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Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
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20 Julio 2017 04:00:00
El socavón, la estrategia fallida
La premisa fue clara tras el análisis de las consecuencias del socavón en el Paso Express de Cuernavaca, donde murieron dos personas: “si no se contiene de manera correcta este suceso, pondrá en tela de juicio proyectos como el tren México-Toluca y el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. La discusión, dentro del equipo de estrategia de Los Pinos, urgía una serie de acciones para controlar los daños derivados de esa tragedia que contemplaba la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y, en una acción de poder, que el presidente Enrique Peña Nieto no se la aceptara porque él “no es el responsable directo”. El objetivo de la estrategia era que la responsabilidad se contuviera en el delegado de la dependencia en Morelos y en las constructoras para ,de esa forma, convertir a la Secretaría de víctima a victimario. ¿Qué sucedió? La estrategia no funcionó. Fracasó antes de nacer.

Una copia del documento para el control de daños y el manejo de crisis elaborada por los estrategas presidenciales refleja lo que sucedió en las primeras 48 horas de la tragedia la semana pasada: una crítica generalizada en los medios de comunicación por la pasividad mostrada por las autoridades, y las primeras declaraciones equívocas del secretario Ruiz Esparza que sugerían que el Gobierno quería eludir su responsabilidad. En el centro del primer diagnóstico de impacto que realizaron está el secretario, a quien observaron en un papel declarativo lleno de contradicciones y con un “bajo nivel argumentativo”, que generó más confusión y dio margen a que se pensara que se estaba protegiendo a la empresa constructora hispano-mexicana Aldesa.

La recomendación de los estrategas era que la empresa constructora, el supervisor y el realizador del proyecto ejecutivo de obra debían hacerse responsables de la tragedia, y que no recayera en la SCT el papel de victimario. La realidad ha sido un deslinde generalizado de responsabilidades, donde nadie tuvo culpa alguna de nada. Aldesa, que ha enviado un equipo de ejecutivos a México para controlar el daño y manejar la crisis que enfrenta, rechazó el cuestionamiento sobre la integridad de la empresa. Epccor, la otra empresa que colaboró con Aldesa en la construcción del Paso Express, culpó al gobierno de Morelos por falta de mantenimiento y limpieza del drenaje.

La falta de control sobre los declarantes y la ausencia de un secretario firme que pudiera unificar una respuesta y homologar el mensaje, contribuyó al desorden comunicativo y a la crisis que no se detiene. La declaración del vocero de Epccor molestó a las autoridades de Morelos, que se agravó cuando Ruiz Esparza dijo que el delegado de la SCT en el estado, lo había recomendado el gobernador Graco Ramírez. La respuesta fue fulminante y abrió nuevos flancos al Gobierno federal. Ramírez dijo no haber conocido jamás al delegado –al anterior, agregó, pidió que lo removieran por corrupto– y comentó que el representante de la SCT lo había nombrado la Secretaría de Gobernación.

El documento retomó la información aportada por Ruiz Esparza a la prensa de que la tragedia había sido causada por una fuga de agua en un drenaje, consecuencia de lluvias atípicas en la zona. “La atipicidad de las lluvias en el centro del país es una variable fácilmente comprobable”, indicaron los estrategas. Roberto Ramírez, director de Conagua, dijo una semana antes que si bien se estaban registrando lluvias atípicas en el centro del país, en el promedio del año, había llovido menos en 2017 que en 2016. En la zona del socavón, empero, la lluvia fue de 54.4 milímetros, cuatro milímetros más que el promedio histórico.

La atipicidad de las lluvias y la responsabilidad sobre las constructoras que se sugería como “la narrativa gubernamental”, quedó hecha trizas antes de que comenzara a aplicarse. Ruiz Esparza no ha logrado que los ejecutivos de Aldesa ofrezcan una rueda de prensa, como se pide en el documento, para responder los cuestionamientos técnicos. Tampoco se preparó un análisis del suelo (mecánica de suelos) donde se realizó la obra “para atender cualquier otro riesgo y prevenirlo”, que de acuerdo con Óscar Callejo, subsecretario de Infraestructura de la SCT, fue responsabilidad única de la dependencia, con lo que deslindó, una vez más, a las constructoras.

Ruiz Esparza y su equipo demolieron la estrategia. Primero dijeron que no había peligro y que el subsuelo de la obra en el área del socavón estaba firme y estable. Después tuvieron que limitar el flujo por el Paso y más adelante suspenderlo. A los habitantes de la zona, a quienes no habían volteado a ver salvo para asegurar que estaban seguros, tuvieron que desalojarlos a medianoche ante los riesgos de más víctimas. Los estrategas plantearon que se debía mantener en confidencialidad los montos del apoyo a las familias, pero el secretario declaró que se les daría un millón de pesos por “el mal rato que pasaron”, que fue una declaración que volvió a incendiar a la opinión pública por la insensibilidad, por lo menos que se pueda decir, del comentario.

“Mediáticamente, Gerardo Ruiz Esparza ha resultado y será señalado como el principal responsable. En materia de opinión pública, el asunto es altamente complejo y de alta densidad por la percepción de corrupción e incompetencia contra la actual administración y su ambicioso programa de infraestructura”, iniciaron los estrategas su documento. La estrategia pretendía evitar que las percepciones se convirtieran en la historia oficial de la tragedia. Lo que no anticiparon es que el fracaso del plan contribuirá a hacer realidad lo que querían impedir.
19 Julio 2017 04:00:00
La comedia veracruzana
Las imágenes de Javier Duarte al pisar territorio mexicano tras ser deportado por Guatemala tienen una involuntaria comicidad. Su cara y la de los agentes que lo acompañaron hasta la cárcel se digitalizaron para que nadie pudiera enterarse quién era el misterioso personaje que todos sabían quién era. Sus manos también estaban digitalizadas para ocultar que iban esposadas. En el juzgado se indicó a la prensa que logró acceso a su primera comparecencia que no podían tomar fotografías ni videograbar la diligencia. Se trataba de salvaguardar el debido proceso, dentro de los parámetros del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, del exgobernador de Veracruz, que para efectos de registro histórico, es su primer caso de alto impacto. El show, como dijo Duarte, comenzaba.

La primera escena fue el lunes, cuando el juez federal en el Reclusorio Norte le negó seguir su proceso en libertad por el temor de que se pudiera escapar. Era una discusión ociosa, dado que para que eso pudiera ser considerado, tendría que dejar de existir el presunto delito de delincuencia organizada, que es el único por el que está en la cárcel. La segunda fue la admisión de la PGR, que ha acreditado sólo el 10% del dinero desviado del erario, en donde quieren amarrar el presunto delito de lavado de dinero. Este arranque tuvo sus cortinas de humo.

¿Cómo mantener la credibilidad de un caso que parece armado para que, si no se cae rápidamente, Duarte vea con nitidez la luz al final del túnel y mantenga alta su expectativa de recuperar la libertad en un tiempo que no impacte políticamente en el Gobierno? Esta pregunta sirve como hipótesis de trabajo: ¿Será Duarte juzgado realmente por los delitos que presuntamente cometió? O ¿es una charada para satisfacer las jaurías de la opinión pública y gobernar –a contrapelo de lo que originalmente decían en Los Pinos– para la gradería? La duda surge a partir de lo que está sucediendo en el arranque del juicio al exgobernador, cuya persecución judicial comenzó unos 10 meses después de haberse iniciado la investigación.

En febrero de 2016, de acuerdo con personas que conocen los prolegómenos del caso Duarte, el entonces director del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, entregó a la PGR todas las carpetas de investigación sobre el entonces gobernador de Veracruz, que fueron la base para iniciar la averiguación previa que mucho tiempo después sirvió para pedir la orden de aprehensión. La documentación no mostraba un daño al erario por sólo 38 millones de pesos, que es lo que la PGR dijo al juez que tiene probado como desvío, sino por más de 400 millones de pesos.

Esto no incluye algunos “botines de guerra”, como llaman en el argot policial a los decomisos que son rasurados, como el que sucedió este año en un departamento que encontró la PGR en la colonia Del Valle de la Ciudad de México, donde descubrieron 400 millones de pesos en efectivo, de los cuales se repusieron alrededor de 200 al Gobierno de Miguel Ángel Yunes, en Veracruz, y el resto se destinó para la campaña del PRI para Gobernador en el Estado de México, según funcionarios que conocieron del decomiso. Este monto no quedó registrado.

Entonces, como primera reflexión, se puede argumentar que las autoridades no están acusando a Duarte por todos los recursos que supuestamente desvió. No obstante, como en el caso del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, y de la maestra Elba Esther Gordillo, sólo se necesitan 2 millones de pesos para mantenerlo en la cárcel. Los 38 millones acreditados a Duarte por la PGR, por ello mismo, son suficientes. Y con eso puede montarse el show pronosticado por el exgobernador de Veracruz, para un público sediento de sangre. Pero el caso tiene otra lectura que no está en la superficie, y que deberá ser uno de los argumentos centrales de la defensa sobre la observancia del debido proceso.

Si se toman en cuenta los tiempos en que tardó en actuar la autoridad, se puede argumentar que por error o por perversidad se solicitó la orden de aprehensión hasta después de que Duarte pidiera licencia como gobernador, a mediados de octubre pasado, sin que mediara un juicio de procedencia para el desafuero. Esto significa que el exgobernador puede argumentar que, como tenía fuero constitucional, la ejecución de la orden de aprehensión violó el debido proceso y se tiene que fallar una nulidad de origen, por lo que el caso se caería en su totalidad.

Existe una discusión continua sobre si el fuero desaparece cuando se pide licencia para retirarse del cargo. Cuando Duarte la solicitó, Yunes, entonces gobernador electo de Veracruz y abogado que entiende bastante de estas cosas, dijo que seguía teniendo fuero, por lo que tendría que ser desaforado para ser procesado, en el caso de delitos federales por el Congreso de la Unión, y en el de los delitos del fuero común, por el Congreso estatal. Adicionalmente, hay una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia que indica que cuando un servidor público que goza de fuero constitucional solicita licencia, no pierde la protección otorgada.

De esta manera, si se pensaba ejercer acción penal verdadera contra Duarte, la PGR tendría que haber pedido al Legislativo un juicio de procedencia para pedir su desafuero. Al no hacerlo, dejó sembradas las semillas para que Duarte camine hacia la libertad. El expediente, como se dice en el argot judicial, “lo dejaron flojito” para que la defensa encuentre la puerta de salida y Duarte no se desespere. Así está la justicia mexicana.
18 Julio 2017 04:07:00
Duarte, ¿inocente?
Javier Duarte llegó a México extraditado por Guatemala para enfrentar acusaciones que tienen que ver con corrupción. Sin embargo, no hay que dar de brincos por que alguien al que se le adjudica saqueo de las arcas por cientos de millones de pesos tenga que rendir cuentas. De hecho, las acusaciones que formularon la PGR y la Fiscalía de Veracruz ente el Tribunal guatemalteco para que autorizara su entrega están llenas de errores y no prueban de manera contundente las acusaciones en su contra. Es decir, en las condiciones jurídicas actuales, las posibilidades de que Duarte derrote en tribunales a sus acusadores son mucho más elevadas frente a la posibilidad de que sea sentenciado.

La extradición de Duarte se fincó en tres acusaciones, una de ellas federal, que es la de la PGR, que lo acusa por delincuencia organizada y lavado de dinero, y dos locales radicadas en Veracruz por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, y por tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal. Un análisis sobre las acusaciones, publicadas por la edición impresa de Eje Central, establece errores en los documentos entregados a los tribunales guatemaltecos y contradicciones en las cifras del presunto daño que causó al erario.

De acuerdo con la explicación, la PGR presentó peritajes que no demuestran la ruta del dinero del presupuesto veracruzano presuntamente desviado por el exgobernador, ni soportan los testimonios que acrediten el delito de delincuencia organizada. En el caso de la Fiscalía de Veracruz, sólo aportaron dos documentos y un par de testimonios con los que pretende probarle al exgobernador cinco delitos. La debilidad del caso contra Duarte fue sintetizado en tres campos por Eje Central:

1.– Al no establecer que existía una estructura criminal para delinquir, no se podrán demostrar los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, que exige comprobar que tres o más personas se organizaron para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos tipificados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

2.– En el caso de los delitos del fuero común, los documentos que integran las dos carpetas, las 38/2017 y 56/2017, en las que se basan las acusaciones de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición tienen su origen en las denuncias de un líder partidista, y en una de las auditorías que practicó el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) en 2014 y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero que apenas cubren un pequeño monto de los presuntos desvíos que se atribuyen al Gobierno de Javier Duarte, y que Orfis calculó en 24 mil millones de pesos en ese ejercicio fiscal.

3.– En la carpeta 56/2017 se vincula a Duarte por el presunto desvío de 220 millones de pesos de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV), originado por la denuncia presentada el 13 de diciembre de 2016 por el Orfis. El expediente está tan mal integrado que ni siquiera los montos del presunto peculado coinciden con las auditorías federales. Y en el caso de la segunda carpeta, en la que se le acusa de tráfico de influencias por utilizar un helicóptero del Gobierno del Estado cuando ya era gobernador con licencia, la autoridad ni siquiera prueba que utilizó sus influencias para beneficiarse del helicóptero, y tampoco acredita que como gobernador con licencia ya no tenía derecho a usar la aeronave.

La debilidad de la acusación y el hecho de que no haya sido deportado en automático levantan suspicacias sobre una entrega pactada. ¿Por qué no lo hizo inmediatamente el Gobierno de Guatemala si había violado sus leyes migratorias al ingresar al país con pasaporte falso? La respuesta, dicha en un principio por los guatemaltecos, es que Duarte entró con uno real. Si fue el suyo, se puede alegar que la Secretaría de Gobernación, que era la responsable de dar este seguimiento, no lo estaba buscando. Si fue un pasaporte real, con nombre apócrifo, tampoco hay investigación conocida de cómo lo obtuvo en la Cancillería mexicana.

La razón por la que no lo deportaran lo explicó –sin abundar por qué no fue un proceso mecánico, sino hablado con México– el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, como una medida para evitar que Duarte pudiera quedar libre, lo que es incorrecto, pues al fincársele el presunto delito de delincuencia organizada, no sería sujeto a fianza. De habérsele deportado, se podrían haber añadido delitos a las causas penales que se le siguen. Al ser extraditado, sólo lo pueden juzgar por los delitos establecidos en el documento entregado al Tribunal. Para que se le puedan añadir delitos en México, tendrían que volver a hacer un trámite en Guatemala para ver si el Tribunal acepta que se le añadan.

La extradición es benéfica para Duarte, que parece más un reo protegido por las autoridades mexicanas que perseguido con total cabalidad. Ciertamente, esta hipótesis podrá ser desmontada por la realidad de un juicio expedito y de acusaciones sólidas, en lugar de los que nos tienen acostumbrados, llenos de fuegos pirotécnicos y acciones cosméticas que ganan tiempo y desgastan a la opinión pública; procesos políticos, no legales, donde pagar las cuentas que deben no es el objetivo, sino apagar el incendio de la coyuntura.
17 Julio 2017 03:00:00
La metáfora del socavón
Las columnas políticas están saturadas con el clamor a que renuncie el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por la tragedia en el Paso Exprés de Cuernavaca, donde la semana pasada dos personas murieron al caer en un hoyo a la mitad de la autopista. Lo absurdo de esta muerte desató la presión contra Ruiz Esparza, quien dijo no me voy hasta que así lo determine mi jefe –a quien le transfirió esa responsabilidad–, el presidente Enrique Peña Nieto, que ha probado ser protector de la incompetencia. Ruiz Esparza debió renunciar, no por culpable sino por responsable, o el Presidente darle ese empujón y limitar el daño en él. Al no ser así, el socavón se convirtió en la metáfora de su Gobierno, donde todo lo malo que sucede se le pega a él.

¿Por qué Ruiz Esparza debió haber sido despedido o, de manera políticamente responsable presentado su renuncia? Porque un servidor público debe regirse por la ética institucional. Pero si no bastara el compromiso para el Presidente que le encargó una delicada responsabilidad, por mentiroso. El columnista Carlos Puig, lo documentó el viernes pasado en Milenio, al recordar que para presumir la obra de 14 kilómetros y medio que no era nueva sino era una ampliación del libramiento en Cuernavaca, el staff de propaganda gubernamental grabó un spot donde decía Ruiz Esparza: “El concreto asfáltico que estamos viendo aquí… es sin duda, un material más resistente. No tenían drenaje, entonces tuvimos que hacerles un drenaje para que la carretera en un momento dado tuviera circulación de agua y las casas de al lado pudieran desahogar también los líquidos de sus casas”.

La justificación que dio Ruiz Esparza tras el socavón, fue que las lluvias atípicas habían tapado un drenaje que tenía 40 años de viejo. Entonces, ¿dónde quedó el drenaje que construyó su Secretaría? O fue una mentira flagrante, o hay un público caso de corrupción. ¿Cuál es de los dos secretario? La memoria corta ayuda a salirse por la tangente. Cuando se mostró que las autoridades en Morelos y los vecinos llevan más de ocho meses advirtiendo sistemáticamente sobre la mala obra y los riesgos con el drenaje, destituyó al delegado de la SCT en Morelos y a cuando menos siete funcionarios más en las oficinas centrales. La omisión es una violación a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos. El delegado, entonces, incumplió su trabajo. ¿De dónde salió?

El columnista Julio Hernández lo explicó el viernes en La Jornada. Hace ocho años, José Luis Alarcón Ezeta, era director de la escuela de idiomas Harmon Hall, que fundó su padre. Lo nombraron delegado de la SCT por recomendación del gobernador Graco Ramírez, tras haber realizado actividades empresariales con Cuauhtémoc Ochoa. Este hombre, no lo menciona en la columna Hernández, es parte importante del círculo interno del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de quien fue funcionario cuando era gobernador en Hidalgo, y uno de los enclaves políticos de Bucareli en la Secretaría del Medio Ambiente. Sin ningún nexo previo con el gobernador, se puede alegar que su recomendación fue un favor político a Osorio Chong.

La conexión entre el secretario de Gobernación y los delegados es importante recordar. De acuerdo con funcionarios federales, sobre 80% de los delegados de la SCT fueron impuestos por la Secretaría de Gobernación. Es decir, en ocho de cada 10, como en el caso de Alarcón Ezeta, el secretario Ruiz Esparza no tuvo ni voto ni veto. Los delegados federales son como subsecretarios en los estados donde están comisionados, aunque no todos son tan poderosos como los de la SCT, porque son los responsables de distribuir los recursos para las obras –esa dependencia es la que más gasta-, y repartir los trabajos entre los grupos regionales. Esa racional permitió al gobierno federal repartir las obras entre empresas de todo el país, lo que se modificó en el Gobierno de Peña Nieto, donde los beneficiados notoriamente, incluso en tierras muy lejanas de sus orígenes, fueron mexiquenses e hidalguenses.

Cuando se extraña e indigna el Presidente porqué tiene tan mal ánimo y ambiente en todo el país, haber roto la distribución regional de obras es una de las razones que debería de tomar en cuenta. El avasallamiento de los suyos y del secretario de Gobernación sobre los recursos de los contribuyentes para las obras, es una explicación del porqué en todas las mediciones sobre percepción de corrupción en el extranjero, el gobierno de Peña Nieto ha retrocedido significativamente en los rankings globales. En Gobernación, como en Comunicaciones y Transportes, el presidente no ha hecho nada por reparar las anomalías. Qué tanto sabe de lo que se hace en su Gobierno, es una incógnita sin resolver.

En todo caso, el socavón es una metáfora continuada del sexenio peñista: un gobierno de cuates, donde el amiguismo se sobrepone a las capacidades; una tibieza en la mano presidencial que le impide sacrificar a quien no dé resultados o que le genere conflicto; tortuguismo para tomar decisiones políticas y éticas, por citar tres de los más sobresalientes. El viernes pasado hubo una reunión de Gabinete en Los Pinos donde se revisaron los avances del sexenio y los logros de la reforma energética. Del resto de los temas nada. Por cuanto a incompetencia, corrupción, inseguridad, violencia, ingobernabilidad, desprestigio, los calificativos que se convierten en sustantivos sobre su Gobierno, ni una palabra revelada. Otro botón de este sexenio fallido: esconder la cabeza pensando que si no ve nada, nada pasa.
14 Julio 2017 04:08:00
El sufrimiento de Videgaray
La crisis que vive Jared Kushner por los contactos que tuvo con diplomáticos y emisarios del Gobierno ruso durante la campaña presidencial en Estados Unidos es la misma crisis que vive Luis Videgaray. El yerno del presidente Donald Trump, su consejero desde la campaña de 2016, está bajo fuego luego de que su cuñado divulgara los correos electrónicos que muestran la planeación de una reunión con una abogada rusa que ofrecía información de su Gobierno contra Hillary Clinton, por posibles violaciones a la ley electoral y de conspiración. La crisis la resumió el senador demócrata Chris Murphy en una entrevista con la televisora MSNBC: “Si este fuera un mundo político normal, Jared Kushner estaría sin trabajo esta noche”. Si eso llegara a suceder, Videgaray será un daño colateral.

El esposo de Ivanka Trump está en medio del peor torbellino desde que comenzó la turbulenta Presidencia de su suegro. Un análisis en la edición digital de la revista Vanity Fair señala que dado su amplio papel durante la campaña y la presidencia de Trump, la investigación en su contra continúa expandiéndose. La cadena de periódicos McClatchy informó que el Departamento de Justicia y los comités de Inteligencia del Senado y la Cámara de Diputados también investigan si el equipo digital de la campaña de Trump, encabezado por Kushner, jugó un “papel como conducto o atajo de Moscú para influir en las operaciones en las elecciones”.

En una crónica analítica en The New York Times, se añadió que el escrutinio sobre Kushner se centra en qué tanto le dijo a Trump sobre la naturaleza de su reunión con la abogada rusa. El Times agregó que si minimizó lo platicado u omitió detalles significativos, “permitió a su suegro.., al vicepresidente de Estados Unidos y a muchos otros voceros, salir y repetir día tras día la mentira de que nadie en la operación de Trump se había reunido con funcionarios u operadores del Gobierno ruso”. El fuego le está subiendo tan rápido a Kushner, que la revista New York ventiló las versiones de que podría renunciar.

La desgracia de Kushner sería la desgracia de Videgaray, a quien en la primavera de 2016, un banquero que lo visitaba regularmente cuando era secretario de Hacienda, ofreció acercarlo con el candidato Trump. Videgaray lo consultó con el presidente Enrique Peña Nieto, quien le autorizó iniciar los contactos. Un empresario conocido de Francisco Guzmán, jefe de la Oficina de la Presidencia, que tenía relación con Kushner, terminó de concretar el primer encuentro, en verano en un hotel en Nueva York, donde se reunió secretamente con Kushner e Ivanka Trump, y se planteó la posibilidad de la visita de Trump a México durante la campaña presidencial, discutida en el equipo del candidato en agosto.

El 30 de ese mes se dio la visita relámpago de Trump a Los Pinos, que causó la crisis política más profunda del sexenio, al partirse el Gabinete por la invitación. Peña Nieto mantuvo su apoyo a Videgaray, que sólo cambió días después cuando, por sugerencia de funcionarios de la Casa Blanca, lo orilló a renunciar. Peña Nieto pensaba haber salvado un enfrentamiento con el presidente Barack Obama y con quien pensaba que ganaría la elección, Hillary Clinton. Tan pronto como ganó Trump, Peña Nieto reactivó a Videgaray, quien viajó a Nueva York en noviembre para otra reunión con Kushner y establecer las bases de la relación bilateral.

Ya como secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray preparó con Kushner la visita de Peña Nieto a Washington para hablar con Trump, que se frustró por las imprudencias del jefe de la Casa Blanca. El ánimo guerrero de Trump se apaciguó por la intermediación de Kushner, quien llevó a Videgaray a hablar con él en la Oficina Oval en los primeros días de la Administración. Se volvieron a colocar ruedas a la relación bilateral, que tomó un curso de normalidad y contribuyó a la tranquilidad de los mercados internacionales. Kushner se convirtió en el enlace del Gobierno de Estados Unidos con México, y Videgaray en el mismo papel de su Gobierno.

Los dos han armado el andamiaje de la relación y preparado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue el principal tema en su reunión el martes pasado en la Casa Blanca, cuando el escándalo ruso aumentaba su velocidad. Esa polémica se intensificó desde entonces. El martes, los señalamientos contra Kushner eran por la sospecha de que él era el filtrador de los comprometedores correos electrónicos de Donald Trump Jr. Hoy, el coliseo washingtoniano está gritando que lo degraden y, de preferencia, que lo destituyan. Trump no ha dado señales de estar fastidiado de su yerno, como sugiere la revista New York que ya sucede en su entorno. La realidad, sin embargo, es que Kushner está dejando de ser un activo para convertirse en un lastre, y nadie sabe si saldrá fortalecido de este episodio, o se retire antes de que lo destruyan.

Videgaray es un daño colateral de lo que le suceda. Depende de él para agilizar y dinamizar la relación bilateral y la renegociación comercial. Sin Kushner, las cosas podrían salir, pero podrían no, o sufrir bloqueos, porque se quedaría sin la persona con derecho de picaporte en la Oficina Oval que le resuelve en forma expedita las cosas. Videgaray necesita triunfar en este campo, que lo es prácticamente todo, que le permitiría ser interlocutor en la decisión sobre la candidatura presidencial en 2018, y allanar el camino para una vida transexenal. El problema es que la sobrevivencia de Kushner no depende de él.
13 Julio 2017 04:08:00
Espionaje, señor Peña, you have a problem
Espiar ilegalmente en México a mexicanos por el hecho de tener posiciones críticas al Gobierno es una acción condenable que exige explicación y sanción a quien o quienes lo hayan hecho, dentro del Gobierno –funcionarios actuando al margen de la ley– o fuera de él. Pero espiar ilegalmente a extranjeros en territorio mexicano coloca al Gobierno en el umbral de un problema internacional. Las autoridades pueden mantener su negligencia para investigar casos de espionaje a mexicanos y burlarse de la rendición de cuentas. Pueden ignorar, deliberadamente o no, conocer a los autores intelectuales de semejante actividad, e incluso solapar a los responsables. Pero pretender lo mismo cuando hay extranjeros involucrados tiene implicaciones internacionales, como sucede con el espionaje al grupo de expertos internacionales que coadyuvaron en la investigación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, revelado esta semana.

Como reacción directa a ese espionaje difundido a través del periódico The New York Times, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, afirmó en el programa La Nota Dura, transmitido por El Financiero-Bloomberg, que nunca recibió del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ningún reclamo por la sospecha de que sus comunicaciones privadas estaban siendo intervenidas. No lo sabían. Los investigadores le dijeron al diario que no fue sino hasta que difundió el método mediante el cual se intervinieron los teléfonos de activistas sociales, abogados de derechos humanos y periodistas que sospecharon que ellos también habían sido objetivo de esos ataques. El Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, que verificó que esas intervenciones habían sido realizadas por un programa llamado Pegasus, confirmó que así había sido.

Pegasus es un software que vende una empresa israelí llamada NSO Group que, de acuerdo con el Times, sólo puede ser adquirido por gobiernos. De ahí la sospecha informada de que el espionaje se originó en alguna oficina del Gobierno federal y la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto para que la PGR investigara. Han pasado varias semanas desde que dio la instrucción y no ha sucedido nada. El argumento es que una investigación de esta naturaleza lleva tiempo. Lo inverosímil no es la demora para dar resultados, sino que no sepan claramente quién o quiénes, dentro o fuera del Gobierno, tenían acceso a Pegasus. Lo mismo se puede alegar del CISEN, que, de acuerdo con funcionarios federales, no tiene ese software, contradiciendo lo que los contratos del NSO Group sostienen.

El espionaje ilegal es un tema de seguridad nacional. Si la PGR y el Cisen, que tiene la tecnología para investigar de manera más expedita el espionaje ilegal, no saben nada, es más grave que si funcionarios en esas dependencias hubieran abusado de su autoridad, pues reflejaría una incompetencia monumental del Gobierno en términos de la seguridad del Estado. No es creíble que desconozcan su origen y a los autores. La hipótesis de que el Gobierno sí sabe quién espió y está encubriendo a los responsables la fortalece la oposición del PRI en el Congreso a que comparezcan el secretario de Gobernación, el procurador general y el director del Cisen. En toda democracia, que el Congreso llame a que los funcionarios involucrados en temas delicados expliquen sus acciones y decisiones es una práctica normal. Que el PRI esté impidiendo que vayan a comparecer, sabiendo que los coordinadores no hacen nada que no les ordenen desde Los Pinos, daña más a Peña Nieto de lo que él mismo cree. No se beneficia el Presidente de este blindaje contra la transparencia, sino que indirectamente lo inculpa.

Ciertamente, en el caso del espionaje doméstico, el Gobierno puede soportar las críticas e ignorarlas, así como manipular al Congreso para que no moleste al Ejecutivo. Sin embargo, eso no lo podrán hacer con el espionaje extranjeros, que violó tratados y acuerdos internacionales, con lo cual podría ser sujeto el Presidente, como jefe del Ejecutivo, a un litigio en cortes internacionales. Sólo como botón de muestra, la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU establece que nadie puede ser sujeto de interferencia arbitraria o ilegal de su privacidad, y tiene derecho a la libertad de pensamiento, a expresarse y a diseminar información por cualquier medio sin ser sujeto a coerción o intimidación, gozando de la protección de la ley contra esos ataques.

Las garantías individuales y los derechos contemplados internacionalmente fueron violados con los mexicanos y los extranjeros. Los mexicanos no tienen muchas opciones, ante la pasividad e indiferencia de las autoridades, pero no los extranjeros. El espionaje contra ellos no tiene muchos precedentes. La analogía en la memoria es el espionaje global de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo. No obstante, el hoyo legal que salva al Gobierno de esa nación fue el Acta de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero de 1978. El mexicano no tiene nada por el estilo. El espionaje fue grotesco y masivo, y el encubrimiento se encuentra bajo los mismos parámetros.

El Presidente debe reflexionar sobre lo que está sucediendo en su Gobierno, sean o no algunos de sus colaboradores responsables directos de ello, y actuar en consecuencia. Si no hace algo al interior de su equipo, entonces se le recomienda contratar un equipo de abogados y preparar su defensa en cortes internacionales, porque alguien va a pagar por esto y, hasta ahora, la única cabeza responsable a la vista es la de él.
12 Julio 2017 04:08:00
Lo que quiera Mr. Trump
La reunión entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump en Hamburgo la semana pasada tuvo un resultado totalmente inesperado y lamentable, anunciado por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al término del encuentro. Los presidentes acordaron, dijo, negociar un acuerdo de trabajadores temporales de México para que vayan durante periodos específicos a apoyar al sector agrícola de Estados Unidos y lo ayuden a mantener sus niveles de competencia. Frente a la anécdota del “absolutamente”, con lo cual Trump, en respuesta a una pregunta de la prensa, ratificó su idea de que México pague por un eventual muro fronterizo, pasó desapercibido la aberración de tan semejante intención. Un acuerdo de esa naturaleza revive el nefasto Programa Bracero, que vigente entre 1942 y 1964.

El spin que le dieron las autoridades mexicanas al acuerdo es que reconocía la realidad mexicana (¿cuál?, ¿qué México es un país cuyo destino manifiesto es ser el patio de Estados Unidos?), y que era un avance dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con relación a la regulación del sector laboral, que en Washington quieren que sea renegociado (en el entendido que este paso no abre las puertas del mercado estadunidense a todos que tengan la capacidad y entrenamiento para competir, sino sólo a la mano de obra intensiva en el sector primario). En cualquier caso, la visión mexicana es cortoplacista y vergonzosa.

No se sabe aún de quién fue iniciativa este nuevo programa, pero caben dos interpretaciones: si la idea es estadunidense, los mexicanos están bailando al ritmo que les impuso Trump; pero si la idea es mexicana, la ignorancia histórica sobre lo que este tipo de programa significa, conduce a una subordinación política y el final de la búsqueda del ideal asimétrico en las relaciones bilaterales. Sin embargo, hay razones para suponer que el planteamiento surgió de los estadunidenses. Videgaray explicó que la idea salió del déficit de mano de obra en algunas partes de la economía de Estados Unidos, como el campo y la industria de la construcción, con lo cual se subrayaba el mejoramiento de las relaciones bilaterales. De dónde sacó el canciller esa idea, no se sabe. El acuerdo que quieren estudiar no incluiría a obreros, sino solamente campesinos.

La analogía con el Programa Bracero es monumental. Durante los 22 años que funcionó, este programa, conocido como el Mexican Farm Labor Agreement, firmado en agosto de 1942, permitió que casi 5 millones de campesinos mexicanos trabajaran en los campos de 22 estados de la Unión Americana, principalmente en California y Texas. Una vez concluido, nunca se reemplazó. Años más tarde se crearon las visas de trabajo temporal, conocidas como H2A, para trabajadores en el campo, y H2B, para trabajadores no agrícolas. Otro programa, el H-1B, conocido como visas de negocios, ha sido reducido significativamente por Trump.

El Programa Bracero, de acuerdo con lo negociado, garantizaba para los mexicanos condiciones de vida adecuados, en cuando a salud, vivienda y comida, así como un salario mínimo de 30 centavos por hora. Una parte muy importante que contenía el documento, es que los mexicanos no podrían ser sujetos de ningún tipo de discriminación o que fueran excluidos de las zonas reservadas sólo para los blancos. Nada de esto se cumplió. En Texas, los mexicanos fueron tratados como perros en el transporte público, donde los obligaban a viajar en la misma zona de los animales, y lejos de asegurarles las condiciones de vida y los salarios comprometidos entre los dos gobiernos, sufrieron una explotación sistemática que violaban lo suscrito por los dos gobiernos, que incluía abusos físicos. En California, los orillaron a vivir en cuevas dentro de los campos de cultivo. Los braceros rara vez se quejaban del maltrato, por el temor de que se les cancelara la visa.

Por años, el Programa fue criticado. Los gobiernos mexicanos alentaron la expulsión económica de sus campesinos al ser incapaces de abrir oportunidades en su país, mientras que en Estados Unidos produjo externalidades, como la caída de los salarios de los campesinos estadunidenses. La Comisión sobre el Trabajo Migratorio creada por el presidente Harry Truman, afirmó en un reporte en 1951 que mientras los sindicatos se oponían a la inmigración mexicana sin restricciones, los agroindustriales, con respaldos en el Capitolio, querían garantizar la continuidad de la mano de obra “barata y dócil” mexicana.

El programa otorgó alrededor de 200 mil visas anuales durante ese periodo y fue utilizado con otros fines por Washington. El Departamento de Estado lo utilizó como un mecanismo para frenar el creciente apoyo al Partido Comunista –ilegal en ese entonces–, y el Pentágono encontró en él un mecanismo de reclutamiento para las guerras en las que se embarcaba. De esa forma, reclutaron mexicanos para la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la de Vietnam. El programa obligaba a los mexicanos a regresar al término de la vigencia de la visa, sin generar antigüedad ni derechos, y sólo podía ser utilizado para resolver los déficits laborales, sin desplazar o remplazar a los trabajadores estadunidenses.

De acuerdo con lo que dijo Videgaray, para allá van. El lobby agroindustrial ha presionado como ningún otro a Trump para que fortalezca ese sector durante la renegociación del TLCAN, y uno de sus impulsores es el senador texano John Cornyn, a quien visitó en su oficina el canciller mexicano el lunes. ¿Indignidad completa la de los mexicanos, y desdén por la historia y por los mexicanos? Si se trata de complacer a Trump y el lobby agroindustrial, este será el primer paso, una genuflexión ante los ojos de todos los mexicanos.
11 Julio 2017 04:07:00
2018: Aurelio Nuño
Aurelio Nuño es una hechura original de Enrique Jackson, quien hace más de una década lo introdujo formalmente en la política como su asesor en la Cámara de Diputados. Egresado de la Universidad Iberoamericana, sus viejos enlaces en esa institución lo colocaron en el camino del expresidente Carlos Salinas, quien vio sus atributos y se lo recomendó a quien ya estaba trabajando en la construcción de la candidatura presidencial del entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Luis Videgaray, a quien mandó Peña Nieto a presidir la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en 2009 para que después, amarrados los dineros para los gobernadores amigos que ayudarían en la campaña de 2012, se regresara a Toluca a dirigir la campaña presidencial, lo incorporó a su equipo. A Nuño lo ayudaron las circunstancias, con el respaldo, por supuesto, de sus promotores.

Cuando se armaba el equipo presidencial, una mala lectura de Peña Nieto sobre las aspiraciones del entonces embajador en el Reino Unido, Eduardo Medina Mora, lo llevó a nombrarlo embajador en Estados Unidos, y no secretario de Relaciones Exteriores, que era lo que realmente deseaba. En el reacomodo, Peña Nieto nombró a José Antonio Meade en la Cancillería, en lugar del cargo en el que se pensó originalmente, Jefe de la Oficina de la Presidencia. Un leal a Peña Nieto, Francisco Guzmán, fue hecho a un lado por Videgaray, quien armó prácticamente todo el gabinete, y colocó en la segunda oficina más importante de Los Pinos a su hombre, Aurelio Nuño.

Nuño ha sido una persona muy importante para Peña Nieto, quien le entregó la llave de su oficina y le delegó una responsabilidad sobre las decisiones de su gobierno como ningún otro funcionario en ese cargo había tenido. Muy poderosos personajes pasaron por la segunda oficina más fuerte en Los Pinos, pero las decisiones finales siempre las tomaba el presidente en turno, a veces muy en contra de lo que les aconsejaban. Peña Nieto fue diferente y Nuño se convirtió en una voz determinante. Tres de ellas han marcado su Presidencia:

1.- Le aseguró que había negociado con Los Chuchos que el PRD respaldaría la Reforma Energética, si el presidente presentaba la reforma fiscal perredista. Así lo hizo. Obligó al secretario de Hacienda a cambiar la reforma fiscal que buscaba aumentar la recaudación a través del IVA, a costa de la alianza electoral con los empresarios. El PRD, como era lógico suponer, no votó la Reforma Energética.

2.- Cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa en en Iguala, Nuño consideró por estar involucrada la policía municipal era un tema local donde no debía involucrarse el presidente. La ausencia de Peña Nieto durante más de dos semanas le generó críticas y presiones que lo obligaron a intervenir, con casi un mes de retraso. Como una acción de alto impacto mediático, Nuño organizó que el presidente recibiera en Los Pinos a los padres de los normalistas, a sus abogados y apoyos, con lo cual se explica el momento en que un crimen local, pasó a ser considerado “un crimen de Estado”.

3.- La respuesta al escándalo de la casa blanca la manejó Nuño con la ortodoxia del manual de crisis: quien estaba en el centro de la polémica debía ser quien explicara las cosas. Soslayó dos cosas: que esa persona, Angélica Rivera, era la esposa del presidente –con lo que se transfería el rol protagonista del escándalo-, y que al ser una actriz profesional, utilizar un video para transmitir el mensaje, se iba a interpretar como una actuación.

Pese a esos costos, Peña Nieto le entregó poderes extraordinarios, reflejo de una creciente dependencia intelectual y emocional de su joven colaborador, a quien en agosto de 2015, empujó a la calle para que comenzara a crecer. Lo nombró secretario de Educación, para que llevara a cabo la Reforma Educativa que en la campaña preparó y redactó junto con su amanuense en ese entonces, el actual líder del PRI, Enrique Ochoa. En ese momento, ungido como su delfín, Peña Nieto comenzó a engañar con la verdad, como suele decirlo.

El 26 de mayo de 2016, se publicó en este espacio: “En una monarquía, como evoca la restauración del PRI de la era de Enrique Peña Nieto, el sucesor del presidente tendrá que ser Aurelio Nuño, su secretario de Educación.

En una monarquía priista, el presidente no hereda a su hermano –Carlos Salinas pasó por encima de Manuel Camacho, y José López Portillo sobre Javier García Paniagua, en los casos más claros de los últimos 40 años–, sino a su hijo. Nuño es adoptado porque incursionó en la política como asesor del diputado Enrique Jackson hace más de una década, y recibió del actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, su impulsó definitivo. Inteligente, Nuño voló por méritos propios, y después de observarlo durante tres años, Peña Nieto decidió que era tiempo que saliera a la arena pública, desde donde construye su candidatura”.

Nuño se convirtió en una figura polémica por su discurso policial y despectivo contra miles de maestros, con lo cual generaba tensiones innecesarias. En 2016 se le cruzó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien no sólo lo desplazó de las negociaciones políticas educativas, sino que lo hizo con avasallamiento. Las aspiraciones presidenciales de Nuño parecían liquidadas. Pero no es así. Aquellas acciones de Osorio Chong contra él, provocaron el primer enfriamiento de su relación con el presidente, algo muy significativo en lo que representa Nuño para Peña Nieto, posiblemente hoy, con quien, como suele decir, esté engañando con la verdad para 2018.
10 Julio 2017 04:07:00
2018: primera batalla
A las 10 de la noche con 34 minutos, en la cuenta de Twitter del líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, se colocó una fotografía tomada horas antes, en desayunadero de los políticos, el restaurante Balmoral, de la Ciudad de México, con Manlio Fabio Beltrones, a quien sustituyó como dirigente del partido en el poder el año pasado. “Me da gusto volver a reunirme con @MFBeltrones, los #PRIistas estamos trabajando en unidad a favor de #Mexico rumbo a la #XXIIAsambleaPRI”, escribió con los modismos de las redes sociales. La última vez que se reunieron fue el 18 de julio del año pasado, en otro restaurante en Polanco, el Champs Elysées días después de haberlo relevado. En esa ocasión Beltrones subió la fotografía en Twitter con el mensaje: “Comiendo con mi amigo @EnriqueOchoaR, presidente del @PRI_Nacional, compartiendo experiencias, ideas y compromisos”. En ambos casos, la simulación tan excelsa de la política mexicana, no pudo ocultar el conflicto entre dos fueras antagónicas en disputa por el poder.

El año pasado, después de una larga reunión en Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto, Beltrones le ofreció su renuncia al frente del PRI para que sirviera como punto de partida para que el jefe de Los Pinos reacomodara su equipo, que no le estaba siendo funcional ni para gobernar, ni para ganar elecciones. Peña Nieto no hizo nada. Pero de su oficina lo presionaron para que asistiera a la unción de su relevo, Ochoa, casi una semana después. Beltrones no se encontraba –convenientemente– en México, pero envió a su hija Silvana, como representante. Peticiones del Presidente, a través de intermediarios, le pidieron que se reuniera con Ochoa, con quien, para no tensar más las cosas, lo hizo. No fue un encuentro de amigos, sino de adversarios. Nunca más volvieron a cruzarse hasta la semana pasada.

La reunión en el Balmoral fue otra charada arreglada desde las alturas del poder para tratar de evitar que a cinco semanas de la Asamblea Nacional del PRI, donde se definirán las reglas del juego de la sucesión presidencial, empezara la guerra. Pero como sucedió el año pasado, los términos de la competencia se inclinaron hacia un lado. Mientras Ochoa se reunía con él, en Chiapas se libraba la primera gran batalla para 2018. El presidente del PRI en ese estado, Roberto Albores Gleason, impidió la entrada a la Asamblea Estatal al diputado local, Willy Ochoa, con lo cual bloqueó su participación en las deliberaciones. “No se vale que actúen de esa manera”, dijo el diputado local, “y no se vale que el Comité Nacional solape lo que está ocurriendo aquí”.

¿Qué pasó en Tuxtla Gutiérrez? Willy Ochoa es un político incondicional de Beltrones, que no aspira ser candidato a gobernador el próximo año, pero sí está buscando una senaduría. Albores Gleason, que lleva siete años al frente del PRI estatal, responde a los intereses del dirigente nacional, quien a su vez es una pieza estratégica del secretario de Educación y fuerte aspirante a la candidatura presidencial, Aurelio Nuño. Albores Gleason, senador y consejero nacional de la Comisión Política Permanente, que es el órgano de dirección colegiado del PRI, y secretario de Gestión Social del Comité Ejecutivo, es a quien Nuño y Ochoa quieren como gobernador en Chiapas.

El “destape” anticipado de Albores Gleason, se dio el 11 de marzo pasado, cuando se casó en una hacienda yucateca donde estuvieron sus padrinos, junto con los secretarios de Gobernación, Salud, el procurador general, y siete gobernadores priistas. Nuño y Ochoa han desoído a 10 exlíderes del PRI en Chiapas, que hace un año pidieron su remoción por haber violado los estatutos del partido y mantenerse irregularmente en el cargo. Como se apreció hace unos días, la respuesta desde el centro ha sido el apoyo total a Albores Gleason para que mueva Chiapas a su gusto, por encima inclusive de sus aliados, el Partido Verde, al que pertenece el gobernador Manuel Velasco, sin reparar en lo que eso impacta en el tejido político nacional del PRI.

El veto a Willy Ochoa es una afrenta a Beltrones. La fotografía del líder priista Ochoa con el exdirigente nacional, parece una burla. Fue consecuencia de un importante litigio en medios entre Ochoa, quien anticipó que en la Asamblea Nacional del 12 de agosto, decidirían los delegados si aceptan a un candidato sin militancia partidista para el boleto presidencial, y Beltrones, que respondió que el PRI no podía ser utilizado como “taxi” para candidatos que no fueran miembros del partido. Demasiado fuerte el choque en la arena pública, para permitir que la bola de nieve se convirtiera en avalancha.

Pero el café en el Balmoral el mismo día que los incondicionales de Nuño y Ochoa golpeaban al incondicional de Beltrones, tiene tipo de celada. La declaración sobre posible candidatos a la Presidencia que no fueran militantes, se leyó como un traje que estaba siendo hecho a la medida del secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Pero la secuela en Chiapas obliga a una nueva reflexión sobre si querer abrir la puerta a Meade fue o no un distractor. Quienes conocen a Beltrones tienen la certeza que su declaración contra los no militantes en busca de la Presidencia, fue platicada antes con Peña Nieto –a quien vio unos 10 días antes de hacerla–, por lo que Meade no sería realmente a quien buscaba cuidar Ochoa, sino a quien lo colocó el frente del PRI y metió en el juego electoral, Aurelio Nuño.
07 Julio 2017 04:08:00
Conversación con un sordo
La reunión en Hamburgo entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump se dará en medio de un frenesí en la relación bilateral que lleva tres semanas, y que tendrá su estación más importante este viernes, cuando Peña Nieto y su equipo entren a un túnel de 30 minutos para un diálogo con Trump, con quien hablar es como tener una conversación con un sordo que tiene proclividad al asesinato. Es decir, la interlocución está llena de incertidumbres, pero no por la preparación del encuentro y la acotación de la temática, como será en esa ciudad alemana donde se celebrará la cumbre del G-20, sino por lo poco predecible de su comportamiento y lo mercurial en sus emociones.

Esta reunión ha sido protegida con algodones. Hace dos semanas se programó la visita a México del secretario de Seguridad Interna, John Kelly, quien llegó a México acompañado por el director de la CIA, Mike Pompeo. El enfoque de seguridad y de tareas de inteligencia era evidente, pero el diseño de la visita sugiere un énfasis distinto. Ausentes por completo en los dos primeros días del viaje de Kelly y Pompeo fueron sus contrapartes y enlaces institucionales, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el director del CISEN, Eugenio Imaz, enfatizando la desconfianza en Washington con esa ala del equipo de Peña Nieto, y el interés por articular la relación bilateral con otras caras, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y los jefes de las Fuerzas Armadas, el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, y el de la Marina, almirante Vidal Soberón.

