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Vicente Bello
Vicente Bello
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26 Septiembre 2017 04:00:00
Los partidos políticos han montado a la tragedia en el fuste electoral
Una necesidad obsesiva por auparse sobre la tragedia, buscando evidentemente rentabilidad político-electoral, barbotó ayer del fondo de las conciencias de los partidos políticos durante la sesión del Senado de la República y se pusieron a golpearse entre sí para demostrar a la gente que unos dan más que otros.

El PRI irrumpió con dos propuestas: Acabar –una vieja aspiración, propia de los gobiernos autoritarios- con todos los legisladores plurinominales del país (200 diputados federales, 64 senadores y 438 diputados locales) y acabar también con el financiamiento público de los partidos políticos a partir de 2018.

Después del terremoto, Andrés Manuel López Obrador propuso dar 20 por ciento de los recursos de Morena para ayudar a las víctimas del movimiento telúrico. El PRI en voz de Enrique Ochoa Reza le tomó la palabra:

Que 25 por ciento daría el PRI, de su partida de 2017; reviró el tabasqueño: mejor 50 por ciento. En tanto, el frente ancho conformado por el PAN, PRD y MC plantearon que 100 por ciento.

Y ayer, lunes 25, el PRI les tiró a todos a la yugular: 100 por ciento de su partida de 2017 y retiro definitivo a partir de 2018 del financiamiento público de los partidos políticos.
He aquí los tres posicionamientos más representativos: Los del PRI, PAN-PRD-MC y del PT-Morena:

El senador priísta Emilio Gamboa Patrón dijo ayer en la tribuna: “Atendiendo una demanda social generalizada de que los recursos públicos que se entreguen a los partidos políticos sean dirigidos a todas esas familias para que recuperen sus hogares y regresen a la normalidad que han perdido de sus vidas cotidianas, hemos acordado que el día de hoy la dirigencia de nuestro partido solicitará formalmente al Instituto Nacional Electoral la renuncia al ejercicio del 100 por ciento de los recursos que corresponden para lo que resta del 2017, esto es un total de 258 millones de pesos que no va a recibir el Partido, sean ellos devueltos a la Tesorería de la Federación, para que dé forma inmediata y se destinen a las acciones de reconstrucción”.

Emilio Gamboa continuó: “El PRI tiene claro su papel en estos momentos, por ello con altura de miras y velando por generar una mayor cantidad de recursos que se destinen a la población afectada, vamos a presentar iniciativas de reformas constitucionales, lo va a hacer el día de mañana a nombre del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de los Diputados el coordinador César Camacho, para eliminar todo financiamiento público a los partidos políticos”.

El PAN habló en voz del senador Fernando Herrera Ávila: “Todos podemos ayudar sin protagonismos,  sin personalismos, es el momento de ponernos de acuerdo para suprimir el financiamiento público a todos los partidos políticos, el frente Ciudadano por México, los panistas y miles de ciudadanos, expresiones diversas, ha plantado suprimir al 100 por ciento el subsidio  a los partidos políticos y al mismo tiempo poner en marcha un plan de austeridad del sector público.

“Las demandas son sencillas, eliminar todos los seguros de gastos médicos de los altos funcionarios;  si los altos funcionarios quieren ir a un hospital privado, que lo paguen con su dinero, no con el de la gente.

“Eliminar viáticos, gasolinas, de todos los altos funcionarios y, sobre todo, eliminar los gastos de publicidad gubernamental, desde luego, preservando los relativos a Salud, Turismo, Protección Civil y Educación”.

Y el senador del PT Manuel Bartlett Díaz: “Que se detenga la construcción del nuevo aeropuerto que implica un gasto de 200 mil millones, y como alternativa se construyan dos pistas nada más en el Aeropuerto Militar de Santa Lucía, cuyo presupuesto estudiado solo ascendería a 60 mil millones, lo cual permitiría dos cosas: Resolver el problema de la saturación del aeropuerto actual y destinar los 140 mil millones de pesos que se ahorren al Programa de la Reconstrucción y Apoyo de Damnificados.

“Que se reduzcan a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos de los tres poderes, y en la misma proporción los gastos del INE y del Trife; nosotros ya lo hemos hecho.

“Que se elimine el financiamiento público de los partidos políticos; los gastos de publicidad del gobierno son miles de millones de pesos, los gastos de publicidad del gobierno, ya lo propuso aquí otro compañero, pero no tiene que tomar mucho tiempo, ¿eh? También mañana se puede decir, mañana, miles de millones a los medios de comunicación.

“Que se eliminen las pensiones de los ex presidentes.

“Que se eliminen los gastos médicos privados y la caja de ahorro de los altos funcionarios; que se venda el avión presidencial.

“Esto sería también inmediato, no necesitamos esperar el que llegue el presupuesto y tengamos que lidiar con toda clase de fondos y maniobras.

“Que se eliminen otras partidas no necesarias o superfluas hasta que se liberen recursos de cuando menos 160 mil millones de pesos más, tenemos el estudio, 160 mil millones de pesos más, los cuales, aunados a los 140 mil millones del aeropuerto, implicarían nada más esto, disponer de 300 mil millones para el Plan de Reconstrucción y Apoyo a Damnificados, apoyo a quienes no pueden, a quienes están en pobreza, a quienes no tienen empleo, a quienes no tienen recursos para volver a tener lo que perdieron en unos solos minutos.

“Con esto podemos empezar de inmediato, la gente no puede esperar, está en las calles, de inmediato, 300 mil millones de pesos se pueden disponer ya”.

Los partidos subieron a la tragedia en el fuste electoral.
23 Septiembre 2017 04:00:00
El grave peligro del financiamiento privado a partidos políticos
El que comenzó fue Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo que el partido que dirige, Morena, donaría el 20 por ciento del financiamiento anual para quienes fueron afectados por los sismos del 19 y 7 de septiembre en México. Con su propuesta, el tabasqueño acaso no supo, o no reflexionó, que en realidad estaba abriendo el costal de los vientos alisios.

Cosa de uno o dos días, y se aupó el PRI sobre la propuesta, cuando en voz de su presidente, Enrique Ochoa Reza, dijo que donará el 25 por ciento del presupuesto que le toca este año, de 258 millones de pesos.

López Obrador dio un paso más y se fue sobre un listón más alto: Prometió que donará no el 20, sino el 50 por ciento.

Y por fin rompían el silencio los otros partidos políticos: Movimiento Ciudadano, cuyo dirigente máximo es Dante Delgado Rannauro, planteó no el 20, no el 25, no el 50… Propuso que los partidos políticos entreguen, para esta causa, el 100 por ciento de su financiamiento.

En un comunicado, ese partido reforzó así lo que había dicho por la mañana su dirigente: “Los integrantes del Frente Ciudadano Por México expresamos nuestra solidaridad a todas las personas y familias que han sido afectadas por los sismos de los últimos días. Hemos escuchado a los ciudadanos y tienen toda la razón: El dinero de los partidos políticos debe irse al 100 por ciento para ayudar a las personas afectadas”.

Incluso, añadió: “Hacemos hoy un planteamiento de fondo, serio, sin simulaciones y de largo alcance. Proponemos el procesamiento inmediato de esta iniciativa de ley para eliminar al 100 por ciento el financiamiento público a todos los partidos políticos.

“El dinero no debe provenir de los impuestos que paga la gente. Debe provenir de las aportaciones voluntarias de nuestros militantes y simpatizantes.

“Proponemos también reducir los topes de campaña. Basta de campañas tan costosas en un país con tantas necesidades. Pero nuestro esfuerzo no será suficiente. Todo este dinero de los partidos políticos es muchísimo menos del 1 por ciento del Presupuesto del Gobierno Federal”.

El PAN de Ricardo Anaya ha informado ayer que destinará la mitad del presupuesto que le corresponde para campañas, y prometió que los utilizará para ayudar a las víctimas del sismo del pasado día 19.

Incluso, Anaya ha ofrecido que sus bancadas en el Congreso van a plantear que, ahora que se revisa y discute el presupuesto para el 2018, se le haga una “cirugía mayor”, en cuanto a gastos superfluos, lo que equivaldrá en la creación de un fondo reforzador del Fonden por 206 millones de pesos.

En tanto, Dante Delgado había propuesto por la mañana, este viernes, que el Ejecutivo Federal “elimine el dispendio de los 30 mil millones de pesos en publicidad oficial y propaganda”, para crear un fondo “integrado”.

De lo que se trata, ha coincidido Delgado Rannauro con la propuesta panista, es que dicho dinero no se sume al Fonden, porque este programa está desvirtuado y ahora es “opaco y electorero”, y al partido al que procura siempre beneficiar es al PRI.

Por cierto, el PRI en voz de Enrique Ochoa, ha propuesto que los 258 millones de pesos que ha prometido donar a las víctimas del terremoto, sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la institución que los retenga y redirija.

Todos estos partidos políticos –PRI, PVEM, PAN, Movimiento Ciudadano, y no tardará el PRD en plantear cosa parecida- han reaccionado para darle la vuelta a López Obrador, quien da la impresión de que se puso de a pechito. Y lo golpearán severamente estos días por lo que planteó.

El partido político que realmente necesitará de dinero público es Morena, porque dada su condición de opositor real al régimen, no gozará de financiamientos particulares como sí los tendrán todos los demás, que, juntos, han conformado una campaña que tiene como propósito evitar a toda costa que López Obrador alcance la presidencia de la República en 2018.

De hecho, la ley tiene acotaciones importantes para el financiamiento de particulares a los partidos o a candidatos.

Es importante para la vida de la República que los partidos políticos sean financiados con dinero público y no con dinero de particulares. El dinero de particulares es como el saco de los vientos alisios, porque puede llevar a los partidos y a los candidatos a tener que responder en favor de los intereses de las empresas o personas que les inyectan recursos.

¿Qué pasará si, como propone Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, quitan el financiamiento a los partidos políticos para permitir la llegada de recursos de particulares en momentos de campañas electorales?

Entre los riesgos evidentes están posibles financiamientos de poderes fácticos ilegales, como son los narcotraficantes u otras variantes del crimen organizado. La clase política que llegase a puestos públicos con inyecciones de capital privado y no público, correría el riesgo de envilecerse todavía más.

Si el financiamiento público se quita, muchos candidatos justificarían legalmente su involucramiento con representantes de poderes fácticos que no necesariamente responderían a los intereses de México.

Habrían diputados y senadores que servirán públicamente y sin recato, verbigracia, a compañías petroleras trasnacionales o a personajes del crimen organizado.

Será fundamental para la vida de la República que los partidos políticos y las campañas electorales sigan bajo dinero público. ¿Por qué a sabiendas de estos gravísimos peligros insisten tanto aquellos partidos en reducir el presupuesto a los institutos políticos del país?

Inaudito, pero López Obrador les acaba de dar el motivo.
22 Septiembre 2017 04:00:00
Televisa, la Marina, Frida Sofía, la Presidencia y el Congreso
El Congreso mexicano tiene un trabajo qué hacer, desde su condición de contrapeso constitucional: La revisión de los hechos sísmicos conocidos como el Caso Frida Sofía, en que involucrada está la institución toral del actual gobierno de la República: La Secretaría de Marina.

He aquí:
Televisa prácticamente era la única televisora nacional que cubría al 100 por ciento el suceso trágico del Colegio Rébsamen, en la Ciudad de México. Tenía reporteros cubriendo otros derrumbes, pero al aire, sólo apareció, todo el día, toda la noche, lo que acaecía en el derrumbe donde una niña identificada como “Frida Sofía” permanecería bajo toneladas de escombros, viva. Y a su lado cuando menos dos personas.

Acaparó la atención Televisa. Llamó también la atención que la competidora de ésta, TV Azteca, no cubriera con el mismo ímpetu periodístico un tema que, sin lugar a dudas, estaba impactando a todo el mundo: Una niña sepultada viva, teniendo presumiblemente a otros dos muy cerca de ella, y dos más en otro sector del derrumbe.

Desde el principio quedó claro que la Secretaría de Marina asumiría la dirección de los trabajos de rescate. Mucha gente de la ciudad pudo mirarse haciendo filas para ser considerado en los trabajos de apoyo.
La ciudad se llenó de voluntarios y la solidaridad emergió –para gloria del pueblo de México y en medio del reconocimiento mundial- con la misma fuerza que surgió en aquel otro 19 de septiembre, el de 1985, cuando el Estado mexicano fue rebasado absolutamente.

En esta ocasión, la televisora más grande del país, Televisa, repetía una y otra vez que el pueblo había salido a ayudar y que se coordinaba, como nunca, con el gobierno de la República. Nada que ver, decían sus comentaristas, con el rebase social que sufrió el gobierno hace 32 años.

No registraba voces que decían lo contrario. Rescatistas que se iban de los lugares de los hechos, reclamaban la constricción impuesta por la Secretaría de Marina. E incluso emitían declaraciones contrarias a las declaraciones de los marinos, que encontraron eco total en los micrófonos de Televisa.

Para todo, Televisa consultaba con el coordinador de los trabajos de rescate en el Colegio Rébsamen, un marino que no era cualquier marino: Era nada menos que el oficial mayor de la Secretaría de Marina.

En este oficio del periodismo, fundamental es la verificación de la información, y si es con la fuente principal, también. Pero Televisa renunció totalmente a dar voz y registro a las otras fuentes, que de primerísima mano también tenían información fundamental, como los rescatistas que se metían por los agujeros y que cuando salían juraban casi que no veían a nadie, que no percibían a nadie, y que presumían que se pretendía rescatar a alguien inexistente.

La Marina mostró aparatos de última generación detectores de calor. Como si le hicieran un ultrasonido al concreto, explicaban; aparatos capaces de detectar el calor del cuerpo humano y cualquier movimiento, por imperceptible que fuese.

Al final, hubo muchas contradicciones. Contradicciones y desmentidos entre la Marina y la misma Televisa. Luego de que anunciaban que estarían a 20 centímetros de “Frida Sofía”; que incluso habían hablado con ella, súbitamente fueron retirados todos los rescatistas, con el argumento de que estarían a punto de tronar los polines con que habían troquelado las azoteas caídas.

Al mediodía, la misma Semar parecía contradecirse a sí misma: Después de que a través de su oficial mayor había estado asegurando que había una niña y posiblemente otras cuatro personas vivas bajo los escombros, llegó al lugar de los hechos el subsecretario de Marina, Ángel Sarmiento, para decir, tajante, que a esa hora del día ya no había ni un solo niño bajo las toneladas de piedras. Y que si había alguna persona, sería un adulto o alguien ajeno a la escuela que se derrumbó.

¿Por qué este tema en un espacio donde sólo tendrían que analizarse asuntos del Congreso? Por estar involucrada una institución pública, el Congreso tendría que intervenir investigando qué ha sucedido realmente en el derrumbe.

¿Alguien se equivocó con un diagnóstico que mantuvo en vilo a todo el país? Rumores de que Televisa habría querido protagonizar la noticia, al extremo de manipular la realidad, con fines de incrementar la audiencia para elevar sus precios comerciales, se esparcieron en los territorios del corazón político del país.

Pero también se esparció el rumor de que el gobierno federal ha pretendido echar mano de un supuesto rescate para que no se le viera rebasado como sucedió en 1985, cuando la sociedad mexicana superó a todas las instituciones de seguridad del país, incluido al Ejército.

Ahora fue la Marina la que, desde un principio, se vio con los controles en la mano, incluso negando a la gente el paso hacia las áreas de los derrumbes. El mismo presidente de la República aparecía en Televisa una y otra vez, opinando, animando, serenando.

Otra vez, en un momento neurálgico de la vida del país, apareció la Marina en primerísimo lugar, por sobre incluso el Ejército de tierra, al que, por su naturaleza, tendría que estar al frente de los trabajos de seguridad y de rescate, si se consideran a las fuerzas armadas como el brazo más confiable de la Presidencia de la República para estos menesteres.

Hay elementos notables en este caso que justificarían la instalación de una comisión especial de diputados o senadores que dieran seguimiento al caso de la –ahora ha asegurado la Semar- inexistente Frida Sofía.
21 Septiembre 2017 04:00:00
Cuando la vida se pierde en manos de un feminicida
El martes 19 de septiembre, cuando el sismo irrumpió, el Pleno de la Cámara de Diputados atendía en la tribuna el tema del feminicidio, a propósito del asesinato en Puebla de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla, Mara Fernanda Castilla.

He aquí partes medulares de quienes se posicionaban, hasta antes de las 13:14 horas, cuando el movimiento telúrico interrumpió la vida política del país:

Claudia Sofía Corichi García, diputada federal de Movimiento Ciudadano: “Un minuto me parece muy poco para hablar de la violencia machista que sacude a nuestro país, que nos abruma brutalmente, donde Mara puede ser en cualquiera de nosotras, nuestras hijas, nuestras madres o las hijas de ustedes o las nietas de cualquiera, yo le pediría un minuto de silencio para Mara Castilla y para todas las víctimas de feminicidios en este país, porque de verdad son muchas más, que las víctimas de cualquier otro tipo”.

Con prontitud Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva, atendió a Corichi: “Repudiamos estos hechos, repudiamos el feminicidio”…

Y comenzó el turno entonces de María Candelaria Ochoa Ávalos, también diputada de Movimiento Ciudadano: “Nosotras no solo queremos un minuto de silencio. Queremos la vida y la libertad de las mujeres, de todas las mujeres. Este Congreso ha legislado, pero aun así las mujeres siguen siendo asesinadas, y el feminicidio no solo es una causa grave, es una causa que nos debería alarmar a todos y a todas quienes estamos en esta Cámara, porque la vida de las mujeres no vale nada para el asesino que la toma”.

Y apostillaba María Candelaria Ochoa: “Es Mara, pero es Lupita, Gaby, etcétera. Cientos de mujeres que han sido asesinadas por feminicidio, cientos de mujeres que no han tenido voz y que no han sido vistas por el gobierno para implementar políticas públicas que prevengan la violencia y que la sancionen. Por eso hoy queremos decir que todas somos Mara. Mara es solo la representación de todas esas miles de mujeres que han perdido la vida en manos de un feminicida”.

En tribuna, Norma Rocío Nahle García, diputada de Morena: “Sin duda estamos fallando como sociedad cuando no somos capaces de cuidar a las mujeres y a los niños en este país.

“No es posible que hay un sistema de justicia ausente. No es posible que mis hijas, que mis hermanas, que mi madre, que nosotras mismas no tengamos seguridad en este país. Y que las madres, las hijas y las hermanas de todo México estemos eternamente pidiendo a una autoridad ausente con una cultura machista, donde los asesinos salen libres, y que con la amenaza de que tú te vas a la tumba y no sales y yo de la cárcel sí, se han aumentado los feminicidios en este país.

