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Vicente Bello
Vicente Bello
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24 Febrero 2018 04:00:00
Las celadas que preparan PRI, PAN y PRD al puntero presidencial
El Senado de la República aprobó el jueves 22 un punto de acuerdo en el que exhorta al Instituto Nacional Electoral (INE) “deje sin efectos el acuerdo INE/CG112/2018, aprobado en sesión extraordinaria el 19 de febrero, a fin de que prevalezcan los derechos humanos a la libertad de expresión y difusión de ideas y a la información”.

¿Qué han querido decir con esto quienes lo aprobaron (PRI, PAN, PRD, MC, PVEM y PANAL)?

Quienes lo propusieron fueron los coordinadores parlamentarios Emilio Gamboa Patrón, del PRI; Fernando Herrera Ávila, del PAN; Luis Sánchez Jiménez, del PRD, y Carlos Puente Salas, del PVEM, y la finalidad no ha sido otra que dar un empujón a Andrés Manuel López Obrador a que salga a debatir en los medios televisivos con José Antonio Meade y Ricardo Anaya justo en este periodo electoral conocido como el de las “Intercampañas”.

El tabasqueño, a quien cualquier tipo de encuestas lo sigue colocando como el hipotético próximo presidente de México, se ha amarrado al mástil que le pusieron las leyes electorales, y cada que los precandidatos del PRI y PAN lo retan a salir a media plaza a darse de navajazos con ellos, él dice que no, porque violaría las normas electorales que impusieron, precisamente, el PRI y el PAN, mismas que ha interpretado el INE en el acuerdo aquel que ha citado el Senado de la República el pasado jueves 22, para los efectos de este exhorto.

De acuerdo con dicho acuerdo, el INE prohibió tajantemente que los precandidatos en tiempos de Intercampañas (ésta concluirá el último día de marzo próximo, cuando comiencen las campañas) salgan a hacer campaña o a hacerse propaganda.

Andrés Manuel López Obrador ha interpretado, a su vez, que dicho acuerdo ha prohibido hasta las entrevistas con medios de información. En tanto que Meade y Anaya dicen que no están prohibidas las entrevistas. Y que podrían debatir en noticiarios de radio o televisión.

Algo así como celadas para los precandidatos, porque podrían acusar a cualesquiera de ellos de estarse placeando indebidamente en este momento de Intercampañas.

El problema que en este momento tienen los precandidatos del PRI y el PAN es grave: El segundo lugar, Anaya, está cuando menos a 10 puntos de distancia del primer lugar, que es López Obrador. Y, en el otro extremo, hay encuestas que ya sitúan a AMLO a más de 20 puntos de distancia del que le sigue.

Meade y Anaya están que se los carga la malinche. Si se dice que se ven desesperadísimos, es poco. Y pugnan por encontrarse de frente con Andrés Manuel para provocarlo y a ver si metiéndole el pie lo hacen retroceder unos puntos, y ellos –esto pretenderían- suben algún puntito.

Ha sido fuerte el acoso que ha sufrido estos días Andrés Manuel López Obrador por conductores de noticiarios televisivos y radiofónicos de la ciudad de México, identificados claramente como progobiernistas. O mejor aún: Como pro priístas y pro panistas.

Casi le mientan la madre a Andrés Manuel para ver si responde y va a sus noticiarios, adonde lo esperan con unas ganas de romperle la madre pero en serio. Suerte de Guajardos de la comunicación que pretenden, a toda costa, a ultranza, a huevo, hacer que llegue AMLO para entregarlo a las preguntas previamente orquestadas en la presidencia peñanietista y en el PRI y en el PAN.

Cuando lo invitan se les nota la desesperación y el encabronamiento que deviene ante la frustración de un precandidato que ya se les fue, al parecer, y no lo pueden alcanzar.

Y como el precandidato de Morena no va, no ha ido, pues ahora desde los territorios del Senado de la República han salido el PRI, PAN, PRD y rémoras que les acompañan a exhortar al INE para que, retirando el acuerdo de marras, ahora sí López Obrador ya no pueda negarse a salir a debatir en espacios de comunicación que históricamente han procurado siempre de meterle el pie y derribarlo.

Todo, eso sí, en aras de que “prevalezcan los derechos humanos, la libertad de expresión y difusión de ideas y la información”.

Entonces comenzarían a ponerlo a tiro de Meade y Anaya, quienes se le echarían de a montón para bajarlo a como diera lugar. Para esto han exhortado los senadores al INE.

Sin embargo, tal parece que el PRI, PAN y PRD apuestan alto y sin paracaídas.

El precandidato de Morena da la impresión de estar blindado contra cualquier dardo envenenado, en tanto que los precandidatos del PRI y PAN cada día que pasa se desnudan más y más.

El PRI y la presidencia de Enrique Peña Nieto tienen sometido a Ricardo Anaya, precandidato del PAN, PRD y MC, bajo una fuerte madriza. No ve lo duro ya, sino lo tupido. Anaya nomás no puede echar para atrás la acusación de que lava dinero y es un ladrón de marca mayor.

Y José Antonio Meade no puede responder con dignidad cuando es acusado de ser cómplice de robos al erario público por cantidades verdaderamente astronómicas.

¿Quiénes del PRI y el PAN podrían confrontar a un Andrés Manuel López Obrador que dentro y fuera del país ya consiguió hacerse de una imagen de honrado hasta las cachas?

Por el momento, avanzan en sus pretensiones de emboscar al puntero presidencial. Ya no son solamente los orgánicos de las oficinas de comunicación social de la presidencia de la República quienes lo retan; ahora también ha sido la Cámara de Senadores. Veremos.
23 Febrero 2018 04:00:00
Danzón dedicado a dueños de terminales de autobuses
¿Desde cuándo los sanitarios de las terminales de autobuses del país no son gratuitos?, ayer se preguntaban los diputados cuando aprobaban una modificación al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para que vuelvan a serlo: gratuitos. Y limpios.

“Se trata sencillamente de plasmar de manera explícita que las terminales de pasajeros deberán de contar al menos con zonas de ascenso, de espera y de descenso, al igual que instalaciones sanitarias sin costo para los pasajeros”, argumentó Alfredo Javier Rodríguez Dávila, panista de Nuevo León que es también el presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados.

Y apostillaba: “Es cierto también que en la realidad varias de las terminales no cumplen con ninguno de estos elementos. No debemos olvidar que quienes administran las terminales obtienen un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ese permiso es para brindar un servicio público”.

Y volvía a remachar: “También vemos en muchas terminales, y sobre todo en ciudades pequeñas, que están cobrando por tener acceso a los sanitarios a las personas que menos tienen”.

Era un tema que parecía, por antonomasia, ser objeto de unanimidad. Pero no fue así, porque no faltó el que votara en abstención (uno) y tres en contra.

Gonzalo Guízar Valladares, del Pes, afirmó: “Creo (el tema) que tiene una gran trascendencia, para los usuarios, para todos nosotros cuando vamos a una terminal de autobuses, cuando no hay ascenso ni descenso ni mucho menos servicios sanitarios gratuitos.

Para Guízar, esta ley debe ser el comienzo de una revisión amplísima sobre cómo las empresas han estado cargando a la espalda del usuarios, servicios que deberían ser gratuitos, o ser considerados un “plus” de la empresa. Y ejemplificaba con los estacionamientos de los centros comerciales. Y con las autopistas, que deberían ser un servicio prestado por el Estado mexicano. “Servicios que cada día son más cargados a la economía familiar”.

Y decía también: “Es totalmente una contradicción. Se está desgastando la economía familiar, el presupuesto familiar, los ingresos, los salarios. Sin embargo, de manera inversamente proporcional, se incrementan los servicios que le cargan al ciudadano y que no debiera ser.

“Es una incongruencia en términos económicos, de tal suerte que aparte de la crisis, aparte de la inflación, se les agrega a los usuarios una carga adicional que debería ser parte del servicio, en este caso privado o público. Esto es lo que nosotros tenemos que regular y de esto se trata este dictamen, de alivianarles la carga a los ciudadanos”.

Saeteó Jesús Méndez, de Nueva Alianza: “En la presente administración se han invertido más de 38 mil millones de pesos en la modernización de carreteras federales, ello es muestra de la importancia que se ha dado al mejoramiento de la infraestructura en esta materia; sin embargo, es preciso que también se renueven las terminales de pasajeros que en muchas ocasiones no cuentan con las instalaciones adecuadas para prestar un servicio de calidad”.

He aquí la importancia del auto transporte terrestre, según Samuel Rodríguez, del Pvem: “En México, moviliza aproximadamente el 98 por ciento de los pasajeros, quienes a su vez representan el 75 por ciento del total registrado respecto al uso de servicios de traslado, tanto de personas como de mercancías. Y genera 3.5 millones de empleos directos e indirectos”.

Concepción Villa, diputada de Morena, dijo respecto de los dueños de las terminales terrestres: “Todas las grandes centrales de transportes foráneos de pasajeros han concesionado el servicio sanitario, lo que genera un costo para el usuario.

“Desde hace varios años se ha cuestionado el cobro del servicio, los argumentos que lo apoyan sostienen que el dueño del lugar solo está obligado a construir baños en instalaciones y no está obligado a encargarse del servicio. También argumentan que el cobro es razonable para obtener recursos y poder dar mantenimiento a los servicios sanitarios, de manera que estos se mantengan en condiciones sanitarias aceptables.

“Señalan que la tarifa por el uso del servicio sanitario en una terminal de autobuses es independiente de la tarifa por el uso de las unidades de transporte, es decir, solo se cobra si se usa el servicio.

“Consideramos que no necesitan cobrar el servicio para mantenerlo en óptimas condiciones, ya que el arrendamiento que cobran a los transportistas y comercios, y necesariamente incluye los costos del mantenimiento de toda la terminal. Así, en cada artículo y boleto que compran los usuarios, pagan de manera anticipada el uso de los servicios sanitarios y las salas de espera, entre otras instalaciones”.

María García, del PRD: “Contar con infraestructura e instalaciones para quienes viajan de una ciudad a otra dentro del país, tanto para el ascenso y descenso de pasajeros, como las instalaciones sanitarias, constituyen una garantía de la calidad con que el Estado asegura la adecuada movilidad de las personas”.

El PAN, en voz de Víctor Castillo: “Esto es un reclamo de la ciudadanía respecto a las condiciones que presentan algunas terminales de autotransporte, las cuales se encuentran en malas condiciones al no contar con los espacios suficientes para el ascenso, descenso y espera de los viajeros.

“Hay terminales de pasajeros donde los servicios sanitarios presentan serios problemas de higiene y de salubridad. O en su caso, se cobra por dichos servicios. Y que de acuerdo al Reglamento vigente deberían ser gratuitos”.

¿Y qué dijo el PRI? En voz de Pedro Coronado, habló del kilometraje de las carreteras construidas. Y de que son estratégicas para el país, sin mayores explicaciones. El dictamen, aprobado, se turnó al Senado.
22 Febrero 2018 04:00:00
La terca realidad transfigurada en pesadilla de Peña Nieto
El pasado día 12 en Nogales, Sonora, el presidente Enrique Peña Nieto recriminó a ese sector de la sociedad que no reconoce los avances y logros que se han tenido en cinco años de su administración.

Fue cuando calificó de “irracional” el enojo social que envuelve como una frazada a su gobierno. Y durante la inauguración de un hospital del IMSS, sostenía Peña Nieto: “Hay que tener memoria de dónde estábamos hace seis años y dónde estamos ahora sin dejar de ser autocríticos, reconocer los rezagos y lo que nos falta por avanzar”.

Y añadía: “Pero es de destacar a esta distancia los grandes avances logrados sobre todo en uno de los ámbitos más importantes, que es el de la salud”.

Ya encarrerado, el presidente Peña Nieto decía también: “Soy el primero en reconocer rezagos, pero también el primero en demandar de manera comedida a la población que sepamos reconocer esos avances, logros y beneficios que se han venido obteniendo”.

Y se ponía a hablar entonces de que a estas alturas de su administración se ha alcanzado una cifra histórica: “Más de cuatro millones de empleos”. Y todavía más: en enero de 2018, al IMSS se le han incorporado 113 mil 722 nuevos empleos, 36 por ciento más respecto de la cifra de enero del año anterior.

No pasaron muchos días para que el otro México, el que invisible es a los ojos de quienes ejercen el poder público, lo alcanzara y lo vapuleara, colocándolo contra las cuerdas de una realidad necia, terca, que se empecina en llevarle las contras al discurso oficial.

Anteayer, la Auditoría Superior de la Federación (el órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de revisar estados financieros de cuantas entidades reciban recursos federales) soltó un fogonazo de marca mayor: reveló que “entre el 2012 y 2016 fue descubierto un presunto desvío de recursos públicos por 6 mil 879 millones de pesos”.

En el tercer informe de resultados para analizar la Cuenta Pública del 2016, la ASF detectó que dichos desvíos pasaron, en su mayoría, a través de un portillo a ras de suelo:

“Con la pretensión de evadir la Ley de Adquisiciones del Sector Público, servidores públicos sin escrúpulos se inventaron un mecanismo de desvío que consistía en la subcontratación de empresas privadas por parte de una dependencia pública”.

Juan Javier Pérez Saavedra, auditor federal en funciones, dijo a los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación: “Burlan Ley de Adquisiciones con triangulación y subcontratación de obra y servicios”.

Y apostillaba: “La subcontratación de empresas privadas y asociaciones civiles por parte de una dependencia pública que debe prestar un servicio a otra dependencia se ha consolidado como un mecanismo para el desvío de recursos públicos”.

Y ejemplificaba: “Este mecanismo ha permitido a Secretarías de Estado, universidades públicas y gobiernos de los estados y municipios el desvío de 6 mil 879 millones de pesos mediante contratos que amparan supuestas consultorías, asesorías y otros servicios relacionados, pero que no se comprueban o no se llevan cabo”.

México como país corrupto, que trepó en este sexenio niveles mundiales no vistos nunca, fue colocado ayer en Francfort, Alemania, en un informe de Transparencia Internacional en el sitio 135, de 180.

Según un cable de AFP, la organización de marras ha afirmado que el mundo “no hace esfuerzos para combatir la corrupción”. Y en su índice anual, asegura que, respecto de América Latina, sólo gana a México el país de Venezuela, en el sitio 169, y Nicaragua en el 151.

Por cierto, en ese lugar 135, junto con México, Transparencia Internacional ha colocado a República Dominicana, Honduras, Paraguay y Rusia.

En cambios, entre los países menos corruptos de América Latina figuran, en el sitio 23, Uruguay; le sigue Chile en el lugar 26; Costa Rica en el 38; Cuba en el 62; Argentina en el 85; varios están en el sitio 96: Brasil, Perú, Panamá y Colombia.

El sitio 112: Bolivia y el Salvador. En el 145 está Guatemala; 151: Nicaragua.

La corrupción es un tema que ha evadido el Congreso de la Unión. Tiene pendiente todavía la culminación de las leyes que tienen que ver con el sistema anticorrupción.

En julio de 2017, cuando Armando Ríos Píter, senador sin partido, se comenzaba a placear como precandidato presidencial independiente, presentaba una lista de 13 temas pendientes en el Sistema Nacional Anticorrupción.

He aquí: “Eliminación del fuero (incluido el Presidente de la República). Fortalecimiento del sistema de Participación Ciudadana. Incorporación de dos instituciones clave del sistema hacendario: Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Incluir el Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

“Conflicto de Interés. Publicidad de declaraciones patrimoniales. Servicio Civil de Carrera. Responsabilidad penal de personas morales involucradas en actos de corrupción. Eliminación de uso de dinero en efectivo en actividades gubernamentales y campañas políticas.

“Ajuste del diseño y ampliación de las facultades e infraestructura para la operación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) en materia de combate a la corrupción. Incorporación de mecanismos presupuestales preventivos que incluyan metas e indicadores de gestión de los programas gubernamentales. Asimismo aprovechar el ejercicio del Presupuesto Base Cero.

“Definición de mecanismos de coordinación de esfuerzos de los órganos del Sistema Nacional Anticorrupción con las instancias locales en las entidades federativas. Y definición de las causales de remoción de los fiscales anticorrupción para garantizar una verdadera autonomía”.

¿Habría algo que festejar al gobierno de Peña? Evidentemente no en combate a la corrupción.
21 Febrero 2018 04:00:00
PRI y PAN tuercen comisiones para debilitar aún más el control político
PRI y PAN se agarraron de las manos otra vez en el Senado de la República y se pusieron a hacer marranada y media a la oposición. La peor de todas acaso ha sido la creación de una mayoría hechiza en el seno de la Comisión del Trabajo: De siete integrantes han pasado a nueve con el propósito de hacerse estos dos de una mayoría, que no tenían, justo cuando están por comenzar la revisión de una reforma al 123 constitucional.

He aquí partes medulares de quienes respingaron en contra de los movimientos que en comisiones prohijaron priístas y panistas:

Dijo Manuel Bartlett Díaz, del Pt: “La Comisión de Trabajo, según este acuerdo, que es absolutamente contrario al Reglamento y, por tanto, ilegal, actualmente tiene el PRI cuatro integrantes, el PAN uno, el PT uno, sin grupo uno.

“Miren como inventan, se crean dos más. ¿Quién autoriza que se creen dos más, dos para el PRI y dos para
el PAN?

“Nadie acordó esa creación de dos más, ni se ha explicado, ni se ha discutido en ningún lado.

“Pero, además el resultado que tiene esa creación misteriosa nos da que en esta Comisión de Trabajo que va a tener decisiones importantes próximamente aparece que el PRI cinco, con estos dos que están inventando y el PAN tiene tres, con los dos que están inventando, PT una, eso sí, se queda tal cual. O sea, llega nueve.

Eso es inaceptable, es ilegal, no estamos de acuerdo.

Y si lo votan los compañeros, si lo somete al presidente a votación, están violando el reglamento abiertamente.

“Si están inventando dos para el PAN y dos para el PRI en la Comisión de Trabajo y con eso crean, bueno, un amasiato ahí absolutamente indecoroso”.

Otro senador del Pt, Luis Humberto Fernández Fuentes, dijo: “Quiero poner el acento en la gran atrocidad que se está haciendo en la integración de la Comisión del Trabajo.

“En este momento estamos dando una mayoría artificial, sin ninguna lógica política, al PRI en esta Comisión del Trabajo que pasa a nueve Senadores de los cuales cinco son del PRI, y esto no hace más que anunciar la intención de aprobar una ley tan infame como nefasta y dañina que es la contra reforma al artículo 123, que a través de una nefasta reglamentación que está propuesta se quiere dar marcha atrás en estos avances.

“No, señores, no se trata nada más de la integración de las comisiones, de lo que está de fondo es que se está cocinando una infamia para hacerlo en fast track y no cumplir los requisitos que demandaría una ley de esta trascendencia, como sería parlamento abierto y un debate intensivo.

“Por eso le pido a la Junta de Coordinación Política algo que nuevamente lo vuelvo a pedir y no se da, este es el acuerdo, no hay razones, no hay fundamentos, me encantaría conocer cuáles fueron los criterios de interés público para subir en este momento de la Legislatura a nueve integrantes de la comisión, no lo conozco, no viene.

“¿Qué gana el país al incrementar el número de legisladores en la comisión? No lo conozco, no viene. Esto viola la Constitución”.

Emilio Gamboa Patrón fue a la tribuna. Ida inusual. Le urgía acabar con el tema. A punto estaba de llegar al recinto la delegación de parlamentarios canadienses, que participaban en la 21 Reunión Interparlamentaria México-Canadá.

Matrero hasta las cachas, Emilio Gamboa Patrón dijo al Pleno, a propósito de lo que denunciaban los petistas: “Creo, y se los digo de verdad, que el debate que hoy se ha dado, que he escuchado con gran atención, me obliga a decir que si no hay equidad en alguna de las comisiones, le pido a la presidenta de la Junta de Coordinación Política que lo revisemos en la próxima junta, comisión por comisión, ahí están representados los coordinadores y ahí podemos definir dónde no hay equilibrios.

“Y aquí se dijo, la Comisión de Trabajo está profundamente desproporcionada a favor del PRI, modifiquemos, soy el primero en decir: ‘Busco el equilibrio dentro de las comisiones’.

“Pero cuando empezamos, quiero recordarle al presidente de la Mesa Directiva, en ese entonces presidente del Senado de la República, igual que hoy, coordinador del grupo parlamentario del PAN, a nuestro amigo que pidió licencia, a Miguel Barbosa, coordinador del PRD, que nos juntamos los tres.

“Y el Senador Bartlett y Carlos Puente, que no está aquí, no se juntaron, y coincido, Senador Bartlett, con ese no, representaban cinco senadores, todos importantes igual que yo, el voto de cada uno de ustedes y de cada una de ustedes es igual que el de cualquier compañera y compañero, y tomamos decisiones de acuerdo al número de Senadoras y Senadores que representaban los grupos parlamentarios, y es otro acto profundamente democrático.

“No fue fácil, y buscamos el equilibrio, y el PRI pudo, quizás, ganar un poco más de comisiones; sin embargo, buscando la gobernanza, que es lo que hemos venido construyendo cinco años y medio, y lo hemos hecho bien, escuchando con claridad, con atención cada una de las posturas de mis compañeras y de mis compañeros con pleno respeto a lo que aquí opinan, a lo que aquí vienen a decir, a sus tesis, en lo que creen”.

Y con la promesa del priísta se pasaron al siguiente orden del día: La recepción de los canadienses. Ya se verá cómo explica el PRI su aumento de integrantes en la Comisión del Trabajo.
20 Febrero 2018 04:00:00
El vergonzoso camino del Congreso de la Unión
Más que fabricar leyes, la tarea fundamental del Congreso de la Unión es servir de contrapeso constitucional en todas las acciones de los otros poderes de la Unión y de los poderes autónomos. Principalmente en el ejercicio del Ejecutivo Federal.

Esto no lo ha hecho el Congreso de manera habitual. Más bien ha sido un alcahuete de quienes ejercen el poder público en México. Un auténtico cómplice de muchas acciones de poder contrarias al interés nacional.

Las dos Cámaras han hecho un papel desastroso, funesto para el país, en la medida de que han sido secuestradas por mayorías virtualmente criminales que se han puesto a legislar para beneficiar a minorías económicas poderosas, de dentro y fuera del país. De manera muy especial en la 62 Legislatura, cuando fue aprobada la reforma energética con las peores trampas y el mayor cinismo. Y en ésta, la 63, cuando lo único que han hecho es simular un control político.

Convertirse en un verdadero contrapeso constitucional es el reto principal que tiene la 64 Legislatura, cuyos integrantes están en cierne ahora, cuando los partidos políticos han comenzado a dar a conocer las primeras listas de quienes contenderán para diputados federales y para senadores de la República.

Desde la 57 Legislatura (1997-2000), ya ninguna fuerza política ha conseguido tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Y tampoco en el Senado a partir de la 58 (2000-2003).

En 1997, el PRI perdió por primera vez en su historia la mayoría absoluta. Una mayoría que se consigue teniendo, cuando menos, uno más allá de la mitad de los 500 legisladores. Es decir, 251. O más, como era el caso del PRI, que llegaba a tener incluso más allá de los dos tercios (334), suficientes para cambiar la Constitución sin necesidad de negociar con los opositores.

Para el PRI, tener dos tercios de las Cámaras significaba un amplísimo poder. Pero también lo tenía cuando conseguía la mayoría absoluta solamente: Más de 251 diputados.

A partir de la 57 legislatura, el PRI inauguró una nueva forma de negociar con los partidos políticos, en su afán por conseguir una u otra mayorías. La de mayoría absoluta para reformar leyes secundarias; la de mayoría colegiada (dos tercios) para reformar la Constitución.

¿Y cómo era esa negociación? Sigue siéndolo: Buscó la alianza con partidos que le permitían alcanzar la mayoría absoluta y la mayoría colegiada.

Para la primera, desde 1997 utilizó al Pvem y, en aquella Legislatura, a un partido seudoizquierdista conocido como el “ferrocarril” por sus farragosas siglas: Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

Y para alcanzar la mayoría de los dos tercios, además de sus rémoras, siempre utilizó al Partido Acción Nacional (PAN).

A todos ellos los corrompió. Los prostituyó. A lo largo de estos 20 años si algo ha logrado el PRI es que abunden los prostitutos políticos en las filas de la oposición. Así comenzaron a ocurrir procesos legislativos terriblemente infames. De vergüenza. Dolorosos para la mayoría de la población.

Una de esas primeras negociaciones fue la transfiguración de la deuda privada (fobaproa) en pública (nacimiento del Ipab). Y para ello incluso utilizaron a la virgen de Guadalupe, cuando el 12 de diciembre de 1998, el PRI, Pvem y PAN sentenciaban el destino de los mexicanos a pagar una deuda (el rescate bancario) de 601 mil 341 millones de pesos.

A 20 años casi de aquel rescate bancario, el pueblo de México ha pagado 2 billones 88 mil 947 millones de pesos de intereses y muy poco de capital. Y todavía se deben, Un billón 7 mil 764 millones de pesos.

Apenas se ha pagado poco menos del 70 por ciento de la deuda del Fobaproa. Entonces, cuando se debatía el tema, se hablaba de que el pueblo de México pagaría el rescate bancario en 61 años. Faltan 41.

Así se las han gastado el PRI y el PAN en el Congreso de la Unión. Aquello fue el principio: han hecho cosas peores, como la reforma energética en agosto de 2014. Y, la recientísima, de diciembre de 2017, la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Interior.

La conformación del Congreso de la Unión a partir de septiembre próximo (cuando comience la 64 Legislatura) es neurálgica para la vida del país, sea quien sea el que ganase la presidencia de la República.

Si acaso ganara Andrés Manuel López Obrador, el tabasqueño se las va a ver negras si no consigue la mayoría absoluta. PRI y PAN se atrincherarían en las Cámaras para dar la batalla contra López Obrador, cuando éste quisiera acabar con la corrupción o echar para atrás las reformas que prohijó el régimen en el sexenio peñista, como la energética y una veintena más de graves consecuencias sociales.

No hay que ser un adivino para vaticinar que –como adelantó el mismo Amlo- allá por abril o mayo uno de los dos candidatos del régimen renunciará para fortalecer al otro. Y, si las cosas continuaran como van, al parecer sería Meade el que se haría a un lado para robustecer a Anaya. Y Anaya –en caso de que ganase la presidencia- tampoco haría gran cosa si el Congreso le es opositor en su mayoría.

Si bien el equilibrio del poder público está teóricamente en el Congreso, en el siguiente sexenio –si ganase el tabasqueño- veremos nuevas figuras de gobierno de democracia directa, como el referéndum y la consulta pública. Acaso por esto, el tabasqueño no ha demostrado mucho interés por el Legislativo. Pero esto último merece espacio aparte. Veremos.
17 Febrero 2018 04:00:00
La despedida de Gil Zuarth
Roberto Gil Zuarth se fue del Senado y de la política con la promesa –dijo- de irse para siempre. No fue un tipo fácil para la oposición al PAN. Su argumentación de peso completo se cargó, indefectiblemente, a la derecha, defendiendo causas propias del conservadurismo y de los grandes negocios.

Distinguido por su juventud, alguna vez alguien en el debate parlamentario lo caracterizaba como un fenómeno para el debate, porque siendo un joven al que le brillaba en los ojos la inteligencia actuaba como un viejo mordaz y egoísta hacia los intereses más sentidos de la nación.

En veinte años de carrera política, fue desde haber sido secretario particular de un presidente de la República (Felipe Calderón), hasta subsecretario, y también diputado y senador, desde donde ahora se despide de la política.

Su tremenda capacidad para la argumentación parlamentaria siempre la puso al servicio de un régimen que ha mirado a las leyes como un instrumento de dominio de la población. Leyes que ahora un gran sector de la gente cuestiona, reclama y mira como productos legislativos absolutamente envenenados para la República, como lo ha sido la reforma energética.

Impulsó la Ley de Seguridad Interior al grado de que fue el autor de una de las varias iniciativas que acuerparon una norma que ahora está controvertida y en espera de que los ministros de la Corte juzguen si es inconstitucional o no.
Su visión de un México totalmente cargado a la derecha y el conservadurismo lo pintó como un muchacho con una extraña vocación por la dictadura.

Dijo que se va de la política. Y esta clase política mexicana, tan caracterizada por su desmemoria y extremada complacencia con los suyos, lo despidió el jueves 15 de febrero de 2018 con honores casi, con reconocimientos como amigo, como compañero, como gran tribuno.

Podrá serlo para ellos. Pero también están los hechos. He aquí partes medulares del discurso de Roberto Gil Zuarth: “He tomado la decisión de separarme del Senado de la República y dejarle el escaño a Acción Nacional, porque asumo, entiendo, que esa posición le corresponde a mi partido.

“Inicia un momento en el cual el partido se define frente a sus adversarios, un momento de competencia, un momento en el que saldrá a la calle a definirse, que saldrá a la calle a conquistar la confianza de los ciudadanos y en esta  trinchera, en este brazo del partido debe haber alguien que con mejor convicción que yo dé esa batalla en los debates parlamentarios, en las negociaciones políticas y en las decisiones que inevitablemente va a tomar este Senado de la República.

“Pero acompañado de esa decisión también tomé otra, la decisión de apartarme de la vida partidaria activa.

“No dejo el PAN, no puedo dejar un sistema de valores, un sistema de creencias que define la forma en la que uno es  y la forma en la que interactúa con otro. Eso no está en una credencial, no depende de un lazo formal  con un partido, con una organización, es una forma de entender a la persona, a la sociedad, al Estado, al mercado, al mundo, la forma de entender la política, una política nutrida de valores, una política nutrida de principios.

“Pero también es cierto que a veces uno tiene que tomar distancia de sí mismo, de su propia realidad,  llevo 20 años ininterrumpidos en el ejercicio de la actividad política y a veces uno pierde la dimensión, uno pierde perspectiva, se acostumbra uno al amasijo de privilegios que implican los cargos públicos y pierde uno de vista que la política es mucho más que el poder, el poder es el instrumento de la política, pero no es la definición de la política, la buena política es diálogo, la buena política es encuentro, la buena política es conciliación, la buena política es el reconocimiento del otro, es empatía, es cruzar la frontera de tus propias convicciones  para abrazar las convicciones de los otros, es encontrarse a la mitad del pasillo, es encontrarse en un punto intermedio que deje satisfacción a las partes no solamente porque fue legítima la participación en el proceso, sino porque el resultado es en sí mismo valioso para quien participa de esa decisión.

“Es muy ególatra decir que es una pausa, los políticos sabemos cuándo nos vamos, pero no sabemos cuándo regresamos.

“Sabemos a partir de nuestras decisiones qué seguirá para nosotros, pero el lugar que tenemos en la política está circunscrita inevitablemente a los azares, a la fortuna, como decía Maquiavelo.

“Hoy en día, las base de legitimidad de la política están profundamente cuestionadas, cada vez es más aguda la distancia entre los ciudadanos y los políticos. Se ha generalizado un discurso que asume que la política y los políticos son de alguna manera los adversarios, los enemigos, los estorbos del desarrollo, que incluso la representación que aquí se ejerce, es en alguna forma, es en alguna forma una obstrucción a las buenas causas.

“Tienen razón los ciudadanos que desconfían de la política, en muchas ocasiones hemos desprestigiado con nuestro actuar la política, pero sin política no hay sociedad libre y no hay sociedad justa, la política es la alternativa a la violencia, la política es la alternativa al imperio del más fuerte, la política es la posibilidad de los diferentes, de vencerse en competencia, pero no de aniquilarse o destruirse”.

No hablaba así en sus tiempos de secretario particular de Calderón por supuesto. ¿O acaso tendía un puente hacia los territorios que antes combatía?
16 Febrero 2018 04:00:00
Lo que dijo Morena al Ejército
El lunes próximo, el Ejército mexicano cumplirá 105 años de su refundación. Este jueves 15, en los territorios de la Cámara de Diputados, tirios y troyanos coincidieron en un punto: El reconocimiento absoluto de los soldados como, acaso, la institución más sólida y prestigiada del estado mexicano, a pesar –decían opositores, en la tribuna- de que sus armas también se han manchado con sangre de gente del pueblo en mucho más de una ocasión.

Gravitó, sin duda, el proceso electoral presidencial. Todos felicitaban; todos reconocían. Aunque hubo quienes advertían a los soldados que han sido manipulados, y utilizados, por  quienes ostentan actualmente el poder presidencial.

Una oratoria llamó la atención: La de Morena, el partido que trae de pestañas a la presidencia de Enrique Peña Nieto, y al PRI  y PAN, las dos capitanías del régimen.

Lo que dijo este partido, en voz de la diputada Delfina Gómez Álvarez, tenía el  tono de lectura de una carta al Ejército:

He aquí Gómez Álvarez: “El próximo lunes 19 de febrero se cumplirá un año más de la promulgación del decreto 1421, emitido por el 22 Congreso del estado de Coahuila, mediante el cual se desconoció al general Victoriano Huerta como presidente de la República, cargo que llevó después de traicionar, encarcelar y finalmente asesinar tanto al presidente Francisco I. Madero como al vicepresidente José María Pino Suárez.

“Este decreto facultó al entonces gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, para armar fuerzas que coadyuvaran a la recuperación del orden constitucional de la República.

“Con este mandato Venustiano Carranza y un grupo de políticos y militares afines redactaron y lanzaron el Plan de Guadalupe, documento en torno al cual se adhirieron los grupos inconformes con el usurpador Huerta y reiniciaron la Revolución.

“Como sabemos, el Ejército constitucionalista incorporó a sus filas a campesinos, pequeños propietarios rurales, ferrocarrileros y demás personas de las clases bajas y medias de la sociedad porfirista.

“De ahí viene la aseveración de que el Ejército mexicano es el pueblo con uniforme. Así se ha considerado históricamente y así se considera en la actualidad.

“Una característica esencial de nuestro instituto armado es que reconoce al presidente de la República como su comandante supremo, por lo que ha estado siempre bajo el mandato del titular del Ejecutivo en turno y no ha tenido autonomía del sistema político. Esta característica ha sido uno de los factores de estabilidad del sistema político mexicano.

“Lo anterior quedó confirmado en el periodo de la alternancia inicial en el año 2000, cuando las Fuerzas Armadas no escatimaron lealtad y apoyo al nuevo presidente de la República (Vicente Fox).

“Por lo tanto, ocurrió en el sexenio siguiente en que aceptaron casi, prácticamente a ciegas, ir a una guerra contra el narcotráfico. Su lealtad a la institución presidencial no está a discusión y de ello no tenemos duda en Morena.

“En Morena compartimos la idea de que las Fuerzas Armadas deben cumplir funciones del estado y no funciones de gobierno. Nuestro interés es preservar la esencia constitucional de las Fuerzas Armadas para que presten un mejor servicio a la patria.

“Los altos niveles de violencia son un problema de política económica, de política de seguridad pública, de política educativa, de política social y es ahí donde debe ponerse el acento, la intención y la atención.

 “Así, para combatir el flagelo de la inseguridad, Morena ha propuesto restaurar la Secretaría de Seguridad Pública, dar plena autonomía a la Fiscalía General de la República, erradicar la corrupción y la impunidad de las corporaciones policiacas y, en general, brindar apoyo presupuestal, capacitación y entrenamiento a las corporaciones policiacas, federales, estatales y municipales. Así como promover un entorno social contra el crimen organizado.

“Estamos convencidos de que México requiere de un estado democrático de derecho para alcanzar mejor desenvolvimiento de su sociedad. Ahora mismo el estado mexicano no reúne esas cualidades, pues convive con un poder de facto (el crimen organizado) que le disputa el control, tanto de territorios como de instituciones.

“Es desangrado por las acciones del crimen organizado, que no solamente trafica estupefacientes sino secuestra, desaparece y también hace trata de personas, sin perder de vista las extorsiones y los asesinatos sin piedad. Ello nos convierte en una nación vulnerable en la que sus habitantes viven con miedo.

“En respuesta a esta situación el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada por una apretada mayoría en esta Cámara de Diputados. La ley está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y habrá que esperar su fallo para saber a qué atenernos.

“En nuestra opinión, si la Ley de Seguridad Interior entra en vigor se vulnerará tal vez de manera irreversible la naturaleza misma de las Fuerzas Armadas, que son garantes de la soberanía y la seguridad nacional, y en aras de cumplir tareas que le son constitucionalmente ajenas.

“Consideramos que la altísima credibilidad que ha tenido y sigue teniendo el Ejército en la sociedad es un valor estratégico que debemos preservar a toda costa. A nadie le sirve unas Fuerzas Armadas desgastadas o percibidas como violadoras de los derechos humanos y en proceso de perder credibilidad.

“Concluyo señalando que el Ejército debe seguir cumpliendo las importantes funciones que la Constitución le manda para preservar la integridad del estado. Nuestro reconocimiento a los integrantes del Ejército (…) México necesita seguir contando con esta leal institución, que es clave para el desarrollo independiente y democrático de nuestro país”.

Mucha atención concitó este discurso en el Pleno.
15 Febrero 2018 04:00:00
¿Cuál es la prioridad para un niño mexicano: Aprender inglés o comer?
En la sesión ordinaria de anteayer, martes, la Cámara de Senadores corrigió una plana completa a la Cámara de Diputados, en una reforma constitucional que traía como punto esencial garantizar el principio del Interés Superior de la Niñez, Niños y Adolescentes.

¿En dónde estriba la diferencia?

La Cámara de Diputados, en su Minuta enviada al Senado, planteó reformar el Apartado B del artículo 102 constitucional. Propuso normar los organismos constitucionales autónomos de protección a los derechos humanos –nacionales y estatales- para conferirles el mandato de vigilar que las autoridades de la Federación y de las entidades federativas desempeñen sus funciones con pleno respeto al Principio del Interés Superior de la Niñez, Niños y Adolescentes, sin demérito de las facultades de los organismos especializados en los asuntos de la niñez.

Se escucha bien. Pero los senadores consideraron que la argumentación del mandato no tenía que afincarse en el Apartado B del 102 constitucional sino en el Párrafo 10 del artículo Cuarto Constitucional.

¿Por qué? Quién justificó en la tribuna fue Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República: “Las comisiones dictaminadoras estimamos que la adición propuesta al Apartado B del 102 constitucional, seguramente en forma involuntaria puede llevar implícitamente a una hipótesis posiblemente insuficiente para el Principio de Interés Superior de la Niñez”.

Pero se trataba, dijo Burgos, de auparse en el espíritu de lo discutido y votado en la Cámara de Diputados (“garantizar el interés superior de la niñez”). Y, para robustecer dicho espíritu, las comisiones dictaminadoras en el Senado “hemos propuesto que “se adicione un nuevo párrafo 10 al artículo Cuarto constitucional, que elucide en forma indubitable: ‘Que las autoridades de los tres órdenes de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán salvaguardar el cumplimiento del Principio de Interés Superior de la Niñez”.

Lo que se discierne de dicho argumento es que, sustentado en el Cuarto constitucional, se hace hincapié en que “todas las autoridades” de los tres niveles de gobierno deberán garantizar el principio del Interés Superior de la Niñez, y no sólo las instituciones encargadas de dar seguimiento y vigilancia de los derechos humanos.


DEMÉDICIS
Comenzó con Fidel Demédicis, senador petista, el posicionamiento sobre el cambio de artículo constitucional: “¿Qué dice la adición? ‘Corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, salvaguardar el cumplimiento del Principio del Interés Superior de la Niñez”.

Entonces Demédicis preguntó al Pleno: “Sí; pero, ¿con qué? Y se remitía a dos derechos fundamentales de los niños: la alimentación y la educación.

Y miraba al pasado reciente, cuando Enrique Peña Nieto prometió garantizar la educación y la alimentación con su reforma educativa. “Pero, como siempre, mintieron, mintieron”, saeteó.

Y remachaba desde la tribuna: “El tema de la alimentación, ¿cuál es la realidad espantosa de este país? 70 millones de pobres, más de la mitad, es decir, 35 millones de pobres en pobreza alimentaria; es decir, están haciendo, cuando mucho, una comida al día.

“De esos 35 millones el 30 por ciento son niños; es decir, más de 11 millones de estos infantes están haciendo, cuando mucho, una comida al día.

“El derecho fundamental de cualquier ser humano, según los sociólogos, y uno de ellos Maslow, plantea que el derecho a la alimentación tiene que ejercerse porque es la primera necesidad que tiene que cubrir un ser humano para poder sobrevivir y entonces desarrollar y aspirar a cubrir sus otras necesidades”.

Por lo que a continuación dijo Demédicis era para que un priísta le hubiera brincado al frente. Pero nadie. Y Demédicis continuó: “He escuchado algunos debates de los políticos que están en campaña con los candidatos aspirantes o los precandidatos aspirantes a la presidencia de la República, y llama mucho la atención que el coordinador de campaña del PRI, Aurelio Nuño, ex secretario de Educación Pública, insiste en una aberración, insiste en una sinrazón, dice que los niños de este país su prioridad es aprender inglés porque tenemos de vecino a Estados Unidos.

“Yo le digo desde aquí al señor Nuño, que se remita a cuáles son las necesidades más elementales de los seres humanos, y va a encontrar que la primera es la alimentación.

“Imposible que haya calidad educativa si no alimentamos a los niños, la primera clase, la primera clase que debe de tener un niño, y que se impulsa en el Estado social democrático y de derecho, que es el proyecto alternativo de nación que impulsamos, debe ser el aprendizaje de las buenas costumbres para la alimentación; pero de manera práctica, no en teoría”.

Fue Demédicis, sin duda, el argumentador mayor. Continuó: “Por eso, esta adición”. Y chicoteó entonces el lomo de varios hombres del gobierno: “¿Aurelio Nuño qué hizo?, ¿Chuayffet qué hizo?, ¿Peña Nieto qué ha hecho para salvaguardar el derecho a la alimentación de los niños y las niñas de México?

“Cuando revisamos el tema de las escuelas de tiempo completo, y en ese informe, en el último que nos pasaron, tres millones de niños son atendidos por las escuelas de tiempo completo en materia de la ingesta; pero 23 millones de niños están excluidos de las escuelas de tiempo completo.

“Miente quien sostiene que el gobierno de la República salvaguarda el interés superior de la niñez”.

La senadora priísta Ainara Rementería Coello: “Los niños representan el futuro y el presente”.

Al final, todos votaron por el cuarto constitucional y regresaron la minuta a San Lázaro, para que avalen la modificación o la rechacen. Veremos.
14 Febrero 2018 04:00:00
Justicia laboral, ¿caballo de Troya del PRI para agudizar el outsourcing?
En la sesión ordinaria de ayer, martes 13, el PRI junto con el PAN, PRD y rémoras que le acompañan sorpresivamente, aprobaron en San Lázaro un punto de acuerdo en el que convocan a trabajadores, académicos, representantes de empresarios y especialistas del derecho laboral a participar en una “amplia consulta” con el propósito de revisar y modificar la ley en materia de justicia laboral.

Aunque la aparente motivación es el hecho de que el 24 de este mes se vencerá el plazo para emitir las reformas a las leyes secundarias en materia de justicia laboral (el 24 de febrero de 2017 fue promulgada la reforma constitucional en esa materia), la convocatoria de marras no deja de sorprender porque si un tema no les ha importado absolutamente nada a los diputados de esas filiaciones es la suerte de los trabajadores de México.

Recuérdese que en noviembre de 2012, a unos 20 días de que Enrique Peña Nieto asumiera la Presidencia de la República, el PRI y el PAN se unieron para hacer una reforma terriblemente infausta a la Ley Federal del Trabajo, con la que quedaron históricamente desprotegidos los trabajadores y con la que demolieron el derecho social plasmado en 1917 en la Constitución mexicana.

Y ahora, como argumento central del punto de acuerdo, han dicho que dicha propuesta de convocatoria “coadyuvara a que todos los trabajadores tengan acceso a un salario digno y a una justicia laboral pronta, expedita, imparcial y atienda la equidad entre las partes de los conflictos”.

¿Habrán sufrido priístas, panistas y rémoras como el PVEM un ataque de conciencia, obligándolos a un fenomenal acto de contrición?

Esto fue lo que dijeron en la tribuna, cuando apuntalaban el punto de acuerdo:

Rafael Hernández Soriano, diputado federal del PRD:  “Esta reforma constitucional propone un nuevo modelo en el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de la clase trabajadora para que haya un mecanismo e impartición de justicia que dentro de los rasgos que consideramos relevantes, se incluye que las juntas de Conciliación, la federal y las locales -que hasta hoy vienen funcionando- desaparezcan y en su lugar a cargo de la justicia laboral estén los jueces dependientes del Consejo de la Judicatura Federal y desde luego de los estados también correspondientes.

“Dos. Que se crea también en esta reforma un órgano descentralizado de carácter federal y autónomo, encargado de registrar los contratos colectivos y también de llevar la toma de nota de los sindicatos.

“Tres. La incorporación en el texto constitucional del voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la resolución de los conflictos entre sindicatos y el poder para solicitar celebración de contratos colectivos en lo relativo a la elección de sus dirigentes sindicales.

“Otro cuarto rasgo es la posibilidad de que la clase trabajadora controvierta la inexistencia de un salario remunerativo”.

Turno de Víctor Sánchez Orozco, del Mc: “Existen más de 300 mil juicios rezagados y en promedio la resolución de un juicio laboral lleva algo así como tres años en promedio la resolución”.

Turno del Pvem, en voz de Javier Herrera: “Desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, él se propuso transformar a México y lo ha hecho con acciones valientes. Se atrevió a mandar e implementar reformas estructurales que hoy nos hacen soñar en que este país se puede convertir en una potencia mundial.

“… Dentro del nuevo sistema de justicia cotidiana que propuso el Ejecutivo encontramos lo que es materia del punto de acuerdo del día de hoy: Que la justicia laboral sea responsabilidad del Poder Judicial.

“Teníamos un año, según el transitorio de las reformas, para adecuar las leyes federales y locales y hacer del nuevo modelo de justicia laboral una realidad. Desgraciadamente, estamos en falta y eso no se puede tolerar”.

Turno de Blanca Cuata, de Morena: “Dos senadores priistas representantes de la CTM y la CROC, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que ha generado una gran inconformidad pública, no solo por parte de especialistas, abogados y sindicalistas, sino también proviene de las mismas centrales obreras a las que ellos pertenecen y representan. Increíble que los representantes de la CTM y la CROC presenten esta iniciativa.

“La propuesta antes mencionada modifica integralmente el modelo laboral y adquiere un carácter sumamente regresivo y agresivo en contra de los trabajadores, y esto no tiene precedente en la historia laboral del país, y aunque su fin es recomponer el sistema de justicia laboral, en ella se incluyeron temas que no tienen nada que ver con este objetivo y que son totalmente lesivos a los intereses de las y los trabajadores de nuestro país.

“Esta propuesta que hacen los senadores incluye la liberación del outsourcing, y que en caso de aprobarse ya no tendrían limitantes. Abarataría aún más el costo de la mano de obra”.

El PAN en voz de Jaime Rojas: “Una justicia laboral genuina que toma en cuenta las necesidades y demandas de los trabajadores, así como de los patrones, es una materia pendiente de concretar en nuestro país”.

Y concluía el priísta Ramón Bañales: “Fortalecer el derecho de acceso a la justicia, evitando formalismos y tecnicismos para resolver de fondo todo tipo de conflictos, son parte del compromiso peñista para consolidar un México donde haya justicia eficaz y que esta sea una realidad cotidiana para todos los mexicanos”.

Es el comienzo de un debate que abarcará, sin duda, el tema del outsourcing y el Tratado de Libre Comercio. Veremos.
13 Febrero 2018 04:00:00
Vuelve el PRI con la guerra sucia de 2006 y 2012
La guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, el candidato a vencer en esta elección presidencial de 2018, está barbotando de las alcantarillas del PRI con un ímpetu diarreico.

Por estos días, en que ha concluido la primera fase electoral de las precampañas, la ruindad está desatada y viaja a pelo sobre los recursos públicos.

En diversas partes del país ha comenzado una andanada de llamadas telefónicas, mediante las cuales voces anónimas pretenden denigrar la figura del aspirante presidencial que más peligro representa a quienes actualmente están en el pináculo del poder.

En Puebla, tierra de Javier Lozano Alarcón y Rafael Moreno Valle, gente sin rostro trata de infundir miedo a la ciudadanía, jurando que Andrés Manuel se ha aliado con los rusos y que “detendrá la reforma energética” para darle el petróleo mexicano a los rusos, como ya tienen –según la infame voz- el petróleo de Venezuela.

Ese mensaje embadurnado de suciedad, que en las redes sociales han atribuido a Lozano Alarcón y a Moreno Valle, se repite con otras voces y en otros estados, como el estado de México, adonde dicen prácticamente lo mismo: Que el tabasqueño está coludido con los rusos, a quienes entregará el petróleo mexicano.

Ahora que ha concluido la simulación de la primera fase de las precampañas, el PRI se acaba de sacar de la manga otra mierdez del tamaño de la que apareció en Puebla: En un spot tratan de infundir miedo a la población diciendo que está en peligro de que desaparezcan los servicios de salud y vivienda.

No menciona a López Obrador; pero para él está dedicada la ríada que le avientan.

Dice el spot priísta: “Imagina un día sin atención médica para ti y tu familia; un día sin desayunos escolares para los más necesitados; sin créditos y apoyos para la vivienda. Sin maestros, escuelas, ni educación gratuita”.

Y remacha el PRI, diciendo: “A veces no valoramos lo que tenemos, sin pensar que un día podemos perderlo o nos lo pueden desaparecer. Hemos construido las instituciones que hoy nos protegen y benefician a todos. En el PRI apostamos al futuro. Piénsalo”.

