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Vicente Bello
Vicente Bello
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20 Julio 2017 04:00:00
El PRI se hace el desentendido y también pregunta: ¿Y el fiscal anticorrupción?
Un debate sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, que este día tenía por rigor jurídico tener que estar totalmente completo –incluido su fiscal, que no llega, teniéndolo así el régimen debilitado como un tigre viejo y sin dientes-, fue realizado ayer en el Senado.

He aquí partes medulares de la argumentación de tirios y troyanos:
Abrió el PRI en voz de Enrique Burgos García, senador queretano: “Vale repasar que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y en particular la reforma al artículo 113 de nuestra Constitución, representa uno de los principales esfuerzos de las instituciones todas del estado mexicano para prevenir, sancionar y, por supuesto, erradicar este tipo de prácticas.

“Con la Reforma Constitucional de 2015 que va asociada también a la Reforma Constitucional del 2014, en donde se prevé la figura de las dos fiscalías especializadas, impulsamos el trabajo bajo la figura de un gobierno abierto y una coordinación interinstitucional.

“Incrementamos las facultades fiscalizadoras de la Auditoría Superior de la Federación, creamos un nuevo mecanismo para atender las faltas administrativas graves y leves, y modificamos los tipos penales en la materia para hacer más eficiente la persecución de los delitos.

“El sistema adopta un modelo de gobernanza, en el cual un grupo de ciudadanos integran el Comité de Participación Ciudadana y el órgano de gobierno de este.
“También elevamos a rango constitucional la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, y por vía jurisdiccional creamos la figura de Magistrados Anticorrupción.

“Estas reformas sin precedentes es el principio de una concepción del servicio público en México. “Actualmente se encuentra en funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Fiscalización.

“Se nombró al Presidente del Comité de Participación Ciudadana, y existen importantes avances en lo que se refiere a la Plataforma Digital Nacional.

“Hoy, 19 de julio, el sistema entra en funciones, pero uno de los grandes pendientes lo representa la falta de armonización en las entidades federativas para su efectiva instrumentación.

“Vale mencionar que a la fecha son cinco las entidades que lo han instrumentado y aprobado es: Nayarit, Querétaro, Sonora, Chiapas, Puebla. Jalisco ya también lo implementó ayer.

Alejandro González Murillo, diputado del PES: “Hoy entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y con ello, en estricto sentido se esperaba la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción.

“No fue así; por el contrario, hoy los principales espacios noticiosos, tanto en los medios de comunicación tradicionales, como en las redes sociales denuncian la falta de acuerdos que ha generado la parálisis parlamentaria para elegir al Fiscal Anticorrupción, y a los 18 magistrados que integran las salas especializadas en materia de corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“El nombramiento del Fiscal no admite pretextos. Desde febrero de 2014 inició el proceso para su nombramiento. Se tuvo tiempo y recursos de sobra para auscultar y elegir los mejores perfiles, eso explica la renuncia del Comité Ciudadano de Acompañamiento para el nombramiento del Fiscal.

“Con el retraso en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, no solo se violenta la ley, sino que se debilita la operación y funcionamiento de dicho sistema”.

Turno de Jesús Rafael Méndez Salas, del Panal: “El día de hoy entra en vigor el marco normativo que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, y el cual se construyó sobre la base de lo que establece el artículo 113 constitucional.

“Con la creación de este sistema se busca poner fin a un complejo fenómeno social, político y económico que ha afectado a México por demasiado tiempo.

“El concepto de corrupción es muy amplio y parece que nos hubiéramos acostumbrado a palabras como: Soborno, fraude, conflicto de intereses y otras formas de desviación de recursos por parte de servidores públicos o particulares”.

El diputado de MC Macedonio Salomón Tamez: “Debo confesarles que soy escéptico del Sistema Nacional Anticorrupción, no creo en él, como no creo en la mayoría de los mexicanos, de entrada porque no hacía falta su creación, ya desde antes había leyes que sancionaban el peculado, el abuso de confianza, el tráfico de influencias, el cohecho, y no pasaba nada.

“De tal manera que el problema no es la creación de nuevas leyes e instituciones para resolver el grave problema de la corrupción, el problema es que no se aplican esas leyes; el problema, y lo he dicho muchas veces, es que tenemos una escasísima cultura de legalidad y un débil Estado de derecho. De tal manera que no creo en ese sistema, soy escéptico.

“Hoy sobran ejemplos para empezar a dar muestras de que sí se pretende aplicar, está el caso de los gobernadores que han saqueado a México, de los Duartes, del malo y el peor; de Yarrington, ese monstruoso gobernador que acabó con mi estado de origen, Tamaulipas; y sus sucesores, Eugenio Hernández y Torre Cantú; de Rodrigo Medina, en Nuevo León.

“A nivel federal está el caso de Lozoya Austin, que saqueó Pemex; el caso de Ruiz Esparza, que ha creado grandes socavones en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y muchos más.

“De tal manera que la única manera de crear confianza y darle esperanza a los mexicanos es empezando a aplicar las leyes que ya tenemos y que sancionan eso, y no andar con discursos y anuncios y solemnidades creando nuevos sistemas anticorrupción que finalmente no despiertan más que suspicacias”.

Indefendible el nuevo Sistema anticorrupción hasta por los legisladores de partidos afines al PRI. Y ahí venía apenas Morena, Pan, Prd… (Continuará)
19 Julio 2017 04:00:00
La tragedia del control político en México
En tiempos de receso legislativo, como el actual, el Congreso mexicano está atenido al trabajo que desarrolla la Comisión Permanente, una asamblea constituida por 19 diputados federales y 18 senadores, para hacer un total de 37 legisladores, que son los que representan a los 628 que integran el Poder Legislativo federal.

Como está sucediendo en estos días, la Permanente tiene un trabajo acotado políticamente; de alcances a veces nulos, entendidos estos como la imposibilidad absoluta del Congreso de hacer que el Poder Ejecutivo Federal acate mandatos legislativos o que acote su poder desbocado, tiránico, de que hace gala este sexenio.

No es que no haya instituciones para la rendición de cuentas y el control político que el Constituyente permanente no haya construido, como es el caso de los poderes autónomos o como ha sido el caso excepcional de la Auditoría Superior de la Federación.

Sí los hay, sólo que el Ejecutivo se los pasa por los bajos casi siempre. No les hace caso. O, peor todavía, los ha absorbido imponiéndoles titulares o corrompiéndolos de plano. El INE y su novena de cínicos magistrados con Lorenzo a la cabeza es el ejemplo más contundente de ello, en esta época infausta de la política mexicana.

En el caso del Congreso y su subordinación al Ejecutivo, esto pasa a través de la construcción de alianzas legislativas que hace el PRI con partidos que ha corrompido. Hay que insistir en el día, o el año, en que el PRI consiguió que el PAN se sumara a los intereses políticos del PRI.

En 1988, el PAN fue crucial para que el entonces candidato presidencial del PRI Carlos Salinas de Gortari fuera reconocido como presidente electo. El pago que el PRI hizo entonces al PAN ha arrojado como costo trágico, un país cargado totalmente a la derecha.

Desde ese año se ha estado vanagloriando el PAN de que el PRI terminó por asumir como suyo su programa ideológico y económico, y de que es el PRI y sus gobiernos los que han terminado haciendo lo que el PAN propuso históricamente, y no ellos, los panistas, haciendo lo que plantean los priístas.

Que Salinas se identificaba más con la praxis política y económica del panismo que con la praxis de su partido el PRI, eso todo mundo lo sabía dentro y fuera de lo que entonces era el gobierno de Miguel de la Madrid.

Cuando De la Madrid hizo la farsa aquella de permitir por primera vez en la historia del priísmo una pasarela de aspirantes a la candidatura presidencial del PRI, se sabía de antemano que el gran samurái –el tapado- sería el entonces secretario de Programación y Presupuesto y que sería destapado justamente cuando De la Madrid andaba en una gira por China.

Los otros eran relleno para la obra de teatro de guiñol, aunque finalmente todos esos aspirantes terminaron por demostrar que para nada serían iguales a Salinas en el hipotético caso de que ganasen la candidatura de marras:
Ramón Aguirre Velázquez, regente del Departamento del Distrito Federal; Sergio García Ramírez, procurador general de la República; Alfredo del Mazo González, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal; Miguel González Avelar, titular de la SEP, y Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación, cuando salieron a presentar sus propuestas ninguno coincidía con Salinas.

Al final fue Salinas. Y desde entonces el PRI y el PAN viven un amasiato político horrendo, que ha llevado al país a la bancarrota y a la tragedia que se padece hoy.

Juntos, priístas y panistas, aprobaron la conversión de deuda privada a deuda pública, en 1998; juntos aprobaron la reforma energética en 2014; juntos han hecho salvajada y media en cuanto a construcción de leyes que han terminado dañando a la población, sino es que las hacen por encargo para beneficiar a minorías económicas poderosas.

O, de plano, a delincuentes, como ha sido el caso de la reforma judicial sobre el sistema penal acusatorio, que en 2011 priístas y panistas olvidaron casualmente no incluir a los portadores de armas entre los casos en que no se
debería permitir al acusado salir bajo fianza para enfrentar libre el juicio.

Como ahora está sucediendo: delincuentes detenidos por portación de armas que podrían acabar con un batallón, han estado saliendo libres en tanto se les continúa su proceso.

El Verde y otros partidos de poca monta giran como satélites en torno de las decisiones que han tomado estos dos partidos políticos. PRI y PAN actuaron juntos en el Congreso durante los dos sexenios panistas para construir leyes como la otra reforma energética de 2008 o la reforma constitucional aquella de 2007 para hacer que el presidente de la República no se tome siquiera la molestia de ir personalmente al Congreso, los días 1 de septiembre de cada año, a entregar el informe presidencial anual sobre el estado que guarda la administración pública federal.

Y ahora, por si fuera poco, el PRI también ha conseguido que el PRD se suba a ese carretón de partidos que le hacen al juego, simulando un contrapeso en el Congreso de la Unión.

Parte esencial de las democracias es el papel de contrapeso que jueguen los congresos legislativos, cuando el sistema de gobierno es presidencialista, o los parlamentos cuando los sistemas de gobierno sean parlamentarios o semipresidencialistas.

En México, la crisis del control político agravó durante este sexenio. Un sexenio en el que ha estado trotando como un caballo negro de tranco chispeante y ominoso, el mayor de los cinismos.
18 Julio 2017 04:00:00
El contrapeso perdió la brújula y no la encuentra
Por estos días, mediados de julio, la Cámara de Diputados acostumbra comenzar a mirar hacia los días en que el Ejecutivo Federal deberá entregar el paquete de presupuestos para el año siguiente (6 de septiembre de cada año).

Se trata de tres paquetes presupuestales: los Criterios Generales de Política Económica, las leyes de los ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación.

Parece fecha lejana. No lo es, si se considera que en los territorios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya tienen desde prácticamente iniciado el año los estudios financieros, sobre lo que van a plantear en sus iniciativas fiscales respecto del año siguiente. En este caso, 2018.

La Secretaría de Hacienda tiene un equipo de economistas avezados en el tema, cuya función primordial es estar revisando cada una de las partidas presupuestales del año en curso con fines de hacer modificaciones sobre la marcha y con fines también de ir armando los predictámenes de paquetes presupuestales del año que se avecina.

Suele ocurrir, a lo largo del año, que el secretario de Hacienda salga a dar tips de cómo vendrá el año siguiente, en materia de política macroeconómica. Y muchas de estas advertencias –como la que, la semana pasada, emitió José Antonio Meade Kuribreña en el sentido de que disminuirá la extracción del petróleo para fines de año-, acalambradoras por supuesto, suelen salir de ese grupo de economistas que se dedican a proyectar el curso de una economía que sigue para muchos colgada de alfileres.

Lo menos que se podría esperar es que un grupo parecido estuviera por parte de la Cámara de Diputados trabajando en torno del mismo tema: Revisando el desarrollo de la economía nacional y presentando alertas a los diputados, que por ser representantes de la nación (así los cataloga la Constitución en su artículo 51) tampoco están obligados a ser expertos en los temas de la economía.
El sistema político mexicano, presidencialista a ultranza, se ha encargado de tener a la Cámara de Diputados con carencias que la conducen a una debilidad endémica ante el Ejecutivo Federal.

La Cámara de Diputados es la institución del Congreso mexicano facultada para revisar la política económica del país, al tener como cosa exclusiva la función de revisar y autorizar el presupuesto de egresos de la Federación.

Es para que la Cámara de Diputados tuviera un súper equipo de economistas que estuvieran dando seguimiento pormenorizado del ejercicio de cada una de las partidas y programas que componen el gasto público.

También, que estuvieran como vigías de la nación dando seguimiento a la política macroeconómica propuesta y ejercida por el Ejecutivo Federal.

Si hay inflación, hacer de inmediato un seguimiento de la inflación y de su registro, porque siempre ha habido la sospecha en México –sobre todo desde que la política económica del país prácticamente se declaró fielmente seguidora del neoliberalismo, a partir de 1982- de que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México terminan haciéndose la “una-una”, emitiendo reportes falsos a la hora de medir la inflación.

Hay sospechas desde hace años de que el Gobierno tuerce las mediciones de la inflación para fines políticos y sociales. Y casi siempre electorales.

Es tan limitado el equipo de economistas de la Cámara de Diputados que tampoco es capaz de elaborar estudios sobre los otros supuestos macroeconómicos: Crecimiento, tipo de cambio, precio del petróleo para fines de proyección presupuestal, déficit.

La Cámara de Diputados, en materia de equipos de apoyo técnicos, sufre desde hace muchos años una suerte de castramiento por el PRI.

Aunque mejoró esta situación a partir de la 57 Legislatura, cuando el PRI dejó de tener la mayoría absoluta (1997-2000), tampoco avanzó mucho el Congreso, porque el PRI consiguió hacerse de la muy infortunada complicidad del PAN, PVEM, Panal y, posteriormente, del PRD, con las que terminó el partido en el poder presidencial de debilitar la máxima función del Congreso: la de control político.

Dicha función de control político es, por apellido, por antonomasia, un trabajo de la oposición. Pero, habiendo logrado el PRI que la mayoría de la oposición no sea más que una representación tan mentirosa, engañadora y corrupta como el mismo PRI, pues ha terminado la función de contrapeso constitucional como una vil engañifa a la sociedad, una farsa, una simulación.

El partido en la presidencia de la República –la institución máxima del Poder Ejecutivo- ha hecho de la simulación su trabajo central en el Congreso. Y para ello le ayudan con singular alegría los partidos arriba mencionados.

El PAN, desde 1988, está ayuntado con el PRI en prácticamente todo, y tienen detrás a unos partidos que ya se caracterizaron en la historia contemporánea de nuestro país como solo rémoras, que no hacen estrictamente más que lo que le convenga al priísmo. Y sus funciones pasan rigurosamente por la simulación de un juego democrático, pretendiendo hacer creer a la gente que son opositores cuando realmente no lo son.

Ha sido este el infame papel del Pvem, ahora del PRD, y también del Panal y el Pes. El Panal, un partido que fundó Elba Esther Gordillo, y el Pes, un partido al que le achacan una cercanía groserísima con Felipe Calderón Hinojosa.
La oposición ejercida recientemente está en las siglas del Morena. ¿Por cuánto tiempo, si ha comenzado a abrirse a gente que busca salirse de otros partidos en busca de chambas políticas? Nadie lo sabe.

Lo que sí es cierto es que el Congreso perdió la brújula. Su poder de contrapeso es bastante disfuncional.
15 Julio 2017 04:00:00
“Dicen que en los transitorios está el diablo”
El próximo miércoles 19 de julio, por ley, debería estar nombrado completamente el Sistema Nacional Anticorrupción. La oposición intentó hablar del tema en la sesión de la Comisión Permanente. El PRI lo evitó con su fuerza gravitatoria sobre la institución legislativa. Sin embargo, el asunto barbotó en la tribuna cuando discutieron y aprobaron un exhorto al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción “para que, conforme al principio de máxima publicidad, defina los formatos sobre la publicidad de las declaraciones patrimonial y de intereses.

Sólo tres oradores (ninguno del PRI ni del PAN). He aquí el primero:

Vidal Llerenas Morales, diputado federal de Morena: “El Sistema Nacional Anticorrupción es un tema de la mayor relevancia en la vida política nacional.

“El sistema está fallando porque desde el gobierno de la República, desde el PRI, no hay el compromiso de que este sistema funcione.

“No lo hay desde que se pretende que el nuevo fiscal general sea el procurador general de la República. Un procurador que además es senador y que de ninguna forma tiene, pues, las condiciones para ser un fiscal general.

“Eso ha atorado el tema de que ya en este momento se pueda tener un Fiscal Anticorrupción, entonces tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción al que no le hemos nombrado un Fiscal Anticorrupción y, por lo tanto, su principal brazo, es decir, la principal función, que es que se persigan de manera clara, de manera específica delitos relacionados con la corrupción, pues no se está cumpliendo de manera plena porque no hay un fiscal que esté encargado de este trabajo.

“Se hizo, como hace rato se mencionaba, que ahora los delitos administrativos graves no sean sancionados por las contralorías; los delitos administrativos graves serán sancionados por el Tribunal Fiscal y Administrativo.

“Pero hay que ver la propuesta nada más que hizo el Presidente sobre los posibles magistrados a este Tribunal. Todos, uno puede, pues rastrear el origen política, hay claramente una repartición de cuotas entre el PRI y el Partido Acción Nacional en el tema de los magistrados.

“Esto ha ocasionado que el propio Comité Ciudadano, que es el que creamos para que vigilara el sistema, protestara por la manera que el presidente designó a los magistrados y recomendara al Senado o a la Comisión Permanente, porque tendríamos la facultad de hacerlo en todo caso, pues un nuevo mecanismos en el que no fuera el amiguismo, no fueran las cuotas, sino una revisión rigurosa de estos magistrados que van a tener un enorme poder, porque van a ser los que sancionen los delitos graves que encuentre la Auditoría Superior de la Federación, o las distintas contralorías del país.

“Y esto nos ha llevado a que el sistema esté en un momento, pues muy crítico.

“Por ejemplo, el sistema no quiso entrarle al asunto de investigar la compra de sistemas de espionaje que fue mal utilizado por el gobierno. El sistema no está iniciando, como en todos los países del mundo, una investigación global en el tema de Odebrecht en donde hay una empresa que de manera confesa realizó sobornos en México, los realizó en Pemex, y no estamos teniendo una investigación del sistema en el fondo.

“Y lo que tenemos hoy, pues es muchísimas dudas de lo que pueda suceder”.

Miguel Barbosa Huerta, senador del PT: “Sí al contenido de este exhorto, que seguramente aprobaremos para que se aprueben los formatos conforme a los cuales se harán las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses; pero, de las plataformas públicas que aprobamos en esas reformas para que funcionen, por cierto de acceso limitado, no se llegó al pleno acceso para la información de la ciudadanía.

“También hay que poner atención en los sistemas estatales anticorrupción. Esos que ya deben de estar construidos también, que tiene que ver con haber generado siete leyes o reformas a leyes estatales, y cuando se ha hablado aquí de los asuntos de la auditoría y de las denuncias, conocer el avance de las denuncias presentadas por la auditoría; tenemos que ver el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización”.

Y Dolores Padierna Luna, del PRD: “En el período ordinario anterior, el PRD presentó una iniciativa de reforma del artículo 102 de la Constitución para darle autonomía a las dos fiscalías, tanto la fiscalía para la atención a delitos electorales, como a la fiscalía anticorrupción, y que no sean dependientes ni del actual procurador general de la República ni en el futuro fiscal general de la República; también para eliminar de una vez por todas el pase automático de fiscal general, perdón, de PGR a fiscalía.

“¿Quién puso ese transitorio en la reforma constitucional que establece el pase automático? Pues quienes lo votamos. Dicen que en los transitorios está el diablo, y yo lo creo.

Muchos no se dieron cuenta, pero ahí está el pase automático.

“Luego viene la gran simulación, el propio Presidente de la República presenta una iniciativa para borrar, para eliminar el pase automático, con todo un escándalo mediático que parecía que de a de veras se iba a quitar el pase automático. ¿Y qué pasó? Que directo como llegó al Senado, la iniciativa se metió al archivo, y jamás se ha querido hablar de dicho tema.

“Tenemos que reformar el 102 para quitar de una vez por todas ese pase automático, para darle autonomía a las dos fiscalías, porque sólo así tendrán las facultades, los dientes, tendrán todo para poder atender el tema anticorrupción, de otra manera es mera simulación.

Combate a corrupción, un tema intocable para priístas y panistas.
14 Julio 2017 04:00:00
Los errores del Congreso en la construcción del nuevo sistema penal
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera alertó la semana pasada que con la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal, estarían saliendo bajo fianza –para enfrentar procesos penales en libertad- unos 4 mil reos tan solo en la ciudad capital, muchos de los cuales cometieron delitos que no fueron considerados graves, como la portación de armas, aun cuando estas hubieran sido de calibre prohibido o de uso exclusivo del Ejército.

Cuando dijo esto Mancera, puso al país de pestañas y entonces todo mundo volteó a mirar hacia los territorios del Congreso de la Unión: ¿Qué hicieron?, es la pregunta que ningún diputado y senador ha querido responder.

Un dato recientemente emitido por la Procuraduría General de la República (PGR), agravó el nerviosismo natural de la gente, que implica saber que delincuentes de marca mayor pudieran estar enfrentando en libertad sus procesos penales, cuando lo lógico sería que estuvieran perfectamente bien enchiquerados, como debería ser.

Según el Ministerio Público federal, desde que entró en vigor el nuevo sistema penal han sido consignadas 6,905 personas por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, de los cuales 5,000 –algo así como el 67 por ciento- están libres porque dicho delito ya no es merecedor de prisión durante el proceso penal.

Este verdadero desmadre que se traen jueces, ministerios públicos y fiscalías ha sido de muchos años; pero se agravó sin duda en 2008, cuando por propuesta de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, el Congreso mexicano reformó el artículo 19 constitucional, dando, a partir de entonces, las bases para la creación de lo que hoy se conoce como el nuevo Sistema Penal Acusatorio o penal.

Como Calderón vio que las cárceles estaban hasta el tope, sobresaturadas, y apenas comenzaba lo que dio en llamar su “guerra contra el narco”, ideó su gobierno un cambio en el sistema penal en donde prevaleciera el principio de que el menor número de personas llegase a prisión.

Por un lado, implicaba menos gasto; por el otro, se justificaba la propuesta con el argumento de que el sistema penal debía transitar de un sistema acusatorio por antonomasia a un sistema garantista de la inocencia; es decir, sería considerado culpable el reo solo si se le demostraba, cosa que no suena nada mal.

Sin embargo, dicha reforma no consideró que el aparato judicial mexicano está para ponerse a llorar. Y la falta evidente de capacitación técnica de policías, ministerios públicos y jueces ha hecho que esta reforma sea muy difícil de hacerla funcionar, además de que los legisladores no previeron situaciones que hoy revientan.

He aquí las partes medulares de la reforma del artículo 19 constitucional:

“Ninguna detención podría ir más allá de las 72 horas sin que se justificase con un auto de vinculación a proceso.

“El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

“El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

En este párrafo, donde el Legislativo hace una lista de delitos por los que un juez no podrá permitir enfrentar juicios en libertad, hubo un terrible olvido o soslayo: Ni los diputados ni senadores de la 60 Legislatura consideraron meter en esta lista a los portadores de armas, y por eso es que a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema penal (2014) es que hay en libertad un montón de procesados por portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

En aquella reforma constitucional también se mandató que el juez tenía que tomar su resolución, sobre si un individuo es culpable o inocente, sólo de una audiencia y no más.

Una audiencia en la que el Ministerio Público y los policías están obligados a presentar todas las pruebas de culpabilidad. En la práctica, los beneficiados de esta sola audiencia han sido los procesados y sus abogados defensores, quienes han echado para atrás las acusaciones porque muchas de éstas no fueron bien afincadas por falta de conocimientos técnicos de policías y ministerios.

A la reforma de 2008 le siguió una reforma en 2011, en la que fueron ampliados los juicios de amparo en la materia de los derechos humanos.

Y en 2014, una tercera reforma, esta vez al Artículo Quinto Transitorio del Código Penal de Procedimientos Penales, el Congreso mexicano mandató que todos los beneficios del nuevo sistema penal podrían ser aplicables al sistema viejo.

Con esto, muchos sentenciados en el viejo sistema penal, podrían acogerse a las bondades del nuevo sistema.

De todo esto, ya los jueces, ministerios públicos y fiscales respingaron y hasta plantearon la urgencia de una nueva reforma que reforme al nuevo sistema penal, considerando el peligro que reviste para la población que comiencen a salir reos de alta peligrosidad.

Hasta el momento, por ahí un legislador ha dicho que no hay prisa para una reforma al sistema penal de reciente cuño. Tendrán que opinar pronto los demás. Veremos.
13 Julio 2017 04:00:00
El frente legislativo abierto por el PRI hacia el 2018
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó ayer a los coordinadores parlamentarios de sus dos Cámaras, la de Diputados y de Senadores, valoren convocar a un periodo extraordinario de sesiones con fines de discutir una reforma constitucional que lleve a instaurar en México la segunda vuelta electoral.

Este ejercicio legislativo es una chicanería más del PRI en su pretensión de atravesarle a Andrés Manuel López Obrador el mayor número de piedras en su camino al 2018. Y, para ello, se sirvió de Jesús Zambrano Grijalva, uno de los dos “chuchos” controladores del PRD, quien en la tribuna, justificó su voto en pro, así:

“Yo en lo personal estoy convencido de que constitucionalmente ya no hay tiempo para hacer reformas que impacten el sistema electoral mexicano; eso me parece que está muy claro. Pero serán las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras las que habrán de decidir al respecto”.

En las dos Juntas, quienes mandan son el PRI, PAN, Pvem y PRD. O sea, ellos mismos son los destinatarios de lo que ayer propusieron.

Zambrano Grijalva continuó: “La motivación de la propuesta, y eso hay que entenderlo así, por eso quise hacer algunos comentarios, se justifica en el hecho de que ya ninguna candidatura, ni ningún partido político por su cuenta, o coalición de partidos, está ganando las elecciones por mayorías absolutas, son mayorías que se sitúan en los 30 por ciento y quién sabe qué vaya a pasar, según se avizora, viendo las encuestas de opinión pública en materia electoral, qué pueda suceder en el 2018”.

De lo que se trata, con esta propuesta, es de hacerle tablas a López Obrador la Presidencia de la República si no pudiese ganar más allá del porcentaje que –en dicha enmienda constitucional- ya propondrían los del PRD, PRI, PAN, Pvem y resto de partidos. ¿Un 2 por ciento? ¿Un 3?... ¿Cuánto pensarán perder, desde ahora? ¿Y con esta propuesta se trata de que, aun perdiendo la elección presidencial, todavía puedan sacársela de la bolsa al Peje, puntero desde hace rato en la desbocada carrera presidencial, mediante una segunda vuelta electoral, en donde ahora sí, presumiblemente, ya estarían uniéndose todos ellos contra el que desde ahora avizoran como posible ganador.

Zambrano remachó: “Estoy convencido de que no hay condiciones, no hay tiempos, ya constitucionalmente estaríamos impedidos para ir a discutir una posible segunda vuelta electoral. Pero sí podemos legislar sobre los gobiernos de coalición, esos no impactan el sistema electoral, sino que impactarían en todo caso el sistema político a la hora de conformar gobiernos en acuerdo con los resultados mismos de las elecciones”.

Los gobiernos de coalición han sido un tema recurrente del PRI. Manlio Fabio Beltrones, aspirante eterno a la candidatura presidencial, lo ha estado planteando a partir de los resultados que obtuvo su partido el pasado 4 de junio.

Turno Miguel Barbosa Huerta, senador de Morena y a quien acaban de correr del PRD. Dijo: “De las figuras de segunda vuelta de gobiernos de coalición, sin duda que son instituciones que acreditan que una democracia se consolida, sin duda que sí, solo que hay que establecer de manera muy clara, que cualquier reforma constitucional que se haga en este momento, es violatoria de la propia Constitución. ¡Cualquiera! ¡Eh!

“Las motivaciones políticas de la segunda vuelta, que yo no voy a instalar aquí un debate sobre ellas, pero es obvio cuál es la posición de nosotros, y el tema de los gobiernos de coalición de los que hay, sí, una opinión muy fuerte en el ambiente político, también sería inconstitucional, porque ya hay una definición constitucional de gobierno de coalición, y lo que se haría es que fuera obligatoria, no potestativa.

“Pero cuando deriva de un resultado electoral, automáticamente, un gobierno de coalición deriva de un resultado electoral, lo que se hace es afectar, violar el artículo 105 constitucional.

“Así es que, nosotros sí queremos que nuestra democracia se consolide con esas dos figuras. Solamente que, hoy hablar de ese tema y de hablar de un periodo extraordinario para ese tema, sin duda quedaría afectado. No podría aprobar un test constitucional esta propuesta.

“Por lo demás, dejemos las cosas, ya la legalidad con la cual se va a desahogar el proceso electoral 2018, ya está definida, ya no hay forma de meterle más cosas. Ya estamos en el plazo dentro de los 90 días al arranque del año electoral.

“Así es que, solamente para tener claridad, sí demuestran estas dos figuras una evolución del Sistema Político Constitucional, pero hoy, hoy, cualquier de esas dos posibilidades que se plantean, serían violatorias del artículo 105 constitucional”.

Entonces el PRI habló a través de Yolanda de la Torre Valdez, senadora duranguense, quien dijo: “Ya tenemos en la Constitución considerado a los gobiernos de coalición, y lo que nos hace falta es la parte reglamentaria, que no tiene que ver con los procesos electorales, que empiezan en septiembre, que es distinto el proceso electoral con las normas que ya tenemos, y esas no podemos modificarlas, porque la propia ley así lo ha determinado. 

“Sin embargo, sí considero que podemos avanzar en la ley adjetiva, en la ley que norme, en la ley reglamentaria, en lo que ya considera, porque es importante, y la gente lo demanda, además, porque hemos visto alianzas electorales, hemos visto coaliciones electorales y que han sido bien vistas por la ciudadanía, pero está pasando algo que la ciudadanía está decepcionada.

Era la argumentación de Beltrones a control remoto…
12 Julio 2017 04:00:00
La subordinación infame de la Cámara de Diputados al PRI y a EPN 
Una Cámara de Diputados virtualmente secuestrada por el PRI, PAN, PRD, PVEM, MC y PES ha vuelto a hacerse la dormida para no tener que escuchar un informe sobre lo que ha estado sucediendo en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz después de la elección del 4 de junio pasado.

Diputados de esos seis grupos parlamentarios faltaron por tercera ocasión a una convocatoria que les había hecho la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Ilícitos en los Procesos Electorales.

Con excepción del que la preside y de uno más –Juan Romero Tenorio, del grupo Morena, y Abel Murrieta, del PRI-, el resto de quienes integran (de un total de 13) el Pleno de la comisión especial de marras no asistió a la cita, en cuyo sesionar se presentaría un informe sobre los procesos electorales en las cuatro entidades aquellas.

Un informe que existe, está concluido, desde diez días después de aquel 4 de junio, y que sin embargo no se le ha podido leer porque los priítas, panistas y perredistas –la trinca que tiene secuestrado al Congreso- no han querido que se lea para no sobre calentar más –desde la óptica de ellos- la plaza pública del país.

De haberse presentado, los priístas y sus amigos hubieran tenido que escuchar en el informe una serie de argumentaciones y vaticinios que hoy, a 37 días de los comicios ya se estarían cumpliendo.

Uno toral, que desde entonces se escuchaba dentro y fuera de los territorios del Congreso de la Unión, es aquel en que se decía que Enrique Peña Nieto –autor intelectual de todas las marranadas hechas por el PRI el pasado 4 de junio- si bien estaría consintiendo la posibilidad de anular la elección de Coahuila, jamás lo haría en el caso del estado de México, la entidad que constituida está en algo así como el cubil del Grupo Atlacomulco, al que pertenece y lidera actualmente el presidente de la República.

Desde entonces se ha escuchado con insistencia que Coahuila ya fue negociada en Los Pinos: se procederá a anular la elección para, posteriormente, dejársela a quien resultase el nuevo candidato del PAN al gobierno del estado.

Pero, como parte de la negociación, el PAN tendría que apoyar al PRI en el estado de México, para que el panismo dé por buena la elección, que las autoridades electorales estarían entregando a Alfredo del Mazo Maza antes de que concluya julio.

En el estado de México, las acusaciones de fraude no son menores a las de Coahuila; pero la disputa ha sido distinta: no ha dejado de sorprender a medio mundo que Morena no haya respingado más allá de la presentación de sus denuncias ante las autoridades electorales.

Ausentándose,  el PRI ha pretendido quitar reflectores a Morena, al que pertenece Romero Tenorio. Pero el tema va más allá de ese partido, para adentrarse en la función más importante del Congreso, que es la de control político.

Al no volver a sesionar la Comisión Especial, por esa falta de quórum perpetrada por el PRI, PAN y PRD, la Cámara de Diputados ha resellado su ya vieja condición de palera del Ejecutivo Federal.

Independientemente de que esté presidida por un diputado de Morena, esta comisión especial ilustra el trabajo que el Congreso debe realizar si quiere erigirse en el contrapeso constitucional.

La función de control político, por naturaleza, la ejercen los opositores, aunque en México no todos los que se dicen integrantes de un partido de oposición, realmente lo son. Más bien hay mucho farsante que se dice opositor pero que en realidad simulan.

Está probado ya que en el Congreso mexicano sólo un partido político ha tratado con denuedo hacer uso de la función del control político: Morena. El resto de los que se dicen de oposición ya tienen demasiadas afinidades, demasiados intereses comunes con el partido en el poder, que difícilmente podrían ser considerados partidos de oposición.

Es un juego perverso esto de los llamados partidos de oposición. Un ejemplo de ello es el PAN, que desde que negoció en 1988 el triunfo supuesto de Carlos Salinas de Gortari  se convirtió en la cara azul del PRI.

Desde entonces el PAN ha aprobado junto con el PRI reformas en el Congreso que han cambiado definitivamente el modo de andar de la República. He aquí algunos ejemplos: la aprobación de la desaparición Fobaproa para convertir entonces una deuda privada de más de 64 mil millones de pesos en deuda pública; esto ocurrió el 12 de diciembre de 1998.

El 4 de agosto de 2013, el PAN votó al lado del PRI la reforma energética, con la que Pemex ahora boquea como un pez arponeado y cuando las gasolinas están más caras que nunca, para favorecer a empresas extranjeras.

Como éstas, han votado de la mano PRI y PAN una veintena de reformas totalmente perjuiciosas para la mayoría de la población de México. Reformas que, en su mayoría, sólo han servido para construir negocios que chorrean corrupción e impunidad en los que invariablemente aparecen gente encumbrada del PRI y el PAN.

No ha sido difícil para el país confirmar cómo el PRI y el PAN se entienden sin problema. Pero con quienes no se han podido entender es con Morena. De ahí que haya tanta sevicia contra los candidatos de ese partido, y la determinación fatal del presidente de echar mano de toda la maquinaria del Estado para contrarrestar al único partido de oposición al régimen que tiene actualmente el país.
11 Julio 2017 04:00:00
El jinete de “Pegasus” es el mismo Enrique Peña Nieto
Inauditamente, otra vez, el Congreso de la Unión ha recurrido a su vieja costumbre de hacerse el sordo, el mudo y el ciego para no posicionarse sobre temas que, sin duda, escuecen a la República, escuecen a la gente, escuecen a todo el mundo, como el espionaje telefónico de que también fueron objeto los extranjeros que integraron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aquel equipo de criminólogos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México para dar seguimiento a la investigación gubernamental sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el viernes 26 de septiembre de 2014.

Es “extremadamente preocupante”, calificó ayer la CIDH la acusación de que también los extranjeros que conformaron el GIEI fueron espiados con el software”pegasus”.

Según ha declarado este lunes el GIEI, “los hechos ocurrieron a principios de marzo de 2016, poco después que (el grupo) criticara al gobierno mexicano por interferir en su investigación y mientras preparaban su reporte final sobre este crimen que costó al gobierno numerosas críticas por parte de la comunidad internacional”.

Y argumentó la CIDH, afincándose en el análisis de la Universidad de Toronto, que reveló en su primera página el diario estadounidense The New York Times, a mediados de junio reciente: “Un teléfono utilizado por los expertos de la CIDH recibió mensajes de texto con el propósito de ser infectado por el software de espionaje pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group y que se vende exclusivamente a gobiernos para combatir a terroristas y criminales. (Un sistema) que fue adquirido por el gobierno de México”.

Ayer mismo, en medio del silencio ominoso y cómplice del Congreso mexicano, otra organización internacional prestigiada, Artículo 19, defensora de los derechos de los periodistas, juzgó que tras la confirmación de Citizen lab –la empresa canadiense que vendió al gobierno mexicano el spyware pegasus- de que, ciertamente, el GIEI también fue espiado con el software que vendió al Gobierno mexicano, “podría acarrerar graves implicaciones en términos de derecho internacional”.

En un comunicado, Artículo 19 dijo: “La comprobación de nuevos intentos de espionaje confirma que el uso de pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido que debe ser investigada. (Y) no sólo fueron espiados y espiadas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, sino que hoy sabemos que también lo fueron líderes de partidos de partidos políticos e incluso integrantes de un mecanismo internacional de asistencia técnica”.

Esto último lo dijo en alusión al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Y según agencias noticiosas, Artículo 19 todavía precisó: “El caso del GIEI, confirmado por Citizen lab, es especialmente grave dado que fue el propio Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba la inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la propia CIDH”.

Todo esto sucede en medio de un silencio legislativo que escuece, porque teniendo en este asunto delincuencial del Estado mexicano mucho que ver el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Congreso mexicano se ha dedicado a servir de alcahuete, a pesar de que su función esencial consiste en servir de control político o de contrapeso constitucional.

El Legislativo mexicano, ante tanta evidencia en contra del gobierno de Peña, ya tenía que haber convocado a un periodo extraordinario para la revisión de lo que, presumen dentro y fuera del país, es un hecho ilícito tramado y ejecutado por quienes detentan los despachos presidenciales y la misma presidencia de la República.

Ayer mismo, incluso en pleno periodo de receso legislativo, los presidentes de mesa directiva y los presidentes de coordinación política, tenían que haberse reunido en conferencia para establecer una agenda política en torno del seguimiento y debate del espionaje perpetrado en México por el mismo presidente de la República.

El debate tenía que girar en torno de un factor fundamental: ¿Cómo llamar a cuentas al presidente de la República, cuando la Constitución actualmente no permite que se le sancione salvo por una de dos cosas: O por delitos graves del orden común o por traición a la patria. ¿Cuál de estas dos posibilidades estarían más cerca para poder enjuiciar a un presidente de la República que ha afincado su poder en el chantaje derivado del espionaje?

Cuando la CIDH habla de que es “extremadamente grave” el espionaje confirmado contra el GIEI, y cuando el Artículo 19 dice, parecidamente, que este asunto es “especialmente grave”, lo que puede interpretarse es que ellos están dando por sentado que detrás de este hecho delincuencial, criminal, está el mismo presidente Enrique Peña Nieto, jefe de los responsables de las instituciones que se han dedicado a espiar con el spyware: La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación a través del Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN).

Algo así tendría que estar sucediendo en los territorios del Congreso General si se quisiera cumplir con el mandato constitucional de erigirse en el contrapeso del poder presidencial mexicano.

Lo que en realidad ocurre es un silencio que agravia a la gente supuestamente representada por este segmento de la clase política que actualmente cobra como representantes de la nación.

¿A quién representan?, es la pregunta mordiente que barbota cada que el Congreso mexicano sesga su paso, de por sí vacilante a través de la historia, cada que tiene ante sí la responsabilidad de erigirse en contrapeso del presidente de la República, y no lo hace.
08 Julio 2017 04:00:00
La catastrófica presidencia de Enrique Peña Nieto
México sufrió esta semana, en dos tiempos, una de esas humillaciones que quedarán registradas en la esquina más infausta de la historia de la relación entre México y los Estados Unidos de Norteamérica.  Y vaya que ha habido muchas, y muy graves.

Primero fue algo así como la entrega virtual, simbólica, del poder público que hizo el presidente de México a John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y luego la humillación histórica de Donald Trump a todo un país, cuando en presencia de Enrique Peña Nieto dijo “absolutamente”, luego de que un reportero le preguntó en Hamburgo, Alemania, si todavía creía que México debía pagar el muro que ha pretendido construir en la frontera entre los dos países.

Durante tres días, Kelly en México se reunió con encargados de despachos presidenciales sensibles para la seguridad nacional del país. E iba y venía a través del territorio nacional, acompañado de los secretarios de la Defensa y Marina, como si el gringo tuviera autoridad sobre ellos.

Iba y venía encabezando reuniones, todas presuntamente del tema de la seguridad pública, con el gesto encallecido de quien sabe que tiene el mando y el poder.
Miércoles, jueves y viernes permaneció Kelly en el país. El miércoles se reunió con Peña. Un día antes de que Peña saliera del país hacia Hamburgo, Alemania. No le importó absolutamente al presidente mexicano irse, justamente cuando el funcionario estadounidense iba y venía encabezando reuniones con secretarios de Estado mexicanos como si éstos fueran sus peones, sus subordinados.

O esto era acaso lo que quería proyectar políticamente: Que Estados Unidos tomó el mando político (¿y militar también?) de México, para que en su encuentro con Donald Trump en Hamburgo no fuera a ser catastrófico.

Pero lo fue.

Teniendo a un metro de distancia al presidente  Enrique Peña Nieto, en un encuentro con periodistas durante un receso de las reuniones de la Cumbre del Grupo de los 20, el presidente estadounidense Donald Trump dijo cuando un reportero le preguntó si todavía creía que México debía pagar por aquel muro: “Absolutamente”, contestó Trump.

Junto a Peña Nieto estaba Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores. Los dos se hicieron olímpicamente los sordos. Los que no escucharon.

Dejaron pasar la muy desgraciada contestación del presidente más pro imperialista de los Estados Unidos como si no hubieran tenido alguien que les tradujera. O Peor aún: Como si no supieran el más elemental inglés.

Después, Luis Videgaray respondió a quienes le preguntaron, en conferencia, su opinión sobre lo que acababa de declarar Trump ante ellos: Videgaray y Peña Nieto:

“La verdad es que yo estaba ahí y no lo oí”, dijo Luis Videgaray con una de sus más grandes demostraciones de gran cínico. Y apostilló: “El presidente Peña tampoco lo escuchó. Y no fue tema de la conversación; fue un tema que no se tocó, en parte porque tenemos una diferencia, notoria, significativa en eso. Ya acordado por los equipos previamente, que ese tema no sería tema de la conversación”.

Inaudito que no lo escuchara ni Videgaray ni Peña, cuando literalmente todo el mundo lo ha escuchado a través de la imagen y el audio que dieron a conocer las agencias de noticias que cubrían la reunión de marras.

Y reiteró Videgaray, acompañando su voz con el ceño fruncido de alguien que escucha extrañado la pregunta: “Ese comentario, si lo dijo, lo debe haber dicho muy bajito porque yo no lo escuché”.

¿Y qué tiene que ver este tema, acaecido en un lugar distante, cuando este espacio está destinado al registro y estudio de la relación del peso y el contrapeso en México? Mucho. Veamos.

A pesar de que el Senado facultado está para revisar la política exterior de México, está muy lejos de cumplir con ese mandato constitucional. Los senadores han permitido que el Ejecutivo destroce desde hace años la diplomacia mexicana.

No piden explicaciones.

El Congreso mexicano perdió totalmente el sentido de contrapeso constitucional.

En las tribunas de las cámaras federales, quienes se asumen como opositores al régimen no pueden ir más allá de los posicionamientos, porque el PRI, partido de la presidencia, ha conformado una suma de minorías legislativas de tal modo que parieron desde el comienzo del sexenio una mayoría infame, que va contra los intereses de la población y a contrapelo de la Constitución misma.

No es ocioso cuando los opositores advierten a la población que México está virtualmente bajo el control de una dictadura que se disfraza de democracia.
Una dictadura ejercida por un régimen que debido a su alto grado de podredumbre ha caído en manos de ese poder supranacional de los Estados Unidos, que es capaz de invadir a un país para llevarse a sus dirigentes acusados de terroristas o de narcotraficantes, para hacerlos cumplir penalidades de cárcel en territorio norteamericano.

El temor de que venga por ellos, solamente esto puede explicar que el gobierno de Peña Nieto sea tan sumiso ante los Estados Unidos. Tan entregado, tan entreguista. Tan judas, como a Enrique Peña Nieto se lo han estado restregando opositores como Layda Sansores y Gerardo Fernández Noroña.

El fantasma del general panameño Noriega tiene, al parecer, en la zozobra a gobiernos de América como el actual de México. Solo así puede caber una explicación, un modo de interpretar los motivos por los cuales el gobierno de Peña ha sido y es tan dado a la humillación ante este presidente de los Estados Unidos que ha sido ofensivo, agraviante, un auténtico enemigo de México, Donald Trump.
07 Julio 2017 04:00:00
John Kelly y la sumisión inaudita del gobierno de Peña Nieto
John Kelly, secretario de Seguridad Interna del Gobierno de los Estados Unidos, realiza una visita a México de tres días. En su primer día, el miércoles, se reunió con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en Los Pinos, para después hacerlo con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y también con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.

En el segundo día, ayer, Kelly se trasladó al puerto de Acapulco, Guerrero, a donde se reunió con el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y con el secretario de la Marina, Francisco Vidal Soberón, en el interior de la base naval

Por la tarde, el secretario de Seguridad Interna estadounidense se apersonó en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en la Ciudad de México, para reunirse con el procurador Raúl Cervantes.

Entre las reuniones que el también llamado secretario de seguridad nacional de Estados Unidos realizará hoy, viernes 7, figura la que sostendrá con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

Este mismo día (hoy) Enrique Peña Nieto estará reuniéndose con Donald Trump en la llamada Cumbre del Grupo de los 20, en la ciudad de Hamburgo, Alemania.
Que se recuerde, jamás en la historia de la política binacional un secretario de seguridad nacional de los Estados Unidos había sostenido una gira por México, y tan apretada.

Según ha informado la Presidencia de la República, la visita de Kelly responde a una agenda binacional en la que sobresalen cuatro asuntos fundamentales: “Combate al narcotráfico, tráfico de armas de Estados Unidos a México, migración y seguridad para Centroamérica”.

La visita inusual e inédita del gringo merecería que, desde su condición de contrapeso constitucional, el Congreso de la Unión realizara varias preguntas al titular del Poder Ejecutivo mexicano; pero no las hace.

Kelly se pasea con su mirada de halcón por toda la Ciudad de México, mirando de arriba a abajo a los hombres del presidente Peña; hombres que parecen achicados ante la presencia arrogante del gringo.

El Congreso mexicano está obligado a hacer preguntas fundamentales al Ejecutivo, sobre la presencia del funcionario estadounidense; pero no las hace. Es un Congreso que ha permanecido callado y tan amedrentado como amedrentado se le mira el rostro al presidente mexicano cada que aborda asuntos con el gobierno de Donald Trump.

¿Trump recibiría en el salón oval de la Casa Blanca a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación mexicano? Es muy difícil pensar que sí, por la simple y sencilla razón de que para que esto sucediera tendría que ser rebajada la investidura presidencial estadounidense. Trump no habla más que con presidentes.

No ha sido el caso de la presidencia mexicana actual. Peña ha rebajado la investidura presidencial sin que nadie le haya pedido explicaciones; ni siquiera el Senado, que por facultad constitucional tiene a cargo la revisión de la política exterior de México.

Kelly se ha paseado por el país como si estuviera al mando de todos esos con quienes se ha reunido. Es evidente cómo todos esos hombres con quienes se reunió le han dado trato de jefe; o peor aún, de comandante.

No sOlo ha llamado la atención que venga a hablar de narcotráfico, tráfico de armas y migración. También ha dicho el gobierno mexicano que Kelly ha venido a abordar el tema de “Seguridad para Centroamérica”.

Este tema concita muchas interrogantes, sobre todo porque hay la sospecha generalizada en el país de que el gobierno de Donald Trump ha obligado a los ratoncitos que gobiernan aquí a trasladar virtualmente la frontera de los Estados Unidos hasta la línea divisoria del Suchiate, el río que sirve de frontera entre México y Guatemala.

Ayer, el gringo –quien para mayores señas es un general retirado del ejército norteamericano- se ha reunido con los titulares de los ejércitos mexicanos de tierra y mar, en el interior de la región naval militar con sede en Acapulco.