Hoy el tema de esta chica veracruzana, de esta jovencita, de Mara, Mara Fernanda, es uno más. Es uno más y ya no queremos una más. Ya no. Y se tiene que hacer algo porque no nada más son exhortos y lamentaciones. Se tiene que hacer algo. Somos el país número uno en el mundo. Nos estábamos quejando de los talibanes cómo golpean o cómo maltrataban a sus mujeres y nosotros estamos peor. Estamos peor.

Mirna Isabel Saldívar Paz, del Panal: “Los crímenes en contra de las mujeres son la peor violación a los derechos humanos, consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica y la persistencia de desigualdades por razón de género. Hoy, como en 2016, levantamos la voz con indignación por el despreciable asesinato de la joven Mara Castilla, cuyo único delito fue ser mujer.

“Resulta preocupante darnos cuenta que a Mara, como a tantas mujeres más, la asesinaron porque su agresor sabe que puede hacerlo, que no hay justicia que llegue a castigar el feminicidio, que no se aplican los protocolos adecuados para dar con el paradero de una mujer desaparecida. Que se pierden horas vitales en la burocracia. A Mara la mataron sabedores del cobijo que genera la impunidad”.

Del PRD, Karen Hurtado Arana: “En esta ocasión alzamos la voz por Mara, sin embargo, hace unos meses pasó lo mismo con Valeria, como ha pasado con Guadalupe, como ha pasado con muchísimas mujeres más y desafortunadamente nuestro estado sigue sin tomar medidas que verdaderamente efectúen prevenciones para todas ellas.

“Hace más de un año se declararon diversas alertas de género en diferentes estados del país. Sin embargo, de nada han servido, estas alertas de género nacieron sin vida prácticamente”.

“No basta simplemente con sacar a los medios de comunicación spots que digan o que les pidan a las niñas que no salgan, que se cuiden, que cuando suban a un Uber o a un taxi manden sus ubicaciones o placas del vehículo que estén abordando.

Eso no es únicamente lo que importa, lo que verdaderamente importa es revisar nuestras políticas públicas, poner al margen nuestra legislación en materia de género, visibilizar todas las acciones que se están tomando en contra de los feminicidios que se están viviendo y, sobre todo, darle voz y tomar en cuenta la voz de todas las organizaciones civiles que están llevando día a día el registro de estos temas.

Y Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Encuentro Social: “Es tan lamentable este suceso, como todos los feminicidios que han ocurrido, circunstancia que debemos, como ser humano, alejarnos y demuestra que nos estamos alejando de los principios y valores”.

13:14 horas. Interrupción. Entonces comenzaba todo…
20 Septiembre 2017 04:00:00
El sismo y el candil de la Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados se detuvo ayer en el tiempo y, como la ciudad misma, dio media vuelta y volvió al 19 de septiembre de 1985.

13:14. La tierra sacudió las curules, la media luna, los pisos, los patios, el escudo nacional. Todo tronó. El candil de los más de mil cristales que pende en lo más alto del recinto parlamentario se bamboleó sobre la media luna, sobre las curules, sobre el podium y la tribuna.

Encandilados, unos se hacían los serenos y se apeaban de los sillones para ir a los costados. Pero la violencia era terrible. Acometía la Tierra con furia inédita dentro y fuera de ese conjunto de once edificios: Ocho del palacio legislativo; tres de los centros de investigación parlamentarios.

Hacía hora y media –las once y cuarenta y cinco de la mañana-, una sesión amodorrada, como siempre, había comenzado. Dos asuntos relacionados con los temblores venían aupados en el orden del día: un minuto de silencio a la memoria de las más de 16 mil víctimas del terremoto del 19 de septiembre de 1985, hacía 32 años, y un pronunciamiento en torno del terremoto que sacudió a medio país el pasado día 7.
Pero, además, a las doce del día, programado estaba un simulacro de sismo. Fue cuando el patio, los patios de San Lázaro fueron ocupados por primera vez en este día por la multitud de gente que trabaja en esos once edificios, mas los cientos de personas que suelen visitar la Cámara en días de sesión ordinaria.

Una hora y minutos después las alarmas se volvían a desatar. Pero ocurrió algo que acaso sucedió en la ciudad: las sirenas se escucharon a destiempo, tartamudas; lejanas. Interrumpidas. Diputadas y diputados ni se inmutaron, hasta que el latigazo de la Tierra cimbró el recinto como cimbró los palcos de prensa y de los invitados especiales, y entonces muchos pujaron.

Desde el palco de prensa se veían los destellos de los cristales del candil que pende sobre la media luna (el pasillo que separa al curulerío del podium y la tribuna). Destellos arrancados a punta de vaivenes. Y el tronido de los cristales que hacía correr a los diputados y diputadas cuyas curules están bajo el inmenso conjunto de luces. Luces que han permanecido durante años a 25 metros de altura.

El pasillo que comunica a la sala de prensa con el patio interior era un río de gente: diputados, empleados de prensa, periodistas. Se hacía inmenso, interminable. Prácticamente a todos sorprendió porque prácticamente todos no creyeron que las alertas estuvieran anunciando, ahora sí, a un sismo verdadero.

Cuando ese río de gente desembocaba en el patio central, pudo verse cómo de muchos otros pasillos de los otros edificios convergentes al patio central también salían personas corriendo. Nunca se había visto esto en San Lázaro.

Y también, cuando algunos muros comenzaron a votar parte de su material de recubrimiento, hubo gente sensible, mujeres, que lloraban. Y se escuchaba aquí, en el centro del corazón político del país, el Padre Nuestro susurrado por aquí, susurrado por allá. Unas voces acometidas por la pena, la vergüenza; pero otras no, rezando sin problema.

El sismo se fue súbitamente como había venido; pero dejaba en la atmósfera de la Cámara de Diputados la sensación de impotencia, de orfandad. La vulnerabilidad de todos se convertía en el común denominador de diputados, periodistas, empleados, personal de seguridad, visitantes.

Era, ni más ni menos, la expresión más nítida de la condición humana, adonde los espolones y los escudos del poder no brillan, sino estorban.

Hora y media después del temblor, la mesa directiva anunció un receso de actividades. El Pleno no sesionará este jueves, y tampoco las comisiones ordinarias lo harán, sino a partir de mediados de la semana próxima.

Un diligente Jorge Carlos Ramírez Marín iba y venía por patios y pasillos revisando muros, edificios, estructuras. Y su anuncio: En caso de que el candil aquel, del recinto principal, estuviera dañado, se pensaría en la opción de buscar una sede temporal para las sesiones ordinarias de martes y jueves.

Existe un precedente: cuando por un supuesto corto circuito se incendió parcialmente la Cámara de Diputados, el 5 de mayo de 1989, el auditorio central del Centro Médico Nacional fue implementado como sede camaral.

Prácticamente todo el periodo ordinario siguiente de septiembre a diciembre de aquel año, el Pleno de los 500 legisladores sesionó en el auditorio de marras.

Muchos aquí en San Lázaro han comenzado a mirar hacia el Centro Médico.

ESTRIBO
Un tema sensible que el Pleno atendía antes de que se presentara el sismo, era el de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla Mara Fernanda Castilla, violada y asesinada la semana pasada en la ciudad de Puebla.

En voz de Jorge Carlos Ramírez Marín, la Cámara emitía el siguiente pronunciamiento: “Esta Cámara de Diputados, como la sociedad mexicana en su conjunto, nos declaramos embargados por una profunda tristeza por el acto homicida en contra de María Fernanda Castilla miranda, quien fue asesinada a sangre fría por un hecho imperdonable: Ser mujer, por tomar sus propias diversiones, por hacer lo que haría cualquier otro mexicano joven a su edad”.

Y apostillaba Ramírez Marín: “Esta mesa directiva repudia estos hechos, repudia el feminicidio y se manifiesta enérgicamente para que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen las medidas correspondientes para que estos hechos no vuelvan a repetirse”.
19 Septiembre 2017 04:00:00
Jim Mattis, los feminicidios, los acarreados de la noche del Grito…
Tres asuntos fundamentales de la República debería debatir políticamente este martes 19, durante la sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados: La visita del secretario de Defensa estadounidense a México para dar el Grito de Independencia el pasado viernes; la violación sexual y muerte terrible de la estudiante Mara Fernanda Castilla, presumiblemente a manos de un taxista en Puebla, y los acarreados al Zócalo, para la noche del Grito.

Uno. Desde que se reveló que el secretario de la Defensa estadounidense se presentaría en México para dar el Grito de Independencia de México, las dos Cámaras han tenido oportunidad de debatir el tema en dos ocasiones. Hoy sería la tercera oportunidad en la Cámara de Diputados.

En un debate en el Congreso, el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de su partido y su rémora, el PRI y PVEM, bien deberían dar una explicación sobre los motivos por los cuales extendieron la invitación al general Mattis, de apersonarse en Palacio Nacional, tanto la noche del 15 de septiembre como la mañana del 16, para presenciar el grito del Presidente y el desfile de las fuerzas armadas mexicanas.

Tanto el presidente Peña como su partido, el PRI, por supuesto que deben una explicación al país sobre la visita nada menos que del representante número Uno del ejército del país que ha invadido a México en más de cuatro ocasiones.

Hay que volverlo a decir: El soldado estadounidense es un enemigo histórico del soldado mexicano. Pero, además, quien se ha erigido como presidente de los Estados Unidos, y primer comandante de las fuerzas armadas de aquel país, Donald Trump, ha sido considerado aquí en el Congreso este mismo año por legisladores de la oposición como un inobjetable enemigo de México.

Por estos días, en que Estados Unidos, Canadá y México se reúnen mediante comitivas para renegociar el tratado comercial aquel de 1994, el gobierno de Trump ha dado trato de enemigos a los mexicanos. No de adversarios, y mucho menos de aliados o socios comerciales.

Cada que abre la boca Trump para referirse a México y a los mexicanos, suelta una andanada de ofensas y agravios, cuyos ecos retumban en todo el país sin que se escuche una respuesta por parte del gobierno mexicano y de su partido político, que mitigue los tremendos golpazos que a la dignidad y al honor de México les descerraja el estadounidense cada que quiere.

En un comunicado de prensa, el secretario de la Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, justificó la presencia de su homólogo estadounidense, diciendo: “La visita del militar estadounidense representa el alto grado de entendimiento y cooperación que existe entre las Fuerzas Armadas”.

Ha sido costumbre, tradición desde hace muchos años, que en los aniversarios del inicio de la independencia mexicana, asistan como invitados de honor representantes de los ejércitos de múltiples países. Pero nunca había sido invitado el secretario de Defensa de los Estados Unidos, por una razón obvia: Han sido ellos los mayores agresores militares que ha padecido México desde los tiempos de su fundación como país.

Y ahora, justamente cuando su presidente, Trump, se ha erigido en uno de los agresores más graves de la historia de los países, el gobierno mexicano ha invitado al halcón mayor del ejército estadounidense.
Justo cuando aquel presidente estadounidense ha ofendido a los soldados de México, diciéndole a un atemorizado presidente mexicano que los soldados mexicanos tienen miedo de enfrentar al crimen organizado; pero sus soldados no. Y ha amagado con enviarlos a territorio nacional para enfrentar a los que él ha llamado “hombres malos”.

En ese contexto de agresiones e intimidaciones del gobierno de los Estados Unidos, y de cobardías evidentes del gobierno mexicano, de pronto se aparece en la ceremonia del Grito, en Palacio Nacional, el secretario de la Defensa estadounidense.

Si hoy no dice nada el PRI en la sesión de la Cámara de Diputados, o peor aún: Maniobra para que el asunto no sea debatido por la oposición, incorporando el tema en el orden del día, entonces el silencio confirmará la ruindad de que están hechos.

Dos. Una estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) fue violada y estrangulada el pasado fin de semana por un sujeto que colaboraba en el sitio “Cabifi” de taxis, versión similar al concepto de servicios de autos particulares que popularizó en todo el mundo el corporativo Uber.

Tan luego se encontró el cuerpo inmolado de la infortunada joven, un clamor de indignación y enojo se escuchó en todo el país, y ya hubo manifestaciones múltiples en diversas ciudades, exigiendo que, ahora sí, el Estado mexicano asuma lo que perdió: Su condición de protector de la vida humana, en sus grados más elementales.

El feminicidio y la trata de personas son dos fenómenos delincuenciales que afloraron en este caso. Y la impunidad como común denominador de un época, la actual, donde prima la maldad y la complicidad, que hace que los delincuentes actúen a sabiendas de que muy difícilmente se les castigará. ¿De esto tendrán algo de qué opinar los diputados hoy?

Y tres. ¿También tendrían algo qué decir, a propósito de ese fenómeno de acarreamiento de miles de personas para que ocupen la plancha del Zócalo.

Múltiples videos en redes sociales evidenciaron cómo miles de personas traídas de comunidades del estado de México avanzaban en fila india hacia el Zócalo, para rellenarle a este sus 40 mil metros cuadrados y no tuviera que echar Peña Nieto su grito a solas.
15 Septiembre 2017 04:00:00
EPN no se cansa de lastimar la dignidad y el honor de México
Como si les hubieran cortado la lengua, ninguno de los 628 legisladores mexicanos -en sus sesiones correspondientes de las cámaras de senadores y de diputados- hizo una sola mención de la visita que hará hoy a la ciudad de México James Mattis, secretario de la Defensa de los Estados Unidos, para participar al lado del Presidente Enrique Peña Nieto en la celebración del Día de la Independencia de México.

Todos, absolutamente, se hicieron los occisos. Y nadie, desde sus respectivas tribunas, emitió una sola observación, un solo pronunciamiento, una sola crítica o posicionamiento sobre la visita del representante número uno del Ejército que invadió cuatro veces al país:

Una, para arrebatarle el territorio de Texas; otra, para arrebatarle la mitad de su territorio; una más, en Veracruz, cuando pretendía aprovecharse de la división brutal en que estaba el país en 1914, y la otra, cuando persiguió a Francisco Villa.

Y justamente también en un momento en que su presidente, Donald Trump, ha sobajado a los mexicanos cuanto ha querido, sin que el representante del Estado mexicano –el terriblemente infausto Enrique Peña Nieto- lo detenga o lo increpe, atendiendo siquiera un poquito la historia de honor con que los mexicanos de otros siglos enfrentaron a los estadounidenses.

El estadounidense, para los mexicanos, no es un ejército cualquiera. Ha sido el instrumento de un imperio para quitarle territorio, para robarle sus riquezas naturales, para humillar a todo un país y a toda una historia nacional.

Por si fuera poco, en estos precisos momentos de nuestra historia, Estados Unidos ha acometido con gran vileza a la nación mexicana. Su presidente, Donald Trump, ha afirmado que los mexicanos que van a su país a trabajar son en realidad violadores y flojos; unos delincuentes. Trump en estos momentos insiste en que debe construirse un muro en la frontera entre ambos países para que los mexicanos ya no pasen a su país.

E inauditamente, ha estado insistiendo Trump que el muro de marras debe ser costeado por México, aunque este se niegue. Y jura que habrá maneras de obligar a los mexicanos a pagar la construcción de la pared infame.

Nunca antes, en la historia entre los dos países, un presidente estadounidense había actuado tan envilecidamente como Trump.

En la historia del ejército mexicano, ha trascendido en libros especializados, se advierte, se reconoce, que los soldados mexicanos no tienen a un enemigo más visto y directo que al ejército de los Estados Unidos.

El himno nacional –surgido por convocatoria de Santa Ana en la década de los 50 del siglo XIX- fue una respuesta a la necesidad de alimentar el lastimadísimo nacionalismo en México, luego de la invasión estadounidense 1846-48.

“Un soldado en cada hijo te dio”… reza uno de los versos del himno dedicado a advertir a los mexicanos y al mundo que estarían alertas ante la ambición de los imperios que entonces pretendían expandirse hacia territorios ajenos.

Hoy se vive, al parecer, una etapa trasnochada de la historia, en que pareciera que Trump pretende insuflar la vieja visión imperialista de los Estados Unidos, de expanderse, ¿también territorialmente como entonces lo hizo?

Lo que llamó la atención ayer en los territorios del Congreso mexicano es que, ni porque se dice que es el contrapeso constitucional ha salido a emitir un pronunciamiento.

Todo el himno nacional está dedicado implícitamente a poner en alerta al país para que no vuelva a ocurrir un despojo brutal como aquel que protagonizó Estados Unidos con sus dos primeras invasiones a México.

Verso por verso, línea por línea, el himno de Bocanegra y Nunó es una sonora advertencia de que afuera están los buitres y que adentro, para infortunio del país, siempre habrá traidores.

Solo resta esperar en cuál lugar de Palacio Nacional colocará Enrique Peña Nieto hoy, viernes 16 de septiembre de 2017, al secretario de la Defensa de los Estados Unidos: si a su lado, o en alguno de los balcones de invitados especiales.

Pero sea cual fuera el sitio en que lo coloque, el mensaje político está dado: Estados Unidos es el que ya estaría mandando en México, gracias a la tremenda limitación intelectual y moral que padece el Presidente Peña Nieto. Y a la superlativa cobardía de que ha hecho gala el priísta.

El presidente Trump lo ha ninguneado a más no poder; lo ha sobajado; humillado; burlado. A Peña Nieto lo han tratado los estadounidenses prácticamente como al presidente de un país invadido.

Increíblemente, el mandatario mexicano ahora acepta la recomendación de Trump de que permita que su secretario de la Defensa asista a la ceremonia nacionalista más importante de México desde que esta fue instaurada por Porfirio Díaz: La celebración de la Independencia de México. Y justo cuando los mexicanos, actualmente, tienen atravesada en el alma la espada de la traición de quienes dicen representarlos.

ESTRIBO
Los senadores ratificaron ayer los nombramientos de 14 embajadores mexicanos. Asuntos de política exterior; pero nada dijeron respecto del tema Estados Unidos-México. Y en la Cámara de Diputados, continuaron con el análisis del quinto informe presidencial en la materia económica.

Lo inédito de la visita del secretario estadounidense, obliga al Congreso a debatirlo.

Entre los posicionamientos en materia económica, esto dijo el único diputado con chapa de independiente, Manuel Clouhier: “Increíble que este gobierno corrupto y mediocre de Peña Nieto se vanaglorie de un crecimiento del PIB de 2.2 por ciento anual en el promedio del sexenio;… pero no dice que la deuda creció 14 por ciento anual promedio en términos reales”.
14 Septiembre 2017 04:00:00
La visita de James Mattis y el silencio del Congreso mexicano
De las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión, solo una, la de Diputados, sesionó ayer para atender la glosa del quinto informe presidencial. Y durante tres horas,  tirios y troyanos se dedicaron a hablar de la materia de política interior. Sin embargo, el arribo este viernes 16 de septiembre a Palacio Nacional de James Mattis, secretario de Defensa de los Estados Unidos de América, fue un tema que no mereció ni un solo comentario, ni una sola cita, por parte de ninguno de los 500 “héroes de la patria” que se autoanuncian como representantes de la nación y que cobran como diputados federales.

