PRI. “Están peleándose todos contra todos”.

Las semanas anteriores han sido castrantes. Las leyes electorales no permiten al candidato pedir el voto o presentar propuestas, lo que llevó a utilizar a su esposa, Juana Cuevas, como un activo del precandidato. Alguna rentabilidad debieron haberle visto al abuso de su imagen, pero han reducido su presencia en los últimos días. Meade no conecta ni emociona su discurso. El diagnóstico ha puesto presión para tener una campaña altamente competitiva en Meade, y mantiene al Presidente a seguir trabajando en las sombras, todavía, con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, que probablemente pasa más tiempo en resolver los problemas que le pide solucionar Peña Nieto, que en sus tareas de canciller.

Peña Nieto habló con Videgaray sobre la campaña durante el largo viaje que realizaron a principios de noviembre a Vietnam, donde participó en el Foro de Cooperación Económica de la Cuenca del Pacífico, y le pidió que se metiera en la reorganización de la campaña. De acuerdo con funcionarios consultados, la intervención de Videgaray se está intensificando y existe la posibilidad de que presente su renuncia en la cartera de Exteriores y comience a dirigir la campaña de una manera plena, desde una oficina fuera del PRI.

La idea, explicada por los funcionarios, no es que en una primera instancia Videgaray se sume formalmente a la campaña, sino que permanezca con un bajo perfil sin distraerse completamente de las funciones de canciller. Oficialmente, el coordinador de la campaña seguiría siendo Aurelio Nuño, pero el responsable último ante Peña Nieto sería Videgaray. Uno de los primeros incendios que tendría que apagar es el choque entre el equipo que llegó con Meade, y el de Nuño, que trabajan en constante fricción y generan falta de cohesión. En parte, por descuidos e impertinencias. Dentro del equipo de Nuño hay quienes comentan la posibilidad de que se de un relevo de su jefe por Meade, lo que en términos legales es un posibilidad real hasta que no se registre su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral, durante la segunda quincena de marzo.

Funcionarios en Los Pinos han ido registrando los crecientes problemas que ha ido enfrentando Meade entre los propios priistas. Uno de los casos que se resolvió fue con Ruiz Massieu, de quien se quejaron en la casa presidencial que estaba saboteando algunos eventos del precandidato. Otro problema que tiene que resolverse es la apatía que se está observando entre algunos gobernadores priistas, que habían puesto sus esperanzas en el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o las diferencias con miembros del gabinete que apostaron por su candidatura. Una de esas diferencias se dio con Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Urbano, que en una plática que tuvo con Meade sobre una eventual candidatura al Senado en la Ciudad de México, los apoyos que hubiera esperado no se ofrecieron, por lo que hasta ahora tiene decidido terminar el sexenio en el gabinete.

La intervención de Videgaray en la campaña, según los funcionarios, pretende dejar atrás estos problemas y darle orden al trabajo, que es de lo que varios se quejan por lo que a veces llegan a describir como “un caos”. La coordinación de Nuño no ha funcionado, coinciden. Una de las explicaciones que dan es que no embonan lo equipos. Meade no era realmente amigo de Nuño, quien fue una imposición de Peña Nieto. Otra es la falta de experiencia. Aunque Nuño trabajó en la campaña presidencial de 2012, fue bajo las órdenes de Videgaray, a quienes todos reconocen que en las campañas que ha coordinado, ha impuesto disciplina en el equipo.

Meade no ha logrado establecer disciplina por la descomposición de la relación en los segundos y terceros niveles, y porque el trabajo no le corresponde, por diseño, sino a Nuño. La inclusión del senador Javier Lozano al equipo, como uno de los voceros y vicecoordinador de mensaje, es un síntoma de lo que pasa en la campaña. El discurso de Meade, que hasta ahora ha sido de poco impacto, es responsabilidad del presidente del PRI, Enrique Ochoa, que redacta la mayoría de los que pronuncia. El que fungirá como uno de los voceros refleja que Ochoa está desgastado, y Nuño, que ha asumido esas funciones últimamente, carece de densidad. El problema de la inclusión de Lozano, por otra parte, provocó nuevas tensiones hacia el interior del PRI, donde varios fueron dejados de lado para esas tareas a favor de otro externo.

Videgaray es la apuesta final que hará el Presidente para relanzar la campaña de Meade. El reto de Videgaray será eliminar fisuras y lograr la cohesión tanto entre los peñistas que perdieron en la sucesión presidencial, como entre los priistas que querían a un priista como abanderado.
15 Enero 2018 04:06:00
Los gringos vienen a México
Totalmente desapercibido en México pasó el anuncio del procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, el jueves pasado, sobre la creación de un grupo antiterrorista para combatir mundialmente a Hezbolá, una organización calificada por el Departamento de Estado como “terrorista”, que fue formada por la Guardia Revolucionaria Iraní en 1982 para enfrentar la invasión de Israel a Líbano. El grupo, integrado por expertos en narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, se coordinará con la División de Operaciones Especiales de la DEA, y el área de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interior. Si en el Gobierno mexicano no han procesado lo que esto significa, deben hacerlo rápidamente. La ruta de Hezbolá a Estados Unidos pasa por territorio mexicano de la mano de los cárteles de la droga.

Sessions fue muy contundente. “El Departamento de Justicia no dejará piedra sin remover a fin de eliminar las amenazas a nuestros ciudadanos de organizaciones terroristas y para eliminar la marea de la devastadora crisis de drogas”, dijo. “El equipo iniciará procesos que restrinjan el flujo de dinero de las organizaciones terroristas extranjeras, así como romperá las violentas operaciones de tráfico de drogas”. No se requiere ciencia para conectar los puntos. Si toda la retórica del presidente Donald Trump para la construcción del muro fronterizo con México es para frenar a los criminales que están intoxicando a los estadunidenses con sus drogas y el Ejército Mexicano es incapaz de confrontarlos, uno de los principales campos de batalla contra Hezbolá va a estar en México.

El tema de organizaciones terroristas en México siempre ha sido negado por las autoridades mexicanas, pero sobre todo, han minimizado el fenómeno. En agosto de 2002 se publicó en este espacio que el entonces jefe de la DEA, Asa Hutchinson, estaba reforzando la vigilancia en la frontera con México ante su temor de que los cárteles de las drogas financiaran el terrorismo político a través de Al Qaeda y Hezbolá. Los servicios de inteligencia estadunidenses, se escribió, tenían ubicadas células de esas organizaciones en la Triple Frontera, donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, convertida en ese entonces en un centro de operaciones terroristas, guerrilleros y espías.

En la edición de otoño de 2012 de Global Security Studies, una publicación académica especializada en temas estratégicos e internacionales, Dawn Bartell y David Gray escribieron un ensayo donde señalaron que tanto Hezbolá como Al Shabaab, que está vinculada con Al Qaeda, se habían infiltrado en México, donde estaban recibiendo entrenamiento de asimilación cultural y lenguaje, y habían establecido una “relación de conveniencia” con los cárteles de la droga mexicanos, que estaban ayudándolos a introducir ilegalmente a sus miembros a Estados Unidos para recolectar fondos y reclutar terroristas. “Hezbolá ha operado en América del Sur y América Central por décadas, junto con sus algunas veces rival Hamas”, apuntaron. “Ahora, el grupo está metiéndose a comunidades shiitas musulmanes en México, incluido en Tijuana”.

La preocupación estadunidense sobre la vulnerabilidad que representa México en el tema del terrorismo lleva largo tiempo. Robert Muller, quien es el responsable actual de investigar la presunta intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos, advirtió en un testimonio en el Congreso en 2006, cuando era director del FBI, que “hay personas de países con conexiones a Al Qaeda que están cambiando sus apellidos islámicos a hispanos, con falsas identidades, aprendiendo a hablar español y pretendiendo ser inmigrantes hispanos”. En 2012, el exjefe de Operaciones de la DEA, Michael Braun, confirmó la vinculación de Hezbolá con los cárteles de la droga mexicanos y dijo que habían logrado tener rutas de transporte criminal y contrabando bien establecidas entre México y Estados Unidos. Y el año pasado, Michael Flynn, exjefe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono y el primer consejero de Seguridad Nacional del residente Trump, confirmó en una entrevista con el portal Brietbart News la relación de grupos terroristas con los cárteles, y que la Patrulla Fronteriza tenía fotografías que aportaban evidencia de las rutas por las que estaban entrando en Texas.

La preocupación estadunidense sobre este tema no había pasado de mantener bajo estrecha vigilancia lo que sucedía en México. La dinámica cambió en el último en Washington luego de aparecer un reporte en la prensa que el Gobierno del presidente Barack Obama había detenido todas las investigaciones contra Hezbolá, que formaban parte del llamado Proyecto Casandra, a fin de allanar el camino para un acuerdo nuclear con Irán. El nuevo equipo formado en el Departamento de Justicia retomará las investigaciones suspendidas para profundizar las acciones de Hezbolá con el narcotráfico y lavado de dinero.

Los dos temas son vistos por el Gobierno de Trump como un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. La prensa ha mostrado sistemáticamente las fallas en la estrategia del combate para las drogas en México, a lo que se le han sumado críticas sobre la deficiencia para frenar el lavado de dinero. Un informe de la Fuerza de Tareas de Acción Financiera, una organización que establece estándares internacionales, dado a conocer a principio de este año, señala que aunque ha habido mejoría desde 2008, cuando lo evaluaron por última vez, no ha sido suficiente para enfrentar actividades del crimen organizado, extorsión o corrupción.

De hecho, hasta muy recientemente la PGR asumió el lavado de dinero como una prioridad, por lo que no se le investigaba de manera sistemática.

Las fallas institucionales mexicanas tienen también dosis de negligencia, que ahondan la debilidad de México ante situaciones extraordinarias, como las anunciadas por Sessions.
12 Enero 2018 04:08:00
Ajustes tácticos
La penúltima tanda de ajustes en el equipo del presidente Enrique Peña Nieto rumbo a la elección presidencial en verano, fueron concretados este miércoles. No hubo sorpresas, salvo que canceló el nombramiento de Vanessa Rubio, que al finalizar el año iba a la cartera de Desarrollo Social, y designó a Eviel Pérez Magaña, un operador político oaxaqueño que alguna vez perdió la elección para gobernador de su estado. El Presidente no le entregó la cartera al precandidato presidencial José Antonio Meade, como antes le concedió Hacienda, el Seguro Social y la candidatura al Gobierno de Veracruz, y empezó a preparar la maquinaria electoral para tener una candidatura competitiva. Los primeros cambios del año son estratégicos, sin concesiones: la gobernanza y los programas sociales. 

No podía mantener a un político herido en el manejo de la política interna, ni a un incompetente administrando programas sociales. A Miguel Ángel Osorio Chong lo enviará a Hidalgo para que, ganando el Senado, se comprometa con la candidatura de Meade, evitando el error de Carlos Salinas, cuando dejó sueltas las ambiciones de Manuel Camacho, a costa de la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio. A Luis Enrique Miranda, que quiere una senaduría, lo tiene en espera. Peña Nieto irá deshojando a su Gabinete y a sus cercanos, y colocándolos en posiciones donde, o le llevarán votos, o los cuidará por los servicios prestados.

En el último caso hay que apuntar la próxima salida –si los planes se mantienen– de Gerardo Ruiz Esparza, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para una diputación plurinominal. Ruiz Esparza, dentro y fuera del Gobierno, es considerado como el emblema de la corrupción. Justa o injusta la imputación, Peña Nieto tiene que cuidarlo por lo más importante que puede agradecer: nunca abrió la boca para señalar hacia dónde se encontraban los hoyos negros de la obra pública, y se tragó todas las acusaciones que se le hicieron. Dentro de la misma categoría se encuentra la definición sobre otra diputación, bajo los colores del Partido Verde. Peña Nieto se encuentra aún en el dilema de a quién se la va a entregar, si a Alejandra Lagunes, que estuvo muy cerca de él durante la campaña y 5 años de Gobierno, como responsable del área digital, o su esposo, el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacciano. 

El Presidente ha reservado dos senadurías plurinominales para los líderes del PRI, Enrique Ochoa y Claudia Ruiz Massieu, pero necesita manos con mayor experiencia para que le ayuden a sumar votos para Meade. En su entorno hay dos mexiquenses sobre los cuales están pensando en Los Pinos y el superases político en las sombras, Luis Videgaray. Uno es Eruviel Ávila, el exgobernador del Estado de México, que está trabajando en la precampaña de Meade, y el líder del PRI mexiquense, Ernesto Nemer, quien ha trabajado para Peña Nieto en anteriores elecciones. Dentro del Gabinete, hay una senaduría para el exgobernador de Chihuahua y director del ISSSTE, José Reyes Baeza, y pendiente otra para el exgobernador de Querétaro y secretario de Agricultura, José Calzada. 

El abanico apenas se está desdoblando, y las listas de candidatos o candidatas potenciales las están revisando en Los Pinos Ochoa, Videgaray y el coordinador de la campaña de Meade, Aurelio Nuño. Los perfiles no sólo provienen de sus propias propuestas, sino de las que están haciendo los gobernadores y los sectores del partido, que siempre tienen cuotas en los cargos de elección popular. Habrá algunos compromisos presidenciales en ese listado, como el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que quiere construir su plataforma para llegar a la Gubernatura de Nuevo León, o el secretario de Educación, Otto Granados, que sustituyó a Nuño al irse a la campaña presidencial. Dos más son parte del staff de Los Pinos, Francisco Guzmán, el jefe de la Oficina presidencial, y Eduardo Sánchez, el vocero y director de Comunicación Social de la Presidencia. Sin embargo, la necesidad primaria es la generación de votos.

La estrategia diseñada en Los Pinos para las elecciones del 1 de julio es garantizar para el PRI cuando menos los segundos lugares en votos en cada estado. Los análisis estratégicos que han hecho es que si lograran conquistar los segundos lugares, aún sin ganar un solo estado, podrían mantener el poder. Los cálculos se asientan sobre cómo Andrés Manuel López Obrador, el candidato de oposición por antonomasia, domina electoralmente el sur del país, mientras que el abanderado del frente PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, será poderoso en estados del centro y norte del país. El PRI es el partido que más segundos lugares tiene a nivel nacional, pero como explican los expertos, no bastará con ser el segundo, sino que López Obrador, que es la opción externa para votar tanto de priistas como de panistas, no sea el receptor de todo el voto de oposición.

Para que esto suceda, Peña Nieto y sus asesores electorales deberán enviar a buscar el voto a personas con experiencia en campañas y capaces de generar votos. De ahí la racional de algunos futuros candidatos, como Osorio Chong en Hidalgo, donde fue diputado federal y gobernador, o de operadores políticos como Rubén Moreira, el exgobernador de Coahuila recién nombrado secretario de Acción Electoral del PRI. Peña Nieto necesita de todos los operadores y mano experta para luchar por mantener la Presidencia. No es solamente, como dice el spin electoral del PRI, que en este año se juegan el futuro de México. También el futuro de Peña Nieto como expresidente.
11 Enero 2018 04:08:00
El récord de Osorio
Poco después de que se declarara presidente electo a Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong le pidió a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, visitar el búnker de Constituyentes y ver operar a Plataforma México. Le impactó lo que vio, un sistema de información e inteligencia criminal con la más alta tecnología. Plataforma México fue un proyecto que Estados Unidos financió en parte mediante la Iniciativa Mérida, y Osorio Chong no pensó lo que podía hacer contra los criminales, según exfuncionarios que platicaron con él, sino que imaginó la utilización de esos sistemas con fines políticos. García Luna, dijeron los exfuncionarios, advirtió que cambiarle su destino de policial a político sería un error e iría contra los intereses del Estado mexicano. A quien iba a ser secretario de Gobernación no le importó.

Osorio Chong, quien antes de iniciar la Presidencia de Peña Nieto ya se imaginaba como el sucesor en 2018, comenzó a trabajar en el nuevo diseño institucional de Gobernación para acumular todo el poder posible. Tendría la responsabilidad de la política interna, pero le sumaría la capacidad de fuego de la Policía Federal. Contra la opinión de Luis Videgaray, jefe del equipo de transición, Peña Nieto permitió que Osorio Chong fusionara las dos dependencias bajo su mando único. También aceptó la estrategia de seguridad que planteaba el nuevo secretario de Gobernación, sugerida por asesores que sostenían que la violencia en el gobierno de Felipe Calderón obedecía a que confrontaba a los cárteles de la droga, para dejar de combatirlos.

Durante 8 meses se dejó de enfrentar a los cárteles de la droga, que fortaleció al cártel del Pacífico y todas sus derivaciones, permitió el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, el renacimiento de La Familia Michoacana en Los Caballeros Templarios, y que Los Zetas no murieran de inanición criminal. La baja en los índices de homicidios dolosos que se vieron durante los dos primeros años, fue inercial. La estrategia de fuego y sangre de Calderón –utilizada en varias naciones– tuvo su pico de muertos en mayo de 2011, cuando comenzó a bajar el índice de homicidios dolosos.

Osorio Chong presumía que se debía a la estrategia del nuevo Gobierno, pero era falso. Hoy, el secretario de Gobernación deja al país sumido en la peor violencia que ha registrado en su historia. Sus argumentos de que es resultado de la falta de trabajo de los gobiernos estatales y municipales en el combate a la delincuencia ocultan algunas verdades.

Por ejemplo, los controles de confianza para policías estatales y municipales fueron pospuestos en dos ocasiones por el Congreso a petición de Gobernación; y la fuerza federal policial se mantuvo en el mismo nivel –35 mil policías–, con la que la recibió del gobierno de Calderón. Es decir, en 6 años no incrementó la fuerza policial del Estado, pese a que el presupuesto para ese fin se incrementó casi 300 por ciento. 

El 80% de ese dinero se destinó a gastos de operación, dentro de una bolsa confidencial manejada por una incondicional de la familia de Osorio Chong. Entre los altos costos que propició ese manejo de recursos fue que los sistemas de seguridad del penal de máxima seguridad en Almoloya nunca fueron revisados y mantenidos adecuadamente, o pagadas las renovaciones de los contratos de equipos que dejaron de funcionar. El resultado más dramático de la negligencia en las cárceles fue la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sobre la que se puede argumentar que si no se escapó antes era porque no lo habían capturado.

El desastre del nuevo modelo de Osorio Chong, aprobado por el presidente Peña Nieto, tuvo muchas más expresiones. Como botones de muestra:

1.- Plataforma México fue desmantelada y los 600 equipos de escuchas telefónicas fueron trasladadas al CISEN, donde Osorio Chong colocó a su incondicional, Eugenio Imaz. 

2.- El proyecto de la Gendarmería, del que entregó un resumen ejecutivo García Luna a Peña Nieto, nunca fue aplicado, en buena medida, porque Osorio Chong, que nunca entendió lo que le daban, tampoco le prestó atención. La creación de la Gendarmería en el peñismo resultó un fiasco y gradualmente se fue desvaneciendo como fuerza.

3.- La falta de mandos capacitados en las áreas de seguridad pública, llevaron a la Policía Federal a fracasos y excesos en el uso de la fuerza, como en Tanhuato, Nochixtlán y Apatzingán, donde se puede argumentar que incurrieron en violaciones a los derechos humanos.

Lo más grave, sin embargo, por las consecuencias transexenales que puede acarrear al presidente Peña Nieto, fue la decisión en 2013 de arropar a los grupos de autodefensa civil en Michoacán, a los que se les entregaron armas y protegió la Policía Federal y el Ejército.

La organización de bandas paramilitares fue hecha para que hicieran el trabajo sucio del Gobierno y aniquilaran a Los Caballeros Templarios. Es decir, un grupo respaldado por el Gobierno, para eliminar a otro grupo específico, puede ser interpretado en Derecho Internacional como genocidio. Esa estrategia estuvo a punto de desbordar en 2014 en una guerra civil, provocada por Gobernación. 

Osorio Chong debió haber sido despedido por el presidente Peña Nieto hace años, pero nunca sucedió. Esa falta de decisión no le va a costar al secretario de Gobernación saliente, sino al presidente. Peña Nieto no es culpable del desastre que hizo Osorio Chong, su amigo, en la gobernación y seguridad del país, pero es el responsable. De eso el inquilino de Los Pinos no se salvará.
10 Enero 2018 04:08:00
El jaque al rey
Javier Corral ha puesto en jaque a Enrique Peña Nieto. La acusación por peculado por 250 millones de pesos en contra de su antecesor como gobernador de Chihuahua, César Duarte, colocó al Presidente en el centro de la lucha por la sucesión presidencial. Peña Nieto no estará en la boleta, pero por él cruza el descarrilamiento de la campaña presidencial del PRI. Corral lo ha emplazado desde el fin de semana. Peña Nieto, dijo, tiene que responder a los mexicanos. La estrategia detrás de él es clara, y la ha delineado Ricardo Anaya, precandidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano: hay que eliminar al tercer lugar. Verbigracia, llevando la corrupción de Duarte al corazón de Los Pinos, inhabilitará la candidatura de José Antonio Meade y al final, la lucha será entre dos, Andrés Manuel López Obrador y él.

En tiempos de precampaña electoral, donde los aspirantes a la Presidencia no pueden pedir el voto ni hacer propuestas, Corral es el mejor instrumento de Anaya  para el ataque. La corrupción del neopriismo del nuevo siglo ha construido involuntariamente las condiciones para su vulnerabilidad. El Presidente reconoció la gravedad de las acusaciones de Corral, quizás no tanto por el fondo de su alegato, sino porque el ruido que ellas producen, impacta en su proyecto transexenal. Peña Nieto fue forzado por las imputaciones de Corral a pelearse con él en el fango, y buscar frenar el daño que les estaba infligiendo.

“El Gobierno de la República no puede ni merece ser descalificado, y menos señalado, por no estar respaldando al Gobierno de Chihuahua”, dijo Peña Nieto horas después de procesar las imputaciones. “Yo les pregunto a los medios de comunicación si ha habido otro momento en la historia política del país donde algún funcionario del más alto nivel que hubiese sido señalado con sustento o con presumible sustento a la acusación, no esté enfrentando un proceso judicial alguno”. Improvisar en temas complejos no es el mejor ambiente para el Presidente. La respuesta es simple: se equivoca; sí ha habido otros momentos de esos.

Secretarios de Estado en regímenes priistas han ido a la cárcel por presuntos actos de corrupción; senadores priistas desaforados para poder ser juzgados por peculado, o gobernadores priistas por vínculos con el narcotráfico. Funcionarios en gobierno estatales y municipales también fueron a prisión en el pasado. Una diferencia de aquellos años con los tiempos actuales, es que nunca fueron tantos priistas ni con sumas de dinero tan extraordinarias generadas por su presunta corrupción, los que habían enfrentado a la ley. Otra diferencia es que las percepciones otrora con las que se tienen ahora, es que nunca se concibió una corrupción tan rampante como la que se ha vivido en la era Peña Nieto, asociada intrínsecamente con la impunidad.

Las acciones de Corral en el proceso contra Duarte, su antecesor en Chihuahua, ya tienen una primera víctima de altos vuelos, Manlio Fabio Beltrones, quien ante la detención de Alejandro Gutiérrez, uno de sus principales colaboradores cuando era presidente del PRI, por el presunto desvío de 250 millones de pesos para campañas políticas del PRI, tramitó tres amparos ante un juez. Al hacerlo, automáticamente quedó inhabilitado para buscar un cargo de elección popular, porque la ley lo prohíbe al estar involucrado en un proceso judicial. Corral no ha quitado el interés sobre el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, que aparece en las indagatorias del caso Duarte de manera indirecta hasta ahora –por lo que se sabe–, por haber presuntamente autorizado la transferencia ilegal de recursos presupuestales para fines electorales. Si avanza sobre esa ruta y procede judicialmente contra Videgaray, el siguiente en la lista será su sucesor en Hacienda, Meade, el precandidato presidencial. De ser así, no tardaría en aparecer en el camino, como se adelantó en este espacio el martes, Luis Vega, el secretario de Finanzas y Administración del PRI, incondicional del presidente Peña Nieto desde que era gobernador del estado de México.

Corral tiene en sus manos lo que quiere Anaya, descarrillar al candidato del PRI y tener un proceso electoral polarizado. La sangre que corre por las heridas abiertas de los priistas ha sido claramente olida por muchos. La fotografía de la conferencia de prensa que dio Corral el lunes paras acusar formalmente al Gobierno de Peña Nieto de haber tomado venganza presupuestal contra Chihuahua por abrir el proceso contra Duarte, presentó a varias víctimas o denunciantes del priismo actual.

Entre ellos Santiago Nieto, el exjefe de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales que inició el proceso contra Duarte, que fue cesado y presionado con fotografías que afectarían su vida personal para que desistiera que el Senado lo repusiera en el cargo, y Paulo Díez, el abogado de Infraiber que hizo de su denuncia de corrupción contra la empresa OHL y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una cruzada personal. También Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta y Octavio López Presa, miembros del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, contra quienes El Universal, el periódico de batalla que ha utilizado el gobierno federal para fines políticos, enderezó una campaña de desprestigio.

Tiene razón el presidente Peña Nieto al decir que el montaje de Corral tuvo fines electorales. Pero hay matices. No todos los ahí presentes tienen ambiciones políticas o electorales, pero son luchadores probados contra la corrupción y por la transparencia. Estas dos variables son grandes déficits del Gobierno peñista, que hoy ve en la suma de fuerzas, una alianza táctica y un piolet permanente contra la candidatura presidencial de Meade.
09 Enero 2018 04:07:00
Las bombas de Chihuahua
El caso abierto en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, es la explosión en las Torres Gemelas de Nueva York en cámara lenta. Comenzó hace 13 meses con una acusación contra él por un desvío de poco más de 14 millones de pesos para campañas electorales del PRI y se fue incrementando, en recursos para el partido en el poder y para personas de poder. El último gallo tricolor en ser desplumado fue Alejandro Gutiérrez, quien era alto funcionario del PRI y responsable en 2015 y 2016 del Proyecto Zafiro, utilizado por el entonces líder Manlio Fabio Beltrones, para diseñar la estrategia electoral en las elecciones de aquel año. La Policía Federal lo detuvo en Saltillo en diciembre, por petición del Gobierno de Chihuahua, como parte del proceso contra Duarte. La detención le pegó a Beltrones, y al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Pero esta nueva novela de altos vuelos, que tanto prometía, a los pocos días se apagó.

Beltrones declaró que era una infamia la acusación y tendrían que probar que Gutiérrez realmente había hecho lo que dijeron que hizo. Hacienda también negó que se dedicara a distribuir dinero presupuestal a campañas políticas. No se podía esperar nada distinto, pero ante una defensa tan débil y un beligerante e intrépido gobernador de Chihuahua como Javier Corral, ¿por qué todo paró en seco? Si la convicción en el entorno cercano de Duarte es que el aliado de Corral en todo esto es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ahí se podría encontrar, al menos como hipótesis de trabajo, la razón sobre la súbita parálisis. ¿Se estaba comenzando a salir de control?

Las acusaciones que ha formulado la Fiscalía contra Duarte tienen un patrón criminal: el exgobernador ordenaba al exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, que dinero presupuestal fuera trasladado al PRI para ser utilizado en campañas electorales, y que se disfrazara bajo rubros distintos en diferentes dependencias. El caso escaló en diciembre con la captura de Gutiérrez, señalado de ser el ingeniero financiero del desvío de 250 millones de pesos en 2015, y que llevó todo a las más altas instancias del partido y el Gobierno federal.

El tema dejó de ser local y pasó a ser federal. En la declaración ampliada de Herrera Corral señala que “Gutiérrez (le) comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y requerían recursos”. La afirmación del exfuncionario chihuahuense refuerza los dichos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sobre 2 mil 500 millones de pesos que le habían dado dentro del presupuesto, destinados a campañas electorales –que decía haber usado para el PRI y Morena–, pero dejaba abierto el mecanismo que presuntamente utilizaron desde el partido en el poder y el Gobierno mismo.

Pero el caso se detuvo en Gutiérrez, la más alta figura priista involucrada en un tema de presunto financiamiento ilegal de campañas, como si en ese momento se hubieran dado cuenta que el elefante en la sala podría empezar a ser visto. Para poder entender la trama, hay que observar cómo funcionaba el sistema de recaudación de fondos dentro del PRI, en el entendido de que el partido no se maneja de manera independiente a lo que se le indica en Los Pinos. Cada vez que el presidente en turno es priista, el partido juega más como una secretaría de Acción Electoral.

En ese sentido, Gutiérrez no era responsable único o final del dinero dentro del partido. Quien lo es, Luis Vega, había sido colocado en la Secretaría de Finanzas y Administración desde antes iniciar el Gobierno del presidente Peña Nieto, por el entonces gobernador del Estado de México. Nava llegó al PRI en 2011, directo del PRI mexiquense donde hacía una función similar. Hombre de absoluta confianza de Peña Nieto, durante años ha sido el responsable de recibir y administrar los dineros y las aportaciones –legales y aquellas que no fueran registradas-, para redirigirse hacia donde le indicaran. Ese nombramiento fue parte de los ajustes que realizó Peña Nieto pensando en el futuro. Otro estratégico Videgaray, a quien envió al Congreso para presidir la Comisión de Presupuesto, donde se encuentra el origen de algunas de las ampliaciones presupuestales a estados cuyos gobernadores han sido acusados de desviarlos a campañas priistas.

Si la acusación contra Gutiérrez es probada, será sólo un eslabón que conduzca a Nava Aguilar y al corazón del peñismo. Si esto continúa, salpicará también a Nuvia Mayorga, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que también ha sido uno de los conductos por donde llegan al PRI recursos para campañas, y es incondicional de Osorio Chong. Cercanos a Duarte comentaron que si Osorio Chong quiere saldar cuentas con el exgobernador y los tecnócratas que le quitaron la candidatura presidencial, está acotado porque el financiamiento irregular al PRI, también lo mancha.

Corral tiene en sus manos una bomba para hacer explotar la candidatura presidencial del PRI y romper el blindaje que hasta hoy tiene Peña Nieto. La pregunta es si Corral es real, si actúa por convicciones más allá de sus fobias personales, o si sus supuestos compromisos con Osorio Chong lo limitarán. Si no fuera así, el proceso contra Duarte puede ser, de comprobarse las acusaciones, el final histórico del PRI.
08 Enero 2018 04:06:00
El escándalo que viene
Roberto Borge, amigo del presidente Enrique Peña Nieto, finalmente fue deportado de Panamá, a donde se refugió tras las acusaciones de corrupción durante su gobierno en Quintana Roo. Antes, Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz que decía estar blindado porque más de 2 mil 500 millones de pesos del erario trasladó a campañas electorales del PRI, fue deportado de Guatemala por presuntamente usar recursos públicos en beneficio propio y de sus cercanos.

El siguiente es César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, a quien acusa la Fiscalía estatal también de haber desviado dinero público para fines electorales. Este Duarte, que fue muy próximo a Peña Nieto al final de su mandato, tiene una curva de aprendizaje que no tenían sus anteriores colegas. El que quien creían su amigo no lo es, y la protección que esperaban tener, no existió. Más aún, en su entorno existe la convicción de que el gobierno de Javier Corral recibió el apoyo de la Secretaría de Gobernación para hundirlo.

En el entorno de Duarte señalan que la Policía Federal actuó con una rapidez no vista antes en casos similares para detener a las personas que han declarado en contra del exgobernador. Pero el principal respaldo, según en su entorno, se dio con la actuación de la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, que bloqueó los esfuerzos de la defensa de Duarte para evitar ser detenido.

Según documentos del caso a los que se ha tenido acceso, la agente del Ministerio Público federal adscrita a la FEPADE, Alicia Ortiz, giró un oficio donde le negó al exgobernador que su defensa conociera del proceso, que pidió después de que el 30 de mayo pasado, tras enterarse por la prensa que se le investigaba, pidió que pudieran consultar la carpeta de investigación para defenderlo.

En el oficio fechado el 22 de junio, Ortiz respondió que “no tenía datos de prueba que puedan corroborar la identidad del imputado a que hace referencia en su escrito, para tener por cierto que el escrito que promovió a su nombre sea la misma persona que dice ser, por lo que no hay certeza que el escrito haya sido suscrito por la persona de mérito y menos aún que sea su decisión que sea defendido por los abogados que se mencionan”. En otras palabras, le negó el derecho a tener representación legal al rechazar y desconocer que César Duarte fuera César Duarte. El objetivo era obligar al exgobernador a ir personalmente a la Fiscalía para acceder a la carpeta de investigación, algo que su defensa había dicho que no haría, amparado por la ley.

Sin conocer el expediente en su contra, según los documentos, Duarte se enteró por la prensa que el 30 de junio había una orden de aprehensión en su contra. Horas después llegaron a la casa de sus hijas en Huixquilucan, en el Estado de México, agentes federales para detenerlo. Ese domicilio era usado por Duarte cuando estaba en la Ciudad de México, y tiempo atrás los agentes la mantenían vigilada. No está claro con quién hablaron los agentes en el domicilio, pero el exgobernador dijo en su la declaración ampliada que fue informado “que dichos agentes comentaron que era necesario obtener una confesión aún en contra de su voluntad, lo que significa que de privarlo de su libertad, lo incomunicarán y ejercerán actos de tortura o tormento en su contra para que reconozca su participación en hechos delictuosos y acepte responsabilidad en los mismos”.

Duarte niega toda imputación. Su defensa cuestiona las acusaciones del exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, que por órdenes de él se entregaron más de 14 millones de pesos de dinero en efectivo, procedentes de retenciones a trabajadores del Gobierno estatal, a Pedro Mauli Romero, exsecretario de Administración y Finanzas del PRI local, porque Duarte –alega su defensa–, no podía disponer de ningún recurso público. Este presunto delito es el primero que le fincó el Gobierno de Corral a su antecesor, el 5 de diciembre de 2016, al cual se le han venido sumando, de los mismos testigos, acusaciones y montos millonarios adicionales para los mismos propósitos.

Corral está decidido a ver en la cárcel a Duarte, y si la relación con su aliado es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es correcta, lo que viene es fuego. Al cumplir Corral con una de sus promesas de campaña, es la hipótesis, Osorio Chong golpeó al grupo que lo desplazó de la sucesión presidencial, y lastima a Manlio Fabio Beltrones, el líder del PRI en ese momento, con quien estaba enfrentado, y al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cabeza del equipo de donde salió la candidatura presidencial, donde la honestidad e integridad que tienen como atributos quedaría horadada.

Percepción no es realidad, pero si el círculo de Duarte así lo ve, es porque el exgobernador así lo cree y lo siente. Por eso el antecedente de Roberto Borge y Javier Duarte, que sirvieron a Peña Nieto y que no impidió que terminaran en la cárcel. Los tiempos son distintos y no lo vieron. Probablemente tampoco el Presidente, que no ha podido meter las manos por sus amigos. Esto es lo único quizás positivo para César Duarte. El haber sido el último de esta lista le permite pensar de manera distinta al México que dejó y buscar un santuario en el extranjero a cambio de información. Si eso sucede y empieza a hablar, lo que se ha visto hasta ahora, con todo lo que sabe, habrá sido un prólogo de novela rosa.
05 Enero 2018 04:10:00
Postales: Myanmar
RANGÚN.- Cuando uno aterriza en el moderno aeropuerto de esta antigua ciudad del Imperio británico, entra a un espacio de modernidad con hoteles de lujo, malls y distribuidoras de automóviles Mercedes Benz. Hace menos de un lustro, el aeropuerto internacional parecía una terminal de autobuses en México y los distritos que lo rodeaban no estaban desarrollados, mezclándose con la incipiente urbanización y los campos de cultivo. El Rangún de la periferia contrasta salvajemente con el centro histórico, donde las calles apestan por los tramos de drenaje abiertos, y los antiguos edificios victorianos llevan décadas sin mantenimiento. El choque de las realidades en esta ciudad es la del país, cuya transición democrática se encuentra atrapada por los militares, a quienes se les señala de ser parte de los momentos más oscuros que vive este país, y con el deseo indómito de querer el poder pleno de regreso.

Los militares, que controlaron el país en forma dictatorial durante 49 años, tras un golpe de Estado 44 años después de proclamarse república, cedieron a la presión internacional y celebraron elecciones democráticas en 2015, donde el 85% votó de la población contra la Junta Militar y le dio la victoria a Aung San Suu Kyi, la hija de un general que encabezó la lucha por la independencia en 1948, encarcelada durante 15 años por su activismo opositor, y a quien durante su confinamiento le dieron el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el colapso del régimen militar no se dio.

Pese a la victoria, Suu no pudo asumir la Presidencia porque la Constitución prohibe que una persona casada con un extranjero –como ella, con un inglés–, pueda acceder a ese cargo. Suu es gobernante de facto, salvo por un factor fundamental: los militares tienen garantizado el derecho de nombrar al 25% del Parlamento, que es suficiente para vetar las enmiendas constitucionales que deseen.

Por lo tanto, no puede tener bajo su control al Ejército, y como en todo país, quien no tiene las armas de su lado, no tiene poder real. Esa falta de poder le impide frenar la “limpieza étnica”, como definió el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, de la comunidad musulmana de los rohingyas en el noreste del país. Lo que está sucediendo en esa zona del país es un secreto. Ningún extranjero puede viajar ahí, y el tránsito de los locales está limitado.

Lo que sucede ahí es típico en esta nación llena de hoyos negros, que son las zonas donde el acceso está prohibido, y en las cuales se abren las posibilidades para todo tipo de actividad ilegal supeditada a los militares. La mayor se encuentra en el norte y el noreste del país, en los estados de Kachin y Shan, parte de la zona del Triángulo Dorado que comparte con Laos y Tailandia, la segunda región más importante del mundo que produce opio. Su cultivo es realizado por los campesinos que no tienen qué comer ni otra forma de subsistir.

Se calcula que más de 335 mil hogares dependen del cultivo de opio, operado por grupos étnicos que mezclan la conflictividad racial con el negocio de las drogas y que, a su vez, están en otra guerra civil con los militares por el control de la producción y sus rutas de distribución y comercialización.

Organismos internacionales estiman que un 40% de las divisas que entran al país vienen del narcotráfico, pero el dinero no ha sacado a millones de la miseria. Hay carreteras en regiones cercanas a esos estados donde se ve a cientos de personas que extienden la mano al paso de los vehículos para ver si alguien se detiene para darles dinero. Miles caminan en chanclas o descalzos, y comen en el suelo, dentro de los templos y pagodas. En contraste, hay jóvenes que se transportan en motocicletas y camionetas con la música a todo volumen, con ropa de marca –probablemente pirata-, pero con decenas de billetes en las manos, en contradicción con las altas tasas de desempleo en el grupo de su edad.

Los recursos del narcotráfico se invierten en hoteles, viviendas, bancos y empresas eléctricas. Cuando uno ve la transformación de los distritos de Rangún en unos cuantos años, se pregunta si tiene como sustento al narcotráfico, y esos jóvenes son sus futuras legiones de sicarios. Otro ejemplo de lo que sucede en los hoyos negros se encuentra a pocos kilómetros el norte de Mandalay, la capital histórica, en donde están los grandes yacimientos de rubís. Una de las sospechas más extendidas entre organizaciones no gubernamentales es que altos mandos militares controlan de forma ilegal la producción de rubís, oro y jade, cuya producción equivale a más del 50% del producto nacional bruto.

Los males de Myanmar son los males de Suu, cuyo poder se ha erosionado al no controlar a los militares. Nadie sabe el alcance de las matanzas que están haciendo de rohingyas, o si en el fondo esa nueva ofensiva es una provocación al gobierno civil para desestabilizar a Suu y allanar el regreso de los militares al poder. Hay mucho dinero en juego. El dilema es si Myanmar termina su proceso democrático y de apertura plena, o se convierte en un narcoestado a la sombra, avalado por Suu, cuyo respeto mundial y capital político se irá desvaneciendo ante la realidad de que el poder bicéfalo, donde ella pone la cara y los militares la fuerza, sólo llama a la desgracia de un país que no termina de nacer.

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04 Enero 2018 04:05:00
Postales: las Maldivas
MALÉ.- Esta ciudad mide 6 kilómetros cuadrados, pero todo está apretado. Es natural. Con mil 102 personas por kilómetro cuadrado, es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, que combina su saturación, por si no fuera suficiente, con decenas de miles de automóviles y motocicletas. La vida aquí tiene un significado muy distinto al de otras naciones. Malé no sólo es el centro político y económico de un archipiélago de mil 190 islas en el océano Índico, sino el eje de la cruzada contra el cambio climático. Los maldivos saben de lo que hablan. Con el 80% de su superficie total con una altura máxima de un metro sobre el nivel del mar, será cuestión de tiempo, pero no más de lo que resta del siglo, para que el deshielo de los polos haga que el mar se los trague. En este lugar del mundo no hay retórica. La lucha por no desaparecer bajo el agua es permanente.

Este archipiélago es lo más plano que existe en la Tierra, y la inexistencia de topografía es lo que lo hace la zona más vulnerable del mundo frente al cambio climático. Pareciera que el destino manifiesto de los paraísos es ser los primeros en desaparecer. Las Islas Maldivas pueden entrar en esa categoría cuando se observan sus 26 atolones desde el aire, una serie de islas que forman cadenas con estructuras bordeadas por playas de talco blanco y mares turquesa que abrazan sus masivos arrecifes de coral, y que ya tienen escrito, de no hacerse nada, su certificado de defunción.

¿Qué sucederá si el peor escenario se materializa? Toda su infraestructura de vivienda y de las pocas empresas que existen quedaría sumergida en el mar. Igual pasaría con sus cinco aeropuertos –dos de ellos internacionales, que son vitales para el turismo–, y sus 128 puertos y marinas, que se encuentran en la parte costera. Cualquier inundación por lluvias o por eventos extraordinarios, como el tsunami de 2004, provoca daños materiales y desplazamientos en estas islas. Y cada año se agrava. En 62% de las 200 islas habitadas y en 45% de las 80 que son destinos turísticos se ha reportado erosión en sus playas. Aguas más calientes también irán destruyendo el ecosistema coralino.

La cruzada contra el cambio climático fue llevada a todos los foros internacionales por el expresidente Mohamed Nasheed, quien en 2008 comenzó a pedir ayuda al mundo para que, mientras comprometía a su nación a establecer una tasa de cero emisiones de dióxido de carbono, lo apoyaran a comprar tierras en otras partes del mundo para establecer ahí la nueva patria maldiva. Lo escucharon con atención y compartieron el drama en muchos de los organismos internacionales donde tocó la puerta, pero no le dieron muchas expectativas de respaldo financiero. Los principios no funcionan cuando hay dinero involucrado.
Cinco años después, cuando llegó a la presidencia Abdulla Yameen, hubo un cambio de estrategia. Ni neutralidad con el carbón, ni compra de tierras. Buscarían la sobrevivencia de manera agresiva. Turismo masivo en islas rentadas y megadesarrollos urbanos levantados en islas artificiales sería el camino. Con esos recursos se reubicaría a miles de maldivos en las zonas de mayor vulnerabilidad a las nuevas tierras fortificadas contra el cambio climático.

Igualmente, reubicarían a los habitantes de las casi 191 islas que tienen menos de 5 mil habitantes cada una, y rentarlas para entregarlas a quienes quieran invertir.

La estrategia se ha convertido en acción. A la vista de Malé, a mil 300 metros, se está construyendo sobre la isla Hulhumale, la “Ciudad de la Esperanza”. La isla comenzó a surgir de entre el mar en 1997 y apenas hace una década se colocaron las bases de su infraestructura. Ahora es la vanguardia del futuro y sobrevivencia. La isla tiene dos kilómetros cuadrados, pero está diseñada para acomodar a 130 mil personas, que podrán vivir tranquilos porque está fortificada con muros que se levantan tres metros sobre el nivel del mar. Más de una decena de nuevas islas artificiales se están construyendo.

El plan, altamente controvertido para quienes piensan que los ideales son primero, es audaz y quizás la solución que cambie el destino de las Maldivas. Con esta estrategia el Gobierno piensa llevar el turismo, actualmente de 1.3 millones al año, a 10 millones. No es un turismo barato. Hoy en día varias de las islas de los atolones son ocupadas por las grandes cadenas hoteleras del mundo, que llegan a cobrar por un palafito –construidas sobre el mar– estándar, hasta 7 mil dólares la noche.

Los sueños del Gobierno son captar la atención de universidades de alto prestigio para instalar campus en el archipiélago y centros de alta tecnología en el futuro mediato.

La belleza de esta región coralina ya ha sido vista con ambición por algunos. Los saudíes, por ejemplo, van a invertir 10 mil millones de dólares en desarrollar el atolón Faafu, a dos horas y media en bote desde aquí, donde viven mil 500 personas. El atolón, con una forma casi de circunferencia, tiene 30 kilómetros de largo por 27 de ancho, donde los saudíes quieren hacer algo similar a la Riviera Francesa, que combine destinos turísticos con viviendas de lujo. Los maldivos piensan que no fue renta lo que se hizo, sino una venta. El presidente Yameen lo ha negado, pero hace 3 años modificó la Constitución para poder vender territorio a extranjeros. Soberanía contra sobrevivencia es el dilema. Difícil, viviendo en la realidad maldivia, la decisión.

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03 Enero 2018 04:05:00
POSTALES: Bangkok (y II)
BANGKOK –El único museo que casi nadie conoce aquí, es el que ha definido la historia contemporánea de Tailandia. Sobre una de las principales avenidas que alberga a los ministerios, en el corazón político de esta monarquía parlamentaria, entre oficinas de burócratas y casi escondido, se encuentra un museo único en su tipo, de la anticorrupción, esfuerzo noble de quienes combaten al abuso de poder, pero que parece una sutil especie de justificación de la junta militar que utilizó lo podrido del anterior régimen para ejecutar un golpe de Estado en 2014 para deshacerse de un gobierno impopular. La idea nació para combatir la percepción generalizada de que lo único importante cuando se es corrupto es que no lo atrapen, y que no todos los males se encuentran en los gobiernos, sino tienen fuertes raíces en la sociedad, desde los años tempranos.

Sus motivaciones se escuchan terriblemente cercanas.

La entrada al museo está entre columnas pintadas con mensajes en amarillo y naranja, con leyendas que recuerdan cómo la sociedad suele olvidarse de los casos de corrupción y fraudes de manera muy rápida. ¿copiaste en la escuela? ¿hiciste trampa para sacar una buena calificación? ¿te le metiste a alguien en la fila? ¿mentiste a tus maestros? La racional del museo es que la corrupción comienza con nosotros y termina con nosotros, mediante la organización de la sociedad y el fortalecimiento de los medios o la proliferación del periodismo ciudadano de denuncia. El mensaje es claro, pero su ejecución es bastante más complicada.

Los casos de corrupción, como en otros lados, siempre han servido como instrumentos políticos. En Tailandia, las protestas callejeras fueron detonadas por la compra de arroz por encima del 50% del precio mundial que hizo el gobierno de la primera ministro Yingluck Shinawatra, para ganar votos en el sector rural, que llevaron al país a la inestabilidad y provocaron que una junta militar, encabezada por el general Prayut Chan-ocha, quien había jurado lealtad al gobierno constitucional y declarado que jamás intentaría un golpe de Estado, lo derrocara.

La corrupción del Gobierno de Shinawatra es ejemplificada en el museo con ese caso que encabeza los 10 más escandalosos, pero que como en cada uno de ellos, no toca otros puntos importantes en la discusión del fenómeno. Tras el golpe militar el general Prayut declaró la guerra contra la corrupción, hizo redadas contra los disidentes, eliminó los debates sobre la democracia en las universidades, redujo la libertad de expresión y publicó una constitución temporal que le otorgó los poderes ejecutivos para darse a sí mismo una amnistía por haber roto la ley. Tampoco resuelve la paradoja que varios de sus ministros recibieron sobornos por contratos públicos y privados en aviación, telecomunicaciones y energía eléctrica otorgados por el gobierno derrocado.
El Museo Anticorrupción no se mete en la explicación de esas contradicciones.