Este encuentro entre militares –del que se desprendió después un vuelo rasante por helicóptero sobre un sembradío de amapola, en territorio guerrerense, según ha informado el diario La Jornada- rememora sin duda el encuentro que Lori Robinson, jefa del Comando Norte de los Estados Unidos, Kart Tidd, jefe del Comando Sur y le embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, sostuvieron el pasado 30 de enero de este año,  al interior de la base naval de Tapachula,  con funcionarios del gobierno de Peña Nieto, entre éstos, el canciller Luis Videgaray Caso.

¿Tiene que ver esta visita de Kelly con los compromisos que convinieron ambos gobiernos el 30 de enero en Tapachula?
Pues esta pregunta es fundamental. Y, por obligación moral, ética, política y constitucional, la debería estar haciendo desde un principio el Congreso mexicano, supuestamente garante del control político en México.

Entonces se decía en los intersticios de la apanicada presidencia de Peña Nieto que la justificación del interés norteamericano por Tapachula no era otro que el de “comprometer a México en asegurar su frontera sur para mantener a raya tanto a la delincuencia organizada como a los migrantes centroamericanos que tratan de ingresar a Estados Unidos”.

Pero más allá de eso, opositores como Manuel Bartlett, Layda Sansores y Miguel Barbosa, alertaban a la República de que Peña Nieto, sumido en su escandalosa cobardía y analfabetismo de la historia del país en su relación con Estados Unidos, estaba ya entregando la frontera sur de México al ejército estadounidense.

Este tema afloró ahora y, de modo inaudito, el Congreso mexicano ha permanecido callado.
06 Julio 2017 04:00:00
La imitación burlesca de control político en el Congreso mexicano
En su sesión de ayer de la Comisión Permanente, el Congreso de la Unión volvió a soslayar olímpicamente los asuntos que, por su importancia política y trascendencia para la República, deberían ser puestos a contraluz de la función de control político del Poder Legislativo. Y, otra vez, sólo se ha puesto a aprobar unos cuarenta puntos de acuerdo, comunicaciones de los estados y una docena de iniciativas turnadas a diversas comisiones de las dos cámaras federales.

Los opositores al régimen han criticado con dureza esta perniciosa costumbre de quienes controlan el Congreso –PRI, PAN y PRD- de estar haciéndose los occisos a la hora de construir el orden del día de las sesiones de la
Permanente.

Muy rara vez incluyen en la nefasta orden del día el capítulo de comentarios políticos. Y, para no variar, en esta ocasión tampoco la han incluido. Y sólo se dedican a mirar pasar, desde sus escaños, a una República cargada de dolor, ira y frustración, ante hechos bastante significativos que realiza el Ejecutivo Federal, respecto de los cuales la oposición no puede llamar a cuentas por el hecho simple de que el partido de la presidencia, el PRI, lo evita a ultranza, con ayuda del Pvem, muchas veces del PAN y ahora también del PRD.

Desde hace varias semanas, verbigracia, la oposición de las siglas Morena ha solicitado que el orden del día incorpore en el capítulo de los comentarios políticos el tema de la elección a gobernador en el estado de México.

Los de Morena están como apestados. Ni los oyen ni los ven. Es como si la vieja estrategia que Carlos Salinas de Gortari aplicó en su sexenio contra el entonces Partido de la Revolución Democrática, volviera a aplicarse, pero ahora contra el Morena, con la complacencia y la complicidad del nuevo PRD y el PAN de siempre.
Desde el 7 de junio, sesión posterior inmediata a aquellos comicios, han exigido cuatro veces que el asunto sea aireado en la Permanente y ninguna ha fructificado. Las veces que los opositores han hablado del asunto en la tribuna, es porque el tema lo han entreverado con otros.

Con el candado que ha impuesto el PRI en el Congreso, los opositores se enfrentan a una suerte de dictadura, resellada por el PAN, Pvem y PRD.
Ayer, la Comisión Permanente soslayó la visita que actualmente realiza, durante tres días, el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, John Kelly, a quien Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos dándole trato
de iguales.

Según un comunicado de Presidencia de la República, Kelly vino a reforzar convenios con México en materia de combate conjunto contra el crimen organizado.
El Congreso, que sesionaba a esa hora, tenía la oportunidad de abordar la visita del enviado de Donald Trump, en los comentarios políticos. No lo hizo. Dejó pasar el tema como ha dejado pasar otros asuntos de gran importancia para los mexicanos, como la construcción del oleoducto anunciado por el presidente estadounidense a fines de la semana pasada. Mismo que pasará por debajo del muro, según dijo, burlón, el gringo.

Los diputados y senadores que controlan al Poder Legislativo –los del PRI, PAN y PRD- torcieron el orden del día de modo que este tema no se le mencionara en la tribuna, y no se escucharan preguntas obligadas como aquella, de por qué Kelly es recibido por Peña como si aquel fuera también un presidente. O aquella otra, sobre el oleoducto que ya aceptó el gobierno de Peña Nieto construir desde Texas, para garantizar el consumo de gasolinas estadounidenses en México, en vez de tener que construir nuevas refinerías nacionales.

En este tema tendría que ser incluido el dato aquel de la refinería de Hidalgo que prometió Felipe Calderón Hinojosa construir desde la reforma energética de octubre de 2009, de la que sólo fue construida la barda perimetral.

Tampoco esta vez el Congreso en su Comisión Permanente abordó el tema del espionaje, al que dejó pasar. Ningún legislador, por ejemplo, dijo nada sobre la información que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión ya solicitó y que no le han entregado. Información sobre el software conocido con el nombre de pegasus, utilizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para espiar no a delincuentes o a funcionarios corrompidos o coludidos con el crimen organizado, sino a periodistas y a defensores de
derechos humanos.

El Congreso mexicano reselló ayer su costumbre de dejar pasar los temas fundamentales de la
República.

Se dedicó a emitir exhortos. Pero, ¿qué son los exhortos? Solicitudes que hace el Congreso a autoridades, la mayoría pertenecientes a la administración pública federal, para que pongan énfasis en algún ejercicio de gobierno.

Pero no son órdenes, sino sugerencias, solicitudes, exhortos, recomendaciones, que bien puede el destinatario recibirlas con beneplácito y acatarlas. O simple y sencillamente no.

A los exhortos es a los que se les conoce también como “llamados a misa”, porque los atiende el que quiere y el que no, pues no.

Un exhorto es una práctica parlamentaria anquilosada, alejada de la función de control político.

En realidad, muchos de esos exhortos no son más que una simulación de contrapeso constitucional. Una farsa. Ganas de tomarle el pelo a la población.

Los legisladores mexicanos prefieren esta farsa de los exhortos, meros rellenos legislativos, que ponerse a trabajar verdaderamente con su función de control político. Renunciaron a ser verdaderos representantes de la nación, para estar transfigurados en meros peones de quienes tienen los hilos del poder en México.
05 Julio 2017 04:00:00
Tiempo nublado de México
En los asuntos fundamentales del Estado mexicano, el Congreso mexicano duerme. Permanece tieso. Como si no tuviera la obligación de ejercer la función más importante que la Constitución le otorga: Servir de contrapeso a quienes ejercen el poder público en México a través del Ejecutivo Federal y de los otros poderes
de la Unión.

El actuar del Poder Legislativo es como el de un espectador solamente. ¿Hasta cuándo sostendrá esta actitud de valemadrismo y de simulador?
He aquí algunos asuntos en los que el Congreso mexicano debería estar interviniendo, y en los que nada hace o soslaya.

En tanto Coahuila y el Estado de México siguen adentrándose en ese recodo oscurecido de los fraudes electorales, el Congreso mexicano ha cerrado la tribuna para que estos temas no sean discutidos, como tendría que suceder.
Ayer en los pasillos de San Lázaro volvía a causar furor el rumor aquel que desatado está desde la primera semana de junio, tan pronto se celebraron las elecciones de aquel domingo cuatro. El rumor de que el PAN estaría atando los últimos cabos en torno de la negociación con el PRI y con el presidente Enrique Peña Nieto sobre la suerte de los estados de México y Coahuila.

Es un rumor que hace callar de facto a los panistas. El rumor de que Peña Nieto ha convenido con la dirigencia nacional del PAN para que quede anulada la elección a gobernador en Coahuila a cambio de reconocerle al PRI el triunfo en el estado de México.

Que sólo es “cuestión de días”, para que este asunto se concrete, se escucha decir en el pasillerío de San Lázaro, lo que encajaría en la declaración adjudicada en mayo al presidente de la República: Es más fácil que permitamos que nos ganen la presidencia de la República que la gubernatura del estado de México…

Antes de que concluya julio, el Instituto Nacional Electoral deberá resolver las demandas de fraude que presentaron en contra de los supuestos triunfos del PRI en el estado de México y Coahuila, los opositores que se consideran robados: Morena en el estado del centro del país y el PAN en la entidad norteña.

De suceder así, entonces el PAN estaría concediéndoles la razón a quienes, desde las oposiciones de izquierda, juran que el blanquiazul sólo juega en esta época del México contemporáneo un papel de gran prostituta de la política mexicana. Un papel de simulador de un juego democrático, que también juegan instituciones como el mismo INE, el tribunal electoral  y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Congreso también ha guardado un silencio atroz en torno del alza de las gasolinas, que aun cuando de modo perverso han bajado este mes dos o tres centavos, su incremento bestial a partir de enero pasado no significa otra cosa que un terrible engaño a la población, por parte de quienes en julio y agosto de 2014 (PRI, PAN, Pvem, y soterradamente el PRD) aprobaron la reforma energética, con el señuelo de que uno de sus grandes beneficios en el corto plazo sería la disminución del precio de las gasolinas.

En octubre de 2016, como parte de la reforma energética, el PRI, PAN, PRD, Pvem, Pes, Panal y Movimiento Ciudadano votaron aprobatoriamente una modificación a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en la que decidieron que las gasolinas se incrementasen en enero cuatro pesos.

De los estragos que está causando este aumento más que brutal, ahora ellos tratan de soslayarlo y no opinar, no hablar, evitar a toda costa que el tema barbote en la tribuna de la Comisión Permanente.

Tampoco, en los territorios del Congreso mexicano, nada han dicho todavía los legisladores en torno de la declaración reciente de Donald Trump, de que su país construye un oleoducto hacia México, por donde estará llegando un río de petróleo crudo.

El dicho de Trump causó un encabronamiento colectivo, a contrapelo de la pasividad vergonzosa de Enrique Peña Nieto, que nada dijo sino hasta tres días después, cuando su secretario encargado del despacho de Economía expresó cuando se le preguntó si el oleoducto estaría pasando bajo el muro, como lo anunció Trump. “Ni modo que por arriba del muro”, respondió el secretario.

Pues de esto nada ha dicho el Congreso. Se esperaría que hoy, en su sesionar, la Comisión Permanente diga algo sobre esta burla del oleoducto, derivado de una reforma energética que frenó a ultranza las exploraciones de Petróleos
Mexicanos.

Dicho oleoducto se constituirá también en otro un símbolo del engaño de la reforma energética, cuando se decía que con la apertura del sector energético mexicano llegarían compañías petroleras que se dedicarían a explorar bajo su cuenta y riesgo los mantos marinos profundos, para después sacar petróleo que Pemex nunca podría extraer por una supuesta falta de tecnología.

Llegaron, pero no para explorar en aguas profundas solamente, sino en el macizo continental, haciéndoles la competencia a Pemex en áreas donde –según los debatientes del PRI y el PAN- jamás llegarían porque la paraestatal mexicana estaría allí, en exclusiva, haciéndolo.

El Congreso mexicano tampoco ha organizado la participación de la gente como fase previa a la renegociación del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. Dejan pasar el tiempo, permitiendo que el Ejecutivo federal se adentre solo e impune en esa espiral de negociaciones con los gringos y canadienses, de cuyos resultados ya se sabrá algo cuando los negociadores de aquellos dos países sean llamados a rendir cuentas e información por parte de sus respectivos contrapesos: el parlamento canadiense y el Congreso
estadounidense.
04 Julio 2017 04:00:00
¿Y el espionaje en las cámaras del Congreso de la Unión?
El espionaje siguió soplando como un viento negro en los territorios del Congreso de la Unión. Un viento que quema a la vez y que marchita a las instituciones como suele marchitar el sol de verano a las milpas en tiempos de estiaje.

En el Senado, sede de la Comisión Permanente, y en San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, este tema del espionaje está tan caliente que el PRI ni lo toca, como tampoco el PVEM y esa runfla de partidos chiquitos que nacieron solo para engañar a la gente, engatusándola, haciendo creer a la población que son de oposición cuando no son más que alcahuetes, comparsas, rémoras del partido en el poder
presidencial.

El único partido político que no deja de sacarlo a contraluz, para que se airee y no se olvide nadie que el espionaje en México al parecer está hasta la médula, es el Morena.

Ayer, senadores y diputados de este partido políticos volvíana quejarse de cómo el Congreso solo funciona para resellar las posiciones del presidente Peña Nieto y su partido, y olvida su función de contrapeso político.

Verbigracia: el senador Manuel Bartlett Díaz hablaba de un punto de acuerdo que presentará en la sesión próxima de la Comisión Permanente, en la que planteará sea exhortada la mesa directiva del Senado para que informe qué está pasando en la Cámara de Senadores, en la materia del espionaje.

Y hablaba del espionaje del que, tal parece, ya todo mundo esta acostumbrado en el Senado: Intervención de todas las líneas telefónicas, intromisión en todas las computadoras. Son dos viejas prácticas que ocurren en el Senado y también en la Cámara de Diputados.

Las salas de prensa de las dos cámaras federales están espiadas hasta las cachas: No hay una sola extensión de línea telefónica que no esté marcada por la sospecha de que alguien te está escuchando.

Prácticamente todos los reporteros que cubren informativamente las cámaras de Senadores y de Diputados, saben que las computadoras de las salas de prensa están intervenidas y que no falta que alguien -sea del PRI o del PAN o de la nomenclatura de las cámaras- esté leyendo los textos periodísticos desde el momento mismo en que se van pergeñando los párrafos.

Y prácticamente todos los reporteros saben que si tienes alguna información que desearías salvar hasta antes de su publicación o salida al aire, pues lo mejor siempre será que te vayas a escribir a la redacción de tu periódico. Y utilizar celulares que no usas de manera cotidiana.

En los pasillos, salones y patios del Congreso es común mirar a gente que, no siendo de los medios de información, actúan como si lo fueran y se mezclan con la fuente. Muchos de ellos son conocidos como los “orejas de Gobernación”, y están desde hace decenios. Y la función de ellos, admitida en corto por ellos mismos, no solo es reportar la misma información que registran los reporteros, sino dar seguimiento a los reporteros para registrar con quiénes hablan, cuáles son sus fuentes. Y más aún: Entre sus funciones ha sido también vigilar a los diputados, sobre todos los opositores, para ver con quién se reúnen. O a los mismos priístas y panistas, ante quienes se pasean para darles “calambres”, sobre todo cuando alguno de ellos está de rejego con el Presidente de la República o con algunos de sus dirigentes de partido.

Y así los tienen -siguiéndolos, haciéndoles sentir que los vigilan, en otras palabras acosándolos- hasta que solitos vuelven a entrar al huacal.

Y ante la institución del Estado que suelen responder estos sujetos con labor de estercoleros, es la Secretaría de Gobernación, a cuyo organigrama pertenece el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido tristemente con las siglas del Cisen.

Pues a propósito de todo esto que es del conocimiento público en todo el Congreso, nunca se había pedido en un punto de acuerdo que el Congreso como institución dé la cara y diga quiénes son los que vigilan, a quién, quiénes reportan y por qué.

Esto lo ha pedido nada menos que Manuel Bartlett Díaz, la semana pasada, cuando mediante un punto de acuerdo, que presumiblemente será aireado este miércoles en la sesión de la Permanente, ha pedido que el Senado informe públicamente quiénes filman a opositores y a periodistas (y habría que agregar a los senadores priístas, pvemistas, panistas y perredistas que pretenden desobedecer alguna vez), quiénes graban y escuchan las conversaciones telefónicas, quiénes son los que monitorean las computadoras de opositores y
de periodistas.

E insistía Bartlett Díaz: “Resulta que aquí en el Senado tenemos un sistema de cámaras. Seguro nos están filmando. La posibilidad de meterse las computadores. Todas están en el mismo servidor.

“Tenemos que exigir que digan quiénes están administrando en el Senado, que informe qué hacen las cámaras, qué equipos funcionan. Quién la tiene, a quién informan”.

Y hacía más preguntas Manuel Bartlett: “(Son preguntas para el presidente de la mesa directiva del Senado), ¿quién esta manejando el sistema de vigilancia del Senado? ¿Qué compras (de equipo de espionaje) han hecho? ¿Qué conflictos de intereses hay aquí en el Senado, con espías? ¿Quiénes venden sistemas de espionaje?.

Y era entonces cuando Bartlett decía que no solo a opositores y periodistas suelen espiar, sino también a los legisladores priístas y panistas que no están de acuerdo con sus respectivos coordinadores, o que están en contra de Enrique Peña Nieto”. Y remachaba: “Son colocados en situación de represión también”.
01 Julio 2017 04:00:00
¿En toda la historia de México, habrá alguien más traidor que Videgaray o Peña?
Al Congreso mexicano se le volvieron a acumular muchos fierros en la lumbre, en la semana que concluye.

Acaballado por el PRI y por el presidente de la República, el Poder Legislativo mexicano se le mira inservible, con su función de contrapeso anulada. Una función rota, con la posibilidad imposible de echar a andar la rendición de cuentas en México.

Excepto por la Auditoría Superior de la Federación, que como ayer ha dado de qué hablar con sus informaciones sobre la cuenta pública de 2016, el resto del campo legislativo no pertenece a quienes dicen representar, sino al grupo político y económico que tiene bajo su égida el poder presidencial en México.

¿Por qué se dice que se amontonan los fierros en la lumbre al Congreso? Porque hay asuntos importantísimos para la República que debiendo poner a contraluz, para su control político, no lo hacen, dejándolos pasar como si los diputados y senadores no tuvieran ninguna obligación política ni jurídica de revisarlos y detenerlos incluso.

Espionaje, negociación oscura del TLC, ejecuciones imparables y asuntos como de la tremenda acusación que acaba de hacer el presidente venezolano Nicolás Maduro contra su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray Caso, están campeando sobre la vida nacional. Y el Congreso, como si nada.

Llamó la atención que nada dijo el Congreso sobre el tema de Venezuela, a propósito de las históricas declaraciones que el presidente Nicolás Maduro, de Venezuela, hizo el pasado martes en contra de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, a quienes sin mencionarlos por su nombre los calificó de ser los dos grandes traidores de México, cuando el Gobierno mexicano a través de su cancillería maniobró durante la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Cancún la semana pasada, para que este organismo internacional no emitiera resoluciones que beneficiarían a México.

Lo siguiente, es parte medular de lo que dijo Maduro desde su país, el pasado martes, y respecto de lo cual el Congreso mexicano nada dijo:

El presidente de Venezuela: “La cancillería mexicana vetó diez resoluciones de Venezuela ante la OEA. Las censuró. Una de ellas era contra el muro. Era una declaración para que la OEA condenara la construcción del muro.
“Debe saber México que la cancillería mexicana (Luis Videgaray) vetó una declaración de solidaridad de todos los países de América para que no se construya ese muro, y para que cese la persecución contra los migrantes mexicanos, latinoamericanos y caribeños en los Estados Unidos.

“Los están capturando en las calles. Los están expulsando por miles todos los días. Hasta niños y niñas los tienen en cárceles en la frontera. Ellos los llaman refugios infantiles, pero son cárceles, niños presos. Sus únicos delitos es ser migrantes mexicanos. Y las cancillería mexicana se negó, vetó, censuró, paró nuestra declaración que era… de cajón, pues. Que llegara ese debate. Que le llegara al presidente Trump, diciéndole: ‘América entera pide no se construya el muro’. ¿Qué le parece a México esto?

“La cancillería mexicana vetó una declaración en que se demostraba la preocupación de América Latina por el cambio climático y la decisión de los EU de separarse del Acuerdo de París. Pero la cancillería mexicana la vetó, la censuró.

“¿Qué más vetó México? Una resolución declarando la solidaridad con los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Algo histórico que América entera le dijera al Gobierno mexicano.

“¿Para qué sirve la OEA? ¿Y preguntas tú desde México? ¿Qué hay detrás de la agresión a Venezuela? Qué hay detrás del intento de golpe de Estado en Venezuela durante 90 días? ¿Qué hay? Los intereses de la élite imperialista de los EU por apropiarse de las riquezas naturales de Venezuela y por destruir el ejemplo de la revolución bolivariana como opción exitosa, alternativa al capitalismo neoliberal.

“Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, certificadas. Tenemos petróleo para 200 años. Y se le acaba el petróleo a México y a Colombia. Les quedan seis años de petróleo. Y ellos dicen, la oligarquía mexicana y colombiana: ‘este petróleo es nuestro?...’ ¿Petróleo nuestro, oligarquía? No metan sus manos aquí.

“Y el imperialismo, que está destruyendo su propio territorio con la tecnología de esquisto, tiene sus ojos puestos aquí porque este petróleo fue de ellos: 90 años. Desde 1908 que se dio el golpe de Estado contra Cipriano Cástulo y se impuso una dictadura de las empresas petroleras estadounidenses, hasta 1998, con la llegada de Hugo Chávez, 90 años les perteneció a los gringos. Ellos hacían y deshacían con nuestro petróleo.

“Pero ellos creen que es de ellos. Y se los reparten. Pero además, estamos certificando en Venezuela la cuarta reserva natural de gas del mundo. La primera reserva de oro del mundo, y tenemos la más importante reserva de goltam, mineral estratégico. De diamantes, de cobre, grandes reservas de hierro, aluminio. Tenemos fuentes de agua dulce hermosísimas, en el río Orinoco, en el Carona, en el Amazonas.

“Somos fuente de riquezas acuíferas impresionante. Un país bendito de riquezas naturales.

“Quieren derrotar a Venezuela como ejemplo. ¿Qué hemos cometido errores? ¿Quién no los cometió? Reinvindicamos la revolución mexicana. ¿Quién no la reinvindica? ¿La revolución mexicana no cometió sus errores? Son hechos históricos. Pero el único error que no hemos cometido es traicionar a nuestro pueblo, traicionar a nuestra historia. Ni la traicionaremos jamás.

“Y quieren sacar a Venezuela para conquistar a todo un continente. Al imperio se le cae la baba. Así que… muchas gracias, México”.
30 Junio 2017 04:00:00
El Estado mexicano no sabe más que torturar; ¿podrá, o querrá, cambiar?
La ley que combate la tortura, promulgada ya por el Ejecutivo, era objeto de posicionamientos en la Comisión Permanente. “Yo, la verdad, me siento muy contenta de que finalmente tengamos esta ley”, festiva, en tribuna así se expresaba la senadora priísta Diva Hadamira Gastelum Bajo.

Y justificaba también la priísta: “La definición de tortura cambió totalmente; pero además no es una ley solamente y escueta, tocamos el Código Penal Federal, tocamos la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley Nacional del Sistema de Seguridad Pública, también la Ley de Extradición Internacional. No es cualquier cosa lo que estamos promulgando”.

La priísta no era la única que festejaba así esta nueva ley que ha entrado en vigor esta semana, porque también lo hacía Jesús Zambrano Grijalva, uno de los dueños del PRD, quien decía: “Con la publicación de esta ley es indiscutible que se salda una deuda que se tenía con la sociedad mexicana, con muchos miles de mujeres y de hombres que padecieron directamente o a través de las familias de sus seres queridos que muchos pasaron, pasaron, también por etapas siniestras a las que ya nos queremos regresar”.

Una ley contra la tortura, insistía Zambrano, “que tiene un alto valor político también porque estamos queriendo erradicar una cultura que se arraigó durante mucho tiempo, durante décadas en nuestro país y que establece efectivamente disposiciones como aquí ya se ha establecido, disposiciones para los tres órdenes de gobierno en distintas áreas para erradicar esta deleznable práctica del quehacer público, prevenirla y sancionarla”.

Ahora los datos duros de la senadora panista María del Pilar Ortega Martínez: “De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2006 a diciembre de 2015 se recibieron 4 mil 400 quejas sobre trato cruel o degradante en 2012; según la encuesta del CIDE, el 57.2 por ciento de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención, y el 34.6 declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.

“Otra cifra de la Comisión de los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que, de 2000 a 2017, se presentaron 417 quejas en materia de tortura, y en lo que va del año son 56. La Comisión Nacional, en este lapso de tiempo, ha emitido un total de 100 recomendaciones.

“Datos aportados por el Relator Especial de las Organizaciones Unidas sobre Tortura y otros tratos crueles, mencionan que para 2015, la Procuraduría General de la República contaba con 2 mil 450 investigaciones en trámite por el delito de tortura, sin embargo, sólo se contaba con 15 sentencias condenatorias entre 2006 y 2015”.

María del Pilar Ortega continuó: “La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se planteó con el objetivo de asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y el establecimiento de formas de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes, los tipos penales de aplicación general, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y sus sanciones que son de oficio y son imprescriptibles”.

Dijo entonces el senador Miguel Barbosa Huerta: “Hay que recordar que en el 2008 se hizo una reforma constitucional muy importante, la del sistema adversarial, es una ley que provocó el desarrollo de un conjunto de otras leyes y reformas a leyes vigentes.

“Si esa reforma del 2008 se concatena con la del 2011, sobre derechos humanos, que es la gran reforma sobre derechos humanos, el cambio de paradigma, como se ha calificado por los juristas y por los parlamentarios, si esas dos reformas se concatenan, el desprendimiento natural es que nuestra legislación se ajustara a los parámetros internacionales, sobre todo en los asuntos sobre tortura.

“Tuvimos que hacer reformas al artículo 73, a su fracción XXI, para establecer la competencia de las Cámaras del Congreso, para emitir una ley general sobre tortura.

“El producto es el resultado de un esfuerzo enorme de los grupos parlamentarios.

“Se ha vuelto más visible los casos de tortura, así de sencillo. Están a punto de caerse muchas de las causas en el procesamiento de responsables en el caso Ayotzinapa. ¿Por qué razón? Porque a pesar de ser responsables muchas de las confesiones está probado que fueron tomadas a través de tortura.

“La tortura se volvió una constante a todos los niveles de la investigación criminal. Desde los presuntos responsables de delitos menores sufrían tortura; las detenciones, ejecuciones y órdenes de aprehensión eran con calentadita o sin calentadita, así constaban.

“En la mayoría de los procesos aún se ejerce presión que puede equivalerse a tortura, la incomunicación, de las detenciones y de los detenidos, en las detenciones de los detenidos, son actos de tortura.
“Vamos a ver si esta ley es capaz de modificar. Las leyes se aprueban con dos propósitos posibles:

“Regular la conducta existente o crear una nueva conducta. Y aquí lo que tiene que hacer, es que se tiene que crear una nueva conducta y una cultura de respeto a la ley por parte de la autoridad.

“Debemos de reconocer que como sociedad tenemos que avanzar; que es un asunto en el ejercicio del poder, sí, es un asunto del ejercicio del poder, pero un asunto dominado por la condición humana, de quienes tienen atribuciones de coacción, quien tiene la atribución para llevar a cabo hechos o acciones de investigación”.

Y celebraba Barbosa, también, la publicación de la ley de marras.
29 Junio 2017 04:00:00
Tiempos de esquizofrenia de un México que se apellida tortura
Con un posicionamiento parlamentario, las fuerzas políticas que conforman la Comisión Permanente, celebraron ayer que el Ejecutivo Federal por fin publicó en el Diario Oficial de la Federación la, ley contra la tortura, cuyo kilométrico nombre es: Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Recaló en la tribuna una feria de reconocimientos gozosos sobre la promulgación. He aquí los dos primeros: El de la senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza y el del senador de Morena Vidal Llerenas Morales:
Mariana Gómez del Campo: “Yo quiero señalar algunos datos de Amnistía Internacional, que nos dicen que hay al menos 141 países en los cuales se reportan muchos casos sobre maltrato, países como Corea del Norte, Siria o México, en donde las torturas y secuestros están a la orden del día y los métodos son cada vez más brutales y no podemos hacer oídos sordos.

“Esto contribuye a que desafortunadamente nuestro país sea considerado como el segundo país más violento del mundo, solamente superado por Siria, según las conclusiones del informe anual del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres.

“El relator especial de la ONU habló sobre tortura y ratificó que en México, primero, es generalizada; agregó también que es alarmante que se utilice la violencia sexual por parte de las autoridades para obtener información o
confesiones.

“Soy una convencida de que nuestro país debe hacer mayores esfuerzos para que la tortura, las desapariciones forzadas, la persecución a víctimas y defensores de derechos humanos y la impunidad dejen de formar parte de la vida cotidiana.

“Es increíble, a veces, que ya nos acostumbramos a escuchar este tipo de noticias, y en algunas ocasiones deja de sorprenderles a muchos gobiernos a nivel local, a nivel federal y a nivel municipal.

“Hay datos también de la Procuraduría General de la República: Entre 2012 y 2016, se registraron poco más de 10 mil carpetas de investigación por tortura, pero solo 22 casos fueron resueltos y consignados ante un juez.

“Ahora con esta publicación de la ley, se espera que además de prohibir la tortura, se cuente con mecanismos para su registro, prevención, y esto permitirá conocer la situación a nivel nacional, en relación a esta grave violación de derechos humanos”.

Y Vidal Llerenas Morales: “El origen del incremento de la tortura en México tiene que ver con la violencia relacionada con la guerra contra las drogas y todos estos años de enorme presencia militar en todo el país.

“Antes de la guerra contra las drogas, según las encuestas en prisiones, decide más o menos 15 por ciento de las personas decían haber sido torturadas. Después de la guerra, alrededor de 50.

“Es decir, hay un incremento claro, evidente y lógico entre la violencia, entre la guerra contra las drogas y la tortura como un elemento esencial en el actuar de las policías y de los militares en México.

“El segundo problema que claramente se relaciona con la tortura, y esto también lo establecen los números, es el arraigo. Más o menos el 50 por ciento de las personas que fueron arraigadas dicen haber sufrido tortura, y 40 por ciento en el caso de las no arraigadas.

“Es el momento en que una persona pasa como arraigada, cuando todavía no tiene un procedimiento claro en su contra por parte de un juez, es donde más se realiza la práctica de la tortura.
“Y tercero, es en la detención el momento cumbre en donde la tortura se puede dar.

“Actualmente una persona se detiene y pueden pasar horas, pueden pasar días sin que nadie tenga un registro claro de lo que sucede con esta persona, y ahí también es el momento donde se realiza la tortura.

“Si pudiéramos tener la obligatoriedad de que en todos los casos, en el caso de una detención se diera aviso a una autoridad y hubiera un catálogo claro, un registro preciso de las personas que están detenidas, habría muchísimo menos espacio para la tortura.

“Esto tiene que ver con la poca claridad con la que se hace la investigación en México, la poca claridad con la que actúa el Poder Judicial; esto se refleja en toda esta discusión absurda que tenemos, en donde se pretende poner la culpa al nuevo Sistema Penal Acusatorio, de que supuestamente personas peligrosas salgan de la cárcel, cuando es la incapacidad de quien investiga, de quien procesa, de quien juzga la que no puede hacer este trabajo.

“De hecho vivimos en México una suerte de esquizofrenia, en donde por un lado proponemos leyes garantistas, como esta contra la tortura, y por otro lado está a la discusión una ley de Seguridad Interior que claramente quiere violar derechos de las personas.

“Si, como en el caso de Tlatlaya, se sigue demostrando que es solamente mediante la tortura como se están obteniendo las declaraciones de los testigos en estos crímenes, seguirá siendo la tortura el mecanismo que van a seguir empleando los militares, los policías y quien hace investigación.

“Creo que aquí tenemos que partir del reconocimiento de la crisis humanitaria que vive México en materia de seguridad y de la incapacidad que existe del gobierno de la República, del gobierno de los estados de combatirla. Y si no partimos de ese reconocimiento y de esa premisa, y si no avanzamos en temas como eliminar el arraigo, cómo identificar a los detenidos como cambiar las dinámicas en las cárceles, creo que esta ley será letra muerta”. (Continuará)
28 Junio 2017 04:00:00
La canallada que pretende el PRD para beneficiar al PRI
La guerra del PRI por la Presidencia de la República  tuvo ayer, desde las zanjas prestadas del PRD, una de sus primeras escaramuzas en los territorios del Congreso de la unión contra Andrés Manuel López Obrador. Y el engaño pretendido a la gente que suele votar por la izquierda, afloró.

El diputado federal perredista Guadalupe Acosta Naranjo ha declarado en San Lázaro que el Frente Amplio, que anteayer anunció la dirigencia nacional de su partido con miras a la lucha por el 2018, “buscará ganar la presidencia de la República” y, juró que de ninguna manera será un Frente en contra del que sin duda será el candidato de Morena.

En su conferencia, Acosta arguyó que “no es poca cosa que el PAN y el PRD en sus respectivos órganos de dirección  hayan planteado la necesidad de construir un Frente Amplio. Es un paso institucional muy importante.”

A contrapelo de quienes, dentro y fuera del PRD, han asegurado que dicha alianza no será  más que un juego sucio del PRI para debilitar a López Obrador, José Guadalupe Acosta afirmaba: “Este Frente es contra el PRI, pero sobre todo por el cambio de régimen”.

Y remachaba Acosta Naranjo: “Contra Morena no, nosotros no tenemos como adversario a Andrés Manuel López Obrador, tan no es así que lo invitamos a formar parte del mismo, al que no invitamos es al PRI. Si Andrés no viene, ya es otra cosa”.

Cuando el nayarita reconoció que al interior del PRD hay “algunas voces disidentes” que se oponen a este Frente porque no representa más que una mascarada para aliarse con el PAN con el fin de beneficiar al PRI mediante la fragmentación del voto de la izquierda, estaba aludiendo a voces de gran peso político como la de Dolores Padierna Luna, coordinadora del grupo parlamentario perredista en la Cámara de Senadores, quien ayer mismo aseguró que el frente de marras “es una decisión muy equivocada, porque no se puede sumar a la derecha con la izquierda”.

Incluso, Padierna ha asegurado que la corriente dominante en el PRD -la de Nueva Izquierda, conocida mejor como la tribu de los chuchos, en referencia a Jesús Zambrano Grijalva y al gangsteril Jesús Ortega Martínez- “comete una equivocación garrafal” al pretender unirse con el PAN, partido con el que –añadió- “tenemos diferencias abismales”.

En conferencia, Dolores Padierna dijo: “A mí lo que preocupa mucho es la división del PRD. Queremos mantenernos unidos todos, pero si hacen alianza con el PAN, realmente se va a partir el PRD”.

Y sostenía también: “El PAN pertenece al sistema que nosotros queremos cambiar. Yo pienso que los compañeros de la dirigencia deben rectificar”.

El nayarita Acosta Naranjo salió al paso de quienes critican, desde ahora, la vaticinada alianza del PRD con el PAN. “Somos distintos partidos que conservamos nuestra autonomía e independencia, que hacen un esfuerzo para trabajar conjuntamente como se ha hecho en Chile, Brasil, Alemania, entre otros países”, dijo.

Y resellaba su discurso, diciendo: “El hecho de que en el PRD se junte cerca del 90 por ciento de los representantes del partido en los órganos de dirección y todos sus gobernadores en la reunión en la que se convocó al Frente Amplio, quiere decir que la gran mayoría respalda esta propuesta”.

Nada de lo que ahora decide el PRD es una novedad. Desde que inició el sexenio, el opositor Andrés Manuel López Obrador ha asegurado reiteradamente que el PRD se aliará electoralmente con el PAN o con el PRI en 2018, con un propósito común: jugarle a las contras al tabasqueño, para que éste no llegue a la presidencia de la República.

El PRD ha jugado un juego sucio y de traición a sus orígenes y a la gente que un tiempo le siguió.

En los territorios del Congreso de la Unión, el PRD se alió al PRI y al gobierno de Enrique Peña Nieto para lograr la aprobación de leyes que regresaron a la República a los tiempos mismos del Porfiriato y del mismo Antonio López de Santa Ana.

Inauditamente, el PRD se ató al Pacto por México y se puso a aprobar leyes totalmente contrarias a los intereses de la gente que dice representar, como la reforma fiscal, la reforma educativa y, traslapadamente, la reforma energética.

La reforma que más recientemente aprobó y que está lacerando a la mayoría de la población en este momento, es la que ha permitido al Enrique Peña Nieto incrementar el precio de las gasolinas de los 14 a los 18 pesos a partir de enero pasado.

Una reforma que no fue motivada por el vaivén de los precios internacionales, como arguyó el gobierno, sino para ampliar el margen de utilidad a las dos empresas trasnacionales que el gobierno dio concesión para importar las gasolinas a partir de 2017.

En lo político-electoral, la alianza del PRD con el PAN terminó beneficiando al PRI en todo: En Veracruz ganó Yunes con el favor del PRD y en perjuicio de Morena; en el estado de México, el PRD dividió a la izquierda para beneficiar al PRI. Un PRI que entregó carretilladas de dinero al perredismo para que también comprara votos, como sucedió en Nezahualcóyotl, con tal de quitarle votos a Morena y dar margen al PRI para carrancearse la elección, como está ocurriendo.

Y en 2018, el PRD no tendrá otro propósito que servir al interés del PRI, dividiendo el voto de la izquierda. Esto es lo que acusan los que critican el frente anunciado por el perredismo.
27 Junio 2017 04:00:00
La ausencia infame del Estado mexicano
Los restos calcinados de Salvador Adame Pardo -el periodista que fue levantado el pasado 18 de mayo en Múgica, Michoacán- fueron localizados bajo un puente de la carretera federal Uruapan-Nueva Italia e identificados mediante pruebas de ADN. A partir de entonces, el periodista michoacano ha comenzado a figurar en la estadística de los reporteros asesinados: es el séptimo del año.

Este hecho ha sucedido en un contexto de violencia demencial en el país contra periodistas y medios de información. Un contexto en el que está también el espionaje de que son objeto los periodistas por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La impunidad es prácticamente el común denominador de todas estas muertes. Y también la ausencia del Estado mexicano, cuyas instituciones no son capaces de funcionar mínimamente cuando se ha tratado de proteger a periodistas. No es difícil pensar que dicha impunidad está afincada en la complicidad sostenida entre criminales y autoridades.

¿Cuántos de los reporteros que han sido asesinados en lo que va del sexenio fueron espiados por alguna de las dependencias del Gobierno mexicano?, es una pregunta que el gobierno de Peña está bastante renuente en responder.

En la pasada asamblea de la Comisión Permanente, legisladores opositores se hicieron esta pregunta, como, anteriormente, también se la hubieron hecho algunos de aquellos periodistas que, de acuerdo con lo publicado por el periódico The New York Times, han sido objeto de espionaje por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Cada que ha muerto un periodista, las Cámaras del Congreso mexicano han salido a reclamar la impunidad y la falta de seguridad que prevalece en el país; pero, la mayoría de las veces, no han ido más allá del pronunciamiento y el exhorto.

Apenas han podido crear comisiones de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de información, pero desdentadas como un león viejo. El Congreso no tiene el poder constitucional para obligar al Ejecutivo a reaccionar con vigor y con obligación de Estado, en el esclarecimiento de los crímenes. Y una manera de obligar a que investigasen sería el despido de los responsables de tales indagatorias. Un responsable mayor sería, por supuesto, el procurador general de la República.

A partir de los asesinatos de los dos periodistas del diario La Jornada –Miroslava Breach, en Chihuahua, y Javier Valdez, en Culiacán- como que se movió un poco la comisión especial de marras, y en voz de su presidenta, la diputada panista Brenda Velázquez, ha hecho reclamos airados al Ejecutivo Federal por su lentitud grosera en las investigaciones.

He aquí lo que ayer dijo Brenda Velázquez en un comunicado, a propósito del descubrimiento de los restos humanos del compañero periodista de Michoacán:
“Salvador Adame Pardo era propietario del Canal 6 TV de Nueva Italia, Michoacán.

“Exigimos que la PGR a través de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), atraiga el caso y que se realicen las investigaciones correspondientes para castigar a los responsables.

“Hacemos un llamado, nuevamente, al secretario de Gobernación para que se garantice la seguridad de los periodistas. Y al procurador general de la república para que se castigue a los responsables.

“En la Comisión Especial hemos enviado 6 oficios solicitando información sobre agresiones a periodistas en el estado de Michoacán, (7 de febrero, 14 de febrero, 6 de abril y 24 de mayo) de los cuales no hemos tenido respuesta alguna.

“Las solicitudes de información han sido dirigidas al Gobernador Aureoles, al procurador Godoy y al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“De igual forma, se convocó al Procurador José Martín Godoy a que rindiera informe sobre las agresiones a periodistas en Michoacán el 22 y el 29 de marzo, y el 5 de abril, el procurador de Michoacán se negó a acudir a la Cámara de Diputados.

“Son lamentables las declaraciones del procurador José Martín Godoy, tal parece que trata de ocultar su incompetencia, insinuando que el agredido tuvo responsabilidad en el hecho delictivo.

“El 11 de febrero tenemos reporte de amenazas del Secretario de Seguridad Pública del Estado hacia la reportera Alejandra María Martínez.

“Cuatro periodistas aún siguen desaparecidos en Michoacán: José Antonio García Apac, 2006; Mauricio Estrada Zamora, 2008; María Esther Aguilar Cansimbe, 2009, y Ramón Ángeles Zalpa, 2010.

“Salvador Adame Pardo es el décimo periodista asesinado de noviembre a la fecha; la situación de violencia contra la libertad de Expresión no puede continuar; le exigimos al presidente Peña Nieto que tome cartas en el asunto de manera inmediata”.

Con el descubrimiento de los restos del compañero Salvador Adame Pardo, el Congreso a través de su Comisión Permanente tendrá la obligación política de posicionarse al respecto. ¿Qué hará? Tendrá que hacer un recuento de, cuando menos, los más recientes asesinatos. Y exhortar al Ejecutivo Federal a que indague en serio, a que atraiga todos los casos, para que la PGR los investigue sin ambages.

ESTRIBO
En los territorios de la Cámara de Diputados, un rumor de que el PAN ha comenzado a negociar Coahuila con el PRI se aupó sobre esa atmósfera recargada de junio. La versión de que estarían negociando la anulación de la elección volvía a asomarse en los intersticios del palacio de San Lázaro.

De ocurrir, estaría cumpliéndose el vaticinio de Morena, respecto de que el PRI aceptaría entregar Coahuila a cambio de que el PAN y PRD acepten el triunfo priísta en el estado de México.

Cuando un reportero preguntó a Federico Döring sobre este rumor, el senador panista se hizo el occiso y no respondió.
24 Junio 2017 04:00:00
El anhelo (fallido) de la sociedad: ¿Y si la Corte se atreviera a enjuiciarlo?
Era un debate inédito no por el tema por sí mismo, sino porque el periódico The New York Times –con el portazo que dio- hizo que el presidente mexicano dejara los dedos en la puerta. “Hasta a mí me espían”, había dicho Enrique Peña Nieto un día después de la revelación aquella, con el ánimo auto exculpatorio y chorreante de gruesas gotas de aquel cinismo con que el régimen ha engrasado la muy retorcida maquinaria del poder público en México.

Dijo José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social: “Tenemos claro que cualquier intromisión de la vida privada incluso íntima de las personas, por sólo dignidad humana sin importar a lo que se dediquen o si tienen o no alguna investidura pública es reprensible y merece un esclarecimiento profundo y pleno. De la misma manera, no tenemos duda que resulta injustificable que periodistas y gente del gremio sea perseguida, amenazada, incluso asesinada”.

Le seguía Karina Sánchez Ruiz, diputada de Nueva Alianza: “Aquí, como en todo el mundo, el presunto espionaje que se ha denunciado por parte de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos constituye un hecho por demás preocupante”.

Ahora Macedonio Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano: “Muchos mexicanos estamos conscientes de la mediocridad y venalidad de la actual administración federal, pero nunca pensamos que llegara a este grado de degradación moral como el espiar a sus ciudadanos, y en particular tratándose de ciudadanos que son hombres y mujeres de bien, que investigan la verdad para publicarla, que buscan luchar por los derechos fundamentales del hombre, que buscan combatir la corrupción; ese algo verdaderamente intolerable”.

Vidal Llerenas Morales, de Morena, afirmó: “El gobierno de la República, en su enorme irresponsabilidad, no nombró a un fiscal independiente o a una comisión en la que estuvieran los propios activistas para investigar si alguien dentro del gobierno de la República o dentro de algún gobierno espía a los activistas sociales. Y si alguien utilizó un software de espionaje para un propósito distinto al que estaba permitido, esa persona tiene que ir a prisión. Así de claro”.

Lía Limón, del Pvem, en su papel de cómplice con Peña Nieto: “Hay que esperar los resultados de las investigaciones y no hacer conclusiones anticipadas; muchos de los dichos que aquí se han vertido, parten del supuesto de que esto es cierto, cuando aún no se ha probado”.

En ese orden de aparación, siguió Miguel Barbosa: “La vigilancia política a los adversarios del sistema, es una realidad que ha acompañado al desarrollo de nuestra praxis”.

Entonces fue a tribuna Dolores Padierna Luna, perredista: “La publicación reciente del reportaje del The New York Times sobre el uso y abuso de un sistema de espionaje destinado sólo a instancias gubernamentales para vigilar abogados, activistas y periodistas críticos en México, refleja un método sistemático de la actual administración federal de Enrique Peña Nieto para aplicar una política de hostigamiento e intimidación en vez de una política de protección hacia quienes se han convertido en una voz crítica del sistema”.

Y el apostille de la senadora: “Es urgente que los titulares de la PGR de la Secretaría de Gobernación, del Cisen, de la Defensa, comparezca ante esta Comisión Permanente para que expliquen a esta representación sobre las adquisiciones, uso, gastos de operaciones del sistema Pegasus, adquirido a la empresa NSO Group”.

Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora panista, dijo: “Lo que estamos viendo es una regresión antidemocrática, una regresión autoritaria, volvemos al México de los 60’s, el que utilizaba el aparato del Estado en contra de los ciudadanos, ese que espiaba y desaparecía, que pareciera en estos momentos no alarmarnos”.

La también sobrina de Felipe Calderón, reforzó: “El presidente Peña Nieto se indignó del espionaje que se estaba haciendo desde los Estados Unidos hacia diversos mandatarios, incluido el mismo Presidente Peña Nieto, la Presidenta Bachelet, doña Dilma Rousseff, Angela Merkel y, bueno, en esa misma época, mientras el Presidente de México se indignaba, en nuestro país se espiaban periodistas, activistas de derechos humanos y sociedad civil, curiosamente muchos de ellos han alzado la voz en contra de la corrupción en diferentes momentos”.

Graciela Ortiz, senadora priísta, sostenía: “México goza actualmente, y no lo podemos negar, de libertad de expresión, los medios de difusión, por fortuna, tienen la libertad para decir todo aquello que consideran debe de recibir el ciudadano mexicano para que forme opinión en base a los hechos que se le plantea”.

Habló el senador Benjamín Robles Montoya, del PRD: “El espionaje ha sido algo común, es un común denominador en este país, no solamente del gobierno de Peña Nieto, todos los gobiernos anteriores lo han hecho”.

Y añadía: “¿De qué se sorprenden? Y no importa inclusive el color partidista del gobierno, y me refiero a los gobiernos estatales que son también quienes como aquí ya se ha planteado en esta tribuna, les gusta el tema del espionaje, lo hacen de la vida cotidiana.

“Ya se nos olvidaron acaso los audios, los videos que salen en campaña para denostar al opositor, dice aquí mi querida compañera Graciela Ortiz que ya se nos adelantaron los tiempos; pues muchos de los videos, de los audios que yo he visto circular a niveles sociales vienen precisamente, no hay que ser un genio para conocerlo, desde el PRI gobierno denostando a los opositores”.

Vendrían después los otros, ya referidos aquí anteriormente. Y también las justificaciones de un presidente de la República que quién sabe qué cosas diría si la Corte se atreviera a enjuiciarlo.
23 Junio 2017 04:00:00
“Que se investigue incluso al presidente de la República”
¿Cómo reducir el encabronamiento de saberse revisado hasta el tuétano? Muy enojados se expresaban incluso los opositores que simulando que lo son terminan haciéndole el caldo gordo el gobierno; sí, los mismos de aquel Pacto por México: he aquí algunos de ellos: el diputado perredista Jesús Zambrano Grijalva y el senador panista Héctor Larios Córdova.

“Es indiscutible”, bramó Zambrano Grijalva, “que estamos ante una situación muy delicada, los  hechos que se han denunciado como probables actos constitutivos de delito son de una enorme gravedad, muy delicados para la democracia mexicana, hay que asumirlo así.

“Y aquí no  hay que partir, por cierto, de lo que aquí se llegó a decir de la presunción de inocencia, porque ésta es un derecho para los individuos en lo personal, no para las instituciones, está mal aplicado el precepto, el principio de derecho  nuestro.

“Y las violaciones que se señalan en este reportaje, rebasan por cierto, a la actuación de la fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra Periodistas, porque se señala también que estarían involucrados otros personajes defensores de diversos derechos.