Dirán acaso que no es tema de política interior, sino de política exterior. Y acaso por eso no hicieron mención alguna de este hecho histórico, terriblemente infausto, que está a punto de padecer el Estado mexicano, cuando James Mattis se apersone en la ciudad de México para asistir a los festejos por el Día de la Independencia de México.

La revelación de que el secretario de la Defensa de los Estados Unidos estaría ahí, presumiblemente en Palacio Nacional, viendo pasar a sus enemigos históricos –los soldados mexicanos- en un desfile militar, no fue dado a conocer aquí, en México, sino en Washington, por el vocero del Departamento de Defensa de aquel país.

Según la agenda noticiosa EFE, el Departamento de Defensa estadounidense informó: “La visita del secretario Mattis a México reafirma nuestro compromiso con una defensa bilateral de nuestra relación y con la Comunidad de América del Norte”.

A pesar de que la Cámara de Diputados no tiene la facultad constitucional de revisar la política exterior de México, sí está facultada para posicionarse, y obligada a pronunciarse ante hechos, como el de la visita de Mattis, que pasará sin duda a los anales de la historia nacional.

Por dos razones, que dejaron pasar, los diputados tenían que haber incorporado el tema en el orden del día: por asuntos de Efeméride y porque, particularmente, este año ha sido uno de los periodos de la relación bilateral México-Estados Unidos más desgraciados para los mexicanos, por la tremenda agresividad y odio que Donald Trump ha manifestado contra México y contra sus habitantes.

Un asunto de Efeméride porque ayer, precisamente, se cumplían 170 años de que –también en un 13 de septiembre- el ejército de los Estados Unidos sitiaba lo que entonces fue el último bastión mexicano, el Castillo de Chapultepec, casa del entonces Colegio Militar, antes de que llegasen a Palacio Nacional y arriaran la bandera mexicana para izar la de ellos.

(Y recuérdese que cinco meses después, el 2 de febrero de 1848, Estados Unidos –teniendo invadido México- obligó a los vencidos a firmar un acuerdo que se dio en llamar Acuerdo de Guadalupe-Hidalgo, en el que despojaron a los mexicanos de más de la mitad de su entonces territorio).

Después de la toma del Castillo de Chapultepec, en aquel 13 de septiembre del 47, los soldados estadounidenses ya no encontraron resistencia militar en su camino al Zócalo. Narraba en uno de sus textos históricos el héroe nacional Guillermo Prieto que, en día 16 de septiembre de 1847, cuando los soldados invasores llegaron a Palacio Nacional, los únicos que se les enfrentaron fueron los “pelados”, así apodados los comerciantes del centro de la ciudad de México.

Ya no había militares mexicanos porque o estaban muertos o hechos prisioneros o huían; pero los “pelados” tiraban piedras con sus Ondas, o vaciaban agua o aceite hirviendo desde las azoteas sobre las cabezas rapadas de los estadounidenses, que respondían con fuego matando a mucha gente civil.

Pues 170 años después, también en un 16 de septiembre, se verá en Palacio Nacional, presumiblemente en uno de los balcones contiguos al presidencial, al representante número uno del ejército de los Estados Unidos… ¿O acaso estará, señor Peña Nieto, junto a usted, para que un pasito atrás los flanqueen los secretarios de la Defensa y de Marina mexicanos?

Hasta el momento, ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores nadie se ha pronunciado sobre la decisión aquella del gobierno de Peña de expulsar al embajador de Corea del Norte en México.

¿A eso se refería, tácitamente, el Departamento de Defensa estadounidense cuando justificaba la visita próxima de James Mattis a México para reafirmar el compromiso entre México y ese país “con una defensa bilateral de nuestra relación y con la Comunidad de América del Norte?”

Nadie en el Congreso de la Unión ha preguntado al gobierno de Enrique Peña Nieto, verbigracia, si esto de la defensa bilateral querrá decir en realidad que próximamente veremos bases militares estadounidenses en territorio mexicano, con el pretexto de que podría reaccionar bélicamente Corea del Norte en contra de nuestro país por haber corrido a su embajador…

ESTRIBO
Pero como este tema, de las siempre amenazantes pretensiones de los estadounidenses en nuestro país no son tema de política interior, según la interpretación de nuestros próceres de San Lázaro, pues la han dejado pasar.

En cambio, se han puesto a hablar de lo que han estado diciendo todo este tiempo contra el gobierno: Que es corrupto, que es impune, que…

Ha habido, sin embargo, algunas frases contundentes, como aquella de Eric Juárez, del PRD, cuando ha invitado a Peña Nieto a que “reconozca sus responsabilidades, no le haga más daño a México y a la investidura presidencial y tome posesión del único lugar que le corresponde: el socavón de la historia”.
13 Septiembre 2017 04:00:00
Iniciativas sobre el fiscal, de PAN-PRD-MC, parecidas a la del PRI-PVEM
El Congreso mexicano formalizó ayer -con la presentación de cinco iniciativas- la nueva discusión sobre el debate en torno del nombramiento del fiscal general de la República.

En la Cámara de Diputados fueron presentadas las cinco, en tanto que en el Senado de la República ha sido presentada otra (del grupo Morena), que se suma a la iniciativa presidencial que en comisiones está desde noviembre de 2014.

Cuando, en San Lázaro, el PRI presentaba su iniciativa, rápidamente ese sector de la oposición que ahora lidera el PAN y en el cual está el PRD y MC, lo atajó, pidiendo al presidente Jorge Carlos Ramírez Marín que permitiera un receso, para acordar todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados una ruta de discusión en torno de la elección del fiscal general.

Ramírez Marín ordenó el receso. Y entonces todos se pusieron a hablar en una oficina contigua.

La iniciativa priísta propone reformar el párrafo 16 transitorio del artículo 102 constitucional, que entró en vigor a partir de que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero de 2014.

En dicho transitorio, actualmente en vigor, se mandata que el procurador general de la República que llegue como tal al día 1 de enero de 2018 pase en automático a ser el fiscal general de la República durante los nueve años siguientes.

La iniciativa que presentó ayer el PRI en San Lázaro es literalmente idéntica a la que presentó en el Senado el presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2016, en la que se planteaba una reforma, mañosa a juicio de la oposición: Sí, que se quite el pase automático de procurador a fiscal, pero el procurador en funciones deberá continuar en el encargo en tanto el Senado designe al fiscal general. Y también podrá ser considerado –el procurador en funciones- para participar en el referido proceso de designación.

Una reforma mañosa, porque el PRI en realidad insiste en que el actual procurador, Raúl Cervantes, se convierta en el fiscal general de los nueve años. Y nadie de la oposición, aparentemente, lo quiere así.

El PRD presentó dos iniciativas:

Una: “En tanto no se expida la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, y el Senado de la República haga el nombramiento del Fiscal General de la República, el Procurador General de la República seguirá ejerciendo las competencias y funciones que actualmente le señalen las leyes en la materia”.

Dos: “Una vez que el Congreso de la Unión expida la legislación secundaria necesaria por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, la Cámara de Senadores nombrará al Fiscal General de la República de conformidad con el procedimiento y los plazos establecidos.

“Y para poder ocupar el cargo de Fiscal General de la República se deberán cumplir los requisitos que establece el artículo 102 de la Constitución, así como no haber ocupado el cargo de Procurador General de la República”.

El PAN plantea una reforma similar a las que presentó el PRD, e incluso tiene fuertes semejanzas con la del PRI, al final de cuentas: pero, claro, presentada con matices distintos: Una reforma –han dicho los panistas- de la cual tendrá que salir “un fiscal que sirva verdaderamente para combatir la corrupción y la impunidad”.

La del PAN y PRI coinciden en que la Cámara de Senadores “iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en la Constitución para la designación del Fiscal General de la República; (Pero) si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria”.

Y la convergencia priísta-panista: El procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la República y podrá ser considerado para participar en el referido proceso de designación”.

Las cinco iniciativas, al parecer, son una calca, unas de otras. Y todas fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales, de donde comenzarán a barbotar los detalles, las diferencias, si es que tienen, entre una y otra. La quinta es del Movimiento Ciudadano y va por el mismo camino.

La única diferente, de raíz, fue la que presentó ayer la fracción parlamentaria de PT-Morena en la Cámara de Senadores.

En voz de Miguel Barbosa Huerta, ese grupo parlamentario dijo ayer en la tribuna del Senado que es insuficiente solo reformar el 16 transitorio del 102 constitucional. Y ha propuesto eliminarlo, totalmente. Y realizar una operación a canal abierto del 102, para extirparle es tumor canceroso que significa la facultad presidencial de formular la propuesta de fiscal general de la República.

Incluso Barbosa ha dicho que un fiscal general de la República debe ser un jurista, mujer u hombre, totalmente alejado del poder público, y para ello deberá ser empoderado como un hombre de Estado autónomo e independiente absolutamente.

Para ello, insistió, deberá ser reformado el 102 constitucional, y no solo reformarle el 16 transitorio.

ESTRIBO
El Senado expresó sus condolencias a las víctimas de los huracanes y el sismo de 8.2 Richter que sacudieron a México la semana pasada.

En el pronunciamiento del Senado, se dijo que fueron 96 personas que perdieron la vida por causa del movimiento telúrico; pero, minutos más tarde, el Ejecutivo Federal corregía: ya van 98. Los senadores también advirtieron que por causa del huracán Katia, “el número de muertos todavía es indefinido”.
12 Septiembre 2017 04:00:00
El secretario huachicolero que ha desnudado al gobierno
Otro hecho de corrupción de marca mayor en los ámbitos del Ejecutivo Federal atronó ayer en los territorios del Congreso General. Y fue de tantos decibeles el estruendo que el PRI –escudero legislativo de la presidencia de la República- no podrá definitivamente hacerse el sordo.

Un diario capitalino, Reforma, publicó ayer información en la que se señala a Luis Enrique Miranda, secretario de Desarrollo Social, estar relacionado con una empresa propietaria de gasolinerías en el estado de México que vende gasolina robada.

De inmediato los grupos parlamentarios Morena y PAN abordaron el tema, y han exigido, con la voz en cuello, que Miranda comparezca con prontitud ante la Cámara de Diputados para que explique por qué una de sus hermanas –según la noticia de marras- es propietaria de gasolinerías en el estado de México, cuando está prohibido expresamente por la ley que familiares hasta de tercer grado se beneficien de negocios que pudieran ser derivados de la relación personal con el poder público.

Rocío Nahle García, en conferencia, ha dicho: “Queda claro que el señor Miranda, no nada más su familia y él tienen negocios en gasolineras. Tienen más, hay más negocios de ellos; pero no nada más es el único. Vemos que el propio Secretario de Energía también está metido en el negocio, gobernadores que tienen gasolineras: el de Veracruz, el de Oaxaca”.

Nahle se ha referido a Pedro Joaquín Coldwell, y a Miguel Ángel Yunes Linares y a Alejandro Murat. Y añadía: “Es un descontrol y toda la gasolina robada en este país termina vendiéndose nada más por dos vías: las propias gasolineras, sobre todo, en el sureste, sur y sureste, y en el mercado clandestino. Es parte de un sistema de justicia que no aplica. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que le ha pasado a Emilio Lozoya, lo que ha pasado con la Casa Blanca (casa de Enrique Peña Nieto, en las Lomas de Chapultepec), lo que ha pasado con todos los otros”.

Luis Miranda no es cualquier empleado del presidente Peña; antes de fungir como titular de la Sedesol, fue nada menos que el secretario de Gobierno en el estado de México durante el sexenio del gobernador Enrique Peña Nieto. Y ahora estando Peña como titular del Ejecutivo Federal, Miranda también ha sido subsecretario de Gobernación.

De acuerdo con el periódico que publica la denuncia, la hermana del influyente secretario presidencial se llama María del Carmen Miranda Nava y es esposa de Ricardo Mercado Galán, rector de la Universidad Isidro Fabela, domiciliada en Toluca.

Muy temprano, en la Cámara de Diputados, el PAN en voz de Marko Cortés Mendoza, coordinador de la bancada panista, dijo: “Quiero hacerles un posicionamiento respecto de lo que hoy nos damos cuenta como un escándalo más que se acumula dentro del gobierno federal. Ahora resulta que Luis Miranda es parte de toda una red de corrupción y de comercialización de combustibles robados. Esto es indignante, el gobierno de la República tiene, debe tomar cartas en el asunto porque no puede, por un lado, combatirlos y, por el otro lado, consentirlos”.

Cortés Mendoza abundó: “Nosotros hemos señalado que Luis Miranda no es un personaje confiable para la Secretaría de Desarrollo Social y por eso señalamos, desde el momento de su nombramiento, que es un operador político (y) no alguien que esté buscando combatir la pobreza y superarla en nuestro país”.

Jorge López Martín, diputado federal del PAN, hubo dicho también: “El secretario huachicolero está obligado a comparecer porque la ley expresamente prohíbe que familiares de un servidor público puedan tener algún beneficio de parte del Estado mexicano”.

Un argumento que la oposición hizo recurrente en contra de la reforma energética, cuando a ésta se le debatía en julio de 2014, fue, precisamente, el hecho de que sectores encumbrados de la clase política mexicana habían sido beneficiados con concesiones de gasolinerías, en todo el país.

La oposición, ahora afiliada a Morena pero antes al PRD y PT, acusaba a ex servidores públicos tanto del PRI como del PAN y el Pvem, de pretender la reforma energética para ir más allá de la propiedad de las gasolinerías: Ahora buscaban ser socios de las compañías petroleras que vendrían.

Desde entonces era común escuchar en los debates nombres de políticos encumbrados como el mismo Pedro Joaquín, que eran dueños de docenas de gasolinerías.

Se hablaba entonces de que cundo menos la mitad de las 8 mil y pico de gasolineras del país eran propiedad de políticos encumbrados, a través de prestanombres. Y se hacía mención entonces de presidentes municipales, gobernadores, secretarios encargados de despachos presidenciales…

Esto, en mucho, explicaba el hambre que mostraba entonces el Ejecutivo federal por la privatización del sector energético.

De confirmarse judicialmente lo que ha publicado el diario de marras, estarían entonces confirmando que la oposición hablaba con la verdad.

ESTRIBO
Mañana comenzará la revisión y análisis del quinto informe presidencial en la Cámara de Diputados. Miércoles 13: Glosa de política interior; jueves 14: Política económica; martes 19: Política social; jueves 21: Política exterior.

Así lo informó Marko Cortés, desde su condición de nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro. Le faltó decir cuándo comenzarán a comparecer –ante el pleno de los 500 legisladores o en comisiones- los encargados de los despachos presidenciales.

Hasta el sexenio pasado, era costumbre que el primero de la tarde fuese el secretario de Gobernación; en esta administración,  ha comparecido después del día 20. Deberían aprovechar para llamar de inmediato a Luis Enrique Miranda Nava, en caliente.
08 Septiembre 2017 04:00:00
El juego del gatopardo del PRI y PAN en la Fiscalía General
Juraban los panistas que ha sido un triunfo histórico sobre el PRI, el que consiguió junto con el PRD y MC al obligar al grupo político en la Presidencia de la República a aceptar que se le quite el pase automático a Raúl Cervantes, de procurador a fiscal general de la República.

Y juraba a su vez el PRI que aquellos tres partidos amarrados entre sí “no los han doblado ni los doblarán”, aún cuando el priísmo, aparentemente, ha aceptado la condición que les impuso el trío aquel para permitir, a cambio, la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Y como el PRI ya aceptó que se modifique la fracción 16 transitoria del artículo 102 constitucional –plasmada en una iniciativa que presentó desde febrero de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto, misma que el PRI metió a la congeladora todos estos años como parte de un juego de simulación propio de estos hijos del régimen-, pues ahora los panistas andan diciendo que “ganó el pueblo de México”…

Pero, ¿realmente, quién ganó?, es la pregunta que ayer prevalecía en los territorios del Congreso de la Unión. ¿Realmente ganó el pueblo de México, o ganó el PAN?

Todos conferenciaban a su manera. Los del PRI, para decir que son respetuosos y son demócratas. Los del PAN y sus asociados, para decir que triunfaron pero que respetan al PRI y le tienden la mano. Pero Morena-PT, con la voz en cuello, dijo:

Miguel Barbosa Huerta, senador del PT-Morena, alertó ayer en la sede senatorial que el PRI y PAN preparan una trampa a la población, cuando afirman que ya no será el fiscal general de la República el actual procurador Raúl Cervantes. Y aseguró que contrario a lo que han dado a entender a la gente, en realidad el nuevo fiscal será avalado por el presidente Enrique Peña Nieto y propuesto por el PAN, lo que tampoco garantizará que sea autónomo.

En conferencia, Barbosa Huerta advirtió que “seguirá siendo una propuesta del Ejecutivo Federal y no producto de un proceso abierto”. Y apostilló: “Es una faramalla, una simulación, lo que están perpetrando PRI y PAN respecto del próximo fiscal”.

Miguel Barbosa criticó el acuerdo que idearon César Camacho Quiroz y Emilio Gamboa Patrón, coordinadores parlamentarios priístas en las dos Cámaras, en el que el primero le pidió al segundo que se discuta en comisiones senatoriales la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto de modificación a la fracción XVI transitoria del artículo 102 constitucional, para quitar el pase automático de procurador general a fiscal general, como se lo exigían PAN, PRD y MC desde el lunes.

“Rechazamos esa posición de indignidad en que dejan al Senado”, afirmó Miguel Barbosa. Y exigió a su vez que tanto el Senado como la Cámara de Diputados se pongan a revisar con fines de dictamen las iniciativas que tienen sobre el caso.

La diferencia entre la iniciativa de Peña y la que plantea Morena, dijo Barbosa, consiste en que mientras el presidente de la República solo plantea quitar el pase automático, pero sin rechazar la opción de que se presente el procurador general de la República como aspirante al puesto, los de Morena plantearán, dijo el senador, que el fiscal sea producto de un amplio análisis de especialistas de la academia, organizaciones civiles y de un debate profundo en el Congreso de la Unión.

El PAN y PRD han presentado ayer en el Senado su iniciativa y fueron acompañados por representantes del Grupo Encuentro Chihuahua y por Emilio Álvarez Icaza, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En su iniciativa, han propuesto “diseñar una ley orgánica de la Fiscalía General de la República que garantice su autonomía, independencia y profesionalidad”.