Describe en cambio otros nueve casos, dos de ellos paradigmáticos en la sociedad tailandesa. El primero sobre el fraude en el sistema de tratamiento de aguas en Klong Dan, un suburbio de Bangkok, donde políticos federales y locales compraron las tierras para su desarrollo y se las revendieron al Gobierno, además de utilizar contratistas amigos a quienes se les adjudicaron las obras públicas. El segundo tiene que ver con el caso de sobornos de la empresa Rai-Som, uno de sus fundadores, el famoso conductor de noticieros Sorrayuth Suthassanachinda, que compraba anuncios a una tercera persona a un precio y los colocaba en la televisión a un costo más elevado. Las utilidades ilícitas se las repartían entre la empresa y su influyente conductor, que pagaron sobornos al responsable de asignar la publicidad.

Cada uno de los casos, además de tener la información detallada, es acompañado por una escultura cada uno, que permite una interpretación libre. Por ejemplo, en el caso de malversación de fondos para la construcción de 396 estaciones de policía, está la estatua de un hombre que tiene atragantados pedazos de materiales de construcción. En el caso de la planta de tratamiento de aguas, la escultura tiene tres cabezas, que simboliza el alcance del fraude desde que establecen la política pública para ello, fijan el presupuesto y aprueban el proyecto. Hay una escultura de una mujer parada sobre una tortuga, que se refiere a la lentitud del proceso judicial en otro de los casos expuestos, el de dos ejecutivos de Hollywood que pagaron un soborno millonario a exresponsable de Turismo de Tailandia para que les diera la administración del Festival Internacional de Cine.

El Museo Anticorrupción presume ser una fuente de conocimiento moral para luchar contra la corrupción de todas las formas. No sólo presenta casos de corrupción. Los hace pensar a partir de la pregunta ¿se han arriesgado haciendo fraude? Muestra seis patrones de trampas utilizados con frecuencia y eficacia, para detectarlos y bloquearlos. Insta a la sociedad y a los medios a denunciarlos, bajo la premisa de que “el pillo debe ser castigado”, y a través de enseñanzas con premios y castigos, busca, sobre todo, que los tailandeses mejoren en los índices internacionales de corrupción. Lento, pero camina.

Tailandia ha mejorado ligeramente en la clasificación de Transparencia Internacional –ocupa el lugar 101; México el 123–, pero no gracias a los esfuerzos del Gobierno actual, que sólo utilizó la corrupción para llegar al poder y mantenerse en él. El fenómeno continúa. El cambio no fue la solución, sino un pretexto en la lucha por el poder. En esto, el Museo Anticorrupción deja enseñanzas trasnacionales, para escuchar, analizar y actuar.

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02 Enero 2018 04:07:00
POSTALES: Bangkok (I)
BANGKOK.– Los Ángeles puede ser la ciudad con los mayores estrangulamientos de tráfico en horas pico en el mundo, con sus ríos de automóviles sin fin que se arrastran por los 10 carriles de la lnterestatal 5. La Ciudad de México tiene un tráfico desesperante, mientras las motocicletas en Ho Chi Min son como una plaga de mangosta, y en Nueva Delhi, el sonar de los cláxones puede alterar los nervios del más templado. Pero en Bangkok, que es la síntesis de todo, el tráfico es de locos, literal. Las horas pico aquí ponen a prueba a quien sea.

Uno puede tardar 8 minutos en un semáforo, o demorar 45 minutos para recorrer 200 metros. Los semáforos están computarizados, pero los policías de Tránsito, celosos de perder su control ante la automatización, los apagan y convierten el concierto vial en un desastre. Se puede quedar atrapado entre las pulmonías, como se llaman las mototaxis, o bloqueado por los innumerables y populares restaurantes en las calles.

Para vivir o visitar Bangkok casi son indispensables los sedantes. Sin importar si son horas pico o no, esta capital vuela para arrebatarle a la Ciudad de México el primer lugar como la ciudad más congestionada del mundo, con 66% de estrangulamiento vial, de acuerdo con el índice mundial que elabora anualmente la empresa holandesa fabricante de GPS TomTom. Aquí, aunque el porcentaje de congestionamiento es de 61, en el promedio de congestionamientos matutinos y nocturnos, supera a la capital mexicana. Por las noches, cuando todos salen de sus trabajos y las escuelas, los congestionamientos en la Ciudad de México llegan a ser hasta de 101%; pero en Bangkok, a esa misma hora, toca el 118%. ¿Cómo es esto posible?

La explicación radica en la falta de políticas públicas o en acciones fallidas, como el haber creado en 2011 un impuesto de estímulos para la compra de un auto nuevo –obsesionado Tailandia en convertirse, como aspiraban hace una década, en “la Detroit de Asia”–, que elevó significativamente el uso del automóvil en Bangkok, donde hay alrededor de 7 millones de vehículos registrados. Esto significa, en términos per cápita, dos veces más vehículos por persona que en Tokio y siete veces más que en Shanghái, las grandes ciudades asiáticas. Comparado con el resto del mundo, tiene dos veces más vehículos por persona que París y Berlín, y tres veces más que Londres.

Si tan sólo eso hubiera sido acompañado de un plan urbano en la capital, otra cosa sería. Pero fue todo lo contrario. Esta capital tiene cupo para no más de 2 millones de vehículos, porque el incremento en el parque vehicular no fue acompañado por la construcción de rutas y caminos que pudieran desahogarlo. Dentro de la ciudad es fácil ver callejones sin salida que conectan con las avenidas principales, anchas alamedas que sirven como majestuosos estacionamientos. Otros son calles tan estrechas que no caben dos vehículos, por lo que tampoco sirven para desahogar el tráfico o tener rutas alternas. La especulación en bienes raíces, por otra parte, desarrolló centros comerciales sobre las grandes avenidas, sin que invirtieran en formas alternativas de transporte; sólo el 14% de las calles están conectadas en Bangkok.

El caos urbano se potencia por la falta de un sistema masivo de tránsito. Desde 2004 comenzó a construir el metro y, a la fecha, sólo hay dos líneas y 34 estaciones funcionando. Sólo hay una línea suburbana y una de lo que sería el equivalente al Metrobus de la Ciudad de México. Los autobuses locales son pocos y están saturados. Tampoco están interconectadas sus líneas. Una persona que viva en los suburbios y trabaje en la ciudad puede perder cinco horas diarias sólo en traslados. La movilidad es algo que no existe como política pública, a la que empíricamente se han acercado 150 mil personas que han optado por la bicicleta para reducir alrededor de 70% el tiempo promedio que desperdiciaban en sus autos. Pero no hay rutas realmente para las bicicletas, cuyos conductores se juegan la vida entre los laberintos por donde se mueven los motorizados en busca de espacios para ir avanzando.

El tráfico aquí es agotador. No hay viajes cortos aunque se recorran pocos kilómetros. Son tensos y de constantes forcejeos. Consumen energía y tiempo. En la Ciudad de México, de acuerdo con el último estudio de la empresa TomTom, el tráfico provoca que los automovilistas pierdan 59 minutos cada día en los congestionamientos, o 227 horas por año. Pero en Bangkok se pierden 64 minutos al día y 244 horas al año.

Esos números subieron en septiembre y octubre, según un estudio que realizó Uber en este país, que encontró que el automovilista promedio pasa 72 minutos en el tráfico y 24 buscando estacionamiento. Anualmente pierden 24 días de su vida en nada productivo.

A estos tiempos se le añade que los conductores no son diestros para manejar, por lo que aquí se tiene una de las tasas de mortalidad vial más altas del mundo. Poco les importa. Son tan salvajes como en El Cairo, tan temerarios como en Calcuta o Roma, aunque se diferencian de los automovilistas en la Ciudad de México, por cuanto al respeto de las leyes de tránsito. Aquí sí respetan las normas viales, como también, a diferencia de los indios, campeones en tocar el claxon, todas sus ansiedades y frustraciones por la inmovilidad, las procesan en silencio. Algo positivo, después de todo, debían tener.

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22 Diciembre 2017 04:09:00
2018: el dilema de Meade (y IV)
La precampaña presidencial de José Antonio Meade está crujiendo. No está cuajando dentro del PRI de manera fácil, y no se sabe si el cronograma electoral del presidente Enrique Peña Nieto estimaba lo que está pasando. La postulación de Andrés Manuel López Obrador por parte del Partido Encuentro Social, que nació con gene priista de Hidalgo, es una fractura que apenas el conflicto interno en el PRI. Pero la brecha parece más profunda. Paola Rojas entrevistó el miércoles al expresidente Carlos Salinas en Televisa, quien afirmó que el PRI que gobierna hoy no es el que lo hizo durante 70 años. Y cuando le preguntó por quién iba a votar, Salinas respondió: “El voto es secreto”.

Estos episodios muestran la disfuncionalidad del momento priista. La salida del PES se determinó porque el compromiso con el Gobierno para que apoyar al PRI en las elecciones en el Estado de México –que se contaba en cuatro dígitos de millones de pesos–, nunca llegó a sus arcas. La declaración del expresidente, quien cuando parecía tambalearse la candidatura presidencial de Luis Donaldo Colosio ante la embestida pública y mediática de Manuel Camacho, afirmó “no se hagan bolas”, ha enredado las cosas con su silencio, que grita a 180 decibeles, como el sonido del Krakatoa cuando hizo erupción. El PRI está dibujando su ruptura, que no se da sólo entre el viejo régimen y el nuevo, sino que dentro del mismo grupo de poder que ganó la sucesión presidencial, se empiezan a apreciar las grietas.

De entre las sombras está comenzando a aparecer el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien a decir de personas informadas de lo que sucede hacia el interior de la casa presidencial, ha comenzado a tomar decisiones y a operar en algunos temas dentro de la campaña presidencial de Meade. Videgaray no se ve abiertamente, pero su mano es a la que se le adjudica la decisión final del presidente Peña Nieto para que trasladara al exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, de la presidencia del PRI en la Ciudad de México a la campaña de Meade, y que su relevo fuera el exgobernador de Hidalgo, Francisco Olvera, distanciado de su antecesor, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del partido en la capital federal.

Las primeras acciones notorias de Videgaray en la campaña, sugieren que la coordinación de la misma, encargada por Peña Nieto al exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, no está funcionando como debería. Nuño, quien asumió el control total de la campaña junto con el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, llegó al equipo de Meade y lo sacudió de meadistas. Ciertamente, contra lo que se piensa en la República de las Opiniones, el equipo que tenía su corazón de poder en Videgaray al arrancar el sexenio, se ha venido fragmentando. Dentro del equipo del precandidato hay voces que le han pedido que rompa con Videgaray y se quite lastre, lo que no hizo Meade. Ahora menos. El afectado inmediato de su llegada, aunque aún limitada, es Nuño, que pese a ser amigo del precandidato, no pertenece a su círculo de confianza.

La precampaña tiene apenas una semana de vida y enfrenta disfuncionalidades. No se conoce realmente cuál es el ánimo de Nuño para apoyar ciegamente a Meade, dado que durante el mes previo al destape, el presidente Peña Nieto tuvo una serie de muestras y gestos hacia él que lo hizo pensar al igual que a sus colaboradores que la decisión se iba a inclinar por el secretario de Educación. Su inclusión al frente de la campaña lo convirtió en una pieza fundamental para la estrategia. Por un lado, como enlace con Peña Nieto, el verdadero jefe de campaña –como lo fue en el Estado de México, donde se metió directamente al diseño y manejo estratégico–, y por el otro como el Plan B, que desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, cuando Salinas no pudo hacer candidato a Pedro Aspe por las restricciones constitucionales, se ha dispuesto un relevo en dado caso –nadie lo dice abiertamente– de que fuera necesario el relevo por una causa de fuerza mayor.

Las señales son que, pese a la cercanía de Nuño con Peña Nieto y la enorme confianza que le tiene como operador político, el Presidente ha dejado ver que requiere de mayor experiencia para reencauzar la campaña de Meade. Videgaray, que manejó su campaña presidencial en 2012 y la de Ávila como candidato a gobernador en el Estado de México, parece haber sido la solución inmediata para enderezar un barco antes de que se pierda y naufrague. La presencia de Videgaray, aún en las sombras, no es un factor cohesionador.

El canciller –no se sabe cuánto tiempo dedicará a la campaña– está enfrentado con Osorio Chong, uno de los perdedores en la sucesión presidencial, y con Claudia Ruiz Massieu, la secretaria general del PRI, con quien se enemistó hace casi un año, y que no ha podido trabajar con comodidad en el partido, donde ha tenido varios frentazos. Peor aún, en términos de simetría de inteligencia, tiene cuentas pendientes con el expresidente Salinas, con quien se ha enfrentado varias veces a lo largo de este sexenio. Videgaray es un elemento disruptor en la campaña de Meade. Pero el precandidato también lo es. El choque que se perfila es contra el PRI, a nivel jerarcas, en su totalidad. El único que puede conciliar, apaciguar, contener o reprimir es Peña Nieto, quien tendrá que hacer una campaña paralela para evitar que el PRI, como en 2006, abandone a su candidato.

Nota: Esta columna suspenderá su publicación hasta el próximo 2 de enero.
21 Diciembre 2017 04:08:00
2018: el dilema de Meade (III)
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, contra las cuerdas, tuvo que atajar lo que no sólo le está costando políticamente sino que se está convirtiendo rápidamente en la percepción que, como respuesta por haber sido relegado en la sucesión presidencial, está jugando las contras al presidente Enrique Peña Nieto y al candidato José Antonio Meade. Osorio Chong no quiere que se le compare con Manuel Camacho, quien en un arrebato por perder la candidatura presidencial frente a Luis Donaldo Colosio, buscó descarrillarlo y presentarse como sustituto. La bala que mató a Colosio en marzo de 1994, también perforó sus ambiciones, por haber sido responsable directo de un clima de inestabilidad social y política en el país. Cuando semanas después se le preguntó a Miguel Montes, primer fiscal que investigó el asesinato sobre el entorno que llevó al crimen, respondió: “Los climas matan”.

La analogía Camacho-Colosio y Osorio Chong-Meade, es más que una hipótesis, porque el secretario de Gobernación, según personas que hablaron con él tras el destape, está molesto –en público lo niega– por su desplazamiento por parte del grupo político encabezado por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, con quien se ha enfrentado por años. A Osorio Chong le apura que no se le vaya a etiquetar como traidor, o que se piense que, como en el caso de Camacho, su objetivo es aniquilar la campaña del candidato del PRI para que él pudiera ser el sustituto.

Durante todo el tiempo tras el destape, el secretario guardó un bajo perfil que tuvo que modificar esta semana cuando se dieron movimientos dentro de la campaña de Meade y del partido, que no le favorecían. Según observadores experimentados en Hidalgo, Osorio Chong ordenó provocar una ruptura dentro del Partido Encuentro Social, que nació en ese estado con cercanos a él, y que esta semana postuló a Andrés Manuel López Obrador como su candidato presidencial. Se espera que en breve renuncie el coordinador de la bancada del PES en el Congreso, Alejandro González Murillo, sobrino del ex procurador y exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, a menos que López Obrador cambie la decisión de no entregarle un escaño senatorial. Varios alcaldes en Hidalgo cercanos al partido, también lo dejarían, mientras que Osorio Chong pidió a sus subsecretarios institucionalidad y apoyo total al Presidente.

Las señales que afectaron a Osorio Chong fueron las jugadas de ajedrez que hizo Videgaray. Se removió al líder del PRI en la Ciudad de México, Eruviel Ávila, para sumarlo a la campaña de Meade, y se nombró a Francisco Olvera, exgobernador de Hidalgo, como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del partido en la Ciudad de México. Ávila es muy cercano al canciller, y el traslado lo coloca rumbo no sólo a una senaduría de mayoría, sino desafía a Osorio Chong en la coordinación del grupo parlamentario en la próxima legislatura, a donde se enfilará el secretario de Gobernación probablemente en enero.

La pinza que lo apretó fue la Olvera. Aunque este llegó a la Gubernatura con el apoyo de Osorio Chong, desde el principio de su sexenio empezó su distanciamiento. Olvera, de acuerdo con observadores hidalguenses, estableció una sólida amistad con Mikel Arriola, quien es parte del equipo político de Meade, y actual candidato del PRI al gobierno capitalino. Arriola, con el aval de Meade, solicitó a Videgaray que intercediera para que Olvera sustituyera a Ávila, que es lo que pasó el lunes. El choque entre los dos exgobernadores de Hidalgo se había profundizado con el proceso de sucesión en el estado, donde Osorio Chong impulsó a Omar Fayad como candidato del PRI, por lo que su incorporación en el equipo ganador de la sucesión, es una afrenta.

La ecuación política no le favorece a Osorio Chong, cuya actitud distante y seca tras el destape de Meade, le cerró espacios de movilización interna. El secretario de Gobernación lleva cinco años de luchas intestinas contra el grupo de Videgaray, y el propio Meade ha reconocido públicamente que como colegas del gabinete, cuando ocupaba la cartera de Hacienda, tuvieron choques y diferencias. Osorio Chong reconoció en una extraña entrevista el lunes con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula que sí se dieron esos rozones, pero los explicó como resultado la responsabilidad que tenían ambos en sus respectivos cargos. No fueron enfrentamientos, ni hay alejamiento, subrayó el secretario. Este es el mensaje que ha transmitido a su equipo en Bucareli, insistiendo que su relación con Meade es muy buena.

La reacción que tuvo Osorio Chong en la entrevista con López Dóriga lo mostraron como un hombre a la defensiva que está tratando de cambiar la delicada ubicación política en la que se encuentra. Quiere borrar todo lo que ha hecho en el pasado inmediato, como haber buscado, a través de sus lugartenientes en Bucareli, dañar la candidatura de Meade al pedir a varios periodistas que le maximizaran la difusión del video donde Videgaray hizo el pre destape, con énfasis en que se había echado a perder la candidatura. Tampoco hizo el trabajo para mantener al PES alienado al PRI, ni resolvió expeditamente que se le cumplieran los acuerdos negociados por el apoyo en las elecciones del Estado de México.

Osorio Chong, pese a curarse en salud y negar traición o falta de apoyo, está en déficit tras el destape. Los temores que se tienen sobre su accionar no son percepciones. Dentro del PRI y la campaña han detectado lo que está haciendo el secretario o dejando de hacer, que para este efecto, es lo mismo. 
20 Diciembre 2017 04:08:00
2018: El dilema de Meade (II)
Las elecciones presidenciales, en México y todos lados, son plebiscitos sobre el Gobierno. Los electores deciden entre si quieren la continuidad o el cambio. Lo que sucederá aquí el próximo año, correrá por el mismo eje. En las urnas van a decidir si quieren a José Antonio Meade, el candidato de la continuidad, o a Andrés Manuel López Obrador o a Ricardo Anaya como las opciones de cambio. El dilema es profundo. ¿Tiene Meade que romper con Peña Nieto? ¿Debe hacerlo?

La experiencia indica que competir como candidato del gobierno y romper con el gobierno, es un error. Le pasó a Josefina Vázquez Mota en 2012, quien por no jalar los negativos del presidente Felipe Calderón, también perdió sus positivos. Caso contrario, Alfredo del Mazo no rompió con el gobernador Eruviel Ávila, ni repudió a su primo, el presidente Enrique Peña Nieto, y si bien perdió más de un millón y medio de votos y se chupó todos los negativos del Ejecutivo Federal, no perdió los positivos que le dieron el respaldo suficiente para ganar la elección. Las tentaciones al rompimiento siempre son grandes, sobre todo cuando hay altos negativos del presidente en turno o existen presiones para un cambio, como es el caso de Peña Nieto y Meade.

El proceso de sucesión del presidente Carlos Salinas sigue siendo un buen modelo para estudiar. Salinas construyó políticamente a Luis Donaldo Colosio y lo llevó a la candidatura presidencial. Su campaña arrancó herida por el protagonismo de Manuel Camacho, como comisionado para la paz en Chiapas, y parecía naufragar, hasta que el 6 de marzo de 1994 pronunció un discurso en el PRI, que no sólo fue interpretado como de ruptura con su mentor Salinas, sino como una probable causa de su asesinato 17 días después. Nada de eso fue real.

El discurso fue pulido como diamante por los asesores de Colosio, Samuel Palma, Cesáreo Morales y Javier Treviño –actual subsecretario de Educación–, quienes encontraron en el discurso de Martin Luther King de 1963 inmortalizado como I Have a Dream, que narraba un sueño sobre la igualdad de los negros en Estados Unidos, el ritmo y la narrativa de la alocución del candidato, quien habló de un México con hambre, sed de justicia, y gente agraviada por el “abuso de las autoridades”, que clamaban por una reforma al poder y la lucha contra las viejas prácticas y corruptelas del PRI.

Con ese discurso Colosio no rompió con Salinas, a quien en la víspera le envió el texto de lo que iba a pronunciar. El distanciamiento, en todo caso, fue pactado con Los Pinos, y le ayudó a Colosio a revigorizar su campaña y tener un segundo lanzamiento de campaña. Meade, empero, está en una situación más compleja y difícil que la que enfrentó Colosio, pero tendrá que encontrar la forma de hacer un deslinde que no signifique rompimiento, lo que se antoja muy cuesta arriba.

En términos retóricos, ¿cómo puede hablar el candidato Meade de la seguridad cuando el colapso de la estrategia tendría que adjudicárselo al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong? Cualquier planteamiento sobre seguridad tendría que marchar sobre la crítica a lo hecho por el Gobierno de Peña Nieto, que en los últimos meses ha intentado reiteradamente de adjudicarle la responsabilidad primaria del incremento de la tasa de homicidios dolosos –la más alta en la historia de México- a los gobiernos estatales y municipales. Meade puede tomar ese discurso como propio y lanzarse contra los gobiernos locales, lo que tampoco sería electoralmente conveniente, porque requerirá del apoyo de los gobernadores para poder movilizar a la masa de votantes que necesita para ser competitivo ante sus adversarios.

La seguridad es, de ya, uno de los temas en las precampañas presidenciales, al cual aún no entra. El otro que ha sido esbozado por los precandidatos de oposición, es el de la corrupción. Uno de los atributos de Meade es que esa mancha no parece estar impregnada en él, pero ¿cómo podrá entrar a la discusión de fondo sobre la corrupción sin tocar al Gobierno de Peña Nieto para el cual trabajó? Si no es culpable de la corrupción, sí es responsable porque en sus manos tenía dos de los instrumentos más importantes para combatirla por la calidad de información que procesaban, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Retomar el discurso oficial de que el Gobierno peñista es el que más ha hecho por luchar contra la corrupción sería un error, porque además de que el electorado no le creería, sería sujeto a una acusación de encubrimiento.

El entorno en el que se encuentra Meade es más desventajoso que el que tenía Colosio. Un elemento adicional de contraste es su calidad de ciudadano ajeno al partido, por lo cual su propio deslinde debería tener el cuidado de no lastimar a los priistas. Separarse notoriamente del PRI sería una patada adicional a la que recibieron al ratificar que no había, dentro del partido, ninguna figura con solidez para ser candidato presidencial. Es decir, incluso un rompimiento pactado no sería benéfico para Meade porque aun si ganara con votantes antipri, perdería su núcleo duro, indispensable para mantener una candidatura competitiva.

No le queda más camino que admitir que es el candidato de la continuidad y encontrar en el discurso no sólo los beneficios que ello significa, sino el antídoto para no despotricar contra la inseguridad y la corrupción, que sería el equivalente a un suicidio electoral.
19 Diciembre 2017 04:07:00
2018: El dilema de Meade (I)
La precampaña presidencial de José Antonio Meade arrancó de manera desafortunada por cuanto a los símbolos. Vestido de chamula, no es lo que se esperaba de un candidato ciudadano que busca desterrar los rituales de un PRI que huele a naftalina y se presenta como la alternativa de futuro. Tan opaco fue el inicio de campaña que prácticamente pasó desapercibido. Pese a ser apenas el calentamiento de motores, el suyo se va a desbielar si no se afina en los próximos días. Que se acuerde lo que sucedió con Luis Donaldo Colosio, cuya campaña padeció de un contexto desfavorable y un acomodo de equipos muy difícil de compaginar. Esa analogía le puede permitir aprender de aquellos errores y no repetirlos.

Colosio era el candidato que construyó el presidente Carlos Salinas para consolidar el modelo de país que diseñó; Meade es el de Peña Nieto, para consolidar el modelo de país que diseñó. Colosio no era el hermano, sino el heredero de Salinas, quien hizo a un lado a Manuel Camacho, poderoso jefe del Departamento del Distrito Federal; Meade tampoco es el hermano sino el heredero del legado de Peña Nieto, quien hizo a un lado a Miguel Ángel Osorio Chong, poderoso secretario de Gobernación. Camacho enfureció y Salinas le dio viabilidad política al nombrarlo comisionado para la paz en Chiapas; Osorio Chong está abiertamente molesto.

Peña Nieto debe voltear a ver la experiencia de Salinas. El arrebato de Camacho por no ser candidato presidencial produjo una crisis al interior del equipo compacto de Salinas, quien cometió el error de nombrarlo secretario de Relaciones Exteriores. Al colocarlo ahí, no lo comprometió con la campaña ni vinculó su futuro a trabajar por Colosio y no sabotearlo. Peña Nieto debe pensar qué va a hacer con Osorio Chong, quien era el favorito de la estructura del PRI y de sus gobernadores. O sea, puede hacer daño.

El Presidente no puede dejarlo en la Secretaría de Gobernación, donde tiene que incorporar a un incondicional de él, buen operador político y que además le ayude en el tema de la seguridad –el único perfil de ese tipo es el de Alfonso Navarrete Prida, secretario de Trabajo–, pero tampoco enviarlo a donde no lo comprometa con Meade. De ahí, la versión en Los Pinos que Osorio Chong saldrá en enero de Gobernación para buscar una senaduría de mayoría por Hidalgo. De esta forma, ganar con votos le da futuro transexenal y ayuda al candidato presidencial.

Salinas cometió un segundo error. Al levantarse el Ejército Zapatista de Liberación Nacional nombró a Camacho comisionado para la paz en Chiapas y a Jorge Carpizo como secretario de Gobernación. Estos movimientos fueron tóxicos. El alzamiento indígena modificó la campaña de Colosio desde el primer momento. Su arranque iba a ser en Motozintla, Chiapas, y tuvo que cambiarla, apresuradamente a Huejutla, en la huasteca hidalguense. Pero desde el primer momento, el protagonismo de Camacho aplastó la campaña. Su gran habilidad con los medios creó la percepción en la Ciudad de México que la campaña no pretendía, y comenzó a construir la imagen del candidato sustituto. Incluso, en una entrevista con el entonces columnista de asuntos latinoamericanos del The Wall Street Journal, David Assman, dejó entrever esa posibilidad al tiempo que anticipó que Pedro Aspe, repetiría como secretario de Hacienda. Al mismo tiempo, una serie de acciones políticas ejecutadas por Carpizo, fueron interpretadas en el equipo de Colosio como perjudiciales a la campaña. Salinas, que en el primer trimestre de 1994 sólo estaba enfocado a la paz en Chiapas, avalaba con su inacción, lo que hacían Camacho y Carpizo.

En el arranque de la campaña de Colosio, los dos principales operadores políticos de Salinas estaban embarcados en la contracampaña. Pero ese factor no era lo único que alteraba las cosas en el equipo de Colosio, quien comenzó a tener problemas internos desde que nombró a Ernesto Zedillo, quien era secretario de Educación, como coordinador de su campaña. El equipo compacto de Colosio se venía preparando para la candidatura presidencial desde que era líder del PRI, por lo que al llegar Zedillo con un nuevo equipo, los choques y las tensiones fueron en aumento.

Uno de los momentos que mejor reflejan la confrontación en esa campaña fue cuando Zedillo presentó un extenso manual de campaña a Colosio y a todo el equipo, y el entonces presidente del PRI, Santiago Oñate, casi textualmente, le dijo cuando comenzó a repartirlo: “Yo no voy a abrir este libro con tus pendejadas”. Demasiado técnico para los políticos, Zedillo fue totalmente marginado por el equipo compacto de Colosio, José Luis Soberanes, Samuel Palma y Guillermo Hopkins, entre los principales.

Meade no enfrentará el problema de Colosio donde su coordinador de campaña, Aurelio Nuño, y el líder del PRI, Enrique Ochoa, choquen: son muy cercanos y han trabajado mucho tiempo juntos. El problema lo está teniendo con la integración de su viejo equipo y el que está llegando con Nuño. Ese proceso está siendo complicado y provocando tensiones, de acuerdo con personas que están dentro del cuarto de máquinas de la campaña, y de mantenerse el rumbo sin corrección, habrá un quiebre en el equipo de campaña de Meade. Peña Nieto no está ajeno a lo que está sucediendo y podría considerar ajustes en el equipo estratégico. En todo caso, este es sólo uno de los problemas de la campaña. El otro es el propio Meade al tener que contender como el candidato de la continuidad.
18 Diciembre 2017 04:07:00
El gabinete de López Obrador
La ganas, sin escuchar razones, dominan las acciones de Andrés Manuel López Obrador. Generalmente, sobre todo en acciones fundamentales, como fue la sugerencia de sus asesores de no realizar el plantón en Paseo de la Reforma en protesta por el resultado de la elección que le dio a Felipe Calderón la Presidencia por el costo que entrañaría. Como lo advirtieron, aquella protesta que trastocó la actividad económica en la Ciudad de México, se le sigue recordando de manera negativa. Este tipo de exabruptos políticos no los ha corregido. El gabinete que presentó en el arranque de la precampaña presidencial con el cual gobernaría en caso de llegar a Los Pinos en 2018, es otro de esos ejemplos señeros. Los nombres de su equipo fueron recibidos con respeto, pero valorado en términos generales como un gabinete de segunda división.

La culpa no es de ellos, sino de la necedad de López Obrador por hacer el anuncio el 14 de diciembre, sin quererlo aplazar un día más y por haber dejado sin explicación cuáles fueron los motivos detrás de algunos de los nombramientos. Tal es el caso de Olga Cordero, a quien llevaría como secretaria de Gobernación, que fue un nombramiento que no se entendió por la nula experiencia de la abogada que, antes de ser ministra de la Suprema Corte de Justicia que construyó el expresidente Ernesto Zedillo en 1995, era notaria. La señora Cordero no está por su experiencia, sino que es el guiño más grande que le ha hecho el puntero en las preferencias electorales al empresariado. Cordero es la gran pieza de los empresarios en el gabinete de López Obrador, un enlace que les daría confianza y certidumbre de que en caso de llegar a la Presidencia, no habría una cacería de brujas contra ellos.

De cualquier manera, la señora Cordero no le da mayor lustre que el efímero impulso que le dará el nombramiento. Otros de mucho mayor envergadura, que habría provocado en muchos la reflexión de que López Obrador es muy diferente en términos de aplomo y visión que el de 2006 y 2012, lo echó a perder, no por no haber crecido y madurado políticamente en todos estos años, sino porque no quiso esperar unos pocos meses, antes de iniciarse la campaña presidencial, para que pudieran sumarse dos personas que habría revolucionado su campaña y potenciado sus probabilidades de triunfo.

Uno de ellos fue Santiago Levy, el vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, subsecretario de Hacienda en el Gobierno de Ernesto Zedillo y director del Seguro Social durante el Gobierno de Vicente Fox, pero quien en los 90 fue el arquitecto principal del programa Progresa-Oportunidades, que sirvió de ejemplo a varios gobiernos en el mundo, como el de Inazio Lula da Silva. Levy estaba dispuesto a sumarse al equipo de López Obrador, pero no podía hacerlo en este momento sino hasta la primavera, cuando estuviera libre de compromisos adquiridos con universidades en Estados Unidos donde una de las restricciones es que no puede hacer política. López Obrador se tuvo que conformar con Carlos Urzúa, que fue secretario de Finanzas en el primer medio del gobierno del precandidato en la Ciudad de México.

Otra fue Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, donde previamente fue la coordinadora de su programa de desarrollo sustentable. López Obrador le ofreció a Bárcena la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero una vez más, cuando al enviado del precandidato a Chile, la sede la CEPAL, le hizo la propuesta, le respondió que aceptaría, pero no antes de la primavera –al igual que Levy–, por tener compromisos contraídos en la organización que dirige. Tampoco quiso esperar López Obrador y nombró a Héctor Vasconcelos, diplomático de carrera pero enfocado en las artes. Vasconcelos será, sin embargo, una figura. Detrás de él se encuentra un equipo diplomático y político altamente competente y con relaciones privilegiadas en Washington y Nueva York, que son los que ya están trabajando la candidatura de López Obrador con las cancillerías de varios países.

No se entiende el porqué López Obrador no mantuvo en reserva los nombramientos en las carteras de Hacienda y Relaciones Exteriores, para poder dar un campanazo nacional e internacional, como sí lo hizo para el cargo de secretario de Seguridad Pública, que en su diseño de gobierno, volverá renacer como Secretaría y eliminará de la degradación administrativa –con todo su costo y consecuencias– que provocó el presidente Enrique Peña Nieto al aprobar a su secretario de Gobernación la absorción de esa dependencia. Ese cargo está reservado para Marcelo Ebrard, quien ya lo tuvo, a nivel local, cuando López Obrador gobernó la Ciudad de México.

Las prisas de López Obrador produjeron un gabinete que, en la parte positiva, no presenta un armado a partir de cuotas políticas sino, en ese sentido, es serio y pragmático al incorporar formalmente a personas que trabajaron con él durante estos meses que con quienes nunca había estado cerca, como Esteban Moctezuma, quien asumiría la Secretaría de Educación, y que ha sido pivote en algunas de las nuevas alianzas que ha ido construyendo el equipo del precandidato. Moctezuma fue secretario de Gobernación y de Desarrollo Social en el Gobierno de Ernesto Zedillo, cuyo nombre siempre ronda en torno a López Obrador. La parte negativa es la mediocridad, medida en términos de opinión pública. López Obrador presentó lo que tuvo listo el 14 de diciembre. Se apresuró y perdió. El ímpetu, sin razonar, le sigue costando.
15 Diciembre 2017 04:09:00
Las razones del PES
En la última reunión de la Conago este miércoles, la cara del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, era la de pocos amigos. “Estaba muy enojado”, confió uno de los gobernadores que fueron al acto en el Castillo de Chapultepec. Había una explicación. Poco antes de iniciar la sesión, el Partido Encuentro Social había firmado una alianza electoral con Morena y el Partido del Trabajo, y su dirigente Eric Hugo Flores Cervantes, se había retratado, levantándole la mano, con Andrés Manuel López Obrador. Esa alianza fue interpretada en la prensa política y las redes sociales como la demostración de la molestia de Osorio Chong con el presidente Enrique Peña Nieto por haberlo hecho a un lado en la sucesión presidencial, y como una forma de cobrarle facturas. Después de todo, Encuentro Social tenía como huella de identidad, la de Osorio Chong.

El 22 de mayo de 2015 se publicaron en este espacio los orígenes sospechosos de Encuentro Social. “Las pistas se encuentran en los poderosos dirigentes que tiene en Hidalgo, que de acuerdo con periodistas experimentados en el estado, son quienes planean las estrategias y toma de decisiones nacionales desde Pachuca: Alejandro González M., secretario general del PES –el número dos en el partido– y Natividad Castrejón Valdés, el líder del partido en ese estado. González M, inicial que significa Murillo, es sobrino del exgobernador, exprocurador, exconsejero político de Peña Nieto y actualmente secretario de Desarrollo Urbano y Territorial, Jesús Murillo Karam; y Castrejón Valdés creció en Hidalgo de la mano del exgobernador y actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong”, se apuntó.

“La relación que pueda tener el PES con la Secretaría de Gobernación o si les está sirviendo de parapeto para fines ulteriores, no ha sido probada, pero los indicios de que el PES sea un nuevo partido patito, como en el pasado lo fueron el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que sirvieron como arietes contra los partidos opositores al PRI y para la simulación de un sistema autoritario como uno democrático donde existía un sistema de multipartidos, van creciendo. Aquellos partidos, ya extintos, fueron organismos paraestatales donde sus líderes cobraban favores con puestos parlamentarios. La duda entre la clase política y los señalamientos en la prensa en Hidalgo es si Flores Cervantes y el PES son la versión posmoderna de aquellos partidos.

“Las vinculaciones políticas son las que hasta el momento arrojan las dudas sobre las motivaciones de Cervantes. González Murillo no era un hombre metido en la política, sino en los negocios, particularmente en el de la construcción, con importantes contratos en el gobierno estatal de Osorio Chong. En agosto del año pasado (2014) fue nombrado secretario general del PES en el primer congreso nacional celebrado en la ciudad de México, donde también se nombró a Natividad Castrejón Valdés como presidente del partido en Hidalgo. Castrejón Valdés, que había trabajado para el PRD y el PAN en Hidalgo, se acercó al final de la administración anterior a Osorio Chong, quien cuando llegó a la Secretaría de Gobernación lo nombró su coordinador de audiencias y un enlace informal con los estados. Regresó a Pachuca para hacerse cargo del partido, con el apoyo del secretario general David Cárdenas, quien durante el gobierno de Osorio Chong, dirigió el Sistema Hidalguense de Radio y Televisión”.

Nadie desmintió oficialmente aquella columna, y gradualmente se fue confirmando la relación orgánica de Encuentro Social, cuya principal base electoral son los cristianos, con Osorio Chong. Una de las iniciativas más abiertas se dio con el intento de reclutamiento de Cuauhtémoc Blanco, el alcalde de Cuernavaca, para que compitiera bajo su bandera en las elecciones para gobernador en Morelos. Esa iniciativa fue interpretada por el gobernador Graco Ramírez, como un intento abierto del secretario de Gobernación para intervenir en las elecciones del próximo año en ese estado. Previamente, ese partido que nació en 2015, fue en alianza con el PRI en varias elecciones estatales, la más importante en el estado de México, donde sus votos, más los del Partido Verde y Nueva Alianza, le dieron la victoria a Alfredo del Mazo, quien con los votos del PRI no alcanzaba el triunfo.

Pero la relación estrecha de Encuentro Social con Osorio Chong no se trasladó mecánicamente a la alianza con López Obrador. De hecho, la razón por la que Encuentro Social se salió del establo del PRI, fue porque los mensajes que llevó el secretario de Gobernación a Los Pinos sobre las intenciones del partido para 2018, fueron tratadas con desdén. El mensaje central es que Encuentro Social quería lanzar como su candidato a la Presidencia al popular actor y productor Eduardo Verástegui, quien por razones de su trabajo mantiene una buena relación con la Primera Dama, Angélica Rivera. Sin embargo, la respuesta del presidente Peña Nieto, respaldada por la opinión de su consejero político, Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade, fue que no presentara candidatura alguna.

Flores Cervantes ya había hablado de la posibilidad de llevar a Margarita Zavala como su candidata a la Presidencia, y al ver que podrían obtener entre 8 y 10% del voto, se lo propusieron. Pero Zavala prefirió buscar una candidatura independiente. La frustración del líder de Encuentro Social se profundizó cuando después de la victoria en el estado de México, los acuerdos a los que había llegado en la Secretaría de Gobernación por haber participado en la alianza, nunca se cumplieron. La mala respuesta que recibieron de Los Pinos, lo llevó a acercarse a López Obrador.

Con 3.2% del voto en las últimas elecciones federales y ante la posibilidad de que la elección presidencial en 2018 esté muy cerrada, ese porcentaje puede ser la diferencia entre ganar y perder.
14 Diciembre 2017 04:08:00
Andrés Manuel en el cielo
Las precampañas presidenciales arrancan este jueves con un escenario de altas expectativas para un solo candidato, Andrés Manuel López Obrador. El pensamiento convencional es que en 2006 y en 2012 también arrancó con buenas posibilidades de victoria, y que incluso hace 12 años, tenía una ventaja de 20 puntos sobre el segundo lugar. Un contraargumento simple es que si bien en aquellas dos elecciones presidenciales López Obrador representaba la posibilidad de cambio, en esta ocasión esa esperanza ya está asimilada por el electorado, que no la ve como un atributo suficiente para marcar una diferencia.

Pero ante ello, sostienen expertos en opinión pública que han trabajado para el PRI y el PAN –pero nunca para Morena o López Obrador–, a partir de los análisis realizados en las redes sociales, el hábitat de cerca del 30% del electorado que votará por primera vez, lo que esperan en 2018 no es una elección competida, como sugiere la última encuesta pública de preferencias electorales divulgada por Consulta Mitofsky, sino que se abra tanto, que el tres veces candidato presidencial podría ganar por una diferencia de 10 puntos –aproximadamente cinco millones de votos.

Según la encuesta, si bien la coalición Por México al Frente supera por cinco décimas de punto a Morena en preferencia por partido, y por 1.7% al PRI, en inclinación por candidato López Obrador alcanzó el 23% de las preferencias, seguido de Ricardo Anaya, por la alianza, con 20%, y José Antonio Meade del PRI, con 19.4 por ciento. El estudio de Consulta Mitofsky muestra una competencia muy cerrada, que no es como la ven otras casas encuestadoras. Buendía y Laredo difundió la semana pasada su propia medición, donde Morena empata con la coalición en 27%, quienes relegan al PRI ocho puntos abajo. A nivel de candidatos, López Obrador supera por nueve puntos a Anaya y está arriba de Meade por 15. Una tercera encuesta, publicada por Reforma el 30 de noviembre, le dio al morenista una ventaja de 14 puntos porcentuales sobre sus adversarios, que los mostró empatados con 16% del voto.

Las mediciones han mantenido prácticamente la misma metodología en los tres últimos procesos presidenciales, pero no deben ser analizadas analógicamente. En 2006 y 2012 el impacto de las redes sociales en el ánimo y humor del electorado o no existía, o estaba limitado. Es verdad que hasta ahora, el malestar de un electorado beligerante e inconforme que se aprecia en las redes sociales, no ha podido trasladarse al voto, aunque lo más cercano a lograr ese objetivo lo hizo Morena en la reciente elección para Gobernador en el Estado de México. Los asesores de la candidata Delfina Gómez confiaban en que la irritación política en las redes anticipaba una ventaja de 10 puntos sobre el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, lo que no se
concretó.

Habría que revisar con datos y evidencia empírica lo que provocaron, o dejaron de provocar, las campañas sucias contra Gómez, para poder alcanzar conclusiones preliminares. Filtraciones del PRI y del Gobierno federal a la prensa restaron legitimidad a López Obrador, mediante una serie de videos donde estaba Eva Cadena, una candidata a un municipio veracruzano, que recibía medio millón de pesos supuestamente para las campañas de Morena. Paralelamente se difundieron señalamientos sobre un presunto mal uso de recursos públicos en contra de los trabajadores de Texcoco, cuando Gómez era presidenta municipal. Las dos campañas frenaron el crecimiento de Gómez, suficiente para que Del Mazo, con la ayuda de los partidos que respaldaron al PRI, ganara la elección. Sin embargo, en el tú-a-tú, perdió ante Gómez por 56 mil votos. Es decir, perdió el partido en el poder, pero ganó su candidato, con casi un millón y medio de votos menos de los que obtuvo Eruviel Ávila seis años antes.

La pradera incendiada en las redes sociales contra el PRI no alcanzó a darle la vuelta a la elección en las urnas, pero el resultado permite argumentar sobre un cambio tangible en los procesos electorales directamente relacionados con el mundo virtual. Las altas expectativas que le dan los expertos en opinión pública a López Obrador, retoman los análisis de comportamiento político en las redes sociales donde se ve la discusión incendiaria, tumultuosa y descalificadora en Twitter, pero también el enfado en Facebook con lo establecido y la exigencia de un cambio. Facebook es el microcosmos del electorado switcher, que puede ir hacia un lado o hacia otro, mientras que Twitter permite trabajar sobre la hipótesis que ese switcher está definido, en este momento, por López Obrador.

El llamado al cambio sí se ha venido reflejando en las encuestas, donde la mayoría de los mexicanos –entre 55 y 85%– dicen que nunca votarían por el PRI. Los ataques del Gobierno contra Anaya han radicalizado su discurso y lo ha acercado, en beligerancia, a López Obrador. Sin embargo, no es antisistémico como el tabasqueño. Anaya es visto por estrategas del PRI como el candidato más vulnerable, lo que está por verse. Pero aun si así fuera, la mayor parte de quien votaría por él prefiere, como segunda opción, a López Obrador. Igual pasa con los independientes. Si no es por “El Bronco” o Margarita Zavala, la alternativa mayoritaria es por López Obrador.

Lo que se plantea en este texto está lejos de ser una verdad absoluta o un pronóstico de lo que sucederá el próximo verano en las urnas. Son meramente las condiciones objetivas con las que arrancan las precampañas presidenciales, en vísperas de un año que sí se anticipa muy caliente.
13 Diciembre 2017 04:08:00
El Frente: el escorpión
Una de las fábulas más célebres atribuidas a Esopo es la del escorpión y la rana, donde el batracio ayuda al depredador a cruzar el río y ve materializados sus dudas y temores cuando, a la mitad del camino, le cruza su venenoso aguijón. Las fábulas tienen una finalidad didáctica ética y universal, que llega a una expresión sublime cuando la rana que le pregunta por qué ha podido hacer algo así, ya que morirán los dos ahogados. “No he tenido elección”, dice el escorpión, en una de las frases más citadas a los largo de los siglos, “es mi naturaleza”. Es la moraleja de cómo hay quienes sacan su maldad sin importarles las consecuencias, incluso dañándose a sí mismos, que se puede aplicar mecánicamente a Ricardo Anaya, el autoproclamado candidato de una coalición armada a su gusto y necesidades. Pocos como él simbolizan mejor las ambiciones sin escrúpulos.

Anaya presionó y chantajeó a un grupo de dirigentes del PRD que, mermado su peso electoral en los últimos años, se enfrentaron a la disyuntiva de, o aceptaban las condiciones del exlíder del PAN para ungirlo como candidato de un frente ciudadano que se rebautizó como Por México al Frente, o quedaban expuestos a que Andrés Manuel López Obrador, quien los ha descalificado de manera sistemática por aventureros oportunistas, les chupara cuadros, militantes y votos sin que pudieran hacer nada por impedirlo. Los líderes perredistas no lo admiten abiertamente, pero carecen de argumentos objetivos para refutar que su destino, sin el Frente y sin el PAN, significaba la muerte como partido. Esa dirigencia está transformando a la izquierda reformista mexicana en el Partido Verde del PAN, utilitario y desechable en el momento que sea un lastre.

El escorpión está montado sobre la rana amarilla cruzando el río hacia la contienda presidencial. ¿Cuánto tardará en traicionarlos? Ya lo verán e irán comprobando si así sucede, concede Héctor Serrano, líder de Vanguardia Progresista, una de las corrientes del PRD, y la más cercana al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a quien no le dieron la oportunidad, si pudiera llamarse así, de que Anaya lo traicionara. Ellos hicieron el trabajo sucio, sin que Anaya se manchara las manos. El precandidato del PAN, y del PRD y el Movimiento Ciudadano, se ocupará de ellos en el futuro, si fuera necesario. ¿Cómo se puede afirmar con tal contundencia tal escenario? Porque, como le dijo el escorpión a la rana, está en su naturaleza.