Kelly, de acuerdo con diplomáticos estadunidenses, planteó en Los Pinos los temas que Trump pretende abordar con Peña Nieto, la seguridad regional que integre a Centroamérica, migración y tráfico de armas, junto con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no vio directamente el secretario. No habrá sorpresas en Hamburgo, fue el mensaje de Kelly a Peña Nieto, pero los mexicanos no están seguros. En una plática con periodistas que acompañaron al presidente en el viaje a Europa, Videgaray dijo que esperaban que la conversación con Trump fuera en términos de cordialidad y respeto, que es hasta ahora el mayor déficit en la relación bilateral.

Trump no es el Gobierno de Estados Unidos, que en las áreas que conciernen a la relación con México, están trabajando con otro ritmo, tono e interés. Se vio en la preparación de la reunión entre los dos presidentes, que originalmente había anticipado el director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, sería tipo pull aside, como definen las reuniones de pasillo, rápidas y sin mucho contenido, preparadas más para relaciones públicas. En menos de una semana, Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado elevaron el nivel de la reunión, a una de trabajo, de 30 minutos –no de 10– y con la participación de secretarios y colaboradores. La fotografía que iba a ser la joya del encuentro, tomó densidad.

El temario de la reunión no podía ser extenso y se terminó de afinar durante la mañana del miércoles, antes de que llegaran Kelly y Pompeo a México. Los temas son los obvios, pero lo importante es lo que no se abordará, según lo acordado por los equipos: el muro fronterizo, que se ha convertido en la metáfora de la desastrosa relación entre Peña Nieto y Trump. Temáticamente será una reunión dentro de las líneas convencionales de este tipo de encuentros, pero políticamente, lo que no se ve, es lo relevante: el cuidado con el que el Gabinete de Trump quiere llevar la relación con México. ¿Será la plática tan tersa, como se ha negociado? Si la visita de Trump a Los Pinos en agosto del año pasado se puede tomar como referencia, será una conversación cordial y respetuosa, como espera Videgaray. La inquietud es sobre lo que puede venir después.

Tras aquella reunión en Los Pinos, Trump rompió los acuerdos tomados y habló contra México y los mexicanos. Ya como Presidente, habló por teléfono con Peña Nieto y se comprometió una vez más a no hablar públicamente de aquellos temas donde claramente había diferencias insalvables, pero volvió a destrozar lo pactado días después. Kelly, el secretario de Trump quien se ha encargado, quizás inopinadamente, de reparar los daños que provoca su Presidente y colocar bálsamo en las heridas a los mexicanos, ha tenido que trabajar horas extras para evitar un mayor alejamiento entre los dos países. Junto con el secretario de Estado, Rex Tillerson, ha ido construyendo la agenda bilateral cuidando que la Casa Blanca y sus supremacistas, no la dinamiten.

El tipo de reunión en Hamburgo, iniciativa de ese sector integracionista del Gobierno de Trump, volvió a enviar un mensaje de que las relaciones bilaterales tienen un diálogo ininterrumpido, aunque a veces tenga sus sobresaltos. En papel, los mexicanos están preparados. La próxima semana, para dar un seguimiento a los asuntos mexicanos, Videgaray estará en el Capitolio hablando con diputados y senadores sobre comercio y seguridad, cerrando estas tres semanas de frenesí. Todo está calculado y planeado por las dos cancillerías para que las cosas resulten de acuerdo con la partitura que escribieron, pero con Trump nada es seguro ni cierto, pues su palabra cambia al ritmo de su temperamento. Lo único es que los mexicanos ya saben que así es, y no va a cambiar. Estarán preparados para evitar un nuevo naufragio. Es lo menos que se espera de ellos.
06 Julio 2017 04:08:00
2018: choques en el paraíso
Los campos de batalla en el PRI se han establecido. Por un lado, Enrique Ochoa, impuesto por el presidente Enrique Peña Nieto como líder del PRI para enviar una señal al interior del partido que él era el jefe supremo. Por el otro, Manlio Fabio Beltrones, quien renunció al PRI tras las derrotas en 2016 en la contienda de 12 gubernaturas, donde ofreció su cabeza al Presidente como un sacrificio para que ajustara el rumbo de su gobierno, que tanto daño había causado en las urnas. Peña Nieto lo ignoró y sólo Beltrones pagó el costo de la humillación. Desde entonces, las fisuras en el PRI se han acentuado, donde la minoría, ubicada en el entorno peñista controla a la mayoría por la vía de los recursos que tiene la Presidencia para destruir a quien sea, si así se lo propone.

Beltrones, que probablemente tiene más prestigio hoy en día dentro del PRI que Peña Nieto y todo su gabinete junto, fue crecientemente presionado por los cuadros más experimentados del partido para que definiera su posición y dijera qué quería. Buscaban tener en él la cabeza del desafío a Peña Nieto, pero rechazaba las presiones. Hasta después de las elecciones en el Estado de México podría darse un posicionamiento, insistía a quien le preguntaba.

Finalmente, esa definición se dio en una entrevista con Reforma, donde anticipó que definirá si compite por la candidatura presidencial después de la Asamblea Nacional del PRI en cinco semanas, pero advirtió que su partido no puede servir de “taxi” de aspirantes sin identidad partidista.

Ante el pañuelo lanzado, Ochoa aceptó el reto. Al hablar con periodistas sobre la Asamblea, dijo que serán sus delegados quienes decidirán si aceptan o no a un candidato sin identificación partidista, que podrían ser él mismo o el secretario de Educación, Aurelio Nuño, entre el grupo presidencial que se encuentra entre los aspirantes. Ochoa fue más ambicioso y abrió la baraja para darle a Peña Nieto mayores márgenes para su decisión. Dirán los priistas, adelantó, si permiten que sea un no militante candidato por el partido a la Presidencia, con lo que abrió al debate público el cabildeo intramuros para que se modifique el estatuto que exige 10 años mínimo de militancia y que hayan tenido algún cargo de representación priista, que pudiera ser incluso representante en su casilla en una elección, que permitiría contender por la franquicia al secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

Este candado es la piedra de toque de la Asamblea General del PRI y en donde se juega el destino de la sucesión presidencial. Ochoa es la avanzada para el cabildeo que trata de eliminar ese candado de los estatutos, incorporado por los priistas en la ola de furia contra el expresidente Ernesto Zedillo, a quien muchos consideran trabajó contra el PRI desde el interior del PRI, y allanó el camino para que Vicente Fox acabara con el reinado priista en el poder. Impedir la llegada de otro perfil como Zedillo a una candidatura, sirvió durante años tanto como el modificado Artículo 82 de la Constitución, escrito en 1917 con dedicatoria al ministro de Hacienda, José Yves Limantour, y que evitó que figuras como Carlos Hank González nunca pudieran aspirar por la candidatura presidencial al haber nacido uno de sus padres en el extranjero. La disidencia priista ya planteó a la secretaria general del partido, Claudia Ruiz Massieu, que estarían dispuestos a eliminar ese candado a cambio de que Peña Nieto abriera el proceso de selección de candidato presidencial.

La respuesta de Los Pinos no ha llegado. Aceptar esa propuesta sería el equivalente para Peña Nieto de entregar la facultad, intocada hasta ahora, de decidir a quien desee como sucesor. Los resultados de la elección del estado de México le permitieron afianzar ese recurso metafísico de la política priista, y no hay señales de que abra el proceso de sucesión para hacerlo más incluyente, como lo hizo Miguel de la Madrid en 1987. Pero hay algo más. En la Asamblea General se espera que participen cerca de 10 mil priistas, pero más del 70% serán música de acompañamiento para efectos prácticos, pues unos dos mil 500 delegados serán los únicos que tomen las decisiones sobre el rumbo del partido.

Los preparativos de la Asamblea General no los ha realizado Ochoa. Peña Nieto encargó esa responsabilidad a Ruiz Massieu, que es una negociadora dura y con bajos niveles de tolerancia, y al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien ha trabajado estrechamente con el Presidente en materia electoral y partidista desde hace más de una década. La convocatoria de la Asamblea, redactada por Murillo Karam, no deja espacios para el debate abierto, menos aún para sorpresas. Es decir, podría argumentarse que si la mayoría de esos cerca de 2 mil 500 delegados deciden respaldar los deseos de Peña Nieto, podrá haber eliminación de los candados y construir el andamiaje para que decida por quien le plazca como su sucesor.

Una decisión vertical, como esa, mandaría un mensaje al PRI, donde Peña Nieto ha perdido sistemáticamente influencia, de autocracia partidista. Pero ¿llevaría a una fractura como en 1987? La mayor parte de los priistas consultados piensan que no, y que habría subordinación. Pero esas preguntas se hicieron antes de la definición de Beltrones, quien ya habló y a quien todos escuchan. El choque entre el PRI de Peña Nieto y el de Beltrones, en todo caso, comenzó.
05 Julio 2017 04:08:00
La seguridad, de mal en peor
Si en la primera parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la seguridad pública estuvo mal, en la segunda parte, en la recta final del sexenio, estará peor. En función de los resultados, esta es la peor área del Gobierno peñista, donde los rendimientos han sido sistemáticamente decrecientes.

Urge un rediseño de la estrategia para combatir el crimen, pidió el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en donde el Gobierno federal, los gobernadores, alcaldes y legisladores asuman su parte de responsabilidad.

Urge, sobre todo para el Presidente, porque la debacle de la estrategia amenaza con devorar por completo los últimos meses de Peña Nieto en Los Pinos, y su principal carta –de acuerdo con las encuestas– para ser el abanderado del PRI para la elección presidencial de 2018, el secretario Osorio Chong, está tocado de muerte política.

La boca se les ha llenado de palabras huecas a los funcionarios peñistas desde el arranque del sexenio.

La balandronada de que en 100 días acabarían con la violencia se convertirá en metáfora de su incompetencia.

El Gobierno del presidente Felipe Calderón les dejó un país en medio de una guerra civil, con una estrategia de fuego y muerte que tuvo su cénit en mayo de 2011, cuando las denuncias de homicidios dolosos alcanzaron la cifra de 9 mil 466 durante los primeros cuatro meses de ese año.

A partir de entonces, la estrategia de ser más rápidos para abatir o capturar criminales, versus la velocidad de los cárteles para renovar sus cuadros, comenzó a reducir la estadística de la muerte.

Para 2012, la cifra cayó a 9 mil 158, que bajó a 7 mil 902 al año siguiente, a 6 mil 887 en 2014, y 6 mil 708 en 2015, cuando el diseño de mucha coordinación en el gabinete de seguridad y no confrontación con los cárteles de la droga, tocó piso.

Los criminales le tomaron la medida al Gobierno. Se realinearon y se fortalecieron.

La guerra civil reinició. Para 2016, la estrategia de contención y administración del combate contra la delincuencia estaba destrozada. El discurso oficial siguió ensalzando los logros que contrarrestaban con el total de denuncias de homicidios dolosos, que son con los que se identifica a la delincuencia organizada en el Artículo 9 del Código Penal.

En 2016, ese tipo de delito sumó 7 mil 658 denuncias, lo que significó un incremento de 22% con respecto al año anterior.

El Estado de México, Guerrero y Chihuahua, registraron el mayor número de estos crímenes, acumulando la tercera parte de este tipo de delitos en los 16 años que llevaba el siglo. El Estado de México, no fue sorpresa, fue el primer lugar nacional en violencia.

El número de asesinatos en la categoría de homicidios dolosos en 2016 llegó a los 20 mil 549, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que significó un incremento de 20.6% con respecto a los 17 mil 34 homicidios dolosos denunciados en 2015, cuando ya se había notado un incremento de 8.8% con respecto a 2014. En los primeros cuatro meses de este año, lo que pasó fue el acabose. El total de denuncias presentadas por homicidio doloso se disparó a 9 mil 916, lo que significa un aumento de 29.5% con respecto al mismo periodo en 2016. Estos cuatro meses fueron el periodo más violento en la historia de México, o cuando menos, si se quiere ser purista, desde que se cuenta con registros de incidencia delictiva, hace 20 años.

Si las cosas estaban mal, como se apuntó en un principio, van a empeorar. En los primeros 54 meses del Gobierno de Peña Nieto, casi cuatro años y medio en total, el número de homicidios dolosos denunciados llegó a 83 mil 209. Como comparación, en los primeros 54 meses de gobierno de Calderón, hubo 70 mil 693 homicidios dolosos. La cifra en el actual Gobierno puede ser incluso mayor, por las variables en la medición. Una de ellas es que si no está identificada la persona asesinada, no se contabiliza. Aún así, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que recoge información de todas las procuradurías del país, durante el sexenio de Peña Nieto se han denunciado hasta el momento 12 mil 516 homicidios por encima del total de denuncias en el gobierno de Calderón, lo que representa un incremento de 17.7 por ciento.

Los estados con mayor número de denuncias de este tipo de delitos, son Veracruz, que tuvo un incremento de 122% entre 2015 y 2016, seguido de Michoacán (65%), Colima (259%), Baja California (42%) y Chihuahua (30%). En la suma general, 23 entidades del país sufrieron un aumento en las denuncias, lideradas por Veracruz, Michoacán y Colima.

En los primeros cuatro meses de este año, como botón de la extensión territorial de la violencia, se reportaron denuncias en 28 entidades, con Baja California, Veracruz y Sinaloa, a la cabeza.

Llamados como los que hizo De Hoyos Osorio Chong, como responsable de la seguridad interior y la gobernabilidad, deben ser una exigencia para las instituciones, que hasta ahora se han dedicado a dos cosas: a esconder la cabeza como avestruces, o a posponer el fortalecimiento institucional que tanto contribuye a esta debacle, por intereses partidistas particulares. A este respecto, no hay señales que las cosas cambiarán, ni la voluntad presidencial para dar un golpe de timón y rectificar el rumbo.
04 Julio 2017 04:07:00
Qué hacer con Trump
¿Qué puede hacer el presidente Enrique Peña Nieto para evitar que Donald Trump lo humille en la arena pública? Peña Nieto ya experimentó que la actitud conciliadora que tiene en privado se vuelve nuclear cuando se traslada al público. Una cosa le dijo Trump el último día de agosto del año pasado en Los Pinos, y otra su reacción tres horas después en Phoenix, al dinamitar la conversación que tuvieron durante la campaña presidencial. Otra fue la conversación telefónica, ya presidentes ambos, para acordar que donde la discrepancia fuera insalvable no hablarían de ello con los medios, que violó Trump ante una cámara de televisión. No hay garantía alguna para que lo que acuerden la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado para su encuentro este viernes en Hamburgo, sea respetado por él. Coloquialmente hablando, lo que vaya a resultar será un volado.

Peña Nieto y Trump sostendrán lo que llama el Departamento de Estado como una reunión pull-aside, que son rápidas y sin tiempo para profundizar, pero que sirven para subrayar el tema que más preocupa en ese momento, o enviar un mensaje de que esa relación es prioritaria. Trump tendrá encuentros pull-aside con nueve de los 19 líderes con quienes se verá en la cumbre del G-20 en Hamburgo a finales de esta semana. ¿Qué puede hacer Peña Nieto con Trump? Si la plática va a ser expedita, sin tiempo para abundar en un tema, la forma como se construirá lo que sucedió en ella no dependerá del presidente mexicano y cómo se le planta, sino de cómo su equipo diseña la narrativa del encuentro.

Lo peor que puede suceder es lo que ya están haciendo: emitir declaraciones inocuas, vagas y retóricas, o preparar comunicados que destilen miel. Un comunicado para hablar generalidades, como suelen hacerlo, junto con sus filtraciones a las columnas políticas anónimas donde ensalzan al Presidente, no sirve. No les ha funcionado en el pasado, no les va a funcionar ahora. Una comunicación política diferente podría hacer la diferencia. Pero, ¿serán capaces de reinventarse los mexicanos?

La incapacidad de tener una comunicación política eficiente que defienda los intereses mexicanos, no es exclusiva del Gobierno de Peña Nieto. Se extiende por muchos sexenios, explicado por la deformación gubernamental de pensar que información e igual a propaganda, que siempre los hace perder la iniciativa y estar siempre a la defensiva. El encuentro de Trump con Peña Nieto, por ejemplo, lo anunciaron en Washington el jueves pasado, cuando el director del Consejo Nacional de Seguridad, H.R. McMaster, y el director del Consejo Nacional Económico, Gary Cohn, dieron una briefing –equivalente informal a una rueda de prensa– a la prensa en la Casa Blanca sobre el viaje a Europa. Lo que hace la Casa Blanca es administrar la información.

En Hamburgo lo primero primero a través del pool –un grupo compacto– de periodistas que viajen en el Air Fore One, donde altos funcionarios del Gobierno darán a conocer el objetivo que van a alcanzar y lo que esperan de los encuentros más importantes. Ese pool da la información al resto de los periodistas acreditados por la Casa Blanca, con lo cual se empieza a construir su narrativa, con el énfasis deseado. Una vez en Hamburgo, la oficina de prensa de Trump llevará a los periodistas acreditados a funcionarios de alto nivel que irán explicando los detalles que quieren que se resalte de los encuentros bilaterales, con lo cual definirán el contenido de las pláticas. Otros países hacen lo mismo y neutralizan el spin –la intención– de la Casa Blanca. La experiencia en el gobierno peñista en este campo ha sido amarga, no sólo porque carecen de este procedimiento, sino porque ni siquiera se le da la atención requerida. En una ocasión, para una reunión convocada intempestivamente por el presidente Barack Obama, como la prensa mexicana quedó hospedada a 45 minutos de Washington, no llevaron funcionarios a hablar con ella porque, dijo un colaborador de Peña Nieto, “estaban demasiado lejos y no daba tiempo”. Aquella ocasión, como se ha dado sistemáticamente en otras, el tono y ángulo de la información no respondió a los intereses mexicanos.

La única forma como podría neutralizarse a Trump, pensando en la probabilidad que haga una de sus jugarretas, es trabajar una estrategia similar: un briefing este mismo martes a la prensa mexicana sobre lo que se espera, para no levantar expectativas falsas y orientar sobre las razones del encuentro, así como reportes diarios, por funcionarios de alto nivel, durante la cumbre del G-20. Esta información les permitiría construir la narrativa de esa gira de acuerdo con los intereses mexicanos, e inyectar antídotos a las ocurrencias de Trump con una versión alterna de lo que diga la Casa Blanca.

La batalla entre los dos presidentes se escenificará, como siempre, en el campo de la comunicación política. Y para entrar a esa guerra se tienen que reinventar los funcionarios mexicanos, dejando su solemnidad y opacidad a un lado. Nunca lo han logrado, por su confusión conceptual con lo que es la información y el mensaje, o generar propaganda en lugar de información. Pero tampoco nunca habían tenido una desafío tan grande como lo es Trump y su bipolaridad. Peña Nieto y su equipo lo saben perfectamente. Han vivido las frustraciones por su excesiva prudencia y falta de creatividad comunicacional. Nunca es tarde para rectificar. Imperdonable sería, con toda lo vivido con Trump, que vuelvan a cometer los mismos errores.
03 Julio 2017 04:07:00
El rival más débil
No es el mejor momento para una reunión entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, pero en unos días se verán las caras en privado. Hay que hacer dos consideraciones para tratar de entender por qué dialogarán en el marco de la cumbre del G-20 en Hamburgo a finales de esta semana: ¿cuándo es el mejor momento para reunirse con Trump? Si era inevitable que se cruzaran y hablaran durante las sesiones, ¿no sería más costoso el no tener un encuentro bilateral? Nunca habrá un buen momento para hablar con el actual inquilino de la Casa Blanca, porque hasta donde se ha visto su proceder, siempre es un viaje hacia lo desconocido tener cualquier tipo de interlocución o trato con él. Pero al mismo tiempo, el no formar parte del grupo de nueve líderes que hasta ahora se ha programado dialogarán bilateralmente con él, probablemente habría sido interpretado en México como un nuevo desdén del presidente estadunidense.

Difícilmente podrán sentirse tranquilos los funcionarios mexicanos más sensatos por el encuentro con Trump. La cancillería mexicana no había hecho ningún esfuerzo por buscar una entrevista entre ellos, porque no tendrían nada importante y concreto que pudieran anunciar. Una plática entre estos dos presidentes, que con otros mandatarios estadounidense se podían presumir en un comunicado lleno de caracterizaciones de que fue “cordial”, donde “revisaron los temas de la agenda bilateral” y “acordaron seguir trabajando” para fortalecerla por la calidad de la relación bilateral, no podrá ser tratada de igual manera porque a diferencia de antaño, en el caso de Trump, sólo jugando a las forzadas con él, levantándole la voz y confrontándolo, mandaría un mensaje de no subordinación.

Peña Nieto no presentará una postura de esas características porque genéticamente es todo lo contrario, de formas muy suaves y de trato débil cuando debe imponerse. Por si no fuera suficiente ese pasivo, Trump es un personaje impredecible y tramposo. Peña Nieto ya ha sufrido y padecido sus exabruptos y sus mentiras, pagando con humillaciones y descrédito los atropellos. El peor de ellos cuando en enero pasado prácticamente le retiró la invitación en público a ir a la Casa Blanca. Ese episodio precedió a un acuerdo de no hablar sobre el muro en la frontera y que México iba a pagarlo, como decía Trump, quien lo rompió en la víspera de que iniciaran delegaciones de alto nivel de los dos países las primeras pláticas sobre las relaciones bilaterales, a unos cuantos metros de la Oficina Oval.

Trump dijo el jueves 26 de enero en su cuenta de Twitter: el presidente Peña Nieto no debe visitar Estados Unidos a menos que México esté dispuesto a pagar por el muro. Poco después, por la misma red social, Peña Nieto anunció la cancelación del viaje, previsto para el día 30. Las primeras pláticas oficiales entre los dos países habían arrancado en la víspera, y recién se sentaban los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, comenzaron las hostilidades, que se convirtieron en insultos del supremacista consejero de Trump, Steve Bannon. Los mexicanos consideraron levantarse de la mesa, pero a fin de evitar lanzar la relación bilateral al abismo, aguantaron el maltrato.

La cancelación de la visita a Washington llevó la relación a uno de los puntos más álgidos que se recuerda, en situaciones incluso más difíciles que durante la tortuosa negociación sobre el acuerdo de gas natural durante el gobierno de José López Portillo, o más grave que cuando se enfrentaron los gobiernos de Miguel de la Madrid y Ronald Reagan por su intención de invadir Nicaragua. Se puede argumentar que fue la fisura más grande entre los dos países en tiempos de paz, que tuvo un proceso de recuperación con el trabajo que se realizó posteriormente con los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interior, John Kelly. Aún así, exabruptos antimexicanos de Trump, en medio de negociaciones bilaterales, llevó a Kelly en un momento, durante una de esas reuniones en la Ciudad de México, a disculparse con los mexicanos por las declaraciones de su Presidente.

El estado de relación bilateral ha continuado avanzando por buen camino, con acuerdos marco en materia de seguridad regional y alcanzándose los tiempos óptimos –para su aprobación antes de los periodos electorales de 2018– para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero por más sólido que sea los construido, no deja de ser frágil por la explosividad bipolar de Trump y su búsqueda permanente, en momentos de dificultad, de voltear una y otra vez a México para fustigarlo en los temas de migración y comercio que son los que mejor juegan con su electorado conservador, que mantiene aún de manera homogénea, para tratar de desviar la atención.

Angela Merkel, la canciller federal alemana y anfitriona de la Cumbre del G-20, anticipó la semana pasada que la presencia de Trump va a ser tensa y difícil, por temas como medio ambiente y libre comercio, donde se encuentra literalmente casi contra todo el mundo. Su temor fue confirmado durante el briefing que dio el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, sobre la reunión. “Desde la perspectiva de política exterior, el objetivo del Presidente será dejar claro, incluso a nuestros aliados, que Estados Unidos no puede tolerar un comercio injusto y prácticas desventajosa para nuestros trabajadores y nuestras industrias”, dijo. “Estamos preparados para actuar donde sea necesario”. No se necesita más. Trump va con la espada afilada. Peña Nieto, en el contexto actual, es su rival más débil.
30 Junio 2017 04:08:00
La moral de ‘El Bronco’
El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, tiene la lengua muy larga y la congruencia muy corta. Esta semana anunció que demandará a los principales medios de comunicación de su estado porque dicen mentiras y nadie les ha puesto un alto, afianzando en la ética pública su desafío. Al mismo tiempo, sigue mascando el chicloso podrido de su fiscal anticorrupción, Ernesto Canales, acusado de fraude en la Ciudad de México, y quien pese a ir perdiendo en todas las instancias judiciales su alegato de inocencia, lo mantiene en el cargo. Hace mucho tiempo Canales debió haber renunciado –en aras de la ética institucional–, o el Gobernador haberlo despedido, porque un presunto delincuente no puede ser el responsable de perseguir delincuentes. La doble moral de “El Bronco”, que se presenta como justiciero, es de antología.

Canales se encuentra en un pantano legal. Entre más se mueve, más se hunde. El 26 de marzo de 2012 fue acusado, junto con un viejo asociado, César Gerardo García Méndez, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La demanda, interpuesta por los abogados de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, señalaba que los abogados “se apoderaron y dispusieron en su beneficio” de los 6 millones de dólares pagados por Televisa, como compensación por la venta de sus acciones a Emilio Azcárraga Jean, “obteniendo un lucro indebido y generado un detrimento patrimonial” a su cliente. Canales lo ha negado siempre, aunque a través de denuncias periodísticas ha sido forzado a aceptar que existe el litigio en su contra.

A principio de este año, el caso tomó otra velocidad, cuando salió el pliego de consignación de la orden de aprehensión contra García Méndez, por el delito de administración fraudulenta. Según el pliego, violó el Artículo 234 del Código Penal al haber realizado operaciones perjudiciales al patrimonio de Paula Cusi, en beneficio de un tercero; en este caso, él y su entonces socio Canales, a quienes contrató para que resolvieran una disputa con Televisa. Por razones inexplicables, en el pliego de consignación del agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el 17 de febrero, Canales, presunto responsable de los mismos delitos, salvó una acción judicial en su contra.

La extraña actitud jurídica de las autoridades capitalinas, sólo se podían entender en un contexto político, donde el Gobierno de la Ciudad de México no se enfrentara con el Gobernador de Nuevo León, quien como ha sido su actitud, con seguridad lo iba a defender. Sin embargo, en los últimos días cambiaron las cosas. Para evitar que siguiera el camino de García Méndez, Canales promovió un amparo en contra de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por la negativa de determinar el no ejercicio de la acción penal. Es decir, que cerraran su caso exonerándolo de cualquier delito. No le funcionó. El amparo solicitado fue negado, con lo que el proceso judicial en su contra continúa.

El fiscal anticorrupción de Nuevo León utilizó argucias y mañas para ganar tiempo y buscar nuevas defensas contra las autoridades. Una de ellas fue no presentarse a la comparecencia para ir desahogando las pruebas –donde podía haber apuntalado su defensa–, y cuando lo apercibieron, dijo que nunca había recibido el citatorio. El Ministerio Público ya le giró otro nuevo citatorio, enviado por correo certificado. La fecha para que comparezca ante las autoridades es el próximo 10 de julio, en calidad de “probable responsable” del delito de fraude. El documento en el que se sostiene la presunta responsabilidad de Canales, está firmado el 28 de abril de 2011, donde la señora Cusi cedía “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de El Tigre Azcárraga Milmo, a su hijo Emilio Azcárraga Jean, a cambio de una contraprestación, que Canales no le informó que se había acordado, de seis millones de dólares, a cambio de desistirse de acciones legales para mantener el 16.6 por ciento de la empresa que le fue heredado por El Tigre. Este documento, llamado Carta de Instrucción, fue firmado por Canales y García Méndez con el representante de Televisa, Alejandro Bustos.

En ese documento solicitaban a Televisa determinar la forma como realizaría el pago compensatorio mediante dos opciones: 1) Un depósito a la cuenta de Summer Stream, C.V., por la vía de Abdadi&Co, Securities Ltd, en el banco Standard Bank Plc., en Londres, por 3 millones de dólares. Y, 2) mediante la contratación que llevara a cabo Televisa de los servicios de mercadotecnia de la empresa Summer Stream, C.V., por otros 3 millones de dólares. El representante de las empresas era Canales.

Canales afirmó ante el Ministerio Público que la señora Cusi estuvo informada de todas sus acciones, y presentó como prueba una carta que le envió el 21 de octubre de 2011, en donde detalló la negociación con los abogados de Televisa y el pago de los 6 millones de dólares que aplicó, “conforme a tus instrucciones, al pago de los honorarios de los distintos profesionistas que intervinieron tanto en la acción civil como en la penal, así como en la restitución de diversas cantidades pagadas por mí en tu nombre durante los procedimientos”.

Esa carta sí lo deslindaba de cualquier delito, pero hubo un problema: nunca se la entregó a la señora Cusi. Su exsocio García Méndez ya está pagando por el fraude. Canales sigue peleando para no ir a la cárcel. ¿”El Bronco”? Bien gracias, y mirando para otro lado.
29 Junio 2017 04:08:00
Los enojos de ‘El Bronco’
“El Bronco” está iracundo. “Es hora de ponerles un alto”, exclamó el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, a quien apodan “El Bronco”, al instruir al procurador de Justicia, Bernardo González Garza, analizar demandar a El Norte de Monterrey y su filial Reforma, Televisa, Televisión Azteca y el Grupo Milenio. El Gobernador está indignado porque El Norte publicó que gastó 7.4 millones de pesos para promover su imagen a través de la revista ARegional. “Es una tremenda mentira”, alegó, “se la han pasado echando mentiras porque este Gobierno no les paga un solo peso”.

Rodríguez apareció en la portada de la edición 63, con el título de “Confianza”, sobre su “exitosa” reestructuración de la deuda. Esa misma portada, en formato usual cuando los políticos quieren promover su imagen, apareció en espectaculares en las calles. No es el único gobernador que ha figurado recientemente en las portadas de ARegional. Anteriormente aparecieron el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval; el 62 de Puebla, Antonio Gali, y el de Yucatán, Rolando Zapata. “Nosotros no pagamos un solo peso”, se defendió Rodríguez. “Si la revista cobra o no cobra, o es un costo, es otra cosa”. Si no pagó, le preguntaron tramposamente los periodistas regios, ¿quién lo hizo? “El Bronco” se quedó callado.

El misterio de la promoción a su imagen causó polémica, la haya pagado o no. Pero la forma tan incendiaria como respondió a la información de El Norte sugiere que fue sorprendido por la publicación, que tiene vínculos interesantes. ARegional es dirigida por Cutberto Anduaga, quien tiene relación con Jorge Francisco Márquez, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, y brazo derecho del secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Anduaga da la cara de esa revista y consultora, de la que es socio Alberto Cano Vélez, director de Sociedad Hipotecaria Federal. Otro fundador, Manlio Fabio Beltrones, se retiró de la sociedad hace una década.

Se puede entender la reacción del Gobernador si ignora cómo terminó en la portada y los espectaculares de ARegional, que tiene publicidad permanente del Grupo Vallas, cuyo socio y fundador, el argentino Mariano Menéndez, también participó en el lanzamiento de la edición mexicana de la revista Forbes. Lo que es un tanto irrisorio es que aproveche este contexto para ajustar cuentas pendientes a los medios de comunicación en Nuevo León, contra los cuales ha estado enfrentado desde que era candidato a la Gubernatura.

“El Bronco” se regodeaba en la campaña con que iba a romper con las canonjías que le había dado el exgobernador Rodrigo Medina, porque él no compraba espacios en medios. Desde entonces, era tramposo. Su campaña en medios convencionales no le costó nada, en efecto, pero en las redes sociales un grupo de empresarios pagó a empresas multinacionales para que todo lo que él dijera o hiciera fuera ampliamente replicado. Su primer enemigo en los medios fue el Grupo Milenio, del cual dijo que les suspendería una pauta de mil millones de pesos y que cancelaría todos los proyectos de obra pública que sus dueños habían contratado con Medina.

“Los voy a meter a la cárcel”, alguna vez ofreció “El Bronco” al hablar con el patriarca del Grupo Milenio, Francisco González. No lo hizo, muy probablemente porque como en otros casos de persecución política, no ha encontrado elementos. La cruzada bronca contra los medios, revigorizada esta semana, comenzó el mes pasado, cuando anticipó que procedería legalmente contra los medios de comunicación que se beneficiaron de contratos otorgados por Medina, asignados directamente a través de familiares. “Hay hijos de comunicadores que se dedican a la obra pública que fueron beneficiados por el Gobierno anterior”, dijo a la prensa. “Se dieron contratos para promoción del Gobierno anterior a muchos medios y lo sabrá la prensa”.

Mucha palabrería y pocas acciones concretas. Durante su campaña recibió apoyo editorial gratuito e intenso por parte del Grupo Reforma, a través de su diario El Norte, mediante una alianza táctica que se dio de manera natural. El hombre que articulaba parte de la campaña y el Gobierno desde las sombras, cuando asumió la Gubernatura, era Fernando Elizondo, cuyo hijo estuvo casado con la hija de Alejandro Junco, el propietario y director general del Grupo Reforma. Elizondo ya no se encuentra en el equipo de Rodríguez, y lo que pudo ser una tregua, terminó.

El Gobernador, sin embargo, habla mucho, de más, y concreta poco. En mayo afirmó a los periodistas que su gobierno presentaría denuncias contra los medios que “desfondaron” las finanzas estatales, refiriéndose a las pautas asignadas por el Gobierno de Medina –enfrentado por cierto a El Norte–, porque aún tenían el descaro –no lo dijo de esta forma, pero se podría interpretar por su fraseo– de querer “cobrar sus deudas”. No habría nada de raro. Si les deben facturas, el Gobierno tiene que asumir las deudas. Si no le gusta lo que le dejaron, que no vaya contra el mensajero, sino contra el origen de su molestia.

Con el exgobernador Medina no ha podido en tribunales, y su gran oferta de campaña quedó sin cumplirse, con lo cual la luna de miel con el electorado se agotó y los problemas que tiene en la administración, gobernabilidad y manejo sobre todo, de la seguridad y las cárceles, le ha explotado. Que eso sea expuesto en los medios lo molesta, por lo que quisiera censurar todo lo que afecta a su imagen y su gestión. No lo logrará. La incompetencia demostrada en los 19 meses que lleva su administración es inocultable, se difunda masivamente o no. Pésimo gobernador, en función de resultados, y típico de los talantes autoritarios que busca en los medios la solución de sus problemas.
28 Junio 2017 04:08:00
Espionaje, hipocresías y panfleteros
El debate abierto sobre el espionaje a periodistas, abogados de derechos humanos y activistas ha tomado un rumbo absurdo. Se hace énfasis en la denuncia del programa Pegasus, que se utilizó para intervenir sus teléfonos celulares como si el software, por más inteligente que sea, decidiera que su papel no es indagar lo que planean los criminales o los terroristas, sino los adversarios del Gobierno. El absurdo que encierran estas palabras es equidistantemente proporcional al absurdo de la discusión. No es el programa, sino la utilización que se le da a Pegasus. No es perverso el software, sino quien o quiénes usaron su tecnología para fines ajenos para los que fue adquirido. Por tanto, Pegagus no es a quien se debe condenar, sino a quienes emplearon el sofisticado y eficiente programa para combatir al crimen, para el espionaje político.

Este último punto lleva a una discusión soslayada. El espionaje de marras no es el principio del problema, sino la última expresión de un delito que se arrastra desde hace más de dos décadas. El espionaje se convirtió en un deporte nacional donde participan los agentes políticos y sociales. Que lo practiquen los gobiernos es una verdad de Perogrullo. También lo hacen las grandes empresas, que practican intervenciones telefónicas. En las campañas electorales se denuesta a rivales con grabaciones y videos realizados subrepticiamente. Hasta se dio el caso en la elección presidencial de 2012, que un medio de comunicación pequeño pagó por la intercepción telefónica en la campaña de la panista Josefina Vázquez Mota, para hacerle favor al PRI.

Inexplicable, por limitado, que todo el debate público se enfoque al Gobierno federal. Esto no quiere decir que carezca de relevancia que los mexicanos sepamos quién abusó del poder al utilizar herramientas para combatir a la delincuencia y a terroristas, en personas que no eran una amenaza para la seguridad interior o la seguridad nacional del país, pero que tienen como común denominador que son una molestia regular para el Gobierno federal, aunque habría que preguntarse, objetivamente, si en efecto, Pegasus sólo está en manos de dependencias federales. Si queremos aproximarnos a la verdad, convendría revisar otros casos de espionaje.

El más importante, porque es el antecedente directo e inmediato a la investigación sobre el espionaje a periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, se publicó en febrero pasado en The New York Times, que reveló que tres de los activistas que cabildearon el impuesto a las bebidas con un alto contenido de azúcar habían sido espiados mediante un programa desarrollado por la empresa israelita NSO Group. El espionaje revelado la semana pasada involucraba al mismo diario y a la misma empresa fabricante del software, al que en esta ocasión ya identificaron como Pegasus.

La pregunta es si podría considerarse a Simón Barquera, director de investigación en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, Luis Manuel Encarnación, exdirector de la Fundación Mídete, y Alejando Cavillo, fundador de El Poder del Consumidor, que fueron los tres cabilderos espiados, representaban también una molestia para el Gobierno federal. Hasta donde uno puede alcanzar a comprender con lo que se aprecia en el primer plano, Barquera, Calvillo y Encarnación deben haber sido un dolor de cabeza para la industria refresquera y para quienes están vinculados a ella, porque el impuesto les iba a reducir sus márgenes de ganancia. Pero, ¿el Gobierno federal también resultaría afectado? Sólo positivamente, al ganar mayor recaudación. Entonces, si para el espionaje sobre tres personas que tenían como común denominador que eran una molestia para la industria refresquera se utilizó el Pegasus, ¿no existe la posibilidad que el software esté también en manos de quien no trabaja en el Gobierno federal?

Es aquí donde cobra sentido saber quiénes fueron los intermediarios entre el Gobierno y los proveedores, porque si como estableció el Times, el Pegasus sólo se vende a gobiernos para combatir el crimen y el terrorismo, ¿violaron los brokers las cláusulas de los contratos? ¿Vendieron quienes nunca debieron haber tenido acceso a ese poderoso software? Si fuera este el caso, los brokers tendrán un problema con los fabricantes del producto y el Gobierno federal, si desconociera el hecho, por sus descuidos en el tema de la seguridad y no vigilar que ese software jamás cayera en manos privadas.

Esto lleva la discusión a un siguiente nivel. ¿Por qué sólo se está enfocando la condena al espionaje ahora que se trata de periodistas, abogados de derechos humanos y activistas? La misma enjundia tendría que aplicarse al espionaje que desde principios de este siglo se ha venido realizando de manera sistemática a periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, pero también a políticos, funcionarios públicos y empresarios, que en el pasado, lejos de ser motivo de repudio, ha sido manjar para los medios de comunicación, que sin cuestionar los orígenes de infinidad de materiales ilegalmente obtenidos que se les hace llegar, los difunden como si fuera resultado de investigaciones
periodísticas.

El fin justifica los medios –la frase atribuida a Maquiavelo–, en su máxima expresión. El bien mayor es el sustento del aforismo. Sin embargo, ¿qué tantas veces ese tipo de prácticas ilegales fueron en beneficio del bien mayor? Muy pocas, en efecto. La mayor de las veces fue para difamar, estigmatizar y, finalmente, descarrillar a políticos o dañarles su imagen. El espionaje al servicio de la propaganda. De esto no se habla, por supuesto, porque de ese ejercicio han vivido medios y políticos en los últimos años, particularmente al servicio del poder.
27 Junio 2017 04:07:00
El solitario del Palacio (y II)
Quien dirige las guerras nunca está en la primera línea de fuego. Si bajo su mando se encuentra todo un Ejército y depende de su experiencia y estrategia el futuro de sus tropas y de todo lo que defiende, ¿es concebible que sea la persona que más se exponga a ser anulada de la batalla? Un Ejército sin cabeza se desarticula. Permitirlo es una tontería, pero la semana pasada eso sucedió en el Gobierno de México. El presidente Enrique Peña Nieto se batió en el campo de batalla de la opinión pública para responder las denuncias de espionaje contra periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, y lo acribillaron. Si ello no fuera suficientemente equívoco, el Presidente se fue a la guerra solo, sin generales, capitanes, o tropas detrás de él. Abandonado por sus colaboradores en Los Pinos y su gabinete de seguridad, que debió haberlo resguardado, lo aplastaron.

¿Quiénes le fallaron?

El jefe de Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, es el primer nombre en el colapso del respaldo a Peña Nieto. Desde que apareció la denuncia de espionaje en el diario The New York Times, Guzmán debió haber recomendado al Presidente una estrategia para hacer frente a lo que venía. Guzmán, que se distingue por su incondicional lealtad a Peña Nieto pero no por su brillantez estratégica, poco hizo. La denuncia creció en impacto en México y en el mundo. En Los Pinos decidieron que un oscuro funcionario de tercer nivel fuera la voz del Gobierno, sin entender la gravedad de lo que esa denuncia significaba. Tres aspectos concatenados pasaron sin reflexión en Los Pinos:

1.- Que la denuncia establecía que el espionaje se realizó a través de un programa que sólo se vendía a gobiernos, y que en el caso del mexicano, los únicos contratos conocidos eran de la Secretaría de Gobernación, el Cisen y la PGR. Debieron pensar que la carta era suficiente porque el Presidente y el equipo al mando de Guzmán, aseguraba desde que se difundió la información, que era mentira y que tendría que ser probada. Es decir, el problema no era del Gobierno, sino del Times y los acusadores.

2.- El Gobierno del presidente Peña Nieto, como actor sobresaliente de la iniciativa de Gobiernos Abiertos, estaba en entredicho. Esta iniciativa es una plataforma internacional donde compromete a sus signatarios a hacer a sus gobiernos más abiertos, responsables y sensibles a los ciudadanos, con mecanismos de rendición de cuentas incluidos. Si la Presidencia negó que se espiara, sin abrir inmediatamente una investigación interna para deslindar responsabilidades sin apelar a actos de fe, lo que transmitió no es sólo la negación a la posibilidad de infractores de la ley dentro del Gobierno, sino la cerrazón para poder verse hacia su interior y castigar a los eventuales violadores de la ley. La actitud siembra la posibilidad de que expulsen a México de esa plataforma.

3.- Con el paso de los días surgió más información sobre el espionaje. Entre ella, la posibilidad de que uno de los centros de fusión financiados por Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, que fueron creados para que funcionarios de los dos países realizaran trabajos de inteligencia para combatir a los cárteles de la droga o a terroristas, fuera el lugar desde donde se enviaron cientos de mensajes a teléfonos celulares para infectarlos con programas para clonarlos y activar remotamente su video y audio. Si esto es confirmado por Estados Unidos, hay dos opciones: o participaron en el espionaje en México, o el espionaje fue hecho a sus espaldas, con su dinero. Un conflicto diplomático, en el caso que desconozcan lo que se hace en esos centros, tocaría la puerta.

A decir por las declaraciones hechas por el Presidente el jueves pasado sobre el espionaje, es muy probable que todas estas consideraciones fueran soslayadas por su equipo en Los Pinos, ante la determinante línea discursiva de Peña Nieto que enseñó la ausencia de escenarios planteados por su equipo. Se puede argumentar lo mismo en las áreas donde debían haber trabajado las posibilidades y probabilidades de respuesta y acción, particularmente en la Secretaría de Gobernación y la PGR. Ni hicieron nada en público que aportara información contundente para impedir que a la denuncia original se le fueran añadiendo pruebas de espionaje, ni tampoco salieron sus titulares a la defensa de Peña Nieto.

Notable por su distancia del presidente fue el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, jefe del gabinete y responsable de la seguridad, cuya dependencia es una de las que adquirió Pegasus, programa que usaron para espiar, y que también compró el Cisen, que está bajo su mando, dirigido por un incondicional, Eugenio Ímaz, que tampoco dio la cara por el Presidente. Osorio Chong debió haber sido la voz del Gobierno, pero no lo hizo. Dejó que su jefe se enfrentara solo y diera la cara por él, a quien más protegió el Presidente con sus afirmaciones de la semana pasada. La misma actitud tuvo el procurador general, Raúl Cervantes, cuya dependencia tiene ese programa para combatir criminales.

Ninguno prestó el cuerpo y permitieron que fuera el Presidente quien peleara en la arena pública. Si alguien tenía que quedar lastimado y dañado, ¿tenía que ser el Presidente? Por supuesto que no. Era la última instancia; la última frontera del Gobierno. La realidad fue diferente. Dejaron a su jefe y líder peleando solo en la línea de fuego. Ellos, se quedaron a buen resguardo.
26 Junio 2017 04:07:00
El solitario del Palacio (I)
La definición del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto quedó escrita el jueves pasado con una tarde de perros en Jalisco, a propósito de las denuncias de espionaje contra periodistas, abogados de derechos humanos y activistas. En cuestión de horas amenazó a quienes denunciaron que los espiaban con tomar represalias, y reculó su lance intimidatorio al afirmar que respetaba la libertad de quienes, poco antes, amagó con censurar. El Presidente pagó con críticas e insultos en las redes sociales sus señalamientos, en una escena shakesperiana, donde él, solo en el centro del escenario, fue fustigado y linchado sin que nadie de quienes trabajan para él saliera en su defensa.

Un Gobierno completo vio la aniquilación pública de su jefe, sin entenderse cómo permitieron el juicio sumario de la opinión pública, y se escondieran para evitar que la indignación se volteara contra ellos. Una vez más, como tantas veces en el sexenio, Peña Nieto caminó sobre una plancha de fuego que lo consumió, mientras que sus colaboradores, en silencio, observaban el sacrificio. El libreto se repite. El Presidente que los cuida sin que lo protejan, que los defiende sin recibir reciprocidad, sacó la cara y el coraje por quienes debían, como obligación ética ante su jefe, haber sido los que enfrentaran el tsunami de acusaciones.

No era él quien debía haberse metido a la arena pública para hacer una defensa de su Gobierno. Nosotros no espiamos, dijo con una contundencia que sus asesores debían haber evitado y blindarlo del bumerán que significa involucrarse en el tema del espionaje de un gobierno. No lo ayudaron a refinar su discurso ni a atemperar su tono. Fue como si en el Gobierno sólo existiera él, y únicamente él fuera la voz de la administración. ¿Cómo pudo asegurar con tanta convicción que su gobierno no espía salvo a criminales? Su Gobierno es una democracia, dijo sofísticamente, como si las democracias no espiaran a sus ciudadanos. Cuán equivocado está.

Las democracias sí espían, como la Agencia Nacional de Seguridad lo hizo con miles de personas –incluido él– en aras de la seguridad de los Estados Unidos, país donde un presidente, Richard Nixon, espió a sus adversarios políticos y con ello transgredió la ley que le costó la jefatura de la Casa Blanca. Las democracias espían, la mayor parte de las veces escudadas en la protección de los intereses nacionales, violando la ley. Los asesores y los colaboradores del Presidente nunca debieron haber permitido que hablara sobre este tema, porque lo colocaron en el límite de la legalidad por asegurar cosas que, o no debería conocer, o si los desconoce, no debería de tocar.

Hay ejemplos históricos que enseñan cómo se cuida a un Presidente para no incurrir en un probable delito. En Estados Unidos, la más grande democracia, cuando el presidente John F. Kennedy autorizó la Mongoose Operation para derrocar al régimen de Fidel Castro en Cuba, la CIA no le informó que también trataría de asesinarlo, no por saltárselo, sino para evitar que en caso de que le llegaran a preguntar si él había ordenado el crimen, dijera no saber sin cometer perjurio. En México, cuando la subsecretaria de Telecomunicaciones, Purificación Carpinteyro, quiso entregarle al presidente Felipe Calderón un disco con grabaciones ilegalmente realizadas al secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se interpuso e impidió que las recibiera, porque eso llevaría al Mandatario a una probable situación de ilegalidad.

