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Vicente Bello
Vicente Bello
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27 Mayo 2017 04:00:00
La tibieza del Congreso mexicano cuando se trata de proteger a periodistas
El día que mataron al periodista Javier Valdez, en Culiacán, Sinaloa, un clamor exigiendo su esclarecimiento y castigo de los responsables se escuchó al unísono, dentro y fuera del país.

Organizaciones periodísticas como Artículo 19 se escucharon con gran estruendo, como también la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, e incluso periódicos como El País y The New York Times abrieron con sus editoriales la exigencia al gobierno de Enrique Peña Nieto que ya no se hiciera el occiso y se pusiera a investigar y a parar de una buena vez las agresionesa periodistas y medios de información mexicanos.

A Valdez nadie debe regatearle la valentía y el arrojo con que asumió el oficio de reportero. No es lo mismo escribir de lejos que escribir allí, a las puertas mismas del infierno. Y esto fue lo que hacía el compañero de Sinaloa, cuando se ponía a escribir de narcotráfico; como, sin lugar a dudas, también en este preciso momento siguen escribiendo decenas de compañeros reporteros en zonas marcadas por la muerte, como Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Oaxaca, y una veintena más de estados de la República.

En su sesionar del miércoles pasado, la Comisión Permanente abordó el tema de las agresiones a periodistas. No deja de verse lerdo, cuando es un asunto que diariamente es abordado por periodistas, asociaciones de periodistas, periódicos incluso extranjeros y por organismos internacionales de la talla de la ONU.

Más que debate, fueron posicionamientos, luego de la presentación de un Punto de Acuerdo, mediante el cual el Congreso dice refrendar “su más amplio compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, por ser elementos esenciales del sistema democrático de gobierno”.

También el Pleno dijo reiterar “su enérgico rechazo”, y condenó “el ejercicio de la violencia en contra de la integridad física y sicológica de los profesionales del periodismo”.

Dictamen de cuatro párrafos. En el segundo, la Permanente “se pronuncia por que el fortalecimiento de las instancias federales y locales responsables de desplegar las medidas de prevención y protección que requieran los profesionales de la comunicación social, para el ejercicio de sus actividades, y exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, donde aún no se han conformado a integrar las unidades y/o centros de atención a periodistas”.

En el tercero, dijeron invitar “al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, a una reunión de trabajo con los integrantes de la misma”.

Y en el cuarto párrafo, la Permanente exhortó a las cámaras de diputados y de senadores “para que den seguimiento a los casos de agresión en contra de periodistas, y a la implementación de las unidades y/o centros de atención a periodistas en las entidades federativas”.

Comenzaron con la senadora Iris Vianey Mendoza, del PRD, quien dijo: “Es indispensable que en México, siendo un país de libertades (…) es indispensable que demos pasos con mayor precisión para la protección de la vida de los periodistas y para la libertad de expresión, y que esta sea una garantía real”.

Miguel Barbosa Huerta, del PT: “Nuestra realidad es la de un estado mexicano que no tiene capacidad de respuesta ante nada; no tiene capacidad de respuesta ante la creciente violencia, creciente impunidad.

“No tuvo capacidad de respuesta, ni la ha tenido para presentar una política estratégica para combatir esa nueva forma de crimen organizada que es el robo de combustible, el robo de hidrocarburos, y tampoco tiene capacidad de respuesta en relación a la violencia sobre la libertad de expresión y al asesinato de periodistas. ¡No la tiene!
“El lenguaje parlamentario, el lenguaje que se utiliza en las piezas legislativas o en los productos legislativos, como yo les llamo, es importante, pero expresa el papel que se quiere jugar.

“Cómo que ‘atenta invitación’. ¿Por qué no le pusieron ‘¿cordial’? Extiende una atenta invitación al titular de la Fiscalía Especial. Mejor hubiera sido: ‘Atenta, especial, comedida invitación’. ¡No! es un diálogo entre poderes, es una cita a las comisiones de la Comisión Permanente para que hablen de ese tema; no es un agravio a un servidor público, ni a otra institución del poder público. ¡No, no lo es! Es diálogo entre poderes. Por lo menos debería cambiarse, Presidente, a ‘convoca’ al Fiscal Especial a una reunión de trabajo. Y sustituir esa, de verdad, lisonjera expresión de la ‘atenta invitación’.

“La cita debería de ser al secretario de Gobernación, al procurador general de la República, y sin duda, al fiscal especial, al que solamente le invitan una ‘atenta y cordial invitación”. De verdad, no es la respuesta.

“El Estado debe dar, ante una situación tan grave, tan inaceptable. El ‘ya basta’, que hoy se publica en periódicos nacionales, de importantes empresas encargadas de la comunicación política social, televisiva, radio y prensa escrita, importante hacerlo que la Comisión Permanente haga suyo, que la Comisión Permanente se exprese para fortalecer lo dicho en esa publicación a la que se ha dado a llamar ‘ya basta”.

Al final, la diputada del PRI Martha Hilda González Calderón, quien decía que su partido “recibe con una enorme responsabilidad el que hoy se esté presentando a este Pleno este compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo precisamente para poder, en el marco de la Primera Comisión de Gobernación, podamos invitar a la Fiscalía Especial para ver cómo se desarrolla su trabajo en este esquema de contrapesos”…
26 Mayo 2017 04:00:00
El contrapeso fallido del Congreso mexicano
El Congreso General, conocido popularmente como el Congreso de la Unión, tiene en la función de control político la justificación para meterse prácticamente en todas las cosas públicas del país; pero no lo hace porque permanece bajo el control político y administrativo de dos partidos de actuación gangsteril: El PRI y el PAN, a los que desde hace unos años se les ha sumado el PRD.

Si bien es más conocida la función legislativa, la de construir leyes, es la función del contrapeso la que da al Poder Legislativo el rostro que todos los mexicanos desearían que mostrara todos los días: la cara de una institución del Estado que defiende a ultranza la rendición de cuentas.

Para infortunio de México, el Poder Legislativo mexicano ha sido durante décadas sólo un triste simulador como representante de la nación; apenas rescatado por la participación de legisladores o grupos parlamentarios excepcionales, a lo largo de su historia contemporánea.

A final de cuentas, el debilitamiento endémico del Congreso mexicano fue prohijado por el sistema político instaurado por el PRI, con el propósito de que la Presidencia de la República fuese la poderosa en México, y no las instituciones que se decían tener la representación del pueblo.

Durante décadas, las dos cámaras del Congreso tuvieron en la Gran Comisión la representación categórica del presidencialismo priísta.

La Gran Comisión era la expresión absoluta del poder del presidente de la República. Se acabó cuando, en 1997, por primera vez en la historia post revolucionaria del Congreso mexicano, el PRI perdía la mayoría, para convertirse en la primera minoría, con 242 diputados federales.

La Gran Comisión –en la realidad, una suerte de gran capataz al interior de las cámaras- desapareció, para dar lugar a nuevas figuras de gobierno, entonces consideradas más democráticas, aunque con el paso de los años han terminado rezumadas por el PRI.

El poder ejercido en la Gran Comisión se partió para democratizarlo aparentemente en las nuevas figuras de gobierno: la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

La mesa directiva era en los tiempos de la Gran Comisión un remedo de gobierno. Entonces sus integrantes eran renovados mensualmente. A partir de la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de agosto-septiembre de 1999, la mesa adquirió una notoriedad inédita: sería anual y ahora sí el presidente tendría un protagonismo político que
antes no tenía.

La Junta de Coordinación Política sería integrada por solamente los coordinadores de los grupos parlamentarios y su voto sería ponderado.

Y la Conferencia sería en realidad la suma del presidente de la mesa directiva mas los coordinadores integrantes de la Junta.

En la mesa directiva deben confluir diputados –o senadores, en el caso del Senado- que al interior de sus respectivos grupos parlamentarios supuestamente se han distinguido por estudiosos de la técnica legislativa o del derecho
parlamentario.

Si esto ocurrió en el principio (finales de la 57 Legislatura, y en la 58 y 59), después fue notorio cómo llegaron a la mesa legisladores afines a las cúpulas, o recomendados de los líderes nacionales de los partidos, gobernadores o de la presidencia de la República.

En el caso de presidente de la mesa directiva, al principio intentaron que prevaleciera el criterio de proponer cada grupo parlamentario a los diputados que tuvieran como cualidad básica la prudencia, capacidad negociadora y, sobre todo, que se distinguieran por su buena camaradería con los legisladores de la mayoría de los otros grupos parlamentarios. Sólo así los aceptarían el resto de legisladores.

Al parecer lo intentaron en las legislaturas posteriores a la reforma aquella; pero ya mucho después, particularmente ahora en este sexenio, aquellas virtudes para ser presidente de mesa directiva valieron madre.

Sobre todo los que han sido del PRI, han sido inobjetablemente productos del dedo del presidente Enrique
Peña Nieto.

La Junta de Coordinación Política siempre ha estado bajo el control del PRI, por su condición de partido de la primera minoría. Al tener el voto ponderado (el voto de un coordinador está directamente proporcional al número de diputados que representa), el PRI suele tener la última palabra. Aunado a lo anterior, el PRI ha contado históricamente con la complicidad de coordinadores del Pvem, PAN, Panal, Pes, y, desde mediados del sexenio de Felipe Calderón, también del PRD.

La Conferencia es una vacilada de órgano de gobierno. El poder real lo tiene la Junta. Y dentro de la Junta, el PRI, mediante esos dos factores: el voto ponderado y la alianza con sus rémoras y demás partidos afines.

Siendo el PRI el partido que ostenta la Presidencia de la República, el Congreso ha terminado siendo una suerte de Oficialía de Partes del Ejecutivo Federal, que sólo responde a los intereses y llamados que conviene a quienes ejecutan el poder público en México.

Y quienes tratan de ejercer la función de control político o de contrapeso, pues es la oposición. Pero la verdadera, porque hay que aclarar que en el Congreso mexicano la mayoría de los grupos opositores son una falsedad, una simulación. Una farsa.

Al menos en esta y la anterior Legislatura, sólo un partido fue sobresaliente en su trabajo de opositor al régimen: El que lidera Andrés Manuel López Obrador, aunque al menos en el Congreso, seguido muy de cerca por el Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo.

En el PRD siempre hubo un grupo de diputados y senadores que asumían con rigor su papel de contrapeso. Pero terminaban topándose con sus dirigencias vendidas a la Presidencia.
25 Mayo 2017 04:00:00
Envilecido hasta las cachas el Congreso mexicano
El miércoles 24 de mayo, ayer, el Congreso de la Unión a través de su Comisión Permanente, vivió uno de sus episodios más viles, cuando de plano se hizo el sordo, el ciego y el mundo ante las denuncias abiertas de que Enrique Peña Nieto desbordó toda la fuerza del estado para cometer fraude en las próximas elecciones del 4 de junio en el Estado de México.

El Pleno de los 37 legisladores –que bajo el control está del PRI, PAN y PRD- nada absolutamente dijo sobre lo que, la víspera, martes 23, denunció Andrés Manuel López Obrador, de que Peña Nieto prácticamente encargó a cada uno de sus secretarios del gabinete presidencial uno de los municipios más importantes del Estado de México, para hacer proselitismo del brazo de Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del PRI, y de las secretarías estatales del gobierno de Eruviel.

Tampoco el Congreso dijo nada este día sobre la nueva denuncia del líder nacional de Morena, de que Enrique Peña Nieto ordenó a los gobernadores del PRI a involucrarse en la elección del Estado de México, con gente y recursos.

La Comisión Permanente asumió ayer un papel vergonzoso y de humillación para quienes dice que representa: La población. En todo el orden del día, el tema jamás fue tocado.

Actuó el Congreso de la Unión como si no tuviera la obligación de atender asuntos tan graves como las denuncias aquellas, desde su condición de representante de la nación y desde su función de control político.

Primero fue el diario Reforma el que, el lunes, publicó documentos que referían el “proyecto de la estrategia para acompañar la elección del Estado de México”. Y esta no consistía en otra cosa que una serie de indicaciones, establecidas desde Los Pinos, para que las secretarías del gabinete presidencial se involucraran por regiones en la elección de esa entidad, considerada por la oposición afín a Morena como el coto, el bastión, de los priístas más corruptos del país: Los agrupados en torno del Grupo Atlacomulco, al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto.

Después, el martes 23, Andrés Manuel López Obrador videodifundió por Facebook información similar a la que había publicado aquel diario, pero ampliándola y
pormenorizándola.

En el siguiente día, o sea ayer, el líder de Morena difundió nueva información: Dijo que, respondiendo a una convocatoria de Enrique Peña Nieto, los gobernadores priístas de todo el país se incorporaron a la guerra sucia en el Estado de México y se habían hecho cargo de municipios mexiquenses para persuadir a los votantes –con dinero– a que voten
por Del Mazo.

He aquí algunos encargos para algunos gobernadores: Omar Fayad, de Hidalgo, deberá ir a corromper ciudadanos en Tecámac, Cuautitlán y Ecatepec; el junior oaxaqueño Alejandro Murat: Valle de Chalco; el jalisciense Aristóteles Sandoval: Naucalpan y Tlalnepantla.

López Obrador dijo que, de acuerdo con un escrito anónimo que “alguien” desde el primer círculo presidencial de Peña Nieto le hizo llegar, los gobernadores priístas Rolando Zapata (Yucatán), José Manuel Correa (SLP), Ignacio Peralta (Colima) Marco Mena (Tlaxcala) Claudia Pavlovich (Sonora), Quirino Ordaz (Sinaloa) y Alejandro Tello, de Zacatecas, “tienen la obligación de aportar recursos para la movilización
del 4 de junio”.

Pero la movilización, aclaraba López Obrador, no será a cancha abierta, sino subrepticiamente, a escondidas pero en carrusel, con maletas de dinero para ir corrompiendo a todos los ciudadanos que se dejen, y en el trayecto o a la mera hora de ejercer el sufragio.

López Obrador también hizo referencia de Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, y de Roberto Sandoval, de Nayarit. “No participarán en el fraude del Estado de México”, precisó el líder nacional de Morena, “pero operarán de la misma forma en las elecciones de sus estados”, también a celebrarse el mismo día, 4 de junio.

También mencionó al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien de acuerdo con el documento anónimo que dice le hicieron llegar, fue el contacto entre Enrique Peña Nieto y los líderes estatales del PRD: Héctor Bautista y Juan Zepeda.

Andrés Manuel acotó: dijo que respecto de este último dato, de que Velasco habría sido el contacto de Bautista y Zepeda con Peña Nieto, no es para creerlo del todo, porque ni modo que Bautista no conozca a Peña por su cuenta.

Pues todo esto que denunció López Obrador se lo tragó el Congreso sin agua y sin aceite. Los alfiles del PRI, PAN y PRD en la Comisión Permanente hicieron acopio de toda la ruindad de que han sido capaces de demostrar ya, en muchas otras ocasiones, y nada de estas denuncias dejaron pasar a la tribuna.

ESTRIBO
Tampoco el pleno de la Comisión Permanente nada dijo absolutamente sobre la denuncia que ayer hizo el diario capitalino La Jornada, respecto de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende censurarlo, al negar el acceso a actos oficiales de la Secretaría al reportero Jesús Aranda, trabajador de esa casa editorial.

Incluso, también ha denunciado el diario, “tal acto de censura se sumó al hecho de que, desde los primeros días de 2017, el área de la dependencia encargada del trato con los medios de comunicación dejó de enviarle comunicados e invitaciones a actos públicos, sin explicación alguna”.

Según explicación del diario, Jesús Aranda se presentó en el Centro Militar de Ciencias de la Salud para cubrir informativamente la inauguración del Congreso Internacional de Obesidad y Diabetes, pero un militar adscrito a la dirección de comunicación social de la Sedena le impidió el paso, arguyendo que “no había sido invitado”.
24 Mayo 2017 04:00:00
La hipocresía del PRI, PAN, Pvem y PRD cuando hablan de corrupción
Diputados federales del PRI, PAN, Pvem y PRD se pusieron ayer a hablar sin pudor de corrupción e impunidad en los territorios de San Lázaro, cuando la Comisión de Vigilancia entregó las conclusiones y recomendaciones a la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2015.

Los legisladores Luis Maldonado Venegas, del PRD; Enrique Salazar Farías, del Pvem; Minerva Hernández Ramos, del PAN, y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, PRI, entre otros, entregaron un documento a la Auditoría Superior de la Federación, con comentarios e interrogantes derivados del análisis que hicieron al informe de resultados que la ASF entregó el pasado febrero sobre el Resultado de la Fiscalización Superior de la cuenta Pública 2015.

En el documento de marras, los diputados entregaron a Juan Manuel Portal Martínez, el titular de la ASF, y allí han hecho 15 recomendaciones al análisis de la Cuenta Pública 2015, y han propuesto la ejecución de 50 auditorías a distintos programas, 21 estudios y 22 evaluaciones de políticas públicas.

Incluso, en voz de Maldonado Venegas, presidente de la comisión de Vigilancia, han llamado al Senado de la República para que en un periodo extraordinario –al que ya convoca el PRI y el PAN a través de otras voces- se “resuelva el tema pendiente del Fiscal Anticorrupción”.

Este asunto quedó en el vacío cuando, precisamente ellos, los del PRI, PAN, Pvem y PRD, acordaron dejar pendiente el nombramiento del fiscal anticorrupción el día en que aprobaron –mayo de 2015- ese conjunto de leyes supuestamente destinadas a combatir la corrupción y la impunidad.

Entonces, mediante una reforma constitucional, crearon el Sistema Nacional Anticorrupción; pero a propósito, adrede, dejaron prácticamente desjarretado al SNA, al no aprobar el nombramiento del fiscal.

Durante el debate, diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y PT- criticaron que aquellos estuvieran promoviendo la reforma anticorrupción, pero haciéndose los desentendidos con el nombramiento del fiscal, lo que imposibilitaría al nuevo Sistema Nacional a echarse a caminar para combatir lo que más jode a los mexicanos: la corrupción, permitida por este sistema político mexicano prohijado por el PRI y secundado, fundamentalmente, por el PAN, PRD y Pvem.

Todavía el pasado 15 de febrero se esperaba que cumplieran con la fecha fatal, de tener que hacer el nombramiento del fiscal; pero, mañosos hasta las cachas, los diputados y senadores del PRI, PAN, Pvem y PRD, se hicieron los sordos, y es hora de que el fiscal todavía no existe.

Casualmente, justo ahora en que el PRI está atormentado ante la sería posibilidad de perder uno de los bastiones más grandes que tiene la clase política priísta para ejercer la corrupción con total impunidad y cinismo, el estado de México, salen con su anuncio de que irán por un periodo extraordinario que atienda el nombramiento pendiente.

Esto fue lo que dijeron algunos de ellos:

Luis Maldonado: “Se requieren fórmulas que ataquen frontalmente el fenómeno de la corrupción, un mal endémico que ha permanecido por siglos en el país. Probablemente no tengamos la capacidad de acabar con ella y quienes sugieren que pueden y lo van hacer de manera mágica o través de un decreto, me parece que es una oferta demagógica, pero lo que sí podemos es terminar con la impunidad”.

Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del PRI: “Ha sido de gran importancia (la creación de) Sistema Nacional Anticorrupción, porque fortalece la cooperación entre instituciones para enfrentar la impunidad, a través de un enfoque multifactorial en lugar de sólo atender eventos aislados. Es indispensable fortalecer el canal de comunicación entre legisladores y la ASF, a fin de generar retroalimentación con respecto al uso y destino del gasto”.

Enrique Salazar Farías, del Pvem: “La corrupción tiene harta a la sociedad, hay escándalos en todas partes y la población ya exige un cambio. Si la ley actual no es suficiente para castigar a los corruptos, hay que modificarla a fin de coadyuvar a detectar irregularidades y sancionarlas”.

Maricela Contreras Julián, del PRD: “Se duplicaron las malas prácticas y eso no es otra cosa, sino muestra de una grave impunidad y un sistema permisivo de corrupción. Al no ser castigados los responsables, es un asunto que se alienta. La Cámara de Diputados, por ejemplo, debe el análisis real de las Cuentas Públicas del 2003 al 2015; en ese sentido, cuestionó sobre cómo sería posible recuperar confianza institucional, cuando hay licencias de impunidad para gobernadores donde prolifera el compadrazgo y la protección en el mal manejo de recursos”.

La panista Minerva Hernández Ramos: “En las conclusiones entregadas a la ASF se señala la probable recuperación de 63 mil 442 millones de pesos. Habrá que estar pendientes de que los entes auditados presenten la documentación correspondiente sobre el destino de ese monto. Es importante el reintegro de las cantidades observadas por la ASF como recursos públicos que se usaron para un fin distinto al previsto por la normatividad”.

Pero no todos cargan el sino del descrédito. Manuel Clouthier, diputado independiente, dijo con autoridad moral: “Ante la realidad actual, el reto fundamental es construir la credibilidad en las instituciones, que hoy padecen un déficit de confianza y su fiscalización no da resultados. Además, observamos crecimiento de la corrupción tanto en el ámbito federal como a nivel estatal”.

Y apostillaba: “No se puede cambiar una cultura de secrecía e impunidad sin que haya sanciones. Tiene que haber castigos en la ley, pero también sancionados para acabar con este fenómeno que brota como pus en la administración pública”.

Así suelen hablar PRI, PAN, Pvem y PRD en vísperas de elecciones.
23 Mayo 2017 04:00:00
El cinismo del PRI en su máxima expresión
El anuncio del PAN y PRD de aliarse hacia el 2018, escoció en los territorios del Congreso de la Unión. Miguel Barbosa Huerta, vicecoordinador político del PT en el Senado –y antes coordinador de la bancada senatorial perredista-, advirtió: “No van ni se alían contra el PRI, van contra Andrés Manuel López Obrador”.

Apareció Barbosa al lado de Manuel Bartlett Díaz, en conferencia. A 10 días de la elección en el Estado de México –considerada la elección que abrirá la puerta a Los Pinos en 2018 para quien la gane-, las Cámaras del Congreso se transfiguraron en un gran recipiendario de ecos de guerra política-electoral.

Barbosa Huerta continuó: “Como ven PAN y PRD que el escenario electoral (en el Estado de México) ya no les favorece, ahora asumen la posición de aceptar el planteamiento del PRD de construir una coalición”.

Y el apostille del senador: “Porque el propósito es parar a Andrés Manuel López Obrador y no es contra el PRI”.

Y fue entonces cuando Barbosa acusó que detrás de la coalición aquella, no solo están los “chuchos”, en referencia a Jesús Ortega y Jesús Zambrano, sino también los gobernadores perredista Arturo Núñez Jiménez, de Tabasco y Graco Ramírez Garrido Abreu, de Morelos.

El anuncio de la coalición entre el PAN y PRD sirvió ayer para que los capitanes del partido en el gobierno, emitieran declaraciones con el propósito de hacer creer a la gente que se aliarán aquellos porque el priísmo está tan fuerte que ya tuvieron miedo.

Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, dijo ayer muy orondo: “Lo que queda patente es que el PAN y el PRD no pueden ganar elecciones ni pueden ir a 2018 a convocar a los ciudadanos a enfrentar a la oscura caverna del populismo autoritario que representa Andrés Manuel
López Obrador”.

El tabasqueño está en el centro de los golpes que tira el PRI. Y así como Ochoa Reza se fue sobre él, también Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados.

Ante el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), Ramírez Marín al atardecer –por la mañana había acompañado a Enrique Ochoa Reza en su conferencia- presentó una denuncia contra el partido de López Obrador, Morena, “no por informar sobre el destino de 580 millones de pesos que –aseguraba Ramírez- López Obrador recibió por financiamiento público en los últimos dos años”.

Y como no tienen de dónde agarrar a López Obrador, pues Ramírez Marín utilizaba lo de los supuestos 580 millones, y decía: “Para nosotros es muy grave, lo incluimos en la demanda, es un tema de derechos humanos; los ciudadanos deben saber en qué gastan los partidos su dinero, en qué gastan su financiamiento público, cuánto dinero adicional reciben de financiamiento público, cuánto como en el caso de Texcoco de su dinero, de su salario, va a dar a los partidos políticos”.

El cinismo de los priístas de la cúpula no tiene límites. Ramírez Marín acusaba con el índice pero tres dedos lo señalaban a él y a su partido, el PRI, que libra una guerra sucia, sin cuartel, en todo el estado de México.

Dueños del patrón electoral, cientos de brigadas de mujeres van casa por casa, municipio por municipio, entregando las “tarjetas rosas”, pretendiendo embabucar a las amas de casa, por quienes preguntan.

En su anhelo por embaucar a la gente, los priístas bajan el cielo y las estrellas: Darán un salario mensual a las amas de casa, prometen las embaucadoras de las brigadas aquellas, en ese trajinar frenético, desesperado, del PRI por la compra del voto mediante la prostitución de la
conciencia social.

Es un carrusel que no ve el Instituto Nacional Electoral, tampoco el Tribunal Electoral ni, mucho menos, la Fepade. Y menos todavía el Congreso de la Unión, que ha apagado estos días, de plano, los motores de por sí debilitados, menguados, de la función de control político.

Se supone que el padrón electoral no lo debe tener el Gobierno del Estado, sino el Instituto Electoral del Estado de México. Pero como esta entidad no es más que una extensión del gobierno, pues el padrón lo tienen los priístas.

Es probable que ayer se haya dado uno de los más feroces encontronazos por el Estado de México, entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto y el PRI, teniendo a un Congreso de la Unión silenciado para favorecer sin duda al ocupante de la Presidencia de la República.

En su dirección de facebook, López Obrador publicó un video en el que mostró documentos sobre lo que parecer ser la estrategia que el presidente Peña armó para favorecer a su primo Alfredo del Mazo, candidato del PRI a gobernador.

López Obrador dice en el video: “Nos hicieron llegar un documento amplio en donde se menciona cómo Enrique Peña Nieto está asignando tareas en cada una de las regiones del Estado de México a los secretarios y a los funcionarios del más alto nivel para favorecer a su candidato”.

Entre los que menciona están Aurelio Nuño, José Narro, Gerardo Ruiz Esparza, Luis Enrique Miranda Nava y Rosario Robles.

Más tarde, la presidencia de Peña Nieto respondía en voz de su vocero, Eduardo Sánchez. De principio, negó conocer los documentos que difundió Andrés Manuel. Dijo que no son auténticos.

“El gobierno de México desconocer la autoría de los documentos presentados hoy por López Obrador”, afirmó, y añadía: “La actuación de los servidores públicos del Gobierno de México en todo el país se apega a lo que marca la ley”.
20 Mayo 2017 04:00:00
El Estado mexicano en el filo de los cantiles
En lo que ya es el tercer evento criminal en contra de periodistas acontecido en esta semana, el director del Canal 6 de Nueva Italia, Michoacán, Salvador Adame, fue levantado la tarde-noche de este jueves 18, por sujetos armados, según testigos. Un día después, no se conocía todavía su paradero.  

Este secuestro se suma a los otros dos hechos criminales del pasado lunes 15: En Culiacán, Sinaloa, fue muerto a balazos el periodista Javier Valdez Cárdenas, editor del semanario Riodoce y corresponsal del diario capitalino La Jornada.

Ese mismo día, en Jalisco, la directora comercial del periódico El Costeño, Sonia Córdova, y su hijo Jonathan Rodríguez, fueron rafagueados en un camino vecinal del municipio de Autlán. Él murió en el momento de la agresión, en tanto ella era internada, muy grave, en un hospital de la zona.

Si Valdez, al mediodía del lunes 15, era el sexto periodista asesinado en lo que va del año, pues Jonathan se convirtió en el séptimo, y su madre en el octavo.

Numeralia terrible. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, el lunes ya llegaban a los 40  crímenes, sin contar a los desaparecidos o levantados, como en este caso ha sido el periodista michoacano de Nueva Italia, Salvador Adame.

El común denominador en todos estos crímenes –que de 2010 a la fecha, ya suman más de 126- son tres cosas: Uno: prácticamente en todos los periodistas asesinados, ha habido antes amenazas de muerte; dos: el gobierno federal se ha mostrado bastante pasivo y negligente, antes, o sea durante las amenazas, y después del cumplimiento de las amenazas. Y tres: en todos los asesinatos, la impunidad se pasea, oronda.

Las autoridades juran, cuando sucede un crimen, que lo investigarán hasta encontrar a los asesinos, materiales e intelectuales si los hay. Pero, invariablemente, todos estos asesinatos han quedado si no en el olvido sí en la total impunidad.

Hay impunidad porque, en prácticamente todos los sitios donde el crimen organizado creció, las autoridades fueron o sometidas por miedo o están coludidas por conveniencia, y mucho dinero de por medio.

Todo mundo sabe en esas zonas del país controladas por el crimen organizado, que las instituciones del Estado mexicano están en situación de falla grave.

A estas alturas de la situación, para nadie es un secreto en México que en algunas partes del país –como Tamaulipas, por ejemplo- muchas veces los elementos de la policía municipal son peones al servicio de los jefes de los cárteles. Sirvientes que sirven para revisar a los ciudadanos que viajan por algunas carreteras o poblados o ciudades.

Nos contaba un compañero periodista del estado de Sinaloa que allá, los policías municipales por un lado están pidiendo las credenciales de elector de la gente que pasa por allí, y por otro lado, en ese instante, están pasando por radio o por teléfono esos mismos datos personales a los encargados de la seguridad de los jefes de los cárteles de la región.

Hay en vastas zonas del país una psicosis ciudadana, porque los hombres encargados de la seguridad pública no pueden o no quieren hacer nada. Están como presos, secuestrados, por los jefes del narcotráfico.

Todo esto debería estar atendiéndolo con gran fervor la presidencia de Enrique Peña Nieto; pero mejor ha optado en convertirse en golpeador de los gringos, cuando se ha dedicado a intervenir en los asuntos internos de Venezuela.

Luis Videgaray Caso, hace un mes, declaró desde su condición de encargado del despacho de Relaciones Exteriores de México, que el presidente Maduro creó un “régimen dictatorial”.

Entonces, la cancillera venezolana, Delcy Rodríguez, dijo en respuesta a Videgaray que “el mexicano arremete a Venezuela para congraciarse con sus duelos imperiales (en alusión a Donald Trump), porque cree así que el pueblo mexicano olvidará su traición”.

Pues ayer, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, devolvió el golpe en persona, cuando ha afirmado que México “está a merced de la violencia, desigualdad y narcotráfico”. Y asegundó: “México es un Estado fallido”.

Y asegundó dos veces: “Trump arremete a México y no hay gobierno en México que defienda a los mexicanos”.

El lunes, cuando el asesinato del periodista Valdez, el presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó el crimen y dijo que “se solidarizaba con su familia, con el periódico La Jornada y con todo el pueblo mexicano”.

Y restregó entonces, con un comentario en twitter el fariseísmo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando le preguntó a Almagro, titular de la organización americana: “Por qué almagro no se pronuncia sobre la violencia del narco en México y el asesinato de seis periodistas en lo que llevamos de 2017”.

Este reclamo fue porque Almagro ha sido un alcahuete de marca mayor con el gobierno alimentador de impunidades de Enrique Peña Nieto y con el gobierno del brasileño Temer, ahora emplazado por el aparato de justicia de su país a tener que dejar la presidencia interina por haber incurrido en actos de corrupción superlativos, en esto que ha sido su cortísima temporada como presidente.

Pero, en contrapartida, la OEA no ha dejado de criticar a Venezuela, como tampoco el gobierno de Peña y el gobierno de Temer.

Peña Nieto salió a decir presuroso el lunes, después de la muerte de Valdez, que no quedarán impunes las agresiones a periodistas. Para su infortunio, deberá escalar una pared muy vertical para que se le crea, ante esa costumbre por declarar sólo para salir del paso.
19 Mayo 2017 04:00:00
Los periodistas y las comisiones especiales del Congreso
Las dos Cámaras del Congreso General tienen sus respectivas comisiones especiales de seguimiento a agresiones a periodistas. La eficacia de ambas es infame a todas luces, a pesar de las buenas intenciones que, en lo individual, tienen alguno que otro diputado y senador, por supuesto los de la oposición al régimen.

La de la Cámara de Diputados tiene el nombre de Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medio de Comunicación.

A la de la Cámara de Senadores se le puso un nombre prácticamente idéntico: Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra periodistas y Medios de comunicación.

Estas dos comisiones viajan a través de la actual Legislatura como carromatos viejos, y tan desvencijadas e inútiles como dicen que es la “carabina de ambrosio”…  Nomás para hacer la finta y para simular que los diputados y senadores están preocupados por lo que sucede a los periodistas y a ese derecho constitucional de la población que es la libertad de expresión.

Estas comisiones, como igualmente sucede con el resto de comisiones de carácter especial, están bastante acotadas por la Ley Orgánica del Congreso. No tienen una facultad sustancial que sí tienen las comisiones ordinarias: la facultad resolutiva.

Sólo son equipos interdisciplinarios que se dedican a dar seguimiento informativo a los hechos para los cuales fueron creadas. Y en su camino investigativo suelen padecer muchos portazos de las fuentes de información del gobierno, porque, simple y sencillamente, no tienen el poder constitucional para obligar a dichas fuentes a entregar lo que será, por antonomasia, su materia prima: la información.

Las comisiones especiales –incluso cuando en el comienzo de sus tiempos fueron vistas como un triunfo de la oposición al régimen- han terminado siendo una suerte de adorno parlamentario y político: funcionan para el oropel. Para que el Congreso se pare el pescuezo diciendo que, con dichas comisiones, ahonda en el ejercicio de su función de contrapeso o de control político.

En parte sí lo es; pero también saben los diputados y los senadores que a pesar de que estas comisiones provocan un malestar en las fuentes que son investigadas, no pasan de ser una simulación de rendición de cuentas.

Prueba inobjetable de ello ha sido el trabajo bastante infame de las comisiones arriba mencionadas.

Por más aspavientos que hacen, por más gritos y sombrerazos que dan, estas dos comisiones a veces no han sido capaces ni siquiera de obligar al gobierno federal a que les entregue la información mínima que maneja desde su Fiscalía encargada de las agresiones contra periodistas, Fiscalía dependiente de la Procuraduría General de la República.

Vaya, a veces ni siquiera son capaces de obligar a que el titular de la Fiscalía se apersone ante el pleno de las comisiones para reuniones de trabajo.

Cuando fueron forjadas las comisiones especiales, en aquella reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de 1999, su mera incorporación a la estructura del Poder Legislativo ya fue considerado un triunfo de la oposición.

Entonces también el PRI tenía bajo su control al Congreso, con la ayuda del Pvem y con el apoyo del PAN, un partido  que siempre, indefectiblemente, ha votado de acuerdo con los intereses del PRI en los momentos delicados del proceso legislativo.

Verbigracia: Acción Nacional votó al lado del PRI en aquella ocasión, en que se aprobó la reforma a la Ley Orgánica; votó al lado del PRI aquel 12 de diciembre de 1998, cuando aprobaron que la deuda privada, de unos cuantos entre éstos los banqueros, se convirtiera en deuda pública (el Fobaproa); y en muchas otras ocasiones, una de éstas la reforma energética, en agosto de 2014, cuando panistas y priístas se agarraron de las manos y juraban que permitiendo el regreso de compañías petroleras extranjeras habría grandes beneficios para los mexicanos, uno de éstos sería el abaratamiento de las gasolinas y el diesel…

Aquella vez, tanto el PRI como el Pvem y el PAN aceptaron la aparición de las comisiones especiales en el Congreso mexicano, siempre y cuando no tuvieran poder resolutivo, y quedasen sólo como meros equipos emisores de opiniones.

Esta debilidad ha provocado que las comisiones especiales sólo sean el hazmerreír del Ejecutivo Federal. Son como leones viejos y desdentados.

Nunca, comisiones de este tipo, han obligado al Ejecutivo a aportar información que contribuya a una investigación. Es más, ni siquiera las cámaras como tales las apoyan con presupuestos suficientes para la realización de indagatorias que pudieran cimbrar al Ejecutivo.

Están tan acotadas jurídicamente que el PRI se da el lujo de permitir que dichas comisiones puedan ser presididas por legisladores de la oposición, a quienes suelen no hacerles caso sus compañeros de los partidos aquellos, Pri, Pan y Pvem.

Si hay una labor de contrapeso constitucional de estas comisiones especiales es porque se lo deben al trabajo de los diputados y senadores que asumen verdadera condición de opositores al régimen.

Hay legisladores que si bien son de la oposición, al no asumir una posición firme, terminan convertidos en alcahuetes, farsantes o payasos afines al PRI.

Estas dos comisiones de seguimientos a las agresiones a periodistas –como también el resto de comisiones especiales- podrían hacer un papel mejor si se promoviera ya una nueva reforma a la Ley Orgánica del Congreso General.

El PRI y el PAN, tan dados a ocultar información y a manipular la función de control político, lo aceptarían si quisieran que estas comisiones tuvieran el poder suficiente como para obligar al Ejecutivo a informar y a trabajar con eficacia y sin hipocresías.
18 Mayo 2017 04:00:00
Ante muerte de periodistas, actos sospechosos de contrición política
Inusualmente la muerte de un periodista –la del sinaloense Javier Valdez Cárdenas- fue noticia ayer, miércoles, en los territorios del Congreso de la Unión, como, la víspera, martes, lo fue también en los territorios de la Presidencia de la República, desde donde, por twitter, el Presidente Enrique Peña Nieto sorpresivamente se dio por enterado que, en lo que va de su sexenio, ya mataron a 40 compañeros, de los cuales en 2016 asesinaron a 11 y ya son siete en lo que va de 2017.

Fue la reacción tan briosa la de los diputados y senadores como lo fue, anteayer y ayer, la de Peña Nieto, quien anunciaba en Los Pinos ante secretarios y gobernadores “una serie de acciones para la protección de periodistas a lo largo del territorio nacional”.

¿Por qué apenas ha reaccionado Peña, cuando se le pedía una decidida intervención –por su calidad de Jefe del Estado Mexicano- cada que han matado a un periodista mexicano? Casualmente, el Congreso reaccionaba ayer con gran denuedo. Pero no deja de llamar la atención que ocurra justo cuando los mandamases del Poder Legislativo –el PRI y PAN- están a punto de perder la elección del estado de México, considerada la puerta más ancha hacia la Presidencia de la República en la elección presidencial de 2018.

Hasta el momento, de los 126 periodistas asesinados desde 2010, de los cuales 40 cayeron en este sexenio-, la impunidad prima en todos los casos porque sólo en un caso el asesino está en la cárcel. Y el presumible común denominador de todos los periodistas que han muerto, es el hecho inobjetable de que habrían muerto porque tenían información relacionada con corrupción y con ligas entre políticos y criminales. 

En Culiacán, este lunes, mataron a balazos a Javier Valdez Cárdenas, editor del semanario sinaloense Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada. Ese mismo día, en Jalisco, mataron a Sonia Córdova, subdirectora comercial del periódico jalisciense El Costeño de Autlán, y con ella también murió su hijo Jonathan, un joven de 26 años de edad.

Lo que dijeron ayer en la sesión de la Comisión Permanente, ¿fue un acto de contrición? ¿Un ejercicio más de hipocresía y simulación de la clase política, algunos en calidad de satélites (Pvem, Panal, Prd y Pes) y otros, en calidad de detentadores del poder presidencial (Pri y Pan)? ¿Ganas de engañar a la gente, ante lo inexorable de las elecciones? He aquí:

Pablo Escudero Morales, presidente del Senado, y senador del Pvem: “La mesa directiva de la Comisión Permanente condena enérgicamente los reprobables acontecimientos ocurridos en contra de periodistas y exige al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales ejercer a cabalidad sus funciones jurídicas y de procuración de justicia que pongan en marcha decisiones contundentes de seguridad para brindar garantías de mejora a la labor profesional de los periodistas”.

Karina Sánchez Ruiz, diputada federal del Panal, citaba a Mario Vargas Llosa: “El periodismo, tanto el informativo como el de opinión, es el mayor garante de la libertad, la mejor herramienta de la que una sociedad dispone para saber qué es lo que funciona mal, para promover la causa de la justicia y para mejorar la democracia”.

José Clemente Castañeda, del Mc: “Qué desafortunado que haya tenido que suceder un asesinato más para que este Poder Legislativo tome cartas en el asunto y se pronuncie al respecto”.  

Vidal Llerenas Morales, diputado de Morena: “Es el reflejo de una política de seguridad equivocada, que no se basa en la seguridad ciudadana, que quiere combatir el crimen, sin organización, sin fuerza, pero tampoco involucrando a la ciudadanía y respetando los derechos humanos”.

Lía Limón García, del Pvem: “Exigimos garantías para quienes ejercen esta profesión, pues su ejercicio libre es y ha sido una pieza clave en nuestra vida democrática”.

David Monreal, senador del PT: “Donde más matan periodistas es en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, estados que en los últimos años han sido azotados por el crimen organizado, por tal razón la tarea de informar a la población resulta difícil y hostil”.

Senadora del PRD Dolores Padierna Luna: “El 2 de marzo, de este año, asesinaron a Cecilio Pineda en el estado de Guerrero; el 19 del mismo mes asesinaron a Ricardo Monlui, en Veracruz; el 23 del mismo mes acribillaron a Miroslava Breach, en Chihuahua; el 14 de abril asesinaron a Maximino Rodríguez, en Baja California Sur; el 2 de mayo privaron de la vida a Filiberto Álvarez, en Morelos.

“El fin de semana un grupo de sujetos armados en Guerrero asaltó, amenazó y golpeó a los periodistas Sergio Ocampo, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Jorge Martínez, Hans Musielik y Pablo Pérez; y el día de ayer fue asesinado en Sinaloa el periodista y escritor Javier Valdez; mientras que en Jalisco atacaban a Sonia Córdoba, subdirectora de un medio local, a quien le arrebataron la vida junto con
la de su hijo”.

El PAN en voz de Rosa Adriana Díaz Lizama: “Estas muertes (de periodistas) nos remiten nuevamente a la valentía con que estos profesionales de la comunicación ejercen su profesión en un entorno totalmente carente de seguridad”.

Y el PRI en voz de Martha Hilda González Calderón: “(El PRI) se une a todas las voces que desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, desde el sector privado, desde las agrupaciones gremiales, desde las instituciones públicas, desde la Presidencia de la República están demandando mayores condiciones para el ejercicio de la profesión del periodismo en todas sus formas”.
17 Mayo 2017 04:00:00
La corrupción sin límite que defiende el PRI, PVEM y el PAN
En comisiones, ayer, una fuerte disputa fue protagonizada entre el PRI y Morena en torno de un presunto hecho de corrupción en Petróleos Mexicanos. El PRI encubriéndolo a toda costa; el Morena intentando que se investigue. Pero con el apoyo del PAN, PVEM y PANAL, el priísmo salió avante.

Morena en voz de Rocío Nahle, diputada de Coatzacoalcos, pidió este martes a la Comisión Permanente que aprobara un dictamen de Punto de Acuerdo, en el que se planteara la investigación y renuncia de María Rosario Brindis, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Petróleos Mexicanos, y sepa el país por qué ella “otorgó contratos a la empresa Strategic Excellence, adonde trabaja su esposo, Alberto Ríos Treviño, y a quien se le adjudicó de forma directa un contrato sin licitación de 567 millones de pesos para el servicio a unas plataformas”.

Cinco cosas pidió Rocío Nahle al Pleno de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente:

1.- Que el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, aplique medidas cautelares.

2.- Que la Secretaría de la Función Pública realice la investigación correspondiente.

3.- Que separe de su cargo a María Rosario Brindis Álvarez, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de esa empresa, por su presunta intervención para que se le otorgaran contratos a su esposo.

4.- Que la Procuraduría General de la República inicie las investigaciones contra Brindis Álvarez por presunto tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones.

5.- Que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise la legalidad de los contratos otorgados por adjudicación directa para la prestación de servicios de alimentación y hotelería en la plataformas petroleras, en las que también está involucrada la empresa Delta Al Muhitat Shipping de México.

El triunfo del PRI consistió en evitar que el Punto de Acuerdo propuesto por Morena incluyera los cinco puntos. Y sólo permitió el paso de dos:

a). Que únicamente los despachos presidenciales de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes investiguen el caso de acuerdo con sus atribuciones.

El PRI respondió a través de sus senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo (Sinaloa), Verónica Martínez Espinoza (Jalisco) y del diputado federal Jericó Abramo Masso (Coahuila): Puro argumento mañoso.

Dijo Diva Hadamira: “Como los legisladores no son ministerio público, y como la denuncia no ha sido resuelta, es propicio solo solicitar el informe a la SFP. Es oportuno esperarse a que resuelva la autoridad correspondiente; y en segundo lugar, me parece que el derecho del peor de los delincuentes, es el derecho a audiencia”.

Verónica Martínez: “El Senado de la República no debe invadir las funciones de otros Poderes de la Unión, si no se quiere que se haga lo mismo con la autonomía del Legislativo”.

Y el diputado Jericó Abramo: “La Secretaría de la Función Pública debe, primero, facilitar a los legisladores todos los datos que tenga sobre la investigación, para que así puedan dar una opinión seria”.

Y la argumentación de los opositores:

Rocío Nahle: “José Antonio González Anaya (titular de Pemex) debe tomar medidas cautelares, debido a que la denuncia contra Brindis Álvarez –quien también es presidenta suplente del Comité de Transparencia– es por presunto tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones y conflicto de interés, al haber intervenido para que Pemex Exploración y Producción otorgara contratos a empresas de las que su cónyuge es representante”.

Apostilló Nahle: “Este Punto de Acuerdo surge de una denuncia hecha porque la Enlace Legislativo de PEMEX con todos los Congresos de los estados, el Senado y la Cámara de Diputados, incurrió en tráfico de influencias, abuso de poder y mil cosas”.

Y reiteró: “También, que la PGR inicie las investigaciones por presunto tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones de Brindis Álvarez, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise la legalidad de los contratos otorgados por adjudicación directa para la prestación de servicios de alimentación y hotelería en la plataformas petroleras, en las que también está involucrada la empresa Delta Al Muhitat Shipping de México”.

Incluso, Rocío Nahle conminó a los legisladores del PRI “a ser congruentes con todas las acciones que se han emprendido en materia de transparencia y anticorrupción en el país, debido a que casos como el de Brindis Álvarez son protegidos por la opacidad y múltiples trabas para que no se esclarezcan”.

Y entonces advirtió al Pleno: “Así ocurrió con el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien recibió sobornos por cinco millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht, para que se le otorgaran jugosos contratos por parte de la empresa productiva del Estado”.

Vidal Llerenas Morales, diputado de Morena, dijo: “Es necesario que María Rosario Brindis sea separada como titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Pemex, con el fin de que las investigaciones fluyan de manera correcta, dada la magnitud y lo delicado del tema”.

Y remachaba: “Es una funcionaria que forma parte del Comité de Trasparencia de Pemex. Esto es importante por el propio caso; hay problemas de transparencia de Pemex. Nosotros hemos solicitado los contratos en el tema de Odebrecht y nos responden que no tienen ninguna información”.

Y los del PRD Dolores Padierna Luna y Fernando Mayans Canabal.

La Padierna: “Los 567 millones de pesos de esta adjudicación directa exceden lo establecido para este tipo de contratos; además, se presume tráfico de influencias”.

Y Mayans: “El dinero del país se está yendo al caño de la corrupción”.

Este debate continuará hoy, en el Pleno.
16 Mayo 2017 04:00:00
Se preguntaba el periodista sinaloense Javier Valdez: ¿Quién fue?
Al filo del mediodía, fue asesinado a balazos ayer en Culiacán, Sinaloa, el periodista Javier Valdez Cárdenas, redactor del semanario sinaloense Riodoce y corresponsal del diario capitalino La Jornada. Es el sexto periodista ejecutado en lo que va del año, y el 120 en lo que va del sexenio.

Conmocionó la noticia a tal grado que dentro y fuera del país organismos internacionales como la ONU e instituciones como la presidencia de la República condenaron el brutal asesinato, cometido a pocos minutos de que había enviado al diario en el que colaboraba lo que ya fue su última nota: la protesta de más de un centenar de profesores sinaloenses, que ayer mismo exigían el esclarecimiento del también asesinato de seis profesores en lo que va del año, en aquella entidad.

En una nota de la redacción a manera de pie de foto, se leía  ayer al mediodía en ese diario capitalino: “N de la R. Reportero entregado a su trabajo, Javier Valdez despachó a La Jornada esta nota, pasado el mediodía de hoy, lunes 15 de mayo. Muy poco tiempo después cayó asesinado”.

Enrique Peña Nieto, ayer mismo, por twitter, exigió a la Fiscalía encargada de dar seguimiento a delitos contra periodistas, dependiente de la PGR, a abocarse a la revisión y atraimiento del caso.

En las horas siguientes a su asesinato, y para no variar, el Congreso mexicano otra vez se observó lento para posicionarse en torno de un asesinato atroz, como el que se cometió en la vida del ameritado periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas. Sólo Dolores Padierna Luna, coordinadora del PRD en el Senado, emitía una declaración condenatoria del asesinato.

Llamó la atención el asesinato del reportero no sólo por el asesinato mismo, sino porque fue autor de múltiples libros sobre el narcotráfico en México. Una labor que fue  reconocida incluso con premios por organismos internacionales de periodistas.