Y en el colmo de la desvergüenza, el Revolucionario Institucional concluye, diciendo: “México gana con el PRI”.

Ningún aspirante presidencial ha sido el blanco de ataques tan arteros y sucios como lo ha sido López Obrador. Las encuestas han comenzado a colocarlo a la baja, en tanto que han hecho aparecer al precandidato panista, Ricardo Anaya, como el aspirante que crece y se acerca.

Esta guerra asquerosa –cuyo propósito es mentir por antonomasia y tratar de sorprender al mayor número de gente posible- ya tendría que ser motivo para que el Congreso mexicano tomara cartas en el asunto. Pero no lo hace.

Al contrario. Se suma a lo que, al parecer, es una campaña con la que se pretende derribar al puntero de la carrera presidencial.

Verbigracia. Ayer, lunes 12, Édgar Romo García, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y diputado federal priísta, ha conminado a las fracciones parlamentarias que conforman el Pleno de San Lázaro a trabajar “sin inclinaciones electorales”. Y a “privilegiar el desarrollo del país y el bien común, más allá de la competencia electoral”.

Lo que se infiere de este llamado no es otra cosa que en realidad pretenden cerrar la puerta de la Cámara de Diputados al tema electoral.

Puede inferirse también que lo que Romo pretende es tirar línea para que los legisladores solo se ocupen de la función legislativa, pero no de la del control político, en cuyo terreno está la obligación constitucional de los legisladores de atender estos asuntos como el de la guerra sucia.

“Sin importar el desarrollo y resultado de las elecciones, los legisladores, debemos tener el inquebrantable compromiso de mantener el actuar parlamentario enfocado a las demandas de los mexicanos”, así decía Romo García procurando acaso deslindar las actividades de la Cámara de Diputados respecto de temas sensibles como este, que sin duda debería ser objeto de revisión mediante la instalación incluso de múltiples comisiones especiales que dieran seguimiento al desarrollo de la elección presidencial.

Ya se ha dicho en este espacio; pero para no perder de vista el contexto conviene insistir en que las dos Cámaras que conforman el Congreso de la Unión tienen dos funciones esenciales: Servir de contrapeso al ejercicio del poder público y construir leyes. La más importante de las funciones, la número uno, es la del contrapeso.

Y convertirse en el contrapeso es echar mano de todas las facultades que la ley otorga a diputados y senadores para revisar no solo ejercicios del poder público constitucional, sino también para llamar a la rendición de cuentas a todas las entidades públicas, incluidos los partidos políticos. Y someterlos a escrutinio público.

Los diputados y senadores tiene ante sí dos formas de involucrarse en el tema: Airear la guerra sucia desde las tribunas y considerar la creación de comisiones especiales que den seguimiento al proceso electoral, que abierto está.

¿Lo harán? Hoy tendrían que proponer algo así, en el Senado y en San Lázaro. Veremos hasta dónde quieren, o les permiten, llegar.


ESTRIBO
La Ley de Seguridad Interior, que el Congreso aprobó a matacaballo en diciembre pasado, fue objeto ayer de una nueva demanda de controversia, que el gobernador de Chihuahua Javier Corral presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Invasión de la soberanía estatal y vulneración de los principios de justicia y derechos humanos”, son los motivos de la presentación de la demanda.
10 Febrero 2018 04:00:00
La pasividad agraviante del Congreso mexicano
La función número Uno que tiene el Congreso mexicano es la de servir de contrapeso de quienes ejercen el poder público en México. Desgraciadamente para la vida de la República, quienes lo integran no la quieren utilizar y han optado por asumir una pasividad que ofende y agravia a quienes ellos dicen que representan.

Para el ejercicio de la función del control político, el Congreso tiene en sus dos Cámaras una importante batería de instrumentos legales e instituciones con los que puede llamar a la rendición de cuentas.

Los instrumentos mayores con que cuentan las Cámaras son el Pleno y las comisiones ordinarias, cuyo poder resolutivo podría ser capaz de poner de rodillas a cualesquier servidor público, incluido el presidente de la República a pesar de que el derecho positivo mexicano está construido en sus puntos cruciales para empoderar al titular del Ejecutivo Federal.

El congreso cuenta también con instrumentos más o menos importantes, que serían fundamentales en la vida de la rendición de cuentas si no hubieran nacido desflemados, desdentados. Se refiere uno a las comisiones especiales o investigativas, que no tienen poder resolutivo, y apenas tienen facultad para indagar y emitir meras opiniones.

Por cierto, otro de los instrumentos del Congreso debilitados a priori, a ultranza por el presidencialismo mexicano, es la Comisión Permanente, que en tiempos de receso legislativo actúa más como una alcahueta del Ejecutivo federal que como un representante fiel del Congreso mexicano.

Para que la función de control político –o función del contrapeso constitucional- sea capaz de echarse a caminar a través de las veredas pedregosas del sistema político mexicano, se requiere del equilibrio de las fuerzas políticas representadas en las dos Cámaras.

No existe equilibrio, contrapeso, cuando el partido político que ostenta la presidencia de la República es mayor que sus opositores.

El PRI fue el partido de la mayoría hegemónica hasta 1997, cuando a partir de la histórica 57 Legislatura perdió esa condición; pero desde entonces conservó la condición de primera minoría.

¿Cómo le ha hecho el PRI para ganar las votaciones si no tiene la mayoría, como antaño? La pregunta es fácil de contestar: Echó mano del poder corruptor de la presidencia de la República, para hacerse de aliados parlamentarios que le han ayudado conseguir votaciones históricamente lesivas y total y absolutamente contrarias al interés del pueblo de México.

No necesitó de mucha labia para convencer a sus ahora aliados a que se sumaran a sus causas, porque para un gran sector de la clase política mexicana, la política es un campo fértil para hacer negocios y enriquecerse a pasto.

Apenas los tentaba y Estos respondían con alegría al llamado del PRI. A lo largo de las historia de México, hay muchos casos sembrados a la vera del camino. Pero entre los recientes, no hay como el PVEM a nivel federal para ilustrar a la conversión de la política como negocio.

El Pvem ha acompañado al PRI desde 1997 como acompañan las rémoras a una barracuda o a una ballena. Pero también el PRI ha sostenido una relación muy cercana con un partido que alguna vez fue opositor al régimen: el PAN.

En los asuntos más candentes para el país, invariablemente han votado juntos, de la mano, el PRI, Pvem y el PAN. Así lo hicieron el 12 de diciembre de 1998, cuando convirtieron deuda privada en deuda pública para rescatar al sistema bancario, así le han hecho en muchas ocasiones más, para aprobar leyes que no son del beneficio de la mayoría de la población, como fue el caso de la llamada reforma energética.

O como cuando aprobaron, en noviembre de 2012 (dos semanas antes de la asunción de Enrique Peña Nieto), la reforma laboral aquella que tiene a millones de trabajadores más empobrecidos y más humillados por las condiciones laborales en que se mueven.

Está tan jodida la clase trabajadora de México que ha tenido que salir un gobernante extranjero, como lo es el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, a opinar en el marco de la negociación del Tratado de libre Comercio que el gobierno mexicano debería considerar seriamente incrementar el salario mínimo, por un asunto de elemental justicia y de derechos humanos.

Hasta el momento, cinco días después de que lo dijo Trudeau, el Gobierno mexicano sigue haciéndose el tiololo y no responde.

Está en su papel. Aplicar a rajatabla una política económica que se impuso en México desde 1983, cuando el gobierno de Ronald Reagan y el de Inglaterra, Margaret Thatcher, se unieron para torcerle el brazo a países endeudados como México e imponerles una política económica que fue apodada como “neoliberalismo”, que continúa.

Pero ese papel no es definitivamente del Congreso mexicano.

Más bien, Este tiene por obligación llamar a cuentas al Ejecutivo para que responda sobre políticas y ejercicios de gobierno que laceran a la gente. Para eso se dice que el Congreso es la representación popular.

Por eso es agraviante, ofensivo, que el Congreso no se posicione siquiera sobre temas calientes que escuecen ánimos y queman a la República, como son el mismo caso del salario mínimo propuesto por Canadá, o como es el alza de las tasas de interés recién decretadas por el Banco de México supuestamente para contener la galopante inflación de estos días.

Tampoco los diputados federales y senadores dicen y hacen nada en temas como el del Caso Odebrecht, en el que a todas luces Enrique Peña Nieto maniobra para que vaya a la cárcel Emilio Lozoya Austin.

Veremos qué hacen la semana próxima.
09 Febrero 2018 04:00:00
El ataque del PRI a la Cámara de Diputados en tiempos electorales
La mayoría conformada por el PRI, PAN y PRD –apoyados por los apéndices legislativos Pvem, Panal, Pes y Mc- aprobó ayer reformas al artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Y, con ello, han hecho todavía menos democrática la Cámara de marras.  O también: La hicieron más subordinada y servil a las dirigencias de los partidos políticos.

A partir de este Reglamento –que entrará en vigor tan pronto la publique el Diario Oficial de la Federación-, la discusión de los dictámenes en tribuna será autorizada ya no por el Pleno sino por la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva, esos dos órganos de Gobierno que fueron construidos en la reforma del 31 de agosto de 1999 para ser controlados por las dirigencias partidistas.

La Junta está conformada por los coordinadores de las fracciones parlamentarias y el voto de cada uno de ellos vale según el número de legisladores que cada uno representa, y la mesa directiva tiene de presidente anualizado un legisladores perteneciente a una de las tres fracciones parlamentarias más grandes, y surge de un acuerdo previo entre las tres, que para este caso han sido el PRI, PAN y el PRD.

El objetivo evidente de quienes han aprobado la reforma es arrebatar el derecho de “pataleo” a las minorías, para que ese sector de la población que sigue los procesos legislativos a través del Canal del Congreso, no pueda escuchar ahora los debates y, por tanto, la argumentación en contra de muchas de las leyes contrarias a la gente que aquel trío infame ha estado aprobando sin rubor y sin ambages en esta 63 Legislatura.

Con esta reforma, pretende ese trío de grupos legislativos evitar que el debate los dañe en el proceso electoral actual.

Pero esto argumentó en  favor de dicha reforma el diputado federal del PAN Jorge Triana Tena: “El presente dictamen que se somete a discusión pretende contribuir con este proceso legislativo para que sea más ágil y poder coadyuvar en el desarrollo de las discusiones con más productividad y con mayor cohesión entre el trabajo legislativo que se hace, tanto en comisiones como en los órganos de gobierno de esta soberanía.

“Hay que recordar que uno de los objetivos primigenios de esta Cámara de Diputados y del Congreso en general, es generar procedimientos de régimen interior que hagan mucho más eficiente nuestro funcionamiento y haga mejor organizada nuestra estructura interna.

 “… Simplemente habrá que darse una vuelta para ver la cantidad excesiva de oradores que diariamente en cada sesión pasan por esta tribuna y la calidad de atención que reciben por parte de nosotros.

“Realmente es lamentable el espectáculo que estamos dando a la ciudadanía y tenemos que tomar cartas en el asunto.

“Entonces, se trata, por un lado, de armonizar lo que el precepto constitucional, que ya decíamos, del artículo 70 establece como garantía del legislador y su grupo parlamentario respectivo. Y por otro lado, eficientar el proceso legislativo y el debate y la discusión, economizando sobre todo el tiempo y haciendo mucho más ágil e interesante el trabajo legislativo.

“(Con esta reforma) se  abona a un mejor y eficiente debate parlamentario, economizando los tiempos del Parlamento en beneficio de la discusión de los asuntos cuya naturaleza especializada tenga trascendencia e importancia que requieran de una mayor deliberación en beneficio de los ciudadanos, para tener una mejor conexión y comunicación entre gobernantes y gobernados, entre representantes y representados”.

Dos oradores solamente argumentaron en contra: Los diputados de Morena Mario Mex Albornoz y Juan Romero Tenorio. He aquí:

Mex Albornoz: “Esta iniciativa atenta contra el principio deliberante que debe regir en los parlamentos democráticos y plurales, donde deben escucharse todas las voces, porque vulnera el derecho de las diputadas y los diputados a participar con sus puntos de vista en el proceso legislativo, no solo en el disenso sino también en el consenso, porque va en el sentido de acallar el debate en beneficio de la mayoría, ya no se discute en las comisiones, ya no se presentan reservas, ahora se pretende suprimir el debate en el pleno.

“Votará en contra porque concentra en las manos de la mesa y la junta el ejercicio de un derecho que corresponde a cada diputado, opinar o no sobre los asuntos que conoce y vota el pleno.

“Porque el dictamen mismo es contradictorio en el artículo 104 del Reglamento que se busca reformar, se recoge el principio deliberante al disponer que todos los dictámenes se discutan en lo general y en lo particular, pero la Comisión introduce una disposición contradictoria al indicar también que ciertos dictámenes no podrán discutirse a juicio de los dos órganos de gobierno de la Cámara controlados por la mayoría”.

Y Romero Tenorio:  “Con esta propuesta no se garantiza (la discusión), se puede manipular para que un acuerdo de la Junta Política se sobreponga sobre el derecho de los diputados a disentir y a presentar argumentos. Lo hemos vivido en la práctica, ha habido acuerdos en los cuales se determina que no hay discusión en la presentación de dictámenes y se asume que se va a votar por la totalidad de los miembros de esta Cámara, las propuestas que se presentan.

“Por eso nos oponemos, porque sentimos que hay una manipulación por una hegemonía parlamentaria que va a impedir la discusión y este es un instrumento que puede malinterpretarse en la práctica parlamentaria”.

PRI, PAN, PRD, Pes, Panal, Pvem y Mc la aprobaron.
08 Febrero 2018 04:00:00
Congreso lento y alcahuete de casos como el de Videgaray
El Congreso de la Unión acaba de comenzar su último periodo ordinario de sesiones de lo que es el último año de la 63 Legislatura. Hoy, jueves, ocurrirá la tercera asamblea de este tipo.

El martes, anteayer, la Cámara de Diputados dedicó la mayor parte de su tiempo a recibir iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, y dedicó comentarios a propósito del 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los mexicanos.

Ayer, miércoles, el Senado de la República ha sesionado por primera vez en el periodo que comienza, y ha declarado el comienzo del segundo periodo ordinario.

El orden del día fue un mazacote legislativo: Solo la presentación de iniciativas, comunicaciones de algunos estados y la lectura –y algunas aprobaciones- de proposiciones con punto de acuerdo.

El Senado, ayer, sesionó como si no hubiera temas qué revisar desde la óptica de la función del control político.

Verbigracia: los senadores tienen la facultad exclusiva –desde los tiempos en que, en 1874, el Congreso salió de su condición unicamaral para regresar a su condición bicamaral- de revisar y vigilar la política exterior mexicana.

Nada dijeron ayer sobre varios fierros que el gobierno mexicano no puede sacar de la lumbre: La negociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, y la situación delicada por la que atraviesa el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, en el caso del presunto conflicto de interés en que está atrapado, cuando en 2013 siendo el secretario de Hacienda y Crédito Público maniobró desde los intersticios del régimen para beneficiar o facilitarle a una compañía estatal de China la licitación de la construcción del tren México-Querétaro, que después tuvieron que detener y hasta pagar los mexicanos una indemnización por 600 millones de dólares a los chinos, cuando el gobierno de los Estados Unidos ordenó al gobierno de Peña Nieto detener la construcción de marras, por atentar a su seguridad nacional.

Este asunto de corrupción que se suma a muchos otros protagonizados por Videgaray y Peña tienen el peso suficiente como para que el Congreso mexicanos, a través de sus dos Cámaras, lo revisen.

En la sesión del martes, de la Cámara de Diputados, el Pleno de San Lázaro ni siquiera aludió el asunto que hoy trae a Videgaray en la picota del escándalo. De plano los diputados se volvieron a hacer los tiololos, como tantas veces se han hecho los sordos cuando se trata de tener que revisar o abordar un tema que, por antonomasia, es del interés nacional.

El Senado, este miércoles, hizo exactamente lo mismo: No abordó en su sesión el tema, ni siquiera porque es un asunto con implicación de política exterior.

Los Pleno de las dos Cámaras se han citado este jueves, para su sesionar ordinario. Veremos si lo abordan.

No hacerlo, sería la demostración de que esta Legislatura renunció a servir de contrapeso del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Pero no solo es el caso de corrupción de Videgaray, sobre el cual el Congreso debería revisar, debatir y pronunciarse. Están muchos otros asuntos, como el incremento de la violencia en el país, entre cuyas víctimas ahora aparecen dos sacerdotes católicos más, muertos en una vereda del estado de Guerrero.

Está el tratado comercial con América del Norte, que da la impresión de que sigue un camino fatal hacia su aprobación en los términos infames que le convendrá al gobierno de los estados Unidos.

Las dos Cámaras deben con gran urgencia llamar a comparecer al secretario de Economía, para que explique y pormenorice qué está negociando con canadienses y gringos.

Otro asunto que gravita sobre la vida del país, con gran fuerza, es el de Odebrecht.

En México nadie, prácticamente, ha sido detenido por el caso de la corrupta Odebrecht, cuando en otros países casi caen presidentes de la República.

El Congreso mexicano se hizo el ciego, el sordo y el mudo durante el periodo de receso cubierto por la Comisión Permanente. ¿Continuará haciéndose el tiololo solo? Las dos Cámaras van para su tercera y segunda asambleas ordinarias, y asuntos como éste, de Odebrecht, ni siquiera los mencionan todavía.

Es inaudito el altísimo grado de miedo que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene para negociar en favor de México con los Estados Unidos, en asuntos como el TLCAN. Mejor ha salido el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a defender un salario mínimo mejorado para los mexicanos que el mismo gobierno de Peña.

Pero también Trudeau ha encarado ayer al gobierno de Donald Trump diciéndole que para su país, Canadá, es mejor no firmar un mal acuerdo.

Exactamente lo mismo debería estar diciéndolo el gobierno mexicano. Pero no lo dice. E instituciones como el Congreso de la Unión tampoco dicen nada. Y menos los llaman a cuentas.

Veremos si estos temas saltan a la tribuna este día.


ESTRIBO
El forcejeo protagonizado entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal es otro asunto que el Congreso mexicano pretende soslayar. Ayer, el gobernador Javier Corral puso otro fierro en la lumbre cuando declaró que el crimen organizado ha pretendido “calentar la plaza” en el estado de Chihuahua, justo cuando arrecia el golpeteo del gobierno federal en contra del gobierno estatal. Dio a entender Corral que existe una connivencia entre el gobierno de enrique Peña Nieto y el crimen organizado.

Esta declaración lleva tal jiribilla que el Congreso tendría, por obligación, que retomarla y someterla a debate, para después incluso instalar una comisión investigadora.
07 Febrero 2018 04:00:00
‘Los asesinos de la Constitución celebran su crimen con alegría y cinismo’
En su 101 aniversario, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se convirtió –para la mayoría de los oradores- en campo de batalla por la presidencia de la República: Unos apoyando al puntero Andrés Manuel López Obrador y otros golpeándolo.

Martes 6. Febrero del 18. Gonzalo Guízar Valladares, diputado del PES, sostuvo: “Como los hermanos Ricardo Flores Magón, que en su momento no solamente reclamaban un cambio de régimen político, sino también económico. Hoy la reflexión obliga a decir que la sociedad, a 101 años de nuestra Constitución, reclama no solo el cambio de régimen político, sino también integral, en los aspectos económicos y demás factores que han determinado un fracaso como Estado en la vida pública de la sociedad.

“Tenemos que luchar convencidos de que es el cambio verdadero el que debe llegar al país. Que ya las oligarquías políticas, económicas, han abusado de la nobleza del país, han abusado de la nobleza del mexicano.

“Hagamos esta inspiración en los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón que decían: ‘Hemos asesinado a la Constitución’. Y los que hoy la asesinan la celebran con alegría, con cinismo”.

Karina Sánchez Ruiz, del Panal, colocó su discurso bajo el aleteo de Enrique Peña Nieto, cuando dijo: “No podemos añorar el pasado, hay quien se atreve a sugerir que el retroceso es una alternativa”.

Turno de Salvador García González, del Mc: “En este aniversario de la Constitución Política debemos recordar que los mexicanos que trabajan, estudian, viven en otras naciones también son resguardados por nuestra Carta Magna”.

El Pvem, en voz de Sharon María Teresa Cuenca Ayala, también se colocaba junto a Enrique Peña Nieto: “El actual gobierno de la República ha encabezado reformas constitucionales de gran envergadura, las cuales han tenido como objetivo fundamental, consolidar un México en paz, incluyente, próspero y con educación de calidad para niños y jóvenes”.

Mario David Mex Albornoz, diputado de Morena, flanqueó a López Obrador, diciendo: “Es vergonzoso recordar cómo se coludieron los partidos políticos al inicio de este sexenio para firmar un acuerdo y trastocar los ideales de la revolución mexicana detrás de un documento que denominaron El Pacto por México, para alcanzar las reformas estructurales cuya finalidad era reformar la Constitución y diversos ordenamientos para ceder nuestra soberanía a manos de las empresas trasnacionales, que hoy por hoy explotan nuestro patrimonio con voracidad.

“Y siguen ufanándose del éxito de las reformas estructurales sosteniendo la mentira en sus discursos, mientras la explotación de los hidrocarburos, la elaboración de gasolina y la producción de alimentos es el negocio de las compañías extranjeras a costa del bolsillo de todos los mexicanos, y quienes más lo padecen son los que pertenecen a las clases sociales más desprotegidas”.

“… El Ejecutivo federal, con la complicidad del Congreso, pisoteó la condición del Estado garante, al hacer estas reformas que cambiaron las condiciones sociales de nuestro México. La única garantía que conservaron fue la de preservar el statu quo de la cúpula del poder dominante.

“(Pero) estamos a cinco meses de cambiar el escenario político de este país. En menos de medio año el pueblo de México manifestará en las urnas el hartazgo de los gobernantes que le han robado la esperanza a millones de mexicanos”.

Habló Felipe Reyes Álvarez, del PRD: “Cuando el Poder Ejecutivo que viola el Estado de derecho, que no resuelve los conflictos políticos, económicos y sociales, abona más a la injusticia social y a reproducir el pacto de impunidad que protege a un grupo minoritario”.

El PAN ahora, en voz de Apolinar Casillas Gutiérrez: “Hoy es una pena ver que hay políticos carroñeros que aprovechan la conmemoración del centésimo primer aniversario de nuestra Carta Magna para revelar sus más perversas motivaciones.

“Apenas ayer el precandidato de Morena desestimó los grandes esfuerzos que se han hecho para conducir a nuestro país por la vía de las reformas estructurales, esas reformas que la transición a la democracia nos exigía y que se pospusieron por mucho tiempo en detrimento de nuestro país.

“De nueva cuenta ya saben quién mandó al diablo a la Constitución y a las instituciones. A través de un discurso falaz manifestó la idea de regresar a la Constitución a su origen de 1917, como si la vida institucional en México y la sociedad no hubiésemos evolucionado en 100 años. Esa es la peligrosa involución a la que convocan discursos populistas. Lo menos que podemos pensar es en regresar al pasado”.

De la mano del PAN apareció entonces el PRI, que en voz de Mariana Benítez Tiburcio, dijo: “Resulta insoportable la visión de quienes con propósito electorero ignoran que las sociedades avanzan y se transforman política, económica y socialmente, acorde con los propios cambios y transformaciones que la humanidad ha conseguido.

“De ahí la idea retrógrada de pretender volver a un texto original que en su momento fue de avanzada, sí, pero que evidentemente en 100 años, afortunadamente, ha evolucionado de acuerdo con los anhelos y los sueños más sentidos de las mexicanas y de los mexicanos.

“En los últimos años las reformas que impulsó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no sólo transformaron nuestra Constitución, sino que la hicieron transformadora, la nutrieron de materias y disposiciones que desde el presente ya están proyectando a nuestra nación hacia otros 100 años de vida, por lo que gracias a este esfuerzo reformador, más que una época de cambio, México experimenta un cambio de época”.

La Constitución iba y venía aupada en los discursos de tirios y troyanos.
06 Febrero 2018 04:00:00
La batalla por el futuro entre Peña Nieto y López Obrador
La Constitución General en el 101 aniversario de su promulgación se transfiguró en una mesa de vencidas, en la que forcejeaban Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Ni modo de no pensar en que los destinatarios de lo que ellos decían, eran uno y otro, ni más ni menos.

En la ciudad de Querétaro, el presidente Peña Nieto pensaba, sin duda, en el causante mayor de sus pesadillas, López Obrador, cuando decía que “las propuestas que se hagan en tiempos electorales deberán tomar en cuenta lo que ya se ha hecho”.

Y el apostille del ocupante de Los Pinos: “Desconocer los avances es faltar a la verdad, desinformar a la ciudadanía y degradar la política”.

Y volvía a apostillar: “En la legítima confrontación de ideas y proyectos, los participantes en la contienda electoral tendrían que asumir el mismo espíritu del Constituyente de 1917, que retomó los principios que sus antecesores plasmaron en el texto de 1857”.

Y, como para que no quedase duda de que a quien aludía era a Andrés Manuel López Obrador, subrayaba: “Es decir, construir a partir de lo hecho”.

Desde la ciudad de Puebla, este mismo 5 de febrero, Andrés Manuel López Obrador dijo pensando, sin lugar a dudas, en Enrique Peña Nieto, cuando dijo: “La Constitución ha sido reformada en los últimos tiempos, ajustada a los intereses de los malhechores que se han dedicado a robar y a saquear al país”.

Y el tabasqueño remachaba así: “En su gobierno la Carta Magna regresará a sus orígenes de 1917, aunque sea en espíritu”.

Fue esta confrontación entre Peña Nieto y López Obrador lo más ilustrativo de la batalla cruenta por el poder político que se desarrolla, aupada sobre el proceso electoral hacia el 2018.

Peña en Querétaro, ciudad en que se promulgó la Constitución General de los estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 2017, intentaba asirse al clavo ardiente de una Primera Ley que él mismo se encargó de someterla a una metamorfosis, que sin duda la harían irreconocible para los constituyentes del 17, si estos vivieran.

Fue la primera Constitución en todo el mundo que reconocía los derechos sociales, y que los defendía a ultranza.

Pero también ha sido una de las Constituciones que más modificaciones ha sufrido en el mundo. Más de 780 veces. Y de éstas, cuando menos 150 veces, insufladas por el actual presidente de la República, Peña Nieto.

Además de ser Peña el presidente que más ha pugnado por modificar la Constitución, han sido las modificaciones más extremas de cuantas ha tenido la Carta Magna.

La reforma energética no tiene parangón en la historia legislativa de México. Modificó brutalmente el mapa geopolítico de México ante el mundo y ha hecho que en la práctica el país se encuentre virtualmente anexado a los Estados Unidos de Norteamérica.

El petróleo mexicano dejó de ser de la nación, para convertirse en un recurso contabilizado por Estados Unidos.

Para cualesquiera que se parase en la piedra del sentido común, ha sido una superlativa tontería dejar entrar otra vez –como lo estaban hace 100 años- las compañías petroleras trasnacionales.

Cuando fue reformada la Constitución en agosto de 2014, un argumento fundamental de quienes propugnaban por la reforma energética, fue la afirmación de que tan pronto se echase a andar la reforma de marras, el precio de las gasolinas y el diesel, así como el precio de la tarifa de la energía eléctrica y el gas, bajarían sensiblemente de precio.

Entonces, los senadores y diputados del PRI, PVEM y PAN pregonaban a los cuatro vientos que las gasolinas –que promediaban los 13 pesos por litro- bajarían de precio, e incluso hasta podrían regresar a los ocho o nueve pesos/litro.

Pero mentían. Mentían con toda la mala fe. Los opositores aseguraban que priístas, pvemistas y panistas engañaban a la población a sabiendas de que esto no sucedería así, sino al contrario, que terminarían por incrementarlos para que el margen de utilidad de las trasnacionales mejorara.

El cinismo se había posesionado del debate y de los rostros de quienes entonces así se burlaban de la población.

Finalmente la realidad vino a demostrar que la oposición –representada entonces por diputados y senadores que ahora militan en el partido Morena- tenía toda la razón cuando criticaban al gobierno y a aquel trío de partidos políticos.

En octubre de 2016, el PRI, PVEM, PAN, PES, Panal, MC y el PRD, sentenciaban a la población con el aumento brutal de las gasolinas, cuando en la Ley del IETU mandataron –por solicitud de Peña Nieto- que las gasolinas y el diésel sufrieran un incremento de poco más de cuatro pesos a partir del 1 de enero de 2017.

Era el primer paso de la liberación del precio de las gasolinas que, previamente, habían mandatado en la reforma energética de 2014: su liberación a partir de 2018. Aunque en realidad dicha liberación la adelantaba el gobierno de Peña Nieto a partir de abril de 2017.

Llegó 2018 y la liberación se desató totalmente. Y como un caballo desbocado se ha ido sobre todo el territorio nacional sacando chispas de fuego con sus cascos terribles.

La gente de a pie, la mayoría, ya no sabe si pagar la gasolina o comer. Comer menos, eso es seguro, porque ha sido el gobierno de Peña el principalísimo causante del crecimiento de la inflación, que tiene a la economía de todos los mexicanos casi de rodillas.

Turno del Congreso hoy. Veremos cómo tercian entre Peña y AMLO.
03 Febrero 2018 04:00:00
Rex Tillerson en México, y el tufo de la infamia
Estados Unidos y México se encontraron ayer en uno de los recodos de su historia cuando Rex Tillerson, secretario de Estado norteamericano, pronunció una advertencia que sonó a amenaza no solo contra Andrés Manuel López Obrador sino también contra ese sector creciente y galopante de mexicanos que lo quieren en la Presidencia de la República a partir de 2018.

De visita en la ciudad de México, Tillerson emitió una declaración tronante justo en el momento en que ha comenzado a arder la elección presidencial. Dijo el estadounidense, a manera de recomendación al gobierno de México: “Sabemos que Rusia tiene sus huellas dactilares en elecciones de todo el mundo. Mi recomendación es que presten atención a lo que sucede”.

SOlo un precandidato presidencial podía sentirse aludido: López Obrador, quien desde mediados de enero pasado fue objeto de acusaciones por parte de Javier Lozano, de que el precandidato de Morena estaría coludido con “los rusos y los venezolanos”.

Este cuento de Lozano con tufo de infamia ha sido retomado en los Estados Unidos, y ya es el pretexto número uno de los injerencistas norteamericanos para entrometerse en la elección presidencial mexicana. Y, con ello, sin duda expresar el sentido de sus intereses.

Pero este viernes 2, el sin duda aludido Andrés Manuel López Obrador respondió a Tillerson, desde Puebla –lo que tiene su significación, pues fue allí donde el pueblo mexicano contuvo el 5 de mayo de 1862 a la invasión francesa-, diciendo: “Siempre las grandes potencias amagan con ese discurso. Siempre. Y no hay de qué preocuparse si nosotros mantenemos nuestra postura de no permitir la injerencia extranjera de ningún gobierno. No vamos a tener ningún problema. Se los voy a decir así, de manera muy coloquial y sencilla: Ni verdes ni maduros”.

La respuesta del Peje va cargada de jiribilla, porque al mismo tiempo que desmiente a quienes pretenden relacionarlo a ultranza con Rusia y con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, también el tabasqueño vuelve a restregar a los gringos en la cara que ellos tampoco deberán entrometerse en los asuntos de México.

Y entonces López Obrador dijo a Tillerson: “Yo espero que actúe de manera responsable, que no intervenga en los asuntos que solo competen a los mexicanos.

Creo que lo va hacer así, no creo que actúe en forma imprudente, nosotros somos respetuosos de todos los gobiernos del mundo; va haber elecciones en México y solamente los mexicanos vamos a decidir”.

La visita de Tillerson ocurre en el contexto azaroso de la negociación del Tratado de Libre Comercio, en la que el gobierno de Donald Trump pone como elemento de negociación la exigencia de que policías gringos sean incorporados desde territorio mexicano en vuelos comerciales hacia territorio estadounidense, con el pretexto de su seguridad nacional.

Ayer mismo, el insufrible Luis Videgaray Caso, canciller de México, dijo tan pronto se hubo reunido con el gringo, que el gobierno de México “estudiará con seriedad” la propuesta de incorporar alguaciles norteamericanos en vuelos mexicanos con destinos dentro de los Estados Unidos.

Andrés Manuel López Obrador hizo referencia también a esta propuesta estadounidense de subir a los vuelos de marras a policías armados de  ese país
“La Constitución mexicana no se va a violar en nada. Serán los mexicanos quienes decidan sobre las medidas a tomar en nuestro territorio”, dijo, en alusión clara a la propuesta gandaya de Trump y Tillerson.

El Congreso mexicano, ahora que ha vuelto de su amodorramiento,  está obligado por su función de control político posicionarse en torno de la visita de Tillerson y de estos dos elementos de la noticia: Su amenaza injerencista a propósito de los rusos y su pretensión injerencista, violatoria de la Soberanía nacional, de meter alguaciles armados a territorio mexicano.

De hecho, ya es para que las dos Cámaras del Congreso de la Unión se hubieran pronunciado en torno de las declaraciones injerencistas de Rex Tillerson. Pero no lo hizo este viernes y habrá que esperar si lo hace el martes, cuando las dos Cámaras sesionen.

Tillerson ha venido a hacer el caldo gordo al PRI y al PAN, sin duda alguna. Y a meter temor al pueblo de México, con el amago ominoso de que Estados Unidos no va a permitir que llegue a la Presidencia de México un candidato que llame a su país a unirse contra decisiones que a todas luces han perjudicado enormemente a la nación mexicana. Y a revertirlas.

Entre los ofrecimientos que ha hecho López Obrador si llegase a la Presidencia de México, hay varias cuestiones que perjudicarán a los Estados Unidos.

Verbigracia: La construcción de dos nuevas refinerías y el resarcimiento de las seis existentes en el país, para detener totalmente la importación de los casi 700 mil barriles diarios de gasolinas y diésel que México importa de refinerías de los Estados Unidos.

Una cuestión fundamental que cambiaría 180 grados respecto de lo que actualmente ocurre con el Gobierno de Enrique Peña Nieto –así lo prometió ya López Obrador-, será el trato de iguales entre Estados Unidos y México, y no el trato de lacayo que ahora Trump da a Peña Nieto y a los mexicanos.

El Senado es el encargado constitucional de revisar y vigilar la política exterior mexicana. Está obligado a llamar a comparecer urgentemente a Luis Videgaray Caso para que informe detalladamente sobre qué acuerdos ha firmado con Tillerson el gobierno mexicano, en esta visita del gringo.

A ver si quieren llamarlo y a ver si quiere comparecer. Veremos.
02 Febrero 2018 04:00:00
Del cristal con que se mira
La Cámara de Diputados se internó ayer, en su primera sesión ordinaria, en un sendero plagado de abrojos y ortigas. He aquí los posicionamientos de todos los grupos parlamentarios:

José Alfredo Ferreiro Velazco, del Pes: “Somos conscientes de la agenda pendiente que tiene esta Cámara, la agenda que está obligada por ley a sacar. Los nombramientos del fiscal general del Sistema Nacional Anticorrupción, las fiscalías especializadas, el nombramiento del auditor superior de la Federación y los órganos de vigilancia y control de los órganos constitucionalmente autónomos”.

Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada del Panal, sostuvo: “Depende de nosotros, de nuestra capacidad de diálogo y construcción de acuerdos, la forma en que seremos calificados por la historia de nuestro país. Si estamos dispuestos a llegar a acuerdos que nos permitan avanzar en los temas pendientes, es momento de actuar para aprovechar al máximo el último periodo de nuestra legislatura”.

Macedonio Salomón Tamez Guajardo, diputado del MC, dijo y preguntó: “Hay cerca de 4 mil dictámenes rezagados. ¿Será posible estudiarlos y aprobarlos o rechazarlos a consciencia en estos tres meses que tenemos por
delante?”
El Pvem dijo en voz de José Alberto Couttolenc Buentello: “Como es sabido por todos, trabajamos en esta etapa final de la legislatura bajo la presión de una intensa campaña electoral que renovará más de 3 mil 400 cargos a elección popular, incluido presidente de la República. No obstante lo anterior, la sociedad y la opinión pública nos exigen resolver asuntos pendientes, lo cual es ni más ni menos que nuestro trabajo y nuestra obligación”.

Turno entonces de Norma Rocío Nahle García, de Morena, quien sostuvo:
“En este año 2018 se renovarán los Poderes federales y la Presidencia de la República, quien en cifras e indicadores el actual presidente terminará su mandato con muy malos resultados, en lo interno y en lo externo, que han causado la irritación nacional, entre otras cosas, por no haber cumplido con muchos de sus compromisos de campaña y por haber incrementado la corrupción y la inseguridad en forma dramática durante su mandato.

… De nada sirvió nuestro intenso debate en esta tribuna (octubre de 2016) para hacerles entender que no era adecuado aprobar el IEPS en las gasolinas. En su momento les explicamos puntualmente que esto llevaría al incremento en el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la electricidad. Aquí mismo les argumentamos que las familias no tenían cómo compensar dicho aumento, cuando el ingreso familiar es muy bajo en promedio y que sería un golpe al bolsillo de las familias mexicanas.

“No quisieron sumarse a nuestra postura y el resultado fue el gasolinazo, que llevó a una inflación del 6.7 por ciento en 2017. Les recuerdo que solo Morena votó en contra. Y este golpe al bolsillo y sacrificio de los mexicanos fue para cubrir el déficit fiscal, porque el gobierno tuvo un gasto
excesivo”.

Jesús Zambrano Grijalva, del PRD: “Hoy compiten tres grandes coaliciones con sus
respectivas visiones políticas de cara a las elecciones del primero de julio.

Nosotros como PRD participamos en una de ellas pensando que tenemos la razón en nuestras propuestas, Por México al Frente.

“Pero estas contiendas tienen su propio espacio, su proceso y su ruta. Habrán de triunfar quienes sean capaces de concitar la confianza de la mayoría de la sociedad. Y hay que decir que esto hoy se está dando en un ambiente político de mucha confrontación que incluso puede enrarecerse. Ojalá y no sea así.

“Precisamente por eso no pocos piensan que este periodo de sesiones ya llegó a su fin y que muy poco podrá hacerse aun cuando seguimos teniendo muchos pendientes y muchas urgencias”.

El PAN se posicionó en voz de Marko Cortés Mendoza, quien dijo:
“El PRI y el gobierno no ven y no escuchan, lo decimos con claridad porque eso es lo que hemos visto en esta Cámara de Diputados.

“No escucha, por ejemplo, a la Coparmex que pedía una y otra vez corregir ya la tóxica reforma fiscal. Y no ve que en el país vecino, en los Estados Unidos, acaban de bajar el impuesto sobre la renta de un 35 por ciento a un 21 por ciento. No ve que si no hacemos nada poco a poco el capital va a ir migrando a los Estados Unidos y va a dejar de venir a México, porque tampoco ven que es muy probable que el Tratado de Libre Comercio concluya.

“… Hoy la tasa de interés más alta en los últimos años, hoy la inflación más alta de este siglo, hoy la deuda neta del país más alta también, hoy el peso frente al dólar, como nunca, casi ya a 20 pesos un dólar.

“Pero lamentablemente este gobierno federal es el que ha invertido menos en infraestructura, gastan mal, recaudan más pero para malgastar. Por eso decimos que el PRI gobierno no escucha y no ve”.

Y última oradora fue Monserrat Alicia Arcos Velázquez, quien en nombre del PRI dijo: “Actualmente México tiene las condiciones para posicionarse como una potencia global. Que no quepa duda, vamos por la ruta correcta y avanzamos con claridad de rumbo.

“Lo que corresponde ahora es acelerar el paso, por lo que para la siguiente etapa, más que necesario será fundamental que quien sea electo para liderar a los mexicanos sea un gobernante con probada capacidad para concertar acuerdos políticos. Que cuente con una historia de vida, pero sobre todo que acredite un compromiso social”.

Así era el comienzo del periodo ordinario final. Así eran los discursos. Veremos.
01 Febrero 2018 04:00:00
El comienzo del final
Este jueves, 1 de febrero, dará comienzo el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la 63 Legislatura. La elección presidencial del próximo 1 de julio será el común denominador de prácticamente todas las decisiones legislativas y políticas del periodo en puerta.

A las nueve de la mañana sesionará la Comisión Permanente, para su clausura. La Permanente es una asamblea constituida por 19 diputados federales y 18 senadores, que sesiona en las dos etapas de receso legislativo (la del 15 de diciembre al 31 de enero, y la del 30 de abril al 31 de agosto).

Durante el tiempo de la Comisión Permanente, el Congreso de la Unión está bastante disminuido en cuando a sus dos funciones primigenias, la de construir leyes y la de servir de contrapeso del Ejecutivo federal.

A las once de la mañana, en el recinto principal de San Lázaro, se llevará a cabo la Sesión de Congreso General para la Apertura del periodo ordinario de marras. Y a ésta están llamados a presentarse los 628 legisladores federales de México: Los 500 diputados federales y los 128 senadores.

Durante la sesión de Congreso General, el orden del día suele incluir un capítulo de posicionamientos de los grupos parlamentarios que integran las fuerzas políticas del Congreso.

Al final del acto de apertura, entonces comenzará lo que será la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en este periodo. Y lo mismo hará la Cámara de Senadores, cuyo Pleno se trasladará de San Lázaro a su sede de Insurgentes Centro para su, también, primera sesión ordinaria.

¿Cuál es la materia prima con que trabajarán a partir de este 1 de febrero y hasta el 30 de abril próximo?

Son las agendas legislativas. Y éstas no son más que un manojo de propuestas de iniciativas de reformas de ley que cada grupo parlamentario tendría que tener a estas horas del día, para su presentación ante la mesa directiva de sus respectivas
cámaras.
El 100 por ciento de dichas agendas girará en torno de los intereses electorales, sin lugar a dudas.

Cada grupo parlamentario tratará de influir sobre la decisión ciudadana del voto mediante la presentación y aprobación de leyes. Seguramente este periodo ordinario se va a caracterizar por la aprobación de leyes que vayan a tener cierto sentido social.

Serán meses en que los grupos parlamentarios van a salir a los medios a hacerse notar después de las aprobaciones de leyes. Una especie de “cacaraqueo del huevo”.
Las agendas legislativas se han dividido en tres: la de Morena, la del PRI y la del trío conformado por el PAN,
PRD y MC.


En realidad, pareciera que son dos: Morena y el PRI y el PAN, PRD y MC.

Ayer, el senador Emilio Gamboa Patrón -en la plenaria celebrada conjuntamente entre el PRI y Pvem- dijo que una de las prioridades de su partido para legislar en el periodo que comienza es aprobar el completo del Sistema Nacional
Anticorrupción.

Este tema, específicamente, es también prioridad en la agenda tripartita del PAN, PRD y MC.

Fernando Herrera, coordinador de la fracción panista en el Senado de la República, reforzó: “La ruta que el PAN propone, dijo, primero es reformar el 102 constitucional; luego, expedir la Ley General que crea la Fiscalía General de la República, y después de ello, ir a los nombramientos del Fiscal General y el de Anticorrupción, así como de los Magistrados Anticorrupción”.

Herrera dijo también: “Nos abocaremos a impulsar otras leyes para el correcto funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, y para ello, urgimos al gobierno a que de una vez por todas se apruebe la Ley de Obra Pública, que no se presenten objeciones y que vaya a un diálogo honesto y abierto, para aprobar esta ley”.

El grupo parlamentario Morena de la Cámara de Diputados tiene como prioridad legislativa “impedir otro gasolinazo y la designación del auditor superior de la Federación”.

¿Cómo lo haría? En un comunicado, emitido ayer por la tarde, Morena anunció quer presentará una propuesta de reforma hacendaria integral.

En el comunicado se afirma que la propuesta constará de los puntos siguientes:
“Un manejo adecuado de la política económica para permitir el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) y la redistribución de la riqueza nacional como eje estratégico del combate a la pobreza, para fortalecer el federalismo y la democracia.

“Impedir un nuevo gasolinazo, ante su impacto negativo en el consumo popular y en la planta productiva del país, y concretar cuanto antes la designación del auditor superior de la Federación para el periodo 2018-2025, con el fin de evitar un retraso que afecte el funcionamiento de este vital organismo para la fiscalización de las finanzas públicas.

“Adicionalmente, impulsar un plan de emergencia nacional para enfrentar los posibles daños que la política proteccionista anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puedan ocasionar a la estabilidad de México”.

ESTRIBO
Era la víspera. San Lázaro se revestía de luces otra vez. Como en todos los comienzos, en que el número de visitantes se quintuplica. Los pasillos y patios interiores otra vez volvían a atiborrarse de gente, y las entradas se hacían insoportables
otra vez.

Emilio Gamboa volvía también a poner rostro y figura a la desesperación que tiene el PRI, en esto que es apenas el prólogo de la elección presidencial de 2018. Propuso al presidente de su partido, Enrique Ochoa, a que convoque a todos los secretarios, subsecretarios y directores del gabinete presidencial, a salir al país para pregonar eso que él ha llamado los “logros” del
actual gobierno.
31 Enero 2018 04:00:00
Obligación moral del Congreso retomar el debate sobre el gasolinazo
Ahora que el Congreso de la Unión está a tiro de piedra de que comience el segundo periodo ordinario de sesiones del último año legislativo, un tema para debate le ha barbotado en el frontis, y en la cara de diputados y senadores: El de los precios de las gasolinas y el diésel.

Ayer, martes 30, el secretario de Hacienda y Crédito Público José Antonio González Anaya declaró que “la política de ajustes graduales” de las gasolinas y el diésel será sostenida durante 2018. Una política, defendió el hacendario mayor, “que ha permitido mantener el precio de los combustibles en México”.

González Anaya incluso añadió que “a partir de la liberalización de los precios el año pasado, el precio al público de la gasolina es fijado por cada propietario de estación de servicio, y en tanto que en la capital del país el precio ha subido en torno a un peso por litro en el último año”.

Y remachó en su defensa a ultranza de la política de ajustes de marras: “La fórmula de precios de la gasolina que hemos llevado hace ya un año ha sido gradual, todos los días se ajusta. Unos días lo hace para arriba y unos días para abajo y eso nos ha permitido mantener los precios de la gasolina en México como en el resto de los países”.

El titular de Hacienda volvió a hacer suyos los argumentos aquellos, que afirman que “en la determinación del precio de las gasolinas que se consumen en México influyen la cotización internacional del petróleo, el tipo de cambio del peso frente al dólar (‘dado que el país importa más de la mitad del consumo’), el costo de transportación y el margen de ganancia de los distribuidores”.
Lo que dijo el titular de SHCP podría ser utilizado como basamento para quienes quisieran debatir en torno del tema, ya sea en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, justo cuando a punto está de comenzar el último periodo ordinario de sesiones de la 63 Legislatura.

Y hablaba también del Impuesto Sobre Producción y Servicios (IEPS), como si éste fuese de lo más natural del mundo, y como si este no terminara decidiendo el precio final de las gasolinas, que de los 14 pesos en promedio se estacionó –entrando enero de 2017- en los 18 pesos en promedio, a partir de los cuales se incrementó un peso, a un año del subidón terrible de los combustibles.

El debate comenzó, de hecho, el jueves 20 de octubre de 2016, cuando la Cámara de Diputados discutía la autorización de la Ley de Ingresos para 2017. Entonces, en la tribuna de San Lázaro, el diputado Jorge Charbel Estefan Chidiac, del PRI, y presidente de la Comisión de Hacienda de esa Cámara, sostenía, sin rubor, que con lo que a punto estaba de votarse sobrevendrían “positivos efectos de la reforma tributaria”.

Y afirmaba: “Con estos cambios dotamos de reglas claras para liberar el precio de las gasolinas en nuestro país. De acuerdo a la ley, en 2018 deben quedar liberados estos precios. Sin embargo hoy regulamos la manera gradual, ordenada, metódica, sistemática, que permita la libre competencia, y sí, en el mediano y largo plazo, cuando baje (sic) el petróleo, que baje (resic) la gasolina, y así será en un futuro en nuestro país”.

A Jorge Estefan Chidiac, aquel jueves 20 así lo atajó Ariadna Montiel Reyes, diputada de Morena: “No estamos de acuerdo en la liberación de los precios de los combustibles, este tema es un ejemplo más del fracaso de la reforma energética, vendieron el petróleo en el peor momento y hoy tenemos un hoyo en el presupuesto; que ahora quieren, desde este ejercicio fiscal 2016, que asuman, que han asumido y siguen asumiendo, los mexicanos con el pago al impuesto
a la gasolina.

“De 2015 a 2017 se elevará el costo de la gasolina un 800 por ciento. En el presupuesto de 2015 se tenía presupuestado 30 mil millones de pesos en el impuesto a gasolina y para este año tienen programado 284 mil millones. De tal manera que el incremento es real y con la liberación de los precios no es para que bajen el precio de los combustibles.

“Hay que decírselo con mucha claridad a los ciudadanos, esto es para que se eleven los costos de los combustibles. Y el estado tendría que estar ahí, en el control de los precios. La política de precios de los combustibles establecida como producto de la reforma energética ha incrementado considerablemente el precio de los mismos”.

Muchos oradores. Uno de éstos fue Jesús Zambrano Grijalva, diputado federal del PRD, quien se posicionó: “Por otro lado, a pesar de que la reforma energética de 2013 y 2014 ha sido un fracaso, ahora se quiere aprobar para 2017 la liberación de los precios de las gasolinas.

“Dicen que para abaratar el costo de los combustibles a favor de los consumidores, y que conforme se comporte el mercado habrá disminuciones de precios. Pero eso no sucederá, ya lo sabemos de antemano, compañeras y compañeros, las trasnacionales serán las únicas ganadoras y Pemex terminará subsidiando las gasolinas donde los privados no vean una ganancia favorable”.
Pero no era una oposición contundente. El PRD terminó votando en favor de la Ley de Ingresos, excepto en el gasolinazo.