Desde que irrumpió Álvarez Icaza como aspirante presidencial independiente, fue relacionado con el grupo de farsantes que pretenden jugar a ser candidatos presidenciales, pero sin serlo realmente, en un juego de simulación democrática que no tiene otro objetivo que engatuzar a la gente para que pierda el enfoque hacia el aspirante opositor Andrés Manuel López Obrador, a quien verdaderamente el régimen lo considera su enemigo público número uno.

Pues ayer este personaje apareció en el flanco izquierdo del PAN. Justo en el momento en que, en otro sitio del Senado, Miguel Barbosa y otros cinco senadores de Morena-PT. Salían a emitir lo que calificaron de “una alerta al país”.

Uno de estos, el senador Luis Humberto Fernández, dijo: “Tenemos tres propuestas concretas: Primero: Que el fiscal general provenga de un proceso amplio e incluyente en que participe la sociedad. Dos: Que esta decisión sea tomada por una mayoría calificada. Tres: Que se desincorporen de la fiscalía general, para tener autonomía, las fiscalías electorales y de combate a la corrupción. Y cuatro: Que la remoción del fiscal general solo pueda realizarse por el Senado por mayoría calificada.

“Podríamos garantizar así una mejor procuración de justicia. De otra forma abonaríamos a la impunidad y corrupción”.

El martes próximo, ambas cámaras estarán emplazadas por sus respectivas comisiones a la primera lectura de una reforma a matacaballo del 102 constitucional:

La que revisen en San Lázaro, presentada por el PAN, será una especie de clon de la que presentó Peña Nieto en 2014. La diferente será la de Morena, según han prometido los legisladores de este partido.

ESTRIBO
Hoy, viernes 8, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, se apersonará en San Lázaro a las once de la mañana, para la entrega del paquete fiscal de 2018.
06 Septiembre 2017 04:00:00
“Pleito PRI-PAN, solo ajuste de cuentas entre farsantes”
La disputa entre el PRI y el PAN se extendió hasta el jueves 7, mañana, echando mano del recurso manido de parar el reloj legislativo. En la votación plenaria de ayer, por la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el PRI perdió; pero el jueves, confiaban los priístas, es posible que Morena los saque de la barranca.

Morena estaría transfigurándose en el “fiel de la balanza”, aunque sus diputados lo niegan, como es el caso de Ernestina Godoy Ramos, quien dijo que así como nunca votarán por que el fiscal sea el procurador Raúl Cervantes, así, tampoco, “no podemos paralizar las actividades del Congreso”.

Una señal que daba aliento al PRI era el hecho de que Morena habría aceptado el ofrecimiento de incorporarse a la nueva Mesa Directiva no solo con una secretaría sino también con una de las tres vicepresidencias, quitándosela al PRD. Se sabrá el jueves si Morena lo aceptó.

La noche del lunes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro logró el quórum: Pasaron lista de presentes los líderes del PRI, Pvem, Pes, Panal y Morena. No se presentaron los coordinadores del PAN, Mc y PRD.

Morena se desmarcaba: votará en contra de la transfiguración del procurador general en el nuevo fiscal general de la República; pero tampoco estaba de acuerdo con “empujar” por berrinche del PAN a una crisis legislativa en la Cámara de Diputados. Y esto último es el punto de convergencia que está aprovechando el PRI.

Inusual, la reunión de la Jucopo: No la convocó el que todavía la preside, el perredista Francisco Martínez Neri, sino el PRI, legitimada por mayoría de votos (a la Jucopo la integran los coordinadores de los grupos parlamentarios). Tomó nota de la asistencia Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados.

En conferencia, Rocío Nahle García, coordinadora de la fracción morenista, justificó cuando se le preguntó por qué ahora aparece al lado del PRI: “Hemos platicado respecto de que debe instalarse la Mesa Directiva. Y esto no es un apoyo a ningún partido, sino que es la búsqueda de la normalidad democrática de la Cámara de Diputados”.

El enojo del panista Marko Cortés se elevó al grado de encabronamiento: En conferencia, dijo que hubo legisladores “maiceados” por el PRI; pero cuando se le preguntó quiénes “maicearon” y quiénes fueron “maiceados”, salió presuroso del área de conferencias y se metió al recinto plenario.

Marko Cortés fue secundado en sus afirmaciones por Martínez Neri, líder perredista, y Clemente Castañeda, líder de Movimiento Ciudadano.

Y volvía a desmarcarse Rocío Nahle, diciendo en esa sala de entrevistas múltiples que lo que el PAN tiene es un pleito con el PRI por prebendas y no porque esté interesado en defender las causas de la nación. “son unos simuladores, unos farsantes”.

He aquí partes medulares de lo que expresó Nahle: “¿Qué está viviendo ahorita la Cámara de Diputados? Un pleito entre el PRI y el PAN.

“El PAN trae problemas internos muy fuertes entre el grupo de Calderón y el grupo de Anaya, y han amagado con una serie de cosas de un problema que viene del Senado.

“Voy a aprovechar para contestarle aquí al coordinador Marko Cortés: Que de qué lado está Morena, porque ellos están del lado del combate de la corrupción. ¿En serio? Entonces que explique Ricardo Anaya sus más de 360 millones de pesos de una riqueza inexplicable.

“Que explique Calderón su asociación con Iberdrola, y del cuñado de Calderón, y de todas las corruptelas de los hijos de Martha Sahagún, y de todo lo que nos dejó un lastre de dos sexenios el PAN. Eso sí es combate a la corrupción. No que ellos pusieron una Secretaría de la Función Pública a modo, donde por cierto estuvo Salvador Vega, que era precisamente para tapar.

“Y creo que tienen razón en tener miedo, como lo tenemos nosotros, de que esté un Fiscal durante siete o nueve años, porque ellos ya lo hicieron. Ellos pusieron un secretario de la Función Pública para tapar todas sus corruptelas y todas sus raterías.

“Hay que acordarse que en la época de Fox y de Calderón fue cuando más excedentes petroleros se tuvieron en la historia de México y hoy ese dinero no aparece, no está y hay nuevos ricos. Muchos de ellos están en el Senado y otros están aquí.

“Que no se nos olvida que así como ellos están ahorita que se desgarran las vestiduras, el pueblo estuvimos afuera del Senado gritando para que no aprobaran unas reformas dañinas. Pero ahí sí hubo acuerdo entre los dos, PAN y PRI, ahí sí era porque la Patria lo merecía; ahí sí era porque el PAN decía que su bandera, democrática y salvaguardista, nos iba a llevar a buen rumbo, cuando la realidad nos despierta a todos los mexicanos. Vaya doble moral de estas personas.

“Hoy hay un frente político-electoral con Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRD. Esos nuevos amigos que se quieren, que se juntan y que son felices, con un único propósito político que es golpear, un día sí y otro también a Andrés Manuel.

“No tengo la menor duda de que todo este estira y afloja que da el PAN, es para negociar la impunidad de Anaya, para eso querían citar a Osorio. Para eso querían que estuviera Osorio Chong. Nosotros dijimos que no; no tiene nada él qué venir a hacer aquí. Nada. Nada tiene que venir a hacer Osorio Chong a resolver un problema legislativo”.

Atmósfera legislativa candente. Veremos.
02 Septiembre 2017 04:00:00
El PRI no sabe si reír o ponerse a llorar
Un fuerte encontronazo acaecido en la víspera entre el PAN y el gobierno hizo que anoche, durante la presentación del Quinto Informe Presidencial, se esbozara en los territorios del Congreso de la Unión la posibilidad de que la oposición en su conjunto se una contra el PRI, como sucedió en los tiempos de la 57 Legislatura, cuando el entonces diputado federal perredista Porfirio Muñoz Ledo maniobró para la creación de un frente opositor que hizo crujir al PRI.

Claro que se preocupaba el PRI que su tradicional alcahuete y cómplice legislativo, Acción Nacional, le juegue a las contras al lado de la oposición.

En voz de la senadora Yolanda de la Torre Valdez, el partido en la presidencia de la República utilizó el momento del posicionamiento en tribuna para darle una soberana madriza a Ricardo Anaya, a quien tildó de falso, ambicioso y cínico, y un “mentiroso que ni a sus amigos ni a su familia reconoce”, en tanto que a Ernesto Cordero, senador panista, lo ensalzaba, diciéndole: “Y para usted, mi aprecio, mi respeto”…

¿Y qué hay en juego para el PRI en este periodo ordinario de sesiones? Nada menos que el refrendo de Raúl Cervantes como el nuevo fiscal general de la República, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la aprobación de la ley de mando único, la glosa del informe presidencial y los presupuestos para el eminente año electoral de 2018.

Pero todo comenzó así: Un acuerdo la noche del jueves entre el PRI y una facción de senadores del PAN afines al expresidente Felipe Calderón –de imponer como presidente de la mesa directiva a Ernesto Cordero, acusado de traidor por su dirigencia nacional, a cambio de la promesa de sumarse una docena de senadores blanquiazules al refrendo legitimador del procurador Raúl Cervantes como fiscal general de la República a partir de enero de 2018-, provocó que este 1 de septiembre los diputados federales del PAN decidieran no votar la integración de la nueva mesa directiva de San Lázaro, con lo que han evitado que el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín pueda presidir la sesión general de Congreso General prevista para recibir y posicionarse políticamente en torno del Quinto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Esta agria disputa entre el PRI y la dirigencia nacional del PAN, a cargo de Ricardo Anaya, desencadenó otro efecto: A raíz de la falta de acuerdo para instalar la mesa directiva de San Lázaro, el secretario de gobernación decidió no entregar personalmente los libros del informe presidencial, y envió en su representación a Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.

En punto de las 4 y 50 de la tarde, Solís Acero entregó un manojo de documentos; pero no a la presidenta de la mesa directiva, María Guadalupe Murguía, como tendría que haber sucedido, sino al secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah.

El secretario de Gobernación, en un comunicado de prensa emitido desde la sede de Bucareli, envió un mensaje a los diputados sobre los motivos por los cuales no iría a la Cámara de Diputados: “El objetivo de esta medida es dar espacio para que la Cámara de Diputados, dentro de su autonomía y procesos internos, pueda concretar los consensos necesarios en lo referente a la integración de la Mesa Directiva para su tercer año de ejercicio”.

Desde que se instauró este formato, en 2007, de no ir personalmente a San Lázaro el presidente de la República para la presentación de su informe presidencial, ayer fue la primera vez en que el secretario de gobernación tampoco se presentó.
Un cinturón de seguridad fue ciñendo al palacio legislativo de la Cámara de diputados desde la tarde del jueves 31 de agosto, cuando casi 1700 policías federales se aposentaron en patios y sótanos. Desde la madrugada del viernes, policías de la Ciudad de México se incorporaban en las calles, instalando vallas de acero.

No evitaron, sin embargo, que medio millar de personas se manifestaran desde la avenida Congreso de la Unión, ante el frontis, donde está el escudo nacional. Lo que exigían, tenía una estrecha relación con lo que sucedía inéditamente al interior de la Cámara de Diputados, que no pudo renovar su mesa directiva.

El reglamento de la Cámara de Diputados considera que en caso de que no pudiera instalarse la mesa directiva el 1 de septiembre, entonces abre un lapso de cinco días para que se pongan de acuerdo. Y en eso están.

Cinco de la tarde. Comenzó la sesión de Congreso General. Y también los posicionamientos de cada uno de los grupos parlamentarios.

Un tema trasminó a todas las participaciones: La pretensión del PRI y del presidente Enrique Peña Nieto de imponer, a ultranza, a Raúl Cervantes como el fiscal general de la República, cuyo periodo concluiría el 31 de diciembre de 2016.

De hecho, quienes se manifestaban en el recinto con pancartas, panistas la mayoría, traían en ristre el cartel: “No al fiscal carnal”…

Y otro, que sacudió a muchos, cuando apareció repentinamente un diputado panista detrás de Ernesto Cordero, que desde su condición de nuevo presidente de la mesa directiva del Senado, permanecía en lo más alto del podium, al lado de la presidenta de la mesa directiva no relevada de San Lázaro, Guadalupe Murguía.
“Este es el traidor”… se leía en el cartelito demoledor, sobre la cabeza de un Ernesto Cordero de rostro cetrino y de gesto apretado.

El pronóstico era reservado en las filas del bronx priísta: “Si el PRI no se arregla con prontitud con Anaya, podría reaparecer el bloque opositor… Veremos.
01 Septiembre 2017 04:00:00
Comienza uno de los más borrascosos periodos ordinarios
Este viernes, 1 de septiembre, comenzará el periodo ordinario de sesiones más esperado de la 63 Legislatura.

Llega cargando una agenda legislativa ominosa de acuerdo con el cristal con que miran los opositores al régimen, porque de ella barbotarán reformas legislativas que lesionarán todavía más a la mayoría de los estamentos de la República.

En la 62 Legislatura, PRI y PAN aprobaron reformas como la energética y la de telecomunicaciones, que los opositores de la izquierda tildaron de verdaderas puñaladas traperas a la población mexicana, y que el oficialismo y el panismo dieron en llamar “primera generación de las reformas estructurales”.

En la víspera del arranque del periodo ordinario que hoy comienza, voces del Ejecutivo Federal sacudieron al país hablando, precisamente, de que vendrá un nuevo manojo de reformas estructurales. “La segunda generación”, decía José Narro, secretario de Salud.

¿Y cuáles serían las reformas de esta segunda generación? Esta semana –como anoche mismo lo hacía el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando en San Lázaro se reunió con la bancada priísta- hablaron reiteradamente de la Ley de Seguridad Interior.

También el asunto del refrendo del fiscal general de la República, que, para ser precisos, ya está nombrado desde una ley que PRI y PAN aprobaron en diciembre de 2013. ¿Así se va a quedar, para que Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, sea quien asuma la Fiscalía el 1 de enero próximo?

El PAN dice que no; que no deberá recaer el nombramiento en Cervantes, porque está telegrafiado por el PRI y por Enrique Peña Nieto que se convertirá en la gran tapadera de toda esa clase política priísta que se ha dedicado a robar a manos llenas este sexenio. El periodo del fiscal durará nueve años, hasta el 31 de diciembre de 2026. En contrapartida, el PAN es el que pretende colocar al fiscal. Y el PRI es lo que no quiere.

El PRI, como parte de esta batalla por la Fiscalía, apretó tuercas desde hace días, cuando en voz de Emilio Gamboa Patrón, líder de la bancada priísta en el Senado, dijo, terminante, que su partido asumiría a partir de este 1 de septiembre y hasta por un año las presidencias al unísono de la mesa directiva y de la junta de coordinación política senatoriales.

Pero solo era para acalambrar al PAN, porque al final, o sea anoche, la víspera, finalmente el PRI cedió la presidencia de la mesa directiva al PAN.

Anoche, PRI y PAN negociaban con frenesí. Parecía imponerse el PRI: El PAN asumiría la presidencia del fiscal anticorrupción y Cervantes la Fiscalía general de la República.

El PAN, a mitad de la semana, muy bronco se veía, y se llenaba la boca diciendo que no aceptarían por nada que la Fiscalía general se quedara bajo el control del PRI, y que tampoco aceptarían la fiscalía anticorrupción porque en tanto esta solo llegará al 30 de noviembre de 2018, la vigencia de la Fiscalía general se alargará hasta el 31 de diciembre de 2016.

Cinco días de fogonazos de marca mayor contra el PAN parecían anoche estar resquebrajando la de por sí gelatinosa y convenenciera voluntad del panismo.

Mientras que por un lado Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, seguía sometido a fuego a discreción cual pajarraco dañero de sembradíos (no lo bajaban de ladrón, voraz, ambicioso y sujeto inescrupuloso que se ha enriquecido utilizando sus posiciones políticas), Rafael Moreno Valle, uno de los aspirantes presidenciales del panismo, no sabía cómo detener un aluvión que se le vino encima, cuando se supo que espía a todos, incluido a Peña Nieto y a Osorio Chong. Y que su grupo de espionaje, a cargo de Eukid Castañón Herrera, diputado federal panista, actúa criminalmente, al extremo de ordenar levantones y asesinatos en el estado de Puebla.

Hay un común denominador en todas las decisiones protagonizadas por el PRI estos últimos días, en el Congreso: La muy seria posibilidad de que el PRI pierda la Presidencia de la República en la elección de 2018.

La titularidad de la Fiscalía General de la República, que busca el PRI desesperadamente ganarla, es un motivo fundamental para que el priísmo esté jugando rudamente al ajedrez estos días.

Un ajedrez que, en la Cámara de Diputados, ya hizo que hiciera la siguiente jugada: Cedió a su rémora legislativa, el Pvem, ocho diputados federales priístas, para que en vez de sumar 40 ahora los verdes sumen 48, y continúe ese grupo legislativo siendo la cuarta fuerza política de San Lázaro, luego de que el grupo parlamentario Morena llegó a 46 legisladores la semana pasada, cuando 10 diputados perredistas renunciaron a su partido y a su bancada y se incorporaron al grupo político liderado por Andrés Manuel López Obrador.

Al menos hoy, 1 de septiembre, la Cámara de Diputados amanecerá con la siguiente distribución de fuerzas políticas: PRI con 205 diputados; PAN, 109; PRD, 54; Pvem, ahora 48, y Morena, 46.

A toda costa, el PRI pretende obstaculizar a Morena; si éstos quedasen en tercer lugar, se incrementaría el presupuesto para la bancada morenista y habría más protagonismo político del grupo obradorista, en debates, y en presidencias de comisiones ordinarias y especiales.

¿Y además de la Ley de Seguridad Interior y el refrendo de Cervantes como fiscal general futuro, qué otros temas de la llamada segunda generación estarían en cierne?

He aquí, algunos: la ley del Mando Único y la ominosa ley privatizadora del agua. Hoy comienza todo, con la recepción del quinto informe presidencial por la tarde. Veremos.
31 Agosto 2017 04:00:00
Las dos letrinas abiertas del PAN
En los territorios del Congreso de la Unión, una lucha sorda por el poder se desató con estruendos de tempestad, el miércoles 30 de agosto de 2017, cuando a tiro de piedra estaba el comienzo del periodo ordinario de sesiones de septiembre-diciembre.

Un periodo, por cierto, que voces del Ejecutivo Federal, como la del secretario de Salud, José Narro, calificaron ese mismo día de “importantísimo”, porque llegó la hora de que comience a procesarse legislativamente lo que han dado en llamar los priístas como la “segunda generación de reformas estructurales”.