“Hay múltiples indicios y sospechas que han sido señalados por parte de este tipo de personalidades, de que han sido o están siendo espiados, ya se mencionó aquí lo de Siri Labre Toronto, R3D, artículo 19, SocialTIC, entre otros.

“Y si esto es así, entonces estamos ante una clara violación a preceptos constitucionales y también una buena cantidad de preceptos de carácter legal que tienen que ver con las intervenciones telefónicas de carácter ilegal.

“Por cierto, hay que decir que el reportero del New York Times, yo lo escuché en la mañana en una entrevista que dio un medio televisivo nacional, dice: ‘No tengo pruebas para decir que es el gobierno’. Pero si el gobierno salió a decir que no es él, entonces que diga quiénes son los que está haciendo la acción, quiénes están realizando esta actividad, quién está utilizando los instrumentos, los artefactos que el gobierno adquirió, según se ha reconocido.

“Y por ello el gobierno mismo debe transparentar sin dilaciones, ni pretextos, los contratos que tiene con estas empresas, Ene Sco Group distribuidora y empresas similares de espionaje. Que también se tomen medidas inmediatas y que se den garantías de resguardarle la información obtenida ilegalmente, de ser el caso efectivamente de que esto ha sucedido.

“Que la CDNH que ya ha tomado medidas precautorias anunciadas el día de hoy, también pueda tener la capacidad  de atraer el caso para hacer una investigación de hechos graves violatorios de derechos, de acuerdo con el 102 constitucional, párrafo último de este mismo artículo.

“Desde luego que la investigación que hace la PGR debiera ser acompañada de visores independientes para que tenga la suficiente credibilidad”.  

Oradores: 19. Mismo tema: el espionaje del gobierno de Enrique Peña Nieto a periodistas, activistas sociales, el abogado de los 43 normalistas desaparecidos y contra algunos opositores también.

El senador del PAN Héctor Larios Córdova, en la tribuna de la Comisión Permanente, criticó que a pesar del enorme peso del diario The New York Times, haya salido el presidente Enrique Peña Nieto a decir “solamente como respuesta (que) no hay pruebas”.

Y continuaba: “Ciertamente ha habido muchos casos de espionaje en el país, pero este, no queda duda, es un espionaje desde el poder: o fue la PGR o fue el Cisen o fue la Secretaría de la Defensa Nacional; son los tres que adquirieron este software, que queda claramente especificado, que incluso, se adquiere un compromiso de no utilizarlo más que para la persecución e investigación de actos de terrorismo o de alta delincuencia.

“Viene una denuncia concreta y específica sobre desvío de recursos públicos hacia el PRI en Chihuahua, y otra hacia el PRI en Quintana Roo, y en este país no pasa nada.

“Y eso es precisamente lo más importante, no podemos acostumbrarnos a que en este país no pasa nada, cuando en cualquier otra parte del mundo, o casi en cualquier otra parte del mundo esto significaría, con independencia de la autoridad investigadora, iniciar una investigación, incluso contra el propio presidente de la República, y aquí solamente merece un boletín, como ya se dijo: No hay pruebas.

“Yo creo que tendríamos que exigir todos a la Procuraduría, que incluso utilice las herramientas que tiene, esta herramienta en particular, el software para investigar quiénes son los que determinaron este espionaje y este acoso a personas que se han manifestado por actos de corrupción del gobierno, que no necesariamente son periodistas.

“Y que tenga el valor de comparecer, a nombre del presidente de la República, el secretario de Gobernación, y establecer con periodicidad informes de cómo van las investigaciones de un asunto que es verdaderamente delicado.
“Si la apuesta esa que los mexicanos nos acostumbremos a que se vale todo desde el poder, a que se vale gastar recursos sin gentes en un proceso electoral de manera ilegal, a desviar recursos hacia el PRI, y a espiar y a investigar a todos los que se oponen al gobierno, si la apuesta esa que nos acostumbramos los mexicanos, entonces, lo que van a orillar es que lleguemos a otros tipos de respuesta”.

El PRI sOlo acertaba a regodearse en el cinismo. “No cabe duda que el 2018 ya está aquí. No cabe duda que ya estamos en otra agenda”, así iniciaba su letanía Graciela Ortiz González, senadora priísta, pretendiendo desde el principio en la descalificación a ultranza de una revelación que Enrique Peña Nieto nomás no se la acaba.
22 Junio 2017 04:00:00
“Si tuvieran un poquito de dignidad, saldrían a dar la cara”
El espionaje a periodistas irrumpió ayer en los territorios de la Comisión Permanente y tirios y troyanos ser trenzaron en un debate cuerpo a cuerpo. Unos –priístas y pvemistas- defendiendo a ultranza a Enrique Peña Nieto. Y otros, como Miguel Barbosa Huerta, emplazando al presidente de la República a demostrar un poquito de dignidad siquiera, y salir a defender a un poder público que está evidentemente en descomposición y sin controles.

Lía Limón, del Pvem, exudaba  alcahuetería con el régimen: “El fiscal nos informó que ya abrió una carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, y que habrá de llevar a cabo todas las diligencias periciales referentes a la identificación del Malware, que es el virus que infecta a los teléfonos, y la identificación de quienes producen este tipo de equipos y a quienes se los venden”, sostenía.

Y ya ni se diga el diputado priísta José Hugo Cabreza Ruiz, siempre muy presto a asumir su condición de peón del presidente de la República. Primero, punzó: “Ya se nos olvidó las intervenciones de Genaro García Luna y de algunos otros personajes del pasado reciente (en alusión a los sexenios panistas)”.

Y añadía: “Desde esta tribuna los priístas rechazamos categóricamente cualquier tipo de espionaje, cualquier tipo que vaya en contra de la intimidad de los mexicanos, por supuesto que lo rechazamos, el espionaje es soez, es criminal y eso lo declaramos perfectamente”.

Y contraatacaba: “Para aquellos que ha señalado que el gobierno de la República ha sido omiso, se equivocan, desde ayer el gobierno de la República ha sido muy claro, refrendó su compromiso irrestricto a la privacidad y a la protección de los datos de las personas”.

Hacía dos oradores, el PAN había hablado en voz del senador Federico Döring Casab, quien hubo dicho: “Ha venido a esta tribuna a decir el PRI que condena los hechos, pero después descalifica la labor periodística, y tergiversa la información, y eso es una mentira absoluta, porque quienes han sufrido la vejaciones y las intervenciones por parte de quien ha hecho mal uso de este software, son quienes señalan al gobierno de la República, no el periodista, y no señala el texto que se cree que es el Gobierno federal, sino que las víctimas de estos atropellos señalan al gobierno como el responsable”.

Döring apostilló: “Y ciertamente podrá haber casos de espionaje telefónico y de otras intervenciones en el pasado, pero lo que hace este hecho inédito son los hechos, y esos no los puede desvirtuar el PRI. Diga lo que diga el PRI, diga lo que diga el gobierno, no pueden tapar el sol con un dedo”.

Irrebatible argumentación la de Miguel Barbosa Huerta, constituido ya en uno de los grandes tribunos de la 63 Legislatura.

He aquí partes medulares de su oratoria:
“Yo quiero de verdad mostrar mi indignación, mi rechazo, mi repudio a que en nuestro país se continúe con esta práctica de espiar a los adversarios del sistema.

“La práctica de espiar ha sido permanente a lo largo de la historia política de nuestro país.

“Espían desde el gobierno de la República, no en sólo éste, en otros gobiernos lo han hecho. Espían desde los gobiernos estatales. Vamos a ver cuántos software malignos o malditos fueron adquiridos y están trabajando en México.

“No solamente los tres indicados, sino los que fueron adquiridos por gobiernos estatales. Y aquí podría hacerle una apuesta a los apostadores.

“No se va a salvar el gobierno del Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y otros gobiernos.

“Hacen vigilancia y espionaje político a sus adversarios, y eso es parte de una circunstancia, de una cotidianeidad que se vuelve la normalidad, que se vuelve la
normalidad.

“Ojalá y esta Comisión Permanente aprobara la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación, del Cisen y de la Procuraduría.

“No hay confianza de la investigación que pueda llevar a cabo el Titular, este Fiscal Especializado para perseguir delitos en contra de la libertad de expresión. ¡No, no la hay, no la hay!

“Por eso pedimos una investigación independiente, una investigación a cargo de personalidades, mujeres y hombres de alto prestigio, respetados, independientes, autónomos.

“¿La respuesta del Gobierno Federal, esa respuesta secundaria? ¡No! queremos escuchar la voz de Enrique Peña Nieto para que exponga su posición, la de su gobierno, frente a estos hechos. ¿Por qué no? ¿Es intocable?

“Es tan pequeño el asunto de vigilar a los adversarios del sistema, no garantizar la libertad de expresión, sino espiar a los periodistas, espiar a los líderes sociales, espiar a los defensores de derechos humanos.

“La vigilancia política a los adversarios del sistema, es una realidad que ha acompañado al desarrollo de nuestra praxis.

“Así es que les pido mucha dignidad, no poca dignidad, mucha dignidad para que asumamos, asumamos desde el Congreso de la Unión el papel que debemos de desarrollar.

“Estamos en presencia de un poder en descomposición. Un poder que no tiene controles. Estamos en presencia de una realidad deformada, que quieren que sea la normalidad política. Seamos diferentes, asumamos nuestra posición, asumamos que el gobierno debe de cuidar al poder, el poder al Estado y el Estado al pueblo. Esa es la regla secuencial para que las cosas funcionen. Así es que no permitamos, individuémonos, reprochemos, hagamos de esta una excepción en las cosas que ocurren de la deformación del poder”.

En los escaños del PRI se reían… (Continuará)
20 Junio 2017 04:00:00
El fascismo de Enrique Peña Nieto
La presidencia de Enrique Peña Nieto tiene un problema grave, que si hubiera instituciones con la fuerza suficiente como para llamarlo a cuentas, renunciaría, y entonces el mexiquense se tendría que ir inmediatamente al basurero de la historia; pero con escala en la cárcel.

Este personaje siniestro y sospechoso en todo, que incomprensiblemente fue considerado –escribía ayer The New York Times- un joven talentoso, ahora, al parecer, se le ha caído la careta, y ha mostrado el rostro de un político mentiroso y corrupto.

Ni más ni menos, como la oposición mexicana le vio el rostro desde que fue gobernador del estado de México y cuando se puso a emular a los dictadores fascistas del primer tercio del siglo XX, cuando con golpizas, violaciones sexuales de por medio, cárcel y aun asesinatos, pretendió acabar con el movimiento social conocido como “Los Atencos”.

Ahora se le ha acaba de conocer un nuevo atributo a su gobierno, en materia de control interno: El espionaje a activistas sociales, abogados y periodistas.

Teléfonos fijos, teléfonos móviles, tabletas, computadoras, todos esos instrumentos de comunicación tecnológica –tan comunes en el trabajo reporteril de los periodistas- han sido sometidas por el gobierno de Peña Nieto para andar husmeando en correos y cuentas digitales.

Según ha publicado ayer el diario estadounidense The New York Times en su nota principal, “el gobierno de Enrique Peña nieto espía a defensores de derechos humanos, periodistas y abogados que delinean los mecanismos anti-corrupción, con un sistema cibernético que solamente debería ser usado para combatir al crimen organizado”.

El influyente diario norteamericano ha agregado que “los blancos del espionaje incluyen a los abogados que investigan la desaparición masiva de 43 estudiantes (Ayotzinapa), un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, a dos periodistas influyentes y a un abogado estadunidense que representa a las víctimas de abuso sexual por parte de policías”.

Afirma el periódico que “el sistema o equipo cibernético para el espionaje conocido como Pegasus, fue adquirido en el 2011 por el Gobierno de México (cuando el presidente era Felipe Calderón Hinojosa) a la empresa de Israel NSO Group, que asegura haberlo vendido bajo la condición de que no se usara contra la población civil”.

Un argumento de venta entonces fue la firma del acuerdo “explícito de que se utilizaría únicamente para combatir a terroristas a cárteles de las drogas y a grupos criminales que por mucho tiempo han secuestrado y asesinado a mexicanos”.

Publica el diario estadounidense que “el espionaje del gobierno de Peña Nieto se sustenta en la activación del software de Pegasus en los teléfonos inteligentes”.

Y apostilla el periódico: “La compañía simplemente le cobra al Gobierno en base al número de blancos espiados. Para espiar a 10 usuarios de teléfonos iPhone, por ejemplo, la compañía hace un cargo de 650 mil dólares encima de otro cargo de 500 mil dólares por la instalación del sistema, de acuerdo a las propuestas de mercadeo de NSO”.

Ya desencadenó esta noticia múltiples reacciones. De inmediato algunos periodistas aludidos por el diario respingaron, llamando al gobierno de Peña Nieto a que aclare los motivos por los cuales los está espiando, como su fueran unos criminales, y justo en una época en que en México los periodistas mueren asesinados”.

El gobierno de Peña salió, presuroso, a decir que “para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho. Por tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”.

Y remachaba: “Se hace un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo, a que presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República, a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes”.

Carmelita Aristegui es una de las periodistas que, de acuerdo con el diario estadounidense, es espiada por el gobierno de Peña Nieto. En conferencia, ha dicho que por supuesto no es para confiar en la PGR.

Brenda Velázquez Valdez, presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, denunció ayer, en un comunicado, que de diciembre a la fecha se han cometido una decena de homicidios contra periodistas en México y que el gobierno federal no asignó recursos para el Mecanismo de Protección operado por la Secretaría de Gobernación en 2017.

En ese contexto, insistió Brenda Velázquez, ha irrumpido la información aquella sobre el espionaje a periodistas mexicanos. Y dijo:

“Con preocupación exigimos al gobierno de Peña Nieto que responda cuánto le costó al Gobierno el malware pegasus que fue utilizado al menos en 76 ocasiones entre enero de 2015 y julio de 2016 para espiar a periodistas según los reportes.

“Que informe sobre las actividades de espionaje que ha realizado la Secretaría de Gobernación, el CISEN, la PGR y la SEDENA en contra de periodistas.

“Que informe sobre el presupuesto que ha invertido en equipo o en programas informáticos con el objetivo de espiar a periodistas.

“Que explique por qué si cuenta con presupuesto para espiar a periodistas y no para el Mecanismo de Protección.

“Que nos diga con qué fundamento jurídico justifica el espionaje a periodistas.

“De lo contrario exigimos que se realice una investigación exhaustiva y se castigue a los servidores públicos involucrados en estos ataques a la libertad de expresión y a la privacidad de los periodistas”.
17 Junio 2017 04:00:00
El fallido Poder Legislativo mexicano
En la semana que concluye, el contrapeso constitucional ha vuelto a dar la razón a quienes, dentro y fuera del país, ya aseguran que México es un Estado fallido. Las dos cámaras del Congreso de la Unión fallan una tras otra. No sirven más que para hacerle el caldo gordo a un gobierno cuestionadísimo como el de Enrique Peña Nieto.

Los diputados y senadores volvieron a hacerse los ciegos en temas gravísimos de la República. He aquí algunos de ellos, sobre los que tenía que plantearse un posicionamiento. Y más que eso: ejercer su función constitucional de control político.
La Cumbre de Miami, la Cumbre de Cancún, el asesinato de periodistas, las elecciones absolutamente fraudulentas en Coahuila y en el estado de México, el abandono ruin de Petróleos Mexicanos…

Excepto por voces de algunos legisladores que se han pronunciado en lo individual o como integrantes de alguna fracción parlamentaria, el Congreso permanece callado. Un Congreso cuyos integrantes –la inmensa mayoría de los 628 diputados y senadores- no sirven a la nación, sino demostradamente a sus intereses personales o de partido.

Veamos qué hacen y qué no hacen los diputados y senadores ante temas candentes como los que se acaban de mencionar.

Cumbre de Miami. El gobierno de Enrique Peña Nieto participa en estos momentos en la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica, celebrada en el interior de la base militar del Comando Sur de los Estados Unidos, con sede en Miami.

Allí, se han reunido los cancilleres de todas las naciones de Centroamérica, por convocatoria que hizo Estados Unidos a través de México.

Según cables noticiosos provenientes de Miami, México pidió a los países centroamericanos que aceptaran reunirse en la base militar estadounidense de Miami, con el propósito de platicar sobre tres cosas: narcotráfico, seguridad ciudadana y justicia.

En uno de esos cables, llegó una declaración de Madeleine Penman, investigadora de Aministía Internacional, quien advierte que “en medio de un hermetismo grave”, los cancilleres se han puesto a negociar sobre instituciones de seguridad en el interior de un cuartel militar estadounidense.

Cosa parecida, y también bastante grave para México, ocurrió en febrero, cuando a unas dos semanas de haber asumido Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos, generales del Comando Sur de ese país se reunieron con el canciller mexicano, Luis Videgaray Caso, dentro de las instalaciones de la base militar que tiene en Tapachula la Secretaría de Marina mexicana.

Entonces, sólo dos voces –la de Manuel Bartlett y la de Layda Sansores- en el Congreso se levantaron, airadas, preguntando los motivos de la reunión, y no hubo contestación.

Se presumía entonces, como ahora con la reunión de Miami, que Videgaray y Peña Nieto ofrecieron a Trump a la Armada de México para que, desde ahí, asuman los gringos el control de la frontera sur.

Layda ha dicho que la Armada de México es el cuerpo del ejército mexicano favorito de los gringos; que con los marinos mexicanos se entienden muy bien, cosa que no ha ocurrido del todo con los soldados de tierra acaso por esa enemistad histórica que prevalece todavía entre el soldado mexicano y el soldado estadounidense, a pesar de que su secretario, Cienfuegos, no tiene rubor alguno en reunirse con los comandantes estadounidenses, como ha ocurrido ahora en Miami, a donde asistió junto con Videgaray y el titular de Marina.

Videgaray actúa con una ruindad de la que sólo suelen ser capaces algunos individuos muy viles y desvergonzados, en más de una ocasión así se lo han restregado en el Congreso, y es una frase parecida a la que Hugo Chávez, presidente de Venezuela, dijo a Vicente Fox cuando a éste criticaba diciéndole que era un “cachorro del imperio”.

 Después de verse en Miami, los cancilleres centroamericanos se volverán a reunir a fines de mes, pero en Cancún, por convocatoria de la Organización de Estados Americanos.

Videgaray –que se ha dedicado a patear, vía descontón, al gobierno de Venezuela- se encontrará de frente con la cancillera venezolana, Delcy Rodríguez, quien tendrá un reto fuerte: encontrar las frases que puedan atravesar la coraza gruesísima de cinismo y ruindad con que Videgaray viaja por el mundo, haciendo el papel de perro faldero de Trump.

¿Qué ha hecho el Congreso mexicano ante el envilecimiento atroz de Enrique Peña, en la materia de política exterior? Nada. Como nada ha podido hacer el Legislativo mexicano para que el PRI y el mismo Presidente Peña no puedan salirse con la suya: Robarse las elecciones de Coahuila y estado de México de una forma tan descarada como no se había visto nunca antes en el país. Más cínicos que en 1988, más incluso que en 2006 y 2012.

En donde también los legisladores mexicanos se han hecho los desentendidos, es en el asesinato de los periodistas. Con sus declaraciones tibias y decisiones falsas, como la de instalar comisiones especiales ineficaces, la mayoría de los diputados y senadores mexicanos dan la impresión de que –como Peña Nieto- también se alegran de que delincuentes y autoridades sigan asesinando periodistas, particularmente de medios impresos, erigidos ante el colapso de las instituciones fundamentales del país en último reducto del contrapeso político en México.

El caso de Pemex se veía venir. A partir de la reforma energética, la paraestatal boquea. La abandona el régimen priísta para que florezcan las trasnacionales y, con ello, el negocio en que están inmersos los capitanes de la clase política en el poder. Accidentes, muertes por doquier, robo de combustibles… Todo, al parecer, se programó en aquella reforma infame.
16 Junio 2017 04:00:00
De cómo el Gobierno soslaya el combate contra la trata de personas
En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles reciente, el Pleno aprobó sin regateos un exhorto a las autoridades federales, estatales y municipales de todo el país a arreciar el combate contra la delincuencia dedicada a la trata de personas y a proporcionar atención y reparación integral de las víctimas de estos delitos.

SOlo tres legisladoras hablaron en tribuna sobre el tema. He aquí:
Carolina Viggiano Austria, diputada federal priísta: “La trata de personas es la esclavitud de nuestra época; es, sin duda una de las actividades delincuenciales más lucrativas del mundo, después de la venta ilícita de armas y de drogas.

“De todo el planeta, más de 20 millones de personas, principalmente mujeres y niños, son víctimas de este lacerante delito, que además se ha intensificado por la dinámica delictiva trasnacional.

“Organismos internacionales como la ONU y UNICEF han estimado que en México casi 20 mil personas son víctimas de este delito de las cuales 16 mil son menores de edad. Y de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, nuestro país ocupa el quinto lugar en América Latina con mayor comercio sexual de menores de edad.

“La Procuraduría General de la República advirtió que de 2008 a 2014 el número de averiguaciones por trata de personas aumentó en un 600 por ciento.

“Si bien, México cuenta con una ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, es necesario sumar esfuerzos para actualizar nuestro entramado jurídico e institucional, para evitar que exista impunidad en favor de quienes cometen esta clase de delitos”.

Maricela Contreras Julián, diputada federal del PRD: “Es escalofriante que se diga que México es el quinto país en América Latina donde para el tema de trata de personas se involucra a menores, y esto nos lleva a preguntar ¿para qué quieren a los niños y niñas que están secuestrados en estas redes de trata de personas? Pues para explotación sexual, y hay que decirlo así, claro, o para la esclavitud
laboral.

“Como responsables de las leyes tenemos que hacernos cargo, que no hemos aprobado en la Cámara de Diputados la minuta que envió el Senado de la reforma integral para la prevención y sanción de la trata de personas; esto me parece que es muy grave, porque hace diez años se hizo un esfuerzo muy importante y se aprobó esta ley.

“Y con el tiempo se encontraron elementos que podían hacer una mejor ley, y la minuta que fue a la Cámara de Diputados, fue con todo el consenso del Senado.

“Sí se han hecho acciones, pero nos enfrentamos a un problema, porque la trata de personas corresponde a la delincuencia organizada; para que haya trata de personas regularmente se requiere que haya más de una persona involucrada, y entonces en el caso de las mujeres que tiene una característica especial el tema de la trata de personas se ve en la Fevimtra, esta fiscalía especial que tiene aproximadamente 10 años, y que sinceramente desde quienes empujamos su existencia vemos que es sumamente limitada para la atención y la prevención de este problema.

“Ya que la trata de personas es delincuencia organizada, debería tenerse como tal, y se deberían estar tratando sus casos en la SEIDO, en esta subsecretaría de investigación de delincuencia organizada.

“¿Qué quiero decir con esto? Que la trata de personas que involucra a las mujeres estando en la Fevimtra pues quedan atoradas y no han tenido ningún curso.

“Otra de las cosas que se hace necesaria es la intervención para atender este tipo, estas grandes redes que funcionan en México, porque México es lugar de origen, es lugar de tránsito, y es lugar de destino de la trata de personas.

“La trata de personas con los diferentes objetivos, pero una de las principales es la explotación sexual, y entonces tenemos destinos turísticos que hacen necesaria una acción integral de las instancias de gobierno para combatirla, para sancionarla y para prevenirla.

Tenemos además trata interna, pues tenemos el caso que es internacionalmente conocido para nuestra desfortuna y para nuestra vergüenza que es lo que se da en Tlaxcala, y hay que decir, que, pues no toda la gente ni todas las personas de Tlaxcala están involucrados en esto, pero hay regiones que son muy bien localizadas, muy bien conocidas como es el trámite, y estamos hablando de esta trata interna que tendríamos que estar atendiendo.

“Y además tenemos también, trata internacionales, ha habido muchos casos en que encontramos que las mujeres centroamericanas que son migrantes y que pasan por México terminen en este espacio, y hay cosas que tenemos que preguntarnos. ¿A quién beneficia este tipo de explotación?

“Si hablamos de la explotación sexual encontramos que las mujeres, por ejemplo, en la zona sur de nuestro país están en loncherías, están en bares y se hace una serie de beneficios de las mujeres que están en esta problemática”.

Y la diputada del Pvem Lía Limón García: “Este es uno de los temas en los que se necesita la coordinación de todas las instancias de las entidades federativas de la Federación, incluso los municipios.

“Ha habido algunos gobiernos estatales que han impulsado sus propios programas o que se han sumado a proyectos específicos contra la trata, uno es Coahuila, otro Tamaulipas, Colima también, la Ciudad de México, pero la verdad es que hay muchas entidades federativas donde este es un tema del que a veces se prefiere no hablar y que no se le ha dado la importancia debida”.
15 Junio 2017 04:00:00
El cinismo superlativo del PRI cuando habla de transparencia
La Comisión Permanente exhortó ayer a los congresos y gobiernos de las entidades federativas a que pongan sus sistemas locales de anticorrupción en concordancia con las leyes federales.

Este ejercicio legislativo fue, en más de una ocasión, un ejercicio hipócrita, de farsantes. Pero también el tema de Coahuila volvió a aparecer. Carolina Viggiano defendiendo a ultranza al gobierno de Rubén Moreira, y Héctor Larios, panista, contradiciéndole y tildando de “cínicos” a quienes juraban que en Coahuila hay mucha “transparencia”.

He aquí partes medulares de los tres primeros, uno del PRI, PAN y Morena:

Gloria Félix Niebla, diputada del PRI: “Combatir la corrupción, fortalecer el sistema democrático significa defender a la democracia, pues implica también reforzar los valores de la credibilidad de nuestros representados que son los ciudadanos quienes mandan, a quienes representamos y a quienes debemos de obedecer.

Karla Karina Osuna Carrasco, diputada del PAN: “Uno de los problemas que más ha impactado y ha dañado el desarrollo institucional y político de nuestro país, es la corrupción electoral, que desgraciadamente aún prevalece en muchos de los estados de la República, tales como  los casos de Coahuila y del Estado de México.

“En Coahuila, particularmente se dio un hecho de una práctica lamentable que creíamos ya superada, y que sin embargo se hizo presente en la elección a gobernador.

“Como lo son la vulnerabilidad y la alteración burda y majadera de  los paquetes electorales para la modificación ilegal de los resultados al más puro estilo de tradición vieja priísta.

“¿Acaso Coahuila será un preámbulo de lo que veremos en un futuro cercano? Si es así, es un pésimo augurio para la patria”.

Vidal Llerenas Morales, diputado de Morena: “Interesante que esta soberanía pida a los congresos estatales que cumplan lo dispuesto en el Sistema Nacional Anticorrupción, cuando aquí no se ha cumplido.

“Está ahí un número de candidatos del Tribunal de Justicia Administrativa que no han sido nombrados y donde hay serias acusaciones sobre sus ligas con los partidos, no hay un fiscal anticorrupción todavía nombrado y, bueno, les pedimos a los estados que hagan cosas que no se están haciendo en esta soberanía.

“¿Por qué? Porque en el fondo no hay un convencimiento desde el gobierno de la República de apoyar al Sistema Nacional Anticorrupción, no tiene recursos, evidentemente no hay mayor interés, lo que se quiere es que no se persiga la corrupción, y también porque si hubiera un fiscal anticorrupción también tendría que perseguir todos los delitos electorales el uso de recursos públicos que hubo en la campaña, particularmente la del estado de México, para claramente apoyar al candidato Alfredo del Mazo.

Alma Carolina Viggiano Austria, senadora hidalguense del PRI y esposa del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira: “Bueno, creo que han insistido en desviar el tema central, que es el tema de transparencia que a todos nos interesa en las entidades federativas.

“En principio de cuentas, decirle a la diputada Osuna, que ella insistió mucho en crear la Comisión para el Seguimiento de las Elecciones Pasadas y no se presentó a ninguna. Así que no creo que tenga información de primera mano respecto a ello.

“En segundo lugar, aprovechando que usted es de Coahuila, me parece muy importante que usted sepa lo que se ha hecho en esa entidad en el tema de transparencia. 

“En materia de transparencia somos primer lugar en el Índice de Derecho de Acceso a la Información en México. Esto mide la calidad de las leyes de transparencia en México, con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

“Para crear el Sistema Anticorrupción del estado se crearon cuatro leyes y se realizaron 24 reformas. Esto no lo digo yo, lo ha dicho Fundar, que es un Centro de Análisis de Investigación, y lo ha dicho AR Regional, que también nos califica así.

“Coahuila (en transparencia) ocupa, según el CIDE, el tercer lugar.

“El Índice de Información Presupuestal por segundo año consecutivo Coahuila ocupa el primer lugar nacional en esa medición”.

Y Héctor Larios Córdova, senador del PAN: “Efectivamente cuando se presentó este punto de acuerdo, vino y se afirmó aquí que un tema central del combate a la corrupción es el origen de la corrupción, la corrupción en los procesos electorales.

Y la diputada aquí ha venido a decir que su estado, Coahuila, es uno de los estados líderes en transparencia.

“Y quizá tenga razón, porque todas las imágenes que vimos en el país en torno a los consejos distritales, vimos absoluta transparencia. Las bodegas en donde se guardaban los paquetes electorales que llegaron el domingo de la elección y que se abren a la sesión del miércoles, eran transparentes, tenían diversas puertas, tenían las ventanas abiertas, los paquetes eran transparentes, estaban abiertos, violentados.

“Hay testimonios suficientes para acreditar que al representante de un partido le decían: ‘De antemano te digo que el acta que tú traes no vale, porque el paquete va a ser recontado, y lo que resulte del recuento’. Y venían con absoluta transparencia, paquetes de 50 votos, votados por el PRI, y rebasaba en el número de boletos que había recibido la casilla.

“Ahora, ‘demuéstrame que no es cierto’. ‘Pues si todo lo hicimos con transparencia’.  Sí lo hicieron con transparencia, con transparencia y cinismo absoluto. Lo que reclamamos es la intervención verdaderamente grosera, corrupta de funcionarios electorales que están tergiversando el resultado en la elección, ese es el tema, y ese es el tema que tiene que ver con transparencia y tiene que ver con combate a la corrupción”.
14 Junio 2017 04:00:00
“No sólo delincuentes, también gobiernos agreden a periodistas”
Tuvo que venir a México la canciller alemana Ángela Merkel y pedir a Enrique Peña Nieto justicia y protección para los periodistas mexicanos, para que entonces comenzasen  a suceder hechos inéditos en el país, como esto de las recompensas de un millón y medio de pesos para quienes aporten datos sobre los asesinatos de seis de los siete periodistas ejecutados en lo que va del año.

El gobierno de la República publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que ofrece seis recompensas de un millón 500 mil pesos cada uno, para quienes aporten información que conduzca a la detención de los responsables de los asesinatos de seis de los siete periodistas que han sido muertos este año.

Los seis casos corresponden a Cecilio Pineda Brito, Ignacio Miranda Muñoz, Javier Arturo Valdez Cárdenas, Maximino Rodríguez Palacios, Miroslava Breach Velducea y Sonia Córdova Oceguera.

En el acuerdo publicado en el DOF no se explica, sin embargo, por qué no incluyen las recompensas para el resto de periodistas cuyas muertes continúan sin ser esclarecidas. De 2010 a la fecha, suman 126 compañeros ejecutados, incluso a sabiendas de que sólo dos casos fueron investigados, y conocidos los motivos, así como  los autores materiales e intelectuales, ahora encarcelados.

A quien no incluyeron en la lista de los siete periodistas asesinados este año fue a Ricardo Monlui, periodista de Veracruz muerto en marzo pasado. Y tampoco se habla ni se ofrece nada para la aparición del periodista michoacano Salvador Adame, levantado por un grupo armado en mayo pasado, cuando salía de la cabina de la estación de televisión donde laboraba.

Pero, dicha publicación en el periódico oficial del Estado mexicano, no fue el único resorte que Enrique Peña Nieto movió ayer, tras la visita de Ángela Merkel. Este mismo martes, el subprocurador de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se apersonó ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para dar los siguientes avisos:
“Se fortalecerá el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos,  y se crearán unidades estatales para emitir alertas tempranas a fin de detectar posibles agresiones”.

Además de Roberto Campa, se apersonaron también Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, y Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.

Varios oradores, pero uno provocó silencios: Vidal Llerenas Morales. He aquí partes medulares del diputado federal:

“Uno no encuentra que hay una o dos o tres condenas a estos crímenes a periodistas, dependiendo de la fuente que uno vea. Entonces es como 90 y tantos por ciento de impunidad, que más o menos es el del país. Es decir, aquí a lo que nos enfrentamos es a ministerios públicos que no investigan, que no presentan pruebas; jueces que tienen cargas de trabajo inmensas, etcétera.

“¿Es inevitable lo que está sucediendo, dado lo que está sucediendo en el resto del país? ¿En realidad estamos ante una crisis profundísima del sistema de impartición de justicia? Y esto es parte de eso. Es decir, ¿somos tan incapaces de proteger a periodistas como somos incapaces de proteger al resto de la gente?

“¿Ante esto hay alguna cosa qué hacer? O el gobierno, ¿qué está planteando?. Es decir, me parece que en el fondo no podemos salir de la perspectiva de una profundísima crisis del sistema de impartición de justicia.

“Y creo que tampoco podemos dejar de hablar del tema de la estigmatización. Es decir, esta idea de que quienes defienden derechos humanos protegen a los delincuentes y entonces están en contra de las funciones del Estado. Y ahí se genera, me parece a mí, un círculo vicioso peligroso para estas personas.

“Si uno ve la página en este momento de la página de Artículo 19, se mete uno a la página, todos los casos que en este momento tienen como urgentes o los últimos casos, tiene que ver con el gobierno. ‘Policías estatales agreden a periodistas cuando cubrían traslado de reos en Tamaulipas’, primera noticia. Segunda noticia: ‘Periodista es detenido y agredido por elementos de seguridad en Tabasco’. Tercera noticia: ‘Agreden a reportera en Guanajuato tras cuestionar manejo identificado de recursos’.

“Artículo 19 dice que el 53 por ciento de los casos tienen que ver con gobiernos y lo que se planteando ahorita es trabajar con gobiernos. Es decir, no es tan ciento que es siempre el crimen organizado quien pone en peligro siempre a los periodistas. La verdad es que los gobiernos son los que también los ponen en peligro. Insisto: las tres últimas noticias que uno puede leer en el portal de Artículo 19, tienen que ver con gobiernos.

“Y las preguntas muy concretas son: ¿por qué no se solicita dinero para esto? Porque el presupuesto pues lo solicita el Gobierno Federal, ¿no? Segundo: ¿por qué hay un incremento de los homicidios a periodistas y de los delitos contra periodistas en el último año? Tan sencillo como eso: ¿cuál es el diagnóstico? Y el tercero es: ¿por qué nunca se detiene a nadie?

“Si pudiéramos contestar estas tres preguntas, pues podemos partir de la realidad del asunto y de realmente plantear políticas. Y finalizo con esto: es también en el tema del estigma que estoy diciendo. Siempre que hay un delito contra un periodista resulta que el periodista tenía muchas parejas, que tenía algún negocio; siempre hay otra línea de investigación”.
13 Junio 2017 04:00:00
“En estas elecciones jamás se respetaron los principios constitucionales”
Entonces todos voltearon a mirar Rocío Nahle García, uno de los brazos derechos de Andrés Manuel López Obrador, quien respondía a Jorge Carlos Ramírez Marín, el diputado federal priísta que había echado la siguiente andanada de preguntas:

“¿Qué le está pasando a Morena, y esto es de preocupar? Se está creyendo sus noticias falsas. Ése es el problema, y eso es un tema que nos debe de interesar por la importancia que este partido tiene.

“¿Por qué Morena no puede publicar sus finanzas? ¿Por qué Morena no puede decir, en su Página de Transparencia, como no lo han hecho los demás partidos, cuál es el destino de sus recursos? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Cuánto le pagan a su dirigencia? ¿Por qué Morena no puede decir cuál es el origen de los otros recursos como lo hacen los demás partidos?”

Rocío Nahle, en la tribuna, reviró: “Pues sí que resulta fenomenal que quien abrió la cartera, quien sacó todo el dinero del gobierno federal, quien tapizó de dinero el estado de México diga: ‘Aquí no, es allá”.

Y añadí: “No, pues sí estamos en este mundo al revés. Cuando todos los mexiquenses vieron que circulaban los camiones llenos de electrodomésticos, de todos los programas sociales, de todas las dependencias, y ahora resulta que no, que no se gastó ni un peso”.

Muy difícil medir el tamaño de la canallez de la clase política encumbrada: “De veras que deberían de tener vergüenza”, asestó Rocío Nahle al peso completo yucateco.

Y remachaba la de Coatzacoalcos: “¿Tomó Reforma Andrés Manuel en el 2006? Sí, hizo una protesta, claro que lo tomó, una protesta pacífica donde no se rompió un solo vidrio.

“Y sabemos hoy que se robaron la elección.

“Pagos a brigadas que tienen que transparentar, no tengo la menor duda, no tengo la menor duda que todo el dinero que dieron a todos los partidos tienen que auditarlos, y no tengo la menor duda que van a auditar a Morena dos, tres, diez veces, y van a salir los números de lo que recibe Morena, más no de lo que ustedes han tomado del gobierno federal.

“Y ahora resulta que estas ilustres instituciones que ustedes tienen, que ustedes dirigen, han dicho que Morena está mal, que Morena no transparenta y que ustedes están perfectamente bien.

“Si no se transparenta, pues entonces es muy fácil, que ya no les den dinero a los partidos políticos, que no le den dinero a Morena si no está transparentando a dónde se va el dinero, que es una octava parte de lo que recibe el PRI.

“La guerra sucia que ustedes armaron en esta elección, donde acusan a todo mundo y que en Morena en menos de 48 horas actuamos. No está la señora Eva Cadena ya en el grupo parlamentario de Morena, se le retiró la candidatura y se metió inmediatamente una denuncia a la Fepade, está circulando por las vías legales.

“En cambio ustedes, a los que roban, a los que hacen delincuencia, los tienen hasta de gobernadores”.

Con prontitud el PRI echó al ataque a Diva Hadamira Gastélum Bajo: “Fíjense que estaba investigando, un mal perder es un problema psicológico, una gente que no sabe perder tiene una patología muy interesante, y lo pueden revisar ustedes en el internet, tiene un problema muy serio de ansiedad, de depresión, y probablemente de esquizofrenia.

“No saber perder es un problema muy, muy serio. Y sí, en verdad, supuestamente López Obrador tomó Reforma el 1º de julio al 15 de septiembre de 2006, no quebró un vidrio, pero quebró a empresas, quebró a empresas”.

Y se le iba otra vez Diva Hadamira a la yugular de la veracruzana: “Fíjense lo que dijo la Cámara Nacional de Comercio, afectó a 35 mil empresas. Fíjense lo que dijo también la Canacintra, los costos son millonarios. Pero, en consecuencia, también le sacaron la cuenta al ‘campamento de López Obrador’, costó 24.5 millones. ¿De dónde saca el dinero López Obrador?”

Muy activo orador fue Miguel Barbosa, quien a los priístas dijo: “¿Quién ha arruinado la vida de los mexicanos?, el gobierno, los gobiernos. No quienes protestan o han protestado, cifrémonos en la verdadera, en la forma como se ha arruinado a los mexicanos”.

Por el PAN apareció en tribuna Juan Carlos Romero Hicks, senador que antes fue gobernador de Guanajuato y al que ahora, desde que se agudizó la crisis del PAN, se asomó como posible precandidato a la presidencia de 2018.

Romero Hicks dijo: “Hay una enorme cantidad de deudas con la democracia electoral en México. El viejo sistema siempre tuvo dos grandes fallas, primero el abstencionismo, y segundo, el fraude electoral.

“Hoy no tenemos muchos motivos para celebrar, hay lugares del país, Estado de México en concreto, donde prácticamente 1 de cada 2 ciudadanos decidió no ir a las urnas, por las razones que hayan sido.

“Por eso el tiempo de hoy es voltear a la ciudadanía, el actor estelar de la democracia no son los partidos.

“Tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, de humildad, de prudencia, de sensibilidad, de inclusión y de sentido común.

“Y tenemos que hacer las preguntas con mucha seriedad, ¿se respetaron los principios de la Constitución?

“No, certeza, no; legalidad, tampoco; independencia, no; imparcialidad, tampoco; objetividad, tampoco, y el máximo de transparencia.

“Se necesitan hacer reformas urgentes a las instituciones, a las leyes y a los actores que están participando en la democracia”.

Había sido un debate escapado de ese Congreso cerrado por el PRI. Acaso vendrán más.
10 Junio 2017 04:00:00
Cuando el cinismo ya no le alcanza al PRI, entonces le brota la ira y la desesperación
Intensísima la sesión Se transfiguró en segundos en la hora del cinismo. A contrapelo de los reclamos de miles de gentes que han comenzado a salir a la calle, y de acaso millones que protestan desde las redes del ciberespacio, también está la diputada del Pvem, Lía Limón García, procedía como los priístas a defender a ultranza los supuestos triunfos del PRI en Coahuila y Estado de México.

“Aquí hemos oído varias voces, entre otras, el Senador Barbosa, que decía: ‘Delfina ganó la elección’. ¡No, Senador, la elección la ganó Del Mazo! Así están los resultados”.

Más que fuerte: hablaba gritando Lía en la tribuna. “La elección la ganamos la alianza del PRI, el Verde, el PANAL y Encuentro Social, porque obtuvimos el 33.72 por ciento de la votación, es decir, un millón 955 mil 347 votos, según las actas, según el PREP. Morena obtuvo el 30.81 % de la votación. Es claro y contundente, que según la información que tenemos hasta hoy, ganamos la elección”.

Y entonces, como ya lo había dicho Ramírez Marín y la hidalguense Carolina Viggiano, ella también, Lía Limón, se aliaba con el PAN restregándoles que si tuvieron la presidencia en 2006 fue porque los priístas les ayudaron:

“Y en la democracia se pierde y se gana por un voto, así lo dijo el ex presidente Felipe Calderón en el 2006, y en aquel momento, el PRI mostró su respeto a las instituciones. Hoy esa sigue siendo la postura del PRI y la postura del Verde, la del respeto absoluto a las instituciones.

Y entonces Lía Limón volvía a levantar la voz hasta la estridencia casi. Y decía: “Sobre los gastos de campaña, en el Estado de México el PRI propuso que las campañas rindieran un informe semanal de gasto ante el Instituto Electoral y así se hizo. Del Mazo gastó 115 millones de pesos, menos del 50 % del tope autorizado, y realizó 142 eventos de campaña. (En tanto) Morena gastó 114 millones de pesos, y realizó 190 eventos de campaña”.

Que un hombre hable con la cachaza de un cínico, es hasta cierto punto natural en el Congreso mexicano, máximo si es del PRI. Pero, ¿Una mujer? Pues sí.

Lía Limón siguió: “Sólo que el PRI, y hay que decirlo, tenía 123 millones de pesos de financiamiento público, mientras que Morena solo tenía 24 millones de pesos. Habría que preguntarnos ¿De dónde salieron los otros 90 millones?”
Los cínicos del PRI y del Pvem aplaudían a Limón, una y otra vez. Pero tuvo, para su causa, el error de aludir a Miguel Barbosa Huerta, con lo que le dio motivo para abordar la tribuna.

Barbosa dijo a Lía Limón: “¡Grita usted mucho!” Y continuó: “De verdad, de verdad es un descaro que aquí se venga a defender al PRI como el partido que menos gastó (cuando) el coordinador de campaña de Alfredo del Mazo se llama Enrique Peña Nieto, y allí estuvieron los secretarios del gabinete, y ahí estuvieron los gobernadores derrochando recursos públicos”.

Risillas y muecas burlonas que calentarían a cualquiera se semblantearon en la mayoría de los rostros del priísmo y pvemismo. Barbosa siguió: “¿Acaso, diputada Limón, nosotros esperamos justicia electoral de los órganos que controla el poder público? ¿Acaso cree que nosotros sabemos que los órganos electorales son independientes y autónomos?”

Y sí, seguían algunos riéndose en susurro. Pero Barbosa, el de la filosísima palabra, sostenía: “Es el sistema político que tenemos, es la realidad degradante de un poder que ya no admite razones, que ya no tiene rubor, que se ejerce de manera ilimitada y sin controles. Eso es lo que ocurre.

“Así es que, señoras y señores, hablemos de los topes de gastos de campaña, y vamos a encontrar que los miles de espectaculares de Alfredo del Mazo, con ese solo hecho se rebasan los topes de gastos de campaña.

“Y todo el tema de las formas de intercambio de las famosas tarjetas, primero de cartón, y ahora tarjetas bancarias, después del 4 de junio, de verdad, si tuviéramos órganos autónomos estaríamos seguros de que esta elección tendría que anularse por el exceso en los topes de gastos de campaña.

Y entonces Miguel Barbosa, decía a Lía Limón: “No ganaron el Estado de México ¡Eh! No lo ganaron, ni van a ganar en el 2018. La fuerza de la ciudadanía y la rebelión ciudadana va a ser la triunfadora”.

Hacía un turno, Miguel Barbosa Huerta hubo dicho que si se atendieran las quejas contra el cómputo oficial, y se volvieran a contar los votos, entonces sin duda Delfina Gómez sería reconocida como la próxima gobernadora del Estado de México.

Politólogo de pura cepa, Barbosa afirmó también: “A pesar de las campañas en los cuatro estados, de las campañas de estado en favor del PRI, se experimentó el 4 de junio cambios impresionantes en la historia electoral mexicana”.

Y restregaba a ese PRI de ira congelada y sonrisa cínica: “Morena es ahora la primera fuerza política en el Estado de México. La segunda fuerza política en Veracruz. Y un partido con una votación de más de un dígito en Coahuila y Nayarit”.

Pero algo no olía bien en el Pleno. Mientras Morena se solidarizaba con el panismo coahuilense en la exigencia del conteo limpio, ese mismo panismo, mustio, mostraba su versión de convenenciero: Callaban ante lo que estaba sucediendo en el Estado de México.

No sería ocioso el rumor de que el PAN estaría pretendiendo negociar Coahuila a cambio de su respaldo al PRI en el Estado de México… (Continuará)
09 Junio 2017 04:00:00
Cuando el cinismo ya no le alcanza al PRI, entonces le barbota, la ira y la desesperación
“Para nadie es una duda que en Coahuila y Estado de México las elecciones fueron un auténtico cochinero”, descerrajó Fernando Herrera Ávila desde  la tribuna de la Comisión Permanente, entre ceja, oreja y… al PRI. Y remachaba el panista: “Y hay que limpiarlo”.

Súbitamente el Congreso había encendido el horno parlamentario.

Fernando Herrera continuó: “En el Estado de México la descarada participación del Gobierno federal incluyó de manera determinante en el resultado y vamos a empujar lo que se tenga que hacer por que se limpien las elecciones.

“Y en Coahuila, no les quede la menor duda, el ganador de las elecciones es Guillermo Anaya, por eso queremos iniciar reconociendo la decisión de participación de los ciudadanos mexicanos que salieron a votar en estas cuatro entidades federativas”.

El recuento del panista comenzaba: “Hubo un descarado uso de los recursos públicos, de programas sociales, y el despliegue de todo el aparato público federal y de los estados para incidir directamente en los procesos locales.

“Y con la conducta de los mismos de siempre mancharon con sus trampas los comicios del domingo pasado, provocando con ello que la duda prevalezca tres días después en los estados de México y de Coahuila.

“En Coahuila, por ejemplo, se atreven a publicar los resultados del PREP argumentando tener el 100 por ciento de las actas, cuando a la vista de todos, en un hecho conocido, faltaba más de un tercio de computarse”.

Y remachaba una vez: “La única certeza que tenemos en Coahuila es que Guillermo Anaya ganó la elección y que Riquelme y sus cómplices pretenden tener una victoria que no obtuvieron con el voto de los coahuilenses. Manipular el cómputo desde el Instituto Electoral del Estado es un intento de regresión a las viejas prácticas”.

Y remachaba otra vez: “La compra de votos, las amenazas y el intento por generar miedo fueron las constantes desde Toluca hasta Monclova; desde Ecatepec hasta Saltillo; desde Chimalhuacán has. El sistema vuelve a demostrar una vez más que quieren navegar en un mar de simulación e  ilegalidad”.

Es tanto lo que perdería el PRI. O lo que ganaría si es que se sale con la suya -carrancearse nada menos que a Coahuila y al estado de México-, que alguien desde el Olimpo priísta ordenó a las furias bajar en sus carros de fuego sobre esa atmósfera candente de la sesión.

Una de ellas era Carolina Viggiano Austria, diputada federal del PRI, y la otra, la legisladora pvemista Lía Limón García.

Viggiano Austria dijo: “Celebro mucho, senador Herrera, que usted diga que va a acudir a todas las instancias legales para el proceso electoral de Coahuila, es justamente lo que deben hacer. Desde el domingo marcharon, (pero) les ganamos la elección”.