Así tendrían que estar debatiendo ahora, en febrero de 2018. Un tiempo nublado, en que la población de todo el país resiente con gran rigor el incremento de las gasolinas. Veremos.
30 Enero 2018 04:00:00
La función de control político y la elección de julio de 2018
El jueves comenzará el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer, y último, año de la 63 Legislatura. Ésta, que será una de las elecciones presidenciales más competidas de la historia nacional, coloca sin duda al Congreso de la Unión en situación comprometidísima con la función del control político.

Diputados federales y senadores tienen dos funciones básicas: hacer leyes y servir de contrapeso al ejercicio del poder público. ¿Cuál es la más importante?
La función de control político es la número Uno, a pesar de que quienes ostentan el poder público máximo del país, la de la presidencia de la República, han considerado a la función legislativa como la más importante, la primigenia, la esencial.

Es común que la gente crea que el Congreso está hecho para hacer leyes. Sí. Pero antes de esto, la función de los diputados y senadores es servir de contrapeso constitucional. ¿Lo hacen? No, desafortunadamente para la vida de la nación.

La mayoría de los diputados y senadores están convertidos desde hace muchas legislaturas en unos alcahuetes de marca mayor. O peor aún: en serviles, en peones de quienes ejercen el Poder Ejecutivo.

Particularmente en este sexenio, en que regresó el PRI a la presidencia de la República, las dos Cámaras del Congreso General se han transfigurado en oficinas de resello del titular del Ejecutivo Federal.

Algo así como Oficialías de Partes, en donde se reciben iniciativas de reformas de leyes que previamente han sido negociadas en los territorios del Ejecutivo Federal.

En cada comienzo de periodo ordinario, los grupos parlamentarios suelen reunirse en asambleas plenarias para pergeñar sus respectivas agendas legislativas, que no son más que propuestas de iniciativas de leyes que estarían proponiendo como materia prima legislativa.

Hay leyes que dictaminan en comisiones; pero hay otras que ni siquiera las ven los legisladores, porque son negociadas en la presidencia de la República, lo mismo con los presidentes de los partidos políticos o con los gobernadores o incluso con empresarios, o con representantes de poderes fácticos como ya lo son en México las trasnacionales petroleras.

Hay legisladores de la oposición como Layda Sansores y Manuel Bartlett Díaz que afirman, denuncian, que la presidencia de Enrique Peña Nieto ha acatado –ni siquiera negociado- órdenes del gobierno de los Estados Unidos para reformar leyes sensibles en México.

La reforma petrolera es la más vista de todas ellas. Se reformó el 27 constitucional a sabiendas de que no le convenía absolutamente a México. Y con el señuelo de que las gasolinas y el diésel bajarían su precio, los diputados y senadores del PRI, PAN, Panal y Pvem se pusieron a engañar, a mentir a la población diciendo que tan pronto se permitiera la participación de petroleras extranjeras en la exploración y extracción de crudo en el Golfo, los combustibles serán más baratos.

La expectativa de quienes todavía creyeron en esos partidos políticos fue lo suficientemente grande como para detener cualesquier movilización social. Claro que incluyó el hecho de que los partidos opositores tampoco hicieron nada por reclamar en las calles.

Por ejemplo, el movimiento político que ahora lidera Andrés Manuel López Obrador decidió no salir a la calle y esperar la contienda electoral de 2018, para reclamar y echar para atrás la reforma energética.

Una reforma que, por cierto, ahora que ha comenzado la pugna electoral por la presidencia de la República, no ha sido objeto de comentarios en el sentido de echarla para atrás, como la oposición decía en 2014 y 2015 de que se trabajaría en las elecciones para que eso ocurra.

LEYES ANTICORRUPCIÓN
La corrupción comenzó a figurar como el tema central de los precandidatos, incluido el del PRI. José Antonio Meade Kuribreña propuso la semana pasada una iniciativa de combate a la corrupción que el partido Morena criticó, diciendo que ellos ya la habían presentado desde hace dos años.

Ricardo Anaya habla de combatir la corrupción cada que se acuerda. No lo hacía el panista, como tampoco el priísta.

Evidentemente, lo que pretenden es derribarle la bandera anticorrupción que ha enarbolado desde siempre el precandidato Andrés Manuel López Obrador.

Al priísta y al panista la realidad los hace ver como unos hipócritas y oportunistas, cuya pretensión no es propiamente combatir la corrupción sino engañar a la gente, confundirla, para desflemarle el discurso al tabasqueño de Morena, que ha prometido que tan luego llegue a la presidencia de la República combatirá la corrupción hasta el punto de acabarla en todo el país.

El Congreso mexicano tendrá que lidiar con estar iniciativas, durante el periodo ordinario que a punto está de comenzar.

Ayer, por ciento, López Obrador lanzó otro buscapié al Congreso: anunció que a través de su partido propondrá una reforma al artículo 108 constitucional para que pueda ser juzgado el presidente de la República en funciones, por los delitos de corrupción y de violación de derechos políticos electorales.

Cuando llegue la iniciativa pondrá a tragar aceite al PRI, al PAN y al PVEM, los partidos que en la etapa reciente de la vida política nacional se han beneficiado de su permanencia en la presidencia de México.

Tendrán que posicionarse los partidos políticos, aunque no la dictaminen. Con estos temas la oposición busca echar mano del debate político, herramienta básica de la función de control político.

El jueves próximo, los grupos parlamentarios deberán presentar sus respectivas agendas legislativas. Veremos cómo abordan el tema de la corrupción en México y cómo, también, querrán asumir la función de control político, durante este periodo electoral tan esperado en el país.
27 Enero 2018 04:00:00
México, entre los países del mundo donde más asesinan mujeres
Ciertamente no era un debate de esos que se miden por la argumentación y la contra argumentación: Pero, por destellos, lo parecía. En la presentación de su informe anual ante el Congreso de la Unión, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, escuchaba voces que parecían criticarlo. Como la de Alfredo Miguel Herrera Deras, diputado del PAN, quien decía:

“Me llaman la atención los comentarios que hace sobre la violación de los derechos humanos que hacen en Estados Unidos con nuestros connacionales. Me gustaría saber la opinión suya sobre lo que hacen nuestros policías en la frontera sur con los inmigrantes que vienen de Sudamérica, que son unas violaciones no sé si iguales a las de Estados Unidos o a las que estamos viviendo aquí en México, donde en San Fernando desaparecieron a muchísima gente. ¿Cuál sería su opinión?”

Y remachaba el panista, así: “Don Raúl, hemos escuchado con atención su informe; sin embargo, algunos temas nos preocupan.

“La situación de inseguridad y de constante violación a los derechos humanos en México es verdaderamente alarmante. No hablemos de casos icónicos que se han visto en este sexenio, como Ayotzinapa y Tlatlaya, sino de los ciudadanos que viven de manera cotidiana”.

Y volvía a remachar: “¿Qué ocurre con los derechos humanos de las mujeres? Mujeres que día tras día ven como la impunidad deja el camino libre para convertirse en víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Basta recordar que cerca del 47 por ciento de las mujeres en nuestro país han sufrido algún tipo de violencia física y sexual a lo largo de su vida, sin mencionar que México se encuentra entre los países con la mayor tasa de feminicidios en el mundo”.

Entonces habló el PRI, en voz de Ricardo Ramírez Nieto, quien, bien dispuesto a sobarle el lomo a González… y al presidente Enrique Peña Nieto, decía: “Quiero decirle que los legisladores del PRI reconocemos que el gobierno de la República ha atendido con prioridad los desafíos que enfrenta en materia de los derechos humanos. Frente a cada uno de ellos se han emprendido acciones concretas para atenderlos y su compromiso para garantizar la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional ha sido inquebrantable”.

¿De qué México hablaba Ricardo Ramírez Nieto?, preguntaríase toda la concurrencia. Y continuaba: “Con el firme propósito de consolidar un México democrático y comprometido con la dignidad humana, el gobierno que encabeza el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, atendió las siete sentencias de la Corte Interamericana que dictó sobre los casos de violaciones a derechos humanos cometidos en sexenios anteriores, y de manera favorable más del 80 por ciento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

Y otra sobada del PRI al ombdusman, cuando Ramírez Nieto decía: “En el Grupo Parlamentario del PRI condenamos el asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur”.

Entonces volvía a la tribuna Luis Raúl González Pérez, quien insistía: “Hoy lo decíamos en mis palabras, el nivel de violencia ha alcanzado a uno de nuestros compañeros, presidente de la Comisión Estatal de Baja California Sur, y reprobamos y condenamos el acto, comisionamos al primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se trasladara de inmediato, para que interactuara primero en el acompañamiento de la familia, paralelamente que hablara con las distintas autoridades, se entrevistó efectivamente con el señor gobernador, yo tuve comunicación ese día tan lamentable con el propio gobernador, exigimos que se esclarezca, que propiciamos por escrito y públicamente, convocamos a la Federación, convoqué a los 32 ombudsperson (un vocablo sueco, cuyo significado es “defensor del pueblo”) de la República Mexicana, y pedimos por escrito una reunión con el Ejecutivo federal y con la Conago”.

El presidente de la CNDH informaba entonces que el jueves, anteayer, “se materializará una reunión de los 32 gobiernos estatales y estará el secretario de Gobernación precisamente para ver las condiciones en que se desempeñan los ombudsperson, pero también para que se esclarezcan los 34 defensores de derechos humanos que tiene registrada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cinco de los cuales fueron en 2017”.

Y apostillaba González Pérez: “De ahí que estamos actuando para que no quede en la impunidad, porque el representante de una institución del Estado fue alcanzado por la violencia”.

Y ahora, en alusión a las preguntas del panista Herrera Deras, Luis Raúl aludía a la frontera y a los migrantes. Y sostuvo: “Desde luego el tema de la frontera sur de México, que es una preocupación que nos dice, voy a referirme al final de la acción de inconstitucionalidad porque estuvo en las tres inquietudes.

“La frontera sur ha captado nuestra permanente atención, he traído a los ombudsperson de Centroamérica a tener un diálogo para establecer protocolos de actuación inmediata; me he reunido con los embajadores de los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

“Hemos elevado la voz, repito, para que se eviten las vejaciones que efectivamente se atraviesan por el sur de nuestra frontera, y hemos emitido también recomendaciones al respecto.

“Las estaciones migratorias tienen la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todas dos o tres veces por semana. En los Estados Unidos, como dije, hemos levantado la voz respecto a esas condiciones que también se atraviesan allá, y sobre todo, condenando el discurso de odio xenofóbico que prevalece. Desde luego que nos hacemos eco de estas problemáticas de violencia de mujeres”.
26 Enero 2018 04:00:00
Las respuestas matizadas de CNDH ante los abusos de soldados y marinos
Por qué la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido muy pocas recomendaciones a la Defensa y Marina, fustigó Virgilio Caballero, diputado federal de Morena, a Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.

Y lo volvía a centrar: “Observamos con preocupación que la comisión que usted preside ha recibido 12 mil 408 quejas en el lapso del primero de diciembre del 2006 al primero de enero de 2016. En nueve años y dos meses a razón de 112.8 por mes o 3.76 cada día, y el 80.1 por ciento corresponde al Ejército y el 18.9 por ciento a la Armada, sobre las cuales la CNDH ha podido acreditar violaciones a los derechos humanos en 4 mil 372 casos, pero en ese mismo tiempo emitió solamente 116 recomendaciones a la Sedena y 31 a la Semar”.

Estaba Luis Raúl González Pérez ante el Pleno de la Comisión Permanente. Entregaba su informe sobre 2017 en la materia de defensa de los derechos humanos en México.

Virgilio Caballero continuó: “La crisis de inseguridad y la violencia extrema que se vive en varias regiones de nuestro país comienza a generalizarse. Ni el Gobierno federal ni los gobiernos locales han sido capaces de detener este clima insostenible y devolver a la población la paz y la tranquilidad que tanto anhela y a la que tiene derecho. Es evidente que la inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades”.

Incisivo hasta las cachas, el también veterano periodista insistió: “Los delitos de alto impacto como el homicidio doloso, la extorsión o el secuestro y la desaparición forzada van al alza”.

“La respuesta gubernamental, basada en una estrategia fallida como la utilización de militares en tareas de seguridad pública para combatir la criminalidad, ha dado lugar a que se cometan graves violaciones a derechos humanos y ha ocasionado severas distorsiones institucionales a la vida pública, porque la presencia de militares en las calles se ha vuelto permanente, ha impedido, ya sea por desidia o de forma planificada –que es aún peor–, que los cuerpos policiacos estatales y municipales emprendan una tarea de renovación, crecimiento y de ataque a la corrupción. Se capaciten, se profesionalicen”.

Virgilio remachó: “Ahora, 10 años después de iniciada la guerra contra las drogas, esta estrategia fallida amenaza con militarizar la seguridad pública de todo el país”.

Ya para terminar, el legislador dijo, y preguntó, al ombudsman: “El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos del órgano autónomo, establece que solo entre enero de 2015 y septiembre de 2016, recibió 37 quejas por privación de la vida, 12 por desaparición forzada, 36 por tortura y 372 por trato cruel e inhumano, todas fueron en contra de integrantes del Ejército.

“Es por ello que me permito preguntarle lo siguiente: ¿Qué opinión le merece que las Fuerzas Armadas realicen funciones que corresponden a las autoridades civiles como lo es investigar delitos y proporcionar seguridad pública, y ahora se pretende dotarlas de un marco para legalizar su participación en dichas funciones? ¿Qué opinión le merece que las autoridades civiles puedan quedar bajo el control y árbitro de los militares? ¿Qué consecuencias se van a tener? Y por favor, díganos ¿cuáles son los puntos centrales del contenido de la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH contra la Ley de Seguridad Interior recientemente
aprobada?”

Entonces respondía Luis Raúl González Pérez, quien en alusión a Virgilio Caballero, dijo: “Quiero señalar que la institución que yo encabezo no está en contra de ninguna institución. Por el contrario, reconocemos toda la labor que desarrollan nuestras fuerzas armadas. Lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, lo que buscamos desde la comisión nacional es que ese marco regulatorio pueda precisamente brindarnos ese contexto de más y mejor seguridad en un contexto que sea acorde desde la perspectiva de nuestro máximo texto constitucional y desde la convencionalidad”.

Hubo un tema que saltaba a la vera del camino de Luis Raúl González Pérez: Ayotzinapa, invocado por varios legisladores.

Respecto de la desaparición de los normalistas en Iguala, la noche del viernes 26 de septiembre de 2014 (hace exactamente cuatro años), esto dijo Luis Raúl González Pérez, desde la tribuna de la Permanente:

“El tema de los 43 ha formado parte intensa de la gestión; se creó una oficina especial y debo de decir que ha sido a partir de las más de 50 propuestas que hemos hecho a 4 distintas autoridades que hemos precisamente, antes de emitir nuestro documento recomendatorio, coadyuvado para que se conozca la verdad a través de quien tiene que hacer la investigación, que es la Procuraduría General de la República.

“Y ustedes pueden ver cómo, a través del trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han podido reorientar precisamente muchas de las actuaciones que ha hecho la autoridad ministerial.

“Entonces, el caso Iguala o el caso de Ayotzinapa, el caso de los 43 jóvenes es un caso que está en la fase final de análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a violaciones a derechos humanos, no en cuanto a la acreditación de delitos, que eso le toca a otra instancia del Estado mexicano.

“Quiero agradecer sobre todo sus comentarios, sus propuestas; sus críticas nos alimentan y formarán parte del programa de trabajo que va a ser igualmente intenso y agresivo en beneficio de la prevención a violaciones a derechos humanos y para que en los casos que se actualicen, conocer la verdad, que no queden en la impunidad”. (Continuará)
25 Enero 2018 04:00:00
Ley de Seguridad Interior, intento de perpetuación de una estrategia fallida
Luis Raúl González Pérez rindió ayer ante el Congreso de la Unión el informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la que es el presidente. Hubo ocho oradores. He aquí con María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada de Movimiento Ciudadano, con quien intercambió datos y opiniones:
“Usted”, dijo Candelaria Ochoa Ávalos a Raúl González Pérez, “ya abordó algunos temas que hacen crisis en materia de derechos humanos: El feminicidio, el ataque a periodistas y defensores de derechos humanos, la violencia en el desplazamiento interno, en particular el de Chalchihuitán Chenalhó, que me parece que es muy importante que esta Cámara tome cartas en el asunto, a pesar de varias solicitudes que hemos hecho.

“El tema de los migrantes, que alguna vez el gran Carlos Fuentes lo dijo, las mercancías son trasatlánticas, pero las personas no. El tema de los pueblos indígenas sigue siendo una tarea para la legislación y para la ejecución de políticas públicas de igualdad.

“La omisión institucional y en este caso le hago un llamado para la intervención en Veracruz, de los gravísimos casos de salud que violó Javier Duarte.
“Es preocupante que el PRI y sus aliados hayan aprobado la Ley de Seguridad Interior. La CNDH ha interpuesto una controversia constitucional ante la aprobación y publicación de la Ley de Seguridad Interior, que constituye un intento de perpetuación por parte del Estado mexicano, de la estrategia fallida de combate al crimen organizado.

“Señor presidente, ¿cuáles considera usted que son las motivaciones principales de un amplio espectro de la clase política en el poder, para continuar con una estrategia que claramente le ha fallado a México, a pesar de la oposición de los principales organismos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos?
“La segunda pregunta tiene que ver con lo que usted ya mencionó, las violaciones graves a los derechos humanos. Del 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó 11 recomendaciones por violaciones graves, de las cuales cinco se presentaron en el año 2017, una en 2016, una en 2015, 2 en 2014 y una en 2013, lo que representa que el 2017 es el más grave en materia de violación a los derechos humanos, violaciones graves.

“¿Qué opinión le merece, señor presidente, el impulso de esta clase de instrumentos a nivel nacional como un primer paso para transitar hacia un cambio de régimen? Un régimen que tenga voluntad política para reconocer el nivel de la crisis en materia de derechos humanos y garantizar la reparación del daño de las víctimas”.

Fue Candelaria la primera oradora. Así le contestó Luis Raúl González Pérez: “Sobre el primer planteamiento que me hacía la legisladora María Candelaria, y la primera pregunta que tiene que ver con la Ley de Seguridad y el cambio de impulso a un nuevo modelo nacional al que ella hacía alusión.

“Desde nuestro particular punto de vista, creemos que la ley tiene cuestionamientos de constitucionalidad y de convencionalidad, sobre todo, en el parteaguas que representó la reforma 2011, porque ahí se estableció un principio básico que era el de progresividad.

“Por eso es que el proceso que seguimos para aterrizar esta acción de inconstitucionalidad fue escuchando a la sociedad civil en los puntos de vista que pudiera tener, y los que consideráramos que fueran pertinentes los incorporaríamos, lo mismo con la academia, como fue jurídicas de la UNAM o el CIDE, y construimos lo que pensamos.

“Y la respuesta es, desde mi particular punto de vista, las tareas que se pretenden regular deben de estar, desde luego, enmarcadas en modelo de conducción desde la autoridad civil.

“Hoy desde la ley se habilita la coordinación y dirección de un elemento de las Fuerzas Armadas que dirigirá, precisamente, elementos de diversas instituciones del ámbito civil.

“Yo quiero con ustedes, simplemente y rápidamente decir: Nos parece que los principales elementos es que la ley, desde nuestro particular punto de vista, adolece de los parámetros adecuados, precisamente para que las autoridades intervinientes puedan no incurrir en violaciones a derechos humanos por la gran discrecionalidad que se deja en temas de amenazas o riesgos.

“Pero quiero llamar su atención sobre algo que la Corte, la Suprema Corte de Justicia –y este es un elemento que les pido que veamos en la acción de inconstitucionalidad–.

“Por ello, de la interpretación armónica de la fracción IV del artículo 89 con el numeral 129 en análisis, se desprende que dentro de las funciones que tienen conexión exacta con la disciplina militar, a las que se refiere el último numeral, se encuentra la de auxiliar a las autoridades civiles cuando por las circunstancias del caso requieran de la fuerza militar para salvaguardar la seguridad interior de la nación.

“Dice: Es preciso insistir en que derivado del origen histórico del artículo 129 constitucional, salvo la situación excepcional de suspensión de garantías, en todo caso y bajo cualquier circunstancia las Fuerzas Armadas no pueden actuar automáticamente, sino en estricto auxilio de las autoridades civiles y siempre y cuando se solicite expresamente su apoyo.

“Esto significa que las Fuerzas Armadas no pueden por sí mismas intervenir en asuntos de la competencia de autoridades civiles. Es imprescindible que se requiera su participación.

“Posteriormente, habiéndose cumplido este requisito será necesario que en las operaciones en la que intervengan, estén subordinadas las autoridades civiles”.

“Déjenme decirles. Aquí se refería precisamente, hace mención que tratándose de seguridad interna, aún en supuestos de seguridad interna, y lo menciona tal cual la sentencia, deben ser auxiliares de la autoridad civil”. (Continuará)
24 Enero 2018 04:00:00
La inflación galopante que el Banco de México no quiere ver
El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificará hoy, miércoles 24 de enero de 2018, a Irene Espinosa Cantellano como subgobernadora del Banco de México. Y un tema fundamental para las funciones del banco central es el seguimiento y control de la inflación. Sobre este asunto, Espinoza dijo que “es más alta de lo deseable”. Pero aseguró que tiende a disminuir.

La inflación muerde con rabia a la economía, insuflada principalmente por las alzas de los precios de las gasolinas y diésel, y por las alzas también del precio del gas doméstico y la electricidad.

La gente en todo el país no se queja más que de las alzas de estos tres productos fundamentales para la vida cotidiana de las personas. Y ha sido el gobierno de Enrique Peña Nieto el promotor brutal de estas alzas.

Aunque los diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Pes y Panal también “agarraron la pata a la vaca”…, cuando en octubre de 2016 aprobaron en el Congreso reformas que autorizaron que a partir de enero de 2017 –hace 13 meses- las gasolinas se fueran de los 14 a los 18.40 pesos el litro; el cilindro de gas doméstico, de los 240 a los 319 pesos, y la energía eléctrica también se fuera a las nubes, con ayuda de aquellos nuevos medidores propios de una dictadura. Si alguien no paga a tiempo el recibo de la luz, desde la central de CFE la cortan y sanseacabó.

Pues ahora, enero de 2018, las gasolinas ya superaron los 19 pesos en amplias zonas del país, el cilindro de 20 litros de gas supera los 440 pesos y ya muchísimos se quejan de la CFE, que convertida está en una arpía que atormenta y hace sufrir indeciblemente a la población por instrucción y órdenes del régimen, cuyo capitán formal es actualmente Enrique Peña.

Atrás quedaron los discursos empapados de felonía de la Presidencia de la República y de sus encargados de despacho, cuando juraban en 2014 –año de la aprobación de la reforma energética- que con el regreso de las trasnacionales petroleras bajaría el precio de las gasolinas y el diésel, que entonces oscilaban entre los 13 y 12 pesos.

Todavía resuenan, estruendosas, las carcajadas de los capitanes del régimen. No sólo no bajaron los precios, sino que se incrementaron de manera criminal. Y, lo que es peor, quienes hicieron posible el aumento de estos precios criminales no los bajan por nada del mundo, a sabiendas de que a todo el país se lo está cargando la fregada; pero de manera muy especial a quienes viven con menos de 20 pesos al día: los más de 60 millones de personas que están catalogadas por el Inegi como población bajo condición de
pobreza extrema.

El tema de la inflación fue recurrente en la comparecencia de Irene Espinosa Cantellano. El diputado de Morena que votó en contra de su ratificación como subgobernadora, el yucateco Virgilio Caballero, achacó la incapacidad del banco de México para regularla a la “nula independencia” en que incurrió Agustín Carstens en su relación institucional con la Presidencia de la República.

Virgilio Caballero restregó a Irene Espinosa: “Una de las ventajas que ustedes han destacado de la autonomía de Banxico es la independencia de criterios respecto del Poder Ejecutivo. Con el último Gobernador, esa independencia fue prácticamente nula y hoy tenemos una inflación que se aleja de los compromisos hechos por el banco central”.

No sólo Irene Espinosa compareció ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente; entre casi una decena de funcionarios, también estuvo allí Miguel Messmacher Linartas, propuesto por el Ejecutivo federal al puesto de subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A propósito de Messmacher –que siendo subsecretario de Ingresos, pasará a ser subsecretario de Hacienda-, Virgilio Caballero dijo: “Durante el ejercicio del subsecretario, se implementaron medidas para evitar la evasión del pago de impuestos por parte de empresas extranjeras, y que pese a retrasos, estas se lograron establecer en la Ley de Impuestos Sobre la Renta, en 2016.

“(Un ejemplo de ello, es) el Grupo Empresarial Multinacional, (que puso) un interpuso un amparo para retrasar la presentación de información –que se veía obligado a publicar- sobre la distribución mundial de ingresos e impuestos pagados; indicadores de la localización de sus actividades económicas en las que opera; utilidades o perdidas; pagos del Impuesto Sobre la Renta; cuentas de capital; activos, entre otros”.

Y preguntaba Virgilio entonces a Messmacher: “¿Ya se superaron los amparos interpuestos por algunas empresas trasnacionales establecidas en México? Conviene que antes de pasar al cargo al que ha sido propuesto de subsecretario de Hacienda y Crédito Público informe a detalle los resultados de estas disposiciones, sobre todo por la importancia que ustedes han dado a la inversión extranjera en sectores estratégicos de la economía de nuestro país”.

Messmacher tuvo un voto en contra de su traspaso de subsecretario de Ingresos a subsecretario de Hacienda: el de Cecilia Soto González, diputada del PRD. Fue Cecilia Soto quien le reclamó que asumiera una posición partidista, en favor del PRI, en el caso Chihuahua.

El gobierno de Chihuahua, cuyo titular es Javier Corral, ha denunciado que el PRI nacional, cuando estaba como presidente Manlio Fabio Beltrones, recibió del gobierno chihuahuense de César Duarte 254 millones de pesos para que se le utilizara en campañas políticas en diversas
zonas del país.

Todo esto ocurrió en comisiones. Hoy será abordado por el Pleno de la Comisión Permanente.
23 Enero 2018 04:00:00
¿De qué estará hecha la SCJN?
La Ley de Seguridad Interior -aprobada a matacaballo en diciembre por el PRI, PVEM, Panal y los panistas ujieres de Felipe Calderón- está emplazada a su anulación a partir de que diputados, senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunos ayuntamientos presentaron demandas por separado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta interprete la ley y la declare inconstitucional.

Los magistrados de la nación están llamados a cubrirse de gloria o a traspasar la puerta del infierno, según el fallo que vayan a hacer en torno de esta ley que, para muchos de quienes la cuestionan, es la peor de las leyes que han sido aprobadas por el Congreso mexicano.

Basta tener dos dedos de sentido común para que cualesquier ciudadano llegue a la conclusión de que dicha ley es una absoluta contradicción con la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en su Espíritu como en su texto literal.

Claramente cualquier ciudadano, sin necesidad de ser un constitucionalista o un avezado en las lides del mundillo legislativo, puede comprobar que la ley de marras con la que Enrique Peña Nieto está pretendiendo empoderar a los militares por sobre todas las instituciones de la República, viola flagrantemente artículos como el 21, 89 y 129 constitucionales, en los que habla de que en tiempos de paz los soldados y marinos “no podrán realizar más tareas que las relacionadas con la disciplina militar”.

Tales artículos dejan claro que son las autoridades civiles las que tendrán sobre las fuerzas militares la preeminencia en todo lo que concierna a combatir al crimen organizado.

En contra partida, la Ley de Seguridad Interior pretende facultar al Ejército y a la Marina de una autoridad que sobrepasará a prácticamente todo el andamiaje de instituciones dedicadas a la seguridad nacional, a la seguridad pública y a la defensoría de los derechos humanos.

Esta ley ha empoderado de tal modo a soldados y marinos que instituciones como el INAI, INE y CNDH deberán coadyuvar con los militares mediante la entrega de información requerida por éstos.

Estas tres instituciones, particularmente, se estarían convirtiendo en una suerte de espías al servicio de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. Se convertirían en departamentos para la delación y entrega de los ciudadanos.

Un régimen militar de excepción, es el que mandata la Ley de Seguridad Interior que sea instaurado en México. Pero esto no se puede hacer con una ley secundaria, sale al paso de esta ley el senador Manuel Bartlett Díaz. Y agrega que por fuerza tendría que ser reformada la
Constitución.

A la Constitución no la han querido tocar, para este tema, porque resulta que por la cercanía de las elecciones de 2018 el PRI y el Pvem no tendrían el respaldo del PAN para alcanzar la votación aprobatoria de los dos tercios, que en el caso del Senado tendrían que ser un mínimo de 96 sufragios y en la Cámara de Diputados un mínimo de 334.

Para esta ley proditoria, con trabajos el PRI obtuvo 75 en el Senado y 262 en la Cámara de Diputados. Suficientes, sin embargo, para la aprobación de esta ley
secundaria.

Si México no estuviera en la antesala de una elección presidencial, al PRI entonces otro gallo le cantaría y es de presumir que sin dificultades tendría de su lado al Partido Nacional Nacional, y se estarían dando el lujo de reformar todos los artículos de la Constitución suficientes para instaurar eso que opositores han estado diciendo: un régimen militar de excepción, o una dictadura.

La historia legislativa del PRI, PVEM y PAN es de gemelos. Se aliaron sin ambages para destruir al campo en 1996, cuando derivado de la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos (julio de 1993), fue desaparecida la Conasupo y fueron desaparecidos los precios de garantía de alimentos básicos como el maíz
y el frijol.

El 12 de diciembre de 1998 –día de la Virgen de Guadalupe- esos mismos tres partidos políticos se unieron para rescatar a los bancos transfigurando una deuda de particulares en deuda pública, desapareciendo el Fobaproa y sustituyéndolo con el IPAB. Un rescate que ha representado uno de los más grandes atracos cometidos al pueblo de México por su clase gobernante.

En agosto de 2014, el PRI, PVEM y PAN se unieron para abrir la puerta de la energía nacional a las trasnacionales petroleras cuyas abuelas habían sido expulsadas del país con la expropiación en 1938 de Lázaro
Cárdenas.

En octubre de 2016, otra vez el PRI, PVEM y PAN –a los que se les incorporaron membretes como el del PRD, MC, PES y Panal- dieron un espaldarazo de marca mayor al presidente Enrique Peña Nieto, cuando aprobaron en la Ley de Ingresos para su ejercicio en 2017 un incremento sádico de las gasolinas y el diésel.

De 14 pesos el litro, en 2017 las gasolineras se dispararon a los 18.40 pesos. Y un año después, ya con los precios totalmente liberados (enero de 2018), el precio más grande de las gasolinas está rozando el lindero de los 19 pesos
un litro.

Esos mismos tres partidos, a los que sin rubor se les incorporó el otrora opositor PRD, han sido unos infames alcahuetes del régimen, que tiene estos días los precios del gas y la electricidad virtualmente por las nubes.

Con la Ley de Seguridad Interior, juran los opositores que así es, pretende cinchar a un convulsionado país con el cinturón de las fuerzas armadas. Veremos qué decide
la Corte.
20 Enero 2018 04:00:00
La posición de PRI y PAN en torno del TLCAN
Ahora, viernes 19 de enero de 2018, desde los Estados Unidos llegaba la advertencia de que Donald Trump terminará por retirar a su país del Tratado de Libre Comercio. Ya no respondió el gobierno mexicano. Pero esto dijeron el PAN y el PRI en el Congreso de la Unión, durante la sesión de la Comisión Permanente:
Mariana Gómez del Campo, senadora del PAN y sobrina de Felipe Calderón: “En días recientes pues todos hemos escuchado diversas voces en torno a la incertidumbre sobre la continuidad o no del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

“Y, ante este panorama, empresarios estadounidenses han expresado al gobierno de Donald Trump que sería en detrimento de los Estados Unidos cancelar este acuerdo comercial. Sin embargo, la Casa Blanca al parecer hace oídos sordos a sus propios empresarios.

“Para Estados Unidos, la suspensión del tratado le costaría cientos de miles de empleos, recortaría su crecimiento económico e incluso haría subir los precios de bienes de consumo.

“Hago desde aquí un llamado al presidente (Enrique Peña) para que realice una evaluación certera sobre los efectos reales que en México traería una posible cancelación del TLCAN.

“Además de los estragos para la industria automotriz, maquiladora y electrónica, existe también una incertidumbre asociada a la inversión extranjera ante una eventual cancelación.

“El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, durante un discurso que hizo en el Museo Rufino Tamayo el pasado 19 de octubre, señaló que sea cual sea la forma de salir del TLCAN y pese a que México cuenta con una economía robusta, con fuerza de trabajo y se han adquirido muchas habilidades de manufactura en los últimos 30 años, no es un país que se va a quedar en la nada, pero sí va a quedar más pobre.

“Académicos mexicanos y líderes empresariales advierten que la ruptura del TLCAN provocaría consecuencias de gran alcance en la inmigración. Consideran que poner fin al Tratado empujaría a más mexicanos a buscar trabajo ilegalmente en los Estados Unidos.

“Las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos se volverían frágiles y aún más ríspidas de las que se tienen en la actualidad.

“… Abrir puertas con otras regiones, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, me parece fundamental voltear a ver a otros países del mundo como lo está haciendo hoy México con Alianza del Pacífico e involucrando también a Asia y a Oceanía.

“Yo quiero, y cierro con esto, presidente, celebrar también el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Cancillería y de la Secretaría de Economía. No es un esfuerzo menor, se han llevado a cabo cientos de reuniones con sus pares en los Estados Unidos”.

Entonces cerraba los posicionamientos Sofía Tamayo Morales, diputada federal del PRI, quien dijo: “Hace 24 años, conscientes de que en el mundo se competía por regiones integradas y no por países solos, un gobierno priísta tuvo la visión y la capacidad de alcanzar una negociación exitosa y benéfica para los mexicanos.

“De esta forma, México, Canadá y los Estados Unidos de América firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, relación jurídica y comercial entre los tres países que hizo de un vínculo compartido prosperidad común.

“Gracias a este tratado América del Norte se ha convertido en la zona de libre comercio más competitiva del planeta. El comercio entre nuestros tres países asciende a los 2.8 miles de millones de dólares diarios. Es decir, 108 millones de dólares por hora, generando el 28 por ciento del producto interno bruto mundial.

“Adicionalmente, México aporta el 12 por ciento de las importaciones de sus socios, mientras que en 1993 era solo el 5 por ciento.

“Benéfico para todas sus partes, el tratado de libre comercio no representa un favor para México. De hecho, Jean- Françoise Perrault, economista en jefe del Scotiabank Global, afirmó que Estados Unidos ha podido competir globalmente gracias al TLCAN.

“Por si fuera poco, expertos como Paul Krugman, Premio Nobel de economía, ha aseverado que la relación comercial es tan fuerte que sería desatinado romper el acuerdo.

“México, Estados Unidos de América y Canadá se han visto ampliamente beneficiados por el tratado y saldrán ganadores con su modernización, si como nuestro país negocian bajo una premisa de ganar-ganar, que favorezca los intereses de todas las naciones firmantes y no solo los de una sola. Esta acelerada negociación del tratado ha sostenido cinco rondas y una intersesional en tan solo cinco meses.

“Ahora, la sexta ronda será clave para entablar un diálogo a fondo sobre los temas más álgidos del tratado, entre ellos, la solución de controversias, las normas de contenido regional para los automóviles y la cláusula Sunset que prevé la revisión del tratado cada cinco años.

“México ha impulsado desde hace años la diversificación de su comercio con el resto del mundo, de forma responsable, por eso incluso ante un evento de salida de los Estados Unidos nuestro país cuenta con 12 tratados de libre comercio, con 46 naciones que dan fe de la responsabilidad global que ha caracterizado al actual gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto.

“Con sobrada dignidad para escuchar y voluntad para gobernar y negociar, el Gobierno de la República ha velado y seguirá velando en todo momento por los intereses de los mexicanos.

“No se admitirán, como no se han admitido retrocesos ni se aceptarán decisiones que perjudiquen a la nación. Lo que se acuerde será un tratado que proyecte, consolide y reafirme los beneficios para México y para todos los mexicanos”.
19 Enero 2018 04:00:00
Las ofensas de Trump y la debilidad agraviante del gobierno mexicano
El martes 23 próximo comenzará en Montreal la quinta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Donald Trump arremetió por Twitter para ablandar a México: “Necesitamos el muro para la seguridad de nuestro país”, dijo. “Necesitamos el muro para ayudar a detener el flujo masivo de drogas desde México, ahora calificado como el país más peligroso del mundo. Si no hay muro, ¡no hay acuerdo!”.

Ayer mismo, el gobierno de México respondió a través de Luis Videgaray, quien también por Twitter, dijo: “Reiteramos lo que hemos dicho muchas veces: México no pagará, de ninguna manera, un muro en territorio estadounidense a lo largo de la frontera. Esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional”.

Sin embargo, esta posición de aparente reciedumbre del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue calificada de antemano por la oposición en el Congreso como un mero acto de simulación del gobierno mexicano.

Prd y Pvem se contrapuntearon. He aquí lo que expusieron en tribuna el miércoles, en la sesión de la Comisión Permanente:

Celestino Cesáreo Guzmán, senador del PRD: “La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte impuesta por el presidente de los Estados Unidos para hacer valer las propuestas y los intereses de Estados Unidos, ha dado cuenta de lo equivocados que han estado los gobiernos de nuestro país que decidieron anclar y supeditar el futuro de nuestro país a la interacción económica con los Estados Unidos.

“Que esto no se confunda. No estamos planteando que no debería haber una relación estrecha y estratégica con nuestro vecino del norte, pero en lugar de asumirnos como prisioneros de la geografía, nuestro país debería desde hace mucho tiempo haber tomado en serio el reto de la diversificación en materia de comercio e inversión y debería haber realizado cambios estructurales en nuestro modelo económico para disminuir al máximo posible la dependencia a la que nos hemos autoimpuesto.

“Desafortunadamente no lo hemos hecho y los resultados están a la vista. Cinco rondas de negociaciones en donde los únicos intereses que han avanzado son los intereses de Estados Unidos. Cinco rondas de negociaciones en las que el gobierno mexicano ha sido incapaz de hacer valer una agenda integral y de largo aliento para convertir a América del Norte en una verdadera región, y no una región de ficción. Una región competitiva y capaz de atender las asimetrías y las debilidades de sus integrantes en beneficio de todos”.

“… En el caso del tratado de libre comercio, la renegociación trilateral se realiza bajo la amenaza de los Estados Unidos de renunciar al tratado si el resultado final no le favorece, y con la acusación permanente de que los mexicanos representan un lastre y una amenaza para Estados Unidos”.

El Pvem defendió la posición del gobierno. En voz del senador Jorge Aréchiga Ávila, dijo: “Nos encontramos en un momento decisivo en la definición del futuro del tratado comercial más importante de nuestro país. Estamos en la antesala de una ronda de negociaciones de la que se espera poder alcanzar acuerdos en los capítulos de gran importancia para las economías de los tres países, los cuales no han logrado una definición en las rondas ya concluidas.

“No debemos perder de vista la relevancia de la discusión sobre el cambio solicitado por el gobierno de los Estados Unidos a las reglas que establecen el porcentaje del contenido regional para la producción de vehículos.

“A este respecto, la industria automotriz se ha pronunciado ya sobre la inviabilidad de un crecimiento del 62.5 al 85 por ciento por razones de eficiencia en su producción.

“A los negociadores mexicanos les corresponde tomar una postura como base en la decisión que genere mayores beneficios para las y los mexicanos, y que garantice las inversiones realizadas en el territorio nacional, las cuales han representado progreso y desarrollo para muchas familias en todo el país.

“Asimismo es importante destacar la labor realizada por el equipo negociador de nuestro país. Al mismo tiempo, desde esta tribuna les pedimos no bajar la guardia ante las reiteradas amenazas del gobierno de los Estados Unidos de abandonar el Tratado si las negociaciones no favorecen a sus intereses.

“Una negociación en los términos que propone Estados Unidos vendría a generar incertidumbre para las compañías de la región. Un ejemplo de lo anterior, es la denominada cláusula Sunset, la cual tiene como propósito obligar a una revisión periódica el Tratado de cada cinco años, la cual desincentivaría las inversiones a largo plazo.

“Tampoco debemos perder de vista que nuestro país no será el único afectado si Estados Unidos decidiera salir del Tratado, pues el impacto sería igualmente significativo para nuestro vecino del norte, dado que las economías de la región se encuentran fuertemente vinculadas y la disolución del Tratado implicaría un cambio drástico para todo el mercado regional que definitivamente restaría competitividad frente a otras regiones en ascenso.

“Lo anterior es bien entendido por los capitanes de la industria estadounidense, quienes reiteradamente han solicitado a su presidente reconsiderar su posición respecto al Tratado.

“Es de resaltar que el equipo de negociadores mexicanos ha realizado una
importante labor para convencer a muchos de los gobernadores estadounidenses, que hasta hace poco recibirían un tratado como ajeno e incluso perjudicial a las necesidades de mantenerlo, pues en realidad obtienen de este importantes beneficios que se esfumarían si el tratado dejara de existir”.
Era entonces turno del Pan y PRI. (Continuará)
18 Enero 2018 04:00:00
EPN abonó a la indignidad y a la humillación ante EU
“El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las perspectivas de las relaciones con Estados Unidos de América”, así se llamó el tema que la Comisión Permanente aireó ayer, miércoles 17 de enero de 2018, en un debate.

PRI y Pvem defendieron a ultranza la gestión de Enrique Peña Nieto durante 2017, y la relación de su gobierno con Donald Trump a partir de que éste asumió el poder, el 20 de enero del año que pasó. Pero la oposición cuestionó así:
Germán Ralis Cumplido, diputado del Mc: “La renegociación del tratado es la oportunidad para que México cambie de mentalidad. No somos ni obreros ni maquiladores, somos actores competitivos que podemos encontrar un lugar privilegiado dentro del panorama internacional y debemos de luchar para ello.

“El tratado resulta insuficiente a la economía mexicana para mantenerse a la altura de la creciente demanda de empleos. El sector agropecuario, donde trabaja la quinta parte de la población mexicana, ha perdido 1.3 millones de puestos desde 1994.

“… La defensa de nuestros intereses en las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio debe ser decidida. Pero no olvidemos que el fortalecimiento interno de la economía mexicana hará que no dependamos de quien gobierna los Estados Unidos”.

Luis Humberto Fernández Fuentes, senador del Pt: “Hoy hablaremos del Tratado de Libre Comercio y hay que enfrentar un hecho, este hecho ese que Enrique Peña Nieto no firmará la renegociación del Tratado. Y no la firmará porque hoy enfrentamos un dilema como país. La primera opción sería continuar estas negociaciones, en la cuales no tenemos ni fortuna ni ventaja. O tomar la palabra y esperar que llegue un gobierno más sólido, un gobierno con mayor credibilidad y con mayor potencia para enfrentar este Tratado.

Y lo que hay que destacar en este punto es que Peña la puso muy fácil a los conservadores republicanos, la puso fácil al debilitar al Estado mexicano en condiciones que no tenemos memoria desde la Revolución.

“La puso muy fácil al abonar a la indignidad y a la desigualdad y a la simetría en la negociación. La puso muy fácil porque le apostó al compadrazgo, a la hermandad entre los pirruris, entre que su amiguito (se refiere a Luis Videgaray) era amigo del pariente (el yerno de Trump, Jared Kushner) y eso pensó que era suficiente para sacar una negociación.

“La puso muy fácil al sacrificar la soberanía y al no entender que la energía y el petróleo tienen un valor económico, sí, pero también un valor político. Y en el momento en que se firmó este legado transformador, como señalan, perdimos el elemento de negociación más importante que teníamos y hoy México importa el 71 por ciento de las gasolinas que se consumen en este país.

“¿Y saben a quién se las importa? A los republicanos de Texas (ahora aludía a George W. Bush, dueño de campos petroleros texanos y refinerías que exportan gasolina a México).

“La posición política se ha cedido. (Peña Nieto) la puso muy fácil al humillarse cuando a la vista de todo el mundo relanzó la campaña de Trump al recibirlo como jefe de Estado, cuando no lo era. Al final pensó que era pragmático y sacrificó la dignidad. Al final se quedó sin dignidad y sin pragmatismo. Todo pasó, el mundo sabe que él relanzó a Trump, le pagó los costos del viaje y se puso en una posición de debilidad.

“México no puede negociar desde la humillación ni de la bancarrota moral y política que enfrenta este gobierno. Por eso, por el bien de todos, es conveniente detener las negociaciones hasta que esté un gobierno que tenga esta posibilidad de llevar una negociación con dignidad y efectividad”.

Tercero en orden de aparición en la tribuna fue Morena, que en voz de Araceli Damián González, dijo: “La negociación del Tratado de Libre Comercio agarra a un gobierno desorientado, sin apoyo social y sin instrumentos para defender a nuestro país.

“Desde hace décadas y de forma irresponsable, las administraciones tanto del PRI como del PAN tuvieron la premisa de que el crecimiento de México solo podía ser reflejo condicionado del experimentado por los Estados Unidos, y nos colocaron como el último vagón de tren del crecimiento norteamericano.

“Según el Banco Mundial, a final de cuentas a México aunque tenga superávit con Estados Unidos, no le sirvió de nada porque tenemos un déficit que creció 20 veces en el tiempo en el que ha estado vigente el Tratado de Libre Comercio, es decir, somos cada día más dependientes del exterior y sobre todo de Estados Unidos.

“¿Habrá valido la pena destruir nuestras empresas nacionales, romper los eslabones productivos, dejar abandonado el campo por un Tratado de Libre Comercio que da salarios de hambre también allá a nuestros mexicanos, que los maltratan y que están en la cola de los salarios de ese país?
“Esa estrategia neoliberal nos puso en un callejón sin salida y somos extremadamente dependientes y ahora bajo esta coyuntura estamos en una disputa comercial en la que además se suma a esto lo migratorio y nuestro gobierno no sabe qué hacer, lo agarraron con las manos en la puerta.

“No solo eso, ahora podemos ver claramente, como ya se mencionó, que esas reformas estructurales sirvieron para nada. Ahora se regala el petróleo y se importa, como ya se dijo, importamos alimentos, importamos todo y no tenemos un mecanismo estratégico para negociar contra Estados Unidos”.
Comenzaban. Ahí venían los del Pvem, Prd, Pan, Pri… (Continuará)
17 Enero 2018 04:00:00
La Presidencia como tapadera de la corrupción
La Agenda Política es un capítulo del Orden del Día plenario que aparece de vez en vez. Apareció el miércoles 10, con el Asunto Chihuahua entreverado con la elección presidencial en cierne. He aquí, en orden de aparición en tribuna:
Ana Perea Santos, diputada del Grupo Encuentro Social: “El ambiente preelectoral que la sociedad mexicana demanda de quienes somos parte de la vida pública debe ser un intercambio de propuestas, ideas y planteamientos para consolidar la cohesión social y el entramado legal e institucional del Estado mexicano.

La confrontación que divide a la sociedad no conviene a México, y en cambio lesiona severamente el tejido social. Las descalificaciones entre actores políticos, el uso de las redes sociales para la ofensa, el darle la vuelta a la ley para dar pie a simulaciones son acciones y omisiones que son tierra fértil para que el encono escale y se convierta en violencia”.

Luis Hernández León, diputado de Nueva Alianza: “Estamos hoy asistiendo a observar el diferendo entre el gobierno del estado de Chihuahua, particularmente el señor gobernador, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Germán Ralis Cumplido, diputado de Movimiento Ciudadano: “El incumplimiento de acuerdos y la retención de fondos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deja entrever el nulo interés que tiene el gobierno federal en combatir la corrupción. Esta situación a la que nos enfrentamos en Chihuahua es una vergüenza; no es posible que el revanchismo político haga gala de presencia y ponga en riesgo las finanzas públicas y a la propia comunidad chihuahuense por un tema políticamente electoral, en algo tan delicado como lo es el recurso público, y que el gobierno federal esté rebasando sus atribuciones para tapar una vez más otro ejemplo de desvío de recursos para fines meramente electorales”.

David Monreal Ávila, senador del PT-Morena: “Una vez más al Gobierno federal le han tocado su talón de Aquiles: La corrupción y el apoyo ilegal de su partido político con dinero público.

“El nuevo episodio que vive el gobierno ahora con el Ejecutivo del estado de Chihuahua tiene como antecedente el proceso judicial en contra de César Duarte, exgobernador de esa entidad y militante del partido en el gobierno.

El PAN a través del senador Daniel Ávila Ruiz dijo: “Las investigaciones emprendidas por el gobernador Corral contra la administración del priísta Duarte, están acreditadas técnica y jurídicamente, y responden estrictamente al daño hecho a las finanzas públicas de Chihuahua.

“En menos de seis años el exgobernador del PRI aumentó en 233 por ciento la deuda estatal. De acuerdo con cifras de Hacienda, en 2010 el mandatario recibió al estado con una deuda de 12 mil 547 millones. Al año siguiente ya habían 17 mil 316 millones, y al año siguiente alcanzó 23 mil 284 millones. Para 2013 la deuda casi se duplicó al llegar a 41 mil 768 millones de pesos.

“¿A dónde creen que se fue parte del dinero? A las campañas del PRI de 2016. El gobierno de César Duarte transfirió a su partido el PRI, 250 millones de pesos. Esa es la razón por la que el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, se encuentra en prisión y vinculado
a proceso.