Hace 13 meses se describió en este espacio la forma como Anaya ha traicionado sistemáticamente a quien le ha ayudado. Lleva alrededor de 15 años haciéndolo y sería ingenuo pensar que no se repetirá. El domingo, al anunciar que buscaría la Presidencia, comenzó a picar a los suyos. Anaya disparó sus dardos envenenados contra los dos expresidentes panistas. Sobre Vicente Fox, expresó: “En el 2000, cuando ganó Vicente Fox, muchos soñamos con que la derrota del PRI traería todos los cambios anhelados. Pero seamos francos y hagamos autocrítica de esta circunstancia: no cambiamos el régimen. Un ejemplo que pinta de cuerpo entero es el Pemexgate”. 

El Gobierno de Fox investigó el desvío de más de 500 millones de pesos de Pemex a la campaña de Francisco Labastida y 2 años después de comenzar la averiguación, la concluyó sin procesar a nadie. El Instituto Federal Electoral –hoy Instituto Nacional Electoral– multó al PRI con mil millones de pesos por no haber reportado esos gastos. “Al líder del sindicato petrolero no se le tocó ni con el pétalo de una rosa”, añadió Anaya, “y ese sistema corporativo y clientelar del PRI permaneció prácticamente intacto”. No lo dijo el precandidato, pero en esa elección también se investigó a la organización privada Amigos de Fox, a la que el IFE documentó al menos 46 millones de pesos de financiamiento ilícito en la campaña presidencial. Tuvo menos consecuencias que el Pemexgate porque el Gobierno panista, donde el principal asesor de Anaya, Santiago Creel, era secretario de Gobernación, se negó a aportar la documentación solicitada. Un diputado priista denunció en su momento las irregularidades. Ese diputado estuvo el domingo codo a codo con Anaya, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

Anaya fue selectivo en la crítica contra Fox, al igual que la que enderezó contra Felipe Calderón. “No cambiamos las estructuras clientelares y corporativas del PRI, y quedó intacto el pacto de impunidad”, dijo. “Se le entregó a Elba Esther Gordillo el control de la educación básica en nuestro país, nombrando a su yerno subsecretario de Educación Básica”. Es cierto, sólo que habría que recordar algo: el subsecretario respondía a las órdenes de la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, a quien apoyó como candidata al Gobierno del Estado de México, y él mismo fue subsecretario de Turismo en la administración de Calderón. Y el gobernador Yunes formaba parte orgánica de esa estructura clientelar que tanto denostó el domingo. 

El precandidato es el escorpión que está matando a la rana, su rana. Comenzó su campaña presidencial el domingo mordiendo la mano que le dio de comer durante años, el panismo en Los Pinos. Nada nuevo. Ese es Anaya, descrito por uno de los interlocutores que ha tenido a lo largo de los 2 últimos años como un político “muy inteligente, valiente, pero pragmático y sin escrúpulos”. Picar a la mitad del río es una apuesta osada, incluso para quien, hasta ahora, se ha salido con la suya.
12 Diciembre 2017 04:07:00
El Frente: la propuesta a Mancera
Miguel Ángel Mancera pensaba renunciar este fin de semana pasado tras entregar la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Estaba listo para que lo sustituyera Patricia Mercado, secretaria general de Gobierno, mientras se presentaba la terna a la Asamblea legislativa y el secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, asumiera el cargo. La Conago pospuso su reunión para el miércoles porque el presidente Enrique Peña Nieto, quien presidirá el encuentro, viajaba a una cumbre climática de líderes en París. Le iba a dar más tiempo a Mancera para seguir forzando un método abierto para definir la candidatura presidencial del Frente Ciudadano, pero cuando los partidos de la coalición fueron el viernes al Instituto Nacional Electoral a registrarla, ya lo habían decidido. La candidatura presidencial, por consenso, sería para el PAN. “No se quiso arriesgar el PRD”, dijo un cercano a Mancera. “No se la rifó”.

La tarde del viernes todo estaba consumado. Mancera, que le encargó a Alejandra Barrales, líder del PRD, la negociación del Frente y le depositó toda su confianza, lo hizo públicamente a un lado el sábado –en privado, se había deslindado de él hace tres semanas– y señaló que podría coordinar la campaña presidencial de Ricardo Anaya. Segunda humillación para Mancera en menos de una semana. Primero, el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que podría ser coordinador de la bancada frentista en el Senado; luego Barrales, el remate. Mancera rechazó las dos propuestas y dijo que se quedaría al frente del Gobierno de la Ciudad de México. Quizás, sin embargo, fue prematuro el anuncio; probablemente empujado más por emociones que por razones.

Dentro del equipo de Anaya quieren a Mancera para otra función: jefe de Gabinete en la Presidencia del panista. Esta posición no existe todavía, pero es parte de lo planteado dentro de la coalición. Los documentos de la coalición no han sido dados a conocer públicamente, pero establecen la repartición de posiciones electorales, redondeadas, con el 49% para el PAN, el 33% para el PRD y el 17% para Movimiento Ciudadano. La coalición va más allá. Incluye los fundamentos para un Gobierno realmente de coalición, donde haya equilibrios y posiciones de Estado conjuntas. Todo el Gabinete tendría que ser sometido a aprobación del Senado, para evitar complicidades y amiguismos, y se crearía la jefatura de Gabinete, en la forma de una Secretaría de la Presidencia.

La jefatura de Gabinete es la forma como se define en la Casa Blanca, por ejemplo, al número dos en la Presidencia, que maneja toda la operación interna –que incluye la seguridad nacional, el presupuesto, las negociaciones comerciales internacionales y la comunicación–, la agenda del Presidente, a quién ve y a quién no, articula al Gabinete y lleva a cabo las negociaciones políticas más delicadas con el Capitolio y los gobernadores. En países como Francia, Canadá o la Unión Europea, el jefe de Gabinete es el principal colaborador político del presidente o el primer ministro, por encima de todos los miembros del Gabinete y considerado, como en Estados Unidos, el poder detrás del trono. 

Uno de los principales asesores de Anaya dijo que para el léxico político mexicano, la jefatura de Gabinete puede ser exógena, pero que ya existió en el organigrama de Los Pinos una figura idéntica, la de secretario de la Presidencia, que tuvieron en sus manos poderosos políticos como Emilio Martínez Manatou y Hugo Cervantes del Río durante el gobierno de Luis Echeverría. La diferencia sustancial en la actualidad es que esa jefatura de Gabinete o Secretaría de la Presidencia tendría una función no sólo más política y ejecutiva, sino que sería el equilibrio con la Presidencia, al pertenecer a diferentes corrientes políticas dentro de una coalición. “Es más similar a la de un sistema semiparlamentario”, explicó uno de los arquitectos del modelo, señalando a Francia como modelo, donde el Presidente y el primer ministro suelen ser de diferente partido.

La propuesta no ha sido hecha formalmente a Mancera, quien ha visto desfilar por su escritorio otras posibilidades, particularmente la de ser fiscal general. En el equipo de Anaya no ven mal esa posibilidad y apoyarían su nominación en el Senado, pero cercanos al jefe de Gobierno decían todavía la semana pasada que no estaba convencido de que esa fuera una salida política para él en caso de que se frustrara la candidatura presidencial. Mancera, de cualquier forma, desechó cualquier posibilidad, en principio, el sábado, al anunciar que permanecería al frente del Gobierno de la Ciudad de México.

El anuncio pareció anticlimático pero, sobre todo, apresurado. Atajó especulaciones y frenó presiones internas dentro del Gobierno, pero no dejó abiertas sus posibilidades. El capital político de Mancera al aceptar lo que acordaron los partidos, aunque no le guste en lo personal, se vio fortalecido interna y públicamente, lo que le permitiría negociar con el Frente por México una integración orgánica, que falta les va a hacer. El acuerdo de coalición que entregaron al Instituto Nacional Electoral es un pacto cupular que todavía tiene que amarrarse hacia abajo, con los militantes de cada uno de los partidos, y con los ciudadanos.

Mancera puede jugar un papel importante en el campo de los ciudadanos y como puente entre sectores partidistas que no están de acuerdo con la coalición. Él siempre fue un creyente del Frente Ciudadano y no tendría por qué decidir de manera individual su exclusión por el hecho de no haber sido nominado candidato a la Presidencia, ya sea como eventual jefe de Gabinete, o en otra posición.
11 Diciembre 2017 04:00:00
El Frente: los pactos secretos
Nadie sabe realmente para quién trabaja. El 26 de octubre del año pasado se dio a conocer en este espacio la negociación entre el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para materializar una vieja idea del veracruzano, la creación de un cuarto polo de cara a las elecciones de 2018. Un año después, Delgado lo traicionó y se alió con el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, para empujarlo a la candidatura presidencial de una coalición de oposición, que se formalizó este viernes como Frente por México. Lo paradójico de todo es que no fue una vindicta natural la de Delgado, sino resultado de la construcción de una serie de condiciones que llevaron a decisiones pragmáticas, incluido al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que estuvo involucrado en varios momentos del fortalecimiento de la coalición.

Durante más de seis meses, Anaya se convirtió en el enemigo declarado número uno del Gobierno federal, impulsado por la molestia del presidente Peña Nieto quien había pactado con el líder del PAN un proceso electoral en el Estado de México donde se unieran contra Morena, y sintió que lo había engañado cuando comenzó a criticar a los priistas de corruptos y hacerlos los principales enemigos a vencer. A través de El Universal, buscaron aniquilarlo con revelaciones sobre el oscuro crecimiento de su fortuna familiar, a lo que Anaya se creció y respondió con denuncias sistemáticas de la injerencia directa del Gobierno. No lo pudieron liquidar políticamente y lo fortalecieron, aunque en ese momento no era suficiente para que alcanzara la candidatura presidencial del Frente, que deseaba también Mancera.

La campaña contra Anaya desde el Gobierno federal se fue desvaneciendo de manera misteriosa. “Estamos esperando algo muy fuerte”, dijo uno de sus principales asesores. “Nos lo vienen anunciando en la prensa”. Nunca llegó esa nueva bomba porque, en otra de las paradojas de la construcción de la candidatura presidencial de Anaya, un par de aliados inopinados cambiaron el rumbo del Frente. Fueron la senadora Dolores Padierna y su exesposo René Bejarano, líderes de Izquierda Democrática Nacional, una de las corrientes históricas y poderosas del PRD, los detonantes de lo que hoy se vive.

A principio de septiembre renunciaron al partido en el que militaron por 28 años en protesta por la alianza con el PAN, anunciada en mayo por Anaya y la líder del PRD, Alejandra Barrales, para formar un frente amplio opositor en 2018. Desde agosto habían amagado con irse, pero dentro del PRD no hubo los reflejos necesarios para evitar su renuncia. La salida de ellos dos hacia el campo de Andrés Manuel López Obrador en Morena, debilitó al PRD como una opción real de poder, con lo cual se detuvo la campaña contra Anaya desde el Gobierno, y se inició una negociación secreta con Delgado.

A través del Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, Delgado habló con el presidente Peña Nieto en Los Pinos y sostuvo un diálogo continuo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El propósito era uno. Movimiento Ciudadano, que coqueteaba con el Frente y Morena, no podía sumarse a López Obrador. Lo apoyarían en Jalisco, donde el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, parece ir caminando sobre nubes hacia la Gubernatura el próximo año, a cambio de permanecer en el Frente. Para ampliar la convergencia de partidos en el Frente, Anaya buscó a principios de octubre a Luis Castro, líder de Nueva Alianza, para proponerle que se uniera a la coalición. Lo que Castro pedía a cambio era un número proporcionalmente igual de posiciones que las de Movimiento Ciudadano. En automático, Castro se volvió un estorbo para Delgado, el político más sagaz dentro del Frente. Si se unía Nueva Alianza, perdería posiciones, poder y presupuesto.

La propuesta de Castro se dejó pudrir, hasta que 50 días después de haberla presentado, el líder de Nueva Alianza retiró la posibilidad de unirse al Frente. Para entonces, Anaya y Delgado ya habían forjado un pacto al margen de Mancera. La primera señal pública de ello la reveló el jefe de Gobierno en un foro político convocado por El Financiero en la última semana de noviembre, en el inicio de su sprint final para que la selección del candidato presidencial del Frente no fuera, como lo llamó, una “imposición”. Para ese momento, se puede ver hoy con mayor claridad, era demasiado tarde. El PAN no cedía para que le quitaran la candidatura presidencial a ese partido, y el PRD no tenía opciones. “Aceptaré lo que los partidos decían”, dijo Mancera.

La salida de Padierna y Bejarano volvió al PRD rehén del PAN. Con Movimiento Ciudadano amarrado con el Gobierno y el PAN en el Frente, el PRD se quedó sin alternativa: o firmaba la coalición, con lo cual obtendría posiciones de gobierno y legislativas en 2018 para repartir entre sus militantes, o sin ser una opción de poder real, colapsaría con la diáspora hacia Morena. Sacrificar a Mancera fue una decisión pragmática, tras una gestión débil de Barrales para sostener al partido en una posición de fuerza dentro de las negociaciones del Frente. Tampoco, es cierto, el PRD daba para más.

Mancera fue humillado la semana pasada por Delgado, quien anticipando lo que vendría días después, repartió candidaturas y dijo que Mancera podría coordinar al Frente en el Senado. Esto no es, sin embargo, lo que realmente quisieran para él.
08 Diciembre 2017 04:08:00
El riesgo (real) de Meade
Algo muy bueno hay que decir del presidente Enrique Peña Nieto: desde la victoria del PRI en la Gubernatura del Estado de México, reposicionó a su partido como un contendiente real para las elecciones presidenciales de 2018. Esto, sin embargo, en el imaginario de la clase empresarial y la prensa política, porque entre el resto del electorado, el PRI y su precandidato José Antonio Meade, bañados por el confeti vertido sobre la escena pública adornando la coreografía excelsa que hizo Peña Nieto para sacar como abanderado del partido en el poder a quien deseaba, sin necesidad de cesárea, sigue donde estaba antes de toda la parafernalia litúrgica tricolor: en tercer lugar de las preferencias electorales por partido, con el rival a vencer, Andrés Manuel López Obrador superando Meade dos a uno, y con la mayoría de los ciudadanos que dicen que por el PRI jamás votarían.

El periódico El Universal, que el miércoles publicó la última encuesta de Buendía y Laredo, donde reflejaba que el llamado bound convention, que es la burbuja que sube cuando se nomina a un candidato o candidata, no había dado los resultados obtenidos, publicó el jueves el antídoto del PRI. Según un informe del equipo de Meade que citó, la tendencia en el voto, en una combinación –cuya fórmula no menciona ni explica el periódico– de conocimiento de nombre y porcentaje de voto actual, le va a permitir al precandidato del PRI superar a López Obrador en la elección presidencial. La medición demoscópica vis-a-vis la interpretación de la misma en la primera plana de uno de los diarios de mayor impacto en el país sólo llevan a la confusión. Pero después de todo, de eso se trata. La pregunta es si a río revuelto, la ganancia será del pescador que gane la opinión pública.

La respuesta inmediata es que no será así. Un análisis cuantitativo que realizó la edición impresa de Eje Central de los 35 últimos años de comportamiento electoral del PRI, refleja que el desgaste de décadas de gobierno del PRI ha cobrado su cuota. En 1985, a la mitad del sexenio del presidente Miguel de la Madrid, cuando se dio el cese masivo de decenas de miles de burócratas, el PRI gobernaba a 11 millones 575 mexicanos, que representaban al 64.8% de los electores. En 2015, a mitad del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el PRI gobernaba a 11 millones 683 mil mexicanos, pero que ante el crecimiento poblacional representaban al 30.6% del padrón electoral.

Aun con un PRI hegemónico, el partido en el poder fue perdiendo votación nacional: gobernó al 50.3% en 1988 y 6 años después, en el turbulento 1994, había bajado al 48.6 por ciento. Pero, además, ahí comenzó su caída de casi 45 grados.

En 2000 perdió la elección presidencial, y se repitió la derrota en 2006, cuando el candidato presidencial, Roberto Madrazo, tiró al mínimo histórico la votación tricolor: 22.2% del electorado, que representaba a 9 millones 301 mil mexicanos. Recuperaron el poder en 2012, cuando Peña Nieto alcanzó el 29.8% de la votación, con 14 millones 409 mil votos. La estabilidad entre 2012 y 2015 en número de votos no corresponde con la pérdida de estados con alta densidad de población. Actualmente, en los seis estados donde se concentra poco más del 50% de los electores, sólo gobierna en el Estado de México y Jalisco, donde todas las mediciones electorales indican que Movimiento Ciudadano ganará la Gubernatura. De esas seis entidades, en cinco habrá elecciones concurrentes para gobernador, y la tendencia de voto es que en todas irán contra el PRI. Vistos los números de manera muy fría, los momios no favorecen a Meade.

Hay un factor adicional que tampoco se puede soslayar, la cohesión del partido en torno a su candidato. En 2000 fue un diferendo dentro de la campaña presidencial de Francisco Labastida que lo hizo perder una ventaja de 20 puntos sobre Vicente Fox al arrancar el proceso. En 2006, se dio la ruptura del partido cuando Roberto Madrazo construyó desde la dirigencia su candidatura y provocó la traición de los gobernadores. En 2012 no hubo ese rompimiento porque, pese a una chicanada en el manejo de la convocatoria para el registro de la candidatura presidencial para hacer de lado a Manlio Fabio Beltrones, el entonces senador reclamó y se enfrentó al líder nacional del PRI, Humberto Moreira, pero respaldó a quien había beneficiado, Peña Nieto. La diferencia entre todas aquellas candidaturas y la de Meade es una, grande y profunda: todos ellos eran priistas; el actual precandidato es apartidista.

En este mismo espacio se describió el jueves cómo un nuevo grupo de poder se había incrustado en el corazón político de Peña Nieto, que perfilaba una lucha soterrada dentro del PRI en contra de esta nueva generación de políticos que buscaba hacerse del poder con la bandera tricolor. En 1988 se dio un fenómeno parecido con el arribo de Carlos Salinas a la Presidencia, que generó la reacción del viejo PRI que definió como la nomenklatura, que emergió en el fatídico 1994. El grupo compacto de Salinas se fracturó y Ernesto Zedillo, que nunca apoyó la campaña de Labastida, entregó la banda presidencial a Fox. La candidatura de Salinas rompió los equilibrios dentro del PRI, que nunca acabaron de restablecerse. Con Meade hay un déjà vu, con la creencia de Peña Nieto de que no habrá traiciones dentro del PRI contra su candidato, ni lucharán para que la derrota de él, sea también la del Presidente.
07 Diciembre 2017 04:08:00
El nuevo grupo de poder
El nuevo ajuste de gabinete dado a conocer en Los Pinos, va más allá de preparar la campaña presidencial. Es el segundo relevo donde la influencia de la dupla de Luis Videgaray, el todavía muy poderoso secretario de Relaciones Exteriores, y José Antonio Meade, el virtual candidato del PRI a la Presidencia, mostró lo que desde el último tramo del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto empezaron a construir: el nuevo grupo de poder dentro del partido en el Gobierno, tecnócrata, mayoritariamente apartidista, y con clara inclinación a despojarse de los históricos lastres tricolores y las manchas de corrupción. Peña Nieto no tuvo que esperar al resultado de la elección presidencial para ver el relevo del mando, y por una muy probable decisión propia, está entregando el poder de facto a este nuevo grupo.

La primera decisión en esta dirección se dio con el relevo en la Secretaría de Hacienda, donde José Luis González Anaya, economista muy respetado por Videgaray y Meade, asumió el cargo que dejó su amigo. Las dos siguientes son las de Aurelio Nuño, que entró al corazón del Gobierno peñista por la puerta de Videgaray, quien renunció a la Secretaría de Educación para ser el coordinador de la campaña de Meade, como enlace con el estratega en jefe de la contienda presidencial, Peña Nieto, y la candidatura de Mikel Arriola, quien renuncia este jueves como director del Seguro Social, al Gobierno de la Ciudad de México. “Van por todo”, dijo uno de los políticos más experimentados en este país.

Ese grupo se formó en los años del ITAM, y sólo existe analogía con el equipo compacto que formaron en la Facultad de Economía en la UNAM los compañeros de salón en un proyecto piloto para estudiantes avanzados, que por sus características socioeconómicas llamaban “Los Toficos”, por los chiclosos que en sus comerciales remataban con la frase “¡uy qué ricos!”, que encabezaban Carlos Salinas, Manuel Camacho y Emilio Lozoya Thalman –padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin–. Ellos tres se comprometieron a luchar por la Presidencia para uno de ellos. No se conoce pacto similar entre Videgaray y Meade, pero el respaldo recíproco en diferentes momentos ha sido de apoyo, protección y comportamiento de equipo, como el del trío de antaño.

La tríada puma llegó al poder y se rodeó de una generación de economistas de primer nivel, que al ser complementado por algunas figuras políticas en el gabinete –Fernando Gutiérrez Barrios en Gobernación; Carlos Hank González, en Agricultura; Arsenio Farrell en Trabajo, y Fernando Solana en Relaciones Exteriores–, se le llegó a considerar, como describió el semanario londinense The Economist, un dream team. El de Peña Nieto ha quedado muy lejos de ser algo parecido, pero fuera del gabinete civil de seguridad y algunas posiciones para mexiquenses, el equipo para gobernar lo decidió Videgaray con el Presidente. 

Lo que está siendo diferente es que el equipo compacto durante el salinismo rompió desde la Presidencia lo que describió Luis González y González en La Ronda de las Generaciones, un grupo obtenía el poder a costa del otro, sabiendo este que al siguiente Gobierno volvería a adquirir fuerza y poder, y ahora se está haciendo lo mismo un año antes de que termine la administración peñista. Los cambios que se han dado en el gabinete y los que vienen en camino, como el relevo de Gerardo Ruiz Esparza en Comunicaciones por el exsubsecretario de Meade, Sergio Alcocer, y el nombramiento de Vanessa Rubio, que acompañó a Meade por tres secretarías en este gobierno y se convirtió en una pieza funcional e incondicional de él, como secretaria de Desarrollo Social en sustitución del compadre del Presidente, Luis Miranda, no son de manufactura químicamente peñista. Incluso en el reciente pasado, cuando Peña Nieto le dijo a Meade que tenía que dejar Desarrollo Social para irse a Hacienda y el secretario le propuso como relevo a Rubio, le respondió que si era tan buena como decía, falta le haría en el nuevo encargo. Las cosas ahora son diferentes.

La implantación de un nuevo grupo de poder no se nota entre la opinión pública, pero dentro del Gobierno y del PRI se siente que es un proceso tan acelerado como brutal. “No está gustando”, dijo un secretario de Estado que no pertenece al equipo tecnócrata, “que el candidato sea apartidista y que al hablar sobre Mikel se resalte que también es apartidista. No se siente bien”. Otros priistas comentaron con cierta molestia  que el código de vestimenta para el mitin del domingo en el PRI para el registro de Meade como candidato, subrayaba que fuera casual y de saco, contraviniendo la ropa que por años fue como respirar, la chamarra roja.

Despojar de una manera tan acelerada al PRI del PRI se está sintiendo como si el partido fuera lo que el año pasado su exlíder Manlio Fabio Beltrones llamó un “taxi” para candidaturas que recogieron delincuentes. Lo que se percibe es más grave que lo advertido. Toda una estructura puesta al servicio de no apartidistas, para un nuevo grupo que, de mantener el poder, probablemente lo primero que haga es deshacerse de los remanentes tricolores. Todo esto tiene que ver con un punto de alta relevancia: la cohesión en el partido. Si unidos la contienda es cuesta arriba, desunidos, 2006 será una broma comparada con 2018. Las fisuras en el PRI ante el advenimiento de este grupo ya están y podrán convertirse rápidamente en fracturas.
06 Diciembre 2017 04:08:00
El error de López Obrador
Si quería captar la atención de la respetable opinión pública y la sociedad política, Andrés Manuel López Obrador lo logró con creces, aunque negativamente, por su declaración de que analizaría darle amnistía a los líderes de los cárteles de las drogas a cambio de regresar la paz a las calles mexicanas. No ha habido nadie con autoridad moral o representatividad, salvo la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, que haya salido a defender o explicar las razones de López Obrador. Tampoco él tuvo los reflejos para enfrentar y salir de la avalancha que le cayó encima. En su propio portal no se registró la declaración que hizo el sábado en Guerrero, donde adelantó la propuesta que tanto daño le está causando. La errata comenzó a ser reconocida en casa, pero orgulloso, no la admite todavía.

Si quería López Obrador confrontarse con todos, comenzar a ser criticado por el simplismo de su propuesta y mofa en las redes sociales –donde circuló desde el lunes al mediodía un meme de Joaquín “El Chapo” Guzmán con la leyenda de campaña, “estaría mejor con López Obrador”–, este fue el mejor camino. Si quería seguir agraviando a las Fuerzas Armadas, fue el atajo más rápido. El Gobierno no puede pactar con la delincuencia organizada, dijo el secretario de la Marina, el almirante Vidal Soberón, porque sería convertir al Estado en parte de la delincuencia organizada. ¿Habrá pensado López Obrador que su propuesta convertiría a su eventual gobierno en un delincuente?

López Obrador necesita corregir rápidamente su dicho y rechazar esa propuesta. Su autoridad moral como líder depende de ello y no puede refugiarse en su base electoral, que es incondicional y a la que no le importa estar dentro de la ley o en la ilegalidad, o que sus dichos y ocurrencias le causen daño político a aspiraciones presidenciales, o lo descalifiquen como un aventurero que no entiende la complejidad de los temas de fondo. No puede jugar con su gradería que, en dos elecciones presidenciales, ha mostrado ser insuficiente para llegar al poder.

Desde el lunes varios analistas nos han mostrado lo inútil que ha sido esta medida en experiencias internacionales. Tiene una doméstica, emprendida por el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en Michoacán, donde en 2013, con la finalidad de liquidar a Los Caballeros Templarios, armó grupos paramilitares denominados grupos de autodefensa civil con protección del Ejército y la Policía Federal, inspirados e infiltrados por los cárteles Jalisco Nueva Generación y de los hermanos Beltrán Leyva. Esas acciones representan el elemento más vulnerable que tiene el presidente Peña Nieto para que pueda ser llevado a cortes internacionales acusado de genocidio. ¿Qué nadie le explicó a López Obrador aquél episodio que consideraría repetir, a nivel nacional, de ser presidente?

Una línea de discusión en los medios comenzó, en cambio, a socializarse. Si López Obrador plantea la amnistía para los líderes de los cárteles de las drogas, ¿no está buscando también financiamiento del narcotráfico para su campaña presidencial? Cercanos a López Obrador aseguran que es un disparate, pero al igual que las técnicas que él maneja, las percepciones se van construyendo hasta convertirlas en realidad. Para que una percepción cobre legitimidad –que no es lo mismo que legalidad o certeza–, debe haber elementos que la alimenten. López Obrador los tiene. Recientemente en Guerrero, donde hizo esa declaración, nombró como su coordinador de campaña al exalcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, de quien se escribió en este espacio en febrero de 2007:

“¿Qué tanto se metió el alcalde de Acapulco con los carteles de las drogas? No hay acusaciones contra él a nivel federal, ni averiguación previa en marcha. Sí se tiene indicios en el Gobierno federal de que hubo dinero del narco en la campaña de Salgado Macedonio, de los dos cáteles que se disputan Acapulco, el de Sinaloa y el del Golfo, que encabezan los hermanos Betrán Leyva y su socio Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el recientemente extraditado a Estados Unidos, Osiel Cárdenas”.

Los nexos oscuros de López Obrador en Guerrero no le ayudan en absoluto. En 2006, Salgado Macedonio acumulaba 20 amenazas de muerte con vida y había bajado cerca de 30 kilos de peso por las angustias. Salvó su vida por la protección federal y porque los cárteles comenzaron su guerra de unos contra otros. Otro asociado a López Obrador en Guerrero es Lázaro Masón, que fue secretario de Salud en el gobierno de Ángel Heladio Aguirre, quien lo separó después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa por su relación con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien presentó a López Obrador para que lo apoyara en su carrera política. Abarca está preso por aquél crimen, y se han ido recopilando evidencias que lo vinculan directamente con aquella desaparición y el asesinado de varios de esos estudiantes.

López Obrador va a seguir abriendo espacios para que lo critiquen o denuesten si no lo frena. Las analogías se van a trazar rápidamente con Venezuela, donde ya lo han estado equiparando con el finado Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, que han tenido conexiones con los cárteles de las drogas y crearon un incipiente narco Estado. Es claro lo que tiene que hacer el precandidato presidencial aquí: rectificar y establecer una postura contundente contra los criminales sin matices. O está a favor, o está en contra de los cárteles de las drogas. No hay más para dónde hacerse. Como es su comportamiento público, está entre el todo o el nada, sin nada en medio.
05 Diciembre 2017 04:07:00
La Pax Narca de Andrés Manuel
De manera innecesaria, Andrés Manuel López Obrador, quien sería presidente de la República si en estos momentos se realizaran las elecciones presidenciales, dijo estar abierto a analizar la propuesta de darle amnistía a los líderes de los cárteles de las drogas a cambio que se comprometan con la paz. La propuesta no viene incluida en el proyecto de nación que dio a conocer en noviembre, pero no es algo que haya estado fuera de su cabeza durante algún tiempo. La diferencia es que, si en otros momentos parecía una más de sus ocurrencias, hoy, ante la inminente campaña electoral, se convierte en un arma. La más letal, en su contra, la disparó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien afirmó que esa idea haría de México un narcoestado.

López Obrador tiene una lengua muy suelta que como dice unas cosas, dice otras, y se corrige sin prurito alguno. Así sucedió con su propuesta de descentralizar las secretarías de Estado, que menos de 24 horas después rectificó y dejó en su lugar actual a dependencias como las que albergan las Fuerzas Armadas. Ya explicaría las razones de ese cambio, dijo para justificar su súbito cambio de señal, sin que hasta ahora haya aportado claridad sobre la marcha para atrás. Pero ahora, con la amnistía que propone para los líderes de los cárteles de las drogas, volvió a lastimar a las Fuerzas Armadas y, sobre todo, a los familiares de decenas de miles de víctimas de la cruenta lucha contra las bandas criminales.

No entiende mucho López Obrador del tema del narcotráfico, aunque critica de manera regular todo tipo de estrategia. No combatir al narcotráfico durante los primeros 8 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, ignora, provocó el reforzamiento de los cárteles de las drogas y el inicio del fin de la inútil estrategia de seguridad en la Administración, que en buena medida le costó la candidatura presidencial a su arquitecto, el secretario de Gobernación.

La propuesta de amnistía la acompaña de una estrategia integral que, si se excluye el perdón a criminales, es lo mismo que propuso el expresidente Felipe Calderón en 2009, y buscó concretar Peña Nieto desde el principio de su gestión. La única analogía con su propuesta es con Vicente Fox, quien la planteó como expresidente en 2011. Lo preocupante no es la falta de novedad en sus ideas, sino lo reiterativo de su propuesta para perdonar criminales, que sugiere que no es una “locura”, como calificó presidente del PAN, Ricardo Anaya, sino una semilla que está floreciendo en su cabeza.

Alexia Incómoda, el nombre bajo el cual conversa una de las personas más informadas en seguridad y política que habitan el universo de Twitter, recordó el lunes, como contexto de los dichos de López Obrador, que esa propuesta la ha hecho a lo largo de todo el año, comenzando en Sinaloa, cuando la Marina realizó operativos quirúrgicos en contra de las bases de apoyo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y cuando en febrero sus comandos abatieron a Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H-2”, quien era el jefe de plaza del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, enemistados con Guzmán y el cártel del Pacífico desde 2008, en Nayarit. La historia del perdón a criminales por parte de López Obrador no es nueva. La idea de cómo se puede trabajar desde el poder con el narcotráfico, tampoco. Quizás, tampoco originalmente de él.

El pacto con los narcos desde el poder ha dominado los libretos más exitosos en la producción de telenovelas de Epigmenio Ibarra, director general de Argos Comunicación, que desarrollan las vinculaciones criminales con funcionarios de los tres niveles de gobierno. La historia de las narconovelas producidas por la empresa cofundada por Ibarra en 1992, comenzó en 1996 con Nada Personal. En 2012 produjo Infames, que planteó la relación de los líderes del narcotráfico con una poderosa Secretaría de Hacienda, donde la mano derecha del titular era familiar de uno de los líderes. La más famosa de todas sus narconovelas es El Señor de los Cielos, que recrea la vida de Amado Carrillo, el jefe del cártel de Juárez, y jefe de todos los barones de la droga, que acordaba con la Presidencia la Pax Narca, cuya primera temporada se transmitió en 2014. De ella se desprendió El Chema, en 2016, que recrea la vida de “El Chapo” Guzmán.

Ibarra, quien ha trabajado o estado cerca de López Obrador desde hace unos 15 años, es uno de los principales responsables del aparato de propaganda del precandidato presidencial, quien a través de sus redes sociales hizo virales temas como el movimiento #YoSoy132, o cruzadas contra Peña Nieto en el mundo virtual, como el aglutinado en el hashtag #RenunciaYa.

Paralelamente, ha hecho a Peña Nieto responsable del “crimen de Estado” por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Probablemente, vista la propuesta en este contexto, es Ibarra quien sembró la idea de amnistiar criminales en su cabeza.

López Obrador, en todo caso, es el responsable de sus palabras, al ser el diseminador y promotor de esta propuesta y pensar incorporarla a su proyecto de nación. Bien se vería México de concretarla: el Ejército y la Marina a los cuarteles; los jefes de los cárteles de la droga, asesinos de militares y policías, a las calles. La Pax Narca renacería bajo su gobierno. A menos que rectifique la propuesta.
04 Diciembre 2017 04:00:00
La unción de Meade
Entre tanto grito matraquero que arrastra una vieja cultura priista revigorizada cada vez que ungen candidato a la Presidencia, hubo a quienes no les gustó que el abanderado del PRI fuera un no militante. Empezando por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que pensaba incluso después del destape que esa candidatura era para él, y varios gobernadores y figuras en el partido en el poder a quienes les parecía inadmisible que a quien consideraban un funcionario panista en el gobierno de Enrique Peña Nieto, buscara sucederlo. Pero la línea presidencial se mantuvo y la fuerza interna del Presidente impuso a quien deseaba –asumiendo seguramente que con José Antonio Meade, que no arrastraba los negativos de otros aspirantes, tiene una candidatura competitiva.

Peña Nieto no estuvo en el evento dominical en la explanada del PRI, pero no era necesario. Durante poco más de un mes jugó ajedrez político donde engañó a su propio equipo, lanzó distractores y llevó al finalmente ungido a una situación de nervios extremo al no saber, cuando lo citó el Presidente el sábado 26 de noviembre a Los Pinos, con qué encargo iba a salir de la casa presidencial. Personas que siguieron de cerca los últimos días del destape, recuerdan que Meade fue llevado al máximo de la incertidumbre por el Presidente, y que incluso llegó a pensar que el día que lo iluminó la decisión de Peña Nieto, el Banco de México podría ser su destino sexenal.

La ruta final del destape comenzó a finales de octubre, en una reunión de gabinete para evaluar los trabajos por los sismos de septiembre. Peña Nieto encontró con la mirada a Julio Guerrero, jefe de la Oficina del secretario de Hacienda, quien iba en sustitución de Meade, que no había podido acudir. Peña Nieto fue directo a los ojos de Guerrero y le dijo que no lo había visto en Oaxaca ni Chiapas, a diferencia de todos los que estaban en la reunión, que no habían abandonado esos estados. Varios de los presentes lo interpretaron como una crítica a Meade.

Los secretarios hablaron sobre lo que habían hecho, y luego de que el de Educación, Aurelio Nuño, informó que en un plazo de 20 días se restablecerían las clases y se empezaría el retorno a la normalidad, Osorio Chong señaló que era inadmisible esa demora. La crítica fue agria, y el Presidente volvió a preguntar por el plazo a Nuño. Al oírlo nuevamente, Peña Nieto dijo que le parecía adecuado y volvió a felicitar al secretario de Educación.

Ese fue el principio de una serie de acciones presidenciales en donde Nuño fue arropado por Peña Nieto de una forma tan notoria, que comenzaron a aparecer columnas en la prensa política señalando que el secretario de Educación no debía ser descartado de la lucha final por la candidatura. Se empezó a ver a Nuño en reuniones donde no tenía competencia, pero siempre cerca del Presidente, que alimentó la confusión dentro del gabinete que se había abierto en la reunión de finales de octubre sobre su reemergencia sucesoria. Dos elementos más sirvieron de distractor.

Uno fue interno. En una reunión del Gabinete económico al arrancar noviembre, al abordarse el tema del relevo en el Banco de México, Meade sugirió que el subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, sería un buen candidato. Peña Nieto lo volteó a ver, de acuerdo con una persona que conoció los detalles, y retador con la mirada, como suele ser en ocasiones el Presidente, respondió, palabras más, palabras menos, “tú puedes ser un buen candidato al Banco de México”. El otro fue externo, cuando ante una pregunta de la prensa, Peña Nieto dijo que estaba cierto que enviaría el nombramiento del gobernador del banco central al Senado, lo que la mayoría, incluido Meade, entendió como que el relevo no sería interno, que no necesita el trámite parlamentario, sino una figura externa. Al saber que Messmacher no estaba en el ánimo del Presidente para ese puesto, no había muchos, o quizás ninguno, además de Meade, que pudieran llegar al banco desde afuera.

Lo que pasaba dentro de los muros del poder fue invisible para la opinión pública, en donde se buscaban afanosamente las claves para entender lo que sucedería. La sucesión la traía Peña Nieto bajo control, pero pareció descarrilarse el jueves 26, cuando apareció en los medios el video donde el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, hacía elogios superlativos de Meade. Videgaray cometió un error, resultado según sus cercanos, por la enorme estimación por el hoy candidato. Pero de origen, la falla fue del equipo de Meade, al haber insistido que el evento al cual fue invitado el entonces secretario con el cuerpo diplomático fuera abierto a la prensa. Esa no es una reunión que se abra a la prensa, pero fueron muy insistentes los personeros de Meade, que pensaban incrementar su exposición pública.

Ese traspié añadió incertidumbre y nervios a Meade, con los que llegó a Los Pinos el sábado 25 desconociendo qué buscaría el Presidente de él. Era que buscara que la sucesión quedara en manos del PRI. En Los Pinos estaban el líder del PRI, Enrique Ochoa, y Nuño, quien será el coordinador de la campaña. Nadie más fue convocado para concretar lo que el lunes 27 sería el destape de Meade. Nadie, pese a varios intentos, le pudo arrebatar al Presidente su facultad meta legal, como priista, que elegir a su sucesor. La conclusión de esta primera fase de la sucesión interna se concluyó este domingo.
01 Diciembre 2017 04:08:00
Nuño, a la campaña
El diseño de la estrategia del destape y arropamiento de José Antonio Meade para la candidatura presidencial del PRI, se construyó el sábado en Los Pinos. El presidente Enrique Peña Nieto citó a quien sería ungido, junto con el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, y quien se ha convertido en su principal asesor político, Aurelio Nuño, el secretario de Educación. Esa larga jornada tuvo una prolongación natural hasta el domingo, donde Peña Nieto y Meade se concentraron en el relevo en la Secretaría de Hacienda. Con ello, el primer equipo para la campaña presidencial quedó resuelto. Ochoa, elogiado por Peña Nieto y Meade sobre cómo ha manejado al partido, seguirá al frente de él; Nuño dejará en breve Educación y se moverá para ser el coordinador de la campaña presidencial.

Peña Nieto volverá a recargarse en las dos personas que construyeron y redactaron sus reformas más controvertidas, la educativa y la energética, para apostar, con quien desea concluya la instrumentación, a un proyecto transexenal. Nuño, quien en la campaña presidencial de 2012 formó parte del equipo de asesores del jefe del equipo, Luis Videgaray, fue encargado por Peña Nieto para preparar esas dos reformas, que Ochoa estructuró y redactó el elemento que acabó con el control sindical de los maestros al eliminar el traspaso hereditario y patrimonialista de las plazas, y su manejo de premios y castigos.

La primera rueda del engranaje electoral está puesta, pero falta mucho más. Peña Nieto debe tener claro que el PRI se encuentra en tercer lugar de preferencia electoral por partido, y como señaló Roy Campos, director de Consulta Mitofsky en Foro TV, nunca cuando ha arrancado en tercer lugar en una campaña, ha logrado remontar la desventaja. Apostar por Meade recoge parte de la preocupación por el desgaste del PRI como partido en el poder, y de lo inconveniente de presentar un candidato priista cuando el sinónimo en el imaginario colectivo de tal filiación es la corrupción. El modelo que esboza es el del Estado de México, donde Ochoa de forma orgánica, y Nuño como enlace presidencial, jugaron un papel activo para que Alfredo del Mazo ganara la elección.

Diseño y estrategia fue lo que se utilizó en el Estado de México. Recursos federales abiertos y discrecionales, que incluyó que el propio Meade, como secretario de Hacienda, fuera a hacer campaña disfrazada en las últimas semanas de la contienda, fluyeron en cantidades que parecían ilimitadas. La estrategia repartió responsabilidades al gabinete en municipios y regiones, inventó un candidato de oposición altamente competitivo, como fue Juan Zepeda del PRD, dinamitó una alianza entre ese partido y el PAN, y en una elección polarizada lanzó una guerra sucia contra Morena, donde la bala de plata fueron los videos donde Eva Cadena, aspirante de ese partido a una alcaldía en Veracruz, recibía dinero supuestamente para Andrés Manuel López Obrador y las campañas morenistas. Esa campaña rompió el momentum de la candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez, y contribuyó a que Del Mazo ganara.

Uno de los arquitectos de la victoria, Nuño, estaba feliz días después de conocerse los resultados de la elección. En una charla se le hizo notar que aunque había ganado Del Mazo, no había sido por los votos del PRI, que fueron 56 mil menos de los que consiguió Morena, sino por los casi 300 mil que le aportaron los partidos coaligados. “Eso no importa”, atajó vehemente, “ganamos”. El modelo de la elección en el Estado de México prácticamente tenía a Del Mazo acotado únicamente a ser candidato, mientras que desde Los Pinos se administraba la estrategia, el mensaje, la operación política de tierra y la guerra sucia.

La campaña presidencial de 2018 apunta en esa misma dirección. Meade como el candidato y Nuño como el coordinador de la campaña y el enlace con el estratega en jefe, que será el presidente Peña Nieto. Sin embargo, a diferencia del Estado de México, donde el gobierno y el PRI jugaron de manera homogénea, en la campaña presidencial tiene que haber amarres que quizás no se están viendo en este momento. El principal es qué va a hacer el presidente con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el gran perdedor en la lucha por la candidatura, y que ha dado pruebas en elecciones anteriores de estar dispuesto a ir contra el PRI cuando los candidatos no son los suyos o no se consensuaron con él. Meade es el caso.

Osorio Chong tiene la relación con todos los gobernadores priistas, y la mayoría de ellos, sobre todo en el sur del país, forjaron alianzas con él para llegar al poder. También tiene ascendencia sobre la estructura burocrática del partido y controla los sistemas de inteligencia política. Una persona con su personalidad, agraviada y molesta como se encuentra en estos días, que tiene de instrumentos para hacer daño si se lo propone, es altamente peligrosa para una candidatura que hoy sólo tiene la fortaleza de quien lo ungió y de las cúpulas, pero que es vulnerable, cuando menos por ahora, en el despliegue territorial.

En los reajustes que deberá hacer el Presidente para limpiar de basura interna la campaña de Meade, se encuentra el rol que le deberá asignar a Osorio Chong, cuya importancia estratégica permite argumentar que sería la siguiente rueda del engranaje electoral priista a poner en marcha si se quiere apuntalar el proyecto transexenal que se dibuja en Los Pinos. Algo deben tener claro Peña Nieto y Meade: una comida y sobremesa del candidato con el secretario no será suficiente.
30 Noviembre 2017 04:09:00
El gran perdedor
Hasta el último momento, Miguel Ángel Osorio Chong, el poderoso secretario de Gobernación, intentó desbarrancar a quien veía como su único adversario real para quedarse con la candidatura presidencial del PRI. Fue el jueves. Un video donde el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, llenó de lisonjas al entonces responsable de Hacienda, José Antonio Meade, llegó a los medios de comunicación, que lo tradujeron como el destape del candidato a la Presidencia, lo aprovechó el equipo de Osorio Chong para quemar esa posibilidad. Se hicieron llamadas a periodistas para que dieran gran difusión al video con énfasis en que el exceso de Videgaray había cancelado la oportunidad de Meade. La difusión del video molestó al presidente Enrique Peña Nieto, pero no suficiente para cambiar su decisión. El viernes por la noche, comunicó a los cuatro rivales de Meade que la nominación no caería en ellos.

Osorio Chong le informó a su equipo que él tendría la candidatura, que había visto como suya la noche del 7 de septiembre del año pasado, cuando festejó con sus cercanos la caída de Videgaray, que había renunciado como secretario de Hacienda tras el escándalo por la visita de Donald Trump a Los Pinos, que él organizó. Sin Videgaray y con el secretario de Educación, Aurelio Nuño, golpeado por la oposición magisterial a la reforma educativa, parecía que el camino hacia la candidatura presidencial estaba allanado. La tríada de poder que todas las noches definía con el Presidente la agenda se había desarticulado.

Videgaray estaba fuera del gobierno y Nuño había sido marginado en forma humillante por Osorio Chong en las negociaciones con la disidencia magisterial de una forma tan abierta. El golpeteo contra Nuño provocó un enfriamiento en la relación con el Presidente, que le había tolerado que se le escapara Joaquín “El Chapo” Guzmán y permitido que organizara la distribución de armas a los paramilitares en Michoacán disfrazados como grupos de autodefensa civil. Pero, sobre todo, que no rindiera cuentas por el colapso de la estrategia de seguridad, que planeó desde los días de la transición en 2012.

El inicio de la pesadilla de Peña Nieto fue permitir la fusión de las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública. Era un error, le dijo a Osorio Chong el entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, porque el cargo demolía carreras políticas. Osorio Chong lo ignoró. A mes y medio de entrar el nuevo gobierno, se cuestionó a Osorio Chong sobre ese movimiento. Dijo que era una recomendación de Santiago Creel, quien le dijo que cuando fue secretario de Gobernación tuvo problemas permanentes con el secretario de Seguridad Pública por carecer de las herramientas para reforzar la gobernabilidad con una fuerza pública. La propuesta de Creel era otra, la creación de una Secretaría del Interior en Bucareli, encargada de la seguridad pública, y una Secretaría de la Presidencia dedicada a la política, como la tuvo el presidente Luis Echeverría.

Amasar poder en menoscabo de la gobernabilidad le costó a Osorio Chong, quien quedó atrapado en menesteres policiales con una estrategia de seguridad que estalló en pedazos a mitad del sexenio. Su limitada capacidad lo hizo decidir el cargo de comisionado de Seguridad Nacional por encuesta, y nombró a Manuel Mondragón, que desmanteló el sistema de inteligencia criminal construido por años. Pero aún así, el Presidente cerró los ojos, y le mantuvo una confianza, pese al recelo por el maltrato a Nuño.

Osorio Chong mantenía sus expectativas presidenciales y, por razones de trabajo, tenía una estrecha relación con los gobernadores, que le fueron benéficos durante las elecciones de 2016, donde jugó contra el PRI de Manlio Fabio Beltrones, Videgaray y el propio Peña Nieto en Veracruz, Tamaulipas y Puebla, donde la dirigencia del partido se quejó de él, acusándolo de traición. El siguiente episodio que orilló más a Osorio Chong fuera de la contienda fue el 4 de junio, cuando el Presidente convocó a muchos de sus colaboradores a seguir desde Los Pinos los resultados en el Estado de México.