Entonces comenzaba el eco del chantaje priísta. Viggiano agregó: “Usted dijo que se invoca en un lado lo que en  otro se critica, aquí tengo un twitter de Felipe Calderón, la misma hora, el mismo día con su esposa, la señora Zavala, reclamar triunfos que no se obtienen, alegar fraudes que no se demuestran, mentir a  los ciudadanos, mismo guión, mismo personaje, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador”.

Alma Carolina, vehemente, siguió: “Margarita Zavala dice: Estamos con Memo Anaya en las calles de Saltillo, exigiendo que se respete el voto de los coahuilenses…”

Jorge Carlos Ramírez Marín había restregado, hacía unos minutos, exactamente lo mismo al PAN: Se quejan ahora, y reclaman. Pero no se quejaron ni reclamaron nada cuando en 2006 Calderón se quedó con la presidencia…

Alma Carolina Viggiano Austria casi gritó: “Es decir, cuando ustedes ganaron por solo .45 por ciento, que nosotros estuvimos allí para hacer el coro, entonces sí fue un proceso democrático, aunque Andrés Manuel dijo que era presidente ilegítimo, y hasta hoy tiene ese mote, el presidente ilegítimo. Son duda alguna, usted se equivoca”.

Más allá de si esto era un chantaje, sin duda al PAN lo estaba alcanzando su propia ponzoña.

Y retaba la iracunda legisladora priísta: “Ojalá se hubiera podido abrir voto por voto, casilla por casilla, porque estoy segura que tendríamos más de los 31 mil que tenemos hoy, y como digo, 31 mil votos, casi 3 puntos porcentuales arriba de Memo Anaya”.

Lo mejor de todo esto era escuchar a un PRI empecinado en sus supuestos triunfos: “Usted dijo”, insistía Viggiano, “que desde el estado de México a Torreón, ustedes ganaron Torreón, y allí no hay trampa, señor Senador; allí no hubo trampa, Senador; allí no vamos a impugnarlo, allí no van a marchar, ganaron también Acuña, ganaron Sabinas, ganaron muchos municipios, ganaron todos los distritos de La Laguna, si hubiéramos querido (sic) hacer trampa, -claro, no se puede-, lo  habíamos podido hacer allí  también (resic), pero sabe qué, Senador, está usted mal informado.

“Y quiero decirle otra cosa, yo creo que  los que fueron a unirse allí al grupo de perdedores, al grupo de perdedores, porque todos los que están allí son perdedores, fueron por salir en la foto, allí estaba Margarita Zavala, allí estaba Rafael (Moreno Valle), allí estaba Ricardo Anaya, los tres tratando de salir en la foto, peleándose por la candidatura a la Presidencia de la República”.

Intensísimo debate. Lía Limón,Miguel Barbosa Huerta y media docena más de oradores estaban por ir a la tribuna, unos a defender la causa del PRI y otros a darle un repaso a la inocultable chapucería del partido en el poder, no sólo por lo que se pelea en Coahuila y Edomex, sino también en Nayarit y Veracruz.
08 Junio 2017 04:00:00
¿En qué se diferencia el 2006 y Coahuila? El chantaje del PRI al PAN
Coahuila y el estado de México se están mirando al mismo espejo; también se están mirando de frente. Y se están reconociendo. Ante las vilezas del PRI, ¿quieren juntarse?: PAN y Morena, victimados por el mismo PRI, se tienden la mano, pero no se la sujetan… todavía.

Y un PRI enfurecido ha comenzado a echar espuma como perro rabioso. Ayer, en la sesión de la Comisión Permanente, como nunca antes se escucharon reclamos del PRI contra el PAN. Por qué ahora sí reclaman -en referencia a los números de la elección de Coahuila-, y nada dijeron cuando en 2006 se robaron la Presidencia.

Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado prominente del PRI, miró hacia los escaños del PAN. Y les restregó: “Dos recordatorios inmediatos en esta tribuna, para no ocupar demasiado tiempo en esos temas. El primero, pues claro que el señor López Obrador era el factor principal, él era el que alegaba que le robaron la elección (en la elección presidencial de 2006), y probablemente haya sido, no lo sabremos a ciencia cierta”.

¿Qué acababa de decir el yucateco, tan avezado en el cinismo pero ayer tocado por la ira? Ramírez Marín siguió: “Pero el señor López Obrador tampoco se conformó, como no se conforma con ningún resultado, tomó Reforma por días y meses”…

Entonces el diputado del PRI restregaba otra vez al PAN: “No es ningún mérito democrático, en mi opinión, los que vinieron a dar la cara por ustedes (se refería, insistente, a la elección de 2006) fueron los diputados del PRI, que hicieron presidente a Calderón, (de lo cual) nunca nos hemos arrepentido”…

¿Qué pretendía ayer, en la Permanente, Ramírez Marín? Chantajear al PAN. ¿Por qué ahora sí piden voto por voto en Coahuila, cuando se robaron la presidencia en 2006?

Contestación inmediata a Ramírez Marín. En tribuna, Rocío Nahle García reviró: “De veras que deberían de tener vergüenza”. Y preguntó al priísta: “¿Tomó Reforma Andrés Manuel en el 2006? Sí, hizo una protesta, claro que lo tomó, una protesta pacífica donde no se rompió un solo vidrio. Y sabemos hoy que se robaron la elección”.

Pablo Escudero, el pvemista presidente de la Permanente, manipulaba la sesión. Procuraba que priístas y pvemistas cerraran los círculos del debate. Pero Federico Döring, senador del PAN, muy colmilludo, respondió por adelantado a Ramírez Marín: “Ciertamente es de demócratas reconocer cuando se gana, y saber reconocer cuando no le asiste la mayoría de los votos a un demócrata. Pero tampoco es de demócratas venir aquí con un argumento maniqueo, y tratar de chantajear a quienes no tienen hoy reconocido un triunfo por autoridades electorales, para ocultar los atropellos de la intervención indebida del gobierno federal y/o estatal en los comicios, porque sí hay que ganar, pero hay que ganar con la cara en alto”.

¿A qué se refería Döring? Pues a Coahuila, “en cuyo caso quiero precisar un par de hechos: Allí la democracia apesta desde hace muchos años, desde allí debimos haber tomado cartas en el asunto, a raíz de Coahuila, y déjenme poner un antecedente que conocen muy bien los legisladores de Coahuila”.

Si alguien sabe incendiar los ánimos es Döring, quien sostuvo: “Homero Ramos Gloria. ¿Quién es Homero Ramos Gloria? Bueno, hace unos años este personaje era el presidente del Instituto Estatal Electoral en Coahuila, tuvo bien conocer y calificar la elección en la que resultó electo Humberto Moreira, y como premio por lo que hizo en esa elección, seis meses después ocupó el cargo de Secretario de Gobierno en el gabinete de Humberto Moreira, ¡vaya paradoja! ¡vaya precedente! donde el que me califica y conoce de mi elección, luego pasa a ser mi Secretario de Gobierno”.

Federico Döring siguió pateando las canillas al PRI, así: “Pero ¿dónde está este regio personaje, este demócrata magno?  Es el Procurador de Coahuila, el que ha investigado todos los manejos financieros de Coahuila, que junto con el Senador Ernesto Cordero, en algún momento denuncié cuando los créditos apócrifos de ese gobierno. Ése es el estado de cosas de Coahuila”.

Y apostillaba: “Por eso no nos puede llamar la atención que éste nuevo Instituto Estatal Electoral tenga problemas para aplicar la ley, para hacer el conteo rápido y para aceptar que se puede hacer el escrutinio de todas las actas”.

Y volvía a remachar: “La democracia y el órgano electoral en Coahuila ha sido un problema y le ha quedado chico a la democracia desde hace muchos años. Por eso la gente tuvo que marchar ayer. Y cuando digo la gente, me refiero a la de todos los partidos que se sienten agraviados por lo que no hay en Coahuila, que es democracia o legalidad”.

Muchas cosas se dijeron ayer en la tribuna. Pero entre Ramírez Marín y Döring quedaba atrapada un jirón de la verdad rechazada y negada de 2006.

Federico insistió: “Dijo aquí el PRI hace unos instantes: ‘Si hubiéramos querido hacer trampa en todos lados’… Bueno eso no se puede hacer, a confesión de culpa, relevo de prueba.  ‘Si hubiéramos querido hacer trampa en todos lados’.  

“Entonces se hace selectivo, se hace donde alguien no me cacha, se hace donde se pueden perder las urnas, se puede perder donde hay boletas electorales tiradas en el piso por todo Coahuila, que han visto ustedes en las fotografías en las redes electorales.

Hacía unos instantes, la senadora del PRI Carolina Viggiano Austria y el senador panista Fernando Herrera Ávila,  se habían trenzado en un furioso debate por Coahuila, pasando por Veracruz y Edomex. (Continuará)
07 Junio 2017 04:00:00
Exigencia generalizada: Revisión voto por voto, casilla por casilla
Conforme avanzan los días, en los estados de México y Coahuila ha comenzado a crecer, junto con la indignación y la frustración, la convicción de que el PRI ha vuelto a pasarse de listo y de que lidera una verdadera mafia enquistada en el poder. Y que está, precisamente ahora, tendido en la pretensión de robarse las dos elecciones.

Pruebas de un fraude gigantesco comenzaron a barbotar en Coahuila y el Estado de México. Los votos terriblemente –y con toda la mala leche- mal contados, las actas de las casillas adulteradas o de plano, sustituidas por otras totalmente favorecedoras para el PRI. Las autoridades electorales, en ambas entidades, delinquiendo mediante el retorcimiento de la ley y los hechos para beneficiar al PRI. Los conteos del PREP fueron inobjetablemente infames, a contrapelo de las actas.

Y sin embargo, dos días después, las cámaras del Congreso seguían clavadas en su grosero mutismo. En su silencio ominoso y cínico. Ni un pronunciamiento han expresado como cámaras. Como instituciones del Estado mexicano encargadas del control político del país. Del contrapeso. De la rendición de cuentas.

(El PRI tiene a las dos cámaras bajo su control, pero a esto hay que añadirle la condición disminuida de estos días, de estar en receso legislativo. El que las cámaras no funcionen como periodos ordinarios en estas fechas de junio y julio, tiene su motivación política: el PRI nunca ha permitido que se agranden los periodos ordinarios para que el Congreso nunca alcance a los procesos electorales –que siempre son entre junio y agosto- y los ponga bajo su supervisión).

El PRI se carcajea de lo que pasa en el Congreso. Ayer, verbigracia, con la ausencia de sus diputados –y los de sus aliados del Pvem y Pes- evitaron que hubiera quórum y se pudiera celebrar una reunión importante de la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Ilícitos en los Procesos Electorales de la Cámara de Diputados.

Un punto del orden del día consistía en que los 14 legisladores integrantes de la comisión especial de marras, tenían que rendir sus respectivos informes sobre lo que observaron en las cuatro elecciones que desembocaron en sufragios el domingo pasado: Coahuila, estado de México, Nayarit y Veracruz.

Jorge Triana Tena, diputado federal del PAN, dijo sobre Coahuila y estado de México: “En el Estado de México, había una lista de funcionarios públicos de gobierno federal que se distribuyeron tareas a lo largo y ancho del estado para poder operar”.

Apostilló: “Vimos un despilfarro obsceno de programas y de recursos para poder apuntalar la campaña del candidato oficial en esa entidad y vimos cómo, desde el gobierno, se hizo una operación para poder sacar adelante una elección que sigue en vilo, que sigue impugnada y que tiene un desenlace aún incierto”.

Triana continuó: “En el estado de Coahuila no fueron diferentes las cosas, (adonde también se está) hablando del uso de recursos ilícitos al margen y más allá de la operación política que llevó a cabo el gobierno también con programas sociales de manera por demás perniciosa, pues también es utilizar recursos ilícitos el utilizar el recurso del Instituto Electoral del Estado de Coahuila para poder inclinar la balanza hacia algún candidato”.

Triana denunció entonces que el Instituto Electoral del Estado de Coahuila había declarado computados el cien por ciento de las actas, “cuando tenemos conocimiento de que alrededor de 300 mil ni siquiera habían sido leídas ni tocadas”.

En la conferencia, Juan Romero Tenorio, presidente de la comisión, hubo dicho que “si este proceso fue el preámbulo de lo que vendrá en 2018, no podemos encaminarnos a elecciones federales donde se pone ya en cuestionamiento el desempeño de la autoridad electoral, que pareciera sufrir un retroceso en la capacidad profesional, autónoma e independiente”.

Definitivamente el contrapeso no está en los territorios del Congreso de la Unión, sino en la calle, en el liderazgo del partido opositor que puso a temblar al PRI en el estado de México: Morena.

En conferencia, por la tarde-noche, Andrés Manuel López Obrador hubo dicho: “No vamos a reconocer a nadie que sea producto del fraude electoral”.

Y el apostille: “Como siempre lo hemos hecho, actuaremos con responsabilidad. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. No vamos a caer en ninguna provocación. No vamos a dar motivos para que los violentos nos acusen de violentos. No vamos a caer en esa trampa.

Tenemos la razón”.

Todo el día, un recuento incesante de hechos delictivos fue escuchándose a la distancia, desde el Congreso de la Unión, hasta transfigurarse en un murmullo de multitud. Y a pesar del eco trepidante de las acusaciones, el Congreso de la Unión no salió de ese ensimismamiento atroz en el que lo tiene el Partido Revolucionario Institucional, ayudado por sus rémoras, como el PVEM, el partido que, por cierto, detenta la presidencia del Senado de la República. El senador del PVEM, Pablo Escudero Morales, es el que preside esta cámara.

Hoy, miércoles, la ley obliga a los institutos electorales a dar a conocer oficialmente el ganador de las contiendas. El PRI, desde la noche del domingo, metió a los procesos en una vertiginosidad de vértigo, con la pretensión de apresurar el resultado y sembrándolo como un hecho fatal e inamovible: que Coahuila y Edomex los ganaron; pero ayer reaccionó briosamente la oposición.

Tanto el PAN en Coahuila como el Morena en el Estado de México advirtieron que no se dejarán y exigieron el voto por voto y casilla por casilla. Algo se está prendiendo.

Veremos.
06 Junio 2017 04:00:00
Congreso mexicano totalmente subordinado al interés del PRI
En el día después, el Congreso mexicano continuaba con su ejercicio de silencio a ultranza. Si no hubiera sido por algunas voces, que opinaban en lo individual, el Poder Legislativo mexicano se habría pasado olímpicamente de largo con la historia… una vez más.

El control que el PRI ejerce sobre las dos cámaras del Congreso es grosero y asqueante. Ayer, ni un solo pronunciamiento hizo como institución que es de la república; ninguno, sobre el modo como el PRI se hizo de sus triunfos en Coahuila y en el estado de México.  

En voz de Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la fracción parlamentaria priísta, ese partido trataba de enterrar una cuchillada en el alma de la gente cuando juraba que el supuesto triunfo del tricolor en el estado de México ya es “irreversible”.

Por la noche, un sujeto de rostro torvo que se identificaba como el presidente del Instituto Electoral del Estado de México había salido a decir súbitamente –en el filo de las diez de la noche- que en un “conteo rápido” el IEEM estaba en condiciones de decir que el candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza, estaba al frente de la contienda; que estaba ganando hasta por dos puntos.

Y lo decía este sujeto a pesar de que en el conteo del PREP, en ese preciso instante, quien iba al frente por dos puntos era la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez. ¿Qué estaba pasando?

Pues muy fácil: era echarle un balde de agua helada a la gente, para frenarla. Y advertir a todo el mundo, sobre todo al contendiente mayor del PRI, Morena, que la elección no la soltaría el PRI por nada del mundo, costara lo que costara.
En San Lázaro, el PAN en voz de sus diputados Apolinar Casillas y Jorge López Hernández ha presentado una solicitud al Instituto Nacional Electoral de que intervenga urgentemente el proceso electoral coahuilense.

Queremos, dijo López Hernández, “que el INE determine la viabilidad de atraer a su conocimiento los resultados y observación de la elección en el estado de Coahuila y así el Consejo General se encargue de dar seguimiento a los sucesos en aquella entidad”.

“No permitiremos que se nos pretenda arrebatar la elección”, apostillante, decía un López Hernández decidido –reiteró- “a agotar hasta las últimas herramientas para impedir que esta elección le sea robada al pueblo de Coahuila”.
Fue Apolinar Casillas quien, en aquella conferencia, tildó de “mañoso” al Instituto Electoral coahuilense.

A propósito del estado de México, fueron diputados de Morena quienes denunciaban que el proceso electoral “se caracterizó por la compra de votos y el condicionamiento de programas sociales y dádivas para favorecer al candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza”.

En voz de Vidal Llerenas Morales, el partido Morena sostuvo que “antes de aceptar los resultados, deberá el proceso electoral adentrarse en la revisión de casilla por casilla y acta por acta”.

De Veracruz sólo se sabía que la disputa por el puerto la había ganado, finalmente, el hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Y que Morena, al parecer, estaría triunfando  en Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica y nada menos que en Xalapa, la capital del estado.  

Y sobre Nayarit, que las cosas, ahí sí, el PRI estaba dejando correr los acontecimientos en su contra.

Pero el Congreso brilló por su ausencia. Sus instalaciones se recortaban como dos enormes paquidermos, apenas alterado uno de éstos, el palacio legislativo de San Lázaro, por la visita rauda, apresurada, de una veintena de legisladores gringos que se presentaban en lo que ayer fue la 53 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, celebrada en la sede de la Cámara de Diputados mexicana.

Una reunión hueca. Como suelen ser todas las Interparlamentarias entre México y los Estados Unidos, y que sólo han servido para que los estadounidenses soben el lomo a los mexicanos, dándoles por su lado pero en realidad nunca comprometiéndose a interceder verdaderamente en su país por los asuntos que son cruciales para México, como el de la migración.

Hablan de temas fundamentales en la bilateralidad de los dos países, como el de migración y seguridad. Pero, ¿qué van a decidir los legisladores estadounidenses, si luego a ellos tampoco sus presidentes les hacen caso, máxime en esta era aciaga de Donald Trump?

En el pronunciamiento conjunto, sobresalió lo siguiente:
“Convencidos de la importancia de la relación bilateral entre nuestros países, y de los estrechos vínculos históricos, económicos y culturales consolidados durante los 192 años de relación, nos congratulamos por la celebración de la Quincuagésima Tercera Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.

“También consideramos que la celebración constante de estas reuniones es una muestra de entendimiento, respeto y cooperación, así como de la disposición de ambas naciones para dialogar en busca del beneficio mutuo.

“Reconociendo que la interdependencia económica, política y social entre ambos exige la formulación de una agenda integral, amplia y renovada que siente las bases para el desarrollo sostenible de la región, las delegaciones celebramos la disposición de los dos órganos legislativos de continuar trabajando en el desarrollo de una política bilateral acorde a las necesidades de cada nación y con un espíritu de respeto mutuo.

 “(En materia de migración y seguridad humana), convencidos de que la migración es un fenómeno que conlleva efectos positivos como el aumento de la competitividad, la generación de ingresos, mejoras económicas y un mayor entendimiento cultural, ambas representaciones afirman que es necesario impulsar medidas que fortalezcan la complementariedad de los mercados laborales de América del Norte”.
02 Junio 2017 04:00:00
El otro debate que también perderá el gobierno (Videgaray) de EPN
Hay un debate extraterritorial en el que México está inmerso pero al que muchos no le han puesto mayor atención por los acontecimientos que actualmente agobian al país, como es la posibilidad de que un sector muy importante de la población mexicana se vaya a tener que confrontar al gobierno de Enrique Peña Nieto en torno de un conflicto post electoral, derivado de las incontables quejas de fraude que ya comienza a denunciar la oposición en la víspera de aquellas cuatro elecciones estatales del domingo próximo.

Se trata de la guerra de declaraciones que desató el canciller mexicano Luis Videgaray Caso, contra el gobierno de Venezuela.

A las pocas semanas de que Donald Trump asumió la presidencia de su país, el 20 de enero pasado, el secretario de Relaciones Exteriores Videgaray comenzó a incursionar en terrenos de la diplomacia nunca antes vistos en México, cuando, contrario a los principios tan mexicanos de no intervención y de respeto de las soberanías de otros países, se puso a emitir a mansalva críticas fuertes contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

Cuando comenzó su periplo declarativo contra Venezuela, en los territorios del Congreso mexicano los opositores al PRI advirtieron que Videgaray decía lo que decía para congraciarse con el gobierno de los Estados Unidos, y desflemarlo en esta nueva relación con México en la que ha sobresalido el abuso por antonomasia del gigante norteamericano. A final de cuentas, era el reconocimiento triste del gobierno de Peña Nieto de su enorme cobardía ante Trump.

Llamó la atención la sevicia, la saña con que el canciller mexicano ha estado haciendo ese papel de peón sucio criticando a Venezuela como nunca antes un gobierno mexicano se atrevió a hacerlo, ni siquiera ante los gobiernos verdaderamente más sátrapas del mundo.

El dueño de la casa de Manilalco ha golpeado en infinidad de ocasiones al gobierno venezolano. La más reciente fue anteayer, en Washington, durante una reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo propósito fue airear la “situación social y política de Venezuela”.

Videgaray dijo allá que “el agravamiento de la crisis en Venezuela y las alteraciones a su orden democrático merece que los países de la OEA actúen con urgencia mediante nuevas gestiones diplomáticas”.

Videgaray agregó: “La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar para que las partes puedan acercar posturas y dar seguimiento puntual a la crisis de Venezuela”.

Y luego de negar que esto que dijo pueda se considerado una injerencia en los asuntos internos de un país, sentenció: “El principio de intervención no puede ser invocado para esconder alteraciones al orden democrático”.

Pero, además -promovió anteayer Videgaray en Washington-,  la Venezuela de Maduro  “ya no es una democracia funcional, pues tiene rasgos autoritarios como la suspensión del Poder Legislativo, el encarcelamiento de opositores y el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles”.

Lo que impelía a esa asamblea de la OEA, era sin duda el anuncio de Maduro de crear una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución venezolana. Y el anuncio de aquel gobierno sudamericano de que Venezuela se saldrá formalmente de la OEA, organización afín a los intereses de los Estados Unidos, según han acusado históricamente países como Cuba, la misma Venezuela y sectores políticos del continente identificados con las izquierdas.

Tan pronto Videgaray dijo lo anterior, le respondió Delcy Rodríguez, la cancillera de ese país: “Venezuela rechaza infames e inmorales declaraciones de Luis Videgaray que expresan su sumisión al país hegemón (Estados Unidos) para que ampare su Estado fallido”.

Si esto dijo la cancillera venezolana el miércoles 31 de mayo, pues ayer, jueves 1 de junio, la sudamericana dijo todavía más, y retó a Luis Videgaray a un debate sobre violencia y narcotráfico durante la próxima cumbre de la OEA, que se celebrará del 19 al 21 de este mes en Cancún, Quintana Roo.

Si Videgaray no tuviera la carnadura de gran desvergonzado que ha demostrado tener, muy posiblemente algo le hubiera dolido. Pero…

Delcy Rodríguez, de entrada, criticó a Videgaray estar mirando fuera de su país “sin voltear a ver la realidad de México”, como el hecho de que “es uno de los países con mayor desigualdad de la región”.

Según la agencia Reuters, en su conferencia en Caracas, ayer, la cancillera venezolana reaccionó así a lo que dijo Videgaray en Washington: “El gobierno mexicano no tiene calidad moral para hablar de los asuntos de Venezuela, cuando México es el lugar más peligroso para ejercer la profesión del periodismo, donde el narcotráfico ha penetrado toda la institucionalidad de este hermano país, convirtiéndolo en un Estado fallido, donde los desaparecidos suman cifras realmente espeluznantes”.

La cancillera añadió: “Espero en Cancún al canciller de México decírselo en su cara; atienda a su pueblo, atienda las demandas de su pueblo, atienda los desaparecidos, la violencia, el narcotráfico”.

Y entonces Dulcy Rodríguez, de acuerdo con Reuters, dijo a Videgaray: “el canciller mexicano no tiene vergüenza y sólo está cumpliendo un papel para recibir algo a cambio”.

Y remachaba a Videgaray, así: “Vamos a debatir (en Cancún) sobre democracia, sobre derechos humanos, sobre violencia; tiene que ser muy desvergonzado para pararse a decir lo que ha dicho de Venezuela sin voltear a ver la realidad de su país”.

Entonces, dos cosas anunció Rodríguez: en Cancún, informará Venezuela de su salida de la OEA, y pondrá a la mesa dos problemas graves de México: asesinato de migrantes y el caso de los 42 desaparecidos de Ayotzinapa.
01 Junio 2017 04:00:00
La denuncia de Miguel Barbosa Huerta
Miguel Barbosa Huerta, senador del PT-Morena, ofreció una conferencia anteayer, durante la sesión de la Comisión Permanente. Afirmó que para ganarle una elección al PRI hay que ganarle al poder público federal, a los poderes públicos estatales y municipales. Y del Congreso de la Unión, afirmó que es una farsa de representación, una simulación de contrapeso. He aquí:

“Yo hubiera deseado que el día de hoy la Comisión Permanente tuviera un pronunciamiento para exigir de las autoridades electorales del Estado de México la aplicación de la ley. Yo hubiera esperado que la Permanente exhortara a los partidos políticos que las elecciones de los cuatro estados a celebrarse este 4 de junio cumplieran con la ley. Yo hubiera deseado que la Permanente hubiera exigido a los gobiernos federal y estatales donde va a haber elección que sacaran las manos.

“Ese es el papel del Congreso y sus Cámaras, y sus funciones de control de las funciones públicas de los otros dos poderes. Pero no, aquí en el Congreso mexicano ya se mató a las funciones de la Comisión Permanente.

“La de la Permanente, es una sesión serena, no pasa nada; sesiones que solo sirven para encubrir y para que el Congreso no tenga opinión sobre los asuntos tan importantes y tan graves que están ocurriendo en México. Aquí ha sido una práctica que para ganarle una elección al PRI, hay que ganarle al poder público federal, a los poderes públicos estatales, a los poderes públicos municipales. Y la mayoría de las veces a los tres juntos.

“En el estado de México hemos visto un ejemplo ramplón de este fenómeno político de atraso de nuestra democracia. Aquí hemos visto que la campaña del PRI está comandada por el propio presidente de la República, y el responsable político del resultado, es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y que todo el gabinete de secretarios, subsecretarios, directores, tienen encargadas zonas del estado de México. Que los gobernadores priístas también forman parte de esa responsabilidad territorial.

“Le pedimos a la prensa que lo diga. Le pedimos a la prensa que lo diga. Porque tal parece que todos somos parte de la misma hipocresía. De no decir nada. De no hablar de eso. De solo hablar de las cosas de las cuales el sistema quiere que se hable, y siempre en contra del opositor, al candidato o candidata del PRI en su caso. Así ocurrió en esta ocasión en el
Estado de México.

“Se utilizaron recursos públicos federales, estatales y municipales. Se permitió que el dinero privado llegara a las campañas. Se están manipulando los programas sociales gubernamentales. Como nunca, el poder público controló las decisiones de los partidos políticos. Como nunca.

“Primero, el presidente permitió que Josefina Vázquez Mota fuera la candidata del PAN, prometiéndole que no la iban a tocar y después le sueltan lo de los mil millones. Después cultivaron a un candidato del PRD. Lo cultivaron y lo patrocinaron. Y desde los medios lo hicieron crecer con el único propósito de quitarle puntos a la candidata de Morena. Esto es lo que ha ocurrido.

“Y por eso nosotros exigimos que para este 4 de junio haya libertad en el ejercicio del voto. Que se cumpla con la ley. Que no se haga más atraso de la política en México. Finalmente todos los partidos recibirán el apoyo o la distancia que merecen sus candidatos, sus propuestas, sus dirigentes. Dejemos que el pueblo se exprese libremente. Dejemos que así sea.

“Encuestas que tenemos abiertas hoy mismo ponen a nuestra candidata con más de ocho puntos de ventaja. Y si a eso le adicionamos el porcentaje de votos que no han tomado su decisión, y que todos son antipriístas, podemos vaticinar un resultado muy holgado para Delfina.

“Pero eso no significa confiarnos. Sabemos de lo que pueden ser capaces desde el poder público los priístas. Sabemos, y tenemos temor por la democracia en México. Por eso, porque la democracia en México no se va a reponer si hay un fraude este domingo. Va a ser un retroceso en la política mexicana.

“Así que estamos lamentando que la Comisión Permanente no tenga voz para estos asuntos, cuando debiera tenerlo, nosotros exigimos que cumplan con la ley este domingo las autoridades electorales, los gobiernos federal y estatales, los partidos políticos. Y que los ciudadanos vayan masivamente a votar, porque es la única forma de vencer, no a un partido político, sino al poder público, a ese que tenemos que transformar, porque si no las cosas van a seguir así.

“Las comisiones de seguimiento electorales, que aprueban las cámaras del Congreso, no sirven para nada. Así es que dejémonos de simulación. Es una forma de cubrir para matizar de legalidad y de una vigilancia y de transparencia un proceso electoral.

Una comisión que se integra a diez días de la celebración de las elecciones no sirve absolutamente para nada.

“Sesionó ayer por primera vez. Lamentamos decirlo. Es una realidad y a ustedes les consta.

La otra es la Fepade. Le falta mucho desarrollo institucional. Mucho. Sobre competencias y desarrollo institucional.

“No tiene presupuesto. No tiene policía. No tiene una dependencia para cuestiones de peritajes. Depende todo de lo que en la PGR se esté resolviendo. No hay forma. No hay voluntad. Hay un control del poder público sobre el destino de los procesos electorales.

“Hay que salir a votar. El miedo es una condición a la que apuestan los partidos que no quieren que voten, como el PRI”.
31 Mayo 2017 04:00:00
De cómo el PRI usa a sus mujeres para seguir viéndole la cara al país
En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ayer, el PRI demostró que es incansable en su vocación por retorcer en su favor las decisiones legislativas. Una vez más teniendo al PAN como cómplice de sus trapacerías, el priísmo hizo que la elección en el Estado de México no fuese revisado en la tribuna ni tuviera el Pleno que emitir un pronunciamiento al respecto.

El orden del día no incluyó comentarios políticos sobre los procesos electorales estatales más candentes de que se tenga memoria en México.

Un punto de acuerdo pasó cerca del tema de las elecciones; pero el PRI y el PAN –aupados sobre sus diputadas y senadoras- exigieron al Pleno se pasara de largo, mientras tildaban de “misógino” al senador perredista que planteaba mirar hacia la elección mexiquense, adonde el PRI, sin duda, decía el hidalguense Isidro Pedraza Chávez, “está atropellando la dignidad y los derechos políticos de las mujeres”.

Un grupo de diputadas y senadoras del PRI y PAN presentaron un dictamen de punto de acuerdo –previamente aprobado por la Segunda Comisión de la Permanente- en la que pedían al Pleno exhortar  “al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales de las entidades federativas para que vigilen el cumplimiento del marco jurídico sobre paridad en las candidaturas a puestos de elección popular en los tres niveles de gobierno”.

Muy a toro pasado, estas diputadas y senadoras del PRI y PAN –sin rubor y  a contrapelo del sentido común-  pidieron exhortar al INE para  que los partidos políticos respeten la paridad de género. Es decir, mitad candidatas y mitad candidatos.

Estaban un poco desfasadas con su dictamen. Esto debían haberlo exhortado allá por febrero o marzo, cuando en las cuatro elecciones estatales de 2017 los partidos políticos decidían sus candidatos y candidatas.

¿Y ahora, para qué?, les preguntaba Isidro Pedraza, al tiempo que proponía un agregado al punto de acuerdo: “Que se solicite a la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, se investigue el origen de los recursos que se están aplicando por todos los partidos en las elecciones del Estado de México”.

En estos tiempos aciagos y difíciles para el debate parlamentario, es terrible ver cómo la gente del PRI –hombre o mujer- reacciona con violencia verbal incluso, con tal de que no avance ni un centímetro cualesquiera propuesta que vaya a exhibirlos todavía más.

Este fue el argumento –cargado de jiribilla- de Isidro Pedraza:

“Estamos hablando aquí de un tema que han escabullido todo el inicio del período ordinario de esta Comisión Permanente, y no han querido hablar del tema electoral, se han ido por la orillita.

“Las comisiones que tienen temas encaminados en esto, pues le han dado la vuelta y no le entran. Y creo que ahorita, que tenemos un punto donde están viendo un exhorto a los órganos electorales, al propio INE, pues, creo que vale la pena que les hagamos un llamado completo, este llamado ya está desfasado.

“Si ustedes saben, ya se cumplió el registro de candidaturas, ya los partidos políticos tienen que haber resuelto, haber cubierto la equidad, si fue sustantiva o no, pero si fue cubierta.

“Y lo que queda ahora es revisar esa parte de equidad que en el proceso estamos viviendo muy desfasada”.

Se estaban poniendo verdes de furia algunas senadoras. Pero Isidro continuó: “Ahora el dinero ha jugado un papel importante en los comicios, y ha sido el estado de México, donde está llegando el dinero, no centralizadamente, sino a través de privados y de particulares para poder sobornar electores”.

Verde es poco. Moradas. El hidalguense reforzó: “El tema de las elecciones en este país es un tema importante. Estamos a unas horas de que se dé este proceso, y se ha querido correr una cortina de humo en términos de lo que se disputa en cada entidad, y no se tiene intención de enfrentar directamente estos problemas”.

Y comenzaban las interrupciones. Quien presidía, le pedía “no salirse del tema”. Isidro siguió: “Estamos hablando de billetes y monedas. La equidad entre lo que hay aquí en este proceso electoral”.

“Tema”, gritaban las legisladoras del PRI y PAN. Pero Isidro seguía metiendo el acelerador: “Aquí están hablando solamente lo que tiene que  ver con la cuestión de género, digo, eso ya pasó, es un tema desfasado. Lo que ahora estamos viendo es que garanticen la equidad de la competencia política de los ciudadanos en el proceso electoral”.

El tema propuesto por las legisladoras, según Isidro, tenía un punto de convergencia en la falta de respeto del candidato del PRI al gobierno del estado de México hacia las mujeres, cuando a éstas les ofrece dinero para comprar su voto con la famosa tarjeta rosa.

Y era por eso que propuso su agregado: “Que en este dictamen que ya está presentado, se le haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda para que sea la Comisión de Fiscalización que investigue el origen de los recursos públicos o de los recursos que están aplicándose en el Estado de México”.

Entonces Isidro remachó: “Ahí traen una promoción de una tarjeta rosa, y esa tarjeta va encaminada, particularmente, a que las madres y a las mujeres sea las que puedan votar en este proceso electoral.

“Estamos hablando de la equidad, del respeto, de la integridad y de la imagen de las mujeres, hagámoslo con respeto y no atropellemos el derecho y la dignidad de las mujeres, mas las están atropellando con estas prácticas políticas”.
30 Mayo 2017 04:00:00
Enrique Peña Nieto, el Grupo Atlacomulco y el 4 de junio próximo
Los estados de México, Coahuila y Nayarit están a tiro de piedra de protagonizar una de las peleas electorales más trascendentales en la historia reciente del país. El domingo 4 de junio próximo, cuando se conozcan los ganadores de las tres contiendas a gobernador (en Veracruz, ese mismo día, se disputarán las 212 presidencias municipales), entonces un faro comenzará a iluminar con mayor profusión el camino que lleva a la Presidencia de la República de 2018.

¿Quién entonces se podrá mirar, a la cabeza de todos, en dicho sendero? La respuesta a esta pregunta –que a escasos seis días estará de conocerse- la arrojará, de modo particular, el resultado de los comicios en el estado de México, la entidad con mayor número de empadronados.

El número de empadronados en todo el país es de 83 millones casi 600 mil personas. En el estado de México hay poco más de 11 millones de personas, en tanto que en Coahuila casi 2 millones, y en Nayarit casi 800 mil. Y en Veracruz hay casi 5 millones 600 mil ciudadanos con credencial para votar.

Desde mucho antes de que comenzaran los procesos electorales de 2017, a los comicios del estado de México se le consideraron como una suerte de laboratorio político-electoral, con el que se estarían midiendo las posibilidades que las principales fuerzas políticas del país habrán de tener en la elección presidencial de 2018.

Hay un factor fundamental para quienes opinan sobre la importancia de la elección mexiquense: El estado de México es el bastión político y económico del grupo político del PRI que actualmente ostenta la Presidencia de la República.

El presidente Enrique Peña Nieto está actualmente a la cabeza del grupo, conocido de varias maneras a lo largo de la historia contemporánea nacional: “Grupo Atlacomulco”, “grupo atracomulco”…

Desde los tiempos de uno de sus impulsores, el profesor Carlos Hank González, a este grupo político se le ha considerado como la pandilla más corrupta de cuantas ha tenido el PRI en su historia ochentera-nonagenaria.

Ha sido una enorme fábrica de millonarios con dinero público. Y son tantos y tan gandayas con el presupuesto, que los que están actualmente a la cabeza ya ni se toman la molestia de desmentir a nadie. Al contrario, ha sido algo así como un motivo de orgullo atlacomulquense, admitir que sus miembros son multimillonarios hasta las cachas.

“Un político pobre es un pobre político”, fue una de las frases históricas del profesor Carlos Hank, uno de los capitanes históricos del grupo.

Precisamente los Hank, los Del Mazo, los Montiel, los Sánchez Colín, los Camacho, los Pichardo, los Chuayffet, los Jiménez Cantú, son los apellidos más representativos de aquella élite de mexiquenses que ahora traen en la frente el sello de la corrupción.

De aquel grupo ya salieron dos presidentes de la República: Adolfo López Mateos y, el actual, Enrique Peña Nieto. Nada que ver uno del otro. A López Mateos se le recuerda en México como un presidente sensible y honrado; fue el nacionalizador de la industria eléctrica en 1958.

Peña Nieto, en cambio, carga no sólo el signo de gran corrupto, sino también de gran traidor a la Patria, por la entrega del petróleo a compañías petroleras trasnacionales, y por la subordinación sin ambages de la soberanía nacional a los intereses geopolíticos y militares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Mucho del malestar que hoy enfrenta el PRI en los comicios estatales lo ha insuflado el trabajo que ha hecho Peña Nieto como presidente de México. Los niveles altísimos de corrupción en Los Pinos, superó incluso a presidentes de la República que, también, fueron señalados como grandes corruptos, como Carlos Salinas de Gortari y José

López Portillo. O aquel de mediados del siglo XX, Miguel Alemán Valdés.

No tiene cara el PRI para defenderse de las acusaciones de corrupción que todos los días le restriegan los opositores que, al parecer, más concitarán aceptación en los comicios próximos: Los del grupo político agrupado en el partido Morena.

Un partido que ha crecido exponencialmente, a pesar de que su líder, Andrés Manuel López Obrador, tampoco es la panacea. Acusaciones de que es un autoritario y un “conservador” disfrazado de liberal, no se las ha podido sacudir. Pero a final de cuentas, al parecer para la mayoría de la población esto sería un pecado menor, ante el peso grave de acusaciones de corrupción que caen sobre los candidatos del PRI y del mismo Presidente de la República.

A seis días de que se celebren los comicios esperados de 2017, el Congreso mexicano sigue sosteniendo una posición de observador poco entusiasmado con el trabajo al que está obligado a desarrollar por la Constitución, mediante la función de contrapeso o de control político.

El Congreso baila al compás de los intereses del PRI y del presidente de la República. Todo lo que clama y exige el grupo opositor que más riesgo representa para el grupo en el poder, el Morena, no tiene importancia para el Poder Legislativo, y se hace el sordo, el mudo, el ciego.

Verbigracia: el partido Morena está exigiendo que el Congreso exhorte con urgencia al Instituto Nacional Electoral (Ine) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que intervengan con prontitud en el estado de México, adonde el PRI y el gobierno de Peña, muy desesperados ante la posibilidad seria de perder la gubernatura, hacen muchas marranadas; pero el Congreso, con silencio cómplice, soslaya y, justamente ahorita, se hace el desentendido.
27 Mayo 2017 04:00:00
La tibieza del Congreso mexicano cuando se trata de proteger a periodistas
El día que mataron al periodista Javier Valdez, en Culiacán, Sinaloa, un clamor exigiendo su esclarecimiento y castigo de los responsables se escuchó al unísono, dentro y fuera del país.

Organizaciones periodísticas como Artículo 19 se escucharon con gran estruendo, como también la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, e incluso periódicos como El País y The New York Times abrieron con sus editoriales la exigencia al gobierno de Enrique Peña Nieto que ya no se hiciera el occiso y se pusiera a investigar y a parar de una buena vez las agresionesa periodistas y medios de información mexicanos.

A Valdez nadie debe regatearle la valentía y el arrojo con que asumió el oficio de reportero. No es lo mismo escribir de lejos que escribir allí, a las puertas mismas del infierno. Y esto fue lo que hacía el compañero de Sinaloa, cuando se ponía a escribir de narcotráfico; como, sin lugar a dudas, también en este preciso momento siguen escribiendo decenas de compañeros reporteros en zonas marcadas por la muerte, como Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Oaxaca, y una veintena más de estados de la República.

En su sesionar del miércoles pasado, la Comisión Permanente abordó el tema de las agresiones a periodistas. No deja de verse lerdo, cuando es un asunto que diariamente es abordado por periodistas, asociaciones de periodistas, periódicos incluso extranjeros y por organismos internacionales de la talla de la ONU.

Más que debate, fueron posicionamientos, luego de la presentación de un Punto de Acuerdo, mediante el cual el Congreso dice refrendar “su más amplio compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, por ser elementos esenciales del sistema democrático de gobierno”.

También el Pleno dijo reiterar “su enérgico rechazo”, y condenó “el ejercicio de la violencia en contra de la integridad física y sicológica de los profesionales del periodismo”.

Dictamen de cuatro párrafos. En el segundo, la Permanente “se pronuncia por que el fortalecimiento de las instancias federales y locales responsables de desplegar las medidas de prevención y protección que requieran los profesionales de la comunicación social, para el ejercicio de sus actividades, y exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, donde aún no se han conformado a integrar las unidades y/o centros de atención a periodistas”.

En el tercero, dijeron invitar “al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, a una reunión de trabajo con los integrantes de la misma”.

Y en el cuarto párrafo, la Permanente exhortó a las cámaras de diputados y de senadores “para que den seguimiento a los casos de agresión en contra de periodistas, y a la implementación de las unidades y/o centros de atención a periodistas en las entidades federativas”.

Comenzaron con la senadora Iris Vianey Mendoza, del PRD, quien dijo: “Es indispensable que en México, siendo un país de libertades (…) es indispensable que demos pasos con mayor precisión para la protección de la vida de los periodistas y para la libertad de expresión, y que esta sea una garantía real”.

Miguel Barbosa Huerta, del PT: “Nuestra realidad es la de un estado mexicano que no tiene capacidad de respuesta ante nada; no tiene capacidad de respuesta ante la creciente violencia, creciente impunidad.

“No tuvo capacidad de respuesta, ni la ha tenido para presentar una política estratégica para combatir esa nueva forma de crimen organizada que es el robo de combustible, el robo de hidrocarburos, y tampoco tiene capacidad de respuesta en relación a la violencia sobre la libertad de expresión y al asesinato de periodistas. ¡No la tiene!
“El lenguaje parlamentario, el lenguaje que se utiliza en las piezas legislativas o en los productos legislativos, como yo les llamo, es importante, pero expresa el papel que se quiere jugar.

“Cómo que ‘atenta invitación’. ¿Por qué no le pusieron ‘¿cordial’? Extiende una atenta invitación al titular de la Fiscalía Especial. Mejor hubiera sido: ‘Atenta, especial, comedida invitación’. ¡No! es un diálogo entre poderes, es una cita a las comisiones de la Comisión Permanente para que hablen de ese tema; no es un agravio a un servidor público, ni a otra institución del poder público. ¡No, no lo es! Es diálogo entre poderes. Por lo menos debería cambiarse, Presidente, a ‘convoca’ al Fiscal Especial a una reunión de trabajo. Y sustituir esa, de verdad, lisonjera expresión de la ‘atenta invitación’.

“La cita debería de ser al secretario de Gobernación, al procurador general de la República, y sin duda, al fiscal especial, al que solamente le invitan una ‘atenta y cordial invitación”. De verdad, no es la respuesta.

“El Estado debe dar, ante una situación tan grave, tan inaceptable. El ‘ya basta’, que hoy se publica en periódicos nacionales, de importantes empresas encargadas de la comunicación política social, televisiva, radio y prensa escrita, importante hacerlo que la Comisión Permanente haga suyo, que la Comisión Permanente se exprese para fortalecer lo dicho en esa publicación a la que se ha dado a llamar ‘ya basta”.

Al final, la diputada del PRI Martha Hilda González Calderón, quien decía que su partido “recibe con una enorme responsabilidad el que hoy se esté presentando a este Pleno este compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo precisamente para poder, en el marco de la Primera Comisión de Gobernación, podamos invitar a la Fiscalía Especial para ver cómo se desarrolla su trabajo en este esquema de contrapesos”…
26 Mayo 2017 04:00:00
El contrapeso fallido del Congreso mexicano
El Congreso General, conocido popularmente como el Congreso de la Unión, tiene en la función de control político la justificación para meterse prácticamente en todas las cosas públicas del país; pero no lo hace porque permanece bajo el control político y administrativo de dos partidos de actuación gangsteril: El PRI y el PAN, a los que desde hace unos años se les ha sumado el PRD.

Si bien es más conocida la función legislativa, la de construir leyes, es la función del contrapeso la que da al Poder Legislativo el rostro que todos los mexicanos desearían que mostrara todos los días: la cara de una institución del Estado que defiende a ultranza la rendición de cuentas.

Para infortunio de México, el Poder Legislativo mexicano ha sido durante décadas sólo un triste simulador como representante de la nación; apenas rescatado por la participación de legisladores o grupos parlamentarios excepcionales, a lo largo de su historia contemporánea.

A final de cuentas, el debilitamiento endémico del Congreso mexicano fue prohijado por el sistema político instaurado por el PRI, con el propósito de que la Presidencia de la República fuese la poderosa en México, y no las instituciones que se decían tener la representación del pueblo.

Durante décadas, las dos cámaras del Congreso tuvieron en la Gran Comisión la representación categórica del presidencialismo priísta.

La Gran Comisión era la expresión absoluta del poder del presidente de la República. Se acabó cuando, en 1997, por primera vez en la historia post revolucionaria del Congreso mexicano, el PRI perdía la mayoría, para convertirse en la primera minoría, con 242 diputados federales.

La Gran Comisión –en la realidad, una suerte de gran capataz al interior de las cámaras- desapareció, para dar lugar a nuevas figuras de gobierno, entonces consideradas más democráticas, aunque con el paso de los años han terminado rezumadas por el PRI.

El poder ejercido en la Gran Comisión se partió para democratizarlo aparentemente en las nuevas figuras de gobierno: la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

La mesa directiva era en los tiempos de la Gran Comisión un remedo de gobierno. Entonces sus integrantes eran renovados mensualmente. A partir de la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de agosto-septiembre de 1999, la mesa adquirió una notoriedad inédita: sería anual y ahora sí el presidente tendría un protagonismo político que
antes no tenía.

La Junta de Coordinación Política sería integrada por solamente los coordinadores de los grupos parlamentarios y su voto sería ponderado.

Y la Conferencia sería en realidad la suma del presidente de la mesa directiva mas los coordinadores integrantes de la Junta.

En la mesa directiva deben confluir diputados –o senadores, en el caso del Senado- que al interior de sus respectivos grupos parlamentarios supuestamente se han distinguido por estudiosos de la técnica legislativa o del derecho
parlamentario.

Si esto ocurrió en el principio (finales de la 57 Legislatura, y en la 58 y 59), después fue notorio cómo llegaron a la mesa legisladores afines a las cúpulas, o recomendados de los líderes nacionales de los partidos, gobernadores o de la presidencia de la República.

En el caso de presidente de la mesa directiva, al principio intentaron que prevaleciera el criterio de proponer cada grupo parlamentario a los diputados que tuvieran como cualidad básica la prudencia, capacidad negociadora y, sobre todo, que se distinguieran por su buena camaradería con los legisladores de la mayoría de los otros grupos parlamentarios. Sólo así los aceptarían el resto de legisladores.

Al parecer lo intentaron en las legislaturas posteriores a la reforma aquella; pero ya mucho después, particularmente ahora en este sexenio, aquellas virtudes para ser presidente de mesa directiva valieron madre.

Sobre todo los que han sido del PRI, han sido inobjetablemente productos del dedo del presidente Enrique
Peña Nieto.

La Junta de Coordinación Política siempre ha estado bajo el control del PRI, por su condición de partido de la primera minoría. Al tener el voto ponderado (el voto de un coordinador está directamente proporcional al número de diputados que representa), el PRI suele tener la última palabra. Aunado a lo anterior, el PRI ha contado históricamente con la complicidad de coordinadores del Pvem, PAN, Panal, Pes, y, desde mediados del sexenio de Felipe Calderón, también del PRD.