He aquí diversos escenarios de los encontronazos entre fuerzas políticas que hoy retumban tanto en la atmósfera como en los catafalcos mismos del Poder Legislativo mexicano:

Uno. Durante la reunión plenaria del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, el coordinador de estos, Marko Cortés Mendoza, llamó ayer a sus correligionarios “a cerrar filas y mantener la unidad al interior del Acción Nacional para construir el futuro de México, enfrentar los ataques del PRI y el populismo de Andrés Manuel López Obrador”.

Ha dicho también que “vienen tiempos difíciles, por lo que se requiere anteponer el interés nacional encima de intereses personales y porque el enemigo no está en casa”.

En su discurso, Cortés se dirigió al presidente Enrique Peña Nieño, a quien le pidió “dejar de lado las persecuciones políticas contra Acción Nacional, que se mantendrá firme y seguirá con su exigencia de contar con un fiscal general independiente, autónomo, que no sea amigo del Presidente de la República o de un partido en particular”.

Y apostilló Marko Cortés: “El PRI sabe que va a perder (la elección presidencial en 2018); por eso quiere protegerse por los próximos nueve años y quiere un fiscal a modo, con pase automático, lo que el PAN no lo va a permitir”.

Y remachó el coordinador panista de San Lázaro: “La pregunta es, ¿qué tanto hicieron?, ¿qué tanto robaron?, ¿cuántos son?, ¿a qué nivel llega? Por eso quieren al fiscal general, para cuidarse porque tienen miedo y, por eso nosotros no vamos a desistir”.

Marko Cortés así intentaba atajar dos frentes de batalla que tiene su partido contra el PRI y contra el presidente Peña Nieto:

1: El espionaje telefónico de Rafael Moreno Valle a través de un equipo tecnológico sofisticado a cargo de Eukid Castañón Herrera, diputado federal del PAN. Los dos -ex gobernador de Puebla y actual diputado federal- fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República por los delitos de asociación delictuosa, acceso ilícito de equipo, intervención de llamadas telefónicas a personalidades públicas de suma importancia como el Presidente de la República y el secretario de Gobernación, y por amenazas de muerte –vía “levantones”, al estilo del crimen organizado- a quienes supone el legislador Eukid Castañón, habrían filtrado a los medios grabaciones producto del espionaje de marras.

Al PAN le acaban de destapar una de sus letrinas más apestosas. Y si alguien huele a popó… es el ahora aspirante presidencial panista poblano Moreno Valle.

La denuncia comenzó el lunes en el Senado de la República, cuando el senador de Morena Miguel Barbosa Huerta acompañó ante los medios al denunciante, un ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de nombre Rodolfo Raúl González Vázquez, que ha acusado ante la PGR a Moreno Valle y a Eukid Castañón de haber construido una red de espionaje en contra de prácticamente todos los personajes políticos de gran cuño, en el estado de Puebla y en el ámbito federal, entre los cuales sobresalen el mismo Peña Nieto, el hidalguense Osorio Chong, Rosario Robles, José Antonio Meade…

Pero no se detenían con los adversarios políticos, sino que también espiaron a los de casa: Margarita Zavala, por ejemplo. Y el colmo, el equipo de espías de Moreno Valle y Eukid Castañón, estaba tan bravo… que también a ellos los mordió: el operador del espionaje espiaba a sus propios jefes…  

En la entrevista que el ex agente del Cisen dio ayer a Carmelita Aristegui, fue documentada con grabaciones la acusación de que Rafael Moreno Valle y el diputado federal del PAN Eukid Castañón Herrera habrían ordenado el asesinato de integrantes del equipo de espionaje, luego de que comenzaron ser filtradas a los medios de información algunos de esos audios.

2: El otro  gran frente donde el poder priísta ha chocado con su tradicional aliado y subordinado, el PAN, es el de la acusación a Ricardo Anaya de ser un farsante y un ambicioso, porque mientras por un lado dice luchar contra la corrupción, por otro se llena los bolsillos, amasando una fortuna personal de escándalo… aunque los priístas no han acertado a decir todavía si al que acusan tiene ya más dinero que algunos de los capitanes priístas de este sexenio, como Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón. O el mismo Luis Videgaray o Enrique Peña Nieto.

Los panistas, junto con Ricardo Anaya, ha estado gritando a los cuatro vientos que el motivo central de la filtración en su contra es la renuencia absoluta del PAN en aprobar, a conveniencia del PRI y de Enrique Peña Nieto, el nombramiento de Raúl Cervantes como el primer Fiscal General de la República a partir del 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2027.

Jura Ricardo Anaya ha asegurado que Raúl Cervantes estaría fungiendo como el terrible gran obstáculo para el gobierno que se aposente a partir del siguiente sexenio para llevar a juicio penal a tantos ladrones enquistados en la clase política que  tienen infestada a la República.
30 Agosto 2017 04:00:00
Contrapeso debilitado hasta las cachas
El 1 de septiembre se acerca con la velocidad del relámpago a los territorios del Congreso de la Unión y en medio de una debilidad manifiesta del Poder Legislativo, en cuanto a su función de contrapeso político. Una función que no evitará, una vez más, que sigan reinando la oscuridad y el misterio cuando se toman las decisiones más graves del país.

He aquí varios ejemplos:

Uno. Desde que comenzó la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos –el pasado 16 de este mes-, el Congreso mexicano sólo se ha abocado a escuchar las conversaciones.

El Ejecutivo mexicano invitó a Washington a una comisión de legisladores; pero éstos no han sido más que unos convidados de piedra, porque ni siquiera son informados. Los tres países han firmado un acuerdo de confidencialidad.

Los Ejecutivos de los tres países se comprometieron a guardar en secreto los diálogos, acuerdos y convenios de dicha renegociación en una caja fuerte que ninguno deberá abrir sino hasta cuatro años después de que haya entrado en vigor el nuevo tratado comercial.

Envuelto por esa atmósfera enrarecida, ayer el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se apersonó ante los senadores del PRI cuando celebraban su sesión plenaria, en la que discuten la agenda legislativa que ya propondrán para el periodo ordinario que a punto está de comenzar.

Aunque emitió declaraciones, se cuidó muy bien el secretario de revelar pormenores de las conversaciones que se desarrollan en Washington, y próximamente en Ciudad de México, entre los negociadores de los tres países.

Ildefonso Guajardo dijo a los senadores del PRI que “México está sentado en la renegociación del tratado con una visión constructiva y propositiva”. Y hasta sentenció, advertiente, que “México quiere llegar a una mejora, pero tampoco vamos a estar sentados (negociando) a cualquier precio”.

El Congreso mexicano tiene la facultad constitucional de llamar a rendición de cuentas al Ejecutivo, para que informe sobre cualesquier ejercicio del poder público. En el caso de la renegociación de marras, los legisladores no han querido ejercer su función de control político y sólo se aprestan a escuchar lo que los hombres del presidente Peña quieren decir.

Dos. Otro tema fundamental sobre el cual el Congreso tendría que estar ejerciendo su función de contrapeso, es el nombramiento del fiscal general de la República, que deberá entrar en funciones el 1 de enero de 2018.

El Congreso se ha subordinado a la agenda política del presidente de la República, quien por estos días pretende a toda costa imponer como fiscal general de la República al actual procurador general de la República, como también pretende hacer que se aprueben leyes en la materia de seguridad interior y mando policial, pendientes de su aprobación desde que comenzó el sexenio.

Para estos efectos, es evidente que el PRI, en su diferendo con los panistas, está pretendiendo dar un trato de “amansalocos” a Ricardo Anaya y, de paso, a Rafael Moreno Valle, a quienes por estos días se les han acusado de ambiciosos y hasta de “posibles asesinos”.

Al indefendible Anaya lo atacan, mediante filtraciones, de ser un voraz y un deshonesto que se ha enriquecido inexplicablemente, y al ex gobernador de Puebla lo acusan de espionaje político y Peña Nieto es una de sus víctimas. Pero, por si esto no fuera grave, ya le achacan la desaparición de una persona.

Anaya jura que lo difaman, y contraataca diciendo que el PRI lo que pretende es subordinar a garrotazos al PAN, para que lo ayude a nombrar como fiscal general de la República a Raúl Cervantes, actual procurador, para que durante nueve años a partir de 2018 toda esa clase política priísta corrompidísima, liderada actualmente por Peña Nieto, gocen de impunidad.

Tres. Este 1 de septiembre, la ley obliga al presidente de la República a presentar por escrito al Congreso de la Unión el informe anual sobre el estado que guarda la administración pública federal.

Pero lo hace bajo un formato sellado por la simulación de una rendición de cuentas sellada por la farsa.

Es una farsa de rendición de cuentas porque el Presidente de la República sólo refiere lo que le conviene, sin que el Congreso pueda obligarlo a rendir cuentas detalladamente.

Cuatro. El 6 de septiembre es fecha estipulada por la ley para que el Ejecutivo Federal entregue al Congreso de la Unión sus propuestas fiscales para el año próximo: Criterios Generales de Política Económica, leyes de ingresos y presupuesto de egresos de la Federación para el 2018.

En todo ese proceso legislativo –que comienza formalmente desde que el Congreso recibe el paquete fiscal hasta el día en que se aprueba el presupuesto, los días 15 de noviembre de cada año-, los diputados y senadores muy poco pueden hacer realmente para que los presupuestos sean revisados y se les corrijan de acuerdo con los intereses y beneficios de la mayoría de la población, a la que dicen supuestamente servir desde su condición de representantes de la nación.

Aun cuando las comisiones están sesionando permanentemente, los diputados y senadores sólo se dedican a esperar los términos finales de las negociaciones entre sus legisladores de las cúpulas y los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cinco. Hay una iniciativa esperada desde el comienzo del sexenio, que muy probablemente ahora se atreverá a sacar el PRI: la iniciativa de reforma constitucional mediante la cual pretenderá la privatización del agua en todo el país.

Tendrá trabajo la oposición en echar a andar la función del contrapeso de por sí debilitado. Veremos.
29 Agosto 2017 04:00:00
El juego de ajedrez de López Obrador al que quiere incorporarse el PRI
El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión este lunes con senadores de su partido, el PRI, en Los Pinos, y hará lo mismo hoy, martes, con diputados federales priístas. Y dos temas fundamentales les cascabelean a él y a los legisladores: El nombramiento del fiscal general de la República, que el Congreso deberá realizar durante el periodo ordinario cuyo comienzo a tiro de piedra está, y la sucesión presidencial al interior del partido en el poder.

El nombramiento del fiscal es un asunto de suprema importancia para el PRI y para el presidente Peña Nieto, por obvias razones: Necesitan a un funcionario que les sirva de auténtica tapadera durante todo el sexenio próximo y tres años más del siguiente, del 2018 al 2027 (nueve años será el tiempo del fiscal), y no uno con el que corran el severo riesgo de ir a la cárcel tan pronto termine el sexenio, gane o pierda el PRI en el 2018.

Peña Nieto ha sido el presidente más cuestionado de toda la historia de las presidencias priístas. La llamada “casa blanca” y la relación cínica, inocultable, que ha sostenido con empresas como HIGA y OHL –y también los negocios multimillonarios que están barbotando de la reforma energética que él prohijó- lo han colocado en la picota de la oposición, cuyo ramal más recalcitrante, el que lidera Andrés Manuel López Obrador, está rozando los linderos de la Presidencia de la República.

Para los priístas y para el gabinete presidencial con Peña a la cabeza, la mera posibilidad de que López Obrador los baje del caballo en 2018, ya les representa una verdadera pesadilla. Una amenaza muy seria de cómo vivir la vida en el hipotético sexenio del hombre que ha tenido como principal bandera de lucha combatir la corrupción y acabar con la impunidad en México.

Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR desde el pasado 26 de octubre de 2016, es el caballo de ajedrez que Peña Nieto y el PRI pretenden dejar como titular de una Fiscalía que el Congreso de la Unión construyó con chapa autónomo del Poder Ejecutivo Federal. Y ha sido diputado federal y senador priísta varias ocasiones.

Contrario a como está actualmente la Procuraduría General de la República, que pertenece el organigrama de la Presidencia de la República y que por tanto su titular es nombrado por el titular del Ejecutivo, la Fiscalía deberá ser nombrada por el Senado de la República, de acuerdo con el 102 constitucional, que fue reformado para tales efectos en diciembre de 2014.

Ir a la cárcel por ladrones es, para muchos priístas y actuales funcionarios del gabinete de Peña, mucho más que una mera posibilidad. Al menos esa es la lectura que está dejando López Obrador por donde se para, a pesar de que niega que vaya a haber una suerte de “cacería de brujas”. Basta con que diga que se aplicará la justicia, para que millones de personas supongan que caerán muchos funcionarios de hoy en el bote.

Lo aprensivos que están en el gabinete y en el PRI ante el avance de Morena, hacen suponer que tienen miedo. Y tanto que, a toda costa, no quieren perder la Presidencia de la República.

Si el dato es certero, cuando López Obrador jura que cuando menos unos 500 mil millones del presupuesto federal son robados cada año, por vía de la corrupción, entonces muchos, muchísimos funcionarios del gobierno federal y también de todas las nomenclaturas de gobiernos estatales y municipales identificados con el sistema político priísta, estarían en grave peligro de perder patrimonios mal habidos.

Por eso es tan crucialmente importante para el PRI y Peña Nieto el nombramiento del fiscal general de la República. Así lo dejaron bien sentado ayer, en Los Pinos, en los corrillos que precedieron a la aparición de Peña Nieto.

Más allá de la agenda legislativa, motivo formal, aparente, de la reunión que legisladores priístas sostendrán estos dos días con el habitante de Los Pinos, ha estado el asunto de la sucesión presidencial.

¿Quién será el candidato del PRI a la Presidencia de la República? Era la pregunta mordiente de la reunión, ayer.

Si bien hay más de nueve nombres barajados desde hace meses, ayer desde mucho antes de que se reunieran en la casa del Presidente, los senadores priístas no dejaban de mirar hacia los exteriores de su partido. Y una figura política se recortaba ante ellos, como la visión acaso del náufrago moribundo que dispuesto está a ir a todas y que ha visto a lo lejos una tabla de salvación: La de Ricardo Monreal Ávila.

Al interior del PRI, en los últimos días, han mirado con insistencia las señales de Peña Nieto, que no cejan en apuntar dos objetivos: Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, y a José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público. Y a uno tercero, allá por la tercera fila, al titular de Salud, José Narro Robles.

Pero lo que ha sucedido la semana pasada en Morena, territorio de Andrés Manuel López Obrador, no tiene parangón. Una decisión absolutamente dictatorial, autoritaria, del Pejelagarto podría constituir un paso en falso de graves consecuencias para su causa: Colocó a Claudia Sheinbaum en el carril de la virtual candidatura de Morena al gobierno de la ciudad de México, pero con exactamente los mismos métodos antidemocráticos que él ha criticado del régimen. Y hay una crisis al interior de Morena. Por eso están con la mirada atenta desde Los Pinos, para ver cómo recomienzan su juego del ajedrez con miras al 2018.
26 Agosto 2017 04:00:00
El triunfo histórico del PRI: Oposición nacida a su imagen y semejanza
Uno de los grandes pendientes, históricos, del Congreso de la Unión es la revisión total y absoluta del sistema de partidos políticos en México.
Saben todos los jugadores políticos en el Congreso que este sistema de partidos está podrido hasta el tuétano, y que el autoritarismo, el verticalismo y la corrupción han sido, desde que prácticamente lo inauguró el PRI en 1929, algo así como los apellidos de los partidos políticos.

Desde el principio, el PRI tuvo como esqueleto al verticalismo, aprendido por los generales que lo fundaron en las filas del ejército. Y la disciplina fue fundamental para que ese partido, y después los demás, funcionaran.

Cuando apareció el PAN diez años después, en 1939, su nomenclatura fue prácticamente igual a la del entonces partido en el poder. Una nomenclatura afincada en el principio de autoridad, aun cuando la primera generación panista inauguraba en México un discurso en que se llenaban la boca con la palabra democracia, y que ahora convertido está en retórica infame.

No es ocioso cuando politólogos a lo largo de toda esta historia contemporánea del México del siglo XX, y de lo que va del XXI, afirman que el PRI obtuvo un triunfo histórico sobre el resto de los partidos: nacen con diferentes actas de nacimiento pero muy a su imagen y semejanza.

El verticalismo se enquistó en los intersticios de los partidos políticos desde el nacimiento mismo de estos, convirtiéndose en un cáncer que termina carcomiéndoles las entrañas y el corazón, hasta transfigurarlos en esos monstruos kafkianos en que están convertidos ahora; dicen servir a la gente, pero nadie se los cree. O muy poca, y eso haciendo acopio de fe.

Las decisiones al interior de los partidos suelen ser tomadas de arriba para abajo. El sistema de partidos mexicano está carcomido por una dictadura de los mandamases, de las dirigencias, de las cúpulas.

Muchos de estos partidos son en realidad unos simuladores de marca mayor. Tienen como propósito engañar a la gente. Dicen tener como naturaleza la lucha y consecución del poder; pero han terminado siendo solo enormes maquinarias para venderse a quienes sí ejercen el poder público en México. Paleros. Satélites. Rémoras de los partidos más grandes.

No hay un partido que no hable de democracia, sobre todo en tiempos de vísperas electorales.

Ahora en estos días en eso están, precisamente. Pero sus hechos los delatan.
Con el cinismo que lo caracteriza, legisladores del PRI ayer en San Lázaro se la pasaron hablando de un Congreso sólido y fortalecido, que es garante de México en cuanto a la rendición de cuentas.

El PAN –atacado por el Gobierno, pero no por su condición de opositor sino atacado como si fuese una vendetta entre mafiosos- parece un gato presuroso en echarle tierra a sus heces para que no se la vean, cuando, angustiado, enojado, se ha dedicado a tratar de justificar a su líder nacional, Ricardo Anaya, descobijado por una filtración sospechosa en la que lo ponen como un corrupto tamaño familiar.

El PRD, noqueado desde hace varios años, solo acierta a contemplar las veredas políticas para incorporarse, al vuelo, a la que más le convenga; algo parecido a lo que ha hecho el Pvem prácticamente desde que nació.

El nuevo partido, al que millones de personas lo han visto como un acto de fe y esperanza, Morena, acaba de cometer un acto de terror: Su dirigente mayor, Andrés Manuel López Obrador, acaba de elegir de la manera más antidemocrática posible, de una terna de tres aspirantes, a quien a su juicio deberá ser el candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad de México, en 2018, justo cuando él esté jugando para la presidencia de la República.