Ese tipo de acciones se hacen para darle a los presidentes salidas plausibles, mediante las cuales se les mantiene ignorantes de acciones que realizan sus colaboradores que pueden ser ilegales. Un presidente que no sabe que se comete una ilegalidad, no viola la ley. Un colaborador que por cualquier razón viola la ley, incluso con la intención de salvaguardar la seguridad del Estado, puede ser destituido sin afectar al presidente o al Gobierno. Mantener ajeno al Presidente de esas acciones es una obligación de sus colaboradores. Permitir que Peña Nieto se metiera al tema del espionaje y hiciera afirmaciones tajantes para negarlo, lo dejó sin márgenes de operación y sin puertas de escape, para él y para su gobierno.

Hasta este momento, todas las evidencias sobre el espionaje señalan a una rama del Gobierno como la responsable, por el hecho aún no controvertido de que el programa Pegasus, utilizado para intervenir la vida privada de 88 personas, sólo se vende a gobiernos. En el caso mexicano, los únicos contratos conocidos fueron para la Secretaría de Gobernación, el Cisen y la PGR. Si el Presidente negó “de manera categórica” que su gobierno espiaba a personas no vinculadas al crimen organizado o al terrorismo, uno puede asumir que la información se la proporcionaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador, Raúl Cervantes. Si el Presidente manifestó con firmeza la inocencia de su gobierno, ¿se puede presumir que conoce quién utiliza fuera del Gobierno programas para espiar?

El Presidente nunca debió haberse referido al tema del espionaje por lo delicado del tema en sí mismo. Pero igualmente, es injusto para Peña Nieto que su equipo lo haya abandonado en la arena pública en la batalla legal y política. Es inconcebible que nadie de sus colaboradores saliera a pararse frente a la opinión pública y defenderlo. La estrechez de miras, o lo timorato, o lo perverso del gabinete y el staff presidencial, o todas ellas juntas, quedó expuesta en esa tarde de perros que vivió su jefe y que sigue pagando.
23 Junio 2017 04:08:00
Seguridad, la debacle
Las justificaciones y los gemidos de dolor de los más altos funcionarios federales tratando de explicar por qué en mayo pasado se registró la tasa de homicidios dolosos más alta en la historia de México, o desde 1997, cuando se empezaron a contabilizar, son patéticos. La queja es que las deficiencias legales del nuevo Sistema Penal Acusatorio, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ha provocado que más criminales libren en automático la cárcel y regresen a las calles a matar, y el spin mediático es que el incremento de los asesinatos está en lo alto de la numeralia en los estados que recién cambiaron de mando, de un gobernador priista, a uno panista. Los dos argumentos, si bien no serían excluyentes, se contraponen en la desesperación de buscar explicaciones externas en las deficiencias internas.

Es cierto que en el Congreso no enmendaron la iniciativa –preparada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, y el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos– para conceder prisión preventiva a quienes cometieran un asesinato y sólo se les decomisara su arma. Pero también es cierto que no se hizo un buen trabajo. En enero de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto nombró a María de los Ángeles Fromow secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del nuevo sistema penal de justicia, dentro de la Secretaría de Gobernación. Un mes antes de entrar en vigor el sistema el 18 de junio de 2016, afirmó en una entrevista con Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula, que iba “a estar operando al 100% en todo el país”. No fue así.

Olvidando convenientemente las omisiones y deficiencias internas, se buscaron nuevos pretextos. El argumento mediático que comenzaron a utilizar en el Gobierno cuando los indicadores de la seguridad mostraron una tendencia a su agravamiento, fue que era resultado del descontrol en los estados por los cambios de Gobierno tras las elecciones en 12 estados el año pasado. Sin embargo, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre, revelan que las cinco entidades con el mayor número de incidencia delictiva, México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Baja California, no cambiaron de gobernante. Estas entidades, además, son también las que mayor número de homicidios dolosos registraron. Otro engaño.

Los pretextos son una fuga hacia delante. Disfraza con propaganda y retórica los errores de origen de la estrategia de seguridad pública, que provocó, con su fallido diagnóstico, que no se contemplaran correctamente los escenarios que provocaría el nuevo sistema penal acusatorio, una reforma legal de segunda generación, con una política de seguridad pública del siglo pasado. Gran parte de lo que se ha presumido en esta materia a lo largo del sexenio, ha sido mediante fuegos pirotécnicos y entrevistas que esconden una realidad que, probablemente, no alcanzaron a ver hasta que les corrió el cuerpo como gangrena.

Ignoraron las denuncias del desmantelamiento de Plataforma México al inicio de la administración, retrasando la construcción de la base criminal más importante, hasta la llegada de Peña Nieto a la Presidencia, de América Latina. Cancelaron drásticamente los esquemas de cooperación con Estados Unidos, con lo que perdieron el compartimiento de información de inteligencia de calidad y la ayuda para capacitar policías. La síntesis del desconocimiento del equipo de Peña Nieto lo revela la anécdota de uno de los miembros del equipo de transición cuando visitó el búnker de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal. Al abrírseles los salones secretos y mostrarles en tiempo real la persecución de un avión con cocaína desde Panamá a México, uno de esos miembros preguntó si los satélites que utilizaban podían mostrar los choques en las carreteras o ayudar a la vigilancia de las cadenas en los antros de la Ciudad de México. El proyecto de Gendarmería que le entregó el entonces secretario García Luna al presidente electo como un siguiente paso en el diseño de la seguridad pública, fue tirado a la basura por el equipo de transición. Se dejó de combatir durante ocho meses a los cárteles de la droga y se desmantelaron los protocolos de seguridad en el Sistema Penitenciario Federal.

Los resultados de mayo pasado eran previsibles desde entonces. Si la estrategia, altamente criticada por lo violento de su naturaleza, enmarcada además en los conflictos reales dentro del gabinete del expresidente Felipe Calderón, se cambió por mucha coordinación –que se mantiene óptimamente sólo en los discursos–, y campo libre para el crimen organizado, acompañada de una reorientación de los recursos, pero manejada de manera opaca a través de exfuncionarios del Gobierno de Hidalgo que protegieron del escrutinio público el destino de los dineros, con el argumento de que se trata de la seguridad nacional, era cuestión de tiempo que la tendencia a la baja de los delitos, se revirtiera.

Mayo de 2011 había sido el mes de mayor violencia en la historia de México y desde entonces, mes por mes, había una reducción en la incidencia delictiva. El cálculo, de haberse mantenido la estrategia durante el Gobierno de Peña Nieto, era que para 2018, la incidencia delictiva regresaría a los niveles de los 90. No hacerlo dio como resultado el mayo de 2017. ¿Dónde están los responsables de esta debacle de la estrategia de seguridad? Donde siempre. Protegidos, por la falta de rendición de cuentas, por su jefe el Presidente.
22 Junio 2017 04:08:00
2018: Osorio Chong
Revisemos el patrón del presidente Enrique Peña Nieto en la selección de candidatos del PRI a las gubernaturas de Nuevo León, Ivonne Álvarez; Tamaulipas, Baltazar Hinojosa; y Chihuahua, Enrique Serrano. Todos ellos punteaban en las preferencias electorales, y todos perdieron. En Nayarit, Manuel Cota, puntero en las encuestas, fue abanderado del PRI, y Alfredo del Mazo, en el Estado de México. Cota perdió y Del Mazo, de no haber sido por la alianza que ayudó a su partido, también habría perdido. Otros candidatos del PRI, que también iban arriba en las encuestas, salieron avante de sus compromisos. La suerte de todos ellos tenía como común denominador que fueron candidatos por gracia del dedazo presidencial y que, sin importar contexto o antecedentes, atributos o lastres, iban arriba en las tendencias electorales. Peña Nieto se arropó en la herramienta estadística para hacer su decisión final.

Entonces, si el Presidente se mantiene congruente con su modelo de decisión electoral para la sucesión de 2018, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, será el relevo natural de Peña Nieto en la candidatura priista. Osorio Chong ha trabajado por ella desde hace más de cuatro años, con un “cuarto de guerra” que cada semana se reúne para analizar estrategias. Este grupo de trabajo es innombrable, e inexistente cuando alguien solicita una respuesta oficial sobre lo que hace. Pero ahí se revisa qué debe hacer el secretario para navegar por las turbulentas aguas del peñismo sin riesgo de naufragar. Durante todo este tiempo le ha funcionado. Los negativos por la ingobernabilidad, la inseguridad o temas de su directa competencia como la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, le cayeron al Presidente sin daño para él.

Osorio Chong ha sido siempre el puntero priista en las preferencias electorales, y sólo en algunas ocasiones vivió el desafío del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila. Después de ellos dos está el vacío. Las tendencias del electorado muestran que el costo por su gestión ha sido intangible. No le afectó la fuga de Guzmán, ni el desastre en el sistema penitenciario. Tampoco le pegó haber sido él quien le dio carta de naturalización a los grupos paramilitares en Michoacán. La muy mala relación con el Gobierno de Barack Obama al inicio del Gobierno se debió a la forma como cerró las puertas a la cooperación bilateral en materia de seguridad que llevó a Washington a reorientar la ayuda dentro de la Iniciativa Mérida. Ese planteamiento produjo que el apoyo financiero al proceso del nuevo sistema penal acusatorio se redirigiera a Centroamérica, con lo que la capacitación de los policías se detuvo y provocó que criminales que deberían estar en la cárcel caminaran hacia la libertad por la incompetencia policial.

Durante el periodo de transición, Osorio Chong convenció al Presidente que como secretario de Gobernación también debía asumir el cargo de responsable de la seguridad pública, porque eso sería el camino hacia la coordinación en el gabinete para revertir la violencia en las calles mexicanas. El resultado fue que durante los primeros cuatro años de Peña Nieto la violencia fuera 28% superior a la del mismo periodo del enemigo de este gobierno, el presidente Felipe Calderón. Mejor prueba de la debacle de la estrategia de seguridad no podía haber. Peor aún. Los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revelan que en mayo se registró la cifra más alta de homicidios dolosos desde que se sistematiza esa información, en 1997.

Los resultados de Osorio Chong no son los más sobresalientes del gabinete, y la acumulación de poder se convirtió en un búmeran. Hoy enfrenta el tema del ciberespionaje a periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, mediante un programa que sólo tenían la Secretaría de la Defensa, la PGR y Gobernación, que tiene dos áreas de inteligencia, el CISEN y en la Policía Federal. El secretario niega cualquier ilegalidad o abuso de autoridad, pero tendría que responderle, no sólo a la sociedad –este gobierno es muy refractario al pulso de los ciudadanos– sino al Presidente, como responsable de la política interna, cómo puede darse el espionaje político sin que sepan de dónde viene. O en su defecto, si sabe de dónde viene, quién es el responsable, o cómo fue posible –en el cinismo de otras naciones–, que lo hayan descubierto.

En cualquier caso tendría que haber consecuencias. Pero para fortuna de Osorio Chong, el Presidente no es proclive a que sus colaboradores rindan cuentas por sus errores y omisiones. Si fuera otro el perfil de Peña Nieto, hace tiempo habría perdido el empleo. Todavía más, pese a ser el secretario más aislado en el gabinete, de acuerdo con funcionarios de alto nivel, el Presidente le muestra una enorme cercanía en las reuniones de gabinete. Quienes han visto la interacción entre los dos, no aprecian la frialdad que se adjudica a su relación en los medios de comunicación.

La información que sale de Los Pinos –que es otra de las coladeras de información delicada dentro del Gobierno federal– sugiere que Osorio Chong ha caído del ánimo presidencial y que está en busca del Senado, ante lo que señalan su convicción de que no será candidato a la Presidencia. Pero con Peña Nieto nada es seguro y todo, en este campo, es incierto. Se puede argumentar, sobre la base de los antecedentes y el proceder del Presidente, que Osorio Chong sigue en la carrera, como puntero y rival a vencer.
21 Junio 2017 04:08:00
¿Inocentes de espiar?
Unas cuantas horas después de que circulara el reportaje del The New York Times sobre el spyware para intervenir comunicaciones de periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, el Gobierno de México envió una carta al editor del periódico, donde afirmó que “no (había) prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano (fueran) responsables del supuesto espionaje descrito en (el) artículo”. Firmada por un funcionario de segundo nivel de Los Pinos, la carta subrayaba el respeto a la privacidad y la protección de datos personales, como “valores inherentes a nuestra libertad, democracia y estado de derecho”. La carta jugó con la semántica.

Como el reportaje no identificó qué dependencia utilizó el programa llamado Pegaso, se escabulló afirmando que no se tenían pruebas de participación oficial. El Times, sin embargo, lo dejó claro. Desde 2011, apuntó al menos que tres dependencias federales compraron 80 millones de dólares en spyware a la empresa israelita NSO Group que aclaró, a petición directa de las instituciones que hicieron la investigación publicada por el diario, sólo vende ese programa a gobiernos con el acuerdo explícito de ser usado únicamente en el combate de terroristas, narcotraficantes o criminales. Es decir, si Pegaso sólo era vendido a gobiernos, el Gobierno mexicano es el único que pudo haberlo utilizado contra objetivos que no son criminales ni terroristas.

El Gobierno no quiso dar una respuesta directa a la opinión pública mexicana, y se escudó en la carta que decidieron, antes de que fuera publicada por el Times, divulgar su traducción a través de la cuenta de Twitter del vocero presidencial, Eduardo Sánchez, y presentarla como la respuesta oficial. La Presidencia, decía la carta, respetaba la privacidad de las personas y condenó “cualquier intento de vulnerarla”. Esta respuesta, sin embargo, es insuficiente. Llena los espacios de opinión pública, pero no va ni al fondo del problema, ni atiende los problemas que arrastran desde que inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

El caso de un periodista, fuera de la investigación que publicó el Times, es sintomático de la dialéctica entre algunos periodistas y medios de comunicación, y algunos funcionarios del Gobierno. Entre varios incidentes, dentro del contexto del hostigamiento, intimidación y espionaje, sobresalen:

1.- A mediados de 2014, después de varios textos sobre la ilegalidad de los grupos de autodefensa en Michoacán, comenzó a ser seguido. El periodista descubrió la cola y los confrontó. “Si me están tomando fotografías”, les dijo, “les voy a tomar fotografías yo”. Dos fotografías fueron entregadas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ofreció investigar quiénes eran. Hasta la fecha, nunca dio respuesta. El periodista investigó y encontró que las placas del vehículo correspondían a una empresa de seguridad en el Estado de México.

2.- A finales de 2014, molestos en la PGR por su cobertura sobre la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, desde la oficina del entonces procurador Jesús Murillo Karam, se ordenó que investigaran su vida privada, y durante semanas se recopiló información a través de intercepción de teléfonos y de otros periodistas, para conocer su patrón de comportamiento.

3.- En 2015 recibió varios mensajes de texto en su teléfono celular, similares a los descritos en la investigación que publicó el Times, así también uno repetido que llegó como mensaje directo en su cuenta de Twitter, que procedía de la cuenta del periodista Ricardo Alemán –muy probablemente clonada–, que decía: “Ya viste esta foto tuya que esta en Twitter goo.gl/c85E4F Es real? si eres tu? Que te paso ese día!”.

4.- Durante 2015 y 2016 continuaron llegando mensajes de esa naturaleza a su teléfono celular, referidos a presuntos robos en su casa, supuestas fotografías comprometedoras de él o amigos suyos, o peticiones de apoyos solidarios.

5.- En el mismo periodo, varios intentos de penetrar a su teléfono celular fueron hechos desde dos números telefónicos de direcciones inexistentes. Los números desde donde se hicieron los intentos de penetración aparecían siempre ocupados cuando se marcó para rastrear esas llamadas.

Varios de estos episodios fueron presentados informalmente en instancias de Gobierno que escucharon con atención, pero nunca actuaron. Tampoco mostraron alerta por lo que sucedía. Lo único que algunos altos funcionarios aseguraron, era que no se trataba de un tema ordenado por el Gobierno. No era el caso más serio ni más sistemático que se había hecho contra un periodista, pero al ser denunciado ante las mismas instancias, tampoco hubo una respuesta de interés por resolverlo. Lo que sí sucedió fue que cuando publicó una información que relacionaba al CISEN con este espionaje, plumas oficiosas descalificaron el texto, sugiriendo que se trataba de una mentira.

El caso del periodista revela un patrón de intimidación, hostigamiento y espionaje que muestra en su conjunto, una vigilancia sistemática contra él. Como probó la investigación en el Times, el uso político de las herramientas de inteligencia es mucho más grande de lo imaginado, que abarca no sólo a periodistas, abogados o activistas, sino a quienes consideren un adversario o enemigo potencial, aún cuando este se encuentre –como irá emergiendo gradualmente–, dentro del mismo Gobierno. Por esta última razón, fue lamentable la respuesta del Gobierno al periódico neoyorquino. Ojalá se hubiera abierto una investigación interna que pudiera sostener la palabra inicial del Gobierno o encontrar a quien dentro del propio Gobierno está abusando del poder y los recursos a su disposición. La negación absolutista, cubre de sombras y sospechas el comunicado que eso quiso disipar. En estos tiempos, la apertura, no la cerrazón, es algo que debe considerar.
20 Junio 2017 04:07:00
Espían a los críticos
Un amplio reportaje en The New York Times este lunes dan cuenta del espionaje político en México. “Los más prominentes abogados de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción han sido objetivo de un spyware sofisticado que se vendió al Gobierno de México con la condición de que sólo se utilizara para investigar criminales y terroristas”, comienza el texto. “Los objetivos incluyen abogados involucrados con la desaparición masiva de 43 estudiantes, un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y un estadunidense que representa víctimas de abuso sexual por parte de la Policía”.

El Times llegó a esta historia del México contemporáneo muy tarde, pero al ser el diario de mayor influencia en el mundo y que suele asustar a los funcionarios mexicanos con bastante facilidad, su interés por el tema debe ser agradecido por la posibilidad de que finalmente provoque una reacción en el presidente Enrique Peña Nieto, que al soslayar lo que durante su gobierno se ha publicado sobre el espionaje político, no sólo avaló lo que sus servicios de inteligencia hacían, sino que, en la negligencia de obligarlos a que se mantuvieran dentro de los márgenes de la ley, llevará la penitencia de que ahora, la responsabilidad de las ilegalidades se le carguen a su gestión.

En octubre de 2015 se dio a conocer en este espacio la existencia del programa mediante el cual el CISEN –el reportaje del Times no identifica a las instituciones que utilizaron el spyware– realizaba espionaje político. En la segunda de tres entregas sobre “¿Para qué sirve el CISEN?”, se mencionó directamente dos listas de teléfonos que habían sido infectadas por el programa. “No se sabe cuántos teléfonos de actores políticos y sociales, de agentes económicos o periodistas, tiene interceptado el CISEN, pero la sábana con los números, que corresponde a un periodo específico este verano, muestra un enorme abanico de intervenciones”, se apuntó en ese entonces.

“De acuerdo con el documento, hubo 729 intervenciones telefónicas, aunque una decena de personas espiadas aparece con números adicionales. Hay una serie de nombres de personas que no son públicas o empresas de seguridad, comercializadoras, de asistencia pública e inclusive de una televisora. Pero también, sin saberse el nombre pero sí en dónde se contrató la línea, un teléfono registrado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cuestión de nombres, hay varias líneas intervenidas que fueron contratadas por Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, y los teléfonos celulares de la afamada conductora de radio Carmen Aristegui, y de quien esto escribe.

“La forma como buscaron entrar en esos teléfonos, de acuerdo con expertos consultados, es a través de un software malware, que es un código maligno que se infiltra en los dispositivos mediante el cual se pueden emitir mensajes de texto. Un modelo clásico de estos mensajes puede decir, con un lenguaje que parecería el de una persona con quien se tiene amistad, que “unas personas extrañas se presentaron en su casa”, por lo que le envían un enlace para ver la fotografía. Lo que permite ese enlace, que nunca abre, es que el virus se meta al teléfono y permita dos objetivos: la escucha y el análisis de la red de vínculos que se encuentra en el aparato, a fin de poder determinar su abanico de amigos y conocidos que permitan, construir sus relaciones”.

El Times reiteró que el programa se llama Pegaso, del Grupo NSO, un fabricante israelí de armas cibernéticas al cual, desde 2011, cuando menos tres dependencias federales mexicanas le han comprado software por 80 millones de dólares. La existencia de estos programas surgió en noviembre de 2011 durante una entrevista con David Vincenzetti, socio fundador de Hacking Team, una empresa italiana fundada en 2003, con el periódico inglés The Guardian, quien reveló que habían vendido sus dispositivos en 30 países en cinco continentes. Su principal producto era un programa llamado Da Vinci, dentro de su Sistema de Control Remoto, bautizado como Galileo.

En este espacio, bajo el título de “Espionaje a Mexicanos”, publicado a mediados de 2015, se señaló: “El Ejército, la Marina, la Policía Federal, el CISEN y 11 gobiernos estatales, han espiado masivamente a mexicanos, a través de un sistema que interviene a control remoto dispositivos móviles, copia mensajes de texto, conversaciones de Google, Yahoo, MSN y Skype, y extrae todos los datos y el historial de las computadoras, sus audios e imágenes de la webcam, que les permiten, además, grabarlos mientras trabajan. Esta es la más grande revelación que se haya dado de cómo en México los gobiernos espían a sus gobernados, y el mayor descubrimiento de cómo la vida privada en este país, es inexistente”. A la fecha, varios de esos contratos ya expiraron.

Cuando todo esto emergió a la opinión pública en 2015, nada pasó. Cuando se revelaron detalles del spyware contra personas que tenían discrepancias con las políticas del Gobierno, tampoco. Desde hace 15 años, el espionaje político como herramienta de la política es el mejor vehículo para alcanzar objetivos políticos. El reportaje del Times, aunque tardío, es vital por la colonización de ese periódico sobre la vida pública mexicana. Si ahora que ventila estas violaciones ayuda a que se pongan fin a las ilegalidades, habrá que celebrarlo. Lo más importante es llegar a un fin a estos abusos y que quienes los cometieron, paguen por sus delitos.
19 Junio 2017 04:07:00
2018: Los que no van
La prensa política se sacudió el viernes pasado de una manera asombrosa, luego que en la víspera, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, publicó en Twitter una fotografía con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en los jardines de la Universidad Internacional de Florida, en un receso de la conferencia sobre Seguridad y Prosperidad Centroamericana. Videgaray escribió una frase: “Como desde hace casi 30 años, con @JoseAMeadeK caminando juntos”. Como desde el ITAM, brazo con brazo, suficiente para generar diversas interpretaciones, todas de ellas electorales.

¿Por qué Videgaray y Meade, sin estar con ellos el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, otro protagonista de esa conferencia en Miami? En el horizonte de la sucesión presidencial en 2018, ¿era un mensaje de cohesión de grupo político frente al aspirante más aislado dentro del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Era acaso un desdén al jefe de la política interna del país? El primer plano de la fotografía se prestó a varias explicaciones semióticas, pero existe otra razón, profunda y desconocida por el gran público, del porqué, de la nada, Videgaray publicó esa gráfica, que no pareció una imagen tomada en forma circunstancial, sino planeada y fabricada para un propósito concreto: mostrar que entre él y Meade, no existen tensiones ni distanciamiento, sino que mantienen la misma cercanía como aquella que se forjó en los 90s en la universidad.

Dentro de las más altas esferas del poder han notado que desde hace varios meses se han dado enfrentamientos entre los dos secretarios. Funcionarios del Gobierno y políticos con acceso a la casa presidencial, dicen que se originaron por una mayor cercanía de Meade con Peña Nieto y la creciente capacidad del secretario de Hacienda para captar la atención del oído presidencial, donde el intermediario durante más de cuatro años de administración, Videgaray, fue desplazado. Son los celos de Videgaray, explicaron políticos, los que llevaron a la tensión con Meade, que tuvo uno de sus momentos culminantes cuando se decidió la candidatura del PRI al Gobierno del Estado de México.

Cuando la senadora Ana Lilia Herrera fue hecha a un lado por la unción de Alfredo del Mazo, Videgaray, quien la había propuesto como candidata porque si bien estaba abajo del entonces diputado en las encuestas de preferencia electoral, estaba menos vinculada al Presidente y, por lo mismo, tendría mayor espacio para poder decir cosas en la campaña, le pidió al Presidente, como premio de consolidación, la dirección de Banobras, cuyo titular, Abraham Zamora, había llevado a Relaciones Exteriores como jefe de Oficina. Cuando le informó a Meade, el secretario de Hacienda protestó y Videgaray le dijo que era una decisión tomada por el Presidente, y que si no le parecía, que le dijera a él, según políticos que supieron de esta conversación. Meade fue con Peña Nieto y le explicó que necesitaba a un financiero, no una política, para poder hacer un buen cierre en el principal banco de desarrollo del país. El Presidente reculó y Meade logró que nombrara a un viejo colaborador suyo y amigo cercano, Alberto Peredo Jiménez.

Las tensiones, de acuerdo con funcionarios y políticos, continuaron y han estado afectando lo que parecía iba a ser el paso natural de Meade a la presidencia del Banco de México en otoño, una vez que se hiciera efectiva la renuncia de Agustín Carstens. Esta mudanza contaría con todo el respaldo de Videgaray, autor intelectual del eventual nombramiento. Sin embargo, de acuerdo con la información recabada, Videgaray tuvo segundos pensamientos. Si Meade saliera, ¿a quien impulsaría como su sucesor? Con poca duda, el sustituto sería el director de Pemex, José Antonio González Anaya, cuya línea de amistad es con Meade, no con Videgaray. El poderoso secretario terminaría de perder el control y ascendencia sobre todo el gabinete económico y órganos autónomos, por lo que en los nuevos realineamientos, a quien está impulsando es al subsecretario del ramo en Hacienda, más cercano a Videgaray que a Meade, Miguel Messmacher.

Meade se quedaría entonces en Hacienda hasta el final del sexenio. Tampoco sería candidato. La especulación sobre su unción no tiene puerto de destino en este momento. Si hay alguien de todos los suspirantes en el entorno de Peña Nieto que por definición no podrá ser candidato del PRI, es Meade. Existe un candado desde hace más de una década en los requisitos para aspirar a la candidatura presidencial, que exige una militancia mayor a los 10 años y haber tenido un cargo en el partido. Meade no sólo carece de ello, sino que ni siquiera es miembro del PRI. Forzar su candidatura desde Los Pinos podría generarle una rebelión priista al presidente. A menos que en la próxima Asamblea Nacional del PRI agosto se cambiaran los estatutos para eliminar esos candidatos, Meade está eliminado de la competencia.

Hablar sobre él en términos de sucesión presidencial es tan ocioso como plantear hoy en día que Videgaray sigue acariciando la posibilidad de ser candidato. La racional del canciller es exactamente la misma por la que se oponía a Del Mazo: es demasiado cercano a Peña Nieto y los temas prácticamente seguros en la campaña, como corrupción, contaminan tanto al Presidente como a él. Videgaray debe saber la poca viabilidad que tiene su eventual candidatura, y conoce del obstáculo estatutario de Meade. Los dos irán juntos al 2018, pero no en calidad de tándem sucesorio sino, hoy por hoy, acompañando a Peña Nieto hasta el final de su sexenio. Claro, si no sacude el trapecio el presidente a contra sentido.
16 Junio 2017 04:00:00
El epicentro del crimen
Desde hace más de una década, en el Departamento de Estado llaman a Honduras “el hoyo negro”, porque esa pequeña nación centroamericana es una exportadora masiva de criminales, con redes en México a través de Los Zetas, y las triadas chinas, que manejan parte de la inmigración indocumentada hacia Estados Unidos. Honduras siguió el camino que trazó la Mara Salvatrucha, la pandilla creada en los 80 en Los Ángeles con salvadoreños que huyeron de la guerra civil financiada por Estados Unidos. Con esas dos naciones penetradas por delincuentes, Guatemala, la primera puerta de entrada a Norteamérica, quedó infectada y se sumó, en la Mesoamérica, a los cárteles mexicanos con los que expandieron el crimen trasnacional.

Este fenómeno –abreviado en extremo–, explica la vieja preocupación de los gobiernos en Washington y la Ciudad de México para establecer un freno en el Suchiate mediante la construcción de una barrera de contención, equivalente a un buffer state. Las desconfianzas mutuas llevaron a que durante muchos años la cooperación regional entre los dos países estuviera limitada. Pero en la última parte del Gobierno de Barack Obama, el entonces jefe de la Casa Blanca se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y dieron las primeras pinceladas para un acuerdo marco, que ha tenido como su primera expresión la Alianza para la Prosperidad, impulsada por los países del Triángulo del Norte, que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras.

La primera gran reunión de la Alianza para la Prosperidad en el Gobierno del presidente Donald Trump comenzó ayer en Miami, convocada por Estados Unidos y México, que están trabajando para establecer controles a la migración, utilizada por los cárteles de la droga mexicanos. Pero si bien el tema de la seguridad es dominante y lo que más atención genera en la opinión pública, el énfasis en el cual se están centrando los dos gobiernos, como una forma para enfrentarla bajo otros ángulos y estimular el desarrollo económico, es la parte fiscal.

Como nunca antes en el esquema de seguridad regional, hay un desdoblamiento en la estrategia para combatir el crimen trasnacional, como se vio en la sesión de este jueves con los secretarios del Tesoro, Steven Mnuchin, y de Hacienda, José Antonio Meade, que sacaron a las reformas fiscales del ángulo ciego en que se encontraban. Andrew Wainer, director de Investigación de Save the Children en Estados Unidos, sostiene que el impacto de la evasión de impuestos es particularmente alarmante en el Triángulo del Norte, donde se mezcla con la ausencia de un estado de derecho. De acuerdo con el Global Financial Integrity, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, los flujos financieros ilegales costaron mil billones de dólares en 2013 a las naciones en desarrollo, que “tienen un terrible impacto subversivo sobre los gobiernos, las víctimas de los crímenes y la sociedad”.

En su último reporte en marzo sobre este tema, el presidente de esta organización, Raymond Baker, afirmó: “La comunidad internacional ha puesto muy poca atención al combate del dinero en el crimen trasnacional, prefiriendo enfocarse sobre lo material o las manifestaciones de los crímenes. La lucha debe ser redirigida a combatir el dinero que el crimen genera. Esto significa cerrar el oscuro sistema financiero que facilita el movimiento del dinero y la secrecía de los recursos que se generan ilegalmente. Nada de esto es técnicamente difícil. Es un asunto de voluntad política”.

Este es el gran giro que se está viendo en Miami. “América Latina es la región más inequitativa en el Mundo, y el Triángulo del Norte es notoriamente pobre en recaudación de impuestos y equidad en el gasto”, dice Wainer. “Mientras que algunas naciones latinoamericanas emplearon una tasa impositiva progresiva para reducir la desigualdad en el ingreso, la política fiscal regresiva en Centroamérica exacerbó su de por sí severa desigualdad. En los últimos años, Guatemala tuvo el radio más bajo de impuestos comparado con el Producto Interno Bruto, con 12%, en comparación con Brasil donde la tasa fue de 36% o Dinamarca, donde fue de 48%”.

Wainer explica que junto con las estructuras fiscales regresivas, América Central está plagada por algunas de las tasas criminales más altas del mundo, como la extorsión, que la organización privada InSight Crime ubica como “el epicentro” global al Triángulo del Norte. Los salvadoreños pagan 400 millones de dólares anuales en extorsion, mientras los hondureños pagan 200 millones y los guatemaltecos 61, de acuerdo con la prensa local. “Los centroamericanos pobres están atrapados en medio de las estructuras fiscales formales y legales que privilegian a los ricos y a las prácticas ilegales que afectan a los pobres”, dice.

La intención de México y Estados Unidos es que reorienten su sistema fiscal para hacerlas menos vulnerables al crimen. No es una ruta fácil y está llena de contradicciones. Peña Nieto sigue pagando en las encuestas de aprobación la reforma fiscal de 2013, que fue progresiva y le generó derrotas electorales en el norte del país, mientras que la idea de Trump, reducir impuestos, se contrapone a lo que Mnuchin pide para Centroaérica, cuyos gobiernos siguen teniendo respaldo sólido de los grupos empresariales, que serían los más afectados por una reforma fiscal. Pero la disyuntiva es clara: ceder para ganar. Es decir, reducir utilidades a cambio de hacer viables esas naciones para inversión, desarrollo y mercado de consumidores, o dejar que sea el crimen trasnacional el que determine el futuro de la región.
15 Junio 2017 04:08:00
Andrés Manuel el puro
Andrés Manuel López Obrador pasó la factura al PRD porque su candidato a la Gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, no declinó a favor de Delfina Gómez, candidata de Morena. Zepeda y el PRD sí les hicieron daño. Los medios de comunicación le abrieron sus puertas y en un instante se convirtió en la sensación de la campaña electoral. Obtuvo un millón de votos, básicamente de Neza, el municipio donde fue alcalde, y contribuyó a quitarle electores a Morena en la zona metropolitana de la Ciudad de México y el sur del estado. No se lo perdonó López Obrador. De mercenario no bajó al partido que lo postuló dos veces a la Presidencia, y adelantó que no buscará una alianza con el PRD en la elección presidencial de 2018.

López Obrador perdonó al PT, que a cambio de que el presidente Enrique Peña Nieto ordenara a su partido que le apoyara con los votos suficientes en Aguascalientes para que no perdieran el registro y las prerrogativas, fue su aliado táctico en cuanta elección se presentó en el último año hasta que, una semanas antes de la elección del 4 de junio, su candidato a gobernador en el Estado de México, Óscar Yáñez, un bon vivant oportunista de la política, la entregó sus pocos votos a Morena. La memoria de López Obrador no es longeva sino coyuntural. Sus decisiones aliancistas murieron y nacieron hace dos domingos, bajo un criterio purista, teológico como su discurso, de que con los impuros no emprendería la marcha hacia el 2018, mientras que los arrepentidos, como el PT, serían indultados.

Para la sucesión presidencial que ya comenzó, López Obrador reclutará perredistas y líderes sociales en todo el país, sin meterse al pantano donde chapalean sus dirigentes. Es una decisión principista, aunque maniquea, sobre cómo ve el panorama político y electoral, y cómo analizó los resultados de Morena el 4 de junio. Muy bien en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, donde su candidato fue un factor de la aplastante derrota del PRI, y menos bien en Veracruz, donde el impulso de las elecciones del año pasado lo mantuvo como tercera fuerza, pero sin la energía de aquél entonces. Aún así, el gran malestar en el país, que se alineaba a favor de los candidatos de Morena, no le alcanzó para ganar posiciones de gobierno, salvo un puñado de alcaldías veracruzanas. La pregunta si con el andamiaje que está mostrando hoy en día López Obrador, le alcanzará para ganar la Presidencia, tiene una respuesta simple: no.

Con sus amarres actuales, López Obrador no tiene el combustible para ir a las elecciones presidenciales con claras posibilidades de ganar. Será una fuerza competitiva, pero no la locomotora que parece cree tener. Por ello debería ser más prudente y menos soberbio. El dinero y las irregularidades durante las campañas no fueron las únicas razones por las que no alcanzó la Gubernatura mexiquense o mejores resultados en Veracruz. Tuvo errores en la organización, como la falta de representantes de casillas en el Estado de México, y no menos relevante, la campaña sucia que le endilgó el PRI fue kryptonita.

La revelación del llamado diezmo de Gómez cuando era alcaldesa en Texcoco, no le quitó puntos, de acuerdo con sus estrategas, pero frenó su avance ante el priista Alfredo del Mazo. La campaña con el instrumento útil de Eva Cadena, la candidata a una Presidencia Municipal en Veracruz, que apareció en un video recibiendo dinero que decían era para López Obrador, golpeó de manera importante la imagen de honestidad del jefe de Morena, de acuerdo con resultados preliminares sobre el impacto electoral de la campaña. Su fuerza quedó menguada y no fue suficiente para impulsar en el último tramo a su candidata mexiquense. Un estudio de la Central de Inteligencia Política que publica mensualmente El Financiero, que mide los impactos en los medios, encontró que la cobertura negativa sobre López Obrador en el mes previo a la elección, se incrementó en 360 por ciento.

López Obrador no parece estar analizando con frialdad la variedad de recursos que se utilizaron contra él y Morena en los procesos electorales pasados, aunque su comportamiento luce bipolar en ocasiones. No se sabe aún, por ejemplo, el tamaño del impacto negativo de su alteración durante la entrevista con Pepe Cárdenas en Radio Fórmula, con quien prácticamente se peleó al aire. Cárdenas, un profesional probado y reprimido en el pasado por la defensa a su libertad, quedó periodísticamente reivindicado mientras que su interlocutor exhibió su piel delgada y a veces intolerante. Más grave aún, en términos de comportamiento, fue la manera como criticó también a Carmen Aristegui, en otra entrevista por internet, por no hacer bien su trabajo. Aristegui es incondicional de López Obrador, por lo cual los expertos se preguntan: si a una leal maltrata, ¿qué será con quienes discrepan con él?

Ya se está viendo. Los excluye, los critica, los insulta. López Obrador comete un error que puede pagar el próximo año si no rectifica. No puede negarse a una alianza con quienes no piensan como él, por el hecho que no se subordinen a sus necesidades y deseos. La elección en el Estado de México lo mostró vulnerable y eliminó la inevitabilidad de que caminará hacia Los Pinos el próximo año. Debe entender que el ejército que ha juntado hasta ahora no le dará para ganar y que tiene que convencer a otros, en la sociedad política y en la civil, que es la mejor alternativa para el país, pero sin ese purismo con tufo totalitario que asomó en él durante las tres últimas semanas de efervescencia electoral.
14 Junio 2017 04:08:00
Marcha para atrás
Sorprendentes, por decir lo menos, fueron las declaraciones que hizo el candidato ganador en las elecciones para gobernador en el Estado de México, Alfredo del Mazo, a El Universal este lunes. Sus afirmaciones incluían juicios como “logramos recuperar el ánimo del partido”, “se comenzó a recuperar la confianza” y, lo más notorio, que el mensaje de las urnas el 4 de junio fue de “fortaleza” del PRI frente a las elecciones presidenciales de 2018. Del Mazo añadió que ganaron con una diferencia de más de 168 mil votos, que es casi 3% de la votación. Para el virtual gobernador electo, el PRI se vio sólido. Cómo llegó a esas conclusiones, no se sabe, y en la entrevista tampoco explica la contradicción entre sus dichos y los números absolutos de la elección.

El PRI tuvo alrededor de 56 mil votos menos que su adversaria Delfina Gómez, la candidata de Morena, y la victoria es atribuible a los partidos coaligados al PRI, el Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, que aportaron unos 125 mil votos que le dieron la ventaja por casi 3%. Sin alianza, Del Mazo habría perdido la elección. En términos de fuerza tricolor, tuvo un millón de votos menos que los obtenidos hace seis años por el gobernador Eruviel Ávila, y debido a que el PRD no fue en alianza con Morena, evitó una paliza de 2 a 1. Las cuentas no reflejan nada más que el diagnóstico triunfalista dentro de la cúpula de poder priista en cuanto a sus alcances y posibilidades para 2018.

El ánimo contagia al grupo en el poder. El domingo de la elección, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a todo su gabinete y a los líderes parlamentarios para que lo acompañaran en el seguimiento de los resultados, que al comenzar la noche no pintaban bien y había malestar y algunos gritos, pero que se fue componiendo después de darse el conteo rápido, que cambió el humor. Peña Nieto, como se reportó en este espacio la semana pasada, pedía que la arrogancia no los afectara, sugiriendo que habría que estudiar con detalle lo que había pasado para ajustar lo necesario en la ruta de las elecciones presidenciales del año próximo. Las primeras señales, una semana después, no las dio Del Mazo, aunque él ha sido quien las ha socializado. La señal sobre cómo terminó el análisis de lo que sucedió el 4 de junio en Los Pinos es un cambio de dirección a lo que al mediodía del lunes 15 de mayo, sucedió en la casa presidencial.

Ese día el presidente Peña Nieto convocó a los líderes de las bancadas en el Congreso, César Camacho, y el Senado, Emilio Gamboa, para que discutieran con su equipo la posibilidad de una reforma que permitiera la segunda vuelta en la elección presidencial. No se podría hacer en un periodo extraordinario, particularmente en el Congreso, donde Camacho explicó las dificultades que habría para sacarlo adelante. Se propusieron dos rutas para alcanzar eso. Sembrar en la prensa un atajo legislativo para poder llevarlo a cabo dentro de los tiempos que marca la ley –toda reforma tendría que ser propuesta 90 días antes de que inicie oficialmente el periodo electoral–, y una negociación secreta con el PAN.

El Presidente le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, su mejor constructor de acuerdos, hablar con el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, y plantearle esa posibilidad. La apertura del presidente Peña Nieto era extraordinaria, pues de manera sistemática, desde que era gobernador del Estado de México, se había opuesto a discutir siquiera la segunda vuelta. La idea prevaleciente era que esa fórmula perjudicaría al PRI, aunque en realidad todo indicaba lo contrario.

Una encuesta que realizó la empresa Buendía&Laredo luego de que el entonces presidente Felipe Calderón propusiera la segunda vuelta electoral, mostró que el partido al que más le beneficiaría la fórmula sería al PRI, que obtendría 5 puntos porcentuales de quienes apoyaron en una primera vuelta al PRD, al verde o al PT, contra sólo 2 que alcanzaría el PAN. El escenario planteado en el estudio demoscópico subrayaba una polarización entre el PAN y la coalición de izquierda de Andrés Manuel López Obrador, con beneficios directos para el PRI.

Aún con esos datos, Peña Nieto tenía una visión más conservadora, que fue cambiando este año y abriéndose a opciones para 2018, aparentemente ante la posibilidad de que al PRI no le fuera bien en el Estado de México y se tuviera que optar por una alianza con el PAN para 2018, para contener a López Obrador y Morena. Por ello surgió la convocatoria del 15 de mayo y el encuentro entre Videgaray y Anaya. Como consecuencia de esa conversación, el PAN pidió a finales de ese mes “sacar de la congeladora” la iniciativa ciudadana sobre la segunda vuelta electoral que se había presentado en 2014, para que pudiera aplicarse en las elecciones presidenciales de 2018.

No se avanzó más en esa iniciativa por las dificultades expresadas por los coordinadores parlamentarios del PRI para procesarla durante un periodo extraordinario. Con ello se perdió probablemente una oportunidad histórica. En Los Pinos se enfrió la idea y Peña Nieto volvió a sus posiciones ortodoxas. Las declaraciones de Del Mazo son una indicación de ello. El PRI no necesita cambios en la ley, es la racional, porque podrá con quien se le ponga enfrente el próximo año. Al menos, es lo que hoy están diciendo. Anaya, en cambio, sigue en lo acordado con Videgaray.
13 Junio 2017 04:00:00
El gambito de Castillejos
Una de las explicaciones más jocosas –porque no se le puede llamar de otra manera– de la renuncia de Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República el viernes pasado, fue lo que en forma oficiosa se dijo en Los Pinos: necesitaba tiempo, le dijo al presidente Enrique Peña Nieto, para preparar su boda. Por esa razón, una de las personas de mayor influencia en Los Pinos en los últimos años, pieza central de Peña Nieto para ir copando de leales al Poder Judicial, se tiraba al vacío en el servicio público y una carrera ascendente, puesta en un suspenso que, al final del sexenio, parecería más un suicidio. Por supuesto, esa razón es una mentira blanca. La renuncia de Castillejos es parte de un entramado mucho más ambicioso.

La salida de Castillejos de Los Pinos sin horizonte público tangible es un gambito del presidente Peña Nieto que, como buen jugador de ajedrez, sacrificó a su pieza –la conserjería jurídica– para obtener no una, sino varias posiciones favorables en el corto y mediano plazo. Esta jugada tiene como precedente el decreto del 13 de diciembre de 2013, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación que creó la Fiscalía General de la República, que tenía como artículo Décimo Sexto transitorio lo siguiente:

1.- La entrada en vigor de la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo se verificará en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que el Congreso de la Unión expida para dicho efecto, y siempre que el propio Congreso haga la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

2.- El procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de autonomía de la Fiscalía, quedará designado fiscal general de la República como ministerio constitucional.

Cuando se publicó el decreto el procurador general era Jesús Murillo Karam, quien explicó en su momento que la transición podría durar dos años, y una vez que estuvieran aprobadas todas las leyes secundarias. Murillo Karam no sobrevivió en el cargo, y fue sustituido por Arely Gómez, quien fue vista también como una figura efímera en la PGR o, en su defecto, que no necesariamente sería ella la que durante el resto del sexenio pudiera asumir la Fiscalía General. Gómez dejó la PGR en octubre de 2016, cuyo relevo, Raúl Cervantes, provocó la polémica que ninguno de sus antecesores había provocado. La objeción contra el Décimo Sexto transitorio, personalizado en él, es que el Presidente quería dejar a un incondicional como Fiscal General.

Cervantes no era tan cercano al Presidente como a otras figuras de la clase priista, pero es tío –aunque se dicen primos por razones generacionales– de Castillejos y del actual director de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo, que fue procurador en el Gobierno del gobernador Peña Nieto en el Estado de México. La oposición en las cámaras al pase automático llevó a un ofrecimiento del PAN al Presidente: si modificaba el artículo transitorio que lo establecía, aprobaban primero los transitorios en su conjunto y después, de cualquier forma, votarían a favor de Cervantes.

El 29 de noviembre del año pasado, en una acción que sorprendió a Senado, el presidente Peña Nieto envió una reforma a ese transitorio para que, “ante las voces, entre ellas las del propio procurador Cervantes” que señalan que el pase automático “no abona a centrarse en la discusión del modelo institucional”, le otorgaba ese derecho al Senado, que debería designarlo. Una vez enviada la reforma al transitorio, de acuerdo con personas que conocieron los detalles de esas gestiones, el presidente cayó en cuenta que el PAN y el PRD le había tendido una trampa, por lo que instruyó a la bancada del PRI a congelar la enmienda. La decisión presidencial sería que buscarían otras fórmulas para reponer el proceso que el mismo Peña Nieto había detenido.

Las elecciones en el Estado de México detuvieron muchas de las acciones planeadas para la última parte del sexenio, pero cinco días después de pasada la elección regresaron a la ruta trazada. El viernes comenzó a perfilarse el rumbo, con la renuncia de Castillejos. Uno de los argumentos esgrimidos por la oposición en contra del pase automático quedó borrado. Si el primo del procurador ya no era el consejero jurídico de la Presidencia ni tampoco ocupaba ningún cargo en el servicio público, el conflicto de interés inherente quedaba eliminado.

Al no aprobarse la enmienda del Presidente, se mantiene vigente el artículo transitorio Décimo Sexto, por lo que quedará abierto el camino para que Cervantes, tenga el pase automático a la Fiscalía General. Castillejos no se sacrificó por su primo. Una segunda jugada está cocinándose: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto que existe el argumento que no hay nadie que esté en vísperas de su jubilación, pero no es necesario.

El Gobierno mexicano está promoviendo a la ministra Margarita Luna Ramos como la candidata del Gobierno para ocupar una de las 15 sillas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El próximo año quedará vacante una de las dos sillas que corresponden a América Latina, al terminar su periodo de nueve años el brasileño Antônio Augusto Cançado. Ahí está el gambito de Castillejos y el diseño estratégico del presidente. La boda es un chascarrillo. El Poder Judicial es el fin.
12 Junio 2017 04:07:00
¿Quién protege a Lozoya?
Emilio Lozoya, el director de Pemex durante la primera parte del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se ha convertido en las últimas semanas en una figura estelar en el escenario de la corrupción mexicana. La investigación global sobre los sobornos en 11 naciones realizados por el gigante brasileño Oderbrecht colocó a su administración en el centro de la corrupción y el foco de las pesquisas que lleva a cabo la PGR, donde ha llamado a declarar a más de una veintena de funcionarios y exfuncionarios, varios de ellos muy vinculados a él. Lozoya sostiene su total inocencia en ese y otros casos de corrupción en la empresa que dirigió.