En el portal del diario capitalino del fue colaborador hasta el último minuto de su vida, se colgó un video en el que es entrevistado Javier Valdez, quien dice:

“Hemos conformado un equipo en el que hay mucha confianza. Ríodoce tiene una redacción activa, que discute, que analiza, donde sus miembros jalonean qué se publicará y qué no. Eso nos ha ayudado a ver opciones de riesgo. Eso nos ha salvado el pellejo a nosotros.

“Ismael Bohórquez, nuestro director, nos dijo que más del 70 por ciento de la información que teníamos no se publicó por miedo. En el 2009, nos aventaron una granada a las instalaciones (del Ríodoce). Sólo provocó daños materiales. Querían espantarnos y por supuesto que nos asustamos.

“Nos preguntaban: ¿quién fue? No sé. ¿Un sicario, un jefe policiaco, alguien de la Marina, del Ejército, del narco, algún servidor público de buen nivel?... Quién sabe. Teníamos que cuidarnos de cualquier lado. Hacemos un periodismo estando rodeados.

“Ríodoce ha sufrido una actitud asfixiante del gobierno estatal, de la mayoría de los municipios, y, en general, de la clase política.

“Han querido aislarnos. Quitarnos suministros. Nos quitaron a empresarios que querían ser nuestros socios comerciales. Salíamos de sus oficinas y entraba el gobierno y los amenazaban con auditorías. Y muchos ya no nos recibían.

“Ahora nos enfrentamos a una apatía social y a empresarios no comprometidos con estas causas, que no entienden este periodismo, y que nos ven con temor. Se les olvida que la democracia no son sólo las elecciones, sino son también un asunto cotidiano.

“El periodismo es un asunto que se construye todos los días. Y Ríodoce asumía un periodismo crítico, libre, profesional, serio.

“Un medio cuya buena parte de sus ganancias, más de la mitad, viene de la venta de ejemplares. Un medio que, en buena medida, sobrevive porque vende sus periódicos. Somos una referencia mundial.

“Cuando nos cita AFP, o El País o algún medio de Rusia, o de Centroamérica, o de Asia o de Estados Unidos, o ingluso Al jaseera, es importante para nosotros porque nos cobija.

“Con todo y esto, tenemos el reto de contar esta maldad. Contar las vidas de los muertos. Y también el reto de contar esta maldad desde la perspectiva del capo, del gatillero. Esto lo hemos aprendido a punta de chingadazos.

“No sabíamos cómo contar el narcotráfico. Hacía falta el otro aspecto. Humanizarlos, pero también contar la enfermedad que provocan en la ciudadanía.

“Recurrimos mucho a la calle. En la calle encuentas dos, tres más fuentes. Fuentes en los bares, en la fila del banco, fuentes que incluyen la policía, la Marina, el Ejército, los servidores públicos de abajo. Y los matones también, los operadores del narco, los gatilleros, los punteros conocidos también como halcones.

“Recurrimos mucho a esas fuentes. Y no porque confiemos en ellas. Hemos procurado confirmar dos, tres, cuatro veces la historia, y si coincide tampoco es garantía de que la vayamos a publicar; para (esta decisión) por una discusión en el periódico.

“No corremos prisa. Incluso si en Internet muchos medio ya traen la nota, no nos vamos con la finta. Gastamos las suelas, comprobamos”…

En la Tierra Caliente, Guerrero, siete periodistas fueron retenidos por un grupo no identificado de pistoleros. Amenazaron con quemarlos vivos. Al final los dejaron ir.

En la Cámara de Diputados, ya casi al anochecer, por fin reaccionaba la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, diputada Brenda Velázquez, quien exigía “cese la violencia contra los comunicadores, y se erradique la impunidad de los crímenes en contra de la libertad de expresión”.
13 Mayo 2017 04:00:00
De cómo también empujaban en la Permanente hacia la militarización del país
El viernes 12 de mayo seguía la puja del Gobierno federal por el regreso legislativo de la Ley de Seguridad Interior, que los opositores juzgan que no será otra cosa que la militarización del país.

La presidencia de la República se servía ahora de los encargados de dos de sus despachos: El secretario de la Defensa y el secretario de Hacienda, para justificar la Ley de Seguridad Interior con los hechos de Palmaritos, Puebla.

En tanto José Antonio Meade decía que “no basta con reconocer el dolor de nuestras fuerzas armadas, (sino que) es necesario que esa expresión de solidaridad se acompañe de compromisos, y no se les regatee la actualización del marco normativo”…, a su vez, el titular de la Defensa, Rafael Cienfuegos, decía que “tenemos tres sexenios diciéndolo”, cuando un reportero le preguntó su opinión sobre la tardanza en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Los dos hombres del Presidente inauguraron en Tijuana una sucursal del Banjército. Allí, Meade reiteraba que “quien regatee su apoyo para actualizar el marco normativo de las fuerzas armas, es cómplice de quienes nos saquean”.

Aludía Meade al suceso de Palmaritos, Puebla, como también de ese hecho habló Cienfuegos, cuando dijo: “(En Palmaritos, el 3 de mayo) sí hubo omisiones de algunas autoridades”. Y aseguraba que respetará las conclusiones de las investigaciones” de un caso donde, mediante múltiples videos, se observa cómo un civil sometido erradamente mata por la espalda a un soldado en un descuido, y luego otro soldado va y mata a un civil que permanecía rendido, en el suelo.

Palmaritos, según la óptica del Gobierno, justifica la aprobación de la Ley de Seguridad Interior para que los militares “se puedan defender mejor y no los maten”, tal es el razonamiento prevaleciente en cuanta declaración surge de voces oficialistas.

Pero también, desde que apareció en noviembre de 2016 la iniciativa de Ley de Seguridad Interior en el Senado, los opositores advirtieron a la población que dicha ley es la pretensión infame de convertir al país en un caldo gigantesco de autoritarismo y abusos, en el que los militares podrían entonces ejecutar, matar, pasarse de listos cada que quisieran y sin tener que rendir cuentas a nadie.

Por eso les urgiría ahora aprobarla; para no tener que ser sujetados a escrutinio judicial cuando se sepa que ejecutaron a civiles como se observa que uno de ellos ejecutó a un civil ya rendido en Palmaritos, cuyos padres salieron al día siguiente a asegurar que no era un ladrón ni un criminal sino un campesino.

Y si lo era, un criminal, o incluso el que mató al soldado aquel, según otro de los videos, entonces lo que tenía que haber hecho el representante del Estado mexicano es someterlo totalmente y entregarlo a las autoridades para afincarle el juicio correspondiente.

Pero Palmaritos y la Ley de Seguridad Interior ya habían sido tocados desde el martes, cuando la Comisión Permanente emitió opiniones, encaminadas a abrir camino, a opiniones como las de Meade y Cienfuegos:
He aquí Jesús Zambrano, del PRD: “Yo me pregunto y me digo: ¿Es necesario endurecer las penas por el robo de hidrocarburos, como lo hemos planteado nosotros en iniciativas y en minutas que ya están en el Senado? Sí, por supuesto que sí.

Y la décima primera oradora, y última, la senadora Graciela Ortiz González, del PRI: “¿Qué significa esto? Significa, entonces, que el tema debe de ser visto, como bien se dijo aquí, con una integralidad que permita su mejor atención, su mayor atención y una eficacia mayor de la que hasta ahora hemos revisado.

“… Está, incluso, presentada ante el Senado de la República una iniciativa que se promovió para llevar a cabo la aprobación de una Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

“Esta iniciativa fue presentada por nuestro entonces compañero Senador, Omar Fayad, hoy gobernador del estado de Hidalgo, y cuando fue presentada ya en el grupo parlamentario del PRI, avizorábamos que era un tema que teníamos que afrontar para darles los instrumentos y la legislación jurídica necesaria al Estado mexicano para enfrentarlo de mejor manera.

“Se buscaba en esa legislación fortalecer ese andamiaje jurídico institucional necesario para prevenir, para combatir, para erradicar el mercado ilícito de combustibles, al verlo de manera integral.

“Pero entre otras cosas, (Pemex) está buscando esta integralidad en la atención al fortalecer la coordinación y la colaboración con la PGR, con la Procuraduría Federal del Consumidor, con el SAT, con el Sistema Tributario, con la Policía Federal, con las policías estatales y municipales, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, y esto ha permitido ya el recuperar 13 millones de litros de hidrocarburos en 2016.

“Totalmente de acuerdo en la necesidad de que veamos este tema con una integralidad y una profundidad mayor, para que podamos juntos en acuerdo y en concordancia con la preocupación que hoy tenemos, trabajar nuevamente como legisladores, y desde luego, como Estado mexicano”.

Desde entonces, ya el gobierno federal hablaba de Ley de Seguridad Interior; pero soslayando la ejecución y haciendo énfasis en el militar asesinado, a través de voces afines.

Aquel error brutal del soldado, que daba la espalda a un sicario aparentemente sometido pero sin antes haberlo desarmado, ahora figura como una justificación central para insistir en la aprobación de una ley que, dicen los opositores, pondría al país en los acantilados de la militarización de México.
12 Mayo 2017 04:00:00
Palmaritos, los videos y la desesperación por militarizar ya al país
En medio de la enrarecida atmósfera del robo de las gasolinas, cuya mayor crisis estalló en Puebla y no se apaga, el presidente de la Cámara de Senadores, Pablo Escudero Morales, echó ayer más combustible a ese pastizal seco en que transfigurado está el debate de la ley de Seguridad Interior, con la que el Pri, Pan, Pvem y la presidencia de la República estarían pretendiendo militarizar al país.

Pablo Escudero, quien para mayores señas milita en el Pvem y es yerno de Manlio Fabio Beltrones, ha utilizado su investidura –impuesta por el Pri, y consentida por el Pan y Prd- para emitir una exitativa (un apremio, una recomendación) a los titulares de las comisiones de Seguridad Pública, Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Estudios Legislativos senatoriales, con el fin de que presenten el dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto para expedir la Ley de Seguridad Interior, presentadas por los senadores Roberto Gil Zuarth, del PAN, y Miguel Barbosa Huerta, del PT.

Escudero Morales justificó: “El único mecanismo para que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles es por medio de esta Ley de Seguridad, que los va acotar, y que les va aplicar controles”.

Incluso, insistió, “se debe obligar a los gobernadores y presidentes municipales a que inviertan en la capacitación sus policías para superar la debilidad institucional que padecen, porque eso ha obligado al Ejército a estar en las calles”.

Esta excitativa de quien preside el Senado lleva la pretensión evidente de conectar políticamente con los hechos de Palmaritos, Puebla, en los que presuntamente ocurrió una ejecución de civiles por parte de soldados, luego de que un civil habría matado a mansalva a uno o dos militares, en un descuido fatal de éstos.

Se percibe en la intencionalidad del peón presidencial Escudero Morales una urgencia, sino es que hasta desesperación, de la Presidencia de la República por encausar la Ley de Seguridad Interior –que dejaron en espera desde abril, para no perjudicar al Pri electoralmente en la elección en cierne del estado de México- hacia su dictamen en los términos que han pretendido desde el principio: Dar asideros jurídicos al ejército para que éste pueda escapar de la quemazón cada que incurran sus elementos en ejecuciones o abusos graves contra la población.

Aunque, por supuesto, esta interpretación no es del agrado del Pri, y suele afirmar lo contrario: Con esta ley, el Ejército y Marina tendrán “controles”.

Una serie de videos han salido a la luz pública después del supuesto enfrentamiento entre huachicoleros y soldados, la noche del miércoles y madrugada del jueves de la semana pasada, en Palmaritos.

Al parecer, la Secretaría de la Defensa Nacional la tiene mucho más difícil que cuando en Tlatlaya, adonde el 30 de julio de 2014 soldados ejecutaron a 22 presuntos delincuentes, después de que éstos ya se habían rendido.

Si en Tlatlaya, estado de México, no hubo videos, allá en Palmaritos, Puebla, sí. Y muchos. El diario poblano Cambio, que dirige el doctor Arturo Rueda, fue el que primero los publicó. Desde entonces, una avalancha de críticas imposible de detener cayó sobre el Ejército y sobre la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Como no queriendo, Pablo Escudero Morales dijo ayer, a propósito de los hechos de Palmaritos: “La investigación tendrá que partir de las cámaras y continuar por el combustible que se encontró, y confirmar si los habitantes de esa población se mantienen del robo del combustible”.

El senador presidente añadió: “En este caso la autoridad civil ha procedido a abrir una carpeta de investigación y ubicar a los elementos del ejército visibles en el video, mismo que en el proceso de la indagatoria será sometido a un peritaje para determinar su autenticidad”.

Al final, Escudero hizo un apostille: “Con respecto al elemento del Ejército que fue asesinado por la espalda de siete u ocho disparos de bala a manos de un presunto delincuente, sorprende que nadie diga nada. Pareciera que dan por sentado que los militares sí tienen que ir a morir ahí, y de eso no pasa nada. Si a un militar le disparan por la espalda y cae abatido, no pasa nada”…
 
PALMARITOS Y LA COMISIÓN PERMANENTE

En la sesión de la Comisión Permanente del pasado martes, este mismo asunto ya chisporroteaba incluso cuando todavía no se sabía de la existencia de los videos. Once oradores hablaron de los sucesos de Palmaritos. La novena fue Lisbeth Hernández Licona, senadora priísta, cuyo discurso estaría enfocado a perfilar políticamente al Congreso hacia el proceso legislativo de la Ley de Seguridad Interior.

He aquí:

“Con responsabilidad hemos visto al Presidente de la República, recientemente que ha girado instrucciones para instrumentar una estrategia integral para combatir el robo de hidrocarburos.  Para este fin convocó a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y de Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República y a las autoridades de Petróleos Mexicanos.

“Reconocemos el trabajo del ejército mexicano y de sus elementos adscritos a estas tareas para prevenir el robo de combustibles y la proliferación de tomas clandestinas. Estos robos de hidrocarburos son responsabilidad de todos, poder combatir esta actividad ilícita que pone en riesgo la seguridad de miles de vidas, de familias, de servidores; pero lo más importante es que hoy aquí que tenemos esta oportunidad histórica, podamos generar los mecanismos legislativos (sic) que nos den mejores resultados y opciones para que podamos tener una transparencia en este tan desafiante problema que es el robo de combustibles”. (Continuará)
11 Mayo 2017 04:00:00
¿Por qué han aumentado tanto las tomas clandestinas en este sexenio?
El enfrentamiento entre huachicoleros y soldados seguía ayer dando de qué hablar cuando, en las redes sociales, fueron colgados videos en los que se observa en el pueblo de Palmaritos, Puebla, a un militar ejecutando a un civil tirado en el suelo; otro video en el que, ahora, también se observa a un civil disparando a un militar por la espalda, quien cae al suelo. Y más videos en los que civiles contradicen la versión de la Sedena, de que los militares habían sido recibidos con fuego a discreción, pero interponiéndoles como escudo humano a niños y mujeres, por lo cual no pudieron defenderse al grado de caer muertos cuatro soldados.

Hace exactamente ocho días, entre la noche del miércoles y madrugada del jueves de la semana pasada, ladrones de combustible conocidos como huachicoleros presuntamente se enfrentaron con soldados en el pueblo de Palmaritos. Causó estupor el enfrentamiento por varias razones: Porque murieron cuatro soldados, porque hubo manifestaciones de pobladores, porque murieron personas aparentemente ajenas al crimen organizado y, entre varios otros motivos, porque habrían ocurrido ejecuciones.

En su sesionar de la Comisión Permanente, el martes, anteayer, el Congreso de la Unión se pronunció sobre el caso. Dijeron muchas cosas: Una, notable, que además de ser un fenómeno criminal, el robo de gasolinas ya también comienza a mirarse como un fenómeno social.

He aquí la continuación de los oradores:

Lía Limón García, diputada federal del Pvem: “No basta con acciones gubernamentales, sino que es necesario generar conciencia en la sociedad de que cuando una persona compra gasolina en el mercado negro o en el mercado clandestino se vuelve parte de esta cadena delictiva afectando a la sociedad y beneficiando a bandas criminales, en particular, en este caso a los llamados ‘huachicoleros”.

Dolores Padierna Luna, senadora del PRD: “En agosto de 2003, la paraestatal informó que existe un grupo de trabajo interinstitucional del Gobierno federal en el que participa Pemex con el propósito de delinear estrategias, dar seguimiento al programa de combate al mercado ilícito de combustibles y ejercer las acciones legales procedentes.

“Se desconoce hasta la fecha cuáles fueron los resultados de estos grupos interinstitucionales, han pasado seis directores de Pemex desde entonces. Tres Secretarios de la Defensa Nacional, tres Secretarios de Marina, ocho titulares de la PGR, ocho Secretarios de Energía y no se ha informado ningún avance que hayan tenido estas autoridades.

“En 2010 desapareció el presupuesto federal de la partida para el Programa de Combate al Comercio Ilícito de Hidrocarburos, anunciado en 2002 para Pemex. No se ha explicado por qué se disminuyeron estos recursos, ni el comercio ilegal de combustibles y por qué éste se incrementó.

“Entre 2008 y 2015 se incrementó de 57 a 100 el número de perforaciones ilegales.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto han crecido las tomas clandestinas de combustible a un ritmo mayor que en los otros dos sexenios anteriores”.

El PAN en voz del diputado Javier Antonio Neblina Vega: “El robo de gasolina es un problema mucho más complejo y multifactorial que tiene que ver con cuestiones sociales, económicas, falta de oportunidades de empleo, corrupción, delincuencia organizada y complicidades.

“Para erradicar este problema se requiere una solución integral, voluntad política y aplicación estricta de la ley, así como terminar con la corrupción en Pemex y la complicidad de servidores públicos”.

El PRI envió al diputado Benjamín Medrano Quezada, quien dijo: “En el año 2014, en México se registraron pérdidas por un valor de más de 1,159 millones de dólares derivadas de los robos de los hidrocarburos. Además, según la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, el crimen organizado podría estar controlando el día de hoy hasta el 20 por ciento del mercado nacional de los combustibles; sumado a lo anterior, las pérdidas por reparaciones a la infraestructura y las tecnologías afectadas por el crimen organizado han alcanzado niveles hoy alarmantes.

“Lo anterior, se ha traducido en un constante desabastecimiento en regiones del país que afectan hoy en día a cientos de estaciones de servicio, de abasto de combustible automotriz y, por lo tanto, termina perjudicando a los que, como ustedes y yo, somos consumidores.

“En Puebla, el robo de combustible se ha convertido en un negocio de los pueblos inmiscuidos en la región conocida como El Triángulo Rojo, ya tan mencionada.

“Hoy en día nos cuesta entre 15 a 20 mil millones de dólares al año de pérdidas por el robo de combustible, pero además, esto provoca que se recaude más, perdón, menos IEPS en la gasolina.

“En el 2015 se detectaron 815 puntos de ordeña en Puebla, más del doble que el año anterior; y el primer semestre del año pasado se localizaron 601 tomas clandestinas que representan casi la tercera parte de éstas a nivel nacional”.

“Sensible ante esta situación que vive hoy Puebla, responsable de la necesidad de hacer valer el Estado de derecho, el pasado viernes el Presidente giró instrucciones a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República y a Pemex para que instrumenten una estrategia integral que venga a combatir este ilícito que se da en toda la geografía nacional.

“Asimismo, desplegará más de 2,500 efectivos militares, que junto con 500 oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, desarticularán seguramente a esas organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos en El Triángulo Rojo que tanto daño nos han hecho”.

Pero lo de los huachicoleros parece una bola de nieve. (Continuará)
10 Mayo 2017 04:00:00
‘El robo de gasolinas es ya también un problema social’
El robo de combustibles calentó ayer con cifras la tribuna de la Comisión Permanente. De once oradores, he aquí las argumentaciones, resumidas:

Karina Sánchez Ruiz, diputada federal del Panal (Oaxaca): “El más reciente, en Acajete, Puebla; días antes, cerca de allí, 10 personas murieron, cuatro de las cuales fueron militares, por un enfrentamiento entre autoridades y delincuentes.

“El incremento del robo de combustible, en nuestro país, es exorbitante. Durante 2010, Pemex detectó 691 tomas clandestinas; en 2016, la cifra fue de 6 mil 873. Las tomas clandestinas dañan financieramente a 22 estados del país; un daño en 2016 por casi 1,000 millones de pesos.

“Y donde más tomas clandestinas hay es en Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y Estado de México”.

Macedonio Tamez Guajardo, diputado de Mc (Jalisco): “Ominosa y alarmante es la base social del delito. Salta a la vista que comunidades enteras del estado de Puebla y, por supuesto, que también de otras entidades, viven del delito, viven del robo y nadie dice nada, lo ven como algo normal”.

Norma Rocío Nahle García, diputada de Morena (Coatzacoalcos): “Cuando estaba Zedillo, el robo de hidrocarburos no alarmaba; pero cuando entró Fox, se incrementó alarmantemente en Puebla, Guanajuato, Veracruz y Querétaro.

“Y de ahí se convierte en otro negocio, tanto de gente que trabaja dentro de Pemex, tanto de funcionarios de primer nivel del gobierno, como de personajes de la delincuencia organizada. Con Calderón, este delito floreció. Y con Peña, también.

“En 2009, por ejemplo, había 13 millones 259 mil millones de litros perdidos; y en el 2012, ya había 18 mil millones 456 mil millones de litros que se perdían. Hablamos, en términos redondos, de más de 62 mil millones de pesos que se dejaron de invertir o que se dejaron de asignar.

Pemex, con todas sus bombas tiene un control para decir: La bomba número tal que está en Durango, en Aguascalientes, donde sea, lleva el control de sus ventas, que debe coincidir con la factura que Pemex le surte al gasolinero, por ejemplo.

“Hoy vemos que con una reforma energética abierta, que van a traer gasolina de donde quieran y de donde sea, pues, vamos a ver cómo se va a dar este control, más bien dicho, cómo va a aumentar este descontrol.

“En 2016, tenemos el informe oficial que son más de 30 mil millones 836 de litros que se pierden por el robo de combustible. Para que esto suceda, es porque hay corruptos y corruptores, y que desde adentro de Pemex se permite que las tomas clandestinas que hay y que tiene un seguimiento por cada kilometraje de ducto, se llaman manómetros de presión. Se pone el manómetro, si cae la presión, quiere decir que en  ese momento están ordeñando el ducto y puede haber una medición en todo el país, pues, se no se registra, nadie sabe, Pemex no se da cuenta, y ahora ya no es Pemex el responsable, porque todo se le carga a Pemex, es la Sener.

“Yo creo que Pedro Joaquín Coldwell nos debe venir a informar cómo va a ser el seguimiento de medición de todos los ductos que también está concesionando y está entregando, ahora los privados cómo van a tener este control, todo esto es un desorden, una corrupción que empieza de funcionarios, de clase política y que termina con los huachicoleros de las regiones”.

Siguió el ex perredista Miguel Barbosa Huerta, senador de Puebla: “La ordeña de ductos de Pemex, particularmente en varios municipios de Puebla, tiene uno de sus orígenes en la corrupción en Pemex, y entre servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

“Quienes roban hidrocarburos cometen un delito grave, pero su falta de castigo, incentiva  para que la actividad no sólo se siga realizando, sin que se expanda.

“La impunidad es uno de los principales incentivos de este delito, la expansión de este robo la han convertido no sólo en un fenómeno criminal, sino también en uno de carácter social, en el que segmentos de varias comunidades del llamado Triángulo Rojo, que incluye los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco, en Puebla, participen en la ordeña, transporte, distribución, almacenamiento y venta de hidrocarburos robados, o los que reciben elevados ingresos económicos.

“El fenómeno debe atacarse de manera integral, dicho plan debe incluir, por ejemplo, el combate a la corrupción que también otorga soporte al robo de hidrocarburos, desde la colusión de cuerpos de seguridad pública, pasando por trabajadores de Pemex que participen en este ilícito hasta las complicidades políticas de funcionarios de los tres niveles
de gobierno.

“Revisando notas sobre este asunto dan datos de cómo vehículos oficiales de muchos municipios de estos el llamado Triángulo Rojo, y otros, usan combustible robado.

“Que las instalaciones públicas de muchos de estos municipios sirven para almacenamiento de vehículo robado y de que, inclusive, vehículos oficiales han servido para transportar vehículo robado.

“No podemos pasar por alto que existe un soporte social del robo de hidrocarburos, el cual tiene su origen en la pobreza y la marginación; cualquier plan eficaz debe incluir un programa para la generación inmediata de empleos, la reactivación económica de la zona, dignificación de espacios públicos y viviendas, así como la reconstrucción de infraestructura de servicios de salud y educación.

“Hay que reactivar esa zona del estado de Puebla y, sin duda, hay que hacer un plan nacional para combatir esta nueva forma de delinquir, recuerden que también está Guanajuato, Querétaro, Jalisco, están muchos otros estados que sufren de este flagelo”. (Continuará)
09 Mayo 2017 04:00:00
El Congreso mexicano ante la política antiinmigrante de EU
El duro jaloneo que Donald Trump sostiene contra los que han migrado hacia los Estados Unidos, de modo perruno especialmente contra los de origen mexicano, ha saltado a los territorios del Poder Legislativo, en aquel país.

El Congreso local de Texas acaba de aprobar una ley verdaderamente infame, a través de la cual pretende que se prohíba todo reducto de protección de los migrantes, como han sido hasta el momento algunas escuelas, todos los templos católicos y uno que otro protestante, o incluso barriadas o sectores de ciudades capitales como San Antonio, o pueblos enteros, que se habían autonombrados “santuarios”, en los que estarían los migrantes de toda nacionalidad fuera del alcance de los policías autorizados para detener a la gente sin papeles en operativos similares a lo que se conoce en México como “redadas”, luego concentrarlos en comisarías y sacarlos de inmediato de ese país.

La ley de marras está marcada por las letras y número SB4 y tiene como característica principal el haber sido la primera que se publica en los Estados Unidos, con el fin expreso de hacerle el caldo gordo a ese chivo loco en cristalería en que convertido está el presidente de los Estados Unidos.

Lo que también ha llamado la atención, en los territorios del Congreso mexicano, es el hecho de que al Congreso de Texas no le ha importado, en lo más mínimo, que esa entidad tenga a México como el país con el cual más realiza operaciones comerciales.

Esta ley, dedicada a declarar inexistentes los “santuarios”, nada menos tiene como destinatarios implícitos a los mexicanos, pues es Texas uno de los dos estados de la Unión Americana donde más mexicanos radican, para fines laborales.

La alarma que se percibió en el Congreso fue el hecho también de que esta ley texana vaya a ser influencia, referente, para que otros estados gringos también aprueben otras leyes, pretendiendo cosa parecida: anular jurídicamente los llamados “santuarios”, y así poder pegarles con más saña a los migrantes.

Ayer, la reacción fue inmediata de la Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Relaciones Exteriores. Pero a todas luces insuficiente, como insuficiente ha sido, hasta el momento, la reacción del gobierno mexicano ante el agandallamiento del presidente Donald Trump contra México.

En voz de Víctor Giorgana, la Comisión de marras condenó enérgicamente la ley que ayer promulgó el Congreso texano. Y avisó que, en la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, que se celebrará entre el 2 y 4 de junio próximos en la ciudad de México, harán un reclamo a los texanos y debatirán con sus pares federales de los Estados Unidos en torno de la política migratoria de ese país.

México y los legisladores mismos no deberán atenerse a grandes resultados en la Reunión Interparlamentaria.

Prácticamente desde que comenzaron a reunirse en interparlamentarias (desde la década de los 50, del siglo pasado, cada dos años), los congresistas estadounidenses han tenido como deporte mirar a sus supuestos pares mexicanos como Dios ha de mirar a los conejos: “chiquitos y orejones”.

El Congreso mexicano ha tenido como práctica recurrente enviar a cada Interparlamentaria delegaciones de senadores y diputados que tienen relevancia para toma de decisiones, sea como presidentes de comisiones o incluso como cabezas o líderes de grupos parlamentarios.

Entre tanto, el Congreso gringo solo envía a puros bien intencionados, que, diplomáticamente, solo suelen dar por su lado a los acá de este lado.

“Legisladores morralleros”, así suelen calificar en las universidades de México que estudian el derecho parlamentario comparado,  a la mayoría de los estadounidenses que asisten a las Interparlamentarias, porque no suelen ser representantes o senadores con capacidades resolutivas.

Hablan, dialogan, se entretienen con discursos, a veces incendiarios, a veces más con el sello de la diplomacia. Y hasta ahí. Aquellos se van con las propuestas de los mexicanos. Pero el sabor de las Interparlamentarias entre los dos países es definitivamente amargo para México.

No ha sido ociosa la pregunta añosa en las aulas de por qué existe una reunión bianual entre legisladores mexicanos y estadounidenses si solo se han constituido en burlas, carcajadas de los gringos, que no terminan de ver a los legisladores mexicanos como  sujetos que no están a la altura de ellos.

Los gringos se creen legisladores independientes, profesionales; y a los mexicanos los ven como lo contrario: peones de sus partidos políticos y del presidente de la República en turno, y muchos de ellos antiprofesionales.

Para infortunio de los diputados y senadores mexicanos, quienes los ven así en parte tienen razón: son sirvientes de las cúpulas de sus partidos políticos y de uno que otro poder fáctico.

Para cuando junio llegue, y con él la Interparlamentaria aquella, es previsible que no solo el Congreso de Texas haya aprobado ya una ley rompemadres contra los millones de migrantes que viven, virtualmente a salto de mata, en los Estados Unidos.

Ayer mismo, en San Lázaro, se vaticinaba  que muy pronto estarían con leyes amartilladas contra migrantes, Arizona, Carolina del Norte y Alabama, adonde hay mexicanos por multitudes.

¿Qué les van a decir a los legisladores federales de aquel país, durante la Interparlamentaria? Probablemente aquellos responderían que cada Congreso local es libre, soberano e independiente, y que solo harían llegar sus propuestas o reclamos. 

Más allá de estos respingos anunciados, sería mejor que todo el Estado mexicano –con el presidente de la República a la cabeza- asumiera una posición de defensa a ultranza de la soberanía nacional. Sin miedo, sin simulación. Una sola voz. Un solo grito.
06 Mayo 2017 04:00:00
El robo de combustible y el sorpresivo parte militar en Puebla
El viernes 28 de abril, hace nueve días, la Cámara de Diputados reformó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Tiene esta Minuta (falta el refrendo del Senado) una dedicatoria: combatir a los ladrones de gasolinas, que también son identificados como “chupaductos” o “huachicoleros”.

Si en 2006, según Petróleos Mexicanos, sólo había 200 puntos de extracción de combustibles a lo largo de todos los ductos del país, pues ahora ya son casi 5,300. Y los estados donde han barbotado más tomas clandestinas son Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Tabasco y Puebla. En esta última entidad federativa, el llano está literalmente en llamas.

Apenas este miércoles 3 de mayo –a cinco días de aquella aprobación-, según la vocería del Ejército, un grupo de criminales emboscó a dos pelotones de la 25 Zona Militar y han muerto cuatro soldados y 10 más fueron heridos.

Los hechos de sangre acaecieron en Palmarito Tochapan, Puebla, comunidad que junto con Quecholac y Tepeaca hacen un triángulo al que las autoridades han dado en llamar “triángulo rojo”, donde el crimen organizado dedicado al robo de gasolinas tiene sentados sus reales desde principios de siglo.

Por estos eventos que tienen incendiada a Puebla, es de oportunidad periodística volver a revisar una reforma de debate polarizado, pues mientras el PRI, PAN, Pvem, Pes y Panal la alentaban y defendían, hubo legisladores del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano que se opusieron porque consideraron que endurecer las leyes no remediaba nada.

Se comenzó con César Alejandro Domínguez, diputado federal del PRI, quien en la fundamentación del dictamen, en tribuna, argumentó: “Como bien sabemos, los resultados de este tipo de delitos son devastadores, ya que la industria petrolera es una de las que más beneficia al Estado mexicano. De ella se obtienen suficientes recursos para fortalecer nuestra economía y brindar empleo a un gran número de mexicanos. Además, el robo de hidrocarburos tiene grandes efectos dañinos para nuestro medio ambiente.

“Es por todos conocido que la comisión de este tipo de delitos ha ido a la alza, así como lo señala un estudio realizado por la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión, en donde se menciona que durante el primer trimestre de 2016 el número de tomas clandestinas en la red de ductos de Pemex aumentó un 12.3 por ciento, con respecto del mismo periodo pero del año 2015.

“Asimismo, se indica que el año pasado los municipios con mayor número de tomas clandestinas fueron: Altamira, con 207; Huimanguillo, con 116; Irapuato, con 106; Quechololac, con 88; Cárdenas, con 86; Tepeaca, con 81; Zapotlanejo, con 68; y Pénjamo, con 65. Mientras que en la Ciudad de México, en la delegación de Azcapotzalco, se encontraron dos predios donde se practicaba el robo de combustible.

“En lo que va de 2017 los grupos delictivos siguen robándose nuestros combustibles, siguen robándose el combustible de todos los mexicanos.

“Es necesario mencionar que ya contamos con una legislación especial que atiende a dicha materia. No se olvida que es una ley relativamente nueva, que fue publicada apenas el 12 de enero de 2016, pero también, como bien sabemos, compañeras y compañeros legisladores, toda norma jurídica es perfectible y más aun cuando está entrando en funcionamiento.

“El objeto del presente dictamen es trascendental, ya que al fortalecer las penas se activa un mecanismo de prevención, con lo cual sabemos que no es la única forma de combatir los delitos, sin embargo si apoyamos este tipo de reformas aunado a otros mecanismos de prevención que pueden llevarse a cabo desde la misma empresa, los municipios y las entidades federativas crearemos estructuras integrales que harán que se reduzca drásticamente la comisión de estos ilícitos”.

Turno de Gonzalo Guízar Valladares, del Pes. Reforzaba los dichos del priísta, así: “Independientemente de que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos es reciente, es muy necesario en primer lugar armonizar el tema de unidad de medida y actualización, en lugar de salarios mínimos, ya muy comentado. Un mandato constitucional que sirve para este dictamen a armonizar el marco jurídico de este precepto de ley.

“En segundo lugar, porque profundiza la pena de aquellos que violentan la legalidad ordeñando ductos y eso propicia, en primer lugar, la muerte de inocentes, muerte de responsables; en segundo lugar, lastiman la economía del país.

“Estamos hablando a la fecha de 46 mil millones de pesos que le cuesta a la paraestatal. Estamos hablando que como no hay un marco jurídico que regula con precisión y ser más drástico, hoy se trata de que de 20 a 30 años de prisión para aquellos responsables de ordeñar los ductos.

“En el 2013, las tomas clandestinas detectadas en su monitoreo de la paraestatal, de las denuncias, ascienden a 2 mil 613. En el 2014, un año después, a 4 mil 219 tomas clandestinas. Es decir, 7.5 millones de barriles, son datos duros, datos que cada vez se reciente más en la economía.

“Daña la imagen de seguridad del país, daña la imagen de la calidad del producto de la seguridad del mismo, afecta la generación de empleos y, por supuesto, propicia el incremento de las bandas delictivas que se encargan de ordeñar ductos.

 “Por supuesto, que el consumidor prefiere comprar barato el combustible, dañando a la planta productiva instalada para tal fin, dañando a la economía y propiciando la delincuencia aún mayor”.

Era apenas el comienzo de un debate en el que participaron casi una decena de oradores. (Continuará)
05 Mayo 2017 04:00:00
Cámara de Diputados, entre la farsa y el cinismo del PRI y el PAN
El Congreso de la Unión a través de sus dos cámaras federales tiene como función primigenia la de hacer al contrapeso político a los otros poderes de la Unión. La otra función principal es la de hacer leyes; pero la primera, la esencial, es aquella, la del control político, la de rendición de cuentas, la del contrapeso constitucional.

Por eso es inaudito que los legisladores, cuando se trata de hacer cumplir esta función, se hagan los desentendidos, transfigurando al Congreso con su cinismo en un territorio poblado por una mayoría legislativa de cínicos y farsantes, que hacen todo por no cumplir con esa función esencial.

Y como tal función tiene que ver, rigurosamente, con la revisión pormenorizada de cuantas cosas públicas ocurran en el país, máxime tratándose de los asuntos sociales y políticos, es hora en que los diputados hacen todo lo posible para no escuchar –con fines de revisión para el control político- el fragor de las tres batallas aquellas. 

Tanto en Coahuila como en Nayarit y el Estado de México, las elecciones navegan en un mar picado y turbulento, donde el dinero de orígenes desconocidos y la participación oscura de poderes fácticos ilegales comienzan a mirarse como un común denominador.

Los retiembles en los tres estados suenan cada día más fuertes. Retiembles de guerra sucia a más no poder, particularmente en el proceso electoral del estado de México, de donde es oriundo el grupo político que ostenta la Presidencia de la República, con Enrique Peña nieto a la cabeza.

El Instituto Nacional Electoral ha comenzado a jugar un papel parcial: Toma decisiones que benefician a un partido político, y decisiones que perjudican a otro. Es la rememoración de los tiempos del 2006 y 2012. Pero a niveles locales.

La Cámara de Diputados, previendo que los procesos electorales entraran en descomposición anticipada, instaló desde febrero pasado la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Ilícitos en los Procesos Electorales de la Cámara de Diputados.

Como todas las comisiones especiales del Congreso, ésta no tiene facultades de resoluciones, sino más bien es de corte informativo sobre lo poco o mucho que pudiera investigar.

Aun así, el hecho de existir ya implica un posicionamiento político importante de la Cámara.

Está conformada por 14 diputados federales y la preside Juan Romero Tenorio, un diputado federal de Morena, el partido político que más se considera afrentado por una guerra sucia que lidera el PRI, seguido por el PAN, PVEM y resto de partidos paleros, como son el PES, el PRD y el Panal.

Los tres secretarios de la comisión especial de marras son el priísta sonorense Abel Murrieta Gutiérrez, el panista poblano Juan Pablo Piña Kurczyn y el perredista chilango Alberto Martínez Urincho.

Y el resto de sus integrantes (10), son: El priísta veracruzano Marco Antonio Aguilar Yunes, el pvemista chiapaneco Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, el hidalguense (Pes) Alejandro González Murillo, el nayarita (Mc) Moisés Guerra Mota, la priísta potosina Delia Guerrero Coronado, la priísta oaxaqueña Edith Yolanda López Velasco, el panista chihuahuense Luis Fernando Mesta Soule, la perredista quintanarroense Isaura Ivanova Pool Pech, el panista chilango Jorge Triana Tena y el priísta del estado de México Luis Felipe Vázquez Guerrero.

Pues esta comisión especial tenía citados a sus diputados para una reunión de trabajo este jueves 4, en las instalaciones de la Cámara de Diputados. De los 14, solo se presentó una minoría y, por lo tanto, no hubo quórum y no sesionaron.

El PRI no quiere, evidentemente, que se reúna la comisión especial. No le gusta acaso el orden del día fijado para tal encuentro: la revisión de las quejas surgidas en los tres procesos electorales. Pero de manera muy particular, el proceso electoral en el estado de México, que ya se convirtió en una guerra sucia sólo comparada con la que el país presenció en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012.

Ayer, gente de Morena en la Cámara de Diputados presumía que el PRI no quiere testigos de aquí hasta que se celebren los comicios del 1 de junio, en el estado de México. Y un testigo muy incómodo siempre será una comisión especial como la que ahora no se ha podido reunir.

¿Qué motiva a Morena para que se reúna la comisión especial? El feroz golpeteo de que son objeto sus candidatos y, también, Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido está liderando hacia la gubernatura del estado de México y hacia el 2018 en cuantas encuestas se dan a conocer.

Hay una desesperación del PRI por acometer a López Obrador no vista antes. El miedo atroz que el PRI tiene –y presumiblemente también Enrique Peña Nieto, oriundo de ese estado de la República- ante la muy seria posibilidad de que por primera vez en su historia pierda la gubernatura, los ha hecho caer en una guerra donde el instrumento principal es la mentira y la pretensión a ultranza de engañar a la gente para que no vote por la candidata de Morena y, sí en contrapartida, acepte votar por el candidato priísta, el primo de Peña, Alfredo del Mazo Maza, a cambio de dádivas o incluso de coacción del voto por la vía de la amenaza.

El PRI y el PAN no han podido revertir la acusación que López Obrador les restriega un día y el otro también de que en realidad son lo mismo: dos rostros de una misma mafia, que se ha dedicado a medrar al país. Y que, voraces, no quieren dejar de hacerlo.
04 Mayo 2017 04:00:00
Para el gobierno, Los Avispones de Chilpancingo no existen
Prometió que se reuniría con ellos el 3 de mayo de 2017 en la sede de la Cámara de Diputados, pero incumplió, y se quedaron esperándolo los padres de familia de los muchachos del equipo de tercera división de Chilpancingo, de nombre Los Avispones.

A quien esperaban no era a otro que a Jaime Rochín del Rincón, un burócrata al servicio de la Presidencia de la República que desde la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sólo se ha dedicado a obstaculizar a la justicia.

Se comprometió a estar en la reunión que aquellos otros padres de familia iban a sostener con diputados de la comisión especial de seguimiento del Caso Ayotzinapa; pero no llegó. Y fue entonces cuando aquellos otros padres de familia –los de los muchachos futbolistas de la tercera división del equipo de Chilpancingo de nombre Los Avispones- estallaban en un enojo que ya no han podido ni quieren contener.

Nadie los recibe, acusan, y cuando los reciben sólo les prometen. Los Avispones fueron atacados por uniformados con distintos uniformes la noche del 26 de septiembre de 2014. Los confundieron con estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, de los que permanecen cuarenta y tres todavía bajo condición de desaparecidos.

De los 31 futbolistas que venían en el autobús atacado por confusión, 12 quedaron heridos de bala y dos murieron: el chofer, Víctor Lugo Ortiz, de 50 años, y el adolescente de 14 David Josué García Evangelista.

Ayer, durante la reunión que sostuvieron con diputados, los padres de familia de Los Avispones han expresado su enojo, su dolor, por que las autoridades encargadas de la investigación de los hechos aquellos, ni siquiera los reciben y mucho menos les informan sobre los avances de una ejecución terrible, en la que los verdugos fueron, ni más ni menos, fuerzas de seguridad públicas, lo que indefectiblemente deriva en la connotación de hbaer sido un crimen de Estado.

Verbigracia: Carlos Gatica Ansaldo, padre del futbolista José Gatica Morales, dijo: “Es una falta de respeto que no asistiera el titular de la CEAV, toda vez que tenía conocimiento de esta reunión”.

Jorge León Saenz, integrante del cuerpo técnico del equipo de fútbol, expresó: “Es lamentable que la CEAV actúe con demoras premeditadas en todos los aspectos”. Y apostillaba: “La CEAV ha mentido sobre los derechos de las víctimas, entre otros aspectos. No es posible que tengamos que demandar amparos en contra de las instituciones que se supone están para ayudar”.

En la reunión que sostuvieron con los diputados, algunos dijeron lo siguiente:

Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano: “Pocas veces los diputados llamamos a funcionarios y, cuando lo hacemos, no vienen; por ello, es importante hacer un llamado serio y que los diputados seamos un canal para que familiares expresen sus demandas y presionar a la CEAV para que cumpla en la atención a las víctimas”.

Araceli Damián González, de Morena: “Debe la Comisión Especial llevar a cabo un encuentro con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y militares involucrados en los acontecimientos de Ayotzinapa”.

Y añadía: “Hay suficiente evidencia para señalar problemas de omisión; tenemos el caso del policía Luis Antonio Dorantes Macías, quien, según testimonios de jugadores de Avispones de Chilpancingo, en lugar de llamar a la ambulancia, los hostigó y amenazó”.

El diputado del PRI Manuel Silva Tejeda: “Desde aquí le pido al presidente de la Comisión Especial ser el conducto para hacerle saber a Rochín del Rincón nuestra inconformidad por no asistir a esta reunión, a fin de dar a conocer avances al respecto”.

Y agregaba el priísta: “La cita ya se había acordado no sólo con los padres de las víctimas, sino con las y los diputados en el pasado encuentro que tuvimos en las instalaciones de la CEAV”.

Quien este mes funge como el presidente de la comisión especial de marras es el pvemista Cándido Ochoa Rojas, quien dijo: “El objetivo del encuentro es velar por que se cumpla la atención de las víctimas, escuchar sus problemáticas y reunir información sobre lo que tiene pendiente la CEAV”.

Quien asegundó a Rochín fue la diputada Cristina Gaytán Hernández, del PRD: “En la reunión anterior con la CEAV se informó sobre la visita que harían los padres de familia del equipo Avispones a la Cámara de Diputados, este 3 de mayo, para solicitar a este organismo resolver los retrasos que hay en los casos de estas víctimas”.

Gaytán añadió: “Y esta instancia legislativa acordó tener una reunión con los padres de familia para fortalecer la gestión que realizan en demanda de sus derechos; por ese motivo, se invitó al titular de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, dado que fue a petición de esta Comisión Ejecutiva que la reunión se llevara a cabo en las instalaciones de la Cámara de Diputados”.

Diputados  de todos los grupos parlamentarios y padres de familia de Los Avispones coincidieron en reclamar al hombre del Presidente de la República encargado de atender a las víctimas, su falta de “seriedad” ante la importancia del caso.

Roberta Evangelista Hernández, madre del futbolista David Josué, había dicho también: “Exijo justicia y saber la verdad, pues a tres años estamos en las mismas”. Y remachaba la señora: “Nosotros somos un grupo que no apedreamos a nadie, apostamos al diálogo, pero no por eso nos van a dejar olvidados. No atentaron contra animales, sino contra nuestros hijos”.

En el colmo de su falta de seriedad, Rochín, funcionario del tercer nivel, envió a un representante…
03 Mayo 2017 04:00:00
Morena: Sin duda, con la señora Cadena nos equivocamos
El senador presidente de la Cámara de Senadores, Pablo Escudero, ha anunciado ayer que tan pronto transcurra la elección en el Estado de México, el próximo 1 de junio, se convocará a un periodo extraordinario de sesiones.

Los temas se serían materia prima del debate, serían: Reforma al 102 constitucional, conversión de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General, y el nombramiento, vía una convocatoria previa, del fiscal general.

En los territorios del Congreso de la Unión, el martes 2 de mayo de 2017, dos temas prevalecían: Este del periodo extraordinario y el del proceso electoral en aquellos tres estados de la República, transfigurados de por sí, desde hacía varias semanas, en tres frentes políticos.

Pero el más ruidoso era, sin duda, el del Estado de México, adonde en medio del estupor de la clase política gobernante ya lidera las encuestas el partido de reciente cuño, Morena.

Este martes, en San Lázaro, ese partido político en voz de Rocío Nahle García, diputada federal de Coatzacoalcos y coordinadora de la bancada, emitió una respuesta sobre los tres videos en los que aparece la ya tristemente célebre Eva Cadena Sandoval, ex candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz.

He aquí partes medulares de la conferencia de marras, sobre los tres videos en que aparece Eva Cadena recibiendo, primero, 500 mil pesos para supuestamente ser entregados a Andrés Manuel López Obrador; 20 mil dólares, para entregarlos al mismo tabasqueño, y, el más reciente, un millón de pesos como pago por anticipado para promover y aprobar una ley que beneficiaría a un particular:

Comenzó Nahle: “Primero decirles que en menos de 48 horas, hace ocho días que conocimos el escándalo, Morena actuó de inmediato. Primero, se le retiró la candidatura; segundo, se interpuso una denuncia en la Fepade y, tercero, se le separó del Grupo Parlamentario de Morena en el estado de Veracruz.

“Estábamos esperando que el día de hoy ella compareciera ante la Fepade, porque estaba citada, y nos enteramos de que no llega y con agregado de otro video más.

“Morena es un instituto político que le abre la puerta a la gente que viene a trabajar de buena fe, de buena voluntad. Y, sin duda, con la señora Cadena nos equivocamos. Morena va a tener que endurecer sus filtros, sobre todo después de estos hechos, de esta mala experiencia, para designar a los candidatos o a las personas que nos representan.

“Nosotros tenemos una política de austeridad, una política de transparencia, una política de combate a la corrupción y somos los primeros en condenarla. Pedirle a la gente de Veracruz una disculpa. Es una disculpa pública por las acciones y estos hechos lamentables, indignantes y de corrupción que hizo la señora Eva Cadena.

“Ella tendrá que asumir su costo con la justicia y nosotros decirle a la gente que Morena está trabajando, que vamos a trabajar más de cerca con quienes nos van a representar, y que no solapamos a nadie.

“Estamos esperando que el Congreso de Veracruz haga la declaración de procedencia. La denuncia en la Fepade ya la hicimos nosotros.

“Esperaríamos que también el Fiscal, como pasó con la ‘chapodiputada’, que aquí así se le nombró, nos turne la solicitud de desafuero aquí al Congreso, por delitos federales, para que nosotros, el Grupo Morena, inmediatamente seamos quienes llamemos a un extraordinario para el desafuero de la diputada.

“Ella ha manifestado, o lo que está circulando en medios en Veracruz, que va a pedir licencia. Pero aún con licencia, necesita el desafuero. Y en esta Cámara esperamos que el Fiscal lo solicite de inmediato, para que Morena aquí seamos los que vamos a pedir el periodo extraordinario para el desafuero y que ella pueda enfrentar a la justicia por sus actos cometidos.

“También el Grupo Parlamentario de Morena a nivel local está conformando una denuncia ante el Ministerio Público, porque el video de hoy en el que habla de cobrar por una ley, es justamente lo que nosotros combatimos. Es justamente por lo que Morena se formó, para terminar y evitar esos actos.