Mediante una supuesta encuesta –de por sí un método criticado históricamente por su altísima vulnerabilidad para la manipulación y la implantación de la mala leche-, Morena eligió a Claudia Sheinbaum como su virtual candidata al gobierno de la ciudad de México, a pesar de que otro de los contendientes, Ricardo Monreal, habría estado muy por arriba de las preferencias de la gente, en otras encuestas no autorizadas por Morena.

Desde el principio se supo que era Sheinbaum la favorita de AMLO, y que Monreal no lo es, como tampoco lo fueron nunca personajes de la izquierda mexicana como Gerardo Fernández Noroña.

Con la elección del candidato virtual a jefe de gobierno en 2018, Morena jugó a las tres bandas y con su decisión no hizo más que mirar lejos, el 2024. Si Monreal ganaba ahora, y el año próximo el gobierno de la ciudad, estaría colocándose en la antesala de la candidatura presidencial de aquí a siete años, independientemente de que ganase en 2018 López Obrador la Presidencia de la República.

Si el Congreso mexicano en serio fuera “un signo visible de la representación popular”, como, demagógico, decía un priísta ayer, ya habría revisado este sistema de partidos podrido que, como un rey midas al revés, todo lo que toca lo convierte en podrido.

Autoritario por antonomasia, este sistema de partidos solo produce partidos verticales, a los que la gente mira bajo una óptica de fe, más que de convicción, porque no hay de otra para transformar, llegando, al poder.

¿Y los candidatos independientes?, preguntarán algunos. Sin duda, representan un peligro grave para la República, por la vulnerabilidad en valores y por la fuerza desmecatada de poderes fácticos, lícitos e ilícitos, que andan en pos de ellos. Pero esto es para otro espacio.
25 Agosto 2017 04:00:00
Una renegociación comercial envilecida hasta las cachas
México ha firmado un acuerdo de confidencialidad con Canadá y Estados Unidos sobre la renegociación del tratado de libre comercio. Ayer, un diario canadiense lo reveló, y según las agencias noticiosas que lo retoman, dicho compromiso entre los ejecutivos de los tres países “prohíbe a los gobiernos distribuir textos, correos electrónicos, propuestas y presentaciones que integran las ofertas de las otras partes negociadoras, con una guía sobre cómo deben manejar el material”.

De acuerdo con lo que ha publicado The Canadian Press, los tres gobiernos se ha comprometido a “compartir la información internamente con funcionarios y también externamente con los líderes de los sectores que consultan en la negociación”.

Y la información que no utilicen los sectores (empresarios), deberá ser “almacenada en archivos seguros cuando no se utilice”, y bajo el sello de “confidencial”.

Apenas el miércoles de la semana pasada comenzaron las renegociaciones, en Washington. Y acordaron que durará dicha confidencialidad cuatro años, a partir de que las conversaciones concluyan.

Este acuerdo es similar al denominado Plan Mérida, que Vicente Fox y Felipe Calderón firmaron y en el que comprometieron la soberanía nacional con Estados Unidos de tal modo, que fue visto como el comienzo de la batalla estadounidense por controlar militarmente territorio mexicano y por hacerse del sector energético del país, que finalmente consiguió cuando Enrique Peña Nieto y su partido, el PRI, prohijaron la llamada reforma energética, aprobada en agosto de 2014.

Igual que sucedió cuando negociaba el gobierno mexicano el Plan Mérida con los Estados Unidos, así ahora todo esto ocurrirá bajo un manto oscuro, sin que nadie de los interesados y posiblemente perjudicados sepa lo que negocian los gobiernos.

En julio de 1993, cuando concluyeron las negociaciones de aquel tratado de libre comercio con esos dos países, también las conversaciones tuvieron el sello del misterio, y comenzaron a saberse de los detalles a partir de que entró en vigor, el 1 de enero de 1994.

Al parecer, ahora será peor. El sello de confidencialidad no podrá romperse sino hasta cuatro años después.

¿Qué harán, entre tanto, los poderes legislativos y las respectivas poblaciones de los tres países?

A pesar de que el Congreso mexicano tiene la obligación constitucional de revisar todos y cada no de los ejercicios de gobierno que realice la Presidencia de la República, es de presumir que no ejercerá su deber y que los diputados y senadores, una vez más, se harán los desentendidos.

El PRI en las dos cámaras del Congreso está transfigurado en un muro de contención verdaderamente infame. Todo lo que le convenga al Ejecutivo Federal lo secunda, y no le importa en lo absoluto que estas decisiones sean altamente perjuiciosas para la población mexicana.

Como sucedió en 1993, y como sucedió en 2005-2009, el Congreso de México es de esperar que nada hará para obligar al Ejecutivo federal a que informe sobre los negocios que acuerda con los Estados Unidos.

Este acuerdo de la confidencialidad muy probablemente lo impuso el gobierno de Donald Trump. Y al Congreso de la Unión se le hará todavía más difícil saber si realmente los negociadores mexicanos están trabajando para favorecer los intereses de México.

¿Cómo quedará, finalmente, el sector agropecuario mexicano? ¿Y el asunto de la soberanía alimentaria, tan tocada por el TLC de 1994? ¿Y el tema del empleo extra nacional que tanto regateó Estados Unidos durante la firma de 1993? A estos tres asuntos de suma importancia para los intereses mexicanos, se le suma el pretendido deseo de Donald Trump de someter todavía más a México.

El gobierno de Donald Trump quiere, a ultranza, que México ceda en tres puntos neurálgicos, cuando menos:

Uno: libertad de inversión absoluta en el sector energético.

Dos: Amarrar a la seguridad nacional de Norteamérica al sector energético, lo que en otras palabras no es más que el intento bestial de subordinar totalmente a México a sus intereses geopolíticos y militares; por su todavía faltara algo.

Y tres: Pretende Estados Unidos que los paneles litigiosos se ciñan a las leyes de los Estados Unidos.

Desde que Trump asumió la presidencia de su país, voces de la oposición y de la academia mexicana plantearon muy alarmadas el riesgo de que el gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo no negocie sino que termine de entregar al país a los gringos.

Preferirían muchos de ellos que dicha negociación se hiciera con el gobierno que resulte de la elección presidencial de 2018; pero esto es precisamente lo que trataría de evitar a toda costa el presidente estadounidense, quien se ha de sentir bastante cómodo en ese papel de gran halcón que trae entre sus garras a ese miserable ratoncito en que se ha metamorfoseado el presidente mexicano desde que aquél asumió el poder.

Al contrario, ante la celeridad de los tiempos electorales de México, Estados Unidos, Canadá y el gobierno de Peña Nieto también aceleraron el paso, y han dado una velocidad de vértigo a una negociación que, desde cualesquier esquina del sentido común, en realidad se mira como una imposición.

Con la firma de la confidencialidad, el Congreso mexicano estará obligado a retomar el debate. Un debate forzado por la oposición ante un PRI envilecido y cínico que todo lo obstaculiza en el Congreso, para que la población de México no se informe, no sepa, no piense y no actúe.

¿Cuándo lo hará? ¿El jueves próximo, cuando sesione por última vez la Comisión Permanente, o a partir de que comience el periodo ordinario de sesiones? Veremos qué tan envilecidamente lentos reaccionan los legisladores mexicanos.
24 Agosto 2017 04:00:00
El socavón se ahonda: “Peña y Ruiz Esparza implicados delictivamente”
Ahora era Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador de Morelos, quien ayer se resistía a caer en el socavón del Paso Exprés, del que nomás no pueden salir ni Enrique Peña Nieto ni Gerardo Ruiz Esparza, presidente y secretario de Comunicaciones y Transportes.

Graco se transfiguró en un perro de pelea con las mandíbulas trabadas. Ante diputados y senadores de la tercera comisión de la Comisión Permanente –ante la cual, la víspera, se había personado también Gerardo Ruiz Esparza-, el gobernador morelense sostuvo que fue él quien al titular de SCT y al mismo presidente de la República les dijo, el pasado 1 de abril, que era muy “apresurado” inaugurar el Paso Exprés de marras.

Soltó dos ganchos al hígado: uno al secretario: “(Gerardo Ruiz Esparza) está mintiendo”. Y otro a Enrique Peña Nieto: “Es inexplicable por qué no pide la renuncia del secretario… ¿Será porque quieren que Ruiz Esparza se vaya de senador (la próxima Legislatura)?”

Inusual discurso de un gobernador, el de Graco ayer en los territorios del Congreso de la Unión. He aquí partes medulares de lo que el no menos polémico mandatario estatal dijo a los ocupantes del Ejecutivo Federal:

“La Comisión Estatal del Agua advirtió a la Secretaría (SCT) desde el 30 de octubre de 2016 que la alcantarilla del colector pluvial ubicada en la barranca Santo Cristo resultaba insuficiente para avenidas máximas de agua.

“Que se cambiara, dijimos. Y advertimos que no podía resistir este tubo, desde 2016. Ayer faltó a la verdad el secretario, por cierto.

“Pero sí observamos el apresuramiento de querer inaugurar la obra. Bajo protesta de decir verdad, le plantee al secretario también que era muy apresurado esa inauguración.

“Y su respuesta fue: ‘Ya me comprometí a que en Semana Santa se abría esto. Es muy importante que Morelos haga un anuncio de que pueden (paseantes) venir en Semana Santa. Faltan detalles y estamos trabajando a marchas forzadas”.

Citaba así Graco a Ruiz Esparza. Y siguió el gobernador:

“Y yo me resistía todavía. (Entonces) se me llama del Estado Mayor Presidencial y me dicen que presidente me espera… porque yo argumenté tener una reunión de la Conferencia de Gobernadores (Conago, de la que él es presidente ese semestre), y que el presidente (Peña Nieto) me espera en Los Pinos”.

Dijo entonces Graco que llegó retardado hora y media, pero Peña lo esperó. “Y en la conversación se lo dije al Presidente; y lo conversamos; pero él aseguró que esto en 48 horas estaría resuelto”.

Había estupor en el PRI y en la oposición.

Pero Graco Ramírez siguió: “Nunca aceptamos la irresponsabilidad de que el secretario de SCT dijera que eran cuestiones de  señaléctica y de mover materiales  y terminar la obra totalmente, a sabiendas de que había allí una falla estructural. Que tarde que temprano, como advertimos un año antes, no iba a servir para el drenaje ese tramo de la carretera”.

Cuando un senador le preguntó qué haría alguno de sus funcionarios estatales resulta implicado en el delito (en el socavón murieron dos personas), Graco dijo al Pleno de la comisión: “le pediría la renuncia al director de Protección Civil”.

Entonces miró hacia Los Pinos, adonde despacha Peña Nieto, y exclamó: “No entiendo por qué no lo ha hecho el señor Presidente, con respecto a Ruiz Esparza, (cuando) Ruiz Esparza se ha dedicado a defenderse, a autoproclamarse necesario para llegar a la verdad de los hechos…”

Y lo que dijo a continuación fue un recto a la cara del titular de SCT: “Para castigar como si fuera justiciero. Ruiz Esparza ha pagado millones de pesos en campañas para asociar el socavón al gobierno de Morelos y a Graco Ramírez en particular.

“Hay un video de un ciudadano que circula en redes desde anoche, donde va un asesor de la Presidencia recomendando qué hacer en las redes para poder ensuciar y desviar todo hacia el gobierno de Morelos”.

Era directa la flecha contra el titular de SCT. El gobernador morelense continuó: “El secretario Ruiz Esparza dice que no se puede bajar del barco, porque está a medio camino, o está medio lleno de agua, no entiendo su figura. Pero al secretario ya se le hundió el barco.

“No entiendo por qué el presidente tiene que pagar ese precio con respecto a Ruiz Esparza. El lo nombra y él lo puede quitar. Y si hay responsabilidades de carácter penal, efectivamente  lo es, porque se le nombra para eso. Cuando uno tiene responsabilidades en un Ejecutivo sabe que si se comete algo indebido en sus funciones de acuerdo con la ley orgánica o no cumple con su obligación, es sujeto de responsabilidad”.

Y apostillaba: “Aquí y en cualquier parte. (Y Ruiz Esparza es responsable) por omisión o por comisión. Y aquí es una responsabilidad por omisión… en el mejor de los casos”.

Fue entonces cuando sacudió al PRI y lo hizo tragar aceite: “No entiendo por qué sigue secretario de SCT Ruiz Esparza. Es un tema político. A lo mejor lo quieren ver de senador la próxima elección, para que pueda tener capacidad de poder actuar. No sé. Cuál es la preocupación”.

Miguel Barbosa Huerta, senador de Morena y jurista, resellaba el día, diciendo más tarde: “Que quede claro: aquí ya se dijo todo; el señor gobernador acaba de implicar en la comisión de un delito al Presidente de la República y al titular de SCT, y debe denunciarlos penalmente ante la PGR, si no quiere quedar atrapado en la figura delictiva del encubrimiento”.
23 Agosto 2017 04:00:00
El socavón de Enrique Peña Nieto y sus amigos
Rocío Nahle García dijo a un Gerardo Ruiz Esparza de estilo hierático: “Para la construcción del Paso Express, de 23 compañías que participaron en la licitación, solo dos pasaron la prueba. En este tema de Aldesa, el apellido Del Mazo aparece constantemente”.

Y añadía la diputada federal de Morena: “También su asociada OHL ha estado bajo proceso judicial por diversos contratos de obra fraudulenta y sus nexos de corrupción con muchísimas personas en España, e incluso funcionarios del partido gobernante, el Partido Popular”.

Y remachaba: “La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene un presupuesto altísimo. Ustedes se encargan de la obra de infraestructura más grande de este país y son cuestionados en muchas partes de la República. Y hay una constante, desde el sur hasta el norte: las licitaciones que se entregan están direccionadas, en su gran mayoría a empresas extranjeras, casi todas españolas”.

Y abundaba otra vez: “La construcción del Paso Express costó 2 mil millones de pesos para solo 15 kilómetros, lo que significa que cada kilómetro costó 150 millones de pesos, cuando a lo mucho tendría que ser de 15 millones cada uno”.

Estaba allí el secretario de SCT ante diputados y senadores de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente. Pero se le veía imperturbable, seguro. La seguridad acaso que le ofrecía el hecho de que no estaba allí bajo el formato de comparecencia, sino de mera reunión de trabajo, lo que no le obligaba a conducirse con verdad.

El motivo de la reunión consistía en responder sobre lo que sucedió en el 12 de julio pasado en la autopista México-Cuernavaca, en un sitio conocido como Paso Exprés, adonde por el reblandecimiento de la tierra provocada por acumulación de agua se abrió un socavón, matando a dos personas.

El diputado Vidal Llerenas Morales, también de Morena, dijo a Ruiz Esparza: “Los secretarios están para eso y para asumir responsabilidades políticas. Usted no cumplió su responsabilidad administrativa de supervisar adecuadamente una obra paradigmática del Gobierno de la República y pues insisto en que flaco favor le hace al gobierno de la República”.


Y le exigía: “debe renunciar”.

Gerardo Ruiz Esparza fue colocado por la oposición en la picota más alta. Las obras del sexenio de Enrique Peña Nieto mayormente relacionadas con la corrupción y el robo al erario público están en el área de las carreteras, y es Ruiz Esparza el encargado del despacho presidencial más criticado por la oposición.

Ha sido el mismo secretario de SCT quien, en su reunión de ayer con los legisladores, culpó prácticamente a un tapón de basura provocada por la fuerte lluvia, de ser el causante de la tragedia del 12 de julio pasado.

No tan determinantes como los de Morena, pero hubo panistas como Minerva Hernández Ramos que criticaron con dureza al secretario: “La tragedia ocurrida el pasado 12 de julio, que acabó con la vida de dos personas, ¿no lo mueve a presentar su renuncia, Secretario?, es un tema de ética política, es un tema de ética pública”.

Ruiz, con su cara de tabla, ni se inmutó con la pregunta de Hernández. Ella continuó: “Póngase en el lugar de las víctimas, seguro que a usted sí lo hubieran rescatado, hubiera llegado un helicóptero del Ejército a darle oxígeno y lo hubieran rescatado”.

Y añadía la legisladora: “Este socavón fue tan grande como la negligencia criminal de los constructores y tan monumental como la omisión de las autoridades”.

Y volvía a decirle: “SOlo tres meses y una semana bastaron para que el Paso Exprés de Cuernavaca, que contaba con una garantía de 40 años, según lo informado por usted, mostrara su verdadero rostro: graves deficiencias estructurales, drenajes obsoletos, falta de carriles de incorporación y desaceleración, pérdidas económicas y daños
ecológicos”.

Nada perturbaba a Ruiz Esparza. Ni siquiera cuando le restregaban los sobre precios, después de que habían licitado muy por abajo del precio final: “¿Qué factores explican esta diferencia en el presupuesto inicial para la construcción de la obra de 1,045 millones que llegó hasta los más de 2,213 millones que finalmente se gastaron? ¿Quién hizo la obra y por qué la ganó más del 100 por ciento de incremento en el costo?”

O las preguntas de Miguel Salim, también diputado panista: “Hablan también de muchas modificaciones en el proyecto, ¿a cargo de quién estuvo el proyecto ejecutivo, quién mandó hacer el proyecto ejecutivo y qué empresa lo hizo, por qué no lo dijo desde el principio que eran 10 carriles y no ocho, etcétera, todas las modificaciones que se hicieron, por qué no se hicieron en el proyecto ejecutivo inicial?

“Mi pregunta final, señor Secretario es: ¿cómo le decimos a los mexicanos, cómo le explicamos a los mexicanos que una obra de 2 mil millones de pesos se resume en: alcantarilla, alcantarilla-basura?”

En la revisión de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación descubrió anomalías en el ejercicio presupuestal de SCT, precisamente en los pagos que hicieron por la autopista de marras, la del Paso Exprés.

Vidal Llerenas Morales restregó a Gerardo Ruiz Esparza: “La Auditoría Superior de la Federación dijo que había un problema, y que en general ustedes no cumplieron la ley en este caso.

“Entonces, a mí me parece algo gravísimo, porque no nuestra instancia de detectar irregularidades no sirvió para nada en ese caso. Usted dijo algo que me parece que puede quedar en la historia de la vida política de este país, que es que los precios de las obras se modifican para bien”.
22 Agosto 2017 04:00:00
Arrecia la pugna por el control de las dos Cámaras
En los territorios del Congreso de la Unión comenzó ayer una pugna sorda por el control de las Cámaras federales. El PRI en el Senado de la República, este lunes, tironeó con la fuerza de sus 54 senadores –de un total de 128- para hacerse de los dos principales órganos de gobierno: La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.

Su forcejeo basado en el hecho de que es la primera minoría, en realidad de poco o nada le serviría, si el PAN no estuviera siempre a su lado, haciéndole el caldo gordo, negociando. Y ahora también el PRD.