“El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, está luchando contra la corrupción de manera contundente, se han librado 10 órdenes de aprehensión contra el exgobernador Duarte, hay 23 personas vinculadas a proceso y 5 condenas sancionatorias, y de esto, tenemos pruebas contundentes a través de la diputada Cristina Jiménez, oriunda de Chihuahua que está aquí presente”.

¿Y quién, además del PRI, defendió a César Duarte? El Pvem, que en voz de José Sandoval Rodríguez, dijo: “Como ya es de todos conocido, el pasado 8 de enero el gobernador de Chihuahua denunció el presunto incumplimiento por parte de la Secretaría de Hacienda, del convenio de fortalecimiento financiero llamado desarrollo nacional, que había sido firmado el 14 de diciembre de 2017, bajo este supuesto el gobernador explicó una retención de recursos contra la entidad.

“Al respecto es importante hacer algunas precisiones. En respuesta a dicho señalamiento, Hacienda emitió un comunicado en el que detallaba los montos transferidos al estado de Chihuahua en el pasado ejercicio fiscal, mismos –y ojo con esto–, mismos que fueron superiores en 3 mil millones de pesos a los del año 2016. O sea le cayó más dinero al estado de Chihuahua.

“Así pues, la Secretaría ha entregado al estado, en tiempo y en forma, tanto los recursos ordinarios que ya tenían asignados en el presupuesto, como aquellos extraordinarios a los que tiene derecho cualquier entidad federativa. Recordemos que a este tipo de convenios están sujetos, entre muchos otros requisitos, a una suficiencia presupuestal.

“Cabe mencionar, que no existe legislación alguna que obligue al Gobierno federal a otorgar apoyos financieros al cierre de cada año. Asimismo, en el caso de que sí se otorgaran estos recursos, los mismos recursos habrán de proporcionarse a cuenta de las participaciones federales del siguiente ejercicio fiscal.

“Las instancias de planeación de los gobiernos estatales deben tener en cuenta lo anterior y preverlo. En este sentido, la urgencia en el reclamo de estos recursos extraordinarios que está haciendo el gobierno de Chihuahua, de los cuales no hay certeza al principio de cada año por su monto, pone en evidencia la mala planeación y la ineficiencia del gobierno de Chihuahua en el manejo de sus finanzas públicas”.

Pero esto es apenas una suerte de prólogo del debate en el 2018.La Agenda Política es un capítulo del Orden del Día plenario que aparece de vez en vez. Apareció el miércoles 10, con el Asunto Chihuahua entreverado con la elección presidencial en cierne. He aquí, en orden de aparición en tribuna:
Ana Perea Santos, diputada del Grupo Encuentro Social: “El ambiente preelectoral que la sociedad mexicana demanda de quienes somos parte de la vida pública debe ser un intercambio de propuestas, ideas y planteamientos para consolidar la cohesión social y el entramado legal e institucional del Estado mexicano.

La confrontación que divide a la sociedad no conviene a México, y en cambio lesiona severamente el tejido social. Las descalificaciones entre actores políticos, el uso de las redes sociales para la ofensa, el darle la vuelta a la ley para dar pie a simulaciones son acciones y omisiones que son tierra fértil para que el encono escale y se convierta en violencia”.

Luis Hernández León, diputado de Nueva Alianza: “Estamos hoy asistiendo a observar el diferendo entre el gobierno del estado de Chihuahua, particularmente el señor gobernador, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Germán Ralis Cumplido, diputado de Movimiento Ciudadano: “El incumplimiento de acuerdos y la retención de fondos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deja entrever el nulo interés que tiene el gobierno federal en combatir la corrupción. Esta situación a la que nos enfrentamos en Chihuahua es una vergüenza; no es posible que el revanchismo político haga gala de presencia y ponga en riesgo las finanzas públicas y a la propia comunidad chihuahuense por un tema políticamente electoral, en algo tan delicado como lo es el recurso público, y que el gobierno federal esté rebasando sus atribuciones para tapar una vez más otro ejemplo de desvío de recursos para fines meramente electorales”.

David Monreal Ávila, senador del PT-Morena: “Una vez más al Gobierno federal le han tocado su talón de Aquiles: La corrupción y el apoyo ilegal de su partido político con dinero público.

“El nuevo episodio que vive el gobierno ahora con el Ejecutivo del estado de Chihuahua tiene como antecedente el proceso judicial en contra de César Duarte, exgobernador de esa entidad y militante del partido en el gobierno.

El PAN a través del senador Daniel Ávila Ruiz dijo: “Las investigaciones emprendidas por el gobernador Corral contra la administración del priísta Duarte, están acreditadas técnica y jurídicamente, y responden estrictamente al daño hecho a las finanzas públicas de Chihuahua.

“En menos de seis años el exgobernador del PRI aumentó en 233 por ciento la deuda estatal. De acuerdo con cifras de Hacienda, en 2010 el mandatario recibió al estado con una deuda de 12 mil 547 millones. Al año siguiente ya habían 17 mil 316 millones, y al año siguiente alcanzó 23 mil 284 millones. Para 2013 la deuda casi se duplicó al llegar a 41 mil 768 millones de pesos.

“¿A dónde creen que se fue parte del dinero? A las campañas del PRI de 2016. El gobierno de César Duarte transfirió a su partido el PRI, 250 millones de pesos. Esa es la razón por la que el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, se encuentra en prisión y vinculado
a proceso.

“El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, está luchando contra la corrupción de manera contundente, se han librado 10 órdenes de aprehensión contra el exgobernador Duarte, hay 23 personas vinculadas a proceso y 5 condenas sancionatorias, y de esto, tenemos pruebas contundentes a través de la diputada Cristina Jiménez, oriunda de Chihuahua que está aquí presente”.

¿Y quién, además del PRI, defendió a César Duarte? El Pvem, que en voz de José Sandoval Rodríguez, dijo: “Como ya es de todos conocido, el pasado 8 de enero el gobernador de Chihuahua denunció el presunto incumplimiento por parte de la Secretaría de Hacienda, del convenio de fortalecimiento financiero llamado desarrollo nacional, que había sido firmado el 14 de diciembre de 2017, bajo este supuesto el gobernador explicó una retención de recursos contra la entidad.

“Al respecto es importante hacer algunas precisiones. En respuesta a dicho señalamiento, Hacienda emitió un comunicado en el que detallaba los montos transferidos al estado de Chihuahua en el pasado ejercicio fiscal, mismos –y ojo con esto–, mismos que fueron superiores en 3 mil millones de pesos a los del año 2016. O sea le cayó más dinero al estado de Chihuahua.

“Así pues, la Secretaría ha entregado al estado, en tiempo y en forma, tanto los recursos ordinarios que ya tenían asignados en el presupuesto, como aquellos extraordinarios a los que tiene derecho cualquier entidad federativa. Recordemos que a este tipo de convenios están sujetos, entre muchos otros requisitos, a una suficiencia presupuestal.

“Cabe mencionar, que no existe legislación alguna que obligue al Gobierno federal a otorgar apoyos financieros al cierre de cada año. Asimismo, en el caso de que sí se otorgaran estos recursos, los mismos recursos habrán de proporcionarse a cuenta de las participaciones federales del siguiente ejercicio fiscal.

“Las instancias de planeación de los gobiernos estatales deben tener en cuenta lo anterior y preverlo. En este sentido, la urgencia en el reclamo de estos recursos extraordinarios que está haciendo el gobierno de Chihuahua, de los cuales no hay certeza al principio de cada año por su monto, pone en evidencia la mala planeación y la ineficiencia del gobierno de Chihuahua en el manejo de sus finanzas públicas”.

Pero esto es apenas una suerte de prólogo del debate en el 2018.
16 Enero 2018 04:00:00
El juego torcido y sucio del gobierno a estados y municipios
Escuchaban. Ya. Ya. Pero se hacían los sordos. Y callaban. El enfrentamiento entre Chihuahua y la Federación por el presupuesto retenido hacía resonar ayer, lunes 15 de enero de 2018, hasta los catafalcos mismos de la Cámara de Diputados.

Sin duda la retención de los 780 millones de pesos apenas era la punta de Iceberg. El gobierno de Enrique Peña Nieto decidió no entregar la remesa aquella a Chihuahua. Llevan los chihuahuenses peleándola desde principios de diciembre pasado.

Y no la entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como una represalia evidente al combate que el gobernador Javier Corral Jurado emprendió contra la corrupción personificada por su antecesor César Duarte, el exgobernador que encontró como escondrijo una casa de su propiedad en el estado norteamericano de Texas, de donde a toda costa el gobierno de Enrique Peña Nieto no quiere que se le extradite.

De la pugna aquella por la suerte de César Duarte, ya salió embarrado el PRI nacional y su entonces presidente Manlio Fabio Beltrones, quien pidió dinero al exgobernador que ahora anda a salto de mata para las campañas priístas en 2015 en estados de la República, donde el PRI no tiene gobernadores. Y también para la campaña presidencial de Enrique Peña
Nieto, en 2012.

Rencoroso hasta las cachas. Así se ha caracterizado el presidente mexicano. Y lo que sucede contra Chihuahua trae el sello del actual primer mandatario.

Aquellos 780 millones de pesos retenidos a Chihuahua son el ejemplo más aciago de cómo el presupuesto nacional se suele utilizar en México como un instrumento de sometimiento político de los estados de la Federación.

Cada año, cuando la Cámara de Diputados autoriza el presupuesto de egresos de la Federación, el grupo político en el poder presidencial se dedica a armar vendettas contra los estados y municipios que no se ciñen a sus decisiones políticas.

Se usa el presupuesto como un instrumento para castigar incluso a la población que ha votado por algún candidato opositor. Este uso malhadado del presupuesto lo ha hecho el PRI cada año y lo saben perfectamente los gobernantes opositores, a quienes les cuesta mucho trabajo que les autoricen partidas presupuestales para las zonas que gobiernan.

Hace algunos años, cuando el PRI era hegemónico y ganaba prácticamente todas las elecciones, solía ejercer un férreo control sobre sus gobernadores y presidentes municipales mediante la presión de los congresos estatales.

Si algún gobernador caía en algún desacuerdo con el presidente de la República en turno, corría el riesgo de que éste a través del PRI le provocase vacíos de gobernabilidad como castigo o represalia. Pero ahora que hay gobiernos no priístas por todo el país, la manera de causar perjuicios a gobiernos opositores es a través del ejercicio retorcido del presupuesto, como le sucede al gobierno de Javier Corral Jurado.

Aunque las partidas presupuestales estén claramente autorizadas y definidas por los diputados en la negociación del presupuesto anual, éstas pueden ser cooptadas por Hacienda y no ser entregadas o, de plano, canceladas.

A nivel municipal, el uso convenenciero y deshonesto del presupuesto es cotidiano desde hace muchos años. Verbigracia: Cuando el PRI pierde algún municipio, entonces cierra desde la Cámara de Diputados la llave del presupuesto a ese nuevo ayuntamiento.

Recursos que tenían que haber entregado a través de instituciones del Estado mexicano como la Secretaría de Desarrollo Social, son desviados para su entrega a través de organizaciones políticas afines a ese partido, como lo es antorcha campesina.

Ha sido una forma –añosa ya- de engañar a la gente para que ésta entregue el voto a un partido político como agradecimiento de construcción de obra pública que nunca se hace con dinero de ningún partido u organización, sino del Estado mexicano.

ESTRIBO
En la pasada sesión de la Comisión Permanente, miércoles 10, el Pleno hizo comentarios políticos sobre el año que comienza y la elección presidencial de julio próximo. Pero el debate se centró en Chihuahua. Y el PRI, en voz del diputado Ricardo García Portilla, pretextó, diciendo: “En esta semana hemos visto como en Chihuahua, mirándose en su espejo diario que refleja su naturaleza mitómana, Javier Corral miente. Miente una vez más, señalar que le están quitando recursos que por ley le corresponde es mentirle al pueblo de Chihuahua.

“Con la información que este Congreso tiene disponible lo transferido por participaciones, que son recursos de libre aplicación para el gobierno del estado, fueron 14 por ciento más que en el 2016. Corral recibió solamente en este rubro 3 mil 41 millones de pesos adicionales para su primer año con respecto al año anterior. Las transferencias por concepto de aportaciones, que son recursos con destino específico, también fueron superiores en casi un 10 por ciento más para el mismo periodo.

“La pregunta es: ¿Qué hizo con los recursos extraordinarios quien dice gobernar Chihuahua? ¿Qué hizo con los más de 43 mil millones de pesos transferidos en su primer año? ¿Qué hizo con el 14 por ciento más recibido con respecto al presupuesto inmediato anterior al inicio de su gobierno?
“¿Acaso lo utilizó para viajar en avión privado a jugar golf cuando en su entidad al mismo tiempo la delincuencia asesinaba a 14 personas? ¿Acaso lo utiliza para pagar una oficina de 8 personas, la de Gustavo Madero, que tiene asignados 80 millones de pesos sin ninguna función ejecutiva o social, pero tal vez electoral?
Pero hacía un orador, Daniel Ávila, senador del PAN, hubo dicho: Corral rompió el pacto de impunidad establecido por el PRI en Chihuahua”.
30 Diciembre 2017 04:00:00
Ley de Seguridad Interior, instrumento del PRI para la permanencia en el poder
Era la madrugada del viernes 15 de diciembre de 2017. Finalmente regresaba a San Lázaro la Ley de Seguridad Interior. Setenta y nueve oradores en el Senado –la mayoría en contra-, no fueron suficientes para remover los rescoldos de las almas de cántaro de priístas, pvemistas y de los siete senadores calderonistas que terminaron votando aprobatoriamente por una ley que, más tarde, fue turnada a la Cámara de Diputados para su refrendo definitivo, y que ahora, a punto de finalizar el año, se perfila como una de las leyes más desafortunadas que haya aprobado el Congreso mexicano en toda la historia de la República.

Desafortunadas porque causará infortunio, dolor y muerte, con un propósito que raya en la malignidad: será un instrumento que pretenderá el control militar de la sociedad, con el fin de que el grupo político actualmente en el poder pudiera continuar aupado en la presidencia de la República. Así de difícil ven el PRI, Pvem y esos panistas las próximas elecciones del 1 de julio de 2018, que a tiro de piedra está.
Así de grave –para ellos- consideran el eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

He aquí partes medulares del debate en la Cámara de Diputados, al filo del mediodía del viernes 15 de diciembre de 2017:

Jesús Salvador Valencia Guzmán, diputado federal de Morena: “El gobierno y ustedes (diputados del PRI, PVEM y media docena de panistas y dos del Pes que estaban a uso minutos de aprobar la ley) se dicen siempre respetuosos de las instituciones. Se dicen respetuosos y presumen que ellos siempre, que ustedes siempre respetan las instituciones; pero esta vez son ustedes los que han mandado al diablo a los organismos internacionales y a las instituciones de derechos humanos de este país.

“Mandaron al diablo a la Organización de las Naciones Unidas, mandaron al diablo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los parlamentos de otros países que hicieron llamados respetuosos para suspender esta Ley de Seguridad Interior.

“También hicieron caso omiso del llamado de la OEA, hicieron caso omiso de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, encabezados por su presidente, el licenciado Raúl González Pérez, y cada uno de los organismos de derechos humanos de este país.

“Ustedes mandaron al diablo a las instituciones de derechos humanos de este país con esta, que se presume se aprobará en un momento, la Ley de Seguridad Interior. Pero también no solamente violaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también están violando flagrantemente los convenios internacionales de los cuales México es Estado parte, sobre todo en materia de derechos humanos.

“Son ustedes los que están violentando no solamente la Constitución, no solamente el artículo 1o., el artículo 129 de nuestra Constitución, que por cierto en esta Cámara circularon cientos y cientos de ejemplares con motivo del centenario. Ojalá la hayan leído, especialmente el artículo 129, que es contradictorio a lo que ustedes están haciendo al intentar aprobar esta Ley de Seguridad Interior.
“Pero también mandaron al diablo a la ciudadanía. Cientos de organizaciones defensoras de derechos humanos no fueron tomados en cuenta por ustedes los legisladores.

“No fueron tomados en cuenta para tratar de echar para atrás esta ley claramente violatoria de los derechos humanos y no es un problema contra los militares o contra sus mandos. Es un problema de quien los comanda, es un problema del presidente, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas que quiere llevar a la calle a más militares, que mueran y que maten a civiles”.

Alfredo Basurto Román, también de Morena: “Peña Nieto va a pasar a la historia en este país como un presidente en contra de los derechos humanos de los mexicanos”.

Fue a la tribuna Mercedes del Carmen Guillén Vicente, diputada del PRI, quien dijo: “La Ley de Seguridad Interior fue votada por esta Cámara de Diputados, fue enviada a la cámara revisora. Se escucharon allá todas las voces. El proceso reglamentario de esta Cámara fue cumplido a cabalidad, y para contestar concretamente todo lo que se ha dicho falsamente sobre esta ley, quiero afirmar de frente a la nación, de frente a todos, hasta mi familia, que es una ley constitucional que cumple todos los requisitos, que no tiene violación a ningún derecho y que además no va a militarizar al país.

“Ya basta, basta de estar mintiendo. Estamos haciendo nuestro trabajo y esta Ley de Seguridad Interior la necesita México, la necesita Tamaulipas, la necesita mi pueblo, y por eso estoy aquí, para darle un marco, abre un marco a las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía”.

Y volvía Morena a la tribuna, en medio de una atmósfera viciada por el barullo de diputados que festejaban por anticipado. Ahora en voz de Rocío Nahle García, quien sostuvo: “Hoy estamos en la discusión de un tema de lo más trascendente para todos los mexicanos. No es lo que una fracción mayoritaria o minoritaria quiere. No es que tenemos que calmar el desorden, la violencia que tenemos afuera, porque se declaró una guerra en el 2006, que a nadie nos preguntaron, y como ya se declaró la guerra, como ya tenemos afuera un desorden, entonces sacamos a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas ya están en la calle”.

La Ley de Seguridad Interior será, sin duda, un tema central en los meses por venir. Veremos.

Respetada lectora, lector: Tren Parlamentario dejará de publicarse dos semanas y reaparecerá en este espacio el martes 16 de enero de 2018. Gracias.
29 Diciembre 2017 04:00:00
El uso de la delincuencia organizada como coartada del PRI
Catorce días después de su aprobación continuaba haciendo sangrar al país.

Imposible ha sido par el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto detener el debate sobre la Ley de Seguridad Interior.

El jueves 28 de diciembre de 2017, ayer, se pronunciaba en contra la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y también desde Chiapas, el subcomandante Galeano, antes Marcos, emitía una sentencia brutal contra el gobierno de Enrique Peña Nieto: “El Estado nacional ha sido amputado en la etapa actual del capitalismo y lo que hay ahora es una banda de criminales sostenida por un grupo armado que se amparará en Ley de Seguridad Interior para que el dolor y la rabia no falten en las mesas cotidianas de México”.

A patadas casi, el otrora representante número uno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpió así el debate en torno de la ley que militarizará al país: “En neurobiología hay una cosa que se llama ‘el síndrome del miembro fantasma’, que consiste en que hay percepción de sensaciones de que un miembro del cuerpo humano que ha sido amputado todavía está conectado al cuerpo. Es decir, ya no se tiene la mano o el brazo, o la pierna, o el ojo, pero se ‘siente que sí se tiene’.

Y entonces Galeano o Marcos asestó: “Hace unos días el señor Enrique Peña Nieto ha declarado, palabras más palabras menos, que este 2017 fue un buen año para México. Al escucharlo decir esto, uno se pregunta si no es alguien a quien le han amputado no solo la vergüenza y la decencia, también el cerebro, y refleja el síndrome del miembro fantasma: Ya no tiene cerebro, pero actúa como si lo tuviera”.

El guerrillero decía lo anterior en San Cristóbal las Casas, durante un encuentro con intelectuales de dentro y fuera del país. Apostilló: “Fiel a su estilo, el Partido Revolucionario Institucional renovó su persistencia delictiva en este sexenio, pues no le basta la corrupción rampante, la ineficiencia administrativa, la torpeza diplomática y la frivolidad como estilo de gobierno”.

Y remachaba: “El PRI necesita siempre un crimen aterrador que lo mantenga en los parámetros que le dan identidad, color, vocación y proyecto”.

Pro 14 días antes, la madrugada del 15 de diciembre de 2017, en el Senado, el senador del PRI Ernesto Gándara Camou dijo a propósito de la –a punto de aprobación- Ley de Seguridad Interior:

“Vengo a nombre de mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario del PRI a expresar las reflexiones y los razonamientos del por qué estamos a favor de este proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

“Antes que nada, quisiera hacer una reflexión reiterada por todas y todos ustedes sobre las Fuerzas Armadas de México, sobre los soldados, marinos, sus familias, su historia, y desde luego una institución que a veces se quiere satanizar, por querer ganar una discusión.

“Las Fuerzas Armadas han tenido una actuación medular que se caracteriza por un inquebrantable patriotismo, incuestionable lealtad y probado compromiso.

“Todos hemos sido testigos de la heroica labor que han realizado nuestras Fuerzas Armadas en la defensa del país hacia la seguridad exterior y la seguridad interior, y desde luego, no es casualidad que sea la institución con mayor respeto, confianza, credibilidad y admiración en nuestro país.

“Por el contrario, dicha institución obedece al patriotismo, a la lealtad en que se conducen sus funciones, que van desde las tradicionales como la defensa de la soberanía hasta el auxilio en las necesidades públicos y el apoyo en la reconstrucción, desafortunadamente cuando se dan desastres naturales.

“Este proyecto de Ley de Seguridad Interior tiene como objetivo medular establecer un marco jurídico que regule las tareas de seguridad por parte de las fuerzas federales, incluyendo las Fuerzas Armadas y por establecer un proceso precisamente para ejercer algo que sea viable.

“Hay un hecho en el que todos estamos preocupados por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras comunidades. Es el crecimiento de la delincuencia organizada, es el crecimiento de algo que ha rebasado en las localidades a las propias instituciones, y que no hay otra manera más que avanzar fortaleciendo a las propias instituciones, y desde luego, y desde luego hacer equipo todos juntos, en una adversidad, que desde luego tenemos que enfrentar.

“Precisamente, para razonar en sentido positivo nuestro voto, lo primero que debemos advertir es que contamos con Fuerzas Armadas ejemplares.

“Este proyecto de ley, en el que desde luego estamos convencido que se debe de llevar a cabo, contempla los principios de confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación, cooperación, racionalidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gratuidad, así como obligaciones concernientes al uso legítimo de la fuerza pública.

“Otro aspecto a considerar en esta ley, cuenta con procedimientos establecidos para emitir la declaratoria de protección de la seguridad interior, la que no podrá exceder de un año, y solo podrá ser prorrogada mientras subsista la amenaza de seguridad interior.

“La ley contempla equilibrios entre los poderes debido a que toda información, toda intervención de las fuerzas federales y armadas, deberá ser notificada a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“… El grupo parlamentario del PRI apoya un ejercicio de construcción y no de destrucción, de sensatez, de seriedad y de fortalecimiento de las instituciones y no de demagogia y de populismo”.

Era la madrugada. PRI, PVEM y los senadores panistas afines a Calderón se aprestaban a la consumación de esta ley. (Continuará)
28 Diciembre 2017 04:00:00
Layda: “El Banco del Ejército es como una isla, no rinde cuentas ante nadie”
La Ley de Seguridad Interior, aprobada la madrugada del 15 de diciembre de 2017, está convertida en una fuente de reclamos y advertencias ominosas. Aun así, ayer, miércoles 27, el secretario de la Defensa Nacional, Rafael Cienfuegos, ha agradecido al Congreso de la Unión la aprobación de la ley aquella. Aunque el general de división también dice que el ejército obedecerá la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ésta interprete si es inconstitucional o no, como se lo han demandado organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ayer mismo, la CNDH insistió en jurar que la Ley de Seguridad Interior “posibilita que se vulneren los derechos básicos de los mexicanos, y tampoco implica ningún beneficio para los miembros de las Fuerzas Armadas”.

Retumbante madrugada del 15 de diciembre; sobre todo cuando en la tribuna hablaban oradoras de peso completo como Layda Sansores San Román:

“Como decía el Senador Bartlett, hoy estuvieron en Washington ya presumiendo además la ley, aparte de que no importa que no haya Tratado de Libre Comercio y que aquí en materia de seguridad estamos firmes para servirles y seguir recorriendo la frontera, el muro de Trump hasta la frontera con los centroamericanos para que no los molesten, no los perturben a ellos, que aquí se queden los muertos, aquí se pongan las cruces.

“También fueron a presumir que ya estaba aprobada esta ley, que ni habíamos empezado a votar; para que vean cómo los conocen de bien.

“Yo no sé cómo se sentirán aquí las Fuerzas Armadas, pero yo que ellos le pediría a Peña Nieto que no promulgue esta ley; los están usando; los usan como coartada por su incapacidad, por haber renunciado, y esto es insólito; nunca un presidente de la República había renunciado a una responsabilidad fundamental que es la de la seguridad pública.

“Y él lo hizo porque aquí le revuelven y que seguridad interior, hay matices, todo son artilugios que se usan.

“En el artículo 8 aquí vinieron a decir que no tiene que ver (esta ley) contra las protestas y las movilizaciones sociales, le quitaron lo pacífico, pero no le quitaron la discrecionalidad de que deben ser apegadas a la Constitución, quién va a decir si son apegadas a la Constitución.

“Y decía aquí el señor Alejandro Ramos, el orgulloso según ellos autor de esta iniciativa del jurídico de la Sedena, que si en una manifestación avientan dos petardos y Peña les dice: ‘vaya pues’. Allá Peña, porque ellos le tienen que entrar, así de delicado.

“Este es un artículo que debe eliminarse, punto, no hay discusión, no hay más, las movilizaciones y las protestas sociales no son motivo de seguridad interior. Por lo pronto, el artículo 8 no debe estar, y eso creo que ya no deberíamos de seguir insistiendo.

“En el artículo 9 que aquí confunden siempre seguridad interior con seguridad nacional, y esta reserva de información que se reserve sistemáticamente, tendrían que acreditar cuál es el daño; no, aquí sencillamente no van a informar, la información que se genere, dice el artículo, con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de seguridad nacional, todo va a ser considerado de seguridad nacional, no habrá escrutinio público, y creemos que la información que se genere con motivo de esta aplicación se regirá por el principio de máxima publicidad, eso es lo que debe de
decir la ley.

“¿Por qué encubrirlos, que se escondan, que no rindan cuentas? Hoy se viene uno a este debate, te vas informando y ves hasta qué punto han llegado las Fuerzas Armadas sin que nadie nos demos cuenta, como una isla.

“El Ejército es la única institución que no está supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y hasta hace poco, hasta hace unos años, todo el dinero que se le quitaba a la delincuencia organizada, fíjense, iba al Banjército, y cuando nos dieron cuenta todo el dinero si se le quitó a Salinas, todo ese dinero fue al Banjército.

“Entonces, los directores se les trata de una manera excepcional y cuándo han escuchado ustedes que se publique alguna observación de desviación de recursos de Sedena y de Semarnat por la Auditoría de la Federación, pues nunca.

“Y resulta que como Peña se compró su avionsote, también el secretario de la Defensa se compró el suyo, y no rinden cuentas.

“Yo le decía a una persona que trabaja con el Secretario de la Defensa, se vestiría de luces si un día viene aquí así con sus barras y sus estrellas viene aquí a rendirnos cuentas, como lo hacen (los militares gringos en) el Senado de los Estados Unidos y con toda sencillez, creo que el respeto que provocaría dejaría un precedente y sería tratado con toda la amabilidad y la consecuencia de un acto que sembraría, dejaría un hito histórico.

“Yo creo que no podemos seguir solapando, en este país todos tenemos que rendir cuentas y eso nos lo debemos de grabar.

“…Peña Nieto es un hombre que está lastimado en su orgullo, que se siente despreciado por la mayoría del pueblo mexicano, que ha sido descubierto en sus fechorías, y que creo que esta ley, pues es el alarido de una fiera herida.

“Y cuando la fiera está herida y hay tanto veneno y tanta amargura, se es capaz de hacer cualquier cosa, de acabar con todo con tal de escapar con vida, y eso es Peña Nieto, es una fiera herida”. (Continuará)
27 Diciembre 2017 04:00:00
Bartlett: Con la LSI, Peña Nieto tiene ahora “facultades propias de un dictador”
El senador Manuel Bartlett Díaz –parlamentario imbatible- así argumentó la madrugada del viernes 15 de diciembre de 2017 cuando aseguró que la Ley de Seguridad Interior es una monstruosidad propia de una dictadura:

“… La seguridad interior, se ha dicho aquí y lo repetimos, porque esa es la gran trampa, la seguridad interior no es seguridad pública, dicen pues no tienen por fin la prevención, investigación y persecución de delitos, la seguridad interior tampoco es seguridad nacional porque no conlleva a proteger a la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país, preservar la soberanía, independencia nacionales y la defensa del territorio, mantener el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, conservar el unidad del Estado, defender en legítima defensa al Estado respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional y preservar la democracia.

“El artículo 1 del dictamen es ambiguo, nunca define qué es la seguridad interior y sus diferencias con la seguridad pública y la seguridad nacional.

“Si como dice el artículo 1 del dictamen, la seguridad interior es parte de la seguridad nacional, por qué no se modificó la Ley de Seguridad Nacional, como por aquí alguien lo decía del partido del PAN para alcanzar los fines que persiguen el dictamen, esa trampa y ese enredijo.

“Tres. La seguridad interior solo puede fundarse, lo hemos dicho, en cuatro artículos constitucionales, 1, 29, 89, fracción VI, y el 119 de la Constitución, o sea, suspensión de garantías.

“La aberración jurídica consiste en considerar a la seguridad interior parte de la seguridad nacional porque así lo dice punto sin ninguna explicación, es para que indebidamente y tramposamente sostener la competencia del Congreso de la Unión para legislar en esta materia, el artículo 73 no le concede al Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de seguridad interior.

“Artículo 5. La norma del dictamen debe decir artículo 5 la aplicación de esta ley corresponde a las autoridades que prevén los artículos 29 y 119, párrafo de la Constitución, las que atenderán los procedimientos que estos preceptos establecen.

“El artículo 5 del dictamen viola los artículos 29 y 119 de la Constitución porque no sigue los procedimientos y salvaguardas que esas normas establecen.

“Dos. La Ley Secundaria, como la que se pretende aprobar, no puede establecer autoridades y procedimientos diferentes a los que establece la Constitución.

“Tres. El fundamento de la Ley de Seguridad Interior sólo puede ser jurídicamente la Constitución y no una norma de su misma jerarquía, como es la Ley de Seguridad Nacional.

“El fundamento constitucional para cualquier Ley de Seguridad Interior son los artículos, repetimos, 1, 29, 89, fracción VI, 119 y 129 de la Constitución General de la República.

“El artículo 6 del dictamen confunde seguridad nacional con seguridad interna; seguimos en esa manipulación.

“El artículo 6 del dictamen está regulando cuestiones que deberían, en todo caso, incluirse en la Ley de Seguridad Nacional, pero no en una Ley de Seguridad Interior.

“Tres, el artículo 6 del dictamen es inconstitucional porque remite al Plan Nacional de Desarrollo, que es una norma administrativa, que no constituye una ley y que, por tanto, no es idónea constitucionalmente para determinar competencias de las autoridades.

“El artículo 6 del dictamen violenta el principio de legalidad y el de reserva de ley.

“SOlo a través de la Ley en Materia de Seguridad Nacional se puede establecer atribuciones que no por medio de lineamientos como establece, fijará lineamientos a los estados como si fueran sus superiores.

“El artículo 15 del dictamen es inconstitucional porque vulnera los procedimientos de los artículos 29 y 119 primer párrafo de la Constitución.

“El artículo 15 del dictamen desarrolla procedimientos ad hoc sin ningún sustento en la Constitución. El artículo 15 del dictamen confiere atribuciones insólitas y absolutas al Presidente de la República.

“Quinto. El Presidente del Consejo de Seguridad Nacional carece de contrapesos, se viola el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución.

“El artículo 16 y el dictamen es inconstitucional porque vulnera los procedimientos de los artículos 29 y 119, primer párrafo de la Constitución.

“El artículo 16 del dictamen confiere atribuciones metaconstitucionales al Presidente de la República.

“Cuatro. Son facultades propias de un dictador.

“Cinco. Las determinaciones que prevé el dictamen no son susceptibles de control constitucional, ni jurisdiccional, ni legislativo.

“Sexto. El Presidente carece de contrapesos, se viola el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución.

“El artículo 21 del dictamen es inconstitucional porque vulnera los procedimientos del artículo 29 y 119, primer párrafo de la Constitución.

“El artículo 21 del dictamen no precisa con respecto a los derechos humanos, el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiacas y armadas.

“El artículo 26 del dictamen es inconstitucional porque las acciones para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior, que son de carácter permanente, no son susceptibles de control constitucional, jurisdiccional o legislativo en violación, entre otros, a los artículos 14, 16, 17, 103 y 107 constitucionales.

“No puede haber Estado de derecho si hay decisiones de autoridad que están exentas de control de constitucionalidad y de convencionalidad.

“El artículo 26 instala en el país un Estado de suspensión de garantías permanente sin seguir los procedimientos del artículo 29 constitucional.

“La norma pretende justificar el espionaje permanente en el país respecto a toda la población.

“Esta legislación es una total aberración, es verdaderamente monstruosa, propia de una dictadura”. (Continuará)
26 Diciembre 2017 04:00:00
Peña Nieto a Encinas: “El arte de la política es saber conservar el poder sea como sea”
Dos senadores con argumentación de peso completo unieron sus voces en contra de la Ley de Seguridad Interior, la madrugada del viernes 15 de diciembre de 2017: el panista Juan Carlos Romero Hicks y el sin partido Alejandro Encinas Rodríguez.

Dijo Encinas en la tribuna: “… Algo debe andar muy mal en este gobierno cuando como nunca hemos visto la mayor oposición a una ley en este país. Ni la reforma energética demostró tanta inconformidad.
“Todos, excepto algunos gobernadores sumisos, le gritan al soberano que camina desnudo y el soberano no escucha.

“Yo creo que sí escucha, pero no le importa porque han tomado una decisión política que representa un vuelo al pasado: Se pretende legalizar y otorgar facultades meta constitucionales al Presidente de la República para utilizar las Fuerzas Armadas, para dirimir los asuntos de la política nacional.

“Como me lo dijo en una reunión que sostuve en el año 2011 con el entonces gobernador del Estado de México, me dijo: “El arte de la política es saber conservar el poder sea como sea”.

“Es muy larga la lista de agravios a los mexicanos, de la Presidencia de la República. Lo vimos en los años 50’s con la represión al Movimiento Ferrocarrilero y la intervención del Ejército, como también rompió la huelga el Ejército de los trabajadores petroleros en la Refinería de Azcapotzalco en 1963.

“Vimos cómo intervino el Ejército en el asesinato de dirigentes sociales, como el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en 1962, en el estado de Morelos, a pesar de haber acordado con el Presidente López Mateos incorporarse a la vida institucional.

“Hemos visto cómo por mandato del Presidente el Ejército ha intervenido contra los movimientos estudiantiles, tomando en 1966 la Universidad Nicolaita, en Michoacán.

“En 1968 no solamente la masacre de Tlatelolco, sino con las tomas de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Y cómo el Campo Militar Número Uno se convirtió en un espacio de detenciones arbitrarias y tortura contra los estudiantes de manera ilegal.

“Vimos cómo intervino en 1970, en la Universidad de Chapingo.

“Y en 1976 en la escuela de agronomía de la Universidad de Chihuahua, en la Ciudad de Delicias.

“Vimos cómo en los años 70’s, a partir de 75, la Operación Cóndor, en el noroeste de la República, en Oaxaca, en Guerrero y Michoacán, enfrentó a la población civil arrasando a comunidades campesinas completas, generando homicidios y ejecuciones extrajudiciales, vejaciones y violaciones profundas a los derechos humanos, al igual que en la década de los 70’s durante la Guerra Sucia, además de perseguir al Movimiento Guerrillero reprimió a la disidencia política.

“No se pueden olvidar las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales como las cometidas desde la base militar de Pie de la Cuesta en Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, cuando desde naves de la Fuerza Aérea Mexicana se arrojaban vivos a los opositores desde las naves de la Fuerza Aérea Mexicana.

“… No queremos una nueva Guerra Sucia en el proceso electoral del 2018.

“No queremos a las Fuerzas Armadas interviniendo en la vida y en los asuntos políticos de la nación.

“El Ejército no quiere involucrarse en la política.

“Yo lo he vivido expresa y directamente cuando, por ejemplo, en el 2006 el general secretario Clemente Vega fue un factor fundamental, no para que no interviniera el Ejército frente al plantón de Reforma, sino para buscar una salida pacífica al proceso postelectoral de ese año.

“Esta ley es inconstitucional, violenta los tratados internacionales suscritos por nuestro país, que conforme a nuestra Constitución tienen rango de ley y es obligatorio a su cumplimiento, esta ley socava los derechos y libertades de los mexicanos, confunde los conceptos de seguridad nacional y seguridad interior desde la vieja visión de la seguridad del Estado con los asuntos vinculados a la seguridad ciudadana.

“Somete a la población civil a la autoridad militar, a permitir que las Fuerzas Armadas realicen investigaciones con el apoyo de los órganos de inteligencia del Estado mexicano, lo que con orden de juez nos dice les permitirá allanar domicilios de particulares, intervenir comunicaciones telefónicas y electrónicas, decomisar equipos, detener a civiles sin la mediación de la autoridad judicial.

“Con esta ley invadirán las Fuerzas Armadas el derecho a la privacidad y la protección de daños personales de los ciudadanos al obligar a todas las autoridades a entregar la información particular que se le requiera.

“Viola el derecho a la información al pretender reservar toda la información vinculada con las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior a considerarlas como información de seguridad nacional.

“Subordina a la autoridad civil, federal, porque no solamente es a la autoridad estatal y municipal, porque la Policía Federal Preventiva, la Gendarmería Nacional se subordinarán al mandato de las Fuerzas Armadas al establecerse la declaratoria de protección a la seguridad interior en el momento en que el Presidente decide un comandante para coordinar los operativos.

“En síntesis, esta ley viene a legalizar una situación de excepción, convierte la excepción en ley, y se entrega el control político y el mando territorial a las Fuerzas Armadas. Es una nueva modalidad de totalitarismo que ya se ha aplicado en otros países de América Latina, estas medidas son las que llevaron a los gobiernos dictatoriales en Centro y Sudamérica hace ya varias décadas, pero que ahora adoptan nuevas modalidades, esta modalidad totalitaria y autoritaria que representa el golpe de Estado Legislativo”. (Continuará)
23 Diciembre 2017 04:00:00
‘Supinos ignorantes’, tildaba Javier Lozano Alarcón a quienes critican la LSI
De entre aquellos 79 oradores enjuiciando a la Ley de Seguridad Interior, figuraron dos senadores: el panista poblano Javier Lozano Alarcón –uno de los blanquiazules que votaron al lado del PRI y Pvem- y el perredista hidalguense Isidro Pedraza Chávez, votando en contra. He aquí:

Javier Lozano Alarcón: “Yo lamento que al reconocimiento que se ha hecho, una y otra vez aquí a las Fuerzas Armadas, de pronto siga la hipocresía de regatearles un marco jurídico que les brinde certidumbre para su actuación.

“Más aún, es reprobable que los mismos que hoy fustigan y advierten amenazas a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, sean los mismos que aplauden la monumental estupidez de otorgarle amnistía, perdón, y olvido a los capos de la delincuencia organizada. ¡Vergüenza les debería de dar!

“… Ignoran o no entienden los opositores del proyecto que ya la Constitución Mexicana otorga al Ejecutivo Federal la facultad de disponer de la totalidad de nuestras Fuerzas Armadas, fracción VI del artículo 89.

“Es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Aquí no se está inventando nada.

“Que sean unos ignorantes que no sabían que esa facultad existía, es otra cosa, pero lo que urge es una legislación secundaria que regule precisamente cuándo, cómo y dónde deben participar en auxilio de nuestras autoridades civiles y locales las Fuerzas Federales.

“Pasa desapercibido para los críticos que, mientras que dicen que se está militarizando al país, ya tenemos una Ley de Seguridad Nacional, y que la Seguridad Interior es parte de la Seguridad Nacional.

“Otra vez, otra vez lamento su supina ignorancia. Vergüenza les debería de dar, casi seis años de Senadores, y no entender la diferencia entre Seguridad Nacional, pues, Seguridad Interior integrada, y la Seguridad Pública, que es otro concepto.

“Aquí mienten los que afirman que se vulneran derechos humanos fundamentales. Que me demuestren una sola expresión en este proyecto que vulneren dichos derechos humanos fundamentales.

“Mienten quienes sostienen que se cancele el principio de máxima publicidad en cuanto a la rendición de cuentas, a la máxima publicidad, a la protección de datos personales en cuanto a la legislación en materia de transparencia. ¡Mienten!
“Falta a la verdad quienes repiten que con esta ley se suplanta a la autoridad estatal por parte de la autoridad federal.
 “Vergüenza les debería de dar que después de leer las adecuaciones a los artículos 7 y 8, insistan en que se ponen en riesgo los derechos humanos fundamentales y se castiguen las movilizaciones sociales y las que tienen carácter político electoral.

“¡O no saben leer, o vienen aquí con toda mezquindad a tratar de confundir al respetable! ¡Eso no se vale!”

La contraparte de Lozano fue Isidro Pedraza Chávez, quien dijo: “Se han estado  expresando una serie de exabruptos, de la visión que tenemos en torno a esta Ley de Seguridad Interior.

“Quiero decirles que hay muchas organizaciones de derechos humanos, la propia Federación de Comisiones de Derechos Humanos en el país, se ha pronunciado  en contra de esta ley que no debe de ser aprobada, porque esta ley tiene contradicciones, tiene ambigüedades, faltan a preceptos constitucionales y la misma ley es inconstitucional.

“Tiene profundos problemas de constitucionalidad, de convencionalidad, de ausencia de contrapesos, de controles democráticos, de inexistencia de límites de temporalidad precisos respecto a la vigencia de las declaratorias de afectación a la seguridad interior al prever la posibilidad de prórrogas sin controles de carácter progresivo, es en el artículo 15, dijeron que aquí había que precisar en dónde están las violaciones, carece de controles adicionales en materia de derechos humanos durante la vigencia de las declaratorias, artículos 7 y 12, de controles legislativos posteriores para evaluar los resultados de las declaratorias.

“Artículo 33. Transgrede los principios de máxima publicidad y el ejercicio del derecho humano de acceso a la información.

“Artículo 9. Prevé alta  discrecionalidad del Ejecutivo.

“Artículo 16. Contiene ambigüedades.

“Artículo 10. Y da excesos y lugar a la criminalización de la protesta social a violaciones de los derechos humanos, implicará incluso esto, consecuencias más graves en materia de seguridad.

“Aquí se mencionó que no conocemos lo que tiene establecido el artículo 86, pero compañeros, esta ley de carácter federal, es una ley que trata de  sumirse en una ley de carácter general y es ahí uno de los rasgos de inconstitucional que tiene, que no se puede resolver con ese transitorio que están pretendiendo presentar.

“… El propio Cienfuegos, el 6 de diciembre de este año, a una pregunta expresa que le hicieron ahí acerca del concepto de seguridad, el propio Secretario dijo de la Defensa Nacional, en el periódico Excélsior, el 6 de diciembre de 2017: ‘No hay nada que defina, decía el General Cienfuegos en aquella oportunidad, qué es la seguridad interior’.

“… Cuando se habla de seguridad pública nos referimos a la capacidad del Estado para preservar la integridad física de las personas, la integridad física de las personas y su patrimonio, garantizando una convivencia pacífica en la sociedad.

“La seguridad interior es un concepto que involucra a asegurar el funcionamiento de las instituciones, la gobernabilidad democrática o el Estado de derecho ante el surgimiento de riesgos internos, lo que esta ley no materializa.

“Y tercero. La seguridad nacional está relacionada con la capacidad de proteger el territorio de amenazas externas.

“Estos conceptos no han quedado claros a los que han venido aquí a defender la Ley de Seguridad Interior”.

PRI, PVEM y senadores como Lozano Alarcón se adentraban hacia la madrugada, para la consumación aquella. (Continuará)
22 Diciembre 2017 04:00:00
“Peña no ignora el enorme rechazo social a esta ley; simplemente no le importa”
Enrique Peña Nieto se montó ayer en un caballo de fuego y ha promulgado la Ley de Seguridad Interior, para su entrada en vigor a partir de este viernes 22 de diciembre de 2017. No escuchó nunca a quienes le pedían que no lo hiciera; que mejor emitiera observaciones y la regresara al Congreso, vetándola, para que otra vez volvieran diputados y senadores a construir una ley que está destinada a convertirse en algo así como una puerta abierta del infierno.

Eso sí, dijo que no la echará a andar hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación “no se pronuncie sobre su inconstitucionalidad”. Y al no emitir ninguna declaratoria de seguridad interior, argüía el jefe máximo de la camarilla en el poder, no ordenará el despliegue de soldados, marinos y Policía Federal en alguna zona específica del territorio nacional.

La promulgación llegó con la publicación de la ley en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación; pero antes, por la mañana, el mismo Peña lo anunció, cuando, a puerta cerrada, se reunía en sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Tan pronto hizo su anuncio infausto este presidente de historicidad tan infame como, en sus tiempos, la tuvieron Victoriano Huerta y Antonio López de Santa Ana, salió a respingar Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, anunciando que promoverá “una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interna”. Y lamentaba el ombudsman: “Lo deseable hubiese sido que se escuchara a la sociedad en sus argumentos”.

En México, la CNDH se ha constituido en el valladar al que renunció a ser el Congreso de la Unión, ante una ley de pronósticos reservados. Una licencia que se convertirá en una “licencia para matar” para soldados, marinos y policías federales.

Más que premonitorio, el senador del Pt-Morena Miguel Barbosa Huerta dijo la madrugada del viernes 15 de diciembre de 2017, a manera de prólogo de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior a manos del PRI, Pvem y media docena de senadores panistas:

“La Ley de Seguridad Interior pone en riesgo la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, hace casi 50 años el gobierno priísta de Gustavo Díaz Ordaz cometió el grave error de instruir al Ejército al reprimir a los estudiantes en 1968.

“Luis Echeverría los mandó a la guerra sucia, y Felipe Calderón, y, antes inclusive concuerdo con la fecha de 1996 los involucró en el combate al crimen organizado.

“Este gobierno ha perdido la visión de Estado. En las filas del gabinete no quedan estadistas, no quedan voces sensatas, que tengan presente, cómo la subordinación de los mandos militares a la autoridad civil ha sido un factor fundamental, primero, de la paz social; y, segundo, de nuestra transición a la democracia.

“La aprobación de esta propuesta de ley será un grave error de este gobierno, porque lejos de ofrecer una vía de solución al problema de la inseguridad y de la violencia que vive nuestra nación, profundizará la descomposición social.

“Qué lamentable.

“Qué terrible que este gobierno termine de esta manera, termine con la aprobación de una ley que va a militarizar al país, que vulnera los derechos humanos y que pone en riesgo nuestra paz social.
“Como nunca antes muy diversas instituciones, organizaciones nacionales y extranjeras y personalidades han alzado la voz en contra de la Ley de Seguridad Interior.

Como siempre ha ocurrido, en este se ha ignorado la crítica, como siempre se ha aparentado apertura, fingido que se escucha a las voces discordantes, pero al final se aprueba lo que se tenía previsto de antemano.

“El gobierno no ignora el enorme rechazo social a esta ley, pero simplemente no le importa. Sus intereses y sus prioridades nunca han sido a favor de la gente.

“Reitero, las Fuerzas Armadas no pueden, no deben asumir la función de seguridad pública, porque esto alteraría de manera fundamental la naturaleza de las instituciones básicas del Estado.

“Transformar este orden jurídico equivale a cambiar el eje en torno al cual gira el poder político, significaría modificar su cimiento en la legitimidad social para depositarlo en una valoración discrecional y subjetiva del orden y la disciplina.

“Los hombres y las mujeres del poder político y la oligarquía mexicana ven venir el cambio de régimen en el 2018; el cambio de régimen no es el cambio de gobierno, es la modificación del modelo económico, político y social.

“La mano dura, la militarización del país y el retroceso de las libertades son anhelos largamente acariciados por los sectores más conservadores y reaccionarios de nuestro país, para los cuales la democracia es un molesto obstáculo, y se preparan de esta forma al cambio de régimen que se dará en el año 2018.

“La aprobación de esta ley es riesgosa en extremo para la democracia; fatal para las libertades y los derechos civiles, sociales y políticos; lo que viene después no le conviene a nadie, al menos a ningún mexicano con esperanza demócrata e igualitaria.

“Afortunadamente a nadie engaña esta simulación, la sociedad tiene perfectamente claro sus riesgos y los motivos que le inspira.

“Con todo respeto, y responsabilidad afirmo que con esta ley o sin ellas, el Ejército no ganará la guerra contra el narcotráfico.

“El combate a la delincuencia organizada corresponde a las fuerzas policiales civiles.

“Ese es el verdadero clamor de nuestra sociedad, y no la mala utilización de nuestras Fuerzas Armadas”.