La cita era a las 9:00 de la noche, pero el secretario llegó cerca de la 1:00 de la mañana del lunes, con bastantes copas encima. En un momento dado se hizo un círculo, donde Osorio Chong, a quien le encantan los caballitos de tequila, retó a varios secretarios. José Narro, el secretario de Salud, fue el primero. Videgaray vino después y luego Nuño. Meade, que no bebe, se abstuvo. Después, tomó la palabra y dijo frente al Presidente que le daba gusto verlo sonreír, porque hacía mucho tiempo que no lo hacía. La frase no cayó bien. Muchas de las críticas al Presidente habían sido por el fracaso de las políticas bajo responsabilidad del secretario de Gobernación, quien sistemáticamente dejó que todos los negativos por sus fallas le cayeran al Presidente, sin casi nunca protegerlo.

Aún así, tras los sismos de septiembre, insistió en privado que sus posibilidades se habían fortalecido, y continuó trabajando su cuarto de guerra, creado desde 2013 para acompañar sus aspiraciones presidenciales. Al cierre de la semana pasada, la instrucción era estar atentos porque el destape era inminente. No esperaba en ese momento que el desenlace tendría otro derrotero. Pero muy él, aprovechó las lisonjas de Videgaray a Meade para dar un tiro de gracia al equipo enfrentado con él durante casi todo el sexenio. Frente a los resultados, su fracaso se escribe en piedra: Meade derrotó al secretario de Gobernación, y a quien mejor representaba la nomenklatura del partido. Punto.
29 Noviembre 2017 04:08:00
La selección de Meade
En qué momento el presidente Enrique Peña Nieto tomó la decisión final de apostar a José Antonio Meade para que fuera el candidato del PRI a la Presidencia, es algo que sólo él podrá responder. Lo traía en la mente, aseguran cercanos a Peña Nieto, tiempo antes de alejar  la celebración de la XXII Asamblea Nacional del PRI prevista para noviembre, del arranque de la precampaña presidencial el 14 de diciembre, y adelantarla a agosto, donde se eliminaron los candidatos para que un no militante, como Meade, pudiera ser abanderado del partido en el poder. Hermético, Peña Nieto sólo dio una sola señal a sus cercanos de que la consideración sobre Meade era más que una reflexión. Hace dos meses aproximadamente, dijo uno de ellos, Peña Nieto instruyó al jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Roberto Miranda, que redoblara la seguridad del entonces secretario de Hacienda. Con nadie más lo hizo.

Meade no pertenecía al grupo compacto de Peña Nieto que venía del Estado de México, o los gobernadores Miguel Ángel Osorio Chong de Hidalgo, y José Calzada de Querétaro, que habían hecho el trabajo nacional de forjar alianzas que le permitieran ser candidato a la Presidencia. Pero como secretario de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón, junto con su subsecretario José Antonio González Anaya, habían ayudado financieramente al Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador y su secretario de Finanzas y más tarde presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, era Luis Videgaray, muy cercano a Meade desde el ITAM. 

Al irse armando el gobierno de Peña Nieto, Meade no estaba predestinado para una posición de alto relieve, aunque no menos importante en la nueva administración. Videgaray lo propuso como jefe de la Oficina de la Presidencia, pero una confusión cambió el rumbo. Semanas antes de llegar a Los Pinos, Peña Nieto le preguntó a su amigo, el entonces embajador en el Reino Unido, Eduardo Medina Mora, qué le gustaría ser en su gobierno. “Estar cerca de mis hijos”, le dijo Medina Mora, que los tenía estudiando en Oregon. El embajador no especificó qué cargo le interesaría, aunque pensaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para que estuviera cerca de sus hijos, como deseaba, Peña Nieto lo nombró embajador en Washington, sin saber que era más rápido llegar a Oregon desde la capital mexicana, que desde la estadunidense. Meade llegó así a la Cancillería.

La naturaleza del trabajo le permitió establecer una relación más cercana con el Presidente, convirtiéndose en los largos viajes internacionales en su pareja insustituible en los juegos de dominó. La inteligencia de Meade, la cultura general y una visión integral de todos los temas nacionales e internacionales, sólo rivalizada por Videgaray dentro del Gabinete, le fue abriendo las puertas a la confianza de Peña Nieto, quien lo visualizó como prospecto, por primera vez visto según sus cercanos, cuando lo nombró secretario de Desarrollo Social en agosto de 2015. La renuncia de Videgaray en Hacienda por el fiasco de la visita del candidato presidencial Donald Trump a Los Pinos lo regresó, una vez más, de manera natural, pero emergente, a su viejo despacho en Palacio Nacional.

Meade comenzó a vislumbrar una posibilidad de luchar por la Presidencia durante 2016, pero lo alcanzó el gasolinazo. En una reunión en Los Pinos en diciembre, Meade se enfrentó a la parte política del Gabinete, principalmente la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, y de Salud, José Narro, quienes alegaron que debía postergarse la medida por el impacto social y político que tendría. Peña Nieto respaldó al secretario de Hacienda. En enero, ese diagnóstico se volvió realidad, pero Meade y su equipo, incluido el entonces director de Pemex, González Anaya, fueron dejados solos a su suerte. Quienes debían haberlos apoyado en la Secretaría de Gobernación, se fueron de vacaciones y nadie, incluido el secretario Osorio Chong, les tomó incluso las llamadas telefónicas. Aún así, en una segunda reunión de Gabinete en enero, Meade volvió a defender el gasolinazo ante la parte política del equipo del Presidente, y Peña Nieto lo volvió a respaldar. Pese a ello, Meade pensó en ese momento que sus pretensiones presidenciales se habían evaporado.

El momento de desestabilización política pasó y la beligerancia fue menguando con la nueva calendarización de liberación de los precios de combustibles. Meade volvió a respirar y comenzó a trabajar en un grupo muy cerrado, a veces en su casa, otras en la de su subsecretaria Vanesa Rubio, los escenarios que pudieran permitirle estar en la lucha por la candidatura. Una estación importante fue el 5 de octubre. Al terminar la glosa del informe en la Cámara de Diputados, pidió hablar a manera de colofón. El Pleno guardó silencio mientras Meade improvisaba un alegato a favor de los políticos y cómo no podían retroceder frente a lo que se había visto durante los sismos de septiembre, la cooperación de la sociedad con las instituciones. También hizo una inteligente defensa del Presidente y de las acciones de su gobierno. Al día siguiente, Peña Nieto lo llamó por teléfono y le agradeció lo que había dicho de él.

No pasaron muchos días cuando el presidente llamó a Meade a Los Pinos. En ella, revelaron personas que conocieron del encuentro, Peña Nieto le preguntó si estaba “listo” para que el momento que esperaba se concretara, y Meade le respondió que sí. Entonces vino otra pregunta: ¿También estás listo para no ser? Estaba preparado para esa eventualidad, contestó. Este lunes comprobó que no fue necesario.
28 Noviembre 2017 04:07:00
La confirmación de Meade
La decisión tomada fue ratificada en Los Pinos. El presidente Enrique Peña Nieto despidió a José Antonio Meade de su Gabinete con enorme calidez y le deseó lo mejor en el proyecto que ha decidido emprender. Eufemismo arcaico del Presidente al intentar ocultar al elefante en la sala. Meade, faltando el trámite estatutario para ello, asumió de facto la candidatura presidencial del PRI. La cita para el registro está fijada para el próximo jueves a las 2 de la tarde, y ningún militante más, de los que importan, se registrará para hacerle sombra. El Presidente, como tantas veces lo dijo, engañó con la verdad.

El 17 de agosto pasado, bajo el título simple de 2018: Meade, se publicó en este espacio, a propósito de la XXII Asamblea Nacional del PRI, que los rituales habían regresado por la puerta grande. “Sin lastres para que el presidente Enrique Peña Nieto decida con quién buscará mantener Los Pinos, la cargada corporativista con las pancartas de organizaciones y sindicatos, y la clientelar con delegados levanta manos, llenó un escenario que mostró otro tipo de bufalada, la de los tecnócratas, que discretamente el sábado se formaron detrás de la persona para la que parece haber sido confeccionado un traje a la medida con la eliminación de los candados para la candidatura presidencial en 2018, José Antonio Meade, secretario de Hacienda”.

En ese texto se mencionó cómo el Presidente estaba dando instrucciones a Meade que no le había dado a nadie más. La columna decía: “De acuerdo con información en el entorno del secretario de Hacienda, Peña Nieto le indicó no moverse ni buscar grupos que lo apoyen, mantener la calma y ejecutar las acciones directas y prioritarias que le pida. Lo primero, con suma urgencia, fue restablecer la relación con los gobernadores, que se encuentra rota hace bastante tiempo. Los gobernadores son parte esencial de la ecuación sucesoria. Durante la primera parte de la Administración peñista, los principales gobernadores afectados por el maltrato político y presupuestal fueron los priistas, adicionalmente que han sido algunos de ellos, que se comprometieron con el proyecto de Peña Nieto para llegar a la Presidencia, los que están pagando el costo de la corrupción sexenal. Sin el respaldo de los gobernadores no habría ni posibilidades de ser competitivo en 2018. 

“Meade hizo caso rápidamente al Presidente, y realizó también ajustes estratégicos en el equipo hacendario que pasaron desapercibidos por la mayoría. Trasladó a Emilio Suárez Licona, de la dirección de la Unidad de Banca de Desarrollo en Hacienda, a donde llegó de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde trabajó con Meade a la Coordinación de Entidades Federativas. En su lugar entró Mario Govea, quien era director general adjunto de Coordinación y Política del Sistema Financiero de Fomento. También promovió a Arturo Téllez, titular del Órgano Interno de Control de Hacienda, y que trabajó con Meade en las secretarías de Energía, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Hacienda, a la Dirección General de Auditoría del SAT. Estas áreas son las que atienden directamente a los estados, tanto en los apoyos presupuestales como en algo que hoy es más importante, revisar sus cuentas, detectar las irregularidades, anomalías y, de ser necesario, trabajar con los gobernadores para ver cómo pueden ayudarlos a resolver hoyos financieros en sus cuentas que pueden significar, como se ha visto últimamente, procesos penales en su contra.

“No ha sido lo único que ha construido Meade para su futuro. A diferencia de lo que no pudo hacer (Luis) Videgaray porque el Presidente no lo permitió, Meade sí nombró a todos los directores de la banca de desarrollo, colocando en esos cargos a personas muy cercanas a él. Virgilio Andrade, a quien le dio su primer trabajo en el servicio público, lo nombró en Bansefi. Llevó a Francisco González al Banco Nacional de Comercio Exterior. Mario Zamora, a quien le dio trabajo en Financiera Rural por recomendación de su tío, Francisco Labastida, lo nombró en la Financiera Nacional de Desarrollo, y la semana pasada fue el coordinador de la Mesa de Estatutos que eliminó los candados para la candidatura presidencial. 

“El más significativo, sin embargo, fue el nombramiento de Alfredo Vara Alonso, en Banobras, porque significó un desafío a Videgaray, quien había logrado que el Presidente nombrara directora a la senadora Ana Lilia Herrera, como premio de consolación por no haber sido candidata en el Estado de México, y Meade, en un acuerdo extraordinario en Los Pinos, tumbó la designación y llevó a un hombre de confianza, que trabajó en el Instituto de Protección del Ahorro Bancario, una institución imaginada y construida por el padre del secretario, Dionisio Meade.

“La fortaleza de Meade dentro del Gobierno es poco notoria en la opinión pública, pero tiene un alto significado. Meade no era parte del equipo compacto de Peña Nieto, pero la autorización para hacer los cambios de conformidad a su criterio, sugieren que, como nadie más en el Gabinete, tiene la confianza que otros muy cercanos no tuvieron. ¿Es esto la señal definitiva sobre su futuro próximo? Sólo Peña Nieto lo sabe, pero los símbolos están jugando mucho a su favor”.

Aquella columna señalaba que Meade había captado la atención y el imaginario como el gran delfín de Peña Nieto. “¿Será tan obvia la decisión?”, se preguntaba en el texto. Hoy vemos que sí era obvia y que Peña Nieto sí engañó con la verdad. Ciertamente, sólo se puede leer las acciones electorales de Peña Nieto a tiempo pasado. Y hoy se puede argumentar que la decisión sobre su sucesor se tomó desde agosto.
27 Noviembre 2017 04:00:00
La cena de octubre
En la residencia de un empresario a finales de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto cenó con un grupo de capitanes de la industria. De lo poco que trascendió, se conoce que el Presidente, sin reclamar a nadie, habló sobre lo que cree dicen de él. Dijo, por ejemplo, colocando sus frases en voces anónimas de empresarios, que podían pensar que no era la persona más culta, la más letrada, o que se equivocaba al hablar. Que sus deficiencias podrían ser grandes ante sus ojos, pero lo que podía asegurarles es que era altamente competente en los temas electorales. El sabor de boca que les dejó, según una de las versiones de la reunión, es que tenía control sobre el proceso de sucesión y que confiaba en que a quien escogiera como su sucesor ganaría la elección en 2018.

Varias semanas después vinieron algunas confirmaciones. El preámbulo fue el viernes, un día después de que un video mañosamente editado enviado a los medios de comunicación, mostraba al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, pronunciar un insólito elogio del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, frente al cuerpo diplomático acreditado, que provocó que varios periódicos en el país publicaran que Videgaray había “destapado” a Meade para la candidatura presidencial del PRI. Las ruedas de la sucesión parecían haber sido puestas en marcha, en una versión postindustrial de aquellas épocas del viejo régimen cuando uno de los sectores del partido se pronunciaba por un candidato, lo que era la señal de que la línea presidencial se había decantado.

En esta ocasión, sin embargo, no hubo confirmación, sino atajo. El Presidente terminaba una gira en La Paz, cuando inesperadamente se desprendió de la burbuja de seguridad del Estado Mayor Presidencial y caminó con una enorme sonrisa hacia la prensa, con la que bromeó y afirmó: “Están bien despistados. El candidato no se elige por elogios o aplausos”. Peña Nieto desautorizaba a Videgaray, aunque su lisonja a Meade no fuera realizada en un acto público, sino que trascendió por la infidencia de alguien en la Cancillería que plantó en los medios un clip editado donde está la frase. El viernes Pablo Hiriart, en las páginas de El Financiero, escribió sobre la forma como Videgaray pareció arrancarle a Peña Nieto la decisión sobre su sucesor, buscando colocar un sello personal sobre Meade –quien tendría que agradecérselo en caso de que fuera el ungido–, y adjudicando en el futuro candidato todo lo bueno en términos de estabilidad, y todo lo malo, podía inferirse con la omisión a su jefe.

Videgaray, tan experimentado, por largo tiempo la persona que ha hablado al oído del príncipe, y quien desde que se descartó por la candidatura presidencial ha dicho en privado que buscaría, si no decidir, sí incidir en el sucesor de Peña Nieto –por ejemplo, mostrando los negativos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong–, ¿podría cometer un error de tal naturaleza? ¿Quién podría haber filtrado a la prensa el clip extrañamente editado para ensalzar a Meade? Podría plantearse también, como hipótesis de trabajo, que se lanzó un globo de sonda (trial balloon) para medir la temperatura a la opinión pública, como se hace en otras naciones con sistemas políticos avanzados, y ajustar los tiempos del destape. Si uno ve los resultados del llamado destape de Videgaray, los negativos se los chupó el canciller, pero que no hubo críticas ni cuestionamientos sobre Meade, ni extrañamientos sobre su exposición como el candidato designado. En el balance final, la candidatura de Meade entraría bien en los grupos donde hay resistencia, en el PRI, por subordinación o disciplina, que no reaccionaron sino con resignación a la eventual candidatura de un no priista.

¿Está jugando el Presidente con los escenarios y trabajando de manera heterodoxa las alianzas internas en su partido? En la sucesión de 1988, que es donde más remembranzas ha generado la de 2018, el presidente Miguel de la Madrid procesó el destape de Carlos Salinas de Gortari el domingo 4 de octubre de 1987 en una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional en Los Pinos, donde le pidió a varios de sus miembros, los líderes en las cámaras y de los sectores popular y campesino, que hablaran con el dirigente obrero, Fidel Velázquez, para que diera su apoyo al candidato designado, al ser el único que, derivado de la reconstrucción de la economía dos años antes, la clase trabajadora había sido la más sacrificada y la más agraviada por el arquitecto de decenas de miles de despidos, el entonces secretario de Programación y Presupuesto.

De la Madrid negoció las alianzas con la designación en marcha, y el trabajo de consenso que buscó para evitar un nuevo quiebre en el PRI, como había sucedido con la Corriente Democrática un año antes, tiene una analogía clara con la forma como surgió el nombre de Meade como el inminente la semana pasada. No hay que olvidar lo que dijo el Presidente a los empresarios en la cena de octubre, ni lo imposible que es leer sus decisiones electorales a partir de sus acciones. A Peña Nieto sólo se le puede interpretar en el manejo de los proceso electorales, a tiempo pasado. El viernes, cuando se refirió a lo sucedido, su lenguaje de cuerpo era relajado y pletórico de gran humor, sin presión ni tensión, como se le había visto dos semanas antes. Contuvo la bufalada y restableció el control unipersonal sobre la sucesión. Es cierto lo que dijo en aquella cena. En el manejo electoral, se pinta solo.

24 Noviembre 2017 04:08:00
La cruzada de López Obrador
No tiene duda alguna Andrés Manuel López Obrador en dónde radica el problema toral de México. Es la corrupción. En el plan de gobierno que presentó el lunes todo gira en torno a ese fenómeno. Por la corrupción no se avanza, ni existe desarrollo o crecimiento, pero genera desigualdad e injusticia. Por tanto, se lee con claridad en decenas de las 415 páginas que integran el documento, hay que destruir al sistema que lo ha construido y que lo tiene, tomando las imágenes del discurso de López Obrador, secuestrado por un grupo de personas. Sólo así, es el mensaje, acabando con el dominio de esas minorías vendrá el renacimiento de la sociedad. No se trata de venganzas políticas, sino de justicia social, es la premisa que recorre todo el proyecto de nación.

El documento que presentó López Obrador al Congreso Nacional de Morena abraza la retórica, como cuando habla de la corrupción como “uno de los mayores flagelos” de la sociedad mexicana, o se introduce en el terreno de los lugares comunes, como cuando menciona “el robo directo de las arcas públicas o en los sobornos para favorecer a determinados agentes económicos” en la obra pública y en las licitaciones. Sin embargo, pese a todo lo cosmético que parezcan estos planteamientos, ¿alguien puede refutarlos objetivamente? Al contrario. López Obrador, que comenzó arando en ese desierto cuando apenas unos cuantos mexicanos estaban interesados en enfrentar la corrupción, está ahora en un océano cada vez más poblado de anticuerpos contra ese fenómeno. 

López Obrador ha sido congruente y consistente en su denuncia de corrupción de actores políticos y agentes económicos a lo largo de su vida pública, y su biografía es reflejada en el plan de gobierno con la afirmación que durante los últimos cinco años, los casos que se han hecho públicos, han crecido de manera preocupante. “La sociedad ve con enojo y frustración cómo gobernadores y funcionarios públicos de los partidos políticos tradicionales han hecho de la corrupción una práctica normal, mediante el robo directo de miles de millones de pesos, en donde la mayoría de los casos goza de impunidad y protección gubernamental”, indica el documento. Una vez más, la subjetividad de una percepción que se ha ido construyendo como una verdad.

De acuerdo con Transparencia Internacional, citada en el mismo plan de gobierno, 61% de los mexicanos piensa que la corrupción ha aumentado y 51% admite haber pagado sobornos para poder hacer menos complicada su vida cotidiana, que es el porcentaje más alto en todo América Latina, y muestra una sociedad plagada por la putrefacción de ese mal. México está ubicado en el lugar 123 de 176 países analizados, junto con naciones africanas controladas por líderes tribales o jefes de organizaciones guerreras, y a la par que los déspotas del Medio Oriente y Asia.

El plan de gobierno recuerda la postura de López Obrador sobre la declaración reiterada del presidente Enrique Peña Nieto de que la corrupción es cultural en México. “La corrupción no es un asunto cultural ante el cual debamos resignarnos, ni una forma de ser de los mexicanos en general, sino una desviación de los gobernantes que puede y debe ser erradicada”, dice. “Por ello resulta fundamental respetar la ley. Si hay voluntad para aplicarla, se puede atacar la impunidad desde su raíz”. El documento no se equivoca. El Instituto Mexicano para la Competitividad, que también es citado, identifica la crisis de representación de los gobernantes frente a los gobernados: 91% no confía en los partidos políticos, 83% no confía en los legisladores, y 80% no confía en las instituciones del sistema judicial. El rechazo es generalizado. En la última encuesta de aprobación presidencial elaborada por la empresa Buendía & Laredo para El Universal, la aprobación de Peña Nieto mostró su cuarta alza del año, y se colocó en 31%, como resultado del activismo y protagonismo del Presidente durante los sismos de septiembre. Sin embargo, la desaprobación –6.4 de cada 10 mexicanos–, sigue siendo la más alta que ha tenido un Presidente mexicano en su quinto año de gobierno.

Los datos le dan la razón a López Obrador. El énfasis que colocó en el plan de gobierno atiende perfectamente las frustraciones y molestias de la mayoría de los mexicanos. A cuántos de ellos que no forman parte del núcleo duro de electores que tiene –alrededor de una tercera parte del electorado– va a convencer con este planteamiento, aún no se sabe. Sin embargo, la corrupción es el tema que más enciende a los mexicanos. En las cinco variables que presenta el Barómetro de la Corrupción de Transparencia Internacional sobre qué opinan los mexicanos sobre el fenómeno, rechazan las cuatro que tienen que ver con lo que se ha hecho para combatirla, y expresan su disgusto con los niveles de corrupción. El 74% señala que son las personas, no los políticos, quienes pueden cambiar las cosas.

La lectura de López Obrador es certera en términos electorales. “El estancamiento, el deterioro, la desigualdad y la corrupción no son los únicos destinos posibles de México”, indica el documento. “Cambiar esta circunstancia nacional siempre ha estado en nuestras manos”. La cruzada que tiene el candidato extraoficial a la Presidencia de la República marcha por una buena dirección para ir ganando adeptos en su tercera búsqueda por el poder. La corrupción se ha vuelto vomitiva y es el único, hasta ahora, que ha dicho de frente que la combatirá. ¿Alguien quiere construir una candidatura competitiva? Este tema es el principio del camino.
23 Noviembre 2017 04:00:00
El Frente se enfrenta
Las alas del Frente Ciudadano por México están cansándose y las señales son que no sobrevivirá el año. Los síntomas de lo que parece ser una enfermedad terminal lo reveló uno de los dos potenciales candidatos a la Presidencia por esa incipiente coalición, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien dejó entrever que dos de los tres socios en el Frente están pensando dejar fuera al PRD. Al responder una pregunta en el foro político organizado por El Financiero, sobre la posibilidad de que el PRD y Movimiento Ciudadano decidieran jugar con una candidatura conjunta excluyendo al PAN, Mancera sorprendió a todos con la respuesta. Lo que he escuchado, reviró, es que son ellos dos los que están hablando para aliarse sin el PRD, en la candidatura presidencial.

¿Han traicionado a Mancera y al PRD? El jefe de Gobierno capitalino eludió responder la pregunta. “La gente cambia de opinión”, respondió. ¿Por qué tendría que cambiar de opinión? En eso ya no abundó Mancera, pero con sus declaraciones ha establecido los términos de un eventual rompimiento. La primera señal fue cuando declaró hace ya casi un mes que el método de selección de candidato debía incorporar a los ciudadanos, que evolucionó a una postura más incisiva. “Ni imposición ni dedazo”, ha dicho en dos ocasiones. Apurado a precisar a qué se refería, Mancera dijo que a una decisión cupular donde el candidato se decidiera en forma cupular de acuerdo con el peso electoral del partido. Es decir, que la candidatura fuera para Ricardo Anaya, el presidente del PAN.

Anaya y sus voceros han planteado en la mesa de negociación del Frente que así tiene que ser y que la candidatura sea para el partido que más posiciones políticas tiene en el país. El PAN gobierna 41 millones de mexicanos en 10 estados, además de encabezar casi 25% de las presidencias municipales. El PRD gobierna en cuatro entidades, pero ninguna de ellas se encuentra dentro de los seis estados con mayor peso electoral, salvo la Ciudad de México, donde a nivel delegacional y legislativo, perdió el control ante Morena en 2015.

La insistencia de los panistas a que el candidato se decida cupularmente motivó otra declaración de Mancera el martes, donde propuso que no sólo Anaya, sino cualquier otro candidato a la Presidencia, se sometiera a un examen de control de confianza –“para eliminar opacidad y dar certeza a los ciudadanos”, dijo Mancera-, al polígrafo, un examen médico, y que divulgue todos sus bienes patrimoniales –“para que después no vengan con sorpresas durante la campaña”, añadió el gobernador capitalino. Esta declaración fue frontal contra Anaya, pero Mancera lo negó en el foro político, aunque insistió que debería ser una exigencia moral para cualquier candidato.

Anaya, que ha sido criticado en la prensa por operaciones inmobiliarias opacas y ha sido señalado de haber aprovechado cargos en la administración pública para beneficiar a su familia política, era el objetivo de las palabras de Mancera, pero no dio acuse de recibo. Tampoco envió ninguna señal a su socio electoral por haberse reunido el viernes pasado con Margarita Zavala, con quien se enfrentó Anaya hasta que renunció al PAN, y con Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla que aspira la candidatura presidencial. Sólo silencio ha recibido Mancera de Anaya. Un tratamiento similar ha sido aplicado también por el presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el tercer socio de la coalición frentista.

La falta de reclamos no es una buena noticia, sino todo lo contrario, pésima. Si las negociaciones estaban selladas con sangre e iban a ir juntos hasta que la elección los separara, la falta de reacción es muestra, pensando convencionalmente, de desinterés. Si dos de las tres partes muestran desdén, la revelación de Mancera de que Anaya y Delgado pretenden dejarlo solo, explica el porqué decidió provocar al líder del PAN con sus declaraciones. Si Anaya no le responde, cuando menos en privado, se puede argumentar que dejó de ser útil para sus fines. Sería algo típico de Anaya, cuya biografía política está salpicada de traiciones. Tampoco sería raro de Delgado, quien ha asumido un papel preponderante en de las negociaciones del Frente, al mismo tiempo de intensificar su diálogo secreto con el presidente Enrique Peña Nieto, y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. 

Siguiendo con esta línea de argumentación, Anaya y Delgado tendrían razones para no seguir la coalición con el PRD y Mancera. La de Anaya está clara en cuanto al peso electoral del PAN, mientras que Delgado, cuyo Movimiento Ciudadano tiene poco peso electoral pero importante en la suma de votos, particularmente en Jalisco, la cuarta entidad con mayor número de electores donde tienen gran presencia, la negociación bilateral le daría mejor rédito en posiciones políticas y presupuestos, que una trilateral donde su posición valdría menos.

Juntos, PAN y Movimiento Ciudadano, de acuerdo con la última encuesta presidencial publicada por El Financiero el lunes, tendrían 23% del voto, contra 27% del PRI y Morena. Anaya como candidato, se hundiría al tercer lugar, a más de 12 puntos del puntero, Andrés Manuel López Obrador. Aún así, ¿sería mejor para él jugar sólo con Delgado? Así parece. Nadie le reclamaría una actitud vertical y autoritaria como está haciendo Mancera, pues el incentivo que mueve a Delgado son posiciones políticas y recursos presupuestales. Dinero, no poder. Anaya ambiciona el poder. Mancera quiera a los ciudadanos. Eso no va con el negocio electoral de sus socios en el frente, que parece estar pasando al anecdotario.
22 Noviembre 2017 04:08:00
Revive Plataforma México
El mundo mexicano está al revés. Quienes iban a acabar con la violencia en los primeros 100 días de Administración de Enrique Peña Nieto, se encaminan a ser el Gobierno donde mayor número de muertos, por homicidios dolosos, se hayan registrado, a un ritmo actual de cuatro cada 60 minutos. Y quien vio en el gobierno de Felipe Calderón el origen de todos los males en materia de seguridad decidió que para la pacificación del país, cuando llegue a la Presidencia, recurrirá a la estrategia que precisamente desarrolló el gobierno anterior. Qué paradoja. La Némesis mexicana, como identificaron al Gobierno de Calderón, resultó tener una estrategia que funcionaba mejor. 

Al presentar su plan de gobierno el lunes pasado, el proyecto de López Obrador pasa por el rediseño institucional del área de la seguridad, la coordinación y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Prioriza la inteligencia por sobre la fuerza y por el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los miembros de los cuerpos policiales. “Ha sido un error reducir la estrategia de seguridad a una correlación de la capacidad de fuego entre los cuerpos policiales y el crimen organizado con el único fin de capturar a los grandes capos del narcotráfico”, dice en el proyecto del plan de gobierno. “Llevamos más de 10 años aplicando esa lógica centrada únicamente en descabezar cárteles, sin desmantelar su infraestructura financiera. Los resultados han sido efímeros y pobres”.

Tiene razón López Obrador, pero en lo cosmético. El documento que le prepararon sus asesores en seguridad toca los linderos del problema de la seguridad pública, pero no lo ataca de fondo. El problema de la última década obedece a otros factores más complejos. La violencia en el sexenio de Calderón escaló por el cambio de incentivos en la lucha contra el crimen organizado de los gobiernos anteriores. Previamente, la racional era que sexenalmente se atacaba a un cártel, máximo dos, con lo cual las organizaciones criminales pactaban entre sí plazas y territorios, sin enfrentarse entre ellas y así evitar que al llevar la violencia en las calles, la respuesta del Estado fuera equitativamente violenta.

El viejo esquema –que algunos han caracterizado como un pacto con los cárteles– se rompió por la incompetencia del Gobierno de Vicente Fox en la lucha contra el crimen organizado, que en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas pasó a jugar el rol de autoridad, apoderándose de municipios en esas entidades. Esa pérdida de control territorial llevó a Calderón a dejar de combatir con discrecionalidad e iniciar una guerra de 360 grados, con lo que el incentivo criminal de no pelear entre ellos cambió a la guerra de aniquilación para evitar perder el negocio y la vida. La estrategia de Calderón fue similar a la que se siguió en otros países para enfrentar a las organizaciones criminales en Palermo, Medellín, Nueva York o Miami, donde el costo de vidas se iba a incrementar de manera radical y gradualmente, golpeando con mayor velocidad a que los cárteles podían remplazar a jefes y estructuras, irían ganando la guerra.

El índice de violencia comenzó a bajar en mayo de 2011, pero el equipo de Peña Nieto descalificó por completo la estrategia –porque no la entendió nunca– y señaló que sería mediante la prevención como lograrían bajar la violencia. Dejaron de combatir ocho meses a los cárteles, y ante la pasividad, se fortalecieron. La prevención se redujo a minucias –como repartir lentes a los niños para que pudieran leer y no dejaran la escuela y se integraran a las pandillas— y durante los dos últimos años dejaron de dar presupuesto a ese rubro. Desmanteló Plataforma México, que aportaba inteligencia criminal, y con una visión torcida de la seguridad, la Secretaría de Gobernación absorbió a la Secretaría de Seguridad Pública. El resultado es que en el gobierno de Peña Nieto la violencia se incrementó a niveles nunca antes vistos y la expansión criminal cubre prácticamente todo el país.

López Obrador, como nadie, quiere que siga esta tendencia de victoria criminal. En el plan de gobierno está su solución. Quizás sin saberlo, pero el proyecto recoge el Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia y la Legalidad que se firmó –incluidos los entonces gobernadores Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong– en el Palacio Nacional el 21 de agosto de 2008, donde convierte a la seguridad pública en un asunto de Estado y enumera una serie de acciones de coordinación y estrategia de inteligencia que ejecutó Plataforma México hasta que el Gobierno actual la liquidó. El fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como también la profesionalización de las policías y su mejoramiento salarial, fueron parte del diseño de Calderón, de donde López Obrador también recoge en su proyecto la restitución de la Secretaría de Seguridad Pública.

El que haya recurrido a una estrategia ya planteada, no debe llevar a la descalificación del plan de gobierno de López Obrador. Más bien habla de una maduración al sostener que la seguridad pública no debe ser un asunto de interés sexenal sino del Estado mexicano. La improvisación del equipo de seguridad del presidente Peña Nieto ya mostró el costo que conlleva la incompetencia. Un sexenio tirado a la basura por los aventureros de este Gobierno ha sido demasiado.
21 Noviembre 2017 04:07:00
El mensaje de Andrés Manuel
Andrés Manuel López Obrador ha invertido tiempo en buscar cambiar la opinión del sector empresarial que en dos campañas presidenciales previas, tomó una abierta posición en su contra, financiando inclusive a sus rivales. En las elegantes  residencias de Lomas de Chapultepec, se ha reunido a comer con algunas de las figuras cuyas acciones, al frente de sus empresas, pueden mover el producto interno bruto. Ha hecho lo mismo con los capitanes de la industria en Monterrey, el otro polo de poder económico en México, pero no parece terminar de persuadirlos de que es la mejor opción que tiene el país. Después de todo, como admiten algunos de esos empresarios, están decepcionados de dos sexenios panistas y frustrados porque el regreso del PRI al poder está muy lejos de lo que pensaban sería. Ni sabían cómo gobernar el país y llevarlo a mejor destino, ni habían visto la corrupción tan extendida como en la actual Administración.

Este panorama ha hecho lo que Jorge Buendía, la cabeza de la empresa de opinión pública Buendía & Laredo, caracteriza como “un muy mal humor” de los mexicanos en estos tiempos. El 64%, dijo Buendía la semana pasada en una presentación en el Centro Woodrow Wilson de Washington, piensa que el país va en una dirección equivocada, que es una proporción similar de los electores que votaron en 2012 por otra opción que no fuera Enrique Peña Nieto, se mantienen inamovibles como fuerza opositora. Quien la ha canalizado, según Buendía, es Morena, el partido de López Obrador, que cuando nació oficialmente en 2015 tenía 15% de opinión positiva, mientras que en 2017 subió 22 puntos, hasta ubicarse actualmente en 41 por ciento.

López Obrador se mantiene, como si le perteneciera, en el primer lugar de las encuestas electorales. Aunque en este momento los estudios miden conocimiento de nombre (rebasa el 95% de mexicanos que lo conocen), mantiene un núcleo muy sólido entre los electores, que le ha permitido tener garantizada una tercera parte del electorado. Esto no le ha servido, empero, para ganar dos elecciones presidenciales, ni ha sido suficiente para poder montar una oposición social de envergadura como respaldo a sus impugnaciones. Su respuesta ante ello ha sido ratificar sus viejas banderas nacionalistas y mantener su decisión de que en caso de ganar la Presidencia de la República, desmontará las reformas del presidente Peña Nieto, en particular la energética y la educativa.

Los mensajes de López Obrador no han caído bien entre las clases empresariales y los inversionistas, ante los cuales no ha podido ni querido- modificar si imagen. ¿Hay razones objetivas para el temor a que López Obrador sea presidente el próximo año? “Siempre existe la posibilidad de que AMLO, por sí mismo, le recuerde a los mexicanos por qué nunca podrán confiarle la Presidencia”, escribió recientemente Richard G. Miles, director de la Iniciativa del Futuro México-EU del Centro Estratégico de Estudios Internacionales en Washington. “López Obrador en un populista autoritario de corazón. Si insiste en deshacer la reforma energética o sabotea las delicadas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o apoya a Venezuela, podría empujar a los votantes hacia opciones menos atractivas pero más seguras. O podría, difícilmente, mantener la autodisciplina y martillar el único mensaje con el que está ganando: todos los demás son unos ladrones”.

El mensaje de López Obrador ha sido una constante en la preocupación de empresarios e inversionistas. En enero, el Financial Times, el diario británico que junto con The Wall Street Journal es el de mayor influencia en esos sectores en el mundo, comparó a López Obrador con Donald Trump, caracterizándolo como “otro populista, antiestablecimiento que esperaría seguir los pasos del presidente electo de Estados Unidos”. En mayo, Shelly Shetty, una de las directoras de la agencia calificadora Fitch Ratings, dijo que la victoria de López Obrador generaría “incertidumbre y volatilidad” en México.

Hace unos días Niall Walsh, director asociado de Global Risk Insights, escribió que la victoria de López Obrador comprometería la potencia regional de México. “Los inversionistas internacionales favorecen instituciones fuertes y estables, y temen de líderes populistas que amenazan con desmantelar las normas y las estructuras burocráticas”, agregó. “Considerando su disposición a prevenir la implementación de las reformas pro-mercado, el potencial de la elección de AMLO traería negatividad en los mercados. Sería probable un declive en el valor del peso, acompañado por una reducción en el crecimiento, comparado con otras economías latinoamericanas”.

Las preocupaciones del capital mexicano y extranjero nacen de su programa de gobierno, donde ven una modificación de la competencia del mercado por un modelo de sustitución de importaciones, que fue la política económica que mantuvieron los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo que metió a México a 12 años de crisis profunda. No les gusta su lenguaje, como donde  dice que la privatización es sinónimo de robo, o cómo concilia sus propuestas de ampliación del gasto público y proyectos de obra pública e infraestructura, sin un plan de ingresos que no sea la captación de recursos mediante la reducción de la corrupción, o iniciativas muy atractivas para el electorado pero sin impacto real en las finanzas públicas, como la venta del avión presidencial.

Al presentar López Obrador este lunes una síntesis de nueve páginas de su Plan de Desarrollo, no disipó los temores. Más bien, en el concepto general de su programa se mantienen los mismos objetivos que ha venido plateando por meses y que hacen que lo vean en amplios sectores con reservas y antagonismos.
17 Noviembre 2017 04:09:00
2018: el factor Videgaray
En más de una ocasión, el presidente Enrique Peña Nieto ha dicho en privado que cuando se revele el nombre del tapado, será sorpresa para todos porque nadie se lo esperaba. ¿Cuál podría ser esa sorpresa? De entrada, ninguno de los cinco secretarios cuyos nombres se encuentran en la palestra desde hace semanas. ¿Eruviel Ávila? El exgobernador del Estado de México y líder del PRI en la Ciudad de México, es el priista mejor visto de todos los aspirantes a la candidatura presidencial, según las encuestas que tiene Peña Nieto, pero, ¿otro mexiquense sentado en la silla presidencial? Si todos ellos no, ¿quién realmente sería una enorme sorpresa que a la vez mandara un mensaje al PRI, a los empresarios y a los inversionistas extranjeros? Sólo uno está en esa categoría, Luis Videgaray.

El secretario de Relaciones Exteriores se ha descartado para aspirar a la candidatura presidencial, por considerar, de acuerdo con sus cercanos, que tiene dos lastres: la cercanía con Peña Nieto y la reforma fiscal. Parece haber quedado olvidado otro negativo, la mancha de ilegitimidad por su casa de descanso en Malinalco, adquirida a través de un crédito con tasas por debajo del mercado, que le dio el empresario Juan Armando Hinojosa, que realizó la operación inmobiliaria de la “casa blanca”.

La cercanía con el Presidente es el motor principal para su autodescarte, y ha sido un argumento esgrimido en la selección de otros candidatos como un lastre, no un activo, en la designación de un candidato. El último donde elaboró ese argumento fue con Alfredo del Mazo, primo en octavo grado de Peña Nieto. El resultado electoral, aunque muy apretado y negativo para el PRI, le dio la gubernatura a Del Mazo, con lo cual la posición de Videgaray quedó disminuida.

Videgaray, además, tiene lo que ningún otro en el Gabinete, la dependencia que de él tiene Peña Nieto. Se conocen desde que Peña Nieto, como secretario de Administración del gobernador Arturo Montiel, pagaba los honorarios a Protego, la consultora de Pedro Aspe que elaboraba los libros blancos del Gobierno, y cuyo enlace era Videgaray. Peña Nieto lo hizo secretario de Finanzas, coordinador de su campaña presidencial y diputado. En el Gobierno federal no sólo le cumplió su deseo como secretario de Hacienda, sino que su equipo analizó los perfiles de quienes había sido seleccionados por Peña Nieto para su Gabinete. Es decir, tenía la capacidad de veto, como pasó con algunos potenciales secretarios que nunca llegaron a serlo por la opinión negativa que emitió el consejero de Peña Nieto, una especie de Nicolás Maquiavelo y José Fouché.

Fue idea de él invitar a Donald Trump como candidato a la Presidencia, y el fiasco político y público por esa iniciativa, mas la presión del presidente Barack Obama provocó que Videgaray pagara con su renuncia el chasco de Peña Nieto. Hace no mucho, sin embargo, en una plática con Susan Rice, quien fue su directora del Consejo de Seguridad Nacional, transmitió el sentir de Obama a la entonces canciller Claudia Ruiz Massieu, reconoció que la visita de Trump a Los Pinos no tuvo ninguna incidencia sobre la campaña o el resultado electoral. La victoria de Trump en las elecciones reivindicó a Videgaray ante los ojos de Peña Nieto, quien no alcanza a distinguir entre una decisión mal tomada y una correctamente aplicada, sin importar el resultado de ella.

Imposible de vivir políticamente separado de él, le encargó supervisar la campaña electoral en el Estado de México, en la cual se involucró durante el proceso de designación de candidato, y le pidió establecer una relación directa con Trump, que construyó a través de su yerno y asesor, Jared Kushner. Esa relación le ha dado un acceso privilegiado en la Casa Blanca como prácticamente ningún extranjero tiene, que si bien no ha cambiado los fundamentos dogmáticos del Presidente estadunidense sobre México, ha impedido que sus arranques terminen de demoler la relación bilateral.

Peña Nieto depende enormemente de Videgaray, su alter ego, que le dio densidad y destino a su Presidencia, con la construcción del Pacto por México. En la Cancillería, el peso de Videgaray en la política palaciega le ha permitido modificar años de ostracismo en líneas diplomáticas y seguir operando temas de política interna tantas veces como Peña Nieto –que son más de las normales para quien ocupa la cartera de exteriores- lo necesite. Nadie como él, con la exposición en el mundo, con la experiencia en dos carteras fundamentales como Hacienda y Relaciones Exteriores, con dos campañas sobre su espalda y cargos de elección popular, tiene el palmarés idóneo para una candidatura presidencial.

Peña Nieto también dice que engañará con la verdad, que bien cabría en la figura de Videgaray. El único problema que se le ve, en este momento, es que ha dicho en público y en privado que no quiere la candidatura. Prefiere, como ha sido su constante en los últimos años, estar en la mesa donde se deciden las cosas, el hábitat en el que mejor se siente y opera. Sin embargo, no hay que olvidar que meses antes de que se decidiera la candidatura en el Estado de México en 2011, dijo que le gustaría, pero haría lo que el gobernador, decidiera. En ese entonces, Peña Nieto lo hizo a un lado. En esta ocasión, una vez más y pese a lo que diga Videgaray, el Presidente priista tiene la palabra y decisión sobre su futuro y el candidato del PRI.
16 Noviembre 2017 04:08:00
2018: qué hacer con Anaya
Las dudas sobre si Ricardo Anaya, el líder nacional del PAN, va a aceptar someterse a un proceso democrático y abierto para definir la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México, que tiene escasa una semana para concluir esos acuerdos y formalizar una coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano en el Instituto Nacional Electoral, no debe ser motivo de discusión. La biografía política de Anaya permite afirmar que si él no es el candidato del Frente, va a romper con sus eventuales socios e ir solo a la elección de 2018. Anaya no tiene palabra ni respeta compromisos. ¿Por qué esperar a que cumpla con su palabra con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que le disputaría la candidatura?

Pero sólo para efectos de argumentación, aun si Anaya entrara a un proceso de competencia real y no de imposiciones donde ganara la candidatura, no es la mejor opción que pueda tener el Frente para elección presidencial. En el entorno de Anaya piensan lo contrario, y de manera indirecta lo avalan expertos en opinión pública, porque su discurso, como el de Andrés Manuel López Obrador, apela a los inconformes, que es el principal atributo que hoy se le asigna a cualquier aspirante a la Presidencia. Según Consulta Mitofsky y Buendía&Laredo, entre el 40 y el 50% del electorado, dan al PRI como la primera respuesta del partido por cuál partido nunca votarían.

Es decir, el discurso antigobierno y disruptivo es lo que da más réditos políticos, por lo que el enfrentamiento de Anaya con el presidente Enrique Peña Nieto le ha aportado conocimiento nacional –que ha crecido en los últimos meses–, y el perfil contestatario tan apreciado por el electorado en estos tiempos. Sin embargo, a diferencia de López Obrador, que ha sido consecuente y consistente en su discurso de oposición, Anaya se colocó en ese lugar después de acompañar a Peña Nieto y a su Gobierno durante el proceso de implementación legislativa de las reformas económicas. Su choque con el Presidente obedece a que al incumplir los acuerdos con Peña Nieto con respecto a la elección para gobernador en el Estado de México –aparentemente ser instrumento para restar votos a Morena–, el conflicto entre ellos se volvió personal.

Después de las elecciones mexiquenses, Anaya buscó una cita con Peña Nieto, pero nunca se le dio. Por el contrario, se endureció la campaña de El Universal en su contra. La campaña, extendida a otros medios, cuestionó la riqueza de su familia política, que creció a la par de su carrera en la administración pública en Querétaro, de donde es originario, y se han divulgado documentos de sus gastos en Atlanta, donde vive su familia, hechos con dinero en efectivo para no dejar rastro de sus ingresos y egresos en el sistema bancario estadunidense. Anaya siempre ha defendido su riqueza y asegurado que todos tienen una lógica patrimonial y no proceden de evasión fiscal ni tienen origen oscuro.

Anaya se encuentra en un punto sin retorno. La confrontación con Peña Nieto y el PRI seguirá, aunque no se sabe qué alcances pueda tener. En todo caso, el líder del PAN se está convirtiendo en un lastre de manera acelerada. Por un lado es la vulnerabilidad de su figura ante las acusaciones sobre el manejo de su fortuna, y por otro, el manejo patrimonialista con el que ha manejado el PAN con el único propósito de alcanzar la candidatura presidencial, que ha provocado fracturas y renuncias en el partido que lo han debilitado como fuerza política.

En las condiciones actuales, el análisis es si Anaya y lo que representa en el PAN hoy en día, sigue siendo un activo o un lastre. Indiscutiblemente, el PAN, suma votos y fuerza al Frente Ciudadano. El problema estriba en la obsesión de Anaya por la candidatura presidencial y lo pernicioso de su comportamiento político. El Frente no puede dudar en estos momentos y debe optar por romper con él. El PRD puede consolidar sus acuerdos con el Movimiento Ciudadano y abrirse a otros partidos, como Nueva Alianza, que reclama para sumarse a la coalición que el método sea abierto, y el Partido Verde, que anda en busca de nuevos aliados.

Según la última encuesta pública de preferencia por partidos, elaborada en octubre por Consulta Mitofsky, el Frente ganaría la elección con 21.2% del electorado, Morena y el PT detrás con 16.4%, y el PRI, Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, con 14.8%. Visto individualmente, el PAN tiene 19 puntos de preferencia electoral por 5.1 del PRD y 1.2 de Movimiento Ciudadano. Parecería una locura que si el PAN aporta tanto al Frente –12.7%–, el camino debe ser romper con Anaya. Si se ve con la frialdad de la racionalidad numérica, ciertamente es un error. Sin embargo, a lo objetivo se le tiene que sumar lo subjetivo en este caso, que es la volatilidad objetiva del carácter de Anaya en todos los sentidos, menos en la traición.