Arguye el PRI que a ellos les corresponde presidir la mesa directiva tres de los seis años de esta Senaduría, que concluye en 2018. Y que dos le tocan al PAN y uno al PRD.

Si el PAN se pusiera de veras en un papel de opositor respetable y serio, y también el PRD, el PRI no tendría posibilidad alguna de salir con sus trapacerías acostumbradas. Y entonces la mesa directiva tendría que ser presidida por cuando menos el PRD, que es la tercera fuerza representativa, después del priísmo y el panismo. O por el PAN, para completar su cuota de dos años.

El PRI sostiene que solo ha presidido la mesa directiva del Senado dos años; sin embargo, en la realidad no ha sido así, porque ya lo ha hecho tres años, éste último, que a punto está de concluir, el 31 de agosto, a través del Pvem, que no ha sido más que un saltimbanqui del Priísmo y del presidente Enrique Peña Nieto.

La mesa directiva senatorial está presidida por Pablo Morales Escudero, senador pvemista y quien para mayores señas es el yerno de Manlio Fabio Beltrones.

Este lunes, en el terreno declarativo, panistas y perredistas advertían al PRI que “igual no le toca ninguna” de las dos figuras de gobierno. Y planteaban –en voz de Dolores Padierna, coordinadora perredista y Fernando Herrera, coordinador de los panistas- que el PRI se quedase con la presidencia de la Junta de Coordinación Política en tanto que el PAN se quede con la presidencia de la Mesa Directiva.

Esta propuesta muy a modo para el PRI, por parte de los dos opositores de actuación siempre ambigua ante el poder, tiene su jiribilla política por supuesto, porque se trata también de alejar al nuevo grupo parlamentario del PT-Morena de toda posibilidad de que se apunte con la presidencia de la mesa directiva.

La bancada del PT-Morena creció este año hasta los 15 senadores, y es superior, por mucho, al PRD, que tiene ocho, y al Pvem, que tiene siete. El PRI se sostiene en sus 54 legisladores y el PAN en sus 38.

Si la vida en el Congreso mexicano estuviera siendo regida por la ética, la honradez y la justicia, nadie debería sufrir empacho alguno para que los de Morena-PT pudieran presidir la mesa directiva o, cuando menos, la Junta de Coordinación Política.

Si ya la mesa la presidió el PRD y el Pvem, ¿por qué no debería también hacerlo el grupo parlamentario que responde al interés político del partido de Andrés Manuel López Obrador?

Claro que no lo van a permitir ni el PRI ni los partidos que han estado escenificando con él durante todos estos años una farsa de juego democrático.

Harán estos tres partidos como que se pelean, pero en realidad lo que tienen como pretensión fundamental que el PT-Morena no tenga la menor posibilidad de hacerse de uno de los dos principales órganos de gobierno del Senado de la República, a partir del 1 de septiembre próximo, día en que comenzará el tercer y último año de la actual 63 Legislatura.

El otro frente abierto contra el PT-Morena en el Senado, ha consistido en regatear a ultranza, a los morenistas, las presidencias de las comisiones legislativas. Y esto exactamente lo mismo estará sucediendo en la Cámara de Diputados en septiembre, adonde el grupo parlamentario Morena ha crecido (ayer) de 39 a 45 diputados federales, tras de que seis legisladores perredistas renunciaron a su bancada, para quedar el PRD solo con 55.

Y habrá más, vaticinaban los que se fueron: Karina Barrón, Ana Leticia Carrera, Héctor García, Carlos Hernández, Jesús Valencia y Alberto Martínez.

Políticamente significativo, porque siembra en la población la impresión de que crece y crece, justo en el umbral del 2018, así se ha tildado en San Lázaro la incorporación de los seis a Morena; aunque en cuanto a equilibrio de las fuerzas a la hora de los votos, no lo será, por el hecho de que el PRI consiguió que el PAN, PRD, Pvem, Panal, Partido Ciudadano y el Partido Encuentro Social, estén respondiendo a los intereses absolutos del régimen, negándose históricamente a sí mismos como partidos de oposición.

La actual 63 Legislatura ha sido tan ignominiosa y traidora a los intereses de la nación como lo fue la tristemente célebre 62 Legislatura, que en agosto de 2014 consiguió revertir la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, regresando el subsuelo mexicano a las compañías petroleras extranjeras y a gobiernos como a los de los Estados Unidos, Inglaterra, España y Alemania.


ESTRIBO

La semana que comienza se convertirá en un eco incesante de las agendas legislativas de todos los grupos parlamentarios. En paralelo a los temas de la agenda y de este otro respecto del control político de las cámaras, se asomará el tema de los presupuestos y de los criterios generales de política económica para el 2018.
19 Agosto 2017 04:00:00
“482 millones de personas, 28% del PIB mundial, 16% del comercio global”…
Y al final, dos visiones del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, en lo laboral y económico, fueron retratadas por el PRD y PAN.

He aquí:
Isidro Pedraza Chávez, senador del PRD: “Hoy voy a dar lectura a un documento donde 18 organizaciones mexicanas y 38 organizaciones sociales de Canadá y Estados Unidos, sostuvieron un encuentro e hicieron una declaración política en el sentido de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

Es una posición de la sociedad mexicana, estadounidense y canadiense, y va orientada a llamar la atención en los puntos torales que hay que cuidar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio:
“Declaración política del encuentro de organizaciones sociales de Canadá, Estados Unidos y México.

“Las y los participantes en el encuentro organizaciones sociales de Canadá, Estados Unidos y México, ante el inminente proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, condenamos este modelo porque ha afectado gravemente al desarrollo nacional, siendo contrario a los intereses de los pueblos, del medio ambiente y de nuestro sistema democrático.

“Además, los Tratados de Libre Comercio han fracasado políticamente por no haber cumplido con las promesas y expectativas de prosperidad anunciadas para los trabajadores del campo y la ciudad, detonando una severa crisis social.

“Apostamos por la construcción de un modelo de integración, cooperación e intercambio entre los países, que garantice la participación democrática de la sociedad en la negociación de cualquier acuerdo, que sea transparente en todos sus términos y condiciones y que con base en la cooperación internacional y la soberanía de cada país promuevan la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales, regionales y locales, con pleno respeto a los derechos humanos, políticos, económicos y sociales, culturales y del medio ambiente. Además, debe garantizar el trabajo digno, el salario remunerador, independientemente del origen y condición migratoria.

“Ya que desde la implementación del TLCAN, en 1994, han sido los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente en los tres países, quienes han sufrido, mientras que los inversionistas ricos, las grandes corporaciones y sus ejecutivos han cosechado más ganancias y han adquirido más derechos y poder, ese poder ha tenido un efecto negativo en nuestras democracias.

“Cualquier tratado comercial debe revertir esas tendencias innegables y conducir hacia un desarrollo sustentable, sostenible y ampliamente com partido en toda América del Norte.

Hasta ahora no son alentadores los signos de que un nuevo TLCAN contribuya a las necesidades de las personas y las comunidades de América del Norte, y al medio ambiente, que todos compartimos.

“Varios funcionarios en los Estados Unidos han mencionado utilizar el Tratado de Asociación Transpacífico como punto de partida para su revisión, aunque los trabajadores y las comunidades se oponen ampliamente al TPP con argumentos concretos y buenas razones.

“Las organizaciones, movimientos de la sociedad civil y comunidades originarias rechazamos, no solo los detalles técnicos del actual TLCAN y los posteriores acuerdos comerciales dirigidos por Estados Unidos en las Américas, sino también en las posiciones beligerantes, militaristas, xenófobas y misóginas del Presidente Trump, por lo que exigimos la plena vigencia del derecho internacional y la no intervención para garantizar la paz mundial”.

Y por el PAN, fijó posición la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, quien comenzó: “A lo largo de nuestra historia, la relación de México con Estados Unidos, ha pasado por diversos momentos difíciles y, sin embargo, debemos estar conscientes unos y otros en que dada nuestra vecindad, debemos consolidar alianzas estratégicas de muchos temas de la relevancia para ambos.

“Hoy comienzan las rondas para la renegociación del TLC que, sin duda alguna, ha sido un instrumento muy beneficioso para los tres países que lo conforman.

“Tan sOlo el año pasado, el intercambio comercial con nuestros dos socios del norte, representó un poco más de 500 mil millones de dólares, el TLCAN creó una de las áreas de comercio libre más grandes del mundo, 482 millones de personas, esto es 7 por ciento de la población mundial, 28 por ciento del PIB mundial y 16 por ciento del comercio global.

Respecto a Estados Unidos, nuestra relación es tan dinámica, que, en promedio, cada minuto se comercia un millón de dólares y entre los tres países, se comercian 108 millones de dólares por hora o 2 mil 600 millones de dólares al día.

“Tan sOlo en el año 2015, el comercio entre nuestras naciones fue, incluso, más grande que el existente entre Estados Unidos y Alemania, Corea del Sur y Japón, en conjunto.

“El gobierno norteamericano no debería soslayar el hecho de que aproximadamente seis millones de empleos estadounidenses dependen directamente del TLC y que el sector industrial de aquel país se encuentra fuertemente vinculado a las exportaciones mexicanas.

“Las cifras anteriores nos dejan ver que este tratado comercial, en realidad ha sido uno de los mejores que se han firmado en la historia.

“En Acción Nacional, consideramos que esta es una buena oportunidad para actualizar el contenido del mismo y posiblemente zanjar las controversias históricas que hemos tenido en torno a algunos productos como el azúcar, el atún, el autotransporte, la madera, entre otros.

“Consideramos que, bajo ninguna circunstancia, debe eliminarse el Capítulo XIX del Tratado en materia de solución.

“En términos de balanza comercial, consideramos inaceptable una reducción al comercio, bajo el argumento de que el déficit es, per se, algo dañino.

“Y coincidimos con el gobierno de Canadá en que los déficits son superávits, no deben de ser la única medida para evaluar si una relación comercial funciona”.
18 Agosto 2017 04:00:00
Las bondades del TLC según el PRI, y los peligros que ve Morena
¿Y qué decía el PRI, a propósito de la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, cuyas conversaciones en Washington comenzaron ayer? María del Rocío Pineda Gochi, senadora priísta, dijo: “Sin lugar a dudas, dicho proceso marcará un hito en nuestras relaciones comerciales con nuestro principal socio comercial, pero también nos dará la pauta para reposicionar a nuestro país como socio estratégico en el concierto internacional”.

Y reforzaba la priísta: “México hoy tiene una economía sólida con una gran experiencia y una pujante vocación exportadora que se ha consolidado durante los 23 años de vigencia de este importante tratado.

“Aunque es innegable que existen críticas, lo cierto es que hemos tenido grandes avances e importantes beneficios.

“Visto exclusivamente como un acuerdo de comercio el TLCAN ha sido una historia de éxito para nuestro país: Se consolidó un sector exportador altamente competitivo.

“Hoy en día exportamos una lista de productos manufactureros, cuya participación en la economía representan alrededor del 65 por ciento de la producción total.

“Cuando entró en vigencia el acuerdo, en 1994, sólo una cuarta parte de la producción industrial era destinada a la exportación, y desde esa fecha ha crecido hasta un 665 por ciento.

“Podemos mencionar algunos datos que hoy nos hacen ser un país realmente competitivos; por ejemplo, México es el segundo exportador de autos en América Latina; nuestras exportaciones en la industria aeroespacial aumentaron 140 por ciento; somos el sexto exportador mundial de herramientas y aparatos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria; y el primero en pantallas planas.

“Estos avances son contundentes, pero también tenemos otra realidad innegable.

Desde la firma del acuerdo se ha mantenido un magro crecimiento del PIB per cápita; nuestro crecimiento como economía emergente ha sido mediano; también hemos tenido costos en el tipo de cambio y la agenda migratoria.

“Consideramos que hoy tenemos mayor margen de maniobra y estamos en una postura diferente. El panorama nacional e internacional ha cambiado sustancialmente y los grandes progresos tecnológicos abrieron nuevos horizontes para la cooperación y el intercambio; pero fomentaron el surgimiento de nuevas amenazas y riesgos que debemos considerar y enfrentar de manera trilateral.

“La coyuntura internacional exige actuar con responsabilidad de cara a los nuevos retos de la agenda global, como el cambio climático, el fenómeno migratorio, el crimen organizado, temas que no debemos pasar por alto a la hora de la renegociación.

“Desde que el gobierno norteamericano planteó la necesidad de actualizar el TLCAN nuestras autoridades consideraron oportuna esta intención y se han manifestado abiertas a la renegociación, al diálogo y a la construcción de acuerdos que beneficien a las tres naciones.

“Estamos ciertos que nuestro país se ha preparado para llevar a cabo las negociaciones. Tenemos un equipo negociador fuerte, con una experiencia sólida y, sobre todo, con una postura firme en la defensa de los intereses de los mexicanos.

“Consideramos que la propuesta mexicana es innovadora porque considera temas de gran calado para la modernización del TLCAN con una mayor participación de las Pymes en el intercambio comercial y las cadenas de valor; la incorporación de la perspectiva de género; mecanismos de movilidad laboral; y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías del siglo 21”.

Esto es lo que planteó el PRI, en la sesión de la Permanente.

Ahora la posición de Morena y PT en voz del senador Miguel Barbosa Huerta: “Este día inició la revisión del Tratado de Libre  Comercio con América del Norte, y es precisamente cuando la ausencia de una política exterior del Estado mexicano se hace más evidente.

“Muchas veces reiteramos la urgente necesidad de nuestro país, de construir una política de Estado que permitiera enfrentar los lineamientos del gobierno de Donald Trump.

“Siempre se dieron largas o se entorpecieron los trabajos, el resultado es que hoy cuando inician las negociaciones el gobierno mexicano ocupa su lugar en la mesa sin una estrategia integral y sin el apoyo de la sociedad mexicana.
“Queda claro que esta falta de interés para construir una verdadera estrategia de Estado no fue un accidente, o producto de las circunstancias.  El Gobierno federal y la Cancillería así lo definieron, con el objetivo de llegar a las negociaciones para poner en la mesa únicamente sus prioridades.

“México debe rechazar cualquier intento de parte del gobierno norteamericano de aplicar medidas proteccionistas, aranceles, cuotas o restricciones a las exportaciones. Si el gobierno de Estados Unidos insiste en estos temas, el Gobierno mexicano debería considerar seriamente retirarse del proceso de negociación.

“Tenemos claro que México no debe aceptar la eliminación del capítulo XIX. En este tema, México debe ir de la mano con Canadá e impedir su eliminación en el contexto de un tratado entre países tan asimétricos como México y Estados Unidos, es importante mantener un acuerdo que garantice que las disputas bilaterales se resolverán con paneles de expertos, y no mediante la aplicación de las leyes de un solo país.

“Por el contrario, México debe aceptar la negociación en temas de modernización del acuerdo y que al mismo tiempo beneficien al país mediante el impulso de una agenda en aspectos tales, como la transparencia, el combate a la corrupción, los estándares de condiciones laborales, entre otros.

“México no debería cometer el error original del TLCAN, y debe de pugnar por incluir el tema de movilidad laboral en el acuerdo.

“Si bien es imposible considerar que pudiera permitirse el libre tránsito de personas entre los países, no es del todo improbable llegar a un acuerdo en materia de trabajadores migratorios temporales”. (Continuará)
16 Agosto 2017 04:00:00
En el ajo de Odebrecht estarían Lozoya, Videgaray y Peña Nieto
La acusación que enfrenta en Brasil el ex director general de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, es probablemente el mayor problema judicial que, hasta el momento, enfrentará, de refilón, el presidente Enrique Peña Nieto, porque él es el jefe directísimo de aquel, Y en medio de ambos está Luis Videgaray Caso, coordinador de la campaña de Peña cuando Lozoya recibió 4.1 millones de dólares de 10 que le entregaron como soborno.

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ha denunciado penalmente ante la PGR a Lozoya, y advierte que podrían ser responsables también otros funcionarios, como Videgaray y el mismo presidente de la República.

¿Cuánto dinero del soborno aquel fue a parar a la campaña presidencial de Peña Nieto?, fue la pregunta que lanzó Morena ayer a los cuatro vientos.

He aquí partes medulares de la conferencia de los morenistas, posterior a la denuncia penal contra Lozoya ante la PGR (las preguntas son de múltiples reporteros):

Rocío Nahle García: “El caso de Odebrecht es un caso muy complejo en toda América Latina y en algunos países de África. En toda América Latina, los personajes que entraron a este acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, han dado datos y en toda América Latina han sido veraces. Presidentes que están fuera ya del cargo; funcionarios que están en la cárcel.

“Odebrecht tiene obras muy importantes en PEMEX, que se adjudicaron de forma directa o que, en este caso, como lo comentan, el propio director de PEMEX les hacía el camino donde podían asociarse o cómo para dar contratos a modo. Eso es peculado. A él se le dio la responsabilidad de bien administrar una empresa del estado y la utilizó para enriquecimiento ilícito.

“Veremos cómo procede el Procurador, porque hay conflicto de intereses.

Probablemente se tenga que excusar.

--¿Por qué conflicto de interés? –preguntó un reportero a Rocío.

“Hay un conflicto de interés porque el procurador era el coordinador jurídico de la campaña de Peña Nieto y ellos recibieron dinero desde la campaña. Emilio Lozoya era un miembro activo del equipo de Peña Nieto.

“Entonces, presumiblemente, ahí puede haber dinero de Odebrecht dentro de la campaña, porque ellos a eso se dedicaban y lo dicen. Que ellos se dedicaban a financiar campañas de quienes creían que podían ganar, para después cobrar favores. Y lo vemos porque, después de ello, Peña Nieto recibe a todo el Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos”.

--¿Esa carta viene del Fiscal de Brasil?
“Sí, así es. Viene rotulada del Fiscal de Brasil. Viene en portugués, incluso”.
--¿Fue dirigida a ustedes?

“No. Es parte de los documentos que él ha recabado y del proceso que se está llevando en Brasil”.

--¿Desde cuándo se supo en México lo de Lozoya?
“Desde abril se sabía y nosotros lo conocemos hasta agosto. En abril va el Procurador Cervantes a Brasil. Está allá dos o tres días, y cuando regresa decide reservar a cinco años la información.

“La Ley de Acceso a la Información dice que en casos de corrupción no se puede reservar. Entonces, se tiene que dar a conocer todo esto. Son muchísimos… Es muchísimo dinero. Tan solo en PEMEX nosotros hicimos un cálculo que son cerca de 5 mil millones de dólares que se dio en contratos a esta empresa.