“Es bochornoso; sin embargo, Morena le dice a la gente que estamos aquí y vamos a endurecer los filtros. Al pueblo de Coatzacoalcos rural; Las Choapas, el distrito que ella representa, decirles que les vamos a responder y una disculpa.

“Sin embargo, la suplente, que de hecho va a entrar de forma independiente, el propio Grupo Parlamentario hablará con la suplente para ver que se alinee a los estatutos y a los principios éticos de Morena, para que sea nuevamente integrada o considerada en la bancada.

“Nos queda claro: un diputado más, un diputado menos no es fundamental. Lo fundamental es el combate a la corrupción, y somos los primeros. Así como lo señalamos afuera, también tenemos que tomar medidas adentro.

“¿Y del control de daños? Morena actuó en 48 horas. Qué hubiéramos dado porque el PRI así hubiera actuado en la Casa Blanca, que hubiera dicho: ‘A ver, aquí está la señora y tiene que rendir cuentas’. Qué hubiéramos dado porque, cuando presentamos aquí siete cajas de documentos de la Auditoría Superior de la Federación, antes de que se fuera Javier Duarte hubieran procedido.

“O qué hubiéramos dado que en el caso de Odebrecht, de Felipe Calderón, se actúe en lugar que el Procurador está resguardando la información por 5 años. O de los hijos de Marta Sahagún, de Oceanografía, que incluso hay una denuncia en el FBI en Estados Unidos y aquí no pasa nada”.
02 Mayo 2017 04:00:00
‘¿Para qué mil años de cárcel si antes no se combate la impunidad?’
Una de las reformas que la Cámara de Diputados aprobó “al vapor” el viernes 29 de abril, último día de sesionar del periodo ordinario de sesiones, fue la que hicieron a la Ley Federal para Prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Dicha reforma ocurre a un año de la creación de la ley de marras y se trata de un danzón dedicado a ese sector del crimen organizado que se ha dedicado al robo de gasolinas, conocidos como huachicoleros.

En los considerandos del dictamen, se ha dicho que hay zonas vastas del país en donde el robo de combustibles es infame, como el del corredor guanajuatense de Salamanca-Celaya, o el del corredor poblano de San Martín Texmelucan-Quecholac.

En torno de una pregunta central giró el debate: ¿Se combate al crimen organizado endureciendo las penas o se combate atacando la corrupción y la impunidad en que se mueven los delincuentes?

Quien presentó al Pleno el dictamen fue Alejandro Domínguez, diputado del PRI, quien dijo: “En 2016, los municipios con mayor número de tomas clandestinas fueron Altamira, con 207; Huimanguillo, con 116; Irapuato, con 106; Quecholac, con 88; Cárdenas, con 86; Tepeaca, con 81; Zapotlanejo, con 68, y Pénjamo, con 65. Mientras que en la Ciudad de México, en la delegación de Azcapotzalco, se encontraron dos predios donde se practicaba el robo de combustible”.

El priísta añadió: “En lo que va de 2017 los grupos delictivos siguen robándose el combustible de todos los
mexicanos”.

Para reforzamiento de lo que arguyó el PRI, fue a tribuna Gonzalo Guizar Valladares, diputado de Encuentro Social: “En el 2013 las tomas clandestinas detectadas en su monitoreo de la paraestatal, de las denuncias, ascienden a 2 mil 613. En el 2014, un año después, a 4 mil 219 tomas clandestinas. Es decir, 7.5 millones de barriles, son datos duros, datos que cada vez se resiente más en la economía”.

También Ángel García, de Nueva Alianza, jugaba en favor del PRI, así: “Con las reformas relativas a la desindexación del salario mínimo, así mismo se pretende realizar un ajuste a las sanciones previstas actualmente para combatir estos delitos”.

Tampoco el PRD canta mal las rancheras, cuando se trata de votar al lado del PRI: Arturo Santana Alfaro dijo: “Haciendo (el PRD) un análisis responsable del problema del robo de combustibles en nuestro país y en particular el combate que tenemos que hacer contra estos grupos de la delincuencia organizada, que hoy se denominan huachicoleros, votaremos a favor del dictamen”.

Eukid Castañón Herrera, del PAN, se congratuló: “Hoy damos un gran paso para abatir un gran problema en el que se ha convertido el robo de hidrocarburos, pero también tenemos que enfrentar un gran reto y eso nos tiene que llevar a hacer otras reformas”.

El Pvem en voz de Sofía González Torres: “El robo de combustibles no solamente atenta contra esta gran empresa, sino también pone en peligro a miles de personas. Estos ilícitos pasaron de ser cometidos por bandas locales a ser ya uno de los beneficios más importantes económicos del crimen organizado. Los llamados huachicoleros crecen día con día en total
impunidad”.

Y el PRI, a través de Fernando Moctezuma: “Esta reforma que compartimos todos los priístas, por supuesto que las vamos a aprobar porque apenas tiene un año de haberse aprobado esta reforma y la consideramos insuficiente porque las penas tienen que ser mucho más severas”

Sólo dos grupos parlamentarios se opusieron, Morena y MC. El contra argumento: Aumentar los años de cárcel, sin combatir antes contubernios, corrupción e impunidad, de nada servirá.

Víctor Manuel Sánchez, de MC, dijo: “El nuevo sistema de justicia penal va en otra dirección completamente contraria a lo que hoy se pretende con esta reforma. La realidad es que incrementar sanciones no ha demostrado que realmente eso disminuya la comisión de ilícitos.

“La impunidad no se va a solucionar incrementando irracionalmente las penas. Eso está completamente comprobado y aquí en la justificación se dice que se ha detectado de manera exponencial muchísimas tomas clandestinas, que implicaría como que hay más ilícitos en los últimos años.

“Lo que está ocurriendo es que hoy la autoridad federal está trabajando con mayor ahínco y como consecuencia está detectando lo que ya sabíamos desde hace muchos años: Que los robos en el tema de hidrocarburos está alarmante. Eso no lo dudamos, lo que nosotros decimos es que por qué la PGR no ha hecho realmente su trabajo”.

Y Alfredo Basurto, de Morena: “Mientras en México no se combata, pero de una manera decidida, sin tintes políticos, la corrupción y la impunidad, así podremos poner hasta una peña de mil años a este tipo de delitos, y tengan la seguridad que se van a seguir cometiendo.

“Nada más les cito un ejemplo: En días pasados ustedes fueron testigos que circuló por diversos medios de comunicación cómo se absolvió a Emilio Lozoya Austin, quien fungió desde el 2012 hasta el 2016 como director de Pemex. Y está comprobadísimo, con esta empresa brasileña Odebrecht, que era cómplice, y por qué no decirlo más allá, socio de la misma en cuestiones ilícitas y fue absuelto.

“De qué sirve, pues, poner una penalidad de 20 a 30 años si mientras prive en el país la impunidad y la corrupción, la pena es lo de menos, compañeros. El fondo del asunto en nuestro país, debe ser de erradicar la corrupción y a impunidad”.

Finalmente fue aprobada y turnada al Senado, para seguir el proceso legislativo en septiembre.
29 Abril 2017 04:00:00
Deja el Congreso muchos fierros en la lumbre
Las dos cámaras del Congreso mexicano se pusieron a parir leyes a la desesperada, durante los dos últimos días de sesionar del periodo ordinario de febrero-abril que, anoche, se encaminaban a dar por concluido en las dos Cámaras en medio de fuertes reclamos opositores en el sentido de que tanto el PRI como el PAN, fundamentalmente, ya convirtieron al Poder Legislativo en “un muro de cinismo y soberbia que detiene todo”.

Algo positivo sucedió: dejaron definitivamente fuera de toda posibilidad de dictamen a la más temida: La Ley de Seguridad Interior. Pero también dejaron sin efecto aquella otra Ley General de Desaparición Forzada de Personas, que la víspera, o sea el jueves 27, acababa de aprobar la Cámara de Senadores en medio de un alharaquiento ruido de los partidos políticos.

Aquella ley de seguridad interior es temida porque funcionaría como un terrible instrumento de dominio de la población. Pero esta otra, la de desaparición forzada, estaría justamente en el lado opuesto: Robusteciendo los derechos humanos de la gente. Y tampoco pasó.

¿Y cómo fue esto? Pues los diputados en vez de enviarla al Pleno para su discusión y votación final en esta que fue la última sesión ordinaria del periodo –como han hecho en múltiples ocasiones con leyes como la reforma energética o muchas otras más muy a conveniencia de quienes gobiernan- se salieron con el decir de que “merece un estudio exhaustivo”, y optaron por turnarla a comisiones, para su revisión y posterior dictamen.

Esto representará en los hechos la detención de una ley esperada desde hace muchos sexenios, y a la que se comprometió incluso en campaña el actual Presidente de la República, hace cinco años.

Si la hubieran aprobado este viernes, entonces la hubieran podido turnar al Ejecutivo federal, para que éste la promulgara y entrara en vigor.

En el paso previo a los posicionamientos sobre el final del periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados se entreveró en una agria discusión en torno del tema de la corrupción y la impunidad. Y el tema ilustrativo no fue otro más a la mano, más explícito, que el del frenón que hizo el PRI para que la Sección Instructora no desaforara a Tarek Abdalá, el diputado federal priísta veracruzano que fue mano derecha en la administración de los dineros con Javier Duarte de Ochoa, ahora preso.

El dictamen de desafuero o no tenía una fecha fatal: Este viernes 28 de abril. Pero el jueves el PRI en voz de uno de sus peones, el presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto, quien en la tribuna, ayer, dijo: “Es de veras vergonzoso y lastima a cualquier oído que tenga un mínimo conocimiento jurídico de lo que es la declaración de procedencia. La Sección Instructora, el posicionamiento que se hizo el día de ayer de ninguna manera exonera ni condena cualquier conducta que haya tenido el diputado materia del asunto”.

Y ampliaba: “Se pierden, desconocen cuál es el procedimiento de un desafuero. La Cámara de Diputados no tienen ninguna facultad para determinar si existe o no delito, no tiene ninguna facultad para determinar si existe o no responsabilidad de un diputado. Lo único que le autoriza la ley es declarar si hay lugar o no a proceder penalmente en contra del acusado, del diputado”.

Previo a la participación de Ramírez, el diputado del PAN Juan Pablo Piña había asegurado que el desafuero sí procedía. Y explicaba: “¿Por qué el PRI también dice con tufo, impunidad, por qué el PRI dice que no podemos emitir un dictamen por una suspensión de un juicio de amparo? Y ¿por qué interpreta incorrectamente la ley?”

Juan Pablo Piña preguntaba. Y él mismo respondía: “Yo se los voy a responder. Lo hace porque no quiere enfrentar la responsabilidad cívica y política de decir que está impidiendo la acción de la justicia con sus votos. No hay necesidad de violar la ley. Si tienen argumentos para no desaforar al diputado, pónganlos por escrito en un dictamen y sométanlos a votación de los 500 diputados, para que la opinión pública sepa que con sus votos ustedes decidieron proceder de esa manera. No pretendan involucrar a toda la Cámara de Diputados en su impunidad”.

Hablaban de la corrupción e impunidad, como dos asuntos que el Congreso siempre dejó pendiente, no sólo en cuanto a la función legislativa, sino también en la función del control político.
Por cierto, ya cuando se posicionaban los partidos políticos, para cerrar el periodo ordinario de sesiones, este tema de la corrupción y la impunidad barbotaba de la tribuna como agua de las alcantarillas, cuando es tanta que busca salida y cauce a como dé lugar.

Jesús Clouthier, único diputado federal con chapa de independiente, dijo en su posicionamiento: “Los mexicanos piden que se combata la corrupción y la impunidad que se vive en las calles”. Y remachaba el sinaloense: “El ciudadano mexicano llega al Congreso y se topa con un muro de cinismo y soberbia que detiene todo; todo lo que a ojo de los partidos afecte a sus intereses, sin importar los intereses de la sociedad”.

Tronante también fue el posicionamiento de María Candelaria Ochoa, de MC, quien dijo: “En el cierre del segundo año de esta Legislatura, debemos hacer una profunda y seria reflexión sobre el papel que esta Cámara de Diputados está jugando, en un momento crítico de nuestra historia”.

Ha dejado el Congreso General muchos fierros en la lumbre. Los veremos a detalle en este espacio.
28 Abril 2017 04:00:00
Leyes que sólo cuajan a medias y a conveniencia de la Presidencia
A matacaballo, el jueves 27 de abril de 2017, las dos Cámaras del Congreso de la Unión se perfilaron la tarde-noche hacia la conclusión del segundo periodo ordinario de sesiones de este segundo año de la 63 Legislatura.

Una de las leyes que sólo aprobarán parcialmente –únicamente el Senado la aprobó, y quedará pendiente que lo haga también la Cámara de Diputados- es la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición de Personas Cometidas por Particulares.

A pesar de que, legalmente, tienen hasta el próximo domingo 30  para trabajar, diputados y senadores, ya despachaban con gran celeridad las órdenes del día de sus respectivas sesiones ordinarias de ayer.

Esta nueva ley nació con el sello de la discordia bien impreso en la carátula y en cada una de sus páginas.

Por un lado, y ha sido motivo hasta de felicitaciones por parte de organismos internacionales como la ONU, esta nueva ley reconoce el tipo penal de desaparición forzada y lo coloca como un delito imprescriptible y permanente. Y, de paso, mandata la creación de un nuevo sistema Nacional de Búsqueda, para lo cual debe crearse una nueva institución pública: La Comisión Nacional de Búsqueda, así como también Comisiones Locales de Búsqueda en cada una de las 32 entidades del país.

Un fuerte reclamo opositor fue el hecho de que el PRI y su alcahueta rémora Pvem si bien aceptaron la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, se cuidaron perfectamente bien de no permitir, cuando menos, de dos cuestiones sensibles para la sociedad:

1: No se responsabilizará a quienes ordenan a las fuerzas públicas incursionar en acciones delincuenciales, como la desaparición de personas en el marco de lo que se conoce como desapariciones de Estado.

Y 2: La Comisión Nacional de Búsquedas no tendrá “ni dientes ni presupuesto” para ponerse a buscar, con contundencia, a los desaparecidos, ya recriminaban, una y otra vez, al PRI, los senadores del PRD, PT y PAN, a pesar de que prácticamente todos los legisladores la votaban en pro, porque –ya decían más de cinco en la tribuna- no se puede regatear el mérito político de todos en el sentido de que es una ley con sus virtudes.

Es decir, esta nueva entidad no nacerá con las facultades suficientes, necesarias, para no sólo poner a la vergüenza a quienes -desde el presidente de la República hasta los presidentes municipales, pasado por gobernadores-, vayan a tener que responder ante la barandilla cuando se hagan los ciegos o los sordos en materia de desaparición de personas. O inclusive cuando sean ellos quienes ordenen delinquir a policías o soldados.

Pero tendrá las virtudes siguientes: “Se establece que a quien incurra en este delito se le impondrá una pena de cuarenta a sesenta años, y de diez mil a veinte mil días multa, además de que dichas sanciones pueden ser aumentadas hasta en una mitad cuando la persona muera, sea migrante, niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor, sea periodista o defensor de derechos humanos.

“También, a la desaparición forzada cometida por particulares se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

“Igual, se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de personas, cuyo objetivo es diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado Mexicano.

“Y para tales efectos, se crea la Comisión Nacional de Búsqueda, a quien se mandata la ejecución y seguimiento de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”.

El senador Manuel Bartlett Díaz fue uno de los críticos a la ley de marras. Y fue él quien decía: “Mientras en la Ley contra Desaparición Forzada no se estipule la responsabilidad de superiores jerárquicos, no se tendrá ningún impacto contra la masacre que vive nuestro país”.

En la tribuna, Bartlett advirtió: “De no incluirse la responsabilidad de los superiores, es inútil continuar con el procesamiento de  esta ley, porque sabemos que la desaparición forzada proviene de los mandos superiores”.

Escocía. Ya. Ya. Escocía Manuel Bartlett a los senadores del PRI, y más de cinco se removían en sus escaños, intolerantes, gritando al que presidía que le midiera bien el tiempo al orador.

Entonces fue cuando el senador opositor preguntó: “¿No es la autoridad superior la que mandó ametrallar una zona habitacional con un helicóptero?, ¿no es autoridad superior quien participó en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa?

“Los mandos superiores son los que mandan matar, son los que permiten que desaparezcan y, no están responsabilizados, entonces no se está responsabilizado nadie”.

Y volvía a escocer: “Hay pruebas de que ahí estaban los militares, policías judiciales también. Y representantes del gobierno mismo. El C4 había informado de todo eso. Y están los datos de esas personalidades ligadas a la desaparición de los profesores de Ayotzinapa.

Si escamoteamos la responsabilidad de los superiores, pues para qué seguimos… porque esto es un asunto de superiores jerárquicos. De altos niveles. Un asunto que vincula a quienes ordenan y a quienes ordenan hay que responsabilizarlos por esos hechos.

“Nos demuestran que esta ley no es la ley que necesitamos. Es un acuerdo, una aceptación a medias. Fue un debate en el que losa representantes de Gobernación cerraban (el diálogo legislativo) aquí, lo cerraban allá. Había siempre resistencias del gobierno de la República. Y este esfuerzo nos lleva a esa simulación en esta asamblea, de que sólo logramos un poquito…
Ya noche, seguían las cámaras. Veremos.
25 Abril 2017 04:00:00
Artículo 19: Este es el sexenio más violento contra los periodistas
Dos datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cayeron como un trueno, ayer, en los territorios de la Cámara de Diputados, durante el foro La Libertad de Expresión en México, al que convocó la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación: “Del año 2000 a la fecha han sido asesinados 124 periodistas, y, de 2005 a la fecha, 20 más están bajo condición de desaparecidos.

Quien citó los datos fue Virgilio Caballero, un periodista metido a diputado federal de esta 63 Legislatura. Pero no fue el único. Brenda Velázquez Valdez, presidenta de la Comisión Especial de marras, hubo dicho también: “99.7 por ciento de las agresiones a periodistas en México están sin castigo”. Y citaba un dato de la Organización internacional de defensa de los periodistas Artículo 19: “El sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el más violento contra la libertad de expresión”.

De convocatoria vigorosa, al foro asistieron dos personajes de peso completo: Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Aunque no fueron los únicos, porque ahí estuvieron también Leopoldo Maldonado, responsable del Programa de Protección y Defensa de la organización Articulo 19 para México y Centroamérica. Y una decena más de ponentes, la mayoría catedráticos.

“La impunidad es el círculo perverso que, precisamente, propicia que se vuelvan a actualizar nuevas y más violentas agresiones a los periodistas”, resellaba un flamígero Luis Raúl González Pérez en su discurso inéditamente directo sobre la condición de grave riesgo que viven los oficiantes del periodismo en México, de manera muy especial, muy concreta, los que se la rifan todos los días en los estados de la República.

Luis Raúl González había dicho que la democracia en México nunca será robusta si siguen matando a periodistas.

Jan Jarab puso el cascabel a la Cámara de Diputados: a sus legisladores señaló la obligación de “generar las condiciones adecuadas para el ejercicio de la libertad de expresión en México”.

Y dijo cómo: “Junto con la Secretaría de Hacienda (y Crédito Público) trabajen coordinadamente, sugiero, para asignar recursos al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a fin de que brinde medidas de protección durante 2017 y 2018”.

Y en la ley, insistió en señalarle acentos al Poder Legislativo, “asegurar que tipos penales como las injurias, difamación y calumnias sean derogados a nivel estatal; generar regulación para contrarrestar el uso de demandas civiles como forma de coartar la libertad de expresión”.

También, siguió Jarab, “regular el uso de la publicidad oficial y construir un marco legal que proteja a quienes denuncien irregularidades, así como asegurar que las iniciativas sobre la Ley General de Archivos tengan como finalidad primordial garantizar el derecho a la verdad a la sociedad y a las víctimas”.

Directa la flecha para la Cámara de Diputados: Las Naciones Unidas, comprometió Jarab, “podrían brindar asesoría técnica y cooperación que requiera la Cámara de Diputados para que la legislación incorpore los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y protección a periodistas”.

Y apostillaba una vez el representante del Alto Comisionado: “El momento que atraviesa el ejercicio de la libertad de expresión en México requiere una reflexión amplia y participativa, y una discusión que traduzca acciones efectivas que transformen la compleja realidad, combatan la impunidad y se adopten medidas preventivas”.

Y apostillaba dos veces, pero ahora apuntando hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto: “La  creación de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, no ha revertido la realidad para que sean castigados estos delitos”.

Y entonces dijo Jan Jarab: “No hay mejor medida de protección para la libertad de expresión que una investigación pronta, imparcial y efectiva de todo tipo de agresiones; en la medida en que procuradurías federales como locales no lo hagan, seguiremos siendo testigos de estos delitos, y todas las medidas que puedan adoptarse serán meros paliativos”,

Hacía unos oradores, el ombudsman Luis Raúl González Pérez hubo dicho: “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha denunciado, investigado, brindado acompañamiento y exigido que se deslinden responsabilidades en los casos de agresiones y ataques a periodistas y comunicadores que se han presentado.  Hemos hecho esfuerzos importantes al publicar en distintos momentos recomendaciones generales sobre esta temática”.

Fue él quien aludió a la ONU: “La más reciente es la Recomendación General número 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, dada a conocer en el mes de febrero de 2016, y en la que analizamos las agresiones, el nivel de impunidad y la situación que este Organismo Nacional advirtió al analizar las indagatorias, la legislación existente en las entidades federativas, la existencia o no de fiscalías especializadas para conocer de las denuncias por agresiones contra la libertad de expresión”.

En voz de la Cámara de Diputados, la presidenta María Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien dijo: “Es innegable que los frecuentes ataques sufridos por los periodistas en México, muchos de los cuales han perdido la vida, son un problema de Estado y de sensibilidad social, que reclama nuestra atención y solución inmediata”.

Y remachó: “Es necesario levantar la voz y la conciencia para exigir castigo a los responsables. Basta de impunidad.  Basta de simulaciones. Basta de complacencias, porque una sociedad sin periodistas comprometidos con la verdad, podría estar en riesgo de quedarse sin historia”.
22 Abril 2017 04:00:00
1973: el año en que Villa se apersonó en Chiapas para liberar unos presos…
El Senado de la República –con una votación unánime, en su sesión del jueves 20- ha decretado que el 15 de agosto de cada año quede instituido como el Día Nacional del Cine Mexicano. Participaron cinco oradores; pero uno de ellos, Zoé Robledo Aburto, se voló la barda.

He aquí:
“Permítanme, compañeras y compañeros, contarles una historia.

“En 1973, no muy lejos de la frontera, Pancho Villa acató el aclamo popular y liberó a un grupo de presos. La aseveración les parecería extraña, pero les prometo que no me equivoco de fecha, fue en 1973 y cerca de la frontera, de la frontera sur del estado de Chiapas.

“Y se preguntarían. ¿Qué hacía Pancho Villa en esos lugares tan remotos a su tierra?
“¿Qué hacía Pancho Villa en esos lugares tan remotos a su tiempo de vida?
“Lo que estaba haciendo era demostrando que el cine pudo haber sido inventado en Francia; pero su esencia es sumamente mexicano.

“No estoy hablando de una escena cinematográfica. Cualquiera puede disfrazarse de Pancho Villa y rodar una película.

“Lo que sucedió en 1973, en Chiapas, fue la constatación de lo que los europeos llaman ‘Realismo Mágico’, y la constatación de que esa fibra, es una fibra de la cotidiana realidad del sur de México.

“Ciertamente Paul Leduc filmaba ‘México Insurgente’, con una interpretación de Pancho Villa por parte de Heraclio Zepeda. Pero lo que sucedió aquel día ocurrió fuera del set. Heraclio Zepeda descansaba de su rol de revolucionario cuando un grupo de mujeres se acercaron buscando al general Villa, que les habían dicho anda por ahí.

“El reclamo era que unos presos necesitaban de su intervención ante el alcalde. Heraclio Zepeda no dudó un segundo, y vestido del mítico general acudió a la alcaldía y exigió la liberación de los presos.

“¿Quién era el valiente que se opondría a la intervención de Pancho Villa?
“Desde luego que los presos fueron liberados. Y según nos cuenta Eduardo Galeano, la gente exclamó que había hecho falta la intervención de Pancho Villa para que a Chiapas llegara la justicia.

“En Chiapas, el cine ocurre todo el tiempo y en todas partes. Es quizás por eso que los descendientes de Salvador Toscano, ese pionero de la cinematografía mexicana, eligieron Chiapas para vivir.

“Y es que el cine en Chiapas y en todo México nunca ha existido desasociado de lo que algunos insistentemente llaman: ‘La realidad’.

“En México, los márgenes entre la pantalla y ese otro mundo, están complemente diseminados.

“La pantalla grande es una extensión de la realidad, o quizás, la realidad es una extensión de la pantalla grande.

“Durante años, el Santo y Blue Demon combatieron a las momias, los sábados, en las pantallas de cine y en las matinés, y combatían a los rudos en la Arena México, los domingos.

“A diferencia de la industria norteamericana de este Hollywood de las grandes ficciones, de ese Hollywood de los finales felices y de los personajes inventados, el cine mexicano se desarrolló como una expresión más de la realidad.

“Cabe aquí preguntarnos. ¿Quién fue más real? ¿Mario Moreno o Cantinflas?
“¿Quién fue más verdadero? ¿El Santo o el otro Santo?
“La pregunta no es una redundancia, sino una constatación de este espacio doble. En Estados Unidos, Marlon Brando interpretaba al Padrino; Doris Day, a Calamity Jane. Pero en México, en México, Pedro Infante siempre fue Pedro Infante, y La Doña siempre actuaba de María Félix.

“El cine mexicano es indispensable, porque más que un arte, es un terreno fértil para el desarrollo de la realidad.

“Incluso, terminando el gran auge y la época de oro, el cine mexicano ha continuado como un territorio indomesticable, culminado en la década de los 90s, cuya cinematografía pareció darse más en las calles que en las películas. El nuevo siglo compensó la falta de acción en las calles con su versión fílmica.

“¿Qué más cine que lo que sucedió en México en 1994?
“¿Y qué más realidad que lo que sucedió en el cine mexicano a partir del año 2000? “Cuando todo mundo esperaba que con la transición se construiría un escenario de cambio, la realidad defraudó y el cine mexicano entró al quite: 2000: Amores Perros; 2001: Y tu Mamá También; dos fechas que el cine latinoamericano nunca olvidará, pero también dos constataciones de una realidad nueva, una realidad nueva en México donde sonaba Molotov en la radio, y la política prometía cosas que nunca cumpliría.

“Ambos mundos, el de la rebelión y el de las falsas esperanzas fueron reflejados en la pantalla, mucho más que la tersa parsimonia que invadió a México esos años.

“¿Qué fue más real? ¿La historia de Tenoki, de julio, o la historia de una nula transición mal vivida? Para muchos no hay duda que la primera.

“En 1954, Chabela Vargas vio morir a su gran amante, a Frida Kahlo.

“En el año 2002, en la película Frida, la muerte se acerca a la pintora mexicana cantando La Llorona. Esta vez la historia se invierte, es Chabela Vargas quien se viene a llevar a Frida con ella.

“En 1973, Pancho Villa entró triunfante a Chiapas.

“En 2002, la muerte se disfrazó de Chabela Vargas para poder llevarse a Frida sin que opusiera resistencia.

“El día 15 de agosto, será a partir de hoy el ‘Día Nacional del Cine Mexicano’, un día que conmemoraremos la relación al límite que hay entre dos mundos, que en realidad son uno solo y se llama México”.
20 Abril 2017 04:00:00
Un relámpago (ley unánime contra la tortura) a mitad de la sequía legislativa
La tortura en México se perseguirá de oficio y será un delito imprescriptible, y las sanciones serán dobles cuando la víctima sea una persona en situación de vulnerabilidad, mandató ayer la Cámara de Diputados en la reforma que hizo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En la reforma, que incluye también a diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la Ley de Extradición Internacional, se precisa que se castigue con una pena de 10 a 20 años de prisión. O el doble cuando la condición de vulnerabilidad sea el común denominador del ofendido.

Pero también “podrá aumentar la mitad cuando las víctimas sean menores, adolescentes, adultos mayores, indígenas, migrantes, periodistas, o personas en condición de vulnerabilidad. No podrá otorgarse indulto, amnistía o inmunidad al torturador, y el delito será imprescriptible”.

He aquí los posicionamientos en la tribuna:
Armando Luna Canales, presidente de la comisión dictaminadora, la de Derechos Humanos: “El dictamen que hoy se pone a consideración y su agenda, son producto de un año de trabajo, son e incluyen las conclusiones y recomendaciones formuladas por diversos organismos especialistas en la materia. En su construcción participaron la oficina del alto comisionado en materia de derechos humanos de la ONU, a quienes agradecemos muy sinceramente sus aportaciones y el esfuerzo realizado, así como la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes con su participación y sus recomendaciones hacen de éste un proyecto sólido, pero sobre todo refrendan el compromiso que tienen para la eliminación y la prevención de la tortura”.

Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Pes: “Entre los aciertos más luminosos de esta nueva ley, destaca su definición: ‘Comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin: cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no cause dolor o sufrimiento; realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo”.

Víctor Manuel Sánchez Orozco, del MC: “Esta nueva ley es un avance histórico. De hoy en adelante los delitos de tortura y los tipos penales que prevé esta nueva ley serán perseguidos de oficio, pero lo más relevante es que serán imprescriptibles. Esto ayudará que con los cambios de gobierno, que muchas veces se encubren a los autores de algún crimen, permitirá que aun cuando haya esos cambios de gobierno puedan perseguirse por el tiempo que sea necesario, hasta que se lleve a los responsables ante la justicia.

“Además, existe un nuevo principio que incorpora esta ley, que es la prohibición absoluta de la tortura. El nuevo dictamen también contempla dos tipos penales: El delito de tortura y el delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y en las cuales se establecen penas de 10 a 20 años de prisión y para el segundo penas de 3 a 5 años de prisión”.

Ernestina Godoy Ramos, de Morena: “Se busca con esta ley acabar con el ciclo de impunidad que la valida y la fomenta. De acabar con la idea de que la tortura combate la criminalidad y ayuda a la justicia. Se trata de investigar, de dar instrumentos para sancionar una práctica que se extiende por todo el país y en todos los niveles de gobierno.

“Buscamos que la tortura y los malos tratos dejen de ser generalizados en México, que se erradique el uso de la violencia sexual como forma de tortura.
Tratándose de mujeres detenidas es generalizada. Además, que deje de focalizarse en las personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados.

“Que se garantice el derecho a la reparación integral de las víctimas de torturas y malos tratos. Y sobre todo, que estos dejen de ser cometidos por funcionarios federales, estatales, por fuerzas de seguridad y fuerzas armadas”.

Diputada Lía Limón García, del Pvem: “Con esta ley se busca contribuir a la erradicación de un delito y de una violación grave a los derechos humanos que en los últimos 15 años ha generado un número importante de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“…En caso de violencia sexual contra las mujeres, la asistencia médica sea proporcionada por un médico especializado en ginecología, de sexo femenino o del sexo que la víctima decida”.

Cristina Ismene Gaytán, del PRD: “Ésta es una ley que representa los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

La panista Emma Alemán Olvera: “Contempla la aplicación del Protocolo de Estambul, en la realización de cualquier dictamen médico sicológico, así como la posibilidad de que las víctimas soliciten peritos independientes”.

Y por el PRI; Carlos Uriarte Mercado: “Se dota al Estado mexicano de una herramienta eficaz y novedosa para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, otros tratos crueles e inhumanos y armoniza nuestro marco jurídico para darle operatividad a la misma”.

Y el apostille del priísta: “Tenemos que acabar con estos flagelos que atentan contra la dignidad humana y nos agravian como sociedad”.

La minuta se devolvió al Senado, adonde ya refrendarán o rechazarán. Veremos.
19 Abril 2017 04:00:00
“Estados Unidos se mete al cielo mexicano en un caballo de troya que construyó el PRI”…
A galope tendido, ayer, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que ya había aprobado el Senado de la República: Diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de Inversión Extranjera.

Con dicha reforma, se robustecen los derechos de los usuarios de líneas aéreas; pero también México abre del 25 al 49 por ciento las puertas de las aerolíneas para que sean penetradas por inversionistas extranjeros, con lo que el PRI y PAN –los partidos que empujaron el dictamen en ambas cámaras- estarán permitiendo que el cielo mexicano sea ahora controlado por aerolíneas especialmente
estadounidenses.

Un dictamen de la Comisión de Economía fue anunciado a las cuatro de la tarde: El de las reformas a las dos leyes aquellas.

Argumentó entonces Jorge Enrique Dávila Flores, diputado federal del PRI por Coahuila, y presidente de la comisión de marras: (Esta reforma) tiene por objeto reformar la Ley de Inversión Extranjera, para eliminar el límite de 25 por ciento y consecuentemente aumentar al 49 por ciento la posibilidad de participación del capital extranjero en los servicios de transporte aéreo nacional regular y no regular, transporte aéreo internacional no regular en la modalidad de taxi aéreo y transporte aéreo especializado”.

Y añadía el coahuilense: “De entre todas las actividades económicas del país, la del transporte aéreo ha sido una de las más restringidas para recibir capital extranjero, ya que está limitado a tan solo el 25 por ciento del capital social y este régimen no se ha modificado desde hace más de 24 años, cuando la Ley de Inversión Extranjera entró en vigor.

“Es importante subrayar el interés que distintas compañías aéreas nacionales han expresado por contar con la posibilidad de hacerse de mayor inversión extranjera, ya que en la actualidad se ven obligados a recurrir a complejos esquemas jurídicos para hacerse de más recursos
del exterior.

“Lo anterior, se puede lograr sin perder el control de las empresas al incrementar del 25 al 49 por ciento el monto de la inversión extranjera en esta industria.

“(También) con la propuesta que presento a esta asamblea, en representación de la Comisión de Economía, se pretender robustecer el derecho a la información de los pasajeros de las líneas aéreas, contemplando tres obligaciones para los permisionarios o concesionarios del servicio de transportación aérea.

Se polarizó claramente la discusión entre esto que decía Jorge Enrique Dávila Flores y lo que contradecía Jorge Álvarez Maynez, diputado de Movimiento Ciudadano, de Zacatecas. Fue este, precisamente, quien aseguraba en tribuna que en esta minuta nada era casualidad, porque en tanto metían a la ley nuevos ordenamientos favorecedores de los usuarios, también estaban metiendo en ese mismo momento un caballo de troya… Y se refería al PRI, del que decía es ya es una “fórmula que tiene muy ensayada”.

Y apostillaba Álvarez Maynez: “Incluso no es casualidad que haya una agenda mediática del PRI hoy promoviendo el tema de derechos de usuarios de aerolíneas, sí, tratando de ocultar esta iniciativa, esta minuta del Senado, que incluso se aprueba en la hora menos mediática de esta Cámara de Diputados, ya al final de la sesión, ya cuando varios de los compañeros reporteros mandaron sus informes.

“Lo que nosotros vamos a votar es un traje a la medida de un tema que ya negociaron las aerolíneas con sus contrapartes no en el mundo, sino en Estados Unidos. No vamos a invitar a la inversión extranjera a las grandes aerolíneas del mundo, a las que mejores prácticas tienen, a las que mejores estándares de calidad tienen, que en un 90 por ciento son asiáticas. La inmensa mayoría de las aerolíneas con mejores prácticas son asiáticas, les siguen algunas europeas, las menos; y las que van a venir a invertir son las peores.

“Todos y todas ustedes vieron el caso de United, que se hizo famoso, viral en las redes sociales hace unos días. Va a venir Delta, que ya cerró una negociación con Aeroméxico. Va a venir Continental, que ya hizo una negociación con Aeromar. Y no va a haber nueva oferta para vuelos locales sino que nos van a seguir mandando los desechos. Siempre que se les promete a los mexicanos que una apertura a la inversión extranjera los va a beneficiar, los traicionan.

“Tuvimos el último ejemplo con la reforma energética, que aquí no se cansaron de jactarse el PRI y el PAN de que la reforma energética nos iba a dar mejores condiciones para enfrentarnos al mundo, mejores precios en las gasolinas para los mexicanos, y nos salió el tiro por la culata. Nunca había estado tan cara la gasolina, nunca habían estado tan caros los insumos en materia de gas, de electrificación para
los mexicanos.

“Por eso Movimiento Ciudadano no va a avalar esta reforma, porque es un traje a la medida. No va a haber nuevas ofertas, no van a mejorar las condiciones para los
usuarios.

“Se pactó con las aerolíneas aprobar esos disque derechos que son reiteraciones en la ley, para entregarles la inversión extranjeras como ellos la demandaron desde enero de este año. Las aerolíneas están legislando por nosotros y yo sé que la inmensa mayoría de los diputados no son parte de estas negociaciones, que las hacen los coordinadores parlamentarios, las burbujas de sus partidos, pero es bueno que se enteren de lo que están a punto de votar”.

Y la votaron y la enviaron a los territorios del Ejecutivo Federal, para su promulgación y vigencia.
18 Abril 2017 04:00:00
Javier Duarte sería un cebo para atacar opositores, advierten opositores
Parco, pero decía celebrarlo el PRI, se congratulaba el PAN; sólo es una farsa electoral, decía el PRD. Es un pacto, su detención, entre PRI y PAN, “con la clara intención de involucrar a Andrés Manuel López Obrador con el ahora detenido,  advertía y se deslindaba el grupo parlamentario Morena. Dos días después de su detención, el cachetón y sonriente  ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, irrumpía en los territorios del Congreso de la Unión.

He aquí los posicionamientos:
Marko Cortés Mendoza, coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados: “Javier Duarte tiene mucho que aclarar y nos preocupa que el proceso que está siguiendo el Gobierno Federal puede llevar varios meses y hoy tiene muchas cosas qué aclarar, como a qué campañas políticas del PRI desvió recursos de Veracruz y también referirnos respecto del señalamiento que hizo el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de que también financiaba la campaña de Morena en el estado de Veracruz.

“Tiene mucho que aclarar respecto de la red de complicidad, con quienes delinquía y con quienes lograba finalmente usar el recurso público con beneficio particular.

“Y no cabe duda de que la sonrisa de Javier Duarte en su detención refleja que hay algún tipo de acuerdo. Algún tipo de acuerdo de inmunidad a su familia, de inmunidad a sus bienes, de no tocarles sus pertenencias --que fueron adquiridas con recurso ilegal-- porque si no, no entenderíamos el por qué tan sonriente se dio esta detención y por qué de esta forma tan simple, cuando se daba la visita de algunos familiares que además llevaban más del dinero permitido en las aduanas y que no haya pasado nada y que de hecho se haya consentido que hayan pasado más de los 10 mil dólares permitidos en una frontera”.

Parco, el PRI en la Cámara de Diputados opinó en voz del coordinador César Camacho Quiroz: “La detención que anuncia la PGR  permitirá a las autoridades esclarecer hechos denunciados y aportará certidumbre a todos”, dijo en su cuenta de twitter.

Dolores Padierna Luna, coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Senadores: “En esencia, las acusaciones en contra de Duarte giran en torno al desvío de recursos del erario público, al uso de recursos y programas sociales sin comprobación y a un desfalco a la hacienda pública, es decir, acusaciones de tipo económico que resultan insuficientes para la magnitud del desastre que provocó su gestión.

“Ninguna instancia federal, ha atinado a imputarle una responsabilidad directa o indirecta, por acción o por omisión, o siquiera por ejercicio indebido del servicio público, por las decenas de personas desaparecidas bajo su gobierno, por la operación de grupos para-policiales que bajo el mando de su ex secretario de Seguridad Pública se dedicaron a sembrar el terror a lo largo y ancho de la entidad.

“Tampoco por los periodistas asesinados dentro y fuera de Veracruz y que habían sido críticos y detractores de Duarte y de su equipo de gobierno.

“Las acusaciones que pesan contra Duarte insisto, son importantes, pero son limitadas e incluso podría calificar que lo que hoy tiene la PGR en su contra se trata tan sólo de una mini-acusación.

“El Artículo DecimoQuinto del Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala se señala que:

“La persona reclamada (o sea Duarte) que ha sido entregada de conformidad con este Tratado no podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el territorio de la Parte Requirente (o sea México) por un delito distinto a aquel por el cuál se concedió la extradición ni tampoco será extraditado a un Tercer Estado.

 “Quizá por eso Javier Duarte incluso al momento de ser esposado y detenido seguía sonriendo y burlándose, pues sabe que con la “mini-acusación” en su contra y con la limitación de no poderle juzgar por otro delito distinto a menos que Guatemala como país soberano así lo aceptara.

“No cabe duda que las  detenciones de Tomas Yarrington y Javier Duarte fueron más un acto de legitimación del cuál el PRI pretende salir beneficiado, que ahora le permitirá cambiar el discurso oficial por uno que señale el combate a la corrupción, la expulsión de los malos priístas, la imposición del imperio de la ley y desde luego, recordarle a las y los votantes que esos priístas fueron malos, aunque hace unos años eran buenos, y que ahora lo que están en campaña estos si son los meros buenos, aunque en unos años podamos referirnos a ellos como los peores, pues cada gobernante corrupto tiene una capacidad impresionante de superar a su antecesor”.

Y Rocío Nahel García, veracruzana, coordinadora del grupo Morena en la Cámara de Diputados: “La aprehensión del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el sábado pasado en Guatemala, es resultado de pactos políticos entre el PRI y el PAN ante su posible fracaso en las próximas elecciones en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, y en los que además hay una clara intención de involucrar de manera negativa a Morena, lo que nuestro partido rechaza tajantemente.

“Quién era el jefe político, inmediato y al que obedecía ciegamente Javier Duarte, pues nada menos que Osorio Chong. Entonces el acuerdo es ahí y hoy, en forma facciosa, porque no les dan las cuentas en el Estado de México, Nayarit y Veracruz, están tratando de involucrar a Morena. Morena se deslinda”.

Fue una suerte de prólogo de un debate que continuará hoy, en las asambleas plenarias.
15 Abril 2017 04:00:00
Los sirvientes del Ejecutivo federal
El Congreso mexicano está virtualmente de vacaciones a pesar de que no existen oficialmente en ninguna de sus leyes. Se ha abordado este tema en varias ocasiones, aquí, en este espacio; pero no hay mejor oportunidad que hacerlo estos días de Semana Santa, en que siempre los diputados y senadores se van. Y se van en serio; ni los Plenos ni las comisiones ordinarias, ni las especiales, trabajan.

Si no fuese por los diputados y senadores que, en una suerte de “guardia”, suelen quedarse para cubrir los más elementales pronunciamientos, estas dos cámaras federales estarían prácticamente sin eso que han dado en llamar “representantes de la nación”.

Los tiempos legislativos se dividen en dos: los de periodo ordinario, que son dos al año, y los de receso, que son dos también.

En periodos ordinarios –de septiembre a diciembre y de febrero a abril-, los legisladores mexicanos tienen el mayor grado de protagonismo en la vida nacional, porque es en tiempos de periodos ordinarios cuando sus funciones y facultades están a tope.

Cuando hay periodos ordinarios, las cámaras pueden echar mano de sus funciones de control político y de construcción de leyes.

A través de las sesiones ordinarias, los Plenos pueden ejercer su función de contrapeso, aunque, a decir verdad, durante estos años el Congreso ha estado debilitado por el férreo control que sobre él ejercen los partidos ayuntados en torno de la Presidencia de la República: el PRI y el PAN, a los que el PRD se les ha incorporado poniéndose a la vera del camino del PRI como éste ya tiene subordinados al Pvem, Panal y Pes.

Los partidos políticos en estos tiempos de la República, han pergeñado una farsa, una simulación de contrapeso político en las dos cámaras federales.
Esa función primordial de hacer que el Ejecutivo rinda cuentas sólo la simulan. Y parte de esa farsa es el hecho de que ahora aparenten que trabajan cuando en realidad se han ido de vacaciones.

En el siglo XIX, el Congreso estaba bastante limitado por las distancias y el transporte al centro político del país, la ciudad de México. Qué difícil sería para un diputado o un senador de Baja California llegar a las sesiones del Senado o de la Cámara de Diputados, teniendo los caminos deshechos o plagados de peligros. Solían tardar semanas para llegar al pase de lista en las sesiones ordinarias.

Literalmente los diputados y senadores de Yucatán, verbigracia, tenían que cruzar montañas y selvas para llegar a la ciudad de México. O la gente de Coahuila, Nuevo león y Zacatecas, semidesiertos y sierras para incorporarse a las actividades legislativas de un Congreso que entonces no se caracterizaba como el de ahora: pagar muy bien las dietas.

Hay un debate abierto en el Congreso y en las aulas universitarias sobre la ampliación de los periodos ordinarios y, también, sobre la conveniencia de que oficialmente, es decir en las leyes, se mandate un periodo de vacaciones para los legisladores, como sucede en otros congresos y parlamentos del mundo.

Si se estableciera un periodo de vacaciones por ley, entonces habría mayor control sobre la vida legislativa de México. Y sobre sus legisladores, que ya no gozarían de esa discrecionalidad que les otorga el hecho de que, en tiempos de receso, se van a donde quieran, sin que tengan que rendirle cuentas a nadie: ni a sus electores, ni a sus partidos, a nadie.

La ampliación de los periodos ordinarios robustecería la función de control político, conocida también como función del contrapeso constitucional.

Si de por sí el Ejecutivo federal hace lo que le da la gana en cualesquiera época legislativa del año, quisiera uno suponer que teniendo los periodos ordinarios abiertos, actuantes, le costaría más trabajo evadir la rendición de cuentas.

En tiempos de receso legislativo –del 15 de diciembre al 31 de enero y del 1 de mayo al 31 de agosto-, el Congreso sólo está representado por una Comisión Permanente integrada por 19 diputados y 18 senadores, que juntos componen el Pleno reunido para sesionar una vez a la semana.

En el receso de diciembre-enero, sesionan los 37 legisladores en la sede de la Cámara de Diputados; en el receso de mayo-agosto, lo hacen en el Senado de la República.

En receso legislativo, el Congreso mexicano suele parecerse mucho a la Carabina de Ambrosio…

Sólo sirve para algunas cuantas cosas: para recibir iniciativas y turnarlas a las cámaras correspondientes,  para emitir pronunciamientos; para debatir en torno de puntos de acuerdo y para convocar a periodos extraordinarios si antes lo han decidido así los cúpulos del PRI, PAN y PRD… previo mandato del presidente de la República.

En periodos ordinarios hacen leyes y pueden estar al pendiente de los casos que atormentan a la República, aunque en los hechos el Congreso demuestra una debilidad que escuece a la gente, en  favor de los intereses que atiende el titular del Ejecutivo Federal.

El Congreso mexicano no está en su mejor época, evidentemente. Más semeja a una oficialía de partes del Ejecutivo Federal, o a una oficina administrativa del Presidente. Los diputados y senadores han soslayado su papel de representantes de la nación, y no ejercen la función de control político que les ha otorgado la Constitución. Verdaderamente son más siervos del Ejecutivo que representantes de la Nación.

Acaso, por eso no tienen empacho alguno, ni cargo de conciencia, en mejor irse de vacaciones que en dar seguimiento puntual de la vida del país.
14 Abril 2017 04:00:00
La sospecha creciente de que Odebrecht también tocó a Fecal y a EPN
Odebrecht es una empresa brasileña de 73 años de edad pero con raíces desde 1859, cuando un inmigrante alemán llegó a radicar a Brasil. Ahora, sin embargo, está en el banquillo de los acusados y ya se erige en el símbolo de la corrupción político-empresarial en América más bochornoso de los últimos años.

El Caso Odebrecht ya no es una historia reciente de corrupción. Su presidente, Marcelo Odebrecht, está preso en una cárcel de alta seguridad de su país. Y ahora, estos días, otro de sus directivos principales acaba de admitir ante un juez brasileño que Odebrecht habría entregado cinco millones de dólares como pagos ilícitos en noviembre de 2014 a Emilio Lozoya Austin, entonces director general de Petróleos Mexicanos y uno de los hombres de mayor confianza del Presidente Enrique Peña Nieto.

Quien lo confesó fue un individuo que responde al nombre de Hilberto Mascarenhas, el directivo de la empresa Odebrecht responsable de un departamento de nombre rimbombante (Operaciones Estructuradas de Odebrecht) que no tenía otro encargo que entablar relaciones con políticos y gobiernos por la vía de sobornarlos.

Esta persona –según ha revelado la revista brasileña Veja- confesó al juez que Lozoya pidió 5 millones de dólares como pago por haber permitido que Pemex firmase con Odebrecht contratos multimillonarios.

E inclusive, ese sujeto, Mascarenhas, dijo al representante del sistema judicial brasileño que de 2006 a 2014 la empresa Odebrecht repartió 3 mil millones de dólares en 10 países para campañas políticas.

En la información que ha publicado Veja no se precisa si uno de esos diez es México; pero se infiere que es uno de ellos, porque aquí llegó en 2010. Y fue en 2010 cuando –en plena época de la administración de Felipe Calderón Hinojosa- Odebrecht bajo el nombre de su subsidiaria Braskem firmó contratos con Pemex para que se le asignase el Complejo Petroquímico de Polietileno Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz.

Son, de hecho, varios escándalos los que ha protagonizado Odebrecht en México.