El tema de Lozoya y su paso por Pemex es un hoyo negro. La información que ha emergido sobre actos de corrupción y su abrupta salida de la dirección de Pemex en febrero del año pasado sigue siendo parcial. Se ha responsabilizado de su salida al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien en al menos dos ocasiones le pidió al presidente Enrique Peña Nieto que lo cesara por la desorganización administrativa en Pemex y presuntos actos de corrupción. Siempre fue atajado. Incluso en la última conversación que sostuvieron ambos sobre él en diciembre de 2015, Peña Nieto le dijo que no le volviera a tocar el tema.

La salida de Lozoya se dio poco después de que el Presidente realizó una visita oficial a Arabia Saudita, promovida por Lozoya en contra de la recomendación de la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, por el conflicto que tenía esa nación con el gobierno de Barack Obama. Peña Nieto desoyó a la canciller, como soslayó las peticiones de Videgaray. El entonces director de Pemex tenía una relación excepcional con el Presidente, a quien veía en acuerdo cuando deseaba, sin necesidad de tener que pasar por los canales formales e informales en Los Pinos como prácticamente todo el gabinete tenía que utilizar para hablar con él.

El cese de Lozoya no fue explicado, aunque por el discurso del Presidente al dar posesión a José Antonio González Anaya, obedeció a la necesidad de darle mayor eficiencia y rentabilidad, que era uno de los argumentos de Videgaray contra el exdirector. Pero Lozoya no iba a ser enviado a la nada. Finalmente no fue posible promoverlo como embajador en el Reino Unido por los datos sobre presuntos actos de corrupción en Pemex, ni tampoco le permitieron al líder del PRI, Enrique Ochoa, incorporarlo al Comité Ejecutivo Nacional. El exdirector de Pemex apesta, pero no lo suficiente como para que rinda cuentas ante el Ministerio Público por los actos de corrupción que se investigan durante su administración en la empresa.

Lozoya no está tranquilo, pero no se oculta. No habla mucho fuera de defenderse de imputaciones directas a él. Insiste en su inocencia pero no abunda en las explicaciones que pudieran aclarar el cochinero que se dio durante su gestión. ¿Estará cubriendo Lozoya a otros funcionarios? ¿Estará pagando costos que no le pertenecen? Este tipo de preguntas se han venido haciendo de manera cada vez más constante por el blindaje jurídico que tiene el exdirector de Pemex, y que no se ve en la opinión pública. Un caso ilustrativo es la compra de dos aviones de lujo en 2014 a través de una operación de compra-venta triangulada con un intermediario con sede en Panamá.

Pemex pagó 71.3 millones de dólares por dos aeronaves para transporte de personal cuya información, hasta la fecha se mentiene bajo reserva en México. Se trata de un Cessna Citation Sovereign 680, modelo 2009, por el que pagó 15.5 millones de dólares, y un Gulfstream Aerospace G-550, fabricado en 2010, por un precio de 55.8 millones de dólares. Lo notable es que se adquirieron por casi el doble de su valor comercial. La existencia de esos aviones había sido denunciada por el PAN el año pasado, que pedía detalles sobre su mantenimiento, pero no se conocía del precio de la compra.

Los detalles surgieron de manera indirecta durante un juicio en la Corte Sur de Florida, en Miami, donde la empresa Matrix Aviation Inc. demandó a Pemex y a la compañía SYM Technologies Ltd, que sirvió de intermediaria de la operación, de formar parte de una conspiración civil para afectar económicamente a la propietaria de las aeronaves y por incumplir con el pago total de una comisión que habían acordado en 9.7 millones de dólares, de los que quedaron por cubrir 1.7 millones, de acuerdo con una investigación publicada en Eje Central.

En esa demanda civil de más de 250 páginas que obtuvo Eje Central aparece como figura central de la operación el brigadier general Eduardo León Trauwitz, gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex, a quien se dirigió la propuesta. León Trauwitz fue encargado de la seguridad del presidente electo y exgobernador del Estado de México, Peña Nieto, y es uno de los leales al inquilino de Los Pinos más favorecidos con cargos estratégicos.

La versión oficial sobra el uso de los aviones de lujo, es que serían utilizados para vigilar la ordeña de ductos, que durante el periodo de León Trauwitz se incrementó en 30%. ¿Qué está pasando escondido ante los ojos públicos? El brigadier general, está siendo investigado desde principios de este año, como consecuencia de distintas auditorías practicadas a su área y tras la revisión de los contratos por la compra de equipo en materia de seguridad física de Pemex. Lozoya, sigue protegido. Todo esto durará hasta que, como sucederá irremediablemente, el hilo se rompa por lo más delgado. Lo único incierto es dónde está ese hilo.
09 Junio 2017 04:08:00
Vergüenza electoral
Las elecciones para gobernador en el Estado de México y Coahuila trajeron al descubierto lo que quizás durante un largo tiempo no habíamos visto de una manera grotesca: que las prácticas cavernícolas para alterar el resultado de una elección siguen viviendo en este régimen. Los casos que han presentado los partidos de oposición al PRI son contundentes y, en algunos casos inexplicables, como las juntas distritales en el Estado de México, donde al hacer la compulsa donde había ganado el priista Alfredo del Mazo, terminó con una clara victoria de Delfina Gómez de Morena, o la forma como en la frontera norte de Coahuila, grupos de choque apoyados por la Policía Estatal se robaron paquetes electorales que estaban resguardados por… policías estatales.

El PAN reclama el triunfo en la elección para gobernador en Coahuila, y Morena hace lo propio en el Estado de México. El PRI asegura tener 30 mil votos de diferencia en Coahuila, lo que hace a su candidato, Miguel Riquelme, ganador de la contienda, y sostiene que su ventaja de 2.9% en las elecciones mexiquenses llevarán sin duda a su candidato Alfredo del Mazo a la Gubernatura. Los recuentos del voto que se iniciaron el miércoles se contaminaron por lo pueril de las irregularidades que han comenzado a salir a la opinión pública.

Entre los ejemplos más utilizados por el PAN en Coahuila se encuentra lo que sucedió en la Sección Electoral 10 en Ciudad Acuña, donde un grupo de cholos, protegidos por la Policía Estatal destruyó las urnas la noche de la elección. La bodega en Piedras Negras, donde se resguardaban los paquetes electorales, que es otro de los puntos de mayor tensión post electoral, fue violada mediante una puerta falsa, para presuntamente alterar las actas computadas. Una funcionaria del Instituto Electoral de Coahuila en uno de los distritos en Saltillo, donde Riquelme ganó por el mayor margen, no contribuyó a atemperar los ánimos, al afirmar que la evidencia de las urnas violadas era irrelevante porque las podían volver a contar. Es decir, volver a sumar el voto de actas alteradas.

Los ejemplos no son menos graves en el Estado de México. En la Junta Distrital 44 en Nicolás Romero, los funcionarios de casilla dieron como votos buenos para el PRI aquellas boletas donde se cruzó la sigla fuera del recuadro, por el hecho de la proximidad, o también en donde se escribieron palomas en cada recuadro y sólo en el del PRI se cruzó. Los funcionarios dijeron que habían decidido así por “la intención del voto”. Este concepto atroz en procesos electorales es lo que hizo que Al Gore perdiera la Presidencia de Estados Unidos ante George W. Bush en 2000, porque los electores en Florida votaron cerca del recuadro de su partido, pero no en él. Los seis medios de comunicación que revisaron meticulosamente las boletas, concluyeron que debió haber ganado Gore, pero que legalmente, como falló la Suprema Corte de Justicia, el triunfo era para el republicano.

En el Estado de México, la participación en las regiones donde ganó el PRI superó en más de 10% la media de 52% en la jornada electoral. En Valle de Bravo fue de 65%, y en Atlacomulco de 62%, los municipios más emblemáticos de la abultada votación priista. En cambio, en las regiones donde ganó Morena la participación fue menor al promedio. Este patrón, analizado por la empresa Parametría, es atípico en elecciones en el Estado de México y, en su conjunto, antihistórico que una votación superior al 50% se haya inclinado por el PRI. La mayor parte de las votaciones atípicas se dieron en las zonas rurales, donde Morena no pudo cubrir con representantes cerca de un 30% de las casillas. Las irregularidades en las elecciones motivaron protestas como no se veían hace muchas elecciones.

Las elecciones en esos dos estados, que se sabía difíciles por la experiencia de los operadores políticos del PRI, se volvieron focos de conflicto ante la forma abierta y sin pudor como se dio un buen número de irregularidades. En Coahuila, todos los partidos de oposición se levantaron de la mesa de cómputos distritales el miércoles en protesta por lo que el PAN llamó “fraude electoral”, para ejercer presión que permita que en los tribunales electorales la elección pueda ser anulada y respuesta en agosto próximo. La dirigencia panista afirma que más del 30% de las casillas tienen irregularidades, con lo cual habría motivos, de probarse, para anular la elección, que requiere, para ello, que el 20% de las casillas sean eliminadas. En el estado de México, las autoridades electorales soslayaron los comportamientos atípicos en la participación, y ajustaron de 21 a 17% el número de paquetes electorales que revisarán.

No está claro, con la información disponible hasta ahora, que el PAN y Morena tengan elementos suficientes para que se anulen las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Probablemente, por su incapacidad para tener representantes en todas las casillas, o descuidos en la vigilancia de las urnas, carezcan de evidencia suficiente para que sus impugnaciones tengan éxito. Pero la no anulación de las elecciones, si ese fuera el resultado y se mantienen las victorias de los priistas perfilados hasta ahora, no reduce la vergüenza colectiva que, como mexicanos, nos deben dar todas las trampas electorales que se vieron este domingo. Regresamos al pasado más hediondo, pero nos debe alertar sobre el futuro inmediato y su estación presidencial en 2018.
08 Junio 2017 04:08:00
2018: la sucesión presidencial
La sucesión presidencial del partido en el poder no comenzó el domingo, sino en las semanas previas a las críticas elecciones en el Estado de México. Fue a finales de abril cuando el PRI anunció que la XXII Asamblea Nacional se adelantaba de noviembre, al 12 de agosto. A dos personas responsabilizó el presidente Enrique Peña Nieto para armarla y preparar los consensos: la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y el exmiembro del gabinete, Jesús Murillo Karam, quien fue el responsable de redactar la convocatoria. El documento, con una estructura burocrática, no abría muchos márgenes para que se escucharan las voces disidentes, pero Ruiz Massieu comenzó a hablar con diferentes figuras dentro del PRI que habían presentado objeciones a la forma vertical como querían desarrollar la asamblea y, como consecuencia, controlar la sucesión presidencial.

La preocupación del Presidente, expresada por varios líderes del PRI, es la existencia de candados para la nominación del candidato a sucederlo, donde se mantiene la obligación a todos quienes aspiren la candidatura, a tener un mínimo de 10 años de militancia probada en el partido, que es un requisito que se arrastra desde la XVIII Asamblea Nacional desde noviembre de 2001. A este control contra neopriistas se le ha añadido una presión de varios grupos internos del partido, encabezados por Democracia Interna, que quieren que los delegados aprueben el requerimiento de que quien aspire necesita haber ganado un cargo de elección popular –de mayoría–, con lo cual los únicos miembros del primer equipo de Peña Nieto que podrían aspirar son los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Agricultura, José Calzada, o el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.

Las negociaciones de Ruiz Massieu tienden a evitar que los delegados a la Asamblea pudieran añadir candados, así como eliminar el requerimiento de los 10 años de militancia probada. Lo que varios dirigentes del PRI han contra propuesto, es que Peña Nieto abra el proceso de selección de candidato, que es un punto donde hasta ahora, públicamente, el Presidente no ha mostrado indicios de moverse. De mantenerse rígida la posición de Peña Nieto, y si actúa como lo ha hecho durante todos los procesos electorales bajo su mandato, el candidato sería Osorio Chong. La explicación es que si el Presidente es consistente con su forma práctica de decidir candidaturas, optaría por quien aparece mejor colocado en las encuestas, donde el secretario de Gobernación ha figurado de manera sistemática, salvo en algunas mediciones ocasionales donde el gobernador Ávila lo supera, como el priista mejor ubicado en la tabla de presidenciables.

Lo cerrado del proceso electoral en el Estado de México no ha alterado el proceso de sucesión presidencial, de acuerdo con lo que se están manejando en el círculo interno de Peña Nieto. Antes incluso de la elección, el gobernador Ávila estaba prácticamente descartado de la sucesión, por una pérdida de confianza en Los Pinos, ante la sospecha de no haber trabajado a toda su capacidad a favor de la campaña del candidato Alfredo del Mazo, donde uno de los argumentos que se esgrimen es que en toda la contienda, ni la candidata de Morena, Delfina Gómez, su mentor, Higinio Martínez, el jefe del partido en el estado y viejo amigo del Gobernador, o el líder morenista, Andrés Manuel López Obrador, lo criticaron o lo metieron en la fórmula de la mafia del poder.

El otro elemento a discusión en los pasillos palaciegos, es una fórmula similar a la que utilizó el presidente Miguel de la Madrid durante la sucesión presidencial en 1988, donde pese a tener en la mente dos candidatos posibles, los secretarios de Gobernación, Manuel Bartlett, y de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas, organizó una pasarela con seis aspirantes ante el Consejo Político en 1987, para que expusieran su visión de país y programa de gobierno. Una pasarela de cuatro aspirantes es lo que se viene planteando como una posibilidad, donde figurarían los secretarios Osorio Chong; de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; de Salud, José Narro, y de Turismo, Enrique de la Madrid.

La idea que se está proponiendo, y que no ha sido mal vista por el Presidente, es que la pasarela no se haría ante el Consejo Político, sino en el país, para lo cual tendrían que renunciar a sus cargos. La lista no incluiría al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que está siendo promovido para la presidencia del Banco de México en otoño, cuando concrete su renuncia Agustín Carstens, ni al secretario de Educación, Aurelio Nuño, que podría ir a Gobernación si, como se menciona en los primeros niveles del Gobierno, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, es sustituido por Osorio Chong.

Uno de los objetivos por los cuales se analiza abrir el proceso, es oxigenar al partido y recuperar el consenso interno. Los dos líderes del PRI que más éxitos electorales tuvieron durante su presidencia, Beatriz Paredes y Roberto Madrazo, fueron resultado de procesos internos que permitieron su legitimación. El candidato de Peña Nieto tendrá que legitimarse y evitar una fractura dentro del partido, como sucedió con Roberto Madrazo en 2006, que tiró la votación del PRI para ese cargo a un histórico 22%. Según ha trascendido, no hay una decisión tomada. Tampoco si el Presidente modificará la forma como manejará el proceso interno después de lo que sucedió en el Estado de México. Pero no falta mucho para ver las señales. Un ajuste en el gabinete, podría ser el principio de todo.
07 Junio 2017 04:08:00
Encerrona en Los Pinos
La gran interrogante, dentro del grupo en el poder, es cómo leerá el presidente Enrique Peña Nieto el resultado de la elección en el Estado de México, que durante meses se convirtió en su única prioridad y donde, por su comportamiento, parecía que no habría mañana para él si su candidato, Alfredo del Mazo, perdía la Gubernatura. El clímax se dio durante el fin de semana, al aislarse en su casa en Ixtapan de la Sal y no regresar a Los Pinos sino hasta entrada la noche del domingo, para seguir junto con su gabinete, los coordinadores parlamentarios del PRI y dirigentes del Partido Verde, los primeros datos preliminares oficiales del órgano electoral mexiquense. Personas que acudieron a la cita en el Salón Venustiano Carranza de la casa Presidencial, describieron la tensión que se vivió ante los datos de las encuestas de salida que perfilaban una contienda muy cerrada, con probabilidades de derrota. Demasiado esfuerzo y recursos invertidos en el proceso, ¿para nada?

La cita fue a las ocho de la noche, donde los convocados se fueron sumando a quienes habían estado todo el día en Los Pinos, el staff del Presidente. Llegó todo el Gabinete, menos el secretario de Agricultura, José Calzada, por razones que no están claras. También asistieron, fuera del priismo, el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, junto con el líder de facto del Partido Verde, Jorge Emilio González, el Niño Verde, cuyo partido participó en la operación territorial del domingo en el Estado de México, donde desplazaron a 800 operadores de campo para mover el voto. Peña Nieto llegó cerca de las 11 de la noche, cuando se alistaba el Instituto Electoral del Estado de México a difundir su conteo rápido. Cuando se anunció que la tendencia de voto favorecía a Del Mazo, el Salón Venustiano Carranza se inundó de satisfacción, pero sobre todo se oyó la exhalación de alivio de respiración contenida.

No hubo excesos en la celebración, porque de acuerdo con algunos presentes, el propio Presidente lo impidió. Es un gran resultado, dijo Peña Nieto a los pequeños grupos que se repartieron por el salón. Pero no hay que caer en la arrogancia, enfatizó. Esta frase fue resaltada por los participantes que hicieron una narración de lo que sucedió en Los Pinos, desde el domingo por la noche hasta casi las 6 de la mañana del lunes, cuando terminó la encerrona. La razón de ello son las dudas sobre la influencia que pudieran tener algunos colaboradores de Peña Nieto en la interpretación del resultado en el Estado de México, que podrían convencerlo de que la victoria es un referéndum a lo que está haciendo. El triunfalismo, sin embargo, sería un error del Presidente. Ganó Del Mazo, pero perdió el PRI. Retendrán el gobierno, pero el priismo de Peña Nieto sufrió una gran herida.

El hecho de que el PREP, con poco más del 97% de las actas contabilizadas le dé una ventaja de 2.9% a Del Mazo sobre la candidata de Morena, Delfina Gómez, no revela lo que sucedió el domingo. La movilización del voto, la participación del gabinete en pleno, de varios gobernadores, incluidos no priistas trabajando a favor de Peña Nieto, y la presión y amenazas para que el candidato del PRD, Juan Zepeda, no declinara a favor de Gómez, no fueron suficientes para que el voto priista le diera la victoria a su candidato. Del Mazo obtuvo 57 mil menos votos de los que logró Gómez. Sólo el sacrificio –porque perdieron el registro- del Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, que fueron coaligados con el PRI, le dieron los 226 mil 298 votos con los cuales aventaja el priista la votación.

Esta es la prudencia a la cual probablemente se refería Peña Nieto, y que se reflejaba en la actitud de varios miembros del Gabinete que participaron directamente en el proceso mexiquense. La principal, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, a quien la llamó repetidamente “coordinadora” Peña Nieto, por el papel que jugó como la responsable federal en las elecciones. Robles no dejaba de observar las pantallas con el PREP, mientras que otra figura, claramente desmoronándose, ocupó en una esquina sin moverse para no notarse. Era el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, íntimo amigo del Presidente, y quien le decía con toda confianza que con el solo dinero iban a tener una elección holgada en el Estado de México. La estrategia fontanera de Miranda no le alcanzó al PRI, y lo dejó convertido, para quienes lo vieron arrumbado en el Venustiano Carranza, en una figura desechable.

Pero más allá de él, una lección analizada esa noche es cómo tampoco se dio el apoyo homogéneo de los padrones de los programas sociales federales, al registrarse derrotas en prácticamente todos los municipios en el norte y poniente de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y los lastres en imagen y rechazo a la gestión de gobierno que arrastró la campaña del PRI. Del Mazo parecía entender bien la realidad de la elección, pues cuando llegó a las 3 de la mañana a Los Pinos, en compañía del gobernador Eruviel Ávila, no había triunfalismo en su actitud, sino prudencia. Esto mismo es lo que se notó en el actuar de Peña Nieto que, desde este domingo, dejó entrever otro asistente a la encerrona, el líder del PRI, Enrique Ochoa; empezó a trabajar la sucesión Presidencial.
06 Junio 2017 04:07:00
Todo cambió en Toluca
Hace tres semanas, uno de los colaboradores más cercanos al candidato del PRI al Gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, confió: “Está cerrado pero vamos arriba”. Su interlocutor respondió: “Entonces ya perdieron”. No importaba el resultado de la elección de este domingo, porque la inversión política y económica para sacar adelante un resultado favorable ante una candidata desconocida y de fama hiperlocal, frente a una maquinaria electoral históricamente poderosa y con el apoyo masivo del Gobierno federal, reflejó no sólo el desgaste y descrédito de lo que Del Mazo representaba, al PRI y al Gobierno, sino la vulnerabilidad y fragilidad de un régimen que este domingo inició su cambio. El mapa electoral del Estado de México mostró la polarización irreversible en el centro del país, en cuya megalópolis se concentra más del 20% del electorado, y cuyas tendencias, expresiones y conflictos tienen megáfonos con alcance nacional.

El PRI y Morena borraron al PAN y al PRD, cuya presencia se mantuvo en medio municipio, Naucalpan, y en Neza, respectivamente. El electorado no aceptó grises. La candidatura de Delfina Gómez, de Morena, apostó a los pobres. Su campaña estuvo diseñada estratégicamente a partir de una rama de la estadística aplicada en la medicina, conocida como la bioestadística, que estudia las moléculas y su entorno. De esta manera, lo que la estrategia fue acelerando a través de las redes sociales fueron los reactivos a las heridas sociales, como la inseguridad en las populosas “ciudades dormitorios” en la zona conurbada de la Ciudad de México –en el microcosmos de su pesadilla, la movilidad y el transporte público–. La dificultad para la candidatura de Del Mazo fue que el malestar contra el régimen y sus gobernantes cruzó barreras socioeconómicas y socioculturales.

La campaña que comenzó como una lucha de clases –el heredero de una dinastía frente a la hija de un albañil–, se convirtió en un referéndum sobre la permanencia del PRI o el cambio. Mas del 65% de los encuestados declaraban querer el cambio, lo que mostraba el hastío de la gente, sintetizado en el Estado de México, pero que es un botón de muestra nacional. Ese “cambio”, sin embargo, incluía como opciones para lograrlo en las elecciones mexiquenses al Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, aliados del PRI en esta elección, que es lo que al final le está permitiendo ganar la elección, pues los solos votos de la estructura no rebasan los de Gómez. Dicho de otra forma, si el PRI no hubiera ido coaligado, probablemente habría perdido la elección.

La necesidad de cambio debe entenderse más allá del mero voto, importante en el plazo inmediato. El entorno hostil y negativo en el que hizo campaña Del Mazo, por el descrédito en la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y la creciente pérdida de lealtad en el PRI, obligó a su partido a desplegar todo tipo de artimañas para evitar el descalabro este domingo, que incluyó la permanente campaña del “establecimiento político”, a través de los medios, en contra de Gómez, Morena y Andrés Manuel López Obrador hasta casi el día de la elección, ante la insultante mirada pasiva de los árbitros electorales.

Aún así, de acuerdo con los expertos, el resultado de la ofensiva más agresiva, por masiva y sistemática que se recuerda en una elección mexicana, no descarriló a Gómez, aunque sí logró frenar su avance. De otra forma, al cierre de la campaña se habría decantado el resultado a su favor, porque al observar el número de votos por Morena, las acusaciones de corrupción no fueron suficientes para cambiar la decisión. Este último balance y resultado es el elemento que más ilustra el cambio que produjo este proceso electoral en el corpus mexicano.

A la irritación por factores como la inseguridad y la desigualdad entre las regiones pobres y las zonas más afluentes del estado, que fue la línea divisoria entre las dos campañas con las cuales se inició la contienda, se les fue sumando la indignación de sectores más favorecidos dentro de la sociedad ante la utilización de los viejos recursos de dinero, cooptación y presión empleados por el régimen en apoyo a Del Mazo, que marcó la jornada electoral de este domingo, y la creciente indignación por la corrupción galopante que amplios sectores han documentado en la administración peñista.

Se puede argumentar que estos factores han estado presentes en elecciones anteriores, pero lo inédito del proceso mexiquense es que sí modificó tendencias de voto en zonas urbanas priistas y conservadoras, y realineó a la oposición al PRI en torno a un partido, Morena, cuyas suspicacias y temores que despierta entre amplias bases del electorado, pesaron menos que el repudio a Del Mazo, por lo que representaba. El diseño bioestadístico para influir en segmentos de la población afectados y desplazados, quedó rebasado por el malestar, medido con algoritmos en las encuestas de Morena y sus “tracking polo”. Si la competencia hubiera sido justa y competida, en la definición clásica shumpeteriana, la victoria de Gómez habría sido por 14 puntos, de acuerdo con esos estudios. El aparato priista impidió esa debacle.

El mensaje para el presidente Peña Nieto está en las urnas. Del Mazo lleva un millón de votos menos de los que tuvo el gobernador Eruviel Ávila con una mayor participación del electorado. Siete de cada 10 mexiquenses votaron contra él y de ellos, la mitad por Morena. Su victoria es pírrica, y no hay mucho que festejar. El Presidente reunió a su gabinete el domingo por la noche en Los Pinos para seguir el proceso y perfilar el 2018. De esto, se hablará en otro texto.
05 Junio 2017 04:09:00
Elección de Estado
Toluca.- La elección en el Estado de México fue, para todos los efectos, una elección de Estado. El presidente Enrique Peña Nieto responsabilizó a la secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, Rosario Robles, como el enlace del Gobierno con la campaña de Alfredo del Mazo, que tuvo este domingo un despliegue del gabinete legal y ampliado en tierras mexiquenses. El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, fue enviado a la zona de Valle de Bravo, donde hay un alto número de programas sociales. El de Salud, José Narro, a Ecatepec.

En los municipios conurbados de la Ciudad de México trabajaron la llamada “ruta de la leche”, bajo la dirección del director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga, quien desde las 6 de la mañana trabajó con el padrón de los beneficiarios de la leche gubernamental. Margarita González, la operadora electoral de Robles, lo apoyó, junto con el director del ISSSTE, José Reyes Baeza, que se concentró en Neza. El gabinete estuvo trabajando todo el día, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le fue pasando al Presidente la información de cómo se iba comportando el electorado.

Era fundamental para el PRI el arranque de la jornada. Para el primer corte de las encuestas de salida esperaban iniciar el día con una ventaja de ocho puntos sobre Delfina Gómez, de Morena, porque de otra forma, dijeron estrategas de Del Mazo, se complicaría el día. Entre 8 y 10 de la mañana es cuando el PRI moviliza los “programas sociales”, que es como les llama a sus clientelas electorales dentro de los padrones federales. La movilización continúa más allá de esa hora y termina cerca de la una de la tarde.

Las encuestas de salida que empezaron a circular alrededor de las 11 de la mañana, mostraban que Del Mazo aventajaba por sólo 5 puntos a Gómez, aunque varios encuestadores reportaron que la gente no estaba respondiendo a la salida de la urna, aparentemente porque la fuerte vigilancia en las casillas los intimidaba. Algunas casas encuestadoras decidieron hacer su encuesta de salida a una calle de la casilla, y los resultados mostraban un empate. A las 11 y media enviaron al PRI una encuesta atribuida al CISEN, en la que Del Mazo aventajaba por 1.13 puntos a Gómez, mientras que una más a las dos y media de la tarde, había reducido la ventaja a 12 décimas de punto.

Sin embargo, dentro de la casa presidencial no había nerviosismo, de acuerdo con personas con información interna. Inclusive, poco antes de las tres de la tarde, le informaron al presidente Peña Nieto que Del Mazo llevaba un millón 300 mil votos asegurados, y que ganaría por 8 puntos. Ese porcentaje no se correspondía con ninguna de las encuestas de salida. El último corte a las cinco y media de la tarde atribuido al mismo estudio mostraba arroba a Del Mazo por 1.25 puntos porcentuales, y como en todas las mediciones de salida previas, el priista y Gómez superaban casi dos a uno al perredista Juan Zepeda y a la panista Josefina Vázquez Mota.

El despliegue federal coronó la ofensiva más agresiva, por masiva y sistemática que se recuerda en una elección mexicana, en contra de una candidata (o candidato), como fue el caso de la cruzada contra Gómez, con lo cual se intentó compensar los negativos de Del Mazo y los pesados lastres que arrastraba, en gran parte con el descrédito del presidente Peña Nieto. Más del 65% de los encuestados en las semanas previas declararon querer el cambio, aunque cuando se les preguntaba quién podría encabezar el cambio, incluían en sus respuestas al Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, que apoyaron al candidato del PRI.

La irrupción de Gómez y Morena en el Estado de México, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, junto con los enormes negativos del Presidente trasladados a Del Mazo, le crearon un entorno hostil que obligó al Gobierno y a su partido a abrir la chequera y comprar voluntades a billetazos. La compra del voto comenzó en 2 mil 500 pesos y terminó en 4 mil; la compra de credenciales de militantes de Morena, en esta última semana, alcanzó los 20 mil pesos. Los priistas compraron espacio en las paredes de las casas por 4 mil pesos para colgar propaganda, porque el Instituto Nacional Electoral sólo contabiliza los espectaculares. Ante tantas reglas formales, la campaña se convirtió en un caldo de cultivo para la informalidad, que aprovechó el PRI.

Los resultados oficiales tardarán todavía varios días en conocerse, y los datos de las encuestas de salida preparaban no sólo el cierre de la jornada electoral sino lo que viene en 2018. No esperarían los partidos el conteo rápido para preparar la lucha postelectoral. Los datos en los cuartos de guerra de Del Mazo y Gómez permitían que cada uno de ellos se proclamara como vencedor. Sólo para dar una muestra de las contradicciones que se vivieron durante la jornada con las encuestas de salida, Mendoza Blanco, una empresa que con muy buen récord en estudios de opinión, le daba una ventaja a Gómez con 35.4% contra 30.2% de Del Mazo, mientras que Demotecnia, que suele encuestar para el PRI, le daba 35% del voto a Del Mazo contra 29% para Gómez.

Para lo que fue esta elección, ganara o perdiera el priista era secundario en función de la contienda presidencial: una elección de Estado como fue la mexiquense, no es suficiente para una victoria legitimada.
02 Junio 2017 04:08:00
Miedo en Los Pinos
El miedo entró en Los Pinos como la humedad: gradualmente y sin que nadie se diera cuenta. Cuando vieron todo lo que les había comido, la pesadilla de un eventual Armagedón se incorporó en sus escenarios políticos. El presidente Enrique Peña Nieto, quien desde hace casi un año ha mostrado a quienes hablan con él que su principal preocupación eran las elecciones en el Estado de México, se ha topado con la realidad de una posible derrota de su candidato al Gobierno el próximo domingo y, de acuerdo con personas con acceso cotidiano al inquilino de Los Pinos, está intratable.

Esto, explican, porque el malestar creciente de Peña Nieto hace casi imposible tener una plática sin alteraciones con él, menos aún discutir sobre algún tema difícil. Las tardes en Los Pinos se han vuelto inexpugnables. Qué tantas cosas pasarán por su mente sólo él, que de sí es muy reservado sobre sus pensamientos políticos, podría decirlas. Qué tantas explicaciones podrá darse a la situación de alto riesgo para que el PRI pierda su último bastión electoral en el país, es tan imposible saberlas como difícil que él admita que, quizás, se equivocó de principio a fin en la sucesión mexiquense.

Comenzó, como todas las cosas, por el principio. Alfredo del Mazo fue ungido candidato, pese a los argumentos, principalmente, del entonces ciudadano Luis Videgaray, de que la candidata debía ser la senadora con licencia y secretaria de Educación en el Gobierno de Eruviel Ávila, Ana Lilia Herrera, por dos razones fundamentales: no tenía la cercanía de Del Mazo, ni tanto el lastre de ser la candidata oficial sería menor, y porque podría decir cosas que su primo no podría, en materia, por ejemplo, de deslindes. Peña Nieto desoyó a Videgaray.

La candidatura de su primo no prendió, y el hecho de que llegara al final de la campaña con números increíblemente cerrados para la historia del PRI en el Estado de México proyectaba imágenes ominosas. El segundo error que se puede observar es cómo minimizaron la candidatura de Delfina Gómez, a quien apoyó Andrés Manuel López Obrador porque no tenía a nadie de él para esa contienda, y le entregó la decisión al jefe de Morena en el Estado de México, Higinio Martínez, mentor político de la candidata, respaldado por Horacio Duarte, el abogado de Morena e incondicional del tabasqueño. Desconocida fuera de su terruño en Texcoco, Delfina Gómez se convirtió en la Cenicienta de la elección.

Los priistas ni la volteaban a ver. Les preocupaba una alianza entre el PAN y el PRD, que se encargaron de dinamitar desde el Gobierno federal, y luego pensaron que Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, era la contendiente a derrotar, pese a que su único precedente en campaña, en 2012, les había enseñado todas sus limitaciones competitivas.

Gómez, hija de un albañil que se formó como maestra, tenía la misma narrativa de vida que hizo al gobernador Ávila un político altamente exitoso, pero descuidaron el paralelismo. Los estrategas de Gómez decidieron atacar al electorado en esos enormes huecos que dejó el PRI, con un discurso de únicamente tres ideas –la cuna humilde, la que enfrenta al monstruo tricolor, y la única que podía sacarlo del poder–, y un programa de movilidad –el gran problema en las concentraciones de alto voto– que difundieron, de manera inteligente, en el metro y el sistema de transporte público. Cuando despertaron, parafraseando al micro poema de Tito Monterroso, el monstruo de Gómez estaba frente a ellos.

Las estrategias de dispersión del voto que buscaban los priistas se colapsaron. Vázquez Mota, como en la elección presidencial de 2012, se estancó; al perredista Juan Zepeda, la mejor campaña de todas, le habrían faltado varias semanas para estar en niveles de competencia –si le hacemos caso a las encuestas–; y la de Del Mazo no prendió, pero con tantas preocupaciones del Presidente para que salieran bien las cosas, que en la saturación de equipos de trabajo en torno al candidato, lo que provocaron fue una multiplicidad de fuentes de toma de decisión y un caos.

En la campaña del priista hubo cinco curtos de guerra que no necesariamente se comunicaban y, en ocasiones, se contrapunteaban.

Todos giraban en torno de las preocupaciones del Presidente, quien designó a Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial como su enlace, aunque también tenían injerencia en las decisiones los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación, Aurelio Nuño, por donde se canalizó la masiva ayuda a Del Mazo vestida de programas sociales. Otro de los equipos en conflicto lo manejó el jefe de la campaña, Ernesto Nemer, y uno más lo articuló el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, para asuntos especiales –con alcaldes– bajo instrucciones presidenciales directas.

Del Mazo también tenía a dos grupo de estrategas, uno de profesionales y otro de familiares, que a veces coincidían y a veces no. Demasiadas manos que trabajaron contra la propia campaña.

La forma como Del Mazo ya no pudo mantener ventaja sobre Gómez desde hace casi un mes, comenzó a cambiar los ánimos en Los Pinos y el miedo a un derrota y las consecuencias que ello pudiera traer política y judicialmente para el Presidente y su primer entorno mexiquense, ha colocado el ánimo en Los Pinos en el punto más bajo del sexenio, con el mal humor del Presidente como muchos de sus colaboradores nunca habían visto. No se sabe qué sucederá finalmente el domingo, pero la incertidumbre no ha dejado de apretar el alma en la casa presidencial.
01 Junio 2017 04:08:00
Los (malos) amigos del Presidente
Una de dos. O el presidente Enrique Peña Nieto tiene como colaboradores a un gran grupo de incompetentes, o hay traidores a su alrededor. En cualquier caso, las angustiantes horas en vísperas de la elección para gobernador en el Estado de México podrían haber sido mucho menos rompe nervios de haber hecho su equipo un trabajo más decente, profesional o doble cara en las estrategias para las elecciones mexiquenses. Lo que hicieron fue todo lo contrario. Un colaborador de Peña Nieto enumeró un catálogo de eslabones que nunca debieron romperse:

1.- El acuerdo con el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, para utilizar a Josefina Vázquez Mota como contención de Morena. Tan pronto como se perfiló su candidatura, desde el gabinete se filtró la documentación de que a través de su ONG, Juntos Podemos, el Gobierno de Peña Nieto le dio 900 millones de pesos para un programa de migrantes en Estados Unidos. La razón por la cual lo hicieron es porque temían que Vázquez Mota se convirtiera en la adversaria que dañara la candidatura de Alfredo del Mazo. El remate, con otra filtración, es que su familia era investigada por presunto lavado de dinero. Estas acciones concluyeron en la ruptura del acuerdo palaciego, con lo que Anaya y el PAN reorientaron su discurso para denostar al PRI y corrupción. La pregunta es ¿quién decidió liquidar a Vázquez Mota antes de iniciar las campañas?

2.- El acuerdo con el líder nacional del PT, Alberto Anaya, para que colocaran un candidato de trapo para la Gubernatura, que pudiera restarle votos a la candidata de Morena, Delfina Gómez. Anaya, el petista, ya negoció con el Gobierno el año pasado, que a cambio de mantener el registro como partido con el apoyo priista en la elección extraordinaria en Aguascalientes en diciembre de 2015, su partido respaldaría al PRI en todos los procesos electorales hasta 2018. Su candidato en el Estado de México, Óscar González, cumplió la encomienda hasta que en una noche cambió de opinión y declinó a favor de Gómez. Las preguntas son ¿quién convenció al presidente Peña Nieto de confiar en el PT, y quién no hizo el trabajo de seguimiento para que el mercenario Anaya no los vendiera?

3.- El mal manejo del gasolinazo. Si bien desde septiembre el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo en el Congreso que a partir de enero se liberalizarían los precios de la gasolina, ¿por qué el asesor de opinión pública del presidente, Rodrigo Gallart, dijo a todos los comunicadores del Gobierno federal a mediados de diciembre que se fueran de vacaciones y que no salieran a dar la cara bajo ninguna circunstancia hasta la segunda semana de enero de este año? El gasolinazo, recriminó una estratega de Del Mazo al director de Pemex, José Antonio González, le costó al priista 15 puntos porcentuales de preferencia electoral, y 20 puntos al PRI de identidad partidista. En Los Pinos, le habían dicho al Presidente que si bien iba a haber molestia por el aumento, no pasaría más de una semana para que la inconformidad se disipara.

4.- La difusión generalizada de las encuestas del CISEN. Desde su nacimiento, el órgano civil de inteligencia, dependiente de la Secretaría de Gobernación, realiza estudios demoscópicos para medir el pulso de los mexicanos. Entre las que realiza son electorales, y siempre habían sido una herramienta para la toma de decisiones en Los Pinos o en Bucareli. Este año hubo un cambio significativo. De manera regular, cada semana que aparecían nuevos datos, la encuesta era distribuida a políticos y periodistas por igual, que permitió el seguimiento histórico del comportamiento del electorado en el estado de México, de sistemático rendimiento a la baja del candidato priista. Fue el único estado de los tres en campaña, curiosamente, donde se filtraron los datos al público. La pregunta es ¿quién era el responsable de guardar la llave de la caja de los secretos en el CISEN para que estas encuestas siguieran el mismo protocolo y fueran vistos por el mismo tipo de ojos de antaño?

Si alguien quiere contestar las preguntas, mal haría en señalarse a un solo funcionario o a una sola dependencia como responsable de todas estas fallas estratégicas que han tenido una incidencia directa en el mediocre comportamiento del candidato del PRI, Alfredo del Mazo. Tampoco hay suficiente información hasta este momento que arroje luz sobre las motivaciones o las equivocaciones, incluso las omisiones, en las que incurrieron los colaboradores del Presidente. Puede haber una combinación de ingenuidad, ignorancia de cómo se comporta el electorado, malos cálculos o, definitivamente, traiciones al Presidente.

La elección en el Estado de México fue tomada como algo personal por Peña Nieto, y encargó de ella a sus colaboradores más cercanos y a sus amigos. Las cosas, visto los resultados hasta ahora, han sido terribles. Después de cuatro años y medio de gobierno, saber que el Presidente es más amigo de sus amigos que sus amigos de él, ya no es una explicación ni justificación de las cosas que le suceden y le afectan. La generosidad y la nobleza de Peña Nieto con sus amigos, después de tanto tiempo, ya puede ser clasificado en otra categoría. La Gubernatura del Estado de México será el costo, aún si eventualmente ganara el PRI, porque los factores que lo llevaron al punto actual no desaparecen ni impedirán que se repitan el próximo año.
31 Mayo 2017 04:08:00
Buendía, 33 años después
Parece que fue ayer. El jueves 31 de mayo de 1984, la noticia principal en Excélsior, comenzaba: Manuel Buendía, el periodista que dedicó su vida a la defensa de las causas que carecían de voz, que abogó desde su tribuna contra los poderosos y los intocables con una pluma crítica y honesta, fue acallado ayer por la tarde de cinco tiros por la espalda, uno de ellos al corazón. El más influyente columnista político de todos los tiempos, moría tirado en una banqueta en la avenida Insurgentes, ante la vista morbosa de decenas de personas que no sabían la relevancia de ese crimen y lo que significaría para la vida pública de México.

Buendía siempre llevaba una pistola con sus iniciales en la cintura, y solía decir entre sonriente y echado para adelante, como era: A mí, para matarme, me tendrán que matar por la espalda, porque si me atacan de frente me llevaré a varios. Buendía fue asesinado a la hora del crepúsculo por un agresor que, con el conocimiento de que portaba un arma, le bajó la gabardina que llevaba puesta a la mitad de los brazos para inmovilizarlo y le disparó a quemarropa. Fue un crimen de Estado que acabó con la ingenuidad de los mexicanos, en aquellos prolegómenos violentos de la narcopolítica.

Dos veces anteriormente, en 2007 y 2014, se ha publicado prácticamente la misma columna en este espacio, en la efeméride del asesinato que cambió la vida pública. Una vez más hay que insistir sobre los principios que animaron a escribirla por primera ocasión, porque lejos de haberse reducido la impunidad en los asesinatos de periodistas ha prevalecido, y el número de muertos en esta profesión se ha incrementado. Manuel Buendía acababa de cumplir 58 años cuando fue asesinado, y se cortó una carrera llena de luces y reconocimientos. Muy pocos políticos, periodistas, e intelectuales le regateaban méritos. Era temido, pero respetado. Las relaciones de Buendía eran extensas en todos los niveles de la vida pública, pero sus nexos con los hombres de poder nunca fue subordinación.

En una ocasión, Buendía escribió en su leída y reproducida columna, Red Privada, una descripción de una política pública que estaba instrumentando el gobierno de José López Portillo, con la promesa de que al día siguiente vendría la continuación. El secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, habló con el entonces director de Excélsior, Regino Díaz Redondo, y lo amenazó: Si publican la segunda parte, habrán revelado un secreto de Estado y el Gobierno tomaría represalias. Díaz Redondo le comentó lo que había dicho el secretario de Gobernación. Son las cinco don Manuel, le dijo. Si a las siete usted no me ha hablado, publicaremos la segunda parte y afrontaremos las consecuencias. Buendía habló a las siete de la noche para informarle a Díaz Redondo: va en camino otra columna.

Buendía tenía una gran autoridad moral y profesional entre sus pares. Un cuarto de siglo antes de su muerte, inventó desde la dirección del periódico La Prensa, una nueva forma de trabajar la fuente policiaca. El metabolismo que inyectó en la redacción los llevaba a descubrir crímenes y robos antes incluso que la Policía, lo que lo llevó a tener conflictos internos con la entonces cooperativa ante la luz e influencia que estaba adquiriendo. Salió de La Prensa en un conflicto político interno e inició Para Control de Usted, una columna en El Día, firmada por J.M. Téllezgirón, que apareció regularmente durante 13 años, hasta que nació Red Privada. Sus enemigos públicos incluían personas e instituciones sobre las que había escrito de manera sistemáticamente crítica, aunque con nadie llegó a tener reservas salvo con la organización radical de derecha Los Tecos, que nació en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que tenía una organización secreta y de choque.

Tenía tantos flancos abiertos, que no parecía de distinta relevancia que un mes antes de morir retomara una denuncia de los obispos del Pacífico sobre la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder, que había sido publicada en el mar de información que era Excélsior. Años después, el 30 de mayo de 2007, se mencionó en este espacio un informe secreto elaborado por un equipo especial en Los Pinos, encabezado por Samuel del Villar, asesor del presidente Miguel de la Madrid, que identificaba como el asesino del columnista a un militar, y que la orden fue dada en una reunión presidida por el secretario de la Defensa, general Juan Arévalo Gardoqui, funcionarios de la Secretaría de Gobernación y un proveedor de armas presentes, ante el temor que el columnista tuviera información del involucramiento de miembros del Gobierno con el narcotráfico lista para publicar.

Nunca se aclaró con certeza cuál fue el móvil del asesinato, pero pagaron con cárcel el director de la extinta Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Martínez, y varios de sus comandantes. Un agente más, Manuel Ávila Moro, fue sentenciado como autor material. Zorrilla Martínez era amigo íntimo de Buendía, y fue la primera persona a la que su secretario particular, el hoy columnista Luis Soto, le habló por teléfono minutos después del asesinato. Varios comandantes de la DFS llegaron a la oficina de Buendía  y por órdenes del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, se llevaron expedientes del voluminoso archivo que tenía Buendía. Su crimen no tiene aún a los culpables verdaderos, ni a las motivaciones políticas que lo provocaron. Treinta y tres años después, la historia continúa. México, en este campo, no ha cambiado.
30 Mayo 2017 04:07:00
Sabotajes mexiquenses
La tensión que ha caracterizado la campaña electoral en el Estado de México está alcanzando nuevos niveles. El fenómeno que representó la candidatura de Delfina Gómez con Andrés Manuel López Obrador detrás de ella rompió las expectativas y generó preocupaciones y temores. Como se detalló en la columna anterior, bajo cualquier medición, el resultado de la elección se encuentra en el espacio de lo incierto, lo que lleva a una proposición: la aceptación de lo cerrado de la contienda es, para efectos prácticos del PRI, una derrota anticipada. Sin embargo, no necesariamente se puede cancelar prematuramente lo que pase en las urnas el próximo domingo, cuyo desarrollo y resultado tendrán que esperar a ese día. Nadie puede saber lo que pase en tierras mexiquenses salvo, quizás, que la elección será entre Gómez y el priista Alfredo del Mazo, y entre todo un aparato electoral, el mayor en la historia del PRI, contra el malestar, el mayor también en la historia del PRI.

López Obrador denunció hace días que la elección en el Estado de México fue organizada desde Los Pinos, desde donde está dirigida. Aunque oficialmente se niega que así sea, así es. En este mismo espacio se ha reseñado durante semanas el interés y la participación directa del presidente Enrique Peña Nieto en la campaña de Del Mazo, así como su intervención directa y continua en el proceso. Si alguna vez existió una elección de Estado, la mexiquense es lo más sofisticado que pueda encontrarse.

Los cálculos extraoficiales, estimados por funcionarios federales, ubican el nivel de gasto por arriba de los 31 mil millones de pesos, 10 mil en recursos federales directos para obras y programas, y el resto –mucho de ellos en efectivo y proveniente de los estados–, para la operación en campo de poco más de 70 mil personas, que llovieron de todo el país, para apoyar la campaña priista. La saturación de operadores ha sido tan grande, que uno de quienes los organizan comentó: “Han habido ocasiones que en una sola colonia nos topamos cuatro equipos de diferentes partes del país”.

Además de la dirigencia del PRI, funcionarios federales –a nivel incluso de secretarios de Estado– y exgobernadores se encuentran al mando de la operación electoral, que está buscando garantizar la lealtad de los priistas movilizados el domingo con su voto, y evitar lo que le llaman “el fenómeno Chetumal”, donde más de 50 mil priistas escogieron en ese bastión priista al candidato de la oposición al Gobierno de Quintana Roo, Carlos Joaquín, o lo que les sucedió en Veracruz, donde de los 600 mil priistas movilizados para votar por su candidato a gobernador, 400 mil lo hicieron por sus opositores. Dinero es lo que están dando en las tierras mexiquenses, y temor es lo que están vendiendo. Las dos herramientas no han funcionado, sin embargo, en el pasado.