Y si no le importaba a Peña. Tampoco al PRI.
(Continuará)
21 Diciembre 2017 04:00:00
La posición del PAN en torno de la Ley de Seguridad Interior
Excepto los senadores afines a Felipe Calderón Hinojosa, la mayoría de legisladores del PAN rechazó la ley de Seguridad Interior. He aquí el posicionamiento de Fernando Herrera Ávila, coordinador del grupo parlamentario de ese partido político en el Senado, la madrugada del viernes 15 de diciembre del 2017:

“Todos aquí estamos conscientes de las consecuencias que tendrán las decisiones que vamos a tomar.

“Por ello, debemos hacer acopio de la mayor virtud en la política, virtud que es la prudencia. Prudencia que no significa ni parálisis por indecisión ni inacción frente a los problemas si no hacemos caso de las consecuencias de nuestros actos.

“La ley que se discute es un tema de gran trascendencia para el futuro de nuestro país. Estamos ante un proyecto ante el que destacados organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, gobernadores de las entidades federativas, y la propia urgencia del tema exigen la expedición de un marco jurídico que otorgue certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad.

“Esto ha generado un intenso debate en donde diversos actores de acuerdo a sus convicciones e ideología han expresado su opinión respecto de la ley, algunos de forma institucional, otros en foros escribiendo, y otros más en la protesta en la vía pública.

“Los senadores del PAN sabemos que no hay un modelo ni ley perfectos, no obstante no es recomendable dada la urgencia que se soslaye el problema, es absolutamente indispensable atender el llamado de comunidades asoladas por el crimen organizado que se ha elevado en presencia y actividades en diversas zonas de nuestro país.

“No podemos negarnos a escuchar a los ciudadanos que demandan seguridad y orden. Tenemos la obligación, como una de las cámaras integrantes del Poder Legislativo de confeccionar una ley que siente las bases mínimas para que las Fuerzas Armadas acudan en auxilio de la población cuando las fuerzas policiales civiles han sido rebasadas.

“Por otro lado, hay quienes observan riesgos en la llamada militarización de las labores de seguridad, argumentando, entre otras cosas, que existe el riesgo de que se vulneren derechos humanos, y hay que decirlo abiertamente, temen represión por parte del gobierno.

“Son muchos los reclamos que se escuchan, y de altísima consideración las observaciones sobre el proyecto, que expresan que la ley representa un peligroso parche ante la incapacidad institucional de los tres niveles de gobierno para garantizar la integridad de los ciudadanos.

“Dado que la ley no viene acompañada de otras reformas necesarias, como el mando policial mixto, así como otros ejes para lograr una estrategia integral de seguridad.

“Se dice que los conceptos contenidos en la ley son vagos y laxos, que propiciarán incertidumbre en su aplicación.

“También se ha criticado que la ley genera incentivos, incentivos perversos para que se petrifique el statu quo negativo de hoy y no se creen cuerpos policíacos capaces.

“No podemos dejar de mencionar el exhorto del representante en México del Alto Comisionado de la ONU; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de Amnistía Internacional para que el Senado no apruebe la minuta.

“Sin duda esto es un hecho sin precedente que nos invita a reflexionar. En nuestro grupo parlamentario hay voz, sensibilidades y voz, visiones de abordar este asunto.

“Hay quienes legítimamente se preocupan por la grave situación de inseguridad que se vive en sus estados, y por ello, pugnan por la aprobación inmediata de la ley.

“En la otra versión están las y los Senadores, que sin desdeñar la urgencia privilegian una ley mejor mediante una mayor reflexión.

“Proponen que se atiendan las observaciones de los organismos internacionales, y que se realicen foros abiertos para escuchar todas las voces.

“Nadie está totalmente equivocado ni nadie tiene totalmente la verdad.

“Como coordinador del grupo parlamentario respeto y respetamos ambos puntos de vista, porque obedecen a causas legítimas.

“Dada la situación, cada senadora y senador del grupo parlamentario de Acción Nacional expresará en su voto su propia sensibilidad sobre el tema.

“Mi papel de coordinador, expreso que mi partido tiene una visión integral que corre sobre cuatro ejes.

“Hace falta una fiscalía autónoma, que se consolide el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Seguridad y la Ley de Seguridad Pública. Son los cuatro pilares de un todo por el que no dejaremos de luchar, porque sólo un sistema integral como el que propone Acción Nacional puede lograr el abatimiento de la criminalidad en el país.

“Nuestro sistema es un proyecto integral que respeta a los ciudadanos, a los derechos humanos, al federalismo y al municipio como la piedra angular de la organización política de nuestro país.

“Desde esta tribuna expresamos todo nuestro respeto y admiración por la labor de las Fuerzas Armadas.

“Estamos convencidos de que esfuerzo merece una buena ley de seguridad para que elementos, sus elementos dejen de ser cuestionados por su actuación.

“Desde luego, esto en detrimento de las instituciones castrenses y de su imagen.

“Buscamos que las Fuerzas Armadas actúen al amparo de la legalidad, y consideramos que este proyecto no es lo que ellos merecen”.

Fue el común denominador de los posicionamientos panistas. Pero volvió a llamar la atención que el PAN dejase libres a sus legisladores para votar como quisieran. Siempre lo hace así en votaciones selladas por la polémica y la tragedia para la población. Y casualmente terminan apareciendo al lado del PRI los legisladores panistas suficientes para que el PRI consuma lo que quiere. Y así sucedió la madrugada del 15 reciente. (Continuará)
20 Diciembre 2017 04:00:00
Así se auto justificaba el PRI cuando aprobó la Ley de Seguridad Interior
Luego de que el Congreso mexicano aprobó la Ley de Seguridad Interior, diez organizaciones internacionales anunciaron la creación de un órgano vigilante de los derechos humanos al que denominarán Observatorio Internacional sobre México. Y han solicitado a Enrique Peña Nieto que la vete.

Según un documento sobre el anuncio de marras, publicado ayer por el diario La Jornada, las diez organizaciones plantean que “mientras México se aleja de los valores democráticos el mundo le está observando”.

Sobre todo, precisan en el documento, “porque lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces, incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la llamada guerra contra las drogas, la ley aprobada consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública reservadas para autoridades civiles”.

Incluso, se añade en la argumentación que acompaña al anuncio de la próxima conformación del Observatorio, “durante los recientes 10 años esta estrategia de militarización ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad. Mientras tanto, los índices de violencia continúan escalando y, de hecho, 2017 se perfila ya como el año más letal de la historia de México”.

Y las diez organizaciones internacionales que integrarán el Observatorio anunciado, son: “Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina, Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Peace Brigades International y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy”.

Esto se publicó ayer. Sin embargo, la madrugada del viernes 15, hace cinco días, el PRI justificó así, en voz la senadora María Cristina Díaz Salazar, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior:
“(Este dictamen) tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia.

“Como sabemos, durante la última década, nuestro país ha atravesado por una crisis de seguridad que rebasa el umbral de la seguridad pública y que está poniendo en riesgo la seguridad interior.

“Por ello, debemos contar con una ley que legitime y dé certidumbre a las acciones relativas  a la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles en materia  de seguridad interior.

“… Actualmente nuestras Fuerzas Armadas no tienen un marco legal para estar en las calles.

Y hay que decirlo fuerte, hay que dejarlo claro, no existe mayor medio de control que el estricto apego a la legalidad y al Estado de derecho.

“En este Senado hemos atendido y escuchado las voces de quienes han expresado su preocupación e incluso su inconformidad con la ley.

“… Somos conscientes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en esta se reconoce la existencia de la facultad y obligación del Estado a garantizar su seguridad y mantener el orden público siempre que se apliquen procedimientos conforme a derecho y respetuosos de los derechos fundamentales de todos los individuos bajo la jurisdicción estatal.

“El Tribunal Interamericano ha determinado en ese sentido que el poder estatal en materia de mantenimiento de la seguridad y del orden público no es ilimitado, pues está condicionado por el respeto de los derechos humanos.

“Y si bien la Corte Interamericana ha determinado que en algunas circunstancias la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública seguramente implica, sin duda lo señala, la posibilidad de riesgo en la materia.

“Por ello, los estados deben ser cuidadosos al utilizar la Fuerzas Armadas como elemento de control de los disturbios internos, la violencia interna, situaciones excepcionales y la criminalidad común”.

“Por eso, debo de reconocer que durante más de una década se ha hecho uso responsable de la intervención de las Fuerzas Armadas, lo otro es un falso debate.

“Y advierto que es difícil concluir que el empleo de las Fuerzas Armadas para la realización de tareas de seguridad pública constituye en sí mismo una violación a los derechos humanos como pretenden hacernos ver, eso es falso.

“Se nos ha dicho también que esta ley es una puerta abierta y sin controles para la actuación de las Fuerzas Armadas en materia que no le corresponde.

“¿Cómo hemos respondido ante ello?

“Estableciendo en esta ley que estamos discutiendo límites geográficos y temporales al procedimiento para la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, lo previsto en los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la ley, se apega estrictamente a los estándares internacionales de derechos humanos, que no les quepa la menor duda.

“Y particularmente el artículo 13 establece los requisitos mínimos con los que se debe contar las peticiones de las legislaturas, de las entidades federativas o el titular del Ejecutivo cuando aquellas estén en receso y las cuales incluyan el área geográfica específica.

“El 14 estipula que el acuerdo de la declaratoria de protección a la seguridad interior debe incluir las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las acciones de seguridad interior así, y lo subrayo, como la temporalidad de la declaratoria”...

Así se auto justificaba el PRI, la madrugada del viernes 15 de diciembre de 2017, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
19 Diciembre 2017 04:00:00
Jaque de ONU y DH a Enrique Peña Nieto
Ciertamente ha concluido el trámite legislativo de la Ley de Seguridad Interior en las dos Cámaras del Congreso mexicano, pero su proceso legislativo no. Concluirá cuando el Presidente de la República ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y en tanto no esté publicada todavía, esa ley puede ser objeto de observaciones por parte de Enrique Peña Nieto desde su condición de titular del Ejecutivo Federal.

Y haciéndolas, el Ejecutivo en lugar de publicarla tendría que regresar la ley de marras a la Cámara donde se originó el proceso legislativo (en este caso, el Senado) y pedir a ambas Cámaras legislativas que vuelvan a revisar la Minuta en las partes observadas por el presidente de la República.

Pero ahora la aprobación ya no sería mediante la mayoría absoluta (la mitad más uno: 251 votos en San Lázaro y 65 en el Senado), sino con mayoría colegiada (dos tercios: 333 en Cámara de Diputados, y 97 en la de Senadores).

Evidentemente, si Peña acepta la demanda de la ONU y de CNDH de vetar la ley (así le llaman al hecho de hacer observaciones a una minuta y regresarla a los territorios del Congreso), entonces sería como renunciar prácticamente a que ésta entrase en vigor, en los términos como ha decidido consumarla el PRI y el PVEM, porque muy difícilmente el partido tricolor conseguiría los votos para alcanzar los dos tercios aprobatorios.

Podría decirse que ONU y CNDH, ayer, aplicaron un jaque a Enrique Peña Nieto, del que este se podría escapar solo si, uno, le vale madre lo que le piden y la publica en los términos en que está la Ley de Seguridad Interior. O, dos, si renuncia a su determinación de militarizar al país y la corrige haciendo observaciones de tal manera que, cuando menos el PAN -el partido que siempre se ha prestado a hacer cochinada y media con el PRI-, pueda acompañarlos en la hipotética  re votación de los dos tercios.

Y lo menos que se esperaría del PAN en estos tiempos electorales es que ellos –que son los que terminan legitimando al régimen en todas sus barbaridades- presionen al Ejecutivo para que dichas observaciones atiendan mínimamente lo que ahora reclaman organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales.

Lunes 18 de diciembre de 2017. Enrique Peña Nieto seguía sin responder la demanda de la ONU y CNDH, instituciones que, de paso, han anunciado que en caso de que Peña haga caso omiso al clamor de la población y de estos organismos, de hacer algo para que esta ley de lo más infame no pase, entonces, una vez que estuviera promulgada, cada institución presentará, por su lado, una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Nacional ante la Suprema corte de Justicia de la Nación.

Una demanda de inconstitucionalidad no es otra cosa que el requerimiento para que la Corte emita una interpretación sobre la legalidad de una ley. Pero, sobre todo, si dicha ley está armonizada y no es contradictoria con el espíritu de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, ni con los tratados internacionales que ha firmado México.

De entre todos los que se han opuesto a la Ley de Seguridad Interior, hay una gran cantidad de personas e instituciones especializadas en el derecho constitucional. Y han sido ellas quienes juzgan que la ley de Seguridad Interior está contraviniendo a la Constitución y a los tratados internacionales que México ha firmado en la materia de fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos.

La Corte tendría que interpretar la Constitución y resolver si esta ley recién aprobada es una ley secundaria contraria a los mandatos de la Constitución. Y de serlo, tendría que decir con todas sus letras que es Inconstitucional, y emitir la orden de que sea anulada.
 
INTENTAN ATEMORIZAR A REDES SOCIALES Y A PERIODISTAS
El jueves 14, casi a punto de que fuera clausurado el periodo ordinario de sesiones del tercer año de la 63 Legislatura, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 386 votos, cero en contra y cero abstenciones, una reforma a la Fracción I del artículo 1916 del Código Civil Federal.

Pablo Elizondo García, un diputado federal del PRI oriundo de Nuevo León, fue el autor de la iniciativa, presentada apenas el reciente día 5 de este mes diciembre. Dicha reforma consistió en agregar a la Fracción I del artículo de marras el siguiente entrecomillado: Se considerará como un ilícito cuando alguien (sic) “comunique, a través de cualquier medio incluidos los electrónicos”, a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio
de alguien.

Aunque esta reforma fue propuesta por un priísta, lo que llamó la atención fueron dos cosas: Uno: Que la aprobaron todos los grupos parlamentarios. Dos, consideraron que será daño moral cuando se hable de un hecho cierto o falso, medios de todo tipo, incluidos los electrónicos.

El PRI pretendió insuflar temor al ejercicio de la libertad de expresión, particularmente a quienes se expresa en las redes sociales –en el umbral del 2018-, a pesar de que contraviene la Constitución, que garantiza la libertad de expresión cuando se trate de hechos de interés público.

¿Qué pasó con la oposición? Votaron irreflexivamente, justificábanse, en medio de esa borrachera legislativa del final de periodo. Únicos beneficiarios serían quienes ejercen el poder. Quedó la minuta atorada en el Senado.
16 Diciembre 2017 04:00:00
Layda: “La Ley de Seguridad Interior, preludio de dictadura, es una ley de mierda”
La última gran batalla parlamentaria contra la Ley de Seguridad Nacional sucedió en el Senado de la República la madrugada del viernes 15 de diciembre de 2017. Setenta y nueve oradores debatieron.

Pero, graníticos, desalmados, PRI y Pvem no escucharon razones y, pasándose por los aguacates a todos incluida la ONU terminaron aprobando una ley con nueve modificaciones de pura apariencia, que más tarde la Cámara de Diputados refrendó para de inmediato enviar el dictamen al presidente de la República, con el propósito de que éste la publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor.

Todos estos días el debate de la madrugada reverberará en este espacio. He aquí a Layda Sansores San Román, senadora del Pt-Morena:

“Quiero expresarles con toda la rudeza que la Ley de Seguridad Interior es una ley de mierda, que expresa la vileza de un hombre débil, arrodillado ante los Estados Unidos y al poder militar.

“Y que en los estertores de su desprestigiado mandato, vino aquí a sembrar miedo, impotencia y rabia.

“Esta ley es preludio de dictadura, es la militarización del país, lo quieran reconocer o no. Y repito las palabras del gran constituyente, el general Múgica, justamente hace cien años, qué visión, refiriéndose a la militarización: ‘a primera vista no hay amenaza, pero se convierte indefectiblemente en un desquiciamiento, pues corriendo el tiempo, creyéndose privilegiados, terminarán por despreciar el poder civil’.

“Qué pasará con este marco que no tiene controles, que le deja que ellos se autogobiernen.

Las modificaciones que se hicieron en este Senado son una burla, Peña Nieto pidió respetuosamente, ante la avalancha, ante la presión que tenía para lavarse la cara, que se hicieran las consultas, y entonces, rápidamente oyeron, pero no escucharon a nadie.

“No es buena ni para las Fuerzas Armadas, ni para los ciudadanos, ni para nadie. Esto es un desafío a los organismos internacionales.

“Imagínense que hoy los órganos autónomos, pues, deberán proporcionarle la información que pida la autoridad. Así dice el artículo 31. O sea, la Comisión de Derechos Humanos, que es autónoma, cuando venga a pedirle la autoridad de las Fuerzas Armadas información, pongamos el ejemplo a un sobreviviente de Tlatlaya que recurre a la Comisión de Derechos Humanos.

“¡Ah, no! Pues, van ellos, y deme el expediente y deme la información necesaria, la que ellos quieran, y estará obligado a darla.

“Dejamos en la indefensión a los ciudadanos. Esto es gravísimo, se acaba con todo, con la secrecía, el secreto bancario, con todo, y no nos damos cuenta que esta es violación a los derechos humanos. Y se va haciendo el caminito ¡Eh!

“Esta ley es un remate. Ya habíamos aprobado otras cinco. El Código de Procedimientos Penales que existe, un código nacional, y entonces, ahora sí lléveselo.

“Y nosotros aprobamos un Código Militar de Procedimientos Penales. Que no se acuerdan que dio, entonces, la posibilidad que pueden catear las casas de los ciudadanos.

“Cuando se lo piden a un ministerio militar, el ministerio pide la autorización al juez militar, y entonces, podrían entrar a la casa de cualquiera o a este Congreso, incluso.

“… El General Alejandro Ramos, que vino aquí a este Senado, por cierto muy arrogante, y todavía no se aprueba la ley, el que fue autor intelectual del desafuero de AMLO, seguramente debe estar por ahí escondido, vino a este Senado a defender su ley, o más bien, la ley que le dictaron en inglés.

“Pero en un momento de lucidez reconoció que la labor del Ejército, dijo él muy diplomáticamente: “No había sido exitosa”. No, debió haber dicho que había sido un fracaso.

“Pero dijo algo que es muy importante, y que sí hay que considerarlo, dijo: “No fue exitosa porque no se atendieron las causas que originaron la violencia”.

“Nunca en la historia ha venido un Secretario de la Defensa o de Marina a rendir cuentas al Senado, como se hace en los Estados Unidos.

“Bueno, pues entonces, con toda esa impunidad y estos sin controles, oiremos hablar de ejecuciones extrajudiciales, que en la historia oficial se dicen: “enfrentamientos”.

“Vendrá la multiplicación de Atencos, de Tanhuatos, de Tlatlayas, de más Ayotzinapas y Nochistlanes.

“Sabremos de más desaparecidos, de cuartos de tortura, de colgados y apaleados, de aviones que arrojan al mar a los detenidos, de cárceles en que las víctimas se pudren entre orines e inmundicia.
“Oiremos muy pronto el crujir de huesos en los cuarteles militares.

“La Ley de Seguridad es una tragedia para México, Peña Nieto usa al Congreso que se deja para aprobar una aberración cada vez más degradado el Congreso, es una vergüenza, y miren, sepan que ningún Estado de derecho que esté consolidado, los ministros o secretarios de la Defensa, o Marina, son militares y mucho menos cuidan al Presidente, no es labor de militares.

“Eso tenemos que irnos dando cuenta, porque entonces es el Poder sobre el Poder, esta ley no es para darle certidumbre a las fuerzas castrenses, sino para que puedan autogobernarse y para que Peña pueda blindarse; le preocupa proteger los intereses transnacionales, pero además sabe que perderá las elecciones, que la ciudadanía no aceptará más fraudes y teme las protestas ciudadanas.

“A Peña no le importa la seguridad de los mexicanos, lo que quiere es un ejército privado que lo proteja de sus raterías, lo que quiere es salvar su pellejo, Peña es un cobarde, de hombre tiene el nombre, las entrañas de gallina, diría el poeta”. (Continuará)
15 Diciembre 2017 04:00:00
Los senadores del PRI, PVEM y algunos del PAN asesinaron ayer al federalismo
El jueves 14 de diciembre de 2017, ayer, el Senado mexicano se transfiguró en un terrible excusado de donde barbotó la Ley de Seguridad Interior. Una ley asesina por antonomasia, con la que Enrique Peña Nieto el impulsor, el PRI y el Pvem acaban de matar al federalismo, porque mandarán los militares a todas las autoridades civiles cuando el Presidente de la República decrete que algún problema es de seguridad interior.

Y darán paso a un militarismo que se pondrá al servicio –acusaron opositores- de los intereses de las trasnacionales que están aquí para expoliar el petróleo y la electricidad y para subordinarse sin ambages a los Estados Unidos de América.

Pasando por encima de los estados, de los municipios, de la población.

Es la joya de la corona de un gobierno que todo lo destruye, para perjuicio de la población de México, saeteó desde la tribuna el senador Víctor Hermosillo y Celada, de Acción Nacional, a mitad de una sesión aborrascada por el cinismo de quien presidía, el senador panista César Pedroza Gaytán, un sujeto tan cínico y desvergonzado como su correligionario presidente Ernesto Cordero Arroyo, que a ultranza, pasaba por encima del reglamento para no escuchar, no dar voz, a senadoras como Layda Sansores y a cuantos exigían la palabra para oponerse a una aprobación cantada desde la víspera.

A las ocho de la noche, más de 38 oradores habían confluido en la tribuna, adonde chisporroteaba la ira y la impotencia de quienes se oponían, y el cinismo de quienes la apoyaban.

La más triste de todas las leyes aprobadas en 20 años, se dolía Dolores Padierna. Una infamia, coincidían prácticamente todos los opositores. Y otra vez Manuel Bartlett Díaz, invicto, imbatible en su oratoria, colocaba al Senado en esa letrina donde lo tiene Peña Nieto y los Estados Unidos:

“Nuestro posicionamiento será para situar el tema de la seguridad en México. La Ley de Seguridad Interior que hoy impondrán el PRI y sus aliados es el último eslabón en la construcción de un Estado Policiaco-Militar, subordinado –lo he dicho pero nadie lo oye- a los Estados Unidos.

“La construcción del Estado policíaco y militar fue planeado en el exterior y significa un estricto control social por las Fuerzas Armadas. Control social. Eso es lo que se persigue al mantener al Ejército y la Marina en las calles de México.

“Las amenazas, ya lo dijeron ustedes, no son externas. Y cómo van a ser si (Estados Unidos) es nuestro socio… Ahora el terrorismo, crimen organizado, las drogas, son el enemigo interno. Y las garantías que han otorgado a inversionistas extranjeros es la represión militar.

“La Ley Federal contra la delincuencia organizada establece que la delincuencia organizada entra en función de tres personas o más para cometer cualquier delito. Y ahora permiten las operaciones encubiertas, la intervención de comunicaciones privadas. Lo permite ya esa ley que aquí aprobaron ustedes.

En 2002, tras los atentados de nueva York, México se incorporó al Comando Norte. En 2001, Fox firmó la Oms Trans Security en términos de seguridad interior. Se trata de acuerdos) para el control social.

El 28 de octubre de 2013 se celebró en México una conferencia especial de la OEA, en la que fue introducido en América Latina el concepto de Estados Unidos en seguridad nacional.

Pero desde el 5 de abril de 2004, México introdujo en la Constitución el concepto de seguridad nacional de los Estados Unidos.

“Si no entendemos esto, no entendemos por qué aparece de repente una nueva concepción de la seguridad nacional. Un concepto que le preocupa a Estados Unidos, no a México. Pero los gobiernos de Fox, Calderón y Peña lo convierten en amenaza interior. Es la importación del concepto de seguridad nacional de los Estados Unidos a México.

Desde 2005, el gobierno mexicano, con ayuda de este Senado y bajo el concepto estadounidense de seguridad nacional, faculta a los órganos (militares y policiales del país) a l intervención de comunicaciones y también las operaciones encubiertas (de agentes extranjeros). Fue otro eslabón de la alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, conocido como Aspan, que suscribió Fox en marzo de 2005 y que involucra que México (tuerza) sus políticas de seguridad para favorecer la seguridad de los Estados Unidos.

“En 2009 y 2013, el Aspan se modifica, cambia de nombre, y se llama Diálogo Económico de Alto Nivel. Y se da un sinnúmero de acuerdos políticos y de seguridad, conque comprometen a México a la política definida entre el país hegemónico y el pequeño presidente Peña Nieto, incluso sin que lo apruebe el Senado.

“Nadie sabe qué van arreglando (entre Peña y Estados Unidos).

“Calderón, para impedir el paso de drogas a Estados Unidos, inicia en diciembre de 2006 su guerra contra las drogas, por exigencia de los estadounidenses. Ellos quieren que los muertos estén en México, y para ellos la militarización de su territorio no existe. Aquí, ellos lo exigen, la guerra contra las drogas, cuyo costo es demás de 100 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos. Calderón violó la Constitución al permitir que las Fuerzas Armadas realizaran funciones que no les correspondían”…

Manuel Bartlett Díaz decía que esto era solo la recordación de lo que han hecho desde 2002 los gobiernos de Fox, Calderón y Peña para entregar al país a Estados Unidos. Y hablaba también de la Iniciativa Mérida, de la CIA, y de muchas otras reformas, hasta llegar a la Ley de Seguridad Interior. (Continuará)
14 Diciembre 2017 04:00:00
Tiempos de canallas: EPN y PRI colocan a la población en una pinza
Enrique Peña Nieto y sus dos partidos, el PRI y PVEM, aprisionaban con una gran pinza a la población, desde las dos Cámaras del Poder Legislativo Federal. Y apretaban con rigor, sin piedad.

Mientras en el Senado consumaban, en comisiones, la Ley de Seguridad Interior, en la Cámara de Diputados, estos dos mismos partidos pretendieron incorporar repentinamente al orden del día un dictamen de la Comisión de Gobernación en la que proponen se realice una consulta popular el mero 1 de julio de 2018, sumando otra boleta a las varias que ya habrá para elegir presidente de la República, diputados federales, senadores y aun gobernadores y alcaldes en varios estados.

La oposición, representada por Morena, PAN, PRD Y MC, se opusieron tildándola de “manipuladora y tramposa, y con fines electorales”, y mediante el recurso parlamentario de salirse de la asamblea para vaciar el quórum, obligaron que la sesión se suspendiera en aras de tiempo para su análisis. El PRI, empero, sentenció que hoy, jueves 14, insistirá en lo mismo.

En dicha boleta, el PRI y PVEM proponen preguntar a la ciudadanía si estarían de acuerdo con la aparición jurídica del Mando Único, con la que se plantea la desaparición de todas las policías municipales para dar paso a 32 estatales con sus respectivos 32 mandos.

Y la pregunta planteada por esos dos partidos políticos ayer, misma que estaría impresa en una boleta durante los comicios del 1 de julio de 2018, es: “¿Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de mil 800 policías municipales que, de acuerdo con distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?

Tras la sorpresa vino la indignación generalizada de los opositores, quienes recriminaban a priístas y pvemistas que en la Comisión de Gobernación el tema lo hayan ocultado, para sacarlo de súbito en el Pleno camaral.

Siempre con la complicidad de Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva, el PRI ofreció la siguiente argumentación en voz de Mercedes del Carmen Guillén Vicente, diputada priísta de Tamaulipas: “Necesitamos que las personas puedan estar en el centro de la toma de decisiones, y sin duda, la inseguridad es una de esas cuestiones que nos afectan a todos y cada uno de nosotros en los aspectos de los más apremiantes”.

Y apostilló: “Por ello, hemos considerado procedente la petición de consulta popular relativa al modelo actual de seguridad pública para generar mayores niveles de gobernabilidad y legitimidad de las instituciones estatales encargadas de la misma –de manera congruente– con los nuevos enfoques de seguridad democrática”.

Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del grupo MC, tildó el dictamen de “insolente, imprudente, contradictorio y ofensivo, además de ilegal, porque la Ley Federal de Consulta Popular prohíbe expresamente que se someta a consulta popular el tema de seguridad nacional y el mismo partido proponente, el PRI, ha dicho ahora que argumentó a favor de la Ley de Seguridad Interior, que la seguridad pública es parte de la seguridad interior y esta de la seguridad
nacional”.

René Cervera García, de Morena, aseguró que la consulta de marras pretende justificar la Ley de Seguridad Interior y la imposición del Mando Único policial. Pero además, insistió, la pretensión de quienes la proponen es generar confusión en el proceso electoral, pues no sólo habrá boleta para elegir presidente de la República, sino para elegir también a ocho gobernadores, la jefatura de gobierno de la ciudad de México, 1,597 presidencias municipales y 10
mil regidores.

Rafael Hernández Soriano, del PRD, dijo que el PRI, con este dictamen, reconoce que fue fallida la política de seguridad pública en el sexenio. Y sería una consulta violatoria de la Constitución y de normas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Jorge Ramos Hernández, del PAN, dijo: “Esta consulta es un gran engaño del PRI-gobierno; ahora resulta que después de cinco años de tener el gobierno de la República, llegan a la conclusión que cuatro meses antes de retirarse del poder público le van a decir a la población que por dónde es el camino”.

Apostilló el panista: “Y ahora, derrotados por los resultados y por la realidad, sumidos en la incongruencia porque no la resolvieron, porque ahora justamente el argumento es de que no se pueden coordinar con el estado y los municipios, y que por eso llegan con la fórmula mágica de querer centralizar el mando policial en 32 entidades federativas y desaparecer las policías municipales de mil 800 municipios
del país.

“Con esta propuesta estaría feliz Édgar Veytia, de Nayarit; estaría feliz Tomás Yarrington; estaría feliz Mario Villanueva que está encarcelado por crimen organizado.

Quieren mandar a los estados lo que han sido incapaces de gobernar desde la Presidencia”.

El PRI habló en voz de Carlos Iriarte Mercado, dijo que “lo que hoy proponemos y estamos convencidos de ello, que la mejor forma de involucrar a la sociedad es escucharla, y la participación política de la sociedad libre le da vigor a nuestra democracia”.

Al final hubo un receso, tras la salida de los diputados del PAN, PRD, MC y Morena. Fue roto el quórum. El que presidía dio por terminada la asamblea, pero anunció que en la sesión de este jueves se comenzará a sesionar con el tema en cuestión.

19 horas. En el Senado, PRI y PVEM habían aprobado ya en comisiones la Ley de Seguridad Interior y la perfilaban hacia la noche para su aprobación en el Pleno.
13 Diciembre 2017 04:00:00
Un PRI matrero que aparenta escuchar pero no ceja en militarizar al país
Este era el día, 12 de diciembre de 2017, que el PRI esperaba para aprobar la Ley de Seguridad Interior. Pero han sido tantos reclamos dentro y fuera del país, que se ha visto forzado a simular que escucha a la sociedad. Emilio Gamboa Patrón, el coordinador priísta en el Senado, decía ayer que su partido trata de dar respuesta a las inquietudes expresadas por organizaciones sociales, y también para atender el exhorto del Presidente Enrique Peña Nieto, de escuchar a la gente.

Y el mismo Gamboa decía en conferencia que ayer mismo, en uno de los pasillos, hubo dicho a Manuel Bartlett Díaz, senador del PT-Morena, que “hay posibilidad de movernos, para que vea la sociedad civil que estamos atendiéndolos”.

Amanecía bajo un grado en la ciudad de México. Unas 200 personas con Gerardo Fernández Noroña al frente se expresaban desde las 8 de la mañana, en Madrid e Insurgentes. Taponaban puertas laterales y la principal del Senado. Consiguieron que ningún senador entrase. Una sesión solemne programada para las 10 y dedicada a un alto representante de Corea del Sur se suspendió por el imposible quórum.

Fue que después de las 11 pudieron entrar un grueso de senadores para iniciar la sesión ordinaria. Era la hora en que las comisiones que dictaminarán la Ley de Seguridad Interior se proyectaban reunirse para después de las 2 de la tarde, con el fin de dictaminar a matacaballo y enviar por la noche al Pleno para que este la aprobase con los votos seguros de priístas y pvemistas.

Había reiterado más tarde Emilio Gamboa que un grupo de senadores priístas revisaban la Minuta de la Ley de Seguridad Interior, para ver por dónde “hay posibilidad de moverse”. Pero en realidad era el frío que el PRI siente con las ráfagas de hielo que les provoca la irrupción de la precandidatura de Andrés Manuel López obrador. De hielo o de fuego. Pero los entiesaba.

Y entonces se reunían, más que para revisar la minuta, para calcular políticamente la salida de esta crisis que envuelve al presidente Peña y al PRI, a los que les ha resultado imposible eludir la acusación generalizada de que pretenden militarizar al país con esta ley.

Una dictadura encubierta que termina siendo un anticipado reconocimiento de que no ganarán la elección de julio de 2018 porque ya no tienen forma de que nadie les crea sus mentiras, y que entonces tendrán que echar mano del ejército y la marina para contener la vaticinada enorme inconformidad social que devendría, para así retener a ultranza el poder y garantizarse a sí mismos impunidad y garantizar los acuerdos que habrían firmados secretamente con poderes fácticos económicos extranjeros y con los Estados Unidos de América, en rededor de la energía petrolera y eléctrica del país, fundamentalmente.

Otra vez el PRI conseguía ahogar el debate al interior del Senado. Pero este chicoteaba con la fuerza de la enorme importancia que implica la aprobación o no de la Ley de Seguridad Interior.

Dos senadores –Alejandro Encinas y Roberto Gil, en una entrevista con la periodista Carmelita Aristegui- debatieron así:

Encinas Rodríguez: “Y lo más importante quizá es reconocer que el combate a la delincuencia organizada no ha prosperado. Que esta guerra contra el narcotráfico fue un verdadero fracaso. Aparte de un rediseño de toda esa estrategia es una ley que permita regresar al ejército a sus cuarteles. Creo que ese debe ser el objetivo fundamental para que la autoridad civil pueda recuperar sus capacidades institucionales y fundamentalmente cumplir con sus responsabilidades que les establece la Constitución.

Interrumpió Roberto Gil Zuarth: “Cuando se dice no a la presencia de fuerzas armadas en tareas de seguridad tenemos que replantear entonces qué hacemos con el crimen organizado. Ya nos dijo la Corte que tienen funciones permanentes en esa materia. Si no queremos a las fuerzas armadas, digamos claramente quién se va a encargar de todos los fenómenos del crimen organizado, y cuándo”.

Volvió Alejandro Encinas: “Esta ley que quieren sacar adelante es convertir los delitos del fuero común en un tema de seguridad nacional y con ello justificar la presencia del ejército en todo el territorio nacional, asumiendo el mando y el control del territorio.

Reviró entonces Roberto Gil: “No una sola presunción en el modelo de Ley de Seguridad Interior, por lo que yo alcanzo a leer, que habilite realizar funciones diferentes a las que ya están en Seguridad Nacional. El problema es que la apertura del Régimen de Delincuencia Organizada permite que el concepto sea mucho más extensivo.

Interrumpió ahora Alejandro Encinas: “El alcance de esta ley es esta declaratoria de protección a la seguridad interior que incluye prácticamente todo el juicio que el ejecutivo debe considerar. Ojalá y hubiera la disposición para discutir y hacer cambios. Pero no lo veo. Creo que van en la lógica de sacar esta minuta, porque obedece más a una decisión de carácter político que a tratar de resolver el problema de combate a la delincuencia organizada en el país”.

Ahora Roberto Gil Zuarth: “Insisto en el problema de fondo. Tenemos dos opciones: ¿Mantenemos el Statu Quo –libre disposición del Presidente de la República con las fuerzas armadas, no va a cambiar esa realidad, porque simplemente no hay nada que contenga estas atribuciones- o le damos un marco para que esa atribución se (ponga) sobre un esquema previsto y controlable. Podemos seguir discutiendo eternamente si las fuerzas armadas deben estar o no en las calles”…

Una expectante República mira al Senado.
12 Diciembre 2017 04:00:00
General Gallardo: “Si el Gobierno no respeta la Constitución, debe desconocerse”
El debate sobre la Ley de Seguridad Interior escapó de la prisión donde el PRI pretendía encerrarlo, en los territorios del Senado. Y se fue por las calles, caminos y andurriales del país. He aquí ahora al general de división en situación de retiro José Francisco Gallardo Rodríguez, desde una oficina de Cencos, en la lectura de un posicionamiento de él y otros generales retirados:

“La Ley de Seguridad Interior es una pinza en la declaración de guerra contra las drogas, la aplicación del Estado mexicano en los temas de defensa y seguridad, el sometimiento de las fuerzas armadas (mexicanas) al Pentágono a través de tratados de asistencia militar, la reforma de justicia penal, la ley de Seguridad Nacional, la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mando único, la gendarmería; todas estas reformas o iniciativas encaminan a instituir un Estado policiaco- militar de corte fascista en México.

“La Ley de Seguridad Interior es una maniobra concebida por la clase política y la oligarquía ponderada en complicidad con los medios de comunicación, por grupos sociales, empresariales y poderes públicos, para entregar la energía del país a los intereses del gran capital internacional.

“Hay una acechanza en contra de nuestro país porque es un país muy rico, pero empobrecido por la clase política y la oligarquía.

“La aceptación del neoliberalismo por Miguel de la Madrid en la década de los Ochenta rompió la política proteccionista y el sentido social del Estado mexicano; el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, de Salinas de Gortari, que abre indiscriminadamente las fronteras para bienes y servicios en 1994, lo que ha traído una afectación al campo  y al Sistema Alimentario Nacional  y a la distribución de la riqueza.

“La Firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, conocida como Aspa, de Vicente Fox Quezada,  quien hizo reformas a la Constitución para poder entrometerse  unilateralmente en los temas de seguridad nacional y constituir un Estado supranacional de corte empresarial que abre las puertas de la energía a espaldas del Congreso y la sociedad.

“La renuncia a la protección de nuestra integridad territorial y de defensa, cuando Felipe Calderón, en complicidad con el Congreso y la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, firma la Iniciativa Mérida,  un tratado sobre seguridad que ayuda a la asistencia militar, que viola la Ley de Conservación y Neutralidad, decretada por el general Cárdenas en 1939 y que está vigente.

“Las reformas estructurales que impulsa Enrique Peña Nieto  para entregar el petróleo y otros recursos naturales al gran capital  trasnacional, la licencia  para que fuerzas de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos operen armadas dentro de territorio nacional y se entrometan en los asuntos internos y la mención al acuerdo geopolítico conocido como Tratado de Asociación Transpacífico, que responde más a intereses en busca de equilibrios de carácter económico de los grandes centros de poder mundial,  muy ajenos a los intereses nacionales y contrapuestos a los principios  de política exterior sancionados en nuestra constitución.

“En las circunstancias antes descritas, ¿quién puede oponerse a estas políticas de entrega de la nación?  

“Los servicios de inteligencia de los grandes centros de poder político, económico y militar apuntan que la máxima amenaza a la seguridad global  y a los intereses del gran capital nacional e internacional son los movimientos sociales.

“La participación de los ciudadanos en la tomas de decisión del gobierno, la protesta en contra de políticas públicas arbitrarias  y la resistencia de los pueblos en la lucha por su sobrevivencia, la agrupación de sus territorios y orientar la extracción y explotación de sus recursos naturales, por tal motivo y en esta situación la Ley de Seguridad Interior, que permite la participación abierta y sin controles institucionales a las fuerzas armadas en los temas  de seguridad pública,  si bien puede ser legal a los ojos de los traidores a la Patria,  es inconstitucional porque trasgrede los fundamentos de seguridad y certeza jurídica de protección de los derechos humanos  y violenta los principios de soberanía y seguridad del Estado.

“Por tanto,  todo acto de autoridad, jurisprudencia, disposición legal por tratado internacional que contravenga la constitución de la República, son nulos  de pleno derecho. Como es nula de pleno derecho la Ley de Seguridad Interior.

“No obstante los llamados y señalamiento de organismos internacionales, el gobierno hace caso omiso, incluso con la carga de haber provocado con una política de seguridad equivocada, una  crisis humanitaria de gran envergadura,  que ha colocado a nuestro país en el escarnio internacional.

“Con la Ley de Seguridad Interior se trata de  militarizar a la sociedad, para asentar una política de miedo como un mecanismo de control  social criminalizando la protesta social e inhibir la lucha de hacer valer los derechos sociales.

“En esta coyuntura social, además, tiene por objeto intervenir  antes, durante y después de las elecciones para inhibir y obstaculizar el ejercicio del voto  y la participación ciudadana, y así poder  estar en condiciones de atajar los avances democráticos del pueblo mexicano, en la búsqueda de un nuevo proyecto de nación que tenga como eje conductor el respeto a los derechos humanos  y a la dignidad de las personas.

“La Ley de Seguridad Interior es una política de Estado que se convierte en una amenaza a la seguridad nacional  y a la sobrevivencia del desarrollo democrático  del pueblo de México.

“Si el gobierno no respeta la Constitución, el pueblo  debe desconocer al gobierno”.

Turno hoy del Senado. Sesionará. Veremos.
09 Diciembre 2017 04:00:00
Pretende PRI y EPN que, con la LSI, sean unos delatores la CNDH, INAI e INE
Ahora fue el mismo Enrique Peña Nieto, Presidente de México, quien lanzó otra carcajada de su sexenio cuando reiteradamente dentro y fuera del país le han insistido en que detenga de una buena vez la Ley de Seguridad Interior. “Desde aquí hago un llamado al propio Senado de la República”, dijo, “para que amplíe los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil, para poder escuchar todas las voces y poder enriquecer (sic) lo que eventualmente (resic) el Senado esté resolviendo en alcance a esta iniciativa presentada”.

¿Cuál es la parte que no entiende Peña Nieto cuando escucha prácticamente a todo el mundo exigirle que pare esa ley que innegablemente militarizará al país? ¿Por qué no entiende, no razona, que nadie quiere enriquecer la Ley de Seguridad Interior, como sugiere –haciendo sonar como una burla dicha recomendación-, sino que la retire, ordenando a sus peones y apéndices legislativos que la rechacen y regresen a San Lázaro, de donde llegó al Senado?

Cuando Peña pedía “enriquecer la iniciativa”, su mirada estaba extraviada en el horizonte, viendo a la nada. Le rodeaba gente tremendamente consecuente con la defensa de los derechos humanos.

Desde Los Pinos, en el Salón Adolfo López Mateos, Peña presidía el acto en que se otorgaba el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2017 a Miguel Álvarez Gándara, un activista defensor de las garantías individuales en México.

Allí, en la casa presidencial, resonaban todavía los ecos de la carta que el Alto Comisionado de la ONU en México remitió al Senado, el pasado miércoles, pidiendo a los senadores que no la aprueben.

He aquí la continuación, y final, de los 14 puntos de la misiva que tanto encabronamiento está causando en el PRI y en la presidencia de Enrique Peña Nieto:

“(La Ley de Seguridad Interior hay en todos sus artículos una total) ausencia de transparencia.

“El artículo 9 inhibe la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Indica el numeral: ‘La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información’.

“La naturaleza de la información no se puede determinar a priori en razón de la ley que regula su generación, sino en función de su contenido y de conformidad a la prueba del daño establecida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“La norma, además, trastoca el principio de máxima publicidad al establecer como premisa que la misma será objeto de clasificación. Por otro lado, las amplias definiciones que utiliza la ley llevarían a considerar a un alto porcentaje de las actuaciones de las autoridades en materia de seguridad interior como de seguridad nacional y por consiguiente a limitar su acceso y transparencia.

“Lesión a la autonomía.

“El artículo 31 contempla que los ‘órganos autónomos deberán proporcionar la información que le requieran las autoridades’. Dicha disposición es particularmente riesgosa pues incluiría, por ejemplo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual podría debilitar su misión de supervisión de las acciones de las autoridades. Además, se incluirían en dicha disposición al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

“La ley podría tener problemas de inconstitucionalidad, al menos, en tres sentidos: a) La emisión de la ley no se deriva de una atribución del artículo 73 constitucional que habilite al Congreso de la Unión para legislar en la materia. b) La ley establece atribuciones y obligaciones a las autoridades de las entidades federativas y municipales sin base para ello en razón de que se trata de una legislación emitida por la Federación sin alcances constitucionales para vincular a los Estados y municipios, con lo cual se vulnera el pacto federal. Más aún, la ley contempla supuestos de intervención y suplantación de la jurisdicción de las entidades federativas (artículo 11, fracción II), que no atienden a los procedimientos constitucionales previstos para tales efectos. c) La ley regula materias propias de seguridad pública que según el artículo 21 constitucional son propias de las autoridades civiles.

“Ámbito de excepción del derecho procesal administrativo.

“El artículo 10 contempla que ‘la materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la ley Federal de Procedimiento Administrativo’, lo cual crea un ámbito de excepción que favorece la arbitrariedad y vulnera el principio de legalidad y el adecuado control administrativo y podría generar vacíos normativos para la adecuada regulación de las actuaciones realizadas en el marco de la Ley.

“(Y) ausencia de explicitud de los principios rectores.

“El artículo 3 refiere los principios que se observarán en ejercicio de las atribuciones de seguridad interior. Empero, la mayoría de dichos principios solo están referenciados a los de otro ordenamiento legislativo, lo que dificultará observarlos por parte de las autoridades involucradas en la aplicación de la ley. Además, los principios rectores de la ley previstos en el artículo 3 se usan en la definición de amenazas a la seguridad interior como supuestos de actualización de la misma en el supuesto de que dichos principios se vean afectados, lo cual genera un efecto circular que propicia confusión (Artículo 4, fracción II)”.

El silencio reinaba ayer en el Senado. Militares retirados ya opinaron en contra de la LSI. Veremos.
08 Diciembre 2017 04:00:00
“La Ley de Seguridad Interior carece de mecanismos de control sobre el uso de la fuerza”
En los territorios del Senado mexicano, el jueves 7 de diciembre de 2017 el PRI intentó apagar el debate sobre la Ley de Seguridad Interior, persuadiendo con su mayoría a las comisiones a no sesionar. Y al no sesionar, pues a no recibir a tantos que reclaman y piden a los senadores que no la aprueben.

Organizaciones No Gubernamentales nacionales, representantes de la ONU, gente de la oposición en México como Morena, clamores de la Unión Europea a que detengan ese proceso legislativo ominoso hasta las cachas, y otras instituciones internacionales dedicadas a defender los derechos humanos como la CIDH, exigían al Senado parar el monstruo cuasi apocalíptico que parieron la semana pasada el PRI y PVEM en la Cámara de Diputados, con la que el régimen de Enrique Peña Nieto pretende hacer traspasar al país el umbral de una dictadura militar encubierta.

Los priístas, a pesar de su intentona descalificatoria al representante del alto comisionado de la ONU en México, no se la acababan este jueves 7. He aquí la continuación de partes medulares de la carta de Jan Jarab, el hombre de la ONU en el país:

“(La minuta de la Cámara de Diputados de Ley de Seguridad Interior, turnada al Senado para su refrendo, padece una) ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones.

“La Ley no contempla una rendición de cuentas efectiva y mecanismos que garanticen la implementación de las actividades de fortalecimiento que deben llevar a cabo estados y municipios (artículo 13, fracción V y artículo 23, fracción VI). De esta forma, el mero compromiso de las autoridades estatales bastará, sin que se dé ninguna garantía real de la transformación de las causas estructurales que llevaron a la emisión de la declaratoria.

“Se posibilita la duración indefinida de las acciones de seguridad interior (artículo 15), lo cual es un claro desincentivo para que las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales fortalezcan sus instituciones.

“La ley contempla un mecanismo de intervención de las Fuerzas Armadas sin precisar en dicho supuesto un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales de las autoridades civiles federales, las cuales en este escenario deberían también adoptar medidas.

“Si la ley contempla –de manera muy débil- medidas de fortalecimiento de las autoridades locales ante la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, lo mismo debería ocurrir cuando intervengan las Fuerzas Armadas por lo que toca a las autoridades civiles federales.

“La ley no contempla un programa de adiestramiento para las Fuerzas Armadas para desarrollar las funciones que indebidamente les concede la ley.

“(En la minuta de los diputados, hay una) indebida regulación del uso de la fuerza.

“El concepto de ‘uso legítimo de la fuerza’ no se ajusta a los estándares internacionales en la materia. En su definición, solo se hace referencia al uso ‘racional y proporcional’, excluyendo principios centrales para que el uso de la fuerza pueda entenderse como legítimo, como los principios de necesidad, idoneidad, eficacia y eficiencia.

“La Ley carece de mecanismos de control sobre el uso de la fuerza. Cualquier regulación relativa al uso de la fuerza debe incluir mecanismos efectivos de rendición de cuentas, partiendo de que cualquier uso de la fuerza por parte de servidores públicos debe ser investigado de forma pronta, independiente e imparcial, y que corresponde a las autoridades que hicieron uso de la fuerza demostrar que dicho uso fue legítimo.

“La Ley utiliza conceptos ambiguos y de los que no ofrece definición para referirse a las circunstancias en las cuales podría darse el uso de la fuerza, tales como ‘actos de resistencia’, lo que podría dar lugar a una actuación arbitraria.

“Además, la definición de ‘uso legítimo de la fuerza’ solamente aplica a las ‘fuerzas federales, y en su caso, las Fuerzas Armadas’; lo cual deja de lado a las fuerzas estatales y municipales, quienes también podrían desarrollar acciones bajo los parámetros de la ley.

“Dicho de otra forma, mientras que a las autoridades federales –civiles y militares- se les sujetaría al uso legítimo de la fuerza, a las estatales y municipales se les eximiría.

(También, la Ley de Seguridad Interior plantea una) indebida protección y garantía de los derechos humanos.

“Llama la atención que los derechos humanos se sujeten a un estándar de obligación más bajo que el previsto en la Constitución, misma que consagra como obligaciones, por parte de las autoridades, las de ‘promover, respetar, proteger y garantizar’ los derechos humanos.