El primero fue éste, cuando en febrero de 2010 Felipe Calderón y Luis Inácio Lula da Silva testificaron la firma entre Odebrecht y Pemex de un contrato en que a la primera se le concedía –con un precio preferencial autorizado por Calderón cuyos pormenores hoy en día son secretos- la entrega de gas etano para la elaboración de sus procesos de producción en la Etileno XXI, de donde, ahora se sabe, le redituaban ganancias por 2500 millones de dólares anuales.

Etileno XXI representó para Odebrecht –según admite ella misma en su portal digital- el más grande negocio de toda su historia.

Se lee en http://www.odebrecht.com/es/organizacion-odebrecht/historia: “Expansión en México 2016: Braskem inauguró su Complejo Petroquímico en México, en colaboración con la empresa mexicana Idesa. Con una inversión total de 5,200 millones de dólares, el Complejo Petroquímico en México es considerado la más grande inversión en nuevas instalaciones jamás realizada por una empresa brasileña en el exterior”. 

Ahora se sabe que mucho de ese dinero que invirtió Odebrecht en Coatzacoalcos, el gobierno mismo se lo prestó o le sirvió de aval ante bancos internacionales.

Pero no fue el único negocio. Participó Odebrecht en la construcción del ducto Los Ramones II Norte, una construcción de ductos en el que también se le ha relacionado a una empresa mexicana cuyo director es Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari.

Para la fabricación de polietileno, a Odebrecht se le vendían a precios preferenciales más de 60 mil barriles diarios de gas etano. Era común ver al entonces presidente de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht, al lado de dos personajes que están –como el brasileño mismo- en la picota: el entonces gobernador veracruzano Javier Duarte y el entonces director de Pemex Emilio Lozoya Austin.

Versiones de senadores como Mario Delgado, uno de los únicos legisladores mexicanos que da seguimiento al caso, refieren que de entre todos los contratos que Odebrecht firmó en México estarían sumando inversiones por 18 mil millones de pesos.

Incluso, ayer, en pleno Jueves Santo, Mario ha declarado que “es interesante el caso Odebrecht porque es el eslabón evidente que une al PAN con el PRI”. Y restregaba: “Por eso tanta complicidad entre ellos; por eso nadie dice nada.

Porque están involucrados tanto Felipe Calderón Hinojosa como Enrique Peña Nieto. A los dos, Odebrecht los dibuja de cuerpo entero. Tanto Calderón como Peña, y tanto el PAN como el PRI, n los mismos valores de la corrupción”.

Odebrecht firmó contratos para reconfigurar las refinerías de Salamanca, Guanajuato, y Tula,
Hidalgo.

Este caso de corrupción intercontinental, que por supuesto tiene su capítulo en México, no ha sido suficiente motivo para que el Congreso mexicano siquiera se perturbe. Continúa silenciado, justificándose en la Semana Santa.

El 5 de este mes de abril, la Procuraduría General de la República emitió un posicionamiento al respecto: Dijo que toda la información relacionada con el Caso Odebrecht permanecerá reservada hasta por cinco años.

“Es increíble, inaudito”, declaraba un perplejo Mario Delgado, en alusión a esta decisión de la PGR de ocultar información que es, sin duda, del interés de la República.

Emilio Lozoya respondió que es una difamación lo que se afirma de él, de que pidió un soborno de 5 millones de dólares a Odebrecht por tanto favoritismo empresarial que recibió la brasileña en México, de 2012 a 2015.

Voces en el Congreso han comenzado a susurrar la posibilidad de que detrás de Lozoya esté alguien mucho más pesado que él…
13 Abril 2017 04:00:00
¿Adónde se fue el Congreso?
Las dos Cámaras del Congreso General se han ido virtualmente de vacaciones.

Pospusieron actividades, más allá de la Semana Santa. Todos los años lo hacen, pero ahora es mucho muy notorio por la gran cantidad de fierros que dejan en la lumbre.

Ni la Cámara de Diputados ni la de Senadores han dicho nada en torno del candente asunto de la detención en Italia del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, requerido por los Estados Unidos con fines de extradición.

Tampoco, estos días, en nada se han pronunciado sobre el asesinato de una niña mexicana en la escuela primaria North Park, de San Bernardino, California. Como, tampoco,  han dado seguimiento al caso Odebrecht, la empresa brasileña que fue sorprendida por los Estados Unidos con las manos en la puerta.

Odebrecht es una empresa petrolera que utilizó la corrupción para conseguir contratos en diversos países, uno de ellos México. La semana antepasada, la Procuraduría General de la República decidió resguardar información sobre la relación que sostuvo Odebrecht en México durante este y el anterior sexenio (el de Peña Nieto y Calderón Hinojosa) hasta cinco años.

Bajo el pretexto de que es información reservada, la PGR nada ha informado al Congreso, como desde hace dos semanas, la oposición en el Congreso le exigió. Y es hora en que ni en la de Diputados ni en la de Senadores se ha dado seguimiento, exigiendo una información que tendría que ver con el modus operandi de una administración pública que llegó al poder para enriquecer a quienes figuran como los burócratas del primer círculo presidencial.
En este momento de la semana, México actúa como si no tuviera un Poder Legislativo.

El Congreso mexicano a través de sus dos cámaras federales tiene dos funciones básicas, esenciales, que cumplir: La de hacer leyes y la de servir de contrapeso de quienes ejercen el poder público desde el Poder Ejecutivo.

La más importante de las dos funciones es la segunda: La del control político. Es la función de la rendición
de cuentas.

Las cámaras tienen, para ello, instrumentos legislativos como es el mismo Pleno y las comisiones, que a su vez se dividen en ordinarias, especiales y de investigación.

Las comisiones son las encargadas de llamar a revisión al Ejecutivo Federal, en torno de temas que son por antonomasia del interés público.

Las comisiones ordinarias son las del poder, porque tienen la facultad de exigir al Gobierno que les entregue información sobre casos determinados. Sin embargo, esta facultad de las comisiones ha sido relativa, porque muchas veces el Ejecutivo no las entrega, con la argucia de que la ley prohíbe hacer pública información con el sello de seguridad nacional.

Esta burla infame de la información reservada como de seguridad nacional ha sido recurrente en México. Los mismos diputados y senadores lo mandataron así en la ley.

Hay que precisar que estos diputados y senadores que votaron leyes a todas luces fastidiosas para la sociedad, fueron los del PRI y los del PAN, auxiliados por rémoras como los del Pvem, Pes y Panal, a los que desde que llegó este sexenio se les incorporó el PRD, el partido que controla Jesús Ortega Martínez.

Estas reformas han contribuido para que la rendición de cuentas en México solo sea una maldita farsa. Una simulación. Una burla. El Ejecutivo federal puede negar información al Congreso cuando le convenga hacerlo, y el Congreso no tiene el poder para exigirla realmente, so pena de sancionar a los servidores públicos que la negasen.

Y como saben muy bien los diputados y senadores que su trabajo de control político solo es eso, una simulación, pues entonces se justifican y se van de vacaciones, a pesar de que saben que la Constitución mexicana no les otorga ningún día de descanso en todo el año.

Han hecho su formato legislativo a modo para que los días de descanso se disfracen con días de receso legislativo. O más aún: No están propiamente en días de receso, actualmente, pero pueden acordar todos –como lo hicieron esta semana- saltarse los días de Semana Santa para no hacer lo que se esperaría que hicieran: Sesionar ordinariamente cuando menos dos días de la semana.

Solía el Senado sesionar durante la Semana Santa en otros años, pero en esta ocasión también se fueron, como los diputados. Presumiblemente el motivo es el que se ha dicho en el comienzo: pretenden evadir a toda costa pronunciarse en torno de asuntos políticos muy graves para la vida nacional, con el propósito de dejar al Presidente de la República, a sus anchas, emitiendo sus criterios y decisiones ejecutivas sin que nadie le reclame nada políticamente.

Verbigracia: La elección en el estado de México es un verdadero chiquero. El presidente Peña Nieto se ha empeñado en hacer una guerra sucia contra una candidata opositora. Ha estado enviando a sus hombres del gabinete para anunciar programas sociales con la pretensión de beneficiar al candidato del PRI. Y también el tribunal electoral irrumpe, de pronto, para dar espaldarazos políticos al candidato
oficial priísta.

El Congreso mexicano ha optado por la retirada estos días, para no tener que emitir un solo pronunciamiento en torno de lo que la oposición ya juzga como una elección de Estado.

Otros tema que el Congreso mexicano debería estar atendiendo es la política exterior. El mundo enfrenta súbitamente una amenaza terrible: Estados Unidos acaba de meterse con Siria y va contra Corea del Norte, y nadie en el Congreso mexicano ha emitido un pronunciamiento al respecto.
Muchos fierros en la lumbre. Y el Congreso, de vacaciones.
12 Abril 2017 04:00:00
“El PRI es el partido de los prófugos de la ley”
La aprehensión en Italia de Tomás Yarrington por solicitud de los Estados Unidos, con fines de extradición, es un escándalo internacional que no ha sido suficiente motivo para que el Congreso mexicano –dos días después- tenga que salir a emitir un pronunciamiento, al que lo obliga su función de contrapeso constitucional.

Si no fuese por voces de algunos legisladores, este asunto estaría pasando de noche en los territorios de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Anteayer, lunes, fue Dolores Padierna Luna, senadora perredista, quien se pronunció al respecto, y rememoró los tiempos en que Yarrington fue incluso uno de los precandidatos (2005) priístas a la Presidencia de 2006 y un nombre ligado al narcotraficante –un sujeto apodado El Coss- que en 2010 ordenó el asesinato del candidato priísta al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Cantú Torres.

A partir de su detención, muchas cosas tendría que decir el Congreso, como institución del control político, pero no lo hace. Y agazapado en la justificación de que todo mundo anda de vacaciones de Semana Santa, es hora de que los grupos parlamentarios nada dicen, nada promueven en cuanto a pronunciamientos.

Por eso resalta el que, ayer, dos diputados –uno del PAN, otra de Morena- se hayan metido en el Caso Yarrington, a quien en 2005 se le veía muy cercano al entonces gobernador del estado de México, Arturo Montiel, así como al entonces candidato del PRI al gobierno mexiquense, Enrique Peña Nieto.

He aquí:
Jorge López Marín, diputado federal del PAN, dijo ayer en San Lázaro que “esa nueva generación de priístas como César y Javier Duarte, y Roberto Borge, entre otros, no sólo ha quebrantado las finanzas de varios estados de nuestro país, sino que también se ha asociado con la  delincuencia organizada, facilitando el trasiego de la droga que mata de manera directa e indirecta a miles de mexicanos”. Y remachó: “El PRI es el partido de los prófugos de la ley”.

En conferencia, el panista llamó al embajador mexicano en Italia a que explique sus vínculos con Tomás Yarrington, quien fue detenido la noche del domingo por la Policía italiana, a pedido del Gobierno de los Estados Unidos, para su enjuiciamiento por presunta colusión con el crimen organizado y por lavado de dinero.

Recordó que “en febrero de 2012, quien entonces era el coordinador de los diputados del Partido Verde (Pvem), Juan José Guerra Abud, hacía una defensa del entonces precandidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, y es el actual embajador mexicano en Italia.

López Marín afirmó que “de no haber sido por la policía internacional, la policía mexicana seguiría buscando al ex gobernador Tomás Yarrington y una vez más, afuera le están haciendo la chamba a la Procuraduría General de la República”.

El legislador panista recordó que otro ex gobernador priísta fugitivo, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, ha cumplido 180 días prófugo de la justicia.

Por Morena habló fue Rocío Nahle García, quien, de entrada, criticó que el PAN ahora quiera hacer comparecer al embajador de México en Italia. “Hay que preguntarle al PAN para qué quiere que comparezca”, dijo Rocío, cuando Felipe Calderón, en su sexenio, lo encubrió tanto como ahora
Peña Nieto.

Nahle siguió: “Porque no se nos olvida a los hijos de Martha Sahagún; que no se nos olvide que Felipe Calderón es nada menos que consejero de Iberdrola y toda la corrupción que hay en este país”.

La coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados insistió: “Es muy lamentable y muy preocupante que este señor Tomás Yarrington se haya paseado en Italia como en su casa, a sabiendas de la INTERPOL o a sabiendas de la PGR, o cuando lo ha estado encubriendo el PAN y el PRI, los dos”.

Agregó: “Es también preocupante saber que tuvo que ser el gobierno de Estados Unidos quien aplicara la justicia; una justicia que se debe aplicar aquí en México”.

--En su opinión, ¿cuál país debería enjuiciar primero a Yarrington: Estados Unidos o México? –un reportero le
preguntó.

Rocío Nahle no respondió lo que se le preguntó. Sólo dijo: “Debe dar cuenta (Tomás Yarrington). Debe rendir cuentas. No es posible que desde hace cinco años el gobierno de México se hacía el tonto, se hacía tonto Peña Nieto, como el gobierno de Felipe Calderón, son los dos”.

--¿Pero, cuál de los dos países primero?
“Tiene que dar cuentas aquí, allá o donde sea”.

La diputada remachó: “No le den más vueltas; hay que ver todas sus propiedades; todo el daño que le hizo a Tamaulipas; ¿dónde está ese dinero? Tiene que resarcir todo el daño, todo el dinero, las propiedades. Tiene que indemnizar al pueblo de Tamaulipas, eso es lo más importante, porque de qué nos sirve tenerlo en la cárcel con todo lo que se llevó, cuando hay una pobreza extrema, una inseguridad tremenda
en el estado”.

--Yarrington huía como los ex los gobernadores que todavía andan huyendo. ¿Qué lectura tiene de ello?
“Pues eso es lo que Andrés Manuel llama la mafia del poder. La mafia del poder es este grupo de gobernadores que desde Los Pinos se han enquistado precisamente. Desde las privatizaciones se han quedado con bienes de la nación, desde que han saqueado el erario de los estados, la impunidad, vinculación con el crimen organizado. Es una realidad que tenemos en México, desgraciadamente”.

Nada dirán, presumiblemente, hoy, ni mañana y ni pasado mañana. Quienes controlan el Congreso continuarán silenciando el cañón parlamentario del contrapeso
político.
11 Abril 2017 04:00:00
Sigue Estados Unidos atando de las manos a Enrique Peña Nieto
Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas y precandidato presidencial del PRI en el 2005, fue hecho preso ayer en Florencia, Italia, por pedido del gobierno de Estados Unidos.

El priísta andaba a salto de mata desde hace varios años, cuando el gobierno de Barack Obama lo ubicó como uno de los narcopolíticos –no el único- más peligrosos de México, y como el cabecilla de una banda de policías, funcionarios públicos de los tres niveles de Gobierno –federal, estatal y municipal- y empresarios que decidieron ponerse al servicio del cártel de narcotraficantes conocido como Cártel
del Golfo.

Esta detención corresponde a un auténtico pez gordo y –se infiere por lo que ayer dijeron en el Congreso- ya ha puesto a parir nada menos que a Enrique Peña Nieto.

Por lo que se ve, las partidas de ajedrez que Estados Unidos juega con el gobierno mexicano desde que Enrique Peña es el presidente, prácticamente todas se las gana.

Yarrington –aseguró ayer la senadora perredista Dolores Padierna Luna-, “a través de Arturo Montiel, tuvo un vínculo estrechísimo con Enrique Peña Nieto en 2004, quien entonces era el candidato priísta a la gubernatura por el Estado de México”.

A decir de Padierna, la aprehensión del ex gobernador priísta “es uno de los hechos más importantes y destacados en la lucha contra la narcopolítica que ha dominado en México en los últimos 20 años”.

Añadió: “Por desgracia, este hecho no ocurrió cuando debió haber sucedido: Desde abril de 2004. Durante el gobierno de Felipe Calderón, la SIEDO de la PGR admitió que Yarrington estaba siendo investigado por encabezar una red de más de 300 policías, empresarios y funcionarios que protegían al entonces Cartel del Golfo”.

“En el colmo de la impunidad, Yarrington fue precandidato presidencial del PRI en la contienda interna de ese partido en 2005, cuando participó en el entonces conocido TUCOM (Todos Unidos contra Madrazo) y está acreditado el fuerte vínculo que mantuvo el entonces mandatario de Tamaulipas con su homólogo Arturo Montiel, del Estado de México, y con el entonces candidato priísta a la gubernatura de esa entidad, Enrique Peña Nieto”.

En su comunicado, Padierna ha dicho también que “en 2012, la DEA volvió a señalar a Tomás Yarrington, junto con otros mandatarios priístas, de estar siendo investigado por proteger al Cártel del Golfo y también a los Zetas”.

Desde que Yarrington fue colocado en la mira de los Estados Unidos, en México el PRI recorrió un velo de complicidad, tratando de minimizar el asunto, tratando de desmarcarse, diciendo que el ex gobernador ya no era priísta. Tratando, a toda costa, de no hablar de él en las tribunas del Congreso.

Perseguido por los estadounidenses, Yarrington llegó hasta Florencia, a donde la Policía italiana lo acaba de aprehender. Y con la rapidez de un gamo, el gobierno de Peña Nieto ha tratado de pasar en el mundo como el gobierno que lo buscaba, cuando en realidad era el de Estados Unidos.

Ayer mismo, ante la solicitud apresurada del gobierno mexicano de extradición de Yarrington, Italia informó que decidirá a dónde lo enviará en calidad de presunto delincuente para su enjuiciamiento: Si a México o a los Estados
Unidos.

Ya Italia dijo que lo detuvo por solicitud de los estadounidenses y el sentido común dicta que debe ser a ese país. Pero en Estados Unidos miran con sorpresa cómo México pretende adelantarse para que el preso, que debe de saber muchísimo, no vaya a territorio gringo, sino a territorio mexicano.

El 28 de junio de 2010, el entonces candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas Rodolfo Cantú Torres fue muerto en una emboscada camino al aeropuerto. Al narcotraficante Eduardo Costilla Sánchez alias el Coss le achacaron el crimen.

Pero junto con su nombre, brincó el del entonces ya ex gobernador Tomás Yarrington.

Un juez texano liberó la orden internacional de aprehensión contra el ex gobernador tamaulipeco, bajo los cargos de haber lavado dinero, mucho dinero, derivado de acciones de narcotráfico de México a Texas.

Sí. Al parecer, no hay partida de ajedrez que los estadounidenses no le ganen al actual gobierno mexicano. La detención de Yarrington es un jaque que pone a temblar a la República, porque el presidente Peña se debilitará aún más.

Yarrington perteneció al PRI, el partido de Peña Nieto. Y al ex gobernador tamaulipeco se le relacionó, como dijo ayer Dolores Padierna, con el actual presidente, sobre todo cuando éste era el candidato priísta al gobierno del Estado de México.

Desde que comenzó Yarrington a correr la legua para que no alcanzara el brazo de la justicia estadounidense, fue evidente cómo el PRI en el Congreso mexicano y la presidencia de Peña Nieto lo encubrían, tratando de minimizar las acusaciones, tratando de no hablar de él en las tribunas.

¿Hasta qué punto Yarrington y Peña Nieto se conocieron? Sin duda, esta pregunta se la va a tener que responder el ex gobernador de Tamaulipas al sistema judicial de los Estados Unidos, una vez que lo extradite Italia a ese país.

Y he aquí el grave peligro para la República, porque entonces EU tendrá información que el gobierno mexicano contrarrestaría a cambio de más concesiones, más entrega, más sumisión, más quién sabe cuántas cosas más a los gringos… a cambio de impunidad y apoyo político a una Presidencia de Peña Nieto virtualmente entregada, arrodillada y sometida, cuyo papel infame no ha sido otro que estar traicionando y haciendo la entrega más dolorosa y humillante de una nación
a un imperio.
08 Abril 2017 04:00:00
Inegi: El regreso al pasado
Paloma Merodio Gómez fue el jueves pasado investida por el Senado como la nueva vicepresidenta del Inegi, aquel organismo medidor esencialmente de la inflación y la pobreza, que fue declarado autónomo a partir de 2008, luego de que durante décadas fue utilizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, antes, por la ahora extinta Secretaría de Programación y Presupuesto para mentir y falsear la realidad nacional, con fines políticos y electorales. Uno de aquellos grandes beneficiarios fue Carlos Salinas de Gortari, penúltimo secretario de la otrora SPP y de la que barbotó hacia la candidatura presidencial de 1988.
Decían los senadores el jueves 6 que nunca antes, en la historia contemporánea del Congreso mexicano, se había puesto a consideración de refrendo una propuesta presidencial de burocracia de altísimo nivel tan picada por la desconfianza y por el franco rechazo de prácticamente todos.

Todos… porque ni el PRI ni el Pvem, los peones legislativos del Ejecutivo, hicieron algo  para defenderla. Simplemente se dedicaron al final a votar, levantando el dedo para aprobar el nombramiento de marras. Pero sin una sola voz que tratase de rescatar a Merodio de esa avalancha de juicios que, por instantes, parecían acometer más a su individualidad que a su profesión.
Ernesto Ruffo Appel, senador panista, dijo: “Está claro, Paloma Merodio no es elegible, por qué exponer a una mujer que tiene méritos, sí, pero no completa lo necesario.

“Y eso no hace más que reflejar los intereses del Presidente de la República, Peña Nieto, quien puso a operar a su Secretario de Hacienda, que le habló incluso a los gobernadores y seguramente la presión del presupuesto y el dinero los puso a hablar a varios de nosotros.

“Esto lo único que quiere decir es que el gobierno no quiere ser evaluado, quiere continuar en la opacidad, y claro está muy claro, en la corrupción que le ahoga y que de hace sexenios viene avanzando, y a mi juicio, terminó con el actual sistema político y tendremos que empezar otro.”.

En los territorios del Senado, a Merodio desde el principio la relacionaron con José Antonio Meade, quien cabildeó directamente con senadores para que aceptaran a la joven como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El senador del PRD Zoé Robledo: “En las instituciones donde el Ejecutivo tiene la decisión directa de nombrar, pareciera ya una práctica común que se permita la ilusión de responsabilidades, pareciera común que se perdonen excesos, que se privilegien y se premien los errores, y si no les recuerdo el nombre de Virgilio, que nuestro país no es sinónimo de un poeta romano del siglo I antes de Cristo, sinónimo de la incompetencia y de la premiación de esa incompetencia cuando sirve para los intereses, y cuando sirve para el encubrimiento de un grupo, por eso es que estamos sospechando.
“Ahora, también hay instituciones en la que la decisión tiene que pasar por el Congreso, y ahí la lesión a las instituciones tiene que ver con este tipo de casos, personas que no cumplen requisitos, personas que apenas la libran y que nos quieren hacer creer que son las mejores, por eso es que sospechamos.

“Y también sospechamos en que haya tanta celeridad y que haya tanto interés aquí, pero no lo hay ya en lo cerca de 40 nombramientos pendientes que tiene el Ejecutivo tanto de órganos autónomos como del Poder Judicial, y que simplemente no se envía a enviar.

Ese es el verdadero riesgo que corren las instituciones y por eso sospechamos, porque ven las instituciones como su patrimonio, porque ven las instituciones con personas que son insuficientes en su currículum para cubrir lo que pide la ley, instituciones que además son desdeñadas. ¿Qué nos queda? Que son instituciones que están siendo capturadas”.

O la participación de Armando Ríos Piter: “No es un tema menor, se los debo decir, compañeras y compañeros, votar a un integrante de la Junta de Gobierno del Inegi es nada más y nada menos que definir quién por ejemplo genera los números, las estadísticas  que respaldan cuál es la inflación en el país. De la inflación depende la calificación de la deuda, del papel soberano de México”.
O la participación despiadada de Layda Sansores: “Sólo ella sabe aplicar fórmulas novedosas para alterar la realidad, y con unos cuantos pases estadísticos es capaz de desaparecer millones de pobres.

“Sí, es idónea para confeccionar “Peñalandia”, un país idílico de fantasía en donde las crisis sólo existen en la mente de los locos, así lo dice Peña”.

“…Meade, quien no es capaz de publicar la lista de los favorecidos con millonarias condonaciones de impuestos es capaz de no respetar la ética y dar la información a El Guasón para que defienda a la palomita de su nido, a la paloma de su palomilla, amenazando a quienes se opongan a su designación”.

O el juicio, suave, pero juicio al fin de Héctor Larios: “No quiero ni pretendo en ningún  momento juzgar a la persona Paloma Merodio, me entrevisté con ella desde el principio, he visto su actuar en las comparecencias y me causa una impresión de lo mejor, creo que es una mejor con toda la capacidad e inteligencia, pero este no es un tema que esté al análisis, lo que estaba al análisis, lo que estuvo todo el tiempo del análisis es si cumple los requisitos”.
Fueron duros, incluso crueles con Merodio. Pero, decían, ella no tiene la culpa, sino quien la propuso.
07 Abril 2017 04:00:00
La ley que el Pvem empedró con sus buenas intenciones
El Partido Verde tropezó ayer con su propia sombra en la Cámara de Diputados, cuando el resto de los partidos pusieron bajo sospecha sus supuestas buenas intenciones con los delfines.

Sí. Tropezó con esa sombra de tramposo y comerciante a ultranza de leyes de la que se ha hecho a pulso prácticamente desde que nació, hace 30 años. Este partido que no da brinco sin huarache, miró perplejo cómo –a pesar del apoyo del PRI- el Pleno frenó con la revisión y suspensión del quórum una reforma promovida por los verdes, al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.

La propuesta legislativa del Pvem ha consistido en obligar a los empresarios dedicados al negocio de la diversión con el uso de delfines, a soltarlos en mar abierto. Una buena causa, con la que casi todos coinciden. Pero lo que hicieron dudar a los partidos es la premura, la forma tan atrabiliaria de dictaminar en comisiones y pasar la ley muy apresuradamente al Pleno para su aprobación. ¿Qué hay detrás de esta aparente buena intención?, se preguntaban
opositores.
Quien argumentó en  favor del dictamen fue Arturo Álvarez Angli, diputado del Pvem.  Y esto dijo: “A la fecha existen alrededor de 397 mamíferos marinos bajo cuidado humano, de acuerdo al censo con el que se cuenta, del cual 81 por ciento se trata de delfines de diferentes especies. Estos se concentran en 35 hoy llamados delfinarios, que son finalmente instalaciones de diferentes características.

“Su uso, su aprovechamiento, su explotación principalmente de los delfines, se concentra en tres actividades: el espectáculo,  el nado con delfines y en el menor de los casos la terapia asistida con estos. Dichas actividades han resultado ser enormemente lucrativas, ya que, de acuerdo a los cálculos y los registros que los mismos empresarios han entregado, un solo delfín puede llegar a generar hasta 30 mil pesos por día. Pero para que logren esto, los delfines están condicionados a una serie de actividades, una serie de comportamientos que para nada tienen que ver con su comportamiento en vida silvestre, y que nada tiene que ver con el fin que los delfines tienen en nuestra naturaleza.

 “Lo que no se dice o lo que casi nunca se dice, es lo que se tiene que hacer para lograr que los delfines lleven a cabo estos actos circenses o lleven a cabo esta interacción, y sin tratar de satanizar a nadie ni tratar de culpar a nadie, por lo menos lo mínimo que se hace es condicionar y racionar el alimento, para que de manera reiterada puedan llevar a cabo los trucos o las suertes o las gracias que los vemos hacer en muchos lados.

“El delfín es un animal consciente de su existencia y de que es un individuo que existe y que socializa en familias cuando están en vida silvestre”.

Tan pronto de la tribuna bajó el diputado verde, el PAN lo atajó en voz de Jorge Triana Tena, quien dijo: “No conocemos los pros y no conocemos los contras. Por alguna razón tienen mucha prisa para aprobar este dictamen que no fue socializado con oportunidad”.

Entonces el panista centró al pvemista: “¿Cuál es la prisa? Sabemos que la prisa es ayudar a estos animales, que ya no estén en cautiverio, ¿por qué legislar al vapor? ¿Por qué legislar sin información?”

El panista se preguntó por qué al extremo de reformar la ley cuando ahí está la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa), que tiene “una delegación por estado e infraestructura y recursos millonarios para operar, cuando escasamente hay alrededor de 30 delfinarios en el país. ¿La Profepa no puede verificar 30 delfinarios?”

Y llamó Triana entonces “a no legislar sobre temas evidentemente electorales y que tienen que ver con una intención de construir una agenda para cacarearla más adelante”.

El perredista Juan Fernando Rubio Quiroz pidió lo mismo: Detener el dictamen, regresándolo a comisiones, para su revisión en serio”.

Se preguntaba Kathia María Bolio Pinelo, panista: “¿Qué pasará con los niños que requieren de este tipo de terapias?”

Un tufo barbotaba del dictamen. ¿Por qué tanta prisa, para aprobarlo incluso sin previo aviso. ¿Por qué tan facciosa la mesa directiva para pasar el dictamen a como dé lugar”, se preguntaba Verónica Delgadillo, del MC.

Lo faccioso había consistido en que un secretario de la mesa hizo pasar la revisión del quórum como suficiente para continuar la asamblea, cuando en realidad muchos creían haber visto una “evidente falta de quórum”.

Pero además, un grupo de señoritas del Verde andaban como tortolitas revoloteando en curules de algunos diputados, de otros partidos, pidiéndoles, “muy coquetas”, que votaran en pro. Y esto fue lo que calentó a la asamblea.

Verbigracia: Mariana Arámbula Meléndez, diputada panista, dijo: “Nos parece indignante que hablen de respeto (los del Pvem) cuando utilizan como carnada a una mujer. Están queriendo defender a los animales y utilizan a una mujer como carnada para una votación”.

Se agrió el atole. Jesús Zambrano dijo que se retirarían los perredistas del recinto. Le siguieron los del MC, también los de Morena, y al final los del PAN.

César Camacho criticó la retirada. Pero luego dijo algo que sonó a deslinde del Pvem: “Que cada quien, individual o partidariamente, se haga cargo de sus afirmaciones y las consecuencias
que traigan”...

¿Qué hay detrás de esa liberación de los delfines? Definitivamente no creyeron al Verde sus buenas intenciones. Se suspendió la discusión y continuará el martes.
06 Abril 2017 04:00:00
¿A quién, quiénes encubre la PGR en el corrupto caso Odebrecht?
Un punto de acuerdo mediante el cual el grupo parlamentario Morena planteó exhortar a la Procuraduría General de la República a investigar y cancelar las concesiones y los contratos que se otorgaron a la empresa brasileña Odebrecht, “porque vienen desde origen viciados”, fue ayer respaldado sorpresivamente por todos los partidos políticos, incluidos PRI y PAN.

Incluso, al titular de la PGR diversos opositores le hicieron un reclamo muy airado: Que haya decidido reservar los próximos cinco años la información que recibió en su viaje a Brasil, adonde Odebrecht ya confesó con cuánto y a quiénes corrompió en México para hacer negocios en el
sector energético.

En el párrafo tercero del punto de acuerdo, la Cámara de Diputados solicitó a Pemex que informe sobre el contrato de gas etano que tiene con Etileno XXI.

A la tribuna pasaron uno por cada grupo parlamentario; pero quien argumentó con mayor rigor fue Rocío Nahle García, diputada de Morena y la única especialista en petróleo entre los 500 legisladores.

“Etileno XXI”, comenzó la veracruzana, “es un complejo que se queda con el gas a 20 años a precio preferencial y que hoy Cangrejera, Pajaritos y Morelos, están parados porque no tenemos gas etano; y esto es a 20 años. ¿Ustedes se imaginan el desbalance energético? Es un daño patrimonial tremendo”.

Y la explicación, como nadie, de Nahle García:
“Éste es un caso de corrupción gravísimo. Marcelo Odebrecht llega a México en el 2006, se instala y empieza a ganar o hacerse de adjudicaciones y licitaciones.

Hoy sabemos que entró a Michoacán, que estuvo construyendo parte de la presa José Múgica, después sabemos que entró a Veracruz, a Hidalgo, a Guanajuato y que en todos tenía el mismo modus operandi. Modus operandi que utilizó en Pemex
y en la CFE.

“¿Cuál era el modus operandi? Sobornos, ilícitos. Participaba, se llevaba un contrato, por decir, 100 millones y a la mitad de la obra siempre, en todos, pedía ampliación de presupuesto y, en todos, se lo daban. Terminaba la obra costando el doble, subcontrataba, dejaba incluso empresas locales en mal, no les pagaba, trabajos de pésima calidad y era
una constante.

“Hoy este escándalo revienta en Brasil con la corrupción de Petrobras y de ahí se abre la caja de pandora en 15 países del mundo, todos latinoamericanos y dos en África, y en todos era lo mismo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos agarra a este señor, lo encarcelan, tiene 19 años de pena en Brasil y ya declaró. Esto que les estoy diciendo es confeso, ya lo dijo, y ya dio los nombres de quién sobornó, a quien le dio dinero.

“Y aquí en México mencionó, o lo único que se ha filtrado, es que dio 10.5 millones de dólares de sobornos a altos ejecutivos; a altos ejecutivos para tener contratos a modo. Pero el procurador ya voló a Brasil. Allá ya le dieron datos de lo que declaró porque Marcelo Odebrecht ya declaró, ya dio nombres. En Brasil, a finales de mayo, principios de junio, van a salir los nombres de las personas que sobornó.

“¿Cómo es posible que el procurador general de la República hoy dice que se va a reservar este informe, este reporte o la investigación por cinco años?
“Aquí le digo al procurador que de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, artículo 115, no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. No puede reservarse esta información.

“Si va a actuar así, que no aspire a ser fiscal, porque está encubriendo un nudo de corrupción, un nudo de contratos que se dieron. Tan sólo en Pemex tenemos registrados más de cinco mil millones de dólares en contratos. Eso cuesta una refinería y nos dicen que no hay dinero para las refinerías, y a este señor brasileño se le dio contratos para la construcción en la refinería de Minatitlán; en la refinería de Tula fueron mil 55 millones de dólares, en la de Salamanca.

“En el gasoducto Los Ramones, segunda etapa, son mil 200 millones de dólares; en el gasoducto Quetzal, que es el que piensan que va a ir a Guatemala, digo piensan porque no tenemos gas, son 800 millones de dólares; y en el proyecto de Etileno 21, que es de Coatzacoalcos, pues ahí reportan dos mil 500 millones de dólares.

“Todo esto se busca y hay financiamiento por parte del Estado; Bancomext, Banobras. Este señor se movió aquí como Juan en su casa. Hizo lo que quiso.

Corrompió a quien pudo y a quien quiso. Mínimo son cinco mil millones de dólares en Pemex más los estados. Todos, todos los contratos fueron por fraude, con corrupción, todos”.

Con la participación en pro del PRI, se dio por entendido que este caso de corrupción es asunto del sexenio de Felipe Calderón, en cuyos tiempos Odebrecht arribó
a México.

Y así advirtió el PRI en voz de Pedro Luis Noble Monterrubio: “Que no quede duda. El PRI, con su presencia en esta Cámara y con su participación en la dictaminación en estos exhortos, está enviando un mensaje fuerte y claro que no tolera ni solapará de nadie ningún acto de corrupción, se trate de quien se trate, de este o de pasados gobiernos”…

Lo que no supo explicar el PRI fue el porqué la PGR de Enrique Peña Nieto reservó cinco años la información que acaban de recibir de Brasil.
01 Abril 2017 04:00:00
La designación envilecida en San Lázaro de los tres consejeros del INE
Con la designación en la Cámara de Diputados de los tres consejeros del Instituto Nacional Electoral, el jueves 30 de marzo de 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto así como el PRI, PAN y PRD avisaban a la República que tienen todas las negras intenciones de reeditar las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 con tal de que Andrés Manuel López Obrador no llegue a Los Pinos; la primera, sellada por el robo de la elección, y la segunda, resellada por la compra del voto.

La Cámara de Diputados designó –con los votos de aquellos tres partidos políticos- la traída de consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral que permanecerán como tales del 5 de abril de 2017 al 5 de abril de 2026.
Son Diana Paola Rabel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez. Los tres, fueron sacados de la chistera de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Aunque, para ser precisos, en realidad quienes los eligieron fueron los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD.

Estos tres deberán rendir la protesta de ley ante el Consejo General del INE, el próximo 5 de abril.

He aquí la justificación del PRI, PAN y PRD. Y el posicionamiento de Morena, al que estarían dedicándole esta designación, para obstaculizarle su camino a la Presidencia de 2018.

El diputado priísta Edgar Romo García: “Creo que hoy, compañeros, la Junta de Coordinación Política dio un gran avance con la propuesta que emite este pleno; 152 aspirantes, participación abrumadora de la ciudadanía para fungir como consejeros electorales. De los 152 participantes, 43 fueron mujeres, 28 por ciento fueron mujeres. Hoy la propuesta es, el 66 por ciento mujeres y el resto hombres, dos mujeres y un hombre. Creo que esto habla de sacar adelante la participación de la mujer en los consejos electorales.

“El día de hoy creo que tenemos un gran motivo, primero para felicitar el gran trabajo que fue llevado a cabo en este complejo proceso de designación de consejeros electorales por el Comité Técnico, ajeno a esta Cámara de Diputados, que fue designado en días anteriores”.

Por el PAN habló José Hernán Cortés Berumen: “La integración de estas dos mujeres y un hombre cubren perfectamente bien el perfil; son personas con probidad demostrada, que están académicamente avalados y que podrían enriquecer este cuerpo colegiado que ya está funcionando, porque son 11 y solamente estaríamos nombrando tres para que continúen con esta organización de los procesos electorales.

“Sabemos la importancia que tiene el proceso electoral de 2018, sabemos la importancia que tiene para el sistema democrático contar con personas con probidad, experiencia y capacidad para desempeñar esos cargos y es por ello que las propuestas que se están realizando cumplen cabalmente con este objetivo”.

El PRD en voz de Hortensia Aragón Castillo: “El procedimiento que incluyó una comisión técnica para presentar el perfil de quienes integraron las quintetas, es un procedimiento que no corresponde incluso ni siquiera a la Junta de Coordinación Política, sino a esa comisión técnica establecida para ello”.

Argumentó en contra del priísta, panista y perredista, la diputada de Morena Norma Rocío Nahle García: “Hoy se van a designar tres consejeros electorales, que son los que van a ser árbitros en las siguientes elecciones pasando, por supuesto, de la del 2018, que es presidencial.

“Para esto se implementó todo un camino con un comité técnico, que estuvo contaminado por decisiones políticas. PRD, PAN y PRI designaron a quienes estarían en dicho consejo. De ahí, 152 personas se inscribieron y entraron en este sistema para hacer argumentaciones, entregar ensayos, dar entrevista y hacer examen. Un examen que el propio comité elaboró, ejecutó y calificó.

“Posterior a ello, nos hicieron llegar tres quintetas; tres quintetas de personajes que ellos consideraron viables. Pero al ver el resultado del ensayo y de los exámenes dejaron seis, siete personas con los mejores promedios, tanto en el ensayo como en las calificaciones fuera de las quintetas.

“El examen era de 40 puntos y nos presentan personas que tuvieron 26 aciertos, personas que tuvieron 30 aciertos. La máxima calificación fue de 37 aciertos de tres personas. Esas tres personas, ninguna es designada como consejero.

“Los ensayos también tuvieron una puntuación. Cuando revisamos los ensayos estas tres personas no tuvieron un resultado sobresaliente, no malo, pero no sobresaliente.

“Hoy vemos que Diana Paola Ravel es una propuesta directa del PRI; Jaime Rivera es una propuesta del PAN; y Beatriz Zavala, una propuesta del PRD. Entonces, todo este comité, toda esta calificación, todo este camino termina en un asunto meramente político.

“Por ejemplo, Diana Paola Ravel fue consejera en el Instituto Federal Electoral del Distrito Federal, eso marca su trayectoria, pero Diana Talavera, fue presidenta del Consejo Electoral del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal y no fue considerada. Ésta y otras más.

“Todo esto Morena argumentó en su tiempo y forma en la Junta de Coordinación Política, que era inadecuado, que no son los mejor seleccionados. Hay una persona que no sé su nombre, pero de seguro me está viendo, que es el folio 130, porque también los etiquetaron con folio a los que no pasaron por las quintetas. El folio 130, fue de los tres que tuvo mayor calificación. Fue de los que tuvo mayor calificación en su ensayo y ni siquiera pasó a las quintetas. ¿Qué consideró el comité? Pues la afiliación partidista, la simpatía. Y esos van a ser los árbitros electorales en la elección presidencial de 2018”.
31 Marzo 2017 04:00:00
“Fue perdiendo prestigio el Ejército por culpa de Calderón y Peña”
Oradora final fue Luisa María Calderón Hinojosa, hermana de Felipe Calderón. El presidente del Senado, Pablo Escudero, así dispuso el orden de participantes. Penúltima fue Layda Sansores. Discutían en torno de un tema inesperado que había presentado la rémora del PRI, el Pvem: Exhortar a la Conago para que emitiera su opinión sobre la Ley de Seguridad Interior, que la oposición califica de peligrosa para la República, porque abre la puerta a la dictadura militar.

La senadora Calderón cerró el inusual e inesperado debate, así: “Los panistas no tenemos nada que esconder, ni Felipe Calderón, (quien) vive en la misma casa de la que salió a la Presidencia de la República.

“La invito a que la conozca (se dirigía a Layda Sansores). Nada que esconder, ni vergüenza, ni siquiera debilidad. Tuvo la fortaleza de salir a atajar a la delincuencia organizada que era dueña de alcaldías y del Gobierno del Estado. A partir de la solicitud del gobernador del PRD, Lázaro Cárdenas, salió al estado de Michoacán a contener la delincuencia.

“No es novedad que la delincuencia organizada estuviera por ahí; tenía décadas guardada. Y según el historiador Luis Astorga, había nacido desde la Revolución, y había estado sometida, extorsionada, permitida o combatida, mientras había un solo partido. Por cierto, su papá era de ese partido,  senadora, cuando la delincuencia estaba sometida al gobierno único que existía.

(Luisa María aludió a Carlos El Negro Sansores Pérez, gobernador de Campeche de 1967 a 1973, presidente nacional del PRI en 1976, en los tiempos de Luis Echeverría).

“No es cierto que en la Ciudad de México no haya delincuencia organizada. Hay por lo menos 85 mil niñas explotadas por la delincuencia organizada.

“En Tepito se vende toda clase de drogas. Es mucho más fácil quedarse calladito, no decir nada, dejar que pasen, dejar que se adueñen, dejar que vendan tachas y más tachas en los antros para llevar la fiesta en paz.

“No es cierto que tenemos algo que esconder, lo que tenemos aquí, en este Senado y en los últimos 25 años es que no hemos querido dar nuestro brazo a torcer y entender que el problema es de México, del Estado mexicano, y si no alguien que se fajó los pantalones, que acudió a la solicitud del gobernador perredista, porque la delincuencia organizada se adueñaba no de los partidos, no ni siquiera de la venta de drogas, sino de las alcaldías, y ahí tenemos a Ayotzinapa, y ahí tenemos un montón de casos  dolorosos.  

“… No; no se trataba de ponerse débil, se trataba de ponerse valiente frente a una delincuencia organizada que se adueñaba de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales y si no se ha detenido estaríamos hoy en otras condiciones, nada que avergonzarnos tenemos los panistas, nada que avergonzarse Felipe Calderón, quien vive y va por la calle tan tranquilo, como seguramente  otras gentes no podrían ir. No hay nada que avergonzarnos.

“Yo insisto: es hora de o someternos a la delincuencia organizada o ser cómplices de la delincuencia organizada, o ponernos todos del mismo lado, esperando la opinión de los gobernadores, que seguramente están sufriendo amenazas de la delincuencia organizada por ponerse en orden y por eso aumenta la violencia, porque no se les someten, porque no se les cuadran, porque no los dejan pasar, porque no se guardan silencio y es hora de que todos nos pongamos del mismo lado y es del lado del Estado mexicano”.

 Layda Sansores, en tribuna otra vez: “Y mientras los priístas actúan con toda discreción, hoy el Verde, antes ‘chambelanes’, ahora ‘lacayos abiertos’, son los que la presentan, y aquí se envuelven en la bandera verde olivo los panistas, que tienen mucho qué ocultar, tienen mucho qué defender.

“Porque como dijo claro el Senador Bartlett, el  Ejército es respetable, quienes lo expusieron, fueron tanto Calderón, como Peña Nieto, obligándoles a hacer acciones a las que no estaban preparados y que no querían. Y permitimos que se desvirtuara, y que esta institución fuera perdiendo prestigio, porque ¡por favor! son seres humanos, no son impolutos.

“Y en los 10 años no hicimos nada para capacitar a la policía, y que sí hay buenos policías, aunque digan que no, hubo una AFI, que Genaro García Luna la hizo y la deshizo a su antojo, porque la quería pasar ahora a seguridad, esa policía funcionó y ya nos olvidamos de ella, no cumplieron con lo ofrecido.

“Tienen (en este debate) una obsesión ya compulsiva de López Obrador; se ve que les duele hasta el tuétano. Pero serenos, morenos, y ahí los veremos aquí en estas filas pidiendo chamba.

“…No podemos ser paleros de nadie, menos de un Presidente que en su debilidad se arrodilló ante los intereses extranjeros para hacer esta ley, como se arrodilló Calderón en su momento.

“Pongámonos ya a pensar que la Ley de Seguridad Interior no puede pasar y que hay que escuchar también a los ciudadanos, a las organizaciones civiles y a las víctimas de los abusos que ha habido por parte de gente del Ejército, no del Ejército. Y volvamos a darle al Ejército toda la fuerza, la respetabilidad y el cariño que ha tenido de este pueblo, así que no se confundan”.

Todo esto sucedió, por un descuido de los cúpulos, el jueves 23. Lo corrigieron: Fue acallado en tribuna el debate esta semana sobre la Ley de Seguridad Interior, que en este momento fraguan PRI, PAN y Peña en algún sitio oscuro y silencioso del Congreso.
30 Marzo 2017 04:00:00
EU ordenó a Calderón sacar al Ejército a las calles y Peña, acobardado, continuó
Correspondía el turno a Manuel Bartlett Díaz, en quien se había cebado Roberto Gil Zuarth hacía un instante. El yerno de Beltrones trastocaba todo para que los oradores golpearan con mayor sevicia a Andrés Manuel López Obrador. Pablo Escudero puso a Bartlett al final de la lista. Pero no pudo evitar que llegase el turno de Mario Delgado, senador de Morena, quien a Gil dijo:

“De veras que se necesita mucho cinismo para venir a hablar de resultados aquí y defender la gestión de Calderón en esta tribuna en materia de seguridad pública”.

Pero no era a Delgado a quien Gil esperaba, sino a Bartlett, a cuyo turno todavía el yerno de Beltrones interpuso a cinco oradores; uno de éstos, Enrique Burgos García, ex gobernador de Querétaro y argumentador de peso completo del PRI.

Burgos dijo: “Aquí alguien mencionó: ‘Yo fui gobernador’. Yo también, yo también lo fui, y debo decirles que por testimonio propio, y hay varios gobernadores aquí, puedo decirles que en circunstancias complejas, en otro tiempo, pero complejas, siempre estuvo al lado el Ejército mexicano”.

Burgos había aludido a López Obrador y a Bartlett, quien llegado su turno, comenzó: “Es verdaderamente ridículo el manejo de esa interminable sesión, todo para criticar a Andrés Manuel López Obrador. Qué vergüenza; sí están muy asustados, y tienen razón (en estarlo), pero no por eso hagan el ridículo.

“Burgos dice que no queremos las instituciones. No. El Ejército es respetable, el Ejército ha hecho grandes tareas en beneficio del país;  los que no se merecen el respeto son los dos presidentes que lo han metido en el lodazal, no el Ejército, los soldados, eso, son pueblo, hombre, es esa necedad de  meter al Ejército a donde no debe de estar y poner en
riesgo al país.

“Gil fue secretario particular de Calderón, por eso sabe a lo que yo me refiero; sabe que (la Ley de Seguridad Interior) es una imposición de los Estados Unidos, usted lo sabe, está firmado, se llama Plan Mérida.

“Calderón cedió a los Estados Unidos, que son los que le ordenaron a Calderón meter al Ejército a una tarea que no es la suya. Y lo he dicho mil veces, pero además no tengo que demostrarlo, el Plan Mérida firmado por Calderón, es en el comercio de Estados Unidos el que nos tiene controlados y nos revisan si lo hacemos bien o lo hacemos mal, y nos dan tres pepinos para que nosotros nos gastemos miles de millones comprando armamento… ¡a los Estados Unidos, claro!

“Hay que reconocer que Gil, con toda lealtad, viene a defender a Calderón; pero, los miles de muertos, las pruebas de los desaparecidos; pero la locura que fue esa guerra, esa no la puede usted borrar, porque ha sido una tragedia humana. (Y ahora) viene usted diciendo que Andrés Manuel López Obrador le faltó el respeto porque se retrató con Abarca…

“Las acciones de Calderón hundieron a este país y al Ejército mexicano en una tarea que no le corresponde para favorecer a los intereses de los Estados Unidos, usted lo sabe porque estaba ahí en la puerta de Calderón.
“Pero tampoco lo va a borrar el PRI, porque Peña Nieto siguió lo mismo, han seguido lo mismo, y entonces ahí tenemos a otro priísta (César Camacho Quiroz) que saca una  ley igual que la de usted (Gil), y ahí se van las dos, porque son para defender herencias de terror que dejan Calderón y Peña Nieto en México. Ahora van a militarizar al país.

“…Un asunto que sí le recomiendo al señor Senador Gil, ex secretario particular que anda rascando en la historia, que la estudie verdaderamente; yo sí conozco la historia, yo no dictaminé, no señor, ese fue Jackson, de común acuerdo. Es una iniciativa que impulsó Enrique Jackson en constante vinculación con el Senador Diego Fernández de Cevallos, el que mandaba en un pri-panismo ahí, PRI y PAN.
“Esa (la Ley de Seguridad Interior) es una iniciativa que le recomendó a usted. Es una iniciativa que viene de los Estados Unidos.