La tercera herramienta que se está preparando, de acuerdo con personas que conocen las entrañas de la organización, es el sabotaje. Según explican, se tiene un mapa de las casillas en donde se puede definir la elección en contra del PRI. Un buen número de ellas, indicaron, están en la zona oriente de la Ciudad de México, donde se encuentran ocho municipios conurbados, en poder del PRD, el PRI y de su aliado electoral Antorcha Campesina. Pero también hay casillas definitorias en la zona nororiente de la Ciudad de México. Un diagnóstico dado a conocer la semana pasada por el PAN mexiquense, reveló que son 417 casillas en 25 municipios, donde puede haber coacción y alteración del voto. El reporte identificó los municipios de Ecatepec, Chimalhuacán y La Paz, como susceptibles a manipulación por parte del PRI en la zona conurbada, mientras que Morena, señaló, puede hacer lo mismo en Texcoco y Chalco.

Lo que no registró el PAN, que se concentró en los mecanismos de coacción de voto el próximo domingo, es lo que señalaron personas cercanas a la organización electoral del PRI, quienes dijeron que entre los planes para esa zona se comprende que en caso extremo se genere violencia en la casilla para de esa forma anular la elección en esa sección. Jugar a la violencia en una elección que se prevé tan competida, es irse al extremo de los riesgos, donde sin embargo parece haber priistas dispuestos a llegar a esos niveles para evitar una derrota en municipios densamente poblados. A lo que han llegado es a medir costos contra beneficios, aunque visto antes de que suceda para alguien cuya vida política y pública no se pone en riesgo, los costos parecen ser mayores que los beneficios. Los criterios deben ser diferentes para los priistas, al tener listos los planes de sabotaje electoral.

La elección en el Estado de México apunta para judicializarse y que sea impugnada por todos aquellos, inclusive el partido que gane, salvo que la diferencia sea significativamente alta. Esto sería la normalidad en los tiempos modernos mexicanos. Lo extraordinario y regresivo sería la violencia en los comicios, donde se puede saber cuándo y cómo comienza, pero no cuándo ni cómo termina. El secretario de Gobernación ha hablado con los gobernadores para que las elecciones sean desarrolladas en paz. Probablemente la inercia que llevan las campañas los tenga rebasados y de ahí la preocupación, o quizás sólo sea una simulación porque la victoria es el único objetivo. Es deseable que haya responsabilidad de todas las partes, y que sean las urnas las que marquen el destino.
29 Mayo 2017 04:07:00
Tendencias mexiquenses
¿Quién ganará la elección para gobernador en el Estado de México el próximo domingo? Nadie lo sabe con certeza, pero tampoco nadie puede descartar una sorpresa. “Está muy cerrada, pero vamos a ganar”, dijo uno de los colaboradores más cercanos al candidato del PRI, Alfredo del Mazo. “Les viene un tsunami”, afirmó uno de los estrategas de la candidata de Morena, Delfina Gómez. A una semana de la elección, lo único que parece cierto es que la final será entre dos, pero de la lectura interna que hacen los partidos no se puede extraer en estos momentos ganador seguro. Las encuestas internas de los partidos ubican a Del Mazo y Gómez cómodamente arriba de sus contendientes, pero todas registran un dato que puede ser perturbador para el PRI: el número de personas encuestadas que responden “no sabe” o no contestó”, oscila entre 17 y 23%, lo que ha sido negativo para los candidatos del PRI en el pasado, porque regularmente es un voto escondido en contra de ellos.

Las últimas encuestas públicas sobre el Estado de México muestran un repunte en las preferencias electorales de Del Mazo. Según el estudio difundido por El Financiero el 24 de mayo, Del Mazo traía el 34% de las preferencias electorales, contra 29% de Gómez, muy arriba de Juan Zepeda, el candidato del PRD, con 19%, y Josefina Vázquez Mota del PAN, con 13%. En la muestra del periódico, sin embargo, se registra que alrededor de dos de cada 10 encuestados, no quisieron revelar su preferencia electoral, que es un porcentaje que de votar alteraría cualquier muestra realizada. Esta ha sido precisamente la tendencia en las últimas elecciones, la más significativa hace casi dos años en Nuevo León, donde las encuestas daban una apretada victoria para Jaime Rodríguez, “El Bronco”, o incluso una derrota ante la candidata del PRI, Ivonne Álvarez, que resultó en una paliza dos a uno. El PRI también esperaba ganar las elecciones para gobernador en Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango el año pasado, y se fueron a la oposición por ese voto oculto en las encuestas.

Si las tendencias electorales en los dos últimos años han mostrado que esta variable ha sido tóxica para el PRI, la pregunta es por qué en el Estado de México tendría que ser diferente. El alto porcentaje de las personas que no revelan por quién quieren votar genera preocupación por un lado, y optimismo por el otro, pero sobre todo, en función de las metodologías de cada partido, diferentes tendencias de voto y mayor incertidumbre.

El tracking poll del PRI, por ejemplo, que arrojó un cruce preocupante para ellos el 10 de mayo, tras el segundo debate, cuando Gómez superó a Del Mazo en una tendencia que parecía difícil revertir, mostró un cambio importante el mismo día en que se publicó la encuesta de El Financiero, aunque la ventaja del priista sobre la morenista no era como la traía el periódico, sino un poco más modesta, de 2 puntos porcentuales. El tracking poll es una encuesta que mide diariamente a los candidatos y sirve para estrategia más que como proyección de voto.

Bajo esta advertencia, el tracking poll de Morena dice otras cosas. Por ejemplo, que la ventaja de Gómez es irreversible, al haber estado en algunos momentos dentro de ese registro, hasta en 10 puntos de ventaja sobre Del Mazo. La principal encuesta que tiene Morena para consumo interno, es de la firma Indicadores S.C., refleja esa diferencia, que con fecha del 28 de mayo confirma que en una semana prácticamente no se movió nada. En esta última señala que Gómez y Morena aventajan en las preferencias con 36.6% del voto, contra 25.4% de Del Mazo y el PRI, arrumbando a Zepeda y el PRD en 17% y a Vázquez Mota y el PAN con 14%. Pero una encuesta telefónica que mandó a hacer el PAN, cuyos resultados estuvieron listos el 25 de mayo, muestra al PRI con una significativa ventaja de 6 puntos, 28.7% de la preferencia de voto, contra 22.2% para Morena, 16.1% para el PRD y 12.4% para el PAN, con un nivel de no respuesta de 17.3%.

Si sólo se observan las preferencias de voto la confusión puede ser enorme. Hay otros datos que dicen mucho del electorado. Uno de ellos fundamental, sobre todo en el Estado de México, es la aprobación de los gobernantes. En la última encuesta de Morena, ubican al nivel de desaprobación del presidente Enrique Peña Nieto en 78.6%, y la del gobernador Eruviel Ávila en 65%. Los datos sobre aprobación presidencial son consistentes con la mayor parte de los estudios, donde 8 de cada 10 electores rechazan la gestión de Peña Nieto, aunque es superior por casi 15% el rechazo a Ávila.

La desaprobación del Presidente es algo que ha ido cargando toda la campaña Del Mazo, y en las elecciones el año pasado, el rechazo a Peña Nieto y los gobernadores fueron claves en las derrotas del PRI. El otro dato a observar es la abstención. Según las muestras del PRI, esperan un nivel de participación de 42%, lo que ya le preocupa a los estrategas de Del Mazo, porque entre más gente salga a votar, consideran, más lo hará por la oposición. El resto de los encuestadores se debate si la participación será en 50 o 60%, lo que sería un récord histórico para el Estado de México y de ser así, un probable campanazo electoral.
26 Mayo 2017 04:08:00
El valor de un periodista: 12 mil pesos
En 17 años, desde que el entonces subdirector de Pemex, Juan Bueno, denunció por primera vez que estaban robando combustible de los ductos de la empresa, las cosas cambiaron significativamente. No sólo porque de aquellos ingresos criminales de 2 mil millones de pesos anuales se fueron en 2016 a 30 mil millones, sino porque el tejido social en decenas de comunidades por donde atraviesan los ductos de Pemex se transformó radicalmente. El trabajo en el campo, lavando excusados o limpiando pisos fue cediendo ante la construcción de estructuras criminales. En la zona huachicolera, que se extiende por seis municipios en Puebla, los jefes de familia se integraron a las bandas criminales, sus hijos mayores a las legiones de halcones, y los niños y las mujeres, contribuyeron a los ingresos de la casa ofreciéndose como escudo cuando los militares y las policías quisieran intervenir y frenar el negocio.

La forma como un pueblo se mezcló y se convirtió en uno mismo con los grupos criminales, se vio durante dos enfrentamientos este mes en Palmarito, una comunidad que se encuentra en esa región, donde decenas de pobladores se enfrentaron a militares que vigilaban la zona y mataron a cuatro en un primer incidente. Dos días después emboscaron un convoy del Ejército porque quería decomisar varios vehículos donde transportaban combustible robado. Una buena parte del pueblo participó para defender sus intereses económicos, como lo había venido haciendo a lo largo del año ante los intentos de la Policía poblana de frenar el robo de combustible, como parte de una acción estatal y federal no anunciada, respuesta al desbordamiento de un problema que estaba a punto de alcanzar una nueva dimensión, como sucedió en mayo con el asesinato de soldados.

En marzo, a las acciones de las fuerzas de seguridad se sumaron dependencias a las que se había mantenido al margen del combate a los criminales que ordeñan los ductos. Por primera vez se desdoblaron los esfuerzos y se comenzó a combatir el delito buscando a los que hacían florecer el negocio del combustible robado. Ese mes el SAT comenzó a revisar los manifiestos de compra y venta de combustibles en todas las gasolineras de la región huachicolera, y se reforzó el envío de fuerzas de seguridad a esos seis municipios que se conocen como el Triángulo Rojo. Nadie se inhibió ni arredró ante la llegada del Ejército. No había razones.

Durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la tolerancia al robo de combustible había detonado el negocio ilegal. En 2013, al arrancar el sexenio, el robo de combustible ascendía a 11.9 millones de barriles anuales, que se fue a 20.5 millones de barriles para mayo de 2016, y subió 2 millones de barriles más en septiembre. Para dar una idea de la magnitud del negocio, los criminales vendían a la orilla de las carreteras o en las comunidades huachicoleras, el litro de combustible entre 7 y 9 pesos, que generó el año pasado un ingreso de 143 millones de pesos, lo que significó que cada dos días, con la estimación más conservadora, se extraía combustible de un ducto en esa zona.

El Triángulo Rojo, que hace a Puebla el principal estado en robo de combustible, fue un campo abierto para los criminales durante dos últimos años: de 560 tomas clandestinas que había en 2015, se fueron a mil 105 al año siguiente. De ese total, en Tepeaca, Palmar del Bravo y Quecholac, a donde pertenece Palmarito, fue donde más incidentes de ordeña de ductos se dieron. Ellos son tres de los seis principales puntos en el país donde se concentra la actividad criminal. Altamira, Irapuato en el ducto Salamanca-Aguascalientes-Zacatecas, y una vez más en Irapuato, en el ducto Salamanca-León, forman al resto del grupo donde se dieron los puntos de mayor ordeña de combustible: 268 ordeñas –el registro más alto del país–, 146 en el ducto hacia Zacatecas, y 136 en el que va a León, respectivamente.

El Gobierno tiene desde hace tiempo el atlas de incidencias en la ordeña de combustible, que se concentra en ocho estados, Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, México , Hidalgo, Jalisco y Michoacán, pero no hizo mucho por reforzar la seguridad, ni por impedir que el tejido social se fuera deteriorando. Los pobladores en esa zona se quejaban de su precariedad y la falta de oportunidades, pero no los escucharon. Los criminales encontraron una tierra fértil para sumarlos al negocio. Quienes participaban directamente en la ordeña ganaban 40 mil pesos mensuales, y los jóvenes y niños que servían de halcones, 12 mil. Las bandas criminales que emergieron como las más violentas en la zona huachicolera, Los Negros y Los Marranos, no querían ojos extraños que registraran sus pillerías y le pusieron precio a sus cabezas: por cada periodista muerto les pagarían 12 mil pesos. Los periodistas denunciaron las amenazas, pero sin acciones para defenderlos, dejaron de informar ante la ausencia de condiciones de seguridad.

La muerte de cuatro militares cambió el metabolismo institucional. Cuatro soldados muertos en Palmarito y el enojo del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, lograron lo que un patrón de muertes y la putrefacción social en el Triángulo Rojo no habían conseguido: que ese delito, problema de seguridad nacional, se tomara en serio. Fue una reacción tardía pero indispensable. El rompimiento del tejido social llevó a comunidades enteras al lado de los criminales, ante el abandono de los gobernantes, aunque no está claro cómo se pueda revertir.
25 Mayo 2017 04:08:00
Pleito huachicolero
El negocio del robo de combustible es un gran negocio. Todos los cárteles de la droga han expandido sus actividades criminales hacia la ordeña de los ductos de Pemex porque es lo que más dinero les está dejando. Una célula de Los Zetas, que es la organización que comenzó la ordeña de manera organizada como un negocio colateral al narcotráfico y contrabando humano, obtiene un promedio de 7 millones de pesos semanales. Diariamente, en la hoy famosa zona del Triángulo Rojo en Puebla, las ganancias que obtienen las bandas criminales por ese hurto es de 2 millones de pesos diarios. Tan grande es el valor de esa actividad, que Pemex reconoce que el año pasado perdió 30 mil millones de pesos por el combustible que extrajeron de sus ductos. La merma financiera para Pemex es monumental, pero el problema, que es viejo, no había sido atacado de manera abierta y enérgica como hasta este mes. La muerte de cuatro soldados derrumbó la negligencia gubernamental, que era asombrosa.

Tuvieron que suceder dos ataques directos a soldados en el Triángulo Rojo, la de mayor incidencia de robo a combustibles, a principio de mayo –cuatro militares murieron en uno de los enfrentamientos con los criminales–, para que el Gobierno cambiara su actitud y, tomara con seriedad el combate a esos grupos criminales. La decisión del presidente Enrique Peña Nieto para que se enfrentara en forma transversal el fenómeno criminal se dio únicamente al final de todo un año de conflicto en esa zona huachicol, cuya reacción, no prevención, es la narrativa de cómo este crimen les estalló en las manos.

El presidente Peña Nieto tendría que haber estado muy bien informado del problema que se vivía, pues desde hace unos tres años promovió a quien había sido su jefe de seguridad en el Gobierno del Estado de México, el general brigadier Eduardo León Trawitz, como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, que es el área responsable de los ductos. El general Trawitz sostenía reuniones regulares con los responsables del área logística de Pemex para discutir del robo de combustible, donde había acusaciones cruzadas. Exfuncionarios que conocen de esas reuniones, recuerdan que el general afirmaba que el robo tenía cómplices dentro de Pemex, mientras que los encargados de logística respondían que era responsabilidad de los militares la vigilancia.

El alegato del general es que tenía que haber complicidad en Pemex con los criminales porque para poder ordeñar un ducto se necesitaba, a fin de evitar una explosión letal, que no estuviera transportando combustible, información que sólo podría provenir del salón de control de ductos de la empresa. Esta idea sigue permeando en el Gobierno federal y se está investigando en Pemex la posibilidad de complicidad con los criminales. Pero el alegato de los responsables de logística, sobre todo en el periodo 2014-2015, era por la información que se tenía en las áreas de seguridad del Gobierno poblano, que la ordeña de ductos en el Triángulo Rojo estaba avalada y, en algunos casos, controlada, por los militares. Un enfrentamiento entre soldados y Policía Estatal en Amozoc, uno de los seis municipios de la zona huachicolera, por el manejo del combustible robado, hizo emerger la corrupción institucional, pero el expediente se congeló por el daño que haría a la imagen de los gobiernos, pero particularmente al Ejército.

Pese a esas señales de alarma, no se hizo nada. José Antonio González Anaya relevó a Emilio Lozoya en la dirección de Pemex a principio de 2016, y entre las cosas que cambió drásticamente, fueron las acciones en marcha para enfrentar la ordeña de ductos. Canceló el proyecto de desarrollo de trazadores que estaba realizando una empresa privada mexicana, por falta de presupuesto, y también paró una negociación con una empresa colombiana que vendía un sistema que utilizaba una especie de pelotas que corrían por los ductos y que en el momento que se registrara una perforación, tapaban el orificio.

El descuido se potencia porque en el Triángulo Rojo se incrementó el desafío de los criminales este año: el 11 de febrero asesinaron al regidor de Industria y Comercio de Quecholac, en un enfrentamiento contra huachicoleros; el 9 de marzo asesinaron a tres agentes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto cuando investigaban a una banda dedicada al robo de combustible; el 16 periodistas y ONG denunciaron amenazas de muerte de huachicoleros en esa zona; el 27, los habitantes de la zona atacaron un convoy militar para evitar que se llevaran dos camioneras con combustible robado; el 26 de abril los huachicoleros atacaron un destacamento militar en respuesta a un decomiso de otros vehículos con combustible robado; y en mayo, el 3, huachicoleros y pobladores de Palmarito atacaron a militares y mataron a cuatro soldados, y tres días después, cuando los militares se llevaban otras camionetas con combustible robado, volvieron a atacar a un destacamento militar en la misma comunidad.

Sólo así reaccionó el Gobierno. El Presidente ordenó el envío de 2 mil 500 soldados a la región, para reforzar a los 500 policías estatales enviados para combate y control en la zona huachicolera. En Pemex restablecieron las negociaciones –aunque los costos se elevaron 100% en todo el tiempo de abandono–, y el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, a manera de reclamo, afirmó: hubieron omisiones y fallas de autoridades para proteger el combustible mexicano. Tiene razón. Este problema ya cumplió 14 años, que pudrió a las comunidades y corrompió a las autoridades. Otro capítulo más de la microhistoria mexicana.
24 Mayo 2017 04:00:00
Fake news mexicanas
Coahuila se ha convertido en el laboratorio mexicano de las fake news, este concepto que define la manipulación de un electorado a partir de la diseminación de información apócrifa. En la última semana, dos candidatos en ese estado han sido víctimas de las fake news, Guillermo Anaya, el panista que busca la Gubernatura de Coahuila, y Humberto Moreira, presidente del PRI durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y que quiere ser diputado local por el Partido Joven. En ambos casos, los creadores de esas fake news han utilizado a periódicos de la Ciudad de México como vehículos para mostrarlos como mentirosos, deshonestos y poco dignos para recibir el voto de los ciudadanos, a los cuales les han entregado documentación para lanzar denuncias, de origen anónimo, que descarrilen sus esfuerzos.

Hace tiempo los partidos entendieron que su voz había perdido credibilidad, por lo que las denuncias directas en conferencias de prensa o a través de sus espacios no causaban el impacto que buscaban. Encontraron que esa misma denuncia, difundida por un medio de comunicación tenía un efecto multiplicador y negativo contra el objetivo seleccionado. La semana pasada se publicó que Moreira tenía abierta una investigación en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre transferencias bancarias que su esposa y su cuñada habían hecho entre 2013 y 2016 por 62 millones de dólares, a cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, desde una cuenta en el Broadway Bank de San Antonio, Texas.

La publicación generó reacciones inmediatas de los partidos y los políticos, que exigieron a las autoridades mexicanas que se investigaran las acusaciones. Las secuelas de esa información aún rebota en la opinión pública, pese a que esa cuenta no existe. Una persona, después de esa revelación, intentó depositar 25 dólares en la cuenta del banco texano, pero le dijeron en las cajas que no existía. Un caso similar le sucedió a Anaya esta semana, al difundirse que tenía una cuenta en Banorte y otra en Barbados, que sumaban depósitos por 211 millones de pesos, pese a que en su declaración 3 de 3 sólo había reportado un ingreso neto mensual de dos millones. Anaya recibió de Banorte, a petición de él, una carta donde informó que la cuenta referida, no existía.

Verosimilitudes no es lo mismo que veracidad. No es la primera vez que se emplean fake news en los procesos electorales en México, que se volvieron relevantes y notorios como concepto durante la campaña presidencial en Estados Unidos, donde los grupos de extrema derecha simpatizantes de Donald Trump, desarrollaron sitios e información falsa para desacreditar a Hillary Clinton. Mucha de esa información falsa circuló a través de Facebook, donde de acuerdo con el medio digital BuzzFeed, de las 20 noticias apócrifas más relevantes, 19 afectaban a Clinton. El Centro Pew Research realizó una encuesta en diciembre de 2016 que encontró que el 64% de los adultos estadounidenses creían que las fake news habían causado mucha confusión sobre los hechos reales o temas de actualidad, mientras que el 23% de loas encuestados admitieron que habían compartido esas informaciones apócrifas.

Previamente en México se utilizaron noticias falsas para descarrillar campañas. La primera muy notoria fue la campaña de Arturo Zamora, del PRI, por la Gubernatura de Jalisco 2006, al publicarse que era investigado por la DEA por supuestos vínculos con el narcotráfico. Esa información falsa le costó la Gubernatura, y se volvió a utilizar la misma especie en la campaña para senador, aunque en esa ocasión ya no tuvo impacto. En la contienda presidencial en 2012, le dieron a un columnista información que el coordinador de la campaña de Peña Nieto, Luis Videgaray, realizaba transferencias de recursos a través de una cuenta en Santander, con la ayuda de su madre, que era ejecutiva del banco. El columnista buscó a Videgaray para saber su opinión, y encontró que lo que le habían dado, no era cierto, por lo que no difundió nada. Al columnista le ofrecieron también las pruebas de que los hermanos del entonces secretario de Organización del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, tenían cuentas millonarios en Panamá, y cuando dijo que tendría que verificarlo primero para saber si eran reales, ya no le entregaron los documentos, mismos que fueron publicados dos semanas después en un medio que tuvo que admitir ante la amenaza de demandas, que eran falsos.

Aquellas noticias apócrifas eran ocasionales, pero en los dos últimos años las fake news, existentes antes de Trump, han sido utilizadas de manera sistemática en procesos electorales en México. Una de las formas más recurridas ha sido la plantación de encuestas apócrifas, un recurso que se incrementó en las actuales campañas, inclusive en diarios capitalinos sin historia en el uso y manejo de estudios demoscópicos. Las encuestas falsas han servido para generar confusión y crear condiciones disruptivas en las elecciones del 4 de junio, donde los políticos de todo sino han encontrado en la inmadurez política de los medios, vehículos eficientes para sus propósitos inmediatos.

Los políticos han encontrado en la aportación de documentación apócrifa, que el daño a su reputación es limitada y se transfiere el descrédito a los medios. A algunos no les interesa la mala fama pública, pero los más serios deberán reflexionar sobre sus controles editoriales internos para impedir que sean utilizados malamente en el futuro.
23 Mayo 2017 04:07:00
La fiesta inolvidable
En Anzures, una colonia en la Ciudad de México de abolengo venido a menos, hay una casa donde los días son espectaculares. Se encuentra en una calle con nombre de astrónomo y es administrada por Froylán Gracia García, coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex durante la administración de Emilio Lozoya. La casa no es distinta a las que hay en esa zona de la capital, pero lo que la distingue es su interior y lo que se da un promedio de dos veces por semana: empresarios y políticos, funcionarios federales y gobernadores, llegan ahí por invitación con el propósito de hacer negocios. Qué tipo de negocios realizan, está totalmente libre a la imaginación. Cuántos se han podido concretar, no se sabe. Pero en el momento en que se entra a la casa eso parece irrelevante.

La planta baja dispone de una gran barra, que ha sorprendido por su tamaño a más de un invitado, donde hay todas las marcas de bebida para cualquier tipo de paladar y capricho. Se encuentra en un espacio abierto que de día puede funcionar meramente como bar, y en las noches se convierte, por la decoración y la iluminación, en una discoteca. Hay meseros elegantemente vestidos que ofrecen canapés a los invitados, aunque en la parte trasera de la casa hay un patio en donde se pueden dar comidas. Pero la joya de la casa es otra.

El atractivo para los grupos selectos que acuden, no más de 15 de preferencia, son las mujeres. Algunos de quienes han ido a esas reuniones las describen como espectaculares. Eslavas y brasileñas, únicamente, son acompañantes para quien quiera platicar con ellas, adiestradas a retirarse cuando los visitantes comienzan a platicar de temas que no sean para gastar tiempo en superficialidades. Pero están ahí para lo que deseen los invitados. En la planta alta hay suites, no oficinas, para quien busque una mayor privacidad.

Nadie sabe –o si lo sabe no le importa– si todo lo que suceda en esa casa es videograbado. Se desconoce, porque hasta ahora nadie lo ha descubierto, que existan micrófonos para grabar conversaciones. Por una extraña razón, nadie se pregunta que si todo es gratis, las mujeres, las bebidas, el servicio, en dónde está el negocio de Gracia García. Su nombre ha sido una fuente de conversación dentro del Gobierno federal durante buena parte del sexenio, al haber sido la persona más influyente durante la administración de Lozoya en Pemex, que despachaba junto al entonces director de la empresa y por quien todos los asuntos relevantes tenían que pasar primero por el semáforo de su despacho.

La integridad de Gracia García fue defendida siempre por Lozoya, quien aseguraba que todas las insinuaciones e imputaciones en su contra eran falsas. Las autoridades abrieron investigaciones informales sobre el exfuncionario, y no se sabe si exista un expediente judicial actualmente en su contra. Gracia García ha sido señalado por inversionistas extranjeros y mexicanos como un funcionario que cobraba por gestionar citas con Lozoya –que el exdirector de Pemex también ha negado–, y acusado de realizar negocios paralelos abusando de su delicado puesto de confianza.

Lozoya fue removido de Pemex después de meses de que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pidió al presidente Enrique Peña Nieto su cese, por lo que consideraba un desorden administrativo en la empresa, y por los presuntos actos de corrupción durante su gestión. Los señalamientos contra Lozoya crecieron después de su salida, lo que motivó que la intención de Peña Nieto de nombrarlo embajador de México en el Reino Unido se congeló por meses y finalmente se canceló. Una intentona del presidente del PRI, Enrique Ochoa, por incorporarlo al Comité Ejecutivo Nacional cuando fue nombrado en la institución, también fue desechada por el mal ambiente que tenía Lozoya en el gabinete. Nada legal hay hasta ahora en contra del exdirector de Pemex, quien mantiene discretamente una consultoría en una oficina en las Lomas de Chapultepec.

Tampoco tiene vinculación alguna con la casa en Anzures que administra y opera Gracia García, quien pese a la muy mala imagen en el gobierno peñista, no parece haber tenido mayor problema para montar su nuevo negocio y convocar a funcionarios, políticos y empresarios a que utilicen la instalación para relajarse y alcanzar acuerdos benéficos para todos. La manera como Gracia García ha sido capaz de construir tan peculiar empresa, habla de la ligereza o frivolidad, además de irresponsabilidad con la que actores políticos y agentes económicos realizan los asuntos públicos.

La satanización de Gracia García dentro del Gobierno debería de ser el semáforo rojo para evitar tener un trato directo o indirecto con él en cualquier tema de orden público. El que todo lo que puedan usar y gozar en esa casa sea de manera gratuita significa –porque no cabe pensar en la ingenuidad de los visitantes– que hay otro tipo de pago al exfuncionario de Pemex. Se desconoce si es una comisión acordada por cada negocio, como lo acusan de sus tiempos como el brazo derecho del exdirector de Pemex, o algún otro tipo de beneficio. En todo caso, nada es gratis. Sobre todo ahí, en esa casa, donde varias personas que han asistido como invitados describen coincidentemente su experiencia como “una fiesta inolvidable”. Más se recordaría en el futuro si lo que sucede en su interior cada semana, fuera investigado para determinar si lo ahí acordado entre en el marco de presuntos actos de corrupción. Por lo pronto hay un exceso de cinismo, lo que no está penado por la ley, y muy en concordancia con lo que ha sido el sexenio al que le falta medio año para concluir.
22 Mayo 2017 04:07:00
Presidencia cazará corruptos
Finalmente, luego de más de cuatro años de gobierno, en Los Pinos cayeron en cuenta que junto con las reformas, un importante detonador del malestar de los mexicanos tiene que ver con la corrupción. El 1 de mayo, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, le propuso al consejero jurídico en Los Pinos, Humberto Castillejos, uno de los funcionarios más influyentes en el presidente Enrique Peña Nieto, una estrategia para combatir la corrupción en el Gobierno federal. Guzmán, revelaron funcionarios, solicitó a todas las secretarías un listado de trabajadores que pudieran ser acusados por corrupción, para que pudieran ser explotados penal y mediáticamente y comenzó a trabajar de esta manera el final del sexenio, que se encuentra a sólo 17 meses de distancia.

La petición de Guzmán revela varias facetas sobresalientes del Gobierno actual. Por un lado, la aceptación implícita del presidente Peña Nieto que la corrupción tiene infectado a su gobierno. Peña Nieto era refractario a la sola insinuación de corruptos en su administración, y todavía en diciembre, cuando se le preguntaba directamente sobre qué haría al respecto, respondía que su gobierno era el que más había hecho en el combate a la corrupción. La impresión que siempre dejaba era la de negación total a un fenómeno que se había convertido en su gangrena. No está claro en qué momento cambió su parecer, y autorizar acciones como las propuestas por Guzmán, pero en el primer trimestre del año, en una reunión con el equipo editorial de un medio en la Ciudad de México, uno de sus interlocutores fue –según personas que estuvieron en ese encuentro– brutal, por decir lo menos. Le dijo, no literalmente como aquí se apunta, que si no había pensado que una vez que terminara su mandato podría ser acusado por corrupción. La cara de Peña Nieto, recordaron los presentes, cambió de color y fue evidente su enojo.

La otra faceta que sacó al descubierto la iniciativa de Guzmán, es la aceptación clara del conocimiento que hay en Los Pinos sobre la corrupción en el Gobierno. Cuándo la reconocieron, no está claro. En qué momento les pareció que había rebasado todo lo tolerable posible, en el contexto de un régimen donde la colusión y las ilegalidades son parte del combustible que lo mantiene todavía, tampoco. La corrupción explotó a niveles no recordados por nadie, desde los primeros meses del Gobierno de Peña Nieto, con la llegada de un alto número de mexiquenses a la administración pública federal. Los primeros en sentir la voracidad fueron los empresarios, quienes se quejaban que los niveles de corrupción del pasado, cuando les pedían un promedio de 10-15% de comisión sobre las licitaciones de obra pública que ganaran en un concurso se había elevado hasta en un 40%, y escaló todavía más en los últimos meses, en algunos casos que comentan pero no denuncian públicamente, hasta 80%. Cínicamente, en el Gobierno le están llamando “retorno de inversión”.

Las cifras son increíbles, incluso para un sistema donde la corrupción ha sido un estilo de vida y un método de operación cotidiana durante décadas. Sin embargo, pese a que desde 2013 los empresarios comenzaron a expresar su malestar, dos miembros del gabinete consultados por este espacio en aquellos meses del incipiente gobierno aseguraron no haber escuchado nada sobre este tema. La corrupción dentro del Gobierno comenzó a permear en el gabinete hasta 2015, según algunos funcionarios, pero no pasó nada. Incluso, como mostró la actitud del presidente Peña Nieto, la negación era la constante. Después de la derrota del PRI en la mayoría de las elecciones para gobernador el año pasado y los números decrecientes del respaldo electoral al partido y a sus candidatos en las elecciones para gobernador en tres estados en junio, dentro del Gobierno hay otro tipo de sensibilidad acelerada por la preocupación de perder el poder. Un funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, admitió que si un partido de oposición llegara al poder el próximo año y actuara con energía, “no alcanzarían las cárceles para tantos funcionarios” vinculados a actos de corrupción.

Ya fue demasiado para seguir manteniendo la ceguera. Incluso para los mexiquenses en Los Pinos. El encuentro de Guzmán y Castillejos en mayo transcurrió en esa dirección. Carne para el sacrificio de fin de sexenio, es lo que están pidiendo a las dependencias del Gobierno, cuyas listas negras se están elaborando para que se trabajen con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. El enfoque se está haciendo en aquellas dependencias donde se manejen fondos públicos, o en áreas sensibles, como en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, donde se inició una auditoría por la venta de los dos últimos ingenios del Gobierno, por 3 mil 400 millones de pesos.

La cacería de corruptos ha comenzado. No hay pistas todavía de por dónde podrán venir los primeros señalamientos, más allá de las investigaciones en curso dentro de Pemex. Funcionarios federales indicaron que la estrategia no se limita al Gobierno del presidente Peña Nieto, sino que también se está analizando a los gobernadores –priistas y de oposición– por el manejo de los fondos públicos. Se desconocen las razones por las cuales Peña Nieto autorizó a sus dos cercanos colaboradores a iniciar la persecución, pero queda claro que con esto empezó a construir un puente para el día después que deje la Presidencia, levantado sobre la infamia pública de funcionarios.
19 Mayo 2017 04:08:00
Sin capitán de barco
El asesinato de Javier Valdez Cárdenas esta semana fue el catalizador de que algo está sucediendo en la guerra contra el narcotráfico. No está claro qué es, pero que enseña que esa lucha no puede seguir analizándose con las categorías hasta ahora utilizadas. El asesinato de Valdés Cárdenas fue producto de una inteligencia criminal diferente. El fundador y director del semanario sinaloense Ríodoce no firmaba los textos más penetrantes sobre el narcotráfico, por lo que la hipótesis sobre el qué había escrito para buscar pistas sobre presuntos asesinos es endeble. Es decir, pese a haber realizado una crónica a lo largo de los años a través de varios libros sobre el narcotráfico, no estaba directamente en la línea de fuego. Sin embargo, el respetado periodista, galardonado internacionalmente era un símbolo en esta profesión que sobrevive en el ecosistema de la violencia, por lo que se puede argumentar que el crimen fue contra un objetivo de alto impacto pensado para que sacudiera todas las estructuras.

Así fue. La posición de la Fiscalía de Sinaloa que tiene como principal línea de investigación el que haya sido un robo de auto no se sostiene: la dispararon 12 tiros de cuando menos dos calibres diferentes, lo que habla de al menos dos asesinos, quienes, lo más importante, nunca intentaron robarse el vehículo. El crimen generó, como no había sucedido desde el asesinato de Manuel Buendía en 1984, un sentimiento de indefensión e impotencia en el gremio, particularmente entre aquellos que, a diferencia de los charlatanes y oportunistas en la profesión, saben cuándo las amenazas y los entornos significan algo. El crimen de Buendía fue en un inefable mayo, al cerrar un mes de inestabilidad política originado en Estados Unidos con denuncias nunca probadas de desvío de dinero del entonces presidente Miguel de la Madrid, y pocas semanas después de que Buendía había retomado una denuncia de los obispos del Pacífico donde alertaban por primera vez que las estructuras políticas estaban coludidas con el crimen organizado.

Ese crimen abriría una década de turbulencia narcopolítica. Casi una década después fue asesinado en Guadalajara el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, durante un extraño intento de asesinato de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por parte de matones de los hermanos Arellano Félix, del cártel de Tijuana. Posadas Ocampo fue acribillado en el aeropuerto de esa capital, a donde había ido a recoger al nuncio apostólico, Girolamo Prigione, quien lo iba a acompañar a la inauguración de una mueblería de un amigo del obispo, Eduardo González Quirarte, lugarteniente de Amado Carrillo, el inmortalizado –por las telenovelas– “Señor de los Cielos”, y quien era el encargado del cártel de Juárez para penetrar y reclutar a generales.

Visto en la línea de tiempo histórica, el crimen Buendía comenzó una década de turbulencia, donde los sobresalientes de esa época incluyeron el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, que había infiltrado al cártel de Guadalajara, por lo que sus jefes, Rafael Caro Quintero –a quien la PGR en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no actuó para impedirle que recuperara su libertad por un tecnicismo jurídico–, y Ernesto Fonseca, quien logró del Poder Judicial su liberación anticipada por enfermedad, y la irrupción maldita del narcotráfico en el Ejército, con la compra de protección del general de tres estrellas, Jesús Gutiérrez Rebollo, quien era el zar contra las drogas en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Esa época trajo el magnicidio del candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, y del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Durante esos años, las instituciones se fueron debilitando y los cárteles de la droga fortaleciéndose y penetrando las estructuras políticas nacionales.

Lo que se sembró en aquellos años llegó a niveles de rebase en el Gobierno del presidente Vicente Fox, donde Michoacán y Tamaulipas se habían convertido prácticamente en narcoestados, lo que propició la guerra contra las drogas en el Gobierno del presidente Felipe Calderón. La llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia trajo consigo una gran estrategia de lengua que se hizo añicos en el primer año de administración, y un rezago en la lucha contra la delincuencia organizada. El asesinato de Valdés Cárdenas se inscribe en el desbordamiento en el que se encuentra el Gobierno frente a los criminales, y la notable falta de estrategia para combatirlos, pero no sólo como consecuencia de la incompetencia en materia de seguridad pública, sino como un desafío al Estado Mexicano.

Es ese algo que no se puede definir pero que se ve que existe, donde cambió la dinámica del crimen organizado y, por tanto, deberían de cambiar también las formas de combatirla. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, estuvo en Washington este jueves para concretar una nueva estrategia con Estados Unidos en este campo, donde abordarán el fenómeno desde un punto de vista del negocio que representa para atacarlo en todas sus facetas. Es decir, un combate integral que deje atrás el énfasis policial de Calderón. Pero un día antes, en respuesta a las presiones por el asesinato de Valdés Cárdenas, Peña Nieto anunció un paquete de medidas para proteger a periodistas que sólo comprende un enfoque policial. La transversalidad acordada por Videgaray en Estados Unidos, ignorada por un presidente que, o no entienda nada de lo que le plantean, o no escucha lo que le dice su canciller. En todo caso, qué preocupante. El barco no tiene capitán.
18 Mayo 2017 04:08:00
Recuerdos de las dictaduras
Le llamaron la “Operación Piña” y se ejecutó la tarde del 24 de marzo de 1980, cuando el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, oficiaba una misa privada. Unos matones bajo las órdenes del mayor Roberto D’Aubuisson, acribillaron a monseñor Romero, un sacerdote que había sido conservador hasta que un sacerdote muy cercano, Rutilio Grande, fue asesinado por predicar por los pobres. Romero se concientizó y cambió de rezar por las élites a los que más necesitaban, con una prédica contra la violencia. Su asesinato aceleró lo que urgía frenar y se inició una larga noche donde fueron cayendo religiosos, líderes sociales, sindicalistas, maestros, defensores de derechos humanos y políticos. Todo aquello que significaba peligro para la Junta Militar, fue eliminado. Nadie con capacidad dialéctica, habilidad para organizar y recursos persuasivos, sobrevivió. La dictadura no permitía desafíos.

Aquellos eran los prolegómenos de una década de terror en América Central donde los líderes sociales aparecían asesinados o degollados en las orillas de las carreteras. Los escuadrones de la muerte, organizados por D’Aubuisson, liquidaban a quien no se plegara a la dictadura militar. El método de descabezar a quienes mejor preparación tenía y mayor capacidad intelectual mostraban, se extendió por la región. En Guatemala, los líderes sociales fueron los primeros en caer. Siguió Honduras, donde como en El Salvador y Guatemala, la verdadera guerra fue contra las ideas. No hay arma más letal que la mente, cuyo arsenal era visto por los regímenes militares incubado en la disidencia social.

Los recuerdos de esas dictaduras caen como premonición en la realidad mexicana. De acuerdo con un seguimiento informativo de Eje Central, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha incrementado el número de asesinatos contra líderes sociales y activistas. En 52 meses de administración, sintetizó la reportera et-biraí Nieto Morales, se cometieron 261 asesinatos: 17 contra sacerdotes, 123 contra líderes sociales –en su mayoría relacionados con la defensa de los derechos humanos–, 83 contra presidentes municipales y 38 contra periodistas.

A diferencia de lo que sucedió en el llamado Triángulo del Norte, donde las acciones represivas fueron emprendidas por los gobiernos militares, en México, “la mayoría de los ataques ocurrieron en municipios y regiones que coinciden con los lugares donde el crimen organizado estableció una estrategia para apoderarse del territorio. En todos los casos el común denominador es el contexto de violencia en la región en que se cometieron, ya sea por cambios en las administraciones gubernamentales estatales y municipales o por la presencia de nuevos grupos de organizaciones criminales”. Eje Central citó el informe La Violencia de las Drogas en México, del proyecto Justicia en México de la Universidad de San Diego, que afirma que en la mayoría de los homicidios contra alcaldes y sus familiares se usaron métodos del crimen organizada, que repercute en el aspecto social, dado que “el asesinato de posiciones políticas amenaza el proceso democrático y socava el imperio de la ley”. No es el sector político, sin embargo, el más afectado.

Periodistas y religiosos son los más atacados. De acuerdo con el reporte Panorama de homicidios en el actual sexenio del Centro Católico Multimedial, los sacerdotes son vulnerables a diversos ataques en la creciente ola de agresión, asesinatos y desapariciones “acaecidos bajo la mirada indiferente de las autoridades, sobre todo, en las zonas de alto riesgo, donde prolifera la inseguridad y operan los grupos del crimen organizado”. Nieto Morales explicó que el papel e influencia que llegan a tener los clérigos en las comunidades, los convierte en blanco del crimen organizado, pues los ataques en su contra generan temor entre los pobladores. En el caso de los periodistas, según la organización no gubernamental Artículo 19, “su labor diaria de informar a la población hechos que atañen a toda la sociedad, suelen incomodar a actores políticos, privados o del crimen organizado que buscan que sus intereses no sean expuestos ante una sociedad cada vez más harta de los abusos e ineficacia de las autoridades”. Lo inquietante es que el grueso de las agresiones no provino del crimen organizado, sino de gobiernos: en 2016 hubo 226 agresiones contra periodistas por parte de funcionarios públicos y 17 de los grupos del crimen organizado. Las agresiones cometidas por grupos criminales contra periodistas disminuyeron 51.43%, mientras que la de los gobiernos, se incrementó 37% (para un total de 53%) con respecto a 2015.

“Aunque los homicidios contra periodistas y sacerdotes llegan a ser los más difundidos e indignan a varios sectores sociales, los ataques contra activistas y líderes sociales representan el mayor número de crímenes contra personajes comunitarios clave en el país, pues ascienden a 123 en este sexenio”, indicó la reportera Nieto Morales. “Es decir, desde diciembre de 2012 hasta la actualidad, han sido asesinados cada mes dos líderes en promedio en el territorio nacional”. La numeralia de la muerte en México de quienes piensan, hacen y organizan, son un mal presagio, si se recuerdan las experiencias en América Central.

Ocho meses después del asesinato de monseñor Romero, seis líderes políticos del Frente Democrático Revolucionario, una organización paraguas que representaba a los diferentes sectores de la sociedad, fueron secuestrados, torturados y asesinados en San Salvador. La historia de ese país comenzó a reescribirse con la partición de ese pequeño país que se vio inmerso en una interminable guerra civil. Ese momento de inflexión no se necesita en México. Se vive todos los días sin que nos demos cuenta del ecosistema mortal en el respiramos.
17 Mayo 2017 04:08:00
La guerra mexicana
En 2013, el semanario inglés The Economist se dio a la tarea de establecer cuantitativamente la definición de un estado de guerra civil. “No cada lucha que involucre a grupos armados es una guerra civil”, apunto. “Varias medidas cualitativas pueden ayudar un simple conflicto de una guerra: ¿tienen los rebeldes apoyo político? ¿tienen posibilidad de ganar? ¿buscan sólo dinero?

En la academia también se hacen distinciones cuantitativas. El problema es escoger el número. ¿Debería de ser la marca 25 muertos al año? ¿O 100? ¿O mil?”. Y agregó: “Arriba de la marca de mil, pocos dudan que es una guerra”. Sin embargo, no todos los conflictos violentos son percibidos como una guerra civil. México es un caso típico. Más de 50 mil muertos durante el gobierno de Felipe Calderón no fueron suficientes para que se pensara en México que había una guerra civil. Una suma que será mayor en el de Enrique Peña Nieto, seguramente tampoco será percibido como un conflicto que marcó al país. Pero eso es lo que tenemos.

En un análisis de Virginia Page en la Universidad de Columbia en Nueva York sobre paz y guerras civiles, la autora establece cinco criterios que definen un conflicto armado como guerra civil que, en México se cumplen todos: la guerra ha causado más de mil muertos; representa un desafío a la soberanía de un Estado internacionalmente reconocido; ocurre dentro de las fronteras de ese Estado; involucra al Estado como uno de los principales combatientes; y los rebeldes son capaces de mantener una oposición militar organizada y causar víctimas significativas al Estado. Como recordatorio, durante el primer trimestre de este año hubo 6 mil 511 denuncias de homicidio doloso en el país; es decir, seis veces más de la cantidad estándar para calificar un conflicto como una guerra civil.

Las autoridades han negado, desde el Gobierno de Calderón, que se viva una guerra civil. Es una guerra contra criminales, dijo siempre el expresidente. En el gobierno de Peña Nieto, mientras las fuerzas de seguridad federales dejaron de combatir criminales durante ocho meses, se hizo algo que sólo se había visto en la guerra de Bosnia en los 90: el Gobierno armó a un grupo (las autodefensas en Michoacán) para combatir y aniquilar a otro grupo (Los Caballeros Templarios). El Gobierno peñista no tiene en su vocabulario político la palabra “guerra”, pero las acciones extra constitucionales en Michoacán entran en la tipología del genocidio, razón por la cual se está armando un expediente en Estados Unidos contra el presidente Peña Nieto, para llevarlo a una corte internacional, acusado de crímenes de lesa humanidad.

Por sus omisiones y negligencias, con sus estrategias fallidas e ilegales como apoyar a miembros de la delincuencia organizada para limpiar de criminales a Michoacán, el Gobierno ha contribuido a la creación o consolidación de zonas donde la guerra es abierta. El testimonio de Jorge Alberto Martínez, corresponsal de la agencia Quadratín donde describe lo que sufrieron él y otros seis colegas el sábado en la zona guerrerense de Tierra Caliente, dibuja detrás del drama personal escenas que sólo se ven en los ecosistemas bélicos: retenes militares y de grupos antagónicos a las fuerzas gubernamentales; enfrentamientos armados en las calles, con vehículos incendiados como barricadas para frenar los ataques de los adversarios y servir de trinchera, y capas de colaboradores dentro de la población, sometida por adoctrinamiento, complicidad o miedo, para que los apoyen con información, vigilancia y acciones armadas.

Lo que vivieron los periodistas en la zona de Arcelia el sábado pasado, es similar a como se vivía la guerra civil en El Salvador, donde a la zona de conflicto se llegaba en automóvil y se pasaban retenes militares y de las fuerzas de oposición, para adentrarse a tierra de nadie y llegar al corazón del conflicto del día. La diferencia con El Salvador, es que mientras en Guerrero y otras regiones del país los periodistas pueden atestiguar la guerra que se vive de manera cotidiana, con una frecuencia que aterra, en El Salvador un corresponsal, si tenía suerte, podía cubrir personalmente no más de tres enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, al año. Ni esa, ni otras guerras civiles en el mundo han producido, en tan corto tiempo, tantos periodistas muertos como durante el Gobierno de Peña Nieto en la guerra civil no declarada: seis en los cinco meses que lleva el año, y siguen contando.

Se pueden trazar otras analogías. En Belfast, cuando la guerra de colonización en Irlanda del Norte –con tintes religiosos–, estaban perfectamente determinados los dos bandos en conflicto y dentro de la violencia había un orden. Más peligroso era en Beirut, en la guerra civil en Líbano, pero la única frontera de terror era la línea verde que dividía a musulmanes de cristianos; una vez en cualquiera de los dos territorios, había certidumbre sobre la vida. México es más como los Balcanes en la partición de Yugoslavia, donde cruzando la frontera de los Cascos Azules de la ONU todo era como en las zonas calientes mexicanas: posibilidades de ejecución sumaria, desapariciones, violencia dentro de las ciudades y el sólo orden de quien tenía las armas para decidir quién vivía y quién moría. Aquí, los periodistas se han convertido, como en otros conflictos en el mundo, en objetivos y daños colaterales. Igual que miles de mexicanos, hay que decirlo, atrapados también en este clima que mata.
16 Mayo 2017 04:07:00
El chistorete de Anaya
Fabricio Montaño no es conocido en la arena pública. Sin embargo, dentro del PAN juega un papel importante como operador de Ricardo Anaya, a cargo del trabajo con los alcaldes panistas. En los últimos días inició una campaña en las redes sociales con una selección de fotografías que decían: “Canadá: 2015, Justin Trudeau”; “Francia: 2017, Emmanuel Macron”; y “México: 2018, Ricardo Anaya”. Así, sin prurito alguno, colocó a su jefe como la vanguardia mexicana para el cambio. Pero ¿realmente es Anaya como el primer ministro de Canadá, que bebió la política corriendo por los vetustos pasillos del parlamento en Ottawa junto a su padre? O ¿como el Presidente francés, que se educó en la escuela que entrena a los líderes galos, y sirvió en el gabinete de un jefe de Estado? Por favor. Anaya es una broma personificada en líder de un partido.