Separarse de él es la mejor opción electoral, seguido de un intenso trabajo en los próximos cuatro meses para elevar el porcentaje de preferencia electoral nacional y convertir la coalición en una opción de voto real y atractiva en el escenario electoral polarizado que se pronostica. Mantener la esperanza que Anaya aceptará una competencia equitativa por la candidatura y reconocerá su derrota, es un suicidio político que arrastrará a los partidos que decidan apoyarlo, bajo cualquier escenario posible hoy en día.
15 Noviembre 2017 04:09:00
2018: Las máximas de Peña
El morbo de la sucesión presidencial corre, indiscutiblemente, por debajo de la piel mexicana, que lleva a que se escudriñen los gestos y las acciones del presidente Enrique Peña Nieto, para adivinar hacia dónde se inclinará el destape. No va a ser posible. Peña Nieto engaña, incluso, deliberadamente. Lo hizo en el Estado de México en la sucesión de gobernador, cuando un mes antes del destape de Eruviel Ávila, le confió a un grupo de comunicadores que la decisión estaba entre Alfredo del Mazo y Luis Videgaray. Lo está haciendo ahora. Lanza guiños a los periodistas, y juega con sus ansias, con un control pleno sobre el proceso de sucesión en sus manos, que se ajusta a sus deseos y el calendario.

¿Hacia dónde se inclinará? Un político con amplia experiencia que tiene contacto con él cree que ya tomó la decisión. “Se nota despresurizado, tranquilo y contento”, dijo. Nadie sabe cuál es, pero de lo que quienes lo conocen no tienen duda, es de su pragmatismo. Peña Nieto ha dicho a sus interlocutores políticos desde hace tiempo, que él decide electoralmente por aquella persona con la que cree va a ganar. Él no se fija quién va arriba en las encuestas, sino quién es el que menos negativos tiene. No quiere lastres que arrastrar sino activos que potenciar.

Otra máxima que tiene es que nunca juega con el segundo lugar. “El segundo nunca gana”, suele decir. “Yo fui gobernador porque no era el segundo”. Ciertamente, cuando se dio la sucesión en el Estado de México en 2005, no era la persona a quien se identificaba dentro del equipo del gobernador Arturo Montiel como la de mayor confianza y con mayores posibilidades para alcanzar la candidatura. Su designación fue por encima del operador político de Montiel, Isidro Pastor, líder del PRI estatal, y del entonces procurador, Alfonso Navarrete Prida.

Si se aplican las categorías de análisis convencionales a sus máximas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estaría fuera de la contienda por la candidatura, y el resto de los aspirantes estarían jugando por ser abanderados del tricolor. Bajo esa misma racional, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, estaría fuera de la competencia por los negativos que le acarreó la reforma educativa, de la misma forma por la que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray –quien se ha descartado reiteradamente de la lucha por la candidatura–, quedaría excluido por los negativos que tiene. Dentro de los parámetros de esa lógica, se encuentran los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, de Salud, José Narro, y de Turismo, Enrique de la Madrid.

En cualquier caso, salvo el de Osorio Chong, quien es el precandidato priista más conocido de todos –duplica a quien le sigue–, su nombre se inscribe en otra de las frases famosas de Peña Nieto: no importa que tenga el conocimiento de 1% de la población; en una campaña presidencial ese porcentaje se eleva sin problema. Efectivamente, en el momento de una unción los porcentajes se elevan con el envión de la designación, que van subiendo conforme avanza la campaña y tiene exposición nacional. Por eso es relevante lo que dice Peña Nieto de que su apuesta es por quien tiene menos negativos, ya que al ir siendo conocido por más personas, los negativos comienzan a subir. Entre más malas opiniones se tengan en el arranque de la campaña, poco espacio tendrá para crecer.

Las variables para Peña Nieto pueden ser muchas, si se analizan dentro de este paquete de categorías. Lo que no se conoce con precisión son sus referentes y parámetros. ¿Son los temas de corrupcion un determinante para elegir sucesor? ¿Existe la necesidad para consolidar las reformas económicas? ¿Acaso es la seguridad el problema central? Uno podría responder cuales candidatos se enmarcan en una de las variables o cuales son excluidos, pero quien importa lo que piensa y cómo lo encuadra es el único elector real del PRI, Peña Nieto, y sólo él hará las evaluaciones finales.

A través de sus propias palabras, podría definirse el perfil como el que más sume y quien menos negativos tenga. Es inútil colocar a los aspirantes en sus respectivos casilleros, según el pensamiento convencional, porque la percepción de Peña Nieto ha quedado demostrado de manera reiterativa a lo largo del sexenio, no se ajusta casi nunca a lo que piensan los mexicanos. Su visión de país es diferente a cómo la ven millones de mexicanos, si se analizan sus declaraciones públicas, y se podría alegar que hay momentos donde pareciera que la nación está mal y él está bien, como cuando se molesta por la crítica reiterada –que considera injusta–, y de la incomprensión del porqué no se valoran sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la seguridad.

Los resultados en el Estado de México, sin importar los detalles de cómo fue el voto por el PRI –perdió por 56 mil votos ante Morena–, lo revigorizaron y le permitieron recuperar espacios dentro de su partido, donde pudo mover a su antojo la 22 Asamblea Nacional y modificar los estatutos que quiso. Con todo ese poder está manejando su sucesión. Habrá que esperar ahora si en sus próximos discursos da una señal clara y sin contradicciones sobre qué tipo de país enfrentará la próxima administración para ver, si en análisis póstumo, su dicho fue consistente con su designado, o si demuestra una vez más, que engañó a todos con la verdad.
14 Noviembre 2017 04:07:00
2018: la estrategia de Peña
Las encuestas presidenciales, prácticamente todas, muestran dos tendencias: el PRI no va a ganar la elección en 2018, y el partido por el que menos votarían los mexicanos es el PRI. Si esta proyección es una mala noticia para el presidente Enrique Peña Nieto, el que sea el Mandatario peor evaluado desde que se miden los jefes del Ejecutivo en México desde hace un cuarto de siglo la hace peor, pues lo convierte en un lastre para el candidato, no un activo. A las malas noticias electorales para el Presidente se suman la inflación de 7%, el alto costo del dinero con las tasas de interés más elevadas del mundo y las dudas sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que frena inversiones e impacta en el tipo de cambio. No obstante, en Los Pinos creen que el PRI y a quien unja Peña Nieto como candidato repetirá en la silla presidencial.

No hay magia. La estrategia es clara. El golpeteo constante a los líderes del Frente Ciudadano busca minar su eventual candidatura presidencial, con la mira puesta en la polarización del electorado y que la disputa en 2018 sea pareja con Morena. El virtual candidato presidencial de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, quiere lo mismo. Peña Nieto y López Obrador quieren batirse como en el Estado de México, una lucha entre ambos donde sólo existan dos contendientes. Pero la apuesta de López Obrador, añadir a su voto antisistémico el de los inconformes, no es la misma que la de Peña Nieto y Los Pinos. La estrategia tricolor es ganar los primeros lugares en todos aquellos estados que se pueda, pero, sobre todo, llevar al candidato del PRI siempre en el mejor segundo lugar en donde no gane.

Es decir, la estrategia es ser el mejor segundo lugar donde la suma de todos esos votos le dé la victoria. Estos cálculos presuponen que ningún candidato del PRI sería suficientemente competitivo para derrotar a López Obrador, por lo que están diseñando un andamiaje electoral distinto, aprovechando la fortaleza territorial del PRI y la debilidad de Morena a nivel de estructura nacional. Morena es un partido que apenas obtuvo su registro en 2015, por lo que no hay un historial de voto suficientemente longevo para ver las tendencias de su electorado, ni amplio para analizar sus fortalezas y debilidades. En la actualidad, Morena es López Obrador, quien ha reducido sus negativos al tiempo de consolidar su base electoral. El PRI, en cambio, es lo suficientemente viejo para que el electorado aprecie más sus debilidades y fortalezas.

Como ilustración para explicar la estrategia priista, en las elecciones federales de 2015, el PRI tuvo una caída de más del 25% de su electorado y dejó de gobernar a 11 millones de mexicanos. Porcentualmente, el PRI dejó de gobernar a más de 50 millones de mexicanos en el país, como había sido hasta entonces. Es cierto que todos los partidos perdieron electores, pero ninguno como el PRI. Morena y Encuentro Social, los únicos que fueron a su primera elección, conquistaron casi 5 millones de votos, de cuales 70% fue de Morena. La tendencia de voto para el PRI ha tenido una caída sostenida de aproximadamente 45 grados; o sea, una inclinación clara, sin ser abrupta.

En los estados que son los principales campos de batalla electoral por densidad poblacional, las contiendas por las gubernaturas le han sido desfavorables al PRI en los 3 últimos años. En Nuevo León fue arrollado dos a uno por el independiente Jaime Rodríguez, “El Bronco”. En Veracruz, Miguel Ángel Yunes ganó por clara diferencia, mientras que en Puebla la ventaja se amplió a más de 10 puntos. La Ciudad de México y Guanajuato tendrán elecciones concurrentes el próximo año, pero en ninguna de las dos gobierna el PRI y no se ve que pueda revertir la tendencia. Jalisco, que también tendrá elecciones el próximo año, es gobernado por el PRI, que ha perdido fuerza frente a Movimiento Ciudadano en los 2 últimos años y posiblemente pierda el Ejecutivo estatal. El PRI sólo gobierna uno de los estados donde se deciden las elecciones, el de México, donde superó por escasos tres puntos a Morena.

Sin embargo, en todas esas entidades salvo en la Ciudad de México, el PRI ocupa el segundo lugar. Es muy distante en algunos estados, como en Puebla, pero ahí supera casi 4 a 1 a Morena. En Veracruz avanzó formidablemente Morena en 2015, pero se desinfló en 2016. Morena dejó de ser competitivo en ese estado del golfo, y sólo mantiene su nivel en la Ciudad de México, donde su rival es el PRD, y en el Estado de México, donde tuvo ese avance por el desplome del PAN y una campaña tardía y acotada por presiones e intereses del PRD, cuyos dirigentes estatales estuvieron en convivencia con el PRI.

Vista fríamente la estrategia, aunque conservadora, es tácticamente inteligente. Pero para que esto pueda darse, se puede argumentar, se necesita que la contienda sea entre dos candidatos fuertes, por lo que una candidatura del Frente Ciudadano por México, no sería deseable para estos fines. Lo que mejor acomodaría para esta estrategia, sería que el PAN y el PRD presentaran candidaturas presidenciales individuales, para que el voto anti López Obrador no se dividiera en los estados clave para ganar la elección. Si esto es posible, como sucedió en el estado de México, piensan que la victoria está a la mano para el candidato de Peña Nieto, cualquiera que este sea.
13 Noviembre 2017 04:07:00
2018: Ya llegaron ¿los rusos?
Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el primer político de envergadura que toca el tema de la posible intervención de agentes rusos en la campaña presidencial del próximo año. En un evento en San Luis Potosí, señaló que la sucesión presidencial sólo compete a los mexicanos y que estaría pendiente y, en dado el caso, denunciar si algún gobierno extranjero pretende inmiscuirse en los asuntos nacionales. No hay mucho de dónde asirse en sus declaraciones, pero lo relevante es que ya entró a un tema que para la mayoría de los mexicanos, políticos o sociedad, parece un tema lejano, paranoico y del cual México está blindado. No hay ninguna indicación de que esto sea cierto.

La información oficial que se tiene sobre el tema de los hackers se refiere únicamente a los ataques cibernéticos conocidos como DOS, que significa Ataque de Negación de Servicio, que es cuando mediante la solicitud masiva para el acceso a una página en internet satura al servidor y termina por tirarlo ante la incapacidad para poder procesar todas las peticiones. Estos ataques pueden venir de individuos, organizaciones o gobiernos que buscan la disrupción de los sistemas y de infraestructuras, para robar información o alterar el contenido de las páginas.

La Policía Federal tiene una rama, la Policía Cibernética, que opera 24 horas en el búnker de la Comisión Nacional de Seguridad frenando y combatiendo miles de ataques –literalmente– que hay todos los días contra México, en una lucha que no se ve, pero que es intensa. El campo de batalla cibernético se aprecia en el cuartel general de la Policía Cibernética con una pantalla donde se ven cientos de líneas que cruzan desde distintos puntos del mundo sus ataques contra servidores en México, cuya gran mayoría son neutralizados.El Instituto Nacional Electoral, por su parte, comenzó a revisar y verificar sus sistemas de protección para evitar que sean hackeados el próximo año. No son los únicos en protegerse. Todas las instituciones, públicas y privadas, organizaciones, medios de comunicación e incluso individuos, instalan lo que se conoce como firewall, que son sistemas de seguridad que construyen barreras para evitar el hackeo o los virus.

Todo esto, sin embargo, no tiene que ver ni con lo que señaló López Obrador, ni con el riesgo y la vulnerabilidad en la que se encuentra México. A principios de septiembre se planteó en este espacio si, ante las crecientes y documentadas pruebas de que el gobierno ruso se estaba inmiscuyendo en cada una de las elecciones en el viejo Occidente, México podría ser una futura víctima cibernética. Desde entonces, ha habido novedades. Analistas privados han encontrado cuentas en varios puntos del mundo desde donde se han estado colocando mensajes en las redes sociales pobladas por mexicanos con informaciones falsas, ataques a gobiernos específicos, a personas en particular y textos que buscan la polarización y el estímulo del odio.

Estas características no son diferentes a las que se vieron durante las elecciones en Estados Unidos, donde intervinieron hackers al servicio del Kremlin. La intervención más reciente se dio alrededor del referéndum en Cataluña del 1 de octubre. Javier Lesaca, profesor en la Universidad de Navarra e investigador visitante en la Universidad George Washington, en la capital estadunidense, analizó poco más de 5 millones de mensajes en redes sociales donde concluyó, de acuerdo con un reporte del diario El País, que los medios de propaganda rusos, RT (Russia Today) y Sputnik, utilizaron un alto número de cuentas chavistas y Venezuela para propagar una imagen negativa de España. La principal conclusión del estudio, señaló el matutino madrileño, es que líderes políticos e instituciones tradicionales han perdido peso a la hora de influir en la opinión pública, y su lugar ha sido ocupado por otros actores, mucho más difíciles de seguir y controlar, que no se circunscriben al ámbito político y mediático de un solo país.

Los analistas privados mexicanos que han hecho trabajo forense en redes sociales por más de un año, identificaron cuentas en Australia y Nueva Zelanda en Oceanía, y Croacia o Polonia (en especial Cracovia), desde donde se han enviado mensajes de esa naturaleza y entrado en la conversación en México. El hecho que hayan surgido de direcciones IP en esos lugares, no significa necesariamente que salieran de ahí. Hay tecnología para poder utilizar un DNS (dominios en internet) extranjero, estar en un VPN (que es una red privada virtual) o utilizar un servidor Proxy que permite navegar en forma anónima, para esconder el origen de un mensaje.

Una de las peculiaridades que se han encontrado con la intromisión rusa en elecciones pasadas es que no sólo utilizan robots, sino cuentas reales de personas de carne y hueso. En el caso del referéndum en Cataluña, la participación de RT fue significativa al difundir en ese periodo un 50% información sobre supuesta violencia policial con titulares como, anotó El País, “Fuertes videos: la brutal represión de la policía contra los votantes del referéndum catalán”, o “Cataluña elige su destino entre porras y balas de goma”.

Una de las líneas editoriales de RT en México es precisamente la violencia y reproducción de artículos que inyectan odio.

No hay hasta ahora ninguna evidencia que demuestre que el Gobierno ruso esté comenzando a interferir en la sucesión presidencial en México. Pero son demasiadas las llamas de atención para no hacer caso y tomar el tema, al menos como una probabilidad, seriamente. El campo abierto por la debilidad de las instituciones, es fértil.
10 Noviembre 2017 04:09:00
Las trampas de Osorio
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presumió que la tasa de secuestros se redujo en los primeros 9 meses de este año en 17% con respecto al mismo periodo en 2012, el último del Gobierno de Felipe Calderón, y dijo que el objetivo es que no haya ni un solo secuestro. Hay que combatirlo, pero no con discursos, dijo el secretario, quien con discursos amañados pletóricos de lugares comunes –“no debemos bajar la guardia ni escatimar recursos”–, utilizó el recurso que criticó. Tasa cero en secuestros, sin embargo, es una utopía en México y el mundo. La disminución del secuestro en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no lo aclaró, también es relativa.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que recibe y procesa la información de las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, el número de secuestros sí se redujo en el periodo de enero a agosto de 2012, cuando se registraron 901 denuncias, al mismo periodo en 2017, cuando se hicieron 782 denuncias. La trampa del secretario se da en los lapsos que escogió para comparar. Con la misma fuente de información, la tasa de secuestros se elevó dramáticamente en los primeros 8 meses de 2013 al denunciarse mil 123 secuestros. En 2014 se bajó a mil 123 casos denunciados, pero en 2015 hubo una reducción drástica, con un desplome a 704 secuestros denunciados, que se mantuvo estable durante 2016, cuando hubo 710 denuncias. Es decir, no comparó con los años del peñismo, sino con los de Calderón.

La considerable baja en la tasa del secuestro a partir de 2015, además, coincide con un cambio en la metodología para contabilizar los secuestros. Hasta 2014, los secuestros se sumaban individualmente en cada averiguación previa, por lo que cada una de las que se abría podía tener más de un caso. Desde 2015, los secuestros en las averiguaciones previas se contabilizan por carpeta y no personalmente. Hay una justificación técnica que busca no duplicar el trabajo al procesar secuestros en un mismo caso de manera individual en lugar de ser colectivo, que permite que la investigación y el proceso sean más expeditos, pero retóricamente es engañoso cuando se hacen comparaciones cuantitativas con averiguaciones previas abiertas antes de ese año. No puede haber analogías porque el método de contabilidad es diferente.

En las comparaciones con la aplicación de la misma metodología, 2013 fue el año que mayor denuncias se registraron desde 1997, cuando se comenzaron a contabilizar las denuncias de secuestro, y todavía en 2014, segundo año del sexenio de Peña Nieto, la cifra es superior al peor año del sexenio de Calderón, que fue 2011, cuando hubo 967 secuestros. Los únicos datos comparables, por utilizar la misma metodología, se refieren a 2015, 2016 y 2017. Al tomar estos tres años, se puede ver que de 2015 a 2017, la tasa de secuestros va en aumento: 704, 710 y 782%, respectivamente, lo que significa que la cifra de este delito de enero a agosto este año, se elevó 10.1% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Más aún, si se elabora un comparativo, mezclando incluso las metodologías, el número de secuestros durante los primeros 57 meses de gobierno de Peña Nieto se elevó en 30% en comparación con el mismo periodo del gobierno de Calderón. De diciembre de 2006 a agosto de 2011, se denunciaron 4 mil 760 secuestros en las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, mientras que de diciembre de 2012 a agosto de 2017, hubo 6 mil 193 denuncias de secuestro, lo que significa que hubo mil 433 denuncias más de secuestro en la Administración peñista que en la calderonista. En este mismo periodo, el promedio de secuestros denunciados por mes fue de 84 en la administración de Calderón, contra 109 en la de Peña Nieto.

Todos estos datos fueron soslayados por Osorio Chong al presumir los logros en materia de combate al secuestro. En este contexto, los más de 2 mil millones de pesos que se han invertido para el combate en lo que va del sexenio en todo el país no han tenido los frutos deseados. De hecho, al hacer una proyección sobre el número de secuestros al finalizar el año, con la información disponible hasta este momento se puede anticipar que habrá un aumento de aproximadamente 3.5% en comparación con 2016, con lo cual el gobierno de Peña Nieto seguirá rompiendo récords negativos en esta materia. El anterior fue en 2013, cuando la tasa de secuestros denunciados fue de 1.43 por cada 100 mil habitantes, que es la cifra más alta registrada en 20 años, cuando comenzó a medirse el delito.

Los datos fríos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contradicen al secretario de Gobernación, quien en su discurso en Mazatlán, al inaugurar la reunión de planeación y estrategia para el combate al secuestro, dijo: “Mientras haya un solo secuestro, no debemos bajar la guardia ni escatimar recursos hasta lograr el objetivo de tasa cero. Se trata de un delito grave que no debe quedar impune y que exige una respuesta firme, eficaz y corresponsable de todas las autoridades para lograr el gran objetivo de reducirlo a tasa cero”. Nunca en la historia del país ha habido cero secuestros. El secretario no está hablando con la verdad que exige el fenómeno. Menos aún reconoce, como debía ser en un ejercicio de autocrítica, que este Gobierno tiene un déficit con los mexicanos en la materia.
09 Noviembre 2017 04:08:00
La tragedia del Istmo
Cualquiera que haya observado el evento del martes pasado en Los Pinos, pudo notar los rostros fruncidos de los presentes. Ni una sonrisa de protocolo se le escapó al presidente Enrique Peña Nieto o a su Gabinete que lo acompañó a un evento con empresarios, igualmente serios, que fueron a contarle lo que habían hecho por los miles de mexicanos que en el sismo del 7 de septiembre en Oaxaca y Chiapas se quedaron sin nada. Los empresarios, que dijeron haber tenido pérdidas por 10 mil millones de pesos en esa región, la más pobre del país, dieron apoyos por 4 mil millones. El Presidente no se contuvo. Agradeció lo aportado, pero dijo que más apoyos serían bien recibidos. Nadie dijo nada. La tarea de reconstrucción, para la mayoría de quienes asistieron a ese acto, está en marcha. En Oaxaca quizás los oyeron, pero saben que la realidad que viven no es la misma de la Ciudad de México. Allá la crisis es profunda y sin fin.

El sismo de hace 2 meses fue de 8.2 grados, y desde entonces ha tenido unas 10 mil réplicas de 4 a poco más de 5 grados de intensidad. La parte más afectada es el Istmo de Tehuantepec, donde vive aproximadamente el 30% de los casi 4 millones de habitantes de Oaxaca, y donde impactó en tres naciones indígenas, la zapoteca, los huaves y los mixes. En esas zonas el sismo los mantiene en vilo. En Guevea de Humboldt, en la Mixe baja, el piso cruje. No se mueve, pero hace ruido constante, por lo cual no quieren empezar a reconstruir sus viviendas. En la montaña hay una fractura que parece un deslave, por donde se está desgranando permanentemente la ladera. En la parte de arriba, el sismo abrió una grieta a cuyo alrededor surgieron borbotones de agua caliente. ¿Qué está sucediendo ahí? Nadie lo sabe. Los lugareños juran que está naciendo un volcán. Lo que sí se sabe es que el miedo sigue apretándoles el alma.

En Juchitán, en la zona costera, la comunidad más cerca del epicentro, la tierra zumba, como aviso de un nuevo sismo. Esta ciudad, devastada en el centro, es la más atendida de todas en Oaxaca, pero está lejos de ser la más necesitada. Por ejemplo, en Santiago Astata, en la zona mareña, 2 meses después del sismo, siguen los ríos de mierda por los derrames de aguas negras causadas por el colapso de los malos drenajes.

En San Mateo del Mar, la sacudida hizo que el agua saliera de los pozos, que se llenaron de tierra o se azolvaron. Los que no, tienen sal. Los pobladores empiezan a sufrir de necrosis en los pies por las enfermedades bacterianas ante la falta total de capacidad para potabilizar el agua. Ahí mismo, el mar se retiró de la costa 30 metros y aún no regresa. Los peces, tampoco.

Los daños son tan cuantiosos en algunas zonas, invisibles en las mediciones oficiales. Según el censo gubernamental, hay 60 mil viviendas afectadas –en cada una de ellas viven un promedio de ocho personas–, pero, de acuerdo con quienes conocen la zona, la estimación se dio sobre aquellas propiedades que estaban construidas con materiales sólidos. En la zona ribereña abundan las casas de morillo –que son pequeñas vigas de madera– y palma, muy ligeras, que no se cayeron. Quedaron enterrados. Hoy apenas se puede apreciar al ras del suelo la parte superior de los morillos. ¿Qué tipo de fuerza fue la que los hundió? El misterio sólo se explica por la violencia del sismo, que hizo desaparecer esas viviendas que, por lo mismo, no fueron contabilizadas en el censo.

Las postales de la tragedia no permiten entender la magnitud de lo que se vivió y se sigue sufriendo en la zona del Istmo de Tehuantepec, donde la sicosis probablemente ha tenido un impacto mayor en las niñas y los niños, los adultos de la tercera edad y los discapacitados, que en esa región se encuentra la mayoría de los que habitan en el estado. El Gobierno federal se metió de lleno a la tarea de reconstrucción, que, sin embargo, parece haberlos rebasado en sus cálculos iniciales. En esa zona la gente mantiene una enorme desconfianza frente a las autoridades, pero por la incertidumbre sobre hasta dónde van a llegar, cuánto más van a estar y en qué momento los volverán a abandonar. La desgracia es continua. Las capacidades productivas no han podido ser reinstaladas y dependen completamente del Gobierno federal y el estatal.

Los desastres no son naturales, dijo hace unas semanas en una entrevista de prensa Robert Glasser, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Según Glasser, los desastres ocurren cuando el fenómeno natural se combina con la gente y su vulnerabilidad. Siguiendo su racional, el sismo del 7 de septiembre fue un incidente en el Istmo de Tehuantepec. Lo que ocurre ahora es un desastre, cuyo reflejo fue el acto del martes en Los Pinos. El evento de caras largas fue de números, como si el mero enfoque cuantitativo fuera la solución. Cuánto aportaron, cómo lo dieron y a quién lo entregaron. Quién da más. Qué bolsillo es el más solidario. Dar así no basta y es un insulto ante las comunidades devastadas en el Istmo, donde la realidad retumba todos los días bajo sus pies, literalmente, y no, precisamente, por la retórica oxidada de todos los días en la Ciudad de México.
08 Noviembre 2017 04:08:00
Historias del paraíso
El 18 de mayo pasado, desde su sede en Baar, Suiza, la multinacional Glencore anunció un acuerdo con el Grupo Gasolinero G500 para invertir mil millones de dólares en proyectos de infraestructura en México durante los próximos cinco años en Tabasco y Veracruz, así como una inyección de recursos para una amplia red de gasolineras en el país. El consorcio G500, que integran 54 operadores de estaciones de servicio y tienen más de mil 800 gasolineras en el país, abastece al 15% del mercado nacional. Con este acuerdo y una primera gasolinera en Tlalnepantla que importa gasolina y diésel, se materializaba uno de los puntos más controvertidos de la reforma energética. La crítica se disipó y nadie reparó en su socio estratégico, Glencore, cuyo negro historial acaba de quedar expuesto.

El pasado de Glencore emergió con la revelación de 34 millones de documentos, una gran parte del despacho Appleby, que colocó en cuentas secretas durante 66 años dinero de decenas de miles de personajes en el mundo de la política, los negocios y la industria del espectáculo, en lo que se ha denominado los Papeles Paraíso. En ese voluminoso paquete de documentos y correos electrónicos dado a conocer mundialmente el domingo, aparecen las huellas de Glencore, una de las multinacionales de materias primas y recursos naturales más grandes del mundo, con operaciones en 150 países y fundada en 1974 por Marc Rich, un estadunidense que emigró de Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial, que inventó en 1970 el mercado spot de petróleo y en 1983 fue acusado por la fiscalía de Nueva York por evadir impuestos, junto con otros empresarios, por unos 50 millones de dólares.

Los Papeles Paraíso revelan como Glencore, la minera más grande del mundo, le prestó en forma secreta 45 millones de dólares a Dan Gertler, un multimillonario israelí en 2009, luego de garantizar un controvertido acuerdo con República Democrática del Congo para operar una mina en Katanga. Según la arqueología que realizó el periódico The Guardian, de los documentos, Gertler fue el negociador clave para conseguirle los beneficios de un contrato con el gobierno tutsi de Laurent-Désiré Kabila. Getler, un personaje altamente polémico, es supuestamente la inspiración de Hollywood para el papel del traficante de diamantes en Sierra Leona, Danny Archer, interpretado por Leonardo Di Caprio. La película, Diamantes de Sangre, muy criticada por africanos, habla de cómo se utilizaba el mercado negro de piedras preciosas en zonas de guerra para financiar conflictos.

De acuerdo con The Guardian, Glencore ha sido acusada de reventar sanciones impuestas al régimen de Saddam Hussein en Irak, a los afrikaners en Sudáfrica y a los ayatolas en Irán. En 2004, añadió el diario inglés, la CIA la acusó de haber pagados sobornos por 3.2 millones de dólares a funcionarios del régimen de Saddam en violación con las sanciones al ente petrolero iraquí. En África ha sido acusada de contaminar el medio ambiente, envenenar ríos y explotar laboralmente a niños, que son imputaciones negadas por la multinacional. En una segunda exposé sobre Appleby y Glencore, The Guardian reveló que, además, los documentos mostraron cómo el brazo australiano de la multinacional se involucró en swaps de divisas por 25 mil millones de dólares, que aunque no necesariamente es ilegal, propició una investigación de las autoridades fiscales australianas.

Glencore emitió comunicados de prensa y respuestas directas a The Guardian para explicar los asuntos en los que se le involucró en los Papeles Paraíso, y aseguró que en ninguna de sus operaciones ha evadido impuestos. En el caso del Congo, explicó detalladamente sus operaciones y el papel que jugó Gertler, admitiendo todas las operaciones detalladas a través de los documentos, pero resaltando que no hubo irregularidad o ilegalidad alguna. En cuanto a los swaps de divisas, afirmó que todo está dentro del marco de la ley y que la razón por la que se involucró en estas operaciones financieras fue para protegerse de la volatilidad de los mercados y el riesgo de especulaciones cambiarias.

La controvertida multinacional tuvo un día de campo cuando se presentó en México para aprovechar la apertura de la reforma energética. Cuando anunció su coinversión con el consorcio de gasolineras, dijo que “la nueva era del mercado petrolero mexicano proveía una oportunidad para Glencore para construir sobre su larga historia de proveedor de productos petroleros”. Los mil millones de dólares que invertirá, se destinarán a dos terminales de almacenamiento en Tabasco y Veracruz, y a desarrollar la red de gasolineras con el consorcio G500. No será lo último. “Mantenemos la mente abierta”, dijo el director general de Glencore, Alex Beard, en una entrevista con Expansión en agosto pasado. “Quizás veamos oportunidades atractivas para participar en el futuro”. Traducido a la praxis, Glencore está interesada en participar en futuras licitaciones petroleras en México.

La multinacional no se ha metido en problemas en México ni su ingreso al mercado nacional provocó suspicacias. La puerta se le abrió sin problemas ni cuestionamientos, y México se convirtió en el sexto país latinoamericano, después de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú en invertir. En el hemisferio vende y compra paquetes accionarios de diversas empresas, particularmente mineras, contrata deudas y realiza maniobras para evadir impuestos. Sus voceros insisten en que no hay nada ilegal en su actuar, y entraron a una guerra de percepciones entre sus dichos y las evidencias que empiezan a aparecer en los documentos revelados. La participación en el consorcio G500 es tímida para sus estándares, pero con Glencore al descubierto, valdría la pena una nueva mirada, menos complaciente, de sus socios y autoridades regulatorias mexicanas.
07 Noviembre 2017 04:07:00
2018: López Obrador (y II)
A poco menos de una semana de las elecciones en el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador se levantó en uno de esos días que quiere destruir todo. Le tomó una llamada a Carmen Aristegui, la afamada conductora de noticieros de radio y televisión acosada y perseguida por dos gobiernos, a quien maltrató porque no le gustó lo que la periodista estaba obligada por su profesión a hacer: preguntar y cuestionar. “Mirona profesional”, le recetó López Obrador por hacer su trabajo. Horas después le tomó una llamada telefónica a Pepe Cárdenas, otro de los conductores por excelencia, con quien se peleó ácidamente. La catarata de críticas le llovió al virtual candidato a la Presidencia.

Su intolerancia ante preguntas incómodas, pero pertinentes, preocupó al equipo de campaña de Delfina Gómez, excandidata de Morena al Gobierno del Estado de México, que llevaron a uno de sus miembros a comentar: “Espero que no venga más; es un lastre”. Gómez, la cenicienta política, perdió apenas con el candidato del PRI, tras una fuerte campaña en medios contra actos de presunta corrupción de miembros de Morena que frenaron su ascenso. La corrupción, una de las grandes banderas de López Obrador, que proclamó “la honestidad valiente”, fue horadada, pero López Obrador, cuya formación teológica ve sólo buenos o malos sin matices, ha sido refractario a esas críticas.

Hace unos días, nombró a Félix Salgado Macedonio como coordinador estatal de Morena en Guerrero. Salgado Macedonio fue presidente estatal del PRD, diputado federal y alcalde de Acapulco, político primitivo, atrabiliario, quien durante su Administración en el puerto se dejó arrastrar en una pelea entre narcotraficantes que peleaban la plaza y lo tenían amenazado de muerte. Su nombre apesta, pero no es algo que inquiete a López Obrador, quien hace unos días respaldó a Claudia Sheimbaum como aspirante al Gobierno de la Ciudad de México, sujeta a investigación para determinar si como delegada de Tlalpan incurrió en ilegalidades que pudieran haber causado la muerte de 19 niños en el colegio Enrique Rébsamen o recibió dinero de narcomenudistas de Tláhuac para su campaña electoral.

Las críticas sobre corrupción en su entorno siempre las ha rechazado sin argumentación alguna, salvo que “la mafia del poder”, en donde agrupa a todos que no piensen como él, se encuentra detrás de ello. La forma frívola como aborda el tema le va a costar. Algunas personas que lo ven con aprecio han comenzaron a observar públicamente que López Obrador no es como se pinta. Uno de ellos es el reconocido académico Edgardo Buscaglia, actualmente investigador en la Universidad de Columbia, quien reveló a la revista The Atlantic, en una crónica titulada El Populista Salvador de México Puede ser Demasiado Bueno para ser Verdad un episodio que lo dibuja de cuerpo entero.

Buscaglia recordó que cuando llegó a ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, su equipo lo buscó en busca de ideas frescas, por lo que le propuso contralores ciudadanos, mediante los cuales le daría acceso a ciudadanos a revisar el gasto de Gobierno para así inhibir la corrupción y renovar la confianza en el Gobierno. La respuesta que recibió fue que López Obrador pensaba que eso era darle a la gente “demasiado control” y que prefería hacerlo él mismo. Según Buscaglia, López Obrador mantuvo la jerarquía local corrupta a fin de que pudiera servirle a sus propios objetivos. No es el revolucionario devoto de las reformas democráticas que dice ser, agregó el investigador que vivió varios años en México.

El artículo en The Atlantic recoge las críticas que señalan que las prescripciones de López Obrador en materia de corrupción y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte son muy idealistas y simples, que en lugar de mejorar la economía y la democracia, la desestabilizarían y debilitarían. “En un momento de profunda desconfianza en el Gobierno, la visión de López Obrador puede ser intoxicante, pero si la historia es una guía, es improbable que provea la realidad que promete”, indicó la revista, que no fue la única, en caprichosa coincidencia, que habló del precandidato presidencial al arrancar noviembre.

El semanario británico The Economist publicó un artículo de su columnista de temas latinoamericanos, Michael Reid, que firma como “Bello”, quien aseguró que el tabasqueño “ha minado las instituciones democráticas de México”. The Economist  advirtió que pese a que señala a Benito Juárez, Francisco Madero y a Lázaro Cárdenas como sus modelos a seguir, no podría ser más diferente a ellos en materia de la defensa de valores democráticos. Resalta el contraste con Cárdenas, quien argumenta que tenía un agudo sentido para distinguir lo popular y lo populista, y buscó reducir la división social, sin incitar al odio entre rivales y perdonó a aquellos que se habían levantado contra el Estado. Esto, en comparación López Obrador, quien “por el contrario, es menos aficionado a los gestos unificadores”.

La respuesta de López Obrador a la críticas fue el fin de semana… reiterando su apego a los principios de sus guías políticos. Nada más. No enfrentó las imputaciones de favorecer a la corrupción ni inclinarse por el autoritarismo. Tampoco respondió a los señalamientos sobre un pensamiento simple y sin contenido. Durante años López Obrador ha nadado de muertito, por utilizar una frase de él, pero ese largo periodo de gracia parece estar terminando. Es una primera llamada de atención para el precandidato, para que atienda, ataje, responda y muestre que no es como lo pintan.
06 Noviembre 2017 04:07:00
2018: López Obrador (I)
Como cada elección presidencial desde 2006, Andrés Manuel López Obrador luce como un rival formidable. Convertido en víctima por el empecinamiento del presidente Vicente Fox por meterlo a la cárcel por un delito menor –una mejora urbana que causaba una falta administrativa– lo volvió el adversario que sintetizaba la inconformidad con el Gobierno y abría puertas a una esperanza de cambio. Poderoso contrincante fue en 2012 y hoy no ha perdido esa categoría, aunque hay señales de que el López Obrador de esas batallas dejó de ser el que hoy busca por tercera ocasión la Presidencia. No tiene la estamina de antaño, y el López Obrador de aquellas feroces contiendas ha perdido el toque.

Sus frases han perdido brillo. Las metáforas que llegaban a ser brillantes son repetitivas, y su fraseo se arrastra como si estuviera cansado. Estas observaciones son subjetivas y abiertas a discusión, porque no pueden ser contrastadas con sus ritmos habituales de trabajo dado que su bitácora de viajes, reuniones y actividades no suelen hacerse públicas. La opacidad, también, ha sido su compañera a lo largo de su vida política. El único argumento contrario es que pese a la operación de corazón que sufrió en 2013 que estuvo a punto de costarle la vida, y los divertículos que padece, se mantiene en campaña permanente, recorriendo el país como hace casi 40 años.

La percepción que se tiene sobre el ritmo actual de López Obrador y opiniones en su entorno han hecho que en las últimas semanas se hable entre algunos de sus cercanos sobre la posibilidad de que el candidato virtual ceda su lugar en la boleta presidencial a Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México. Datos concretos sobre el porqué se menciona esa posibilidad no han trascendido, pero Ebrard ha intensificado, aunque discretamente, su actividad política preparando el regreso del autoexilio a principio de diciembre, días después de que los presuntos delitos por los que fue investigado en la PGR prescriban.

Ebrard, un político inteligente y sofisticado, debió haber sido el candidato de la izquierda en 2012, tras haberle ganado en las encuestas a López Obrador, que era el método que definiría al nominado. Pero el tabasqueño incumplió su acuerdo y al dejar claro que él no apoyaría a quien no fuera él, Ebrard optó por ceder el lugar y evitar la división de la izquierda. El exjefe de Gobierno capitalino fue perseguido en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pero se optó, hasta ahora, dejarlo en paz. En la prensa se ha discutido en dónde entraría Ebrard en el equipo de López Obrador, y lo ubican en el área de Seguridad. No obstante, en los círculos lopezobradoristas también lo colocan en el área de Gobernación.

López Obrador, más allá de las lecturas que puedan hacer quienes han trabajado años cerca de él, no ha dado indicaciones de que esté listo para dejar el camino abierto a otro candidato que, respaldado por él, ponga en marcha su programa de gobierno. Todas las declaraciones públicas del virtual candidato es que él se ve despachando en Palacio Nacional a partir de diciembre del próximo año. La seguridad con la que él se contempla en la Presidencia no difiere de la que mostraba en 2006 y 2012. La diferencia es el contexto. El político más conocido en México –sólo igual está Peña Nieto– también es uno de los de mayor desgaste.

Los números, sin embargo, son contradictorios. Las encuestas muestran reducción de los negativos de López Obrador, que reflejan el descrédito de Peña Nieto y la desaprobación de su Gobierno. Pero en cuanto a positivos, analizado a través de su partido, Morena –en este momento las encuestas sobre personas miden posicionamiento de nombre, no preferencia de voto–, se ha mantenido estable durante todo el año. De acuerdo con la última encuesta presidencial pública, dada a conocer por Consulta Mitofsky en octubre, Morena arrancó en febrero con 15.1% y brincó a 18.5% en agosto. Para octubre llegó a 19.3% de preferencia de voto. El PAN tenía 18.8% en febrero, 19.3% en agosto y 19% en octubre. El PRI inició febrero con 13% y subió en agosto 4.5 puntos porcentuales, hasta situarse en octubre en 18.1 por ciento.

Analizados los partidos con alianzas, Morena y el PT se van al tercer lugar de la contienda, con un intervalo de 18.1 a 23.1%, contra el PRI y Partido Verde que se sitúan en segundo lugar con un intervalo de 18.6 a 23.6%, y fuera del margen de error de PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, que encabeza las preferencias, con un intervalo de 21.8 a 27.2 por ciento. No obstante, en los nueve careos que simuló Consulta Mitofsky no hay nadie hoy en día que pueda derrotar a López Obrador. Esto tiene una interpretación: Morena es López Obrador y sin él no estaría en condiciones de pelear por la Presidencia. Por lo mismo, todo depende de él y lo que haga o deje de hacer.

Morena no ha alcanzado a ser un partido con estructura que pueda sobrevivir a López Obrador. La posibilidad de alcanzar la Presidencia depende únicamente de su fuerza, su inteligencia y su capacidad para persuadir a quienes hoy se encuentran indecisos. Pero también de que no cometa errores. Esa es otra característica del eterno aspirante presidencial: se descarrila solo. Le sale su espíritu poco tolerante y sus reflejos lentos. Esto lo ha aniquilado en el pasado y si no aprende, le sucederá en el futuro. Recientemente nos lo demostró.
03 Noviembre 2017 04:08:00
La antidemocracia de las redes
Las redes sociales cambiaron al mundo. Transformaron la forma como se lee, informa, entretiene, compra, hace negocios y cambiaron las estructuras verticales de control y poder, por la horizontalidad. Las redes sociales permitieron democratizar lo que antes, mediante los medios de comunicación, se filtraba, procesaba y jerarquizaba. Pulverizaron a los intermediarios y se convirtieron en atractivas y veloces formas de comunicarse. El mundo ideal donde todos se hablan directamente, sin discriminaciones sociales ni selecciones darwinianas, donde uno vale uno sin importar quién sea o a quién represente, fue demasiado ideal para que dejara de ser utópico. El mundo digital puede estar densamente poblado de románticos, tautológicos y churchillianos, donde abundan quienes saben mucho de muchas cosas que no son ciertas. Ingenuo o emocional, ese mundo se ha vuelto presa fácil de quien aprovecha su fuerza para encaminarla hacia donde lo desea.

Los hay de todo tipo. El lunes, Tim Wu, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, escribió un artículo en The New York Times donde dijo que vivimos una edad de oro para el hostigamiento de la prensa, la propaganda y los esfuerzos coercitivos para controlar el debate político. Hay un nuevo tipo de censura y abierta manipulación del discurso político donde, según Wu, disentir no es posible. “En lugar de eso, los censores más sofisticados del mundo, incluidos Rusia y China, han pasado una década desarrollando herramientas y técnicas que se han vuelto importaciones no deseadas en Estados Unidos, con resultados catastróficos para nuestra democracia”, subrayó. Tanto, que cada vez hay más evidencia de que el Gobierno ruso, a través de sus legiones de hackers en el mundo, fue capaz de aprovechar el dinamismo de las redes sociales y su inclinación a lo que más se ajuste a su pensamiento, abierto o estrecho, ideologizado o ignorante, para modificar el curso de la elección presidencial en esa nación y llevar a la Casa Blanca a Donald Trump.

El gobierno de Vladimir Putin, dijo Wu, fue entre los primeros en reconocer que la palabra podría ser utilizada como una herramienta de supresión y control, donde a través de sus “brigadas en la red”, frecuentemente llamadas “ejército de troles”, diseminaron noticias progobierno ruso, generaron noticias falsas y coordinaron oleadas de ataques sobre críticos de Moscú. Peter Pomerantsev y Michael Weiss publicaron un ensayo en 2013 donde argumentaron cómo el Kremlin emplea la información como un arma y una herramienta para confundir, chantajear, desmoralizar y paralizar. Viejos maestros de la propaganda, las redes sociales, donde el éxito del modelo de negocio depende de lo viral de sus contenidos, se convirtieron en sus mejores vehículos de distribución, que demostraron su efectividad en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que tienen volcados en preocupación y búsqueda de antídotos a la clase política, ante realidades que han rebasado a los gigantes de la tecnología, que, educados en una cultura de libertades, jamás pensaron que esos valores serían manipulados para conculcar lo que han construido por más de 200 años.

Al iniciar este miércoles una audiencia en el Capitolio, donde participaron los ejecutivos de Facebook, Twitter y YouTube, el senador Mark Warner dijo: “Agentes rusos están intentando infiltrar y manipular las redes sociales para secuestrar nuestra conversación nacional y hacer que se enojen los estadunidenses, que nos enfrentemos unos a otros y que socavemos nuestra democracia. Lo hicieron durante la campaña presidencial de 2016. Lo siguen haciendo ahora. Esta amenaza no es nueva. Los rusos han realizado una guerra de información durante décadas, pero lo que es nuevo es el advenimiento de las herramientas de las redes sociales con el poder de magnificar propaganda y noticias falsas en una escala inimaginable en los días del Muro de Berlín”.

El manual ruso, describió Werner, “es simple y formidable”. Opera de esta forma: Sus agentes desinforman a través de miles de cuentas falsas, grupos y páginas en una amplia variedad de plataformas. Esas cuentas falsas inyectan contenido en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Reddit, Linkedln y otras. Cada una de esas cuentas invierte meses para desarrollar cadenas de gente real para seguir y para que les guste su contenido, impulsadas por herramientas como anuncios pagados y robots automatizados. La mayoría de sus seguidores reales no tienen idea de que están atrapados en estas redes. Estas redes son utilizadas más tarde para empujar y distribuir desinformación, incluidos correos electrónicos robados, propaganda manejada por el Estado (como RT y Sputnik), noticias falsas y contenido que divide a la sociedad.

En Estados Unidos, 80 mil mensajes rusos en 120 páginas creadas en San Petersburgo en Facebook, alcanzaron a una tercera parte de los estadunidenses, de donde salieron 120 mil contenidos colocados en Instagram. En Twitter, el 15% de alrededor de 48 millones de cuentas eran falsas o automatizadas, y durante la campaña presidencial 2 mil 752 cuentas controladas por agentes rusos y más de 36 mil robots tuitearon un millón y medio veces en la elección. En YouTube, la plataforma preferida de RT, se descargaron más de mil videos relacionados con la guerra cibernética rusa. En 1988, los intelectuales de izquierda Noam Chomsky y Edward Herman escribieron un libro seminal sobre propaganda, a través de la cual argumentaban, se construían consensos para gobernar. Hoy sigue siendo lo mismo, pero el control es trasnacional, que es lo que buscó Putin. No hay que ignorar en México lo que está sucediendo en el mundo. El 2018 está cada vez más cerca.
02 Noviembre 2017 04:08:00
Las instituciones se fueron al diablo
La velocidad con la que los mexicanos se acercan a la ruptura del orden no es fortuita. El escepticismo con el cual ven los avances democráticos tampoco es circunstancial. El desinterés por luchar contra la corrupción y el desdén con el que se ve a la autoridad se aprecia en todos los estudios que miden los sentires del mexicano. No hay credibilidad en las instituciones, que no se perciben capaces o interesadas en resolver los desacuerdos de la sociedad. Los mexicanos, como se apreció en la última encuesta de Latinobarómetro, son cada vez menos afectos a la democracia y más proclives a la anomia. La decepción, que lleva a ese estado, tiene fundamento: las instituciones no están a la altura de la circunstancia.

La seguridad, por citar el fenómeno que más impacta y preocupa a los mexicanos, se ha ido para abajo por la debilidad de las policías locales, que no llegaron a ello por el deterioro de un proceso sino por la estrechez de miras del Gobierno federal, que pidió posponer durante 2 años la certificación de los policías municipales, y el Congreso, que sin reparar en las consecuencias, lo autorizó. Para entender en un microcosmos lo que esto causó, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa jamás habría sucedido, porque de haberse dado la certificación, los policías que los detuvieron no habrían pasado las pruebas de confianza. El Estado no cometió el crimen de los normalistas, pero definitivamente contribuyó con él.