“Después de las Torres Gemelas (11 de septiembre, 2001), Estados Unidos cambia su doctrina en seguridad y establece como principalísimo tema el terrorismo, que no tenemos, afortunadamente por ahora, el crimen organizado.

“Después de las Torres Gemelas, cambia su doctrina de seguridad Estados Unidos y la impone a toda América Latina.

“Entonces, la Patriot Act, se impone en la OEA, a todos, y de ahí surge esa reforma todavía disfrazada. Y surgen toda una serie de medidas como son el incrementar los delitos penales para defender a sus empresas.

“La voluntad de los Estados Unidos es que los ejércitos de América Latina cuiden a sus empresas mineras, a sus empresas petroleras, a sus empresas eléctricas, y entonces han impuesto a quienes se sometieron a los
Estados Unidos como Calderón cuando firmó con ellos el Plan Mérida. Es un hecho, no lo pueden negar.

“Busque los antecedentes de esa reforma de Enrique Jackson y Fernández de Cevallos, búsquela, ahí se va a dar cuenta que es ese recorrido de la Patriot Act y la creación del Coleman Security, que por cierto el de Coleman Security acordaba con Calderón.

“Pero igual es Peña Nieto, quien siguió sin mover un dedo para que no lo regañaran. Nos han colonizado, y han convertido a nuestras honorables fuerzas nacionales, absolutamente respetables, en una maquinaria de matar”.
Casi finalizaba el debate: turno entonces de la hermana de Felipe Calderón y Layda Sansores.
(Continuará)
29 Marzo 2017 04:00:00
Los motivos de Gil (y Calderón) para presentar la Ley de Seguridad Interior
Lo que se debatía el pasado jueves 23 era un Punto de Acuerdo para pedir la opinión a la Conago sobre la Ley de Seguridad Interior, un proceso legislativo que es de tanta gravedad e importancia para la vida de México como lo fue la reforma energética en agosto de 2014. Roberto Gil Zuarth, senador del PAN –autor de una de esas dos iniciativas de ley que la oposición juzga que terminarán por afincar a una dictadura militar–, alegó:

“Y se les olvidó que no formó policías, se les olvidó que no depuró a ministerios públicos, se le olvidó los altísimos índices de impunidad que dejó a su paso por esa lamentabilísima gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México”.

Y remachaba Gil: “Los desaparecidos están en la conciencia del señor Andrés Manuel López Obrador, que hacía campaña con el señor Abarca”.

Exhortar a la Conago que opine sobre la ley de marras había servido de pretexto para que 17 oradores, de 25, se empeñaran en golpear a Andrés Manuel López Obrador. Gil Zuarth continuó: “Qué bueno que don Manuel Bartlett hizo referencia y relación a la evolución de nuestras instituciones, porque esta es la tercera ocasión en la historia contemporánea que el Congreso de la Unión, que la política, abrió una reflexión sobre la relación de las fuerzas armadas con los poderes civiles y sobre los alcances de su atribución en sus facultades”.

Roberto Gil Zuarth insistió: “La primera vez, al inicio del siglo XX, después del episodio revolucionario, a propósito de la profesionalización de las milicias con el objetivo fundamentalmente de pacificar la lucha entre las fracciones revolucionarias, fue la primera ocasión en la que hubo un esfuerzo del estado mexicano por profesionalizar e institucionalizar las fuerzas armadas.

“La segunda ocasión fue en la última etapa de los años noventa y principios de los 2000; más o menos a partir de 1996, cuando se decidió que las instituciones, las fuerzas armadas formaran primero parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, año de 1996 y después cuando se tomó la decisión de modificar la Constitución para incorporar la función de seguridad nacional en el artículo 89, fracción VI, una reforma constitucional que estaba motivada por la presencia cada vez más intensa del crimen organizado”.

Roberto Gil aludía los tiempos calderonistas, cuando salió a la calle el ejército: “Nos empezamos a dar cuenta como país que la delincuencia organizada, en aquel momento asociada a narcotráfico, era un problema de seguridad que exigía una escala de respuesta mayor que la distribución de competencias hasta entonces vigente que dejaba en manos de los estados la respuesta primaria del estado mexicano”.

Se incluía el senador. ¡Y cómo no! Fue el secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Gil siguió: “Dijimos en los años noventa… ya se imaginarán quién estaba en el gobierno, dijimos en los años noventa que la delincuencia organizada tenía que ser materia federal, que las fuerzas armadas tendrían que ser parte de ese esfuerzo, incorporamos al texto constitucional las función de seguridad nacional en sus dos dimensiones, seguridad interior, defensa exterior, hicimos una Ley de Seguridad Nacional que, por cierto, don Manuel dictaminó como integrante de la Comisión de Gobernación del Senado de la República”.

¿Era Gil o Calderón quien hablaba? Era, ni más ni menos, la justificación con que Felipe sacó al ejército de los cuarteles hace exactamente 10 años. Gil Zuarth añadió: “Desde 2004 y 2005 es una responsabilidad de las fuerzas armadas concurrir al esfuerzo del estado mexicano para contener a la delincuencia organizada”.

Gil tenía en su mente a Manuel Bartlett. A él dedicaba ahora su oratoria: “De ahí que no valga decir que son a ocurrencia de una administración sin un deber legal, que por cierto los que entonces estaban en el PRI y los que entonces estaban en el PRD votaron a favor”.

Tribuna a pasto para Gil. Presidía el yerno de Beltrones. El secretario particular de Felipe Calderón concluía así: “Lo que Acción Nacional pretende en sus iniciativas es establecer un procedimiento para hacer valer la responsabilidad federal en el combate y contención a la delincuencia organizada, de eso se trata la Ley de Seguridad Interior.

“Voy a dar dos datos: En 2012 había 75 bases de operación mixtas en materia de seguridad pública en el país, hoy hay 142; había mil 680 efectivos militares desplegadas en esas 75 bases mixtas, hoy hay poco más de tres mil 386 personas, efectivos militares en esas bases mixtas.

“Antes, el despliegue militar estaba en cinco estados fundamentalmente; hoy está en 24; se está regulando por convenios que implican una contraprestación por parte de los estados y, lo peor, la iniciativa privada (sic) paga los cuarteles de los militares, y eso es lo que está pasando en nuestro país, por eso se tiene que racionalizar un instrumento que tiene el estado mexicano, que son sus fuerzas armadas.

“Nosotros estamos en el convencimiento, en la intención republicana de someter un poder público, las fuerzas armadas a la disciplina de la ley, de eso se trata nada más y nada menos la Ley de Seguridad Interior”.

Arguyó así Gil Zuarth los motivos por los cuales presentó su iniciativa aquella, que diputados y senadores de Morena, PT, PRD y Movimiento Ciudadano miran como la puerta por donde volvería a entrar la dictadura militar en México. Un empoderamiento militar evocador de los tiempos pre revolucionarios de 1910. Pero ahí venía a la tribuna otra vez Manuel Bartlett Díaz…
(Continuará)
28 Marzo 2017 04:00:00
‘Revisemos quiénes son los gobernadores y la autoridad moral que tienen
El autor de una de las dos iniciativas de Ley de Seguridad interior es el senador del PAN Roberto Gil Zuarth (el otro es César Camacho Quiroz, diputado federal del PRI). Pero este jueves reciente, cuando el Pleno del Senado discutía exhortar a los gobernadores emitir una opinión sobre la ley de marras, que cocinan a solas y en lo oscurito PRI y PAN, de pronto a Gil le llegó el turno en tribuna.

“Ya se le olvidó a quien me antecedió en el uso de la voz, con quién se fotografiaba alegremente Andrés Manuel López Obrador, en el municipio de Iguala, Guerrero. Ya se le olvidó también quién hacía campaña con el gobernador de Guerrero. Y ya también se le olvidó  la gestión catastrófica en materia de seguridad que tuvo Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno en la Ciudad de México”.

¿A quién aludía Roberto Gil Zuarth? Al senador perredista Fidel Demédicis, morelense. Acérrimo enemigo político de Graco el gobernador. Demédicis, hacía un instante, hubo dicho: “Primero decirles a los que han venido a hablar aquí de las declaraciones del compañero Andrés Manuel López Obrador, que se estén tranquilos. Todavía no metemos el acelerador a fondo, y ya les llevamos 10 puntos de ventaja. Están  nerviosos, y es normal”.

Veinticinco oradores. El que presidía, el yerno de Beltrones, el pvemista Pablo Escudero, había manipulado de tal modo la sesión que el golpeteo al Peje crecía. Más de la mitad de participantes había subido a tribuna para darle en la madre a López Obrador. Y Gil, uno de ellos, chisporroteaba en defensa del punto de acuerdo, en el que el Verde propuso pedir opinión a la Conago.

Demédicis había dicho: “La Litis de este punto de acuerdo, invitar a la Conago. ¿Por qué no cuando se hagan las audiencias públicas respectivas se le invita a la Conago? ¿Qué particularidad tiene ese poder fáctico? Para que de manera especial se le diga: ‘Por favor señores gobernadores, vengan a dar su opinión sobre las diferentes iniciativas que tenemos en el Senado de la  República, para que nos orienten la discusión, porque en el Senado estamos perdidos. ¡Éste es el extremo de los extremos!”

Acomodó Demédicis de tal modo las palabras que aquellos se fruncían. “Cuando sean las audiencias públicas hay que invitarlos. Yo no sé quién tuvo esa ocurrencia extraordinaria, de decir que de manera particular hasta exhorto les haga el Senado de la República.

“Revisemos quiénes son los gobernadores; revisemos cuál es la autoridad moral que tienen en materia de seguridad, ahí están sus estados. Morelos. Morelos pasando por una de las peores crisis de seguridad en toda su historia, encabezada por un individuo que lo que menos le interesa es la seguridad del pueblo”.

El senador se refería a Graco, que tan enemigo es del senador que intentó embarrarlo en un crimen político. A dos años, nada se le ha comprobado a Demédicis, quien siguió: “Ahora resulta que nos va a venir a orientar de cómo mejorar la seguridad a partir de mejorar el marco legal. ¿En qué cabeza cabe, en qué cabeza cabe, compañeros Senadores?”

Todavía no comienza el debate en comisiones sobre la Ley de Seguridad Interior, pero ya quema. Es el fierro más candente de cuantos hoy tiene en comisiones el Congreso mexicano.

PRI, PAN, Pvem y la Presidencia de Peña Nieto quieren con esta ley militarizar al país. Y, con ello, sospechan opositores, que el Ejército desconozca un eventual triunfo en 2018 de Andrés Manuel López Obrador, para la instauración entonces de una dictadura militar con apoyo incluso de los Estados Unidos.

Demédicis siguió: “¿Por qué no invitamos a la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Por qué no la exhortamos a nuestra máxima casa de estudios? ¿Por qué no exhortamos a nuestras universidades?

“¿Por qué no exhortamos a los conocedores en materia de seguridad pública a nivel nacional, qué opinen? “Por qué no invitamos al propio Ejército a que nos venga a dar su punto de vista sobre las iniciativas? Y entonces sí le meteríamos responsabilidad y seriedad al debate, compañeros”.

Entonces, lo que a punto estaba de decir el senador morelense, marcaría el resto de un debate que puso en el centro a Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto. Incendió la participación de Zuarth. Un Zuarth, sin embargo, apagado por Manuel Bartlett y Layda Sansores. Y la aparición, al final, de Luisa María Calderón Hinojosa, senadora panista y hermana del ex presidente.

Inicio del tercer tercio. Demédicis clavó la pica de la garrocha en el lomo de Felipe Calderón: “

“Revisemos qué pasó en el período de Calderón, cuando gobernaban los panistas, aquélla guerra inútil que encabezó Calderón: más de 100 mil muertos, y de esos muchos civiles.

¿Y cuál fue su explicación?

“Revisemos compañeros. Miles de muertos, miles de desplazados, miles de desapariciones forzadas, el control de los criminales de muchas zonas en México. Categóricamente lo decimos, la guerra de Calderón se inició sin objetivos ni estrategias claras, y fue un Estado fallido.

 “Se cambió la estrategia, se cambió el paradigma,  pero lo que no cambió es el debilitamiento y la vulnerabilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado.

“Entonces, la pregunta es, ¿ha sido efectiva la participación del Ejército para la pacificación del país? ¿Ha sido efectiva la participación del Ejército para generar la gobernabilidad de México? ¿Ha sido efectiva la participación del Ejército para que los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos sean respetados? La respuesta es, no”…
(Continuará)
25 Marzo 2017 04:00:00
Pretenden Peña, PRI y PAN “la claudicación del poder civil ante el Ejército”
En lo que va del año no se había escuchado, en la tribuna del Senado, tanta enjundia. El senador del Pvem Juan Gerardo Flores Ramírez había solicitado al Pleno que pida a la Conago una opinión sobre la Ley de Seguridad Interior, lo que en la práctica no sería más que un espaldarazo a lo que, en conciliábulos, negocian priístas, panistas y pvemistas con gente de la Presidencia de la República.

Turno de la senadora invicta Layda Sansores San Román: “Hace 100 años, Francisco José Mugica, Constituyente de 1917, alertó sobre los peligros del militarismo en México. Decía textualmente: ‘A primera vista no significa una amenaza a la tranquilidad pública, pero se convierte indefectiblemente en un desquiciamiento corriendo el tiempo. Creyéndose privilegiados, el poder militar termina por despreciar al poder civil’. Mugica era general y sabía de qué hablaba”.

Layda continuó: “Peña no lee. Quien leyó bien a Mugica fue el general Cienfuegos; en el desayuno de fin de año con los comunicadores, dijo claro y de una manera inusual, pero necesaria: ‘Nosotros no pedimos estar aquí, no estamos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes, se está desnaturalizando nuestra posición. Estamos haciendo funciones que no nos corresponden”.

La Sansores fueteaba con rigor el lomo de los priístas y el lomo encallecido de Peña Nieto: “¿Por qué insistir en una Ley de Seguridad Interior? Señores, por dos cosas. Una, es la respuesta inequívoca de un Presidente débil, arrodillado, rehén de la delincuencia y de su propia corrupción. Y lo que hace, pues, es cumplir con compromisos inconfesables que le dictan en inglés fuerzas extranjeras”.

Entonces Layda también descerrajaba a Felipe Calderón un fuetazo entre ceja, oreja y… “Cuando Calderón declaró una guerra que no pedimos, y esa sí es una falta de respeto, una falta de respeto al Ejército, porque los pusieron a hacer tareas de policías para lo que no estaban preparados y que no querían. Cuando Calderón lanzó a las calles al Ejército, se dijo que era una medida temporal, y hoy vuelven a decir que será temporal”.

No hay un priísta que aprecie a Layda… aparentemente. La escuchan en serio. Siguió: “Si es temporal ¿Por qué manosear la Constitución? Aprobar una Ley de Seguridad Interior es legitimar un Estado de excepción, es sentar las bases para un proceso de militarización, es dotar de un marco legal a lo ilegal para justificar la actuación de soldados como policías, es darle un marco legal a la dictadura”.

Entonces Layda se fue a la raíz del desmadre que azotó al país la semana pasada: Una declaración de López Obrador, una reacción inédita de la Secretaría de la Defensa Nacional y miles de aullidos haciéndose de ecos de un posicionamiento barbotado en la Secretaría de Gobernación.

Layda Sansores insistió: “Hay una caterva de aduladores que critican a López Obrador, pero no saben ni de qué lo critican, que por lo que dijo, pero no saben qué dijo.

“Él habló, no contra el Ejército, que ha expresado sus respetos al Ejército como institución, habló de la violación a los derechos humanos que todos reconocemos y que aquí, cuando sale también en una campaña espectacular que se ha desatado, sale el encargado de los asuntos de derechos humanos en la Sedena, dice: ‘Que le demuestren cuándo el Ejército no ha castigado a alguien que haya violado los derechos humano’.

“Pues, yo digo que vaya y le corrija la plana a la Comisión Interamericana, a la ONU, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo de Tlatlaya, las instituciones sumarias, los índices de calidad no tienen justificación.

“Y en lo de Ayotzinapa, ahí sigue en pie. Claro que en Ayotzinapa tuvieron responsabilidad, antes, durante y después, y que me expliquen cómo es que la Sedena le regaló un terrenito al señor Abarca para que hiciera una plaza enfrente del Batallón 27.

Dijeron y mintieron que no habían salido a la calle, y no es cierto, estuvieron en el Hospital Cristina, y después ellos se hacen, controlan el C-4, el Centro de Inteligencia, pero no se dieron cuenta, ni dieron seguimiento a dónde llevaban a los jóvenes los policías y los criminales.

“Nunca dijo López Obrador que ellos ‘mandaron desaparecer a los jóvenes’. ¡No!; se debe investigar cuál es su actuación, porque hasta ahora han guardado un enorme hermetismo y no han permitido que el GIEI supiera de las declaraciones de gentes del Ejército”.

La invicta Layda advirtió entonces al Senado de la república: “Quiero decirles que cuidado con que nosotros estemos aprobando esta ley que significa la claudicación del poder civil en México, que nos ha costado construir en tantas décadas de lucha, sería una subordinación vergonzosa del Congreso si se atreve a convalidarla”.

Y ya para terminar, Sansores dijo también: “Y ya espántense desde las declaraciones de Peña Nieto que ahora resulta que el Ejército es la institución de las instituciones, o es una expresión rastrera que ya no sabe qué decir, o que nos explique de qué se trata, quiere decir que ya desde ahora el Ejército está sobre esta división de poderes contemplada en la Constitución”.

Layda lanzó la última advertencia: “Cuando al Ejército se le entregan las calles estamos alimentando un monstruo y después no habrá manera de detenerlo dándoles de beber de nuestra propia sangre si queremos echar reversa sería el único camino, a eso se le llama guerra civil”.

Ni una sola contra argumentación del PRI. Layda, invicta, sólo obtenía el silencio como respuesta.
24 Marzo 2017 04:00:00
“El Ejército es criticable, y lo que pretende el Congreso es un golpe de Estado”
En los territorios del Senado de la República seguía ayer la puja por la Ley de Seguridad Interior, que los opositores miran como la “ley de la militarización del país”. Se trataba de la discusión de un Punto de Acuerdo promovido por el Gobierno federal a través de uno de sus apéndices legislativos, el Pvem, que en voz del senador Gerardo Flores Ramírez pedía exhortar a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a que emita una opinión sobre la iniciativa de Seguridad Interior.

Más de 20 oradores dispusieron de la tribuna en cuatro horas, para que al final la votación no se consiguiera, por falta de quórum. El rompimiento del quórum es sintomático de la falta de acuerdos. En corto, hay senadores del mismo PRI que se resisten a aprobar la ley de marras.  

Gerardo Flores lamentó en tribuna no llegar todavía a acuerdos. Y decía: “Más allá de la eficacia en la actuación de las fuerzas armadas, en el combate en el crimen  organizado y en la preservación del orden social y del Estado mismo, debemos tener presente, que se trata de tareas que no corresponden a su ámbito de competencias”.

Y cuando apostillaba, lo hacía aludiendo evidentemente a Andrés Manuel López Obrador, cuando, acomodaticio el pvemista, decía: “Sin duda alguna, todos los mexicanos respetamos y nos sentimos orgullosos de nuestro Ejército y Marina, con excepción, desde luego, de algunos muy pocos, y prueba de ello es que se trata de las instituciones con los mayores índices de credibilidad y confianza en nuestro país”.

Así justificaba su proposición para que la Conago opine, lo que significaría, en realidad, inducir a la no menos acomodaticia Conago a empujar hacia el dictamen de lo que opositores del PRD, PT, MC y Morena juzgan como la “ley de la militarización del país”.

Turno de Manuel Bartlett Díaz: “Es absurdo, es un golpe de Estado, no debemos permitirlo”.

Y el apostille: “Osorio Chong, el primer policía de este país, está pidiendo que el Ejército se quede y lo ayude, cuando el fracaso de la seguridad en estos cuatro años se llama Osorio Chong, entonces es una cuestión en donde no hay ni siquiera dignidad.

 “¿La suspensión de garantías la da el Congreso?, ¿establece limitaciones?; y puede ordenar a que regresen a sus cuarteles o se acabe el sistema de garantías.

“Y lo que están haciendo es algo que no tiene control alguno.

 “En esa lideralidad que están manejando las iniciativas, lo que están nada más ayudando a Peña Nieto es que cumpla con los Estados Unidos.

“Ya lo hemos dicho, son ellos los que tienen la prisa de que el Ejército mexicano se convierta en la Policía para defender a sus petroleras, a sus mineras para servir a los intereses de los Estados Unidos.

“Cuáles son las facultades que da el Ejército, pero no estemos soñando, nos regaña el general Cienfuegos, qué manera tan torpe de Peña Nieto de manejar al Ejército, nos está enlodando.

“Las fuerzas armadas son instituciones como cualquier, y claro que se les puede criticar, que no nos vengan aquí, que es, es estar insultando al Ejército, no; cuando criticamos al Ejército, criticamos a Calderón, y criticamos a Peña Nieto, y criticamos a Cienfuegos que se dedica a amenazar a las Cámaras para que aprueben la ley que les garantice a ellos ser un ejército policiaco”.

El PAN en voz de Fernando Torres Graciano: “Tenemos que seguir insistiendo en que las fuerzas armadas requieren de un marco jurídico que les permita definir con toda puntualidad su actuación, los procedimientos, los protocolos con los que habrá de actuar.

“Tenemos que definir quién es el responsable de solicitar la declaratoria para la pertinencia de la participación del Ejército mexicano, para qué va, a qué va, el espacio territorial, la temporalidad, sus obligaciones, su responsabilidad, el uso racional de la fuerza pública; esta discusión que es la que hoy tenemos que hacer”…

Uno de los oradores del PRI fue Angélica del Rosario Araujo Lara. Dijo: “Vengo a hablar a nombre del grupo parlamentario del PRI a favor del presente punto de acuerdo, ya que estamos convencidos de que la presencia de nuestras fuerzas armadas en labores de vigilancia se traduce en beneficios hoy tangibles para la sociedad mexicana en su conjunto (…) Ley de Seguridad Interior no puede seguir siendo postergada.

“La intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública fue necesaria ante la escalada de violencia, como aquí se ha señalado, que se ha presentado durante los años anteriores frente a la debilidad institucional de la mayor parte de los cuerpos policiacos en el ámbito municipal y estatal.

“Para comprender la relevancia de este asunto debemos destacar que el objetivo es dar un marco regulatorio para las actuaciones de nuestras fuerzas armadas, el momento que vivimos así lo exige y no podemos ni debemos ser omisos ante los retos actuales.

“Que quede muy claro, la intención no es militarizar, ni establecer estados de excepción, por el contrario, lo que queremos es contribuir de manera determinante a garantizar la confianza, la certidumbre y la tranquilidad para la población mexicana.

López Obrador gravita sobre el PRI. La senadora dijo: “Los legisladores del PRI reconocemos las acciones institucionales de nuestras fuerzas armadas y siempre vamos a señalar y condenar cualquier declaración sin sustento, que irresponsablemente acusen a las fuerzas armadas, de violentar los derechos humanos”.

Prendía el debate. Apenas venía Layda, Padierna, De la Peña, Gil Zuarth…
(Continuará)
23 Marzo 2017 04:00:00
Un desesperado Peña Nieto azuza al ejército contra López Obrador
En los territorios del Congreso de la Unión, ayer, se jugaban las cartas por la militarización o no del país. Sí, aquellas cartas que se han puesto a jugar en la oscuridad tanto el PRI como el PAN, en su avance silencioso del dictamen de la Ley de Seguridad Interior.

Pero también se escuchaba el eco ominoso de una conferencia inédita de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha tomado partido político en favor de quienes acometen contra Andrés Manuel López Obrador.

En las Cámaras del Congreso corre la versión en el pasillerío de que Enrique Peña Nieto está tan desesperado por el avance inexorable del tabasqueño, que ha echado mano del ejército mismo para atacar a quien las encuestas ya lo colocan en la presidencia de la República a partir de 2018.

En corto, hay senadores del PRI que admiten que es el presidente Enrique Peña Nieto quien está azuzando al ejército contra López Obrador. Y el grave peligro que intuyen es el hecho de que el ejército, en esta toma de posición política, decidiera de pronto no reconocer como presidente, en un triunfo hipotético, al tabasqueño.

El ejército acaba de traspasar los linderos de su naturaleza.

Por un lado, ha salido anteayer a asegurar que son infundios las acusaciones de que el ejército ha violado impunemente los derechos humanos en México. Y, en voz del director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, general brigadier José Carlos Beltrán Benítez, ha lanzado el reto a todos esos “actores sociales” que lo afirman, a que presenten pruebas en contra de militares que hayan abusado de la fuerza y violado derechos humanos de civiles.

Nunca mencionó el nombre de Andrés Manuel López Obrador, pero evidentemente era él el destinatario, luego de que la Secretaría de Gobernación, diputados y senadores del PRI y Pvem, y un ejército de sujetos tan sucios como anónimos desde las redes sociales han estado empujando en la misma dirección: Echar a pelear al ejército contra el tabasqueño, luego de que este dijo la semana pasada en Nueva York a un padre de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fuera a reclamarles al ejército y al gobierno de Enrique Peña Nieto, por la desaparición de los normalistas y no a él.

El general brigadier Beltrán, con la cara de palo propia de los militares, y mirada encendida, decía en su conferencia histórica que son “injurias y ofensas”. Y apostillaba: “Se han mencionado estas supuestas responsabilidades sin la más mínima evidencia, por hechos investigados no sólo por autoridades judiciales nacionales, sino por grupos de expertos que han presentado conclusiones que desvinculan al personal militar de los hechos delictivos que fueron materia de análisis”.

Aludía Beltrán sin duda a los hechos de Ayotzinapa, como también procedía a aludir inmediatamente a los hechos de Tlatlaya, cuando decía: “Inclusive se ha difamado sobre hechos represivos que ofenden al instituto armado y también a la sociedad. Ante esto, se responde que hemos dado muestras (sic) de tolerancia y prudencia en un sinnúmero de ocasiones; desde agresiones físicas a instalaciones militares, a integrantes del ejército y fuerza aérea, hasta injurias y ofensas provocadas”.

Para infortunio del general Beltrán, no pasaron muchas horas para que instituciones defensoras de los derechos humanos, nacionales y extranjeras, se pusieran el saco y le respondieran:

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, tildó ayer de “sorprendentes” las declaraciones del general Beltrán, en nombre de la Sedena. “Parece que carece de información básica”, lo atajó Vivanco, en una entrevista con la titular del noticiario Aristegui Noticias.

Y fue Vivanco quien, desde su entrevista, recordó a Beltrán y a la Sedena que en Tlatlaya los militares ejecutaron extrajudiciales a cuando menos 12 personas, de un grupo de 22 presuntos delincuentes que ya se habían rendido.

En el caso de Ayotzinapa, los investigadores enviados por la ONU nunca pudieron interrogar a los soldados del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, que la noche del 26-27 de septiembre de 2014 permanecieron de guardia.

Vivanco dijo: “Los expertos intentaron por todos los medios interrogar al personal del ejército que se encuentra a pocos metros de distancia donde se produjeron los hechos”.

Hasta el momento, el ejército nada ha dicho sobre la versión propalada en libros y en las tribunas mismas del Congreso mexicano de que los 43 estudiantes habrían sido asesinados por personal del ejército y de la Policía Federal, porque los muchachos descubrieron que en uno de los cinco autobuses que habían secuestrado, iba un cargamento de heroína con rumbo a Chicago. Y que era el ejército el que lo custodiaba.

No tan directo en los casos Tlatlaya e Iguala, pero ayer el ombdusman nacional Luis Raúl González Pérez desmintió también a Beltrán, cuando dijo que la CNDH sí ha documentado abusos cometidos por personal castrense.
 
ESTRIBO
Rumbo al anochecer, ayer en San Lázaro, los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles Conejo y Quirino Ordaz Coppel, se apersonaron ante la Junta de Coordinación Política de San Lázaro para posicionarse sobre la Ley de Seguridad Interior. Sin ambages, se pusieron a los flancos de las posiciones del PRI y PAN, que no son otras que otorgar un poder inusual al ejército sobre la vida social e institucional del país.

La presencia de los tres gobernadores se circunscribe en la pretensión presidencial de aprobar cuanto antes la Ley de Seguridad Interior.
22 Marzo 2017 04:00:00
Y ahora el PRI jura que Peña Nieto es fiel seguidor de Juárez…
La amenaza externa representada por Donald Trump contextualizó ayer la evocación del 211 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, pueblo zapoteco de Oaxaca.

Y se confirmaba, una vez más, la capacidad camaleónica del PRI para acomodarse en el discurso. El diputado federal priísta Antonio Amaro Cancino, dijo, sin una gota de vergüenza, sin un ápice de rubor: “Las lecciones de su obra, de su gran pasión por México, su defensa de la soberanía, su concepción de la ley como lo más sagrado, como la expresión más elevada de las aspiraciones humanas, su convicción democrática fue inquebrantable en la nación y en la república. Son legado y son también, más que nunca, camino a seguir”.

Amaro Cancino hablaba del considerado más grande presidente que México ha tenido: “Así entendió el legado de Benito Juárez Luis Donaldo Colosio hace 23 años. Y así reconocemos los priistas (sic) a quien además de todo fuera el primer gran reformador de este país”.

El priísta, encarrerado, continuó: “Y ya lo dijo nuestro presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto: el legado de Benito Juárez perdura y alienta nuestros compromisos para seguir construyendo una sociedad en la que todos los derechos que consagran nuestra Constitución alcancen a todos los mexicanos”.

Ahora resulta que Peña Nieto es juarista, y los priístas también. Amaro remachó: “Como Juárez, los diputados del PRI estamos convencidos de que contra la patria nunca se tendrá la razón. Por eso, siempre legislaremos privilegiando el interés superior de la nación”…

Qué fácil es hablar de los muertos, y que éstos no reclamen, no respinguen. Pero el PRI se topó con el contradiscurso. Eva Florinda Cruz Molina, del PRD, dijo: “Hoy 21 de marzo celebramos el natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. Reconozcamos aquí al estadista que mantuvo la dignidad de la nación frente a la intervención francesa y la persecución conservadora.

“La historia del México del siglo XIX, no se entiende sin sus esfuerzos para salvaguardar a nuestro país de los conflictos armados, de las revueltas y la intervención extranjera. Benito Juárez García fue el prócer de la patria que encarnó la defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia”.

El de Eva Florinda, acaso fue quien mejor a contraluz de la historia de Juárez al México de Peña Nieto y Donald Trump. Agregó: “Hoy el legado juarista debiera ser parte de nuestra fortaleza histórica de nuestro país, que el Juárez de ayer nos enseñe cómo enfrentar al presente de nuestro país, que como nunca está en juego hoy con un derrotero incierto y de gran vulnerabilidad frente a las amenazas de un gobierno norteamericano que nos anuncia su pretensión de retroceder en la historia hasta el siglo XIX, volver a imponer la doctrina Monroe y la proclama del Destino Manifiesto con la que se pretendían adueñar de todo el continente”.

La diputada enfocó su discurso entonces hacia Los Pinos: “Frente esta grave amenaza racista y totalitaria del vecino del norte en estos momentos, el gobierno mexicano luce inferior al tamaño de este enorme desafío”.

Y añadió: “Mientras que Juárez dejó un legado claro, contundente, que debe ser revalorado porque trasciende su época hasta nuestros días, Peña Nieto es la viva, es la viva imagen del pasado oscuro del apátrida, entreguista y conservador”.

Hacía unos instantes, María Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, hubo dicho: “En tiempos como los actuales, en que México padece una severa crisis institucional de representatividad y de confianza, en que además existe angustia y tribulación para muchos de nuestros ciudadanos de este y el otro lado de la frontera norte, resulta imperioso que rescatemos aquél espíritu juarista, que reclama el arrojo ante tiempos difíciles, pero que mantiene la cordura institucional como medio óptimo para reencausar la vida política”.

Elías Ojeda Aquino, de Morena, dijo: “Para Justo Sierra, en esa época encrespada, dolorosa, desfalleciente y aniquiladora, la roca inquebrantable que sostuvo el edificio nacional fue don Benito Juárez García”.
El PAN, el partido que, desde su fundación, ha visto a Juárez más como un enemigo que como un héroe de la patria, ahora dijo, en voz de Ricardo del Rivero Martínez: “Muchos de los historiadores de la reforma y la historia oficial difundida por los gobiernos postrevolucionarios han colocado al presidente Juárez como una de las figuras más importantes de la historia de México.

“Han encontrado en el entorno adverso de aquellos años, las causas y explicaciones de su obra de gobierno. Las sólidas razones para promulgar las Leyes de Reforma y para asegurar la hegemonía del Partido Liberal, la gloria de derrotar la intervención francesa y al segundo imperio, y en el cual estamos de acuerdo”.

Y apostillaba el panista: “En términos objetivos, es indudable que el balance final sobre la obra juarista -donde debe de incluirse el rescate a la soberanía nacional y a la supervivencia misma de México, la separación de la Iglesia y el Estado, la noción constitucional de organizar a la República conforme a los principios de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, del sistema federal, la democracia y la división de Poderes, así como la construcción de instituciones, cuya función para gestionar el bienestar que prevalece hasta hoy en nuestros días- es bastante para que el presidente Juárez ocupe merecidamente el lugar que tiene en nuestra historia”.

Refugio Garzón, de Encuentro Social, hacía un instante había dicho: “El ideario juarista hoy día merece ser rescatado y promovido”.
17 Marzo 2017 04:00:00
PAN y PRI sepultaron a la paraestatal Pemex, todavía viva
La Cámara de Diputados, ayer, se posicionó en torno de la Efeméride perdida: el 18 de marzo de 1938, día de la Expropiación Petrolera. Y hablaron en tribuna todos los grupos parlamentarios. Dos sobresalieron: Morena y Movimiento Ciudadano. Y el PRI también, por su justificación. He aquí:

Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano: “El petróleo otra vez ya no es de nosotros los mexicanos.

“La expropiación petrolera se dio el 18 de marzo de 1938, decretada por el presidente de la república, general Lázaro Cárdenas del Río. Fue el resultado de implementar la Ley de Expropiación de 1936 y la reforma al artículo 27.

“Es hasta en el artículo 27 de la Constitución de 1917, promulgado por el presidente Venustiano Carranza, donde ya se concedían que los yacimientos, incluidos los de petróleo, eran propiedad de la nación. Cuando Lázaro Cárdenas asume el poder hace valer esas acciones y facilita la oportunidad para la creación del sindicato de los petroleros. Y es por eso entonces que se atiende a la nacionalización del petróleo.

Para 1935, y a pesar de las múltiples negativas y represiones de los trabajadores, lograron formar el sindicato y se generó el contrato colectivo de trabajo; pero fue hasta 1937 en que se pudo concretar la firma del mismo. Sin embargo, las empresas extranjeras no quisieron acatar la obligatoriedad que les impusieron de pagarle 26 mil millones de pesos al sector obrero, y entonces se amparan ante la Suprema Corte, que les niega la oportunidad del amparo y es con la intervención del presidente Lázaro Cárdenas del Río que se decreta la expropiación de Petróleos Mexicanos.

“Con el paso de los años el gusto nos duró muy poco. A pesar de que en sexenios de Fox y Calderón Pemex recaudó más de un billón de pesos, fue agobiada por la corrupción y mala administración”.

Norma Rocío Nahle García, de Morena: “Todos sabemos que a partir de esa fecha, 18 de marzo de 1938, contra todo pronóstico, México hizo la proeza en unos cuantos años de alcanzar la autosuficiencia energética que hoy no tenemos.

“En las siguientes cuatro décadas, después de 1938, construimos una poderosa industria petrolera (a través de Pemex), que ahora aunque la quieran vender, o como dijeron los del PAN, darle cristiana sepultura, ha sido de las mejores empresas petroleras del mundo.

“Construimos refinerías, complejos petroquímicos, una red de ductos que hoy están subastando, tanques de almacenamiento que hoy les están prestando, precisamente, a aquellos que expulsó Lázaro Cárdenas.

“Fuimos orgullo petrolero por décadas. Este país creció tan sólo en la última década, en los últimos dos o tres sexenios, Pemex aportó más de 600 mil millones de dólares a este país, dinero que no sabemos dónde está; dinero que se fue en gasto corriente y que hoy tienen a la empresa endeudada y que están alrededor zopilotes viendo a qué hora se muere para caer encima.

“Eso es lo que tenemos que decir hoy aquí. Eso es lo que tenemos que señalarle a nuestras futuras generaciones y nosotros recordárnoslo puntualmente. Ningún país, ningún país del mundo renuncia a su riqueza petrolera y nosotros lo hemos estado haciendo. Por eso es importantísimo recordar el 18 de marzo y la proeza del general Lázaro Cárdenas del Río.

“En las rondas que están entregando y subastando, como si fueran de ellos, este irresponsable gobierno, voy a reproducir palabras nada menos del ingeniero Garaycochea, Premio Nacional de Ingeniería Petrolera y maestro de generaciones, que ayudó a levantar la industria en este país: ‘Las petroleras internacionales y sus países obtendrán los mayores beneficios al utilizar sus recursos humanos y los caros equipos y materiales que fabrican y aplicarán al extraer nuestro petróleo’.

“Se estima que por cada dólar que entre al erario público nacional por extraer petróleo, entrarán al fisco extranjero más de 80 dólares por fabricar y utilizar sus equipos de perforación, tuberías, barrenas, separadores, bombas, turbinas, barcos, helicópteros, tanques de almacenamiento, plantas de licuefacción, fluidos para perforar y para fracturar los pozos. “Todo eso nosotros lo levantamos. Todo eso, nuestros padres y nosotros pudimos hacerlo, hoy los entregan.

“Yo creo que para ustedes es incómodo, y digo ustedes como PRI y como PAN que votaron a favor la reforma energética, ver que hay menos producción; los gasolinazos a la orden del día porque vendieron espejitos de oro; son producto del abandono de las refinerías que las tienen al 40 por ciento para abrir la puerta a los extranjeros”.

¿Y qué dijo el PRI? En voz del diputado Alfredo Anaya Orozco, lo siguiente: “Encabezados por el presidente Peña Nieto, políticos de todos los partidos, senadores, diputados federales y locales, respondieron al mandato de la sociedad, anteponiendo el interés superior de la nación a cualquier otro y aprobaron el paquete reformista a la Constitución más relevante desde 1917, entre ellas, histórica por su origen, y por su trascendencia.

“Se aprobó la reforma energética que reivindica lo que en su momento logró el presidente Lázaro Cárdenas, que el petróleo sea el símbolo del progreso de la nación.

Esta reforma mantiene la propiedad de todo sobre los hidrocarburos, pero el Estado reafirmó su rectoría en esta área estratégica del desarrollo nacional y asegura que la riqueza petrolera se traduzca en bienestar para todos.

“Permite que los particulares puedan participar en la exploración y extracción de hidrocarburos, a efecto de disminuir los riesgos financieros que implicaba que Petróleos Mexicanos lo hiciera sola, sin comprometer la propiedad de la nación sobre los energéticos que hay en el subsuelo”.
16 Marzo 2017 04:00:00
La tardanza del PRI y PAN para combatir la corrupción
Diputados que integran el grupo plural que da seguimiento a los temas de la transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas (mejor conocidos como el “caucus”), se reunieron ayer con la presidenta del (todavía no instalado) Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard. Y de ese encuentro chisporroteó la gran pregunta que todo el país se hace: ¿Qué esperan los senadores para nombrar al Fiscal Anticorrupción, que sin él, el Sistema Nacional Anticorrupción es prácticamente igual a la carabina de Ambrosio?

En la reunión, Peschard anunció que el Comité que preside ya por fin será instalado el 4 de abril próximo. Pero de lo que nadie sabe es cuándo habrá Fiscal Anticorrupción, cuyo proceso de selección fue detenido desde noviembre de 2016 por el PAN, con el consentimiento -gozoso por supuesto- del PRI y de la rémora de éste el PVEM.

Peschard dijo que el Comité de Participación Ciudadana, a cuya cabeza estará ella, “tendrá la capacidad de vincular al SNA con las organizaciones sociales y académicas; integrará el órgano de gobierno y la Comisión Ejecutiva del Secretariado Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción; asimismo, propondrá políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación”.

Los diputados opositores que pertenecen al caucus se han congratulado que a tiro de piedra esté la llegada formal de Peschard al SNA. Se avanzará en el combate a la corrupción, dicen, y contrarrestará –aunque no sin dificultades- el vacío fabricado al sistema anticorrupción con la retardación siempre sospechosa del nombramiento del nuevo fiscal, del que no se le ven ni sus luces todavía a pesar de que el SNA va para los dos años de su creación.

Jacqueline Peschard prendió ayer la mecha a un buscapié cuando hizo la descripción del perfil con que debe aparecerse el nuevo fiscal anticorrupción:

En primer lugar, advirtió, “debe ser una selección totalmente transparente y con un perfil intachable”.

Y apostilló: “Tiene que ser un perfil de alguien que no tenga realmente ninguna cola que le pisen; alguien que sea impecable en términos de un pasado que no pueda reclamársele, ni de algún tipo de mala actuación. Para nosotros es muy importante el perfil y el procedimiento”.

Y ya andando por los caminos torcidos del combate a la corrupción, la Peschard miró hacia los estados y, en alusión directa a las auditorías superiores locales, aseguró que es muy preocupante que sigan capturadas (como antes de la creación del SNA) por los gobernadores”.

Y remachaba la Peschard: “Yo no creo que los auditores estatales deban ser nombrados desde el centro; pero lo que sí creo es que se pueden hacer ciertos procedimientos que den garantías de que el auditor en algún estado no es el alfil del gobernador”.

La llegada de Peschard ante el freno del nombramiento del nuevo Fiscal Anticorrupción, es para opositores de Morena, PRD y Movimiento Ciudadano, un aliento en el camino trompicado y retorcido del combate a la corrupción. He aquí:

Juan Romero, de Morena: “Damos un voto de confianza a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pues tienen la experiencia en la construcción de organismos, y confío en que, a pesar de que la ley limita los alcances de las determinaciones que tomen, podrán diseñar una institución que realmente sea garante de la transparencia y la anticorrupción en el país”.

Cecilia Soto, del Prd: “El Comité de Participación Ciudadana será el garante de que el SNA funcione en el tiempo; pero sus integrantes debieran tener una duración mayor de cinco años, para que puedan moldear y fortalezcan al SNA”.

María Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano: “al Sistema de Transparencia y Anticorrupción se le ha invertido muchísimo dinero y los efectos no han sido tan positivos, por lo que el que haya una consejería es una gran avance”.

Hasta el momento, los panistas en el Congreso dicen que revisan, estudian currículos de 34 aspirantes.

Tienen como fecha fatal para el nombramiento de marras el 30 de abril próximo. Pero en realidad el tema es más que urgente, porque sin el Fiscal todo ese sistema nacional anticorrupción que tanto estuvieron cacaraqueando el PAN y el PRI sirve para muy poca cosa.

A ojos de la República, ha sido evidente que el presidente Enrique Peña Nieto –el que mueve los hilos legislativos del PAN y PRI- es el que no quiere que se nombre a ningún fiscal anticorrupción.

No les corre la menor prisa en el Congreso, ni a panistas ni a priístas, a pesar de que el tema de la corrupción es el ariete con que el precandidato puntero hacia la Presidencia de la República, en 2018, Andrés Manuel López Obrador, está golpee y golpee al régimen y a sus principales hombres, con Peña y Videgaray a la cabeza, seguidos éstos por otros de ya muy infaustos nombres como Ricardo Anaya, presidente nacional del Pan, bautizado por el Peje como “aprendiz de mafioso”.

Aunque no son los únicos personajes por los opositores como corruptos. También están sujetos como Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa Reza, Diego Fernández de Cevallos, Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala de Calderón, Luis Alberto Villarreal, Josefina Vázquez Mota, Miguel Ángel Yunes Linares, Javier Duarte de Ochoa…

Hasta el momento, ninguno de quienes colocados están en tal lista ha querido desmentir a López Obrador cuando afirma que cada año en México, por corrupción, se roban 500 mil millones de pesos del presupuesto nacional. Y que el más infame corrupto que actualmente padece el país es, precisamente, el presidente Enrique Peña Nieto.
15 Marzo 2017 04:00:00
“El Senado está convertido en un criadero de lacayos y farsantes”
Sergio Jaime Rochín del Rincón fue ratificado ayer por el Senado de la República para fungir como el primer comisionado ejecutivo de la incipiente Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por un periodo de tres años.

La Comisión es producto de una reforma constitucional publicada el 25 de julio de 2016 y de una Ley General de Víctimas publicada el 3 de enero pasado. No se podría echar a caminar la nueva institución sin antes nombrar a su comisionado ejecutivo. Y para eso, mandató la ley (más bien, los hacedores de estas dos normas: Pri, Pan y Pvem) que el Presidente de la República, propusiera el nombre del comisionado. Enrique Peña Nieto entonces propuso a Rochín en febrero, a quien el Senado ayer lo ha ratificado.

Priístas, panistas y pvemistas justificaban que la ratificación de Rochín es corolario de un gran ejercicio democrático… Rochín surgió de 283 propuestas “debidamente documentadas” decía Cristina Díaz, priísta. Un Jaime Rochín –remachó la senadora priísta- que “contó con el apoyo mayoritario propuesto por un total de nueve colectivos, 34 organizaciones de la sociedad civil y 88 expertos”.

El Pan votó en favor del dictamen; pero en la tribuna unos se pronunciaron en pro y otros en contra. María del Pilar Ortega Martínez pidió votar en favor; Adriana Dávila Fernández, en contra.

Dávila explicó: “¿Y por qué mi voto en contra? Mi voto en contra no es contra Jaime Rochín, mi voto en contra es por no haber sido capaces de pensar, reflexionar, razonar en las enormes fallas de los Poderes de la Unión, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la falta de acceso a la justicia, al permitir la impunidad, al generar complicidades entre poderes y perdonar errores, como lo estamos haciendo hoy, errores graves en el funcionamiento de las instituciones”.

¿A qué se refería Dávila? La senadora Layda Sansores y el senador Fidel Demédicis lo explicaron a su manera:

Demédicis: “Decía mi compañera Adriana: ‘…pareciera que este Senado disfruta, con la indiferencia que hay, ante los grandes problemas de esta nación”.

Y apostillaba Fidel: “Estamos hablando ni más ni menos de un tema que ha lastimado al país de manera histórica porque hay miles y miles de víctimas que no se les ha ni siquiera hecho justicia teniéndolos en un padrón de víctimas a nivel nacional o a nivel estado.

“1968, Aguas Blancas, Acteal, son temas donde hubo muchas víctimas, y seguramente el que va a dirigir la Comisión Ejecutiva Nacional de Víctimas, pues dirá que la ley no se puede aplicar de manera retroactiva.

“Seguiremos haciendo un llamado para que en México se cree la Comisión de la Verdad, sobre las matanzas que ha tenido este país, sobre la alevosía que ha tenido el Estado mexicano en contra de sus disidentes.

“¿Por qué mi voto en contra? Porque para que esta Comisión Nacional Ejecutiva de Atención a Víctimas, pueda funcionar se requiere a alguien ajeno a los poderes fácticos; que no esté bajo la influencia del Ejecutivo Federal. El presidencialismo cuando toca algo lo subordina, lo subyuga y lo hace también su víctima.

“Por eso, es muy importante que se defina a quién servirá el señor Rochín, quien fue candidato del Partido Acción Nacional en el 2012 a la Delegación Cuauhtémoc, y que su nombramiento en su momento fue una cuota de poder, una concesión al Partido Acción Nacional.

“Yo sí quisiera que antes de que tomara protesta nos explicara cuál es el estatus que tiene el caso de Nochixtlán, el estatus que guarda el expediente de Ayotzinapa. Sí me gustaría de que antes de que tomara protesta nos explicara el estatus de lo que pasó en Tanhuato, en Michoacán.

“Y lo que pasó en Apatzingán y en Tlatlaya, y todos los casos de tortura que han sucedido en este país en donde agentes del Ministerio Público, de manera alevosa también aceptan confesiones que vienen de personas torturadas”…  

Layda Sansores, senadora del PT, dijo: “Ya me da flojera pasar a la tribuna para repetir lo mismo de estos procedimientos, de estos procesos desaseados y vergonzosos que se practican en el Senado cada vez que tenemos que elegir a algún magistrado, hoy a un comisionado, a un embajador, es clara la vocación arraigada de simulación y de farsante que tenemos en esta institución.

“Y yo más que aprobar o desaprobar a la persona, que por cierto dejó mucho qué desear en el caso Nochixtlán, me parece que el proceso es poco transparente.

 “Esto me irrita más porque preferiría que Peña Nieto dijera: ‘Ahí les va el mejor de mi pandilla, mi preferido’. Y de todas maneras aquí vamos a hacer lo que él nos pida.

Dicen que se tomó la opinión de 283 organizaciones que se han dedicado a atender a víctimas, pero no se dice cómo votaron cada una de ellas, entre ellas hay varias organizaciones ‘patito’, que ya se conocen entre ellas mismas, que reciben recursos del gobierno, porque no se dice cómo votaron las más representativas, las que defienden las de pro, las que defienden a los de Ayotzinapa, ah, esas votaron por otra persona que tuvo una alta votación, pero que ya ni siquiera aparece.