“Es igualmente criticable que la obligación de ‘preservar’ los derechos humanos, se sujete a los protocolos por emitirse y no al conjunto de normas nacionales e internacionales existentes en la materia.

“Se indica en la ley (artículo 7, segundo párrafo) que cuando se requiera la ‘suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas’.

“Es de señalar aún no existe la ley reglamentaria del artículo 29, no obstante que la misma debió emitirse desde el año 2012 de acuerdo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011.

“… La ley no ofrece recursos excepcionales a los organismos públicos de derechos humanos para fortalecer la correcta supervisión de las acciones desplegadas durante la vigencia de una Declaratoria de Protección de Seguridad Interior.

“La ley no contempla mecanismos especiales de rendición de cuentas por violaciones a derechos humanos que puedan ser cometidas por las Fuerzas Federales en el marco de acciones de seguridad interior”. (Continuará)
07 Diciembre 2017 04:00:00
El debate prendió: Nadie quiere, excepto PRI y sus aliados,  la Ley de Seguridad Interior
El Senado de la República –y el PRI- no pudieron evitar que el debate sobre la Ley de Seguridad Interior ya cabalgue, tendido, en todo el país. Uno de los senadores más cínicos que tiene el PRI, Emilio Gamboa Patrón, pretendió descalificar ayer al representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jan Jarab, cuando este sostuvo que el dictamen de Ley de Seguridad Interior es una amenaza gravísima para la democracia en México, y pedía al Senado que no la apruebe.

Emilio Gamboa Patrón aseguró que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior “es una demanda de la sociedad”…

Este fin de semana, se incorporaron al debate un grupo de generales del Ejército mexicano en condición de retiro. Y uno de ellos, el general de división Diplomado de Estado Mayor José Francisco Gallardo Rodríguez, en un conferencia ofrecida en la oficina del Centro Nacional de Comunicación Social ( Cencos), ha advertido que esta ley es una puerta que se abre al fascismo en México. Y llamaba al pueblo de México a reaccionar, al grado de organizarse para hacer que renuncie Enrique Peña Nieto.

Está tan ominosa la Ley de Seguridad Interior que ayer, miércoles 6, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha pedido al Senado de la República –que, por cierto, informaba que no será discutida y votada hoy, jueves 7, como se esperaba, sino el martes de la próxima semana- que antes de aprobar la ley de marras, “realice un análisis a profundidad, con la intervención de la sociedad civil, y haga las adecuaciones necesarias al dictamen que aprobó la Cámara de Diputados el reciente 30 de noviembre”.

La carta que envió el representante del alto comisionado de la ONU al Senado habría surtido el efecto de una purga a los priístas. Emilio Gamboa Patrón dijo, en su intento de descalificación de Jan Jarab: “Sabemos a quién obedece, tiene huella”. Pero este ave de las tepestades de oriundez yucateca no aclaraba lo que acababa de decir.

Lo que sigue, son partes medulares de la Carta-Denuncia de la ONU sobre los alcances rufianescos de la Ley de Seguridad Interior:

“Ausencia de controles. … En materia de seguridad interior, dichos controles se reducen a que el coordinador de las acciones de seguridad interior mantenga informado al Presidente, por conducto del Secretario de Gobernación, y que este a su vez remita un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. En ninguna parte se establece cómo estos informes garantizarían una rendición de cuentas.

“El Presidente de la República podría en determinados supuestos ordenar acciones bajo el amparo de la ley sin estar sujetas a temporalidad alguna o a un marco de actuación determinado, lo que favorecerá la actuación unilateral, discrecional y ausente de los débiles controles de la ley (artículo 16, párrafo primero).

“Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, se podría estar habilitando al Ejecutivo Federal a actuar con total discrecionalidad por un margen de tiempo indeterminado de manera precisa.

“Se podrán llevar a cabo acciones de seguridad interior sin Declaratoria de Protección, para atender los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos (artículo 6). Debido a que éste no es un documento público y su información es reservada, los supuestos de procedencia directos previstos en éste artículo escaparían al escrutinio y supervisión públicos.

“Además, la Agenda Nacional de Riesgos es un documento de análisis y prospectivo que puede incluso generar escenarios hipotéticos, por lo que no resulta un documento definitorio sobre el cual se deberían basar acciones de una trascendencia como las previstas. “Mientras que las legislaturas de las entidades federativas o sus respectivos Ejecutivos deben expresar las consideraciones que motivan las peticiones para la emisión de una Declaratoria, la ley es omisa en precisar los elementos que el Presidente, cuando proceda de motu proprio, deberá acreditar para someter a la consideración del Consejo de Seguridad Nacional una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

“La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior únicamente se informa a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, no así al Congreso, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dicha notificación debería comunicarse a las autoridades de los estados y municipios concernidos, así como a los organismos públicos estatales de derechos humanos en razón del involucramiento de las autoridades locales y municipales sobre las cuales estas ejercen su competencia.

“La modificación o prórroga de las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior se adoptarán de manera unilateral por el Presidente sin ser sometidas a la consideración del Consejo de Seguridad Nacional (artículo 15). La ley no establece cuántas prórrogas estarían permitidas ni el plazo de duración de éstas, con lo cual las acciones de seguridad interior podrían tener una duración indefinida.

“No se contempla la obligación de establecer unos objetivos e indicadores de impacto, ni de generar informes al término de la Declaratoria como un ejercicio fundamental de rendición de cuentas y elemento esencial para evaluar cualquier prórroga de la Declaratoria.

“La Ley no contempla mecanismos de rendición de cuentas sobre el avance de la implementación de las medidas previstas en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior dirigidas a las autoridades estatales que la hubieran solicitado, privando a los poderes estatales de información de gran trascendencia sobre lo que sucede en su territorio y en su ámbito de competencia, e incluso sobre un instrumento que les generará obligaciones (artículo 14, fracción IV)”. (Continuará)
06 Diciembre 2017 04:00:00
La autoridad civil se subordinará a militares, advierte, alarmada, la ONU
La Cámara de Senadores se internó ayer en otro recodo de la historia de México cuando el Pleno de los 128 legisladores recibió y turnó a comisiones la minuta de Ley de Seguridad Interior, enviada por los diputados. Hoy mismo (miércoles 6 de diciembre de 2017), presumían priístas y pvemistas, estarían en comisiones dictaminando ya el documento, y mañana, jueves, el Pleno estará discutiéndolo y aprobándolo a matacaballo.

Priístas y pvemistas no pudieron evitar, sin embargo, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) les clavase una estaca, cuando mediante una carta que les ha entregado ayer Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha solicitado al Senado mexicano que no apruebe la Ley de Seguridad Interior porque será un desastre para la defensa de los derechos humanos en México. Y ha vaticinado este hombre de la ONU que el ejército y la marina actuará sin controles y las autoridades civiles terminarán subordinándose a ellos.

En su carta al Senado mexicano, el representante de la ONU dijo que la Ley de Seguridad Interior tiene, cuando menos, 14 puntos “preocupantes”. Y los expresó:
Uno: Hay (en la Ley de Seguridad Interior) ambigüedad de conceptos. 2.- Violación al principio de necesidad. 3.- Papel indebido de las Fuerzas Armadas. 4.- Sometimiento de la autoridad civil al mando militar. 5.- Ausencia de controles. 6.- Ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones. 7.- Indebida regulación del uso de la fuerza. 8.- Indebida protección y garantía de los derechos humanos.

Nueve.- Afectaciones a la protesta social. 10.- Ausencia de transparencia. 11.- Lesión a la autonomía. 12.- Inconstitucionalidad e inconvencionalidad. 13.- Ámbito de excepción del derecho procesal administrativo. 14.- Ausencia de explicitud de los principios rectores.

En un Anexo explicó los 14 puntos. He aquí partes medulares:

1.- Ambigüedad de conceptos. La ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria. Conceptos tales como “seguridad interior”,
“acciones de seguridad interior”, “amenazas a la seguridad interior”, “riesgo a la seguridad interior”, entre otros, se definen de manera laxa. Algunos otros, como el concepto de “actos de resistencia” carecen por completo de definición a pesar de su relevancia.

2.- Violación al principio de necesidad. La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá declararse no solamente cuando se superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, sino también cuando éstas se “comprometan”; lo que reduce el umbral indispensable para su emisión (artículo 11, fracción I).

Asimismo, se podrán llevar a cabo acciones de seguridad interior ante la mera existencia de riesgos de seguridad interior (artículos 4, fracción I y 26), los cuales son definidos como situaciones que potencialmente pueden convertirse en amenazas (artículo 4, fracción III). Al quedar al arbitrio de la autoridad la existencia de éste tipo de situaciones, dichas cláusulas habilitarían la ejecución de la ley en un número indeterminado de escenarios.

3.- Papel indebido de las Fuerzas Armadas. a) La legislación permite que las Fuerzas Armadas actúen de manera autónoma en esta materia y no necesariamente bajo la subordinación de las autoridades civiles o en coordinación con ellas (Artículos 4, fracción I y IV, 11 y 20).

b) Las Fuerzas Armadas podrán realizar actividades relativas a la seguridad interior sin la necesidad de que se emita Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, por lo que el carácter habilitante de la Declaratoria desaparece (Artículos 6 y 26). Incluso el artículo 26, al facultar a las Fuerzas Armadas para llevar “a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos” no establece ningún límite espacial o material y declara estas acciones con carácter permanente.

c) La ley regula la actuación de las Fuerzas Armadas ante la comisión de delitos, facultándolas para preservar el lugar de los hechos y poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos (artículo 27). Sin embargo, no existen reglas claras sobre la intervención de las Fuerzas Armadas como primeros respondientes, con las responsabilidades que esto conlleva en el marco del procedimiento penal.

d) El artículo 28 establece que las Fuerzas Armadas realizarán las Acciones de Seguridad Interior “con su organización, medios y adiestramiento”, lo cual no permite hacer las adecuaciones pertinentes para enfrentar una situación distinta a la habitual que deberían desarrollar, especialmente cuando se ha señalado reiteradamente que la formación y adiestramiento militares resultan inadecuados para la realización de las tareas previstas en la ley.

4. Sometimiento de la autoridad civil al mando militar.
a) Cuando intervengan las Fuerzas Armadas, corresponderá a los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina proponer a un comandante de las Fuerzas Armadas para que dirijan los grupos interinstitucionales. Lo anterior cancela que la autoridad civil que encabeza las tareas previstas por la ley -según el artículo 5 la Secretaría de Gobernación- tenga la capacidad de proponer a quien dirigirá a los grupos institucionales.

b) Se establece un monopolio en la dirección y coordinación en favor de los integrantes de las Fuerzas Armadas, vedando la posibilidad de que sea un civil quien desarrolle dichas funciones (artículo 20, fracciones I y III; artículo 21; artículo 22).

c) La línea de mando del comandante designado sería la Secretaría de la Defensa Nacional o Marina, lo que nuevamente elude el liderazgo y responsabilidad de la autoridad civil.

d) El protocolo de actuación invariablemente será elaborado por un “comandante”, esto es, por un integrante de las Fuerzas Armadas.
(Continuará)
05 Diciembre 2017 04:00:00
López Obrador quita la escalera a Peña Nieto y a Calderón Hinojosa
Andrés Manuel López Obrador irrumpió en el debate sobre la Ley de Seguridad Interior con la fuerza del bramido de mil toros.

Justamente en el otro extremo del planteamiento del régimen –de endurecer la guerra contra el narco al grado de empujar al país en una encubierta dictadura militar, para, de paso, ejercer un gran control social en una etapa de gran molestia contra el gobierno por sus acuerdos con poderes fácticos y por la entrega del petróleo mexicano a los Estados Unidos-, el tabasqueño que lidera las encuestas hacia la presidencia de 2018 ha planteado una amnistía al crimen organizado, “siempre y cuando las víctimas lo avalen”, para poner fin a la violencia que sacude a México.

Todas las voces del régimen respingaron, diríase que hasta con ira. La violencia en México ha significado desde los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa no solo un gran negocio en armas para los Estados Unidos y para amplios sectores armados del gobierno mexicano. También este tramo de la historia nacional marcada por los asesinatos, las desapariciones y el espanto, ha representado el apuntalamiento mediante el terrorismo de Estado de un grupo político y económico en el poder presidencial.

Y también el enriquecimiento de estos a través de negocios infames sellados por la impunidad, a grado tal que no quieren dejar la presidencia y han estado echando mano cada seis años de la trampa, la mentira y la prostitución de la población mediante el patrimonialismo y la compra de votos.

López Obrador, el sábado reciente, dijo en Chilapa que Morena “hará todo lo que se pueda para lograr la paz en el país”.

Y señaló: “No es posible que siga este régimen de corrupción e impunidad. Vamos a limpiar la casa. Vamos a empezar desde arriba para abajo. Vamos a hacer todo lo que se pueda, para que logremos la paz en el país. Que no haya violencia”.

Y el apostille que provocó la ira del régimen: “Si es necesario… vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, los familiares de las víctimas. No descartamos el perdón. En mi tierra siempre se dice ‘ni perdón ni olvido’, yo no comparto eso. Yo sí creo que no hay que olvidar, pero sí se debe perdonar, si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo”.

¿Perdonar a los criminales, que han cometido un sinfín de asesinatos, muchos de estos cometidos desde uno de los escalones más profundos de la maldad? Lo que dijo López obrador en el pueblo de Chilapa, estado de Guerrero cimbró al PRI, cimbró al PAN, cimbró al PRD. Y cimbró a los encargados de los despachos de Marina y de la Defensa Nacional.

Dijo el secretario de Marina Francisco Soberón: “El Estado mexicano no puede pactar con la delincuencia porque se convertiría en parte del crimen organizado”.

Afirmó el secretario de la Defensa Rafael Cienfuegos: “No sería lo más conveniente para México”. Y apostillaba: “Sería un gravísimo error el pensar en una amnistía para quienes han hecho tanto daño al país. Antes que todo, habría que consultar a la sociedad, a todos aquellos que han sido víctimas, a los padres, cuyos hijos han muerto por culpa de estos delincuentes, que hoy deben estar en la cárcel o los que todavía están libres y son los que generan la violencia en el país”.

Desde el domingo, anteayer, lo que dijo López Obrador provocó una gran turbulencia:

Ricardo Anaya, a quien múltiples voces colocan como el ganador virtual de la candidatura del Frente Ancho conformado por el PAN, PRD y MC, descalificó así: “Perdonar a los narcotraficantes es una verdadera locura”.

Y el apostille de Anaya: “Es una idea vieja y mala que ha fracasado donde se ha intentado. En Colombia, por ejemplo, el gobierno pretendió negociar con Pablo Escobar y los resultados fueron un verdadero desastre”.

Ángel Ávila, presidente del consejo nacional del PRD: “Este planteamiento demuestra un desprecio por las leyes de parte del líder de Morena”.

Otro personaje que tiró un gran tajo a la yugular de Andrés Manuel fue Felipe Calderón a través de su esposa Margarita Zavala: “AMLO quiere amnistía para corruptos y criminales. Su propuesta es un país de impunidad. Yo quiero un México donde se respete la ley y los delincuentes estén en la cárcel”.

César Camacho Quiroz, coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados: “Me parece que hay que tomarla como viene, es sencillamente una declaración que es jurídica, política y socialmente inviable; lo que advierto es que sigue tratando (Andrés Manuel López Obrador) con propuestas epidérmicas, propuestas por encimita, llamar la atención de un electorado enterado, demandante, crítico, que quiere y merece vivir en paz, en un clima de seguridad, de confianza, de normalidad democrática, pero se equivocó de camino”.

El chucho Jesús Zambrano, del PRD, dijo: “¿Amnistía para los criminales, que envenenan a la gente y especialmente a nuestros hijos, como si fueran luchadores sociales? ¡Qué barbaridad!”

Independientemente de que López Obrador debe ampliar su explicación sobre lo que propone, evidenciaron todos los del régimen que basan su fuerza política en la justificación de soldados y marinos en las calles.

Por cierto, PRI y PVEM prometieron que hoy, martes 5, aprobarán en el Senado la Ley de Seguridad Interior, la norma que empoderará al ejército y marina para coadyuvar –acusa la oposición- en favor del PRI, PAN, PRD y MC en el 2018.
02 Diciembre 2017 04:00:00
Aterrado el PRI de perder el 2018, lleva al país a la militarización y al horror
La aprobación intempestiva de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados fue como una estaca clavada por el Pri en el corazón de la República. Un día después (ayer), el Pri se carcajeaba de la oposición cuando, en voz del ujier incondicional de Peña Nieto, César Camacho Quiroz, alardeaba con que la nueva ley no contraviene a la Constitución.

Pero el tono de César Camacho, su sonrisa, su afirmación, todo él, llevaba el regusto amargoso de una mentada de madre para la oposición y para las organizaciones civiles que aseguran que la nueva Ley de Seguridad Interior será el comienzo de una dictadura militar. Algo así como el desatamiento de los perros para intimidar a la población; meterle miedo a la gente, sabedores de que el terror siempre ha ayudado al PRI para permanecer en el poder. Justo ahora que ha comenzado la carrera por la presidencia de la República de 2018.

Mientras el Pri decía que la nueva ley no se contrapone a la Constitución, la oposición personificada en el Morena, Pan, Prd y Mc anunciaba la presentación de una “acción de inconstitucionalidad”, para que los jueces supremos la anulen.

El jueves 30 de noviembre, cuando la Cámara de Diputados debatía y votaba, aquellos cuatro grupos opositores reservaron todos los artículos de la ley, para su votación y votación en lo particular. He aquí argumentaciones de algunas de ellas:

David Gerson García Calderón, del Prd: “Esta ley que hoy se presenta en su artículo 4o., en la fracción III, dice a la letra: “...riesgo a la seguridad interior”. Es decir, ¿qué se entiende por riesgo a la seguridad interior? Y dice la ley: “Situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior”. Yo pregunto, ¿quién va a interpretar esto? ¿Cómo se va a interpretar? ¿Qué vamos a entender por amenaza? Estamos dejando estas lagunas en la ley.

“Quiero comentarle a la opinión pública, a los ciudadanos, a los miles y miles de mexicanas y mexicanos, que esta ley se hizo al vapor en este Congreso y se hizo al vapor porque yo pertenezco a la Comisión de Gobernación, soy secretario de la misma, propuesto por mi grupo parlamentario.

“Y les quiero informar que el texto íntegro, que el texto con las correcciones me llegó hoy en la madrugada. Muchos se paran y se jactan diciendo que se tuvo un año, que se convocó a foros. Yo le digo a la opinión pública que esto es mentira, porque el dictamen que hoy se votó en lo general, nos llegó a los diputados, a las diputadas, que pertenecemos a esta comisión, hoy en la madrugada. Así se hizo esta ley, de manera improvisada”.

Tania Victoria Arguijo Herrera, perredista: “Yo no le hago ningún reconocimiento al Ejército. No se lo merecen. Y, en voz de los mexicanos, les digo que se queden en los cuarteles (…) ¿Cómo creen que la gente va a estar a favor de semejante barbarie?

Nadie quiere el Ejército en las calles de manera permanente. Nadie quiere al Ejército en funciones de los policías (…) ¿Qué les hace pensar que el militar será amigable? Ellos tienen una formación diferente a la de un policía, ellos no saben diferenciar un rico de un pobre. En persecuciones han confundido criminales con familias enteras, han violado mujeres, se han coludido con el crimen organizado, han violado derechos humanos, han logrado que la gente les tenga miedo y no denuncien y, sobre todo, han matado a sangre fría solo por instinto a miles de personas, como los dos estudiantes del Tec de Monterrey, estudiantes, maldición. José Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, quienes siguen esperando justicia, y ustedes los felicitan. Qué vergüenza.

Entiendan que ni ustedes están a salvo”.

Araceli Damián González, de Morena: “Tienen terror de perder el 2018. Van a perder. Eso es lo que está en el fondo de este madruguete. Ustedes, que ni tienen candidato, quieren limpiarle el camino.

“El dictamen asegura que el Estado está obligado a renovar los marcos normativos existentes para garantizar la paz. ¿Por qué no mejor exigen un respeto real a los derechos humanos? ¿Por qué no combaten las finanzas del crimen organizado? ¿Por qué no aceptan la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU? Esta ley, y lo digo enfáticamente, va contra la paz”.

Norma Xóchitl Hernández Colín, del Morena: “La ley presenta una afrenta a las recomendaciones emitidas por diversos organismos internacionales que niegan la experiencia de estos 10 años que han demostrado que el despliegue militar ha sido riesgoso para la población y poco efectivo.

“Como si lo anterior fuera poco, no existe evidencia científica de que el despliegue militar haya reducido la violencia. Todo lo contrario, se han gastado a las Fuerzas Armadas en tareas, insisto, que no les corresponden constitucionalmente y para la que no fueron preparadas ni diseñadas, generando un círculo vicioso en el que, ante la necesidades de reformar policías estatales, los gobiernos locales prefieren mantener a las Fuerzas Armadas en lugar de asumir sus responsabilidades.

“La ley parece un producto de reasignación de facto, que implica que las autoridades civiles no puedan aplicar una reforma política integral, que nunca contaremos con policías confiables y profesionales, que los militares ejercerán su labor de manera indefinida y que las violaciones a derechos humanos no disminuirán”.

Era noche. Muchos priístas solo permanecían en el Pleno cuando votaban. La ira y la impotencia reinaban allí. (Continuará)
01 Diciembre 2017 04:00:00
México, con el favor del PRI, inaugura una dictadura militar encubierta
En voz de Carmen Guillén Vicente juraba el PRI en San Lázaro el jueves 30 de noviembre de 2017 -durante la mañana, mediodía, tarde, la noche- que esta ley “de ninguna manera militariza al país”. Y mucho menos, insistía la tamaulipeca, “no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías”.

Pero, ¿cómo creerle al PRI si todo lo que ha estado haciendo ahora es dentro del contexto de no perder la Presidencia de la República en 2018, evitando a ultranza que pueda llegar un grupo opositor capaz de echar para atrás el negocio superlativo en que ya toda la élite política priísta y países como los Estados Unidos de América están metidos hasta las cachas: La explotación del petróleo mexicano ?

Así se lo restregaban opositores una, dos, tres, muchas veces. Las mismas ocasiones que negaba el priísmo con un cinismo violentísimo que escocía el alma hasta el punto de ebullición de quienes desde la oposición los escuchaban. Un cinismo que llegó al extremo de evitar que el Canal del Congreso transmitiese la sesión en que se discutía y votaba la Ley de Seguridad Interior.

Esto decía Jorge Triana Tena, diputado federal del PAN: “Este dictamen, además de que ha sido desaseado en su procedimiento, ha habido poco tiempo de socialización, ha habido poco tiempo para su análisis, y además, ha sido cambiado en repetidas ocasiones, hace oídos sordos a las recomendaciones que han hecho la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de los Derechos Humanos, cerca de 250 organizaciones no gubernamentales y 11 organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que propone que no haya labores policiacas elaboradas por las fuerzas militares, por las Fuerzas Armadas, por el Ejército y por la Marina.

“El PRI desea que regresemos al pasado. El PRI se ha vuelto más calderonista que Felipe Calderón en materia de seguridad pública. Acéptenlo, desean regresar al pasado con todas sus fuerzas”.

Turno de José Clemente Castañeda Hoeflich, de Mc: “Esta ley no sirve para regular la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, va mucho más allá de ello. Esta ley deja un amplio margen de discrecionalidad para activar los protocolos de seguridad interior.

“Esta ley genera una ausencia total de controles y contrapesos institucionales para el uso del poder. En esta ley hay un esquema de opacidad absoluta y de falta de rendición de cuentas.

“Esta ley se presenta con una yuxtaposición entre la proclamada seguridad interior y las dimensiones de seguridad nacional y seguridad pública. En esta ley se generan incentivos para que las entidades federativas caigan en la pasividad y no mejoren sus instituciones de seguridad y sus capacidades institucionales para atender el problema.

“Con esta doble decisión el PRI y sus aliados convertirán en ley una política pública fracasada, que ya demostró sus limitaciones y sus equívocos durante más de una década, convertirán un problema coyuntural en un círculo vicioso por decreto.

“La prolongación de esta política fallida no ayuda a México, no ayuda a nuestras Fuerzas Armadas y no aportará mayor seguridad a los mexicanos. Pero además, detrás de esta doble decisión del PRI y de sus aliados, hay una tragedia y un problema de fondo, que el Estado mexicano está renunciando por decreto a la aspiración de tener policías más fuertes, coordinadas y eficaces. Está renunciando a construir una política de seguridad democrática duradera y confiable”.

La diputada de Morena, Ernestina Godoy Ramos: “La ley que se propone no conceptualiza la intervención de las Fuerzas Armadas como una medida excepcional de carácter emergente y temporal, por el contrario, estamos legislando para permitir su permanencia. Esta ley perpetuaría el Estado de excepción, en el que nos encontramos desde hace más de 10 años”.

“También la Ley de Seguridad Interior es inconvencional, contraria a instrumentos y observaciones de organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en su informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en diciembre de 2009 así lo establece”.

“Significa la repetición de los mismos errores de una guerra iniciada por Calderón y el PAN. Se normaliza la excepción, se mantiene al Ejército en las calles realizando funciones distintas a su naturaleza y se muestra la incapacidad para fortalecer y profesionalizar los cuerpos de seguridad pública municipal y federal”.

“A 11 años del inicio de la guerra contra el narcotráfico, ni ha disminuido la criminalidad ni el tráfico de drogas, por el contrario, la delincuencia se ha diversificado, ha ganado control territorial, ha hecho base social, ha infiltrado corporaciones civiles y militares. El saldo es el terror. Hay que decirlo claro, la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiales no ha logrado su propósito de acabar con la delincuencia organizada ni ha generado mayor seguridad”.

Y el diputado del PRD Rafael Hernández Soriano: “El dictamen no solo es cuestionable en su contenido, constituye un verdadero atentado a la Constitución General de la República y a todo el marco convencional que nos rige. No solo cuenta con la oposición de más de 250 organizaciones nacionales e internacionales, sino que ha logrado que tanto la representación del alto comisionado de las Naciones Unidas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncien en contra de su aprobación, señalando que puede dar origen a graves violaciones a los derechos humanos, abusos por parte de las fuerzas del orden y a la desestabilización de nuestra incipiente democracia”.

Estaban en la discusión en lo general. Faltaba en lo particular, con los artículos reservados. (Continuará)
30 Noviembre 2017 04:00:00
Estado de México, tierra de Peña Nieto, donde más mujeres matan
En pleno rejuego electoral, ante el comienzo de la precampaña presidencial del PRI, la Cámara de Diputados ha conmemorado este martes 28 el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y, ayer, día 29, la Comisión Especial de Alerta de Género de San Lázaro reveló que en México asesinan cada mes a 180 mujeres, una cifra que crece al año en 2 mil 190. Y además el estado de la República donde más mujeres matan es el estado de México, tierra de donde es oriundo y gobernó el presidente Enrique Peña Nieto.

Incluso, la presidenta de la comisión de marras, Karen Hurtado Arana, perredista, ha denunciado que el instrumento de protección de la mujer conocido como Alerta de Género “nació muerto en muchas entidades federativas”. Y apostillaba: “Es aberrante que las cifras de mujeres muertas crecen y las autoridades dicen que solo es una estadística más, es lamentable que las mujeres se vean como una estadística”.

Durante el Foro “La efectividad de las Declaratorias de Alerta por Violencia de Género y mecanismos alternativos para hacer frente a la violencia generalizada contra las mujeres en México”, la presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos Por Razones de Género, diputada Maricela Contreras Julián, de Morena, ha afirmado que “en 10 años se han registrado más de 26 mil asesinatos de mujeres, debido a la impunidad, falta de procuración de justicia y de castigo”.

Fue Contreras Julián quien aseguró que el estado de México “es la entidad más violenta de la República”; pero, acotó, “no hay un solo estado que se salve, no importa quién lo gobierne”.

Este mismo tema, de la violencia contra la mujer, fue abordado por el Pleno de los 500 diputados, en su sesionar del martes 28, a propósito de la efeméride del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

He aquí partes medulares en la tribuna:

Norma Edith Martínez Guzmán, diputada federal del Pes, Jalisco: “En 2012 casi la mitad de las mujeres víctimas de un homicidio intencional fueron asesinadas por su pareja o por una persona muy cercana a ella, cuando los varones lo viven solo en un 6 por ciento”.

Carmen Victoria Campa Almaral, diputada del Panal, Sinaloa: “En nuestro país en los últimos 10 años han sido asesinadas 22 mil 482 mujeres, que de acuerdo a estas cifras del Inegi cada cuatro horas ocurrió la muerte violenta de una niña, una joven o una mujer adulta.

Candelaria Ochoa Ávalos, diputada del Mc, Jalisco: “Pedimos a los hombres que reflexionen de qué tipo de violencias practican todos los días y que deben cambiar esas violencias.

“También las mujeres. A veces las mujeres violentamos porque ha sido un sistema machista y patriarcal el que nos ha educado, y creemos que la violencia es una acción común, una acción natural, algo que debemos hacer o que debemos responder”.

María Ávila Serna, del Pvem, Ciudad Juárez, Chihuahua: “El empoderamiento político de las mujeres no puede estar desasociado de desarrollo económico, hoy el gobierno debe asumir contundentemente su responsabilidad y exhortar a todos los estados a implementar acciones eficaces para erradicar la violencia en todas sus formas hacia las mujeres, en especial la más censurable, que es el feminicidio.

Maricela Contreras Julián, del grupo Morena, DF: “Presento tres testimonios de mujeres violadas en San Salvador Atenco en 2006: “Vamos a ensuciar más a esta perra’, y me bajaron el pantalón”: Claudia Hernández. “Entonces un policía me agarró de donde se pone el cinturón y me jaló, me puso contra la pared y metió su mano en mi vagina”: Angélica Patricia. “Me hincaron en uno de los asientos y ahí es donde empiezan a tocarme más, a tocar mis pechos de una manera bastante fuerte”: Sue Ellen Gabriela. “Vengan a calentar a esta puta”: Bárbara Italia.

Y añadía la de Morena: “Hace 11 años se daba esa violencia siendo gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Hoy siendo presidente la violencia contra las mujeres ha crecido de manera exponencial.

“Según la CNDH, aumentaron 100 por ciento los asesinatos de mujeres en una década. En 1990 se registraron mil 519 casos y en 2016 fueron dos mil 813, sumando en 10 años 23 mil 858 mujeres asesinadas solo por el hecho de ser mujeres”.

Hortensia Aragón Castillo, perredista, de Chihuahua: “Hoy hubiera sido muy interesante poder conmemorar esta fecha si hubiésemos estado votando la minuta del Senado contra la violencia política contra las mujeres. Es un acto de congruencia que vale la pena para conmemorar un día de estos. Pero esa minuta sigue ahí guardada y la está guardando esta Cámara”.

Genoveva Huerta Villegas, panista, de Puebla: “El Estado mexicano no puede permitir que en los centros de salud haya mujeres que sean violentadas física y sicológicamente por ningún motivo o condición de salud en la que se encuentren. Debemos decir basta ante cualquier tipo de discriminación o de violencia de género”.

Y la diputada del PRI Érika Araceli Rodríguez Hernández, de Hidalgo: “Las niñas y mujeres de México contamos con acciones que ha impulsado el gobierno de la República, del presidente Enrique Peña Nieto, la construcción de centros de justicia y la tipificación del feminicidio en los códigos penales de los estados. Hoy 31 entidades ya lo adoptaron, instruyó a las dependencias federales a certificarse en la norma mexicana para la igualdad laboral y no discriminación, e incluye en sus programas la perspectiva de género”.

Ningún legislador masculino participó en los pronunciamientos.
29 Noviembre 2017 04:00:00
“Usted, Ruiz Esparza, no debería estar compareciendo aquí, sino ante los jueces”
Gerardo Ruiz Esparza compareció ayer en San Lázaro y fue inevitable que la corrupción llegase montada sobre un debate que solo está brioso cuando los oradores son del grupo parlamentario de Morena. Los demás, nomás se van de lado, mirando de reojo, evitando a toda costa encontrarse de frente con este secretario de comunicaciones y transportes que ha demostrado todo el sexenio que es uno de los más íntimos del Presidente Enrique Peña Nieto.

La comparecencia fue a propósito del análisis del quinto informe presidencial. He aquí Sandra Luz Falcón Venegas, del grupo Morena: “Señor secretario, usted desde hace más de 40 años se ha beneficiado de la concesiones, privatizaciones y acuerdos discrecionales que ha hecho con grandes empresas. Usted está convencido que el servicio público es un redituable negocio, siempre al amparo del poder público. Usted conformó una siniestra sociedad con las empresas Higa y OHL.

“A partir de la imposición de Peña Nieto como presidente, OHL tiene obras de todo tipo y en todo el país desde trenes, autopistas, segundos pisos, hasta la construcción de termoeléctricas. Las obras de infraestructura de este sexenio quedarán marcadas por la corrupción y la impunidad, y el contratismo voraz.

“Su gobierno insiste en construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una obra costosísima y con deficiencias técnicas. La Auditoría Superior de la Federación ha informado puntualmente que desde el inicio de la construcción de esta obra se ha detectado irregularidades por un monto de alrededor de 234 millones de pesos.

“Aunado a ello, esta obra ha provocado severos daños ambientales, y le recuerdo sobre el tiradero que tiene en la zona de Texcoco. Sí, Texcoco, ese municipio al que usted le parece cosa menor porque no cumple con los acuerdos, porque con los únicos acuerdos con los que usted cumple es con esas grandes empresas como Higa o OHL.

“¿Qué acaso no piensa usted con la construcción de este aeropuerto los municipios que están alrededor han sufrido daños? ¿Qué no se ha considerado la necesidad de un fondo de compensación por estos daños? ¿Han pensado alguna vez en qué es lo que piensan los ciudadanos que vivimos ahí? El impacto que ha generado esta construcción, ¿acaso tiene un plan integral para esta zona?

“Hoy sabemos que OHL ya se va, ya se va de México y usted seguramente los va a dejar ir, así sin más. Seguro, secretario, usted ya tiene planeado cómo tapar todos sus actos de corrupción. La corrupción mata, y usted lo sabe. Afortunadamente para usted le toca despachar en un país donde no existe el estado de derecho.

“Usted no debería de estar compareciendo aquí, usted debería de estar compareciendo con los jueces de este país confesando sus errores, sus malos manejos y sus irresponsabilidades”.

Gerardo Ruiz Esparza respondió: “Diputada Falcón, ayer cumplí 48 años de servicio público. Jamás en mi carrera he tenido alguna acusación, jamás he tenido en un momento dado alguna impugnación o algo que aclarar.

“Estoy consciente de lo que estamos viviendo en esta administración federal, lo delicado que es manejar un volumen de recursos tan importante, con tantas empresas tan poderosas en un sector, que si bien es de gran beneficio a los mexicanos, también es un sector que tradicionalmente se le ha cuestionado por el manejo de sus contratos, por el manejo en un momento dado de las licitaciones.

“Por eso es que estamos tratando de dejar esta huella en internet, para que cualquier gente, cualquier persona, cualquier abogado, cualquier juez en un futuro pueda verificar si se obró. Ahí está la huella digital que quedará para siempre, para que se pueda verificar si esta gestión de este gobierno fue realizada con honestidad o no lo fue.

“He trabajado en Banco de México, he trabajado en Hacienda, he trabajado en ASA, he trabajado en CFE, he trabajado en Seguro Social, en fin, en empresas paraestatales o en organismos centralizados, que nada tienen que ver con la construcción.

“Le comento que la empresa HIGA hoy no tiene un solo contrato con la SCT. Si eso es favorecerla, pues caramba, no tiene un solo contrato, y OHL tiene una autopista de 52 autopistas y dos contratos de cinco mil. Es una empresa que los ha ganado en licitaciones públicas, licitaciones públicas que han sido auditadas por la Auditoría Superior de la Federación y por la Secretaría de la Función Pública y digo lo mismo, ahí está la huella electrónica, se puede verificar, ahí están los testigos sociales que han dado testimonio del tema.

“Una obra del aeropuerto que sí tiene un gran atractivo social. Comentaba hace un momento y ahora lo repito, ya hoy es el principal centro de empleo de México, hay más de 40 mil empleos generados sobre todo de personas de aquella región, aquella región que necesita crecer, porque si bien tiene el 25 por ciento de la población, es una población con un
bajo ingreso.

“Hay una obra hidráulica que va a beneficiar a toda la región, evitará inundaciones y va a generar un gran beneficio hidráulico. Se están generando importantes recursos en toda esa zona, va a haber inversiones en un futuro que lo va a convertir al aeropuerto –no dicho por mí, dicho por inversiones internacionales– en el centro de empleo más importante de América.

Tenía que haber una contra réplica del diputado, pero el formato de la comparecencia impuesto por el PRI, PVEM, PRD y PAN lo evitó. Estos entorpecían a la función del contrapeso constitucional.
28 Noviembre 2017 04:00:00
“La de Peña Nieto, la generación más corrupta que haya conocido México”
Era Alejandro Encinas Rodríguez, senador independiente, quien el miércoles 22 decía a Miguel Ángel Osorio Chong en su comparecencia ante el Senado desde su condición de secretario de Gobernación: “Ahora sí que la última y nos vamos porque esta será la última comparecencia de usted ante esta Legislatura del Senado de la República; ya el año que entra será otra la situación política del país”.

Y Encinas continuaba: “Y nos toca ahora en cinco minutos tratar de hacer una evaluación de cinco años de gobierno, lo cual no es una tarea sencilla, aunque hablando con toda sinceridad, pues lo cierto es que resultaría muy fácil solamente circunscribirnos a señalar que esta es una administración marcada por los escándalos políticos y por las incompetencias gubernamentales muy derivadas de la corrupción que ha permeado a las instituciones públicas y que ha mostrado una gran incapacidad en competencia para enfrentar los profundos problemas que vive nuestro país”.

Todavía, aquel miércoles 22, había entre la masa senatorial un grupo de legisladores que miraba a Osorio con la simpatía de quienes saben que las encuestas lo señalaban como el más adelantado para una posible candidatura presidencial priísta. Pero tampoco eran ingenuos. Veían llegar lo que ayer, finalmente, llegó: La imposición de José Antonio Meade como candidato virtual a la presidencia de la República
por el PRI.

Alejandro Encinas Rodríguez siguió: “Pero hay muchos hechos: Están, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya y Tanhuato, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la fuga del Chapo Guzmán, que no se ha aclarado con profundidad la responsabilidad real de los funcionarios involucrados.

“El asesinato de periodistas, de alcaldes, de activistas sociales que quedan impunes; el caso de Ranferi Hernández y toda su familia en el caso de Chilapa, en Guerrero donde ayer fue victimada una niña también como parte de los feminicidios que se vive en este país; la violencia de agentes de miembros de la Policía Federal Preventiva contra la sociedad civil, contra la población civil en Nochixtlán o en Apatzingán”.

Era el recuento y descripción del paso atroz del régimen.

Encinas continuó: “El problema de regreso, una nueva institucionalidad de la tortura y de la violación a los derechos humanos en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la protección de los mexicanos.

“El creciente número reconocido por la propia Secretaría de Gobernación de personas desaparecidas o desplazadas por la violencia y la inseguridad.

“La censura a la libertad de expresión que ejercen concesionarios de los medios públicos, y que el gobierno, contando la Secretaría con una agencia especializada en garantizar estos derechos, no lo cumplen o incluso la censura en la información histórica que resulta absurdo que hoy en el Archivo General de la Nación se censure el acceso a la información histórica que antes se tenía a pesar de las restricciones de la ley pleno acceso.

“La existencia del espionaje político a los disidentes, como el caso de Pegasus, que no se ha dado ninguna información ni explicación al respecto.

“Y fundamentalmente un problema de fondo que es el de la corrupción. Una corrupción que impregnó no solamente la ‘casa blanca’ (la casa de Peña Nieto en Las Lomas de Chapultepec), la estafa maestra, la generación más corrupta que haya tenido conocimiento este país de gobernadores, y el caso extremo, las investigaciones que hoy realiza el gobierno del Brasil sobre los sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios mexicanos para financiar campañas electorales a cambio de contratos públicos en nuestro país”.

Un estoico Miguel Ángel Osorio Chong escuchaba la oratoria flamígera de Alejandro Encinas: “Ha sido muy mal quinquenio el que ha vivido nuestro país, el más violento de los últimos años.

“Ustedes ofrecieron garantizar la seguridad y la tranquilidad de todas y de todos los mexicanos, y basta ver los titulares de la prensa el día de hoy, de cómo se señala que el mes de octubre de 2017 ha sido el mes más violento de las últimas dos décadas, con 2 mil 371 homicidios, pero el problema es que no solamente estamos ante el mes más violento de la historia contemporánea de nuestro país, sino estamos ante el año más violento, el 2017, de las últimas dos décadas en México, donde en los 50 meses de su gestión se han cometido 95 mil 300 homicidios”.

¿Cómo detener la oratoria de Encinas, si la afincaba en las rocas rodantes del dolor y el sufrimiento de muchas personas que han perdido a seres queridos?

El hidalguense Osorio Chong respondió seco, directa la flecha a Encinas: “Siempre he reconocido al senador Encinas como un hombre serio y que conoce la complejidad de los retos que enfrentamos, pero también a veces escucharle con soluciones a veces simplistas, pareciera que no tuviera usted el conocimiento que sé que lo tiene de la problemática general, no solo en materia de seguridad, sino de gobernabilidad.

“¿Usted fue Secretario de Gobierno, y de verdad los temas de seguridad no le correspondían, no los atendía o no participaba? Le puedo asegurar, porque además lo hemos comentado, que sí.

“Y si cuando llega uno al gobierno se encuentra poca conexión entre todas las entidades que tienen que ver con la seguridad, lo menos que uno puede llegar a proponer es buscar cómo sí hay entendimiento y cómo hay coordinación. Yo le quiero decir que hay una absoluta y completa coordinación”.

A pesar del aluvión de datos de la realidad, se recordará como una comparecencia de tú a tú.
25 Noviembre 2017 04:00:00
Las urbes avanzan sobre el país: “Ocho de cada diez viven en ciudades”
Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), compareció ayer en San Lázaro. Tema central en el debate fue el metropolitano. “Realidad contundente”, dijo. “Ocho de cada 10 mexicanos vivimos en las ciudades; seis de cada 10 vivimos en zonas metropolitanas, que le aportan entre un 60, 70 por ciento al producto interno bruto y que venimos de un desarrollo urbano desigual, sin planificación y al que había que ponerle orden”.

Así planteó desde el comienzo. Pero también intentó blindarse, diciendo: “Hemos puesto en marcha el programa de Ciudad de las Mujeres, que funciona en una de las zonas más pobres de nuestro país, sino es la que más: La montaña guerrerense y que ha tenido a más de 297 mil mujeres indígenas durante dos años.

“Adicionalmente, se inauguró la Ciudad de las Mujeres en Hidalgo y estamos construyendo la Ciudad de las Mujeres en el estado de México, precisamente en el municipio de Tecámac, zona muy poblada de esta entidad.

“En el caso de Michoacán también, en Huetamo. Y adicionalmente en Querétaro para poder darles este servicio integral a las mujeres en un modelo que trajimos de nuestro país hermano de El Salvador y que hemos trabajado con el mismo”.

Y apostillaba Robles: “Identificamos puntos de riesgo en zonas de alta conflictividad, declarados polígonos de prevención de la violencia por parte de la Secretaría de Gobernación, y conjuntamente con esta secretaría hemos iniciado estas ciudades seguras para las mujeres, que implica una intervención urbana que les dé seguridad”.

Y juraba que este sexenio cambió el paradigma, en vivienda social.

Pero a Robles le llovió. Jesús Salvador Valencia Guzmán, de Morena, le preguntó: “¿Cuántas viviendas, según la dependencia que usted dirige, se tienen registradas con daños susceptibles de apoyo por parte de Sedatu? ¿Cuál es la razón por la que, por lo menos no se ha notado la dependencia que usted dirige en la Ciudad de México? No hay evidencia física de que la Sedatu esté”.

Rosario Robles respondió: “Por supuesto que desde entonces tenemos ese debate. Me acuerdo que usted, como delegado, no permitió que la Cruzada Nacional contra el Hambre entrara a Iztapalapa”.

Quien preguntó a la titular de Sedatu ahora fue Íngrid Krasopani Schemelensky Castro, diputada federal del PAN: “Sin lugar a dudas usted planteó una situación bastante preocupante y que prevalece precisamente en las zonas metropolitanas.

“Sin embargo, a un año precisamente de la publicación de la Ley General de Asentamientos Humanos hay una responsabilidad muy específica por parte del Gobierno federal en su artículo 8, en la fracción 25, que es la conformación de la Red Metropolitana, a fin de generar y conjuntar esfuerzos tanto con la academia, participación ciudadana tanto en el sector privado como social”. Y recriminaba entonces la panista a Rosario Robles por qué, a pesar de lo que dice ahora, el gobierno de Peña Nieto recortó infamemente el fondo metropolitano para 2018, hasta 70 por ciento respecto de 2016 y 2017.

Rosario Robles, en su respuesta, sostuvo que para “visibilizar” el tema metropolitano “dimos un paso adelante con la ley”. Una ley, detalló, “que establece ciertos niveles de gestión metropolitana pero realmente cuando hablamos que el municipio constitucionalmente tiene las facultades en materia de planeación, desarrollo urbano o de suelo, pues tenemos aun con estos nuevos elementos que nos hemos dado, tenemos una limitante constitucional”.

Y remachaba: “Hay que trabajar mucho en la coordinación y mucho en el convencimiento de municipios que están gobernados por diversos partidos en un contexto de frecuente proceso electoral, etcétera –no es fácil–, aunado al hecho de que no se priorizan en efecto proyectos de dimensión metropolitana, aun cuando hay muchos muy importantes que sí han puesto un hacha en este gobierno”.

Y ejemplificaba Rosario: “Hablo de la zona metropolitana de Monterrey, hablo de la zona metropolitana de Guadalajara, aquí mismo en esta zona metropolitana del valle de México, proyectos de inversión de gran magnitud que no necesariamente entran en los fondos metropolitanos pero que están, por ejemplo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como el tren suburbano México-Toluca, podría yo poner ese ejemplo de manera muy importante o el tren ligero en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara o el Metro, pero que tienen que verse no como una acción parcial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los gobiernos locales, sino en su visión metropolitana que es, yo creo el salto que tenemos que dar”.

En voz de Adán Pérez Utrera, Movimiento Ciudadano reconoció avances “tímidos”, pero “persisten prácticas clientelares y autoritarias”. Pero además, sostuvo el legislador, “miles de mexicanos viven en la zozobra y la desesperanza por la inclemencia de la naturaleza”. Y fue de los legisladores que reclamaron que la reforma agraria sigue inconclusa, con sus objetivos sociales inalcanzables.

Rosario Robles respondió: “Para empezar fuimos responsables de los estados.

Nosotros vivimos un mes y medio en Oaxaca, no salimos de ahí. Tenemos los ocho estados en reconstrucción de vivienda y todo este equipo que usted ve, estuvo viviendo en todas las entidades afectadas porque fue la instrucción del Presidente Peña”.

Lo que nunca respondió Robles: ¿Por qué redujo tanto la Presidencia de la República el presupuesto para las zonas metropolitanas, si, como ha admitido la secretaria, ya casi todos viven en las urbes? Y otra pregunta que no contestó: ¿Por qué el gobierno no interactúa más con el ámbito rural, y lo defiende como opción fundamental de vida ante un cambio climático que avanza, inexorable?
24 Noviembre 2017 04:00:00
Desarrollo Social visto a contraluz de los sexenios de Fox, Calderón y Peña
Luis Enrique Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social, compareció ayer ante el Pleno de la Cámara de Diputados para el análisis del quinto informe presidencial. Otra vez, como con quienes le antecedieron para la glosa, los diputados lo recibieron con un formato simulador de debate.

He aquí al orador del PAN Miguel Ángel Huepa Pérez, quien restregó a Miranda los dos sexenios panistas:

“Cuando Acción Nacional fue gobierno, uno de los factores que más cuidamos fue el de la credibilidad en las instituciones, porque sabemos que esta resulta fundamental para la confianza ciudadana, un aspecto que no parece importarle a los funcionarios en turno.

“Durante el gobierno del presidente Vicente Fox, se construyó la columna vertebral del andamiaje institucional que le da sustento a la actual política social en México. Se realizó el primer ejercicio serio de medición de la pobreza. Se promulgó la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil. Se crearon los organismos rectores de la política social, como la Comisión Nacional de Desarrollo Social, la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social y se otorgó autonomía técnica y de gestión al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.

“En 2008 se realizó la primera medición infidimensional de la pobreza que puso las bases para que la política social se enfoque hacia el ejercicio de los derechos sociales. Se dotó a todos los programas de reglas de operación para definir con precisión quién y cómo podría beneficiarse de los apoyos gubernamentales. Se iniciaron las evaluaciones de desempeño en tanto que permitieron saber qué se lograba con cada peso que se gastaba en materia social.

Se diseñaron las políticas públicas con base en evidencia científica. Se generaron políticas públicas de calidad mundial, como ocurrió con Oportunidades, antes Progresa, que se convirtió en un referente internacional para los programas de transferencias monetarias condicionales.

“Durante el gobierno de Felipe Calderón arrancaron programas emblemáticos que la administración del presidente Peña Nieto retomó y amplió, como las estancias infantiles y la pensión para adultos mayores. A la luz de todo lo logrado en estas administraciones nos preocupa profundamente que decisiones de la (actual) Secretaría de Desarrollo Social minen la confianza en las instituciones.