El bienestar, que se refiere a la calidad de vida, se ha desplomado en varias regiones del país. El pésimo manejo de Pemex en la primera parte de este Gobierno, junto con la reforma energética, por mostrar con un ejemplo, provocó una pérdida de empleo en los estados que vivían de los hidrocarburos, porque la producción cayó junto con el empleo, que dejó a comunidades que vivían en bonanza convertidas en pueblos fantasmas, como documentó Eje Central con un reportaje reciente sobre la muerte de Ciudad del Carmen, la puerta de entrada a la rica Sonda de Campeche. La apertura del sector no fue acompañada por un paquete de políticas públicas que tejiera una red de protección social que acompañara la reconstrucción económica de esas zonas. La falta de empleo, en Veracruz y Tabasco, sobre todo, provocó un brinco del secuestro, como registró el Índice GLAC.

En estos años no hubo necesidad que hicieran caso a quien decía que había que mandar al diablo a las instituciones. Las instituciones, solitas, se fueron al diablo de la mano de quienes las encabezaban. Al Proyecto Mundial de Justicia, una organización no gubernamental con sede en Washington, le ha preocupado tanto el estado de derecho en México que este año lanzó una investigación especial para determinar el alcance de su deterioro. Durante el verano realizaron más de 20 mil encuestas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, cuyos resultados aún no han sido dados a conocer. Pero en su informe de 2016 sobre el estado de las leyes en el mundo los resultados de México son desalentadores y demuestran el deterioro institucional.

El índice revisó a 113 países y ubicó a México en el sitio 88 general, y en el 24 de 30 naciones latinoamericanas. México se encuentra como Rusia (autoritario), Myanmar (dictatorial) y Liberia (controlado por jefes tribales de guerra), pero muy debajo de las principales economías de América Latina e, incluso, detrás de países como El Salvador (que se encuentra aún en transición tras su guerra civil). A México le va mal en prácticamente todo, con retrocesos en la desconcentración del poder gubernamental y en los derechos fundamentales, como el debido proceso y la libertad de expresión. La corrupción mancha a todas las instituciones, que es el factor que coloca a México casi en el sótano entre todas las naciones de la región.

Los síntomas del deterioro, que en algunos momentos se presentan como enfermedad, son ignorados por la búsqueda de objetivos particulares en la clase política. El mejor ejemplo es lo que sucedió con Santiago Nieto, destituido como fiscal electoral, cuyo caso fue llevado al Senado, como establece la ley, pero manejado cupularmente en la Junta de Coordinación Política, como deseaba el presidente Enrique Peña Nieto que se procesara. Ahí se impusieron el PRI y el Partido Verde, con menos de un punto porcentual de representación que tres partidos en ese mismo cónclave, para realizar un proceso opaco que terminó con un insulto a la inteligencia: para evitar llevar el tema a votación, como dice la ley, se fueron a un receso del que regresarán 4 días después del plazo máximo que se establece para votar la restitución del fiscal. Cínicamente salomónico, el tiempo fue a lo que se acogieron para que solucionara lo que debió haber estado apegado a la ley.

La Fiscalía electoral está acéfala, aunque desde hace siete semanas comenzó el proceso electoral. Tampoco hay fiscal anticorrupción, una exigencia nacional que las instituciones prefieren ignorar, pese a los reclamos contra la impunidad. No habrá tampoco un fiscal general hasta después de la elección presidencial porque de lo que se trata no es de atender las necesidades y urgencias del país, sino las particularidades de las instituciones que detentan el poder. Las instituciones no dejan de jugar con los mexicanos que, visto a través de los ojos de Latinobarómetro, se están cansando de todas ellas. Mandar al diablo las instituciones no es el camino para resolver los problemas, pero verdaderamente, son tantas las frustraciones que esa corriente de opinión se va a ir legítimamente fortaleciendo.
01 Noviembre 2017 04:08:00
El Russiangate en México
El FBI prendió la mecha a una bomba que está apuntando hacia la Casa Blanca, cuya ola expansiva puede alcanzar al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Un personaje tapado por la tolvanera que levantó la entrega de Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump, llamado George Papanopoulos, tiene el explosivo. Papanopoulos era el asesor en política de exterior de Trump cuando anunció su primer equipo de campaña, y durante los últimos meses fue un colaborador activo del FBI en la investigación para determinar si hubo colusión entre los cercanos de Trump y representantes del Gobierno ruso. Apenas este lunes se supo que también sería llevado a juicio por un Gran Jurado, lo que significa que durante todas estas semanas, probablemente con micrófonos del FBI escondidos, estuvo colaborando y recopilando evidencias. Entre ellos, sugirió The Washington Post, Jared Kushner, podría estar en la lista de los próximos a ser procesados.

Kushner es consejero especial del presidente Trump, de quien es yerno, y es una persona clave para el Gobierno mexicano en la relación bilateral. Su enlace es el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien lo conoció a principios de agosto del año pasado cuando estaban armando la visita de Trump a Los Pinos, aún como candidato presidencial. Escasa una semana pasada la elección en noviembre, Videgaray viajó a Nueva York en una misión secreta ordenada por Peña Nieto, y se reunió con él en la Torre Trump en Nueva York, para fijar los términos generales de las relaciones bilaterales. Resultado de esos encuentros fue la reunión de alto nivel en la Casa Blanca, pocos días después de haber asumido Trump la Presidencia, con quien llevó a platicar Kushner a Videgaray para resolver diferencias públicas con Peña
Nieto.

La relación que ha establecido Videgaray con Kushner le ha dado un acceso al canciller mexicano como a ninguno otro antes en la historia de las relaciones bilaterales. Videgaray puede tener conversaciones privadas con Trump por intermediación de su yerno, sin necesidad de cita o de agenda largamente negociada. El presidente de Estados Unidos no recibe a prácticamente ningún canciller, con excepciones ocasionales para aquellos que representan a una de las cinco potencias nucleares. Este acceso le ha permitido a Videgaray que se le abran las puertas en el mundo.

Funcionarios mexicanos dicen que en un alto número de las entrevistas que tiene Videgaray, particularmente del mundo industrial, sus interlocutores le preguntan sobre su pulso de Trump, reconociéndole abiertamente algunos de ellos el acceso que tiene en la Casa Blanca, y subrayando la cercanía que tiene con él para abrevar de sus observaciones sobre el Presidente estadunidense. Este tipo de activo habría sido imposible para Videgaray y los intereses del Gobierno peñista, de no haberse cultivado la relación con Kushner, que es el ingrediente por el cual el propio Peña Nieto dice en privado que el fiasco público y político de la visita de Trump a Los Pinos, se ha compensado.

La importancia estratégica, por proxy, que le ven a Videgaray en muchas cancillerías del mundo, y la manera como puede matizar e impulsar dentro de la Casa Blanca las posiciones del Gobierno mexicano es incierta, al desconocerse el tamaño del posible involucramiento de Kushner con funcionarios rusos que ofrecieron intervenir en la campaña presidencial en contra de la candidata demócrata, Hillary Clinton. Desde hace meses Kushner ha sido uno de los dos más cercanos a Trump –el otro es su hijo Donald–, investigado por el FBI y por el Congreso, pero aún no han revelado la existencia de evidencias por la cual pudieran procesarlo. La irrupción de Papadopoulus en el escenario cambia todo.

Papadopoulus fue nombrado consejero de política exterior por Trump en la primavera de 2016, y en vísperas de asumir el cargo, conoció en Italia a un profesor inglés que dijo tener amplias conexiones con el Gobierno ruso. El 31 de marzo, en una reunión donde Trump estaba presente, Papadopoulus dijo que tenía contactos que podían arreglar una reunión entre el candidato y el presidente Vladimir Putin. El 25 de abril, informó a un consejero de mayor jerarquía en la campaña, que sus contactos le habían dicho que Putin estaba dispuesto a ver a Trump cuando quisiera. Once veces insistió en ese encuentro, que nunca se hizo.

En otra reunión, el 26 de abril, su contacto le ofreció correos electrónicos de Clinton lleno de “porquerías”, que Donald Trump Jr., cuando se enteró de ello directamente por uno de los rusos que salieron de esas conexiones en un encuentro donde estaba Kushner, comentó: “Me encanta”. La campaña de Trump le autorizó en agosto a Papanopoulus viajar a Rusia para obtener toda esa información, pero el viaje nunca se hizo. El FBI cateó su casa en verano, en la investigación que había tenido contactos con funcionarios rusos para alterar la elección presidencial. Él lo negó, pero este lunes admitió que había mentido, que es delito de perjurio. El FBI también reveló que desde hace varios meses está colaborando con la investigación.

Con ello, el FBI recogió evidencia contra excolaboradores de Trump en la campaña. The Washington Post ya identificó a dos que probablemente serán próximamente procesados, y adelantó que Kushner y Trump Jr., puedan ser los siguientes. Si es así, el impacto para Videgaray y Peña Nieto será monumental, pues la llave de la puerta a la Casa Blanca estaría, a partir de ese momento, luchando por no ir a la cárcel.
31 Octubre 2017 04:07:00
¡Viva la anarquía!
El sistema democrático, definitivamente, no es lo nuestro. Lo vemos claramente a través del pulso que miden las redes sociales, y su expresión grandilocuente en los medios y las instituciones. Funciona muy bien en el discurso y en la retórica, pero es anulado constantemente con nuestros dichos y actos. En la última semana se han dado ejemplos claros en el tipo de debate que se suscitó sobre la remoción de fiscal electoral y la acción del Gobierno español contra la autoridad secesionista catalana. En ambos casos no es el estado de derecho lo que es supremo, sino que los resultados se acomoden a nuestras creencias. Sin leyes, no hay normas; sin normas, hay desor-den y domina la ley del más fuerte. Paradójicamente, de esta confusión se fortalecen los regímenes autoritarios que se quieren anular. En estas nos encontramos: pensamos que caminamos hacia adelante y realmente vamos para atrás. Retrocedemos a un estado primario. Veamos:

1.- Santiago Nieto, el fiscal electoral, fue removido por violar la ley al hablar sobre una investigación en curso que daña el debido proceso. Políticos de oposición reconocieron que estaba bien que violara la ley porque la información era de interés público, que tuvo eco en las redes sociales donde defendieron su derecho a expresarse. El tratamiento fue el que podría tener un ciudadano cualquiera, que no lo era Nieto. Difundir detalles de una investigación no fortalecían el proceso; lo anulaban. Quien lo defendió avaló la impunidad de sus investigados, pero reclamaba lo contrario.

2.- Carles Puigdemont, el presidente del Gobierno catalán, llevó a cabo un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Como rompía el acuerdo constitucional, los tribunales españoles dijeron que esa consulta era ilegal. Puigdemont desafió a los tribunales y tras obtener el apoyo de tres de cada 10 catalanes, proclamó la independencia y desató una crisis política. Violar la ley no era importante. Las redes sociales mexicanas se ubicaron mayoritariamente por la secesión de Cataluña, calificando de retrógradas y autoritarios a quienes decidieron respaldar el precepto legal, acusando de ilegal una acción que se ajustaba a la ley.

En ambos casos, el poder actuó con fuerza, aunque no en los mejores términos que pudo haberlo hecho. A Nieto lo sancionaron por un delito que había cometido reiteradamente durante año y medio, lo que alimentó la percepción de que no fue la ley, sino un ajuste de cuentas con un fiscal que consideraban en el gobierno que se inclinaba a la izquierda. En España, el presidente Mariano Rajoy, al fracasar en las negociaciones para impedir un referéndum ilegal, suplió la política con la fuerza, reprimiendo a miles de inconformes. 

La aplicación de la ley fue desvirtuada por la torpeza política de las acciones de Gobierno, pero este no fue un matiz considerado por políticos o mexicanos en las redes sociales. La alternativa a que si las leyes están mal hay que cambiarlas, fue superada por el por qué molestarse en cambiarlas si es más fácil ignorarlas. Les leyes no existen cuando no se ajustan a lo que pensamos y creemos. Lo que predomina son la ideologizaciones y las posiciones cómodas y frívolas, ante la pereza de quien piensa diferente. ¿Debería sorprendernos? En absoluto.

De acuerdo con el último estudio de Latinobarómetro, la organización sin fines de lucro con sede en Chile, en todo América Latina se acentuó el declive de la democracia durante 2017, con una baja sistemática en el apoyo y satisfacción de ese modelo. La mayor pérdida la registró en México, que perdió 10 puntos porcentuales entre 2016 y 2017, donde sólo 3.8 de cada 10 mexicanos creen en la democracia, y 1.8 de cada 10 está satisfecho con ella. Los datos sobre los mexicanos se encuentran entre los de mayor pesimismo. El 90% piensa que México está gobernado por unos cuantos grupos que sólo ven por su beneficio.

¿Que nos están diciendo las mediciones y las reacciones? Que lo nuestro no es la democracia, que tuvo su repunte en su apoyo durante los tiempos que era moda. El estudio de Latinobarómetro lo prueba. En 2005, en pleno choque entre el gobierno de Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el 59% de los mexicanos respaldaban el sistema democrático. Para 2017, el respaldo sólo lo daba el 38%, con una dramática pérdida de 10 puntos en sólo un año. Junto con ese desplome se encuentran también la caída en nuestros valores. Buenos los mexicanos de dientes para afuera, cuando afirman que la corrupción es el tercer problema más grande del país, pero cuando se les pregunta si sienten obligación de denunciar un caso de corrupción cuando son testigos, el 88% dice que no es su problema.

Somos autoritarios y no tenemos interés alguno de construir un nuevo sistema de organización social. Efecto colateral es nuestra intolerancia frente a quien piensa distintos a nosotros, cargada de manera creciente por el fenómeno las redes sociales, de rencores y odios. La nuestra es una sociedad que puja por la anomia, sin darse cuenta que se está suicidando. Esto es muy grave, la regresión por ignorancia, arrastrados por una enorme inteligencia emocional que desplaza a la razón. En vísperas de un proceso electoral como el que viene en 2018, no habría que sorprenderse si, como perfilan ahora, los contendientes son dos proyectos de nación encabezados por culturas autoritarias. Tendremos, entonces, el gobierno que nos merecemos, aunque digamos lo contrario. Felicidades. Vamos firmes, pero para atrás.
30 Octubre 2017 04:07:00
Bufalada riesgosa
Si por multitudes y aplausos de apoyo se tratara, José Antonio Meade sería el candidato del PRI a la Presidencia. La bufalada priista, tan poco recta de la espalda cuando interpretan como línea los pensamientos desconocidos de su jefe en turno, el presidente Enrique Peña Nieto en la actualidad ha visto sumar adeptos detrás de Meade a personajes como Claudio X. González Laporte, a quien los subalternos de secretario de Hacienda han inundado con auditorías a sus oscuros negocios, y al expresidente Vicente Fox, cuyo centro para promover liderazgos en Guanajuato recibe apoyo federal. Ellos ven a Meade como el próximo ungido, y Meade está actuando como si sólo le faltara cruzar el umbral de esa puerta.

Su equipo de comunicación está empeñado en elevar su presencia en las redes sociales, y ha inyectado sin cuidado recursos a plataformas como Facebook, para artificialmente mostrar conocimiento de su persona y popularidad. También está acercándose a consejos editoriales y a periodistas para intercambiar puntos de vista, aunque restringido a temas hacendarios para evitar, ante cualquier filtración, dar una imagen que pueda perjudicarlo. Meade sabe que en estos momentos, cualquier acto público fuera de lo oficial, cualquier gesto y declaración, puede ser contraproducente. Sus acciones personales están en el límite de la prudencia, cuando las coyunturas le han favorecido notablemente.

Es el secretario de Estado de mayor exposición en las últimas semanas. Muchas obedecen a la naturaleza de su trabajo, que lo ha llevado a ser protagonista en tres eventos importantes, el de la reconstrucción de centro y sur tras los sismos de septiembre –le compete la ingeniería financiera para los apoyos–, el paquete de estímulos de las Zonas Económicas Especiales, y el presupuesto. Las luces han estado sobre él de manera natural, y ha contado con las muestras de apoyo y calidez por parte de Peña Nieto, con el antecoro de los grupos empresariales que lanzan loas a Meade y expresan abiertamente su deseo de que sea el sucesor.

Los respaldos públicos se multiplican a favor de Meade, que es visto también por sus opositores y en los medios de comunicación, como el inevitable para la candidatura presidencial del PRI. Son tantas las expresiones de apoyo para que sea candidato, que conforman una presión pública, quizás involuntariamente articulada, para que el Presidente tome una decisión definitiva a su favor. El Presidente deja que todo fluya. Esto levanta muchas suspicacias para quien ha observado a lo largo de los años la manera como procesa las presiones Peña Nieto.

Quien mejor lo interpretó fue Aurelio Nuño, cuando era jefe de la Oficina de la Presidencia, quien en medio de una crisis social, política y económica por las reformas, decía en las reuniones de staff que vivían una tormenta perfecta, que sin embargo, no dejaba de ser una tormenta que pasaría. Nuño confirmó esa racional en una entrevista con el diario madrileño El País a finales de 2014, donde aseguró que la opinión pública no les modificaría el rumbo escogido. “Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas”, dijo. “No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo, ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”. Lo que dijo es lo que hizo Peña Nieto, quien no se ha salido, hasta ahora, del libreto político y electoral de su administración.

Peña Nieto ha probado ser refractario a las presiones de la opinión pública, y es un político que cuando ha tratado de mover sus piezas, particularmante las electorales, es una tumba. Juega con señales falsas que han malinterpretado incluso quienes mejor lo conocen, y con declaraciones ambiguas que pueden tener distintas interpretaciones, que distraen y confunden. El repite en privado que engaña con la verdad, por lo que si uno se atiene a su dicho, Meade no sería su candidato, sino alguien más de su gabinete. La inclinación hacia el secretario es notoria, pero la última vez que se le escuchó decir su frase de tahúr, Meade no estaba en el escenario electoral.

¿Será acaso el secretario de Hacienda un señuelo? Con Peña Nieto todo puede suceder. Pero por cuanto a Meade, su trabajo por conquistar la candidatura, tejido semanalmente en reuniones cerradas en lugares privados, su convicción es construir su futuro político y qué necesitará para lograrlo, no que se trata de una pieza que será sacrificada en función de los intereses de Peña Nieto. Meade tiene un gran equipaje para ser candidato e, incluso, teóricamente, para ser presidente si uno lo compara a varios de quienes llegaron a Los Pinos en el pasado. Sin embargo, en los partidos políticos, especialmente en el PRI, la meritocracia no es el nombre del juego.

Por ello, la suspicacia de la inacción del Presidente por frenar la bufalada llama la atención. A Peña Nieto le sirve. Por un lado se construye una alianza de electores para alguien que no es priista, y por el otro, es un distractor para cuidar a quien sea su tapado. Imposible saber qué piensa su jefe. Lo que se ve es a Meade en todas las fotografías del 2018, saturando los espacios y forzando un resultado. Este no es un modelo que haya usado Peña Nieto. Meade tendría que reevaluar lo que está haciendo y en dónde se está excediendo, para evitar la sorpresa de haber sido un aspirante útil cuya aspiración presidencial quedó truncada por la bufalada.
27 Octubre 2017 04:00:00
Secretos de un asesinato
Entre los más de 30 mil documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy el 23 de noviembre de 1963 que aún son secretos, hay decenas que se refieren a la visita que realizó a la Ciudad de México Lee Harvey Oswald, oficialmente el asesino solitario del presidente, del 27 de septiembre al 3 de octubre de ese año, donde contactó la Embajada de la Unión Soviética (hoy Rusia) y al Consulado Cubano. De los cubanos buscaba una visa; en la soviética habló con Valeriy Kostikov, de quien los servicios de inteligencia estadunidenses sospechaban que pertenecía al Departamento 13 de la KGB, encargado de asesinatos y sabotaje. La CIA vigilaba a Oswald por sus vinculaciones con Moscú, y buscó vincular el asesinato de Kennedy a un complot organizado por Fidel Castro. El entonces embajador de Estados Unidos en México, Thomas Mann, muy cercano a la CIA, sospechaba que el complot para asesinar a Kennedy se había armado en la capital mexicana.

Los detalles de los días de Oswald en México son altamente explosivos, dijo el juez John Tunheim, quien encabezó hace 20 años un comité investigador independiente que examinó los documentos aún secretos sobre el asesinato y que, por petición del Departamento de Estado y la CIA, decidieron no divulgarlos por el impacto que habría tenido en México. Tunheim dijo que haber dado a conocer cuánta información compartía con la CIA habría hecho caer en su momento al Gobierno mexicano. El juez se quedó corto.

La divulgación de esos documentos posiblemente cambiaría la historia de México, al conocerse de manera oficial el nivel de subordinación del presidente Adolfo López Mateos al legendario jefe de la CIA en México, Winston Scott, quien lo reclutó como un activo de la agencia, como lo hizo con los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. No sólo se podría haber desplomado el Gobierno mexicano, sino López Mateos podría haber sido destituido por el único delito por el cual se le puede juzgar: traición a la patria.

En aquellos años, México era uno de los grandes campos de batalla de la Guerra Fría. El Gobierno de Estados Unidos luchaba contra la expansión soviética en América Latina, y con el aval del Gobierno de López Mateos y su total cooperación, combatían al comunismo. Cuando asesinaron a Kennedy, la Embajada de Estados Unidos en México era un centro de conspiración. Mann había trabajado como diplomático y subsecretario de Estado junto a la CIA para derrocar al presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, en 1954. Cuando después del fiasco de Bahía de Cochinos, la frustrada invasión a Cuba en 1961, Kennedy autorizó el derrocamiento de Fidel Castro, la Ciudad de México se convirtió, de manera natural, en el eje de la intervención.

Junto con Mann llegaron veteranos del derrocamiento de Arbenz, que se sumaron al equipo dirigido por Scott. El más importante fue David Atlee Phillips, uno de los mejores cuadros de la CIA en técnicas clandestinas y propaganda, que sirvieron, por ejemplo, para el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Phillips trabajaba con Richard Helms, quien se encargaba de operaciones clandestinas en la CIA desde Langley, y con otro de los legendarios de la agencia, el jefe de contra inteligencia, James Angleton. Una de las acciones de la CIA en México fue infiltrar el ámbito intelectual, donde había una proclividad por la Revolución Cubana. Para ello, utilizaron a una estadunidense, June Cobb, quien llegó a México en 1961 y se infiltró en ese sector hasta llegar a ser adjunta del secretario general de la Asociación de Escritores Mexicanos, fundada en 1964 y prohijada por Díaz Ordaz. Cobb dependía de Phillips, a quien le informaba todo lo que sucedía en ese ámbito.

Cuando Oswald llegó a México, la CIA llevaba meses bajo estrecha vigilancia, gracias a lo cual supieron que había estado en una reunión con intelectuales mexicanos, sin que haya todavía claridad de cómo llegó a ellos. Varios de esos intelectuales fueron utilizados por la CIA en varios proyectos, sin que muchos de ellos, probablemente, supieran a quién estaban sirviendo. Muchos años después, en una conversación con quien esto escribe en París, la escritora Elena Garro, una de las participantes en esa reunión, dijo que nunca supo quién era Oswald hasta que vio su fotografía tras el asesinato de Kennedy, y que durante ese encuentro social se había comportado con un perfil muy bajo. 

A la CIA le interesó mucho el viaje de Oswald, quien entró a México a bordo de un autobús por Nuevo Laredo. Durante su estancia, recolectó la información sobre su objetivo a través de cuatro operaciones simultáneas en México, LEINVOY –enfocada a la intercepción telefónica, con el apoyo de Echeverría, en ese entonces subsecretario de Gobernación-, LIEMPTY –que vigilaba la embajada soviética-, AMSPELL –que tenía infiltrado al Directorio Estudiantil Cubano-, y LIERODE –que vigilaba la Embajada cubana–, dirigidas por Scott las dos primeras, y por Phillips las otras dos. Estas operaciones contaban con el pleno respaldo del Gobierno de López Mateos –y después por el de Díaz Ordaz y Echeverría–, donde la policía política, que es lo que era la Dirección Federal de Seguridad, trabajaba subordinada a la CIA.

Los documentos secretos sobre el viaje oficializarían el que tres presidentes mexicanos hayan trabajado para la CIA, y puesto a sus gobiernos al servicio de los intereses de Estados Unidos.

También podrían mostrar las técnicas y procedimientos del reclutamiento de activos extranjeros, y el tamaño del espionaje en México. Todo dependerá de qué tanta información secreta, hasta ahora, se hace pública en Washington.
26 Octubre 2017 04:00:00
Un Pétrus para el fiscal
Santiago Nieto, quizás involuntariamente, es un genio de la distracción. Habló pública, aunque indirectamente, de la investigación en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales contra Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, a quien denunció el PRD de haber recibido dinero de Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, por lo que lo cesaron. Este detonó un escándalo, y al unísono fuerzas políticas y sociales gritaron que el Gobierno, para impedir que profundizara en sus pesquisas, lo defenestró. Abusados. Lo que hizo Nieto es mucho más grave de lo que ven, pero al mismo tiempo, no están viendo.

Su destitución se debió a que violó el debido proceso, por lo cual, aun si fuera repuesto en el cargo, muy probablemente la defensa de Lozoya podría alegar ante el juez que violaron sus derechos humanos, por lo cual se violentó el debido proceso. Como sucedió con Florence Cassez, el delito de secuestro y delincuencia organizada quedó de lado ante la Suprema Corte de Justicia, frente al hecho de que violaron sus derechos. El garantismo se aplica a tabla rasa. Lo que fue para Cassez también tiene que ser para Lozoya, por lo cual, Nieto habría rescatado a Lozoya de una eventual cárcel por un delito electoral, al haber prostituido el caso.

El garantismo de la Corte tendría que ser aplicado por cualquier juez, no como prueba de inocencia, sino porque la posibilidad de que fuera juzgado de manera justa, fue socavada por el exfiscal. En este caso, como deslizó el periodista Rafael Cardona en Foro TV, Lozoya tendrá que comprarle al exfiscal electoral un Pétrus, ese vino de Burdeos que se encuentra entre los más finos del mundo, en agradecimiento por sus buenos oficios, cualesquiera que hubiera sido la razón de ello. Con su acción ilegal lo blindó, y Lozoya tendría que ser exonerado –si se le confirmaran una ilegalidad–, si se aplica la Doctrina Zaldívar del efecto corruptor que liberó automáticamente a Cassez.

Eso es la primera parte. La segunda tiene que ver con los senadores, convertidos en maestros en la simulación. Juegan con las sombras de la Cueva de Platón al salir a la defensa airada de Nieto, y exigir su restitución. Para efectos prácticos de esta investigación, que regrese o no a la Fiscalía es irrelevante. Lozoya, como ya lo anunció, lo demandará por haber violado sus derechos humanos y vulnerado el debido proceso, por lo que en el eventual caso de que fuera llevado a tribunales, un juez podría determinar si al violar el principio de secrecía en la investigación se perdió la posibilidad de un juicio justo. De esta manera, lo que hizo Nieto fue extenderle inmunidad e impunidad a Lozoya, en caso de que fuera culpable del uso de dinero de procedente ilícita en la campaña presidencial.

En este sentido, toda la agitación y movilización en defensa de Nieto se está dando para la protección de un exfuncionario que actuó exactamente en contra del postulado que dicen respaldar: la imparcialidad de las investigaciones de delitos electorales. El apoyo es para quien, si se analiza el escenario más ominoso para el excandidato y su partido, sería la protección del exdirector de Pemex.

Si uno revisa la gestión de Nieto en la Fiscalía, difícilmente se le podría adjudicar el papel de títere del Gobierno o del PRI. Su exceso de protagonismo e ingenuidad al desbocarse ante un micrófono es lo que podría alegar como algunas de sus mayores debilidades. Pero aun así, para efectos de argumentación, en el peor de los escenarios, el efecto para Peña Nieto y el PRI sería marginal. Peña Nieto no sería destituido, ni habría acción legal. El PRI tampoco perdería el registro, como afirmó la dirigente del PRD, Alejandra Barrales. En el mejor de los casos, para quienes buscan una sanción por ese delito, sería una multa.

El caso al que se podría asemejar este delito, de probarse, sería el del llamado Pemexgate, cuando en 2001 se demostró que el sindicato petrolero desvió mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial del Francisco Labastida en 2000. En aquel entonces, el desenlace del primer asunto de corrupción electoral fue una multa al PRI por mil millones de pesos. Y en 2011, un juez federal declaró prescrito el caso, por lo que tampoco procedió el delito de peculado electoral que le imputaron al líder del sindicato, Carlos Romero Deschamps. El dirigente petrolero, para que no se olvide lo que sucede, es actualmente senador del PRI.

La energía de los senadores de oposición está muy mal canalizada. Nieto no tendría que ser el objeto de la defensa, sino el procedimiento mediante el cual se realizó su destitución. No es la persona, sino el cargo al que hay que proteger. Pero no es lo único. En toda esta discusión se ha desviado el foco entre tanta politiquería y banalidades, la corrupción de Odebrecht a funcionarios y exfuncionarios de Pemex. Testigos de la fiscalía de Brasil han acusado a Lozoya de haberle dado sobornos millonarios por ayudarles para ganar concursos. Adicionalmente, pagó más de 10 millones de dólares a funcionarios de Pemex durante tres administraciones, entre 2011 y 2014, para asegurar que les dieran obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento.

Este es el tema de fondo, oculto por participar los senadores en ruidosos juegos pirotécnicos que sólo distraen y aplazan que esta corrupción tenga nombre y apellido.
25 Octubre 2017 04:08:00
No hay muerto malo
La opinión pública está volcada a favor de Santiago Nieto. El 64% de las menciones en las redes sociales, según la empresa GLAC, piden que sea restituido como fiscal para delitos electorales. Tras cinco días de haber sido cesado por violar la secrecía de las investigaciones sobre el presunto financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, y afectar los derechos humanos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a través de quien presuntamente se canalizó ese recurso, Nieto es visto como una víctima del poder, que lo destituyó por enfrentársele. Tiene como apoyo la indignación nacional y la fuerza de la opinión pública para que sea reinstalado en su cargo. En el balance, le ha ido muy bien al exfiscal, que abrazado por la cólera mexicana, se le ha perdonado su deshonestidad.

Describir al exfiscal como un tramposo, no es un juicio de valor. Su lucha para que el Senado lo restituya, encierra más que un deseo por regresar a su cargo, y desnuda en dónde estamos parados. La ley no nos importa. Nos interesan los ajustes de cuentas. Si alguien socava el estado de derecho para hacer una justicia que se acomode a nuestros intereses y ponga bálsamo a nuestras frustraciones, lo arropamos, lo apoyamos y lo apuntalamos para que derrote a nuestro enemigo común. Nieto ha jugado con estos ideales justicieros, donde la justicia es sólo un pretexto.

Su acto supremo fue la carta que envió el lunes al presidente del Senado, Ernesto Cordero, donde le pide que esa cámara lo restituya en el cargo. El párrafo relevante es el segundo, donde señala: “Con fecha del 20 de octubre de 2017, el C. Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, me notificó personalmente la remoción con efectos inmediatos de Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales…en términos del artículo décimo octavo transitorio… que también establece que el Senado de la República podrá objetar la remoción… dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía será restituido en el ejercicio de sus funciones”.

Hay dos elementos falsos en este párrafo, que por su conocimiento de las leyes, las normas jerárquicas y los procedimientos, llevan a pensar, objetivamente, que Nieto quiso engañar a la opinión pública y embaucar a los senadores. Por un lado, se refiere a Elías Beltrán como “encargado de despacho”, lo que jurídicamente es incorrecto. El actual subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, ocupa el cargo como procurador suplente, con las “facultades necesarias” para remover al titular de la Fiscalía, “sin mediar causa o gravedad de ella que conlleven a dicha remoción”. Nieto se arropó en el primer párrafo del décimo octavo transitorio y en la parte final del tercero, del cual omitió las tres primeras líneas, que dicen: “Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el procurador general”.

El impacto de la carta expuso el desgaste del gobierno en cuanto a credibilidad y legitimidad, sobre todo, desnudó la carencia de una cultura jurídica en el país. La ley no importa, sino que lo trascendente es que se haya eliminado a quien veían como un funcionario autónomo que era capaz de enfrentarse a los intereses del gobierno. Esa es la imagen proyectada en la opinión pública por Nieto, construida a partir de un elemento, la investigación contra Lozoya en el contexto del caso Odebrecht. Es irrelevante que durante su gestión de poco más de dos años y medio, hubiera violado de manera sistemática los derechos humanos de indiciados en investigaciones, porque lo importante no era salvaguardar sus garantías, sino su obligación a difundir información de interés público. El precepto tan anhelado y presumido de que todos son inocentes hasta que se les demuestre su culpabilidad, ha sido anulado por la politización del caso y la victimización de quien aunque fuera por las mejores razones, violó la ley.

No hay espacio para la legalidad cuando el ajuste coincide con el imaginario colectivo. El análisis de GLAC sobre las redes sociales es contundente. Entre el 15 y el 22 de octubre, cuando las redes sociales procesaron la entrevista que concedió a Reforma donde mintió al afirmar que Lozoya le había pedido en una carta que lo exonerara de todos los delitos relacionados con el caso Odebrecht que provocó su dimisión, se dieron 24 mil 341 menciones sobre su cese, de las cuales el 64% eran positivas para Nieto, contra el 33% de negativos. El tema polarizó a la sociedad política, que rechazó la acción del gobierno dos por uno.

El dinamismo en las redes sociales, particularmente en Twitter, que tuvo en los portales de los medios su catalizador y magnificador, obligó al Senado a tomar posición, donde una ligera mayoría se inclinaba el martes por su restitución. La legalidad con la que actuó Elías Beltrán ha sido ignorada por la mayoría, así como también hizo de lado que Nieto violó la ley. La discusión no es sobre leyes, ni estado de derecho. Es política inmersa en el conflicto. Frente a la pobreza en cultura jurídica, está la intensidad del debate en la arena pública, donde frente al poderoso, la víctima, por más inmoral que haya sido su conducta, es a quien hay que defender. No hay muerto malo, dice el dicho. La sociedad política grita, en la defensa de Nieto, que es cierto.
24 Octubre 2017 04:07:00
2012: el dinero sucio
La corrupción de Odebrecht en México está llena de percepciones y conclusiones circunstanciales, pero existe como un hecho. Más de 12 millones de dólares fueron entregados a funcionarios o exfuncionarios de Pemex durante 6 años y nada ha pasado. Le lentitud de la PGR para investigar, comparada con la justicia expedita en otras naciones latinoamericanas salpicadas por la misma corrupción, fortalece la idea, en México y el extranjero, de que hay algo podrido en este país que tiene como su raíz el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La destitución de Santiago Nieto como fiscal para delitos electorales no contribuye a cambiar la percepción, sino la hace verosímil, al haberlo despedido luego de que hablara públicamente de la investigación sobre presunto financiamiento de la empresa brasileña a la campaña presidencial de Peña Nieto, a través del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

El binomio de Mexicanos Contra la Corrupción y Reforma aportó una nueva capa al territorio de esas percepciones. El lunes se publicó el trabajo del reportero de esa ONG, Raúl Olmos, quien ha cultivado buenas fuentes de información en la Fiscalía brasileña en Curitiba, donde se radica la investigación contra Odebrecht, a partir de la transcripción de la conversación de una reunión en 2013 del exdirector ejecutivo de Braskem, Carlos Fadigas, con inversionistas, a quienes dijo que habían acompañado “de tiempo completo” la campaña presidencial de Peña Nieto. ¿Qué quiso decir Fadigas? No lo aclara la información publicada, pero abre el camino a todo.

Braskem es una filial de Odebrecht, que se instaló en México en 2010, y comenzó a operar una empresa conjunta con Grupo Idesa, de Guillermo Gutiérrez Zaldívar –los brasileños tienen el 75% de las acciones–, para participar en el Proyecto Etileno XXI en Coatzacoalcos. La publicación del binomio relacionó las confidencias de Fadigas con la construcción de esa petroquímica, pero según los ejecutivos en México de Braskem no son lo mismo. “No existe relación alguna de carácter operacional o administrativo con Odebrecht en México”, explicó un vocero. “Braskem Idesa, diferente de la Constructora Odebrecht, es solamente un cliente de Pemex, por lo cual no tiene relación de proveedor der servicios”.

La relación de Braskem con el esquema de corrupción de Odebrecht en México se ha hecho a partir de un pequeño gran error, la adjudicación directa del contrato para la construcción de vías de acceso y obras externas para un proyecto de utilización de residuos en la refinería en la obra en la refinería Miguel Hidalgo en Tula, por 115 millones de dólares, que de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública tiene una “irregularidad” de 119 millones de pesos que vinculan a un funcionario de Pemex con la operación. Braskem precisó que quien hizo esa obra fue Constructora Odebrecht México, y no ella, como se ha publicado reiteradamente, incluso en este espacio.

Ejecutivos de Braskem México aseguraron a quien esto escribe que no existe ninguna investigación sobre la empresa en la PGR. Según sus ejecutivos, sus negocios en México “fueron y son desarrollados con total independencia” de los de Odebrecht. ¿Significa que el vínculo que tejió el binomio es erróneo? Tampoco. La publicación recuerda que la Fiscalía brasileña detectó tres transferencias por un millón y medio de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, registrada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, que según exejecutivos de Odebrecht que colaboran con las autoridades brasileñas, han sido vinculadas a Lozoya. Luis Alberto de Menseses Wyell, exdirector en México de Odebrecht, según la publicación, se reunió dos veces con Lozoya en marzo de 2012, cuando arrancaba la campaña presidencial, donde se pactó un financiamiento oculto por 4 millones de dólares, que se canalizaría a través de Latin America Asia Capital y Zecapan S.A., en Islas Vírgenes.

Braskem México subraya que ni De Meneses Wyell ni otro funcionario de Odebrecht, participaron en ninguno de los momentos en que junto con Idesa concursaron y se les adjudicó el contrato de suministro de materia prima con Pemex para Coatzacoalcos. Lozoya sostiene que no recibió dinero para apoyar proyectos de obras de Odebrecht o de Braskem, o para financiar la campaña de Peña Nieto. Los ejecutivos de Braskem México reconocen que directivos de la empresa en Brasil participaron en hechos de corrupción, por lo que están pagando a la ley, pero que ellos estuvieron y están al margen de esas ilegalidades. En el deslinde, no metieron las manos al fuego por ellos, pero no quieren que se extienda la corrupción a su operación en México.

Fadigas y Lozoya, por otra parte, deben ser viejos conocidos. Antes de asumir la dirección ejecutiva de Braskem en 2010, Fadigas fue director de Finanzas de Odebrecht y miembro del Foro Económico de Davos en su capítulo de América Latina, que en ese tiempo dirigía Lozoya. Pero esto ¿es prueba de que haya recibido dinero ilícito? Tampoco. ¿Hubo dinero brasileño apoyando la campaña presidencial de Peña Nieto? Los involucrados aseguran que no y que no hay pruebas –sólo testimonios– que los vincule a actos ilegales. En la Fiscalía brasileña están seguros que sí.

Ante la falta de documentos probatorios, es una batalla de dichos, y en el campo de batalla de las percepciones, el presidente Peña Nieto está derrotado a priori ante la opinión pública. Falta la bala de plata contra el Presidente para que este caso se judicialice, pero en términos de imagen, no hay nada que pueda hacer para revertir el negativismo en su contra.
23 Octubre 2017 04:07:00
Peña Nieto se disparó en el pie
Santiago Nieto debió haber sido destituido no el viernes pasado, sino cuando menos hace 17 meses por violar la secrecía de una investigación en curso y afectar el debido proceso. De ligereza al hablar con la prensa, Nieto solía procurarla de información reservada, delicada y confidencial, con lo cual obstruía o saboteaba acciones judiciales. En esa misma línea estuvo cuando la semana pasada le informó a Reforma detalles de la investigación contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el presunto delito de haber inyectado dinero de la empresa brasileña Odebrecht en la campaña presidencial de 2012. La diferencia es que ahora sí hubo consecuencias para el fiscal especializado para Delitos Electorales: lo cesaron.

La destitución de Nieto provocó que los principales diarios de la Ciudad de México coincidieran en esa acción como su información más relevante del sábado, una homologación circunstancial pocas veces vista. Fue el contexto en el cual lo despidieron lo que levantó la polémica. El procurador general interino, Alberto Elías Beltrán, dijo que actuó en el marco de la ley, mientras los abogados de la PGR y de Nieto chocaron en las interpretaciones legales. El problema está empapado, por las formas y los antecedentes, de política. Cierto. La ley se politizó, pero pocas veces tan justificadamente como esta, donde fue tolerante con Nieto desde que asumió el cargo en febrero de 2015, y se volvió intolerante cuando, en vísperas de arrancar el proceso electoral de 2018, la Presidencia de Enrique Peña Nieto volvió a ser objeto de cuestionamiento por corrupción.

A mediados de agosto, revelaciones sobre la corrupción de Odebrecht en México fueron publicadas por O Globo. Testimonios de ejecutivos de la empresa ante la Fiscalía brasileña señalaban a Lozoya como un activo estratégico, y lo procuraron con dinero por los beneficios que les podía dar cuando fuera un alto funcionario del nuevo gobierno. Según la Fiscalía brasileña, los ejecutivos aseguraron que le transfirieron alrededor más de 10 millones de dólares para que les ayudara con licitaciones, una imputación que ha negado sistemáticamente Lozoya. No ha habido un señalamiento directo que el dinero fuera a parar a la campaña presidencial de Peña Nieto, especie que ha tomado carnet de identidad por el hecho de que varios pagos, según los ejecutivos brasileños, se hicieron en 2012.

En la entrevista con Reforma, Nieto afirmó: “El caso Odebrecht es un caso paradigmático porque atacó a los sistemas electorales de varios países del continente. Entonces, es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas”. El fraseo mostró la validez que le dio a la denuncia que presentó el PRD en la Fepade a mediados de agosto para que investigara a Lozoya y la posible canalización de recursos de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto. Ejecutivos de Odebrecht que buscaron negociar un acuerdo de cooperación con el Gobierno mexicano a cambio de reducción de acusaciones, dijeron a altos funcionarios de la PGR a principio de año como muestra de lo que podían aportar, que habían canalizado recursos a campañas en Veracruz y Tamaulipas, sin precisar los años ni los destinatarios. No mencionaron nunca la campaña presidencial de 2012, que ha sido el elefante que todos quieren encontrar en la sala.

La verdad se ha convertido una víctima de la percepción, pero la percepción ha sido un monstruo creado por la opacidad del Gobierno. México es el país que menos ha avanzado en la investigación sobre los presuntos delitos de corrupción de Odebrecht y el que menos transparente ha sido. No quisieron pactar un acuerdo con Odebrecht para que suministrara información lo que no se alcanza a entender, pero que lleva a preguntar si la razón por la cual la PGR rechazó esa cooperación fue para frenar la investigación y para alargar el encubrimiento a funcionarios o exfuncionarios federales. Los prejuicios sobre este caso son inevitables por el andamiaje de protección a todos los involucrados que han levantado las autoridades.

La destitución de Nieto es parte de esta cadena que apesta. La acción de Elías Beltrán fue la primera de envergadura realizada, a los cinco días de haberse encargado de despacho. Es muy difícil pensar que actuó con autonomía. Un encargado de despacho no toma nunca decisiones tan delicadas, sino administra la oficina mientras se designa al titular. Se puede alegar, por la forma como funciona la PGR, que fue el ejecutor de una orden presidencial, donde Peña Nieto es el único que pudo haber autorizado esa acción por las consecuencias políticas que arrojaría.

En 2015 hubo un caso similar, pero Nieto no fue cesado por violar el debido proceso del entonces subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, cuando declaró públicamente que había tres averiguaciones previas en su contra por presuntos delitos electorales. En aquel tiempo, Escobar anunció que lo denunciaría por violar sus derechos humanos, lo que no sucedió, y el visitador general de la PGR, César Alejandro Chávez, le abrió una investigación por la misma razón, cuyo resultado nunca se conoció. Este es procedimiento que se le debió haber seguido en el caso de Lozoya, pero se violó (PGR) una ley (la PGR) para sancionar la violación (Nieto) de otra ley. En el caso de Escobar, todo quedó en familia. Con la destitución de Nieto, el Presidente se disparó en el pie.
20 Octubre 2017 04:08:00
Desastre en Nochixtlán
El 22 de junio del año pasado se publicó en este espacio la narrativa de Nochixtlán, que describía la torpeza con la que la Policía Federal trató de disolver un bloqueo carretero en protesta por la reforma educativa, y abría con una pregunta: ¿Qué sucedió el domingo 19 de junio donde murieron cuando menos 11 civiles y a policías federales les cortaron dedos a machetazos y terminaron con pies heridos por las bombas caseras que les explotaron? Nadie tiene una explicación clara de la cadena de sucesos, se apuntó, y lo que estaba informando el Gobierno federal, en voz del entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, no tenía sentido. Decía que la Policía Federal había recuperado la vialidad en Nochixtlán “sin ningún tipo de incidente”, en una reconstrucción de hechos que insultaba la inteligencia de los mexicanos. En aquel entonces, Galindo replicó en privado que era falso lo escrito y que habían actuado correctamente. Quince meses después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó la hipótesis, descalificando a Galindo y al Gobierno federal.

El operativo en Nochixtlán, establece la recomendación de la CNDH dada a conocer el miércoles, el uso excesivo y letal de la fuerza, graves violaciones a los derechos humanos que provocaron la muerte de siete personas y dejaron más de 500 lesionados –algunos de los cuales aún no se curan– fue consecuencia del “pésimo” diseño, planeación y ejecución del operativo armado y ordenado por Galindo, que derivó en un choque en tres comunidades. Fue un ejemplo, señaló, “de lo que no deben ser las acciones policiales”. Nochixtlán, como Tanhuato y la forma cómo armaron desde el Gobierno federal, con la Policía Federal como su brazo operativo, a los grupos paramilitares en Michoacán, son tres de los botones de muestra del mal trabajo policial en la Administración peñista, donde se encargó a incompetentes la seguridad del país. Los altos índices de violencia nacional prueban lo que la soberbia oficial niega: el fracaso de su estrategia.

En Nochixtlán, el 19 de junio las cosas comenzaron temprano. Como se apuntó el 22 de junio de 2016 aquí, el operativo, según explicó el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, comenzó a las 10 de la mañana. Galindo precisó que desde las 7 de la mañana habían solicitado que levantaran el bloqueo en Nochixtlán, que conecta a Puebla con Oaxaca y el sur del país, que había estado bloqueada durante una semana. El desalojo duró media hora. “Después de las 10 y media cambió el escenario”, dijo Galindo. “Vivimos una emboscada. Llegaron grupos con armas y bombas molotov”.

En este punto empezaron sus contradicciones y la versión oficial se debilitó. A esa hora, en voz del excomisionado, comenzaron a escuchar detonaciones de armas de fuego, con lo cual el escenario del desalojo cambió en forma “radical”. Según dijo, se solicitó apoyo aéreo, y cuando llegaron los helicópteros, a una hora que no precisó, fueron recibidos a balazos. No informó a qué iban los helicópteros, y si respondieron o no el fuego. A las 11:30 de la mañana, dijo, llegó un grupo adicional de la Policía Federal con armas. Ese domingo por la tarde, la Comisión Nacional de Seguridad, afirmó: “Los elementos de la Policía Federal que participan en el operativo no se encuentran armados ni portan tolete”. Era otra mentira. La primera fotografía de federales armados la tomó Jorge Arturo Pérez, de la agencia Cuartoscuro, cuyas imágenes tienen grabada la hora automáticamente de la cámara, entre las 10:15 y las 10:30. Es decir, antes de que la Policía Federal descubriera hombres armados entre los maestros. Pérez, además, dijo no haber visto a nadie armado que no fuera agente federal.