“Tiene que llegar un momento en que propongamos otros métodos de elección, porque el Senado siempre queda en entredicho. Un Senado convertido en un criadero de lacayos, y eso es lo que más me lastima en este proceso”.

Al final, aprobada la ratificación de Rochín con 74 votos, 14 en contra y cinco abstenciones.
13 Marzo 2017 04:00:00
El territorio robado por EU en el siglo XIX sigue siendo mexicano
Estados Unidos se robó cuatro veces el territorio mexicano:

1: Cuando instigó, indujo, tramó para que Texas demandase su separación de México en 1836 y así podérselo anexar posteriormente, como sucedió.

2: Cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, después de una guerra totalmente desigual que derivó en la invasión del Ejército norteamericano a nuestro país. Un Tratado llamado así porque se firmó en el altar de la antigua Basílica de la Villa de Guadalupe-Hidalgo, en el que México fue obligado por la fuerza militar de los estadounidenses a ceder más de 2 millones de kilómetros cuadrados, una vastedad que hoy se conoce como California, Wyoming, Oklahoma, Nevada, Colorado, Kansas y Utah. Como indemnización los gringos pagaron a México 15 millones de dólares.

3: Cuando se firmó en 1852 la venta de la Mesilla, luego de que volvieron a obligar a México –mediante amenaza de una nueva invasión-, para quedarse con otra muy grande extensión de suelo mexicano sobre el cual actualmente está Nuevo México y Arizona. Y como compra, los estadounidenses ahora pagaron a México otros 10 millones de dólares.

El Caso Cuatro es la medición de la línea fronteriza que los topógrafos gringos realizaron en el siglo XIX. Midieron tan a lo desgraciado, tan a su conveniencia, que se quedaron con otras casi 85 mil hectáreas a lo largo de los más de 3 mil 152 kilómetros lineales.

Difícilmente, en la historia de la humanidad, podría encontrarse un país más abusivo, ladrón y deshonesto que el de los Estados Unidos de América. Aprovechándose de la debilidad económica, organizacional y militar del México incipiente, no solo le robó más de la mitad de su territorio, sino que también sigue sosteniendo una medición topográfica absolutamente anómala, impuesta por aquel país, en perjuicio de México y en beneficio de ellos.

En la tribuna del Senado, el senador priísta de Chihuahua Patricio Martínez, reveló a finales de febrero de este año que un error en el trazado de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, hecho en el siglo XIX, arrojó que un total de 84 mil 757 hectáreas mexicanas quedasen desde entonces del lado del territorio estadounidense.

Dos datos dio Patricio Martínez en la tribuna: Uno: Muchas de esas hectáreas pertenecen a Nogales, Sonora, y están ocupadas por gente que actualmente pertenece al grupo poblacional estadounidense de Arizona.

Y dos: Porfirio Díaz demandó al Gobierno estadounidense una revisión de las mediciones, pero jamás ningún gobierno de los Estados Unidos ha respondido a tamaña solicitud.

En enero, cuando Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos, en medio de toda esta vorágine desatada por el nuevo inquilino de la Casa Blanca, el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo (1994-2000) hizo al gobierno de Enrique Peña Nieto una muy severa advertencia: Que estuviera alerta cuando Trump trace la línea por donde construirá el muro, porque –dijo el ex mandatario- no sería la primera vez que los estadounidenses tratarían de robarse más suelo mexicano. Y recomendaba Zedillo que si el muro se hace inevitable, entonces el gobierno mexicano debería estar muy al pendiente, para que no se metan ni un solo centímetro en territorio mexicano.

Como ya se ha escrito en este espacio, persiste en las aulas de las escuelas de Derecho de México un debate añoso, centenario, sobre el despojo de que fue objeto México en su territorio, por parte de Estados Unidos.

Generaciones de abogados mexicanos han jurado que esos más de 2 millones de kilómetros cuadrados que Estados Unidos quitó a nuestro país, en realidad siguen siendo de México. Desde el plano jurídico, aquella supuesta compra no ha sido más que un despojo, y por tanto, todo ese territorio hoy identificado como los estados estadounidenses de California, Colorado, Wyoming, Oklahoma, Nevada, Kansas, Utah, Texas, Nuevo México y Arizona, en realidad sigue siendo territorio mexicano y debe ser considerado por el derecho internacional como territorio mexicano ocupado por los Estados Unidos.

A propósito de esto, un abogado mexicano –Guillermo Hamdan Castro- acaba de declarar que “existen elementos suficientes” para anular la validez de los acuerdos firmados en 1848 entre México y Estados Unidos, en lo que fue el Tratado de Guadalupe-Hidalgo.

Hamdan dio a conocer lo anterior en una conferencia conjunta con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Dijeron ambos que el único que puede presentar ante instancias del derecho internacional tal demanda de invalidez y anulación del Tratado Guadalupe Hidalgo, es el Presidente de México.

El anuncio de que la semana próxima Hamdan se apersonará en Los Pinos para pedirle a Peña que le entre al toro, de inmediato provocó resquemores en el Congreso de la Unión. Sobre todo porque junto a este abogado, sin duda prestigiado y bien intencionado, se ha aparecido nada menos que Cuauhtémoc Cárdenas, a quien por varias razones históricas lo consideran en amplios sectores de la oposición como un cabresto del sistema, que ha trabajado desde 2006 para favorecer políticamente al PRI y al PAN, y para que Andrés Manuel López Obrador no llegue a la Presidencia de la República.

La jiribilla que provoca el tema es mucha, tanto dentro como fuera del país. Peña cimbraría, sin duda, al país si aceptara demandar ante instancias internacionales a los Estados Unidos, para exigir la invalidez del tratado con el propósito de que los Estados Unidos o restituyan a México el territorio despojado en 1848 y 1852 o indemnicen al país económicamente, por el uso de ese territorio en los últimos 168 años.
Veremos.
11 Marzo 2017 04:00:00
El salvajismo en México contra las mujeres
El 8 de marzo fue instituido por la ONU –a partir del año 1975- como el Día Internacional de la Mujer. Ese día, los diputados hablaron del tema erigiéndose en sesión solemne. El jueves 9, el Senado reformó cuatro leyes para combatir la violencia política que, muchos hombres desde los partidos políticos ejercen contra la mujer en México.

La Cámara de Diputados, el mismo jueves, aprobó reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y al reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de perspectiva de género.

He aquí:
Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal del PRI: “Esta reforma a) la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene el propósito de establecer la obligatoriedad para que cada municipio del país cuente con un sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres.

“Y el segundo dictamen, de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que adiciona el Reglamento de la Cámara de diputadas y diputados, para que garantice la elaboración de iniciativas y dictámenes con perspectiva de género”.

Cynthia Gissel García Soberanes, de Encuentro Social: “La violencia contra las mujeres y las niñas deviene en una grave violación de sus derechos humanos, que además de afectar su bienestar, también impacta negativamente a sus familias y comunidades.

“El 63 por ciento de las mujeres de 15 años o más, han padecido algún incidente de violencia, ya sea física, sexual, emocional, económica o patrimonial, la cual proviene de su trabajo, escuela, comunidad, familia de su pareja actual, o de la última pareja a largo de su vida.

“De estos datos, 12 entidades federativas se encuentran por arriba de la media nacional destacando los casos de la Ciudad de México y del Estado de México, por donde más del 72 por ciento de las mujeres han sufrido violencia de género. El 8 por ciento de las mujeres de 15 años o más, casadas o en noviazgo o en unión libre, han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja.

“Destaca los datos de México, los estados de Michoacán, México, Puebla y San Luis Potosí, en el que se cifra alcanzó más del 9 por ciento. Pero la violencia contra las mujeres no ocurre exclusivamente en el ámbito de las relaciones de pareja, tan sOlo en el último año reportado el 15.5 por ciento de las mujeres de 15 años o más fue víctima de violencia por parte de un desconocido, vecino o un amigo; 3.4 por ciento padeció violencia perpetrada por algún familiar distinto a la pareja; y el 1 por ciento reportó haber vivido violencia por parte de un profesor o compañero de la escuela.

“Asimismo, el feminicidio ha alcanzado proporciones alarmantes en México, la tasa bruta anual de defunciones por homicidio de mujeres en el 2013 alcanzó el promedio nacional de 4.37 por ciento, sin embargo 13 entidades federativas se colocaron por encima de la media nacional; por ejemplo, el estado de Guerrero, en donde la tasa fue del 12.79 por ciento, y en el estado de Chihuahua con el 10.9 por ciento”.

De Nueva Alianza, Angélica Reyes Ávila: “Al integrar a nivel municipal un sistema de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y también en este mismo nivel de gobierno el que participen de manera responsable, pero activa, en las alteras de género, estamos contribuyendo desde el Legislativo a mejorar las condiciones presentes y futuras de nuestro país”.

Magdalena Moreno Vega, del grupo Morena: “Uno de los problemas principales que tenemos para erradicar la violencia hacia las mujeres es la insuficiente armonización legislativa y la falta de coordinación entre los tres órganos de gobierno, el federal, estatal y municipal”.

Del PRD, Karen Hurtado Arana: “Según la Secretaría de Gobernación,  67 por ciento de las mujeres en el país han sido violentadas alguna vez en sus vidas; el 47 por ciento agredidas por su actual o última pareja”.

Apostilló: “Es tal la magnitud de la persistencia de la violencia de género en el país que la alerta de género ha sido implementado en seis estados del país: el estado de México con 11 municipios; Morelos ocho; Michoacán 14; Chiapas siete; Nuevo León cinco; Veracruz con 11 municipios.

“Además de que existen diferentes procedimientos en trámite de alertas de violencia de género contra mujeres en Colima, Guerrero, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala”.

Terció entonces Cecilia Soto, del PRD: “Hay 900 mil violaciones al año de mujeres adolescentes y niñas en este país, y sólo 5 por ciento llegan a tribunales y se sentencian”.

Y reclamaba Cecilia la exclusión en el debate de la norma oficial 046, la norma de los protocolos para casos de violación, que los municipios evaden.

El PAN en voz de Patricia García García: “Tenemos que prestar atención a la discriminación y a la violencia que se presenta contra las mujeres en el ámbito municipal. Hoy en día el espacio local sigue siendo representativo de los más bajos porcentajes de participación de las mujeres en cargos de gobierno, se ha constituido un escenario de discriminación y violencia contra las mujeres que deciden incursionar en los mismos”.

Y Érika Rodríguez Hernández, del PRI, quien también reclamó: “Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y quedó de manifiesto el largo trecho que falta por recorrer para alcanzar en México la igualdad y la justicia para ellas”.
10 Marzo 2017 04:00:00
Leyes contra la violencia política y el machismo
De 2012 a 2016 el Senado de la República recibió 10 iniciativas de reforma de ley que planteaban combatir con denuedo la violencia política contra las mujeres en México. Ayer, por fin el Pleno realizó cambios al respecto, y los hizo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

De entre la docena de oradores, sobresalió la interpretación legislativa que, de dicha reforma, hizo en tribuna Alejandro Encinas Rodríguez: “Dentro de las leyes que se reforman, se incorpora la definición de violencia política dentro de los tipos de violencia que regula la ley, y se establece que la violencia política debe entenderse como todos aquellos actos referentes a la imposición de tareas distintas a la de su cargo u oficio; aquellas acciones referentes a otorgar, difundir o hacer mal uso de la información de las mujeres; aquellos que pretendan impedir el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales; aquellos que constituyan cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica, patrimonial, sexual o feminicida, y aquellos actos que coarten el derecho de las mujeres a ejercer sus garantías jurídicas”.

También, ha agregado Encinas, “se establecen prohibiciones expresas para que la propaganda política o electoral contenga expresiones que impliquen violencia política de género, y se establecen incluso infracciones para los partidos políticos, las agrupaciones políticas, los aspirantes como precandidatos, candidatos, candidatos independientes, ciudadanos, los dirigentes partidarios o los afiliados a partidos, cuando se pretende impedir el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en el ámbito político electoral o que incumplan sus obligaciones para garantizar los derechos”.

Encinas abundó: “(También) se establece el derecho pleno de la mujer a incorporarse o afiliarse a un partido político en un contexto libre de discriminación y de cualquier forma de violencia de género.

Y establece como obligaciones de los partidos políticos, entre otras, el prevenir, atender, sancionar y erradicar actos u omisiones que constituyan violencia política de género, y como obligación también, el abstenerse de limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión de participación de las mujeres en sus órganos internos de dirección, en las precandidaturas o espacios de toma de decisiones en los ámbitos legislativos o ejecutivos en los tres órdenes de Gobierno”.

Pero, ¿qué es la violencia política? Nadie mejor que la senadora Martha Tagle Martínez para describirla, mediante la recordación de los siguientes hechos infaustos:

“Uno de esos casos (de violencia política) es el de Rosa Pérez, presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas, quien llegó por el Partido Verde Ecologista, ganó las elecciones el 19 de julio de 2015, y el 25 de mayo de 2016 el Congreso del estado de Chiapas decretó aprobar su renuncia al cargo, pese a que Rosa fue obligada a firmar dicha renuncia.

“El 17 de agosto de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial resolvió la sentencia con la que revocó el decreto del Congreso local y pidió reincorporar a Rosa Pérez a su cargo. Sin embargo, a la fecha no existen las condiciones para que  Rosa pueda ejercer el cargo para el cual fue electa.

“Samantha Caballero, presidenta municipal de San Juan Bautista del Soto, Oaxaca, del PRI. Ganó la elección el 5 de junio de 2016. Dos días antes de que tomara posesión del cargo, como síndico municipal, acudió a su casa para pedirle que dejara el cargo, pues existía un acuerdo previo para que ella fuera la síndica y él fuera el presidente municipal, por supuesto ella se negó.

“Luego de la toma de protesta, el síndico y los regidores de Obras, Hacienda y Educación tomaron el Palacio municipal, sellaron las puertas, cambiaron las chapas, se llevaron todos los vehículos, la ambulancia, el carro de volteo y las patrullas.

“A la fecha la presidenta municipal no ha podido ejercer sus funciones de manera cabal, ni en condiciones de seguridad. El síndico, además de referir su incapacidad por ser mujer, asegura que con ella no progresará, pues no cuenta con los contactos influyentes para que garanticen que a la población le lleguen obras garantizadas.

“Yareli Cariño López, abogada originaria de Pinotepa Nacional. En el proceso electoral de 2016 recibió la invitación para que se incorporara a la planilla del PRD en la posición número 2.

“Durante la campaña empezó a vivir hostigamiento sexual por parte de un diputado local, quien le pedía insistentemente tener relaciones sexuales con él, a lo que ella se negó, su planilla resultó ganadora, el hostigamiento siguió.

“Yareli se presentó a tomar posesión, fue agredida por personas que no le querían permitir que se sentara en el lugar que le correspondía. El día 2 de enero en sesión de Cabildo fue destituida.

“FelÍcitas Muñoz, presidenta municipal de Cuilapan, Guerrero, de Movimiento Ciudadano. Ganó las elecciones el 7 de junio de 2015 e inició su gestión el 31 de septiembre del mismo año. En mayo de 2016 tres regidores de su Cabildo encabezados por el síndico, exigieron su renuncia, argumentando que una mujer no va a poder conseguir obras y acusándola de desvío de recursos, sin que dichas acusaciones sean fundamentadas.

“Su casa fue baleada, luego allanada, su sala, colchón y el tanque de gas fueron llevados al zócalo de la población, donde fueron quemados. Hasta la fecha Felícitas Muñoz mantiene un gobierno itinerante, pues el municipio fue tomado por sus agresores”.

Este proceso legislativo continuará en la Cámara de Diputados. Veremos.
09 Marzo 2017 04:00:00
“Cuando muchas mujeres participan en la política, cambia la política”.
En la Cámara de Diputados, ayer, el Pleno de los 500 legisladores sesionó exclusivamente para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Sólo mujeres participaron en la oratoria. He aquí, en orden de aparición:

Ana Guadalupe Perea Santos, del grupo Encuentro Social: “Son muchos los desafíos que tenemos que enfrentar y superar para buscar que México, país plural y diverso, sea un lugar que ser mujer no signifique una vulnerabilidad de origen y destino, sino un motivo para confiar en que un porvenir equitativo, de igualdad, sea posible”.

Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza: “En todo el país, de cada 10 alcaldías sólo una es encabezada por representantes del sexto femenino, en el Poder Judicial no se llega ni al 20 por
ciento de los cargos ocupados por mujeres, tanto en la Suprema Corte como a nivel de magistradas y jueces del Consejo de la Judicatura Federal y apenas un tercio en magistradas en la Sala Superior del Tribunal Electoral.

“En lo económico, hasta el año pasado, más de 13 millones de mujeres percibieron menos de tres salarios mínimos, lo que contrasta con casi un millón de mexicanas que recibieron un ingreso superior a los cinco salarios mínimos”.

María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano: “En México, desde que Matilde Montoya necesitó una orden de Porfirio Díaz para convertirse en médica cirujana y tener derecho a su examen profesional, están prominentes científicas como Elia Bravo o Luz María del Castillo. Pero no solo en la ciencia hemos podido insertarnos, el avance y la prominencia de las mujeres en México y en el mundo es una realidad. Vivimos dobles y triples jornadas y tenemos que hacer que se reconozcan, y que los hombres participen en el trabajo doméstico.

“Hace más de 100 años, después de que Hermila Galindo promoviera la educación laica, la educación sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho al aborto, así como la participación de las mujeres en la política, las sufragistas lograron desestabilizar el sistema político y gracias a ellas hoy podemos votar.

“Pero todavía no es legítimo el derecho a ser electas, la violencia política sigue siendo una realidad. Apenas este año tres mujeres fueron violentadas de manera pública para que renunciaran a sus derechos políticos de representación que se habían ganado entre sus electores.

“Hoy se ha sofisticado la violencia contra las mujeres. Aún hoy se nos califica de ambiciosas, se sigue cuestionando nuestra capacidad”.

Rocío Nahle García, de Morena: “¿Por qué ha sido necesario etiquetar este día como el Día Internacional de la Mujer? Porque de acuerdo a datos como la ONU, hay falta de seguridad en las mujeres. Por ejemplo, tan solo aquí en la Ciudad de México hay un tema grave que no ha sido atendido: seis de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia sexual, 50 por ciento sufre de violencia comunitaria, 62 por ciento ha sido víctima de violencia sexual y 82 por ciento sienten que constituye la violación recurrente a los derechos fundamentales y
dignidad humana”.
Paloma Canales Suárez, del Pvem: “El Día Internacional de la Mujer es en recuerdo a la convocatoria que formularon en 1908 las organizaciones de mujeres socialistas como un acto genuino y revolucionario que invitó a las trabajadoras a realizar amplias manifestaciones públicas para luchar por el legítimo derecho de participar en la elección de gobernantes, y, sobre todo, por la igualdad de derechos frente al hombre.
“Fue en el año de 1857 cuando miles de mujeres que prestaban sus servicios en las fábricas, se manifestaron en contra de las condiciones en las cuales desarrollaban sus labores, lo que constituyó una gran marcha de las trabajadoras textiles.
“Este grupo de valientes mujeres tomaron la fábrica textil donde trabajaban en Nueva York para exigir incondicionalmente igualdad de salarios y una jornada de 10 horas de trabajo, lo cual terminó lamentablemente con la vida de 129 mujeres trabajadoras a consecuencia de un incendio provocado.
“En México, el trabajo constante que hemos realizado las mujeres en contra de la discriminación, la marginación, la violencia y a favor de la igualdad ante la ley, ha escrito páginas extraordinarias de nuestra historia, desde la celebración del Congreso feminista de 1916, así como la aprobación del voto femenino, hasta la expedición en 2007 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

Hortensia Aragón Castillo, del PRD: “Hasta que la dignidad se nos haga costumbre este Congreso tendrá que voltear a ver a las mujeres, dejar de decir discursos y tomar acciones concretas en beneficio de todas, porque todas somos también todos. Este país está construido así, el mundo está construido así, la ausencia de una parte es la ausencia de uno mismo”.

Karina Padilla Ávila, del PAN: “El Día Internacional de la Mujer es ocasión, sí, para recordarnos que en pleno siglo XXI las mujeres y los hombres no hemos alcanzado esta plena igualdad entre nuestros derechos y nuestras obligaciones”.

Lucely Alpizar Carrillo, del PRI: “A seis décadas de ser aprobado el voto femenino, es posible acreditar que gracias a la reforma transformadora de Enrique Peña Nieto se completó el régimen político que nos hace efectivamente iguales a las mujeres y hombres, tanto en lo local como en lo federal”…

Y Guadalupe Murguía, la panista que preside la mesa directiva de San Lázaro: “(Citando a Michelle Bachelet) Cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres participan en la política, cambia la política”.
08 Marzo 2017 04:00:00
Ley que pondrá al bosque en manos del mercado… y de los talamontes
Diputados y diputadas del PRI, PAN y PVEM volvieron a sujetarse de las manos y se pusieron a caminar muy orondos a través de uno de los recodos más torcidos del bosque mexicano, adonde -jura la oposición de Morena, PRD y PC que así ha sido- han ido al encuentro de los intereses no sólo de delincuentes (talamontes y aserraderos clandestinos) sino también de desarrolladores inmobiliarios y de agentes de bienes raíces, nacionales y extranjeros, a quienes ahora les va a ser más fácil hacerse del boscaje nacional.

En una sesión ordinaria marcada por los levantadedos, este martes 7 de marzo aquella tríada de grupos parlamentarios decidieron abrogar la Ley General de Desarrollo Forestal, publicada el 25 de febrero de 2003, y expedir la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Todo lo ha hecho bien el PRI en este cambio de leyes forestales, según Andrés García Romero, diputado federal priísta. “Los bosques son vida, pulmones para la tierra, albergue para la flora y la fauna, densidad de árboles y vegetación poblada de vida”, pontificaba. “También representan abundancia de recursos para las personas”.

Y también afirmaba que, con dicho cambio de leyes, no sólo se cumple el plan estratégico de cambio climático que presentó en 2014 Enrique Peña Nieto, sino que también quedarán los bosques ahora como “bienes naturales registrados y protegidos”.

Entonces enumeró el priísta lo que dijo que serán los nuevos beneficios para el país:

“Primero. Dotar a la Comisión Nacional Forestal de mayores facultades en materia de avisos y autorizaciones de plantaciones forestales comerciales, aprovechamiento de recursos maderables y no maderables, así como para acreditar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.

“Incrementar el uso sustentable de los recursos forestales sin arriesgar los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas a la sociedad.

“Eliminar el Servicio Nacional Forestal, por tratarse de una instancia inoperante y con atribuciones poco claras.

“Eliminar materias que competen a otras leyes, por ejemplo, transparencia, igualdad de género y pueblos indígenas; promover economías de escala en la provisión de materias primas y servicios de comercialización.

“Fomentar la participación de las mujeres en los proyectos relacionados con el manejo forestal sustentable.

“Unificar el Sistema Nacional de Gestión Forestal de la Semarnat, con el Sistema Nacional de Información Forestal de la Conafor y otorgar mayores instrumentos a la Profepa para el correcto desempeño de sus atribuciones, generando esquemas de cooperación eficaz en la tarea de vigilancia y propiciando una rápida respuesta de las autoridades.

“Y, en suma, se trata de poner al día la legislación en la materia, haciéndola compatible con la normatividad existente para contrarrestar el cambio climático, adelgazando la burocracia y agilizando los trámites relacionados”.

Cosas casi idénticas dijo el PAN y el Pvem. ¿Un guión? Sólo ellos lo saben. Pero he aquí la argumentación de los opositores a la reforma:

Juan Romero, de Morena: “Este dictamen no prevé reservas forestales; ve a los bosques como un medio económico de lucro y de depredación en procesos productivos y cadenas de valor, pero no lo ve como una reserva que debemos generar para las futuras generaciones.

“Tampoco (esta ley), no ha considerado la opinión de organizaciones sociales o de especialistas en el medio ambiente; es una ley centralizada que va a favorecer la opacidad en los permisos para deforestación. Y será una ley que favorecerá a cadenas productivas que pretenden lucrar con el medio ambiente y con los recursos naturales”.

Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano: “La elaboración de esta ley está dejando por fuera a más de 100 organizaciones de expertos del sector forestal, los cuales ven una involución y un retroceso respecto de la legislación actual”.

Fue Mirza quien recordó al Pleno que apenas el 6 de diciembre pasado fue reformada la ley que ahora se abroga. Una reforma para no “otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente que la secretaría haya verificado que el ecosistema se ha regenerado totalmente”.

Pero ahora, en la nueva ley, advierte Mirza, se dice “que no se podrá cambiar el uso de suelo en 20 años -fíjense la palabra-, a menos que la secretaría acredite que la vegetación forestal... Ya está hablando de vegetación y no de ecosistemas. Está dejando una condicionante sumamente frágil para que se quemen bosques y las inmobiliarias lleguen y construyan encima de bosques, de manglares, etcétera. Como este tipo de detalles, que parecerían insignificantes, tienen una total relevancia y le debemos no solo a México sino al planeta absoluta seriedad y responsabilidad”.

E un dato hizo hincapié Mirza Flores: La reforma del 6 de diciembre fue presentada por el PVEM. Exactamente tres meses después, el mismo Verde vota teniendo un interés opuesto.

En voz de Lucía Arzaluz Alonso, el Pvem justificó su voto así: “El dictamen que hoy se presenta, acerca de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un paso importante en la actualización del marco jurídico en materia forestal, pues es necesario saldar los pasivos derivados de la degradación y el agotamiento ambiental; y, por otro lado, detonar un área de oportunidad que representa manejar de forma sustentable los ecosistemas, transitando a un esquema de conservación activa con una nueva visión de gestión integral del territorio”.

Juan Romero criticó: “Es una ley que agiliza los trámites, pero para la depredación de los bosques, no para su reposición y recuperación, no para la sustentabilidad”.

Apenas comienza el debate. Sigue el Senado. Veremos.
07 Marzo 2017 04:00:00
Avanza la negociación subrepticia de la Ley de Seguridad Interior
Por estos días, el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto han estado negociando subrepticiamente con sectores muy rancios de la oposición en el Congreso mexicano en torno de la construcción de la Ley General de Seguridad Interior.

Priístas de las dos Cámaras del Congreso se han estado reuniendo en conciliábulos con legisladores del Partido Acción Nacional, del Pvem, Pes y Panal. Lo hacen a sabiendas de que, cada día que pasa, hay más gente de las organizaciones sociales –la sociedad civil la llamaba Carlos Monsiváis- que se están oponiendo por antonomasia a una ley que encaminada está a empoderar todavía más al Ejército y a la Marina mexicanos.

A decir de opositores en el Congreso de la Unión, el Gobierno y el PRI han desplegado una estrategia propagandística infame, cuyo común denominador es el engaño y la mentira. Y ejemplifican que priístas y hombres de Enrique Peña Nieto como lo es Miguel Ángel Osorio Chong, encargado del despacho de Gobernación, han estado pretendiendo engatuzar a la gente insistiendo en que dicha ley no militarizará al país, y que establecerá límites en cuanto a los tiempos en que todavía tendrán que permanecer en las calles los soldados y los marinos.

En sus declaraciones, los oficialistas soslayan sin embargo lo que organizaciones defensoras de los derechos humanos y diputados y senadores de la oposición señalan, en el sentido de que es una ley que considera la posibilidad jurídica de que los militares puedan –de acuerdo con criterios propios- decidir detener a quienes se estén manifestando en contra de autoridades o entidades públicas.

De acuerdo con este criterio, planteado por los promotores de las iniciativas (recuérdese que en el Senado una iniciativa la presentó Roberto Gil Zuarth, senador del PAN, y en la Cámara de Diputados la presentó César Camacho Quiroz, el diputado capataz del PRI), los militares estarían facultados para interpretar cuándo una manifestación estaría atentando en contra de la seguridad nacional…

Y, lo más grotesco, es que incluso en una de esas iniciativas –la de Roberto Gil- hasta se plantea el uso de disparos con armas de fuego para hacer valer ese nuevo “Estado de derecho”…  

Una ley que, además, permitiría a militares, sin tener ahora que estarse ocultando, tender redes de espionaje no solo contra presuntos delincuentes, sino también contra partidos políticos, organizaciones sociales y contra periodistas.

En realidad, los teléfonos de mucha gente ya han comenzado a sonar “huecos” desde hace un buen tiempo. ¿Quién vigila? La psicosis abarca ya amplios sectores sociales. ¿Será alguna de las agencias estadounidenses que asentadas están en México desde que Vicente Fox firmó el Plan Mérida? ¿Es el Ejército, la Marina, o la Secretaría de Gobernación?

La sociedad mexicana es una sociedad vigilada desde hace un buen tiempo. Pero, hasta el momento, esta práctica muy propia de los Estados fascistas todavía es ilegal en el país, salvo que haya un permiso de por medio de algún juez.

A partir de que aquella ley cuaje –cosa que el PRI y el gobierno de Peña quieren que así ocurra a más tardar el 30 de abril próximo-, entonces será una práctica legal, sin consecuencias jurídicas para quienes lo hagan desde el Ejército y la Marina.

Bastará que un mando del Ejército ejerza un criterio de sospecha contra alguna persona o institución social para que el espionaje se tienda como la mala yerba sobre los caminos, andurriales, pueblos, ciudades y recodos de todo el país.

Detrás de esta urgencia legislativa estaría la pretensión de inhibir a la sociedad mexicana a participar en los reclamos hacia las autoridades. Meterle miedo a la gente mediante la provocación de la psicosis para que no participe social ni políticamente.

De esta manera, al gobierno le saldría más fácil la siembra de sus “verdades históricas”, como aquella que pretendió sembrar Jesús Murillo Karam respecto de los hechos de Iguala, Guerrero, aquella noche del viernes 26 de septiembre de 2014, en que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

ESTRIBO
De 2000 a la fecha han sido asesinados en México más de 120 periodistas. El viernes reciente, en Ciudad Altamirano, estado de Guerrero, fue encontrado muerto el periodista Cecilio Pineda.

Fue encontrado con múltiples disparos tres horas después de que había transmitido en vivo, a través de las redes, comentarios en los que relacionaba criminalmente al Gobierno del Estado con un grupo criminal de la región conocida como Tierra Caliente.

Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, dijo que debido a las alertas de riesgo que el mismo Cecilio Pineda había lanzado al aire, respecto de que había sido amenazado de muerte, se le ofreció sacarlo de Ciudad Altamirano; pero el periodista –dijo Campa- “decidió quedarse”.

En lo que fue su última transmisión, Cecilio Pineda acusó al gobernador Astudillo de estar coludido con un criminal de marca mayor conocido como El Tequilero. E hizo mención de un diputado local del PRI, de nombre Saúl Beltrán Orozco, de estar también en complicidad con el presunto criminal.

Ayer, en los territorios del Poder Judicial, un juez puso contra las cuerdas una ley que en la Ciudad de México ha sido considerada a todas luces injusta: El reglamento de tránsito de la Ciudad de México fue tildado de inconstitucional en su capítulo sancionatorio de las fotomultas.

El promotor de dicho reglamento, Miguel Ángel Mancera, utilizó una empresa privada para instalar miles de cámaras fotográficas por toda la ciudad, para multar a quienes se pasen un alto o invadan la franja destinada para los motociclistas.
04 Marzo 2017 04:00:00
Jóvenes, destinatarios de la Ley de Seguridad Interior
En los territorios del Congreso de la Unión, la Ley de Seguridad Interior ha tenido estos días el avance de una serpiente venenosa.

Las dos Cámaras trabajan sigilosas en conciliábulos construidos por el PRI y Pvem. Sólo ellos –es decir las cúpulas de estos partidos- saben qué negocian, qué revisan, que construyen.

Avanzan en silencio y en la oscuridad; sinuosos y temibles. A como dé lugar, a ultranza, a fuerza. Ellos pretenden construir una ley que permita lo que organismos defensores de derechos humanos de dentro y fuera del país alertan que será: un instrumento de control de la población, mediante la militarización de México.

El motivo central para el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto es, a decir de personajes con gran autoridad moral como lo es el general Francisco Gallardo, el siguiente: “pretenden convertir la Ley de Seguridad Interior en una herramienta de control social para convertir a las fuerzas armadas en una especie de ejército de ocupación en contra de los propios habitantes del país (Jornada/24/II/17).

La estrategia legislativa siempre es la misma: decir exactamente lo contrario a lo que hacen. Sólo para apaciguar, tranquilizar a la gente, diciendo lo que la gente quiere escuchar. Pero detrás de esas voces está el hilvanado de una realidad transfigurada en ley totalmente contraria y amenazante contra la población. 
 
La Organización de las Naciones Unidas en voz de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Jan Jarab, ha dicho esta semana que es “preocupante la pretensión de legalizar la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”.

Prácticamente lo mismo ha dicho Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuando afirma que “la participación de las fuerzas armadas en la materia de seguridad pública no es lo más deseable, dada la especial naturaleza  de sus funciones constitucionales”.

Esta semana, en San Lázaro, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó que esta ley vaya a militarizar al país, y se pronunció por que el ejército y la marina sólo permanezcan un tiempo más, eventualmente, en las calles, para regresar lo más rápidamente a los cuarteles.

Aparentemente hay una pugna al interior de las cámaras; unos por aprobarla y otros por seguir revisándola. De hecho, el PAN puso prioridades:

Marko Cortés, coordinador de la bancada panista, acusó al gobierno federal de haber perdido “el interés por la minuta de la Ley del Mando mixto policial”. Y aseguraba que antes de “hablar de un marco jurídico para los militares en trabajos de seguridad, antes se debe establecer para las policías y para los civiles”.

En San Lázaro, Osorio Chong dijo el pasado miércoles: “La ley (en discusión) busca determinar cuándo, en qué circunstancias y el tiempo de actuación de las fuerzas federales, y no es donde lo quieren llevar algunos. No es ni para militarizar al país ni siquiera para considerar casos normales en estados de excepción que permitan la entrada de fuerzas federales”.

La pretensión sobre esta ley es que sea coercitiva en todas direcciones: hacia la población y hacia las autoridades estatales y municipales.

Si los gobiernos estatales y municipales no cumplen con lo que les asigne esta ley, en las materias de seguridad pública o nacional, entonces serán sancionados como suele el gobierno federal sancionar a sus adversarios o enemigos políticos: con el retiro o suspensión de recursos del presupuesto.

Ha advertido el grupo Movimiento Ciudadano: Si continúan las políticas públicas de seguridad enfocadas hacia la militarización del país, sólo se prolongará un camino que ya ha sido condenado por las organizaciones internacionales de derechos humanos”.

Y planteaba a un ensordecido PRI: “Lo primero que hay que hacer es fortalecer las instituciones civiles, para que las fuerzas armadas efectivamente puedan regresar a los cuarteles y a sus tareas constitucionales”.

En paralelo al debate soterrado por la seguridad interior, en San Lázaro este viernes una diputada –Karen Hurtado Arana, del PRD- declaraba que la mayoría de los jóvenes del país están en riesgo de llegar a adultos mayores pobres.

Durante la clausura del diplomado Liderazgo y Negociación Política, Hurtado Arana aseguró que “hoy en día los jóvenes enfrentan uno de los panoramas más desoladores en la historia de México, por lo que, según diversos estudios, están en riesgo de convertirse en varios años en una población de adultos mayores pobres”.

Aportó otro dato: “Según la OCDE, en México, 6.8 millones de jóvenes no trabajan ni estudian; el resto se enfrenta a mercados laborales cada vez más precarios, sin los mínimos satisfactorios como el salario digno, jornada laboral adecuada y seguridad social”.

Y uno más: “De acuerdo con datos del INEGI, el 26 por ciento de la población en México se integra por personas de entre 15 y 29 años”.

¿Y qué tienen que ver los jóvenes con una Ley de Seguridad Interior? El dato siguiente, de María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, aportado en 2014, sigue siendo ilustrativo de la realidad nacional actual: “adolescentes y jóvenes han sido las víctimas principales de la guerra contra el crimen organizado. De 1990 a 2010 el homicidio se convirtió en la cuarta causa de muerte entre los hombres de entre 15 y 29 años de edad- Desde 2007 ese grupo ha carecido de oportunidades de trabajo, mientras que el bloque de entre 15 y 19 no tuvo oportunidades para estudiar”.

A ese segmento poblacional estará dedicada, al parecer, la Ley de Seguridad Interior.
03 Marzo 2017 04:00:00
Otro golpe del PRI y PAN a la función del contrapeso constitucional
El PRI –con ayuda del PAN y Pvem- dio ayer otra vuelta de tuerca a esa maquinaria de autoritarismo con la que tienen sometido al Congreso de la Unión, cuando hicieron que el Pleno del Senado aprobase una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión que quita definitivamente la obligación al Presidente de la República de apersonarse ante los 628 legisladores del Congreso mexicano para rendir su informe anual.

Aunque esta quita de dicha obligación presidencial ya había sido mandatada desde que esos mismos tres partidos –entonces apoyados también por el sector perredista afín al chucho mayor Jesús Ortega- reformaron el artículo 69 constitucional, en el año 2008, dicha reforma constitucional no la habían reflejado todavía en la ley orgánica de marras.

El motivo de aquella reforma a la Constitución no fue otro que despresurizar la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, quien se la pasó sin ir nunca a la Cámara de Diputados –con excepción el día en que muy atropelladamente ingresó al recinto grande de San Lázaro para ser ungido como presidente de la República, y el día, seis años después, en que entregó la banda presidencial al actual mandatario Enrique Peña Nieto.

Calderón virtualmente vivió su administración a salto de mata, teniendo como escudo al Ejército y la Marina, por haberse literalmente robado la Presidencia de la República. Nunca en su sexenio, y hasta la fecha, ha podido arrancarse de la salea la acusación de que era un usurpador.

Si a Vicente Fox, su antecesor, le fue como en feria el 1 de septiembre de 2006, último informe presidencial, a Calderón se le vaticinaba algo mucho peor. Y en su primer informe presidencial, el 1 de septiembre de 2007, de plano ni siquiera se presentó. Solo envió su informe por escrito a través del secretario de Gobernación.

Esto de llevar a San Lázaro el informe presidencial a través de un propio, para no tener que ir el Presidente de la República, fue legalizado con una reforma al 69 constitucional que hasta la fecha perdura.

Los secretarios de Gobernación en turno son los encargados de apersonarse con el mamotreto de cinco kilos, en un salón anexo al recinto grande –justo cuando diputados y senadores sesionan bajo la figura de Congreso general-. Se hecha un discursito y se va.

Pues ahora, el PRI ha dado la repasada final: Bajó el 69 a la Ley Orgánica. Y esto fue lo que criticaron unos y justificaron otros:

Martha Angélica Tagle Martínez, del PRD: “Ni siquiera intentó hacer esta reforma un verdadero formato de rendición de cuentas; un verdadero formato en el que el Ejecutivo presente y rinda cuentas a la Nación en el Congreso de la Unión; un formato en el que los secretarios no solamente vengan a presentarnos algunas ideas donde no hay un verdadero cuestionamiento como hay en otros sistemas en el mundo; o lo que es peor, por si no se dieron cuenta, este año ni siquiera tuvo que comparecer el Secretario de Gobernación”.

“Y hoy con esta reforma venimos a validar eso, eso que no podemos llamar rendición de cuentas, es un derecho que tienen los ciudadanos a conocer qué es lo que se está haciendo en el país, y lo que estamos haciendo el día de hoy, supuestamente para armonizar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión al artículo 69 constitucional que, insisto, nunca se debió de haber reformado, es simple y sencillamente validar un formato que nada tiene que ver con la rendición de cuentas, y limitamos con ello el derecho de la ciudadanía a conocer de vida voz y de parte de los titulares del Ejecutivo cuál es el estado que guarda la nación.

Alejandro Encinas Rodríguez: “La solución debería de ser otra, debería de regresarse no solo a la presencia del Ejecutivo ante el Congreso a informar y a rendir cuentas de su gestión, sino también abrirse al debate, a la réplica con las y con los legisladores.

“No veo por qué seguir eludiendo esta situación y seguir protegiendo la imagen de un Presidente renuente a rendir cuentas, y más en los momentos tan difíciles que vive nuestro país”.

Y el senador del PRI Sofío Ramírez, quien, de entrada, rememoraba el informe como “la fiesta de México”, de la que, recordó, “hasta se suspendían clases porque viene el señor presidente de la República a rendir su informe”…

Apostilló Sofío: “¿Dónde se descontextualizó este nacionalismo? Cuando en un pleno ejercicio de libertad de expresión, de facultades y competencias, en el Congreso de la Unión, en Cámara de Diputados, muchas veces no se permitía el acceso a los presidentes del partido que fuese, o muchas veces en el Pleno no se guardaban, ni se respetaban los protocolos o los procedimientos legislativos.

“Lo que antes era una motivación o una alegría, se pasaba quizás a una vergüenza nacional, cuando veíamos a diputados locales, no importando el partido, que finalmente en su derecho y en su libertad, en sus facultades se expresaba sin guardar los procedimientos y los protocolos que para el caso era necesario poder respetar.

“Hoy lo que se pretende es armonizar, seguir en la transparencia y la rendición de cuentas, en el Informe del señor Presidente de la República, armonizar el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, o el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que pueda ser por escrito”.

Este proceso legislativo continuará en la Cámara de Diputados.
02 Marzo 2017 04:00:00
“EPN entregó a Ejército y Marina mexicanos al Departamento de Defensa de EU”
Atisbos apenas de un debate absolutamente anómalo, construido por los mandamases del Senado, o sea el PRI y el PAN y el PRD. Luis Videgaray Caso respondió como quiso, lo que quiso y cuando quiso. Y cuando el canciller se fue, cargaba en el lomo los mismos signos de interrogación con que los senadores lo recibieron.

Signos de interrogación de preguntas que no respondió de plano, como aquellas que Manuel Bartlett Díaz le descerrajó entre ceja, oreja y…

“Yo diría”, dijo a Videgaray el que fue el secretario de Gobernación en los tiempos de Miguel de la Madrid, “que si se está negociando con alguien, y ya le vieron los dientes y la cara feroz al imperio, pues sería un absurdo que hagan lo que ellos quieren.

“Como el ejército, señor secretario de Relaciones Exteriores, el  Ejército y la Marina vinculados con el Comando Norte, actuando de consuno en la defensa de los mismos valores, dice el departamento de la Defensa de los Estados Unidos.

“Tampoco es conveniente que quienes nos tratan tan mal, quienes nos  enseñan los dientes y nos amenazan, tengan además el regalito del Ejército y la Marina, vinculados al Comando Norte, eso es parte de la negociación, yo creo que deberían de tenerlos en cuenta.

“En México operan todas las agencias norteamericanas que antes operaban disfrazadamente, hoy están en el Paseo de la Reforma, opinan, están metidos en todo, dan línea, y cuando no se les hace caso, nos regañan desde Washington, a través de los periódicos.

“¿Conviene en estas negociaciones, señor secretario de Relaciones Exteriores, que las agencias extranjeras de los Estados Unidos operen libremente en México?  ¿Es una relación que conviene a nuestro país en estas negociaciones de altos vuelos?

“El otro tema es la aprobación aquí en el Senado, de que los agentes norteamericanos migratorios puedan estar en nuestras estratégicas oficinas armados, no sé si ya se lo informaron en Relaciones Exteriores, armados. Los agentes migratorios, esos que matan hasta desde el otro lado, a muchachos mexicanos, esos van a estar armados y despachando en nuestras instalaciones migratorias.

“¿Ésa es una buena negociación señor secretario de Relaciones Exteriores, mantener esa vinculación? Yo se lo dejo a usted porque es una cuestión, como diría Calderón, es una cuestión que hay que analizar entre las dos partes. Pero no nada más son los agentes migratorios, esos son los agentes aduanales también, esos también.

“Cuando se les preguntaba que porqué estaban haciendo esa barbaridad, aquí en el Senado, en la Ley de Armas de Fuego, nos dieron una explicación fantástica. Una presidenta de una de las comisiones nos dijo: “Es que la pistola va con el uniforme”. Ésa fue la explicación, cuando son organismos realmente paramilitares.

“¿Van a mantener sus acuerdos, señor secretario? ¿Van a hacer que el Ejército se convierta aquí en México, por instrucciones de ellos, en una presencia política, económica y social en todo el país?

¿Va usted a permitir, para que ellos estén tranquilos y sus empresas estén tranquilas aquí, que el Ejército mexicano militarice al país, más aún, lo van a hacer ahorita que están negociando?

“Es positivo, señores, aquí están, creo que les entregaron a “El Chapo” antes de que llegara el otro, ahí va “El Chapo”, y ahora vamos a sacarles la Ley de Seguridad Interior, entelequia, le digo e inconstitucional ¿van a seguir en eso, señor Secretario? ¿Ésa es una negociación de igual a igual? ¿Un país intervenido por las policías extranjeras? ¿Un ejército vinculado al Comando Norte? ¿Que no es parte de esta negociación, no nada más la cuestión tecnocrática del TLC y todos sus fracasos internos?

“¿Qué van a seguir con el Consejo de Integración? México, Estados Unidos y Canadá somos una misma entidad. Ese ha sido el argumento permanente ¿eh?

“Este Kelly que es nuevo, está usando los zapatos de otro, está el Jeh Johnson, que es el secretario de la Homeland Security, Kelly que vino es el secretario de esta organización prácticamente es una secretaría fascistoide que muerde hasta sus propios ciudadanos ¿eh?

Ese Jeh Johnson venía aquí y lo recibía el presidente con banderas, siendo simplemente un secretario de Homeland Security.

“Un poco lo que hicieron ahora que llegó el nuevo Jeh Johnson, llegó, después de todas las regañadas, y el ex director de la Exxon Mobil, que por cierto es de los que desarrollaron la técnica en Texas para el fracking, que ya está listo para lo que a él le interesa.

“¿Por qué los recibió el Presidente? Sabe usted que en la diplomacia es una vieja norma que se recibe a los funcionarios en su nivel.

“No vino el Presidente de los Estados Unidos ¿eh? Vinieron dos secretarios de Estado.

Aunque los asusten y sean muy fuertes, y lleguen con 50 camionetas, (son solo) secretarios de Estado. Deben de recibir el tratamiento de secretarios de Estado y no recibirlos el Presidente.

“¿Dónde está la negociación y la diplomacia, señor secretario? ¿Qué no han aprendido? ¿Qué no saben lo que es la integración? ¿A qué grado estamos sometidos y a qué grado está el territorio nacional sometido a las empresas trasnacionales, conviene seguir en esta negociación de esa manera?

“¿Y la seguridad nacional? ¿Y la soberanía nacional no forma parte del mismo tratado, no forma parte de toda esta negociación?

Videgaray sólo contestó una pregunta de Bartlett: ¿Por qué México insiste en el TLC? “Lo vamos a mantener si le conviene a México”, respondió el canciller. Pero de las otras… nada dijo.
01 Marzo 2017 04:00:00
“¿A cambio de qué, cedieron a EU la responsabilidad en la frontera sur?”
Luis Videgaray Caso compareció ayer ante el Pleno de los 128 senadores. El Senado es la institución legislativa facultada por la Constitución para revisar la política exterior de México. ¿Lo hizo? ¿Cumplió esta Cámara con su función de contrapeso constitucional? Únicamente dos senadores –Layda Sansores Sanromán y Manuel Bartlett Díaz- abrieron, sin ambages, en canal a la cancillería y al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Más allá de jurar que están defendiendo la soberanía nacional, ¿qué han negociado con Estados Unidos a propósito de la frontera sur de México? ¿Por qué si Trump sólo golpea y humilla, México no se arma de dignidad y saca a todas las agencias policíacas estadounidenses del país? ¿O es que negocian la entrada de más agentes gringos?

He aquí lo que dijo Layda Sansores a Videgaray: “Usted sabe bien que se tiene la percepción generalizada de que el actuar del Gobierno es tibio y medroso, ¿qué esconden? ¿Por qué mienten?

“Con el senador Bartlett presentamos un punto de acuerdo para que se dé a conocer la conversación telefónica de Peña con Trump, que causó tanta polémica. Exigimos sea publicitada.

“¿Qué quieren ocultar? ¿La falta de carácter de un Presidente que acepta la humillación; que acuerda cosas inaceptables?

“¿Sí o no la grabaron, o acaso va a ser capaz de sostener ante esta soberanía que fueron tan estúpidos para no grabar una conversación tan delicada, que además tenía intérprete?

“Ustedes piden unidad, nosotros transparencia.

“… Preocupa y mucho la opacidad con que se manejan las visitas del secretario de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y esa que se efectuó en Tapachula que no dijeron nada, con jefes del comando sur y norte, para discutir asuntos de nuestra frontera sur.

 “Usted dijo que no hablaron del muro, ni de deportaciones masivas. ¿Y entonces a qué vinieron estos señores? Me parecen muy sospechosas las amables recomendaciones de los secretarios que mandó Trump.

“A los hermanos centroamericanos, no arriesguen sus maravillosas vidas; no expongan a sus preciosos hijos”. Ah, ¿Y desde cuándo son tan cariñosos?

“Alarma que usted en su declaración, y esto me parece todavía más grave, haya dicho al final de la reunión que habrá una responsabilidad compartida, así textual.

“¿Qué quiere decir eso?