“Por un lado, la cartilla social, más que coadyuvar a la transparencia genera polémica, porque un mal uso de la misma puede llevar a la manipulación de la información que reporta a las personas que reciben apoyos del gobierno al Inegi. Esto en los levantamientos de la Encuesta Nacional de Ingresos y de Gastos de los Hogares, que es materia prima para la medición de la pobreza.

“Circularon en redes sociales diversos videos, donde funcionarios de Sedesol aleccionaban a los beneficiarios para que respondieran a modo dicha encuesta. Como si fuera poco, al arribo de una funcionaria muy cercana al gobierno del presidente Peña Nieto, como vicepresidenta del Inegi, quien carecía de la experiencia y grados académicos suficientes para ocupar tan importante cargo, contribuyó a dañar aún más la credibilidad de las estadísticas que sirven de base para diseñar la política pública y la toma de decisiones.

“Sería irresponsable de mi parte desacreditar los resultados de la medición de la pobreza publicado recientemente por el Coneval, así como los esfuerzos del INEGI para que podamos contar con datos cada vez más precisos sobre los ingresos de los hogares en México, pero la sospecha ya está sembrada y recuperar la confianza costará tiempo y trabajo.

“Ante este panorama la pregunta, señor secretario, sería ¿qué acciones se están implementando para evitar la manipulación de información en la cartilla social y sesgos en los indicadores de las encuestas que puedan perjudicar a los propios beneficiados de programas sociales?

Y dos. ¿Qué se está haciendo en su Secretaría ante la crisis de confianza en las instituciones que tanto ha caracterizado a este gobierno?

Luis Enrique Miranda Nava respondió así al diputado federal del PAN, Huepa Pérez: “No somos medidos igual que en el año 2000 ni tenemos los mismos mecanismos de medición. Es hasta el 2008 que se modifica la Ley General de Desarrollo Social y cuyos resultados empiezan a generarse en el 2009 y es hasta el 2010 cuando se dan los primeros resultados de la pobreza, y se han hecho bianualmente en el 2010, 2012, 2014 y 2016. Es decir, son cuatro mediciones las que llevamos hechas entre el sexenio anterior y este y esta administración.

“Hoy, como ustedes lo habrán visto en la Ley General de Desarrollo Social, la medición es mucho más estricta porque va directamente a la medición no de carencias, sino de derechos que constitucionalmente están plasmados en nuestra Carta Magna y que deben ser protegidos por los gobiernos. No dice el federal, sino el gobierno federal, estatal y municipal.

“Las variables que hace Coneval a través de diversos mecanismos son el resultado que al final nos da el año siguiente de la evaluación del año siguiente de que interviene Inegi, es decir, este año próximo Inegi hará otra vez el acercamiento con la población, hará sus preguntas, hará su interrogatorio de diversos indicadores y después el Coneval lo dará en el 2019”.


ESTRIBO
Fue una comparecencia inmersa en la rutina. Apenas sobresaltada por la cercanía del PRI respecto del anuncio, muy próximo, de su candidato presidencial y por la sospecha endémica –de la oposición de Morena y del PAN y PRD- de que la Sedesol no es más que una mera oficina electoral del régimen. Veremos.
23 Noviembre 2017 04:00:00
“Cuando ya no importa nada: El valemadrismo del Gobierno federal”
Cuando comparecía ayer en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong se internó en el recodo del debate. Contrario a otros años de análisis de informe presidencial, en que llegaba a escuchar y trataba de conciliar sin responder, esta vez llegó y recriminó incluso a los senadores dos cosas: Que no aprobasen un nuevo modelo de la Policía y, tampoco, la Ley de Seguridad Interior.

Era la glosa, el análisis, del quinto informe presidencial. Comparecencia, sin embargo, casi extemporánea. Lejana del 1 de septiembre. O mejor aún: De aquellos días de mediados de septiembre de otros años, en que el secretario de Gobernación solía comparecer para tales efectos ante el Senado.

Fue allí adonde dijo que México “enfrenta una situación muy compleja en materia de seguridad pública”. Y apostillaba: “Un desafío que no conoce fronteras territoriales ni ideológicas”.

Y volvía a remachar: “Un desafío que requiere reformar un modelo que proviene del siglo pasado y que ya no responde a la realidad actual”.

Por instantes, el hidalguense Osorio parecía ir a la ofensiva, contra unos senadores de la oposición que lo trataban de centrar con la afirmación de que México está mucho peor que nunca, en materia de seguridad pública y en defensa de los derechos humanos.

Osorio repartía también a estados y municipios, a los cuales restregaba que la seguridad pública no solo es asunto del Gobierno federal, sino de ellos también, porque –ejemplificaba- un secuestro o el trasiego de las drogas muchas veces ocurre en algún robo de autos, cuestión del fuero común.

“He escuchado decir a un gobernador…: este es un problema federal”, respondía Osorio a un senador bajacaliforniano. “Siento decirles que no. Que si no nos acompañamos, no resolvemos de fondo el problema. No hay límites territoriales”.

Y entonces reiteraba lo que había dicho desde su discurso inaugural: Que el tema es “muy complejo”. Y ya encarrerado, también se iba a recriminar a los gobernadores, que piden ayuda de la federación, pero que no son capaces de coadyuvar ni siquiera ayudando para pagar el hotel a los policías federales preventivos

Más de veinte oradores. Pero nadie, otra vez, como la irrebatible Layda Sansores San Román, senadora del Pt-Morena, para el debate:

“Señor Secretario de Gobernación”, comenzó Sansores. “¿Qué le pasó? ¿Se le hizo tarde? Su comparecencia era a las 12 del día, pero del 20 de octubre de 2016”.

Layda comenzaba: “Usted habló de seguridad, no habló de gobernabilidad, ni de Estado de derecho, hizo bien porque no existe. Me hubiese gustado que hablara de la dictadura mediática que ejerce con mano férrea.

“Fusionar la Secretaría de Seguridad, con Gobernación para un mayor control político.

“El éxito no se mide por la buena voluntad, se mide por resultados y aunque vengan aquí con discursos que son verdaderas fallas patéticas del servilismo y la lambisconería de los senadores.

“La Secretaría de Gobernación es su Waterloo, y la de Seguridad su tumba.

“Usted dice que dialoga, sí, dialoga, dialoga poco. Ah, pero qué tal escucha a periodistas, adversarios a través de Pegasus, y de una gran red de espionaje. Pegasus sólo se vende a gobiernos, transparente el costo, díganos ahora de software y los nombres de todas sus víctimas. ¿O qué, Aristegui y los defensores de los derechos humanos amenazan la seguridad nacional? Espiar es un acto fascista, y aunque mire para otro lado, es usted fascista.

“Peña Nieto dijo: reconocemos que en 2016, yo creo que estaba muy enojado, y que para que diga esto él, que en 2016 y 2017 la delincuencia ha cobrado nuevamente mayores espacios donde dejó de haber violencia, nuevamente vuelve a haber, lo dijo él, no lo dijo ningún crítico. 33 mil desaparecidos, más que en la dictadura de Pinochet, la era Peña supera los 63 mil muertos; de Calderón con 75 mil 500.

“El Instituto Estratégico de Londres reporta que en 2016 tuvimos 23 mil muertos, e Irak tuvo 17 mil, peor que en una guerra declarada. Y usted viene aquí y parece que vive de la nostalgia.

“Pero por qué no hablan del 2012, el 2013 y el 2014, ahí bajó la delincuencia porque, señor, vivimos en el presente, y lo que está sucediendo, lo que sucedió en el 2016, y ahora en el 2017 donde vamos por más, y hoy encabezan los periódicos la cifra de 2 mil 371 homicidios en el mes de octubre, ¿cómo no puede uno criticar el fracaso en materia de seguridad?

“… Qué se siente, señor Osorio Chong, cuando ya no importa nada, cuando los alcanzó el valemadrismo, cuando no los conmueve ni la indignación del pueblo ni el coraje y el dolor de los padres que buscan a sus hijos en las sombras. Señor Secretario, ¿dígame, qué siente no sentir?

“Hoy se avivan tantos fuegos no apagados: ABC, Apatzingán, Tlatlaya, Tanhuato, feminicidios, migrantes sembrados en fosas y lágrimas; usted como responsable de protección civil presume lo que hizo la ciudadanía, ¿pero dónde estaba usted o qué, también se le hizo tarde?”

“… Peña es un corrupto de ligas mayores, los sobornos de Odebrecht, de OHL, la espada maestra, desvío de dineros públicos, México exige se transparenten los donativos del extranjero y los fondos para desastre, porque se sospecha que transan con ellos; aquí nos dice, que no, que lo manejen los particulares, que hay fideicomisos, pues exhórtelos a que lo transparenten, porque la percepción ciudadana es que no saben qué se ha hecho con esos fondos.

No fue un día fácil para el hidalguense. Ya venían más oradores. (Continuará)
22 Noviembre 2017 04:00:00
“Los cuatro mafiosos del Senado decidirán el nuevo fiscal de la Fepade”
El Senado de la República emitió ayer la convocatoria para nombrar el nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos electorales (Fepade), luego de que Santiago Nieto fue destituido a raíz de que en octubre declaró que el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, estaba siendo sujeto de investigación por su colusión criminal con Odrebrecht, la compañía brasileña que ganaba licitaciones internacionales mediante el corrompimiento de autoridades al más alto nivel en todo América Latina y en Estados Unidos.

La presidencia de Enrique Peña Nieto y el PRI en el Congreso reaccionaron como ladrones descubiertos y desde entonces han estado pretendiendo recomponer los daños políticos que han sufrido, y, con la destitución de Nieto, de paso colocar uno en la Fepade a modo de sus intereses político-electorales, ahora que está el país en el umbral del comienzo electoral por la presidencia de la República de 2018.

Ayer, durante la convocatoria, el pleno senatorial utilizó la tribuna para opinar y posicionarse. 19 oradores. El primero fue Manuel Bartlett Díaz, quien volvió a argumentar sin que nadie le rebatiera nada.

He aquí partes medulares de la oratoria parlamentaria del senador histórico:

“En primer lugar, recordamos que en los considerandos Quinto, Sexto, se habla de que se recibió un escrito de Santiago Nieto Castillo, mediante el cual solicita que se pronuncie respecto a su remoción, que no se pronuncie sobre su remoción, porque renuncia al cargo.

“Hemos señalado que, haya renunciado o no el señor Fiscal, que ya platicamos cómo fue esa renuncia a base de una presión inmoral e ilegal del Gobierno de la República, que lo obligó a firmar so pena de cárcel y destrucción de personalidad, etcétera, eso es gravísimo, gravísimo.

“No puede el Senado de la República hacerse como que no sabe cómo fue que se presentó esa solicitud del Fiscal, de que ya no se hiciera un esfuerzo o se aplicara la Constitución para evitar su remoción.

“Hemos señalado, aquí en este Senado, que no es posible que se interprete que el Senado ya no tiene facultad para analizar cómo se dio esa destitución, formalmente cómo fue la destitución.

“Es una facultad constitucional del Senado, que no se pudo aplicar en los diez días, pero que no periclita.

“Hemos presentado, aquí, a la Mesa Directiva una explicación fundada, de que una facultad constitucional del Senado no puede ser desoída, ni periclitada.

“Le pedí al presidente (del Senado, el calderonista Ernesto Cordero) que nos presente por escrito su posición para poder tener una idea de algo que nosotros consideramos que no es posible que esto periclite, sino que el Senado tiene que cumplir con su responsabilidad.

“El proceso fue inconstitucional, ilegal, y, además, tomando en consideración la carta, fue un acto delincuencial del gobierno de la República.

“Esta convocatoria es una burla, porque después de hacer todo un teatro (…) serán los cuatro senadores que gobiernan la Junta de Coordinación Política (Emilio Gamboa Patrón, del PRI; Fernando Herrera Ávila, del PAN, Carlos Alberto Puente, del Pvem y Luis Sánchez Jiménez, del PRD) quienes decidirán al seleccionado.

“Se manda al Pleno el seleccionado, por la Junta de Coordinación Política, y ahí se vota otra vez en secreto, que es el arma secreta para establecer el secreto del mercado de votos en este Senado.

“¿Cómo es posible que se considere serio esa trampa de hacer una gran discusión, que supongamos que se hace, y estaremos presentes, y luego sea una gente y sus aliados, cuatro gentes van a decir quién es el Fiscal, en un acuerdo entre grupos, como ha sido siempre?

“Nuevamente vamos a tener un Fiscal que convenga al poder y que reciba beneplácitos y regalos y canonjías a las otras fuerzas que van a estar ahí aprobándolo. Esa es la verdad.

“Esto es una burla, y lo tiene que saber la opinión pública. Van a elegir, ahora sí, a un Fiscal que no les represente problemas, como el señor Fiscal que sacaron, y que amenazaron y atormentaron para que mandara una carta, pues, va a ser igual.

“Y decía yo, que ya el fraude electoral ya está en curso, corriendo a un Fiscal que no les gustó, y poniendo, entre tres, que en realidad es uno el poder, poniendo a un Fiscal que les satisfaga y que no investigue lo que no quieran que investigue.

“Odebrecht que fue parte de la explosión, la indignación contra el Fiscal que han corrido, Odebrecht no lo pueden ocultar, cometen un error o aquí el PRI, cometen un error en creer que con ese golpe al Fiscal, con esa amenaza al Fiscal, con esa destrucción de un Fiscal que no les gustó Odebrecht se va a olvidar, no se va a olvidar, porque están acusados a nivel internacional, no pueden escapar los resultados de ese dinero que recibió Lozoya y que se fue a la campaña del PRI. Eso va a salir a la luz, porque está a nivel global, está instalado en Estados Unidos y está en muchos países.

“De manera que es un acto fallido para proteger una elección en donde no haya delitos electorales.

“… Pero no importa, al final de cuentas se van a poner de acuerdo quién va a ser y van a votar tres, para que todos los demás, todos los demás senadores no tengan ninguna participación, entreguen su voto de manera vergonzosa para crear un Senado de la República que está al servicio del poder presidencial”.

Era el primer orador. (Continuará)
21 Noviembre 2017 04:00:00
Endeudará PRI a generaciones futuras en su pretensión de ganar el 2018
Después de haber construido el presupuesto de egresos 2018 de tal modo que el PRI –a través de su nomenclatura federal, estatal y municipal- pueda disponer de dinero a raudales para la elección presidencial en cierne, y luego de que también han retorcido una ley que había sido hecha en 2016 para combatir ladronerías y endeudamientos ilícitos e inmorales en los estados, ahora el régimen se internó en la fase de colocación de candidatos, tanto en el PRI como en el Frente que lidera el PAN y al que se le sumaron esos dos membretes de la izquierda PRD y MC.

Ayer, el Frente compuesto por el PAN, PRD y MC entregó al Instituto Nacional Electoral su “intención por escrito” de formar una coalición electoral hacia el 2018. Era el pretexto para salir ante los medios, solamente. Y que Ricardo Anaya –el que pretende hacerse de la candidatura presidencial del Frente que Gerardo Fernández Noroña apodó como el Frente Ancho- salga a placearse ante la embestida que están dando Margarita Zavala, Esposa de Felipe Calderón, Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Mancera, quienes también quieren la candidatura de marras.

En la otra vertiente de la bifurcación de la candidatura del régimen, la del PRI, es José Antonio Meade Kuribreña quien fue colocado en el primer lugar por la élite gobernante, por encima aun del que lidera las encuestas internas del priísmo: El hidalguense, Miguel Ángel Osorio Chong.

Pero independientemente de estos jaloneos (entre Ricardo Anaya y los tres que también quieren la candidatura del Frente, y entre Meade y Osorio Chong), el gobierno de Enrique Peña ya aplanó el terraplén que utilizará en su pretensión de ganar a Andrés Manuel López Obrador –el hombre a vencer por todos ellos- la presidencia en 2018.

Y esto lo hicieron en la Cámara de Diputados el pasado jueves 16 y el pasado jueves 9 de este noviembre de 2017.

Norma Xóchitl Hernández Colín, diputada de Morena, dijo el jueves 16 cuando el PRI y aliados modificaron la ley antideuda de los estados, para que en 2018 gasten los gobiernos sin ambages:

“En el primer semestre de 2017, veintiuna entidades federativas contrajeron financiamientos y obligaciones por un monto superior a los 51 mil millones de pesos, lo que implicó un aumento superior de 478 por ciento de tasa anual. Nuevo León, fue la entidad con el monto más elevado de financiamiento por más de 17 mil millones de pesos, seguido por Zacatecas, Veracruz y Guerrero.

“Las entidades se endeudan para pagar –valga la redundancia– deuda, contraída en ejercicios fiscales o en administraciones anteriores. El problema es que algunas entidades han recurrido al endeudamiento con una tasa de interés mucho mayor que la del año pasado, por lo que ya padecen insolvencia. En los municipios se aprecia que se han optado por contraer más deuda debido a que la captación de ingresos propios ha sido baja y se suma a la alta dependencia de los recursos federales que en algunos casos equivale hasta en un 80 por ciento de sus percepciones.

“La mayor parte de las obligaciones contraídas por entidades federativas y municipios tuvieron como destino cubrir necesidades de corto plazo como solventar problemas de liquidez o pagos a proveedores, pero no se aprecia inversión en construcción de infraestructura social o en apoyos directos a la población.

“Como una forma de contrarrestar lo anterior, la Ley de Disciplina Financiera impone este semáforo para poder seguir endeudándose y no tener ningún riesgo financiero. La intención de la legislación se entiende como una buena determinación que impide endeudamientos ruinosos. Por tanto, la propuesta de modificación de los artículos 14 y 48 es un despropósito que implica un retroceso en lo poco que se ha avanzado en la materia.

“Las disposiciones actuales permiten, de existir ingresos excedentes, el 50 por ciento se destine a deuda pública para evitar incremento exponencial; además permite saldar adeudos de ejercicios fiscales pasados o incrementar el fondo para la atención de desastres.

“Sin embargo, con la modificación se disminuye el porcentaje que las entidades federativas calificadas en amarillo deben abonar al pago de su deuda y se faculta para que en este rubro puedan ser empleados para el pago de gasto corriente, que servirá para la operación política este 2018.

“De lo anterior se advierte un grave riesgo que implica que las entidades federativas y los municipios que de por sí acarrean severos problemas de endeudamiento, cuenten con autorización federal para no priorizar el pago de deuda y emplear los recursos de manera discrecional como en la Ciudad de México, que cuenta con 18 mil millones de pesos en remanente que de aprobarse las reformas desconoceremos su destino. Por eso insistimos en que no queremos deuda para negocios propios ni operación política. No permitamos el endeudamiento de generaciones futuras”.

 
ESTRIBO: Presupuesto y publicidad presidencial

El jueves 9, cuando aprobaban a matacaballo el gasto público para 2018, el diputado federal de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, dijo en la tribuna: “En México no hay división de poderes, en México el legislador por excelencia es el presidente de la República en turno”.

Álvarez hubo dicho también: “Por vergüenza a esta Cámara de Diputados frenemos el derroche, el despilfarro en publicidad oficial de un país que tiene otras prioridades”…

Y el apostille final de Álvarez: “(Quieren dinero) para estar monitoreando la cobertura mediática de los aspirantes presidenciales”.

Y al final, la aplanadora del PRI, teniendo como vórtice de estos dos ciclones (presupuesto y ley antideuda) al 2018.
18 Noviembre 2017 04:00:00
De cómo el PRI teje su telaraña para 2018, torciendo hoy las leyes
El Congreso mexicano deja todos los días cada vez más fierros en la lumbre. El presupuesto de egresos de la federación, hace ocho días, fue marcado por la discrecionalidad con el propósito de que las administraciones federal, estatales y municipales puedan disponer como convenga a los candidatos del PRI y del Frente conformado por el PAN, PRD y MC. Y anteayer, jueves, también la Cámara de Diputados ha reformado la ley –de reciente cuño, 2014- que ataba las manos a los gobiernos estatales en materia de endeudamiento.

La reforma ha consistido en quitar a los gobernadores todo amarre, y les abren la puerta para que gasten el presupuesto y se endeuden discrecionalmente y sin consecuencias jurídicas.

En los dos temas, no hubo oposición por parte de la mayoría que se dice de oposición (PAN, PRD, PES, MC y PANAL). Únicamente Morena se oponía. He aquí partes medulares de los dos debates. Primero el de este jueves:
Maricela Contreras Julián, diputada de Morena: “Algunos gobiernos estatales y municipales se han convertido en verdaderos latifundios, han confundido el federalismo con impunidad, con malos manejos y auténticos actos de pillaje en el manejo del presupuesto.

“Por supuesto que este dictamen es un verdadero retroceso, ya que estamos eliminando los controles para el manejo de la deuda de los estados. Se permite la discrecionalidad en la disposición de los recursos y que se siga endeudando a los estados.

“Lo que aquí se quiere aprobar son licencias de pillaje, licencias para hipotecar los bienes del estado y fomentar una irresponsabilidad. Ahí están los vergonzosos ejemplos de los exgobernadores en los estados endeudados y las condiciones de precariedad.

“Encima, se pretende modificar la definición de asociaciones público-privadas para incluir la prestación de servicios, con lo cual se fomenta que los gobiernos dejen de cumplir con sus obligaciones”.

El diputado Juan Romero Tenorio, de Morena: “Esta reforma (a la Ley de Disciplina Financiera de Entidades y Municipios) atiende a la necesidad de un manejo discrecional del presupuesto de los gobiernos de los estados y de los municipios. Esta reforma es una reforma chicanera en el argot de los abogados, porque revierte todo el sistema disciplinario en deuda de entidades y de municipios.

“La alerta que la Secretaría de Hacienda publica el 30 de junio de este año colocaría a varios estados en una situación de que no pueden contraer más deuda y deben aplicar sus disponibilidades financieras para el pago de la misma.

Estados que se afectan con el actual sistema de alertas. Tenemos a Baja California en amarillo, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas. Estos estados obligatoriamente para 2018 tendrían que aplicar los remanentes, su disponibilidad financiera el 50 por ciento para pago de deuda.

“Los estados en alerta amarilla no podrían adquirir más deuda, puesto que su límite ya está excedido. Caso muy concreto Chihuahua, tiene una deuda que representa 180 por ciento la disponibilidad financiera libre que se le otorga al estado a través de aportaciones de la Federación y por ingresos propios.

“Nuevo León está rebasando su capacidad de deuda en 117 por ciento, Sonora, 121 por ciento, Zacatecas, 101 por ciento. Estamos siendo irresponsables al hacer más laxa la norma de disciplina financiera.

“Si aplicáramos el Cuarto transitorio que se propone en esta reforma, los estados ubicados en color amarillo tendrían que aplicar su ingreso excedente a pago de deuda.

“¿Por qué no los obligamos a esto? Porque 2018 es año electoral, hay elección en 30 entidades, además de la elección federal. Los gobiernos federales y municipales necesitan laxitud para manejar discrecionalmente recursos. Esta reforma se los permitirá”.

ESTRIBO (Presupuesto de egresos)
Otro ejemplo del uso faccioso de la Cámara de Diputados, por parte del PRI y aliados, fue lo que dijo el jueves 9 el diputado de Morena Vidal Llerenas Morales, cuando criticó –sin réplica del priísmo- una reserva para votar en lo particular en contra del presupuesto de egresos aprobado en lo general por el PRI, PAN, PRD, PVEM, PES, MC y PANAL:

“La regulación que hace el artículo 14 en el tema de gasto en publicidad, en realidad permite que se pueda gastar en publicidad de manera libre por el momento.

“El capítulo en teoría pone restricciones al gobierno para no incrementar el gasto de publicidad aprobado, pero en realidad se incrementa porque se deja, que se habla de instituciones que incrementan sus ingresos con la publicidad, entonces se pone cero pesos a la Lotería Nacional y se terminan gastando más de 500 millones; en actividades de salud, de educación, etcétera, y en realidad tenemos un Gobierno de la República que puede tener un presupuesto aprobado de 3 mil millones de pesos, como es el caso en este momento, y que termine gastando más de 10 mil millones de pesos.

“Es decir, hay 7 mil millones de pesos que el gobierno puede gastar libremente en materia de publicidad y por eso controlan los medios.

“El gobierno mexicano gasta más en publicidad que todo el Estado mexicano en partidos políticos. Así de grande es la partida que el gobierno mexicano puede usar, y ustedes lo pueden ver. Este es el grado de discrecionalidad que el gobierno tiene en esta materia.

“Yo lo que estoy proponiendo es que en ningún caso se pueda rebasar el presupuesto total del gobierno, sea una emergencia, sea una necesidad, que se pudiera cambiar entre dependencias, pero yo no entiendo por qué se anuncia así el Ejército, la Marina, la Policía, etcétera. (Continuará)
17 Noviembre 2017 04:00:00
Ley para que gobernadores no paguen deuda en 2018… ¿y gasten en compra de votos?
En medio de festinaciones de casi todos los partidos políticos, la Cámara de Diputados aprobó ayer reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Y los beneficiarios, ha denunciado la oposición, son los estados con mayores índices de excedentes –como el estado de México y ciudad de México-, con el propósito de tener más recursos en 2018, para beneficiar sin duda a los candidatos del régimen que surjan del PRI y del Frente del PAN-PRD-MC.

Gina Cruz Blackledge, presidenta de la Comisión de Hacienda y diputada del PAN, argumentó: “Se busca que la gestión de las finanzas públicas locales procuren una mejor calidad de vida, también que se promueva y garantice la eficiencia operativa y favorezca las condiciones en la contratación prudente de financiamientos y obligaciones bajos los principios de transparencia y responsabilidad hacendaria, así como incentivar el manejo responsable de los recursos por parte de estados y municipios”.

El opositor Morena, en voz de Vidal Llerenas Morales, contra argumentó: “Esta reforma le dará más manga ancha a los gobernadores para que sigan haciendo lo que se les pegue la gana con las finanzas públicas, para que no amorticen deuda, no inviertan en obra pública y para que puedan contratar más personal. Esto lo hace un Congreso irresponsable, que hace dos años votó una ley y hoy la modifica sin diagnóstico”.

En la presentación del dictamen, Gina Andrea Cruz recordó al Pleno que en abril del año 2016 entró en vigor la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Y a más de un año de su aplicación se han presentado las áreas de oportunidad para actualizar los preceptos normativos con las necesidades reales de los órdenes de gobiernos locales, a fin de promover y garantizar su eficiencia operativa, así como favorecer las condiciones en la contratación prudente de financiamientos y obligaciones bajo los principios de transparencia y responsabilidad hacendaria”.

Muy distinta interpretación ofreció en tribuna Llerenas Morales, de Morena, único partido que votó en contra. “Este es uno de los dictámenes más extraños que va a votar esta Cámara de Diputados, y eso ya es mucho que decir. Hace un año y medio, más o menos, dos años, por ahí, discutimos y aprobamos la Ley de Responsabilidad Financiera de Entidades”, dijo.

Llerenas agregó: “En ese momento todo mundo se rasgaba las vestiduras, creo que alguien por ahí lloró, del enorme endeudamiento de las entidades federativas. Claro, el causado por Duarte, el otro Duarte, Borges y toda esa bola de pillos que andan por ahí”.

Respingó el curulerío priísta: “Tema”, le gritaron. Pero Vidal siguió: “(Entonces) se creó esta ley con la idea de racionalizar la administración financiera de las entidades federativas. Hoy, año y medio después, se quiere dar marcha atrás a una ley que ni siquiera se ha aplicado. Buena parte de lo que hoy vamos a modificar no ha entrado todavía en operación”.

El legislador de Morena continuó: “Si no reformáramos la ley, la mitad de la deuda va a ser pagada el año que entra, porque hoy la ley actual obliga a que de los excedentes, cuando menos la mitad vaya al pago de deuda”.

Y apostillaba el doctorado en economía: “En el artículo 14, en la parte del excedente, anteriormente el 50 por ciento tiene que ir a amortizar deuda. Ahora, en ciertas condiciones, cero pesos iría a amortizar deuda, en otros 30 por ciento. Están votando por que los estados no tengan la obligación de amortizar deuda de manera anticipada.

“Segundo párrafo del 14, el remanente. El remanente va a permitir que una parte vaya a pagar gasto corriente. Creo que ahora es –ironizaba- el Frente del Gasto Corriente y la Deuda, el que están haciendo aquí el PAN, el PRI y el PRD. Además, a los ingresos propios también se los podrán gastar en 2018, y entrarán sin deuda.

“Hay cosas también, como por ejemplo, que si uno hace un refinanciamiento de la deuda no tiene porqué licitar a la empresa que lo hace. ¿Quién diablos hizo esta ley que le otorga a quien refinancia deuda la posibilidad de ser seleccionado por un gobierno y no competir? A ver qué opina la Comisión de Competencia de este asunto tan delicado.

“Por cierto, no se resuelve lo principal de esta ley, que todo refinanciamiento tenga que bajar el valor presente de la deuda. Es decir, podemos seguir haciendo refinanciamientos sin bajar el valor presente de la deuda.

“Tercero. Esta deuda también permite que el sistema de semáforos se modifique. Ahora vamos a tener menos información que antes de los municipios y, sobre todo, de los entes públicos que no son municipios y que no son entidades, es decir, los sistemas de agua o las empresas. De esos, solo vamos a tener una vez al año el semáforo. Un sistema de semáforos que no ha funcionado. Por ejemplo, si hoy uno quiere ver la tasa de interés a la que los municipios pagan la deuda, simplemente no la encuentran.

“¿Qué estamos votando? Una ley que va a dar más manga ancha a los gobernadores de este país para que sigan haciendo lo que se les pegue la gana con las finanzas públicas, para que no amorticen deuda, para que no inviertan en obra pública, para que puedan contratar más personal”.

Pero no tuvo efecto alguno esta argumentación en la conciencia dormida del PRI, y este y sus aliados aprobaron la reforma. (Continuará)
16 Noviembre 2017 04:00:00
“Hoy las familias gastan más y el gobierno está insensible, cerrado e irresponsable”
Considerado en el mundo legislativo como el acto de control político más importante del Congreso, la autorización anual del presupuesto de egresos de la Federación fue una engañifa, porque decían los que lo aprobaron que era la repartición social más importante del sexenio cuando, en realidad –contra argumentaban opositores- no fue más que la repartición, para fines electorales en favor de los futuros candidatos del PRI, más vulgar y cínica que se recuerde en México.

Así continuaron quienes presentaron reservas, para su votación en lo particular, de diversos artículos del decreto de marras:

Javier Neblina Vega, diputado federal del PAN (San Luis Río Colorado, Sonora): “A partir de 2016 se reformó la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para que el pago de este impuesto se calculara aplicando una cuota adicional por litro de combustible. Es decir, se incrementó el impuesto que hoy representa aproximadamente el 30 por ciento del precio por litro de gasolina.

“En los análisis y debates de las Leyes de Ingresos enviadas por el Ejecutivo federal a esta Cámara, Acción Nacional ha insistido en corregir al gobierno y revertir los efectos lesivos que tales decisiones han generado en la economía de las familias mexicanas y en nuestro sector productivo.

“Desde que se anunció el gasolinazo, el incremento ha sido en promedio de casi el 60 por ciento. No es casualidad que el precio de los alimentos y del transporte público hayan aumentado y la inflación se ubique por arriba del 6 por ciento. Hoy las familias mexicanas gastan más. El gobierno federal debe abrirse al diálogo, debe olvidar su cerrazón y mostrar sensibilidad y responsabilidad con los mexicanos.

“En este contexto es que acudo a esta tribuna para presentar una reserva que adiciona un párrafo a la fracción VII del artículo 7 del PEF, que indicaría qué hacer con las recaudaciones extraordinarias (…) En 2015, por ingresos tributarios se recaudó más de 382 mil millones de pesos de lo originalmente presupuestado. En 2016 la cifra fue de más de 308 mil millones de pesos. En 2017 el monto al cierre del año será superior por mucho al aprobado y en cantidades cercanas a las mencionadas.

“La reducción en 50 por ciento del impuesto especial sobre producción y servicios a combustibles sería aproximadamente de 160 mil millones de pesos que dejaría de recaudar el gobierno, pero que pudieran ser compensados con estos ingresos excedentes que hemos mencionado.

“La reserva que hoy presento asegura que los programas sociales continuarán para 2018, que todos ganaríamos y que con la disminución del precio de la gasolina, producto de la reducción de este impuesto, impactaría de forma positiva en la inflación y en el bolsillo de todos los mexicanos”.

Reserva desechada por el Pri, Pvem, Pes y Panal.

María Elena Orantes López, diputada chiapaneca, del Mc: “Propongo (modificar) el artículo 7, fracción X, sobre destinar al menos el 5 por ciento al Fortamun, a los programas en protección civil.

“Muchas familias en Chiapas están esperando que puedan ser atendidas, porque fueron olvidados en el censo y fueron olvidados en el proceso de evaluación, por lo que tenemos nosotros la responsabilidad de que en este proyecto de reconstrucción no se omita a más de 20 familias en Chiapas que no fueron censadas (…) ¿O qué acaso cuando hablamos del petróleo le pedimos a los estados y a los municipios que también puedan participar?”

Desechada por el Pri, Pvem, Pes y Panal.

Y Rogerio Castro Vázquez, quintanarroense, de Morena: “Mi propuesta tiene mucho que ver con combatir la discrecionalidad con que se ha elaborado este presupuesto.

“Hemos detectado que en los informes trimestrales que entrega la Secretaría de  Hacienda, encontramos en el Fondo Regional, sobre todo, una cantidad importante de subejercicios, hablamos más o menos de 2 mil 190 millones de pesos que se deben entregar a 10 entidades federativas con bajo índice de desarrollo. Sin embargo, estos recursos hasta el día de hoy no han sido ejercidos.

“También podemos observar en este Presupuesto proyectos de asociaciones público-privadas encaminadas a evitar la transparencia y la rendición de cuentas. Es el caso –por ejemplo– del hospital Doctor Gonzalo Castañeda, que se le otorgó al consorcio Tradeco Icsa por un periodo de 25 años.

“Hasta el día de hoy este proyecto, que según se le va asignar 508 millones, no se avanzado en la construcción y ni siquiera se ha ejercido ese recurso. Sigue Hacienda haciendo proyectos que no avanzan y no sabemos dónde quedan esos recursos que aquí la mayoría está aprobando.

“Lo mismo ocurre en las propuestas no solicitadas, por ejemplo en el hospital del ISSSTE en la ciudad de Mérida, que casualmente ese proyecto se entrega de acuerdo a la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas sin licitarse, porque la ley así lo marca.

“Es otra de las trampas que aprueba este Congreso y casualmente quien presenta ese proyecto es un cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Vemos la opacidad y la discrecionalidad en este Presupuesto.

“También estamos pidiendo en estas reservas se apoye al campo. Es muy importante rescatar la actividad agropecuaria del país y no vemos suficiente lo que se otorgó o lo que se incrementó, y sobre todo queremos pedir nuevamente porque el año pasado aprobamos un presupuesto y luego lo rasuraron allá en la Secretaría de Hacienda con el pretexto de la llegada de Trump, con el Brexit, muchos pretextos para seguir recortando los apoyos a los productores”.

Reservas desechadas por el Pri, Pvem, Pes y Panal. (Continuará)
15 Noviembre 2017 04:00:00
Las cornadas del hambre vistas detrás de la barrera
El Senado de la República exhortó ayer a los congresos legislativos de todo el país, a incorporarse a un frente parlamentario contra el hambre. Lo propuso un ex perredista, Isidro Pedraza Chávez; lo apoyaron todos; pero lo que dijo el PRI sonó a carcajada, por su condición de partido en el poder durante más de 80 años y por su proclividad a sacar raja electoral de todo.

Lizbeth Hernández Lecona, priísta, dijo: “Este exhorto amerita que volvamos los ojos en este organismo internacional (se refería a la FAO), en que los congresos locales se puedan formar, los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, es un tema de suma importancia por los derechos humanos que conllevan el que ninguna persona se vaya a dormir sin alimento, el que nuestra niñez y nuestros jóvenes tengan una alimentación sana, una alimentación nutritiva, de calidad y que la política pública vaya acompañada de marcos legislativos que puedan fortalecer esta materia del combate al hambre”.

Y apostillaba la diputada priísta: “Sé que a nivel federal, el presidente Enrique Peña Nieto ha tomado a bien el tema de la Cruzada Nacional contra el Hambre y el tema importante de que  en ninguna persona pueda ya quedarse sin alimento”.

Siguió Luisa maría Calderón Hinojosa, ex senadora del PAN y hermana del ex presidente Felipe de los mismos apellidos: “Sí es importante para nosotros, ya nos hablaba aquí el tema de la alimentación, miren, no se trata, cuando hablamos del derecho a la alimentación que el Estado le dé de comer a toda la gente. También hemos dicho que la gente más pobre en este país es la que vive en el campo, 70 por ciento de los productores de  nuestros alimentos vive con hambre”. Y al final, Calderón prometía su voto en pro.

El ex perredista Fidel Demédicis Hidalgo, ahora del Pt-Morena: “Quiero felicitar en primer lugar al ciudadano senador de la República Isidro Pedraza, por este exhorto a los congresos de los estados.

“… Más de 30 millones de nuestros compatriotas están en pobreza alimentaria, es decir, están haciendo cuando mucho una comida al día. De esos, más de 12 millones son niños, y por eso cuando se presenta el ciudadano secretario de Educación Pública con motivo de la glosa y revisamos el informe del ciudadano presidente, no encontramos una sola línea en donde haga alusión a cómo vamos a resolver el problema de la educación de calidad, dándole de comer a los niños, cuando menos un alimento fuerte en el desayuno o en la comida, dependiendo del turno de los niños”.

Entonces, el proponente Isidro Pedraza, dijo: “Este exhorto tiene también que ver con que se establezcan mecanismos de legislación local para que en cada entidad de la República también se legisle en materia de poder garantizar el combate al hambre.

“Nosotros tenemos aquí en el Senado una ley que sigue congelada por la voluntad de alguien, acabamos de celebrar en abril de este año, o marzo del año pasado, fuimos sede a nivel internacional para celebrar.

“¿Cuándo fue? En noviembre, ya tiene un año, y se estableció el compromiso de sacar la ley, y desde la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria se discutió esta ley y ya está lista, creo que este paso que se está proponiendo hoy de hacer un exhorto para poder crear en los congresos de los estados los capítulos estatales del Frente Parlamentario contra el Hambre debe de servir para iniciar una cruzada, que sí dé resultados”.

Ya no más oradores y aprobaron el punto de acuerdo.


ESTRIBO
Cuando el jueves 9 el Pleno de San Lázaro aprobó el gasto público 2018, las 346 reservas de opositores fueron rechazadas, una por una, por el PRI y sus aliados.

He aquí a Mirza Flores Gómez, del Mc: “Propongo que se modifique el artículo 7 para que eliminemos la prórroga de 20 días que tiene la Secretaría de Hacienda para depositar las aportaciones federales a las entidades federativas y darle un plazo menor que fuera de tres días, no es justo que las ayudas a las comunidades afectadas por desastres naturales, se vean detenidas por trámites administrativos de la Secretaría de Hacienda, pues hace sospechar que estos sean para negociar y para condicionar. Se tiene que liberar el recurso de forma inmediata, la gente los está necesitando.

“… Propongo que se reduzca de 150 millones a 20 millones de pesos el Fondo para la Transición”.

Y Alejandro Armenta Mier, de Morena: “El país ha sido saqueado. No podemos olvidar los 12 años del saqueo impune del PAN. Aún estamos pagando las obras superfluas tales como la Estela de la Luz y el megaproyecto de la refinería de Hidalgo, cuyos recursos se etiquetaron en esta Cámara y sólo nos ha quedado una bardita como monumento emblemático, una barda que además nos costó 15 mil millones de pesos.

“Cómo olvidar los contratos entre las familias del poder con Pemex, iniciando el desmantelamiento de su capacidad técnica y productiva. Claro que la corrupción es el principal problema de México, generando mayor pobreza, frustración, resentimiento social y violencia. Todo ello consecuencia de los gobiernos que se encargaron de favorecer los privilegios de unos cuantos a costa de los mexicanos.

“Es por eso que propongo una reserva al artículo 17 que suprime el párrafo quinto, fracción IV, eliminando las pensiones a los ex presidentes, además una reserva al anexo primero con el objetivo de reasignar mil 224 millones de pesos al presupuesto del INE, y destinarlos al Programa de Apoyo a Pequeños Productores”. (Continuará)
14 Noviembre 2017 04:00:00
En el “año de Hidalgo”, Peña Nieto recibirá 1000 mdp para publicidad
El último día que los diputados federales tenían para autorizar el presupuesto de egresos de la federación 2018 era mañana, 15. Pero se adelantaron de tal modo que lo aprobaron desde la noche del jueves y madrugada del viernes reciente. A matacaballo lo hicieron. Y aún cuando hubo centenares de reservas (346) de docenas de artículos reservados, el PRI y sus aliados históricos rechazaron toda posibilidad de modificación propuesta por el sector más recalcitrante de la oposición, Morena y unos cuantos del PRD y MC.

He aquí la argumentación de otros tres proponentes de artículos reservados:

Juan Romero Tenorio (Morena): “¿Podrá la cámara del Canal del Congreso proyectar a las curules vacías? Ojalá la cámara del Congreso enfocara las curules vacías en esta farsa de discusión parlamentaria.

“La discusión del Presupuesto es una ficción y no se da, y se pospone para presentarlo en el pleno, y en el pleno resulta que hay queja porque se presentan reservas. Discutamos en comisiones, señores, para evitar que estas sesiones tan largas que representan un fastidio para muchos de los diputados.

“Este Presupuesto no se discutió. Yo soy miembro de la Comisión de Presupuesto, se nos convocó a la instalación en forma permanente de la comisión, y posteriormente se nos convocó para votarla en menos de tres minutos sin conocer los anexos correspondientes ni las modificaciones que contienen el acuerdo político. Es un Presupuesto mezquino porque los grupos parlamentarios pelearon por un porcentaje de este Presupuesto, que no es el que se presenta ni el que se ejerce en realidad. Es una ficción este Presupuesto.

“Complacientes los diputados porque se les asigna presupuesto a sus estados y sus municipios o a sus distritos, acceden a votarlo, por eso esta votación unánime o casi unánime de 413 votos a favor y 49 votos en contra.

 “… ¿Qué nos permite este Presupuesto? De nueva cuenta, amigos como los que les señalé. Quizás no se ve en las curules finales, pero en esta foto de amigos (mostraba una fotografía desde la tribuna), está César Duarte, una deuda de 42 mil millones de pesos; Rodrigo Medina Mora, 35 mil millones de pesos; Humberto Moreira, 35 mil millones de pesos; Javier Duarte 24 mil millones de pesos, Egidio Torres, 12 mil millones de pesos; Roberto Borge, 12 mil 405 millones de pesos; Jorge Herrera, 11 mil millones de pesos; Guillermo Padres Elías, 11 mil millones de pesos. Eso es lo que permite esta Ley de Presupuesto”.

Turno de Blanca Margarita Cuata Domínguez: “No tenemos procurador ni fiscal anticorrupción ni fiscal electoral. Nunca se había visto un número tan grande de gobernadores capaces de desviar cientos de millones de pesos, de los cuales solo unos cuantos enfrentan procesos y otros se encuentran prófugos. O exsecretarios de Estado ligados a empresas como Odebrecht México, donde Emilio Lozoya goza de total impunidad”.

Claudia Corichi García, de MC: “Propongo reducir en varios millones, más de 211 millones, el gasto de publicidad de la Presidencia y destinar estos valiosos recursos a sectores estratégicos que inciden directamente en el bienestar de las personas.

“En el proyecto de Presupuesto para este año se asignan más de mil millones al Programa de Asesoría, Coordinación, Difusión y Apoyo Técnico de las Actividades del Presidente de la República, cada año ha venido aumentando. El año pasado lo aprobamos por 913 millones de pesos y este año se plantea, en lugar de decir vamos a ser sensibles, vamos a reducir, se plantea un incremento, es decir, mil millones.

“Además, quiero decir que lo grave de esto es que ni siquiera se termina ejerciendo lo que aquí aprobamos. En gastos de publicidad del presidente de la República, para publicitar su imagen, se han gastado, según Fundar, en los últimos 4 años, casi 38 mil millones, lo que equivale diez veces a todo el Presupuesto que se asignará en 2018 nada más a una secretaría, a la de Trabajo y Previsión Social que dicen que tanto les importa.

“De manera concreta propongo redistribuir ese recurso, bajar el recurso de promoción de la Presidencia de la República y redistribuirlo, por una parte, en más de 16 millones al programa Tres por Uno para migrantes, específicamente para su atención en comunidades indígenas a través del Anexo 10, y en acciones de prevención del delito a través del Anexo 19.

“Reasignar también 45 millones de pesos a los productores artesanales y ancestrales de mezcal para que tengan su certificación, convencida de que son de los más lastimados en las zonas rurales de mayor pobreza.

“Cien millones de pesos al Programa Nacional de Becas para atender la educación de los jóvenes de origen mexicano que fueron afectados por Trump por la cancelación del programa DACA en Estados Unidos.

“Treinta millones de pesos para mejorar las condiciones de vida de niñas y niños que viven con sus madres al interior de los centros penitenciarios del país.

“Veinte millones para apoyar los trabajos de la Estrategia Nacional de Lactancia, que está ahí pero no tiene recursos, pues está comprobado científicamente que la lactancia materna da a los niños el comienzo de una vida saludable.

“De aprobarse estas reservas, las diputadas y diputados de todos los partidos estaríamos siendo congruentes. Tenemos que bajar los abusos y los excesos en publicidad, en recursos que se destinan a los funcionarios, no solamente del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, también del Poder Judicial y de los órganos autónomos y destinarlos a lo que realmente importa, a quienes realmente importa”.
(Continuará)
11 Noviembre 2017 04:00:00
Clase política voraz que solo piensa en el año de Hidalgo… 
Trescientas cuarenta y seis reservas al decreto de presupuesto de egresos fueron reservadas para su votación en lo particular. Todas fueron rechazadas por el PRI y PVEM, la mayoría con ayuda del PAN, Mc, Panal y PES.

Una de las argumentaciones más sólidas, irrebatibles, fue la de Ernestina Godoy Ramos, diputada federal de Morena, cuando presentaba reservas a 17 artículos del decreto de presupuesto, todas rechazadas inmediatamente por el PRI y sus cinco aliados.

He aquí: “Es inadmisible el acuerdo del PRI, PAN, rémoras y asociados que destinan solo 2 mil 500 millones de pesos para el Fondo de Reconstrucción. Pero 17 mil millones de pesos para el fondo de los moches del PRI, PAN, PRD.

“Los 2 mil 500 millones para la reconstrucción de Morelos, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Puebla y otras entidades contrasta con los mil 500 millones que este Pacto contra México, ahora recargado, le entrega a Alfredo del Mazo (gobernador del estado de México) para un solo proyecto: Crear un centro de monitoreo. Página 34 de anexos.

“¿En realidad alguno de ustedes piensa que este nuevo fondo, más lo colocado en Fonden y Fopreden, que no rebasa los 26 mil millones de pesos, son suficientes para la reconstrucción de decenas de miles de viviendas, 16 mil escuelas, miles de kilómetros de agua potable y drenaje, atender los edificios patrimoniales, la infraestructura de salud, reactivar la economía y muchos otros rubros más?
“Hemos votado en lo general en contra de este dictamen porque no se pone del lado de las familias que perdieron a sus seres queridos y sus hogares. Porque ignora la tragedia, porque contrario a lo mostrado por la sociedad, este presupuesto muestra un Estado que no es solidario, que mantiene en sus privilegios a la alta burocracia, que deja intacto en desvió de recursos públicos conocido como los moches, porque pretende transformar la reconstrucción en un negocio.

“Esta clase política que hoy respalda el Presupuesto y que se une para repartirse el dinero de los mexicanos ha decidido aislarse de la gente y de sus problemas. Denota una grosera desesperación por aprovechar cada minuto y cada posibilidad del Año de Hidalgo.

“Este Presupuesto mantiene prácticamente intacto el proyecto enviado por el Ejecutivo antes de los sismos. A esta clase política le importa muy poco que tengamos a miles viviendo en las calles o en albergues.

“Hoy tenemos una sociedad movilizada y solidaria frente a gobiernos incapaces de atender la emergencia, proteger a las personas y generar propuestas para reconstruir al país.

“De forma inexplicable mantiene el déficit de recursos destinados a la atención de emergencia por causas de desastres naturales. Las partidas destinadas a la compra de alimentos para la población afectada para renta de aeronaves, lanchas y barcos para auxiliar a la población, recursos de transportes aéreo y equipos de emergencia y voluntarios tienen cero pesos. El gobierno y sus aliados no aprenden al dejar nuestros sistemas de respuesta rápida sin recursos, con ello le están transfiriendo esta responsabilidad a la sociedad.

“Por ello acudo a presentar reservas al dictamen fundadas en los siguientes principios: Destinar más recursos a la reconstrucción, a las familias que resultaron damnificadas y a los equipos de emergencia y menos dinero a los privilegios de la alta burocracia política.

“Cancelemos los 150 millones de pesos para el equipo de transición del presidente electo. Cero pesos para la compra de publicidad gubernamental. Cero pesos para privilegios de seguro de gastos médicos privados. Ningún alto funcionario podrá recibir más retribuciones que las que establece la Ley Reglamentaria del Apartado B del artículo 123.

“Se propone que a partir del 1 de enero de 2018 las nuevas contrataciones para mandos medios y superiores de todos los Poderes y órganos autónomos se reduzcan a la mitad, con lo cual irá disminuyendo la carga salarial de los contratos y dejará, a nosotros, al próximo gobierno, con la posibilidad de disminuir el alto costo de la burocracia en 50 por ciento.