La Conferencia es una vacilada de órgano de gobierno. El poder real lo tiene la Junta. Y dentro de la Junta, el PRI, mediante esos dos factores: el voto ponderado y la alianza con sus rémoras y demás partidos afines.

Siendo el PRI el partido que ostenta la Presidencia de la República, el Congreso ha terminado siendo una suerte de Oficialía de Partes del Ejecutivo Federal, que sólo responde a los intereses y llamados que conviene a quienes ejecutan el poder público en México.

Y quienes tratan de ejercer la función de control político o de contrapeso, pues es la oposición. Pero la verdadera, porque hay que aclarar que en el Congreso mexicano la mayoría de los grupos opositores son una falsedad, una simulación. Una farsa.

Al menos en esta y la anterior Legislatura, sólo un partido fue sobresaliente en su trabajo de opositor al régimen: El que lidera Andrés Manuel López Obrador, aunque al menos en el Congreso, seguido muy de cerca por el Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo.

En el PRD siempre hubo un grupo de diputados y senadores que asumían con rigor su papel de contrapeso. Pero terminaban topándose con sus dirigencias vendidas a la Presidencia.
25 Mayo 2017 04:00:00
Envilecido hasta las cachas el Congreso mexicano
El miércoles 24 de mayo, ayer, el Congreso de la Unión a través de su Comisión Permanente, vivió uno de sus episodios más viles, cuando de plano se hizo el sordo, el ciego y el mundo ante las denuncias abiertas de que Enrique Peña Nieto desbordó toda la fuerza del estado para cometer fraude en las próximas elecciones del 4 de junio en el Estado de México.

El Pleno de los 37 legisladores –que bajo el control está del PRI, PAN y PRD- nada absolutamente dijo sobre lo que, la víspera, martes 23, denunció Andrés Manuel López Obrador, de que Peña Nieto prácticamente encargó a cada uno de sus secretarios del gabinete presidencial uno de los municipios más importantes del Estado de México, para hacer proselitismo del brazo de Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del PRI, y de las secretarías estatales del gobierno de Eruviel.

Tampoco el Congreso dijo nada este día sobre la nueva denuncia del líder nacional de Morena, de que Enrique Peña Nieto ordenó a los gobernadores del PRI a involucrarse en la elección del Estado de México, con gente y recursos.

La Comisión Permanente asumió ayer un papel vergonzoso y de humillación para quienes dice que representa: La población. En todo el orden del día, el tema jamás fue tocado.

Actuó el Congreso de la Unión como si no tuviera la obligación de atender asuntos tan graves como las denuncias aquellas, desde su condición de representante de la nación y desde su función de control político.

Primero fue el diario Reforma el que, el lunes, publicó documentos que referían el “proyecto de la estrategia para acompañar la elección del Estado de México”. Y esta no consistía en otra cosa que una serie de indicaciones, establecidas desde Los Pinos, para que las secretarías del gabinete presidencial se involucraran por regiones en la elección de esa entidad, considerada por la oposición afín a Morena como el coto, el bastión, de los priístas más corruptos del país: Los agrupados en torno del Grupo Atlacomulco, al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto.

Después, el martes 23, Andrés Manuel López Obrador videodifundió por Facebook información similar a la que había publicado aquel diario, pero ampliándola y
pormenorizándola.

En el siguiente día, o sea ayer, el líder de Morena difundió nueva información: Dijo que, respondiendo a una convocatoria de Enrique Peña Nieto, los gobernadores priístas de todo el país se incorporaron a la guerra sucia en el Estado de México y se habían hecho cargo de municipios mexiquenses para persuadir a los votantes –con dinero– a que voten
por Del Mazo.

He aquí algunos encargos para algunos gobernadores: Omar Fayad, de Hidalgo, deberá ir a corromper ciudadanos en Tecámac, Cuautitlán y Ecatepec; el junior oaxaqueño Alejandro Murat: Valle de Chalco; el jalisciense Aristóteles Sandoval: Naucalpan y Tlalnepantla.

López Obrador dijo que, de acuerdo con un escrito anónimo que “alguien” desde el primer círculo presidencial de Peña Nieto le hizo llegar, los gobernadores priístas Rolando Zapata (Yucatán), José Manuel Correa (SLP), Ignacio Peralta (Colima) Marco Mena (Tlaxcala) Claudia Pavlovich (Sonora), Quirino Ordaz (Sinaloa) y Alejandro Tello, de Zacatecas, “tienen la obligación de aportar recursos para la movilización
del 4 de junio”.

Pero la movilización, aclaraba López Obrador, no será a cancha abierta, sino subrepticiamente, a escondidas pero en carrusel, con maletas de dinero para ir corrompiendo a todos los ciudadanos que se dejen, y en el trayecto o a la mera hora de ejercer el sufragio.

López Obrador también hizo referencia de Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, y de Roberto Sandoval, de Nayarit. “No participarán en el fraude del Estado de México”, precisó el líder nacional de Morena, “pero operarán de la misma forma en las elecciones de sus estados”, también a celebrarse el mismo día, 4 de junio.

También mencionó al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien de acuerdo con el documento anónimo que dice le hicieron llegar, fue el contacto entre Enrique Peña Nieto y los líderes estatales del PRD: Héctor Bautista y Juan Zepeda.

Andrés Manuel acotó: dijo que respecto de este último dato, de que Velasco habría sido el contacto de Bautista y Zepeda con Peña Nieto, no es para creerlo del todo, porque ni modo que Bautista no conozca a Peña por su cuenta.

Pues todo esto que denunció López Obrador se lo tragó el Congreso sin agua y sin aceite. Los alfiles del PRI, PAN y PRD en la Comisión Permanente hicieron acopio de toda la ruindad de que han sido capaces de demostrar ya, en muchas otras ocasiones, y nada de estas denuncias dejaron pasar a la tribuna.

ESTRIBO
Tampoco el pleno de la Comisión Permanente nada dijo absolutamente sobre la denuncia que ayer hizo el diario capitalino La Jornada, respecto de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende censurarlo, al negar el acceso a actos oficiales de la Secretaría al reportero Jesús Aranda, trabajador de esa casa editorial.

Incluso, también ha denunciado el diario, “tal acto de censura se sumó al hecho de que, desde los primeros días de 2017, el área de la dependencia encargada del trato con los medios de comunicación dejó de enviarle comunicados e invitaciones a actos públicos, sin explicación alguna”.

Según explicación del diario, Jesús Aranda se presentó en el Centro Militar de Ciencias de la Salud para cubrir informativamente la inauguración del Congreso Internacional de Obesidad y Diabetes, pero un militar adscrito a la dirección de comunicación social de la Sedena le impidió el paso, arguyendo que “no había sido invitado”.
24 Mayo 2017 04:00:00
La hipocresía del PRI, PAN, Pvem y PRD cuando hablan de corrupción
Diputados federales del PRI, PAN, Pvem y PRD se pusieron ayer a hablar sin pudor de corrupción e impunidad en los territorios de San Lázaro, cuando la Comisión de Vigilancia entregó las conclusiones y recomendaciones a la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2015.

Los legisladores Luis Maldonado Venegas, del PRD; Enrique Salazar Farías, del Pvem; Minerva Hernández Ramos, del PAN, y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, PRI, entre otros, entregaron un documento a la Auditoría Superior de la Federación, con comentarios e interrogantes derivados del análisis que hicieron al informe de resultados que la ASF entregó el pasado febrero sobre el Resultado de la Fiscalización Superior de la cuenta Pública 2015.

En el documento de marras, los diputados entregaron a Juan Manuel Portal Martínez, el titular de la ASF, y allí han hecho 15 recomendaciones al análisis de la Cuenta Pública 2015, y han propuesto la ejecución de 50 auditorías a distintos programas, 21 estudios y 22 evaluaciones de políticas públicas.

Incluso, en voz de Maldonado Venegas, presidente de la comisión de Vigilancia, han llamado al Senado de la República para que en un periodo extraordinario –al que ya convoca el PRI y el PAN a través de otras voces- se “resuelva el tema pendiente del Fiscal Anticorrupción”.

Este asunto quedó en el vacío cuando, precisamente ellos, los del PRI, PAN, Pvem y PRD, acordaron dejar pendiente el nombramiento del fiscal anticorrupción el día en que aprobaron –mayo de 2015- ese conjunto de leyes supuestamente destinadas a combatir la corrupción y la impunidad.

Entonces, mediante una reforma constitucional, crearon el Sistema Nacional Anticorrupción; pero a propósito, adrede, dejaron prácticamente desjarretado al SNA, al no aprobar el nombramiento del fiscal.

Durante el debate, diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y PT- criticaron que aquellos estuvieran promoviendo la reforma anticorrupción, pero haciéndose los desentendidos con el nombramiento del fiscal, lo que imposibilitaría al nuevo Sistema Nacional a echarse a caminar para combatir lo que más jode a los mexicanos: la corrupción, permitida por este sistema político mexicano prohijado por el PRI y secundado, fundamentalmente, por el PAN, PRD y Pvem.

Todavía el pasado 15 de febrero se esperaba que cumplieran con la fecha fatal, de tener que hacer el nombramiento del fiscal; pero, mañosos hasta las cachas, los diputados y senadores del PRI, PAN, Pvem y PRD, se hicieron los sordos, y es hora de que el fiscal todavía no existe.

Casualmente, justo ahora en que el PRI está atormentado ante la sería posibilidad de perder uno de los bastiones más grandes que tiene la clase política priísta para ejercer la corrupción con total impunidad y cinismo, el estado de México, salen con su anuncio de que irán por un periodo extraordinario que atienda el nombramiento pendiente.

Esto fue lo que dijeron algunos de ellos:

Luis Maldonado: “Se requieren fórmulas que ataquen frontalmente el fenómeno de la corrupción, un mal endémico que ha permanecido por siglos en el país. Probablemente no tengamos la capacidad de acabar con ella y quienes sugieren que pueden y lo van hacer de manera mágica o través de un decreto, me parece que es una oferta demagógica, pero lo que sí podemos es terminar con la impunidad”.

Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del PRI: “Ha sido de gran importancia (la creación de) Sistema Nacional Anticorrupción, porque fortalece la cooperación entre instituciones para enfrentar la impunidad, a través de un enfoque multifactorial en lugar de sólo atender eventos aislados. Es indispensable fortalecer el canal de comunicación entre legisladores y la ASF, a fin de generar retroalimentación con respecto al uso y destino del gasto”.

Enrique Salazar Farías, del Pvem: “La corrupción tiene harta a la sociedad, hay escándalos en todas partes y la población ya exige un cambio. Si la ley actual no es suficiente para castigar a los corruptos, hay que modificarla a fin de coadyuvar a detectar irregularidades y sancionarlas”.

Maricela Contreras Julián, del PRD: “Se duplicaron las malas prácticas y eso no es otra cosa, sino muestra de una grave impunidad y un sistema permisivo de corrupción. Al no ser castigados los responsables, es un asunto que se alienta. La Cámara de Diputados, por ejemplo, debe el análisis real de las Cuentas Públicas del 2003 al 2015; en ese sentido, cuestionó sobre cómo sería posible recuperar confianza institucional, cuando hay licencias de impunidad para gobernadores donde prolifera el compadrazgo y la protección en el mal manejo de recursos”.

La panista Minerva Hernández Ramos: “En las conclusiones entregadas a la ASF se señala la probable recuperación de 63 mil 442 millones de pesos. Habrá que estar pendientes de que los entes auditados presenten la documentación correspondiente sobre el destino de ese monto. Es importante el reintegro de las cantidades observadas por la ASF como recursos públicos que se usaron para un fin distinto al previsto por la normatividad”.

Pero no todos cargan el sino del descrédito. Manuel Clouthier, diputado independiente, dijo con autoridad moral: “Ante la realidad actual, el reto fundamental es construir la credibilidad en las instituciones, que hoy padecen un déficit de confianza y su fiscalización no da resultados. Además, observamos crecimiento de la corrupción tanto en el ámbito federal como a nivel estatal”.

Y apostillaba: “No se puede cambiar una cultura de secrecía e impunidad sin que haya sanciones. Tiene que haber castigos en la ley, pero también sancionados para acabar con este fenómeno que brota como pus en la administración pública”.

Así suelen hablar PRI, PAN, Pvem y PRD en vísperas de elecciones.
23 Mayo 2017 04:00:00
El cinismo del PRI en su máxima expresión
El anuncio del PAN y PRD de aliarse hacia el 2018, escoció en los territorios del Congreso de la Unión. Miguel Barbosa Huerta, vicecoordinador político del PT en el Senado –y antes coordinador de la bancada senatorial perredista-, advirtió: “No van ni se alían contra el PRI, van contra Andrés Manuel López Obrador”.

Apareció Barbosa al lado de Manuel Bartlett Díaz, en conferencia. A 10 días de la elección en el Estado de México –considerada la elección que abrirá la puerta a Los Pinos en 2018 para quien la gane-, las Cámaras del Congreso se transfiguraron en un gran recipiendario de ecos de guerra política-electoral.

Barbosa Huerta continuó: “Como ven PAN y PRD que el escenario electoral (en el Estado de México) ya no les favorece, ahora asumen la posición de aceptar el planteamiento del PRD de construir una coalición”.

Y el apostille del senador: “Porque el propósito es parar a Andrés Manuel López Obrador y no es contra el PRI”.

Y fue entonces cuando Barbosa acusó que detrás de la coalición aquella, no solo están los “chuchos”, en referencia a Jesús Ortega y Jesús Zambrano, sino también los gobernadores perredista Arturo Núñez Jiménez, de Tabasco y Graco Ramírez Garrido Abreu, de Morelos.

El anuncio de la coalición entre el PAN y PRD sirvió ayer para que los capitanes del partido en el gobierno, emitieran declaraciones con el propósito de hacer creer a la gente que se aliarán aquellos porque el priísmo está tan fuerte que ya tuvieron miedo.

Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, dijo ayer muy orondo: “Lo que queda patente es que el PAN y el PRD no pueden ganar elecciones ni pueden ir a 2018 a convocar a los ciudadanos a enfrentar a la oscura caverna del populismo autoritario que representa Andrés Manuel
López Obrador”.

El tabasqueño está en el centro de los golpes que tira el PRI. Y así como Ochoa Reza se fue sobre él, también Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados.

Ante el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), Ramírez Marín al atardecer –por la mañana había acompañado a Enrique Ochoa Reza en su conferencia- presentó una denuncia contra el partido de López Obrador, Morena, “no por informar sobre el destino de 580 millones de pesos que –aseguraba Ramírez- López Obrador recibió por financiamiento público en los últimos dos años”.

Y como no tienen de dónde agarrar a López Obrador, pues Ramírez Marín utilizaba lo de los supuestos 580 millones, y decía: “Para nosotros es muy grave, lo incluimos en la demanda, es un tema de derechos humanos; los ciudadanos deben saber en qué gastan los partidos su dinero, en qué gastan su financiamiento público, cuánto dinero adicional reciben de financiamiento público, cuánto como en el caso de Texcoco de su dinero, de su salario, va a dar a los partidos políticos”.

El cinismo de los priístas de la cúpula no tiene límites. Ramírez Marín acusaba con el índice pero tres dedos lo señalaban a él y a su partido, el PRI, que libra una guerra sucia, sin cuartel, en todo el estado de México.

Dueños del patrón electoral, cientos de brigadas de mujeres van casa por casa, municipio por municipio, entregando las “tarjetas rosas”, pretendiendo embabucar a las amas de casa, por quienes preguntan.

En su anhelo por embaucar a la gente, los priístas bajan el cielo y las estrellas: Darán un salario mensual a las amas de casa, prometen las embaucadoras de las brigadas aquellas, en ese trajinar frenético, desesperado, del PRI por la compra del voto mediante la prostitución de la
conciencia social.

Es un carrusel que no ve el Instituto Nacional Electoral, tampoco el Tribunal Electoral ni, mucho menos, la Fepade. Y menos todavía el Congreso de la Unión, que ha apagado estos días, de plano, los motores de por sí debilitados, menguados, de la función de control político.

Se supone que el padrón electoral no lo debe tener el Gobierno del Estado, sino el Instituto Electoral del Estado de México. Pero como esta entidad no es más que una extensión del gobierno, pues el padrón lo tienen los priístas.

Es probable que ayer se haya dado uno de los más feroces encontronazos por el Estado de México, entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto y el PRI, teniendo a un Congreso de la Unión silenciado para favorecer sin duda al ocupante de la Presidencia de la República.

En su dirección de facebook, López Obrador publicó un video en el que mostró documentos sobre lo que parecer ser la estrategia que el presidente Peña armó para favorecer a su primo Alfredo del Mazo, candidato del PRI a gobernador.

López Obrador dice en el video: “Nos hicieron llegar un documento amplio en donde se menciona cómo Enrique Peña Nieto está asignando tareas en cada una de las regiones del Estado de México a los secretarios y a los funcionarios del más alto nivel para favorecer a su candidato”.

Entre los que menciona están Aurelio Nuño, José Narro, Gerardo Ruiz Esparza, Luis Enrique Miranda Nava y Rosario Robles.

Más tarde, la presidencia de Peña Nieto respondía en voz de su vocero, Eduardo Sánchez. De principio, negó conocer los documentos que difundió Andrés Manuel. Dijo que no son auténticos.

“El gobierno de México desconocer la autoría de los documentos presentados hoy por López Obrador”, afirmó, y añadía: “La actuación de los servidores públicos del Gobierno de México en todo el país se apega a lo que marca la ley”.
20 Mayo 2017 04:00:00
El Estado mexicano en el filo de los cantiles
En lo que ya es el tercer evento criminal en contra de periodistas acontecido en esta semana, el director del Canal 6 de Nueva Italia, Michoacán, Salvador Adame, fue levantado la tarde-noche de este jueves 18, por sujetos armados, según testigos. Un día después, no se conocía todavía su paradero.  

Este secuestro se suma a los otros dos hechos criminales del pasado lunes 15: En Culiacán, Sinaloa, fue muerto a balazos el periodista Javier Valdez Cárdenas, editor del semanario Riodoce y corresponsal del diario capitalino La Jornada.

Ese mismo día, en Jalisco, la directora comercial del periódico El Costeño, Sonia Córdova, y su hijo Jonathan Rodríguez, fueron rafagueados en un camino vecinal del municipio de Autlán. Él murió en el momento de la agresión, en tanto ella era internada, muy grave, en un hospital de la zona.

Si Valdez, al mediodía del lunes 15, era el sexto periodista asesinado en lo que va del año, pues Jonathan se convirtió en el séptimo, y su madre en el octavo.

Numeralia terrible. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, el lunes ya llegaban a los 40  crímenes, sin contar a los desaparecidos o levantados, como en este caso ha sido el periodista michoacano de Nueva Italia, Salvador Adame.

El común denominador en todos estos crímenes –que de 2010 a la fecha, ya suman más de 126- son tres cosas: Uno: prácticamente en todos los periodistas asesinados, ha habido antes amenazas de muerte; dos: el gobierno federal se ha mostrado bastante pasivo y negligente, antes, o sea durante las amenazas, y después del cumplimiento de las amenazas. Y tres: en todos los asesinatos, la impunidad se pasea, oronda.

Las autoridades juran, cuando sucede un crimen, que lo investigarán hasta encontrar a los asesinos, materiales e intelectuales si los hay. Pero, invariablemente, todos estos asesinatos han quedado si no en el olvido sí en la total impunidad.

Hay impunidad porque, en prácticamente todos los sitios donde el crimen organizado creció, las autoridades fueron o sometidas por miedo o están coludidas por conveniencia, y mucho dinero de por medio.

Todo mundo sabe en esas zonas del país controladas por el crimen organizado, que las instituciones del Estado mexicano están en situación de falla grave.

A estas alturas de la situación, para nadie es un secreto en México que en algunas partes del país –como Tamaulipas, por ejemplo- muchas veces los elementos de la policía municipal son peones al servicio de los jefes de los cárteles. Sirvientes que sirven para revisar a los ciudadanos que viajan por algunas carreteras o poblados o ciudades.

Nos contaba un compañero periodista del estado de Sinaloa que allá, los policías municipales por un lado están pidiendo las credenciales de elector de la gente que pasa por allí, y por otro lado, en ese instante, están pasando por radio o por teléfono esos mismos datos personales a los encargados de la seguridad de los jefes de los cárteles de la región.

Hay en vastas zonas del país una psicosis ciudadana, porque los hombres encargados de la seguridad pública no pueden o no quieren hacer nada. Están como presos, secuestrados, por los jefes del narcotráfico.

Todo esto debería estar atendiéndolo con gran fervor la presidencia de Enrique Peña Nieto; pero mejor ha optado en convertirse en golpeador de los gringos, cuando se ha dedicado a intervenir en los asuntos internos de Venezuela.

Luis Videgaray Caso, hace un mes, declaró desde su condición de encargado del despacho de Relaciones Exteriores de México, que el presidente Maduro creó un “régimen dictatorial”.

Entonces, la cancillera venezolana, Delcy Rodríguez, dijo en respuesta a Videgaray que “el mexicano arremete a Venezuela para congraciarse con sus duelos imperiales (en alusión a Donald Trump), porque cree así que el pueblo mexicano olvidará su traición”.

Pues ayer, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, devolvió el golpe en persona, cuando ha afirmado que México “está a merced de la violencia, desigualdad y narcotráfico”. Y asegundó: “México es un Estado fallido”.

Y asegundó dos veces: “Trump arremete a México y no hay gobierno en México que defienda a los mexicanos”.

El lunes, cuando el asesinato del periodista Valdez, el presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó el crimen y dijo que “se solidarizaba con su familia, con el periódico La Jornada y con todo el pueblo mexicano”.

Y restregó entonces, con un comentario en twitter el fariseísmo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando le preguntó a Almagro, titular de la organización americana: “Por qué almagro no se pronuncia sobre la violencia del narco en México y el asesinato de seis periodistas en lo que llevamos de 2017”.

Este reclamo fue porque Almagro ha sido un alcahuete de marca mayor con el gobierno alimentador de impunidades de Enrique Peña Nieto y con el gobierno del brasileño Temer, ahora emplazado por el aparato de justicia de su país a tener que dejar la presidencia interina por haber incurrido en actos de corrupción superlativos, en esto que ha sido su cortísima temporada como presidente.

Pero, en contrapartida, la OEA no ha dejado de criticar a Venezuela, como tampoco el gobierno de Peña y el gobierno de Temer.

Peña Nieto salió a decir presuroso el lunes, después de la muerte de Valdez, que no quedarán impunes las agresiones a periodistas. Para su infortunio, deberá escalar una pared muy vertical para que se le crea, ante esa costumbre por declarar sólo para salir del paso.
19 Mayo 2017 04:00:00
Los periodistas y las comisiones especiales del Congreso
Las dos Cámaras del Congreso General tienen sus respectivas comisiones especiales de seguimiento a agresiones a periodistas. La eficacia de ambas es infame a todas luces, a pesar de las buenas intenciones que, en lo individual, tienen alguno que otro diputado y senador, por supuesto los de la oposición al régimen.

La de la Cámara de Diputados tiene el nombre de Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medio de Comunicación.

A la de la Cámara de Senadores se le puso un nombre prácticamente idéntico: Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra periodistas y Medios de comunicación.

Estas dos comisiones viajan a través de la actual Legislatura como carromatos viejos, y tan desvencijadas e inútiles como dicen que es la “carabina de ambrosio”…  Nomás para hacer la finta y para simular que los diputados y senadores están preocupados por lo que sucede a los periodistas y a ese derecho constitucional de la población que es la libertad de expresión.

Estas comisiones, como igualmente sucede con el resto de comisiones de carácter especial, están bastante acotadas por la Ley Orgánica del Congreso. No tienen una facultad sustancial que sí tienen las comisiones ordinarias: la facultad resolutiva.

Sólo son equipos interdisciplinarios que se dedican a dar seguimiento informativo a los hechos para los cuales fueron creadas. Y en su camino investigativo suelen padecer muchos portazos de las fuentes de información del gobierno, porque, simple y sencillamente, no tienen el poder constitucional para obligar a dichas fuentes a entregar lo que será, por antonomasia, su materia prima: la información.

Las comisiones especiales –incluso cuando en el comienzo de sus tiempos fueron vistas como un triunfo de la oposición al régimen- han terminado siendo una suerte de adorno parlamentario y político: funcionan para el oropel. Para que el Congreso se pare el pescuezo diciendo que, con dichas comisiones, ahonda en el ejercicio de su función de contrapeso o de control político.

En parte sí lo es; pero también saben los diputados y los senadores que a pesar de que estas comisiones provocan un malestar en las fuentes que son investigadas, no pasan de ser una simulación de rendición de cuentas.

Prueba inobjetable de ello ha sido el trabajo bastante infame de las comisiones arriba mencionadas.

Por más aspavientos que hacen, por más gritos y sombrerazos que dan, estas dos comisiones a veces no han sido capaces ni siquiera de obligar al gobierno federal a que les entregue la información mínima que maneja desde su Fiscalía encargada de las agresiones contra periodistas, Fiscalía dependiente de la Procuraduría General de la República.

Vaya, a veces ni siquiera son capaces de obligar a que el titular de la Fiscalía se apersone ante el pleno de las comisiones para reuniones de trabajo.

Cuando fueron forjadas las comisiones especiales, en aquella reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de 1999, su mera incorporación a la estructura del Poder Legislativo ya fue considerado un triunfo de la oposición.

Entonces también el PRI tenía bajo su control al Congreso, con la ayuda del Pvem y con el apoyo del PAN, un partido  que siempre, indefectiblemente, ha votado de acuerdo con los intereses del PRI en los momentos delicados del proceso legislativo.

Verbigracia: Acción Nacional votó al lado del PRI en aquella ocasión, en que se aprobó la reforma a la Ley Orgánica; votó al lado del PRI aquel 12 de diciembre de 1998, cuando aprobaron que la deuda privada, de unos cuantos entre éstos los banqueros, se convirtiera en deuda pública (el Fobaproa); y en muchas otras ocasiones, una de éstas la reforma energética, en agosto de 2014, cuando panistas y priístas se agarraron de las manos y juraban que permitiendo el regreso de compañías petroleras extranjeras habría grandes beneficios para los mexicanos, uno de éstos sería el abaratamiento de las gasolinas y el diesel…

Aquella vez, tanto el PRI como el Pvem y el PAN aceptaron la aparición de las comisiones especiales en el Congreso mexicano, siempre y cuando no tuvieran poder resolutivo, y quedasen sólo como meros equipos emisores de opiniones.

Esta debilidad ha provocado que las comisiones especiales sólo sean el hazmerreír del Ejecutivo Federal. Son como leones viejos y desdentados.

Nunca, comisiones de este tipo, han obligado al Ejecutivo a aportar información que contribuya a una investigación. Es más, ni siquiera las cámaras como tales las apoyan con presupuestos suficientes para la realización de indagatorias que pudieran cimbrar al Ejecutivo.

Están tan acotadas jurídicamente que el PRI se da el lujo de permitir que dichas comisiones puedan ser presididas por legisladores de la oposición, a quienes suelen no hacerles caso sus compañeros de los partidos aquellos, Pri, Pan y Pvem.

Si hay una labor de contrapeso constitucional de estas comisiones especiales es porque se lo deben al trabajo de los diputados y senadores que asumen verdadera condición de opositores al régimen.

Hay legisladores que si bien son de la oposición, al no asumir una posición firme, terminan convertidos en alcahuetes, farsantes o payasos afines al PRI.

Estas dos comisiones de seguimientos a las agresiones a periodistas –como también el resto de comisiones especiales- podrían hacer un papel mejor si se promoviera ya una nueva reforma a la Ley Orgánica del Congreso General.

El PRI y el PAN, tan dados a ocultar información y a manipular la función de control político, lo aceptarían si quisieran que estas comisiones tuvieran el poder suficiente como para obligar al Ejecutivo a informar y a trabajar con eficacia y sin hipocresías.
18 Mayo 2017 04:00:00
Ante muerte de periodistas, actos sospechosos de contrición política
Inusualmente la muerte de un periodista –la del sinaloense Javier Valdez Cárdenas- fue noticia ayer, miércoles, en los territorios del Congreso de la Unión, como, la víspera, martes, lo fue también en los territorios de la Presidencia de la República, desde donde, por twitter, el Presidente Enrique Peña Nieto sorpresivamente se dio por enterado que, en lo que va de su sexenio, ya mataron a 40 compañeros, de los cuales en 2016 asesinaron a 11 y ya son siete en lo que va de 2017.

Fue la reacción tan briosa la de los diputados y senadores como lo fue, anteayer y ayer, la de Peña Nieto, quien anunciaba en Los Pinos ante secretarios y gobernadores “una serie de acciones para la protección de periodistas a lo largo del territorio nacional”.

¿Por qué apenas ha reaccionado Peña, cuando se le pedía una decidida intervención –por su calidad de Jefe del Estado Mexicano- cada que han matado a un periodista mexicano? Casualmente, el Congreso reaccionaba ayer con gran denuedo. Pero no deja de llamar la atención que ocurra justo cuando los mandamases del Poder Legislativo –el PRI y PAN- están a punto de perder la elección del estado de México, considerada la puerta más ancha hacia la Presidencia de la República en la elección presidencial de 2018.

Hasta el momento, de los 126 periodistas asesinados desde 2010, de los cuales 40 cayeron en este sexenio-, la impunidad prima en todos los casos porque sólo en un caso el asesino está en la cárcel. Y el presumible común denominador de todos los periodistas que han muerto, es el hecho inobjetable de que habrían muerto porque tenían información relacionada con corrupción y con ligas entre políticos y criminales. 

En Culiacán, este lunes, mataron a balazos a Javier Valdez Cárdenas, editor del semanario sinaloense Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada. Ese mismo día, en Jalisco, mataron a Sonia Córdova, subdirectora comercial del periódico jalisciense El Costeño de Autlán, y con ella también murió su hijo Jonathan, un joven de 26 años de edad.

Lo que dijeron ayer en la sesión de la Comisión Permanente, ¿fue un acto de contrición? ¿Un ejercicio más de hipocresía y simulación de la clase política, algunos en calidad de satélites (Pvem, Panal, Prd y Pes) y otros, en calidad de detentadores del poder presidencial (Pri y Pan)? ¿Ganas de engañar a la gente, ante lo inexorable de las elecciones? He aquí:

Pablo Escudero Morales, presidente del Senado, y senador del Pvem: “La mesa directiva de la Comisión Permanente condena enérgicamente los reprobables acontecimientos ocurridos en contra de periodistas y exige al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales ejercer a cabalidad sus funciones jurídicas y de procuración de justicia que pongan en marcha decisiones contundentes de seguridad para brindar garantías de mejora a la labor profesional de los periodistas”.

Karina Sánchez Ruiz, diputada federal del Panal, citaba a Mario Vargas Llosa: “El periodismo, tanto el informativo como el de opinión, es el mayor garante de la libertad, la mejor herramienta de la que una sociedad dispone para saber qué es lo que funciona mal, para promover la causa de la justicia y para mejorar la democracia”.

José Clemente Castañeda, del Mc: “Qué desafortunado que haya tenido que suceder un asesinato más para que este Poder Legislativo tome cartas en el asunto y se pronuncie al respecto”.  

Vidal Llerenas Morales, diputado de Morena: “Es el reflejo de una política de seguridad equivocada, que no se basa en la seguridad ciudadana, que quiere combatir el crimen, sin organización, sin fuerza, pero tampoco involucrando a la ciudadanía y respetando los derechos humanos”.

Lía Limón García, del Pvem: “Exigimos garantías para quienes ejercen esta profesión, pues su ejercicio libre es y ha sido una pieza clave en nuestra vida democrática”.

David Monreal, senador del PT: “Donde más matan periodistas es en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, estados que en los últimos años han sido azotados por el crimen organizado, por tal razón la tarea de informar a la población resulta difícil y hostil”.

Senadora del PRD Dolores Padierna Luna: “El 2 de marzo, de este año, asesinaron a Cecilio Pineda en el estado de Guerrero; el 19 del mismo mes asesinaron a Ricardo Monlui, en Veracruz; el 23 del mismo mes acribillaron a Miroslava Breach, en Chihuahua; el 14 de abril asesinaron a Maximino Rodríguez, en Baja California Sur; el 2 de mayo privaron de la vida a Filiberto Álvarez, en Morelos.

“El fin de semana un grupo de sujetos armados en Guerrero asaltó, amenazó y golpeó a los periodistas Sergio Ocampo, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Jorge Martínez, Hans Musielik y Pablo Pérez; y el día de ayer fue asesinado en Sinaloa el periodista y escritor Javier Valdez; mientras que en Jalisco atacaban a Sonia Córdoba, subdirectora de un medio local, a quien le arrebataron la vida junto con
la de su hijo”.

El PAN en voz de Rosa Adriana Díaz Lizama: “Estas muertes (de periodistas) nos remiten nuevamente a la valentía con que estos profesionales de la comunicación ejercen su profesión en un entorno totalmente carente de seguridad”.

Y el PRI en voz de Martha Hilda González Calderón: “(El PRI) se une a todas las voces que desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, desde el sector privado, desde las agrupaciones gremiales, desde las instituciones públicas, desde la Presidencia de la República están demandando mayores condiciones para el ejercicio de la profesión del periodismo en todas sus formas”.
17 Mayo 2017 04:00:00
La corrupción sin límite que defiende el PRI, PVEM y el PAN
En comisiones, ayer, una fuerte disputa fue protagonizada entre el PRI y Morena en torno de un presunto hecho de corrupción en Petróleos Mexicanos. El PRI encubriéndolo a toda costa; el Morena intentando que se investigue. Pero con el apoyo del PAN, PVEM y PANAL, el priísmo salió avante.

Morena en voz de Rocío Nahle, diputada de Coatzacoalcos, pidió este martes a la Comisión Permanente que aprobara un dictamen de Punto de Acuerdo, en el que se planteara la investigación y renuncia de María Rosario Brindis, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Petróleos Mexicanos, y sepa el país por qué ella “otorgó contratos a la empresa Strategic Excellence, adonde trabaja su esposo, Alberto Ríos Treviño, y a quien se le adjudicó de forma directa un contrato sin licitación de 567 millones de pesos para el servicio a unas plataformas”.

Cinco cosas pidió Rocío Nahle al Pleno de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente:

1.- Que el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, aplique medidas cautelares.

2.- Que la Secretaría de la Función Pública realice la investigación correspondiente.

3.- Que separe de su cargo a María Rosario Brindis Álvarez, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de esa empresa, por su presunta intervención para que se le otorgaran contratos a su esposo.

4.- Que la Procuraduría General de la República inicie las investigaciones contra Brindis Álvarez por presunto tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones.

5.- Que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise la legalidad de los contratos otorgados por adjudicación directa para la prestación de servicios de alimentación y hotelería en la plataformas petroleras, en las que también está involucrada la empresa Delta Al Muhitat Shipping de México.

El triunfo del PRI consistió en evitar que el Punto de Acuerdo propuesto por Morena incluyera los cinco puntos. Y sólo permitió el paso de dos:

a). Que únicamente los despachos presidenciales de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes investiguen el caso de acuerdo con sus atribuciones.

El PRI respondió a través de sus senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo (Sinaloa), Verónica Martínez Espinoza (Jalisco) y del diputado federal Jericó Abramo Masso (Coahuila): Puro argumento mañoso.

Dijo Diva Hadamira: “Como los legisladores no son ministerio público, y como la denuncia no ha sido resuelta, es propicio solo solicitar el informe a la SFP. Es oportuno esperarse a que resuelva la autoridad correspondiente; y en segundo lugar, me parece que el derecho del peor de los delincuentes, es el derecho a audiencia”.

Verónica Martínez: “El Senado de la República no debe invadir las funciones de otros Poderes de la Unión, si no se quiere que se haga lo mismo con la autonomía del Legislativo”.

Y el diputado Jericó Abramo: “La Secretaría de la Función Pública debe, primero, facilitar a los legisladores todos los datos que tenga sobre la investigación, para que así puedan dar una opinión seria”.

Y la argumentación de los opositores:

Rocío Nahle: “José Antonio González Anaya (titular de Pemex) debe tomar medidas cautelares, debido a que la denuncia contra Brindis Álvarez –quien también es presidenta suplente del Comité de Transparencia– es por presunto tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones y conflicto de interés, al haber intervenido para que Pemex Exploración y Producción otorgara contratos a empresas de las que su cónyuge es representante”.

Apostilló Nahle: “Este Punto de Acuerdo surge de una denuncia hecha porque la Enlace Legislativo de PEMEX con todos los Congresos de los estados, el Senado y la Cámara de Diputados, incurrió en tráfico de influencias, abuso de poder y mil cosas”.

Y reiteró: “También, que la PGR inicie las investigaciones por presunto tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones de Brindis Álvarez, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise la legalidad de los contratos otorgados por adjudicación directa para la prestación de servicios de alimentación y hotelería en la plataformas petroleras, en las que también está involucrada la empresa Delta Al Muhitat Shipping de México”.

Incluso, Rocío Nahle conminó a los legisladores del PRI “a ser congruentes con todas las acciones que se han emprendido en materia de transparencia y anticorrupción en el país, debido a que casos como el de Brindis Álvarez son protegidos por la opacidad y múltiples trabas para que no se esclarezcan”.

Y entonces advirtió al Pleno: “Así ocurrió con el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien recibió sobornos por cinco millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht, para que se le otorgaran jugosos contratos por parte de la empresa productiva del Estado”.

Vidal Llerenas Morales, diputado de Morena, dijo: “Es necesario que María Rosario Brindis sea separada como titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Pemex, con el fin de que las investigaciones fluyan de manera correcta, dada la magnitud y lo delicado del tema”.

Y remachaba: “Es una funcionaria que forma parte del Comité de Trasparencia de Pemex. Esto es importante por el propio caso; hay problemas de transparencia de Pemex. Nosotros hemos solicitado los contratos en el tema de Odebrecht y nos responden que no tienen ninguna información”.

Y los del PRD Dolores Padierna Luna y Fernando Mayans Canabal.

La Padierna: “Los 567 millones de pesos de esta adjudicación directa exceden lo establecido para este tipo de contratos; además, se presume tráfico de influencias”.

Y Mayans: “El dinero del país se está yendo al caño de la corrupción”.

Este debate continuará hoy, en el Pleno.
16 Mayo 2017 04:00:00
Se preguntaba el periodista sinaloense Javier Valdez: ¿Quién fue?
Al filo del mediodía, fue asesinado a balazos ayer en Culiacán, Sinaloa, el periodista Javier Valdez Cárdenas, redactor del semanario sinaloense Riodoce y corresponsal del diario capitalino La Jornada. Es el sexto periodista ejecutado en lo que va del año, y el 120 en lo que va del sexenio.

Conmocionó la noticia a tal grado que dentro y fuera del país organismos internacionales como la ONU e instituciones como la presidencia de la República condenaron el brutal asesinato, cometido a pocos minutos de que había enviado al diario en el que colaboraba lo que ya fue su última nota: la protesta de más de un centenar de profesores sinaloenses, que ayer mismo exigían el esclarecimiento del también asesinato de seis profesores en lo que va del año, en aquella entidad.

En una nota de la redacción a manera de pie de foto, se leía  ayer al mediodía en ese diario capitalino: “N de la R. Reportero entregado a su trabajo, Javier Valdez despachó a La Jornada esta nota, pasado el mediodía de hoy, lunes 15 de mayo. Muy poco tiempo después cayó asesinado”.

Enrique Peña Nieto, ayer mismo, por twitter, exigió a la Fiscalía encargada de dar seguimiento a delitos contra periodistas, dependiente de la PGR, a abocarse a la revisión y atraimiento del caso.

En las horas siguientes a su asesinato, y para no variar, el Congreso mexicano otra vez se observó lento para posicionarse en torno de un asesinato atroz, como el que se cometió en la vida del ameritado periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas. Sólo Dolores Padierna Luna, coordinadora del PRD en el Senado, emitía una declaración condenatoria del asesinato.

Llamó la atención el asesinato del reportero no sólo por el asesinato mismo, sino porque fue autor de múltiples libros sobre el narcotráfico en México. Una labor que fue  reconocida incluso con premios por organismos internacionales de periodistas.

En el portal del diario capitalino del fue colaborador hasta el último minuto de su vida, se colgó un video en el que es entrevistado Javier Valdez, quien dice:

“Hemos conformado un equipo en el que hay mucha confianza. Ríodoce tiene una redacción activa, que discute, que analiza, donde sus miembros jalonean qué se publicará y qué no. Eso nos ha ayudado a ver opciones de riesgo. Eso nos ha salvado el pellejo a nosotros.

“Ismael Bohórquez, nuestro director, nos dijo que más del 70 por ciento de la información que teníamos no se publicó por miedo. En el 2009, nos aventaron una granada a las instalaciones (del Ríodoce). Sólo provocó daños materiales. Querían espantarnos y por supuesto que nos asustamos.

“Nos preguntaban: ¿quién fue? No sé. ¿Un sicario, un jefe policiaco, alguien de la Marina, del Ejército, del narco, algún servidor público de buen nivel?... Quién sabe. Teníamos que cuidarnos de cualquier lado. Hacemos un periodismo estando rodeados.

“Ríodoce ha sufrido una actitud asfixiante del gobierno estatal, de la mayoría de los municipios, y, en general, de la clase política.

“Han querido aislarnos. Quitarnos suministros. Nos quitaron a empresarios que querían ser nuestros socios comerciales. Salíamos de sus oficinas y entraba el gobierno y los amenazaban con auditorías. Y muchos ya no nos recibían.

“Ahora nos enfrentamos a una apatía social y a empresarios no comprometidos con estas causas, que no entienden este periodismo, y que nos ven con temor. Se les olvida que la democracia no son sólo las elecciones, sino son también un asunto cotidiano.

“El periodismo es un asunto que se construye todos los días. Y Ríodoce asumía un periodismo crítico, libre, profesional, serio.

“Un medio cuya buena parte de sus ganancias, más de la mitad, viene de la venta de ejemplares. Un medio que, en buena medida, sobrevive porque vende sus periódicos. Somos una referencia mundial.

“Cuando nos cita AFP, o El País o algún medio de Rusia, o de Centroamérica, o de Asia o de Estados Unidos, o ingluso Al jaseera, es importante para nosotros porque nos cobija.

“Con todo y esto, tenemos el reto de contar esta maldad. Contar las vidas de los muertos. Y también el reto de contar esta maldad desde la perspectiva del capo, del gatillero. Esto lo hemos aprendido a punta de chingadazos.

“No sabíamos cómo contar el narcotráfico. Hacía falta el otro aspecto. Humanizarlos, pero también contar la enfermedad que provocan en la ciudadanía.

“Recurrimos mucho a la calle. En la calle encuentas dos, tres más fuentes. Fuentes en los bares, en la fila del banco, fuentes que incluyen la policía, la Marina, el Ejército, los servidores públicos de abajo. Y los matones también, los operadores del narco, los gatilleros, los punteros conocidos también como halcones.

“Recurrimos mucho a esas fuentes. Y no porque confiemos en ellas. Hemos procurado confirmar dos, tres, cuatro veces la historia, y si coincide tampoco es garantía de que la vayamos a publicar; para (esta decisión) por una discusión en el periódico.

“No corremos prisa. Incluso si en Internet muchos medio ya traen la nota, no nos vamos con la finta. Gastamos las suelas, comprobamos”…

En la Tierra Caliente, Guerrero, siete periodistas fueron retenidos por un grupo no identificado de pistoleros. Amenazaron con quemarlos vivos. Al final los dejaron ir.

En la Cámara de Diputados, ya casi al anochecer, por fin reaccionaba la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, diputada Brenda Velázquez, quien exigía “cese la violencia contra los comunicadores, y se erradique la impunidad de los crímenes en contra de la libertad de expresión”.
13 Mayo 2017 04:00:00
De cómo también empujaban en la Permanente hacia la militarización del país
El viernes 12 de mayo seguía la puja del Gobierno federal por el regreso legislativo de la Ley de Seguridad Interior, que los opositores juzgan que no será otra cosa que la militarización del país.

La presidencia de la República se servía ahora de los encargados de dos de sus despachos: El secretario de la Defensa y el secretario de Hacienda, para justificar la Ley de Seguridad Interior con los hechos de Palmaritos, Puebla.

En tanto José Antonio Meade decía que “no basta con reconocer el dolor de nuestras fuerzas armadas, (sino que) es necesario que esa expresión de solidaridad se acompañe de compromisos, y no se les regatee la actualización del marco normativo”…, a su vez, el titular de la Defensa, Rafael Cienfuegos, decía que “tenemos tres sexenios diciéndolo”, cuando un reportero le preguntó su opinión sobre la tardanza en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Los dos hombres del Presidente inauguraron en Tijuana una sucursal del Banjército. Allí, Meade reiteraba que “quien regatee su apoyo para actualizar el marco normativo de las fuerzas armas, es cómplice de quienes nos saquean”.

Aludía Meade al suceso de Palmaritos, Puebla, como también de ese hecho habló Cienfuegos, cuando dijo: “(En Palmaritos, el 3 de mayo) sí hubo omisiones de algunas autoridades”. Y aseguraba que respetará las conclusiones de las investigaciones” de un caso donde, mediante múltiples videos, se observa cómo un civil sometido erradamente mata por la espalda a un soldado en un descuido, y luego otro soldado va y mata a un civil que permanecía rendido, en el suelo.

Palmaritos, según la óptica del Gobierno, justifica la aprobación de la Ley de Seguridad Interior para que los militares “se puedan defender mejor y no los maten”, tal es el razonamiento prevaleciente en cuanta declaración surge de voces oficialistas.

Pero también, desde que apareció en noviembre de 2016 la iniciativa de Ley de Seguridad Interior en el Senado, los opositores advirtieron a la población que dicha ley es la pretensión infame de convertir al país en un caldo gigantesco de autoritarismo y abusos, en el que los militares podrían entonces ejecutar, matar, pasarse de listos cada que quisieran y sin tener que rendir cuentas a nadie.

Por eso les urgiría ahora aprobarla; para no tener que ser sujetados a escrutinio judicial cuando se sepa que ejecutaron a civiles como se observa que uno de ellos ejecutó a un civil ya rendido en Palmaritos, cuyos padres salieron al día siguiente a asegurar que no era un ladrón ni un criminal sino un campesino.

Y si lo era, un criminal, o incluso el que mató al soldado aquel, según otro de los videos, entonces lo que tenía que haber hecho el representante del Estado mexicano es someterlo totalmente y entregarlo a las autoridades para afincarle el juicio correspondiente.

Pero Palmaritos y la Ley de Seguridad Interior ya habían sido tocados desde el martes, cuando la Comisión Permanente emitió opiniones, encaminadas a abrir camino, a opiniones como las de Meade y Cienfuegos:
He aquí Jesús Zambrano, del PRD: “Yo me pregunto y me digo: ¿Es necesario endurecer las penas por el robo de hidrocarburos, como lo hemos planteado nosotros en iniciativas y en minutas que ya están en el Senado? Sí, por supuesto que sí.

Y la décima primera oradora, y última, la senadora Graciela Ortiz González, del PRI: “¿Qué significa esto? Significa, entonces, que el tema debe de ser visto, como bien se dijo aquí, con una integralidad que permita su mejor atención, su mayor atención y una eficacia mayor de la que hasta ahora hemos revisado.

“… Está, incluso, presentada ante el Senado de la República una iniciativa que se promovió para llevar a cabo la aprobación de una Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

“Esta iniciativa fue presentada por nuestro entonces compañero Senador, Omar Fayad, hoy gobernador del estado de Hidalgo, y cuando fue presentada ya en el grupo parlamentario del PRI, avizorábamos que era un tema que teníamos que afrontar para darles los instrumentos y la legislación jurídica necesaria al Estado mexicano para enfrentarlo de mejor manera.

“Se buscaba en esa legislación fortalecer ese andamiaje jurídico institucional necesario para prevenir, para combatir, para erradicar el mercado ilícito de combustibles, al verlo de manera integral.

“Pero entre otras cosas, (Pemex) está buscando esta integralidad en la atención al fortalecer la coordinación y la colaboración con la PGR, con la Procuraduría Federal del Consumidor, con el SAT, con el Sistema Tributario, con la Policía Federal, con las policías estatales y municipales, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, y esto ha permitido ya el recuperar 13 millones de litros de hidrocarburos en 2016.

“Totalmente de acuerdo en la necesidad de que veamos este tema con una integralidad y una profundidad mayor, para que podamos juntos en acuerdo y en concordancia con la preocupación que hoy tenemos, trabajar nuevamente como legisladores, y desde luego, como Estado mexicano”.

Desde entonces, ya el gobierno federal hablaba de Ley de Seguridad Interior; pero soslayando la ejecución y haciendo énfasis en el militar asesinado, a través de voces afines.