“Nos están pateando y nosotros insistimos en seguirles haciendo el trabajo sucio, cuidando el traspatio en que han convertido a México, y en esta responsabilidad compartida dígame: ¿Vamos a ser paladines o vamos a seguir siendo peones y seguir limpiando la caca?

“Dígame, le pido que esta pregunta tampoco la evada:

“Ya que está repartiendo soberanía, ¿qué responsabilidad le toca a Estados Unidos y cuál le toca a México?

“¿A cambio de qué se cede la responsabilidad en la frontera sur?

“México no debe ser policía de los Estados Unidos ni permitir que operen en nuestro país agentes de seguridad y además armados.

“La política migratoria en la frontera sur es una política de exterminio y se calcula que uno de cada tres desaparecidos es un migrante centroamericano.

“En esta coyuntura proponemos la salida de los agentes armados más pronto que tarde y más pronto que temprano y que se ponga punto final a la iniciativa Mérida. Ellos pretenden que mientras Trump levante el muro, nosotros sigamos cavando fosas para que a ellos no los salpique la sangre.

“Es deleznable. México debe ser santuario para los centroamericanos y no un enorme cementerio sin cruces y por cierto, señor Secretario, ¿cuál es el plan para los hermanos haitianos, cubanos y africanos que se quedaron varados?

“Trump expresó frases humillantes que lastiman nuestra dignidad y advertencias que atentan contra la soberanía de México, pero usted dice no, no ha habido ninguna falta de respeto a la diplomacia mexicana, no; aquí no ha habido amenazas, agresiones, insultos a México...

“Trump los tiene avasallados y no se dan cuenta que los ataca con el arma más letal que hay en la política, que es el ridículo.

“¿Qué deben, qué le saben, a qué le teme Peña, que ha perdido hasta la hombría de indignarse cuando hieren a su pueblo?”

Una pregunta escocía: ¿A cambio de qué cedieron a los Estados Unidos la responsabilidad de la frontera sur?  

Y esto respondió Luis Videgaray Caso: “¿A qué me refería yo cuando hablé de una responsabilidad compartida? Me refería a Centroamérica y me refería particularmente al triángulo norte, a Honduras, El Salvador y Guatemala.

“No podemos pretender atender este fenómeno migratorio que se ha acelerado de manera considerable en los últimos tres o cuatro años, si no asumimos también una responsabilidad con respecto al desarrollo y a la estabilidad en la región.

“México tiene un fondo de acuerdo a las capacidades presupuestales del Estado Mexicano, en el cual colaboran proyectos de desarrollo en la región centroamericana, no sólo el triángulo norte, asumimos nuestra responsabilidad, pero el gobierno de los Estados Unidos también tiene que asumir su responsabilidad, tiene que compartir la responsabilidad con los gobiernos centroamericanos, con el gobierno de México y por cierto con otros gobiernos que quieren participar, el gobierno de Colombia, el gobierno de Canadá, por ejemplo.

“A eso me refería yo con una responsabilidad compartida y es un principio fundamental de nuestra relación con los pueblos hermanos de Centroamérica”.

Hablaron mucho. Pero en torno de esta pregunta giró el Pleno. Querían saber si Peña ya permitió que policías y militares gringos, con sus equipos, monitoreen la frontera sur de México desde las bases militares mexicanas. Y eso contestó Videgaray. Se acabó el espacio. Continuará.
28 Febrero 2017 04:00:00
Las preguntas que esperan hoy a Videgaray en el Senado
Este martes 28 de Febrero de 2017 comparecerá Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Lo hará luego de que los secretarios de Estado y del Interior del gobierno de los Estados Unidos sostuvieron una visita en México con sus homólogos –el mismo Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación- y con el presidente Enrique Peña Nieto.

Videgaray ya se reunió la semana pasada con los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD Y PVEM de la Cámara de Diputados. Un encuentro perdido absolutamente para la función de control político de la Cámara de Diputados, en el que reinó la simulación y la carcajada, criticaron los opositores al régimen.

Videgaray negoció con los coordinadores de marras un encuentro bajo llave, al que no tendrían paso ni el resto de los diputados ni, mucho menos, los periodistas. ¿De qué hablaron? Solo él y los coordinadores lo saben.

El sello de la oscuridad con que los capataces de San Lázaro y Videgaray marcaron el encuentro del pasado día 22, no deberá manchar el encuentro que hoy protagonizará el mismo funcionario pero ahora con los senadores de la República.

Ahora este canciller, que trae en la frente la marca negra de los traidores a la Patria, comparecerá ante el pleno de los 128 legisladores y deberá tener presente que el Senado es la institución del Congreso encargada por la Constitución de dar seguimiento a la política exterior mexicana.

Muchas preguntas esperan la contestación pormenorizada de Luis Videgaray Caso. ¿Las va a responder? Difícilmente los opositores conseguirán que el secretario responda a satisfacción. La mayoría conformada por el PRI y por el PVEM jugará un papel de complicidad con Videgaray, y sus trazos se verán desde el formato mismo de la comparecencia.

A lo único que jugarán a ganar los opositores es a exhibirlo como lo que juran los de Morena y un sector del PRD que Videgaray es: Un total improvisado en la materia de la política exterior, y un olímpico traidor.

Un falsario para los intereses del pueblo de México que habría sido impuesto por el mismo Donald Trump, cuando en lo que fue la primera conversación telefónica que sostuvieron el 10 de noviembre de 2016, el entonces recién presidente electo estadounidense y Enrique Peña Nieto, el ahora canciller fue vanagloriado por aquel luego de haber sido el artífice de la visita en agosto del entonces casi noqueado candidato republicano para ser recibido como virtual Jefe de Estado, nada menos que en Los Pinos, por el presidente mexicano.

Hasta el momento, a Videgaray nadie lo ha confrontado con rigor y obligado a revelar cuál fue el papel que ha jugado en toda esta historia infausta para México. Se ha escabullido con ayuda de gente subordinada, como son los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados.

Ciertamente comparecerá ante el Pleno; pero a su lado tendrá a los senadores del PRI y PVEM. El PAN, en este tema, ha jugado aparentemente a ser opositor, y se ha puesto a criticar también la sumisión que profesa este gobierno ante Trump.

Cuando Videgaray llegó a San Lázaro, la semana pasada, hizo declaraciones que endulzaron el oído tanto a opositores como a los mexicanos todos; pero carga sin que pueda evitar no hacerlo su historial de mentiroso y corrupto.

Los senadores que se oponen al régimen tendrán un trabajo laborioso cuando, desde la tribuna, traten de sacarle como con tirabuzón respuestas como aquella, precisamente, de que se constituyó en el primer nombramiento que hizo Donald Trump en el gabinete de Enrique Peña Nieto.

Preguntas como aquella de por qué no informa al Congreso sobre lo que habla en secreto con los funcionarios estadounidenses. O aquella otra pregunta que traen en ristre los opositores, de por qué puso en alta vulnerabilidad al país cuando se dice que revisa los discursos a Trump, con el riesgo de que Trump o su gente también terminen por dictar los pronunciamientos al gobierno mexicano… cosa nada imposible de que suceda o haya sucedido ya, dada la sumisión extrema en que el gobierno de Peña ha caído ante el Gobierno estadounidense, que ya incluso el Episcopado mexicano criticó con vehemencia este domingo al calificar a la administración mexicana de “sumisa” y muy “cobarde”.

 
ESTRIBO

El Senado ayer se transfiguró en un recipiendario de ecos, cuando Miguel Barbosa Huerta, coordinador parlamentario de la fracción del PRD, anunció que apoyará a Andrés Manuel López Obrador en su carrera por la Presidencia de la República.

Desde hace meses se miraba a Barbosa con muchas ganas de tomar distancia de la dirigencia nacional del PRD, a cuya cabeza sigue estando –más allá de la presidencia formal que ostenta Alejandra Barrales- el chucho mayor Jesús Ortega.

En conferencia, Miguel Barbosa Huerta dijo este lunes 27: “Soy perredista, pero apoyaré a López Obrador”. Y apostillaba: “He decidido apoyar a AMLO rumbo al 2018. Y hago un llamado al PRD a apoyarlo rumbo a la presidencia de la República”.

En el comité ejecutivo nacional esto que dijo Barbosa les supo a más de cinco como chile en embarrado en la cara. “El PRD se está vaciando y su dirigencia debe reconocer que eso es una realidad”.

Luego criticó a Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, que llegó a serlo sin ser militante del PRD, recordó Barbosa.

A Mancera lo tienen en amplios sectores del PRD como a un “neroncito”, de la misma calaña de Videgaray y de Peña Nieto.
25 Febrero 2017 04:00:00
‘Si siguen así (Peña y Videgaray), entonces serán los satanaces del siglo XXI’
Cuando camino iba a su ratificación como embajador de México en los Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez contuvo la respiración, miró a Miguel Barbosa Huerta, y entonces escuchó de éste: “Yo quisiera preguntarle a Gerónimo Gutiérrez si él en su relación con el hoy canciller, fue también de los que sugirieron invitar a Donald Trump cuando estuvo de visita con el Presidente Peña, siendo candidato Donald Trump de una contienda que lo llevó a la Presidencia de la República”.

El jueves 23 de febrero, el Senado de la República lo tenía ahí, en espera de que lo ratificaran. Y no, no sólo había sido Manuel Bartlett quien lo centraba, a él y a su jefe, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. También Miguel Barbosa Huerta le centró la pregunta entre ceja, oreja y…

“Ese fue un error garrafal, un error diplomático”, remachó Miguel desde la tribuna. “Como error hoy es que el Presidente Peña haya recibido al secretario de Estado y al secretario de Seguridad Interior. La política del doble lenguaje”.

Peña Nieto acababa de recibir a los secretarios de Estado y del Interior de los Estados Unidos. Inauditamente Peña volvía a bajar al suelo la investidura de la Presidencia de México, al ponerse a platicar con dos empleados de Donald Trump, como si éstos tuvieran el nivel de presidentes de la República.

Miguel Barbosa, muy incisivo, continuó: “Aquí acaban de declarar los señores (se refería a los secretarios estadounidenses), por cierto para el PRD no bienvenidos a México, acaban de declarar que las deportaciones no serán masivas y que el Ejército no participará. Pero por la mañana Donald Trump da una conferencia donde dice que el asunto de la deportación de migrantes es un asunto con características militares”.

Y saeteó Barbosa: “¿Cómo puede haber un diálogo entre dos países, cuando hay una permanente agresión de uno a otro?”

Y entonces, en alusión a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray Caso y al, en ese momento, embajador en ciernes, Barbosa Huerta dijo: “Que no se equivoquen los señores del gobierno federal; ¡que no se equivoquen!, porque si continúan así, haciendo cosas de las cuales el pueblo de México tenga una condena y una sanción, pasarán a ser los satanás del siglo XXI”.

El senador perredista hubo dicho al Pleno hacía un instante: “Yo me preguntaría si Gerónimo Gutiérrez tiene la estructura de personaje político con una visión patriota del ejercicio de la función pública, porque lo que necesitamos no es alguien que vea que la relación entre México y Estados Unidos sólo tiene una prioridad, la prioridad de resolver la parte comercial y económica, sino que exprese una posición patriótica, respecto al conjunto de los asuntos que componen esta crisis”.

Y se preguntaba otra vez: “O es que acaso él (Gerónimo) será también parte de la estrategia anuente, acompañante del gobierno de la República, en relación a lo que está ocurriendo con Estados Unidos? ¿Cuál es su opinión para calificar el asunto del muro?”

Hasta la sobrina de Felipe Calderón, la senadora panista Mariana Gómez del Campo, criticó la pasividad del gobierno en este conflicto inédito con Estados Unidos: “Vivimos una crisis sin precedentes en la historia reciente, una etapa de definiciones en las que exigimos que el gobierno federal deje la tibieza y actúe firmemente en pro de la defensa de la dignidad de México y de los mexicanos dentro y fuera de nuestras fronteras”.

El senador pvemista Juan Gerardo Flores dijo: “Gerónimo Gutiérrez tiene los conocimientos y la experiencia para poder interpretar en forma oportuna las discusiones que tienen lugar en las distintas arenas de los Estados Unidos: la arena mediática, la arena política, la arena social, en fin”.

El PRI habló a través de Jesús Casillas dijo: “Como ya se dijo aquí, México y Estados Unidos hemos sostenido una relación de más de 196 años, siempre en el marco de la colaboración mutua, defendiendo los intereses de cada una de las naciones en lo comercial, en lo social, en lo político, en lo académico, en seguridad, en migración, y en ese intercambio académico y científico que a lo largo de la historia hemos llevado a cabo. Sin embargo, hoy la coyuntura nos presenta un gran reto y una oportunidad para que México saque la casta”. Y sostenía que Gerónimo “no es un improvisado”.

Manuel Cárdenas, ex priísta, hoy senador del otrora partido de Elba Esther, el Panal, dijo: (Gerónimo Gutiérrez) “es perfectamente transitable, el conocimiento, las habilidades, las destrezas, su experiencia en el aparato público hacen evidente la idoneidad de quien nos hace llegar el Presidente Peña Nieto”.

Turno de Fidel Demédicis, perredista, aconsejó al nuevo embajador a “que no haga como los gallos que tienen miedo, que tire con las patas encogidas. Pues Trump, hablando de una similitud, ya se puso una navaja de dos o de tres pulgadas, y al embajador lo vamos a mandar sin navaja frente a un gallo mañoso como ese, y luego sin defensa, pues la tiene complicada el ciudadano Gerónimo Gutiérrez”.

El senador entonces advirtió, en alusión al embajador mexicano: “El empleado se va a poner duro en la medida en que el Jefe se ponga duro; es decir, si el ciudadano Presidente de la República no marca con claridad cuál es la estrategia para defendernos de las agresiones de Trump, pues entonces el compañero embajador ¿cuál es la línea política o cuál es la línea estratégica que va a seguir en Estados Unidos? ¿También va a ser de ocurrencias?”
24 Febrero 2017 04:00:00
Gerónimo Gutiérrez y la claudicación del Senado mexicano
El Senado ratificó ayer el nombramiento presidencial de Gerónimo Gutiérrez como embajador de México en Estados Unidos. Todos lo arroparon, menos un senador: Manuel Bartlett Díaz. He aquí partes medulares:

Gabriela Cuevas Barrón, senadora del PAN: La importancia de Estados Unidos para México es indudable: Existe una comunidad de 34 millones de personas de origen mexicano que residen en nuestro país vecino. Contribuye con el 8 por ciento del Producto Interno Bruto estadounidense y con 570 mil empresas en ese país; es decir, una de cada 25 empresas en los Estados Unidos son propiedad de migrantes mexicanos.

“En México tenemos claro que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. En 2015 enviamos el 80 por ciento de nuestras exportaciones totales hacia allá. El año pasado comerciamos 525 mil millones de dólares en bienes. Somos el primer, segundo o tercer socio comercial de sus 50 estados, y más de cinco millones de empleos en el país vecino dependen de la relación bilateral con México. Una de cada cinco familias mexicanas depende de las remesas que se envían desde los Estados Unidos. En 2016, las remesas que ingresaron al país acumularon su máximo histórico: 26 mil 970 millones de dólares, 8.8 por ciento más que el año anterior”.

Y el apostille de Cuevas Barrón: “Queremos ver a un embajador que esté, tanto en la Casa Blanca y Wall Street, como en las comunidades de trabajadores agricultores en Fresno, California, que requieren la máxima protección.

El Presidente de los Estados Unidos no puede utilizar a México a capricho, como responsable de los problemas que vive su vecino al sur. No se hace política exterior a tuitazos. En la política exterior se dialoga, se construye y, sobre todo, se respeta.

Exigimos respeto a México, y exigimos que nuestro embajador haga valer ese respeto a México”.

Marcela Guerra, senadora del PRI: Los secretarios estadounidenses de Estado Rex Tillerson y del Interior John Kelly dijeron que respetarán los derechos humanos de la ley, que continuará la colaboración entre Estados Unidos, entre México y los países centroamericanos para detener los flujos migratorios de esta región. ¿Ustedes creen que debemos de creer esto? ¿Ustedes creen?

Remachó la priísta: “Debemos abogar por un ejercicio de política con seriedad y que el próximo embajador Gerónimo Gutiérrez haga valer con firmeza la postura del sentir de los mexicanos; que los 50 consulados hagan valer también la defensa real de los connacionales; que nosotros en el Senado en breve entablemos un diálogo nacional para ver las implicaciones de la construcción de un muro”.

Turno de Manuel Bartlett, del PT: “El gobierno de Peña Nieto ha conducido las relaciones con los Estados Unidos con frivolidad e irresponsabilidad. Tres Embajadores: Medina Mora, dos años, clave para el acuerdo de Peña Nieto con Estados Unidos que condujeron a la entrega de petróleo, premiado con el cargo de Ministro de la Corte, nunca se le reconoció idoneidad al respecto. Miguel Basáñez, siete meses, sin oficio diplomático, ni formación adecuada, impuesto y aprobado automática, despedido sin ningún explicación.

“Carlos Manuel Sada, nueve meses, Cónsul en Estados Unidos, justificando la propuesta por un cambio de estrategia ante el asunto migratorio, problema que durante cuatro años, Peña dejó pasar.

“En las actuales circunstancias, críticas, ante agresiones y amenazas del gobierno norteamericano, presentan un nombramiento ajeno a la altura de la situación; ajeno a la altura de la situación. Curriculum limitado a tres años como subsecretario América del Norte, y un cargo tecnocrático e intranscendente en el Banco de Desarrollo para América del Norte.

“Lo que destaca en la opinión pública de esta presentación es ser compañero de escuela del Secretario Videgaray. Como además, juntos habiendo servido en el PRI y en el PAN, son bipartidistas, sin ninguna contradicción entre ellos, secuela de nombramientos de amigos.

“Este carrusel de Embajadores inadecuados, que ha colaborado en el entreguismo del Ejecutivo que nos coloca en una grave dependencia de los Estados Unidos, no sólo económica y comercial, sino lo más delicado su injerencia gravísima en materia de seguridad.

“Debería el Senado haber buscado a la mejor persona para enfrentar a esa potencia agresiva, a la que nos hemos entregado con las manos atadas. Esa debería de ser la función del Senado, de equilibrio, no de oficialía de partes.

“El sentimiento crítico de la República debe reflejarlo el Senado, se dijo en comisiones; la población está molesta, ofendida, no se escuchaba al canciller confrontar la xenofobia. La posición de las comisiones fue crítica para el gobierno y su Secretario de Relaciones. Sin embargo, votaron a favor del recomendado del Secretario a quien critican. La votación refleja una vez más la claudicación del Senado de su responsabilidad, un chambelán del Presidente.

El voto en comisiones debió haber sido negativo por lo que ahí se dijo. Las inadecuadas e indolentes propuestas de Peña Nieto obedecen a su tranquilidad, a su confianza en quien tendrá siempre la aprobación irreflexiva del Senado. El Senado se descalifica a sí mismo, y pone en riesgo al país.

Si las relaciones con Estados Unidos han sido claudicantes, vergonzosas, entreguistas, lo dice el propio Cossío, Ministro de la Corte, el Senado no ha sido factor de equilibrio, sólo comparsa”.

Al final, Bartlett invitaba a todos a reflexionar, a actuar con la inteligencia y energía que se necesita hoy para la defensa de los mexicanos frente a la virulencia norteamericana ante un gobierno débil que justifica su actitud timorata como prueba de su responsabilidad”.

Fue ratificado con 80 votos, cinco en contra y una abstención.
23 Febrero 2017 04:00:00
El arrogante Videgaray y los alcahuetes diputados
Aupado sobre su arrogancia, Luis Videgaray Caso se apersonó ayer ante la alcahueta Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se puso a mirar a los diputados como dicen que Dios mira a los conejos… y entonces desplegó ante los medios de información el discurso dulzón que todos los mexicanos quieren escuchar: Que el gobierno está dedicado a defender la soberanía nacional y que en marzo el gobierno mexicano demandará ante organismos multilaterales las violaciones de que son objeto los mexicanos radicados en los Estados Unidos por parte del gobierno de Donald Trump.

Esta reunión con los capataces de los grupos parlamentarios fue, desde la víspera, la representación de la farsa de contrapeso en que está batida la Cámara de Diputados, de modo particularmente grave, en lo que va del sexenio.

Llegando, fue de inmediato arropado por los coordinadores parlamentarios. Nada trascendió a través de los monitores lo que Videgaray tenía a bien decir a sus interlocutores.

Una reunión que terminó por convertirse en un conciliábulo, del cual no se sabe todavía si alguno de los legisladores preguntó qué ha acordado realmente con el gobierno de los Estados Unidos.

¿Alguno de los diputados preguntó a Videgaray si es verdad lo que se filtró en medios de información de los Estados Unidos, de que está allí, como secretario de Relaciones Exteriores, porque Donald Trump lo quiso así, y así se lo exigió a Enrique Peña Nieto desde la primera llamada que sostuvieron, posterior a su triunfo en noviembre de 2016?

De lo único que se sabe (los legisladores guardan confidencialidad a modo de lo que le conviene al Ejecutivo federal) es, precisamente, de lo que Videgaray dijo en conferencia, después de la reunión sostenida con los coordinadores. Que México no aceptará imposiciones migratorias de Estados Unidos, hubo dicho a los reporteros.

Dijo también que a los diputados explicó por qué ocurrió el primer encuentro con los representantes del gobierno estadounidense en enero, a pesar del inicio del feroz golpeteo del presidente Donald Trump contra México. Incluso cuando la opinión prevaleciente en el país era en el sentido de que no los buscara y que actuara con dignidad y orgullo.

“Porque era el primer encuentro”, dijo Videgaray a los reporteros. “El primer encuentro y había que establecer las primeras posiciones del gobierno mexicano. Y así lo hicimos con respeto, con firmeza. Y ese fue el primer punto de partida entre los dos gobiernos”.

Pero, además, dijo, “si nos hubiéramos retirado de la mesa hubiéramos sembrado un precedente delicado y hubiéramos perdido legitimidad, apoyo (de organismos que pedían dialogar con Trump) y nos hubieran reclamado que habríamos desaprovechado la oportunidad de diálogo”.

A decir de Videgaray, la reunión con los diputados coordinadores fue “un diálogo cercano”. Y apostilló: “Fue una reunión en la que escuché distintos puntos de vista y preocupaciones compartidas”.

Y remachaba también: “Tenemos plena coincidencia con todas las voces de la Junta de Coordinación Política en el propósito de actuar con inteligencia y con firmeza en defensa de México y nuestros connacionales”.

La reunión de Videgaray con los diputados coordinadores ocurrió horas antes de que este se reuniera con el general John Kelly, secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, y con Rex Tillerson, secretario de Estado de ese país.

Lo acompañarán los secretarios de Gobernación, de Hacienda, de Defensa y de Marina. Y él llevará la voz cantante y no el de Gobernación.

No se supo ayer en San Lázaro si los diputados le exigieron lo que todos los mexicanos exigen a su gobierno: Que se ponga a defender a ultranza, por antonomasia, a la soberanía nacional, más allá del discurso. Un discurso que sólo genera desconfianza, por lo desacreditado que está el gobierno de Peña Nieto en cuanto a la defensa de la patria.

No sufriría tanto el pueblo de México estos días de gravedad si no se supiera que el gobierno mexicano está bajo la égida de personajes tan desacreditados moralmente como el mismo Videgaray Caso y el mismo Peña Nieto, quienes desde que asumieron el poder presidencial en México se dedicaron a cambiar leyes totalmente contrarias a los intereses del estado mexicano. Leyes que, en cambio, están beneficiando nada menos que a los Estados Unidos de América.

¿O usted, lectora, lector, cree a Videgaray cuando afirma –lo hizo en san Lázaro– que México no va a aceptar decisiones unilaterales de los Estados Unidos, como esta de ayer mismo cuando arreciaron las deportaciones hacia territorio mexicano? ¿O, prometió Videgaray, de que el gobierno de Enrique Peña Nieto “se pondrá firme en materia migratoria”?

Pues nada de esto han dicho los diputados que recibieron comedidamente a Videgaray. ¿De veras todo lo que dijeron corresponde al casillero de la seguridad nacional?

Estas preguntas barbotarán ahora que Videgaray acepte comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de San Lázaro. O de la de los senadores.

Deberá hacerlo. Y máxime cuando a su pesado costal de pendientes informativos al país, deba incluir lo que a partir de anoche y hasta el viernes, esté negociando, discutiendo, acordando, con los dos secretarios del gabinete presidencial de Donald Trump, apersonados desde ayer en la ciudad de México.

Videgaray, en San Lázaro, dijo que México no recibirá a deportados de otras nacionalidades, pero la Secretaría de Desarrollo Social decía lo contrario: Que sí, y que tratará a los extranjeros deportados con respeto.
 
ESTRIBO
The Washington Post y The New York Times criticaron con dureza ayer a Donald Trump, a cuyas políticas migratorias calificaron de “crueles”.
22 Febrero 2017 04:00:00
La farsa (y el cinismo) del contrapeso en la Cámara de Diputados
Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, comparecerá hoy en San Lázaro ante los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados. No lo hará ante el Pleno de los 500 legisladores, ni, tampoco, ante el Pleno de los 30 que integran la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara. La Cámara de Diputados, una vez más, está fallando a la nación.

La función esencial de la Cámara es servir de contrapeso constitucional al ejercicio del poder presidencial. No es la primera vez que su posición es de total claudicación ante el presidente de la República; pero en esta ocasión, los diputados que ningunean a la Cámara de Diputados sin duda han vuelto a rozar los linderos más profundos del cinismo y de la traición a quienes dicen representar, al incurrir en una chicana legislativa para que Videgaray no tenga que responder al Pleno camaral sobre las negociaciones herméticas y oscuras que ha estado construyendo con el gobierno estadounidense de Donald Trump.

¿Quiénes son ellos?: César Camacho Quiroz, coordinador del PRI; Marko Cortés Mendoza, del PAN; Jesús Sesma Suárez, del Pvem; Alejandro González Murillo, del Pes; Luis Alfredo Valles Mendoza, del Panal, y Francisco Martínez Neri, del PRD.

El grupo de Morena y el de Movimiento Ciudadano también tienen a sus coordinadores, pero éstos no fueron tomados en cuenta para tal determinación.

Cuando la semana pasada los coordinadores dieron a conocer al Pleno camaral que será la Junta de Coordinación Política –el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados integrado por ellos, los coordinadores parlamentarios- la que recibirá a Luis Videgaray para que haga comentarios sobre la política exterior de México, a propósito del conflicto que el país tiene con Estados Unidos, los invitadores arguyeron que el canciller visitaría a San Lázaro pero bajo la condición de que lo que ahí dijera no saliera a la luz pública, porque puede ser información reservada, de seguridad nacional.

Comparecer ante los coordinadores es una burla, advierten los opositores. En la sesión ordinaria de ayer, la inconformidad rebasó el orden del día, cuando cuatro legisladores reclamaron muy airados que Videgaray sólo vaya a reunirse con los mandamases de San Lázaro y no con la mayoría de los diputados o, peor aún, ni siquiera con el órgano constitucional encargado de atender los asuntos del Ejecutivo en la materia de política exterior: La Comisión de Relaciones Exteriores.

Pidió la palabra desde su curul la diputada perredista Cecilia Soto González: “Hablo en mi papel de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores”, dijo. “Y estoy muy preocupada por la suplantación de las labores sustantivas de la Comisión por la Junta de Coordinación Política (Jucopo)”.

Y entonces denunciaba Cecilia Soto dos cosas: que sólo es una invitación y no una comparecencia, en la que Videgaray estaría obligado a hablar con la verdad. Y que la Jucopo “no está facultada para llevar a cabo labores sustantivas que corresponden al Pleno”.

Apostilló Cecilia: “La Junta puede invitar a tomar café al secretario, pero no puede suplantar las labores de la Comisión de Relaciones Exteriores”.

Fue entonces cuando Cecilia Soto recordó que ya la Jucopo suplantó al Pleno en tres ocasiones: En una comparecencia de la anterior canciller Claudia Ruiz Massieu; también el procurador general de la República compareció ante la Jucopo y no ante comisiones. Y ahora Videgaray.

Terció Jesús Sesma Suárez, coordinador del Pvem: “No tiene nada que ver con la Comisión de Relaciones Exteriores e hicimos la invitación porque así lo acordamos”. Y, reclamante, Sesma pidió a Cecilia Soto que mejor se enterara con su coordinador Martínez Neri, sobre el acuerdo de invitar a Videgaray.

Se calentaba el intempestivo debate. Alicia Barrientos, de Morena, dijo: “Están violando las facultades de la Comisión de Relaciones Exteriores”. Y entonces propuso que Videgaray, tan pronto termine con sus amigos de la Jucopo, se presente ante el Pleno de la Comisión de Relaciones Exteriores, la institución camaral realmente facultada para la conversación entre Poderes.

Quien presidía la asamblea era Gloria Imelda Félix Niebla, una diputada priísta sinaloense que se ponía a defender la causa de la Jucopo a ultranza: “Le suplicaría atentamente que dirija un oficio a la Jucopo para que sean ellos… quienes definan si se acepta o no se acepta (su solicitud)”.

Araceli Damián, de Morena: “El gran riesgo que se está corriendo con esta reunión a puerta cerrada es que la ciudadanía no conozca el contenido”.

Desde su curul habló también Claudia Sofía Corichi, diputada de Movimiento Ciudadano, hija de Amalia García, la ex gobernadora de Zacatecas: “Es importantísimo que comparezca Videgaray hoy en un momento como lo que está sucediendo en México y ante la visita de los secretarios de Estado de Estados Unidos, en este Pleno (de los 500 diputados) o al menos en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Entonces Corichi dijo: “Es legítimo que la Juciopo lo reciba; pero (detrás de esa invitación) está la idea de no raspar la investidura de Videgaray, y que no comparezca y que no dé explicaciones sobre las vías y la visión de política exterior”.


ESTRIBO
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó a LA Cámara de Diputados el avance de la investigación sobre los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, la cual se encuentra en su última etapa de integración. A contrapelo de lo que aseguraba el gobierno de Peña Nieto, denunció González Pérez que la policía sí llegó con armas de fuego, y que las accionó.
21 Febrero 2017 04:00:00
La carcajada de la Ley de Seguridad Interior
El más importante proceso legislativo que el Congreso mexicano pretende sacar en este periodo ordinario de sesiones es el de la construcción de la Ley de Seguridad Interior. Y en eso están, ahora precisamente, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores.

Los diputados están sobre la iniciativa que en diciembre reciente les dejó en comisiones César Camacho Quiroz, coordinador de los diputados del PRI. Y los senadores, en tanto, fraguan la iniciativa que, desde hace dos años y medio, les presentó Roberto Gil Zuarth, prominente diputado del PAN.

Esencialmente son la misma cosa. Las dos iniciativas proponen sin ambages otorgar al Ejército y a la Marina el poder jurídico de desempeñarse a sus anchas y sin consecuencias legales cuando se pasasen de listos, cosa que sin lugar a dudas ya ha estado sucediendo desde que Felipe Calderón los sacó de sus cuarteles, con el pretexto de hacerle la guerra al crimen organizado.

Un soldado no piensa; actúa. Y actúa con fuerza demoledora, sin que mida consecuencias ni piense en los derechos humanos de los demás. Contrario a los policías, que son civiles y con civiles se entienden, los militares miran como enemigos a quienes van a detener, y así los tratan.

Por eso cuando Calderón sacó a soldados y marinos a las calles para combatir supuestamente al narcotráfico, gente de las organizaciones civiles nacionales y extranjeras, de la oposición y de las universidades salieron al paso del Gobierno a criticar tamaña decisión.

¿Estaba consciente, en sus cabales, Felipe Calderón Hinojosa cuando decidió echar mano de las fuerzas armadas para combatir a los criminales?, es la pregunta que muchos se siguen haciendo, a pesar de que el entonces presidente de México justificó diciendo que las instituciones policiacas del país estaban ya totalmente rebasadas.

Quienes criticaron a Calderón plantearon que el motivo verdadero para echar a caminar la maquinaria militar por las calles, pueblos, veredas y ciudades del país, fue su necesidad imperiosa de legitimar una Presidencia de la República absolutamente cuestionada: El partido en el poder –el PAN- y el entonces presidente Vicente Fox se acababan de robar literalmente la elección presidencial, con la complicidad y ayuda del PRI, a cambio de que a este le entregara la presidencia seis años después; como sucedió.

Ahora quienes critican la medida sostenida por Enrique Peña Nieto, de mantener a soldados y marinos en las calles, sostienen que el pretexto es el mismo: Combatir al crimen organizado; pero detrás de ello está la pretensión de inhibir con las fuerzas armadas la manifestación social.

Una pretensión que se adivinó desde que llegó Peña, en diciembre de 2012, cuando en vez de regresar a los “guachos” a los cuarteles, dio continuidad a aquella política de seguridad pública de Calderón afincada en el Ejército y la
Marina.

Se hablaba entonces de que el régimen iba a poner a prueba a la población con reformas terribles y totalmente contrarias al interés nacional, como la reforma energética, como la reforma de telecomunicaciones, como la reforma educativa y la reforma fiscal.

Y así ocurrieron las cosas: desde entonces hay una gran inconformidad social contra el gobierno de Peña Nieto, agravada ahora por los efectos nocivos de las reformas aquellas, y  aderezadas con la corrupción exponencial a cuya cabeza se ha puesto el mismo presidente de la República.

Organizaciones civiles de dentro y fuera del país, opositores y académicos han comenzado a considerar a la actual administración federal como la más ladrona y corrupta de todas las administraciones desde que existe el PRI. E inepta. Inauditamente, en lo que va de este sexenio, la deuda pública se disparó de los 5 billones a los casi 10 billones de pesos, cuyo costo de su servicio (pago de intereses anual) alcanzó ya la cantidad en 2017 de los 650 mil millones de pesos.

De que hay un gran malestar social en México, lo hay. Y mucho. La gente quiere movilizarse, mediante marchas, manifestaciones, mítines; pero el gobierno de Peña ha echado mano del viejo y perverso recurso del fascismo para controlar a la población: El miedo, el terror.

Ocurrió ahora que el precio de las gasolinas subieron con una saña tan inédita como histórica (el viernes pasado bajaron dos centavos y ayer, lunes, otro centavo, lo que es una verdadera patada en los güevos para la población. Una burla de lo más infame).

Peña Nieto nada bueno ha hecho para contener el tremendo malestar de la población. Al contrario, ha tomado previsiones para cuando la población se encabronase todavía más y se ponga a reclamar airadamente al Gobierno: Ha empoderado al Ejército y la Marina comprándoles más armamento, con el pretexto de que combate a los criminales. Pero sus actos de fuerza los hace públicos de tal manera que tienen la pretensión de inhibir a la expresión social.

Ya lo hacen en la práctica, soldados y marinos; pero ahora el Gobierno pretende cerrar la pinza con la nueva Ley de Seguridad Interior.

Con ayuda de diputados y senadores del PRI, PAN, PVEM, Panal y PES, ahora Peña Nieto va en pos de construir una realidad jurídica totalmente a modo para que soldados y marinos repriman sin tener que ir a juicio.

Lo grave es que podrían, a partir de esta ley, multiplicarse a lo largo de todo el país eventos sanguinarios como los que ocurrieron en Tlatlaya, Iguala, Tanhuato. Y hasta el regreso temido de hechos infaustos de México como el del 2 de octubre de 1968 y el del 10 de junio de 1971.
17 Febrero 2017 04:00:00
Insiste el gobierno en hacerse el sordo y no baja precios de gasolinas
Era un rumor en los territorios del Congreso de la Unión desde que comenzó la semana: Que el precio de las gasolinas, programado por el gobierno federal para este viernes 17, tampoco esta vez subirían; como no sucedió en las anteriores fechas programadas: El 4 y el 8 de este mes. ¿Por qué?

Ayer, jueves 16, Fernando Herrera, coordinador de los senadores del PAN, soltó en el pasillerío y en cuantas entrevistas pudo, que, en la víspera, el mismísimo secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, les había susurrado a los coordinadores senatoriales todos que “era muy probable de que el ajuste de los precios de las gasolinas finalmente no se haría tampoco esta vez”.

Los del gobierno han vuelto a achacar el frenazo de los aumentos exactamente a las dos mismas razones por las que no los subieron el 4 y el 8 recientes: Uno: Que el peso se estaba defendiendo fuertemente ante dólar, y se recuperaba; y dos: “Y por otras circunstancias”.

Pero, ¿cuáles son esas circunstancias, que el secretario de Hacienda no se ha atrevido a mencionar por su nombre?

Este jueves, otra vez el senador Mario Delgado Carrillo salió al paso del gasolinazo frenado para explicar lo que el gobierno no quiere decir ni hacer:

El gobierno de Enrique Peña Nieto, dijo Delgado Carrillo, justificó el aumento de las gasolinas y el diesel con que se tenían que ajustar “con base en la referencia internacional”. Pero dicha referencia, insistió el senador, bajó en febrero. Y por tanto bajaron los precios de los combustibles en los países y en el mismo territorio de Estados Unidos que utilizan como referencia al precio regulador de Texas.

Actualmente, las gasolinas en aquel estado de la Unión Americana ronda entre los nueve y los 10 pesos mexicanos. En México dichos precios tendrían que estar bajando.

Mario Delgado dijo: “Debería bajar, siguiendo la fórmula y cálculos de Hacienda. No hay razón para que mañana (hoy, viernes) no bajen los precios de la gasolina. Debería darse un anuncio para que bajen a partir del 18 de febrero de 2017”.

Cuando los precios aumentaron el 1 de enero pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que el precio de la Magna estaría en 15.99 pesos; la Premium en 17.79 y el diesel en 17.09.

Muy deshonestamente, la Presidencia de Enrique Peña Nieto a través de su despacho de Hacienda hizo mención de unos precios que, al menos en la Ciudad de México, no existen, porque los precios reales son: Premium: 18.19 pesos; Magna: 16:32, y el diesel: 17.35.

El senador Delgado Carrillo incluso advirtió: “La estrategia de la Secretaría de Hacienda ahora es subir de poco a poco la gasolina, para que no nos demos cuenta”.

Y remachaba: “Hemos oído en muchos spots el Gobierno no tiene que ver con el aumento. Si así fuera realmente, entonces estaría bajando, porque simple y sencillamente el precio regulador internacional ya bajó”.

Estos comentarios de Delgado y de Herrera fueron en lo individual. Para las dos Cámaras federales, este asunto del gasolinazo pasó de noche: No fueron incluidos en la orden del día de las dos sesiones ordinarias que se chutaron este jueves los plenos.

Si de veras estuvieran ejerciendo su función de contrapeso constitucional, tanto senadores como diputados tenían la oportunidad de exigir al gobierno federal que tratase de hacer honor a la congruencia y bajar las gasolinas como también ya bajó el precio referencial regulado en Texas, de donde proviene, por cierto, el 90 por ciento de las gasolinas que se importan para su consumo en toda la República Mexicana.

Tristemente diputados y senadores volvieron a hacerle al tiololo. Dejan pasar los días, en una manifiesta complicidad con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que sólo espera que la gente se canse, deje de “berrear” y se resigne y siga acatando los precios de los combustibles que le imponen a todo el país desde la Presidencia de la República.
 
ESTRIBO

Al Senado llegó ayer Gerónimo Gutiérrez, recientemente nombrado nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Cimbró a los senadores que lo escucharon: “La relación entre México y Estados Unidos de América pasa por un momento crítico y se corre el riesgo de un descarrilamiento mayúsculo”.

Se reunió con la bancada senatorial del PRD. Ahí, Dolores Padierna Luna le restregó la cobardía con que el gobierno de Peña Nieto se ha estado conduciendo con Estados Unidos, sobre todo a partir de la asunción de Donald Trump: “Parecer a veces un gobierno apanicado, como a la espera, como a ver si las cosas se componen por ósmosis, como si fuera a ocurrir un milagro”.

El pleno del Senado aprovechó políticamente la ocasión para –en el momento en que Gutiérrez se reunía con los perredistas- aprobar la creación del grupo de trabajo que dará seguimiento a la relación bilateral México-Estados Unidos.

Pero la gente en la calle, en los pueblos, en las ciudades, en la República toda, no debería sentirse satisfecha con lo que hicieron los senadores, porque dicho grupo de trabajo estará controlado por el PRI y el PAN y sólo lo integrarán los coordinadores parlamentarios. Nada que ver con el Pleno de los 128 senadores. Y cuando comparecieran los secretarios como Luis Videgaray, lo harán en comisiones, en privado; como igual comparecerá en San Lázaro, sin cámaras de por medio ni ante el pleno de los 500 diputados. Sólo entre puros alcahuetes, pretextando que podrían estar manejando información de seguridad nacional…
16 Febrero 2017 04:00:00
Ley de Seguridad Interior aletea sobre México como ave de mal fario
Todo el día la mera posibilidad de que el PRI y PAN dieran un albazo, un madruguete, con la aprobación de la ley de Seguridad Interior, provocó en los territorios de la Cámara de Diputados una expectación inusual, dentro y fuera de San Lázaro.

Fue la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la que, aparentemente, destrabó la negociación, y en voz de su presidente, el perredista Francisco Martínez Neri, informaba a las ocho de la noche que todos los coordinadores parlamentarios acordaron que “no hay ninguna prisa para sacar adelante este tema”. Y que, además, dijo Martínez Neri, “acordamos que debe haber una amplia discusión”, a la que “adicionalmente” se estará incorporando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien prometió ayer a los coordinadores de marras que se apersonará en San Lázaro el miércoles 1 de marzo, “para generar una mayor coordinación de esfuerzos”.

Martínez Neri dijo lo anterior, en conferencia, luego de que la Jucopo permaneció reunida más de ocho horas con los diputados presidentes de las comisiones que emplazadas están para dictaminar la candente iniciativa aquella: la de Comisión de Gobernación y la de Comisión de Seguridad Pública; ambas, de la Cámara de Diputados.

--¿Atenderán ustedes el llamado que hicieron organizaciones no gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de postegar la aprobación de esta ley, luego de que soltaron el rumor de que sería aprobada a más tardar a fines de este febrero? –preguntó una reportera.

Martínez Neri respondió: “No se habló de fechas. Se habló, sí, que se abriría la discusión. No hay fechas fatales. Y se abrió la posibilidad de platicar ampliamente con quienes tengan opinión sobre el tema”.

La Ley de Seguridad Interior es una suerte de noche negra que amenaza con extenderse sobre la vida de la República. Llegó al Congreso de la Unión montada en dos iniciativas presentadas, una, en la Cámara de Diputados, y otra en la Cámara de Senadores.

Una la presentó el diputado federal del PRI César Camacho Quiroz y la otra el senador del PAN Roberto Gil Zuarth y son tan semejantes como ya lo son el PRI y el PAN.

Desde que tanto el diputado priísta como el senador panista irrumpieron con sus iniciativas, un gran clamor se levantó desde diversas partes del país, rechazando y condenando ambas propuestas jurídicas, porque mucho de lo que se plantea allí es para que el ejército y la marina puedan actuar como si hubiera una guerra –aun a costa de los derechos humanos de la gente- y sin tener que dar cuentas, a pesar de que en este sexenio y el anterior, el de Felipe Calderón, han tenido un protagonismo totalmentre criminal.

Los hechos acaecidos este sexenio en Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato y en Iguala, han sido ejemplos de la brutalidad militar, a la que organizaciones civiles se oponen, junto con legisladores de Morena, Prd y Movimiento Ciudadano.

Pero además de eso, esta misma semana en San Lázaro un diputado, Alejandro Ojeda, del PRD, ha visto algo terrible en las iniciativas aquellas, que lo hacen suponer que esta prisa infame con que pretenden PRI y PAN legislar estos días, ya sería parte de algún acuerdo oscuro entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump.

En opinión de Alejandro Ojeda, la iniciativa presentada por el priísta César Camacho Quiroz de Ley de Seguridad Interior está “abriendo la puerta para que bajo el argumento de realizar un acuerdo interinstitucional, ejércitos extranjeros pudieran incursionar en México”.

Y precisaba: “La redacción de la iniciativa no expresa claramente que sea el ejército mexicano el único que actúe en las funciones de seguridad interior, lo que se puede interpretar, según los artículos 19 y 20, que se abriría la puerta a lo que se denomina grupos interinstitucionales, sin dejar claro los alcances ni los límites de estos grupos”.

Y más todavía: “se puede advertir que dicha ley permite que instituciones de la administración pública celebren acuerdos con instituciones de otras naciones, como lo podría ser un acuerdo entre el ejército mexicano y otras fuerzas armadas del extranjero”.

Otros legisladores que gritaron el martes con voz de alerta fueron Manuel Bartlett Díaz y Layda Sansores San Román, del PT, quienes dijeron: “La masacre de Tepic, Nayarit, es imperdonable e inadmisible, es exactamente lo contrario al Estado de Derecho. Utilizar armamento pesado para ametrallar una casa en medio de un barrio urbano habitado, donde hay muertos y no sabemos ni cuántos son y, donde el propio Secretario de Marina explica de una manera inaceptable que era necesario utilizar ese tipo de armas, armas de guerra para combatir tanques”.

Y apostillaba Bartlett: “Inmediatamente después el gobernador salió a justificar que en efecto eran ´malísimos todos´ y en efecto había que matarlos. ¡Ese es el proceder de los ejércitos que estén encargados de la seguridad pública! Le pido a los medios de comunicación llamar la atención sobre este tema porque ahí van a aprobar la Ley de Seguridad Interior, para convertir al ejército en una policía a la que pueden acudir el Presidente de la República y el secretario de la Defensa en el momento que quieran”.

La presión contra esta ley, ejercida desde las organizaciones civiles rendía aparentemente un fruto: el rompimiento del fast track pretendido por el PRI y PAN.

Por cierto, Martínez Neri anunció que Luis Videgaray comparecerá entre el 21 y 22 de febrero. Pero lo hará en privado, ante la Jucopo y no ante el Pleno.
15 Febrero 2017 04:00:00
Crujen PRI y PAN con las gasolinas de la frontera norte
En los territorios del Congreso de la Unión, PRI y PAN se volvieron a tomar de las manos; miraron hacia la franja de la frontera norte y entonces, los dos, se pusieron a ejecutar todo un acto de prestidigitación económica, con la que, otra vez, pretendían engañar a la gente diciendo que han exhortado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ir más allá de los tres pesos por litro con que subsidiaron la gasolina en esa parte del país colindante con los Estados Unidos, el pasado 27 de diciembre de 2016.

En la tribuna de la Cámara de Diputados, este martes 14 de febrero de 2017, priístas y panistas abofeteaban al sentido común con sus discursos, pretendiendo hacerse pasar por diputadas y diputados sensibles con una población que lacerada está por el megagasolinazo del 1 de enero. Pero además a tiro de piedra está el país de recibir el otro aumento, el del 18 de febrero anunciado.

CuAnta sensibilidad la de Yahleel Abdala Carmona, diputada del PRI, cuando posicionaba a su partido: “Les pido que apoyen este punto de acuerdo que hemos presentado; les pido que apoyen a la frontera norte de nuestro país que en estos últimos tiempos estamos viviendo momentos difíciles de incertidumbre, golpeados por muchísimos temas, la inseguridad, el dólar que genera una gran inflación, la importación de vehículos”.

Exudaba Yahleel bondad hasta por los poros: “En el mismo sentido, no podemos dejar de mencionar el tema migratorio, ante el cual, desde hace años todos los días recibimos a nuestros hermanos connacionales, enfrentando esta situación con unos recursos y con una infraestructura muy limitada. Aunado a ello, hoy se presenta otra problemática: el precio de las gasolinas en la frontera”.

Entonces citó el decreto presidencial del 27 de diciembre pasado, en el que Enrique Peña Nieto ejecutó el aumento en todo el país de cuatro pesos a los precios de las gasolinas y el diesel, que en octubre anterior estos mismos legisladores del PRI, PAN –y acompañados también por los del Pvem, Pes, Prd y Panal- habían autorizado cuando aprobaron la Ley de Ingresos para 2017.

Un decreto en el que entonces incluyeron una cláusula con dedicatoria a la franja de la frontera norte del país: Se aplicaría un subsidio de tres pesos por litro de gasolina y diesel. Es decir: En tanto que para el resto del país el nuevo Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios sería de cuatro pesos, para los de la franja solamente de 1 peso. Algo así como una diferencia entre los combustibles de Estados Unidos y de la frontera de México de 15 por ciento, cuando era del cero por ciento.

Pero, oh sorpresa para Hacienda, ni así los mexicanos de la franja fronteriza han estado comprando sus encarecidos caldos energéticos por la simple y sencilla razón de que las gasolinas del otro lado oscilan entre el equivalente a los 10 y los 12 pesos mexicanos, cuando acá andan en los 15 y 16.  

Pero además, con el agravante de que apenas el 25 por ciento de las gasolinerías fronterizas aplican el subsidio. Al Presidente Peña se le olvidó, extrañamente, poner en su decreto que el subsidio tenía que ser obligatorio.

“Hipócritas”, “Farsantes”, Restregaban a priístas y panistas, desde la tribuna, los diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y algunos del Prd. ¿Por qué no quitar el Ieps totalmente a las gasolinas y diesel en todo el país? ¿Por qué sólo en la frontera?, preguntaban éstos a los cínicos panistas y a los desvergonzados priístas.

Fue el priísta Edgardo Melhem Salinas quien dijo la cosa está que arde en cuanto a disparidad de precios entre uno y otro país. Y ejemplificó con el estado petrolero de Texas, adonde la gasolina gringa está más barata; un precio que contrasta fuertemente con el de México, teniendo como afectados principales a la gente de Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua… claro, cuando la gente no se pasa a comprarla de aquel lado.