“Proponemos enviar a todos los expresidentes de México al ISSSTE y que dejen de recibir sus pensiones millonarias. Proponemos que aquellas entidades con declaratoria de desastre queden exentas de la aportación de los programas pari passu.

“Garantizar transparencia en el ejercicio del gasto. Mejorar el gasto federalizado. Fortalecer su fiscalización. Eliminar el moche de Hacienda.

Precisar el Fondo de Capitalidad Metropolitano y de apoyo también para las personas con discapacidad. Eliminación del gasto de administración por parte de Hacienda, quien se queda con el 1 por ciento de lo que distribuye a estados y municipios para contratar a sus cuates sin transparencia ni rendición de cuentas. Esto es al menos 265 millones para repartir entre los amigos de Meade.

“Candados para evitar el uso electoral y el lucro con la pobreza, que prohíben la entrega masiva de apoyos como en el estado de México. Que se establezcan leyendas claras para advertir las sanciones.

“Recursos para la operación de una nueva justicia laboral, así como para la Ley General en materia de Desaparición Forzada, sin lo cual de nada servirán reformas tan trascendentes

Cancelación del proyecto de la construcción de la presa El Zapotillo, que en abierto desacato a los resuelto por la Corte se pretenden destinar mil 500 millones de pesos para levantar la cortina e inundar a tres comunidades de Los Altos de Jalisco”.

Las 17 reservas fueron rechazadas por el PRI y sus cinco aliados. Comenzaba apenas esa noche larga y pesada de la aprobación del gasto público 2018. (Continuará)
10 Noviembre 2017 04:00:00
La noche del presupuesto más discrecional y a modo para el Gobierno
La aprobación anoche a matacaballo del presupuesto de egresos de la Federación 2018 fue la demostración fehaciente de que la Cámara de Diputados solo simula su función de contrapeso constitucional. Y que sus sesiones en comisiones son solo eso: Una farsa. Una carcajada.

Desde la víspera el PRI había anunciado que hoy amanecería el país con el presupuesto. Y con la prisa de un ladrón en la madrugada, el PRI urgió a votación a la comisión de presupuesto de tal modo que el dictamen fue aprobado de inmediato. Y cuando se dice que de inmediato es porque así fue: Apenas habían pasado lista, por la mañana, para iniciar el sesionar de la comisión, se pusieron los que allí estaban a votar el dictamen del presupuesto.

Ni siquiera habían llegado todos los integrantes. Los tres del grupo parlamentario Morena llegando se enteraban que ya votaban, en lo general, el dictamen de decreto del presupuesto.

Pri, Pvem, Pan, Prd y MC se habían puesto de acuerdo en que votarían en lo general, para asegurar el dictamen. Y en lo particular lo harían ante el pleno camaral de los 500 legisladores, cuando el decreto llegase para su discusión y votación final.

¿Y qué es en lo particular? Esto se dice así cuando los diputados se reservan artículos para su votación y discusión aparte, en lo particular, al margen de que el conjunto del dictamen haya sido votado en lo general.

Los 346 artículos reservados para su discusión y votación en lo particular –la mayoría, de diputados de Morena y algunos perredistas- fueron una crítica incesante a la discrecionalidad con que el Gobierno federal distribuyó el presupuesto con ayuda del PRI y los tres partidos del Frente (Pan, Prd y Mc).

“Cómo puede explicar el Ejecutivo Federal que el gobierno destine más dinero en publicidad y propaganda que el conjunto del presupuesto para todos los partidos políticos”, dijo en tribuna Vidal Llerenas Morales, diputado federal de Morena.

He aquí los posicionamientos de los grupos parlamentarios, antes de que transcurrieran las reservas en la tribuna de San Lázaro:

José Ferreiro, diputado del Pas: “Hoy debemos abonar a una responsabilidad entre poderes para que exista una mayor estabilidad económica nacional, lo que logramos, aprobamos y discutimos: Un Presupuesto justo para la sociedad”.

Jesús Méndez Salas, del Panal: “Debemos ser responsables en cuanto al manejo de las finanzas públicas, que han sido un pilar de la estabilidad macroeconómica del país. Sabemos que los recursos son limitados. Más del 70 por ciento de los 5.2 billones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 ya están comprometidos”.

Germán Ralis Cumplido, del Mc: “Por tercer año insistimos en la necesidad de instalar controles presupuestales de nueva generación, que vigilen el ejercicio fiscal, prevengan las malas prácticas administrativas, el otorgamiento a conveniencia de contratos y las dudosas licitaciones, inclusive la ineficiente comprobación del gasto público mediante la fiscalización ciudadana, a lo que el sistema con su abrumadora mayoría ha hecho oídos sordos”.

José Arévalo González, del Pvem: “El Presupuesto de Egresos de la Federación es –sin duda alguna– el mayor instrumento de política pública que posee nuestro país. En este el Gobierno de la República establece sus prioridades, mismas que se reflejan en las asignaciones de recursos correspondientes entre los distintos programas presupuestarios.

Vidal Llerenas, del Morena: “Nuestro voto en el Presupuesto será en contra. Este Presupuesto demuestra las políticas del gobierno federal y cómo hay un deterioro en casi todos los rubros. Basta no solamente compararlo con el principio de la administración. “Este es un gobierno que cada vez menos responde a las necesidades de los mexicanos. Y hay una respuesta a eso, la deuda. El costo financiero de la deuda que vamos a pagar este año es de 3 puntos del producto interno bruto, al principio de esta administración era de 2.

Es decir, tenemos un costo de casi 200 mil millones de pesos cada año porque nos endeudamos. Y no nos endeudamos para invertir, nos endeudamos para gasto corriente. Y por eso hoy no podemos invertir ni en salud ni en educación ni en carreteras ni en agua”.

Estefan Garfias, del Prd: “El presupuesto fue modificado para atender la realidad vigente después de los sismos. Para el PRD, como fuerza de oposición y como un partido político con proyecto progresista, nos parece que el Presupuesto de Egresos de la Federación, si bien llega a ser sensato, como siempre, no es el óptimo”.

Alejandra Gutiérrez Campos, del Pan: “Vivimos tiempos difíciles, con amenazas exógenas y con un pobre desempeño gubernamental. Hoy el escenario es sombrío, la economía no cambia, el desarrollo social es precario. Estamos sometidos a un ambiente de inseguridad pública lacerante y a un deterioro creciente de nuestras instituciones públicas, marcadas por la corrupción y la impunidad.

“Aun así, en un ejercicio de responsabilidad, Acción Nacional votará a favor del Presupuesto de Egresos, en sintonía con la participación que hemos tenido siendo propositivos, aportando y permitiendo la aprobación de las grandes reformas estructurales, cuando estas son en beneficio de la sociedad mexicana”.

Y por el PRI, Claudia Anaya Mota: “Este Presupuesto supera muchos billones de pesos, pero principalmente es un presupuesto que atiende los grandes retos que enfrentamos como nación y que mantiene su compromiso con las finanzas sanas.

“Es un presupuesto diseñado para incentivar el crecimiento sostenido del PIB a través de la inversión productiva, pero también es un presupuesto que atiende la vulnerabilidad sectorial manteniendo y fortaleciendo los programas sociales”.

Era el principio. Faltaban las reservas.
09 Noviembre 2017 04:00:00
Enrique Peña Nieto, el PRI y el envilecimiento de los diputados
Cuatro secretarios del gabinete presidencial compareciendo por la tarde-noche al mismo tiempo en San Lázaro mostraron la vileza que ha estado exudando desde que comenzó el sexenio el titular del Ejecutivo Federal y su partido, el PRI.

Los cuatro secretarios son los de Salud, Medio Ambiente, Turismo y Educación. Ese cuarteto ha comparecido ante las comisiones ordinarias respectivas a sus sectores supuestamente para cumplir con el análisis o glosa del quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto.

No se cansa el PRI y este presidente de maledicencia histórica de carcajearse de la Cámara de Diputados; de someterlo; de hacerlo ver como una institución perfectamente inútil y debilitada.

Y el PRI tampoco se cansa de retorcer los procesos legislativos que, por antonomasia, tendrían que ver con la función de contrapeso constitucional que tiene el Congreso. Una función que, en teoría, tendría que estarse cumpliendo de manera singular en la revisión de la administración pública federal expresada en el informe anual presidencial.

Pero no deja de sorprender también cómo el resto de las fuerzas políticas representadas en el Congreso no hacen nada por evitar esta vileza, esta burla para la población.

Sabe la gente que el Pvem es el partido palero del PRI. Una rémora infame y vil. Pero, ¿del PAN y el PRD, que últimamente han echado a caminar la versión de que son independientes, al grado de que han conformado junto con Movimiento Ciudadano –otro partido palero- un frente muy ancho que aspira a poner presidente de la República en 2018?

El formato prevaleciente para la comparecencia de éstos es prácticamente el mismo de siempre: la lectura de un discurso inicial del invitado central; una primera ronda de participaciones de diputados en representación de sus partidos y la respuesta del secretario. Otra segunda ronda en los mismos términos, con otros diputados haciendo la misma representación. Y una tercera ronda en la que agregan una réplica de los diputados: es decir: pregunta el diputado, responde el secretario y regresa a rebatir el diputado.

Todo, en lapsos de tres minutitos para cada participación.

Es un formato para montar la farsa de que están desglosando el informe presidencial. Una simulación.

A este formato infame, ayer el PRI y el jefe de todos ellos, Peña Nieto, añadieron el hecho de amontonar a cuatro secretarios, evidentemente, para pretender atiborrar de datos a los diputados, atragantándolos virtualmente para que no analicen, no desglosen.

De por sí este formato no ayuda en nada a una verdadera revisión y rendición de cuentas, porque quienes comparecen no están verdaderamente obligados a hablar y conducirse contrarios a la mentira, aun cuando al comienzo de cada comparecencia suelen tomarle protesta de decir verdad.

De estos cuatro comparecientes de ayer, sólo a uno de ellos se le incluyó una cuarta ronda: al secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer.

¿A quién pretendían encubrir con ese amontonadero de información para provocar, precisamente lo contrario: desinformación? A Enrique de la Madrid no, por supuesto, quien es acaso de los pocos del gabinete que bien metidos están en su trabajo, dándole buenas cuentas al país.

¿Al de Semarnat, Rafael Pacciano, que no supo cómo contestar cuando le preguntaba qué pasó con el derrame de Grupo México en el Río Sonora, y tampoco cuando se le preguntó sobre el desmadre absoluto contra el medio ambiente y la ecología que están cometiendo los trascabos en Texcoco, en la hechura del aeropuerto internacional de la ciudad de México?

¿Al de Salud, José Narro, a quien la comunidad estudiantil de la UNAM no lo quiere ver ni en pintura, y a quien últimamente, al interior del régimen, lo han hecho volarse con la idea de que podría ser candidato presidencial del PRI, ante la caballada más penca y corriente que nunca antes tuvo el tricolor en sus más de 80 años de empoderado?

No. A ninguno de los tres anteriores. Los enviaron para cubrirle la espalda a Nuño, uno de los íntimos de Peña Nieto, que hoy sigue cobrando como secretario de Educación Pública, y quien ha tenido problemas tras problemas con la oposición.

Verbigracia: Francisco Martínez Neri, del PRD: “El gobierno actual colocó el derecho a una educación pública de calidad como un objetivo fundamental, empeñó gran parte de su capital político en lograr una reforma de gran calado, que finalmente ha resultado insuficiente para enfrentar los rezagos y las contradicciones del sistema educativo nacional.

“(Pero) el 60 por ciento de nuestras escuelas siguen en malas condiciones, son escuelas unitarias, sin agua potable, sanitarios, drenaje, electricidad. Más de 600 mil jóvenes abandonan la educación media superior principalmente por motivos económicos. 30 millones de personas mayores de 15 años no concluyen su educación básica, de los cuales casi 5 millones son analfabetas. En el 6o de primaria la mitad de los estudiantes tienen un logro insuficiente en lenguaje y comunicación y dos tercios en matemáticas. El acceso a los servicios educativos básicos es inalcanzable para la población indígena, para los migrantes y para quienes viven en localidades marginadas”.

Patricia Aceves, de Morena: “Tal como ha sucedido en años anteriores, hasta el pasado mes de septiembre algunos programas presentan un subejercicio muy importante. Políticas de igualdad de género en el sector educativo, el programa de reforma educativa, el programa para el desarrollo profesional docente o el programa para la inclusión y equidad educativa, y el dinero subejercido es transferido a otros programas que de esta forma acumulan escandalosamente miles de millones de pesos”.

Veremos, uno por uno, en los trenes próximos.
08 Noviembre 2017 04:00:00
Coahuila, Veracruz, los Zetas y el presupuesto 2018
En los territorios del Congreso de la Unión, Coahuila arde. La quemazón en que la Universidad de Texas puso al exgobernador Humberto Moreira, y al gobernador Rubén Moreira, fue insultada todavía más, cuando los partidos políticos –especialmente el PAN- se pusieron a opinar sobre lo que han considerado un asunto grave para la nación.

No hubo necesidad de que fuese subido al orden del día de las sesiones ordinarias tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para que el tema irrumpiera y se fuera también abrasando a un PRI que tuvo que echar mano de toda su capacidad en el cinismo para que no quedase achicharrado por el aire caliente que bajó al centro político del país desde territorio texano.

Pero, ¿fue realmente un estudio de la Universidad de Texas? Antes de que ésta se deslindara del documento que ha firmado la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la universidad de marras, el Congreso se puso a bailar al son de lo que se afirmó allí, entre otras cosas que los dos políticos Moreira, así como el exgobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, recibieron cada uno de ellos pagos millonarios por parte del grupo criminal conocido como los Zetas para que éstos pudieran operar libremente en los dos estados.

Ayer, en medio del turbulento comienzo del sesionar de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se cimbraba con la noticia de que Coahuila y Veracruz han estado bajo la égida de los Zetas con el favor de los gobernadores.

De inmediato el grupo parlamentario del PAN en San Lázaro emitió una declaración: Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule definitivamente el triunfo dado por éste mismo al candidato del PRI al gobierno de Coahuila Miguel Riquelme, por la simple y sencilla razón de que el político priísta estaría “presumiblemente vinculado a los Zetas”, luego de que fue un funcionario de altísimo rango durante los gobiernos de los dos hermanos Moreira. Nada menos que el Secretario de Gobierno.

Pero además, por si fuera poco, al Tribunal ya se le demostró que Riquelme rebasó el tope de gastos de campaña, así lo planteaba Marko Cortés, jefe de la bancada panista de la Cámara de Diputados.

En el Senado de la República, este mismo asunto causó revuelo y a la velocidad del escándalo senadores del PAN, PRD y hasta los del PRI, se pronunciaron por que sean investigados los hermanos Moreira y también Fidel Herrera Beltrán.

Los ojos y oídos del Senado aguzaron hacia dos sitios: Coahuila y la Universidad texana. Se escuchaba cómo Rubén Moreira, en su defensa, decía que es una “infamia” el estudio de marras; el gobernador ya señalaba que preguntará a la universidad información sobre el documento. Y la Universidad de Texas ya reaccionaba también, diciendo que se deslinda de la autoría del estudio y, por tanto, que no lo avala. Un estudio en el que se ha asegurado que los Zetas literalmente compraron su impunidad comprando a los tres gobernadores aquellos, así como a múltiples autoridades del nivel municipal en los dos estados.

El de mayor fuelle en la reacción senatorial fue el PAN. Luis Fernando Salazar, dijo: “Exigiremos a la Procuraduría General de la República que haga algo con las declaraciones de los testimonios que señalan que Los Zetas pactaron con los Moreira en Coahuila”.

Y también el senador coordinador de los panistas Fernando Herrera: “Es un secreto a voces cómo los Zetas compraron en Coahuila a los Moreira”.

Luis Sánchez Jiménez, coordinador de la bancada perredista, acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto de “encubrir todo” por antonomasia. Y juraba que esta vez tampoco investigará y no sucederá “absolutamente nada”.

¿Y qué sucedió con el PRI? Lleno de tablas para este tipo de crisis mediáticas, habló en voz de Miguel Romo, quien dijo: “Los senadores del partido Revolucionario Institucional exigimos que las denuncias sean aclaradas y se investigue todo indicio de criminalidad”.

José Yunes, senador priísta de Veracruz, decía lo mismo que su correligionario Romo: “Si se confirma la denuncia, sería muy grave. Debe investigarse”.

El PRI en las dos Cámaras evitó que el tema fuese discutido por los Plenos en sus respectivas sesiones ordinarias, incluso cuando el PAN y PRD empujaron por que el tema barbotara en las tribunas. Llamó la atención que, ayer, los diputados de Morena no se pronunciaran sobre el tema. Al menos la discreción fue la tendencia.


ESTRIBO
Ha comenzado la cuenta regresiva para la autorización del presupuesto de egresos de la federación 2018, a partir de que la Comisión que lo dictaminará, la de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se ha declarado en sesión permanente.

El presidente de la comisión de marras, diputado priísta Jorge Estefan Chidiac, ha expresado su confianza en que el dictamen esté terminado a más tardar en el transcurso o noche de este miércoles 9.

Entonces, el dictamen pasaría de inmediato al Pleno camaral, para su discusión y autorización.

Como se escribió ayer en este espacio, persiste un aceleramiento de la comisión por aprobar cuanto antes el dictamen de presupuesto.

Un dictamen que ya no pasará a la cámara que colegisla, el Senado, porque la autorización del gasto público en México es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, desde los tiempos en que el Congreso mexicano fue unicamaral, de 1861 a 1874.

La aprobación anual del presupuesto ha sido considerada en México el ejercicio de control político más importante del Congreso mexicano.
07 Noviembre 2017 04:00:00
Se perfila un presupuesto para el control social
La Cámara de Diputados se internó ayer en la recta final del presupuesto de egresos de la federación 2018. El día 15 tiene como fecha final para su discusión y votación final por el Pleno de los 500 legisladores.

Aunque los legisladores, en este último trecho legislativo, tienen hasta el miércoles de la semana próxima, ayer en los territorios del PRI presumían que estaría aprobándosele el viernes 10 próximo, o a más tardar el lunes 13. ¿Por qué tanta prisa del PRI y Pvem?

Desde hace cuando menos ocho días, las comisiones ordinarias han estado emitiendo opiniones, para presentarlas a la comisión ordinaria responsable de emitir el dictamen del presupuesto de egresos.

Dichas opiniones, sin embargo, se han topado con un muro interpuesto por el PRI y Pvem, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, responsable de emitir el dictamen del gasto público que deberá, al final, discutir y votar el Pleno camaral.

Las comisiones, en su trabajo opinativo sobre el presupuesto en el área de gobierno que tienen por encargo constitucional fiscalizar, se han estado quejando de reducciones en el presupuesto excesivas y no menos injustas, porque muchas de ellas fueron planteadas por la Secretaría de Hacienda, sin considerar los aspectos social y humano que no debería nunca perder el presupuesto de una nación.

Estos infames y desalmados economistas al servicio del Gobierno federal lo único que han hecho es recortar, tijeretear el proyecto de gasto público 2018 a la más vieja usanza de los economistas que parió el neoliberalismo implantado en México desde los tiempos de Miguel de la Madrid Hurtado.

Este presupuesto cuyo proyecto presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados a través de Hacienda el pasado 8 de septiembre, es acaso uno de los que más exuda crueldad desde que irrumpió en México la época neoliberal impuesta al mundo por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, a principios de los ochenta del siglo que pasó.

Y maldad.

Los economistas al mando de este señor que bien entusiasmado está por convertirse primero en candidato presidencial priísta y luego en presidente de la República, José Antonio Meade Kuribreña, plantearon a los diputados en su proyecto de marras muchos y tremendos bajones de dinero a sectores que por antonomasia tienen mucho que ver con la justicia
social.

Al campo, por ejemplo, le han propuesto los hacendarios peñistas un bajón de dinero por cuando menos 12 mil 500 millones de pesos. A las zonas metropolitanas, de casi 10 mil millones que le fueron presupuestadas en 2017, para el 2018 le plantean ni 3 mil 400 millones.

A programas eminentemente sociales como los concentrados en el ramo 23, los tienen bien bocabajeados, chorreando mole… Y los del ramo 33, la mayoría de estos dedicados a municipios y estados, los están reduciendo como nunca antes lo intentó ni siquiera gobiernos de gran crueldad como el de Felipe Calderón y su antecesor Fox.

En el colmo de la deshonestidad, este mismo gobierno y su grupo de economistas hijos trasnochados de la Thatcher y Reagan, nada han quitado a sectores que nada tienen que ver con las necesidades más esenciales de la población y sí, en cambio, no solo dejaron, sino que incrementaron partidas que tienen que ver con el control político, policiaco y militar de la sociedad.

El tufo dictatorial, fascistoide, del presupuesto huele a kilómetros y se ha extendido a todo el país.

Verbigracia: SOlo a los militares y marinos se les ha concedido cuanto dinero han pedido. Y han pedido mucho, más de 100 mil millones de pesos.

De acuerdo con el proyecto que presentó Peña Nieto el 8 de septiembre, a la Secretaría de la Defensa le plantearon un presupuesto para 2018 por más de 81 mil millones de pesos, 10 mil millones más que en 2017, y casi ocho veces más grande que la partida que propone Peña para el campo.

A la Secretaría de Marina le han propuesto pasar de 26 mil 336 millones a 31 mil 305 millones de pesos. Y a la policía federal y a la Gendarmería, de 58 mil 187 millones de pesos que les destinaron en 2017, le plantean pasarlo a 63 mil 207 millones.

No todas fuerzas políticas que se autodenominan opositoras están en desacuerdo con estos nuevos alcances monetarios para las fuerzas armadas y de seguridad pública. El PAN le hace al tiololo cuando se trata de criticar al Ejército y la Marina. Y decididamente apoya al PRI cuando se trata de cruzar estos trances legislativos.

El PRD hace como que se incomoda, pero tampoco, como el PAN, se avienta a declarar en contra del tamaño del presupuesto para las fuerzas armadas.

El único, por el momento, que hace la labor de contrapeso real es Morena, que a través de sus diputados ha estado insistente en criticar lo desventurado del presupuesto, planteando que se reajuste el presupuesto quitando dinero –que tendrá en demasía- a las fuerzas armadas y al gasto corriente del gobierno federal en la parte correspondiente a los salarios de los burócratas más encumbrados.

El PRI seguramente se carcajea. El Pvem también. Al PAN nunca le ha agradado seguir a la izquierda cuando esta pide bajar sueldos y salarios, porque con qué cara lo haría si ahora que estuvo en la presidencia de la República, con Fox y Calderón, si donde más retorció el presupuesto fue precisamente en esas esquinas del gasto, que permitieron tener a los panistas de la élite dinero y negocios a raudales.

Veremos cómo avanzan estos días.
04 Noviembre 2017 04:00:00
La gran tragedia de Pemex: sí, nuevos yacimientos; pero deberá compartirlos
Este viernes 3, en Tula, Hidalgo, Enrique Peña Nieto reveló que Petróleos Mexicanos descubrió en Cosamaloapan, Veracruz, la más grande reserva de petróleo en zona continental en los últimos 15 años. Almacenaría, según el presidente de la República, unos 350 millones de barriles de petróleo.

El anuncio se circunscribe en el marco de festinaciones que, el lunes pasado, comenzó Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, durante su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Uno de los motivos que, al parecer, tenía feliz a Coldwell era el hecho de que Pemex “ha hecho tres alianzas estratégicas en campos que le fueron asignados en la Ronda Cero”.

Tanto el anuncio de Peña como la revelación de Coldwell de las tres alianzas, arrojan una pregunta: ¿Ese inmenso yacimiento de Cosamaloapan lo va a explotar únicamente Pemex, como antaño, o lo va a tener que compartir de acuerdo con los caminos que le trazó la reforma energética, y con cuál o cuáles compañías trasnacionales?
De esto último, nada dijo Enrique Peña Nieto ayer, en Tula. Y tampoco Pedro Joaquín el pasado lunes, quien se reservó sin duda esta información, para solo decir que Pemex ahora trabajará con compañías de lo que dio en llamar “tres alianzas estratégicas”.  

Lo siguiente, Leonardo Amador Rodríguez, diputado del PRD y el secretario de Energía:
Leonardo Amador Rodríguez: “Las principales potencias mundiales lo saben: China, la Unión Europea, Estados Unidos, cuentan con empresas productivas y competitivas como Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, PetroChina, Chevron, Total S.A., BP, Schlumberger, China Petroleum y Chemical..., son determinantes en sus países, y lo son porque acompañan las expectativas y planes de futuro de los ciudadanos de cada país; es decir, existe una planeación y un modelo que tiende a mejorar las condiciones de vida.

“En nuestro país, desafortunadamente esto no ha funcionado, ya que ha sido utilizado en un modelo fracasado, y la reforma implementada en el marco del pacto de México no transformó el modelo económico para aprovechar el sector energético, ya que a pesar del cambio seguimos igual.

“Los resultados a unos años de la modificación constitucional son la disminución de más del 20 por ciento de la producción del petróleo. En México en el 2013 producíamos 2.5 millones de barriles diarios, hoy producimos menos de 2 millones de barriles
“No olvidemos que cerca del 60 por ciento de la gasolina utilizada en México y poco más del 30 por ciento del gas son importados, la reforma energética consintió la participación de los privados, pero hoy no vemos todavía los resultados.

“Ahora nos piden más tiempo para ver los frutos de dicha reforma, pero así nos afirmaron hace más de dos décadas en otros temas, como el sistema financiero y la deuda, y vemos con tristeza que esta última sigue creciendo.

“De acuerdo a información que usted nos ha platicado, se han comprometido cerca de 61 mil millones de dólares para exploración y extracción del petróleo y cerca de 12 mil millones de dólares en gasoducto, además de casi 7 mil millones de dólares para generar energías limpias.

“¿De qué servirá dicha inversión, comprometer y compartir la renta del sector, si no se acompaña de modificaciones al modelo fiscal que tienen las empresas productivas del Estado y de esta manera hacerlas competitivas?
Respondió Pedro Joaquín Coldwell: “La reforma energética transformó la naturaleza jurídica de las empresas productivas del Estado, dejaron de ser organismos públicos descentralizados para hacerse empresas con consejos de administración profesionalizados, con consejeros independientes, que le han dado otra dinámica a la discusión y a la dirección de ambas empresas.

“La reforma apoya a Pemex. Me permito enumerarle algunos de los apoyos importantes que le da a Pemex. Primero: Le quitó la camisa de fuerza que le había impuesto el viejo modelo. Pemex no podía asociarse.

“La única petrolera del mundo que no podía asociarse, como es la práctica más extendida en el mercado internacional de crudo, es PEMEX. Ahora lo puede hacer (sic), y ya lo está haciendo con muy buenos resultados (resic).

“Por otra parte, le permite a Pemex el régimen fiscal, al cual usted se refirió. Si migra de asignaciones a contratos, puede migrar sus IEPS y sus COPS, que se otorgaron con base en la ley de 2008, los puede migrar y obtener un nuevo régimen fiscal.

“Puede hacer migraciones también sin socio de las áreas que le ha asignado el Estado, más los farmouts, que Pemex puede hacer, y lo va a hacer, un programa más agresivo. Y eso le permite cambiar a un régimen fiscal mucho más accesible, pero hay otras mejoras importantes que le da la reforma a Petróleos Mexicanos.

“Pemex ahora puede reconocer, gracias al nuevo mercado de gasolinas y a la política de flexibilización, los costos logísticos regionales en los precios de las gasolinas. Antes se los comía Pemex y eran pérdidas cuantiosas. Una parte de las pérdidas que vienen de las refinerías eran por eso, ahora Pemex está reconociendo esos costos, pero la mayor ayuda que le dio el gobierno a Pemex, está en el tema de la negociación de los pasivos laborales.

“Hoy ya hubo una gran contribución de los trabajadores de Pemex, del Sindicato Petrolero, mediante la fórmula que estableció la reforma, de que por cada peso que se renegociara de pasivo laboral, el Estado daba otro y los trabajadores aportaron de esa manera cerca de 186 mil millones de pesos, y el gobierno federal aportó otros 186 mil millones de pesos”.
03 Noviembre 2017 04:00:00
A usted, Pedro Joaquín, se le recordará como el otro gran traidor
El PRD fue uno de los partidos políticos que firmaron el Pacto por México, lo que derivó en que el gobierno de Enrique Peña Nieto lograse en el Congreso reformas como la educativa, la de telecomunicaciones, la fiscal y, la de consecuencias más agravadas, la de reforma energética.

Ellos, los perredistas, siempre rechazaron que hubieran negociado su voto por la reforma que condujo al regreso de las petroleras trasnacionales. En los hechos, firmar el Pacto por México, significó la construcción de una reforma que aunque fue votada por ellos en lo negativo, terminó siendo aprobada.

Durante la comparecencia el pasado lunes de Pedro Joaquín Coldwell, el PRD –al menos en el discurso- volvió a oponerse. He aquí, en voz de Julio Saldaña Morán, diputado federal perredista: “Como todos sabemos, esta administración ha gastado más tiempo defendiendo la reforma energética que implementándola.

“Se nos dijo que tendríamos mejores precios en cuanto al gas, en cuanto a la electricidad y gasolina. Al día de hoy, mexicanos, esto es mentira, no hay resultados.

“El gobierno federal junto con la Secretaría que usted representa se empeñó adelantar la liberación de las gasolinas sin detenerse a pensar en las graves consecuencias.

“¿Por qué decidieron adelantar la liberación de los precios de los combustibles cuando era evidente que no estaban ni están dadas las condiciones?

“¿Por qué Pemex sigue haciéndose cargo de la importación, almacenamiento y distribución de los combustibles, cuando ya existen 600 permisos para la importación?

“Si bien Pemex Logística está trabajando a marchas forzadas para distribuir combustibles, ¿sabe usted que el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2018 considera no asignar presupuesto a mantenimiento de esta filial?

“Sobre este mismo tema, la Comisión Reguladora de Energía ha intentado imponer una directriz para que cualquier operador privado pueda exigirle a Petróleos Mexicanos entrar a su infraestructura sin licitación alguna. Esto como una medida desesperada para que los privados se animen a invertir en este nuevo negocio.

“Secretario, ¿cuál es su opinión al respecto? Recuerdo en esa licitación el pozo Zama 1, la vez pasada se lo planteé al director de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía que usted representa no dejó participar a Pemex.

“Espero que me conteste. No me haga o me diga lo del año pasado, que me dice mucho y no me dijo nada. Ni siquiera me contestó las preguntas que le dejé por escrito. Le pido que les tenga respeto a los mexicanos porque hoy, por lo que veo, ni siquiera todos los diputados del PRI vinieron aquí. Será por pena o por algo parecido. Yo le pido de veras, con todo respeto, contésteme las cuatro preguntas de manera puntual”.

Pujaba Pedro Joaquín Coldwell; pero contestó: “Señor diputado, quien le dijo que la Secretaría de Energía le impidió a Pemex participar en la licitación 1-1 o 1-2 le mintió. No le dijo la verdad. La Secretaría de Energía, si algo ha hecho, es alentar a que Pemex haga alianzas, que compita y participe en esas licitaciones.

“La decisión de no participar en la 1-1 fue una decisión que tomó la administración de Petróleos Mexicanos y que la Secretaría de Energía respetó… Pero nos ha dado mucho gusto ver que Pemex se ha asociado con otras empresas y participamos del gusto de los ingenieros de PEP cuando vimos que ganó un bloque de aguas profundas, asociado con Inpex y con Chevron. Que ha sido capaz de asociarse con empresas alemanas o con empresas egipcias o con empresas de otras nacionalidades también y vemos a un Pemex ya, en este sentido, más competitivo.

“Sobre el tema de la importación de gasolinas, el director de Pemex les dijo la verdad, pero él compareció hace 15 días aquí y la construcción del mercado de gasolinas va muy rápido, en los que estos últimos 15 días ya hubo 3 empresas que estuvieron realizando importaciones.

“Y sobre el tema de permisos, hemos otorgado 236 permisos a 198 empresas. De estas, 18 han hecho importaciones para autoconsumo, son los que me refería de ferrocarrileras, mineras, industria automotriz que utiliza su propia gasolina para las pruebas de los vehículos.

Y la réplica del perredista Julio Saldaña: “Ahora resulta que ustedes festejan que Pemex pueda ganar un contrato, cuando tenía todo.

“Tal parece que su mensaje de usted es como de Santa Claus, regalando el patrimonio de los mexicanos, dándole las facilidades a las empresas privadas. Abriéndole las puertas y que vengan. En esa parte, pues sí, es una bolsa, la bolsa de los mexicanos, la bolsa de Santa Claus regalando el patrimonio de los mexicanos…

“Han hecho bien en cuidarle los intereses a los privados, son los que más se han beneficiado con el negocio del suministro de combustibles, entre otras cosas. Viven con la mentira de que entre más privados inviertan en este país mejor nos irá. Nos apuestan por la reactivación del mercado interno, no hay responsabilidad con los ciudadanos, dónde están las exigencias para que los privados colaboren en la transición energética y preservación del medio ambiente.

“… Usted va a ser recordado como el que vendió las empresas productivas del Estado y acabó con los trabajadores. El tiempo va a ser el mejor testigo de mis palabras aquí vertidas. Hay mucho por hacer, pero lo que ya está hecho, miren nada más lo que lleva Santa Claus. Estamos regalando el patrimonio de los mexicanos. Estamos regalando a Pemex, por tantos años que mantuvo a este país”.

Pues sí, no había priístas que le salieran al quite.
02 Noviembre 2017 04:00:00
Sin pudor, Peña y Coldwell preparan las refinerías para, también, dárselas a EU
El lunes reciente, 30 de octubre, Pedro Joaquín Coldwell dijo a la Cámara de Diputados que, con la reforma energética, el sector energético de México tuvo un cambio de paradigma y los resultados han sido “muy positivos y excepcionales”. Y, muy orondo, dijo: “Hemos asignado 72 nuevos contratos. Es decir, de 97 áreas que ofertamos en estas licitaciones, en estas siete licitaciones, hemos adjudicado el 74 por ciento. Es el promedio de adjudicación más alto del continente americano, de entre países petroleros, y uno de los más altos que se ha dado en todo el orbe”.

La siguiente, es una de las conversaciones más candentes que el secretario de Energía tuvo con una oradora, Rocío Nahle García, diputada federal de Morena. He aquí:

Rocío Nahle García: “La diputada Sharon ha dicho que Petróleos Mexicanos no se ha privatizado. Claro que se ha privatizado, ahora le llaman democratización. Aquí traigo el acuerdo del 27 de abril de 2017, el acuerdo del Consejo de Administración de Pemex, que son acuerdos que van del CA-044 al CA-054, donde hay puras enajenaciones de bienes de Pemex y muchos de ellos están reservados como confidencial, la gran mayoría, porque ya se privatizaron y ya se entregaron. Ahora le llaman democratización, pero aquí está. El secretario (Pedro Joaquín) es miembro y presidente del Consejo de Administración.

“Y también habló, me llamó la atención, de alianzas estratégicas de las reconfiguraciones de las refinerías, de las que faltan. ¿Con quién? En las tres reconfiguraciones que pasaron en Tula estuvo Odebrecht. Esta empresa, que también estuvo en Etileno XXI, que le entregamos el etano y que tiene un rosario de quejas de corrupción, que es el mal que nos afecta en todo México y sobre todo en el sector energético.

“… Ojalá que pueda ir a Coatzacoalcos a ver los complejos petroquímicos, están chatarrizados, porque se piensa hacer lo mismo con esta refinería que usted nos está diciendo de alianzas estratégicas, la práctica fallida que se hizo en Pajaritos, entregárselo a Mexichem en ese caso, así a otras para decir que nos ayuden. Dejan los fierros, cobran seguros y se los llevan y no pasa nada”.

Respondió Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía: “Difiero de su punto de vista de satanizar la inversión privada en energía. Creo que es un error pretender regresar a un modelo energético que el país afortunadamente ya superó, que pretendía que solo el Estado mexicano podía realizar las inversiones en la cadena de valor de hidrocarburos, por una razón muy simple. Este modelo es inoperante porque el gasto público y la capacidad de endeudamiento de un país no son infinitas.

“La inversión pública tiene que complementarse y en muchos casos ampliarse con la inversión privada. Hoy en día ese debate de si debe haber solo inversión pública y no debe haber inversión privada no se está dando en ningún foro de energía del mundo. Es absolutamente anacrónico. Gran parte de los problemas que tenemos en nuestro país es por pretender que el Estado lo hiciera todo, lo hiciera solo y a donde el Estado no podía llegar, ninguna otra empresa podía hacerlo.

“¿Qué han hecho los países exitosos en materia de energía? Abrir espacios a inversión privada para que coexista con las empresas públicas, y no hablo de países que están en el capitalismo salvaje, hablo de socialdemocracias, tan inmaduras como las nórdicas, por ejemplo.

“En consecuencia, abren a la inversión privada, transparentan sus empresas públicas y las ajustan a la política energética que fija el Estado y a los órganos reguladores que tiene el Estado, que ejercen las funciones para que estas empresas cumplan esa normatividad en beneficio del país.

“Respeto su punto de vista, pero creo que este es el modelo que mejor le conviene a México.

Respecto a sus juicios de valor sobre el licenciado Lozoya, quisiera decirle, soy abogado y abogado constitucionalista y, en consecuencia, no puedo declarar culpable a nadie antes de ser oído y vencido en un juicio, bajo los principios del Estado de derecho”.

Y el revire de Nahle: “No satanizamos, al contrario, Pemex por 70 años fue promotor de la inversión de la iniciativa privada y usted debería visitar dónde se instalaba una refinería o un complejo y llegaba Celanese, llegaba Resistol, llegaba Cipsa Bayer, llegaban empresas extranjeras y Pemex era promotor, proveedor y abastecedor y ahí había un crecimiento y un equilibrio entre el Estado y los privados, y eso, eso es exitoso.

“¿Y las refinerías? Ustedes dijeron en la reforma energética que iban a llevar, allegar privados a hacer refinerías, y hoy dice que los refineros quieren venir a hacer alianzas sobre las refinerías que ya tenemos, y eso para nosotros sí es importantísimo, la seguridad nacional y seguridad energética, y esa se comparte con todo el exterior. Naturalmente que las empresas petroleras de todo el mundo así lo trabajan, nosotros no tenemos por qué hacer menos.

“Basta ver un ejemplo en Estados Unidos, cuando Estados Unidos quiso vender su refinería más grande que tenía en California y llegaron los chinos a compararla y Estados Unidos dijo, por nada del mundo, no se los vendo a ellos. Y los chinos con el dinero en la mano y con toda la mejor oferta y no la vendió, porque eso se llama seguridad energética.

“Estados Unidos está presionando para que se abra ese sector (refinerías), es porque ya van por la última gota, y como una política estratégica nosotros no debemos de ir a entregar todo lo que tenemos”.
01 Noviembre 2017 04:00:00
“Peña Nieto es un inmoral, un delincuente, al que le vale madre las instituciones”
Con una jugarreta del PAN y PRD a contrapelo de lo que tanto defendían y exigían, el PRI y Pvem consiguieron ayer retorcer de tal modo al Senado de la República que se hizo humo la objeción que el PAN, PRD y Pt-Morena estuvieron pregonando durante días, sobre la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fepade.

Ahora, de pronto, el PRI volvía a tomar el control absoluto del PAN y PRD, y han dejado estos dos partidos políticos chiflando en la loma al Pt-Morena, que anoche todavía exigía la objeción de marras, para que el procurador interino Alberto Elías se presente ante la Comisión de Justicia senatorial y explique los motivos por los cuales destituyó a
Santiago Nieto.

Ernesto Cordero, quien desde su condición de presidente de la mesa directiva ha jugado un papel de simulador, a tono con los intereses del PRI, ayer declaró como sobándole el lomo a quienes creían que iba a ser posible, con la objeción de marras, por primera vez en muchos años hacer que el Senado se erigiera en contrapeso constitucional del Ejecutivo Federal: Citó el calderonista a sesión hasta el próximo martes 7; pero –he aquí la sobada de lomo- pidió a los senadores estar atentos por si de aquí al viernes 3 los partidos negocian para presentarse a continuar el proceso de objeción.

Emilio Gamboa Patrón no se carcajeó porque no quiso; pero dejó claro que con la cita hasta el martes 7, se daba por muerto el asunto de la objeción.

En la sesión del lunes 30, anteayer, Layda Sansores, senadora del Pt-Morena, dijo sobre el tema de la Fepade:

“En primer lugar, mucho debate, pero aquí estamos frente a un acto de un Peña cínico y autoritario en su versión extrema.

“El procedimiento es un mecanismo de control parlamentario de derecho público, qué bueno que lo están aceptando, no es un procedimiento de derecho privado.

Y, claro, está bien que discutamos más ampliamente porque claro que hay materia.

 “Peña ha sido una y otra vez un transgresor de la moral, que esto es indispensable en el ejercicio de la política.

“Queda claro, Peña es un inmoral, y aquí también volvió a ratificar que es un delincuente. Lo mismo miente, que hace trampa, que usa dinero ilegal para sus campañas políticas, que protege a gobernadores ladrones, que acepta sobornos, ahí está el meollo, está envuelto en escándalos de corrupción.

“Y aquí lo que pasó con la remoción del Fiscal de la FEPADE, que más que una acción jurídica es un acto de barbarie política, es que el señor Peña Nieto traga miedo y
vomita rabia.

“Hizo el berrinche y ni siquiera se dio el tiempo para guardar la gallardía y la simulación que acostumbran los priístas, a hacer como que le siguen un proceso. No dio tiempo a nada y violaron el debido proceso, pero entonces se persignan, y los señores con toda, aquí senadores de Verde y PRI, ilegal porque violó el debido proceso de Lozoya.

“Por favor, ¿y qué hizo el que se dice hoy procurador? Pues también violó el debido proceso de Santiago Nieto, lo que decía el compañero Héctor hace un momento.

“Sí, la remoción es libre, pero eso no le da la libertad para violar sus garantías.

“Entonces si nosotros además echáramos a la calle a todos los ministerios públicos que violan el debido proceso, pues creo que estarían llenas, y las procuradurías vacías.

Creo que aquí lo importante es que se investigue, que se convoque al procurador (interino), a Santiago Nieto, y que se investigue.

“Y va contra la lógica que cuando tiene a todo el Senado, a toda la oposición, digna de su parte, porque era evidente, era ilógico que se le destituyera por un hecho pueril, donde no se daban fundamentos, todo está en un marco ilógico.

“Y entonces, claro que tiene uno sospecha, pero además evidencias públicas porque ahí anda hablando su presidente del PRI, y hay amenazas, que qué tan hondas deben ser, pues hay que investigarlo.

“… Yo no soy Ministerio Público, quienes deben de presentar las pruebas que el señor no ha sido amenazado, como acostumbra este gobierno y nuestro sistema de justicia, de sacar bajo tortura o bajo presión una aceptación de culpabilidad, que ellos lo investiguen, ellos son quienes nos tienen que demostrar que están bajo el marco de la ley.

“Yo solo quiero aquí terminar para decirles que a Peña le vale madre las instituciones, llegó al tope.

“Ya qué le importa su popularidad, lo que le importa es estar aferrado al poder porque siente que le está llegando el agua a los aparejos y se ve cercado.

“Aquí Peña Nieto dejó muy claro que la PGR nunca podrá ser, bajo un régimen presidencialista y autoritario, no puede ser autónoma, ni independiente, y menos si no derogamos el artículo 89 y su fracción VI, que yo no entiendo cómo este Senado, en esta Legislatura nosotros aprobamos que sea el Ejecutivo el que ponga y el que pueda quitar al Procurador de Justicia, esto, cuándo vamos a tener autonomía, se vuelven sus empleados más serviles, y hoy lo estamos viviendo.

“Y ya nada más, aquí queda Peña; ha convertido la PGR en su madriguera para protegerse él y a sus secuaces, a las ratas que lo acompañan y que han infestado la vida de este país; necesitamos verdaderamente una fiscalía que sirva, hoy más que nunca se hace vigente la demanda ciudadana”.
31 Octubre 2017 04:00:00
Sí; se desistió Nieto; pero el Senado no y va contra Odebrecht
Santiago Nieto Castillo puso ayer otra vez de pestañas al Senado de la República cuando un secretario de la Mesa Directiva leyó el oficio-carta del ex fiscal de la Fepade, en el que hacía pública su determinación de retirar su objeción sobre la remoción de que había sido objeto, por parte del procurador interino de la República Alberto Elías Beltrán.

Más de veinte oradores. He aquí partes medulares de los más argumentativos:
Alejandro encinas Rodríguez: “Estábamos en un escenario donde por primera vez el Senado iba a ejercer plenamente su facultad de fiscalización y contrapeso a los actos realizados por el Ejecutivo con la posibilidad de revertir esta remoción, la cual ahora cambia, en su escenario jurídico, toda vez que hay un desistimiento.

“Sin embargo, el problema de fondo subsiste, y el problema de fondo es la investigación que está llevando el Gobierno brasileño respecto a los actos de corrupción y soborno que la empresa multinacional Odebrecht ha realizado en 11 países de América Latina, incluido nuestro país, donde las líneas de investigación señalan a diversos funcionarios de haber recibido sobornos que fueron destinados a financiar las campañas electorales del PRI”.

Fernando Mayans Canabal, del Pt-Morena: “Odebrecht es igual a corrupción, hay que ver dónde está o qué dice el señor Emilio Lozoya también, que es el único que lo han señalado por supuesto de estar involucrado ahí, lo único que queremos los mexicanos, y hablo en nombre de mi pueblo, es que dónde están los 10.5 millones de dólares que el señor Odebrecht, preso en el Brasil, le dio a México, dónde está ese moche de 10.5 millones de dólares, a qué campaña fue, qué partido y qué políticos participan, qué empresarios, dónde quedó el dinero”.

Angélica de la Peña Gómez, del PRD: “El tsunami  de Odebrecht por fin nos alcanzó a México, después de casi dos años por fin llega a México. De tal manera que, insisto, éste es un asunto de trascendencia también internacional”.

Manuel Bartlett Díaz, del Pt-Morena: “Nosotros somos un órgano constitucional de control, y por eso necesitamos que el proceso continúe y se acabe. No es posible que nos quedemos callados porque tenemos una obligación constitucional”.

“Vamos a discutirla ahí en la comisión, pero no es posible dar por terminado este proceso, tenemos que hacer honor al mandato constitucional, y no vengan con: ‘Vamos ya a convocar rápidamente’, ‘vamos a convocar porque faltan tres fiscales. Para empezar no tiene procurador, no tiene ninguno de los procuradores especializados, no”.

“Pero si permitimos que pasemos a esa etapa ¿entonces esta ya se acabó? ¿Entonces el Ejecutivo puede hacer lo que se le dé la gana con los fiscales? ¿Pueden amenazarlos? ¿Pueden obligarlos? ¿Pueden hacer lo que están haciendo con Santiago Nieto? No es posible, ni aceptable. De manera que el proceso debe continuar, a eso nos invitaron a la Jucopo, no podemos ya dar por terminado un proceso constitucional”.

Miguel Barbosa Huerta, del PT-Morena: “Se trata de un procedimiento constitucional, de control parlamentario, en donde si bien, ya no tendrá el efecto de la restitución, porque el posible restituido ya se desistió de serlo.

Sí hay que analizar los parámetros democráticos de esta decisión administrativa del encargado de la PGR, hablo de fundamentación, motivación, racionalidad, proporcionalidad, debido proceso, transparencia y rendición de cuentas.

“Hay que continuar el procedimiento de objeción que incluye, inclusive la presencia, la comparecencia de Santiago Nieto Castillo.

“Se trata de eso, desde luego, la comparecencia del subprocurador y no fuera del procedimiento, no en una comisión fuera del procedimiento, no. No vayamos a confundirnos. Yo espero que PAN, PRD, PT-Morena, continuemos en esa posición y no caigamos más tarde en una votación en la que aceptemos que ya se quedó sin materia el procedimiento de objeción”.

Fernando Herrera, del PAN: “Mal inició el proceso electoral, con una decisión que luce con por los elementos aportados como arbitraria, torpe, sin fundamento y sin mayor justificación que la molestia de la autoridad gubernamental.

 “Hace algunos días, el Fiscal Nieto, hizo llegar al Senado de la República, una carta donde desiste, argumentando, entre otras cosas que no existen condiciones para que un fiscal que debe ser garante de la convivencia entre todas las expresiones políticas, pueda desarrollar su trabajo.

 “El artículo 18 constitucional, transitorio, define de una manera muy clara los tiempos, los momentos  que tenemos para hacer uso de este instrumento. Y ahí coincidimos el PRD y el PAN, e invitamos al PT, a continuar esta lucha, para darle certeza a esta decisión que se ha tomado”.

“Tenemos que definir cuál es el proceso que sigue en los próximos días.

Esperemos exista apertura del partido en el gobierno, porque no se trata de dar carpetazo, sino dar seguridad  al último tramo de discusión sobre este lamentable acontecimiento que se ha presentado.

El PRI de Emilio Gamboa Patrón no quiso despeinarse y nadie de ellos subió a tribuna. Habló por ellos el tan labioso como abyecto Carlos Alberto Puente Salas, del Pvem: “Venimos a la correcta defensa de una institución, y si verdaderamente nos preocupan las instituciones en nuestro país, debemos de velar por ellas, y si alguien estaba violentando el actuar, desde una posición de poder, y lo dejo en supuesto, haciendo valer ese principio de presunción de inocencia al cual tiene derecho el doctor Nieto.

“¿Qué iba a hacer la autoridad competente y además con facultades, pero con responsabilidad para removerlo? ¿Hacerse de la vista gorda? ¿Caer en la impunidad? De ninguna manera podríamos permitir eso”…

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