La mofa que se puede hacer de la analogía, permitida a Montaño por su jefe Anaya, ha sido significativamente más cruel hacia el interior de su partido, donde críticos a su dirigencia, que lo conocen de tiempo, circularon un decálogo en el cual, con sarcasmo, acomodaron declaraciones públicas del dirigente del PAN donde desliza sutilmente las razones por las que debería ser el candidato a la Presidencia en 2018. En la mayoría de ellas, sin embargo, los hechos son contrarios a lo que postula. El texto lo titulan “Por qué”. ¿La razón?

“Porque nací para servir a mi país, para ayudar a los demás, es algo que tengo adentro y que siempre he practicado, lo mismo en el terremoto que en mi vida política”, parafrasearon al líder del PAN con un tono de burla.

“Para mí, ver por los demás es una obligación de vida”. Anaya presume lo que carece.

En un texto publicado en este espacio en noviembre pasado, se mencionó que se había convertido en el factor de división dentro del PAN por la forma con la que buscaba la candidatura presidencial, donde no mostraba los deseos de servir, sino de servir sus propósitos personales. “Sé dialogar con todos, porque mi vida ha sido un diálogo con los demás y creo que nuestro país necesita hablarse, no callarse: necesita ver hacia delante, no hacia atrás, necesita las palabras no el silencio, porque nuestro país ya tiene un pasado, lo que necesita es un futuro”, lo volvieron a parafrasear.

Aquel texto de noviembre se llamaba “Anaya, el sin amigos”, y mencionaba que traiciona amigos y rompe alianzas, dándole la espalda a quienes le ayudaron a dirigir el partido. La última en esta cadena, la candidata panista al Gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, a quien prometió no abandonaría en la contienda y ha dejado. “A mí nunca me ha engañado”, dijo una alta figura en el PAN, “pero por la única razón que nunca hemos acordado nada”. Cuando sus conocidos escribieron el texto sarcástico, no pudieron encontrar mejores frases para explicar la polaridad entre sus dichos y hechos, que esta: “Hay quienes creen en sí mismos nada más. Yo creo en México porque me gusta creer en su gente, porque sé de lo que somos capaces los mexicanos cuando nos lo proponemos”.

El texto de los panistas críticos a Anaya jugó cruelmente con otros de sus dichos sobre los porqués debe ser el próximo presidente, acomodados de la siguiente forma: “A México le hace falta un liderazgo ético. Como todos tengo defectos y tengo carencias, pero la ética, el comportamiento correcto, el respeto a lo que es de los demás, al dinero público, a las necesidades del país es una de mis características”.

Es una roma involuntaria. El año pasado la prensa descubrió el mal uso que daba dinero público para mantener a su familia viviendo en Estados Unidos. Cuando se defendió de que provenía de sus negocios, construidos antes de entrar en la política, nunca pudo explicar las lagunas de ingresos en sus declaraciones públicas. Los panistas se han dado vuelo con él. Una vez más se burlaron de su líder, con otro redacción ajustada de sus dichos:

“México necesita conciliar muchas cosas entre ellas la enorme desigualdad de nuestra sociedad; necesita conciliar la realidad con nuestros anhelos, necesita conciliar lo que quieren en el sur con lo que emprenden en el norte, necesitamos algunos pensamientos comunes, como el mañana, el futuro que queremos, en el que cabemos todos. Sólo así construiremos ese mañana y quiero estar al frente de esa construcción”. La gran crítica que se le puede hacer a este compendio de objetivos de Anaya, enlistados con sintaxis por panistas, es que realmente no cree en México ni tiene fe en México. Su familia vive en Atlanta y cada fin de semana, salvo cuando le es imposible, viaja a su casa, que es el hogar de los Anaya.

Al líder del PAN lo centraron sus obsesiones con dirigentes jóvenes, convertidos en alter egos. Es enorme su obsesión con Trudeau, con quien se compara constantemente y cuando no, lo imita, como en una fotografía haciendo yoga que subió a Twitter dos semanas después de que vio al canadiense haciéndolo. En los últimos días Macron es lo que ahora quiere Anaya, resaltando que apenas es un año mayor que él. Montaño, su escudero, ya se está encargando de socializar que la ola de líderes mundiales, encuentra en Anaya el destino manifiesto de México. En el PAN se ríen de él. En el resto del país, si no obtiene victorias importantes el próximo 4 de junio, no tardarán en hacer lo mismo.
15 Mayo 2017 04:00:00
Edomex: la maestra, con los maestros
Las fotografías del sábado pasado en un evento de la candidata de Morena a la Gubernatura del Estado de México en Tlanepanta, no dejaron margen a la especulación. Delfina Gómez estaba flanqueada por Fernando González, el yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, y con quien el hoy secretario de Educación, Aurelio Nuño, nunca se pudo poner de acuerdo sobre los términos y el lenguaje de la reforma educativa, y Rafael Ochoa, compadre de la exlideresa del magisterio, y quien con una falta de cuidado la semana pasada, destapó el apoyo de esa dirigencia descabezada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a la candidata de Morena. Ya lo había diagnosticado la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota: Gómez y Gordillo, son la misma cosa.

Mecánicamente no, pero orgánicamente, Vázquez Mota tiene razón. Gómez no sólo es maestra, sino pertenece a la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la que anidó y encumbró a Gordillo, de la cual fue secretaria general de 1977 hasta 1988, cuando el entonces regente del Distrito Federal, Manuel Camacho –años después uno de los ideólogos y estrategas de Andrés Manuel López Obrador–, la llevó con el presidente Carlos Salinas para ungirla dirigente nacional en sustitución de Carlos Jongitud. Ochoa, desde entonces, fue lugarteniente de Gordillo.

La postura de la vieja dirigencia magisterial no es ideológica o de revanchismo contra el Gobierno de Peña Nieto. Gordillo siempre mantuvo la política donde el apoyo a los maestros para cargos de elección popular no estaban condicionados al partido con el que buscaran candidaturas o competían en las elecciones. Para dar cabida plena a esas aspiraciones creó el partido de los maestros, Nueva Alianza, que abrió mayores posibilidades de negociaciones y acuerdos políticos. La maestra siempre decía que antes que respaldar a cualquier partido y cualquier candidato estaban los maestros.

En las elecciones presidenciales en 2006, pese al rechazo de López Obrador a la alianza que le propuso Gordillo, la instrucción a los maestros fue que votaran por quien quisieran, salvo –esto sí en respuesta los agravios que había sufrido de su expartido, el PRI–, a favor del candidato priista, Roberto Madrazo. Los maestros votaron en las dos circunscripciones del norte del país por Felipe Calderón, mientras que en las tres restantes por López Obrador. En las elecciones presidenciales de 2012 jugó con Peña Nieto, a quien conocía, y cuyo operador político era otro viejo amigo de ella, el hoy secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Sólo fue después de formalizar la alianza cuando supo que entre las prioridades de Peña Nieto como presidente estaba la reforma educativa. Peña Nieto se la encargó a Nuño, quien encargó su redacción a Enrique Ochoa, actualmente presidente del PRI. Ochoa incluyó el detonador de una bomba social, al establecer que si no pasaban las pruebas que se les exigiría, los maestros podrían ser despedidos. Gordillo luchó con el jefe del equipo de transición, Luis Videgaray, para que la palabra “permanencia” dentro del sindicato fuera garantizada sin amenaza alguna. Nunca movió a Videgaray de la postura original, pese al argumento biológico de Gordillo, de que no había necesidad de medidas punitivas en la reforma, ya que la edad se encargaría de jubilarlos durante el sexenio y los nuevos maestros podrían ingresar bajo las nuevas reglas propuestas.

La respuesta final fue la cárcel, y el Presidente encargó a su íntimo amigo, nombrado subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, que cambiara de aliados. No forjaría una alianza con el relevo de Gordillo, Juan Díaz, sino que pactaría con la Coordinadora Magisterial, disidencia del sindicato desde hace cuatro décadas. El resultado de la acción fue que desde 2013, Peña Nieto compró un conflicto social que ha generado indiscriminadamente periodos de ingobernabilidad.

La disidencia magisterial se extendió por el país sin que el Gobierno pudiera cooptarla, como buscaba Miranda, arquetipo de una clase política mexiquense acostumbrada a resolver conflictos con dinero. Nunca entendió la lógica política de la disidencia magisterial o sus tácticas, ni tendieron puentes con el magisterio oficial: en las elecciones para gobernador en 2016, los maestros votaron contra el PRI en Veracruz y Oaxaca. Y hace mucho dejaron de tenerlos como clientelas en la Ciudad de México y el Estado de México, donde han votado sistemáticamente por la izquierda.

La fotografía de Gómez con González y Ochoa muestra que la alianza con los maestros por parte de López Obrador está consolidada. Hace unos dos meses hubo acercamientos de uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador con uno de los miembros del grupo compacto de Gordillo, pero cuando le llevaron la propuesta concreta al próximo candidato presidencial de Morena, pidió que mantuvieran el diálogo y los puentes, porque aún no estaba listo para oficializar el acercamiento. El sábado ya se socializaron. Lo que aún no se ha dado a conocer es que de tiempo atrás hay miembros del equipo de López Obrador en contacto permanente con el entorno de Díaz, líder del SNTE, con lo cual se puede apreciar que el ejército de maestros que tantos años sirvió al PRI apostará por la izquierda.

Los maestros son fundamentales en las elecciones. No sólo como promotores de candidatos y partidos en las aulas y con los padres de familia, sino como funcionarios de casilla, que sigue siendo hoy en día el lugar donde se deciden las elecciones. Tener vigilantes en las urnas es fundamental. López Obrador ya está claro sobre su valor estratégico. Las elecciones mexiquenses serán la primera prueba.
12 Mayo 2017 04:08:00
La muerte del spot
El espectacularmente torpe, fallido y mentiroso spot donde se comparaba a Alfredo del Mazo con John F. Kennedy y Justin Trudeau para sugerir que las dinastías políticas no son malas sino exitosas, y justificar a un tercer Del Mazo como gobernador en el Estado de México era positivo, chocó con la realidad. En el cuarto de guerra de Del Mazo, rechazaron tajantemente el spot. “Haría más daño que beneficio”, confió uno de los asesores del candidato del PRI a la Gubernatura.

La revelación en este espacio del spot causó confusión en el equipo de Del Mazo, donde no todos estaban enterados de su existencia, que ratificó el argumento de la columna “El spot de Del Mazo”, sobre la confusión y la crisis en la campaña, por los múltiples opinadores y tomadores de decisión en el entorno del candidato.

El spot surgía en el contexto de datos negativos frente a la candidata de Morena, Delfina Gómez, y desnudaba el desorden de los equipos del priista. “La campaña de Del Mazo –se apuntó–, ha venido arrastrando crisis consecutivas, en buena parte por el alto número de personas que opinan e intervienen en las decisiones, tomadas en Los Pinos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Casa de Gobierno en Toluca, por encima muchas veces, incluso, del propio candidato. Los nervios se han extendido más allá del equipo de campaña, y las presiones que llegan de fuera está orillando, a decir por las nuevas estrategias para posicionar al candidato, a situaciones extremas”.

De acuerdo con asesores de Del Mazo, la primera versión del spot fue presentada en el cuarto de guerra hace aproximadamente un mes, donde unánimamente lo descalificaron. El spot no fue preparado por la responsable de la campaña de aire –opinión pública, imagen y encuestas– de Del Mazo, Alejandra Sota, sino por un externo, cuyo nombre no se ha revelado.

Una segunda versión, con fecha del 9 de mayo, fue circulado este martes al equipo de campaña y a varios líderes del PRI, pero tuvo el mismo final. No se va a enviar al Instituto Nacional Electoral, a donde ya llegaron los siguientes spots, sobre el salario rosa, y donde ofrece Del Mazo mano dura en materia de seguridad.

La génesis del spot, la manera como llegó, la confusión que generó en el equipo de Del Mazo al ser difundido públicamente este jueves, son la narrativa de lo que está sucediendo en la campaña del priista. Los procesos de toma de decisión en la campaña no se toman de una manera vertical con líneas de mando definidas, sino que atraviesan transversalmente por la multiplicidad de equipos que trabajan en forma simultánea tácticas y estrategias, donde  no hay homogeneidad ni en los criterios ni en la información que maneja cada una de las áreas que varias veces se traslapan y duplican trabajos.

Tampoco hay mandos únicos, sino que se multiplican, con lo que se dificultan los tramos de control y responsabilidad.

Por ejemplo, a la campaña de aire, que es como se conoce al área que trabaja la opinión pública y es responsable de los estudios de opinión, que recae en Sota, se sumó Gisela Rubach, una veterana consultora. Parecen un tándem que ha venido trabajando integralmente desde hace varias elecciones, pero no es así. Rubach es independiente de Sota y sus planteamientos no necesariamente son los mismos.

En Chihuahua, la estrategia de Sota fue hecha a un lado y se privilegió la de Rubach, con la que finalmente se perdió la Gubernatura. En el Estado de México la dinámica es similar, y aunque Sota es también la responsable de imagen y estrategias mediáticas, Rubach fue quien tomó la preparación de Del Mazo en vísperas del segundo y último debate el martes. Al traslape de tareas se le llegan a añadir las dierencias conceptuales que se puedan tener de una campaña, a partir de las diferentes premisas y objetivos que se buscan, que en ocasiones llegan a confrontarse.

Las contradicciones se vuelven, de esa manera, algo cotidiano. El spot der Del Mazo es el ejemplo. Quien elaboró decidió que las comparaciones con Kennedy y Trudeau eran un buen apoyo para la línea discursiva del candidato sobre su experiencia ante la falta de ella de Gómez, no forma parte del equipo que se encuentra bajo el mando de Sota, ni tampoco Rubach tiene su carta de nacimiento. “No es del equipo de campaña”, dijo uno de los operadores de Del Mazo, “siempre hay un proactivo”. Pero no son solamente voluntarios que quisieron hacer un promocional casero. Son personas que tienen acceso a los más altos niveles de gobierno y que piensan que sus contribuciones aportan al candidato.

Esta fragmentación en el proceso de toma de decisiones produce confusión y enfrentamiento dentro del equipo de campaña. Un caso similar es sintomático. En la elección presidencial de 2000, el equipo del candidato del PRI, Francisco Labastida, carecía de orden y disciplina, lo cual favoreció la multiplicidad de decisiones, y generó contradicciones, con lo cual se despilfarraron 20 puntos de ventaja de Labastida sobre Vicente Fox, que finalmente ganó la Presidencia.

Este antecedente debería servirle a Del Mazo y a todos en su entorno, porque la desorganización, convertida a veces en anarquía, como en el caso del spot, puede estar cavando su tumba electoral.
10 Mayo 2017 04:08:00
El infierno para Peña
¿Qué sucedería si Delfina Gómez gana en el Estado de México? A la pregunta hipotética ya hay varias respuestas. La derrota del PRI significaría la primera alternancia en la cuna del Grupo Atlacomulco, la aristocracia del régimen. Sería un duro golpe a las aspiraciones presidenciales del equipo que encabezan el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el gobernador Eruviel Ávila. Mandaría igualmente el poderoso mensaje hacia el interior del PRI sobre el capital agotado del presidente Enrique Peña Nieto para ganar una elección, que podría acelerar la diáspora. Pero hay algo mucho más grave de lo que no se está hablando. Una victoria de la candidata de Morena, puede significar la entrada a la pesadilla judicial del presidente Peña Nieto, a más de un año antes de finalizar su sexenio.

No se puede descartar como escenario, que el triunfo de Gómez tenga como una primera con objetivos políticos claros, el arranque de la persecución penal contra los mexiquenses por corrupción y mal uso del poder. Prospectos abundan, debido a la decisión de Peña Nieto de gobernar mayoritariamente con mexiquenses, que en la coyuntura actual muestra vulnerabilidades inexistentes con anterioridad ante el avasallamiento de sus paisanos en el Gobierno federal. El inicio de procesos contra exfuncionarios mexiquenses que ocupan actualmente cargos en el gabinete federal, no significaría necesariamente una tentación revanchista de Gómez, su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, pero sí se convertiría en una bandera de campaña excepcional rumbo al 2018.

¿Qué mejor cruzada contra la mafia del poder que llevar a juicio a algunos de sus personeros acusados de corrupción? Este fenómeno no fue un factor en la anterior campaña presidencial, ni nunca antes lo había sido. No es así ahora, donde la corrupción se ha convertido una variable indisoluble de las campañas electorales y que han ayudado a definir elecciones contra el PRI.

López Obrador y Gómez han ventilado públicamente algunos temas de alto impacto relacionados con corrupción. Los principales están relacionadas con las constructoras OHL, la española y su filial mexicana, y la brasileña Oderbrecht, donde los nombres que se asocian con ellas son los de Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Ruiz Esparza ocupó el mismo cargo en el Estado de México, cuando el gobernador era Peña Nieto, y Lozoya estuvo en el equipo de mayor confianza en la campaña presidencial de 2012.

Las dos empresas enfrentan juicios que han salpicado al Gobierno de Peña Nieto. Abrir una investigación a nivel estatal en su contra, más allá de qué tan sólidas pueden ser las acusaciones, o qué tanto puedan probárseles delitos, generarán una turbulencia nacional e internacional que se empataría con la percepción de que el peñismo suda corruptelas e impunidad.

Si esto es cierto o no, es irrelevante. Una mayoría de mexicanos así lo creen, y en el mundo, según se aprecia con numerosos despachos de los corresponsales extranjeros, también. Material para jugar en los medios abunda. La pregunta de cuántos miembros del gabinete peñista podrían terminar en la cárcel, se antoja extremadamente atractiva para el electorado, ante la creciente distancia de Peña Nieto con sus gobernados.

El mayor problema que tiene el Presidente es que hay más casos donde personas cercanas a él están salpicadas por presunta corrupción y puede abrirse una investigación en su contra. Un ejemplo donde la prensa ha documentado irregularidades e ilegalidades es en Caminos y Puentes Federales, que dirige Benito Neme, que fue abogado electoral de Peña Nieto en el Estado de México, y en las concesiones de peaje entregadas a la familia Alcántara, del Grupo Atlacomulco, cuya inexperiencia ha generado incontables problemas para los usuarios, resultado de la entrega de la concesión por del ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Raúl Murrieta, que relevó a Videgaray como secretario de Finanzas en la parte final del gobierno de Peña Nieto en el estado de México, y en el arranque de Ávila.

Los mexiquenses aparecen por todos lados en casos que huelen a gas. El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, que fue secretario general de Gobierno en los tiempos de Peña Nieto, es el principal protector del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y el principal amigo de la familia Miguel, perseguida por la ley en el pasado, mientras otro de los del círculo íntimo del presidente, Felipe Enríquez, con vínculos en Monterrey y Toluca, y a quien hizo embajador en Uruguay, aparece en las indagaciones sobre ventas irregulares de tierras en Quintana Roo, durante el gobierno de Roberto Borge.

Es decir, material hay para alimentar la sed de venganza en el coliseo mexicano, y quizás, incluso, hasta para llevar a la cárcel a algunos de ellos. Si ganara Gómez, difícilmente le daría tiempo a su procurador de terminar de armar los casos, pero en un país donde la justicia se maneja políticamente, cuánto tarde es secundario, porque la administración del escándalo caminaría a la par de la campaña presidencial.

Un golpe maestro sería iniciar una investigación al propio presidente Peña Nieto. Es cierto que tiene fuero, pero que Gómez dijera que esperará a verse las caras el 2 de diciembre de 2018, sería suficiente material para el linchamiento. Ciertamente lo escrito aquí es un escenario político. También que este infierno se puede evitar, o cuando menos aplazar por un tiempo, siempre y cuando la candidata de Morena pierda la elección, y el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, triunfe.
09 Mayo 2017 04:07:00
A referéndum: PRI o no PRI
El segundo debate entre aspirantes a la Gubernatura del Estado de México se llevará a cabo hoy, sin que haya mucha ciencia para saber cuál será el tono y la dirección que tome. Delfina Gómez, la candidata de Morena, será probablemente en quien se enfocará la mayor parte de los ataques de sus adversarios. Las razones no se encuentran en lo alto de sus preferencias electorales, pues si fuera ese el caso, igual tendría que ser sometido a la metralla el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, sino por algo más profundo y que sintetiza el fondo de lo que se trata esta elección: el próximo 4 de junio, los electores decidirán si quieren más PRI en el Gobierno o si ese partido cumplió su ciclo y será expulsado del poder.

Este referéndum es lo que vienen dibujando las encuestas de preferencia electoral en las preguntas sobre por cuál partido nunca votaría (el PRI siempre aparece con el rechazo de cuatro o más electores de cada 10), y los niveles de aprobación del presidente Enrique Peña Nieto (menos del 20%, contra 80% mínimo de rechazo a su gestión), y del gobernador Eruviel Ávila (que oscila entre el 40 y 50%). Los mexiquenses mejor ubicados en los dos gobiernos más importantes del país, son ahora la síntesis de desgaste, descrédito y deseo de cambio. Ninguna de las candidatas o candidatos adversarios a Del Mazo representa el ánimo por esa mudanza de poder mejor que Gómez. La candidata de Morena proyecta lo que nadie entre sus competidores es.

En términos políticos, pese a pertenecer a un partido caudillista, no es identificada como parte de una estructura partidista que, por la manera como se han comportado los electores en México y el mundo, es rechazada abiertamente y cada vez se convierte en un mayor lastre en las urnas. Se puede plantear que la candidata independiente, Teresa Castell, se encuentra en las mismas condiciones, o incluso en mejores que Gómez en el papel, al tener sus raíces en el sector empresarial y haber brincado a la candidatura desde la presidencia de uno de los capítulos de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresariales. Sin embargo, la apuesta del PRI al incorporar a una mujer (el factor género) que jugara como independiente (frente a la crisis de partidos) para restar votos a Gómez o a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, tuvo como premisa pensar que los electores mexiquenses son idiotas. Los empresarios mexiquenses, es de conocimiento público, se comportan como un sector más del PRI.

En términos personales, la humildad de la cuna de Gómez está en las antípodas de las sábanas de seda entre las que nació Del Mazo, o en las que se ha ido fabricando con los años la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Se asemeja el origen de Gómez al del candidato del PRD, Juan Cepeda, aunque a diferencia de él, no lo utiliza como retórica política, pero la define diariamente. Es la más ingenua de todos quienes contienden por la Gubernatura, lo que al mismo tiempo la convierte en la más auténtica ante los electores. El señalamiento de que será una marioneta más del jefe de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en una réplica de lo que ha sucedido en la Ciudad de México con algunos delegados, no parece haber permeado todavía entre el electorado, como tampoco el que esté menos preparada para gobernar que Del Mazo, con quien disputará, de mantenerse la actual tendencia, la victoria.

Gómez es la anticandidata, la antistatus quo, la que se enfrenta, como López Obrador, al sistema político que rige en México. Este sistema lo representa el PRI, pues pese a los 12 años de gobiernos panistas, ni Vicente Fox ni Felipe Calderón fueron rupturistas, ni construyeron un nuevo sistema para el México de la alternancia. Vázquez Mota representa para el electorado la posibilidad de la alternancia, pero con la experiencia de Fox, está claro que este paso no es suficiente para un cambio profundo. Cepeda, que es un formidable candidato, representa a un partido en vías de extinción por un carácter mercenario de la primera parte del sexenio peñista que le costó en las urnas en 2015 sin que aprendiera la lección. Óscar González es el candidato del PT, nacido de las entrañas del PRI, regresó a sus orígenes en fechas recientes y está en la contienda para arrebatarle votos a Gómez, en beneficio de su placenta.

La elección en el Estado de México parece estar diseñada para que el candidato Del Mazo cuente con el respaldo esquirol de tres contendientes, y sólo tenga que luchar contra Vázquez Mota y Gómez. La panista, como en la campaña presidencial de 2012, no ha podido crecer para volverse competitiva frente a ellos dos, y habrá que ver su comportamiento en el debate para saber si se mantiene en la contienda por la Gubernatura, o también se entrega al PRI, por razones no de voluntad política o afinidad ideológica sino, como le sucedió hace cinco años, porque el voto útil tenía que ser para el PRI a fin de cerrarle el paso a López Obrador a Los Pinos, que hoy se trasladaría a Gómez para que no llegue al Palacio de Lerdo.

El segundo debate entre contendientes a la Gubernatura no deja nada a la especulación. Esta batalla va más allá de la elección en sí misma, es el referéndum si los electores quieren o no al PRI, o se cansaron de él, en el Estado de México y, quizás, en el resto del país.
08 Mayo 2017 04:00:00
El Gobernador apesta
Roberto Sandoval tiene una carrera meteórica que así como subió tan alto en escasos 10 años, todas las señales indican que caerá a la misma velocidad. El Gobernador de Nayarit se encuentra viviendo horas extras en libertad, por la gracia del candidato del PRI a la Gubernatura, Manuel Cota, quien pidió que no procedieran judicialmente en su contra por presuntos delitos en contra de la salud y enriquecimiento inexplicable, para no afectar el destino de una elección que piensa estar en condiciones de ganar en junio. Sandoval, según personas que platican con él, no alcanza a ver el problema en el que está metido y está convencido que las llamas en su entorno no llegarán a quemarlo. En cuatro semanas aproximadamente se podrá ver si su cálculo fue correcto.

Sandoval ha sido tocado por la mano del crimen organizado. Lo más público, la reciente captura del exfiscal nayarita Édgar Veytia en San Ysidro, a quien la DEA investigó durante casi cinco años y encontró vinculación y apoyo para dos cárteles enfrentados, el de los hermanos Beltrán Leyva, que habían hecho de ese estado su residencia y zona de reclutamiento de su guardia pretoriana, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es la organización criminal más importante de México en la actualidad. Tras la captura de su fiscal, el Gobernador corrió por el respaldo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien se lo dio en una primera instancia que, en todo caso, es temporal.

Otro tentáculo que lo tiene agarrado es el de José Emiliano Aguilar, el hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, detenido a finales de marzo acusado de tráfico de personas de origen chino a Estados Unidos. Aguilar fue capturado en la misma frontera que Veytia, entre Tijuana y San Ysidro, cuando trataba de contrabandear un grupo de chinos en la cajuela de su automóvil, por lo que había acordado un pago entre 3 mil y 60 mil dólares. Viejo amigo de Pepe Aguilar, el Gobernador se encargó de cuidar a José Emiliano, a quien utilizaba como chofer y asistente para asuntos personales.

Sandoval fue creación del exgobernador Ney González, su predecesor, y por cuya puerta construyeron en Nayarit algunos de los grandes jefes del narcotráfico, que hoy se enfrentan entre sí, un santuario.

Pero si González propició el refugio, fue Veytia durante el Gobierno de Sandoval quien metió a los cárteles de la droga a la estructuras gubernamentales. El exfiscal, que se acercó a los herederos de los Beltrán Leyva, terminó traicionándolos y respaldando sin que ellos supieran al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que provocó la implosión que ha causado tiempos violentos para los nayaritas, y colocó a Sandoval en un espacio de alta vulnerabilidad.

Funcionarios estatales admiten que tras la detención de Veytia, se consideró la posibilidad de buscar el desafuero de Sandoval e iniciar un proceso en su contra. De entrada, no sería por delitos relacionados con el narcotráfico, pero sí por enriquecimiento inexplicable derivado de su desmedida afición por los caballos, que llegaba a presumir abiertamente, obtenidos mediante apoyos que le dio el exgobernador de Chihuahua. César Duarte, perseguido también por la justicia mexicana, a través del sobrino de Sandoval, Hugo Sánchez Sandoval, quien fue coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en Nayarit.

Sandoval llegó a tener en dos ranchos en Tepic poco más de mil caballos que, cínicamente, dijo el año pasado que había comenzado a vender para no tener problemas posteriores con la ley. Esa afición le fue inyectada por José Manuel Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastian, el cantautor que murió en 2015, y cuyo hermano, Federico Figueroa, ha sido señalado reiteradamente por el Gobierno de Morelos de estar vinculado al grupo criminal de Los Rojos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva que opera en Morelos y varias zonas de Chilpancingo y Tierra Caliente en Guerrero.

Sandoval es de los gobernadores más pedestres que hay en el país, entre los menos preparados y entre quienes más voracidad mostraron durante su Administración. Tablajero de origen, el exgobernador González lo hizo diputado y presidente municipal de Tepic, antes de convertirse en su delfín para la Gubernatura. Notable su incapacidad por expresarse, difícilmente puede articular con fluidez dos ideas juntas, lo que no impidió trabajar muy de cerca con Veytia, llegarlo a promover para la Gubernatura y buscar que su sucesor fuera escogido por él.

Desacreditado en el Gobierno federal y el PRI cuando comenzó el proceso electoral en Nayarit, le impusieron como candidato al senador Cota. Sandoval se opuso a esa candidatura y trabajó en contra del designado, hasta que fue presionado desde la Ciudad de México para que respaldara al candidato oficial. A regañadientes lo hizo Sandoval, quien no mantiene una buena relación con Cota.

Paradójicamente, fue el candidato priista quien le dio oportunidad de seguir en libertad, porque tras tantos escándalos de corrupción y de vinculaciones al crimen organizado de encumbrados políticos del régimen, evaluó que una acción penal en contra del Gobernador podía afectar su propia campaña y la elección.

De acuerdo con funcionarios que conocen más detalles de las gestiones de Cota, la petición al Gobierno federal fue que no tomaran acciones en contra de Sandoval hasta después del 4 de junio, una vez que pasen las elecciones. La petición fue aceptada para no generar turbulencia electoral, pero no desechada. Si al final se procede en contra del Gobernador ya se verá, pero tocado por la mano del crimen organizado ineludiblemente quedó.
05 Mayo 2017 04:08:00
Manotazos a Peña
La ecuación sobre la seguridad no está saliendo en México. El presidente Enrique Peña Nieto admitió ante los gobernadores que hay varias zonas del país donde los índices de violencia regresaron a tiempos pasados –los años de la guerra al narcotráfico del presidente Felipe Calderón–, reconociendo un fracaso en la lucha contra los criminales, por lo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se puede colegir, corrió a la radio el jueves para hacer neutralizar toda crítica al ser el destinatario principal de la autocrítica presidencial. Le fue, como siempre, muy bien, porque no lo cuestionaron y pudo transmitir el mensaje para la masa: está en la primera línea, para lo que se ofrezca. Sin embargo, en donde la propaganda no tiene impacto ni son tan condescendientes, el sentir es diferente: México no está haciendo bien su trabajo en materia de seguridad y es tiempo de hacer algo al respecto.

En Washington ya pegaron manotazos, por medio de los secretarios más afines al Gobierno mexicano, Rex Tillerson, de Estado, y John Kelly, de Seguridad Interna. Con las finas formas que disfrazan la mano dura, anunció que convocaron a representantes del Gobierno mexicano a Washington el 18 de mayo para hablar sobre temas de seguridad y establecer una agenda común para combatir al crimen organizado. Eufemismos aparte, quieren decirle a México a detalle lo que desean que haga por ellos. El plan lo esbozó Kelly al anunciar el ajuste general a la estrategia de seguridad en América Central, en donde México, es la idea, mejore su trabajo y establezca una frontera hermética con Guatemala para frenar la inmigración indocumentada y a los criminales.

El Gobierno mexicano, dice Kelly, ha mejorado su seguridad fronteriza, pero es insuficiente. Tiene que fortalecerla y servir para lo que quieren en Washington, un buffer state, una línea que contenga todo lo que toque la puerta del Suchiate, y no a 160 kilómetros dentro de territorio mexicano, que es lo que ha hecho el Gobierno mexicano regalando superficie a los criminales, al establecer ahí los controles militares en lo que hoy en día, para efectos de seguridad, es la frontera sur de México con el resto del mundo. El plan de Kelly ajusta la Alianza para la Prosperidad impulsada por el presidente Barack Obama en octubre del año pasado, que inyectó 750 millones de dólares en Centroamérica para impulsar proyectos que impulsen el desarrollo económico y lleven a la construcción de un estado de Derecho que combata al crimen organizado.

Ahí está la obsesión del presidente Donald Trump, particularmente la Mara Salvatrucha, subproducto de la intervención de Estados Unidos en la guerra civil en El Salvador de los 80, que nació en Los Ángeles para defenderse de las pandillas mexicanas en aquella ciudad. Trump dijo durante un mitin en Harrisburg el sábado pasado al celebrar los primeros 100 días de su gobierno, que esa pandilla salvadoreña ya se encuentra en Long Island, Nueva York, donde creció. Días antes, el procurador Jeff Sessions visitó Long Island y dijo que la MS, como llaman a los maras, “representan una de las mayores amenazas a la seguridad de los estadunidenses”. No hay que equivocarse. No son los cárteles de la droga mexicanos quienes más les quitan el sueño en la Casa Blanca, sino esta pandilla que se metió en lo que fue la casa del infante Trump. 

“Lo que vamos a ver es un mayor involucramiento directo entre los gobiernos centroamericanos y el mexicano, y un esfuerzo más intenso por integrar el lado económico con el lado de la seguridad”, dijo William Brownfield, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales Judiciales y Narcotráfico, en una entrevista con la agencia Reuters. “Vamos a ver que esta estrategia, que ya ha sido desarrollada, sea empujada más fuerte y agresivamente en este año y después”. Sus palabras suenan muy fuertes. Quien tiene que hacer ese trabajo es México, de acuerdo con los lineamientos que les den en Washington. La estrategia no es mexicana, es estadunidense, pero Peña Nieto tiene que seguirla.

Esto no es nuevo. La hoja de ruta la dejó muy clara el general Kelly durante sus audiencias en el Senado en enero, durante el proceso de su reconfirmación como secretario de Seguridad Interior, y que ha sido su preocupación desde que era jefe del Comando Sur en Panamá. En un discurso en octubre de 2014 en la Universidad de Defensa Nacional en Washington, Kelly expresó la urgencia por combatir los sindicatos trasnacionales criminales en el Triángulo Dorado –Guatemala, El Salvador y Honduras–, que envían miles de millones de dólares en cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos, y exportan violencia. Dijo que para que esto pueda tener éxito, tendría que repetirse “el milagro de Colombia”. Es decir, un Plan Colombia diseñado y administrado por Estados Unidos. Sólo para no olvidar, la MS está asociada a Los Zetas en sus crímenes en aquella nación.

La nueva estrategia va a ser firmada por los gobiernos de América Central, Estados Unidos y México el próximo mes en Miami. El Gobierno del presidente Peña Nieto no ha querido hablar mucho sobre el tema porque es bastante indigno. Aceptaron participar en la estrategia de seguridad de Estados Unidos, sin colocarla como una baza en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hace unos días Osorio Chong dijo que esa es parte de la estrategia. Se sigue burlando el Gobierno de sus gobernados. Ya aceptaron participar en la estrategia de Trump antes de empezar a negociar él. Y a nadie se lo dijeron en México.
04 Mayo 2017 04:08:00
Dámaso, las verdades a medias
Despejada la tolvanera que dejó la captura de Dámaso López, el sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán dentro del cártel del Pacífico, lo que no está nada claro es por qué y de parte de quién fue la detención. Perseguido por Estados Unidos desde enero de 2013, no había una preocupación similar en México, aunque aparece en la lista de los 17 objetivos del narcotráfico –de un total de 122– que todavía faltan por detener. El silencio de las autoridades mexicanas no ayuda a disipar las dudas, ni resuelve preguntas fundamentales: ¿realmente quería detenerlo el Gobierno mexicano? ¿Había una investigación en su contra? ¿Se le detuvo por presión de Estados Unidos? Por el contrario, sus declaraciones fragmentadas, junto sus temores de comparecer ante la prensa, ha llevado únicamente a contradicciones que muestran que la verdad del Gobierno mexicano sobre la captura, es una verdad a medias.

La primera señal de que las cosas que decían las autoridades mexicanas eran parciales y confusas, se dio cuando al celebrar la detención de López, el presidente del Senado, Pablo Escudero, declaró: “Es un éxito de la PGR y la Secretaría de la Defensa. Es una buena señal de cómo se están articulando las autoridades norteamericanas con la Marina, la PGR y la Defensa Nacional”. Es decir, en la persecución y finalmente detención de López, participaron activamente las agencias de inteligencia estadunidenses. Ningún funcionario confirmó lo dicho por Escudero, pero tampoco lo negó. El jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Omar García Harfuch, profundizó la confusión, al asegurar en un mensaje a medios el martes –que originalmente se organizó como conferencia de prensa–, que la detención obedeció a una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

Lo que dijo no se sostiene con los hechos, o las autoridades violaron el debido proceso de López, por lo que dado el garantismo actual de la Suprema Corte de Justicia, puede salir en libertad y las acusaciones desechadas como pruebas para mantenerlo en la cárcel. Esto se explica porque si lo señalado por García Harfuch es cierto, sus agentes debieron haberlo llevado ante el juez que habría ordenado su detención con fines de extradición, y no trasladarlo directamente a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de la Delincuencia Organizada.

Expertos dijeron que la única justificación de llevarlo a la SEIDO tendría que ser mediante la apertura de una carpeta de investigación tras la difusión en los medios la semana pasada de un video realizado por un hacker en donde aparece López. Funcionarios confirmaron indirectamente esa explicación al señalar que sería cumplimentada una orden de aprehensión por el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales de Jalisco, y le serían imputados delitos flagrantes, lo que apoya el dicho de García Harfuch –y ratifica violación al debido proceso–, que tendría que ver con los paquetes de metanfetaminas que se encontraron en el departamento donde se encontraba durante los cateos tras su detención.

La manera como se están tropezando las autoridades mexicanas en la explicación clara sobre el origen de la captura de López, no puede entenderse sin observar a la contraparte estadunidense. El Gobierno del presidente Barack Obama mantuvo sellado, sin explicación alguna, el expediente sobre López abierto en 2011, desclasificado el 7 de marzo de 2013 al iniciar el juicio en su contra en la Corte Este de Distrito en Virginia. El 9 de enero de ese año, el Departamento del Tesoro lo incluyó junto con Inés Coronel Barreras, suegro de “El Chapo” Guzmán y condenado la semana a 10 años de prisión, como los principales lugartenientes del capo sinaloense en la llamada Acta Kingpin, que prohíbe todas las relaciones comerciales y financieras de ciudadanos estadunidenses con ellos y sus empresas.

En noviembre de 2011, el Gobierno de Estados Unidos solicitó la orden de aprehensión contra López, por lavado de dinero y tráfico de cocaína por 280 millones de dólares. Las investigaciones se profundizaron en Estados Unidos, mientras que en México no se dio seguimiento. Una orden de aprehensión solicitada por la PGR en febrero de 2011 fue peleada en tribunales por López, quien obtuvo un amparo el 22 de noviembre de 2012. Desde entonces no hubo nada en su contra hasta los últimos días, cuando se le detuvo como consecuencia directa, aparentemente, de un video hecho por un hacker y difundido por Carlos Loret en su programa Despertar de Televisa.

Ese video cambió la dinámica dentro del Gobierno mexicano al quedar expuesto ante la opinión pública. Loret dijo que había sido videograbado por una persona que tras entregar el material viajó a Estados Unidos para “ser protegido por ese país”. ¿Por qué tendría que ser protegido por Estados Unidos alguien que no sirvió a Estados Unidos? Quienes proporcionaron a Loret el video, no lo explican. Tampoco por qué, si era un hacker infiltrado por los mexicanos, no le dieron protección.

Con la información disponible se puede argumentar que ese hacker no trabajaba para el Gobierno mexicano, sino para el estadunidense. Por lo tanto, era un activo de los servicios de inteligencia de ese país, que tras cumplir con su objetivo –quizás agudizar las contradicciones en el Gobierno mexicano sobre qué hacer con López–, fue extraído para proteger su vida. Esta acción sería consistente con la persecución en aquella nación contra López, y la decisión de explotar mediáticamente la presencia del narcotraficante en la Ciudad de México, para obligar a un gobierno pasivo a actuar y no ser exhibido como cómplice, voluntario o no, de los cárteles de la droga.
03 Mayo 2017 04:08:00
La sonrisa de “El Mayo”
La captura de Dámaso López en la Ciudad de México es un respiro para uno de los líderes de una de las organizaciones criminales más fuertes en el país, Ismael “El Mayo” Zambada, jefe del cártel del Pacífico. En una operación contra la estructura central de López, a quien apodan “El Licenciado”, el Ejército y la PGR detuvieron a quien se había convertido en una amenaza para la aristocracia criminal del narcotráfico y provocado una espiral de violencia en el noroeste del país. Su aprehensión ayudará a que en el mediano se restablezca la Pax Narca en Sinaloa, y que los enfrentamientos de los últimos meses en la sangrienta la lucha de poder por la supremacía criminal, se reduzcan significativamente.

Dámaso López es la persona más cercana a Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuya relación comenzó en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, donde estaba preso, y “El Licenciado” era subdirector y jefe de seguridad. López fue uno de los principales colaboradores de Guzmán para que se fugara en 2001 y más adelante lo acompañó en su fuga. Su relación se fortaleció y actualmente son dobles compadres. Al ser detenido por segunda ocasión “El Chapo” en enero del año pasado, López asumió el liderazgo de la facción de Guzmán dentro del cártel del Pacífico, lo que produjo un choque con sus hijos, quienes desconocieron y disputaron su liderazgo.

Los hijos de Guzmán son parte de la estructura del cártel del Pacífico, cuyo jefe único es “El Mayo” Zambada, ante la probable muerte de Juan José “El Azul” Esparragoza, figura histórica del narcotráfico. La irrupción de López como uno de los jefes en esa organización, quien no tiene los vínculos familiares que han forjado sus dirigentes a lo largo de tres generaciones, propició una ola de violencia donde con plomo buscó consolidar una hegemonía en territorios en poder de los pacíficos y del cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos líderes son los únicos grandes capos que no han sido detenidos.

En febrero pasado, los hijos de “El Chapo”, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, entregaron una carta a la prensa donde denunciaban que “El Licenciado” había tratado de asesinarlos junto con “El Mayo” Zambada en una junta a la que, explicaron, fueron convocados el 4 de febrero en la sierra de Sinaloa. Según los jóvenes Guzmán, iban a resolver el secuestro que sufrieron siete meses antes en Nuevo Vallarta, aparentemente responsabilidad de López, pero al llegar al punto seleccionado fueron emboscados. Varios de sus escoltas murieron en el enfrentamiento, lo que no sólo intensificó la violencia que se había desatado en los días previos, sino que se incrementó.

Para ellos, la captura de Dámaso López es justicia poética. Fuera de circulación quedó la persona con la que se habían enfrentado en los últimos meses y que se había convertido en un distractor para la lucha que viene, con el cártel Jalisco Nueva Generación que dirige Nemesio “El Mencho” Oseguera, y que de acuerdo con una investigación realizada por EjeCentral, es la organización criminal que más se ha expandido en el sexenio y que de mantenerse su crecimiento, se calcula que para finales del próximo año tendrá hegemonía criminal en 80% del territorio nacional. En el último año, Oseguera ha desafiado al Pacífico en sus viejos bastiones y le ha ido quitando hegemonía en varias de las zonas que controlaba en el noroeste del país y en sus litorales.

La detención de Dámaso López tuvo como preámbulo la filtración de un video del CISEN, en donde aparecía un hacker que tenía infiltrado la inteligencia civil, que le entregaron al programa Despertar del periodista Carlos Loret, y en donde aparecían imágenes frescas de “El Licenciado”, cuyas fotografías en manos de las autoridades eran muy viejas. Ese tipo de filtraciones a la prensa suelen tener dos objetivos distintos. O se utilizan para avisar a un criminal, desde el interior de las instituciones, que lo están siguiendo para que pueda huir, o se hace para mostrar lo cerca que están de atraparlo y forzarlo a moverse y a cometer errores para poder detenerlo. Aparentemente esto último es lo que sucedió, donde presumiblemente hubo una traición de familiares.

López fue detenido en la Ciudad de México, en donde también se atrapó en un operativo simultáneo en otro punto de la capital, a Víctor Geovanny González, señalado como operador financiero y logístico local de “El Licenciado”. Su detención vuelve a cohesionar al cártel del Pacífico, que no pudo conseguir tras la captura de “El Chapo” Guzmán por la rebeldía de López, quien originalmente se había plegado a su liderazgo para meses después traicionarlo. El cártel del Pacífico no sufrió con la detención de Guzmán, quien desde su primera fuga en 2001 y vivir prófugo, se había vuelto más la marca del crimen organizado que el eje alrededor del cual operaba la organización sinaloense. Pero las diferencias con López estaban debilitando a toda la estructura, que está velando armas para enfrentarse más adelante con el cártel Jalisco Nueva Generación.

El cártel del Pacífico enfrentará ahora las reacciones de los leales de López, por lo que es posible que haya un repunte en la violencia. Pero sin el liderazgo y la captura de varios de sus lugartenientes, es más probable que su fuerza se desvanezca rápidamente y “El Mayo” Zamabada quede como jefe único de esa organización criminal y el líder del narcotráfico que más tiempo ha estado fuera del alcance del Gobierno federal.
02 Mayo 2017 04:07:00
Tango mexiquense
Los equipos de campaña de Alfredo del Mazo, Josefina Vázquez Mota y Juan Zepeda, tienen que resolver, cada quien a su manera, qué van a hacer para impedir que Delfina Gómez les gane la Gubernatura en el Estado de México dentro de casi un mes. No hay duda, en estos momentos, que la candidata de Morena tiene la tendencia vencedora y el momentum frente a sus adversarios. No pudieron noquearla en el primer debate la semana pasada donde, si bien en el análisis de prensa posterior al debate no resultó la triunfadora, tampoco se colapsó. Había pocas expectativas sobre un rendimiento, por lo que al no desplomarse, continuó cosechando del malestar colectivo al ser la única que hasta ahora es la depositaria del voto que quiere un cambio profundo en el estado.

Para entender lo que está sucediendo en el Estado de México hay que tomar como referencia las dos últimas encuestas de preferencias electorales que son públicas, difundidas el mismo día en Reforma y Consulta Mitofsky. Las dos muestran, tomando en consideración sus márgenes de error, que la elección es parejera, entre Gómez y Del Mazo, y no entre tres o entre cuatro, como los estrategas del PRI y del PAN están queriendo hacer creer a la prensa política. En los dos casos hay un empate técnico, con Gómez arriba (29% en Reforma y 24.4% en Consulta), casi igual que Del Mazo (28% en Reforma y 23.6% en Consulta).

Los dos estudios fueron levantados una semana antes, pero la forma como se publicaron sugiere, en el subtexto de la elección mexiquense, las presiones que hay sobre los medios de comunicación ante los resultados de las muestras. Reforma publicó una semana después de realizada la encuesta, dentro de los parámetros con los cuales se programa la difusión de los estudios en los medios, que luego de revisar y organizar los datos, buscan los arranques de semana para mayor impacto en la opinión pública, mientras que Consulta, que tiene un viejo acuerdo de publicación con El Economista, no pudo difundirla en ese medio.