Aquel error brutal del soldado, que daba la espalda a un sicario aparentemente sometido pero sin antes haberlo desarmado, ahora figura como una justificación central para insistir en la aprobación de una ley que, dicen los opositores, pondría al país en los acantilados de la militarización de México.
12 Mayo 2017 04:00:00
Palmaritos, los videos y la desesperación por militarizar ya al país
En medio de la enrarecida atmósfera del robo de las gasolinas, cuya mayor crisis estalló en Puebla y no se apaga, el presidente de la Cámara de Senadores, Pablo Escudero Morales, echó ayer más combustible a ese pastizal seco en que transfigurado está el debate de la ley de Seguridad Interior, con la que el Pri, Pan, Pvem y la presidencia de la República estarían pretendiendo militarizar al país.

Pablo Escudero, quien para mayores señas milita en el Pvem y es yerno de Manlio Fabio Beltrones, ha utilizado su investidura –impuesta por el Pri, y consentida por el Pan y Prd- para emitir una exitativa (un apremio, una recomendación) a los titulares de las comisiones de Seguridad Pública, Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Estudios Legislativos senatoriales, con el fin de que presenten el dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto para expedir la Ley de Seguridad Interior, presentadas por los senadores Roberto Gil Zuarth, del PAN, y Miguel Barbosa Huerta, del PT.

Escudero Morales justificó: “El único mecanismo para que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles es por medio de esta Ley de Seguridad, que los va acotar, y que les va aplicar controles”.

Incluso, insistió, “se debe obligar a los gobernadores y presidentes municipales a que inviertan en la capacitación sus policías para superar la debilidad institucional que padecen, porque eso ha obligado al Ejército a estar en las calles”.

Esta excitativa de quien preside el Senado lleva la pretensión evidente de conectar políticamente con los hechos de Palmaritos, Puebla, en los que presuntamente ocurrió una ejecución de civiles por parte de soldados, luego de que un civil habría matado a mansalva a uno o dos militares, en un descuido fatal de éstos.

Se percibe en la intencionalidad del peón presidencial Escudero Morales una urgencia, sino es que hasta desesperación, de la Presidencia de la República por encausar la Ley de Seguridad Interior –que dejaron en espera desde abril, para no perjudicar al Pri electoralmente en la elección en cierne del estado de México- hacia su dictamen en los términos que han pretendido desde el principio: Dar asideros jurídicos al ejército para que éste pueda escapar de la quemazón cada que incurran sus elementos en ejecuciones o abusos graves contra la población.

Aunque, por supuesto, esta interpretación no es del agrado del Pri, y suele afirmar lo contrario: Con esta ley, el Ejército y Marina tendrán “controles”.

Una serie de videos han salido a la luz pública después del supuesto enfrentamiento entre huachicoleros y soldados, la noche del miércoles y madrugada del jueves de la semana pasada, en Palmaritos.

Al parecer, la Secretaría de la Defensa Nacional la tiene mucho más difícil que cuando en Tlatlaya, adonde el 30 de julio de 2014 soldados ejecutaron a 22 presuntos delincuentes, después de que éstos ya se habían rendido.

Si en Tlatlaya, estado de México, no hubo videos, allá en Palmaritos, Puebla, sí. Y muchos. El diario poblano Cambio, que dirige el doctor Arturo Rueda, fue el que primero los publicó. Desde entonces, una avalancha de críticas imposible de detener cayó sobre el Ejército y sobre la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Como no queriendo, Pablo Escudero Morales dijo ayer, a propósito de los hechos de Palmaritos: “La investigación tendrá que partir de las cámaras y continuar por el combustible que se encontró, y confirmar si los habitantes de esa población se mantienen del robo del combustible”.

El senador presidente añadió: “En este caso la autoridad civil ha procedido a abrir una carpeta de investigación y ubicar a los elementos del ejército visibles en el video, mismo que en el proceso de la indagatoria será sometido a un peritaje para determinar su autenticidad”.

Al final, Escudero hizo un apostille: “Con respecto al elemento del Ejército que fue asesinado por la espalda de siete u ocho disparos de bala a manos de un presunto delincuente, sorprende que nadie diga nada. Pareciera que dan por sentado que los militares sí tienen que ir a morir ahí, y de eso no pasa nada. Si a un militar le disparan por la espalda y cae abatido, no pasa nada”…
 
PALMARITOS Y LA COMISIÓN PERMANENTE

En la sesión de la Comisión Permanente del pasado martes, este mismo asunto ya chisporroteaba incluso cuando todavía no se sabía de la existencia de los videos. Once oradores hablaron de los sucesos de Palmaritos. La novena fue Lisbeth Hernández Licona, senadora priísta, cuyo discurso estaría enfocado a perfilar políticamente al Congreso hacia el proceso legislativo de la Ley de Seguridad Interior.

He aquí:

“Con responsabilidad hemos visto al Presidente de la República, recientemente que ha girado instrucciones para instrumentar una estrategia integral para combatir el robo de hidrocarburos.  Para este fin convocó a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y de Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República y a las autoridades de Petróleos Mexicanos.

“Reconocemos el trabajo del ejército mexicano y de sus elementos adscritos a estas tareas para prevenir el robo de combustibles y la proliferación de tomas clandestinas. Estos robos de hidrocarburos son responsabilidad de todos, poder combatir esta actividad ilícita que pone en riesgo la seguridad de miles de vidas, de familias, de servidores; pero lo más importante es que hoy aquí que tenemos esta oportunidad histórica, podamos generar los mecanismos legislativos (sic) que nos den mejores resultados y opciones para que podamos tener una transparencia en este tan desafiante problema que es el robo de combustibles”. (Continuará)
11 Mayo 2017 04:00:00
¿Por qué han aumentado tanto las tomas clandestinas en este sexenio?
El enfrentamiento entre huachicoleros y soldados seguía ayer dando de qué hablar cuando, en las redes sociales, fueron colgados videos en los que se observa en el pueblo de Palmaritos, Puebla, a un militar ejecutando a un civil tirado en el suelo; otro video en el que, ahora, también se observa a un civil disparando a un militar por la espalda, quien cae al suelo. Y más videos en los que civiles contradicen la versión de la Sedena, de que los militares habían sido recibidos con fuego a discreción, pero interponiéndoles como escudo humano a niños y mujeres, por lo cual no pudieron defenderse al grado de caer muertos cuatro soldados.

Hace exactamente ocho días, entre la noche del miércoles y madrugada del jueves de la semana pasada, ladrones de combustible conocidos como huachicoleros presuntamente se enfrentaron con soldados en el pueblo de Palmaritos. Causó estupor el enfrentamiento por varias razones: Porque murieron cuatro soldados, porque hubo manifestaciones de pobladores, porque murieron personas aparentemente ajenas al crimen organizado y, entre varios otros motivos, porque habrían ocurrido ejecuciones.

En su sesionar de la Comisión Permanente, el martes, anteayer, el Congreso de la Unión se pronunció sobre el caso. Dijeron muchas cosas: Una, notable, que además de ser un fenómeno criminal, el robo de gasolinas ya también comienza a mirarse como un fenómeno social.

He aquí la continuación de los oradores:

Lía Limón García, diputada federal del Pvem: “No basta con acciones gubernamentales, sino que es necesario generar conciencia en la sociedad de que cuando una persona compra gasolina en el mercado negro o en el mercado clandestino se vuelve parte de esta cadena delictiva afectando a la sociedad y beneficiando a bandas criminales, en particular, en este caso a los llamados ‘huachicoleros”.

Dolores Padierna Luna, senadora del PRD: “En agosto de 2003, la paraestatal informó que existe un grupo de trabajo interinstitucional del Gobierno federal en el que participa Pemex con el propósito de delinear estrategias, dar seguimiento al programa de combate al mercado ilícito de combustibles y ejercer las acciones legales procedentes.

“Se desconoce hasta la fecha cuáles fueron los resultados de estos grupos interinstitucionales, han pasado seis directores de Pemex desde entonces. Tres Secretarios de la Defensa Nacional, tres Secretarios de Marina, ocho titulares de la PGR, ocho Secretarios de Energía y no se ha informado ningún avance que hayan tenido estas autoridades.

“En 2010 desapareció el presupuesto federal de la partida para el Programa de Combate al Comercio Ilícito de Hidrocarburos, anunciado en 2002 para Pemex. No se ha explicado por qué se disminuyeron estos recursos, ni el comercio ilegal de combustibles y por qué éste se incrementó.

“Entre 2008 y 2015 se incrementó de 57 a 100 el número de perforaciones ilegales.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto han crecido las tomas clandestinas de combustible a un ritmo mayor que en los otros dos sexenios anteriores”.

El PAN en voz del diputado Javier Antonio Neblina Vega: “El robo de gasolina es un problema mucho más complejo y multifactorial que tiene que ver con cuestiones sociales, económicas, falta de oportunidades de empleo, corrupción, delincuencia organizada y complicidades.

“Para erradicar este problema se requiere una solución integral, voluntad política y aplicación estricta de la ley, así como terminar con la corrupción en Pemex y la complicidad de servidores públicos”.

El PRI envió al diputado Benjamín Medrano Quezada, quien dijo: “En el año 2014, en México se registraron pérdidas por un valor de más de 1,159 millones de dólares derivadas de los robos de los hidrocarburos. Además, según la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, el crimen organizado podría estar controlando el día de hoy hasta el 20 por ciento del mercado nacional de los combustibles; sumado a lo anterior, las pérdidas por reparaciones a la infraestructura y las tecnologías afectadas por el crimen organizado han alcanzado niveles hoy alarmantes.

“Lo anterior, se ha traducido en un constante desabastecimiento en regiones del país que afectan hoy en día a cientos de estaciones de servicio, de abasto de combustible automotriz y, por lo tanto, termina perjudicando a los que, como ustedes y yo, somos consumidores.

“En Puebla, el robo de combustible se ha convertido en un negocio de los pueblos inmiscuidos en la región conocida como El Triángulo Rojo, ya tan mencionada.

“Hoy en día nos cuesta entre 15 a 20 mil millones de dólares al año de pérdidas por el robo de combustible, pero además, esto provoca que se recaude más, perdón, menos IEPS en la gasolina.

“En el 2015 se detectaron 815 puntos de ordeña en Puebla, más del doble que el año anterior; y el primer semestre del año pasado se localizaron 601 tomas clandestinas que representan casi la tercera parte de éstas a nivel nacional”.

“Sensible ante esta situación que vive hoy Puebla, responsable de la necesidad de hacer valer el Estado de derecho, el pasado viernes el Presidente giró instrucciones a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República y a Pemex para que instrumenten una estrategia integral que venga a combatir este ilícito que se da en toda la geografía nacional.

“Asimismo, desplegará más de 2,500 efectivos militares, que junto con 500 oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, desarticularán seguramente a esas organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos en El Triángulo Rojo que tanto daño nos han hecho”.

Pero lo de los huachicoleros parece una bola de nieve. (Continuará)
10 Mayo 2017 04:00:00
‘El robo de gasolinas es ya también un problema social’
El robo de combustibles calentó ayer con cifras la tribuna de la Comisión Permanente. De once oradores, he aquí las argumentaciones, resumidas:

Karina Sánchez Ruiz, diputada federal del Panal (Oaxaca): “El más reciente, en Acajete, Puebla; días antes, cerca de allí, 10 personas murieron, cuatro de las cuales fueron militares, por un enfrentamiento entre autoridades y delincuentes.

“El incremento del robo de combustible, en nuestro país, es exorbitante. Durante 2010, Pemex detectó 691 tomas clandestinas; en 2016, la cifra fue de 6 mil 873. Las tomas clandestinas dañan financieramente a 22 estados del país; un daño en 2016 por casi 1,000 millones de pesos.

“Y donde más tomas clandestinas hay es en Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y Estado de México”.

Macedonio Tamez Guajardo, diputado de Mc (Jalisco): “Ominosa y alarmante es la base social del delito. Salta a la vista que comunidades enteras del estado de Puebla y, por supuesto, que también de otras entidades, viven del delito, viven del robo y nadie dice nada, lo ven como algo normal”.

Norma Rocío Nahle García, diputada de Morena (Coatzacoalcos): “Cuando estaba Zedillo, el robo de hidrocarburos no alarmaba; pero cuando entró Fox, se incrementó alarmantemente en Puebla, Guanajuato, Veracruz y Querétaro.

“Y de ahí se convierte en otro negocio, tanto de gente que trabaja dentro de Pemex, tanto de funcionarios de primer nivel del gobierno, como de personajes de la delincuencia organizada. Con Calderón, este delito floreció. Y con Peña, también.

“En 2009, por ejemplo, había 13 millones 259 mil millones de litros perdidos; y en el 2012, ya había 18 mil millones 456 mil millones de litros que se perdían. Hablamos, en términos redondos, de más de 62 mil millones de pesos que se dejaron de invertir o que se dejaron de asignar.

Pemex, con todas sus bombas tiene un control para decir: La bomba número tal que está en Durango, en Aguascalientes, donde sea, lleva el control de sus ventas, que debe coincidir con la factura que Pemex le surte al gasolinero, por ejemplo.

“Hoy vemos que con una reforma energética abierta, que van a traer gasolina de donde quieran y de donde sea, pues, vamos a ver cómo se va a dar este control, más bien dicho, cómo va a aumentar este descontrol.

“En 2016, tenemos el informe oficial que son más de 30 mil millones 836 de litros que se pierden por el robo de combustible. Para que esto suceda, es porque hay corruptos y corruptores, y que desde adentro de Pemex se permite que las tomas clandestinas que hay y que tiene un seguimiento por cada kilometraje de ducto, se llaman manómetros de presión. Se pone el manómetro, si cae la presión, quiere decir que en  ese momento están ordeñando el ducto y puede haber una medición en todo el país, pues, se no se registra, nadie sabe, Pemex no se da cuenta, y ahora ya no es Pemex el responsable, porque todo se le carga a Pemex, es la Sener.

“Yo creo que Pedro Joaquín Coldwell nos debe venir a informar cómo va a ser el seguimiento de medición de todos los ductos que también está concesionando y está entregando, ahora los privados cómo van a tener este control, todo esto es un desorden, una corrupción que empieza de funcionarios, de clase política y que termina con los huachicoleros de las regiones”.

Siguió el ex perredista Miguel Barbosa Huerta, senador de Puebla: “La ordeña de ductos de Pemex, particularmente en varios municipios de Puebla, tiene uno de sus orígenes en la corrupción en Pemex, y entre servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

“Quienes roban hidrocarburos cometen un delito grave, pero su falta de castigo, incentiva  para que la actividad no sólo se siga realizando, sin que se expanda.

“La impunidad es uno de los principales incentivos de este delito, la expansión de este robo la han convertido no sólo en un fenómeno criminal, sino también en uno de carácter social, en el que segmentos de varias comunidades del llamado Triángulo Rojo, que incluye los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco, en Puebla, participen en la ordeña, transporte, distribución, almacenamiento y venta de hidrocarburos robados, o los que reciben elevados ingresos económicos.

“El fenómeno debe atacarse de manera integral, dicho plan debe incluir, por ejemplo, el combate a la corrupción que también otorga soporte al robo de hidrocarburos, desde la colusión de cuerpos de seguridad pública, pasando por trabajadores de Pemex que participen en este ilícito hasta las complicidades políticas de funcionarios de los tres niveles
de gobierno.

“Revisando notas sobre este asunto dan datos de cómo vehículos oficiales de muchos municipios de estos el llamado Triángulo Rojo, y otros, usan combustible robado.

“Que las instalaciones públicas de muchos de estos municipios sirven para almacenamiento de vehículo robado y de que, inclusive, vehículos oficiales han servido para transportar vehículo robado.

“No podemos pasar por alto que existe un soporte social del robo de hidrocarburos, el cual tiene su origen en la pobreza y la marginación; cualquier plan eficaz debe incluir un programa para la generación inmediata de empleos, la reactivación económica de la zona, dignificación de espacios públicos y viviendas, así como la reconstrucción de infraestructura de servicios de salud y educación.

“Hay que reactivar esa zona del estado de Puebla y, sin duda, hay que hacer un plan nacional para combatir esta nueva forma de delinquir, recuerden que también está Guanajuato, Querétaro, Jalisco, están muchos otros estados que sufren de este flagelo”. (Continuará)
09 Mayo 2017 04:00:00
El Congreso mexicano ante la política antiinmigrante de EU
El duro jaloneo que Donald Trump sostiene contra los que han migrado hacia los Estados Unidos, de modo perruno especialmente contra los de origen mexicano, ha saltado a los territorios del Poder Legislativo, en aquel país.

El Congreso local de Texas acaba de aprobar una ley verdaderamente infame, a través de la cual pretende que se prohíba todo reducto de protección de los migrantes, como han sido hasta el momento algunas escuelas, todos los templos católicos y uno que otro protestante, o incluso barriadas o sectores de ciudades capitales como San Antonio, o pueblos enteros, que se habían autonombrados “santuarios”, en los que estarían los migrantes de toda nacionalidad fuera del alcance de los policías autorizados para detener a la gente sin papeles en operativos similares a lo que se conoce en México como “redadas”, luego concentrarlos en comisarías y sacarlos de inmediato de ese país.

La ley de marras está marcada por las letras y número SB4 y tiene como característica principal el haber sido la primera que se publica en los Estados Unidos, con el fin expreso de hacerle el caldo gordo a ese chivo loco en cristalería en que convertido está el presidente de los Estados Unidos.

Lo que también ha llamado la atención, en los territorios del Congreso mexicano, es el hecho de que al Congreso de Texas no le ha importado, en lo más mínimo, que esa entidad tenga a México como el país con el cual más realiza operaciones comerciales.

Esta ley, dedicada a declarar inexistentes los “santuarios”, nada menos tiene como destinatarios implícitos a los mexicanos, pues es Texas uno de los dos estados de la Unión Americana donde más mexicanos radican, para fines laborales.

La alarma que se percibió en el Congreso fue el hecho también de que esta ley texana vaya a ser influencia, referente, para que otros estados gringos también aprueben otras leyes, pretendiendo cosa parecida: anular jurídicamente los llamados “santuarios”, y así poder pegarles con más saña a los migrantes.

Ayer, la reacción fue inmediata de la Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Relaciones Exteriores. Pero a todas luces insuficiente, como insuficiente ha sido, hasta el momento, la reacción del gobierno mexicano ante el agandallamiento del presidente Donald Trump contra México.

En voz de Víctor Giorgana, la Comisión de marras condenó enérgicamente la ley que ayer promulgó el Congreso texano. Y avisó que, en la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, que se celebrará entre el 2 y 4 de junio próximos en la ciudad de México, harán un reclamo a los texanos y debatirán con sus pares federales de los Estados Unidos en torno de la política migratoria de ese país.

México y los legisladores mismos no deberán atenerse a grandes resultados en la Reunión Interparlamentaria.

Prácticamente desde que comenzaron a reunirse en interparlamentarias (desde la década de los 50, del siglo pasado, cada dos años), los congresistas estadounidenses han tenido como deporte mirar a sus supuestos pares mexicanos como Dios ha de mirar a los conejos: “chiquitos y orejones”.

El Congreso mexicano ha tenido como práctica recurrente enviar a cada Interparlamentaria delegaciones de senadores y diputados que tienen relevancia para toma de decisiones, sea como presidentes de comisiones o incluso como cabezas o líderes de grupos parlamentarios.

Entre tanto, el Congreso gringo solo envía a puros bien intencionados, que, diplomáticamente, solo suelen dar por su lado a los acá de este lado.

“Legisladores morralleros”, así suelen calificar en las universidades de México que estudian el derecho parlamentario comparado,  a la mayoría de los estadounidenses que asisten a las Interparlamentarias, porque no suelen ser representantes o senadores con capacidades resolutivas.

Hablan, dialogan, se entretienen con discursos, a veces incendiarios, a veces más con el sello de la diplomacia. Y hasta ahí. Aquellos se van con las propuestas de los mexicanos. Pero el sabor de las Interparlamentarias entre los dos países es definitivamente amargo para México.

No ha sido ociosa la pregunta añosa en las aulas de por qué existe una reunión bianual entre legisladores mexicanos y estadounidenses si solo se han constituido en burlas, carcajadas de los gringos, que no terminan de ver a los legisladores mexicanos como  sujetos que no están a la altura de ellos.

Los gringos se creen legisladores independientes, profesionales; y a los mexicanos los ven como lo contrario: peones de sus partidos políticos y del presidente de la República en turno, y muchos de ellos antiprofesionales.

Para infortunio de los diputados y senadores mexicanos, quienes los ven así en parte tienen razón: son sirvientes de las cúpulas de sus partidos políticos y de uno que otro poder fáctico.

Para cuando junio llegue, y con él la Interparlamentaria aquella, es previsible que no solo el Congreso de Texas haya aprobado ya una ley rompemadres contra los millones de migrantes que viven, virtualmente a salto de mata, en los Estados Unidos.

Ayer mismo, en San Lázaro, se vaticinaba  que muy pronto estarían con leyes amartilladas contra migrantes, Arizona, Carolina del Norte y Alabama, adonde hay mexicanos por multitudes.

¿Qué les van a decir a los legisladores federales de aquel país, durante la Interparlamentaria? Probablemente aquellos responderían que cada Congreso local es libre, soberano e independiente, y que solo harían llegar sus propuestas o reclamos. 

Más allá de estos respingos anunciados, sería mejor que todo el Estado mexicano –con el presidente de la República a la cabeza- asumiera una posición de defensa a ultranza de la soberanía nacional. Sin miedo, sin simulación. Una sola voz. Un solo grito.
06 Mayo 2017 04:00:00
El robo de combustible y el sorpresivo parte militar en Puebla
El viernes 28 de abril, hace nueve días, la Cámara de Diputados reformó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Tiene esta Minuta (falta el refrendo del Senado) una dedicatoria: combatir a los ladrones de gasolinas, que también son identificados como “chupaductos” o “huachicoleros”.

Si en 2006, según Petróleos Mexicanos, sólo había 200 puntos de extracción de combustibles a lo largo de todos los ductos del país, pues ahora ya son casi 5,300. Y los estados donde han barbotado más tomas clandestinas son Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Tabasco y Puebla. En esta última entidad federativa, el llano está literalmente en llamas.

Apenas este miércoles 3 de mayo –a cinco días de aquella aprobación-, según la vocería del Ejército, un grupo de criminales emboscó a dos pelotones de la 25 Zona Militar y han muerto cuatro soldados y 10 más fueron heridos.

Los hechos de sangre acaecieron en Palmarito Tochapan, Puebla, comunidad que junto con Quecholac y Tepeaca hacen un triángulo al que las autoridades han dado en llamar “triángulo rojo”, donde el crimen organizado dedicado al robo de gasolinas tiene sentados sus reales desde principios de siglo.

Por estos eventos que tienen incendiada a Puebla, es de oportunidad periodística volver a revisar una reforma de debate polarizado, pues mientras el PRI, PAN, Pvem, Pes y Panal la alentaban y defendían, hubo legisladores del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano que se opusieron porque consideraron que endurecer las leyes no remediaba nada.

Se comenzó con César Alejandro Domínguez, diputado federal del PRI, quien en la fundamentación del dictamen, en tribuna, argumentó: “Como bien sabemos, los resultados de este tipo de delitos son devastadores, ya que la industria petrolera es una de las que más beneficia al Estado mexicano. De ella se obtienen suficientes recursos para fortalecer nuestra economía y brindar empleo a un gran número de mexicanos. Además, el robo de hidrocarburos tiene grandes efectos dañinos para nuestro medio ambiente.

“Es por todos conocido que la comisión de este tipo de delitos ha ido a la alza, así como lo señala un estudio realizado por la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión, en donde se menciona que durante el primer trimestre de 2016 el número de tomas clandestinas en la red de ductos de Pemex aumentó un 12.3 por ciento, con respecto del mismo periodo pero del año 2015.

“Asimismo, se indica que el año pasado los municipios con mayor número de tomas clandestinas fueron: Altamira, con 207; Huimanguillo, con 116; Irapuato, con 106; Quechololac, con 88; Cárdenas, con 86; Tepeaca, con 81; Zapotlanejo, con 68; y Pénjamo, con 65. Mientras que en la Ciudad de México, en la delegación de Azcapotzalco, se encontraron dos predios donde se practicaba el robo de combustible.

“En lo que va de 2017 los grupos delictivos siguen robándose nuestros combustibles, siguen robándose el combustible de todos los mexicanos.

“Es necesario mencionar que ya contamos con una legislación especial que atiende a dicha materia. No se olvida que es una ley relativamente nueva, que fue publicada apenas el 12 de enero de 2016, pero también, como bien sabemos, compañeras y compañeros legisladores, toda norma jurídica es perfectible y más aun cuando está entrando en funcionamiento.

“El objeto del presente dictamen es trascendental, ya que al fortalecer las penas se activa un mecanismo de prevención, con lo cual sabemos que no es la única forma de combatir los delitos, sin embargo si apoyamos este tipo de reformas aunado a otros mecanismos de prevención que pueden llevarse a cabo desde la misma empresa, los municipios y las entidades federativas crearemos estructuras integrales que harán que se reduzca drásticamente la comisión de estos ilícitos”.

Turno de Gonzalo Guízar Valladares, del Pes. Reforzaba los dichos del priísta, así: “Independientemente de que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos es reciente, es muy necesario en primer lugar armonizar el tema de unidad de medida y actualización, en lugar de salarios mínimos, ya muy comentado. Un mandato constitucional que sirve para este dictamen a armonizar el marco jurídico de este precepto de ley.

“En segundo lugar, porque profundiza la pena de aquellos que violentan la legalidad ordeñando ductos y eso propicia, en primer lugar, la muerte de inocentes, muerte de responsables; en segundo lugar, lastiman la economía del país.

“Estamos hablando a la fecha de 46 mil millones de pesos que le cuesta a la paraestatal. Estamos hablando que como no hay un marco jurídico que regula con precisión y ser más drástico, hoy se trata de que de 20 a 30 años de prisión para aquellos responsables de ordeñar los ductos.

“En el 2013, las tomas clandestinas detectadas en su monitoreo de la paraestatal, de las denuncias, ascienden a 2 mil 613. En el 2014, un año después, a 4 mil 219 tomas clandestinas. Es decir, 7.5 millones de barriles, son datos duros, datos que cada vez se reciente más en la economía.

“Daña la imagen de seguridad del país, daña la imagen de la calidad del producto de la seguridad del mismo, afecta la generación de empleos y, por supuesto, propicia el incremento de las bandas delictivas que se encargan de ordeñar ductos.

 “Por supuesto, que el consumidor prefiere comprar barato el combustible, dañando a la planta productiva instalada para tal fin, dañando a la economía y propiciando la delincuencia aún mayor”.

Era apenas el comienzo de un debate en el que participaron casi una decena de oradores. (Continuará)
05 Mayo 2017 04:00:00
Cámara de Diputados, entre la farsa y el cinismo del PRI y el PAN
El Congreso de la Unión a través de sus dos cámaras federales tiene como función primigenia la de hacer al contrapeso político a los otros poderes de la Unión. La otra función principal es la de hacer leyes; pero la primera, la esencial, es aquella, la del control político, la de rendición de cuentas, la del contrapeso constitucional.

Por eso es inaudito que los legisladores, cuando se trata de hacer cumplir esta función, se hagan los desentendidos, transfigurando al Congreso con su cinismo en un territorio poblado por una mayoría legislativa de cínicos y farsantes, que hacen todo por no cumplir con esa función esencial.

Y como tal función tiene que ver, rigurosamente, con la revisión pormenorizada de cuantas cosas públicas ocurran en el país, máxime tratándose de los asuntos sociales y políticos, es hora en que los diputados hacen todo lo posible para no escuchar –con fines de revisión para el control político- el fragor de las tres batallas aquellas. 

Tanto en Coahuila como en Nayarit y el Estado de México, las elecciones navegan en un mar picado y turbulento, donde el dinero de orígenes desconocidos y la participación oscura de poderes fácticos ilegales comienzan a mirarse como un común denominador.

Los retiembles en los tres estados suenan cada día más fuertes. Retiembles de guerra sucia a más no poder, particularmente en el proceso electoral del estado de México, de donde es oriundo el grupo político que ostenta la Presidencia de la República, con Enrique Peña nieto a la cabeza.

El Instituto Nacional Electoral ha comenzado a jugar un papel parcial: Toma decisiones que benefician a un partido político, y decisiones que perjudican a otro. Es la rememoración de los tiempos del 2006 y 2012. Pero a niveles locales.

La Cámara de Diputados, previendo que los procesos electorales entraran en descomposición anticipada, instaló desde febrero pasado la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Ilícitos en los Procesos Electorales de la Cámara de Diputados.

Como todas las comisiones especiales del Congreso, ésta no tiene facultades de resoluciones, sino más bien es de corte informativo sobre lo poco o mucho que pudiera investigar.

Aun así, el hecho de existir ya implica un posicionamiento político importante de la Cámara.

Está conformada por 14 diputados federales y la preside Juan Romero Tenorio, un diputado federal de Morena, el partido político que más se considera afrentado por una guerra sucia que lidera el PRI, seguido por el PAN, PVEM y resto de partidos paleros, como son el PES, el PRD y el Panal.

Los tres secretarios de la comisión especial de marras son el priísta sonorense Abel Murrieta Gutiérrez, el panista poblano Juan Pablo Piña Kurczyn y el perredista chilango Alberto Martínez Urincho.

Y el resto de sus integrantes (10), son: El priísta veracruzano Marco Antonio Aguilar Yunes, el pvemista chiapaneco Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, el hidalguense (Pes) Alejandro González Murillo, el nayarita (Mc) Moisés Guerra Mota, la priísta potosina Delia Guerrero Coronado, la priísta oaxaqueña Edith Yolanda López Velasco, el panista chihuahuense Luis Fernando Mesta Soule, la perredista quintanarroense Isaura Ivanova Pool Pech, el panista chilango Jorge Triana Tena y el priísta del estado de México Luis Felipe Vázquez Guerrero.

Pues esta comisión especial tenía citados a sus diputados para una reunión de trabajo este jueves 4, en las instalaciones de la Cámara de Diputados. De los 14, solo se presentó una minoría y, por lo tanto, no hubo quórum y no sesionaron.

El PRI no quiere, evidentemente, que se reúna la comisión especial. No le gusta acaso el orden del día fijado para tal encuentro: la revisión de las quejas surgidas en los tres procesos electorales. Pero de manera muy particular, el proceso electoral en el estado de México, que ya se convirtió en una guerra sucia sólo comparada con la que el país presenció en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012.

Ayer, gente de Morena en la Cámara de Diputados presumía que el PRI no quiere testigos de aquí hasta que se celebren los comicios del 1 de junio, en el estado de México. Y un testigo muy incómodo siempre será una comisión especial como la que ahora no se ha podido reunir.

¿Qué motiva a Morena para que se reúna la comisión especial? El feroz golpeteo de que son objeto sus candidatos y, también, Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido está liderando hacia la gubernatura del estado de México y hacia el 2018 en cuantas encuestas se dan a conocer.

Hay una desesperación del PRI por acometer a López Obrador no vista antes. El miedo atroz que el PRI tiene –y presumiblemente también Enrique Peña Nieto, oriundo de ese estado de la República- ante la muy seria posibilidad de que por primera vez en su historia pierda la gubernatura, los ha hecho caer en una guerra donde el instrumento principal es la mentira y la pretensión a ultranza de engañar a la gente para que no vote por la candidata de Morena y, sí en contrapartida, acepte votar por el candidato priísta, el primo de Peña, Alfredo del Mazo Maza, a cambio de dádivas o incluso de coacción del voto por la vía de la amenaza.

El PRI y el PAN no han podido revertir la acusación que López Obrador les restriega un día y el otro también de que en realidad son lo mismo: dos rostros de una misma mafia, que se ha dedicado a medrar al país. Y que, voraces, no quieren dejar de hacerlo.
04 Mayo 2017 04:00:00
Para el gobierno, Los Avispones de Chilpancingo no existen
Prometió que se reuniría con ellos el 3 de mayo de 2017 en la sede de la Cámara de Diputados, pero incumplió, y se quedaron esperándolo los padres de familia de los muchachos del equipo de tercera división de Chilpancingo, de nombre Los Avispones.

A quien esperaban no era a otro que a Jaime Rochín del Rincón, un burócrata al servicio de la Presidencia de la República que desde la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sólo se ha dedicado a obstaculizar a la justicia.

Se comprometió a estar en la reunión que aquellos otros padres de familia iban a sostener con diputados de la comisión especial de seguimiento del Caso Ayotzinapa; pero no llegó. Y fue entonces cuando aquellos otros padres de familia –los de los muchachos futbolistas de la tercera división del equipo de Chilpancingo de nombre Los Avispones- estallaban en un enojo que ya no han podido ni quieren contener.

Nadie los recibe, acusan, y cuando los reciben sólo les prometen. Los Avispones fueron atacados por uniformados con distintos uniformes la noche del 26 de septiembre de 2014. Los confundieron con estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, de los que permanecen cuarenta y tres todavía bajo condición de desaparecidos.

De los 31 futbolistas que venían en el autobús atacado por confusión, 12 quedaron heridos de bala y dos murieron: el chofer, Víctor Lugo Ortiz, de 50 años, y el adolescente de 14 David Josué García Evangelista.

Ayer, durante la reunión que sostuvieron con diputados, los padres de familia de Los Avispones han expresado su enojo, su dolor, por que las autoridades encargadas de la investigación de los hechos aquellos, ni siquiera los reciben y mucho menos les informan sobre los avances de una ejecución terrible, en la que los verdugos fueron, ni más ni menos, fuerzas de seguridad públicas, lo que indefectiblemente deriva en la connotación de hbaer sido un crimen de Estado.

Verbigracia: Carlos Gatica Ansaldo, padre del futbolista José Gatica Morales, dijo: “Es una falta de respeto que no asistiera el titular de la CEAV, toda vez que tenía conocimiento de esta reunión”.

Jorge León Saenz, integrante del cuerpo técnico del equipo de fútbol, expresó: “Es lamentable que la CEAV actúe con demoras premeditadas en todos los aspectos”. Y apostillaba: “La CEAV ha mentido sobre los derechos de las víctimas, entre otros aspectos. No es posible que tengamos que demandar amparos en contra de las instituciones que se supone están para ayudar”.

En la reunión que sostuvieron con los diputados, algunos dijeron lo siguiente:

Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano: “Pocas veces los diputados llamamos a funcionarios y, cuando lo hacemos, no vienen; por ello, es importante hacer un llamado serio y que los diputados seamos un canal para que familiares expresen sus demandas y presionar a la CEAV para que cumpla en la atención a las víctimas”.

Araceli Damián González, de Morena: “Debe la Comisión Especial llevar a cabo un encuentro con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y militares involucrados en los acontecimientos de Ayotzinapa”.

Y añadía: “Hay suficiente evidencia para señalar problemas de omisión; tenemos el caso del policía Luis Antonio Dorantes Macías, quien, según testimonios de jugadores de Avispones de Chilpancingo, en lugar de llamar a la ambulancia, los hostigó y amenazó”.

El diputado del PRI Manuel Silva Tejeda: “Desde aquí le pido al presidente de la Comisión Especial ser el conducto para hacerle saber a Rochín del Rincón nuestra inconformidad por no asistir a esta reunión, a fin de dar a conocer avances al respecto”.

Y agregaba el priísta: “La cita ya se había acordado no sólo con los padres de las víctimas, sino con las y los diputados en el pasado encuentro que tuvimos en las instalaciones de la CEAV”.

Quien este mes funge como el presidente de la comisión especial de marras es el pvemista Cándido Ochoa Rojas, quien dijo: “El objetivo del encuentro es velar por que se cumpla la atención de las víctimas, escuchar sus problemáticas y reunir información sobre lo que tiene pendiente la CEAV”.

Quien asegundó a Rochín fue la diputada Cristina Gaytán Hernández, del PRD: “En la reunión anterior con la CEAV se informó sobre la visita que harían los padres de familia del equipo Avispones a la Cámara de Diputados, este 3 de mayo, para solicitar a este organismo resolver los retrasos que hay en los casos de estas víctimas”.

Gaytán añadió: “Y esta instancia legislativa acordó tener una reunión con los padres de familia para fortalecer la gestión que realizan en demanda de sus derechos; por ese motivo, se invitó al titular de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, dado que fue a petición de esta Comisión Ejecutiva que la reunión se llevara a cabo en las instalaciones de la Cámara de Diputados”.

Diputados  de todos los grupos parlamentarios y padres de familia de Los Avispones coincidieron en reclamar al hombre del Presidente de la República encargado de atender a las víctimas, su falta de “seriedad” ante la importancia del caso.

Roberta Evangelista Hernández, madre del futbolista David Josué, había dicho también: “Exijo justicia y saber la verdad, pues a tres años estamos en las mismas”. Y remachaba la señora: “Nosotros somos un grupo que no apedreamos a nadie, apostamos al diálogo, pero no por eso nos van a dejar olvidados. No atentaron contra animales, sino contra nuestros hijos”.

En el colmo de su falta de seriedad, Rochín, funcionario del tercer nivel, envió a un representante…
03 Mayo 2017 04:00:00
Morena: Sin duda, con la señora Cadena nos equivocamos
El senador presidente de la Cámara de Senadores, Pablo Escudero, ha anunciado ayer que tan pronto transcurra la elección en el Estado de México, el próximo 1 de junio, se convocará a un periodo extraordinario de sesiones.

Los temas se serían materia prima del debate, serían: Reforma al 102 constitucional, conversión de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General, y el nombramiento, vía una convocatoria previa, del fiscal general.

En los territorios del Congreso de la Unión, el martes 2 de mayo de 2017, dos temas prevalecían: Este del periodo extraordinario y el del proceso electoral en aquellos tres estados de la República, transfigurados de por sí, desde hacía varias semanas, en tres frentes políticos.

Pero el más ruidoso era, sin duda, el del Estado de México, adonde en medio del estupor de la clase política gobernante ya lidera las encuestas el partido de reciente cuño, Morena.

Este martes, en San Lázaro, ese partido político en voz de Rocío Nahle García, diputada federal de Coatzacoalcos y coordinadora de la bancada, emitió una respuesta sobre los tres videos en los que aparece la ya tristemente célebre Eva Cadena Sandoval, ex candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz.

He aquí partes medulares de la conferencia de marras, sobre los tres videos en que aparece Eva Cadena recibiendo, primero, 500 mil pesos para supuestamente ser entregados a Andrés Manuel López Obrador; 20 mil dólares, para entregarlos al mismo tabasqueño, y, el más reciente, un millón de pesos como pago por anticipado para promover y aprobar una ley que beneficiaría a un particular:

Comenzó Nahle: “Primero decirles que en menos de 48 horas, hace ocho días que conocimos el escándalo, Morena actuó de inmediato. Primero, se le retiró la candidatura; segundo, se interpuso una denuncia en la Fepade y, tercero, se le separó del Grupo Parlamentario de Morena en el estado de Veracruz.

“Estábamos esperando que el día de hoy ella compareciera ante la Fepade, porque estaba citada, y nos enteramos de que no llega y con agregado de otro video más.

“Morena es un instituto político que le abre la puerta a la gente que viene a trabajar de buena fe, de buena voluntad. Y, sin duda, con la señora Cadena nos equivocamos. Morena va a tener que endurecer sus filtros, sobre todo después de estos hechos, de esta mala experiencia, para designar a los candidatos o a las personas que nos representan.

“Nosotros tenemos una política de austeridad, una política de transparencia, una política de combate a la corrupción y somos los primeros en condenarla. Pedirle a la gente de Veracruz una disculpa. Es una disculpa pública por las acciones y estos hechos lamentables, indignantes y de corrupción que hizo la señora Eva Cadena.

“Ella tendrá que asumir su costo con la justicia y nosotros decirle a la gente que Morena está trabajando, que vamos a trabajar más de cerca con quienes nos van a representar, y que no solapamos a nadie.

“Estamos esperando que el Congreso de Veracruz haga la declaración de procedencia. La denuncia en la Fepade ya la hicimos nosotros.

“Esperaríamos que también el Fiscal, como pasó con la ‘chapodiputada’, que aquí así se le nombró, nos turne la solicitud de desafuero aquí al Congreso, por delitos federales, para que nosotros, el Grupo Morena, inmediatamente seamos quienes llamemos a un extraordinario para el desafuero de la diputada.

“Ella ha manifestado, o lo que está circulando en medios en Veracruz, que va a pedir licencia. Pero aún con licencia, necesita el desafuero. Y en esta Cámara esperamos que el Fiscal lo solicite de inmediato, para que Morena aquí seamos los que vamos a pedir el periodo extraordinario para el desafuero y que ella pueda enfrentar a la justicia por sus actos cometidos.

“También el Grupo Parlamentario de Morena a nivel local está conformando una denuncia ante el Ministerio Público, porque el video de hoy en el que habla de cobrar por una ley, es justamente lo que nosotros combatimos. Es justamente por lo que Morena se formó, para terminar y evitar esos actos.

“Es bochornoso; sin embargo, Morena le dice a la gente que estamos aquí y vamos a endurecer los filtros. Al pueblo de Coatzacoalcos rural; Las Choapas, el distrito que ella representa, decirles que les vamos a responder y una disculpa.

“Sin embargo, la suplente, que de hecho va a entrar de forma independiente, el propio Grupo Parlamentario hablará con la suplente para ver que se alinee a los estatutos y a los principios éticos de Morena, para que sea nuevamente integrada o considerada en la bancada.

“Nos queda claro: un diputado más, un diputado menos no es fundamental. Lo fundamental es el combate a la corrupción, y somos los primeros. Así como lo señalamos afuera, también tenemos que tomar medidas adentro.

“¿Y del control de daños? Morena actuó en 48 horas. Qué hubiéramos dado porque el PRI así hubiera actuado en la Casa Blanca, que hubiera dicho: ‘A ver, aquí está la señora y tiene que rendir cuentas’. Qué hubiéramos dado porque, cuando presentamos aquí siete cajas de documentos de la Auditoría Superior de la Federación, antes de que se fuera Javier Duarte hubieran procedido.

“O qué hubiéramos dado que en el caso de Odebrecht, de Felipe Calderón, se actúe en lugar que el Procurador está resguardando la información por 5 años. O de los hijos de Marta Sahagún, de Oceanografía, que incluso hay una denuncia en el FBI en Estados Unidos y aquí no pasa nada”.
02 Mayo 2017 04:00:00
‘¿Para qué mil años de cárcel si antes no se combate la impunidad?’
Una de las reformas que la Cámara de Diputados aprobó “al vapor” el viernes 29 de abril, último día de sesionar del periodo ordinario de sesiones, fue la que hicieron a la Ley Federal para Prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Dicha reforma ocurre a un año de la creación de la ley de marras y se trata de un danzón dedicado a ese sector del crimen organizado que se ha dedicado al robo de gasolinas, conocidos como huachicoleros.

En los considerandos del dictamen, se ha dicho que hay zonas vastas del país en donde el robo de combustibles es infame, como el del corredor guanajuatense de Salamanca-Celaya, o el del corredor poblano de San Martín Texmelucan-Quecholac.

En torno de una pregunta central giró el debate: ¿Se combate al crimen organizado endureciendo las penas o se combate atacando la corrupción y la impunidad en que se mueven los delincuentes?

Quien presentó al Pleno el dictamen fue Alejandro Domínguez, diputado del PRI, quien dijo: “En 2016, los municipios con mayor número de tomas clandestinas fueron Altamira, con 207; Huimanguillo, con 116; Irapuato, con 106; Quecholac, con 88; Cárdenas, con 86; Tepeaca, con 81; Zapotlanejo, con 68, y Pénjamo, con 65. Mientras que en la Ciudad de México, en la delegación de Azcapotzalco, se encontraron dos predios donde se practicaba el robo de combustible”.

El priísta añadió: “En lo que va de 2017 los grupos delictivos siguen robándose el combustible de todos los
mexicanos”.

Para reforzamiento de lo que arguyó el PRI, fue a tribuna Gonzalo Guizar Valladares, diputado de Encuentro Social: “En el 2013 las tomas clandestinas detectadas en su monitoreo de la paraestatal, de las denuncias, ascienden a 2 mil 613. En el 2014, un año después, a 4 mil 219 tomas clandestinas. Es decir, 7.5 millones de barriles, son datos duros, datos que cada vez se resiente más en la economía”.

También Ángel García, de Nueva Alianza, jugaba en favor del PRI, así: “Con las reformas relativas a la desindexación del salario mínimo, así mismo se pretende realizar un ajuste a las sanciones previstas actualmente para combatir estos delitos”.

Tampoco el PRD canta mal las rancheras, cuando se trata de votar al lado del PRI: Arturo Santana Alfaro dijo: “Haciendo (el PRD) un análisis responsable del problema del robo de combustibles en nuestro país y en particular el combate que tenemos que hacer contra estos grupos de la delincuencia organizada, que hoy se denominan huachicoleros, votaremos a favor del dictamen”.

Eukid Castañón Herrera, del PAN, se congratuló: “Hoy damos un gran paso para abatir un gran problema en el que se ha convertido el robo de hidrocarburos, pero también tenemos que enfrentar un gran reto y eso nos tiene que llevar a hacer otras reformas”.

El Pvem en voz de Sofía González Torres: “El robo de combustibles no solamente atenta contra esta gran empresa, sino también pone en peligro a miles de personas. Estos ilícitos pasaron de ser cometidos por bandas locales a ser ya uno de los beneficios más importantes económicos del crimen organizado. Los llamados huachicoleros crecen día con día en total
impunidad”.

Y el PRI, a través de Fernando Moctezuma: “Esta reforma que compartimos todos los priístas, por supuesto que las vamos a aprobar porque apenas tiene un año de haberse aprobado esta reforma y la consideramos insuficiente porque las penas tienen que ser mucho más severas”

Sólo dos grupos parlamentarios se opusieron, Morena y MC. El contra argumento: Aumentar los años de cárcel, sin combatir antes contubernios, corrupción e impunidad, de nada servirá.

Víctor Manuel Sánchez, de MC, dijo: “El nuevo sistema de justicia penal va en otra dirección completamente contraria a lo que hoy se pretende con esta reforma. La realidad es que incrementar sanciones no ha demostrado que realmente eso disminuya la comisión de ilícitos.

“La impunidad no se va a solucionar incrementando irracionalmente las penas. Eso está completamente comprobado y aquí en la justificación se dice que se ha detectado de manera exponencial muchísimas tomas clandestinas, que implicaría como que hay más ilícitos en los últimos años.

“Lo que está ocurriendo es que hoy la autoridad federal está trabajando con mayor ahínco y como consecuencia está detectando lo que ya sabíamos desde hace muchos años: Que los robos en el tema de hidrocarburos está alarmante. Eso no lo dudamos, lo que nosotros decimos es que por qué la PGR no ha hecho realmente su trabajo”.

Y Alfredo Basurto, de Morena: “Mientras en México no se combata, pero de una manera decidida, sin tintes políticos, la corrupción y la impunidad, así podremos poner hasta una peña de mil años a este tipo de delitos, y tengan la seguridad que se van a seguir cometiendo.

“Nada más les cito un ejemplo: En días pasados ustedes fueron testigos que circuló por diversos medios de comunicación cómo se absolvió a Emilio Lozoya Austin, quien fungió desde el 2012 hasta el 2016 como director de Pemex. Y está comprobadísimo, con esta empresa brasileña Odebrecht, que era cómplice, y por qué no decirlo más allá, socio de la misma en cuestiones ilícitas y fue absuelto.

“De qué sirve, pues, poner una penalidad de 20 a 30 años si mientras prive en el país la impunidad y la corrupción, la pena es lo de menos, compañeros. El fondo del asunto en nuestro país, debe ser de erradicar la corrupción y a impunidad”.

Finalmente fue aprobada y turnada al Senado, para seguir el proceso legislativo en septiembre.
29 Abril 2017 04:00:00
Deja el Congreso muchos fierros en la lumbre
Las dos cámaras del Congreso mexicano se pusieron a parir leyes a la desesperada, durante los dos últimos días de sesionar del periodo ordinario de febrero-abril que, anoche, se encaminaban a dar por concluido en las dos Cámaras en medio de fuertes reclamos opositores en el sentido de que tanto el PRI como el PAN, fundamentalmente, ya convirtieron al Poder Legislativo en “un muro de cinismo y soberbia que detiene todo”.

Algo positivo sucedió: dejaron definitivamente fuera de toda posibilidad de dictamen a la más temida: La Ley de Seguridad Interior. Pero también dejaron sin efecto aquella otra Ley General de Desaparición Forzada de Personas, que la víspera, o sea el jueves 27, acababa de aprobar la Cámara de Senadores en medio de un alharaquiento ruido de los partidos políticos.

Aquella ley de seguridad interior es temida porque funcionaría como un terrible instrumento de dominio de la población. Pero esta otra, la de desaparición forzada, estaría justamente en el lado opuesto: Robusteciendo los derechos humanos de la gente. Y tampoco pasó.