Entonces, muy preocupado por las escasas ventas que tienen las gasolineras de este lado, en la franja, el aprensivo Edgardo urgía: “Tenemos que buscar la homologación para poder estar en condiciones igualitarias con los precios del sur de los Estados Unidos”.

Como siempre, los diputados del Panal, Pes y Pvem se pusieron de tapete para que pasara la propuesta prianista.

Pero antes, tuvieron que chutarse la argumentación de los opositores:

Vidal Llerenas, de Morena: “Nosotros queremos que efectivamente se puedan homologar los precios de Estados Unidos a la frontera norte, pero también al resto del país. Que en todo el país, cuando menos, los precios no sean más caros que en los Estados Unidos. Eso sí sería un acto de justicia para todos los mexicanos y cuando menos podemos enfrentar menores precios de las gasolinas”.

Julio Saldaña, del Prd: “Este exhorto que hace al ejecutivo o el PRI no sólo debe ser para dos estados. Que la gasolina regrese a su precio que tenía en diciembre de 2016. Si se puede en el norte, si se puede en dos estados, ¿quién dice que no se puede para el resto del país?”

Y Jorge Álvarez Máynez, del MC: “Es un engaño del PRI, que ahora quiere intervenir en el precio de las gasolinas para una región y es absurdo. ¿Por qué no mejor lo hacemos para todos los mexicanos?”

Y preguntaba al PRI y PAN: “¿Cómo van a disminuir el Ieps en una zona del país solamente. Es absurdo y cínico”…

Y así fue votado.
14 Febrero 2017 04:00:00
Debe decir Videgaray por qué lo quiere tanto Donald Trump
Como en cámara lenta, así ha reaccionado la Cámara de Diputados, ayer, cuando quienes la gobiernan –los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y Panal- por fin se han dignado en llamar a comparecer a Luis Videgaray Caso, para que informe de qué tanto habla en secreto con la administración estadounidense de Donald Trump. Y a qué está comprometiendo al país –tanto él como su jefe, Enrique Peña Nieto- con ese presidente de los Estados Unidos que no sólo no ceja en sus agresiones hacia México y los mexicanos, sino que ha comenzado a transfigurarse en la representación más descarnada del nazismo  en pleno siglo XXI.

¿De qué tanto habla Videgaray con la gente de Trump, y de qué se ríe cuando va y viene, orondo, por aquí por allá, justamente cuando Trump vuelve a golpear al país?

Ayer, Trump recibió en Washington al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Allí, el presidente de los Estados Unidos recibió al canadiense con una actitud de “amigos históricos”, y prometió que refrendarán su relación comercial.

Nada que ver con la forma absolutamente agresiva con que se refiere a México y los mexicanos. “Tenemos una relación extremadamente injusta”, ha reiterado Trump. “En la frontera sur, por muchos años (con México), la transacción no fue justa para Estados Unidos”.

El nombramiento que hizo Enrique Peña Nieto en la Secretaría de Relaciones Exteriores, colocando a Luis Videgaray Caso en lugar de Claudia Ruiz Massieu, causó en la población de México ira y una gran ola de exaltación. No pasaron muchos días para que se supiera lo que todo mundo sospechaba: que el nombramiento fue exigido por el mismo Donald Trump desde la primera conversación que sostuvo telefónicamente con Enrique Peña Nieto.

La tragedia de México no tiene parangón. En este que es el momento más terrible, grave y peligroso de su historia en 100 años, está representado por dos individuos que han dado muestras de inmoralidad y de total ausencia de amor a la Patria.

Cuando uno y otro dicen que defenderán al país su soberanía y a su gente, ponen a temblar a la República.

A Peña lo acusan de traición a la Patria desde que comenzó su sexenio, y junto a él siempre ha permanecido Luis Videgaray Caso.

El primer gran golpe al país fue el día en que, a través de Manlio Fabio Beltrones (octubre de 2012, en días de víspera del ungimiento de Peña), presentó al Congreso una reforma constitucional para permitir la privatización de las costas y playas del país.

Virtualmente todos los terrenos costeros de las dos Baja Californias ya están comprados por estadounidenses. Y también grandes extensiones de franjas costeras en el resto del país.

Desde entonces, Peña y Videgaray abrieron la puerta del país para que hombres voraces del sector de los bienes raíces como Donald Trump llegaran a sentar sus reales en México. Hombres con una terrible voracidad sólo vista en individuos mexicanos como ahora el país está padeciéndolos: el mismo canciller infausto y el actual presidente de la República.

Otro acto de traición a la patria ha sido la entrega del petróleo a compañías trasnacionales; una entrega que responde en realidad –ha denunciado reiteradamente Manuel Bartlett - a los intereses geo políticos y militares de los Estados Unidos.

Claro que se entienden. Donald Trump lo dijo ayer, cuando conferenciaba con el canadiense Trudeau: “Lo volveremos un acuerdo justo para los dos partes”, dijo Trump respecto de la relación comercial entre Estados Unidos y México a través del Tratado de Libre Comercio. Y decía, ahora en alusión a Videgaray y a Peña Nieto: “Pienso que nos vamos a llevar muy bien con México. Ellos (sic) entienden y nosotros entendemos”…

Cuando Trump y los hombres de su gabinete conversan con los representantes del gobierno canadiense, lo hacen públicamente. Hace unos días apenas, la canciller canadiense Chrstya Freeland, dijo a su homólogo estadounidense Rex Tillerson algo bien clarito: Si ellos ponen aranceles, Canadá se los pondrá también.

Pero cuando Tillerson ha recibido a Videgaray, ya dos veces desde que asumió el poder Trump, el pasado 20 de enero, esas dos ocasiones nada absolutamente se ha sabido de lo que hablan.

Videgaray ha asumido un papel vergonzante sin precedente. Cada que se reúne con ellos, siempre en secreto, coloca a México en situación de total humillación ante los Estados Unidos. Actúa, ni más ni menos, como representante de un país invadido. Ante el invasor. Todo en él causa furor y mucha indignación en México. Su tono de voz, sus inflexiones. Su rostro rezumante de arrogancia, como si estuviera ganando algo que el país no conoce y que un día se lo agradecerá. Videgaray es una auténtica ave de las tempestades.

De modo inaudito –cosa que no permitió Canadá, al parecer-, el canciller y su jefe, Peña, aceptaron una condición totalmente humillante para México: El secretismo en las conversaciones.

No es gratuito que opositores en el Congreso mexicano sospechen que uno de los compromisos de Luis Videgaray es la aprobación pronta de aquella ley que estará convirtiendo al país en una virtual dictadura.

Decía ayer Alejandro Ojeda, diputado perredista, que “es necesario que el canciller Luis Videgaray Caso informe sobre los acuerdos que se han realizado con Estados Unidos, ya que la Ley de Seguridad Interior podría ser parte de esas negociaciones que nadie conoce y, por obviedad de razones,  el pueblo de México de ninguna manera respaldaría”.

Cuando comparezca Videgaray, debe revelar por qué lo quiere tanto Donald Trump.
10 Febrero 2017 04:00:00
Los 100 años de soledad de la Constitución mexicana
El Senado de la República, en sesión solemne, conmemoró ayer el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. ¿Qué dijeron? Dos oradores de peso completo concentraron la argumentación:

Enrique Burgos García, senador del PRI: “En el crepúsculo de 1916, la ciudad de Querétaro, entonces declarada capital de la República, entre asombrada y expectante, recibía un puñado de mexicanos que provenían de todos los confines del país; no eran combatientes, eran hombres de paz, dispuestos paradójicamente a librar una batalla con el pensamiento y con la palabra libre; pluralidad de voces de un pueblo fatigado de tanto abrazo mortal.

“…Lo que resultaría de aquella asamblea plural, era impredecible, pero todos radicales, moderados, equilibristas, coincidían en poner fin a la lucha armada y sin celar un horizonte de largo aliento para la nación.

“…Durante meses, aquella asamblea fue un incendio de pasiones, debates y serenas reflexiones que se resolvía en un documento, el más avanzado de su tiempo, síntesis de la historia patria, de sus aspiraciones diversas, de lo viejo y de lo nuevo.

“… La Constitución que hoy conmemoramos fue, en esencia, un gran acuerdo, sin duda el más importante acuerdo de nuestra historia.

“En este Senado republicano seamos también capaces de diseñar y construir el entendimiento y el acuerdo para, en lo fundamental, cimentar un gran acuerdo por la unidad nacional, ese será el mejor homenaje a nuestra centenaria Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

…“Nuestra Constitución no ha envejecido, sus principios perviven aunque las formas de asegurar su cumplimiento cambien; es la nuestra una Constitución viva y dinámica, es la síntesis de las reivindicaciones que demandó la revolución social, la Revolución Constitucionalista y el Ejército Constitucionalista del que hoy son dignas herederas nuestras Fuerzas Armadas”.

Manuel Bartlett Díaz, senador del PT: “Esta sesión solemne conmemorativa del Centenario de la Constitución de 1917 puede constituir un reconocimiento al extraordinario proceso de concreción de las demandas de las clases populares combatientes... O como ocurrió en el Teatro de la República el día 5, con la simulación ideológica del Ejecutivo, la más impúdica y falsa presentación como heredero de esa gesta histórica y de su proyecto de Nación en búsqueda de una legitimación que zozobras no generen.

“Aquí, precisamente aquí en este salón, se ha producido en cuatro años la más profunda contrarreforma constitucional, las reformas estructurales en un proceso inverso al de la revolución, el acuerdo popular del PRI, PAN y PRD con el Ejecutivo, que anuló la división de poderes, y el Judicial omiso en exigir constitucionalidad al Congreso.

“Acuerdo antidemocrático traiciona respectivos electorados bajo la tutela de organismos internacionales, particularmente la OCDE, contubernio que conformó una mayoría ficticia, ilegítima, que facilitó el injerto constitucional de textos antitéticos a los valores esenciales de 1917, diciéndose falsamente: continuadores del proyecto nacional trastocado.

… “En el sexenio de Salinas, liberalización del régimen jurídico de la tierra, del sentido social y nacional de la educación, de las relaciones Iglesia-Estado, la soberanía y autodeterminación económica del país fueron sustituidas por principios y reglas constitucionales que han minado las bases del Estado-nación y del estado de bienestar.

“La Élite política y económica aceptó sin condiciones el modelo neoliberal impuesto. Correspondía, creyeron, a sus intereses oligárquicos.

“De Zedillo a Calderón se acentúo la visión neoliberal y el desmantelamiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, gobiernos que vulneraron sistemáticamente la independencia nacional.

“El Estado mexicano ha cedido soberanía económica, política y jurídica al exterior, vía acuerdos comerciales y peligrosamente de seguridad nacional.

“México es hoy severamente dependiente, y los derechos sociales en vías de extinción: Se privilegia a la educación privada sobre la pública; se alienta el outsourcing. Los sindicatos independientes son debilitados. Se privatiza la electricidad, hidrocarburos, agua, costas y playas, los espacios públicos y comunes en las urbes. La brecha de desigualdad social se extiende y millones de jóvenes carecen de esperanza sin acceso a educación y al empleo.

“Las reformas estructurales han conformado un régimen político económico y jurídico, es elitista y extranjerizante.

“Las reformas constitucionales educativas, fiscales, electorales, energéticas, penales, etcétera, son la antítesis de la letra y espíritu de la Constitución de 1917.

“Hoy, merced a continuidad del Pacto por México, el Congreso, este Senado, obsecuentemente legisla conforme a la voluntad del Presidente, y este a su vez conforme a los intereses del Gobierno norteamericano y los mandatos inviolables de los organismos internacionales.

“El Poder Judicial deviene en una salvaguarda del régimen neoliberal.

“Se destruye el federalismo, aquí en este recinto, el federalismo, concentrando al poder en el Presidente que acata la recomendación externa de la militarización del país, militarización del país, realidad atroz, que con su letalidad pulveriza la vida de miles de mexicanos, y amenaza hoy con nuevas legislaciones para el futuro.

“La oligarquía nacional celebra las reformas estructurales como modernización que nos permiten, dicen ellos, el entendimiento con el primer mundo y los organismos internacionales.
09 Febrero 2017 04:00:00
Aplicación de la “ley del talión” a USA, plantea el Congreso mexicano
Con el foro denominado Escenarios y Prospectivas de la Relación México-Estados Unidos, por fin la Cámara de Diputados se ha acercado a su papel de revisora de la situación apremiante por la que atraviesa el país, y, en voz del priísta Víctor Manuel Giorgana Jiménez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ha propuesto que junto con la Cámara de Senadores graven exactamente igual las utilidades de compañías norteamericanas avecindadas en México, si el Congreso norteamericano grava con 2 por ciento las remesas que envían trabajadores mexicanos a sus familias de México.

Tampoco se ha caracterizado la Cámara de Diputados por su función de control político. A pesar de lo que planteó en el foro de marras –la aplicación inmediata de la ley del talión a Estados Unidos-, continúa viéndose frenada, como esperando que le dicten línea desde los territorios del Ejecutivo Federal, cuyo canciller, el de inexplicable proceder en múltiples ocasiones, Luis Videgaray Caso, se ha reunido en Washington con los equivalentes mexicanos de Relaciones Exteriores y de Gobernación (los titulares de la Secretaría de Estado y de la Seguridad Interna de los Estados Unidos).

La Cámara de Diputados, hasta el momento, nada se ha atrevido a exigir a Luis Videgaray y a Enrique Peña Nieto que informen pormenorizadamente sobre los acuerdos en secreto que han estado amarrando con la administración de Donald Trump.

Apenas un esbozo de ejercicio de su función de contrapeso constitucional. En el foro de marras, al que asistieron diputados de casi todos los partidos políticos, así como académicos, Giorgana –voz cantante en el evento, por su condición de diputado del partido en el poder y por ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados- insistió, siempre en alusión a Trump: “Estamos para generar sinergia entre la sociedad y los representantes políticos y empresariales, a fin de defender los intereses de México. En eso los diputados tenemos bien puesta la camiseta”.

La “ley del talión” se paseó, fantasmalmente, sobre el foro. El diputado del PRD Agustín Basave Benítez, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo: “Al bullying ejercido por Estados Unidos no se le enfrenta con apapachamientos y apaciguamiento sino con fuerza. Y México tiene cartas para lograrlo con una postura firme”.

Basave apostilló: “México no está en la indefensión; puede hacer muchas cosas. Pero nada de eso va a ser posible mientras se tenga la actitud de miedo, sumisión e inseguridad que ha tenido la Cancillería mexicana. Tiene que haber un cambio inmediato en la Secretaría de Relaciones Exteriores para tener la firmeza, fuerza, capacidad y dignidad que enfrente un enemigo de este tamaño”.

Barbotó en el foro como un lastre de la actual política exterior mexicana la enorme cobardía e incompetencia con que se mueve el actual canciller, Videgaray, a quien no lo defienden ni los priístas, que sólo optan por quedarse callados cuando la oposición se pone a golpear severamente al hombre de Enrique Peña Nieto en el despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Incluso, Basave ha propuesto, dentro del marco de esa “ley del ojo por ojo, diente por diente”, lo siguiente:

Uno. “Revisar la costosa cooperación en narcotráfico y migración, vital para el vecino país, ya que el gobierno mexicano le hace el trabajo sucio en ambos casos a Estados Unidos, al detener a migrantes centroamericanos y en la guerra contra el narcotráfico, nosotros ponemos los muertos y ellos a los drogadictos”.

Dos. Impulsar una agenda propia con temas de interés nacional y aceptar las propuestas estadounidenses, sólo previa negociación”.

Tres: “Obstaculizar la construcción del muro en instancias jurídicas internacionales, a través de la litigación ante órganos internacionales y saturar las cortes norteamericanas con asuntos de migrantes que no quieren salir de ese país”.

Martha Cristina Jiménez Márquez, panista, presidenta del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, lanzó una advertencia: “No hay presupuesto para afrontar las deportaciones masivas de mexicanos y, tampoco, la capacidad suficiente para reinsertarlos social y laboralmente, ni cómo regresarlos a su lugar de origen en caso de que los deportados no vayan a ser mexicanos”.

Dijo también: “El muro no es sólo una estructura física, sino un símbolo político que nos divide, nos afecta y nos distancia en nuestras relaciones sociales, comerciales y políticas”.

A propósito de deportados, aquí mismo, en San Lázaro, durante una reunión que sostuvo con la Comisión de Asuntos Migratorios, la Coordinadora Nacional de la Estrategia Somos México, Gabriela García, dijo que durante enero pasado el gobierno de Estados Unidos deportó 13 mil personas indocumentadas.

Y añadía: “El tema de la repatriación de mexicanos no es nuevo; no es un tema que surgió en la presidencia de Trump. La política migratoria de Estados Unidos siempre ha sido la misma. El año pasado se repatriaron 217 mil 389 personas”.

Gabriela García dijo también a los diputados que México –o sea el Instituto Nacional de Migración- recibe a los repatriados en los siguientes puntos del país: “Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

Ayer, en San Lázaro prevalecía la convicción de que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá ya se perdió. Pero Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la esperanza de que continúe todavía la tiene. Y, a contrapelo de quienes afirman que llegó la hora de que México vea hacia su mercado interno, sostuvo: “Necesitamos permanecer en el modelo de apertura para atraer inversiones”.
08 Febrero 2017 04:00:00
Danzón dedicado a servidores públicos que ayuden a evasión de reos
La Cámara de Diputados ha reformado el Código Penal Federal. El propósito: Incrementar de cinco hasta 20 años la inhabilitación para todo aquel servidor público que coadyuve en la evasión de algún detenido, procesado o condenado.

Los artículos reformados son el 150 y 160 de la ley de marras. Fue por unanimidad. La parte sustantiva de la modificación consiste en establecer que “cuando algún miembro de una asociación o banda delictiva, de tres o más personas, sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial o si pertenece a las fuerzas armadas mexicanas en situación de retiro, reserva o en activo, además de las penas establecidas, serán inhabilitados para desempeñar cargo o comisión públicos por un periodo que podrá ser hasta de 20 años también”.

He aquí la argumentación desde la tribuna, de todos los grupos parlamentarios:

Álvaro Ibarra Hinojosa, diputado federal del PRI (Nuevo León): “Nada daña más la gobernabilidad democrática de un país que la acción deshonesta de un servidor público, pues ello debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

“Dichas propuestas son inhabilitar hasta por 20 años al servidor público que favorezca la evasión de algún detenido, procesado o condenado; y asimismo al funcionario que, perteneciendo a alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas, forme parte de una asociación delictuosa”.

Carmen Campa Almaral, de Nueva Alianza: “La fuga de reos deja al descubierto, no solo la complicidad de servidores públicos de diversas instituciones de seguridad y de procuración de justicia, sino también el grave problema de corrupción que se vive en el sistema penitenciario, además de que evidencia formas profundas de deficiencias estructurales de la justicia mexicana, por lo que resulta necesario y conveniente fortalecerlo”.

Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano: “Por supuesto que combatir la impunidad debe ser el gran reto que debemos tener todos. Pero sí queremos decir que el nuevo sistema de justicia penal no va en dirección de incrementar penas, incrementar penas implica ir en contra y contrario a lo que se ha establecido en el nuevo sistema de justicia penal”.

Alfredo Basurto Román, de Morena: “Es una ley muy al vapor. Se está abusando del procedimiento parlamentario. Si no mal recuerdo, el pasado 17 de noviembre del año próximo pasado, se reformaron los artículos 153 y 154 y se derogó el 151 del ordenamiento penal federal, ya invocado.

“En tales reformas se aprobó, incluso por esta soberanía, por 392 votos, donde se ponía una pena de 8 a 12 años de prisión para aquellos funcionarios y cuerpos policíacos que ayudaran y que fueran parte o cómplices de los ilícitos de evasión de presos.

“Después, no pasan ni tres semanas, cuando el pasado 16 de diciembre de 2016, se nos presenta el dictamen que hoy se va, en un momento dado, a someter a votación, donde se reforma el 150 y 164 del mismo ordenamiento penal federal.

“Es decir, primero lo reformamos para incrementar de 8 a 12 años, y hoy con esta iniciativa que se está presentando se incrementa a 20 años, como que vemos que en esta legislatura o concretamente en la Comisión de Justicia, creemos que con el incremento de las penas a los delitos se va a disuadir la comisión de los mismos, y tenemos por experiencia y la historia en el país nos dice todo lo contrario. Es decir, no porque incrementes la pena quiere decir que vas a erradicar la comisión de los delitos”.

José Alberto Couttolenc Buentello, del PVEM: “El presente dictamen cumple con la intención del legislador de fortalecer las instituciones de seguridad pública mediante la actualización del Código Penal Federal”.

Arturo Santana Alfaro, del Prd: “Inhabilitar por 20 años, después que está establecido de cinco años la inhabilitación actualmente en el Código Penal, nos parece un acto de verdadero populismo penal. Creo que como lo han dicho algunos compañeros, compañeros que me han antecedido en el uso de la voz, debemos de cuidar esta manera de dictaminar en la comisión.

“Partieron del escenario coyuntural de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán que por cierto, al ser recapturado se olvidaron de cuestiones trascendentales para este país, se olvidaron de darle continuidad a la investigación para llegar hasta el fondo y definir y procesar a quienes verdaderamente fueron culpables”.

El Pan en voz de José Hernán Cortés Berumen: “Vemos favorable que se impongan sanciones ejemplares a aquellos servidores públicos que infrinjan la ley. Se deben buscar mecanismos para disminuir al punto de la extinción los incentivos que orillan a delinquir a los servidores públicos”.

Y cerró el Pri con Edna Ileana Dávalos Elizondo: “Votaremos a favor del presente dictamen para que, tratándose de servidores públicos, independientemente de la pena privativa de libertad, se les destituya de su empleo e inhabilite hasta por 20 años para obtener otro cuando propicien la evasión de algún detenido procesado o sentenciado, sean o hayan sido miembros de alguna corporación policial o de la Fuerzas Armadas mexicanas y participen en una asociación delictuosa”.

Aprobado el dictamen, se le turnó al Senado para la continuación de su proceso legislativo.

ESTRIBO
¿Y qué han dicho los diputados federales respecto de la bronca con Donald Trump? Nada. Ni en lo individual ni en lo colectivo. Es una Cámara que, a ultranza, permanece a la sombra del Presidente de la República. Ciertamente no comparten los diputados, con los senadores, la facultad de revisar la política exterior. Pero sí la deberían comentar. Optaron por seguir haciéndose los tiololos solos.
07 Febrero 2017 04:00:00
Crece en todo el país la rebelión contra el megagasolinazo
Conforme las protestas contra el gasolinazo se hacen mayores en todo el país, el silencio que guarda el Congreso de la Unión en torno de ellas escuece más en la República, porque siendo los diputados y senadores los supuestos representantes de la nación, no han hecho más que exhibirse como unos simuladores, que en lugar de apoyar decididamente a los ciudadanos que dicen representar, solo aciertan a seguir actuando de acuerdo con los intereses del reducido grupo político y económico que controla a la institución presidencial.

El artículo 51 constitucional dice que los diputados federales -y se infiere que también los senadores- son representantes de la nación. No dice que sean representantes de sus partidos políticos, ni de los empresarios o poderes fácticos –legales o ilegales- que los llevaron a las curules o escaños mediante inyecciones de dinero en sus campañas, muchas veces de manera oscura. O representantes de los electores de sus respectivos distritos. No. Dice la Carta Magna que son representantes de la nación. Y, por lo tanto, deberían estar obligados permanentemente a responder a los intereses de la mayoría de la gente.

Este gasolinazo marca diablo que llevó el precio de las gasolinas y el diesel a ir más allá de los 18 pesos el litro, fue propuesto al Congreso de la Unión el pasado 6 de septiembre de 2016 por el presidente Enrique Peña Nieto, en lo que entonces fue su propuesta de Ley de Ingresos 2017.

El 20 de octubre, la mayoría de la Cámara de Diputados conformada por diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y Panal, votó en favor de la propuesta de Peña Nieto. Y 10 días después, en el Senado, esa otra mayoría infame conformada por los senadores del PRI, PAN, un sector del PRD, Panal y PVEM, refrendaron lo que habían aprobado los diputados.

Durante esos dos momentos del proceso legislativo, en una y otra cámaras, los opositores de Morena y Movimiento Ciudadano explicaron claramente a aquellas dos mayorías legislativas que la inserción del 37 por ciento del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Ieps) –como lo proponía Peña Nieto- iba a significar a partir del 1 de enero de 2017, cuando estuviera aplicándose, un auténtico hecho criminal contra la población mexicana.

Pero les valió olímpicamente madre a estos próceres del PRI, PAN, PRD, PES, Panal y PVEM, y votaron en favor de aumentar cuatro pesos al precio de las gasolinas y diesel, por concepto del IEPS, un impuesto incorporado al IVA, para dar ambos a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público poco más de cinco pesos por cada litro de combustible.

El enjaretador del aumento fue ese gran héroe nacional que ahora nos representa ante el leviatán Donald Trump, Luis Videgaray Caso, cuando este era todavía el secretario de Hacienda y Crédito Público, avalado por supuesto por Enrique Peña Nieto.

Ahora que ven que la gente en todo el país está bastante soliviantada. Y que ha comenzado a protestar de manera masiva en el país, a pesar de que el gobierno intentó los primeros días de enero intimidar con la infiltraciones de saqueadores en las movilizaciones (saqueadores que respondían, al menos en el estado de México y en Puebla, a las siglas de Antorcha Campesina, ese grupo sucio y violento que invariablemente responde a los intereses del PRI), de pronto han comenzado a pretender enarbolar los reclamos.

Suena lógico que lo intenten los partidos que se opusieron desde un principio al megagasolinazo. Sería un gesto de congruencia política el de ellos. Pero que lo esté intentando el PRI y el PAN y el resto de partidos que votaron en favor del aumento de marras, no tiene… nombre.

Todos estos que votaron en pro de los cuatro pesos del IEPS, deben a la población una megadisculpa por haber interactuado con Peña Nieto de esa manera tan brutal como lo hicieron. No lo han hecho. Al contrario, han estado tratado de transfigurarse en aquellos cabrestos que pretenden meter al corral a los toros bravos que se han escapado.

El gobierno de Peña Nieto, tan dado a la mentira y al engaño, ha pretendido ahora desflemar las movilizaciones antigasolinazo –lo intentó ensuciando las movilizaciones filtrando a delincuentes para que estos saquearan e indujeran a despistados pobladores a que los siguieran- con la posposición 15 días de los incrementos de precios de gasolinas.

Según el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre, el incremento de los cuatro pesos tendría que ocurrir el 1 de enero, y como sucedió. Y otros, los días 4 y 8 de este febrero en curso; de dos pesos cada uno, para que el precio rozase entonces los 22 pesos el litro. Y a partir del 18 de este mes, estaría ocurriendo un deslizamiento diario hasta finalizar el mes, que en los territorios del Congreso presumían que estarían acercando el precio a los 24 pesos le litro.

Cuando entraba febrero, el Pri andaba de hipócrita y cínico dizque defendiendo a la gente contra el gasolinazo. Venía el pretendido engaño, y lo pospusieron.

¿Quién les cree? No al menos mucha gente que sigue movilizándose. Movilizaciones en todo el país crecen contra este ejercicio envilecido del poder. De este domingo, para acá, hay ciudadanos movilizados en las calles de Acapulco, Cancún, San Luis Potosí, Veracruz, Tijuana, Cuernavaca, Querétaro, Guadalajara, Hermosillo, Morelia, Pachuca, Oaxaca, Chihuahua capital, Ciudad Juárez, Amozoc, Puebla, Toluca, Valles, Cadereyta, Tabasco, Monterrey, y, ayer, en Ciudad Madero, Tamaulipas. ¿Alguien más?
04 Febrero 2017 04:00:00
“Si las gasolinas bajaron en Texas, tenían que bajar en México también”
El congreso mexicano bifurcó este viernes su reacción en torno de la decisión del Gobierno federal de posponer sólo 15 días los anunciados incrementos de los precios de las gasolinas en febrero.

Por un lado, hubo quienes se congratulaban con la determinación oficial. Pero hubo quienes calificaron la medida de una burla para la población, una farsa, una medida reaccionaria simplemente y no de fondo.

¿Quiénes felicitaban al gobierno por haber postergado 15 días los gasolinazos programados para el 4 y 8 de febrero? Por supuesto el PRI y sus apéndices legislativos Pvem, Pes y Panal. ¿Y quiénes fueron los que criticaron esta postergación de los agobiantes precios de los energéticos? Fueron diputados de Morena, Pan, Prd y Mc.

El gobierno de Enrique Peña Nieto dio a conocer el 27 de diciembre pasado un calendario de incremento de precios de las gasolinas: A partir del 1 de enero, tanto la Magna, la Premium como el diesel, sus respectivos precios estarían subiendo casi cuatros pesos.

Dichos aumentos corresponderían con la entrada en vigor del nuevo Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Ieps) que los diputados federales del Pri, Pan, Prd, Pvem, Pes y Panal acordaron enjaretar al precio de los energéticos a partir del primer día del año en curso.

Con los casi cuatro pesos del Ieps más el casi un peso del Iva, por cada litro de gasolina o diesel la Secretaría de Hacienda le corresponderán cinco pesos, lo que confirma la veta inmensa de dinero que encontró, a flor de suelo, el gobierno desde los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, quien a partir de 2007 comenzó a deslizar hacia arriba el precio de las gasolinas, que entonces la más cara, la Premium, no iba más allá de los siete pesos el litro. Y poco más de cinco pesos el precio del litro del diesel.

Pero en esto que la generalidad de la población ha dado en apodar el megagasolinazo, en realidad fue ese “gran servicio a la nación” que hicieron los diputados federales de esos seis partidos políticos el 20 de octubre de 2016, día de la aprobación en San Lázaro de la Ley de Ingresos de la Federación para su ejercicio 2017. Incremento que 10 días después, el 30, los senadores del Pri, Pan, Pvem y Panal lo
refrendaron.

Causó tal furor en la gente este incremento, por su vileza y muy poca madre, que los diputados que lo aprobaron –del Pri, Pan, Prd, Pvem, Panal y Pes- ahora haciendo gala de desmemoria y cinismo se vanaglorian que el Gobierno lo frena 15 días, como si en realidad lo estuviera acotando para siempre.

En el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal dijo que quedaba nulificado el aumento programado del 4 de febrero, para que continuaran en vigor los precios establecidos el pasado 1 de enero.

Se afirma en el Diario Oficial que el precio de las gasolinas se estacionará hasta la madrugada del 17 de febrero. Y quedarán así: Magna, 15:99 pesos; Premium, 17.79, y el diesel en 17.05.

Esto dice el gobierno en el diario oficial de marras, pero en los hechos, en las gasolinerías las cosas son diferentes: En la inmensa mayoría de gasolinerías de la ciudad de México, el precio de los tres combustibles es 20 centavos mayor que el referido por Hacienda.

Ayer, en el periódico oficial del Estado mexicano, el gobierno provocó una gran polémica cuando dijo los motivos por los cuales supuestamente le permitieron frenar 15 días el aumento de los precios de marras.

La Secretaría de Hacienda expresó que el subsidio para la gasolina Magna pasó de 1.12 a 1.77 pesos, en tanto que la Premium, de .05 centavos a 15 centavos; y el diesel de 1.15 a 1.60 pesos.

En un video subido a su página digital, el senador del grupo parlamentario Morena Mario Delgado, dijo: “Ahora resulta que se volvieron buenos… El Gobierno federal acaba de anunciar que este 4 de febrero no habrá incremento a las gasolinas. Pero otra vez nos están viendo la cara. Peña no se cansa de decir que aumentó el precio de la gasolina en los Estados Unidos y que el dólar también subió. Sin embargo, en lo que va de este mes de enero, el precio referencial de la gasolina en Texas ha bajado, y el dólar está prácticamente igual que el 1 de enero.

“Usando los cálculos de la Secretaría de Hacienda, la gasolina debió haber bajado por lo menos un peso por litro. Lo que está haciendo (Peña Nieto y el PRI) es cambiar de estrategia. A partir del 18 de febrero, todos los días van a incrementar el precio poco a poquito, para que la población ya no se dé cuenta”.

En opinión de Mario Delgado, el frenón parcial se debe a la movilización social; pero ahora sólo fintan “y no le van a parar, a menos que la población siga organizándose y movilizándose”.

Los diputados del PRD, en voz de Francisco Martínez Neri, su coordinador, sostuvieron que “sólo beneficiaría si el aumento parara definitivamente”.

Más tarde, la presidenta de ese partido, Alejandra Barrales daba una mejor explicación: “Es una medida reaccionaria (el frenón parcial del precio) y no una estrategia de fondo”. Y alertaba a la población “a no dejarse confundir”, y a no olvidar que con el gasolinazo de enero “vinieron muchos aumentos: Gas, luz, precios de alimentos, afectando gravemente la economía de millones de familias”.
Y el apostille de Barrales: “No es un favor posponerlo”.
03 Febrero 2017 04:00:00
Febrero 2 de 1848 y febrero 2 de 2017… ¿una infeliz coincidencia?
Dos frases de Donald Trump en la conversación del 27 de enero, que sostuvo con Enrique Peña Nieto, están calando sin lugar a dudas en todo el territorio nacional hasta el tuétano. Que el Ejército mexicano “está asustado” a la hora de combatir a los “hombres malos”, en alusión a los narcotraficantes; pero –acotó Trump restregándoselo a Peña– sus soldados no tienen miedo y los enviaría a México para combatirlos.

México y Estados Unidos se metieron en un tobogán. Tan pronto una periodista mexicana (Dolia Estévez) dio a conocer una partecita de aquella conversación, en el portal noticioso Aristegui Noticias, seguida por la agencia estadounidense de noticias AP y luego por The New York Times, el país se adentraba este jueves 2 de febrero de 2017 por el recodo de un camino desconocido y peligroso.

Lo que dijo Trump a Peña Nieto de que podría intervenir militarmente en México, ha sido –en opinión del senador Manuel Bartlett Díaz– “lo más grave que nos ha sucedido en muchos años”.

Cuando ayer, 2 de febrero, el Congreso mexicano se partía en dos (PRI y PAN sólo aceptan que el Ejcutivo informe a la Comisión de Seguridad Nacional, pero PRD, Morena y PT exigen que informe a todo el país), súbitamente aquella efeméride barbotó, tallando aquella herida sangrante de casi dos siglos.

Ayer se cumplieron exactamente 169 años –2 de febrero de 1848– en que los Estados Unidos, mediante una guerra desigual e injusta, despojó a México el 55 por ciento de lo que entonces era el territorio mexicano.

Se adjudicaron, en lo que la historia del mundo ha juzgado como el más grande robo que han perpetrado los estadounidenses en toda su historia, más de dos millones de kilómetros cuadrados, sobre los cuales posteriormente, entre 1850 y 1910, fueron afincados los estados de California, Colorado, Wyoming, Oklahoma, Kansas, Nevada, Utah y Texas, por supuesto.

Y en 1852, bajo la amenaza de otra invasión, fueron comprados territorios identificados en México históricamente como la “venta de la mesilla”, sobre la cual ahora están los estados norteamericanos de Nuevo México y Arizona.

Los gringos, eN de febrero de aquel 1848, dispusieron que debían (ellos solitos se “castigaron) pagar 15 millones de dólares a México, como indemnización de guerra, a cambio de quedarse con más de la mitad del territorio nacional. En 1852 pagaron por la Mesilla otros 10 millones de dólares.

Fue aquel despojo una vileza tan grande, que durante años en las universidades mexicanas se ha debatido si México no tendría que demandar un juicio ante instancias jurídicas internacionales por la recuperación de aquel territorio, bajo la argumentación de que son territorios mexicanos ocupados por los gringos.

Sería una verdadera locura, dadas las actuales condiciones políticas, económicas y militares de estos dos países. De hecho, esta posibilidad de demanda ni la piensan los gobiernos mexicanos, emanados de un sistema político absolutamente sometido y subordinado al sistema político de los Estados Unidos prácticamente desde la segunda mitad del siglo XIX.

El tratado de paz firmado entre México y Estados Unidos el 2 de febrero de 1848 tuvo el nombre de Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que firmaron Luis Cuevas, Miguel Atristain y Bernardo Couto por México, y Nicholas Trist por Estados Unidos, en representación, los primeros, del entonces presidente interino mexicano (oh, casualidad infame: Qué apellidos) Manuel de la Peña y Peña y, este último, por el entonces presidente de los Estados Unidos, James K. Polk.

Mientras Wilfield Scott ocupaba Palacio Nacional con sus tropas, aquellos firmaban el tratado, denominado así porque lo negociaron y suscribieron nada menos que en el altar mayor de la basílica de Guadalupe (como se ve, los gringos no respetaron ni a la Virgen de Guadalupe, el emblema nacional más sagrado que ha tenido México), a la que entonces se le conocía como Basílica de Guadalupe de la Villa Hidalgo.
 
ESTRIBO

Febrero 2 de 2017. Ciento sesenta y nueve años después, un presidente norteamericano ha amenazado con invadir militarmente al país. Aparentemente reculaba es jueves 2, diciendo en Washington a través de un ujier sólo hablaba “coloquialmente”. Es decir, bromeaba con Peña Nieto.

Pero Peña Nieto calla y ha insistido en ocultar y mentir. Ya lo desmintieron reiteradamente, cuando afirma a través de sus peones que dicha conversación nunca ocurrió así, como la presentó Dolia Estévez, AP y The New York Times, escalonadamente; al contrario, ha dicho, transcurrió en los mejores términos: Armonía y respeto.

Por cierto, en víspera de esta efeméride, que sin duda los estadounidenses no olvidan como aquí sí han tratado de que a la población se le olvide, ocurrieron –además de la madriza que dio Trump por teléfono a Peña– dos hechos más que colocan a México en situación de grave peligro:

Uno. Luis Videgaray Caso, el canciller mexicano al que la oposición acusa de gran traidor a la patria y que fue impuesto en la cancillería por exigencia de Trump a Peña, se reunió intempestivamente en Tapachula, Chiapas, este lunes, con los jefes de los cuerpos de ejército norteamericano denominados Comando Norte y Comando Sur, así como con la embajada de ese país en México. Y nada de lo que acordaron ha dicho el gobierno mexicano.

Y dos: este miércoles 1 de febrero, sobrevolaron la frontera con México el secretario de Seguridad de Estados Unidos, John Kelly, y el gobernador de Texas, Grez Abbott. ¿Por qué? Nada dice el gobierno mexicano. Como tampoco, hasta el momento, nada han dicho los secretarios de la Defensa y de Marina mexicanos, sobre lo que Trump les dijo “coloquialmente”, de que los soldados mexicanos “están asustados”...
02 Febrero 2017 04:00:00
Estados Unidos en los tiempos de Carranza y en los de Peña Nieto
La Cámara de Diputados sesionó ayer, por primera vez en este periodo ordinario de sesiones de febrero-abril. Lo hizo remecida por ese remolino de acontecimientos históricos totalmente infaustos que se ha levantado sobre la República.

Las amenazas desquiciadas de Donald Trump sobre un México agobiado por la debilidad insultante de su Presidente. La actuación de un Gobierno federal que clama por la unidad de los mexicanos al mismo tiempo que los agravia, como nunca antes, con el megagasolinazo, derivado de una reforma energética inobjetablemente entregada a los intereses norteamericanos. La crisis de confianza de la población sobre Enrique Peña Nieto, cuyos niveles de aceptación están en los 11 puntos… todo esto, y más, fue el contexto en que ayer los diputados se pusieron a comentar sobre los primeros 100 años de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, un centenario que habrá de cumplirse el próximo día 5 de febrero de 2017.

Fue María Guadalupe Murguía Gutiérrez, diputada federal del PAN, quien hizo la conexión histórica más precisa de los tiempos del nacimiento de la Constitución mexicana con los tiempos de hoy, en los que México enfrenta –como hace exactamente 100 años- la vileza y la ruindad de los Estados Unidos de América.

Dijo: “Conmemorar la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un acto trascendente para la nación. Sus postulados son la expresión de lo que nos define y nos identifica como pueblo. La Constitución de 1857, como un instrumento unificador, liberal y federalista, puso los cimientos de la nueva Constitución de 17.

“Carranza conocía perfectamente lo que los símbolos significan para la República, por eso hoy, en nuestras propias y retadoras circunstancias, vale la pena voltear la mirada hacia lo que don Venustiano Carranza pretendía conseguir en términos de reivindicaciones nacionales.

“En efecto, habían pasado solo 70 años desde la guerra contra el invasor estadounidense y la posterior suscripción del Tratado Guadalupe Hidalgo, ese que trajo como consecuencia la mutilación de nuestro territorio por mitad.

“Carranza se pronunció siempre en contra de cualquier colaboración con las potencias injerencistas. No aceptó apoyar a la Alemania del Káiser en la primera gran guerra (mundial); pero tampoco escuchó al invasor norteamericano que en 1914 pretendía servirle en bandeja de plata el triunfo sobre el usurpador Victoriano Huerta.

“También estaba en su memoria el pacto de la embajada, con la participación del embajador norteamericano Henry Wilson; ese que le costó la vida al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez”.

Y el apostille de la diputada Murguía: “Es en ese entorno histórico como debe leerse al Constituyente de 17 y a su obra, la Constitución de Querétaro, la primera Constitución social del mundo”.

Diputados de los siete grupos parlamentarios se posicionaron. Pero, junto con la panista, solo los de Morena, PRD y Movimiento Ciudadano, llegaban a la tribuna con puntería de arquero, ante una realidad soslayada a priori por la clase política.

Rodrigo Abdalá Dartigues, de Morena, dijo en la tribuna: “Recordemos que hace 100 años y, gracias a nuestro texto constitucional –primigenio–, la propiedad exclusiva de la nación sobre sus recursos naturales era un hecho indiscutible, lo mismo que la propiedad y el usufructo social sobre la tierra. Qué mejor ejemplo que el ejido como institución y que la soberanía sobre nuestros recursos como baluarte de nuestro desarrollo y como la seña de identidad más importante de nuestra Carta Magna.

“Hoy nos ofende un muro; pero no nos ofende la pérdida de la renta petrolera y la pérdida de la soberanía energética a manos de compañías petroleras de Estados Unidos. Hoy nos agravian las amenazas sobre nuestros connacionales migrantes, pero no nos avergüenza –debiera decir no les avergüenza– haberlos despojado de sus tierras y haberlos orillado a buscar un horizonte distinto a la miseria a la que se les condena con esas reformas”.

Clemente Castañeda, del MC, dijo: “Hoy la sociedad mexicana está agraviada, quizá como nunca en la historia reciente de la democracia mexicana, la sociedad había manifestado un desencanto tan profunda con el desempeño de las instituciones y de la clase política.

“No estamos ante simples casos de desprestigio, producto de ciertas coyunturas, sino ante la frustración y la desesperanza de los ciudadanos. En la conmemoración de este centenario no podemos perder de vista ni olvidar que durante las últimas décadas la clase política, en muchas ocasiones ha dado la espalda al sentir de la población y a sus exigencias”.

Fue Agustín Basave quien habló por el perredismo: “Este gobierno ha incrementado la pobreza y la desigualdad, nos ha sumido en una corrupción rampante, ha disparado la deuda y devaluado el peso, ha sido incapaz de combatir eficazmente la violencia, ha propiciado la ingobernabilidad y ha arrojado un gasolinazo al pasto social seco.

“Y por si fuera poco, en un acto humillante en la misma residencia oficial del presidente, impulsó a la Presidencia de Estados Unidos, al hombre que hoy tiene en vilo al mundo y amenaza dañar gravemente a nuestro país. Un hombre a quien se enfrenta desde la carencia de sagacidad, de estrategia y de dignidad. Tenemos que revertir todo esto.

“La unidad nacional no se da por decreto y menos por un decreto sustentado en la postverdad y en la sumisión, se construye en torno a un proyecto de nación soberana, limpia y justa. La diferencia entre las naciones que se subliman y las que se hunden es el alcance de su visión”.

Donald Trump no deja de permanecer en el centro de México.
01 Febrero 2017 04:00:00
Ahora sí, tendidos, van EPN, PRI Y PAN por la criminalización de la movilización social
Hoy comenzará el periodo ordinario de sesiones de febrero-abril. Una iniciativa espera con expectación el inicio del trabajo legislativo: la Ley de Seguridad Interior, que apoyan conjuntamente el Pan y el Pri, y las rémoras de éste: Pes, Panal y Pvem.

Son dos iniciativas de creación de una nueva ley de seguridad interior; una que presentó el coordinador parlamentario del PRI de la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, y otra que presentó en el Senado el senador panista Roberto Gil Zuarth.

En el fondo son exactamente la misma gata. Ambas plantean empoderar todavía más a las fuerzas armadas del país, otorgándoles a soldados y marinos facultades mayúsculas que, sin lugar a dudas, toparán con la violación de los derechos humanos de los civiles.

El grave peligro que se cierne sobre el país, con dichas iniciativas de ley, consiste en que el PRI y el PAN pretenden otorgar tanto poder a soldados y marinos que éstos podrán incluso reprimir protestas civiles, pacíficas, contra alguna autoridad.

No es gratuito el hecho de que estas iniciativas ya fueron consideradas por la oposición (PRD, Movimiento Ciudadano y Morena) y por académicos como la ley que hará desembocar al país en su militarización.

Senadores como Manuel Bartlett Díaz y Layda Sansores han denunciado reiteradamente que esta ley, si se aprueba, va a significar el comienzo de una dictadura militar en México, con la que, de facto, el mandante número uno del país sería el secretario de la defensa nacional.

Muy criticado en estas dos iniciativas ha sido el punto en que se mandataría –cuando se aprobase la ley- que los soldados y marinos puedan realizar “las acciones que consideren necesarias” cuando se trate de la seguridad pública en cualesquier rincón del país.

Hay incluso una pretendida facultad al Presidente de la República, al que se mandataría ordenar la movilización de soldados o marinos a un sitio determinado del país “para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia (sic) no agresiva, (resic), agresiva o (ultra resic) o agresiva grave”.

Desde que Camacho Quiroz presentó su propuesta, así como Roberto Gil, se pudo inferir que estos dos cuates lo que en realidad han propuesto es el abatimiento de la movilización social. La represión de la protesta. El acaballamiento de los soldados sobre la manifestación o movilización pacífica de la gente.

Al parecer, estos dos sujetos, que cobran uno como diputado y otro como senador, echan competencias para ver quién es más ruin. Gil, verbigracia, ha planteado en el cuerpo de su iniciativa que se permita a soldados y marinos disparar aun en casos de protesta social, cuando el caso lo requiriera.

Y Camacho Quiroz ha propuesto que en toda acción del ejército, marcada bajo esta excepcionalidad, sea considerado un hecho de seguridad nacional, para que la información quede reservada; es decir, que todo sea en lo “oscurito”, en secreto.

El diablo muestra la cola en prácticamente todo el articulado. Las dos iniciativas están emplazadas desde diciembre para su revisión con fines de dictamen, tan pronto comience el periodo ordinario de sesiones, que hoy principia. Veremos.

ESTRIBO
Ayer, víspera del comienzo del periodo ordinario, y cercano el país de la fecha estipulada por el gobierno de Enrique Peña Nieto del segundo gran aumento de gasolinas (4 de febrero), sucedió la primera gran movilización en la ciudad de México en contra del aumento del precio de las gasolinas y el diesel.
Quienes se manifestaron por las calles de la ciudad fueron trabajadores de sindicatos de la UNAM, UAM, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), los electricistas y de sindicatos ajenos al oficialismo. También participaron profesores de la CNTE.

Esta movilización –cuyos organizadores presumían que marchaban más de 100 mil personas- no podrá repetirse cuando el PRI, el PAN y los apéndices de éstos Pvem, Pes y Panal terminen aprobando la Ley de Seguridad Interior, con la que el gobierno, presumiblemente, pretende el abatimiento de la movilización social, teniendo como instrumento represor al ejército y a la marina. Nada menos.

De acuerdo con organizadores, a la que asistieron cientos de frentes cívicos además de los sindicatos disidentes del país, la movilización se justificó con el siguiente pliego petitorio: Exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto que detenga los incrementos de los energéticosd; defienda la soberanía nacional; modifique la política económica; suspenda reformas como la energética; haga justicia a los padres de familioa de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

“Es el comienzo de una renovada movilización social por un nuevo país”, se leía en uno de los comunicados que circulaban a través del cuerpo kilométrico de la marcha, del Monumento a la Revolución al Zócalo de Palacio Nacional.

Este mismo martes 31, en San Lázaro, el PRD en voz de Jesús Zambrano salió a rechazar la Ley de Seguridad Interior, respecto de la cual, dijo: “Por supuesto que estamos en contra. No se puede militarizar el país. Antes, tendría que aprobarse el mando coordinado mixto que genere condiciones en todos los estados y municipios de proximidad, que garantice la armonía y seguridad del Estado mexicano”.

A contrapelo de lo que han planteado en sus iniciativas el panista Roberto Gil Zuarth y el priísta César Camacho Quiroz, el perredista Jesús Zambrano agregó: “Lo que queremos es sacar a los soldados y a los marinos de las calles”.

Y apostillaba Zambrano: “Un mando mixto policiaco que sirva para tener policías más profesionalizadas, más capacitadas y debidamente acreditadas. Esto permitirá el regreso paulatino de los militares a sus cuarteles”.

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