La necesidad de dar a conocer el resultado el mismo día de Reforma, que además coincidía con la celebración del primer debate, llevó a buscar la publicación en otro medio, que fue El Universal, que en los últimos procesos electorales se ha caracterizado por difundir encuestas externas a las que realiza, con su equipo propio o en asociación con Buendía&Laredo y Asociados, que no es algo común ni éticamente visto bien en la industria de la demoscopía. La encuesta de Consulta encontró en el portal de ese diario, el principal de noticias en México, su salida conveniente. Al optar El Economista por no difundirla, el estratega de imagen y medios de Gómez, Hugo Scherer, pidió a Consulta, con quien mantiene una larga y profunda amistad y sociedad, que viera la luz en El Universal para poder reforzar el resultado de Reforma.

El objetivo se cumplió. Delfina Gómez confirmó su tendencia al alza en la contienda por la Gubernatura del Estado de México, que era un dato que ya habían registrado los equipos de campaña rivales en ese estado. Pero al número sobre preferencia electoral, donde está empatada con Del Mazo, hay que añadir otros dos. El primero es sobre la opinión de partidos, donde Morena sale un punto abajo de la alianza PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social en la encuesta de Reforma en la valoración positiva, contra 7.3 puntos que sale arriba en la de Consulta. El segundo, el más relevante de todos, es a la pregunta que hacen las dos empresas sobre por quién nunca votaría en esta elección. En Reforma, el 42% de los encuestados dice que por Del Mazo, y apenas el 12% por Gómez, mientras que en Consulta 46.4% dicen Del Mazo contra 6.5% que señalan a Gómez. Es decir, cuatro de cada 10 electores, en definitiva, no quieren salir a votar por el mismo partido en el Gobierno y buscan la alternancia.

El malestar cabalga en el Estado de México como en el resto del país. La aprobación del gobernador Eruviel Ávila, según encuestas no públicas que se han consultado, está por debajo del 40%, con lo cual, históricamente, es inferior al porcentaje que requiere un mandatario para poder impulsar al candidato del Gobierno. La aprobación del Presidente, el mexiquense Enrique Peña Nieto, pese a toda la inyección de recursos al estado y el desfile de funcionarios federales para apoyar con programas sociales a los mexiquenses, ronda el 20%. Si se quiere ver desde el otro lado, el Presidente tiene una desaprobación de 80% y el Gobernador de 60%, lo que no ayuda al candidato Del Mazo.

La candidata del PAN, Vázquez Mota, se encuentra en un lejano tercer lugar en las preferencias electorales, y aún más abajo el perredista Zepeda, con lo cual la dispersión del voto opositor no es suficiente, en estos momentos, para cambiar la tendencia ganadora de Gómez. La próxima semana van a tener todos una nueva oportunidad en el debate, donde los partidos y los equipos ya están negociando un nuevo formato para agilizar las réplicas. Probablemente se verá un énfasis para tratar de tirar a Gómez. A lo largo de la historia se ha demostrado que si bien de los debates no garantizan a un ganador, sirven para ayudar a que alguien pierda. En este sentido, Del Mazo necesitará mucho más de lo que hizo en el primer debate para detener a Gómez. Si no, perderá él, el PRI y, sobre todo, Peña Nieto.
28 Abril 2017 04:08:00
El rey de los Dragones
Luis Carlos Castillo Cervantes nació en Valle Hermoso, una comunidad tamaulipeca que ha sido escenario en los últimos años de una guerra sin fin entre cárteles de la droga. De ahí huyó a Texas en los 90 para librarse de la justicia, al haber estado involucrado en un accidente de tránsito donde murieron dos jóvenes, y regresó años después con la representación de Cutler Repaving Inc., la empresa de reciclaje más antigua en Estados Unidos, que desarrolló una tecnología para asfaltar mediante una máquina multiusos, que conforme avanzaba, trituraba y mezclaba en un solo movimiento. Esa maravilla de la construcción le permitió a Castillo Cervantes a despegar y a conectarse con gobernadores de todos los partidos, y su volumen de contratos multimillonarios hizo que lo llamaran “el rey de los Dragones”, porque Dragón es como se conoce a esa máquina en la industria.

Castillo Cervantes fue detenido en McAllen, Texas, en noviembre de 2016, acusado de lavado de dinero, y en unas cuantas semanas prefirió soltar todo lo que sabía en la Corte Federal en Corpus Christie, donde se integró un expediente de 30 mil fojas, de las cuales 79 fueron desclasificadas esta semana. Castillo Cervantes, se puede presumir, alcanzó un acuerdo con los fiscales federales de aportar información a cambio de reducción de su pena. Lo que dibuja este nanovolumen de documentos de su caso, es una historia de horror sobre los niveles de corrupción a los que ha llegado la clase política mexicana.

Ochenta millones de pesos le entregó por una sola obra al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y a su sucesor, Jorge Juan Torres, le dio 6.8 millones de dólares en sobornos, además de haberle ayudado, al igual que al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, a lavar “decenas de millones de dólares” en el International Bank, del que tenía 7% de sus acciones, donde también lavó 3 millones de dólares para el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat. Otro exgobernador tamaulipeco, Tomás Yarrington, quien está detenido y acusado de ser parte orgánica de los cárteles tamaulipecos, también fue involucrado por Castillo Cervantes, aunque en la documentación pública no se precisan los detalles.

Cinco gobernadores son un exceso de corruptos, o presuntos corruptos mientras no sean sentenciados, quienes se suman a una lista importante de exmandatarios metidos en problemas con la justicia. En la cárcel se encuentra el de Sonora, Guillermo Padrés, y el de Michoacán, Jesús Reyna. Javier Duarte de Veracruz está en una cárcel guatemalteca en espera de su extradición, mientras que el de Chihuahua, César Duarte, está por convertirse en prófugo de la justicia, como es el destino mediato de Roberto Borge de Quintana Roo. Rodrigo Medina, de Nuevo León, lleva casi un año defendiéndose de ir a la cárcel en forma definitiva ante lo que se acusa a la mayoría, desvío de recursos. Qué sistema político tan podrido es bajo el cual se rigen más de 120 millones de mexicanos.

Castillo Cervantes, que tiene 56 años y corría el riesgo de ser sentenciado a 20 años de prisión, optó por hablar y declararse culpable, para convertirse en un testigo protegido del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre las relaciones que tuvo, de acuerdo con los documentos de la Corte Federal, aparecen varios exgobernadores, como Enrique Peña Nieto del Estado de México, aunque no hay insinuación en lo que se conoce públicamente de ningún acto de corrupción o desvíos de dinero. No existe señal alguna sobre qué más pudiera aparecer en las 30 mil fojas del expediente, pues si bien “el rey de los Dragones” trató con políticos y empresarios de todo el país, no significa que se dieran irregularidades en cada contrato que obtuvo.

Un paisano suyo lo ayudó a introducirse en los grandes círculos del poder, Juan Armando Hinojosa, del Grupo Higa, y los exgobernadores, Enrique Martínez y Martínez de Coahuila, y Alfredo del Mazo González del Estado de México, lo llevaban con gobernadores para ofrecer sus servicios. Castillo Cervantes solía invitar a reuniones de negocios a una de sus casas en Texas a gobernadores mexicanos, a quienes les enviaba sus aviones para que los transportaran sin mayor problema. Cuántos de quienes estuvieron ahí participaron de actos delictivos, no se sabe.

Lo que sí aparece con detalle en el expediente, son los diferentes modelos de creación de empresas fantasma para triangular operaciones financieras ilegales con cuatro de los cinco exgobernadores que supuestamente participaron del multimillonario esquema de corrupción que se extendió durante casi 15 años y que utilizó paraísos fiscales en el Caribe. La ingeniería financiera que describió Castillo Cervantes involucra a empresarios en varios estados y a secretarios de Finanzas en las entidades señaladas, pero también arroja elementos que llaman la atención, como el que varias cuentas a las que se transfirieron recursos ilegales, según la justicia estadunidense, estuvieran a nombre de algunos de los exgobernadores.

El descuido para cubrir las huellas de actos criminales habla de negligencia y hasta una tontería, pero sobre todo de la idea de impunidad. Vistas las líneas de tiempo de las investigaciones en Estados Unidos que están mostrando la corrupción de gobernadores, el sabor de boca que deja es que los incentivos para administrar dentro de los límites de la ley, fueron mucho menores que aquellos para enriquecerse a costa del erario, y sin pensar en la rendición de cuentas, que los ha alcanzado.
27 Abril 2017 04:08:00
¿Hasta cuándo aguantaremos a Trump?
Por razones estratégicas, la relación con el presidente Donald Trump se procura mantener con la mayor cordialidad y con la muy firme intención de que no haya nada que pueda molestarlo. Esta lógica de subordinación política no tiene como principal razón de ser que Estados Unidos sea el principal socio comercial de México, y que cualquier diferencia de fondo que haya entre los dos países afecta directamente a la economía mexicana, como ha vuelto a suceder en los últimos días, donde el renacimiento del discurso incendiario de Trump hacia este país evaporó la recuperación del peso contra el dólar y volvió a poner muy nerviosos a los mercados. La razón de la estrategia aprobada por el presidente Enrique Peña Nieto es otra. Sus principales asesores lo convencieron de que si llevaba la fiesta en paz con Trump, una vez que dejara la Presidencia garantizaría que el Gobierno de Estados Unidos no buscaría perseguirlo por delitos que le quieran imputar. Es decir, su postura frente a Trump busca un blindaje jurídico cuando deje Los Pinos.

El Presidente no entiende muy bien cómo opera el sistema en Estados Unidos, ni el político, ni el jurídico. Ubicar a la Casa Blanca en el contexto de Los Pinos, desde donde se pueden entrometer en los poderes Legislativo y Judicial para alinearlos a sus objetivos, es un error. Los poderes en aquella nación sí funcionan como contrapesos uno de otro, autónomos, independientes y de una constante fricción que produce un mejor gobierno, mejores leyes y mejor justicia. En la mente del Presidente y sus asesores está la amenaza de que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, sea el pretexto para llevarlo al Tribunal Internacional de La Haya y juzgarlo por esos crímenes, como se ha venido ventilando desde entonces.

Por esa razón contrató a dos respetados abogados que le hicieron un estudio de probabilidad de ese juicio y concluyeron que no habría forma de enjuiciarlo. Todo podría contenerse, le dijeron, en una acusación en contra de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, que encabezó las pesquisas del crimen en Iguala y que hoy es su principal asesor de seguridad nacional. Los abogados, grandes penalistas sin experiencia internacional le dieron una primera tranquilidad. El reforzamiento existencial en el Presidente, de acuerdo con la estrategia que avaló, fue haber aceptado aguantar los desplantes de Trump para que al terminar su sexenio pudiera retirarse a donde quisiera con tranquilidad. El Presidente, sin embargo, omite dos cosas: quienes están armando el caso de genocidio en su contra no son abogados del Gobierno, sino expertos en derechos humanos de organizaciones no gubernamentales, resilientes a las presiones de Washington, y que Trump no aprecia en absoluto sus gestos y lo que piense, sienta y afecte a Peña Nieto, le da exactamente lo mismo.

La última señal se dio este mismo miércoles, cuando el influyente portal Político reveló que Trump está considerando firmar una orden ejecutiva para salierse del Tratado de Comercio de América del Norte. El borrador de la orden ejecutiva fue elaborado por Peter Navarro, el director del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca, con la colaboración de Stephen Bannon, el estratega en jefe de Trump. Navarro era una de las personas en la Casa Blanca con quien mejor relación había desarrollado el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y con quien estaba revisando los términos de la renegociación del acuerdo. Bannon fue quien cuando Videgaray encabezó la primera delegación oficial a la Casa Blanca a principio de año, los insultó y provocó que a punto estuvieran los mexicanos de levantarse de la mesa ante el agravio. Bannon era el propietario del portal Breitbart News, que al día siguiente de la victoria de Peña Nieto en la elección presidencial de 2012, publicó que los mexicanos habían electo a un presidente financiado por los cárteles de la droga.

El mensaje de Trump al pedir la redacción de la orden ejecutiva vuelve a sacar la parte más negativa del Presidente estadunidense con respecto a México. Político señaló que la intención es forzar a México y a Canadá a renegociar el acuerdo trinacional en los términos que desea la Casa Blanca. La semana pasada, recordó Político, Trump afirmó: “El TLCAN ha sido muy, muy malo, para nuestro país. Ha sido muy, muy malo para nuestras compañías y para nuestros trabajadores, y le vamos a hacer algunos grandes cambios o nos saldremos del TLCAN de una vez por todas”. Esos cambios implican, entre otras cosas, imponer tarifas y barreras arancelarias, que reiteradamente ha rechazado el Gobierno mexicano.

Si Trump firma o no la orden en los próximos días, como se anticipa, no modifica en absoluto la actitud del Presidente estadunidense hacia México. Pensar que ser modosos con Trump es el mejor camino para la paz interna de Peña Nieto, es una equivocación. Si a Peña Nieto le fincan una acusación internacional por genocidio, no será porque se llevó bien o mal con Trump. Es irrelevante. Ese caso correría por diferentes correas. Lo que no es nimio es que se siga manteniendo una actitud pasiva frente al jefe de la Casa Blanca. El fin del TLCAN afectaría a los tres países, muy probablemente más a México en el corto plazo. Pero no será el fin del mundo. La réplica económica para Estados Unidos, coinciden los expertos, sería devastadora para muchos sectores económicos e industriales en aquella nación. México no puede seguir a la deriva por la bipolaridad política de Trump. Si Trump quiere usar una pelota dura con México, que empiece el juego.
26 Abril 2017 04:09:00
Camino a la colisión
El diálogo de sordos es lo que prevalece en México. Por un lado, hay quienes afirman que se vive una crisis de gobernabilidad y ruptura en el consenso del Presidente para gobernar. Por el otro, hay quienes sostienen que no existe crisis de gobernabilidad y que la baja aprobación de la gestión presidencial es irrelevante. También hay preocupación y alarma entre quienes ven que el mero acuerdo institucional de elecciones no será suficiente para que quien gane la Presidencia en 2018 pueda gobernar, por lo que hay que explorar una segunda vuelta electoral que permita al que gane tener una mayoría que dé legitimidad a su mandato, o establecer la figura de gobierno de coalición. Quienes así lo piden tienen como particularidad que no están en el poder, porque quienes sí lo tienen, no ven necesario ninguna nueva reforma electoral.

Las dos figuras centrales en este diálogo de sordos son el presidente Enrique Peña Nieto, y el exlíder del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Desde que era gobernador, Peña Nieto rechaza la segunda vuelta, al que se ha recurrido en varios países para evitar que la atomización del voto lleve a la balcanización política. Tampoco le gusta un gobierno de coalición porque implica algo que le es inaceptable, tener que compartir el poder. Desde que era senador hace cinco años, Beltrones empujó un gobierno de coalición para evitar lo que comenzó con Felipe Calderón y se profundizó con Peña Nieto: la falta de consenso nacional.

“No podemos permitirnos tener presidentes con niveles de legitimidad que a veces ni alcanzan el 30%, o elecciones polémicas como la de 2006”, dijo Beltrones la semana pasada durante un encuentro sobre gobiernos de coalición en la Ciudad de México. “Para el 2018, las encuestadoras dicen que el presidente o la presidenta electa no llegará a tener más que el 30% de apoyo popular. No podemos dejar que eso vuelva a suceder”, agregó. “Tenemos que armar un esquema de gobernabilidad sustentable, con mayor apoyo de la gente. No podemos permitir nunca más que el Gobierno sea una escuela de aprendices. Si se llega al Gobierno es para poder hacerlo funcionar con gobernabilidad”.

Su discurso no tuvo mayor impacto en la población, pero dentro de los tomadores de decisiones y los medios de comunicación se interpretó como una crítica directa al Gobierno de Peña Nieto. Beltrones nunca se había referido a evitar una “escuela de aprendices” en el Gobierno, con lo que se infirió que el mensaje era para el actual inquilino de Los Pinos. Criticó en el pasado el modelo de head hunters que utilizó Vicente Fox para integrar su gabinete –que hoy reconoce el expresidente que fue un error–, y lo enconchado en la integración del de Calderón. Pero un equipo bisoño es un término que no había empleado con anterioridad. Beltrones utiliza la experiencia vivida para evitar un futuro caótico si, como perfilan las encuestas, nadie alcanzará más del 30% del voto en 2018, que podría repartirse en partes similares entre tres partidos.

Una falta de consenso para gobernar lleva por caminos tortuosos. El que recorrió Calderón fue el de la parálisis legislativa, donde constantemente chocó con los partidos en el Congreso que lo mantuvieron acotado e impidió que se hicieran reformas de fondo, como la energética. El de Peña Nieto logró con éxito un acuerdo cupular –el Pacto por México– para sacar adelante un paquete inédito de reformas que transformarán al país, pero que por el modelo excluyente con el que se negociaron –el Congreso sólo sirvió para votarlas, no para discutirlas; los grupos afectados fueron soslayados, y la sociedad representada en las cámaras ignorada–, rompió el tejido político, social y económico. Los beneficios de largo plazo que supuestamente tendrán las reformas, son recetas que no ha aguantado el paciente y ha polarizado aún más, a una de sí dividida sociedad.

La fabricación del consenso es esencial para gobernar. Si no ha habido políticos aptos para irlos construyendo, que es lo que sugiere Beltrones, habría que proponer un modelo de gobierno de coalición. La forma como lo ha planteado incorpora también la segunda vuelta, pero como última instancia. Beltrones dice que si un candidato o candidata no alcanza el 40% del voto, tendría que negociar con uno o más partidos un gobierno de coalición –similar a lo que existe en los regímenes parlamentarios-, para lo cual se establece un tiempo límite para alcanzar ese acuerdo. Si no lo logra, añade, tendría que darse una segunda vuelta electoral. En cualquier caso, quien ganara garantizaría una mayoría para gobernar.

El gobierno de coalición no está en los genes de Peña Nieto, quien es un presidente muy excluyente que gobierna sólo con un muy reducido grupo de colaboradores. La segunda vuelta nunca la ha querido porque considera que no beneficia al PRI. Tiene razón. El voto útil, que es lo que significa una segunda vuelta electoral, nunca ha sido para el PRI. En la actualidad menos: más del 75% del electorado no sabe por quién votará con claridad, pero sí sabe que por el PRI no lo hará. La oposición a que el PRI impulse una nueva reforma electoral que vea hacia el futuro y evite la ingobernabilidad puede verse desde dos ópticas. O Peña Nieto es un político egoísta y medroso, o sabe que en junio de 2018, el PRI ganará y que su mayoría será clara. Usted dirá.
25 Abril 2017 04:07:00
La geografía de López Obrador
El ser puntero casi permanente en las encuestas presidenciales, han construido la percepción que Andrés Manuel López Obrador llegará a la Presidencia en 2018. Un sistema político infectado con escándalos por ineficiencia y corrupción, junto con crecimiento económico mediocre y millones de mexicanos que se sienten desconectados del bienestar, forman un cuerpo al que todos los días se alimenta con discursos de que no importa todo lo bueno que se haga, sólo se ve lo malo, o que no hay crisis salvo en la mente de los mexicanos, que revela una claudicación ante el debate público por la incapacidad para entender el fenómeno mexicano que, además, no es sólo mexicano sino universal.

López Obrador, a diferencia de su lucha por alcanzar la Presidencia en 2006 y 2012, fue alcanzado por las circunstancias que llevaron al poder a Donald Trump y alumbraron al desconocido Bernie Sanders, que volvió provincianos a los globalizadores ingleses, o colocó en la final presidencial de fotografía en Francia a Emmanuel Macron y Marine Le Pen.

Mal haría sin embargo, quien trace analogías mecánicas entre cada una de esas personas que están cambiando el metabolismo en el mundo. Lo que los une no es su pensamiento, programa o ideología, sino un discurso que apeló a electorados agraviados por aquellos a quienes los franceses llaman “los burgueses bohemios”, un segmento estudiado por Christophe Guilluy en un relevante libro para estos tiempos escrito en 2014, La Francia Periférica, a quienes el autor, geógrafo de profesión, ha dicho que su análisis no sólo se aplica a su país sino a todo el Occidente, porque fueron quienes dañaron el tejido social y económico al crear dos sociedades, los que tienen y los que no, con un egoísmo que no vio sus consecuencias en el largo plazo.

“El sistema globalizado construyó sus fortalezas, y protegidas por el muro del dinero y el deseo de permanecer sólo entre ellas mismas, las élites pudieron disfrutar las ventajas de la globalización en toda su magnitud”, escribió Guilluy. Esto, precisó en relación a su país, “lejos de la Francia periférica, donde se olvidaron de la existencia de la clase trabajadora”. El libro explora la división indisoluble de las clases sociales en función de lo que poseen y a lo que tienen acceso, así como la emergencia de una contra sociedad. López Obrador ya había construido un discurso para los desposeídos muchos años antes de que Guilluy comenzara incluso a pensar su libro, y desarrollado una retórica excluyente para definir los campos de los ricos y los pobres –aunque en los últimos meses la ha matizado-, y la necesidad de tomar el poder para cambiar ese rumbo convertido en proyecto de nación de las minorías.

En una entrevista con la agencia Reuters en octubre 2014, Guiluly decía que su país había perdido la fe en los partidos de centro derecha y centro izquierda convencionales, por lo que en ese momento estaban volteando al extremista partido del Frente Nacional de Le Pen. Las elecciones presidenciales en Francia demostraron este domingo su hipótesis: los dos partidos que dominaron la política francesa desde la Segunda Guerra Mundial, se colapsaron. Guilluy decía en su libro que el patrón de voto en Francia se volcaba a quienes representaban el anti sistema provenientes de las zonas rurales y menos educadas, que superaban al electorado en las grandes ciudades, principales beneficiarias de la globalización. Este mismo fenómeno es lo que le dio a Trump la Presidencia, puso al Reino Unido en la antesala de la salida de la Unión Europea, y está pasando en Austria y Holanda. Esos votos, dijo Guilluy, se han ido a los llamados partidos “populistas”.

En el caso mexicano, donde no se dan diferencias tan notorias entre electores de las urbes y las medianas y pequeñas ciudades o comunidades rurales, la ventaja para López Obrador es mayor. Sin una geografía tan clasistamente dividida como en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, en México se juntan los desconectados del progreso con las grandes zonas electorales, en las comunidades rurales, y también regiones enteras como el sur del país, donde el avance de Morena, el partido fundado por López Obrador, ha crecido de manera significativa en sus menos de dos años de existencia. Las grandes dificultades para llevar el progreso al sur de México, a través del ambicioso programa de Zonas Económicas Especiales, revela a un México de segunda clase donde el mundo globalizado no quiere invertir.

La diferencia geográfica con electorados en otras naciones, no disminuye el potencial de López Obrador sino lo agranda. El respaldo que ha ido ganando no se da sólo en el campo, sino también en las ciudades, particularmente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, donde se concentra cerca del 20% del total del padrón electoral, y se encuentran concentrados los principales generadores de información e ideas del país, que tienen influencia nacional y ayudan a moldear voluntades. Esto significa que las posibilidades de López Obrador son superiores, en términos comparativos, con las que tuvo Trump o Mechelon que ganó la primera vuelta residencial en Francia, por ejemplo.

López Obrador está en el mejor lugar y el momento más apropiado para alcanzar la Presidencia el próximo año. A su realidad se le acomodó la realidad del mundo. Lo impulsa el discurso oficial que admite una derrota ante la sociedad y, que hasta ahora, no se ha dado cuenta que la claudicación al debate de las ideas por la vía de la tozudez del mensaje, allana el camino para quien menos quisieran ver gobernando al país.
24 Abril 2017 04:06:00
2018: rumbo al suicidio
Apenas comenzaron las campañas por las gubernaturas en tres estados que se jugarán en junio, y se atisba lo que será la elección presidencial en 2018. Las viejas prácticas electorales de compra de voluntades, con un cínico uso y abuso de dinero fuera de los controles de las autoridades electorales, son acompañadas por la sumisión del Instituto Nacional Electoral ante el Gobierno federal. No sólo el árbitro electoral se ha mostrado omiso, sino ha llegado al caso de admitir como legales acciones que alteran el principio básico de que una elección debe ser justa y equilibrada, porque de otra manera la competencia se vulnera. Los ejemplos empiezan a aparecer de manera amenazante para quienes esperarían que las elecciones produzcan el acuerdo institucional que permita la gobernabilidad, porque lo que se está sembrando es una bomba que va a explotar.

Lo más grave es el reciente fallo del INE, donde se negó a sancionar al Gobierno federal y al del Estado de México, por continuar los programas sociales durante la campaña para gobernador. “Los programas sociales no se suspenden, ni se tienen que suspender durante las campañas electorales”, dijo Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE. “Sería absurdo pretender que la normatividad y, más aún, que la autoridad electoral, determine la suspensión de los programas en un país con las desigualdades que tenemos”. No es aceptable la postura de Córdova, porque su papel como líder de los árbitros es crear condiciones para que la contienda sea pareja y no lo contrario.

Desde que Joseph Schumpeter desarrolló su obra sobre elecciones y democracia hace más de 70 años, la idea sobre la equidad de los procesos electorales ha dominado la discusión pública, particularmente en aquellas naciones con sistemas políticos débiles y resabios autoritarios. Esto es que la voluntad del individuo no es independiente en el campo de la política, y la forma como se decide en las urnas suele estar determinado por la propaganda y fabricada por quienes más recursos tienen para manipular el voto. Por décadas, la forma como el PRI utilizó dinero no contabilizado como un método para ganar votos, ha sido motivo de denuncias periodísticas, primero, y más adelante buscado acotarse –en su caso y el de otros partidos–, por los órganos electorales.

Durante años, la maquinaria electoral mexiquense utilizó dinero en efectivo para su operación política y de medios. Isidro Pastor, que fue presidente del PRI en el estado de México –y ahora busca la Gubernatura como candidato independiente–, tenía en su casa una alacena escondida detrás de un gran librero de su casa en donde, en lugar de alimentos, tenía billetes de todas denominaciones para lo que se necesitara para mantener la operación política y la cooptación. En la campaña de Eruviel Ávila hace seis años, el dinero de los convenios de publicidad llegó a varios medios organizado en fajillas de 50 mil pesos que tenían el sello del banco, de 1995. Es decir, ese dinero fue sacado del sistema financiero una década antes, y guardado para ser utilizado políticamente años después. ¿Cómo rastrear esos recursos? O ¿cómo seguir su ruta política?

Las quejas sobre la desigualdad en el proceso electoral mexiquense no han tenido mucho eco en el INE, y su pasividad o negligencia va a tener consecuencias. En algunas comunidades mexiquenses algunas familias han comentado de manera aislada que en el pasado el PRI llegó a ofrecerles 500 pesos por su voto, pero que en esta elección ha cambiado de manera significativa. Lo que dicen es que les han dado 2 mil 500 pesos por cada credencial electoral, lo que ha llevado a algunos casos donde familias con hijos con deficiencias mentales, sacan de cualquier forma su credencial electoral para poder recibir lo que ofrece el PRI. En un caso recibió un jefe de familia 10 mil pesos por cuatro credenciales, cuyo voto tendrá que ser probado mediante una selfie que se saquen con su boleta dentro de la urna.

Los márgenes que se han venido ampliando para este tipo de acciones ilegales están desbordando. En Chiapas, donde la elección para gobernador será hasta el próximo año, este domingo el senador Roberto Albores Gleason, quien es el líder del PRI en ese estado, organizó un evento para 40 mil personas en un estadio en Tuxtla Gutiérrez, para el cual pagó 400 pesos por cada asistente. Es escandaloso. Albores Gleason es respaldado por el presidente del PRI, Enrique Ochoa, quien está apoyando su candidatura al Gobierno, pero sobre todo por el secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien es el responsable designado por el presidente Enrique Peña Nieto para ser su enlace y operador principal en la campaña electoral en el Estado de México.

Si bien estas acciones rompen con el orden legal, la actitud del INE con respecto al aval para que los programas sociales se sigan entregando en el Estado de México durante la campaña electoral, es un absurdo al permitir que la coacción electoral camine sobre los rieles que les regalaron los consejeros electorales. Esta clara ruptura a cualquier posibilidad de una elección justa puede darle espacio de tranquilidad al presidente Peña Nieto y al PRI en el Estado de México con respecto al 4 de junio, el día de la votación, pero su eventual victoria no generará gobernabilidad sino conflicto. La semilla se está sembrando este año. Su veneno contaminará de manera irreversible la elección presidencial el próximo año, si no se modifica lo que hoy parece un destino manifiesto.
21 Abril 2017 04:08:00
La opción de Yarrington
La detención de Tomás Yarrington en Florencia culminó una larga investigación de Estados Unidos e Italia, a la cual se le sumó hace unos meses México, como actor de reparto. Acusado en una Corte Federal en Texas de ser parte orgánica del cártel del Golfo y de Los Zetas –hoy enfrentados–, el único lugar donde quizás se sintió protegido era esa nación mediterránea donde hace más de una década los cárteles mexicanos forjaron una alianza con la mafia calabresa Ndrangheta, la organización con más poder y dinero de Sicilia. Su captura hizo resurgir las dudas sobre qué tanto el Gobierno mexicano tiene un pacto con el narcotráfico. Después de todo, a Yarrington lo protegió el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto claramente por al menos tres años.

La actitud del Gobierno cambió hace unos meses, seis años después de que la averiguación de la PGR contra Yarrington fuera congelada. El expediente se inició en 2009, cuando la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada abrió la indagatoria 12. La entonces procuradora, Marisela Morales –hoy cónsul en Milán, a unas tres horas de donde fue detenido el tamaulipeco–, tenía instrucciones del presidente Felipe Calderón de investigar a todos los gobernadores priistas bajo sospecha de tener vínculos con el narcotráfico. Morales se centró en los tamaulipecos, donde estaba el gran hoyo negro, y en Fidel Herrera de Veracruz.

“El narcotráfico se instaló en Tamaulipas desde el Gobierno de Cavazos”, decía uno de los colaboradores más cercanos de Calderón en sus tiempos de Los Pinos, refiriéndose al hoy senador Manuel Cavazos, a quien nunca le pudieron probar nada. Cavazos fue uno de los mentores de Yarrington, quien lo sucedió en el cargo. La obsesión contra los gobernadores priistas en Tamaulipas era tan grande que poco después del asesinato del candidato del PRI a la Gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, en 2010, el presidente Calderón le dijo al entonces gobernador Eugenio Hernández: “El asesinato lo cometieron ustedes, los priistas”.

Nunca profundizó en la acusación, y tiempo después la PGR encontró que los autores materiales del asesinato habían sido miembros del cártel del Golfo, del cual Yarrington ya era uno de sus líderes. En ese crimen participó también –esta línea de investigación se mantiene en secreto–, un capitán de la Marina que fue reconocido entre el comando que asesinó a Torre Cantú en Ciudad Victoria.

Calderón no continuó la persecución de los gobernadores priistas que inició a la mitad de su sexenio, pese a las protestas de la procuradora Morales que, no se sabe si con autorización o no del entonces Presidente, viajó varias veces a San Antonio para proporcionar la información que tenía la PGR a la Corte Federal de Texas que investigaba a Yarrington. El caso contra el exgobernador, el más fuerte que ha habido en contra de un político mexicano, tuvo mucha información de la PGR, y sirvió en Estados Unidos para procesar a la red alrededor de Yarrington.

La investigación se empezó a construir con información de un testigo protegido de la PGR conocido como “Oscar”, quien detalló cómo funcionarios estatales y municipales en Tamaulipas recibían dinero del cártel del Golfo a cambio de protección. Según “Oscar”, identificado años después como César Eduardo García, colaborador del exjefe del cártel de Osiel Cárdenas, el dinero lo entregaba Juan Carlos González, el expolicía ministerial en Matamoros y uno de los principales operadores de Eduardo Costilla, “El Coss”, jefe del cártel del Golfo hasta su captura en 2012.

A las imputaciones de “Oscar” se añadieron las del empresario Antonio Peña Argüelles, quien fue intermediario de Yarrington con Los Zetas. Peña Argüelles fue sentenciado en la Corte Federal texana en 2014, y a cambio de colaborar con las autoridades, fue sentenciado a sólo dos años y medio de cárcel por los delitos de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. La PGR desestimó todas las acusaciones en su contra, las de Peña Argüelles y, sorprendentemente, la del exdiputado local y exdelegado de la Sedesol en Tamaulipas, Luis Alonso Mejía García, quien dijo que Yarrington había recibido 80 millones de dólares del narcotráfico para su campaña electoral para gobernador en 1998.

La PGR de Peña Nieto no actuó en su contra, sino al contrario. En abril de 2013, el entonces procurador Jesús Murillo Karam, exoneró a Yarrington y a otros dos exgobernadores tamaulipecos, Cavazos y Hernández, porque, afirmó, las acusaciones de los testigos protegidos que eran falsas. Acto seguido, canceló las órdenes de aprehensión en su contra. Después de que Murillo Karam anuló la orden de aprehensión, se reactivó en un tribunal. Yarrington se amparó, y unos días antes de que fuera relevado Murillo Karam del cargo en marzo de 2014, un juez federal le negó el amparo en contra de la orden de aprehensión por narcotráfico y delitos contra la salud.

Yarrington se fue de México en 2012 y vivió un tiempo en España, reapareciendo en Italia, donde al comparecer ante un juez dijo que no quería ser extraditado a México. No había muchas posibilidades de cualquier manera. Las acusaciones contra él en Estados Unidos son amplias y profundas, frente a las mexicanas, hacían casi imposible que regresara a su país. Este miércoles, la PGR informó que Yarrington saldría deportado, en efecto, a Estados Unidos. No son buenas noticias para el Gobierno del presidente Peña Nieto, que admítalo o no, encubrió a un delincuente durante largo tiempo, y con quien compartirá, invariablemente, el banquillo de los acusados.
20 Abril 2017 04:08:00
El día que se olvidaron de Duarte
Tan sonriente apareció en los momentos de su captura en Guatemala Javier Duarte, la estrella emergente del PRI que estalló en el cielo cuando la justicia lo empezó a perseguir por multimillonarios desvíos de dinero del erario, que en la prensa rápidamente lo llamaron “cínico”. Pero un experto en movimientos faciales y lenguaje de cuerpo, el maestro Raúl Quintanilla, director Académico del Centro de Formación Artística de Televisión Azteca, discrepa de esa impresión. Quien otrora era déspota, que bramaba y no hablaba, dijo Quintanilla, ya había perdido esa conducta, y en las imágenes distribuidas por la Policía guatemalteca se le veía acorralado, amedrentado y sin tener la claridad para comprender ampliamente la situación en la que se había metido.

¿Qué sucedió entre agosto, cuando el presidente Enrique Peña Nieto le dijo que no se preocupara, y octubre, cuando lo obligaron a pedir licencia como gobernador? Duarte no lo supo nunca. No leyó que las condiciones que llevaron al Presidente a respaldarlo en verano, se habían modificado en otoño. El 1 de noviembre de 2016, en este espacio se hizo la crónica del cambio de actitud del Presidente en esas semanas, que por el momento actual, habría que recordar:

“El apoyo del Presidente a Duarte en agosto cambió en septiembre. Funcionarios de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación hablaron con varios gobernadores para sensibilizarlos sobre acciones penales que pensaban emprender contra Duarte y otros gobernadores y exgobernadores, como César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo, y Guillermo Padrés, de Sonora, y buscar su apoyo sin generar críticas sobre una cacería de brujas. Así, el 21 de septiembre la PGR anunció que atraería las denuncias interpuestas por el Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, en contra de Duarte, quien reaccionó presentándose en Los Pinos sin cita para tener una audiencia con el Presidente, dos días después.

“Duarte fue maltratado ese día en Los Pinos y buscó el apoyo del coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, quien era, junto con el diputado Enrique Jackson, su asesor político, pero no llevó a nada. El Presidente le había ordenado a la entonces procuradora Arely Gómez que comenzara a vigilar a Duarte, aunque esa tarea recayó en el CISEN, que emitió una alerta migratoria para evitar que saliera del país. Duarte no estaba al tanto de todo esto y seguía pensando que el Presidente lo respaldaba. Por eso, cuando el martes 11 de octubre recibió una llamada telefónica de que el Presidente lo esperaba en Los Pinos, “viajó muy contento’, según una persona que lo vio ese día.

“Sin embargo, recordó el cercano a Duarte, ‘cuando llegó a la Ciudad de México supo que no lo vería a él, sino a (Miguel Ángel) Osorio Chong’. De acuerdo con personas que platicaron con él sobre lo hablado, el secretario de Gobernación le confió que tenían un amplio expediente de corruptelas de Yunes y que no iba a tomar posesión como Gobernador porque lo iban a hacer público. Para ello, Duarte contó a sus cercanos, que Osorio Chong le dijo que para que pudieran proceder contra Yunes tenía que solicitar licencia al día siguiente... Al día siguiente, le instruyó, daría una entrevista a Carlos Loret en su programa… en Televisa, donde anunciaría su decisión.

“Duarte salió de las oficinas alternas de Osorio Chong… y se fue a su departamento, registrado a nombre de su amigo de la universidad y socio en los negocios en Veracruz, Moisés Manzur... A las seis y media de la mañana del 12 de octubre llegó a Televisa, donde comenzó la entrevista... Media hora después salió rumbo a Toluca, donde tomó un avión para Xalapa... ‘Estaba muy contento’, recuerda una persona que lo vio. ‘Estaba muy tranquilo y relajado’. Dos días después estaba jugando golf en la casa que rentaba en el Club de Golf de Xalapa, cuando al mediodía llegaron sus abogados. El principal, Guillermo Barradas, formado en el despacho de los panistas Fernando Gómez Mont y Julio Esponda, le dijo que su situación judicial era grave y que la PGR gestionaba una orden de aprehensión en su contra.

“Duarte decidió desaparecer del ojo público. Se escondió en la cajuela del automóvil de una prima de su esposa, Karime Macías, para escabullirse hasta el aeropuerto de Xalapa… Voló en el helicóptero de la Fiscalía de Veracruz a Coatzacoalcos el mismo 14 de octubre. Cuatro días después, Yunes denunció que se había escapado en un helicóptero del Gobierno, que negó el gobernador interino Flavino Ríos. Las autoridades, sin embargo, interrogaron a los pilotos del helicóptero, quienes les confirmaron que habían transportado a Duarte, e identificaron a Barradas como su acompañante.

“Ese fue el momento de la hecatombe. ‘Después de la plática con el Presidente, estaba seguro que no le iban a hacer nada’, dijo una de las personas que hablaban con él. Inclusive, en vísperas de hablar con Osorio Chong, Duarte estuvo en el rancho El Faunito, en Fortín de las Flores, junto con su arquitecto, para revisar las cascadas que había pedido construyeran en la instalación. El rancho fue asegurado por la PGR el 22 de octubre, y cuando llegaron junto con la Marina, observaron que nada se había movido. Estaban colgados los cuadros, todo en su lugar sin alteración, incluidas las decenas de botellas en la cava con vinos de 100 mil pesos. Peña Nieto le había volteado la espalda”.
19 Abril 2017 04:08:00
La poderosa Karime
En la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Javier Duarte no era el estudiante mejor visto en la comunidad. Le decían “el apestosito” por su poca proclividad a la higiene. Tampoco le veían grandes luces, que era una de las razones por las cuales su compañera de clase, Karime Macías, no le hacía caso. Fue el trabajo celestino del amigo de ambos, Moisés Mansur Reynoso, el que persuadió a Karime que Javier era un buen partido. La relación que iniciaron en la universidad se convirtió en matrimonio y años después, en el Gobierno de Veracruz, se transformó probablemente en complicidad.

Karime huyó con su esposo en octubre, cuando se giró una orden de aprehensión en su contra, y sacó pasaportes falsos y entró subrepticiamente a varias naciones de América Central junto con Duarte. Pero cuando lo apresaron el sábado pasado en Guatemala y a ella no le presentaron cargos ni hubo petición de captura por parte de las autoridades mexicanas, la opinión pública se incendió. ¿Por qué no se pidió también su detención y extradición?

El subprocurador de Asuntos Jurídicos de la PGR, Alberto Elías Beltrán, dice que por el momento no se tiene comprobado que hubiera sido beneficiaria de recursos públicos desviados por su esposo, pero que se tienen abiertas líneas de investigación para determinar si en la red de complicidades de Duarte también se encuentra su esposa. A Karime Macías no la pueden acusar de encubrimiento por haber acompañado a su esposo en la fuga de México, porque al ser familiar de primer grado ese delito no se le aplica. Pero si encuentran que ella recibió recursos de los 35 mil millones del erario por los cuales se está acusando al exgobernador, el proceso tendría que ser inmediato.

El caso de Duarte está lleno de opacidad y contradicciones. El subprocurador Beltrán aseguró que si descubrieran que algún familiar participó en la red de corrupción de Duarte, se iniciaría una investigación en su contra. Omitió, o quizás olvidó, que esa averiguación sí existe en su contra, sobre sus padres y su hermana. Es la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF/VER/001653/2016.

La PGR, además, lleva meses filtrando a la prensa información sobre los abusos que cometió la pareja Duarte-Macías. Por ejemplo, divulgó declaraciones ministeriales de escoltas del exgobernador donde se mencionó que la señora realizó decenas de viajes a la Ciudad de México en aviones del Gobierno del Estado –pagados por los veracruzanos– sólo para ir al salón de belleza, y de las joyas y relojes que compraba en los mejores establecimientos de la capital federal, con dinero que no podía haber salido de los ingresos de Duarte.

Hay información adicional. Alfonso Ortega López, un abogado amigo de la infancia de Mansur Reynoso a quien conoció Duarte en sus tiempos universitarios, creó en febrero de 2011, dos meses después de asumir la Gubernatura, una sociedad para un negocio inmobiliario. Los propietarios eran Duarte y su esposa Karime, pero utilizaron testaferros para constituir la Inmobiliaria Roor, a través de la cual compraron una residencia de 47 millones de pesos en las Lomas de Chapultepec, donde el exgobernador decía que “era la residencia para su retiro”. Ortega López también constituyó una sociedad en Estados Unidos, la Siamese Twin, Inc., a través de la cual se adquirieron tres condominios en el elegante hotel St. Regis en Nueva York, por un total de un millón 200 mil dólares, pagados a través del despacho de Juan José Janeiro Rodríguez, a quien Duarte y Mansur Reynoso utilizaron, además, como testaferro. Karime recibió regalos en joyas y propiedades en México y Estados Unidos que fueron adquiridas presumiblemente con dinero que desvió el exgobernador de los recursos de Veracruz.

Karime Macías no jugaba sólo el papel de la primera dama veracruzana que vestía y vivía dinero de los contribuyentes. Durante toda su vida con Duarte fue una pieza fundamental en su estabilidad y acción. Si bien Mansur Cisneros era el operador de Duarte, Karime se involucraba en acciones de Gobierno, llegando a darse el caso de encabezar reuniones de gabinete. “Ella lo manipulaba”, dijo una persona que los conoce y vio cómo se comportaban. “Se sentía su estratega”. De esta forma le llevó a Rubén Aguilar, quien fue vocero del presidente Vicente Fox, como su asesor en comunicación. La comunicación nunca se le dio a Duarte, por lo que Karime, en plena función política, le pidió a su prima Córsica Ramírez Tubilla, que vivía en Barcelona, integrara un equipo de comunicación y redes sociales para hacer la defensa de su esposo, desde una oficina especial en una casa dentro de la propiedad de la Casa de Gobierno de Xalapa.

La intervención de la primera dama veracruzana en el Gobierno era amplia.

Nombró como subsecretario de Ingresos al hermano de Córsica, su primo, Jorge Fernando Ramírez Macías, con una encomienda: amedrentar a los enemigos de Duarte. De esa forma, Ramírez Macías ordenó interminables auditorías con aquellos empresarios que estaban inconformes con lo que era, en ese momento, el Gobierno entrante, y “sensibilizarlos”, como describió uno de ellos, que era mejor que aceptaran las nuevas reglas del juego, que incluía comisiones para obra pública que pasaban por la aprobación de Mansur Reynoso, quien como Karime, no tenía ningún cargo oficial en el Gobierno.

Karime Macías no fue nunca una figura pasiva en el Gobierno. Ella era quien mantenía la vertical atrás de Duarte, discreta en público, pero enérgica e impulsiva en privado. Sus atribuciones, extra legales, son una parte de la historia que falta por contar de Duarte, aunque quizás menos graves si se comprueba que formó parte central en las actividades de su esposo.
17 Abril 2017 04:00:00
¿Se entregó Duarte?
La captura de Javier Duarte en Guatemala deja un sabor de boca agridulce. Por un lado, es cierto que el Gobierno mexicano, trabajando con la Interpol, tardó 185 días en acabar con su fuga, y finalmente obtuvo resultados. Por el otro, para alguien que burló durante seis meses la cacería policial mundial, la forma como lo encontraron despierta dudas. ¿Cómo fue tan descuidado y autorizó una aparatosa movilización de ocho miembros de su familia a Guatemala? Todos ellos estaban vigilados y sus teléfonos interceptados. Las autoridades conocían sus conversaciones y movimientos. Duarte sabía que eso pasaba. No obstante, en un viaje anunciado, fueron a Atitlán, la principal zona turística guatemalteca a reunirse con él, en la víspera que lo detuvieran.

Fue una operación binacional de 72 horas que acabó con una fuga de seis meses, pero que no termina de explicar con la información disponible, si se trató de una detención químicamente pura, o si fue una entrega negociada, donde se le dio como concesión poco más de un día de estar con sus hijos, que llegaron a su último refugio sin disfrazar su destino. La periodista veracruzana Brenda Caballero, registró el mismo viernes el viaje en su columna “Números Rojos”, en el portal Los Políticos:

“El tono de voz llamó la atención de las personas que estaban en el aeropuerto de la ciudad de Toluca. De inmediato, voltearon la vista para ver qué sucedía. Era en la zona de Aduanas. Al parecer, un varón discutía con el personal de esa zona. Cerca de él, tres mujeres y cinco niños le acompañaban. La sorpresa fue mayor al ver la cara del hombre del altercado: era José Armando Rodríguez Ayache, exapoderado legal y administrador de los Tiburones de Veracruz, mejor conocido por ser esposo de Mónica Ghihan Macías Tubilla y concuño de Javier Duarte de Ochoa.

“Al sentir las miradas, Rodríguez Ayache disimuló su malestar y hasta sonrió, mientras regresaba con su esposa Mónica y con María Virginia Jazmín Tubilla, madre de esta. Los que los vieron en el aeropuerto, aseguran que los niños eran Carolina, Emilio y Javier Duarte Macías, además de los dos hijos de Mónica y José Armando: Santiago y Paulina. Pero, ¿a dónde viajaron con tantas maletas? ¿Iban de vacaciones de Semana Santa? No me crea usted, pero dicen que el destino de la familia es el vecino país de Guatemala, el que por cierto casi es un paraíso fiscal por la mínima recaudación de impuestos”.

En efecto, el viernes a las 9 y media de la mañana, la Coordinación Estatal del Estado de México registró el vuelo de ocho miembros de su familia el viernes por la mañana desde el aeropuerto privado de Toluca, en donde las autoridades, avistaron un equipaje lleno de sobres de dinero de José Antonio Rodríguez Ayache, esposo de Mónica Macías, hermana de Karime, la esposa de Duarte, y lo pusieron a disposición de las autoridades aduaneras.

Rodríguez Ayache llevaba, de acuerdo con el reporte de la Coordinación Estatal del Estado de México, dos billetes de 500 euros, 54 de 100; 15 de 200; 40 de 50; 20 de 20; 18 de 10 y siete de 5; 10 billetes de mil pesos; nueve de 500; uno de 200; dos de 100; y cinco de 50; y 67 billetes de 20 dólares; tres de 10; y 15 de 5. En total, 11 mil 980 euros, 17 mil 450 pesos y mil 445 dólares. Esos montos superan los 10 mil dólares que permiten las autoridades hacendarias mexicanas transportar sin registrarlos. Rodríguez Ayache no los reportó, pero tampoco fue detenido. Los dejaron partir hacia Guatemala.