La narrativa de Nochixtlán siguió desvaneciéndose. Galindo declaró en una radio que se había recuperado la circulación sin ningún problema (entre 10 y 10:30), pero cuando se dieron los primeros disparos, hubo “un cambio dramático de escenario”. Lo que se dio “fue una especie de emboscada”, dijo. Minutos después, añadió en otra entrevista de radio, hasta 2 mil personas rodearon a los federales y a los policías estatales. Nadie lo cuestionó, pero lo que aseguraba era un disparate.

La emboscada tiene como primer elemento la sorpresa, que no existió porque el bloqueo llevaba una semana, y sus organizadores habían dicho que se endurecería el fin de semana. Afirmar, como lo hizo Galindo, que los atacaron 2 mil personas, era absurdo. Las 2 mil personas no formaban parte orgánica de quienes atacaron a las policías; eran habitantes de las comunidades que se sumaron a los bloqueos. Las autoridades nunca supieron cuántas personas participaron en la operación contra ellos, planeada y ejecutada con perfección. Grupos no identificados actuaron de manera coordinada. Cerraron los caminos para obstruir los apoyos de los cuerpos de seguridad, y los fueron atrayendo hacia puntos que ellos escogieron, mediante repliegues tácticos a sitios donde tenían pertrechos para volverlos a atacar y causar bajas.

Nochixtlán es una metáfora de la incapacidad de este Gobierno en materia de seguridad. Pero también de soberbia. Galindo fue removido poco después como comisionado de la Policía Federal y desapareció durante un tiempo de la arena pública, hasta hace unos días cuando reapareció como enviado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a Morelos, para colaborar en la coordinación de la reconstrucción. Un insulto la narrativa de Galindo sobre Nochixtlán; un insulto su rehabilitación en el Gobierno. Inadmisible, por supuesto. Pero ante este Gobierno, sólo queda indignarse, porque nunca hay consecuencias para sus atropellos.
19 Octubre 2017 04:08:00
2018: intromisiones
Fuera máscaras. El presidente Enrique Peña Nieto se asumió como jefe de la campaña presidencial, formalmente, desde este lunes. Comenzó discretamente desde su mensaje político el 2 de septiembre por su Quinto Informe de Gobierno, pero la emergencia generada por el sismo del 7 de septiembre lo revitalizó como actor político. Todos los días recorrió zonas siniestradas y estuvo presente en la opinión pública, lo que le generó recuperación en la aprobación presidencial. No lucró con la desgracia, pero mostró su potencial político y sembró las bases para que reconociera su papel en la decisión final sobre el candidato del PRI a la Presidencia, y pusiera el 14 de diciembre como límite al PRI para designar abanderado. Peña Nieto empezó a jugar fuerte, aunque con retraso, frente a dos de los secretarios en quienes ha pensado para la candidatura presidencial, que están peleando sus propias batallas.

Sus casos son representativos por la manera como se están sacrificando viejas alianzas, y porque se encuentran involucrados dos aspirantes a la candidatura presidencial, los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación, Aurelio Nuño, en Morelos y Chiapas, que otrora fueron aliados del Presidente. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, fue punta de lanza contra el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que llevó al Partido Verde a coaligarse para frenar la caída electoral del PRI, están siendo avasallados por una estrategia agresiva donde lo importante no son las lealtades, sino la extensión de su poder.

Los dos son parte de la novena de estados que van a elecciones gubernatoriales el próximo año, y se encuentran dentro de las siete que no gobierna el PRI. En Morelos, Osorio Chong está en guerra contra Ramírez, y adoptó al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, a quien está utilizando como ariete contra el gobernador. Blanco, cuya estrategia electoral se diseña en Bucareli, está siendo preparado para que busque la gubernatura, probablemente con la bandera de Encuentro Social y, eventualmente, con el respaldo del PRI, sacrificando a los aspirantes tricolores que si bien tienen la experiencia y el oficio político, carecen del carisma y arrastre del exfutbolista estrella.

En Chiapas, Nuño se le ha atravesado al gobernador y le ha ido arrebatando, con el respaldo del líder del PRI, Enrique Ochoa, el control sobre su sucesión. Velasco ha sido débil frente al poderoso secretario de Educación y ha permitido que Nuño y Ochoa impulsen al senador y dirigente estatal del PRI, Roberto Albores Gleason, como candidato a la Gubernatura. La imposición generó divisiones en el PRI, sobre todo con el grupo que responde a Manlio Fabio Beltrones, donde el aspirante a la candidatura, Willy Ochoa, ha sido marginado y castigado por Albores Gleason. Eliminar a Velasco del proceso de sucesión y secuestrarlo desde el centro coloca en riesgo electoral al estado ante la creciente fuerza de Morena, donde Zoe Robledo, hijo de un exgobernador priista, será el candidato.

La forma como Osorio Chong y Nuño están machucando a sus viejos aliados es inexplicable a simple mirada. No se entiende cómo una compensación con Jalisco, una de las gubernaturas en poder del PRI que se pondrán en juego, y donde la fuerza de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, hace suponer hoy en día que no habrá poder alguno que le impida convertirse en el próximo gobernador. Jalisco tiene el cuarto peso electoral en el país, mientras que Chiapas y Morelos tienen un valor electoral marginal. Yucatán, el otro estado gobernado por el PRI, es la única entidad en competencia el próximo año donde el partido en el poder podría mantener al ejecutivo estatal, pero tampoco podría ser tomado, en caso de derrota, como un quid pro quo con su vecino Chiapas o con Morelos.

La irrupción de los secretarios en esos estados, si bien se puede argumentar que forma parte de un gran diseño electoral, también se puede ubicar como una serie de movimientos estratégicos de Osorio Chong y Nuño en función de sus propios intereses sucesorios. Sin embargo, bajo esta misma racional, si Peña Nieto no los ha frenado es porque los avala y respalda, aunque los márgenes de riesgo sean amplios.

Pero, ¿qué le garantiza a Nuño que si concreta la imposición de Albores Gleason sobre los deseos del gobernador Velasco, una alianza encabezada por el PRI y sometiendo al Verde podrá frenar la ola morena? Es más probable que la imposición socave la alianza con los verdes, y la derrota ante Morena sea más que una posibilidad. En Morelos, Osorio Chong mandó a su hombre de confianza, Jorge Márquez, oficial mayor de Gobernación, arropado como responsable de la reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre, para desafiar a Ramírez y a la estructura que tiene el PRD en el estado.

Si Nuño está en busca de demostrar que él puede construir alianzas ganadoras, aún a costa de sacrificar a sus aliados como sucedió en el Estado de México, Osorio Chong está moviendo su músculo a través de Encuentro Social, ratificando que ese partido que nació en 2015, sirve fundamentalmente a sus propósitos y objetivos políticos. Su choque con Ramírez y el PRD en campo es una apuesta tan arriesgada como la de Nuño en Chiapas. En ambos casos, la temeridad y ambición política es el vaso que los une, aunque no para sumar, sino dentro de su propia confrontación, como ha sucedido en el pasado entre priistas, para incidir e influenciar en la sucesión presidencial.
18 Octubre 2017 04:08:00
2018: Por qué no Osorio
Las encuestas en El Financiero y El Universal publicadas este lunes, muestran al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como el priista mejor evaluado para ser candidato a la Presidencia por ese partido. El propio Osorio Chong, en las consideraciones del presidente Enrique Peña Nieto, revivió como un aspirante sólido por su trabajo durante los sismos de septiembre. Todo parece pintarle muy bien al secretario, salvo por la forma como la Casa Blanca piensa de él, si no directamente, por el desastre en la política de seguridad, donde el incremento en la violencia ha fortalecido la propuesta del presidente Donald Trump para levantar una barrera en la frontera entre los dos países. “México está teniendo un momento difícil ahora mismo en cuanto al crimen”, dijo Trump este lunes. “Más que nunca, necesitamos el muro”.

Trump sostuvo una reunión con su gabinete en la Casa Blanca donde ratificó la idea presentada desde junio de 2015, cuando lanzó su candidatura presidencial, de que México es un país sin leyes por lo que se requiere incrementar la seguridad fronteriza. “Tenemos muy buena relación con México, pero hay allá muchos problemas”, agregó Trump, quien insistió en que pese a las fuertes relaciones bilaterales, necesitan aislar a Estados Unidos del narcotráfico y la violencia criminal. Las palabras de Trump reforzaron la declaración de John Kelly, jefe de Gabinete de la Casa Blanca y exsecretario de Seguridad Territorial, quien afirmó la semana pasada que definitivamente se requiere una barrera física entre los dos países.

El tema de la seguridad en México está descontrolado. La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, estimó que en 2016 hubo 23.3 millones de víctimas por un delito, lo que representa una tasa delictiva de 28 mil 202 víctimas por cada 100 mil habitantes. No se trata sólo de percepciones. En este espacio se registró que durante los primeros 54 meses del Gobierno peñista, el número de homicidios dolosos denunciados llegó a 83 mil 209. En comparación, en los primeros 54 meses de gobierno de Calderón hubo 70 mil 693 homicidios dolosos.

La cifra en el actual Gobierno puede ser incluso mayor, por la cifra negra, los delitos no denunciados, o por las variables en la medición. Una de estas variables es que si no está identificada la persona asesinada, no se contabiliza. Otra es que a diferencia del pasado, ya no se cuantifica el número de víctimas de manera individual en cada averiguación previa, sino se suma a una sola en cada expediente. Aun así, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que recoge información de todas las procuradurías del país, durante el sexenio de Peña Nieto se denunciaron en ese periodo 12 mil 516 homicidios más que el total de denuncias en el Gobierno de Calderón, lo que representa un incremento de 17.7 por ciento.

El gobierno del presidente Felipe Calderón les dejó un país en medio de una guerra civil, con una estrategia de fuego y muerte que tuvo su cénit en mayo de 2011, cuando las denuncias de homicidios dolosos alcanzaron la cifra de 9 mil 466 durante los primeros cuatro meses de ese año. A partir de entonces, la estrategia de ser más rápidos para abatir o capturar criminales, versus la velocidad de los cárteles para renovar sus cuadros, comenzó a reducir la estadística de la muerte. Para 2012, la cifra cayó a 9 mil 158, que bajó a 7 mil 902 al año siguiente, a 6 mil 887 en 2014, y 6 mil 708 en 2015, cuando el diseño de mucha coordinación en el Gabinete de Seguridad y no confrontación con los cárteles de la droga, tocó piso.

Los criminales le tomaron la medida al Gobierno. Se realinearon y se fortalecieron. La guerra civil reinició. Para 2016, la estrategia de contención y administración del combate contra la delincuencia estaba destrozada. El discurso oficial siguió ensalzando los logros que contrarrestaban con el total de denuncias de homicidios dolosos, que son con los que se identifica a la delincuencia organizada en el artículo 9 del Código Penal. En 2016, ese tipo de delito sumó 7 mil 658 denuncias, lo que significó un incremento de 22% con respecto al año anterior. El Estado de México, Guerrero y Chihuahua, registraron el mayor número de estos crímenes, acumulando la tercera parte de este tipo de delitos en los 16 años que llevaba el siglo. El Estado de México, no fue sorpresa, fue el primer lugar nacional en violencia.

El número de asesinatos en la categoría de homicidios dolosos en 2016 llegó a 20 mil 549, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que significó un incremento de 20.6% con respecto a los 17 mil 34 homicidios dolosos denunciados en 2015, cuando ya se había notado un incremento de 8.8% con respecto a 2014. En los primeros cuatro meses de este año, lo que pasó fue el acabose. El total de denuncias presentadas por homicidio doloso se disparó a 9 mil 916, lo que significa un aumento de 29.5% con respecto al mismo periodo en 2016. Estos cuatro meses fueron el periodo más violento en la historia de México, o cuando menos, si se quiere ser purista, desde que se cuenta con registros de incidencia delictiva, hace 20 años.

Si las cosas estaban mal, como se apuntó en un principio, van a empeorar.
17 Octubre 2017 04:07:00
2018: Revivió Osorio
La bufalada lleva semanas rindiéndole honores adelantados al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a quien ven perfilado como único finalista para la candidatura presidencial del PRI ‘y quien se le sume’ para 2018. La semana pasada lo trataron con cordialidad y hasta genuflexión en su comparecencia en el Senado por la glosa del Quinto Informe de Gobierno. Pero hay que tener cuidado. En el pasado, ya han sido varios quienes se fueron de bruces. En 1975, el secretario de Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo, recibió una visita inesperada del presidente Luis Echeverría a su casa, quien le comentó que veía que su jardín era muy chico para recibir contingentes. Muñoz Ledo, dijo años después, pensó que el dedo lo había iluminado y rápido compró el terreno de atrás para ampliarla. El equipo de Alfredo del Mazo entendió mal las señales del presidente Miguel de la Madrid, y destapó al procurador Sergio García Ramírez como candidato, mal informando a La Jornada, que lo informó en una edición especial de ignominia. La moraleja es que cuando el Presidente es priista, hasta que decida a quién quiere como sucesor se conformará al candidato.

Meade, a diferencia del coro fácil de la política, lo tiene claro. No se acelera y entiende que esa decisión recae únicamente en el presidente Enrique Peña Nieto. Hace bien. A Peña Nieto no le gusta que interfieran en sus decisiones electorales, que toma en la soledad absoluta. Sus señales suelen ser contradictorias, a veces engañosas, otras cristalinas. Pero, ¿cómo saber cuándo es cuál? Por meses, su equipo en Los Pinos, bastante indiscreto, por cierto, ha dejado salir de la casa presidencial la especie del alejamiento de Peña Nieto con su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y dicho, como murmullo, que la única razón por la que no lo ha destituido o cambiado de cargo es porque prefiere tenerlo cerca y vigilarlo que enfrentar a un experimentado y perverso operador electoral a la distancia.

De acuerdo con un secretario de Estado que ha visto la interacción con el Presidente en reuniones de Gabinete, esta es de enorme respeto para el secretario de Gobernación. No obstante, en los tramos finales de la sucesión presidencial, Osorio Chong estaba prácticamente fuera de la contienda. Así lo reconocía él mismo en privado, aunque mantenía que no dejaría de luchar por cambiar su suerte. No lo habría hecho con su mera voluntad, pero los sismos de septiembre abrieron las condiciones para cambiar su destino. El propio Peña Nieto lo ha aceptado en su entorno más íntimo: Osorio Chong volvió a ser considerado como un aspirante real para la candidatura del PRI a la Presidencia.

Peña Nieto no abundó en las razones y consideraciones por las cuales lo regresó a la carrera presidencial. Existen hechos, sin embargo, que ayudan como contexto para entender cómo la sucesión volvió a abrirse. Desde el sismo del 7 de septiembre, el Presidente lo responsabilizó de manejar la crisis y emergencia en Oaxaca y Chiapas, donde Osorio Chong trabajó diariamente, estableciendo casi un puente aéreo diario entre esos estados y su despacho en Gobernación para supervisar 24 horas al día lo que se estaba haciendo. Para el tamaño del desastre, en esos estados de alta conflictividad, el trabajo político que se hizo detrás de las tareas de rescate y reconstrucción creó condiciones altamente positivas para que Peña Nieto pudiera viajar regularmente a esa región y ser bien recibido. La forma como actuó le permitió un repunte en su aprobación presidencial, lo que parecía muy difícil que sucediera por el resto del sexenio. El intenso trabajo de medio Gabinete, organizado por Osorio Chong, le dio al Presidente nuevos márgenes de operación política. Los estragos del esfuerzo de Osorio Chong fueron palpables en las fotografías, donde el deterioro físico se le notaba con días de diferencia. El 19 se septiembre trajo esfuerzos adicionales para el Gobierno federal con una nueva crisis. Peña Nieto tuvo que volverse a sumergir en la emergencia, que tenía como epicentro político a la Ciudad de México, que le es totalmente adversa y en donde sus márgenes de acción pública son muy estrechos. El Presidente no realizó ningún recorrido por las zonas más afectadas en la capital federal, dedicándose sólo a recorrer los estados del centro que también tuvieron devastación. El Presidente le dijo a su Gabinete que había que tener mucha paciencia y soportar las críticas de una sociedad muy molesta con el Gobierno federal.

Del Gabinete, sólo dos secretarios se hicieron presentes en las calles de la Ciudad de México. Uno fue el secretario de Educación, Aurelio Nuño, que estuvo varias veces en el colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 niños. El otro fue Osorio Chong, quien en la visita al edificio donde murieron al menos 25 costureras al día siguiente del sismo fue insultado y forzado a retirarse. No perdió la calma ni dejó de seguir visitando sitios dañados por el sismo los días subsiguientes.

Su trabajo fue apreciado por el Presidente. No se sabe cuál es la consideración que pudiera hacer el Presidente sobre el sucesor que crea necesite el país. El secretario de Gobernación tiene déficit en seguridad pública, pero su argumento de que es responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales fue adoptado por el Presidente. ¿Piensa Peña Nieto en que la gobernabilidad será la clave en el próximo sexenio? ¿Vio en él fortalezas para enfrentar crisis? Imposible saber. Lo único de cierto es que revivió Osorio Chong en la cabeza del Presidente.
16 Octubre 2017 04:07:00
La alianza de Peña y ‘El Peje’
Finalmente, las fuerzas políticas más antagónicas, que se han batido con sevicia durante casi dos décadas, se han puesto de acuerdo. El presidente Enrique Peña Nieto y el líder de la izquierda social, Andrés Manuel López Obrador, y todos los acólitos detrás de ellos, están de acuerdo en un objetivo: hay que destruir al Frente Ciudadano por México antes de que nazca como coalición electoral. No quieren que exista una alianza del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano que se entrometa en la elección presidencial del próximo año, por razones tácticas distintas, quizás, pero con un evidente miedo a lo que una tercera fuerza de esa naturaleza pueda impactar en el resultado final. Las denuncias contra el Frente carecen de contenido, son contradictorias, inconsistentes, pero no importa. Son sistemáticas, encuentran reproducción en los medios de comunicación y su alcance en el electorado es amplio.

La técnica empleada es la de Joseph Goebbels, el ministro de la propaganda nazi de Adolfo Hitler, quien estableció 11 principios para construir verdades a través de verosimilitudes. Partía del principio de la simplificación, el sumar a sus enemigos en una sola categoría, para magnificar sus errores y anécdotas para convertirlas en una amenaza, ocultando todo lo que beneficiara al adversario. Uno de los principios es el de la orquestación, que significa la repetición de una idea de manera sistemática, desde diferente perspectiva y contexto. De ahí la frase “si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.

El último en atacar fue el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien en la reunión de cuadros del PRI, en Mazatlán, dijo el sábado: “Las coaliciones electoreras no funcionan. Se trata de ideologías diferentes que en algún momento tendrán que explicar su pensamiento en temas en los que tienen posturas diferentes. Hay que preguntarles a los que están formándola, ¿qué van a decir cuando algunos estados son provida y otros actúan al contrario?, ¿qué le van a decir con congruencia a la sociedad si no tienen capacidad de ponerse de acuerdo entre ellos porque piensan distinto?”.

La declaración es un galimatías. Las coaliciones son exactamente lo que niegan que sean. Los partidos políticos forman coaliciones en el mundo para mejorar sus posibilidades electorales y formar mayorías de Gobierno que provean gobernabilidad. Su construcción requiere de un equilibrio entre el respeto de las obligaciones de cada partido para hacer que la coalición sea duradera, así como para que mantengan su identidad individual. El maniqueísmo de Osorio Chong, por ignorancia o premeditación, contradice a su propio Gobierno.

Por ejemplo, las alianzas del PRI en los dos últimos años incluyen a Encuentro Social –que nació en Hidalgo de la mano de colaboradores de Osorio Chong–, que tiene como su principal base a los cristianos, lo que es una contradicción para el PRI, que acoge el principio de la laicidad. El Partido Verde tiene como una de sus principales banderas la pena de muerte, que es rechazada por el PRI. Cuando mencionó el secretario el ejemplo de los estados provida, esconde que el PRI mantiene una posición ambigua en la materia para evitar rechazo electoral en estados conservadores. Sus argumentos son falaces, pero buscan la descalificación.

En la 22 Asamblea Nacional del PRI, a mediados de agosto, el presidente Peña Nieto se refirió al Frente: “Por su falta de experiencia y sus conocidos fracasos de Gobierno, disimulan su impericia con estridencias e incongruencias. Mientras que nuestro partido reafirma su compromiso con las causas de México, otros han optado por abandonar sus ideales y prefieren negociar posiciones antes que defender convicciones”. Sin embargo, en varias elecciones, como Colima y Querétaro, el PT, defensor abierto de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, ha competido en coalición con el PRI, que en las elecciones de Aguascalientes, además, lo ayudó para no perder el registro.

Las diferentes políticas e ideologías no son un déficit de las coaliciones, sino parte de su valor, al acumular masa electoral. El PRI lo sabe. En el Estado de México, su franquicia perdió por 56 mil votos ante Morena, pero la alianza con el Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social le dio los casi 300 mil votos para la victoria de Alfredo del Mazo. Las palabras de Peña Nieto las repite a su manera López Obrador, quien señala que el Frente le da vergüenza porque quienes lo integran tienen ideologías distintas, carecen de ideales y su lucha es por el poder. En efecto, por definición, los partidos luchan por el poder, y suelen aliarse pese a tener ideologías distintas, como la duradera –ya extinta– coalición de los democristianos y los socialdemócratas en Alemania.

La férrea oposición al Frente Ciudadano se entiende porque rompe con el ideal de polarización que buscan Peña Nieto y López Obrador para 2018. Una tercera opción afecta al PRI porque verían en ella una alternativa aquellos que no quieren votar por la continuidad, pero tampoco los convence López Obrador. A este tampoco le conviene por la misma razón. Si es el único opositor al PRI, habrá quien, fastidiado por el peñismo, le dé el beneficio de la duda. Ambos quieren una elección entre dos, jamás entre tres, porque no beneficia a ninguno de ellos. Sería bueno para el electorado, al abrir las opciones de elección. Pero, claro, los electores son lo menos que les importa.
13 Octubre 2017 04:08:00
El final del TLC
Aceptemos la realidad: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte está muerto, y sólo falta que el presidente Donald Trump firme su certificado de defunción. Congruente con su reiterado mensaje desde la campaña presidencial, Trump está listo para liquidarlo. El pacto va rumbo al colapso y es inminente la salida de Estados Unidos de él, escribió ayer Ann Swanson, la experta corresponsal económica de The New York Times. Trump no quiere un pacto entre tres naciones, sino buscará acuerdos bilaterales donde, tampoco nos engañemos, su objetivo será obtener el mejor arreglo comercial para los intereses de su base electoral. Si el resultado es positivo o negativo, es otra discusión. Lo que importa en este momento es que se comenzará a redefinir el futuro mediato de las relaciones bilaterales.

Como parte de la narrativa preventiva del Gobierno mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo esta semana en el Senado que de ser así la relación bilateral se modificaría. La frase fue deliberadamente ambigua, frente a la incertidumbre de la ruta que seguirá Trump, cuyo gobierno no es más un aliado de México ni le interesa un trato especial, como suelen tener las naciones con sus vecinos. Trump ha cancelado, en los hechos, el diseño de la Relación bilateral que mantuvo la Casa Blanca desde hace casi 40 años, cuando durante el presidente James Carter pidió la revisión de la relación con México, que concluyó un año y medio después con el Memorando Presidencial 41, que ajustó la política que por décadas se seguiría con México.

Ese memorando propuso nuevas políticas en el área de energéticos –de altísima prioridad por la crisis del petróleo que provocó en 1977 el racionamiento de combustibles–, y que llevó a la compra de crudo mexicano para la Reserva Estratégica en las cuevas de Texas y Luisiana, y a la firma del acuerdo sobre gas natural. También planteaba nuevas formas de relacionarse en materia comercial y de trabajadores migratorios, traducido poco después en la Ley Simpson-Mazzoli, la última gran reforma migratoria en Estados Unidos. El documento, que durante años fue confidencial, planteaba que la salvaguarda de los intereses de Estados Unidos debía ser compatible con un “México estable, que progrese y sea amigo”, donde buscarían evitar a toda costa cualquier ingrediente que deviniera inestabilidad. Tan importante era la relación, que por diseño Carter, cuya política hacia América Latina incluyó la presión a las dictaduras de América del Sur para que terminaran sus regímenes de terror, redujo la crítica pública sobre la violación de derechos humanos en México.

La política de Washington hacia México corría sobre rieles geoestratégicos, y desde 1979 se planteaba una integración norteamericana junto con Canadá, a partir de la seguridad energética. Durante la administración de George H. W. Bush se inició la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, concluido con el respaldo del presidente Bill Clinton, que consolidó lo que casi tres lustros antes había comenzado. En los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, la relación se expandió de una forma sin precedentes en materia de seguridad, donde se combatió trasnacionalmente al crimen organizado.

Bajo el Gobierno de Trump, todo este trabajo de construcción se ha venido demoliendo. El Presidente estadunidense es muy ignorante de lo que significa la relación con México, que fue el argumento por lo cual un empresario amigo de él lo persuadió a aceptar la invitación formulada por Videgaray a su hija y su yerno en agosto del año pasado, para visitar al presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos. No aprendió mucho. Todavía en su encuentro en Hamburgo, en el marco de la cumbre del G-20, Peña Nieto parecía que hablaba al aire durante la conversación con Trump, hasta que comenzó a explicarle lo que se había hecho con la reforma energética. Según funcionarios presentes, Trump pareció despertarse y volcó su atención a lo que decía Peña Nieto, para concluir que “hay que venderles mucho gas a los mexicanos”.

La participación de las multinacionales con sede en Estados Unidos en la apertura energética mexicana –como Exxon, que hasta diciembre dirigía Rex Tillerson, el actual secretario de Estado–, se ha dado bajo los parámetros empresariales. Trump no ha dado incentivo alguno para fortalecer la relación bilateral ni en ese, ni en ningún otro sector. Al contrario, como es ampliamente conocido, su forma como se ha acercado a México es hostil, grosera y déspota. Igual, según funcionarios mexicanos, a como se ha comportado con el presidente Peña Nieto en privado.

La tolerancia del Gobierno mexicano ha ido modificándose. No llega aún el Gobierno mexicano a dar un manotazo en la mesa, y tampoco se prevé que lo haga públicamente. Pero en forma sutil, cuando varios secretarios de Estado dicen que no están dispuestos a seguir sentados en la mesa si Trump abroga el tratado como una técnica de negociación, y que de darse ese momento la relación en su conjunto sufriría cambios, el mensaje a la Casa Blanca es que la paciencia llegó a su límite. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo tras hablar con Trump el miércoles, que el Presidente de Estados Unidos, que fue ambivalente con él sobre el futuro del tratado, suele tomar decisiones sorpresivas, que representan desafíos ante los cuales hay que estar preparados “para cualquier cosa”. La ruta está clara. La colisión final se acerca. No podemos decir más adelante que no estábamos preparados para este final. Eso, política e históricamente, sería imperdonable.
12 Octubre 2017 04:08:00
Los titiriteros del PAN
La forma como se dirimió la lucha entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya por el poder, se dio en un cuadrilátero tricolor. Anaya salió campante tras la renuncia de Zavala del partido, y la forma como sus más cercanos apoyadores optaron por no seguirle los pasos. Fue una decisión inteligente. Afuera son nada, y dentro pueden conformar una corriente política que busque su espacio de poder. Así son los partidos, y muchos enemigos de Anaya lo entendieron cabalmente. Las cosas no pararán ahí, sin embargo, y no sería extraño que hubiera una purga. No hemos terminado de ver las cosas en el PAN. En alguna medida, porque detrás de varios de los protagonistas del conflicto hay fuerzas superiores que los respaldan. Lo paradójico es que son priistas y se encuentran en la cima del poder.

Anaya tiene el apoyo del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien es uno de los principales consejeros del presidente Enrique Peña Nieto. La relación entre ellos data del Pacto por México, del que Videgaray fue el arquitecto principal –junto con el actual secretario de Educación, Aurelio Nuño–, y trabajó con el líder del PAN para que las reformas de Peña Nieto, con la excepción de la fiscal, pasaran con el voto azul. Anaya tiene en Videgaray a su principal aliado en el equipo compacto del Presidente, aunque no le alcanzó para hablar con Peña Nieto después de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, en donde el entendimiento que tenían los dos se rompió.

Peña Nieto dejó de creer en Anaya, y no fueron pocas las veces que en su intimidad política comentó que lo había traicionado al incumplir acuerdos. Videgaray no ha podido –o querido– restablecer la relación entre los dos, ni logró evitar que el Presidente ordenara atacar a Anaya por todos los flancos. La vanguardia del ataque la lleva el líder del PRI, Enrique Ochoa, pero es desde la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, donde se ha procesado buena parte de la información que los panistas o los órganos de inteligencia financiera del Gobierno han aportado para que sea filtrado a la prensa.

Ante el quiebre de la comunicación con Los Pinos, Anaya se fugó hacia delante, endureciendo su posición crítica contra el Gobierno. En Los Pinos y Bucareli lo mantienen como un blanco a tirar, y se prevé que información comprometedora adicional sobre él termine en los medios. Pero la historia de Anaya y sus apoyos dentro del equipo de Peña Nieto son sólo una cara de lo que sucede en el PAN. Otra cara tiene que ver con la señora Zavala y los apoyos inconfesables que está recibiendo.

El 27 de julio pasado, en este mismo espacio, se reveló someramente la existencia de una relación entre la señora Zavala y el expresidente Carlos Salinas. “Fuera del PRI, de acuerdo con priistas y panistas, ha establecido relación con Margarita Zavala, aspirante a la candidatura azul, y ha estado trabajando con algunos exjerarcas del PRI para ir construyendo una oposición al dedazo de Peña Nieto en la sucesión presidencial”, se apuntó en ese momento dentro de un texto sobre la influencia que ejercía Salinas dentro del Gobierno peñista y sus intenciones para 2018. Zavala desmintió en este espacio la información. “Es totalmente falso”, dijo en una breve conversación telefónica. “No he recibido ningún tipo de respaldo de Salinas”. La relacion es inconfesable, pero es real. A la información originalmente aportada por fuentes priistas y panistas se han añadido nuevos detalles sobre ese respaldo, que incluye el financiamiento de una estructura paralela, cuyos recursos no son fáciles de rastrear hacia ella o hacia Salinas.

No se sabe todavía cómo se dio el encuentro entre Zavala y Salinas, si hubo en efecto necesidad de un téte-a-téte, o quien el articulador de tal respaldo. La señora Zavala había tenido conocimiento de Salinas de primera mano hace años, porque cuando llegó a la Presidencia, pactó con Diego Fernández de Cevallos y Carlos Castillo Pereza –mentor de ella y de su esposo Felipe Calderón–, los jefes reales del PAN en aquellos años para que a cambio de reconocimientos electorales –el primero de varios, la primera Gubernatura del PAN en su historia, en Baja California, que le fue entregada a Ernesto Ruffo contra la oposición del presidente del PRI, Luis Donald Colosio–, apoyarían todo su programa de reconstrucción de la economía hacia un modelo neoliberal.

Fernández de Cevallos sigue siendo un hombre muy cercano a Salinas, como también lo es el senador Roberto Gil, cercano a la dupla Calderón-Zavala. Lo que no está claro, en absoluto, es para quién está jugando el expresidente. Se sabe a quien no desea en Los Pinos, Andrés Manuel López Obrador, quien dice en privado que al expresidente a quien realmente quiere investigar es a Calderón, a quien nunca dejó de llamar “usurpador” durante su sexenio.

Pensar que Salinas está construyendo el Plan B de Peña Nieto para la sucesión presidencial no es algo que cuadre, por las diferencias que tiene con varios miembros de su gabinete y la distancia que tiene hoy en día con Los Pinos. Puede estar jugando sus propias cartas, que hoy, con el rencor de Peña Nieto contra Anaya, se unan intereses electorales en la figura de la señora Zavala, y Salinas, una de las figuras detrás de ella.
11 Octubre 2017 04:08:00
La guerra contra Anaya
Ricardo Anaya, presidente del PAN, suma enemigos todo el tiempo. No es de extrañar. En su sangre corre la traición. Fue desleal con quien le abrió la puerta al servicio público, el exgobernador de Querétaro Francisco Garrido Patrón. Hizo lo mismo con quien le abrió la puerta a la política nacional, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Engañó a Gustavo Madero, quien le heredó la dirigencia del partido. Rompió un acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto, con quien había acordado una alianza de facto para la contienda por la Gubernatura en el Estado de México. Sin límite alguno, el engreído dirigente de la derecha siempre se salió con la suya hasta que con todos los flancos abiertos, sus enemigos se juntaron para aniquilarlo.

Anaya está en proceso de cocimiento en cámara lenta. Abrir la confrontación con Los Pinos, cohesionó a sus enemigos y desató el fuego amigo. Moreno Valle, jugó en contra de Josefina Vázquez Mota, candidata de Anaya en el Estado de México, y contribuyó, neutralizando a panistas en algunos municipios del nororiente mexiquense, para que no ganaran esos distritos. Francisco Domínguez, el Gobernador de Querétaro, contribuyó en la campaña contra su correligionario con documentos sobre las irregularidades en los bienes raíces de Anaya y su familia política, algunos de los que terminaron en la primera plana de El Universal.

La línea ideológica ha sido borrada en el PAN. El objetivo de cuadros importantes en ese partido es enfrentar a Anaya, quien con los recursos que le permitió ser líder y controlar al Consejo Político, ha construido su candidatura presidencial sin dejar de encabezar el partido. No hay impedimento legal para que eso suceda, y la inhibición ética y política está fuera de sus consideraciones. ¿Cómo puede pedir un político reglas claras, justas y equitativas para una contienda presidencial cuando es incapaz de establecerlas para el proceso de selección interna de candidato? Sólo el anayismo lo explica.

La forma como se apoderó del PAN es lo que llevó a Margarita Zavala a renunciar al partido en el que militó 33 años. Si no había apertura en el proceso de selección y dejar que la sociedad, no la militancia, decidiera a su candidato, no habría manera para que ella, Moreno Valle, o cualquiera de los otros aspirantes que se han apuntado, tuvieran posibilidad alguna de arrebatarle la candidatura. La manera sonora como se procesó la salida de la señora Zavala, ayudó a que sus adversarios políticos trataran de debilitar inmediatamente al PAN, que como partido, está en segundo lugar de las preferencias electorales para 2018.

Anaya ha dicho que la salida de Zavala favorece al PRI. Uno podría pensar que al dividirse la derecha, al que beneficia realmente es a Andrés Manuel López Obrador, en el entendido que el PRI del presidente Peña Nieto encabeza un partido conservador que se ubica en el centro derecha de la geometría política. Pero a lo que se refería Anaya, que no lo expuso abiertamente, es a lo que se ha venido deslizando en la prensa política en los últimos días, que con la salida de Zavala se fortalece la posibilidad de que el candidato del PRI a la Presidencia sea el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, miembro del gabinete del presidente Felipe Calderón y con viejas vinculaciones con algunos panistas prominentes, como el senador Ernesto Cordero, porque la alianza de facto con ese grupo sería natural. En el escenario de Anaya no está considerada la posibilidad de que no sea Meade, sino el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o algún otros miembros del gabinete peñista, el candidato para 2018, lo cual haría inviable esa alianza electoral de facto que sugirió el líder panista.

Lo que no admite aún Anaya es que la vileza con la que se ha comportado políticamente, es lo que tiene a todos unidos en su contra. No es un político confiable para muchos de los que han llegado a acuerdos con él, porque su mercurial forma de actuar, sus temores, debilidades, berrinches y enojos súbitos, provocan que su palabra no pueda ser tomada a pie juntillas en un campo, como la política, donde la palabra lo es todo. La amarga experiencia que habían sufrido los panistas durante los años de emergencia de Anaya como político, fue padecida por Peña Nieto tras un acuerdo forjado en Los Pinos sobre la sucesión en el Estado de México.

Anaya incumplió ese acuerdo, y si bien no hubo la alianza con el PRD, atendiendo ese convenio no escrito, comenzó a atacar al Gobierno, al PRI, a Peña Nieto mismo y al candidato Alfredo del Mazo, lo que desató la furia de Los Pinos. La reacción fue inmediata: El Universal publicó una investigación de la PGR en contra de la familia de Vázquez Mota por lavado de dinero. Aunque fue exonerada después, el aviso tuvo acuse de recibo. Anaya elevó más el costo, frenando la agenda legislativa a cambio de la anulación de la elección para la Gubernatura en Coahuila. Quiso volver a negociar con Peña Nieto, e insistentemente pidió una cita con él, pero nunca lo recibió. Sintió el frío.

De la marginación pasó el Gobierno a la acción. Peña Nieto está decidido a acabar con Anaya. ¿Qué saldrá para 2018? Nadie sabe. Lo único claro que tienen en Presidencia es que por ahora, el objetivo para aniquilar es el líder nacional del PAN. De ese tamaño es su problema.
10 Octubre 2017 04:07:00
La renuncia inútil
Tras la renuncia de Margarita Zavala al PAN, desde distintas trincheras aparecieron las voces contra Ricardo Anaya, presidente del partido. El líder del PRI, Enrique Ochoa, dijo que se le estaba desmoronando el partido entre las manos. “Es el inicio del escalamiento de la gran crisis de ese partido”, aseguró el senador Miguel Barbosa, uno de los pivotes de Andrés Manuel López Obrador. Se irán los votos del PAN con ella, y Anaya se quedará con la estructura, sentenció el presidente del Senado, Ernesto Cordero, calderonista distanciado de Margarita Zavala, jefe del grupo antianayista en el Legislativo. Las reacciones son variopinto, pero fallan en el pronóstico de que será la ruptura del PAN. No hay nada en la actualidad que permita suponer que la renuncia quiebre a la derecha e impedirá que el PAN, solo o en alianza, presente una competencia real en las elecciones de 2018.

La renuncia de Zavala ha tenido un impacto mediático desproporcionado por cuanto a su peso dentro del PAN, pero entendible porque durante más de un año ha encabezado a los panistas en las encuestas de preferencia electoral, aunque en realidad lo que registran por ahora es conocimiento de nombre, no preferencia de voto. La presencia de Zavala en la opinión pública, se puede argumentar, está ligada al distinguido papel que hizo como primera dama en el Gobierno de Felipe Calderón, al mismo tiempo de estar en la conversación por los negativos de su esposo el expresidente por su guerra contra las drogas, y a su condición de mujer, que de manera natural genera un atractivo fresco en la escena electoral. 

Pero cuando se le lleva al terreno de las realidades, la señora Zavala está en déficit. Aunque ha sido operadora política del PAN durante dos décadas, nunca ha tenido un cargo popular por el cual haya tenido que ganarse el voto en las calles. No es la persona dulce y de formas suaves, como se le ve en público, sino dura, intolerante en ocasiones, con lo cual no genera lealtades de largo aliento. Equivocadamente se le identifica en tándem con su esposo, porque a muchos se les olvida que son dos entes políticos autónomos que, incluso, han luchado en bandos contrarios, como cuando Calderón impulsó desde Los Pinos a su secretario particular, Roberto Gil, para la presidencia del PAN, mientras Zavala respaldó a Gustavo Madero. Tampoco tiene un apoyo dentro del partido que permita suponer que la escisión viene en camino.

De acuerdo con los conteos extraoficiales sobre el peso de las figuras del PAN dentro del partido, el Consejo Político Nacional lo tiene controlado Anaya, luego de que la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria en enero pasado eligió a sus 300 consejeros nacionales de los cuales, cuando menos 210 responden a los intereses del presidente del partido. Un total de 270 de ellos fueron propuestos en las 31 asambleas municipales –el resto por la Comisión Permanente–, de los que 150 al menos están vinculados con Anaya, cuyo respaldo es tres a uno frente a los consejeros que están ligados a Zavala o a Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, que también aspira a la candidatura presidencial. 

Cuando se hace una mayor desagregación, el respaldo a nivel nacional no lo tiene Zavala, sino que las lealtades, aunque repartidas entre tres, favorecen a Anaya. En 14 entidades, que incluyen a Jalisco y Veracruz, dos de los estados con mayor pesos electoral en el país, se reparten consejeros Anaya y Zavala, aunque en el primero, el poder de la oposición lo tiene Movimiento Ciudadano, que respalda al líder panista. Al menos ocho entidades, entre las que se encuentran la Ciudad de México, Guanajuato y Nuevo León, que están dentro de las seis entidades con mayor número de electores, responden a Anaya, mientras que tres, incluida Puebla, que también se encuentra en ese grupo de semillero de votantes, están con Moreno Valle. En el resto de las entidades, el panismo es prácticamente irrelevante.

Este es el fondo de la renuncia de Zavala, la imposibilidad de poder ganar, sin la decisión de Anaya de abrir el proceso y entregar el control político de poco más de seis de cada 10 puestos en el Consejo. El poder no se comparte, y es lo que hizo Anaya, provocando la salida de Zavala. Sin embargo, pensar que vendrá la diáspora, es un error. Varios de los más fuertes críticos de Anaya, como los senadores Gil y Javier Lozano, que está jugando el 2018 con Moreno Valle, dijeron que no se van. Cordero tampoco, e inclusive la senadora Mariana Gómez del Campo, prima de Zavala, aún no toma la decisión. 

No se prevé ninguna desbandada, ni una crisis tan profunda en el PAN como la que provocó la Corriente Crítica del PRI en 1987, cuando un grupo encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez –en ese bloque se ubicaba discreto Andrés Manuel López Obrador– rompió con el PRI por no abrir, precisamente, el proceso de selección del candidato presidencial. De ese grupo surgió la candidatura de Cárdenas en 1988 que, aunque perdió ante Carlos Salinas, colocó los primeros ladrillos para una izquierda competitiva en el país. 

Miles de priistas se fueron del partido a una opción diferente a lo planteado por el régimen. No se ve cómo Margarita Zavala encabezaría un movimiento de tales alcances que, además, no anticipa una ruptura con el régimen. Hoy su renuncia parece inútil, salvo para mantener su dignidad. Dependerá de ella darle un sentido de largo aliento.
09 Octubre 2017 04:07:00
Las razones de Margarita
Cuando el jueves pasado Margarita Zavala anunció que al día siguiente establecería su posición sobre las versiones periodísticas que anticipaban su renuncia al PAN, llevaba 24 horas que ya lo había decidido. El miércoles tuvo una reunión en su cuarto de guerra donde evaluaron el resultado de un encuentro en la víspera, con el presidente del partido, Ricardo Anaya, donde una vez más, le dijo que no habría ningún proceso interno para definir la candidatura presidencial del PAN, sino que se procesaría a través del método que establecieran dentro del Frente Ciudadano por México, el bloque opositor compuesto por el PAN –o al menos sus liderazgos–, el PRD y Movimiento Ciudadano. Con esa respuesta, de acuerdo con personas que conocen el proceso de decisión que tomó Margarita Zavala, planteó a su equipo más cercano comenzar de cero.

La reunión entre Zavala y Anaya había tenido como preámbulo la difusión de una carta el domingo por la noche firmada por ella, el exgobernador de Puebla, el panista Rafael Moreno Valle y el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, en donde pedían al Frente que el método de selección de candidato de esa eventual coalición electoral se diera mediante una consulta abierta a la ciudadanía. El trasfondo de esa demanda buscaba que se hiciera de lado la propuesta de tres encuestas a sus militancias de donde quien resultara mejor evaluado fuera el candidato de unidad para 2018, para evitar que las estructuras de los partidos, en las cuales carecen de fuerza, los anularan.

Los líderes del Frente rechazaron la propuesta. A Zavala se le acababa el tiempo. “Se acercaba la fecha de vencimiento para registrar independientes y le dijeron que todavía no había decisión sobre los mecanismo”, dijo una de las personas que mejor conocen el proceso de su salida. “Lo hacían para que no se registrara y se quedara sin nada”. Anaya nunca fue receptivo. Incluso, cuando días antes de dar a conocer la carta buscaron Zavala, Moreno Valle y Aureoles que la firmara el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Anaya y el presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, le pidieron a Miguel Ángel Mancera que no lo hiciera. De cualquier forma, no la iba a suscribir, pues de hacerlo habría mandado un mensaje contradictorio a su declaración que por ahora, lo único en lo que estaba concentrado era en la emergencia por el sismo del 19 de septiembre.

El diferendo entre Zavala y Anaya no había comenzado por su participación en el Frente, sino a que estaba construyendo su candidatura presidencial desde la presidencia del partido, lo que consideraban sus críticos que era una competencia desigual, y a la forma como fue tratada por los panistas cercanos al líder del partido durante meses. Esto quedó de manifiesto en el mensaje que escribió la señora Zavala el viernes a las 13:10 horas, una hora exacta antes de que Fernanda Caso, la coordinadora de su equipo de campaña, entregara la carta de renuncia en el PAN. “Llevo dos años buscando diálogo”, escribió en respuesta a Anaya, que le pidió que no renunciara. “La división del PAN es tu responsabilidad, eres el presidente del partido. Ya hablaremos”.

La oferta era retórica. La negativa de Anaya a abrir el proceso de selección de candidato la dejó con sólo dos opciones: renunciar o someterse a un proceso que, de antemano, sabría que perdería. Anaya tiene el control de todos los órganos del partido, que aprueban o rechazaran las propuestas de su presidente. “Ella seguía arriba en las encuestas”, dijo la persona que siguió el proceso. “Si hubiera ido abajo, por supuesto que ni hubiese pensado en irse, pero se le hacía tremendamente injusto lo que le hacían”.

El miércoles, Zavala se reunió con su equipo más cercano para discutir las alternativas. Parecía ocioso, pero aún así lo platicó con Jorge Camacho, su coordinador de campaña; Fausto Barajas, secretario técnico del gabinete de Infraestructura del presidente Felipe Calderón y más adelante subsecretario de Comunicaciones y Transportes, que dirige la Fundación Desarrollo Humano Sustentable que preside el exmandatario; su vocero Fernando Morales y Caso, que es miembro de Casa Sobre la Roca, la organización de corte cristiano dirigida por Rosi Orozco, quien junto con su esposo ayudó a generarle apoyos en el sector evangélico a Calderón durante su campaña presidencial.

Zavala, quien todo el tiempo mantuvo la discusión y reflexión con su esposo el expresidente, y su hermano Juan Ignacio, también habló con el grupo de exgobernadores que la han respaldado desde que hizo formal su intención de buscar la candidatura, entre los que se encuentran Fernando Canales Clariond de Nuevo León, Alberto Cárdenas de Jalisco, Marcelo de los Santos de San Luis Potosí, Alejandro González Alcocer y José Guadalupe Osuna de Baja California. Era el epílogo de un proceso de semanas, donde según una de sus más cercanos, “le cerraban las puertas” por todos lados. En Guanajuato, por ejemplo, el gobernador Miguel Márquez, que había mostrado afinidad por ella, prohibió a los diputados locales ir a un evento de ella. En otros estados panistas le cancelaron visitas intempestivamente.

La última plática con Anaya el martes, de acuerdo con uno de los que conocieron todas las tribulaciones, “le dio la certeza de irse”. “Preferible perder sola, que ser víctima de una mofa y de una canallada. Y se fue”. Margarita Zavala presentó su renuncia. Buscará una candidatura independiente y a comenzar de cero.
06 Octubre 2017 04:08:00
El lado oscuro del separatismo
Cataluña se revuelve entre los vientos separatistas y la rebelión incipiente. Un referéndum ilegal, según los tribunales españoles, por ignorar la indivisibilidad de esa comunidad autonómica de España, provocó una crisis constitucional y actos de represión contra los catalanes que votaron por la autodeterminación de lo que consideran su nación. El espíritu separatista español no es cosa nueva. Es un sueño desde que se fundó el movimiento político Estat Catalá en 1922 y que se enfrentó a Francisco Franco durante sus 36 años de dictadura. 