¿Y cómo fue esto? Pues los diputados en vez de enviarla al Pleno para su discusión y votación final en esta que fue la última sesión ordinaria del periodo –como han hecho en múltiples ocasiones con leyes como la reforma energética o muchas otras más muy a conveniencia de quienes gobiernan- se salieron con el decir de que “merece un estudio exhaustivo”, y optaron por turnarla a comisiones, para su revisión y posterior dictamen.

Esto representará en los hechos la detención de una ley esperada desde hace muchos sexenios, y a la que se comprometió incluso en campaña el actual Presidente de la República, hace cinco años.

Si la hubieran aprobado este viernes, entonces la hubieran podido turnar al Ejecutivo federal, para que éste la promulgara y entrara en vigor.

En el paso previo a los posicionamientos sobre el final del periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados se entreveró en una agria discusión en torno del tema de la corrupción y la impunidad. Y el tema ilustrativo no fue otro más a la mano, más explícito, que el del frenón que hizo el PRI para que la Sección Instructora no desaforara a Tarek Abdalá, el diputado federal priísta veracruzano que fue mano derecha en la administración de los dineros con Javier Duarte de Ochoa, ahora preso.

El dictamen de desafuero o no tenía una fecha fatal: Este viernes 28 de abril. Pero el jueves el PRI en voz de uno de sus peones, el presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto, quien en la tribuna, ayer, dijo: “Es de veras vergonzoso y lastima a cualquier oído que tenga un mínimo conocimiento jurídico de lo que es la declaración de procedencia. La Sección Instructora, el posicionamiento que se hizo el día de ayer de ninguna manera exonera ni condena cualquier conducta que haya tenido el diputado materia del asunto”.

Y ampliaba: “Se pierden, desconocen cuál es el procedimiento de un desafuero. La Cámara de Diputados no tienen ninguna facultad para determinar si existe o no delito, no tiene ninguna facultad para determinar si existe o no responsabilidad de un diputado. Lo único que le autoriza la ley es declarar si hay lugar o no a proceder penalmente en contra del acusado, del diputado”.

Previo a la participación de Ramírez, el diputado del PAN Juan Pablo Piña había asegurado que el desafuero sí procedía. Y explicaba: “¿Por qué el PRI también dice con tufo, impunidad, por qué el PRI dice que no podemos emitir un dictamen por una suspensión de un juicio de amparo? Y ¿por qué interpreta incorrectamente la ley?”

Juan Pablo Piña preguntaba. Y él mismo respondía: “Yo se los voy a responder. Lo hace porque no quiere enfrentar la responsabilidad cívica y política de decir que está impidiendo la acción de la justicia con sus votos. No hay necesidad de violar la ley. Si tienen argumentos para no desaforar al diputado, pónganlos por escrito en un dictamen y sométanlos a votación de los 500 diputados, para que la opinión pública sepa que con sus votos ustedes decidieron proceder de esa manera. No pretendan involucrar a toda la Cámara de Diputados en su impunidad”.

Hablaban de la corrupción e impunidad, como dos asuntos que el Congreso siempre dejó pendiente, no sólo en cuanto a la función legislativa, sino también en la función del control político.
Por cierto, ya cuando se posicionaban los partidos políticos, para cerrar el periodo ordinario de sesiones, este tema de la corrupción y la impunidad barbotaba de la tribuna como agua de las alcantarillas, cuando es tanta que busca salida y cauce a como dé lugar.

Jesús Clouthier, único diputado federal con chapa de independiente, dijo en su posicionamiento: “Los mexicanos piden que se combata la corrupción y la impunidad que se vive en las calles”. Y remachaba el sinaloense: “El ciudadano mexicano llega al Congreso y se topa con un muro de cinismo y soberbia que detiene todo; todo lo que a ojo de los partidos afecte a sus intereses, sin importar los intereses de la sociedad”.

Tronante también fue el posicionamiento de María Candelaria Ochoa, de MC, quien dijo: “En el cierre del segundo año de esta Legislatura, debemos hacer una profunda y seria reflexión sobre el papel que esta Cámara de Diputados está jugando, en un momento crítico de nuestra historia”.

Ha dejado el Congreso General muchos fierros en la lumbre. Los veremos a detalle en este espacio.
28 Abril 2017 04:00:00
Leyes que sólo cuajan a medias y a conveniencia de la Presidencia
A matacaballo, el jueves 27 de abril de 2017, las dos Cámaras del Congreso de la Unión se perfilaron la tarde-noche hacia la conclusión del segundo periodo ordinario de sesiones de este segundo año de la 63 Legislatura.

Una de las leyes que sólo aprobarán parcialmente –únicamente el Senado la aprobó, y quedará pendiente que lo haga también la Cámara de Diputados- es la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición de Personas Cometidas por Particulares.

A pesar de que, legalmente, tienen hasta el próximo domingo 30  para trabajar, diputados y senadores, ya despachaban con gran celeridad las órdenes del día de sus respectivas sesiones ordinarias de ayer.

Esta nueva ley nació con el sello de la discordia bien impreso en la carátula y en cada una de sus páginas.

Por un lado, y ha sido motivo hasta de felicitaciones por parte de organismos internacionales como la ONU, esta nueva ley reconoce el tipo penal de desaparición forzada y lo coloca como un delito imprescriptible y permanente. Y, de paso, mandata la creación de un nuevo sistema Nacional de Búsqueda, para lo cual debe crearse una nueva institución pública: La Comisión Nacional de Búsqueda, así como también Comisiones Locales de Búsqueda en cada una de las 32 entidades del país.

Un fuerte reclamo opositor fue el hecho de que el PRI y su alcahueta rémora Pvem si bien aceptaron la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, se cuidaron perfectamente bien de no permitir, cuando menos, de dos cuestiones sensibles para la sociedad:

1: No se responsabilizará a quienes ordenan a las fuerzas públicas incursionar en acciones delincuenciales, como la desaparición de personas en el marco de lo que se conoce como desapariciones de Estado.

Y 2: La Comisión Nacional de Búsquedas no tendrá “ni dientes ni presupuesto” para ponerse a buscar, con contundencia, a los desaparecidos, ya recriminaban, una y otra vez, al PRI, los senadores del PRD, PT y PAN, a pesar de que prácticamente todos los legisladores la votaban en pro, porque –ya decían más de cinco en la tribuna- no se puede regatear el mérito político de todos en el sentido de que es una ley con sus virtudes.

Es decir, esta nueva entidad no nacerá con las facultades suficientes, necesarias, para no sólo poner a la vergüenza a quienes -desde el presidente de la República hasta los presidentes municipales, pasado por gobernadores-, vayan a tener que responder ante la barandilla cuando se hagan los ciegos o los sordos en materia de desaparición de personas. O inclusive cuando sean ellos quienes ordenen delinquir a policías o soldados.

Pero tendrá las virtudes siguientes: “Se establece que a quien incurra en este delito se le impondrá una pena de cuarenta a sesenta años, y de diez mil a veinte mil días multa, además de que dichas sanciones pueden ser aumentadas hasta en una mitad cuando la persona muera, sea migrante, niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor, sea periodista o defensor de derechos humanos.

“También, a la desaparición forzada cometida por particulares se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

“Igual, se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de personas, cuyo objetivo es diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado Mexicano.

“Y para tales efectos, se crea la Comisión Nacional de Búsqueda, a quien se mandata la ejecución y seguimiento de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”.

El senador Manuel Bartlett Díaz fue uno de los críticos a la ley de marras. Y fue él quien decía: “Mientras en la Ley contra Desaparición Forzada no se estipule la responsabilidad de superiores jerárquicos, no se tendrá ningún impacto contra la masacre que vive nuestro país”.

En la tribuna, Bartlett advirtió: “De no incluirse la responsabilidad de los superiores, es inútil continuar con el procesamiento de  esta ley, porque sabemos que la desaparición forzada proviene de los mandos superiores”.

Escocía. Ya. Ya. Escocía Manuel Bartlett a los senadores del PRI, y más de cinco se removían en sus escaños, intolerantes, gritando al que presidía que le midiera bien el tiempo al orador.

Entonces fue cuando el senador opositor preguntó: “¿No es la autoridad superior la que mandó ametrallar una zona habitacional con un helicóptero?, ¿no es autoridad superior quien participó en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa?

“Los mandos superiores son los que mandan matar, son los que permiten que desaparezcan y, no están responsabilizados, entonces no se está responsabilizado nadie”.

Y volvía a escocer: “Hay pruebas de que ahí estaban los militares, policías judiciales también. Y representantes del gobierno mismo. El C4 había informado de todo eso. Y están los datos de esas personalidades ligadas a la desaparición de los profesores de Ayotzinapa.

Si escamoteamos la responsabilidad de los superiores, pues para qué seguimos… porque esto es un asunto de superiores jerárquicos. De altos niveles. Un asunto que vincula a quienes ordenan y a quienes ordenan hay que responsabilizarlos por esos hechos.

“Nos demuestran que esta ley no es la ley que necesitamos. Es un acuerdo, una aceptación a medias. Fue un debate en el que losa representantes de Gobernación cerraban (el diálogo legislativo) aquí, lo cerraban allá. Había siempre resistencias del gobierno de la República. Y este esfuerzo nos lleva a esa simulación en esta asamblea, de que sólo logramos un poquito…
Ya noche, seguían las cámaras. Veremos.
25 Abril 2017 04:00:00
Artículo 19: Este es el sexenio más violento contra los periodistas
Dos datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cayeron como un trueno, ayer, en los territorios de la Cámara de Diputados, durante el foro La Libertad de Expresión en México, al que convocó la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación: “Del año 2000 a la fecha han sido asesinados 124 periodistas, y, de 2005 a la fecha, 20 más están bajo condición de desaparecidos.

Quien citó los datos fue Virgilio Caballero, un periodista metido a diputado federal de esta 63 Legislatura. Pero no fue el único. Brenda Velázquez Valdez, presidenta de la Comisión Especial de marras, hubo dicho también: “99.7 por ciento de las agresiones a periodistas en México están sin castigo”. Y citaba un dato de la Organización internacional de defensa de los periodistas Artículo 19: “El sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el más violento contra la libertad de expresión”.

De convocatoria vigorosa, al foro asistieron dos personajes de peso completo: Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Aunque no fueron los únicos, porque ahí estuvieron también Leopoldo Maldonado, responsable del Programa de Protección y Defensa de la organización Articulo 19 para México y Centroamérica. Y una decena más de ponentes, la mayoría catedráticos.

“La impunidad es el círculo perverso que, precisamente, propicia que se vuelvan a actualizar nuevas y más violentas agresiones a los periodistas”, resellaba un flamígero Luis Raúl González Pérez en su discurso inéditamente directo sobre la condición de grave riesgo que viven los oficiantes del periodismo en México, de manera muy especial, muy concreta, los que se la rifan todos los días en los estados de la República.

Luis Raúl González había dicho que la democracia en México nunca será robusta si siguen matando a periodistas.

Jan Jarab puso el cascabel a la Cámara de Diputados: a sus legisladores señaló la obligación de “generar las condiciones adecuadas para el ejercicio de la libertad de expresión en México”.

Y dijo cómo: “Junto con la Secretaría de Hacienda (y Crédito Público) trabajen coordinadamente, sugiero, para asignar recursos al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a fin de que brinde medidas de protección durante 2017 y 2018”.

Y en la ley, insistió en señalarle acentos al Poder Legislativo, “asegurar que tipos penales como las injurias, difamación y calumnias sean derogados a nivel estatal; generar regulación para contrarrestar el uso de demandas civiles como forma de coartar la libertad de expresión”.

También, siguió Jarab, “regular el uso de la publicidad oficial y construir un marco legal que proteja a quienes denuncien irregularidades, así como asegurar que las iniciativas sobre la Ley General de Archivos tengan como finalidad primordial garantizar el derecho a la verdad a la sociedad y a las víctimas”.

Directa la flecha para la Cámara de Diputados: Las Naciones Unidas, comprometió Jarab, “podrían brindar asesoría técnica y cooperación que requiera la Cámara de Diputados para que la legislación incorpore los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y protección a periodistas”.

Y apostillaba una vez el representante del Alto Comisionado: “El momento que atraviesa el ejercicio de la libertad de expresión en México requiere una reflexión amplia y participativa, y una discusión que traduzca acciones efectivas que transformen la compleja realidad, combatan la impunidad y se adopten medidas preventivas”.

Y apostillaba dos veces, pero ahora apuntando hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto: “La  creación de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, no ha revertido la realidad para que sean castigados estos delitos”.

Y entonces dijo Jan Jarab: “No hay mejor medida de protección para la libertad de expresión que una investigación pronta, imparcial y efectiva de todo tipo de agresiones; en la medida en que procuradurías federales como locales no lo hagan, seguiremos siendo testigos de estos delitos, y todas las medidas que puedan adoptarse serán meros paliativos”,

Hacía unos oradores, el ombudsman Luis Raúl González Pérez hubo dicho: “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha denunciado, investigado, brindado acompañamiento y exigido que se deslinden responsabilidades en los casos de agresiones y ataques a periodistas y comunicadores que se han presentado.  Hemos hecho esfuerzos importantes al publicar en distintos momentos recomendaciones generales sobre esta temática”.

Fue él quien aludió a la ONU: “La más reciente es la Recomendación General número 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, dada a conocer en el mes de febrero de 2016, y en la que analizamos las agresiones, el nivel de impunidad y la situación que este Organismo Nacional advirtió al analizar las indagatorias, la legislación existente en las entidades federativas, la existencia o no de fiscalías especializadas para conocer de las denuncias por agresiones contra la libertad de expresión”.

En voz de la Cámara de Diputados, la presidenta María Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien dijo: “Es innegable que los frecuentes ataques sufridos por los periodistas en México, muchos de los cuales han perdido la vida, son un problema de Estado y de sensibilidad social, que reclama nuestra atención y solución inmediata”.

Y remachó: “Es necesario levantar la voz y la conciencia para exigir castigo a los responsables. Basta de impunidad.  Basta de simulaciones. Basta de complacencias, porque una sociedad sin periodistas comprometidos con la verdad, podría estar en riesgo de quedarse sin historia”.
22 Abril 2017 04:00:00
1973: el año en que Villa se apersonó en Chiapas para liberar unos presos…
El Senado de la República –con una votación unánime, en su sesión del jueves 20- ha decretado que el 15 de agosto de cada año quede instituido como el Día Nacional del Cine Mexicano. Participaron cinco oradores; pero uno de ellos, Zoé Robledo Aburto, se voló la barda.

He aquí:
“Permítanme, compañeras y compañeros, contarles una historia.

“En 1973, no muy lejos de la frontera, Pancho Villa acató el aclamo popular y liberó a un grupo de presos. La aseveración les parecería extraña, pero les prometo que no me equivoco de fecha, fue en 1973 y cerca de la frontera, de la frontera sur del estado de Chiapas.

“Y se preguntarían. ¿Qué hacía Pancho Villa en esos lugares tan remotos a su tierra?
“¿Qué hacía Pancho Villa en esos lugares tan remotos a su tiempo de vida?
“Lo que estaba haciendo era demostrando que el cine pudo haber sido inventado en Francia; pero su esencia es sumamente mexicano.

“No estoy hablando de una escena cinematográfica. Cualquiera puede disfrazarse de Pancho Villa y rodar una película.

“Lo que sucedió en 1973, en Chiapas, fue la constatación de lo que los europeos llaman ‘Realismo Mágico’, y la constatación de que esa fibra, es una fibra de la cotidiana realidad del sur de México.

“Ciertamente Paul Leduc filmaba ‘México Insurgente’, con una interpretación de Pancho Villa por parte de Heraclio Zepeda. Pero lo que sucedió aquel día ocurrió fuera del set. Heraclio Zepeda descansaba de su rol de revolucionario cuando un grupo de mujeres se acercaron buscando al general Villa, que les habían dicho anda por ahí.

“El reclamo era que unos presos necesitaban de su intervención ante el alcalde. Heraclio Zepeda no dudó un segundo, y vestido del mítico general acudió a la alcaldía y exigió la liberación de los presos.

“¿Quién era el valiente que se opondría a la intervención de Pancho Villa?
“Desde luego que los presos fueron liberados. Y según nos cuenta Eduardo Galeano, la gente exclamó que había hecho falta la intervención de Pancho Villa para que a Chiapas llegara la justicia.

“En Chiapas, el cine ocurre todo el tiempo y en todas partes. Es quizás por eso que los descendientes de Salvador Toscano, ese pionero de la cinematografía mexicana, eligieron Chiapas para vivir.

“Y es que el cine en Chiapas y en todo México nunca ha existido desasociado de lo que algunos insistentemente llaman: ‘La realidad’.

“En México, los márgenes entre la pantalla y ese otro mundo, están complemente diseminados.

“La pantalla grande es una extensión de la realidad, o quizás, la realidad es una extensión de la pantalla grande.

“Durante años, el Santo y Blue Demon combatieron a las momias, los sábados, en las pantallas de cine y en las matinés, y combatían a los rudos en la Arena México, los domingos.

“A diferencia de la industria norteamericana de este Hollywood de las grandes ficciones, de ese Hollywood de los finales felices y de los personajes inventados, el cine mexicano se desarrolló como una expresión más de la realidad.

“Cabe aquí preguntarnos. ¿Quién fue más real? ¿Mario Moreno o Cantinflas?
“¿Quién fue más verdadero? ¿El Santo o el otro Santo?
“La pregunta no es una redundancia, sino una constatación de este espacio doble. En Estados Unidos, Marlon Brando interpretaba al Padrino; Doris Day, a Calamity Jane. Pero en México, en México, Pedro Infante siempre fue Pedro Infante, y La Doña siempre actuaba de María Félix.

“El cine mexicano es indispensable, porque más que un arte, es un terreno fértil para el desarrollo de la realidad.

“Incluso, terminando el gran auge y la época de oro, el cine mexicano ha continuado como un territorio indomesticable, culminado en la década de los 90s, cuya cinematografía pareció darse más en las calles que en las películas. El nuevo siglo compensó la falta de acción en las calles con su versión fílmica.

“¿Qué más cine que lo que sucedió en México en 1994?
“¿Y qué más realidad que lo que sucedió en el cine mexicano a partir del año 2000? “Cuando todo mundo esperaba que con la transición se construiría un escenario de cambio, la realidad defraudó y el cine mexicano entró al quite: 2000: Amores Perros; 2001: Y tu Mamá También; dos fechas que el cine latinoamericano nunca olvidará, pero también dos constataciones de una realidad nueva, una realidad nueva en México donde sonaba Molotov en la radio, y la política prometía cosas que nunca cumpliría.

“Ambos mundos, el de la rebelión y el de las falsas esperanzas fueron reflejados en la pantalla, mucho más que la tersa parsimonia que invadió a México esos años.

“¿Qué fue más real? ¿La historia de Tenoki, de julio, o la historia de una nula transición mal vivida? Para muchos no hay duda que la primera.

“En 1954, Chabela Vargas vio morir a su gran amante, a Frida Kahlo.

“En el año 2002, en la película Frida, la muerte se acerca a la pintora mexicana cantando La Llorona. Esta vez la historia se invierte, es Chabela Vargas quien se viene a llevar a Frida con ella.

“En 1973, Pancho Villa entró triunfante a Chiapas.

“En 2002, la muerte se disfrazó de Chabela Vargas para poder llevarse a Frida sin que opusiera resistencia.

“El día 15 de agosto, será a partir de hoy el ‘Día Nacional del Cine Mexicano’, un día que conmemoraremos la relación al límite que hay entre dos mundos, que en realidad son uno solo y se llama México”.
20 Abril 2017 04:00:00
Un relámpago (ley unánime contra la tortura) a mitad de la sequía legislativa
La tortura en México se perseguirá de oficio y será un delito imprescriptible, y las sanciones serán dobles cuando la víctima sea una persona en situación de vulnerabilidad, mandató ayer la Cámara de Diputados en la reforma que hizo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En la reforma, que incluye también a diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la Ley de Extradición Internacional, se precisa que se castigue con una pena de 10 a 20 años de prisión. O el doble cuando la condición de vulnerabilidad sea el común denominador del ofendido.

Pero también “podrá aumentar la mitad cuando las víctimas sean menores, adolescentes, adultos mayores, indígenas, migrantes, periodistas, o personas en condición de vulnerabilidad. No podrá otorgarse indulto, amnistía o inmunidad al torturador, y el delito será imprescriptible”.

He aquí los posicionamientos en la tribuna:
Armando Luna Canales, presidente de la comisión dictaminadora, la de Derechos Humanos: “El dictamen que hoy se pone a consideración y su agenda, son producto de un año de trabajo, son e incluyen las conclusiones y recomendaciones formuladas por diversos organismos especialistas en la materia. En su construcción participaron la oficina del alto comisionado en materia de derechos humanos de la ONU, a quienes agradecemos muy sinceramente sus aportaciones y el esfuerzo realizado, así como la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes con su participación y sus recomendaciones hacen de éste un proyecto sólido, pero sobre todo refrendan el compromiso que tienen para la eliminación y la prevención de la tortura”.

Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Pes: “Entre los aciertos más luminosos de esta nueva ley, destaca su definición: ‘Comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin: cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no cause dolor o sufrimiento; realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo”.

Víctor Manuel Sánchez Orozco, del MC: “Esta nueva ley es un avance histórico. De hoy en adelante los delitos de tortura y los tipos penales que prevé esta nueva ley serán perseguidos de oficio, pero lo más relevante es que serán imprescriptibles. Esto ayudará que con los cambios de gobierno, que muchas veces se encubren a los autores de algún crimen, permitirá que aun cuando haya esos cambios de gobierno puedan perseguirse por el tiempo que sea necesario, hasta que se lleve a los responsables ante la justicia.

“Además, existe un nuevo principio que incorpora esta ley, que es la prohibición absoluta de la tortura. El nuevo dictamen también contempla dos tipos penales: El delito de tortura y el delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y en las cuales se establecen penas de 10 a 20 años de prisión y para el segundo penas de 3 a 5 años de prisión”.

Ernestina Godoy Ramos, de Morena: “Se busca con esta ley acabar con el ciclo de impunidad que la valida y la fomenta. De acabar con la idea de que la tortura combate la criminalidad y ayuda a la justicia. Se trata de investigar, de dar instrumentos para sancionar una práctica que se extiende por todo el país y en todos los niveles de gobierno.

“Buscamos que la tortura y los malos tratos dejen de ser generalizados en México, que se erradique el uso de la violencia sexual como forma de tortura.
Tratándose de mujeres detenidas es generalizada. Además, que deje de focalizarse en las personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados.

“Que se garantice el derecho a la reparación integral de las víctimas de torturas y malos tratos. Y sobre todo, que estos dejen de ser cometidos por funcionarios federales, estatales, por fuerzas de seguridad y fuerzas armadas”.

Diputada Lía Limón García, del Pvem: “Con esta ley se busca contribuir a la erradicación de un delito y de una violación grave a los derechos humanos que en los últimos 15 años ha generado un número importante de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“…En caso de violencia sexual contra las mujeres, la asistencia médica sea proporcionada por un médico especializado en ginecología, de sexo femenino o del sexo que la víctima decida”.

Cristina Ismene Gaytán, del PRD: “Ésta es una ley que representa los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

La panista Emma Alemán Olvera: “Contempla la aplicación del Protocolo de Estambul, en la realización de cualquier dictamen médico sicológico, así como la posibilidad de que las víctimas soliciten peritos independientes”.

Y por el PRI; Carlos Uriarte Mercado: “Se dota al Estado mexicano de una herramienta eficaz y novedosa para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, otros tratos crueles e inhumanos y armoniza nuestro marco jurídico para darle operatividad a la misma”.

Y el apostille del priísta: “Tenemos que acabar con estos flagelos que atentan contra la dignidad humana y nos agravian como sociedad”.

La minuta se devolvió al Senado, adonde ya refrendarán o rechazarán. Veremos.
19 Abril 2017 04:00:00
“Estados Unidos se mete al cielo mexicano en un caballo de troya que construyó el PRI”…
A galope tendido, ayer, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que ya había aprobado el Senado de la República: Diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de Inversión Extranjera.

Con dicha reforma, se robustecen los derechos de los usuarios de líneas aéreas; pero también México abre del 25 al 49 por ciento las puertas de las aerolíneas para que sean penetradas por inversionistas extranjeros, con lo que el PRI y PAN –los partidos que empujaron el dictamen en ambas cámaras- estarán permitiendo que el cielo mexicano sea ahora controlado por aerolíneas especialmente
estadounidenses.

Un dictamen de la Comisión de Economía fue anunciado a las cuatro de la tarde: El de las reformas a las dos leyes aquellas.

Argumentó entonces Jorge Enrique Dávila Flores, diputado federal del PRI por Coahuila, y presidente de la comisión de marras: (Esta reforma) tiene por objeto reformar la Ley de Inversión Extranjera, para eliminar el límite de 25 por ciento y consecuentemente aumentar al 49 por ciento la posibilidad de participación del capital extranjero en los servicios de transporte aéreo nacional regular y no regular, transporte aéreo internacional no regular en la modalidad de taxi aéreo y transporte aéreo especializado”.

Y añadía el coahuilense: “De entre todas las actividades económicas del país, la del transporte aéreo ha sido una de las más restringidas para recibir capital extranjero, ya que está limitado a tan solo el 25 por ciento del capital social y este régimen no se ha modificado desde hace más de 24 años, cuando la Ley de Inversión Extranjera entró en vigor.

“Es importante subrayar el interés que distintas compañías aéreas nacionales han expresado por contar con la posibilidad de hacerse de mayor inversión extranjera, ya que en la actualidad se ven obligados a recurrir a complejos esquemas jurídicos para hacerse de más recursos
del exterior.

“Lo anterior, se puede lograr sin perder el control de las empresas al incrementar del 25 al 49 por ciento el monto de la inversión extranjera en esta industria.

“(También) con la propuesta que presento a esta asamblea, en representación de la Comisión de Economía, se pretender robustecer el derecho a la información de los pasajeros de las líneas aéreas, contemplando tres obligaciones para los permisionarios o concesionarios del servicio de transportación aérea.

Se polarizó claramente la discusión entre esto que decía Jorge Enrique Dávila Flores y lo que contradecía Jorge Álvarez Maynez, diputado de Movimiento Ciudadano, de Zacatecas. Fue este, precisamente, quien aseguraba en tribuna que en esta minuta nada era casualidad, porque en tanto metían a la ley nuevos ordenamientos favorecedores de los usuarios, también estaban metiendo en ese mismo momento un caballo de troya… Y se refería al PRI, del que decía es ya es una “fórmula que tiene muy ensayada”.

Y apostillaba Álvarez Maynez: “Incluso no es casualidad que haya una agenda mediática del PRI hoy promoviendo el tema de derechos de usuarios de aerolíneas, sí, tratando de ocultar esta iniciativa, esta minuta del Senado, que incluso se aprueba en la hora menos mediática de esta Cámara de Diputados, ya al final de la sesión, ya cuando varios de los compañeros reporteros mandaron sus informes.

“Lo que nosotros vamos a votar es un traje a la medida de un tema que ya negociaron las aerolíneas con sus contrapartes no en el mundo, sino en Estados Unidos. No vamos a invitar a la inversión extranjera a las grandes aerolíneas del mundo, a las que mejores prácticas tienen, a las que mejores estándares de calidad tienen, que en un 90 por ciento son asiáticas. La inmensa mayoría de las aerolíneas con mejores prácticas son asiáticas, les siguen algunas europeas, las menos; y las que van a venir a invertir son las peores.

“Todos y todas ustedes vieron el caso de United, que se hizo famoso, viral en las redes sociales hace unos días. Va a venir Delta, que ya cerró una negociación con Aeroméxico. Va a venir Continental, que ya hizo una negociación con Aeromar. Y no va a haber nueva oferta para vuelos locales sino que nos van a seguir mandando los desechos. Siempre que se les promete a los mexicanos que una apertura a la inversión extranjera los va a beneficiar, los traicionan.

“Tuvimos el último ejemplo con la reforma energética, que aquí no se cansaron de jactarse el PRI y el PAN de que la reforma energética nos iba a dar mejores condiciones para enfrentarnos al mundo, mejores precios en las gasolinas para los mexicanos, y nos salió el tiro por la culata. Nunca había estado tan cara la gasolina, nunca habían estado tan caros los insumos en materia de gas, de electrificación para
los mexicanos.

“Por eso Movimiento Ciudadano no va a avalar esta reforma, porque es un traje a la medida. No va a haber nuevas ofertas, no van a mejorar las condiciones para los
usuarios.

“Se pactó con las aerolíneas aprobar esos disque derechos que son reiteraciones en la ley, para entregarles la inversión extranjeras como ellos la demandaron desde enero de este año. Las aerolíneas están legislando por nosotros y yo sé que la inmensa mayoría de los diputados no son parte de estas negociaciones, que las hacen los coordinadores parlamentarios, las burbujas de sus partidos, pero es bueno que se enteren de lo que están a punto de votar”.

Y la votaron y la enviaron a los territorios del Ejecutivo Federal, para su promulgación y vigencia.
18 Abril 2017 04:00:00
Javier Duarte sería un cebo para atacar opositores, advierten opositores
Parco, pero decía celebrarlo el PRI, se congratulaba el PAN; sólo es una farsa electoral, decía el PRD. Es un pacto, su detención, entre PRI y PAN, “con la clara intención de involucrar a Andrés Manuel López Obrador con el ahora detenido,  advertía y se deslindaba el grupo parlamentario Morena. Dos días después de su detención, el cachetón y sonriente  ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, irrumpía en los territorios del Congreso de la Unión.

He aquí los posicionamientos:
Marko Cortés Mendoza, coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados: “Javier Duarte tiene mucho que aclarar y nos preocupa que el proceso que está siguiendo el Gobierno Federal puede llevar varios meses y hoy tiene muchas cosas qué aclarar, como a qué campañas políticas del PRI desvió recursos de Veracruz y también referirnos respecto del señalamiento que hizo el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de que también financiaba la campaña de Morena en el estado de Veracruz.

“Tiene mucho que aclarar respecto de la red de complicidad, con quienes delinquía y con quienes lograba finalmente usar el recurso público con beneficio particular.

“Y no cabe duda de que la sonrisa de Javier Duarte en su detención refleja que hay algún tipo de acuerdo. Algún tipo de acuerdo de inmunidad a su familia, de inmunidad a sus bienes, de no tocarles sus pertenencias --que fueron adquiridas con recurso ilegal-- porque si no, no entenderíamos el por qué tan sonriente se dio esta detención y por qué de esta forma tan simple, cuando se daba la visita de algunos familiares que además llevaban más del dinero permitido en las aduanas y que no haya pasado nada y que de hecho se haya consentido que hayan pasado más de los 10 mil dólares permitidos en una frontera”.

Parco, el PRI en la Cámara de Diputados opinó en voz del coordinador César Camacho Quiroz: “La detención que anuncia la PGR  permitirá a las autoridades esclarecer hechos denunciados y aportará certidumbre a todos”, dijo en su cuenta de twitter.

Dolores Padierna Luna, coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Senadores: “En esencia, las acusaciones en contra de Duarte giran en torno al desvío de recursos del erario público, al uso de recursos y programas sociales sin comprobación y a un desfalco a la hacienda pública, es decir, acusaciones de tipo económico que resultan insuficientes para la magnitud del desastre que provocó su gestión.

“Ninguna instancia federal, ha atinado a imputarle una responsabilidad directa o indirecta, por acción o por omisión, o siquiera por ejercicio indebido del servicio público, por las decenas de personas desaparecidas bajo su gobierno, por la operación de grupos para-policiales que bajo el mando de su ex secretario de Seguridad Pública se dedicaron a sembrar el terror a lo largo y ancho de la entidad.

“Tampoco por los periodistas asesinados dentro y fuera de Veracruz y que habían sido críticos y detractores de Duarte y de su equipo de gobierno.

“Las acusaciones que pesan contra Duarte insisto, son importantes, pero son limitadas e incluso podría calificar que lo que hoy tiene la PGR en su contra se trata tan sólo de una mini-acusación.

“El Artículo DecimoQuinto del Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala se señala que:

“La persona reclamada (o sea Duarte) que ha sido entregada de conformidad con este Tratado no podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el territorio de la Parte Requirente (o sea México) por un delito distinto a aquel por el cuál se concedió la extradición ni tampoco será extraditado a un Tercer Estado.

 “Quizá por eso Javier Duarte incluso al momento de ser esposado y detenido seguía sonriendo y burlándose, pues sabe que con la “mini-acusación” en su contra y con la limitación de no poderle juzgar por otro delito distinto a menos que Guatemala como país soberano así lo aceptara.

“No cabe duda que las  detenciones de Tomas Yarrington y Javier Duarte fueron más un acto de legitimación del cuál el PRI pretende salir beneficiado, que ahora le permitirá cambiar el discurso oficial por uno que señale el combate a la corrupción, la expulsión de los malos priístas, la imposición del imperio de la ley y desde luego, recordarle a las y los votantes que esos priístas fueron malos, aunque hace unos años eran buenos, y que ahora lo que están en campaña estos si son los meros buenos, aunque en unos años podamos referirnos a ellos como los peores, pues cada gobernante corrupto tiene una capacidad impresionante de superar a su antecesor”.

Y Rocío Nahel García, veracruzana, coordinadora del grupo Morena en la Cámara de Diputados: “La aprehensión del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el sábado pasado en Guatemala, es resultado de pactos políticos entre el PRI y el PAN ante su posible fracaso en las próximas elecciones en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, y en los que además hay una clara intención de involucrar de manera negativa a Morena, lo que nuestro partido rechaza tajantemente.

“Quién era el jefe político, inmediato y al que obedecía ciegamente Javier Duarte, pues nada menos que Osorio Chong. Entonces el acuerdo es ahí y hoy, en forma facciosa, porque no les dan las cuentas en el Estado de México, Nayarit y Veracruz, están tratando de involucrar a Morena. Morena se deslinda”.

Fue una suerte de prólogo de un debate que continuará hoy, en las asambleas plenarias.
15 Abril 2017 04:00:00
Los sirvientes del Ejecutivo federal
El Congreso mexicano está virtualmente de vacaciones a pesar de que no existen oficialmente en ninguna de sus leyes. Se ha abordado este tema en varias ocasiones, aquí, en este espacio; pero no hay mejor oportunidad que hacerlo estos días de Semana Santa, en que siempre los diputados y senadores se van. Y se van en serio; ni los Plenos ni las comisiones ordinarias, ni las especiales, trabajan.

Si no fuese por los diputados y senadores que, en una suerte de “guardia”, suelen quedarse para cubrir los más elementales pronunciamientos, estas dos cámaras federales estarían prácticamente sin eso que han dado en llamar “representantes de la nación”.

Los tiempos legislativos se dividen en dos: los de periodo ordinario, que son dos al año, y los de receso, que son dos también.

En periodos ordinarios –de septiembre a diciembre y de febrero a abril-, los legisladores mexicanos tienen el mayor grado de protagonismo en la vida nacional, porque es en tiempos de periodos ordinarios cuando sus funciones y facultades están a tope.

Cuando hay periodos ordinarios, las cámaras pueden echar mano de sus funciones de control político y de construcción de leyes.

A través de las sesiones ordinarias, los Plenos pueden ejercer su función de contrapeso, aunque, a decir verdad, durante estos años el Congreso ha estado debilitado por el férreo control que sobre él ejercen los partidos ayuntados en torno de la Presidencia de la República: el PRI y el PAN, a los que el PRD se les ha incorporado poniéndose a la vera del camino del PRI como éste ya tiene subordinados al Pvem, Panal y Pes.

Los partidos políticos en estos tiempos de la República, han pergeñado una farsa, una simulación de contrapeso político en las dos cámaras federales.
Esa función primordial de hacer que el Ejecutivo rinda cuentas sólo la simulan. Y parte de esa farsa es el hecho de que ahora aparenten que trabajan cuando en realidad se han ido de vacaciones.

En el siglo XIX, el Congreso estaba bastante limitado por las distancias y el transporte al centro político del país, la ciudad de México. Qué difícil sería para un diputado o un senador de Baja California llegar a las sesiones del Senado o de la Cámara de Diputados, teniendo los caminos deshechos o plagados de peligros. Solían tardar semanas para llegar al pase de lista en las sesiones ordinarias.

Literalmente los diputados y senadores de Yucatán, verbigracia, tenían que cruzar montañas y selvas para llegar a la ciudad de México. O la gente de Coahuila, Nuevo león y Zacatecas, semidesiertos y sierras para incorporarse a las actividades legislativas de un Congreso que entonces no se caracterizaba como el de ahora: pagar muy bien las dietas.

Hay un debate abierto en el Congreso y en las aulas universitarias sobre la ampliación de los periodos ordinarios y, también, sobre la conveniencia de que oficialmente, es decir en las leyes, se mandate un periodo de vacaciones para los legisladores, como sucede en otros congresos y parlamentos del mundo.

Si se estableciera un periodo de vacaciones por ley, entonces habría mayor control sobre la vida legislativa de México. Y sobre sus legisladores, que ya no gozarían de esa discrecionalidad que les otorga el hecho de que, en tiempos de receso, se van a donde quieran, sin que tengan que rendirle cuentas a nadie: ni a sus electores, ni a sus partidos, a nadie.

La ampliación de los periodos ordinarios robustecería la función de control político, conocida también como función del contrapeso constitucional.

Si de por sí el Ejecutivo federal hace lo que le da la gana en cualesquiera época legislativa del año, quisiera uno suponer que teniendo los periodos ordinarios abiertos, actuantes, le costaría más trabajo evadir la rendición de cuentas.

En tiempos de receso legislativo –del 15 de diciembre al 31 de enero y del 1 de mayo al 31 de agosto-, el Congreso sólo está representado por una Comisión Permanente integrada por 19 diputados y 18 senadores, que juntos componen el Pleno reunido para sesionar una vez a la semana.

En el receso de diciembre-enero, sesionan los 37 legisladores en la sede de la Cámara de Diputados; en el receso de mayo-agosto, lo hacen en el Senado de la República.

En receso legislativo, el Congreso mexicano suele parecerse mucho a la Carabina de Ambrosio…

Sólo sirve para algunas cuantas cosas: para recibir iniciativas y turnarlas a las cámaras correspondientes,  para emitir pronunciamientos; para debatir en torno de puntos de acuerdo y para convocar a periodos extraordinarios si antes lo han decidido así los cúpulos del PRI, PAN y PRD… previo mandato del presidente de la República.

En periodos ordinarios hacen leyes y pueden estar al pendiente de los casos que atormentan a la República, aunque en los hechos el Congreso demuestra una debilidad que escuece a la gente, en  favor de los intereses que atiende el titular del Ejecutivo Federal.

El Congreso mexicano no está en su mejor época, evidentemente. Más semeja a una oficialía de partes del Ejecutivo Federal, o a una oficina administrativa del Presidente. Los diputados y senadores han soslayado su papel de representantes de la nación, y no ejercen la función de control político que les ha otorgado la Constitución. Verdaderamente son más siervos del Ejecutivo que representantes de la Nación.

Acaso, por eso no tienen empacho alguno, ni cargo de conciencia, en mejor irse de vacaciones que en dar seguimiento puntual de la vida del país.
14 Abril 2017 04:00:00
La sospecha creciente de que Odebrecht también tocó a Fecal y a EPN
Odebrecht es una empresa brasileña de 73 años de edad pero con raíces desde 1859, cuando un inmigrante alemán llegó a radicar a Brasil. Ahora, sin embargo, está en el banquillo de los acusados y ya se erige en el símbolo de la corrupción político-empresarial en América más bochornoso de los últimos años.

El Caso Odebrecht ya no es una historia reciente de corrupción. Su presidente, Marcelo Odebrecht, está preso en una cárcel de alta seguridad de su país. Y ahora, estos días, otro de sus directivos principales acaba de admitir ante un juez brasileño que Odebrecht habría entregado cinco millones de dólares como pagos ilícitos en noviembre de 2014 a Emilio Lozoya Austin, entonces director general de Petróleos Mexicanos y uno de los hombres de mayor confianza del Presidente Enrique Peña Nieto.

Quien lo confesó fue un individuo que responde al nombre de Hilberto Mascarenhas, el directivo de la empresa Odebrecht responsable de un departamento de nombre rimbombante (Operaciones Estructuradas de Odebrecht) que no tenía otro encargo que entablar relaciones con políticos y gobiernos por la vía de sobornarlos.

Esta persona –según ha revelado la revista brasileña Veja- confesó al juez que Lozoya pidió 5 millones de dólares como pago por haber permitido que Pemex firmase con Odebrecht contratos multimillonarios.

E inclusive, ese sujeto, Mascarenhas, dijo al representante del sistema judicial brasileño que de 2006 a 2014 la empresa Odebrecht repartió 3 mil millones de dólares en 10 países para campañas políticas.

En la información que ha publicado Veja no se precisa si uno de esos diez es México; pero se infiere que es uno de ellos, porque aquí llegó en 2010. Y fue en 2010 cuando –en plena época de la administración de Felipe Calderón Hinojosa- Odebrecht bajo el nombre de su subsidiaria Braskem firmó contratos con Pemex para que se le asignase el Complejo Petroquímico de Polietileno Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz.

Son, de hecho, varios escándalos los que ha protagonizado Odebrecht en México.

El primero fue éste, cuando en febrero de 2010 Felipe Calderón y Luis Inácio Lula da Silva testificaron la firma entre Odebrecht y Pemex de un contrato en que a la primera se le concedía –con un precio preferencial autorizado por Calderón cuyos pormenores hoy en día son secretos- la entrega de gas etano para la elaboración de sus procesos de producción en la Etileno XXI, de donde, ahora se sabe, le redituaban ganancias por 2500 millones de dólares anuales.

Etileno XXI representó para Odebrecht –según admite ella misma en su portal digital- el más grande negocio de toda su historia.

Se lee en http://www.odebrecht.com/es/organizacion-odebrecht/historia: “Expansión en México 2016: Braskem inauguró su Complejo Petroquímico en México, en colaboración con la empresa mexicana Idesa. Con una inversión total de 5,200 millones de dólares, el Complejo Petroquímico en México es considerado la más grande inversión en nuevas instalaciones jamás realizada por una empresa brasileña en el exterior”. 

Ahora se sabe que mucho de ese dinero que invirtió Odebrecht en Coatzacoalcos, el gobierno mismo se lo prestó o le sirvió de aval ante bancos internacionales.

Pero no fue el único negocio. Participó Odebrecht en la construcción del ducto Los Ramones II Norte, una construcción de ductos en el que también se le ha relacionado a una empresa mexicana cuyo director es Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari.

Para la fabricación de polietileno, a Odebrecht se le vendían a precios preferenciales más de 60 mil barriles diarios de gas etano. Era común ver al entonces presidente de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht, al lado de dos personajes que están –como el brasileño mismo- en la picota: el entonces gobernador veracruzano Javier Duarte y el entonces director de Pemex Emilio Lozoya Austin.

Versiones de senadores como Mario Delgado, uno de los únicos legisladores mexicanos que da seguimiento al caso, refieren que de entre todos los contratos que Odebrecht firmó en México estarían sumando inversiones por 18 mil millones de pesos.

Incluso, ayer, en pleno Jueves Santo, Mario ha declarado que “es interesante el caso Odebrecht porque es el eslabón evidente que une al PAN con el PRI”. Y restregaba: “Por eso tanta complicidad entre ellos; por eso nadie dice nada.

Porque están involucrados tanto Felipe Calderón Hinojosa como Enrique Peña Nieto. A los dos, Odebrecht los dibuja de cuerpo entero. Tanto Calderón como Peña, y tanto el PAN como el PRI, n los mismos valores de la corrupción”.

Odebrecht firmó contratos para reconfigurar las refinerías de Salamanca, Guanajuato, y Tula,
Hidalgo.

Este caso de corrupción intercontinental, que por supuesto tiene su capítulo en México, no ha sido suficiente motivo para que el Congreso mexicano siquiera se perturbe. Continúa silenciado, justificándose en la Semana Santa.

El 5 de este mes de abril, la Procuraduría General de la República emitió un posicionamiento al respecto: Dijo que toda la información relacionada con el Caso Odebrecht permanecerá reservada hasta por cinco años.

“Es increíble, inaudito”, declaraba un perplejo Mario Delgado, en alusión a esta decisión de la PGR de ocultar información que es, sin duda, del interés de la República.

Emilio Lozoya respondió que es una difamación lo que se afirma de él, de que pidió un soborno de 5 millones de dólares a Odebrecht por tanto favoritismo empresarial que recibió la brasileña en México, de 2012 a 2015.

Voces en el Congreso han comenzado a susurrar la posibilidad de que detrás de Lozoya esté alguien mucho más pesado que él…
13 Abril 2017 04:00:00
¿Adónde se fue el Congreso?
Las dos Cámaras del Congreso General se han ido virtualmente de vacaciones.

Pospusieron actividades, más allá de la Semana Santa. Todos los años lo hacen, pero ahora es mucho muy notorio por la gran cantidad de fierros que dejan en la lumbre.

Ni la Cámara de Diputados ni la de Senadores han dicho nada en torno del candente asunto de la detención en Italia del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, requerido por los Estados Unidos con fines de extradición.

Tampoco, estos días, en nada se han pronunciado sobre el asesinato de una niña mexicana en la escuela primaria North Park, de San Bernardino, California. Como, tampoco,  han dado seguimiento al caso Odebrecht, la empresa brasileña que fue sorprendida por los Estados Unidos con las manos en la puerta.

Odebrecht es una empresa petrolera que utilizó la corrupción para conseguir contratos en diversos países, uno de ellos México. La semana antepasada, la Procuraduría General de la República decidió resguardar información sobre la relación que sostuvo Odebrecht en México durante este y el anterior sexenio (el de Peña Nieto y Calderón Hinojosa) hasta cinco años.

Bajo el pretexto de que es información reservada, la PGR nada ha informado al Congreso, como desde hace dos semanas, la oposición en el Congreso le exigió. Y es hora en que ni en la de Diputados ni en la de Senadores se ha dado seguimiento, exigiendo una información que tendría que ver con el modus operandi de una administración pública que llegó al poder para enriquecer a quienes figuran como los burócratas del primer círculo presidencial.
En este momento de la semana, México actúa como si no tuviera un Poder Legislativo.

El Congreso mexicano a través de sus dos cámaras federales tiene dos funciones básicas, esenciales, que cumplir: La de hacer leyes y la de servir de contrapeso de quienes ejercen el poder público desde el Poder Ejecutivo.

La más importante de las dos funciones es la segunda: La del control político. Es la función de la rendición
de cuentas.

Las cámaras tienen, para ello, instrumentos legislativos como es el mismo Pleno y las comisiones, que a su vez se dividen en ordinarias, especiales y de investigación.

Las comisiones son las encargadas de llamar a revisión al Ejecutivo Federal, en torno de temas que son por antonomasia del interés público.

Las comisiones ordinarias son las del poder, porque tienen la facultad de exigir al Gobierno que les entregue información sobre casos determinados. Sin embargo, esta facultad de las comisiones ha sido relativa, porque muchas veces el Ejecutivo no las entrega, con la argucia de que la ley prohíbe hacer pública información con el sello de seguridad nacional.

Esta burla infame de la información reservada como de seguridad nacional ha sido recurrente en México. Los mismos diputados y senadores lo mandataron así en la ley.

Hay que precisar que estos diputados y senadores que votaron leyes a todas luces fastidiosas para la sociedad, fueron los del PRI y los del PAN, auxiliados por rémoras como los del Pvem, Pes y Panal, a los que desde que llegó este sexenio se les incorporó el PRD, el partido que controla Jesús Ortega Martínez.

Estas reformas han contribuido para que la rendición de cuentas en México solo sea una maldita farsa. Una simulación. Una burla. El Ejecutivo federal puede negar información al Congreso cuando le convenga hacerlo, y el Congreso no tiene el poder para exigirla realmente, so pena de sancionar a los servidores públicos que la negasen.

Y como saben muy bien los diputados y senadores que su trabajo de control político solo es eso, una simulación, pues entonces se justifican y se van de vacaciones, a pesar de que saben que la Constitución mexicana no les otorga ningún día de descanso en todo el año.

Han hecho su formato legislativo a modo para que los días de descanso se disfracen con días de receso legislativo. O más aún: No están propiamente en días de receso, actualmente, pero pueden acordar todos –como lo hicieron esta semana- saltarse los días de Semana Santa para no hacer lo que se esperaría que hicieran: Sesionar ordinariamente cuando menos dos días de la semana.

Solía el Senado sesionar durante la Semana Santa en otros años, pero en esta ocasión también se fueron, como los diputados. Presumiblemente el motivo es el que se ha dicho en el comienzo: pretenden evadir a toda costa pronunciarse en torno de asuntos políticos muy graves para la vida nacional, con el propósito de dejar al Presidente de la República, a sus anchas, emitiendo sus criterios y decisiones ejecutivas sin que nadie le reclame nada políticamente.