El jueves, la PGR desplazó a un grupo a Atitlán, al mando del jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Omar García Harfush, porque sabían que Duarte iba a encontrarse con su familia en ese destino turístico. Según Manuel Noriega, subjefe de Interpol en Guatemala, la pista final hacia Duarte la siguieron los mexicanos y los guatemaltecos durante tres días. El sábado aproximadamente a las 8 de la noche, según la reconstrucción de Noriega, Duarte recibió una llamada en su habitación de un funcionario de la PGR, quien le dijo que estaba localizado y que saliera a un área común para que fuera detenido. El exgobernador salió de forma voluntaria.

Fue una acción profiláctica. Nadie de su familia salió de sus habitaciones, ni hubo escándalo alguno en el hotel. No se han revelado los detalles que llevaron a su ubicación, pero las autoridades mexicanas tenían interceptados los teléfonos de su familia y de sus abogados. El final de la primera etapa de la persecución terminó con la captura, pero abre las interrogantes sobre qué tipo de entramado se construyó para este desenlace. Si la súbita salida de su familia a Guatemala es una de las razones que despiertan dudas, también lo es que Karime, la esposa de Duarte, acusada por la PGR por su posible complicidad en el desvío de recursos públicos, se encuentre libre porque las autoridades mexicanas no solicitaron su captura.

Hasta este momento, lo que se ve, es que sólo Duarte fue detenido, pudo ver a sus hijos y los recursos de emergencia que les llevaron a Guatemala, no fueron decomisados. Negociación o entrega, en esta primera instancia, es irrelevante. No lo será en el juicio, donde se podrá ir viendo si hay protección a Duarte o, como se ha prometido, se llegará hasta el fondo sin importar a dónde llegue.
07 Abril 2017 04:00:00
Los miedos a López Obrador
El 16 de marzo, el seminario británico The Economist publicó lo que desde hace semanas los inversionistas en Estados Unidos hablan y temen: que Andrés Manuel López Obrador gane la Presidencia en 2018, “Es una posibilidad que regocija a algunos y aterroriza a otros”, apuntó. “Una figura nacional de relevancia durante 20 años ha tronado contra los privilegios, la corrupción y la clase política. Barriéndolos, les dice a los pobres que sus vidas mejorarán. Muchos otros oyen en ese mensaje la amenaza de un carismático populista que castigará al sector privado, debilitará las instituciones y revertirá las reformas. Las mayores preocupaciones es que lo ven como una versión mexicana del finado Hugo Chávez, un autócrata que destruyó la economía de Venezuela y lastimó su democracia”.

En las últimas semanas, inversionistas en Nueva York han invitado a expertos mexicanos para que les platiquen sobre las posibilidades reales que tiene López Obrador. Una de las mayores preocupaciones es cuando ven en las encuestas que Morena es un partido que ha crecido como ningún otro sin necesidad de la mano de López Obrador, y que cuando se le suma el precandidato, los votos que le añade hacen que, en este momento, parezca inevitable su victoria el próximo año. Algunos inversionistas están haciendo sus cálculos. De acuerdo con personas que platicaron con ellos, si López Obrador gana la Presidencia, sacarán sus inversiones de México.

Las posibilidades de López Obrador fueron reforzadas esta semana por las encuestas de El Financiero y El Universal, donde, pese a discrepancias importantes con respecto al mejor candidato del PRI, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, coinciden en la fortaleza del tabasqueño. O está en segundo lugar con empate técnico con la panista Margarita Zavala (EF), o le saca una ligera ventaja (EU). En todo caso, López Obrador es el único de todos los presidenciales cuya aparición en la boleta electoral el 3 de junio del próximo año está garantizada, mientras que todos sus adversarios tendrán que competir internamente para conquistar la candidatura. Es decir, no perderá tiempo en luchas fraternas ni sufrirá desgaste en su partido.

Esas percepciones y los temores de los inversionistas llegaron el miércoles al Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales del Senado estadunidense, donde el republicano de Arizona, John McCain, le dijo en una audiencia al general John Kelly, secretario de Seguridad Interna de la Administración Trump: “Tenemos un problema con México. Hay mucho sentimiento antiestadunidense en México. Si la elección en México fuera mañana, probablemente habría un antiestadunidense de ala izquierda como Presidente. Eso no puede ser bueno para Estados Unidos”. Kelly respondió: “No sería bueno para Estados Unidos ni para México”.

McCain, que fue candidato a la Presidencia en 2008, es probablemente el republicano más cercano a México y más reconocido por sus gobiernos, así como una de las principales voces en el Capitolio que siempre defienden a México. Su pregunta era la expresión de los grupos de interés en su país. Las principales contribuciones electorales de McCain en los 6 últimos años suman 11 millones de dólares, y han salido, en orden de importancia, de los grupos de interés en seguros e inversiones, bienes raíces, despachos de abogados, el lobby de Israel, empresariales, cabilderos, financieros, aseguradoras, empresas eléctricas y de salud, varios de esos sectores con negocios en México. Entre las principales empresas que aportan dinero a sus campañas se encuentran algunas que hacen negocios en México, o están en sectores que podrían participar aprovechando reformas, como la energética.

Los comentarios de McCain le permitieron a Kelly airear lo que dentro del propio Gobierno del presidente Donald Trump debe ser un tema del que se habla cuando analizan las perspectivas de México. En un artículo publicado en la conservadora revista National Review a finales de enero pasado, José Cárdenas, que trabajó en el Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado durante el Gobierno de George W. Bush, había anticipado el sentir: “Un aspirante a imitador de Hugo Chávez está compitiendo por la Presidencia montado sobre una ola antiTrump al sur de la frontera. Un Gobierno que no sea amigo en nuestra frontera sur podría complicar varios temas de manera significativa, desde seguridad fronteriza, contraterrorista, hasta la cooperación contra el narcotráfico y las deportaciones y restricciones para la migración centroamericana”.

“Para los empresarios mexicanos y la clase política”, reportó en enero el diario inglés Financial Times, “López Obrador, que dice que Fidel Castro fue un gigante de la estatura de Mandela, es un prospecto aterrador debido a su oposición a las reformas estructurales que (el presidente Enrique) Peña Nieto ha implementado, especialmente a la apertura del sector energético a la inversión privada”. Rex Tillerson, el secretario de Estado que como presidente del Consejo de Administración de Exxon negoció ser parte de un grupo que ganó una de las rondas en diciembre pasado para explorar, extraer y comercializar petróleo en aguas profundas, es una de las voces que han expresado esos temores internamente, que se han ido extendiendo aceleradamente.

López Obrador puede no interpretar este creciente sentimiento en su contra como un problema, sino como un activo político, lo que puede ser un error de lectura a menos que no sólo le sea indiferente tener una relación hostil con el Gobierno y los sectores empresariales de Estados Unidos, sino que tenga alternativas para compensar un eventual enfriamiento financiero, económico, comercial, político y de seguridad, con esa nación.

Nota: Esta columna dejará de publicarse toda la Semana Santa.
06 Abril 2017 04:08:00
No dispare, soy periodista
En los 80 El Salvador se convirtió en el lugar donde de manera sistemática se comenzó a ver a los periodistas como enemigos. La agresión de las fuerzas de seguridad del régimen controlado por militares contra la prensa propició la respuesta creativa, y reveladora, con gritos impresos en camisetas que tenían en el pecho un blanco de tiro, y en la espalda la leyenda:”¡No disparen! Soy periodista”. Eran los primeros años del final del entorno de seguridad que tenían los periodistas para hacer su trabajo en zonas de conflictos. En la Guerra de los Balcanes, los riesgos aumentaron al buscar las fuerzas enfrentadas silenciar a la prensa. Hubo simulacros de ejecución y en algunas ciudades asediadas las periodistas redujeron el riesgo ante los francotiradores usando vestidos floreados que confundían a los agresores.

Según el Comité de Protección a los Periodistas, sólo tres salvadoreños fueron asesinados de 1992 a la fecha, una vez terminada la guerra. En los Balcanes murieron entre 54 y 75 periodistas –la cifra incluye traductores, choferes y asistente– hasta 1992, cuando la ONU logró un cese al fuego, similar al número de periodistas muertos en la Guerra de Vietnam, y casi el total que falleció durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajar como periodista en un país en guerra tiene altos riesgos, pero también, en la gran mayoría de los casos, existen reglas no escritas que permiten a los periodistas minimizar el peligro. Otros países, que oficialmente no están en guerra, carecen de reglas no escritas. No hay límites ni garantías de ninguna especie. México es el ejemplo más dramático.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México es el país más peligroso del mundo para los periodistas. En su barómetro de 2017, ubica a seis periodistas muertos, Irak, 2; Siria 2; Afganistán, 1; y México, 1. Los datos no están actualizados. A la fecha, en México se han asesinado a cuatro periodistas, lo que hace casi el total de caídos en aquellas naciones asiáticas, todas envueltas en profundas guerras. La penúltima periodista abatida, el 23 de marzo, fue la respetada Miroslava Breach, acribillada al salir de su casa en Chihuahua, lo que aceleró una decisión que se venía evaluando hacía semanas en el diario Norte de Chihuahua, que el lunes pasado cesó de publicarse. “La impunidad que existe, no sólo hacia los periodistas, sino a la comunidad en general es tan alta, que esta es una forma de decir, hasta aquí”, escribió el propietario y director general Óscar Cantú, en un editorial de primera plana publicado en su edición dominical.

La impunidad es el nombre del juego en México. Artículo 19 reportó que desde 1990 se han documentado los asesinatos de 102 periodistas en México, de los cuales casi el 30% del total han sido durante el actual Gobierno. En su informe sobre la situación de la prensa en 2016 –que será revisado este jueves–, Artículo 19 señaló que cada 26.7 horas se agrede a un periodista en México. “En la actual Administración de Enrique Peña Nieto las agresiones contra la prensa casi se duplicaron, comparado con la de Felipe Calderón en la que se agredía a un comunicado cada 48.1 horas”, añadió. “Hubo 326 ataques contra periodistas y medios de información en 2016. Las agresiones físicas o materiales fueron las de mayor registro con el 43% de los casos. Le siguen las intimidaciones con 16%, las detenciones arbitrarias con 14%, y las amenazas con 13 por ciento”.

El deterioro sobre la libertad de expresión ha sido continuo. Según la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de julio de 2010 al 31 de diciembre pasado, hubo 798 denuncias por agresiones contra periodistas, 47 por asesinato, pero sólo se lograron tres sentencias condenatorias, una en 2012 y dos en 2016. O sea, el 99.7% de los casos registrados por la Fiscalía, no ha recibido sentencia alguna. Freedom House dijo que “una combinación de violencia criminal y política, que frecuentemente refleja la colusión entre organizaciones criminales y funcionarios estatales, ha tenido un despliegue dramático en la última década”. 

La inseguridad de los periodistas en México es reflejo de la debilidad de las instituciones. No hay autoridad, sobre todo estatal, que pueda proveer seguridad a los medios y sus trabajadores. Desde hace más de una década hay regiones del país donde los periodistas están al arbitrio de criminales, sometidos o amenazados. En estados como Michoacán, la ley fue plata o plomo, donde organizaciones criminales reclutaron a periodistas. Similares ejemplos se dieron en Tamaulipas y Veracruz, que produjeron un éxodo de profesionales que prefirieron dejar todo antes que involucrarse con criminales o arriesgar su vida por hacer su trabajo, como sucedió con la señora Breach, o cuatro días antes en Veracruz, con Ricardo Monlui Cabrera.

La violencia contra los periodistas en México ha tenido carta de impunidad. “Los periodistas de regiones del país donde mayor índice de agresiones se registra han encontrado en la autocensura una medida efectiva de protección”, señaló Artículo 19. “Sin garantías para realizar su trabajo, la prensa ha cedido libertad a favor de su seguridad”. El silencio avanza en los medios, acalladas cada vez más sus voces independientes. Es ominoso. La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. Y esto no es lugar común. Es una realidad. Sin ella, la democracia está coja y retrocede, porque permite que una sociedad carezca de información para tomar mejores decisiones, que es lo que está pasando hoy en día en México.
05 Abril 2017 04:08:00
El misterio de Tecnoradio (II)
La empresa Tecnoradio decidió dar la cara, a medias, la semana pasada. En un comunicado de prensa, aclaró que Carlos Lara, el director del Instituto Mexicano de la Radio, y Cenobio Alfonso Amilpas, dejaron de ser accionistas de la empresa en septiembre del año pasado. Dio a conocer los nombres de sus tres nuevos accionistas, totalmente desconocidos en la industria y sin antecedentes en la radio, con lo cual, lejos de despejar de sospecha sobre la transparencia de sus intenciones mercantiles, levantó una nueva ola de especulación en los medios sobre quiénes están realmente detrás de esos accionistas y si no, en realidad, se trata de testaferros de un grupo radiofónico que se quiso pasar de listo. Tecnoradio aseguró que todas esas insinuaciones son falsas, y que no hay ningún concesionario de radiodifusión o telecomunicaciones que tenga interés en la empresa. ¿Por qué creerles mediante un acto de fe?

Las concesiones de radio –también de televisión– para uso comercial, se otorgan a personas y empresas que tienen como objetivo su explotación con fines lucrativos y se otorgan mediante concurso.

Más allá de su estructura de propiedad y fines mercantiles, representan un servicio de interés público que obliga a que siempre se valore la función social que cumple, que incluye los requisitos legales establecidos para que se les otorgue, y la transparencia en torno a aquellos que la van a operar.

Por el tipo de impacto y alcance que tienen en una sociedad, no debe permitírseles que exista duda alguna sobre el origen de los dineros.

En el caso de Tecnoradio, los señalamientos son que sus nuevos accionistas son prestanombres de grupos de radiodifusores, pero también podría haber necesidad para saber si el dinero que se han comprometido a pagar como contraprestación no procede de un negocio ilícito o de un acto delictivo.

Lo imperativo de conocer la escala empresarial que tienen los nuevos socios de Tecnoradio está directamente relacionada con que 3 días antes de iniciar la licitación, le compraron la empresa a Lara y Amilpas los señores Alí Eduardo Bañuelos Santana, que se quedó con 480 acciones, René Padilla Páez y Francisco Javier Márquez Lozano, propietarios de 60 acciones cada uno, y se lanzaron a una aventura donde no tenían ninguna experiencia ni recursos aparentes para ello.

Tecnoradio se presentó a la licitación de 157 frecuencias, de las que se quedó con 34 FM y 3 AM en 18 estados, tras ofrecer pagar 287 millones de pesos, 37 millones más que el segundo lugar, Grupo Radio Centro, con un largo historial en la industria.

En el comunicado, los nuevos accionistas de Tecnoradio demandaron respeto a su derecho de salvaguardar su información personal, conferida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Hasta dónde la autoridad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, permitirá la opacidad sobre los accionistas? ¿Hasta dónde otras autoridades seguirán blindando el origen de los recursos de Bañuelos Santana, Padilla Páez y Márquez Lozano? Exigir transparencia no es inculparlos de dinero mal habido, sino de saber en dónde está el origen de sus fortunas para poder entender el porqué de la puja que hicieron por las frecuencias, que elevó en 20% el costo sobre los precios de referencia del mercado, con lo cual alteran por completo el futuro de la industria: si se concreta la contraprestación, en el futuro cada vez que se renueve una concesión, el precio de referencia será el que presentó Tecnoradio, lo que hará inviable, financiera y comercialmente, una operación sana de cualquier radio.

El tema de Tecnoradio ha causado molestia en el sector de la radio y las telecomunicaciones, amén de enorme especulación. La prensa especializada ha sugerido reiteradamente que detrás de los socios de encuentran los propietarios de Radiorama, el grupo que encabezan Javier Pérez de Anda y Adrián Pereda, quienes fueron los que –particularmente el segundo–, sugirieron en 2011 a Lara y Amilpas que fundaran una empresa porque les iban a ayudar a adquirir estaciones de radio.

Lara y Amilpas trabajaron largo tiempo con ellos dentro de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, pero nunca recibieron los apoyos prometidos tras la fundación de Tecnoradio.

Por la forma como históricamente se han forjado las alianzas dentro de la industria y los realineamientos de empresarios, en la compraventa de Tecnoradio ven las manos de los fundadores de Radiorama, que no podían presentarse a este concurso de nuevas licitaciones porque una operación previa de adquisición de concesiones del Grupo Acir no la reportaron en tiempo y forma, por lo que el Ifetel no les permitió participar.

La hipótesis dentro de la industria es que buscaron testaferros y pagaron una escritura de 8 mil pesos –que es el costo promedio–, para aprovechar también el descuento que Ifetel le hace a los nuevos actores en la industria, de casi 30% del valor de las concesiones.

El rechazo a las imputaciones de que son prestanombres hecho por Tecnoradio es totalmente insuficiente para aclarar el misterio de la empresa.

Entre el 3 de este mes y el 22 de mayo, el Ifetel debe recibir los pagos de derechos por las estaciones en las que compitió, y entre el 26 y 28 de julio, extender en dado caso los títulos de concesión. Es decir, aún es tiempo para que la opinión pública sepa de qué están hechos realmente los socios de Tecnoradio o, en su defecto, cancelar esta licitación que apesta por todos lados.
04 Abril 2017 04:07:00
La corrupción de Odebrecht
Todos los esfuerzos del conglomerado brasileño Odebrecht para alcanzar un acuerdo con la Procuraduría General de la República para evitar un litigio que los libere penalmente de haber pagado más de 10 millones de dólares a funcionarios de Pemex fracasaron. De acuerdo con El Financiero, las autoridades mexicanas rechazaron una reparación por una suma similar, en primera instancia, y por el doble de lo que pagaron de sobornos en una contrapropuesta, además de revelar detalles de quiénes en Pemex les ayudaron a darle la vuelta a la ley. Quieren ir al fondo de este esquema de corrupción. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y 17 funcionarios y exfuncionarios, serán citados a declarar dentro de la primera parte de una indagatoria iniciada en enero y que abarcará los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Cercanos a Lozoya aseguran que el exdirector no tiene ninguna responsabilidad en el caso Odebrecht, aunque en documentos de la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, donde la empresa y su filial Braskem, dedicada a la petroquímica, aceptaron pagar una multa de 3 mil 500 millones de dólares –la más alta en la historia de Estados Unidos–, al haber utilizado el sistema de pagos de esa nación para sus operaciones ilegales, se menciona el pago de 16 millones y medio de dólares a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014 para “asegurar obra pública”.

En el acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se menciona también un caso, alrededor de octubre de 2013, donde Odebrecht aceptó pagar a un “alto funcionario” de una empresa paraestatal por haberles ayudado a ganar la licitación en un proyecto, que no mencionan en específico, como tampoco revelan el nombre del funcionario. El último pago de 6 millones de dólares, indican los documentos, fue hecho entre diciembre de 2013 y finales de 2014, a través de lo que el conglomerado llamaba División de Operaciones Estructuradas, que, en palabras de las autoridades estadunidenses, era “una Secretaría de Sobornos”. Los beneficios que obtuvo Odebrecht por los pagos fueron del orden del 300 por ciento.

Los cercanos a Lozoya dijeron que el exdirector de Pemex realizó investigaciones sobre sus principales directores para poder determinar si habían recibido pagos que pudieran haber levantado sospecha, pero que nunca encontró irregularidades en sus balances financieros.

El Departamento de Justicia nunca dio a conocer que se trataba de Pemex, pero la indagatoria de la PGR ubica en esa paraestatal los actos de corrupción. Por el momento, de acuerdo con El Financiero, sólo se va a revisar la gestión de Lozoya, aunque la información que dio Oderbrecht a las autoridades estadunidenses incluye también la administración de Juan José Suárez Coppel, quien estuvo al frente de Pemex durante los 3 últimos años del Gobierno de Calderón.

Las autoridades de los dos países no han revelado cuáles son las áreas en donde saben que existió la corrupción y que probará la PGR en la indagatoria. Sin embargo, en el periodo señalado por la empresa brasileña al Departamento de Justicia, se infiere que se trata del proyecto de Los Ramones, un gasoducto que abastecerá de gas natural a Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas, considerado como la principal obra del sexenio de Calderón. En 2014, el año que usó la Corte en Brooklyn como ejemplo de la corrupción en México, Odebrecht ganó esa licitación de Pemex, a través de su filial Tag Pipelines, del tramo 2 del gasoducto, cuyo contrato fue de 935 millones de dólares, y que ha tenido demoras, contratiempos e incrementos injustificados en su costo final.

La obra de Los Ramones pasó por la Dirección de Pemex Gas y Petroquímica, llamada hoy Transformación Industrial, que en los periodos de referencia en los documentos de la Corte Federal de Brooklyn tuvo dos cabezas, Jordy Herrera, a quien el presidente Calderón nombró secretario de Energía en 2011, y Alejandro Martínez Sibaja, quien estuvo en el cargo hasta la primavera del año pasado, cuando fue cesado por el nuevo director, José Antonio González Anaya, en medio de sospechas de corrupción, aunque oficialmente se informó que había pedido su jubilación.

Los dos forman parte de un grupo político-empresarial que estuvo muy involucrado en la construcción de gasoductos, donde el potencial de inversiones se calcula en 16 mil millones de dólares. Tag Pipelines, la empresa que se asoció con Pemex para Los Ramones, tiene como director ejecutivo a Jaime Calpe Galván, socio de la empresa J&E Energía, donde trabaja la hija de Martínez Sibaja, y está vinculada al abogado Jesús Rodríguez Dávalos, involucrado en la industria del gas, cuya prima hermana es esposa de Herrera.

Otro proyecto que se encuentra dentro del periodo durante el cual Odebrecht pagó sobornos se dio en 2011, para la construcción del Complejo Petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz, que dio vida al complejo más grande de su tipo en América Latina, y contó con todo el apoyo de los exgobernadores Fidel Herrera y su sucesor, Javier Duarte, que obtuvo beneficios directos de la obra al haber comprado sus cercanos terrenos a bajo costo en esa zona, cuya plusvalía se disparó.

Odebrecht le dijo a la PGR que está dispuesta a colaborar, y aportó información para tratar de evadir los tribunales. No logró ese acuerdo y la PGR ha enviado señales de que quiere ir hasta el fondo de la corrupción en breve. Buena declaración de principios. Ya se verá si la realidad no frustra sus intenciones.
03 Abril 2017 04:07:00
2018: las prisas de Videgaray
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ha sido muy claro al hablar del cronograma para la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, particularmente con México. En diferentes momentos –el último la semana pasada–, mencionó la urgencia de aprobarlo para que no sea contaminado por las elecciones. No sólo las legislativas de medio término de Estados Unidos en noviembre del próximo año, sino las presidenciales en México el 3 de junio de 2018. “Quisiera que hubiera resultados mañana, pero no es la manera como trabaja el mundo”, dijo recientemente en una entrevista con Bloomberg TV. Ross expresó tangencialmente un punto estratégico de la negociación que contamina el proceso: la urgencia del presidente Enrique Peña Nieto de que termine este mismo año la negociación porque de su resultado decidirá el candidato del PRI a la Presidencia.

La premura de Peña Nieto ha sido expresada al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien encabeza la representación mexicana en la próxima renegociación del TLCAN. La presión del presidente sobre su canciller permite asumir que está convencido que las elecciones en el Estado de México este verano, serán positivas para el PRI, por lo que no serán un obstáculo para la decisión sobre su sucesor. Los ladrillos que pavimenten la candidatura presidencial están colocados. En el campo político, la designación de Claudia Ruiz Massieu –a regañadientes por parte de ella– como secretaria general del PRI, cumple un objetivo estratégico, que es el de evitar que dentro del PRI quisieran intentar una asonada para arrebatarle al presidente el control, en este momento intocado, para decidir quién será su sucesor.

Hace seis años, el presidente del PRI, Humberto Moreira, manipuló la convocatoria, contra las normas internas del PRI, para impedir que el senador Manlio Fabio Beltrones desafiara a Peña Nieto por la candidatura. Esa acción, que allanó el camino de Peña Nieto a la Presidencia, le ganó hasta ahora una protección jurídica y política a Moreira, en agradecimiento a su temeraria acción. Hoy, Peña Nieto no quiere abrir ningún flanco. El otro ladrillo político es la elección en el Estado de México. Cada lunes hay una reunión en Los Pinos donde se reúnen funcionarios federales con representantes del gobernador Eruviel Ávila y de la campaña del candidato Alfredo del Mazo, para analizar la estrategia. Aunque no participan miembros del gabinete, en ocasiones han asistido secretarios de Estado e incluso el presidente Peña Nieto.

El control de la campaña de Del Mazo no la tiene el candidato, sino el gobernador Ávila, que tiene el respaldo del Gobierno federal. Del Mazo se encuentra acotado en sus acciones y no está tomando las decisiones más importantes, o revierten iniciativas estratégicas que toma, como la designación de su equipo de prensa y propaganda. El manejo vertical de la campaña de Del Mazo es lo que le da espacios de tranquilidad al presidente Peña Nieto sobre lo que sucederá en el estado de México, y lo ha llevado a presionar a Videgaray para que entregue la negociación a tiempo para que defina, en las últimas ocho semanas de este año, como máximo –por el marco legal que obliga a que quien sea ungido no tenga un cargo cuando menos seis meses antes de la elección–, quién será el candidato del PRI.

El cronograma de la negociación, que Ross quería llevar hasta el próximo año, fue acortado por Videgaray durante sus reuniones bilaterales en Washington, con el propio secretario de Comercio, con el consejero comercial del presidente Donald Trump, Peter Navarro, con el secretario de Estado, Rex Tillerson, y con el consejero especial del jefe de la Casa Blanca, su yerno Jared Kushner, con quienes de acuerdo con personas en su entorno, ha construido la mejor relación. El cronograma establece iniciar las negociaciones en junio o julio –realísticamente en julio–, para que pudiera ser ajustado y notificar al Congreso estadunidense en diciembre, que tiene un plazo de 90 días para iniciar el proceso legislativo, con lo que pudiera quedar aprobado, en el mejor de los casos del documento y los tiempos, para la elección presidencial en México.

Si bien la eventual firma del tratado renegociado se empalmaría, el apremio no es su aprobación en los congresos y parlamento de los tres países sino tener la firma de los ejecutivos. Los tiempos son muy apretados, aunque la consideración de Videgaray y del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, es que al ser una modernización, es posible lograrlo. Videgaray está colocando también piezas experimentadas que hagan expedita la negociación con los canadienses, por lo que nombrará a Dionisio Pérez Jácome, actual representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, como embajador en Ottawa. Jácome, que será sustituido por la subsecretaria de Comunicaciones, Sofía Aspe, y relevará a Agustín García López, formó parte del equipo negociador en el tema agrícola del TLCAN en los 90, como agregado agrícola en Ottawa, por lo que no sólo conoce perfectamente el acuerdo, sino a muchos de los canadienses que lo negociaron y que aún trabajan en el gobierno de Justin Trudeau.

El problema que enfrenta Videgaray en este proceso está fuera de control incluso, de los propios estadunidenses. La actitud mercurial del presidente Trump introduce una variable que constantemente se mueve. En las últimas semanas el discurso de Washington se ha alineado en el contexto de los que favorecen el TLCAN, pero lo impredecible de Trump vuelve muy inestable el proceso, incrementa las presiones de Peña Nieto sobre Videgaray y coloca la sucesión presidencial, en los tiempos que marque la Casa Blanca.
31 Marzo 2017 04:08:00
¿Qué pasó en Nayarit?
Horas después de trascender a la opinión pública que el fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, estaba en manos de la justicia de Estados Unidos acusado de múltiples delitos relacionados con el tráfico de drogas, fuerzas federales blindaron el estado. Testigos de la operación reportaron que helicópteros artillados sobrevolaron Tepic y que en la frontera con Jalisco se reforzó la seguridad. ¿Por qué tras la captura del fiscal se tomaron medidas como si el detenido hubiera sido el jefe de un cártel de drogas? La explicación que dio el gobernador Roberto Sandoval dejó más dudas que certezas, pero el extraño sellamiento del estado fue resultado de una petición que le hizo el martes al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Sandoval se encontraba en Tepic cuando le notificaron de la detención de su fiscal poco después de presentarse ante un juez en la Corte Federal de San Diego, donde le leyeron las acusaciones. Inmediatamente voló a la Ciudad de México para hablar con Osorio Chong, explicó sin aclarar por qué fue a Bucareli y no a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que pidieran oficialmente información al Gobierno de Estados Unidos, o a la Procuraduría General de la República para que recabara la información pertinente del caso. El gobernador, que no acudió a las instancias que corresponden a un asunto que requiere de trabajo diplomático y jurídico internacional, tuvo una reacción de miedo.

Veytia fue detenido el lunes por la noche por agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, al cruzar la frontera de Estados Unidos para ir a visitar a su familia a San Diego, como lo hacía de manera regular cada 15 días, tras ser acusado por un Gran Jurado, que investiga en secreto una presunta conducta criminal y determina a partir de testimonios y documentos si debe acusársele de un delito, en Nueva York. Sandoval no explicó por qué el fiscal general estaba viajando a Estados Unidos en un día laboral. Funcionarios de la DEA dijeron que tan pronto como se otorgó la orden de aprehensión, estuvieron vigilando el cruce fronterizo por donde siempre entraba a Estados Unidos, en el paso exprés entre el aeropuerto de Tijuana y la Mesa de Otay.

La Corte Federal del Este en Nueva York, que lleva el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, presentó cargos insólitos contra Veytia, al acusarlo de producción, transportación, distribución y venta de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana en un mismo proceso. La investigación en su contra comenzó en enero de 2013 y se cerró, al presentar ante un juez la acusación para obtener la orden de aprehensión, el 2 de marzo pasado. Las acusaciones comprenden tráfico de drogas que manejan los cárteles del Pacífico, Jalisco Nueva Generación y Beltrán Leyva, que estuvieron asociados hasta 2008, y que desde entonces han vivido en constante conflicto.

De acuerdo con funcionarios de la DEA, Veytia estaba vinculado a dos cárteles, enemigos entre sí, el de los Beltrán Leyva, donde la relación que tenía, afirman, era con el jefe de la plaza en Nayarit, Daniel Isaac Silva Gárate, apodado “El H-9”, que fue abatido durante un enfrentamiento con la Marina el 11 de febrero pasado, y con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según funcionarios federales, el fiscal general –un cargo que aprueban todas las fracciones parlamentarias– tenía una red de prostitución en el estado donde utilizaba a las mujeres como informantes. La PGR comenzó a seguirle la pista a Veytia el año pasado, pero nunca avanzó hacia una investigación formal. El gobernador Sandoval insistió el jueves en que él no sabía nada de las relaciones criminales de su fiscal, y que todo lo que había oído de él eran “percepciones”.

Sin embargo, su proceder el martes despierta sospechas. La manera como actuó es propia de la forma como, de manera preventiva, se redobla la seguridad cuando un criminal con fuerte poder en una región es capturado o abatido, y deja un vacío de poder. El reforzamiento de la seguridad en esos casos es para evitar que en los momentos de confusión otros busquen ocupar el lugar vacante. Nunca se había visto un blindaje por el hecho de que un alto funcionario del Gobierno fuera detenido por delitos relacionados con el narcotráfico. Sandoval se comportó intuitivamente como si Veytia fuera un capo que viviera en Nayarit, y no su fiscal general.

Su preocupación fue que no hubiera violencia en Nayarit, no preguntar sobre los porqués y las razones de la captura de su muy cercano colaborador. Balbuceante, el gobernador dijo que apoyaba al Gobierno de México y, también, al de Estados Unidos. Qué proyectó, es un misterio. Señaló, cándidamente, que no había sido informado de que hubiera señalamientos en contra de su fiscal. De hecho, ninguna área del Gobierno federal fue informada de que se investigaba a Veytia desde hace 4 años y que lo iban a detener. La ausencia de información refleja el grado de deterioro en la relación bilateral dentro del campo de la seguridad, y consecuencia directa de la negativa en el Gobierno de Enrique Peña Nieto a que sus altos mandos fueran certificados para recibir inteligencia de Estados Unidos. Hasta aquí quedó el discurso embustero de la cooperación bilateral.

La captura pegó por debajo de la línea de flotación del Gobierno, y representa una primera importante llamada de lo que viene desde el norte en los próximos meses. Peña Nieto debe registrar con cuidado lo que está sucediendo, y si se decide, actuar y corregir.
30 Marzo 2017 04:08:00
El tsunami nayarita
Desde enero de 2012, recién entrado el gobierno de Roberto Sandoval en Nayarit, el nombre de Édgar Veytia se vinculó al crimen organizado. Ese mes, un miembro de la Policía de Nayarit, una unidad de élite para combatir el crimen organizado encabezada por Veytia, fue asesinado en Tepic, en la antesala de lo que parecía iba a ser una lucha entre el cártel del Pacífico y Los Zetas. El policía fue abatido por la banda de “Los Pelochos”, al servicio de la organización sinaloense, que días antes había colocado una manta en la calle como advertencia: “A la ciudadanía en general, absténgase de salir a la calle sin negocio. Se empezará a hacer una limpia de zetas, empezando por la (Policía de Nayarit), escoltas de Beytia, ya que son las que están al mando de Los Zetas aquí en Nayarit”.

Durante muchos años, Nayarit fue santuario del cártel del Pacífico. Ahí vivía la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en donde se refugió en 2001 después de fugarse de la prisión de Puente Grande en Guadalajara en 2001, y era el refugio de los hermanos Beltrán Leyva, cuando estaban asociados con sus compadres sinaloenses y todavía después de romper con ellos, en 2008. Cuando eso sucedió, los Beltrán Leyva forjaron una alianza táctica con Los Zetas, pero no convirtieron a Nayarit en un nuevo campo de batalla. La llegada de Sandoval a la Gubernatura hace seis años comenzó a modificar el estado de cosas. Veytia se encargó de empezar a limpiar el crimen organizado, como era su encomienda, pero todo caía de un solo lado, la reducción de todo lo que oliera a sinaloense.

Sandoval no hizo caso a las denuncias que comenzaron a aparecer en diversos medios. Promovió a Veytia y lo hizo fiscal nayarita. Cuando a finales de 2013 surgieron denuncias de que estaba relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, retomadas por la prensa nacional, el Gobernador volvió a hacer caso omiso de las alertas. Tampoco, en la ampliación de las responsabilidades, hubo acción ninguna por parte del Gobierno federal. El entorno de seguridad se contaminó en la Riviera Nayarita en el último año con la lucha del Cártel Jalisco Nueva Generación con la rama sinaloense de “El Chapo” Guzmán, y no hubo alertas del CISEN a Los Pinos, de acuerdo con funcionarios en la casa presidencial. En el gabinete de seguridad toleraron, por omisión o comisión, que Veytia no pasara los controles de confianza, exigidos por la Ley General de Seguridad Pública.

Esta laxitud volvió a meter al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en una situación delicada, al haber sido detenido el fiscal Veytia este lunes en San Diego, cuando buscaba ingresar a Estados Unidos, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra librada el pasado 2 de marzo por la jueza Marylin G. Do, de la Corte del Distrito Este de Nueva York. La acusación es muy seria. El fiscal Robert Capers –que irónicamente también lleva el caso de “El Chapo” Guzmán–, le fincó cargos por la producción, transportación y venta de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana, entre enero de 2013 y febrero de 2017. Este periodo es precisamente en el cual Veytia fue promovido por el gobernador Sandoval para ser el jefe de la unidad de élite para el combate al crimen organizado y su fiscal.

La misma paradoja que mostró una Corte federal en San Antonio con el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, Veytia no era, a juicio de los fiscales en Nueva York, parte de la red de protección y complicidad de los cárteles de la droga, sino parte orgánica de ellos. En la acusación, que fue terminada de integrar el 2 de marzo pasado, el fiscal nayarita es señalado como responsable de este tráfico de drogas junto con otras personas que no vienen identificadas en el documento hecho público este miércoles. La documentación de la Fiscalía produce una onda expansiva en Nayarit, donde el gobernador Sandoval, titubeante y débil en su retórica, no fue capaz de deslindarse claramente de Veytia, de quien el año pasado dijo: “Él es el fiscal, es el procurador de Justicia, comandante de las fuerzas, es policía, es un hombre que a lo mejor el día de hoy no lo valoran, pero el día que él deje de ser fiscal se van a acordar de Édgar Veytia”. Las galimatías de su declaración enfatizaban su relación con su hombre fuerte, que en algún momento, incluso, deslizó como un posible sucesor, al asegurar que él podría ganar las elecciones en junio próximo.

Sandoval es el segundo afectado, en lo inmediato, por la captura de su fiscal en Estados Unidos, al dejarlo vulnerable y exhibido. O es cómplice de Veytia, o fue un mandatario tan incompetente que nunca pudo darse cuenta, a decir de la narrativa de la acusación en Nueva York, de lo que hacía el hombre a quien encargó luchar contra el crimen organizado. Pero tampoco queda exento el Gobierno federal, cuya superficialidad y deficiencias en el combate a los cárteles de la droga, no son vistas en Estados Unidos como un tema de incompetencia, sino de connivencia. Veytia va a ser trasladado probablemente a la prisión metropolitana en Nueva York, donde se encuentra Guzmán, donde tendrá su juicio, y le ofrecerán, para mejorar su situación legal, que les dé información. En cualquiera de los dos casos, Sandoval y las autoridades mexicanas también estarán sentados en el banquillo de los acusados.
29 Marzo 2017 04:08:00
La piel militar
No hay forma de cubrir con miel la molestia de las Fuerzas Armadas con los políticos. Tampoco se puede esconder la necesidad del presidente Enrique Peña Nieto por acariciar su piel y colocar lo único que puede, un bálsamo a las profundas heridas que su Gobierno les ha infligido. Lo intentó este martes en un evento sin precedente en el Campo Militar Número 1, donde acicaló con su trato a cientos de soldados, marinos y sus familias, que fue replicado por circuito cerrado de televisión en las 64 zonas militares. Un acto que comenzó frío se tornó cálido cuando Peña Nieto rompió con el protocolo y caminó entre todos, desplegando lo que mejor tiene, su calidez cuando achica distancias y se relaciona sin muros, que es lo que más ha abandonado durante su sexenio. Insólito y extraordinario, fueron algunos de los calificativos con que la prensa coloreó el evento. Tan insólito y extraordinario como la molestia acumulada por años de estar supliendo a policías en las calles y carreteras mexicanas por las Fuerzas Armadas.

Durante 3 años el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, se tragó las presiones de los oficiales y los generales retirados por la forma como el Gobierno los utilizaba en la guerra contra las bandas criminales, pero no les daba una protección jurídica. El caso extremo, que generó una pequeña crisis dentro del Gabinete, fue cuando el entonces procurador general Jesús Murillo Karam dijo que los soldados habían realizado una “matanza” en Tlatlaya, en 2014, donde murieron 22 civiles. Gradualmente el general Cienfuegos y el secretario de la Marina, Francisco Vidal Soberón, elevaron el tono de su discurso ante el abandono del Gobierno en la arena pública y comenzaron a criticar veladamente la política de seguridad federal y la debilidad de las instituciones civiles. El Presidente tomó nota.

Entre el 1 de enero y el 16 de marzo, de acuerdo con un análisis publicado en la edición impresa de Eje Central, la palabra “Ejército” figuró en 31 documentos difundidos en la página de la Presidencia de la República, con 20 veces que se utilizó durante 2013 y 2014. La palabra “militar” apareció en 40 documentos, contra 34 registrados en 2016, 14 en 2015, 8 en 2014, y 12 en 2013. La palabra “Fuerzas Armadas” se apuntó en 31 ocasiones, contra 24 en 2016, 10 en 2015, 4 en 2014, y 3 en 2013.

En el primer año de su Gobierno, Peña Nieto asistió a cuatro eventos de las Fuerzas Armadas; en los primeros 75 días de su penúltimo año de gestión participó en nueve.

Pese a esto, el Presidente había sido descuidado en su manejo discursivo con las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, cuando recientemente murió el general Antonio Riviello, un ejemplo de institucionalidad cuando le ordenaron que la solución para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sería política y no militar, el Presidente colocó un mensaje estándar en su cuenta de Twitter de 17 palabras, idéntico al que escribió para lamentar el fallecimiento del diputado federal Carlos Hermosillo, vinculado con actos de corrupción en Chihuahua. Cuando murió el exsecretario de Hacienda y embajador Jesús Silva Herzog, le dedicó dos mensajes, uno de ellos con una tipografía fuera de lo normal, de 25 palabras.

Sin embargo, en el evento que se realizó en las instalaciones de la 1ª Brigada de la Policía Militar, Peña Nieto aprovechó la coyuntura que le abrió el precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, que desde hace dos semanas escaló su crítica a los militares. En Nueva York sugirió que los militares habían participado en la desa-parición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala en septiembre de 2014, y ante las críticas que recibió, primero del propio Peña Nieto y después de varios actores políticos del Gobierno y la oposición, fue hundiéndose en el pantano. López Obrador dijo en Veracruz la semana pasada que las Fuerzas Armadas “han masacrado” civiles durante los gobiernos del expresidente Felipe Calderón y de Peña Nieto, en la reiteración de un discurso que le ha generado negativos entre la comunidad castrense.

Los varios discursos del Presidente en el corazón de las Fuerzas Armadas mexicanas en Lomas de Sotelo no iban a llevar destinatario alguno, adelantaron a la prensa voceros de Los Pinos. No fue así. En el último mensaje de Peña Nieto, que todo el tiempo improvisó mientras caminaba entre los militares y sus familias, habló con desprecio de “aquellos que todavía hablan de masacrados”, en una alusión directa a López Obrador. “(Son) inadmisibles e inaceptables quienes con ignorancia o dolo descalifican la labor de nuestras Fuerzas Armadas”, remató Peña Nieto, en un discurso que la atrajo una gran ovación y reconocimiento de los jefes militares.

Pero no sólo con discursos bien logrados y oportunos revierte años de maltrato a las Fuerzas Armadas. López Obrador le dio la oportunidad de reivindicarse con soldados y marinos a los que su Gobierno ha golpeado con la falta de un blindaje jurídico y presupuestos menguados. El evento que encabezó Peña Nieto logró quizás frenar el deterioro de la relación entre civiles y militares, pero no va a durar mucho.

La Ley de Seguridad Interna sigue empantanada en el Congreso, lo que es una fortuna para las Fuerzas Armadas y los mexicanos, porque es una regresión en materia de respeto a derechos humanos.

La solución es un nuevo modelo de Policía, atorado hace años en el Congreso, que pavimente el camino de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y no, como quieren los políticos, al infierno.
28 Marzo 2017 04:07:00
Seguritech, el querubín
Seguritech es el nombre de una empresa que genera muchos murmullos pero de la que nadie quiere abiertamente hablar. Empezó en 1996 como una compañía que vendía alarmas vecinales y botones de pánico, de donde evolucionó a una empresa de seguridad que de la mano de los gobiernos mexiquenses se convirtió en escasos 10 años, en un emporio nacional de telecomunicaciones, aeronáutica, defensa y construcción. Su fundador es Ariel Picker, que tiene 51% de las acciones y sus socios son extraños: Gonzalo Miguel Adalid Mier, general retirado que trabajó en áreas de seguridad pública, que murió en 2013, tiene 30% de las acciones, y Alicia Rebolledo Terrazas, que tiene 19%, es una notaria pública en Veracruz. Como Tecnoradio S.A. de C.V., Seguritech es una empresa ligada al poder sumergida en la opacidad, aunque a diferencia de la primera, el que su campo de acción sea la seguridad evita que sus contratos sean públicos.

Personas que han seguido su vertiginoso crecimiento recuerdan que Picker se relacionó con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y con varios miembros de su equipo. El más conocido, al haber sido puesto al descubierto hace dos domingos por la revista Proceso, es David Korenfeld, exdirector de Conagua, que fue quien lo impulsó a la diversificación de negocios de Seguritech al entregarle contratos hidráulicos. Korenfeld fue más que eso, dijo uno de los que los conocen, porque a través de él Peña Nieto, como gobernador y después como Presidente, estableció una relación directa con la poderosa comunidad judía en México. Picker gozaba de la confianza de Peña Nieto y su equipo cercano, aunque el volumen más importante de sus contratos, en función de montos, se ha dado con el gobierno de Eruviel Ávila.

Seguritech era una empresa modesta que creció apresuradamente. De un negocio concentrado en la Ciudad de México y el Estado de México, en la última década amplió sus relaciones comerciales a otros 20 estados, en donde ha instalado la mayoría de los centros de seguridad conocidos como C2 (que hace monitoreo de video vigilancia), los C4 (centros de Comando, Control Comunicación y Cómputo), y los C5 (centros de Comando, Control Comunicación, Cómputo y Calidad). Todos los contratos, por la razón del campo que toca, han sido por adjudicación directa. Este tipo de procedimiento no habría despertado sospecha en la industria, de no ser porque concentran cerca del 80% de todas las adjudicaciones directas que ha dado el Gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad, según cálculos de los expertos, y por la forma como se entregan.

En la industria se quejan del favoritismo con el que, a su juicio, se manejan los contratos con Seguritech. “Cuando llegan a un estado, prácticamente tienen el contrato asignado”, dijo un ejecutivo en una empresa de seguridad, que citó el caso de un Gobierno que llevaba apenas dos meses en funciones y que entre sus primeras acciones fue dar todas las asignaciones directas en materia de seguridad a la empresa. Picker, por otra parte, señaló una persona que conoce la forma como se realizan estos negocios, sólo los concreta con quienes gobiernan en los estados. “Su fuerza no está en Korenfeld o en el Estado de México”, añadió otra persona que conoce los vínculos de Picker con el círculo íntimo de Peña Nieto desde hace tiempo. “La fuerza proviene de alguna oficina en Los Pinos”.

No está claro en la industria quién es su padrino dentro del círculo peñista, donde han mostrado una proclividad para establecer relaciones políticas o empresariales que se adentran en el conflicto de interés. Pero la certeza de que no hay otro lugar de donde podría tener el apoyo para que los gobiernos estatales vean a Seguritech como una empresa pre-etiquetada y le entreguen adjudicaciones directas, proviene de la facilidad como ha hecho negocio durante estos años. De la misma manera, la tensión que se ha dado en las últimas semanas ante las señales de cuando menos cinco gobierno estatales que quieren demandar a la empresa y a su principal accionista por contratos inconclusos o funcionamiento parcial, sugiere que por encima de Picker hay personeros tan poderosos que puedan estar inhibiendo a varios gobernadores a tomar acciones en su contra.

El caso de Seguritech, como el de Tecnoradio que se exploró en el texto anterior, son dos ejemplos muy claros del entramado opaco entre Los Pinos y empresarios ligados a altos funcionarios de la Presidencia. No hay evidencias sólidas que permitan apuntar conflictos de interés de Seguritech con el equipo de Peña Nieto, y menos aún que sean beneficiarios de sus ganancias. Pero las sospechas son letales en el último tercio del sexenio. El caso de Tecnoradio es menos difícil de procesar porque al no estar en el campo de la seguridad, los conflictos de interés que aparentemente existen pueden ser solucionados y eliminados. Con el de Seguritech, la situación es distinto.

No habrá manera de abrir esa caja negra que es en donde se maneja para conocer el mapa de su crecimiento desorbitado en la última década, porque sus contratos entran bajo los rubros de seguridad nacional. La confirmación de que Picker llega a los estados con la recomendación de Los Pinos, como sostienen en la industria, saldría si alguien lo denunciara y comenzara una investigación. Eso no sucederá. O al menos, no en este sexenio, lo que no significa que la protección, quizás mutua, sea para siempre.

P.D. En la columna anterior, “la misteriosa Tecnoradio”, se apuntó que el IMER depende de la Secretaría de Gobernación. Depende de la Secretaría de Educación.

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