Franco nunca pisó Cataluña, la única región española cuyo activismo impidió una visita del dictador, donde la política y la cultura se nutrieron entre la desobediencia y el desafío permanente a la Guardia Civil, que alcanzaba su mejor expresión cuando miles de catalanes asistían a los conciertos clandestinos de Lluís Llach. La resistencia no usaba la violencia de ETA en el País Vasco –donde vacacionaba Franco todos los veranos–, por lo que la guerrilla de Terra Lliure, nunca fue una opción para la independencia. 

Lo que vive Cataluña estos días anima a muchos en el mundo, que ven en su lucha por autodeterminación el quiebre de las monarquías trasnochadas. Para otros, la separación de España no se mide en términos de régimen político, sino ideológicos. La discusión es compleja porque ambas partes tienen sus razones, pero se llena de ansiedades cuando se incorpora la variable económica: ¿qué sucedería con una Cataluña independiente? Si ello sucediera, España entraría en una crisis, Cataluña como consecuencia y no menos la Unión Europea, al entrar en un periodo de turbulencia económica y desestabilización. El enredado tema podría ilustrarse a través de lo que enfrentaría el Futbol Club Barcelona, que no es sólo uno de los grandes equipos del mundo, sino de los de mayor valor. 

De acuerdo con Forbes, es el segundo equipo con mayor valor en el mundo. Su valor estimado es de 3 mil 635 millones de dólares. Ocupa el cuarto lugar general en las franquicias más valiosas, detrás de los Dallas Cowboys, los Yankees de Nueva York y el Manchester United, el gran equipo del futbol inglés. Y como marca, un estudio del Global Intangible Financial Tracker en 2016 lo ubicó en el tercer lugar del mundo, con un valor de 993 millones de dólares, sólo superado por el Real Madrid y por el Manchester United. 

El Barsa obtiene por derechos de transmisión de sus juegos mil 69 millones de dólares, y por la venta de las camisetas de sus estrellas y el mercadeo gana otros mil 388 millones. Si se declara independiente Cataluña, el Barsa se vuelve paria. Dejaría de jugar en la liga de futbol español y no tendría espacio en los torneos internacionales, porque representaría a un estado que nadie reconoce. Su taquilla anual de casi 600 millones de dólares se esfumaría, al dejar de enfrentar a equipos de talla mundial. Sus grandes estrellas extranjeras, como Leonel Messi o Luis Suárez, posiblemente tendrían que dejar al equipo, porque no habría dinero para pagar sus salarios, porque Cataluña no tendría ingresos de divisas, y posiblemente se desplomaría su economía. Pero aún si tuviera euros o dólares, ¿les interesaría a sus jugadores estelares estar en un equipo que no tiene proyección?

Barcelona tiene una economía poderosa de la talla de Dinamarca o Finlandia, que ayuda a subsidiar una buena parte de España. Aunque tiene el 16% de la población, contribuye con el 20% del PIB nacional, derivado principalmente de sus exportaciones manufactureras e industriales. ¿A quién le vendería? Cataluña no sería, cuando menos en los primeros meses, una nación legalmente establecida, por lo que estaría fuera del comercio mundial. Pero también, como receptora de una de cada tres inversiones en España, se desinhibiría la llegada de nuevos capitales y, según los expertos, vendría una desinversión. Cataluña está fuertemente endeudada, y su capacidad de crédito fue reducida el año pasado por Moody’s y Standard and Poor. La separación añadiría presiones para el pago de la deuda y arrastraría invariablemente a España, que estaría muy debilitada. Aunque permanecería como la cuarta economía de la eurozona, detrás de Alemania, Francia e Italia, su capacidad económica se vería reducida. 

Los mercados ya castigaron a los bancos catalanes por la eventual declaración de independencia. El Ibex perdió 2.9%, en la mayor caída en un día desde el Brexit el miércoles, y se recuperó el jueves tras los anuncios de que varias empresas estaban moviendo sus sedes de Barcelona. Oryzon Genomics, que se dedica a la biotecnología, transfirió su dirección fiscal a Madrid, y sus acciones ganaron 20%, reflejando lo que piensan los mercados. Eurona Telecom hizo lo mismo y sus acciones subieron 7.4%. Sabadell ya dijo que se irá a Alicante y su acción subió 6.6%. La pura sugerencia de Caixabank que seguiría ese camino, elevó en más de 4% sus acciones.

Hay temores de una fuga de capitales por lo luminoso que está resultando la oscuridad del separatismo. El Barsa, una de las grandes instituciones afectadas, ya pidió una solución pactada a la situación política actual. Eso quisieran muchos, pero quienes deberían de ser los protagonistas, el rey Felipe VI, el presidente del gobierno Mariano Rajoy, y el presidente del gobierno catalán, Carles Puidgemont, están en otra cosa: la confrontación.

Nota: El presidente del Senado, Ernesto Cordero, reconfirmó, en relación con la columna de este jueves sobre el voto que aprobó la reelección del presidente del Ifetel, Gabriel Contreras, que no hubo irregularidad alguna en el proceso.
05 Octubre 2017 04:08:00
La adjudicación apestosa
El contexto en el que se realizó la votación en el Senado, donde el martes se reeligió Gabriel Contreras como presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, resultó ad-hoc al personaje. El senador del Partido Verde, Gerardo Flores, y funcionarios de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Senado, rellenaron una de las urnas de donde se estaban contabilizando los votos, lo que desató un escándalo. Hubo discusión sobre la irregularidad, pero al final, con el apoyo del PRI y el Verde, Contreras obtuvo 81 votos para amarrar un nuevo periodo de cuatro años. Su designación fue bien recibida en algunos sectores de la industria, pero el trabajo de Contreras no parece ser ni impoluto, ni tan ajeno a los intereses del Gobierno.

El último episodio que lleva a esta conjetura fue el 14 de julio, cuando el Ifetel resolvió la adjudicación de dos estaciones de FM que migraron de AM. Al difundirse los lineamientos de migración para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, sólo se publicaron dos frecuencias sin explicación sobre las otras cuatro que también debían haber sido concursadas, que establecían como criterio para la adjudicación: en primer lugar, a concesiones del gobierno federal; en segundo, a concesionarios que no tuvieran frecuencia de FM en la localidad; y en tercero, a quienes ya contaran con frecuencias en la localidad.

La primera resolución, aprobada durante una sesión del Ifetel, le otorgó una frecuencia, como lo establecía el orden de prioridades de los lineamientos, a la Secretaría de Educación Pública. La segunda fue para la empresa XEFAJ S.A. de C.V., concesionaria de la estación XEINFO-AM. De acuerdo con fuentes de la industria, el debate entre los consejeros en la sesión se incendió por este caso. Según las versiones estenográficas de la sesión, el comisionado Javier Juárez, el jefe de la unidad de Asuntos Jurídicos, Carlos Silva, y el jefe de la Unidad de Concesiones y Servicios, Rafael Eslava, argumentaron que no se podía realizar una asignación directa a XEFAJ S.A. de C.V., y que, de acuerdo con la norma en el caso de irregularidades de quien ganara la licitación, tendría que sortearse.

Su posición golpeaba directamente las decisiones que estaba tomando Contreras, quien presionó y manipuló a otros consejeros para que respaldaran su iniciativa de asignar directamente esa frecuencia a XEFAJ S.A. de C.V., pese a que no era una empresa económica individual, y tenía vínculos comerciales y legales con dos grupos radiofónicos que tenían frecuencias FM en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Estos grupos, cuya presencia violentaba el proceso, son Radio Centro, cuyo presidente es Francisco Aguirre, y Siete Nacional, de Javier Sánchez Campuzano.

Pero si de sí el proceso impulsado por Contreras en el seno del Ifetel era un escándalo por la violación de la normatividad, la adjudicación directa a XEFAJ S.A. de C.V. era aún más indecente. La empresa es propiedad de un cercano amigo del presidente Enrique Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera, el empresario Eduardo Henkel, quien junto con sus hermanos, son dueños del Grupo Bavaria, que manejan desde hace años las marcas Rolls Royce, BMW y Mini. Como anécdota, Henkel se mueve en la Ciudad de México a bordo de un Rolls Royce Ghost azul índigo con franjas plateadas. Henkel, quien no tiene la radiodifusión como su core business, entró en el sector cuando José Gutiérrez Vivó, tras un largo litigio con Aguirre, el presidente de Radio Centro, entregó en 2008 A Henkel, como pago a un préstamo de tres millones de dólares, la estación XEINFO-AM.

De haber concursado Henkel de manera autónoma, la adjudicación, aunque muy probablemente cuestionada por su inexperiencia en el campo, habría estado dentro de la normatividad. Pero no fue así. Tras el pago de Gutiérrez Vivó, XEINFO-AM estuvo fuera del aire casi cinco años, hasta que Aguirre la relanzó a través de la infraestructura de Radio Centro.

Este grupo, uno de los principales del país, junto con Grupo Siete Nacional, tienen participación en XEINFO-AM, y de haber transparentado el vínculo ante el Ifetel, según fuentes de la industria, jamás habría recibido la migración a FM por asignación directa. Contreras tampoco admitió los alegatos que mostraban las violaciones a la normatividad del grupo que buscó la segunda frecuencia de FM, que vulneró también los lineamientos del concurso.

No hay explicación alguna por parte del Ifetel, al igual que no haber licitado las otras cuatro frecuencias que establecía la ley, del porqué se benefició a XEFAJ S.A. de C.V., cuando violaba los lineamientos establecidos por el mismo Ifetel. Esa estación había sido absorbida por Radio Centro, en cuyas instalaciones se encuentran las oficinas, los estudios y la planta de transmisión de la radio de Henkel.

Más aún, XEFAJ S.A. de C.V. tiene registrado como su domicilio legal, desde antes de obtener la migración a FM, la misma dirección del Grupo Radio Centro, y tienen a la misma persona como apoderado.

La adjudicación directa a XEFAJ S.A. de C.V. tendría que ser motivo de una investigación del Ifetel para encontrar las razones de fondo de entregarle la FM a un amigo del presidente. De acuerdo con fuentes de la industria, cabe la posibilidad de que si se demuestra que XEFAJ S.A. de C.V. ocultó los vínculos con Radio Centro y Siete Nacional, no sólo podría haber consecuencias del orden administrativo, sino penal en contra de Henkel y sus representantes. Igual podría suceder con los comisionados del Ifetel si se demuestra que el proceso de esta nueva FM, estuvo amañado.
04 Octubre 2017 04:08:00
19S: los millenials
El sismo del 19 de septiembre le ha dado a una generación que se sabía existía, pero no hacia dónde se dirigía, su razón de ser. La sacudida telúrica la agitó socialmente. La tragedia galvanizó.

Detonó una necesidad de hacer algo por quienes probablemente en muchos casos ignoraban antes, y concretar algo que trascienda. El sismo, como escribió Diego Petersen en El Informador de Guadalajara este lunes, “activó políticamente a una generación que pensábamos era ajena a la cosa pública”. Estos jóvenes de clases medias y altas, descritas por Petersen como apáticos, indolentes y hedonistas, demostraron ser capaces de organizarse y organizar.

Los millenials, como se conoce a los menores de 30 años, egocéntricos, muy listos y preparados académicamente que nacieron bajo el paraguas de la prosperidad económica, como los silueteó en 2012 Valerio Moreno en el diario monarquista español ABC, tiene el conocimiento y recursos tecnológicos de la generación rupturista del ’68 que tanto hizo por acelerar el desgaste del sistema político y abrirle la puerta a sangre y balas a la democracia, y la capacidad de organización de la que carecieron los jóvenes de la sociedad civil de 1985, de la cual el sistema co-optó a sus líderes y los incorporó a la política. Esta generación tiene urticaria por los políticos y, por definición, se separan lo que más pueden de ellos.

El sismo del 19 de septiembre produjo un despertar inesperado entre ellos que no se quedó en la solidaridad del corto plazo. En las dos últimas semanas, los millenials comenzaron a construir un andamiaje que sus pares generacionales, en su momento, ni tuvieron ni se imaginaron. Existe un despertar inesperado donde grupos de jóvenes que iban construyendo sus proyectos con vocación social y sustentable, tomaron el sismo para potenciarlos mediante nuevos sistemas de organización, integrando profesionales en crowfunding, que es una práctica para financiar proyectos mediante contribuciones de un amplio número de personas, o expertos en trabajo social con comunidades. Otros fundaron organizaciones en donde empíricamente siguieron ese camino y, por ejemplo en un caso, en menos de siete días recolectaron fondos y manos para reconstruir –ya empezaron- 25 casas en una comunidad totalmente abandonada por la autoridad.

Lo que no saben lo investigan y reclutan a quien tenga la experiencia para llevar a cabo lo que pretenden, pero bajo un principio ético y político: transparencia y rendición de cuentas. Para muchos de esa generación, esto se encuentra en las antípodas de lo que hacen los gobiernos. Son apartidistas y su principal motivación es construir algo que perdure, fuera de los causes institucionales. Su actitud evoca –quizás casuísticamente– las ideas del sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman –que murió en enero pasado–, quien construyó el concepto de Modernidad Líquida, que busca el cambio dentro de la vida social moderna.

Para Bauman, el cambio es permanente, e incluye la desaparición o transformación de las estructuras actuales, pero no porque necesariamente esas moles organizacionales hayan dejado de ser funcionales, sino por la insatisfacción de esa generación con su rigidez, lo que recuerda la lucha contra el status quo de la generación del 68, irreverente, beligerante, inconforme e innovadora. El cambio que diagnosticó Bauman camina hacia sistemas de organización flexibles, en entidades sociales flexibles, que se oponen a lo estático y complaciente en un andamiaje que resulta, bajo la perspectiva de Bauman de las nuevas dinámicas de equilibrio, en algo obsoleto. De muchas maneras es lo que se está apreciando con las nuevas formas de organización emprendidas por los millenials que puedan ser, en el concepto del pensador polaco, una estructura social que pueda ser auto corrector del sistema que restablezca el equilibrio.

Esta elasticidad y hererogeneidad permite que las organizaciones y las instituciones puedan cambiar, a través de los esfuerzos intencionales para modificarlos, explica Bauman, y por el efecto cumulativo del comportamiento de agentes sociales. Los millenials son los agentes sociales que despertaron tras el sismo del 19 de septiembre y cuyo trabajo puede modificar las estructuras rígidas sobre las que operan las organizaciones e instituciones del régimen, de mantenerse el rumbo iniciado por esa generación. Por el momento, el planteamiento que tienen es social, organizarse y organizar a segmentos de la sociedad para que de la tragedia renazcan y se reinventen, como esta generación está aprovechando la coyuntura para hacer lo propio.

A dónde irán después, probablemente no lo saben o ni se lo han planteado los millenials. Petersen, sin embargo, reflexiona en El Informador sobre la influencia que puedan tener en la elección presidencial del próximo año. “Los jóvenes entre 18 y 30 años son mayoría en el padrón electoral”, recuerda Petersen. “Aunque esto ha sido desde hace décadas así, por una cuestión de pirámide generacional, los jóvenes son tradicionalmente los más apáticos en las elecciones, quienes menos votan y quienes menos se entusiasman. Por supuesto que en cada generación han existido grandes excepciones, pero hasta ahora, los menores de 30 no se han decidido a inclinar la balanza”.

La observación es relevante. Todos los aspirantes a la candidatura presidencial, apunta Petersen, representan el fracaso de la política nacional. A ellos no les importa hacer política, aunque sus acciones sean eminentemente políticas. ¿Cuánto tardarán en trasladar su energía social detrás de un proyecto político? Cuando se den cuenta que su proyecto de país puede ser concretado con líderes que los escuchen y actúen en consecuencia. El campo es fértil en ese grupo de electores que puede definir la elección presidencial, para quien quiera ponerse a la altura de lo que dejó el 19 de septiembre.
03 Octubre 2017 04:07:00
19S: el hartazgo
En su cuenta de Twitter, @Dolorcillo publicó el domingo la fotografía de una perra labradora cuyo hocico estaba tratando de meter una tarjeta bancaria en un cajero automático. La fotografía pretendía probablemente ilustrar uno de los tantos momentos curiosos o insólitos que suceden cotidianamente, pero @Dolorcillo, que tiene la respetable cantidad de más de 245 mil seguidores, escribió con cruel sagacidad: “Captaron a Frida cobrando todo lo que le pagó el PRI para distraer al pueblo”. Se refería a “Frida”, la perra labradora de 6 años de la Marina, a la que acreditan el rescate de 52 personas de entre los escombros que dejó el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, y que durante 10 días ha sido protagonista en los medios de comunicación mexicanos e internacionales. El heroísmo de un animal entrenado para salvar vidas, hoy sujeto de descalificación y politización de la vida pública mexicana.

No hay filtros, ni tampoco límites. Se vio en la respuesta ciudadana ante los sismos. Escasas 72 horas después de volcarse en apoyo para quienes se habían quedado sin patrimonio ni qué comer, la enjundia se detuvo y reorientó su energía. Los centros de acopio federales y del Gobierno de la Ciudad de México dejaron de recibir aportaciones, mientras surgían nuevas formas de organización ciudadana que mantuvieron las tareas de apoyo y reconstrucción de manera privada, que después de su primera reacción sanguínea regresaron a la incredulidad en las instituciones. La Marina, la institución mejor calificada por los mexicanos, pagó el costo por la invención de la niña “Frida Sofía”, y las críticas en su contra en las redes sociales. Una encuesta difundida la semana pasada por GEA-ISA, reveló que el 40% de los mexicanos obtuvo su información, precisamente, en las redes sociales.

La encuesta reportó que sólo el 17% de los mexicanos en las seis entidades más afectadas por los sismos, reconocían el trabajo de marinos y soldados en los sismos, aunque jugaron un papel central en las tareas de rescate y de apoyo en los albergues. Todo lo que era oficial terminó apestando. El estudio mostró las contradicciones del momento mexicano al preguntar sobre cómo se calificaba la forma como el presidente Enrique Peña Nieto respondió a la emergencia. El 53% dijo que había sido “buena” y el 3% que había sido “muy buena”, contra el 32% que la calificó de “mala” y 10% “muy mala”. Pero cuando le preguntaron a los entrevistados si su intervención había cambiado su percepción sobre su Gobierno, seis de cada 10 dijeron que su opinión, que es mala, no había cambiado en absoluto.

No importa lo que se haga, el resultado final no es positivo para el Gobierno. Peña Nieto ha dicho coloquialmente que nada satisface a los mexicanos y que no importa lo que haga, la valoración será negativa. Todo apunta a que esa afirmación lo perseguirá hasta el final de su Gobierno. La pregunta es si obedece a una mala percepción que existe sobre su Gobierno, o es algo más profundo. Quizás es la combinación de los factores. Las nuevas organizaciones sociales que están surgiendo estos días tienen como eje la transparencia. Les preocupa la opacidad y les interesa que todo lo que hagan quede registrado en forma pública para que se realice la rendición de cuentas sin restricción alguna. Aunque ese discurso abunda en la arena pública, no es algo que se aplique. Al contrario.

El hartazgo que se ha visto en las dos últimas semanas con las instituciones, y en particular los gobiernos, no es resultado de una coyuntura o de un momento específico. El Índice de Competitividad del Foro Mundial Económico, que coloca a México en el lugar 51 de 137 economías analizadas, lo evalúa de manera más negativa en otras variables clave, como es la fortaleza de sus instituciones. En este capítulo lo sitúa en el lugar 127, que ayuda a entender el porqué fue tan acelerada la forma como la sociedad comenzó a dudar, criticar y reaccionar preventivamente contra los gobiernos en los primeros días del sismo.

El Gobierno de Peña Nieto no ha revertido esa tendencia durante el sexenio. De hecho, la ha profundizado. El año pasado, el índice tenía a México en el lugar 116; es decir, cayó 10 lugares. El año previo se ubicó en el lugar 109; o sea, perdió siete lugares entre 2015 y 2016, y 18 entre 2015 y 2017. Más grave es cuando se ve en qué lugar entregó el país el presidente Felipe Calderón a Peña Nieto: 92. Bajo Peña Nieto, la caída en la fortaleza de las instituciones ha sido de 25 lugares. Si las instituciones han perdido credibilidad, fuerza y valor para los ciudadanos, ¿por qué su reacción durante los sismos tendría que ser diferente?

La descomposición del Gobierno, ante la cara de la sociedad, es mayor por la creciente percepción de que la Administración de Peña Nieto ha sido obscena en corrupción. En cinco años de Gobierno, de acuerdo con el mismo índice, la percepción sobre la corrupción en el peñismo es casi 25% mayor que la que había durante el calderonismo.

Corruptos, ladrones e impunes, parece ser la sentencia. ¿Puede haber un cóctel más explosivo? Frente a la percepción ciudadana no hay antídotos, como acciones que neutralicen y reviertan los patrones que se están viendo. Por eso se entiende que el mensaje de @Dolorcillo en Twitter no sea una ironía, sino la síntesis del hartazgo ciudadano.
02 Octubre 2017 04:00:00
Los secretos de Anaya
La temeridad y rápidos reflejos para el contraataque le han permitido a Ricardo Anaya enfrentar durante casi un año las denuncias sobre el origen de su fortuna, y evitar que los señalamientos sobre sus actividades empresariales que sugieren conflictos de interés, no lo aplasten como político, ni ponga en etapa terminal su ambición por la candidatura presidencial. Anaya ha cuestionado la solidez de las denuncias en su contra, sin aportar información clara que las contrarresten. A los documentos los refuta con retórica y niega de manera las extrañas operaciones financieras que le adjudican. La realidad es que su comportamiento se sale de los parámetros de la normalidad.

La última, una investigación de El Universal sobre la operación de compra y venta de una nave industrial en Querétaro por 54 millones de pesos propiedad de él y la familia de su esposa Carolina Martínez Franco, se congeló ante el sismo del 19 de septiembre. Pero esa revelación no es un tema menor. Mostró un esquema que utilizan quienes lavan dinero. Anaya se dice inocente de cualquier imputación, y no hay ninguna investigación federal que se sepa que esté revisando lo que la prensa ha denunciado. No obstante la tibieza de la autoridad para iniciar una investigación que lo deslinde o lo impute, cada vez surge más información sobre movimientos financieros de él y su familia, que dejan muchas preguntas abiertas.

Hay acciones tomadas por Anaya y su esposa extrañas, como el que durante los casi tres años que envió a familia a vivir a Atlanta, hayan usado sistemáticamente dinero en efectivo, con lo cual no hay rastro de su dinero de sus operaciones y, por tanto, del origen de los recursos. Su esposa pagó casi siempre con efectivo o con tarjetas de débito pre-pagadas. No utilizaba tarjetas de crédito, y tampoco tenía cuentas bancarias. Utilizaba órdenes de pago (money orders), y en el extremo del cuidado, no acudía casi nunca a realizar operaciones en los cajeros automáticos. Este patrón habla de un método seguido a pie juntillas para no dejar rastro de cuánto dinero requerían para la manutención familiar.

Todo lo que tenía que ver con su alimentación, la de sus tres hijos y la del propio Anaya cuando los visitaba el fin de semana en Atlanta, se compraba sin dejar rastro en el sistema financiero. Sus compras en supermercados eran realizadas con dinero en efectivo, money orders y tarjetas de crédito pre-pagadas que no tienen registrado el nombre del consumidor, así también la ropa de todos y los cosméticos de la señora Martínez Franco. Las compras en efectivo no suelen ser comunes en Estados Unidos, pero es el patrón que siguió la familia Anaya en Estados Unidos.

De esta forma se pudieron esconder los gastos realizados como, por citar un ejemplo, el esparcimiento de la familia y algunas compras de bolsas finas entre octubre del año pasado y enero. Solamente en ese periodo, de acuerdo con personas que conocieron de las acciones de la señora Martínez Franco, adquirió ocho tarjetas pre-pagadas por un valor total aproximado de 3 mil 500 dólares, que fueron utilizadas para la compra de ropa costosa en Burberry y BCGB Maxazria, bolsas en Tory Burch, perfumería en Sephora, y el divertimento de sus tres hijos en parques de recreaciones.

La utilización per se de dinero en efectivo y tarjetas pre-pagadas no constituye ningún delito. Fue el método utilizado por la familia Anaya para impedir, se puede argumentar, que sus gastos en Estados Unidos fueran transparentes y pudieran ser analizados y cotejados con sus ingresos declarados. De acuerdo con las personas que conocen sus operaciones, este método comenzó a utilizarse después de que en octubre y noviembre pasados la prensa documentó la frecuencia de viajes de Anaya a Atlanta, y realizó una estimación del costo de vida de su familia en aquella ciudad de Georgia.

Según los cálculos, el costo de los viajes y la manutención de la familia de Anaya ascendía a un total entre 10 millones y medio y 14 millones y medio de pesos al año, lo que generó un escándalo porque en su declaración 3de3 reportó que sus ingresos anuales fueron de un millón 158 mil pesos y los de su esposa un millón 503 mil pesos, notoriamente inferiores a lo estimado de su gasto en Atlanta.

Anaya se defendió cuando aparecieron aquellas denuncias, y dijo que su patrimonio era producto de su trabajo, del de su esposa y de las tres generaciones de su familia. Cuando se le acusó de omitir en su declaración la información sobre los ingresos que había obtenido como accionista de dos compañías en 2014, solicitó al Instituto Mexicano para la Competitividad y a Transparencia Mexicana, que elaboran la declaración 3de3, si había incurrido en alguna omisión. La respuesta fue que no tenía obligación de incluir a otras personas en su declaración patrimonial.

Anaya ha ido sorteando todos los obstáculos que la rendición de cuentas le exige. Utiliza muy eficientemente la esgrima verbal para atajar las denuncias y críticas y no va dejando cabos sueltos, como el dejar de utilizar el sistema bancario y financiero para ocultar sus gastos. Una vez más hay que insistir que usar efectivo o instrumentos que no dejan huella no es un delito, pero sí impide una revisión sobre el origen de los recursos. En este sentido, pueden ser de procedencia ilícita o evasión de impuestos. Anaya se dice inocente lo que, de ser cierto, lleva a la pregunta de por qué hacer cosas buenas que parecen malas.
29 Septiembre 2017 04:08:00
Septiembre negro
Dos palabras formarán en breve parte del lenguaje cotidiano de los mexicanos: reconstrucción y resiliencia. Las dos tienen que ver con la reacción de miles de mexicanos ante los sismos que golpearon el centro y el sur del país durante este septiembre negro, y el llamado a la acción que escucharon los empresarios en voz del presidente Enrique Peña Nieto para que acudieran a apoyar a quienes menos tienen. La resiliencia se refiere a la capacidad del individuo, pese al estrés agudo en el que se encuentre, para enfrentar la adversidad y los cambios drásticos ante las tragedias, los traumas o las amenazas. Pero esto es sólo su primera capa. La segunda tiene que ver con la resiliencia organizacional, que permite un sistema sustentable para el futuro y la viabilidad de una sociedad.

La primera capa es la que se vio espontáneamente en las comunidades de Oaxaca y Chiapas, o en la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde corrió la ciudadanía a ayudar a sus pares en desgracia. La segunda es lo que se anunció formalmente este miércoles en Los Pinos con el fideicomiso denominado Fuerza México, mediante el cual la iniciativa privada recaudará fondos para apoyar a los damnificados y a la reconstrucción. Hay una tercera capa, que es el compromiso público y político para arropar a las dos primeras, que aún no toma un cuerpo claro en México, pero que en su actual estado de gestación, enseña síntomas de que hay un sector de mexicanos que quieren descarrilar todos los esfuerzos nacionales.

La resiliencia de la sociedad ha sido ampliamente reconocida en el mundo, y documentada con detalle por los medios de comunicación mexicanos. Pero la sociedad sola, pese al extraordinario esfuerzo realizado, es insuficiente. La locomotora institucional tenía que entrar al apoyo. Se hizo desde las primeras horas tras el sismo, cuando en la Secretaría de Hacienda se analizaron diversas alternativas para poder enfrentar lo que vendría: la reconstrucción. Esta fase es larga. En Japón, una de las siete economías más fuertes del mundo, aún no terminan la reconstrucción que dejó un sismo de 9 grados en la escala de Richter hace seis años, que provocó un tsunami que mató a 20 mil personas, barrió comunidades y produjo un accidente nuclear en Fukushima. Pero también es la que más tensión genera y resquebraja a las sociedades.

La idea de crear un fideicomiso administrado y vigilado por el sector privado surgió como una respuesta inmediata que acompañara la reorientación presupuestal que se hará en los próximos meses para hacer frente a los costos por reparación de los daños, que preliminarmente se calculan en 38 mil millones de pesos.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en doble comunicación diaria con Peña Nieto, armó el fideicomiso con el sector empresarial. El sábado pasado se abrió la ventanilla para la recaudación de fondos en Nacional Financiera, y el lunes, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lo anunció.

El primer día entraron 8 mil pesos, procedentes de envíos no mayores de 50 años procedentes de Estados Unidos. Al tercero, antes del anuncio en Los Pinos, ya había 60 millones de pesos, aportados por varios de los empresarios que acompañaron a Peña Nieto en el evento del miércoles y del Gobierno chino, que depositó un millón de dólares. Taiwán dará una suma similar esta semana y la próxima Corea del Sur. Castañón dijo que se esperaba recaudar al menos mil 500 millones de pesos. Un día antes, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció un paquete de apoyos económicos directos e indirectos para los damnificados, y el arranque de la reconstrucción en la capital, que fue trabajado también con la Secretaría de Hacienda. La Ciudad de México es la mejor preparada del país para enfrentar una contingencia de esta naturaleza, donde una buena administración de los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales le permite tener disponibles 9 mil millones de pesos.

Las cosas van a ser mucho más difíciles en el sur del país. El fideicomiso Fuerza México es una de las opciones financieras que existen, así como otros fideicomisos que tiene el Gobierno, asimilados fiscalmente, que podrán ser utilizados. Adicionalmente, como lo anticipó Peña Nieto, habrá una reorientación de recursos en el presupuesto, donde habrá un énfasis en dinero para viviendas, micro, pequeñas y medianas empresas, y empleo. La reconstrucción ya no es tarea de los ciudadanos, sino de las instituciones. Por eso, la tercera capa de la resiliencia, nonata aún, que es el compromiso público y político, está comenzando a hacer crujir las estructuras con un ataque directo a lo que todavía no comienza.

Sectores radicales de la sociedad vinculados a grupos políticos extremos, iniciaron una campaña en las redes sociales para descalificar lo que se está haciendo, y difundiendo información falsa sobre aportaciones internacionales que no existen, o torpedeando las instituciones. Hay un interés claro para descarrilar los esfuerzos mediante la creación de desconfianza ante lo que se está haciendo y dinamitar los esfuerzos. La debilidad de las instituciones y la falta de liderazgos en la clase política no ayudan a contrarrestar esos esfuerzos desestabilizadores.

La corrupción e impunidad que ha volado en México como hacía décadas no sucedía, disminuye la efectividad de los antídotos. Las instituciones podrán transparentar todos sus procesos y aportar toda la información necesaria para tratar de neutralizar los ataques, pero se va a necesitar más que eso. Será la sociedad la que deberá de decidir a quién creerle y a quién apostar, porque de este arbitraje se reconstruirá el país. En sus manos está, pues, el futuro mexicano.
28 Septiembre 2017 04:08:00
Malditas omisiones
En 1995 se dio la primera alerta sísmica pública en el mundo. Fue en México, donde se iba construyendo un sistema de alertas frente a la naturaleza geológica del territorio mexicano: 50% del país se encuentra en una zona altamente sísmica y de riesgo permanente. México estaba a la vanguardia, con un sistema altamente sofisticado para la época. Hasta hace 10 años tenía 16 estaciones y 97 sensores –60 de ellos financiados por el Gobierno de la Ciudad de México–, construidos por mexicanos y ubicados en la costa del Pacífico, que es la región más vulnerable en la cuenca más sísmica del mundo. El sistema medía las ondas sísmicas –la primaria, que viaja a ocho kilómetros por segundo, que es la que detona la alerta; la segunda, y la secundaria, la parte nociva de un sismo, que viaja a cuatro kilómetros por segundo–, y daba un espacio de 80 segundos para reaccionar y prevenir a la Ciudad de México. Sin embargo, en los sismos de este septiembre el sistema fue totalmente insuficiente.

Una investigación de la edición impresa de Eje Central explica el porqué y cómo, de manera regular, los gobernantes mexicanos soslayaron los efectos destructores de un gran sismo, pese a tener las experiencias de la devastación de los fenómenos de 1957, 1979 y 1985. Los gobiernos fueron reactivos y sólo actuaron después de sustos, como sucedió hace tres lustros con el gobernador de Oaxaca, José Murat, cuando tras los sismos en Tehuantepec y Puerto Escondido, compró 36 sensores. Pero, la marca de los tiempos, no fueron integrados al sistema de alertas, que para entonces, ya no era mejorado ni modernizado, sino sólo mantenido.

El sismo de Haití, a principios de 2010, que tuvo una potencia de 7.3 grados en la escala de Richter, con epicentro a escasos 15 kilómetros de la capital haitiana, Puerto Príncipe, que causó la muerte de 316 mil personas, dejó un número similar de heridos y millón y medio de damnificados, causó una destrucción en la infraestructura en la ya de sí empobrecida isla, que todavía hoy no logra superar, que asustó a los asesores del presidente Felipe Calderón, quien reinició la inversión en alertas sísmicas y a integrar los esfuerzos con otros estados. Los sensores de Oaxaca fueron incorporados a la red nacional y se financiaron sensores para Colima, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. No obstante, dijeron expertos consultados por Eje Central, no había mucho interés en los gobernantes por presupuestar en alertas sísmicas. 

Cuando inició el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, recuerdan los expertos, su equipo llegó con ideas innovadoras en esa materia, pero rápidamente cambiaron sus prioridades. La crisis económica derivada de la guerra de los petroprecios que tumbaron en 50% el valor del barril mexicano de petróleo y redujo drásticamente las posibilidades de crecimiento hizo que la orientación del dinero se fuera a otros campos, y se paró la instalación de alertas sísmicas. La prevención no ha sido una característica del actual Gobierno, y la Secretaría de Gobernación, responsable de los asuntos de protección civil, tampoco mostró un acentuado interés en blindar a la mitad del país, vulnerable a la actividad sísmica.

El costo para saldar aquellas omisiones, comparado con lo que significará la reconstrucción de viviendas e infraestructuras afectadas en ocho entidades por los sismos de septiembre, era marginal. Sólo en Chiapas y Tabasco, donde se registró un poderoso sismo el 7 de septiembre, 180 mil casas resultaron afectadas, situación que se agravó con el sismo del sábado pasado –ignorado en la Ciudad de México que atendía las consecuencias de su propio sismo–, que terminó de destruir lo que había dejado dañado, y afectó a comunidades que habían quedado casi intactas dos semanas atrás, como Ixtaltepec, contigua a Juchitán. La estimación preliminar del Gobierno federal para la reconstrucción en esas entidades se sitúa en 54 mil millones de pesos, y la normalización de las actividades en muchas zonas del centro y sur del país será a largo plazo.

De acuerdo con el ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, director general del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es una asociación civil, sólo se necesitaría un equipo adicional de 50 sensores en la costa del Pacífico, y sus difusores, con un costo de 800 millones de pesos, más un mantenimiento anual de 180 millones de pesos, para que el centro del país y la Ciudad de México, estuvieran blindados. El sismo del 19 de septiembre seguramente desbloqueará el plan para colocar sensores en Jalisco y Puebla, que están programados, pero aún no hay planes para colocarlos en Tabasco, Veracruz, el altamente sísmico Istmo de Tehuantepec y, sobre todo, en Chiapas, la zona de mayor incidencia telúrica, que además recibe los impactos de los fenómenos en Guatemala.

El sismo del 19 de septiembre fue un fuerte sacudimiento a la negligencia de las autoridades que durante años soslayaron la importancia de tener eficientes mecanismos de prevención. El número de muertos rebasa la cifra de 400 –182 fallecieron en la capital–, y el número de edificios colapsados por la onda sísmica sólo en la Ciudad de México ronda los 40, con mil 500 más aproximadamente que quizás tendrán que demolerse. El saldo es demasiado costoso para un país donde la estrechez de miras de sus gobernantes ha contribuido, probablemente de manera involuntaria, a pagar un precio tan alto, en vidas y materiales. Este sismo es, como sostiene Sergio Alcocer, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles, una fuerte llamada de atención a los responsables. Las autoridades deben escuchar.
27 Septiembre 2017 04:08:00
La tragedia se advirtió
El 8 de enero de 2015, 627 días antes del sismo que sacudió a la Ciudad de México hace dos semanas, se anticipó su impacto. Un fuerte sismo, concluyeron tres investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM, haría que decenas de edificios tuvieran un “comportamiento inadecuado”, porque, aparentemente, no cumplían con los requerimientos mínimos establecidos en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, publicado en 2004 y que se conoce como el MCBC-2004. La pesadilla se resumía en una frase: “Los propietarios de los edificios y sus inquilinos, pueden estar viviendo en edificios que no son tan seguros como asumen”. Un año y medio después el saldo que dejó el sismo es al menos 7 mil 649 inmuebles con daños, 321 con grave riesgo de sumarse a los 39 que se colapsaron.

La realidad no deja de ser una paradoja caprichosa, porque si por códigos y regulaciones fuera, la Ciudad de México podría estar totalmente tranquila. El MCBC-2004, explicaron los investigadores Eduardo Reinoso, Miguel Jaimes y Marco Torres, es el mejor código, el que tiene el conjunto de requerimientos más avanzados y completos del país, y sirve como modelo en otras ciudades mexicanas y en el extranjero. La otra cara de esa reconfortante moneda es lo que los investigadores encontraron en muchas viviendas recientemente construidas de altura mediana, cuya arquitectura parecía demasiado débil para soportar sismos, con “evidentes deficiencias estructurales e insuficientes mecanismos oficiales para supervisar el diseño y la construcción de esas nuevas estructuras”.

Tras difundir su investigación en línea, Reinoso, Jaimes y Torres publicaron el año pasado su trabajo, “Evaluation of building code compliance in Mexico City: mid-rise dwellings”, en la revista académica bimensual Building Research & Information, que aborda temas de diseño y construcción. El estudio evaluó las prácticas actuales y las comparó con las guías del MCBC-2004, utilizando una muestra de 150 edificios seleccionados al azar, pero construidos después de 2004. En un grupo de 20 edificios realizaron adicionalmente análisis estructurales y revisiones del diseño, que los llevó a confirmar que “un alto número” de nuevos edificios en la Ciudad de México no tenían un registro confiable de información técnica, por lo cual no podían evaluar su comportamiento ante un sismo fuerte, y que la limitada información en un alto número, hacía imposible verificar su comportamiento estructural sísmico.

Para el estudio establecieron como características, que debían ubicarse en la zona sísmica de más alto riesgo, su ocupación y que el número de pisos fuera de cuatro o mayor que cuatro, debido a que construcciones menores de tres pisos habían tenido un comportamiento “adecuado” durante los principales eventos sísmicos con los que comparaban, el de 1957 (cuando se cayó el Ángel de la Independencia), el de 1979 (cuando colapsó la vieja Universidad Iberoamericana), y el de 1985 (que produjo alrededor de 12 mil 500 muertos), de acuerdo con los certificados de defunción emitidos por el Registro Civil. El total de edificios que se ajustaban a ese criterio fueron 13 mil 428, de donde se hizo la selección de los 150 edificios y de ellos, los 20 adicionales.

De esta forma, se revisaron 68 de los 6 mil 105 edificios con esas características en la Delegación Benito Juárez; 61 de los 5 mil 477 en la Cuauhtémoc, y 21 de los mil 846 en la Venustiano Carranza, que comprenden la zona más sísmica de la capital. Es un shock notar que la onda sísmica más devastadora el 19 de septiembre pasado, coincide asombrosamente con la línea de edificios más vulnerables a un sismo que encontraron Reinoso, Jaimes y Torres, año y medio antes.

Los investigadores encontraron que algunos edificios eran más altos de los que indicaba la base de datos proporcionada por la Secretaría de Hacienda a partir del predial, y características estructurales donde había condiciones irregulares, como la posibilidad de golpeteo (el choque entre edificios por la falta de previsión en la distancia entre uno y otro al construirlos), un primer piso débil (donde era evidente que en la planta baja se había diseñado como estacionamiento, con columnas que proporcionaban espacios amplios mientras que los pisos superiores estaban hechos con muros), irregularidades verticales observadas en las fachadas, columnas cortas y configuraciones asimétricas (edificios en las esquinas). Provoca otro shock que varios de los edificios colapsados la semana pasada reuniera una o más de estas características.

“La última versión del código MCBC-2004 tiene modificaciones sobre los procedimientos legales relacionados a las licencias y a los requerimientos para los proyectos, que pretenden acelerar la construcción y evitar la corrupción”, indicaron los investigadores de la UNAM. “Sin embargo, también se relajó o prácticamente se eliminó la revisión de los documentos por parte de las autoridades locales. Estos cambios (administrativos) no técnicos en el código de construcción incrementó rápidamente el número de proyectos de vivienda y desarrollos urbanos en la ciudad, particularmente en las zonas de medio y alto riesgo sísmico pero, aparentemente, con una calidad de diseño y construcción pobres.

“No hay suficientes mecanismos oficiales para supervisar el diseño y la construcción de las nuevas estructuras. La responsabilidad de la aplicación correcta del MCBC-2004 recae en el DRO (Director Responsable de Obra), quien al mismo tiempo es apoyado por el CSE (Corresponsable en Seguridad Estructural), usualmente un ingeniero estructuralista. La opinión generalizada de los expertos en la Ciudad de México es que muchos de esos edificios no cumplían los requerimientos del MCBC-2004”.

El sismo de hace dos martes, probó que la investigación resultó letalmente acertada. De ese trabajo surgieron iniciativas para corregir las fallas, pero nunca se concretaron al grado de incidir en el cambio.
26 Septiembre 2017 04:07:00
Matar con 140 caracteres
La desconfianza con las instituciones ha tenido un alto costo. La forma como el Gobierno de Morelos detuvo torpemente la ayuda ciudadana para las víctimas del sismo del 19 de septiembre incendió, con justa razón, las redes sociales. La crítica fue directa contra el responsable político del atropello, el gobernador Graco Ramírez, a quien acusaron de lucrar con los víveres y detonó el repudio que se fue ampliando como un tsunami digital que, horas después de iniciado, detuvo la ayuda ciudadana en la Ciudad de México. La contaminación morelense paró en seco las donaciones y dejó de llegar ayuda a los centros de acopio, al comparar a todos los gobernantes con Ramírez. En las zonas más pobres del oriente de la capital se agudizó la crisis, pero continuaban sacando a sus muertos de entre los escombros.

Xochimilco, una de las zonas más afectadas, fue un caso paradigmático. Cuatro comunidades a las que partió la onda sísmica del martes, prácticamente fueron abandonadas. San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acalpix-tla, San Marcos y Santa María Nativitas tuvieron atención los primeros días del sismo, pero después vino el olvido. En lo alto de los cerros, otras comunidades quedaron aún peor, porque la poca ayuda que alcanzó a llegar el viernes no fue posible transportarla hacia ellos. La atención se concentró en los grandes núcleos urbanos de la capital, los segmentos de clases medias, perfectamente urbanizados, de fácil acceso y foco de atención mediática. En la zona xochimilca, de origen prehispánico, pobre y marginada, la ciudadanía pasó la factura política a los más pobres.

Un hecho, el que la Policía de Morelos detuviera el viernes los camiones de ayuda que salían de los centros de acopio galvanizó la desconfianza ciudadana en los políticos y las instituciones. No fue un invento o producto de la maledicencia de quienes tomaron Facebook y Twitter como sus armas.

Existen experiencias claras desde 1985 de que ayuda para necesitados varias veces jamás llega a su destino. Ha habido casos en el pasado donde se descubre que ropa, casas de campaña y alimento para víctimas de un siniestro terminaron en venta de garaje de autoridades ladronas. Ha habido otros donde la desorganización en el manejo de la ayuda y la ineficiente logística dejó por años donaciones para inundaciones o sismos sin ser entregadas. En ocasiones más frecuentes de las que uno quisiera ver, se detiene la distribución para que el gobernante en turno y su Gabinete se tomen fotografías junto a la ayuda y sean ellos quienes la repartan. No importan las necesidades urgentes, sino transmitir que las están atendiendo.

Estas imágenes en la mente colectiva crean condiciones para que, además de los hechos objetivos y las denuncias factuales, corran todo tipo de versiones. Dos organizaciones, Horizontal, que es un colectivo multidisciplinario dirigido por dos periodistas, y Bicitekas, que además de organizar paseos en bicicleta por la capital busca influir en las políticas públicas sobre movilidad y medio ambiente, lanzaron en las redes sociales #Verificado19S, mediante el cual intentan contrarrestar con información real la falsa y los rumores que corren con impunidad por el mundo virtual, generando de-sinformación y contrainformación. Los rumores, aquellos de personas bien intencionadas que responden a emociones sin corroborar la veracidad de lo que difunden, y de los que impulsan intereses políticos o incuban rencores, desestabilizan, desvían la atención, agotan y obstaculizan la respuesta rápida en momentos de crisis. La mezcla de verdades y mentiras, desatadas por la acción del Gobierno de Ramírez en Morelos, inyectó combustible a una sociedad empapada de ansiedad y temor frente a lo incierto de la naturaleza y a su certidumbre de que todo lo oficial apesta, es corrupto y, por definición, hay que rechazarlo.

La realidad no es maniquea. La vida no se mueve únicamente entre extremos, donde uno es bueno y el otro es malo, o blanco o negro. “La polarización de la sociedad con medios que la alimentan, sólo crea más polarización”, dijo Sudeep Reddy, director editorial del respetado portal estadunidense Politico, en una conferencia en el Texas Tribune Festival en Austin. “Estar bajo el ataque de los extremistas es muy difícil de enfrentar. Son ataques retóricos por la batalla de los políticos”. Los ataques superan a la información verificada y aplastan al debate informado. “Hay mucho ruido en las redes”, secundó Peter Hamby, director de noticias de Snapchat, y conductor de su popular programa Good Luck America.

Los 140 caracteres de Twitter, la poderosa y rápida plataforma de información, desinformación, rumores, pasiones, sensaciones y odios, no crean información ni desenmarañan las complejidades de la realidad. No dan contexto ni explicaciones. “Gritan”, abundó Reddy. Las redes sociales han reducido los periodos de atención en las plataformas digitales y son fáciles de hacerlos explotar. Al cruzarse con tragedias, todo se complica, como sucedió con los miles afectados por lo sismo, donde hubo actitudes que, sin pretenderlo, se volvieron letales, y aquellos que, escondidos en el anonimato, trataron de tensionar y romper el tejido social.

Lo que sucedió el viernes y sábado con las víctimas del sismo es un ejemplo. Parar la ayuda en la Ciudad de México en rechazo a las instituciones no debía pasar y pasó. La gente reaccionó ante la sandez de las autoridades morelenses y cobraron facturas a quienes menos debían. Es cierto que la autoridad ha abusado por años de los gobernados, pero no deja de haber responsabilidad en aquellos incapaces de discernir o que, entre tanto alboroto, buscan sacar raja política bajo la máscara de la ciudadanía.

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