Verbigracia: La elección en el estado de México es un verdadero chiquero. El presidente Peña Nieto se ha empeñado en hacer una guerra sucia contra una candidata opositora. Ha estado enviando a sus hombres del gabinete para anunciar programas sociales con la pretensión de beneficiar al candidato del PRI. Y también el tribunal electoral irrumpe, de pronto, para dar espaldarazos políticos al candidato
oficial priísta.

El Congreso mexicano ha optado por la retirada estos días, para no tener que emitir un solo pronunciamiento en torno de lo que la oposición ya juzga como una elección de Estado.

Otros tema que el Congreso mexicano debería estar atendiendo es la política exterior. El mundo enfrenta súbitamente una amenaza terrible: Estados Unidos acaba de meterse con Siria y va contra Corea del Norte, y nadie en el Congreso mexicano ha emitido un pronunciamiento al respecto.
Muchos fierros en la lumbre. Y el Congreso, de vacaciones.
12 Abril 2017 04:00:00
“El PRI es el partido de los prófugos de la ley”
La aprehensión en Italia de Tomás Yarrington por solicitud de los Estados Unidos, con fines de extradición, es un escándalo internacional que no ha sido suficiente motivo para que el Congreso mexicano –dos días después- tenga que salir a emitir un pronunciamiento, al que lo obliga su función de contrapeso constitucional.

Si no fuese por voces de algunos legisladores, este asunto estaría pasando de noche en los territorios de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Anteayer, lunes, fue Dolores Padierna Luna, senadora perredista, quien se pronunció al respecto, y rememoró los tiempos en que Yarrington fue incluso uno de los precandidatos (2005) priístas a la Presidencia de 2006 y un nombre ligado al narcotraficante –un sujeto apodado El Coss- que en 2010 ordenó el asesinato del candidato priísta al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Cantú Torres.

A partir de su detención, muchas cosas tendría que decir el Congreso, como institución del control político, pero no lo hace. Y agazapado en la justificación de que todo mundo anda de vacaciones de Semana Santa, es hora de que los grupos parlamentarios nada dicen, nada promueven en cuanto a pronunciamientos.

Por eso resalta el que, ayer, dos diputados –uno del PAN, otra de Morena- se hayan metido en el Caso Yarrington, a quien en 2005 se le veía muy cercano al entonces gobernador del estado de México, Arturo Montiel, así como al entonces candidato del PRI al gobierno mexiquense, Enrique Peña Nieto.

He aquí:
Jorge López Marín, diputado federal del PAN, dijo ayer en San Lázaro que “esa nueva generación de priístas como César y Javier Duarte, y Roberto Borge, entre otros, no sólo ha quebrantado las finanzas de varios estados de nuestro país, sino que también se ha asociado con la  delincuencia organizada, facilitando el trasiego de la droga que mata de manera directa e indirecta a miles de mexicanos”. Y remachó: “El PRI es el partido de los prófugos de la ley”.

En conferencia, el panista llamó al embajador mexicano en Italia a que explique sus vínculos con Tomás Yarrington, quien fue detenido la noche del domingo por la Policía italiana, a pedido del Gobierno de los Estados Unidos, para su enjuiciamiento por presunta colusión con el crimen organizado y por lavado de dinero.

Recordó que “en febrero de 2012, quien entonces era el coordinador de los diputados del Partido Verde (Pvem), Juan José Guerra Abud, hacía una defensa del entonces precandidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, y es el actual embajador mexicano en Italia.

López Marín afirmó que “de no haber sido por la policía internacional, la policía mexicana seguiría buscando al ex gobernador Tomás Yarrington y una vez más, afuera le están haciendo la chamba a la Procuraduría General de la República”.

El legislador panista recordó que otro ex gobernador priísta fugitivo, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, ha cumplido 180 días prófugo de la justicia.

Por Morena habló fue Rocío Nahle García, quien, de entrada, criticó que el PAN ahora quiera hacer comparecer al embajador de México en Italia. “Hay que preguntarle al PAN para qué quiere que comparezca”, dijo Rocío, cuando Felipe Calderón, en su sexenio, lo encubrió tanto como ahora
Peña Nieto.

Nahle siguió: “Porque no se nos olvida a los hijos de Martha Sahagún; que no se nos olvide que Felipe Calderón es nada menos que consejero de Iberdrola y toda la corrupción que hay en este país”.

La coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados insistió: “Es muy lamentable y muy preocupante que este señor Tomás Yarrington se haya paseado en Italia como en su casa, a sabiendas de la INTERPOL o a sabiendas de la PGR, o cuando lo ha estado encubriendo el PAN y el PRI, los dos”.

Agregó: “Es también preocupante saber que tuvo que ser el gobierno de Estados Unidos quien aplicara la justicia; una justicia que se debe aplicar aquí en México”.

--En su opinión, ¿cuál país debería enjuiciar primero a Yarrington: Estados Unidos o México? –un reportero le
preguntó.

Rocío Nahle no respondió lo que se le preguntó. Sólo dijo: “Debe dar cuenta (Tomás Yarrington). Debe rendir cuentas. No es posible que desde hace cinco años el gobierno de México se hacía el tonto, se hacía tonto Peña Nieto, como el gobierno de Felipe Calderón, son los dos”.

--¿Pero, cuál de los dos países primero?
“Tiene que dar cuentas aquí, allá o donde sea”.

La diputada remachó: “No le den más vueltas; hay que ver todas sus propiedades; todo el daño que le hizo a Tamaulipas; ¿dónde está ese dinero? Tiene que resarcir todo el daño, todo el dinero, las propiedades. Tiene que indemnizar al pueblo de Tamaulipas, eso es lo más importante, porque de qué nos sirve tenerlo en la cárcel con todo lo que se llevó, cuando hay una pobreza extrema, una inseguridad tremenda
en el estado”.

--Yarrington huía como los ex los gobernadores que todavía andan huyendo. ¿Qué lectura tiene de ello?
“Pues eso es lo que Andrés Manuel llama la mafia del poder. La mafia del poder es este grupo de gobernadores que desde Los Pinos se han enquistado precisamente. Desde las privatizaciones se han quedado con bienes de la nación, desde que han saqueado el erario de los estados, la impunidad, vinculación con el crimen organizado. Es una realidad que tenemos en México, desgraciadamente”.

Nada dirán, presumiblemente, hoy, ni mañana y ni pasado mañana. Quienes controlan el Congreso continuarán silenciando el cañón parlamentario del contrapeso
político.
11 Abril 2017 04:00:00
Sigue Estados Unidos atando de las manos a Enrique Peña Nieto
Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas y precandidato presidencial del PRI en el 2005, fue hecho preso ayer en Florencia, Italia, por pedido del gobierno de Estados Unidos.

El priísta andaba a salto de mata desde hace varios años, cuando el gobierno de Barack Obama lo ubicó como uno de los narcopolíticos –no el único- más peligrosos de México, y como el cabecilla de una banda de policías, funcionarios públicos de los tres niveles de Gobierno –federal, estatal y municipal- y empresarios que decidieron ponerse al servicio del cártel de narcotraficantes conocido como Cártel
del Golfo.

Esta detención corresponde a un auténtico pez gordo y –se infiere por lo que ayer dijeron en el Congreso- ya ha puesto a parir nada menos que a Enrique Peña Nieto.

Por lo que se ve, las partidas de ajedrez que Estados Unidos juega con el gobierno mexicano desde que Enrique Peña es el presidente, prácticamente todas se las gana.

Yarrington –aseguró ayer la senadora perredista Dolores Padierna Luna-, “a través de Arturo Montiel, tuvo un vínculo estrechísimo con Enrique Peña Nieto en 2004, quien entonces era el candidato priísta a la gubernatura por el Estado de México”.

A decir de Padierna, la aprehensión del ex gobernador priísta “es uno de los hechos más importantes y destacados en la lucha contra la narcopolítica que ha dominado en México en los últimos 20 años”.

Añadió: “Por desgracia, este hecho no ocurrió cuando debió haber sucedido: Desde abril de 2004. Durante el gobierno de Felipe Calderón, la SIEDO de la PGR admitió que Yarrington estaba siendo investigado por encabezar una red de más de 300 policías, empresarios y funcionarios que protegían al entonces Cartel del Golfo”.

“En el colmo de la impunidad, Yarrington fue precandidato presidencial del PRI en la contienda interna de ese partido en 2005, cuando participó en el entonces conocido TUCOM (Todos Unidos contra Madrazo) y está acreditado el fuerte vínculo que mantuvo el entonces mandatario de Tamaulipas con su homólogo Arturo Montiel, del Estado de México, y con el entonces candidato priísta a la gubernatura de esa entidad, Enrique Peña Nieto”.

En su comunicado, Padierna ha dicho también que “en 2012, la DEA volvió a señalar a Tomás Yarrington, junto con otros mandatarios priístas, de estar siendo investigado por proteger al Cártel del Golfo y también a los Zetas”.

Desde que Yarrington fue colocado en la mira de los Estados Unidos, en México el PRI recorrió un velo de complicidad, tratando de minimizar el asunto, tratando de desmarcarse, diciendo que el ex gobernador ya no era priísta. Tratando, a toda costa, de no hablar de él en las tribunas del Congreso.

Perseguido por los estadounidenses, Yarrington llegó hasta Florencia, a donde la Policía italiana lo acaba de aprehender. Y con la rapidez de un gamo, el gobierno de Peña Nieto ha tratado de pasar en el mundo como el gobierno que lo buscaba, cuando en realidad era el de Estados Unidos.

Ayer mismo, ante la solicitud apresurada del gobierno mexicano de extradición de Yarrington, Italia informó que decidirá a dónde lo enviará en calidad de presunto delincuente para su enjuiciamiento: Si a México o a los Estados
Unidos.

Ya Italia dijo que lo detuvo por solicitud de los estadounidenses y el sentido común dicta que debe ser a ese país. Pero en Estados Unidos miran con sorpresa cómo México pretende adelantarse para que el preso, que debe de saber muchísimo, no vaya a territorio gringo, sino a territorio mexicano.

El 28 de junio de 2010, el entonces candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas Rodolfo Cantú Torres fue muerto en una emboscada camino al aeropuerto. Al narcotraficante Eduardo Costilla Sánchez alias el Coss le achacaron el crimen.

Pero junto con su nombre, brincó el del entonces ya ex gobernador Tomás Yarrington.

Un juez texano liberó la orden internacional de aprehensión contra el ex gobernador tamaulipeco, bajo los cargos de haber lavado dinero, mucho dinero, derivado de acciones de narcotráfico de México a Texas.

Sí. Al parecer, no hay partida de ajedrez que los estadounidenses no le ganen al actual gobierno mexicano. La detención de Yarrington es un jaque que pone a temblar a la República, porque el presidente Peña se debilitará aún más.

Yarrington perteneció al PRI, el partido de Peña Nieto. Y al ex gobernador tamaulipeco se le relacionó, como dijo ayer Dolores Padierna, con el actual presidente, sobre todo cuando éste era el candidato priísta al gobierno del Estado de México.

Desde que comenzó Yarrington a correr la legua para que no alcanzara el brazo de la justicia estadounidense, fue evidente cómo el PRI en el Congreso mexicano y la presidencia de Peña Nieto lo encubrían, tratando de minimizar las acusaciones, tratando de no hablar de él en las tribunas.

¿Hasta qué punto Yarrington y Peña Nieto se conocieron? Sin duda, esta pregunta se la va a tener que responder el ex gobernador de Tamaulipas al sistema judicial de los Estados Unidos, una vez que lo extradite Italia a ese país.

Y he aquí el grave peligro para la República, porque entonces EU tendrá información que el gobierno mexicano contrarrestaría a cambio de más concesiones, más entrega, más sumisión, más quién sabe cuántas cosas más a los gringos… a cambio de impunidad y apoyo político a una Presidencia de Peña Nieto virtualmente entregada, arrodillada y sometida, cuyo papel infame no ha sido otro que estar traicionando y haciendo la entrega más dolorosa y humillante de una nación
a un imperio.
08 Abril 2017 04:00:00
Inegi: El regreso al pasado
Paloma Merodio Gómez fue el jueves pasado investida por el Senado como la nueva vicepresidenta del Inegi, aquel organismo medidor esencialmente de la inflación y la pobreza, que fue declarado autónomo a partir de 2008, luego de que durante décadas fue utilizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, antes, por la ahora extinta Secretaría de Programación y Presupuesto para mentir y falsear la realidad nacional, con fines políticos y electorales. Uno de aquellos grandes beneficiarios fue Carlos Salinas de Gortari, penúltimo secretario de la otrora SPP y de la que barbotó hacia la candidatura presidencial de 1988.
Decían los senadores el jueves 6 que nunca antes, en la historia contemporánea del Congreso mexicano, se había puesto a consideración de refrendo una propuesta presidencial de burocracia de altísimo nivel tan picada por la desconfianza y por el franco rechazo de prácticamente todos.

Todos… porque ni el PRI ni el Pvem, los peones legislativos del Ejecutivo, hicieron algo  para defenderla. Simplemente se dedicaron al final a votar, levantando el dedo para aprobar el nombramiento de marras. Pero sin una sola voz que tratase de rescatar a Merodio de esa avalancha de juicios que, por instantes, parecían acometer más a su individualidad que a su profesión.
Ernesto Ruffo Appel, senador panista, dijo: “Está claro, Paloma Merodio no es elegible, por qué exponer a una mujer que tiene méritos, sí, pero no completa lo necesario.

“Y eso no hace más que reflejar los intereses del Presidente de la República, Peña Nieto, quien puso a operar a su Secretario de Hacienda, que le habló incluso a los gobernadores y seguramente la presión del presupuesto y el dinero los puso a hablar a varios de nosotros.

“Esto lo único que quiere decir es que el gobierno no quiere ser evaluado, quiere continuar en la opacidad, y claro está muy claro, en la corrupción que le ahoga y que de hace sexenios viene avanzando, y a mi juicio, terminó con el actual sistema político y tendremos que empezar otro.”.

En los territorios del Senado, a Merodio desde el principio la relacionaron con José Antonio Meade, quien cabildeó directamente con senadores para que aceptaran a la joven como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El senador del PRD Zoé Robledo: “En las instituciones donde el Ejecutivo tiene la decisión directa de nombrar, pareciera ya una práctica común que se permita la ilusión de responsabilidades, pareciera común que se perdonen excesos, que se privilegien y se premien los errores, y si no les recuerdo el nombre de Virgilio, que nuestro país no es sinónimo de un poeta romano del siglo I antes de Cristo, sinónimo de la incompetencia y de la premiación de esa incompetencia cuando sirve para los intereses, y cuando sirve para el encubrimiento de un grupo, por eso es que estamos sospechando.
“Ahora, también hay instituciones en la que la decisión tiene que pasar por el Congreso, y ahí la lesión a las instituciones tiene que ver con este tipo de casos, personas que no cumplen requisitos, personas que apenas la libran y que nos quieren hacer creer que son las mejores, por eso es que sospechamos.

“Y también sospechamos en que haya tanta celeridad y que haya tanto interés aquí, pero no lo hay ya en lo cerca de 40 nombramientos pendientes que tiene el Ejecutivo tanto de órganos autónomos como del Poder Judicial, y que simplemente no se envía a enviar.

Ese es el verdadero riesgo que corren las instituciones y por eso sospechamos, porque ven las instituciones como su patrimonio, porque ven las instituciones con personas que son insuficientes en su currículum para cubrir lo que pide la ley, instituciones que además son desdeñadas. ¿Qué nos queda? Que son instituciones que están siendo capturadas”.

O la participación de Armando Ríos Piter: “No es un tema menor, se los debo decir, compañeras y compañeros, votar a un integrante de la Junta de Gobierno del Inegi es nada más y nada menos que definir quién por ejemplo genera los números, las estadísticas  que respaldan cuál es la inflación en el país. De la inflación depende la calificación de la deuda, del papel soberano de México”.
O la participación despiadada de Layda Sansores: “Sólo ella sabe aplicar fórmulas novedosas para alterar la realidad, y con unos cuantos pases estadísticos es capaz de desaparecer millones de pobres.

“Sí, es idónea para confeccionar “Peñalandia”, un país idílico de fantasía en donde las crisis sólo existen en la mente de los locos, así lo dice Peña”.

“…Meade, quien no es capaz de publicar la lista de los favorecidos con millonarias condonaciones de impuestos es capaz de no respetar la ética y dar la información a El Guasón para que defienda a la palomita de su nido, a la paloma de su palomilla, amenazando a quienes se opongan a su designación”.

O el juicio, suave, pero juicio al fin de Héctor Larios: “No quiero ni pretendo en ningún  momento juzgar a la persona Paloma Merodio, me entrevisté con ella desde el principio, he visto su actuar en las comparecencias y me causa una impresión de lo mejor, creo que es una mejor con toda la capacidad e inteligencia, pero este no es un tema que esté al análisis, lo que estaba al análisis, lo que estuvo todo el tiempo del análisis es si cumple los requisitos”.
Fueron duros, incluso crueles con Merodio. Pero, decían, ella no tiene la culpa, sino quien la propuso.
07 Abril 2017 04:00:00
La ley que el Pvem empedró con sus buenas intenciones
El Partido Verde tropezó ayer con su propia sombra en la Cámara de Diputados, cuando el resto de los partidos pusieron bajo sospecha sus supuestas buenas intenciones con los delfines.

Sí. Tropezó con esa sombra de tramposo y comerciante a ultranza de leyes de la que se ha hecho a pulso prácticamente desde que nació, hace 30 años. Este partido que no da brinco sin huarache, miró perplejo cómo –a pesar del apoyo del PRI- el Pleno frenó con la revisión y suspensión del quórum una reforma promovida por los verdes, al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.

La propuesta legislativa del Pvem ha consistido en obligar a los empresarios dedicados al negocio de la diversión con el uso de delfines, a soltarlos en mar abierto. Una buena causa, con la que casi todos coinciden. Pero lo que hicieron dudar a los partidos es la premura, la forma tan atrabiliaria de dictaminar en comisiones y pasar la ley muy apresuradamente al Pleno para su aprobación. ¿Qué hay detrás de esta aparente buena intención?, se preguntaban
opositores.
Quien argumentó en  favor del dictamen fue Arturo Álvarez Angli, diputado del Pvem.  Y esto dijo: “A la fecha existen alrededor de 397 mamíferos marinos bajo cuidado humano, de acuerdo al censo con el que se cuenta, del cual 81 por ciento se trata de delfines de diferentes especies. Estos se concentran en 35 hoy llamados delfinarios, que son finalmente instalaciones de diferentes características.

“Su uso, su aprovechamiento, su explotación principalmente de los delfines, se concentra en tres actividades: el espectáculo,  el nado con delfines y en el menor de los casos la terapia asistida con estos. Dichas actividades han resultado ser enormemente lucrativas, ya que, de acuerdo a los cálculos y los registros que los mismos empresarios han entregado, un solo delfín puede llegar a generar hasta 30 mil pesos por día. Pero para que logren esto, los delfines están condicionados a una serie de actividades, una serie de comportamientos que para nada tienen que ver con su comportamiento en vida silvestre, y que nada tiene que ver con el fin que los delfines tienen en nuestra naturaleza.

 “Lo que no se dice o lo que casi nunca se dice, es lo que se tiene que hacer para lograr que los delfines lleven a cabo estos actos circenses o lleven a cabo esta interacción, y sin tratar de satanizar a nadie ni tratar de culpar a nadie, por lo menos lo mínimo que se hace es condicionar y racionar el alimento, para que de manera reiterada puedan llevar a cabo los trucos o las suertes o las gracias que los vemos hacer en muchos lados.

“El delfín es un animal consciente de su existencia y de que es un individuo que existe y que socializa en familias cuando están en vida silvestre”.

Tan pronto de la tribuna bajó el diputado verde, el PAN lo atajó en voz de Jorge Triana Tena, quien dijo: “No conocemos los pros y no conocemos los contras. Por alguna razón tienen mucha prisa para aprobar este dictamen que no fue socializado con oportunidad”.

Entonces el panista centró al pvemista: “¿Cuál es la prisa? Sabemos que la prisa es ayudar a estos animales, que ya no estén en cautiverio, ¿por qué legislar al vapor? ¿Por qué legislar sin información?”

El panista se preguntó por qué al extremo de reformar la ley cuando ahí está la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa), que tiene “una delegación por estado e infraestructura y recursos millonarios para operar, cuando escasamente hay alrededor de 30 delfinarios en el país. ¿La Profepa no puede verificar 30 delfinarios?”

Y llamó Triana entonces “a no legislar sobre temas evidentemente electorales y que tienen que ver con una intención de construir una agenda para cacarearla más adelante”.

El perredista Juan Fernando Rubio Quiroz pidió lo mismo: Detener el dictamen, regresándolo a comisiones, para su revisión en serio”.

Se preguntaba Kathia María Bolio Pinelo, panista: “¿Qué pasará con los niños que requieren de este tipo de terapias?”

Un tufo barbotaba del dictamen. ¿Por qué tanta prisa, para aprobarlo incluso sin previo aviso. ¿Por qué tan facciosa la mesa directiva para pasar el dictamen a como dé lugar”, se preguntaba Verónica Delgadillo, del MC.

Lo faccioso había consistido en que un secretario de la mesa hizo pasar la revisión del quórum como suficiente para continuar la asamblea, cuando en realidad muchos creían haber visto una “evidente falta de quórum”.

Pero además, un grupo de señoritas del Verde andaban como tortolitas revoloteando en curules de algunos diputados, de otros partidos, pidiéndoles, “muy coquetas”, que votaran en pro. Y esto fue lo que calentó a la asamblea.

Verbigracia: Mariana Arámbula Meléndez, diputada panista, dijo: “Nos parece indignante que hablen de respeto (los del Pvem) cuando utilizan como carnada a una mujer. Están queriendo defender a los animales y utilizan a una mujer como carnada para una votación”.

Se agrió el atole. Jesús Zambrano dijo que se retirarían los perredistas del recinto. Le siguieron los del MC, también los de Morena, y al final los del PAN.

César Camacho criticó la retirada. Pero luego dijo algo que sonó a deslinde del Pvem: “Que cada quien, individual o partidariamente, se haga cargo de sus afirmaciones y las consecuencias
que traigan”...

¿Qué hay detrás de esa liberación de los delfines? Definitivamente no creyeron al Verde sus buenas intenciones. Se suspendió la discusión y continuará el martes.
06 Abril 2017 04:00:00
¿A quién, quiénes encubre la PGR en el corrupto caso Odebrecht?
Un punto de acuerdo mediante el cual el grupo parlamentario Morena planteó exhortar a la Procuraduría General de la República a investigar y cancelar las concesiones y los contratos que se otorgaron a la empresa brasileña Odebrecht, “porque vienen desde origen viciados”, fue ayer respaldado sorpresivamente por todos los partidos políticos, incluidos PRI y PAN.

Incluso, al titular de la PGR diversos opositores le hicieron un reclamo muy airado: Que haya decidido reservar los próximos cinco años la información que recibió en su viaje a Brasil, adonde Odebrecht ya confesó con cuánto y a quiénes corrompió en México para hacer negocios en el
sector energético.

En el párrafo tercero del punto de acuerdo, la Cámara de Diputados solicitó a Pemex que informe sobre el contrato de gas etano que tiene con Etileno XXI.

A la tribuna pasaron uno por cada grupo parlamentario; pero quien argumentó con mayor rigor fue Rocío Nahle García, diputada de Morena y la única especialista en petróleo entre los 500 legisladores.

“Etileno XXI”, comenzó la veracruzana, “es un complejo que se queda con el gas a 20 años a precio preferencial y que hoy Cangrejera, Pajaritos y Morelos, están parados porque no tenemos gas etano; y esto es a 20 años. ¿Ustedes se imaginan el desbalance energético? Es un daño patrimonial tremendo”.

Y la explicación, como nadie, de Nahle García:
“Éste es un caso de corrupción gravísimo. Marcelo Odebrecht llega a México en el 2006, se instala y empieza a ganar o hacerse de adjudicaciones y licitaciones.

Hoy sabemos que entró a Michoacán, que estuvo construyendo parte de la presa José Múgica, después sabemos que entró a Veracruz, a Hidalgo, a Guanajuato y que en todos tenía el mismo modus operandi. Modus operandi que utilizó en Pemex
y en la CFE.

“¿Cuál era el modus operandi? Sobornos, ilícitos. Participaba, se llevaba un contrato, por decir, 100 millones y a la mitad de la obra siempre, en todos, pedía ampliación de presupuesto y, en todos, se lo daban. Terminaba la obra costando el doble, subcontrataba, dejaba incluso empresas locales en mal, no les pagaba, trabajos de pésima calidad y era
una constante.

“Hoy este escándalo revienta en Brasil con la corrupción de Petrobras y de ahí se abre la caja de pandora en 15 países del mundo, todos latinoamericanos y dos en África, y en todos era lo mismo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos agarra a este señor, lo encarcelan, tiene 19 años de pena en Brasil y ya declaró. Esto que les estoy diciendo es confeso, ya lo dijo, y ya dio los nombres de quién sobornó, a quien le dio dinero.

“Y aquí en México mencionó, o lo único que se ha filtrado, es que dio 10.5 millones de dólares de sobornos a altos ejecutivos; a altos ejecutivos para tener contratos a modo. Pero el procurador ya voló a Brasil. Allá ya le dieron datos de lo que declaró porque Marcelo Odebrecht ya declaró, ya dio nombres. En Brasil, a finales de mayo, principios de junio, van a salir los nombres de las personas que sobornó.

“¿Cómo es posible que el procurador general de la República hoy dice que se va a reservar este informe, este reporte o la investigación por cinco años?
“Aquí le digo al procurador que de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, artículo 115, no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. No puede reservarse esta información.

“Si va a actuar así, que no aspire a ser fiscal, porque está encubriendo un nudo de corrupción, un nudo de contratos que se dieron. Tan sólo en Pemex tenemos registrados más de cinco mil millones de dólares en contratos. Eso cuesta una refinería y nos dicen que no hay dinero para las refinerías, y a este señor brasileño se le dio contratos para la construcción en la refinería de Minatitlán; en la refinería de Tula fueron mil 55 millones de dólares, en la de Salamanca.

“En el gasoducto Los Ramones, segunda etapa, son mil 200 millones de dólares; en el gasoducto Quetzal, que es el que piensan que va a ir a Guatemala, digo piensan porque no tenemos gas, son 800 millones de dólares; y en el proyecto de Etileno 21, que es de Coatzacoalcos, pues ahí reportan dos mil 500 millones de dólares.

“Todo esto se busca y hay financiamiento por parte del Estado; Bancomext, Banobras. Este señor se movió aquí como Juan en su casa. Hizo lo que quiso.

Corrompió a quien pudo y a quien quiso. Mínimo son cinco mil millones de dólares en Pemex más los estados. Todos, todos los contratos fueron por fraude, con corrupción, todos”.

Con la participación en pro del PRI, se dio por entendido que este caso de corrupción es asunto del sexenio de Felipe Calderón, en cuyos tiempos Odebrecht arribó
a México.

Y así advirtió el PRI en voz de Pedro Luis Noble Monterrubio: “Que no quede duda. El PRI, con su presencia en esta Cámara y con su participación en la dictaminación en estos exhortos, está enviando un mensaje fuerte y claro que no tolera ni solapará de nadie ningún acto de corrupción, se trate de quien se trate, de este o de pasados gobiernos”…

Lo que no supo explicar el PRI fue el porqué la PGR de Enrique Peña Nieto reservó cinco años la información que acaban de recibir de Brasil.
01 Abril 2017 04:00:00
La designación envilecida en San Lázaro de los tres consejeros del INE
Con la designación en la Cámara de Diputados de los tres consejeros del Instituto Nacional Electoral, el jueves 30 de marzo de 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto así como el PRI, PAN y PRD avisaban a la República que tienen todas las negras intenciones de reeditar las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 con tal de que Andrés Manuel López Obrador no llegue a Los Pinos; la primera, sellada por el robo de la elección, y la segunda, resellada por la compra del voto.

La Cámara de Diputados designó –con los votos de aquellos tres partidos políticos- la traída de consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral que permanecerán como tales del 5 de abril de 2017 al 5 de abril de 2026.
Son Diana Paola Rabel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez. Los tres, fueron sacados de la chistera de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Aunque, para ser precisos, en realidad quienes los eligieron fueron los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD.

Estos tres deberán rendir la protesta de ley ante el Consejo General del INE, el próximo 5 de abril.

He aquí la justificación del PRI, PAN y PRD. Y el posicionamiento de Morena, al que estarían dedicándole esta designación, para obstaculizarle su camino a la Presidencia de 2018.

El diputado priísta Edgar Romo García: “Creo que hoy, compañeros, la Junta de Coordinación Política dio un gran avance con la propuesta que emite este pleno; 152 aspirantes, participación abrumadora de la ciudadanía para fungir como consejeros electorales. De los 152 participantes, 43 fueron mujeres, 28 por ciento fueron mujeres. Hoy la propuesta es, el 66 por ciento mujeres y el resto hombres, dos mujeres y un hombre. Creo que esto habla de sacar adelante la participación de la mujer en los consejos electorales.

“El día de hoy creo que tenemos un gran motivo, primero para felicitar el gran trabajo que fue llevado a cabo en este complejo proceso de designación de consejeros electorales por el Comité Técnico, ajeno a esta Cámara de Diputados, que fue designado en días anteriores”.

Por el PAN habló José Hernán Cortés Berumen: “La integración de estas dos mujeres y un hombre cubren perfectamente bien el perfil; son personas con probidad demostrada, que están académicamente avalados y que podrían enriquecer este cuerpo colegiado que ya está funcionando, porque son 11 y solamente estaríamos nombrando tres para que continúen con esta organización de los procesos electorales.

“Sabemos la importancia que tiene el proceso electoral de 2018, sabemos la importancia que tiene para el sistema democrático contar con personas con probidad, experiencia y capacidad para desempeñar esos cargos y es por ello que las propuestas que se están realizando cumplen cabalmente con este objetivo”.

El PRD en voz de Hortensia Aragón Castillo: “El procedimiento que incluyó una comisión técnica para presentar el perfil de quienes integraron las quintetas, es un procedimiento que no corresponde incluso ni siquiera a la Junta de Coordinación Política, sino a esa comisión técnica establecida para ello”.

Argumentó en contra del priísta, panista y perredista, la diputada de Morena Norma Rocío Nahle García: “Hoy se van a designar tres consejeros electorales, que son los que van a ser árbitros en las siguientes elecciones pasando, por supuesto, de la del 2018, que es presidencial.

“Para esto se implementó todo un camino con un comité técnico, que estuvo contaminado por decisiones políticas. PRD, PAN y PRI designaron a quienes estarían en dicho consejo. De ahí, 152 personas se inscribieron y entraron en este sistema para hacer argumentaciones, entregar ensayos, dar entrevista y hacer examen. Un examen que el propio comité elaboró, ejecutó y calificó.

“Posterior a ello, nos hicieron llegar tres quintetas; tres quintetas de personajes que ellos consideraron viables. Pero al ver el resultado del ensayo y de los exámenes dejaron seis, siete personas con los mejores promedios, tanto en el ensayo como en las calificaciones fuera de las quintetas.

“El examen era de 40 puntos y nos presentan personas que tuvieron 26 aciertos, personas que tuvieron 30 aciertos. La máxima calificación fue de 37 aciertos de tres personas. Esas tres personas, ninguna es designada como consejero.

“Los ensayos también tuvieron una puntuación. Cuando revisamos los ensayos estas tres personas no tuvieron un resultado sobresaliente, no malo, pero no sobresaliente.

“Hoy vemos que Diana Paola Ravel es una propuesta directa del PRI; Jaime Rivera es una propuesta del PAN; y Beatriz Zavala, una propuesta del PRD. Entonces, todo este comité, toda esta calificación, todo este camino termina en un asunto meramente político.

“Por ejemplo, Diana Paola Ravel fue consejera en el Instituto Federal Electoral del Distrito Federal, eso marca su trayectoria, pero Diana Talavera, fue presidenta del Consejo Electoral del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal y no fue considerada. Ésta y otras más.

“Todo esto Morena argumentó en su tiempo y forma en la Junta de Coordinación Política, que era inadecuado, que no son los mejor seleccionados. Hay una persona que no sé su nombre, pero de seguro me está viendo, que es el folio 130, porque también los etiquetaron con folio a los que no pasaron por las quintetas. El folio 130, fue de los tres que tuvo mayor calificación. Fue de los que tuvo mayor calificación en su ensayo y ni siquiera pasó a las quintetas. ¿Qué consideró el comité? Pues la afiliación partidista, la simpatía. Y esos van a ser los árbitros electorales en la elección presidencial de 2018”.
31 Marzo 2017 04:00:00
“Fue perdiendo prestigio el Ejército por culpa de Calderón y Peña”
Oradora final fue Luisa María Calderón Hinojosa, hermana de Felipe Calderón. El presidente del Senado, Pablo Escudero, así dispuso el orden de participantes. Penúltima fue Layda Sansores. Discutían en torno de un tema inesperado que había presentado la rémora del PRI, el Pvem: Exhortar a la Conago para que emitiera su opinión sobre la Ley de Seguridad Interior, que la oposición califica de peligrosa para la República, porque abre la puerta a la dictadura militar.

La senadora Calderón cerró el inusual e inesperado debate, así: “Los panistas no tenemos nada que esconder, ni Felipe Calderón, (quien) vive en la misma casa de la que salió a la Presidencia de la República.

“La invito a que la conozca (se dirigía a Layda Sansores). Nada que esconder, ni vergüenza, ni siquiera debilidad. Tuvo la fortaleza de salir a atajar a la delincuencia organizada que era dueña de alcaldías y del Gobierno del Estado. A partir de la solicitud del gobernador del PRD, Lázaro Cárdenas, salió al estado de Michoacán a contener la delincuencia.

“No es novedad que la delincuencia organizada estuviera por ahí; tenía décadas guardada. Y según el historiador Luis Astorga, había nacido desde la Revolución, y había estado sometida, extorsionada, permitida o combatida, mientras había un solo partido. Por cierto, su papá era de ese partido,  senadora, cuando la delincuencia estaba sometida al gobierno único que existía.

(Luisa María aludió a Carlos El Negro Sansores Pérez, gobernador de Campeche de 1967 a 1973, presidente nacional del PRI en 1976, en los tiempos de Luis Echeverría).

“No es cierto que en la Ciudad de México no haya delincuencia organizada. Hay por lo menos 85 mil niñas explotadas por la delincuencia organizada.

“En Tepito se vende toda clase de drogas. Es mucho más fácil quedarse calladito, no decir nada, dejar que pasen, dejar que se adueñen, dejar que vendan tachas y más tachas en los antros para llevar la fiesta en paz.

“No es cierto que tenemos algo que esconder, lo que tenemos aquí, en este Senado y en los últimos 25 años es que no hemos querido dar nuestro brazo a torcer y entender que el problema es de México, del Estado mexicano, y si no alguien que se fajó los pantalones, que acudió a la solicitud del gobernador perredista, porque la delincuencia organizada se adueñaba no de los partidos, no ni siquiera de la venta de drogas, sino de las alcaldías, y ahí tenemos a Ayotzinapa, y ahí tenemos un montón de casos  dolorosos.  

“… No; no se trataba de ponerse débil, se trataba de ponerse valiente frente a una delincuencia organizada que se adueñaba de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales y si no se ha detenido estaríamos hoy en otras condiciones, nada que avergonzarnos tenemos los panistas, nada que avergonzarse Felipe Calderón, quien vive y va por la calle tan tranquilo, como seguramente  otras gentes no podrían ir. No hay nada que avergonzarnos.

“Yo insisto: es hora de o someternos a la delincuencia organizada o ser cómplices de la delincuencia organizada, o ponernos todos del mismo lado, esperando la opinión de los gobernadores, que seguramente están sufriendo amenazas de la delincuencia organizada por ponerse en orden y por eso aumenta la violencia, porque no se les someten, porque no se les cuadran, porque no los dejan pasar, porque no se guardan silencio y es hora de que todos nos pongamos del mismo lado y es del lado del Estado mexicano”.

 Layda Sansores, en tribuna otra vez: “Y mientras los priístas actúan con toda discreción, hoy el Verde, antes ‘chambelanes’, ahora ‘lacayos abiertos’, son los que la presentan, y aquí se envuelven en la bandera verde olivo los panistas, que tienen mucho qué ocultar, tienen mucho qué defender.

“Porque como dijo claro el Senador Bartlett, el  Ejército es respetable, quienes lo expusieron, fueron tanto Calderón, como Peña Nieto, obligándoles a hacer acciones a las que no estaban preparados y que no querían. Y permitimos que se desvirtuara, y que esta institución fuera perdiendo prestigio, porque ¡por favor! son seres humanos, no son impolutos.

“Y en los 10 años no hicimos nada para capacitar a la policía, y que sí hay buenos policías, aunque digan que no, hubo una AFI, que Genaro García Luna la hizo y la deshizo a su antojo, porque la quería pasar ahora a seguridad, esa policía funcionó y ya nos olvidamos de ella, no cumplieron con lo ofrecido.

“Tienen (en este debate) una obsesión ya compulsiva de López Obrador; se ve que les duele hasta el tuétano. Pero serenos, morenos, y ahí los veremos aquí en estas filas pidiendo chamba.

“…No podemos ser paleros de nadie, menos de un Presidente que en su debilidad se arrodilló ante los intereses extranjeros para hacer esta ley, como se arrodilló Calderón en su momento.

“Pongámonos ya a pensar que la Ley de Seguridad Interior no puede pasar y que hay que escuchar también a los ciudadanos, a las organizaciones civiles y a las víctimas de los abusos que ha habido por parte de gente del Ejército, no del Ejército. Y volvamos a darle al Ejército toda la fuerza, la respetabilidad y el cariño que ha tenido de este pueblo, así que no se confundan”.

Todo esto sucedió, por un descuido de los cúpulos, el jueves 23. Lo corrigieron: Fue acallado en tribuna el debate esta semana sobre la Ley de Seguridad Interior, que en este momento fraguan PRI, PAN y Peña en algún sitio oscuro y silencioso del Congreso.
30 Marzo 2017 04:00:00
EU ordenó a Calderón sacar al Ejército a las calles y Peña, acobardado, continuó
Correspondía el turno a Manuel Bartlett Díaz, en quien se había cebado Roberto Gil Zuarth hacía un instante. El yerno de Beltrones trastocaba todo para que los oradores golpearan con mayor sevicia a Andrés Manuel López Obrador. Pablo Escudero puso a Bartlett al final de la lista. Pero no pudo evitar que llegase el turno de Mario Delgado, senador de Morena, quien a Gil dijo:

“De veras que se necesita mucho cinismo para venir a hablar de resultados aquí y defender la gestión de Calderón en esta tribuna en materia de seguridad pública”.

Pero no era a Delgado a quien Gil esperaba, sino a Bartlett, a cuyo turno todavía el yerno de Beltrones interpuso a cinco oradores; uno de éstos, Enrique Burgos García, ex gobernador de Querétaro y argumentador de peso completo del PRI.

Burgos dijo: “Aquí alguien mencionó: ‘Yo fui gobernador’. Yo también, yo también lo fui, y debo decirles que por testimonio propio, y hay varios gobernadores aquí, puedo decirles que en circunstancias complejas, en otro tiempo, pero complejas, siempre estuvo al lado el Ejército mexicano”.

Burgos había aludido a López Obrador y a Bartlett, quien llegado su turno, comenzó: “Es verdaderamente ridículo el manejo de esa interminable sesión, todo para criticar a Andrés Manuel López Obrador. Qué vergüenza; sí están muy asustados, y tienen razón (en estarlo), pero no por eso hagan el ridículo.

“Burgos dice que no queremos las instituciones. No. El Ejército es respetable, el Ejército ha hecho grandes tareas en beneficio del país;  los que no se merecen el respeto son los dos presidentes que lo han metido en el lodazal, no el Ejército, los soldados, eso, son pueblo, hombre, es esa necedad de  meter al Ejército a donde no debe de estar y poner en
riesgo al país.

“Gil fue secretario particular de Calderón, por eso sabe a lo que yo me refiero; sabe que (la Ley de Seguridad Interior) es una imposición de los Estados Unidos, usted lo sabe, está firmado, se llama Plan Mérida.

“Calderón cedió a los Estados Unidos, que son los que le ordenaron a Calderón meter al Ejército a una tarea que no es la suya. Y lo he dicho mil veces, pero además no tengo que demostrarlo, el Plan Mérida firmado por Calderón, es en el comercio de Estados Unidos el que nos tiene controlados y nos revisan si lo hacemos bien o lo hacemos mal, y nos dan tres pepinos para que nosotros nos gastemos miles de millones comprando armamento… ¡a los Estados Unidos, claro!

“Hay que reconocer que Gil, con toda lealtad, viene a defender a Calderón; pero, los miles de muertos, las pruebas de los desaparecidos; pero la locura que fue esa guerra, esa no la puede usted borrar, porque ha sido una tragedia humana. (Y ahora) viene usted diciendo que Andrés Manuel López Obrador le faltó el respeto porque se retrató con Abarca…

“Las acciones de Calderón hundieron a este país y al Ejército mexicano en una tarea que no le corresponde para favorecer a los intereses de los Estados Unidos, usted lo sabe porque estaba ahí en la puerta de Calderón.
“Pero tampoco lo va a borrar el PRI, porque Peña Nieto siguió lo mismo, han seguido lo mismo, y entonces ahí tenemos a otro priísta (César Camacho Quiroz) que saca una  ley igual que la de usted (Gil), y ahí se van las dos, porque son para defender herencias de terror que dejan Calderón y Peña Nieto en México. Ahora van a militarizar al país.

“…Un asunto que sí le recomiendo al señor Senador Gil, ex secretario particular que anda rascando en la historia, que la estudie verdaderamente; yo sí conozco la historia, yo no dictaminé, no señor, ese fue Jackson, de común acuerdo. Es una iniciativa que impulsó Enrique Jackson en constante vinculación con el Senador Diego Fernández de Cevallos, el que mandaba en un pri-panismo ahí, PRI y PAN.
“Esa (la Ley de Seguridad Interior) es una iniciativa que le recomendó a usted. Es una iniciativa que viene de los Estados Unidos.

“Después de las Torres Gemelas (11 de septiembre, 2001), Estados Unidos cambia su doctrina en seguridad y establece como principalísimo tema el terrorismo, que no tenemos, afortunadamente por ahora, el crimen organizado.

“Después de las Torres Gemelas, cambia su doctrina de seguridad Estados Unidos y la impone a toda América Latina.

“Entonces, la Patriot Act, se impone en la OEA, a todos, y de ahí surge esa reforma todavía disfrazada. Y surgen toda una serie de medidas como son el incrementar los delitos penales para defender a sus empresas.

“La voluntad de los Estados Unidos es que los ejércitos de América Latina cuiden a sus empresas mineras, a sus empresas petroleras, a sus empresas eléctricas, y entonces han impuesto a quienes se sometieron a los
Estados Unidos como Calderón cuando firmó con ellos el Plan Mérida. Es un hecho, no lo pueden negar.

“Busque los antecedentes de esa reforma de Enrique Jackson y Fernández de Cevallos, búsquela, ahí se va a dar cuenta que es ese recorrido de la Patriot Act y la creación del Coleman Security, que por cierto el de Coleman Security acordaba con Calderón.

“Pero igual es Peña Nieto, quien siguió sin mover un dedo para que no lo regañaran. Nos han colonizado, y han convertido a nuestras honorables fuerzas nacionales, absolutamente respetables, en una maquinaria de matar”.
Casi finalizaba el debate: turno entonces de la hermana de Felipe Calderón y Layda Sansores.
(Continuará)
29 Marzo 2017 04:00:00
Los motivos de Gil (y Calderón) para presentar la Ley de Seguridad Interior
Lo que se debatía el pasado jueves 23 era un Punto de Acuerdo para pedir la opinión a la Conago sobre la Ley de Seguridad Interior, un proceso legislativo que es de tanta gravedad e importancia para la vida de México como lo fue la reforma energética en agosto de 2014. Roberto Gil Zuarth, senador del PAN –autor de una de esas dos iniciativas de ley que la oposición juzga que terminarán por afincar a una dictadura militar–, alegó:

“Y se les olvidó que no formó policías, se les olvidó que no depuró a ministerios públicos, se le olvidó los altísimos índices de impunidad que dejó a su paso por esa lamentabilísima gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México”.

Y remachaba Gil: “Los desaparecidos están en la conciencia del señor Andrés Manuel López Obrador, que hacía campaña con el señor Abarca”.

Exhortar a la Conago que opine sobre la ley de marras había servido de pretexto para que 17 oradores, de 25, se empeñaran en golpear a Andrés Manuel López Obrador. Gil Zuarth continuó: “Qué bueno que don Manuel Bartlett hizo referencia y relación a la evolución de nuestras instituciones, porque esta es la tercera ocasión en la historia contemporánea que el Congreso de la Unión, que la política, abrió una reflexión sobre la relación de las fuerzas armadas con los poderes civiles y sobre los alcances de su atribución en sus facultades”.

Roberto Gil Zuarth insistió: “La primera vez, al inicio del siglo XX, después del episodio revolucionario, a propósito de la profesionalización de las milicias con el objetivo fundamentalmente de pacificar la lucha entre las fracciones revolucionarias, fue la primera ocasión en la que hubo un esfuerzo del estado mexicano por profesionalizar e institucionalizar las fuerzas armadas.

“La segunda ocasión fue en la última etapa de los años noventa y principios de los 2000; más o menos a partir de 1996, cuando se decidió que las instituciones, las fuerzas armadas formaran primero parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, año de 1996 y después cuando se tomó la decisión de modificar la Constitución para incorporar la función de seguridad nacional en el artículo 89, fracción VI, una reforma constitucional que estaba motivada por la presencia cada vez más intensa del crimen organizado”.

Roberto Gil aludía los tiempos calderonistas, cuando salió a la calle el ejército: “Nos empezamos a dar cuenta como país que la delincuencia organizada, en aquel momento asociada a narcotráfico, era un problema de seguridad que exigía una escala de respuesta mayor que la distribución de competencias hasta entonces vigente que dejaba en manos de los estados la respuesta primaria del estado mexicano”.

Se incluía el senador. ¡Y cómo no! Fue el secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Gil siguió: “Dijimos en los años noventa… ya se imaginarán quién estaba en el gobierno, dijimos en los años noventa que la delincuencia organizada tenía que ser materia federal, que las fuerzas armadas tendrían que ser parte de ese esfuerzo, incorporamos al texto constitucional las función de seguridad nacional en sus dos dimensiones, seguridad interior, defensa exterior, hicimos una Ley de Seguridad Nacional que, por cierto, don Manuel dictaminó como integrante de la Comisión de Gobernación del Senado de la República”.

¿Era Gil o Calderón quien hablaba? Era, ni más ni menos, la justificación con que Felipe sacó al ejército de los cuarteles hace exactamente 10 años. Gil Zuarth añadió: “Desde 2004 y 2005 es una responsabilidad de las fuerzas armadas concurrir al esfuerzo del estado mexicano para contener a la delincuencia organizada”.

Gil tenía en su mente a Manuel Bartlett. A él dedicaba ahora su oratoria: “De ahí que no valga decir que son a ocurrencia de una administración sin un deber legal, que por cierto los que entonces estaban en el PRI y los que entonces estaban en el PRD votaron a favor”.

Tribuna a pasto para Gil. Presidía el yerno de Beltrones. El secretario particular de Felipe Calderón concluía así: “Lo que Acción Nacional pretende en sus iniciativas es establecer un procedimiento para hacer valer la responsabilidad federal en el combate y contención a la delincuencia organizada, de eso se trata la Ley de Seguridad Interior.

“Voy a dar dos datos: En 2012 había 75 bases de operación mixtas en materia de seguridad pública en el país, hoy hay 142; había mil 680 efectivos militares desplegadas en esas 75 bases mixtas, hoy hay poco más de tres mil 386 personas, efectivos militares en esas bases mixtas.

“Antes, el despliegue militar estaba en cinco estados fundamentalmente; hoy está en 24; se está regulando por convenios que implican una contraprestación por parte de los estados y, lo peor, la iniciativa privada (sic) paga los cuarteles de los militares, y eso es lo que está pasando en nuestro país, por eso se tiene que racionalizar un instrumento que tiene el estado mexicano, que son sus fuerzas armadas.

“Nosotros estamos en el convencimiento, en la intención republicana de someter un poder público, las fuerzas armadas a la disciplina de la ley, de eso se trata nada más y nada menos la Ley de Seguridad Interior”.

Arguyó así Gil Zuarth los motivos por los cuales presentó su iniciativa aquella, que diputados y senadores de Morena, PT, PRD y Movimiento Ciudadano miran como la puerta por donde volvería a entrar la dictadura militar en México. Un empoderamiento militar evocador de los tiempos pre revolucionarios de 1910. Pero ahí venía a la tribuna otra vez Manuel Bartlett Díaz…
(Continuará)

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