“También vamos a presentar nuevamente juicio político. Yo lo presenté el primero de marzo de 2016, cuando él salió de PEMEX, porque ya había una estela de corrupción sobre lo de OHL y sobre un endeudamiento interno neto en la empresa, por más de 10 mil millones de dólares.

“Endeudamiento que no se reflejó en inversión; que no hubo mayor inversión en activos como refinerías, petroquímica, ductos. Sin embargo, la producción cayó. Cayó la producción de hidrocarburos, la producción de gasolina, la producción de todo. Sus cuentas son malas. Las cuentas de él son muy malas.

--¿Confían ustedes en Arely Gómez, secretaria de la Función Pública?
“Pues imagínate nada más, todos ellos son del equipo de Peña Nieto. Estamos en un verdadero problema en México.

“En el 2010, en la PGR con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, ingenieros jubilados de PEMEX que tienen la personalidad jurídica, interpusieron una denuncia porque se estaba entregando un contrato de gas etano por 20 años a precio preferencial. Eso era dumping, porque en automático los complejos petroquímicos de PEMEX se iban a caer, como ya está sucediendo. Esto es desde hace mucho tiempo; se ha señalado por muchos años.

“Y lo de hoy es que se dejó pasar tanto por Felipe Calderón, porque Odebrecht llega en el 2006 con Calderón, que eso no se nos olvide. Llega con ellos. Tienen en Michoacán... es la primera obra que hacen sobre una presa, donde también tienen un acto de corrupción.

“El modus operandi de Odebrecht es que entra a una licitación y cotiza muy bajo para ganar. Y la mitad del contrato, pide ampliación de presupuesto y siempre, en todas las obras, terminan dándole hasta el doble.

“En la Refinería de Minatitlán; en la Refinería Miguel Hidalgo; en el caso de Los Ramones; en el caso de la entrega del contrato de Etileno XXI; en Veracruz, con Javier Duarte, y presidentes municipales tanto del PAN como del PRI. En Morelos, creo que también estuvo ahí Odebrecht.

“En diferentes estados se le abrió la puerta, así como se le abrió a OHL. Entonces ya es momento. ¿Y qué confianza tenemos? No, no tenemos confianza, pero vamos a estar nosotros investigando”.
15 Agosto 2017 04:00:00
“Claramente Odebrecht, como OHL, metió dinero a la campaña de EPN”
Una quemazón mayúscula ha comenzado a chamuscar las canillas de la Presidencia de Enrique Peña Nieto cuando ahora se descubre que Emilio Lozoya Austin pidió y recibió 10 millones de dólares del corporativo brasileño Odebrecht, 4.1 millones de los cuales le fueron entregados de abril a noviembre de 2012, en plena campaña electoral y cuando el entonces próximo director general de Petróleos Mexicanos fungía como coordinador de contactos internacionales del entonces candidato presidencial priísta, y brazo derecho de Luis Videgaray Caso, quien a su vez fungía entonces como coordinador de la campaña del actual
primer mandatario.

Que Lozoya Austin es un corrupto de siete suelas, eso la oposición en los territorios del Congreso mexicano ya tiene certeza casi total de que así es. Pero él lo niega con ese aplomo olímpico que solo tienen los grandes delincuentes de cuello blanco.

Quien le entregó el dinero –un brasileño que responde al nombre de Luis Alberto de Meneses y que suelta la sopa desesperado e ilusionado por que la justicia de su país, a cambio de su delación, le aminore los años de cárcel a sus 60 años de edad- jura que Lozoya se lo pidió a cambio de los favores que recibiría Odebrecht cuando llegase al poder Enrique Peña Nieto, en el área de los energéticos.

Peña, Lozoya y Videgaray constituyeron el trío más terrible y letal que ha tenido México en su contra, en la materia energética. Fueron los artífices de la privatización de la energía a través de la reforma energética de agosto
de 2014.

Este lunes, en San Lázaro, el grupo parlamentario que más en serio asume su condición de oposición y contrapeso, Morena, dijo lo siguiente sobre el caso en una conferencia de prensa:

Rocío Nahle García: “El primero de marzo del 2016, presenté una denuncia de juicio político contra Emilio Lozoya Austin por sus nexos con la empresa transnacional OHL. Esto después de que Reforma publicó una conversación entre Oteyza, el dueño de OHL, y Emilio Lozoya, donde estaba esperándolo para meterlo a la CFE con Ochoa Reza.

“Derivado de eso, y dentro del juicio político, también lo estoy señalando por un endeudamiento neto que dejó de la empresa. De 6 mil millones de dólares de endeudamiento, cuando recibió la empresa, a 15 mil millones de dólares, cuando salió. Estamos hablando de un endeudamiento neto de 10 mil millones de dólares, mientras él estuvo en gestión.

“Nosotros, en ese tiempo que él estuvo de director, la producción petrolera cayó un 12 por ciento, al pasar de 2 millones 577 mil barriles diarios que se tenían en diciembre del 2012, a 2 millones 259 mil barriles en enero de 2016. Esta caída, señalamos en el juicio político, estaba representando… los ingresos cayeron en 241 mil millones de pesos.

 “El caso de Odebrecht, desde abril, aquí tengo un documento que es del Tribunal Supremo de Brasil, donde el ministro Edson Fachin, el relator, desde abril, señala un pago ilícito en ese momento por 5 millones de dólares a Emilio Lozoya, presidente de Pemex; o sea, gerente de Pemex. Esto es desde abril. Se le pidió al procurador que nos diera la información. ¿Y qué dice el procurador? Pues que se va a reservar a cinco años, porque no nada más es Emilio Lozoya.

“Odebrecht llega en el 2009 con Calderón a Pemex. Y en diciembre de 2009 tiene una reunión en Cancún y en febrero de 2010 firman un contrato a 20 años de gas etano, para entregárselo a Odebrecht para hacer un complejo petroquímico. Un complejo que la financiera mexicana Bancomext y Banobras terminan ayudando o aportando a este señor Marcelo Odebrecht para hacer el complejo.

“Ya Braskem, que es la filial de Odebrecht, ya reconoció el pago de sobornos. Ayer la Procuraduría emitió un boletín y argumenta que Braskem y Odebrecht están reconociendo el pago de sobornos. Entonces no nada más es que van a reconocer; una empresa con estas características, no debe de estar trabajando con el Gobierno mexicano.

“Vamos a revisar el contrato que se les dio a 20 años. Vamos a revisar, y estamos pidiendo los créditos que la banca mexicana, o sea Bancomext y Banobras, le dieron a Marcelo Odebrecht a través de Braskem, para hacer un complejo petroquímico.

“Mañana voy a presentar, vamos a presentar el Grupo Parlamentario de Morena, una denuncia penal en la PGR. No nos interesa si dice el procurador que ya tienen
ellos una.

“Otro tema muy preocupante es que Emilio Lozoya empieza a recibir dinero estando de promotor, de auxiliar y de funcionario, como le queramos llamar, en la campaña de Peña Nieto. Hay dinero de Odebrecht, así como hay de OHL, en la campaña de Peña Nieto.

“Claramente dice ahora el reporte que se emite de Brasil, que esta empresa veía perfilado a Emilio Lozoya porque ya estaba dentro del grupo de campaña de Peña Nieto, quien se estaba perfilando como el virtual ganador, y le metieron mucho dinero.

“Entonces el dinero de Monex, el dinero de OHL, el dinero de Odebrecht. Todo esto es un escándalo. Los presidentes o ex presidentes en América Latina unos están en la cárcel, otros están en juicio. A Vilma la sustituyeron porque movió dinero de una cuenta a otra, y luego trianguló a otra cuenta; por eso la sacaron. Aquí no, aquí hay soborno en millones de dólares”.

Y fue cuando Rocío Nahle anunció que hoy su partido pedirá a la PGR comience un juicio penal contra Lozoya y quienes resulten sus cómplices…
12 Agosto 2017 04:00:00
Los relámpagos de agosto y los presupuestos para el 2018
A partir de la semana entrante, en los territorios del Congreso de la Unión, los presupuestos para el 2018 comenzarán a rodar hacia su primera estación, el 6 de septiembre, cuando por ley la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deba entregar al Legislativo –asumiendo como Cámara de origen a la de diputados- su manojo de proyecto fiscal para el 2018.

Éste consistirá, fundamentalmente, de tres ramificaciones: Proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018, proyecto de ley de ingresos y sus leyes de apoyo anuales conocidas como miscelánea fiscal, y los Supuestos Macroeconómicos, también nombrados Criterios Generales de Política Económica.

La Cámara de Diputados tiene la facultad constitucional exclusiva de autorizar el presupuesto de egresos de la Federación.

Y tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores están facultadas para autorizar los Criterios Generales y las leyes de los ingresos.

Por obviedad de razones, lo que primero se revisa y aprueba son los supuestos Macroeconómicos. A éstos se les mira como el marco referencial o las medidas del campo en que jugarán los presupuestos de egresos y de ingresos.

El Ejecutivo Federal envía como proyectos de Criterios Generales sus propuestas sobre el tamaño de la economía nacional proyectado para el año siguiente, en este caso el 2018: Crecimiento, déficit, tipo de cambio proyectado durante el año, precio del barril de petróleo mexicano para fines de cálculo de los ingresos, inflación.


Con los Criterios Generales de Política Económica, lo que hace el Gobierno federal es plantear el tamaño con que visualiza a la economía nacional.

Hay legisladores que miran a los Criterios y a la ley de ingresos junto con pegado. Uno va con el otro. Críticos importantes de la política fiscal del sexenio ha sido el Partido Acción Nacional y el reciente Movimiento de Regeneración Nacional.

Esperan con ansiedad lo que el gobierno propondrá en crecimiento, inflación, barril, déficit. A 25 días de la entrega formal de los proyectos de presupuestos, hay rumores en el pasillerío de San Lázaro en el sentido de que la inflación proyectada para el año siguiente será arriba de los cinco puntos. En el resto de Supuestos, muchos han optado por esperar lo que planteará Hacienda y Crédito Público.

Ahora que el PAN ha vuelto a plantear un cambio fiscal, y que Hacienda a través de su titular ha reiterado que nada cambiará en materia de los ingresos, en la Cámara de Diputados prevén una suerte de choque de trenes cuando se esté discutiendo las leyes de los ingresos, particularmente entre el PRI y PAN.

La condición de año eminentemente electoral (el 2018) hará que los aliados en lo fundamental simulen que son peso y contrapeso. Y el tema de los ingresos será materia prima para que el PAN trate de borrar en la gente la imagen de farsante que tiene, sobre todo a partir de que votó al lado del PRI reformas de leyes que han dañado gravemente a la economía familiar y a la economía misma del país, como la reforma energética.

He aquí los tiempos legislativos, aproximadamente, de la tríada de asuntos fiscales:

A partir de cuando llegue a San Lázaro el paquete fiscal de marras, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados se declarará en sesión permanente y sus 30 legisladores estarán supuestamente revisando tanto los Criterios generales como las leyes de los ingresos.

Supuestamente, porque en la realidad, en la práctica, quienes negocian Criterios y modificaciones fiscales no son otros que los diputados de las cúpulas de los partidos políticos más encumbrados y cercanos al poder presidencial: PRI y PAN.

El grueso de la mayoría de diputados queda en una suerte de tropa disciplinada que espera lo que sus jefes deciden y negocian con la Secretaría de Hacienda, para finalmente votar en el sentido que les ordenarán cuando llegue la hora de emitir dictámenes en el seno de la comisión, para después subir dicho dictamen al pleno de los 500 legisladores.

La Cámara de Diputados, en los momentos de decisión política importantes para el país, suele amorcillarse contra las tablas, permitiendo que únicamente los jefes de dichos partidos políticos vayan a negociar con el secretario de Hacienda o con los subsecretarios de éste.

La Cámara de San Lázaro tiene hasta el 22 de octubre para aprobar Criterios Generales y leyes de los ingresos, porque es la fecha en que tiene el Senado que tener ya sendos paquetes. Entonces, los senadores los revisan y deberán refrendarlos o regresarlos, y para ello tienen hasta el último día de octubre para autorizarlos.

Los días 1 de noviembre de cada año, Ingresos y Supuestos deben estar autorizados, porque entonces comenzarán a correr los tiempos de revisión del presupuesto de egresos, en la Cámara de Diputados  exclusivamente.

El 15 de noviembre, por ley, tendrá que estar autorizado el presupuesto de egresos.

Este ejercicio legislativo de los presupuestos es, de acuerdo con la teoría de los pesos y contrapesos constitucionales, el más importante de cuantos realiza en todo el año el Congreso.

Y de los tres ejercicios, el más fundamental es el presupuesto de egresos, porque a través del gasto público es como el Estado mexicano se expresa y manifiesta en cada uno de los integrantes de su población.

Para desgracia de la República, este ejercicio ha estado demasiado viciado, manipulado, pervertido, y sujeto al vaivén tortuoso de la corrupción y la impunidad de una clase política que decidió desde hace muchos años servirse y no servir.
11 Agosto 2017 04:00:00
“Inaceptable, renegociar el TLCAN sin objetivos claros ni calidad moral ni dignidad”
Hablaban del Tratado comercial más importante de cuantos ha firmado México. Entonces ocupó la tribuna Yericó Abramo Masso, diputado federal priísta, coahuilense. Y decía, justificador a ultranza del gobierno: “Sí hay estrategia en la construcción de las prioridades para la elaboración del Tratado de Libre Comercio”.

Y sentenciaba en favor de Enrique Peña Nieto: “Diríamos que sin gobernar para la tribuna, ha asumido el costo político de privilegiar el interés superior de la nación encarando dificultades de toda naturaleza con un plan de juego previamente diseñado”.

“Esta es una gran oportunidad para México, y para el equipo que nos representa, que su capitán haciendo gala de capacidad de actuación habrá de aprovechar.

“Todos los sectores y factores de la economía se vieron beneficiados y, desde entonces, el trayecto no ha sido sencillo, pero ha sido mejor con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sin él.

“Actualmente representa la zona de libre comercio más competitiva del mundo con un total de 2.8 mil millones de dólares al día en comercio trilateral, además, México aporta el 12 por ciento de las importaciones de sus socios;  mientras que en 1993 sólo llegábamos a casi un 5 por ciento.

“Los indicadores del mercado, ya que durante el primer trimestre de este año, México reportó una inversión extranjera directa de casi ocho mil millones de dólares; se trata de la cifra más alta para un primer trimestre en toda la historia del indicador, y fue un 39 por ciento mayor que la del último trimestre del 2016, cuando Donald Trump amenazaba con abandonar el Tratado de Libre Comercio.

“Expertos en la materia han afirmado, con gran claridad, que con un marco trilateral es con lo que más conviene a los países de América del Norte trabajar, entre ellos Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, reconoció como una relación comercial: ‘Es tan fuerte, que resulta perturbador romper el comercio’; 23 años de libre comercio entre nuestros países, acreditan cómo hemos superado obstáculos, construyendo puentes que trascienden barreras geográficas, y que han aportado beneficios para todos.

Turno del senador del PT-Morena Miguel Barbosa Huerta: “Lo que el Senado tendría que tener sería un asiento en el equipo negociador, un asiento es por lo que deberíamos de pugnar todas las fuerzas políticas del Senado, porque aquí todos pueden hacer un ejercicio, por cierto, ya muy informado de lo que es el TLC y de la posición que México debe tener, y hay cifras, y hay datos que, bueno, son el bagaje técnico que se adquiere en la tarea legislativa parlamentaria.

“Por cierto, para los optimistas por el TLC, no va a haber TLC en el 2018 ¡Eh! si lo quieren como instrumento de campaña, ni allá ni acá, no va a haber. Si se da, podría ser en el 2019, y afortunadamente ya habrá otro gobierno con una visión, de país, distinta.

Al final, la diputada perredista Maricela Contreras Julián, quien decía: “Se habla mucho de la renegociación del Tratado de Libre Comercio; pero en términos reales no sabemos ni qué términos, ni cuáles son las prioridades del gobierno.

“Cuando entró el TLCAN, hace 23 años, en 1994, se nos prometió que México entraba al primer mundo, que íbamos a reactivar la economía, que iba a haber más empleos, que se iba a mejorar el campo, y tantas cosas más, pero en realidad, ha sido otra, esta realidad es otra.

“Ha habido una ola privatizadora de quiebra de empresas, de abandono del campo, y lo que es peor, de una entrada de muchos de nuestros recursos naturales que se venden baratos y se compran elaborados caros.

“Poco a poco, una pérdida de nuestra soberanía económica y alejamiento de nuestras relaciones comerciales con gran parte del mundo. Se ha centrado la relación comercial, básicamente, con los Estados Unidos.

“México, con el TLCAN, se aisló económicamente, comercialmente para depender de los intereses comerciales de los Estados Unidos.

“Ya se ha dicho que la renegociación no es tal, sino una imposición del gobierno de Donald Trump.

“Las autoridades mexicanas han sido incapaces de poner temas de agenda prioritaria que defina nuestros intereses nacionales.

“Los efectos del TLCAN han sido muy devastadores para algunos rubros.

“Por ejemplo, un sector que era orgullo nacional, como lo fue el campo durante muchos años, ahora está abandonado, devastado y de manera trágica, prácticamente está desaparecido, ni siquiera tenemos agricultura de subsistencia, esa que permitía a los campesinos de México tener sus reservas de frijol, de maíz y hortalizas, esto ha traído una pérdida también de soberanía alimentaria y que ha sumido en la pobreza y el hambre a muchos sectores de la población, tan sólo se plantea que México tiene más de 55 millones
de pobres.

“Es inaceptable ir a un proceso de renegociación del TLCAN si una visión clara, sin objetivos específicos, obedeciendo sólo a una agenda de una nación, y lo peor del caso sin la calidad moral y dignidad para defender nuestra nación, desde luego que el TLCAN es importante, pero no lo es todo, en este proceso debe reconocerse el potencial de nuestro país en actividades comerciales con otros países, el aporte de los migrantes a la economía de los Estados Unidos.

“En resumen, defender a México de unos intereses voraces, negociación que realmente beneficia a nuestra nación con el Tratado justo y equitativo, tenemos que dejar de ser un país dependiente de los Estados Unidos”.

Fueron los primeros escarceos de un debate que debería comenzar cuanto antes en México.
10 Agosto 2017 04:00:00
“¿En verdad el déficit de la balanza comercial de EU se debe a México?
Conversaciones desde la tribuna atiborradas de datos. Así eran los pronunciamientos de Dolores Padierna Luna, senadora perredista, y de Juan Carlos Romero Hicks, senador del PAN.

He aquí a la Padierna, quien comenzó citando partes medulares del discurso justificatorio de Donald Trump: “Me parecía que debíamos llegar a una solución más simple, y esa solución es imponer aranceles en la frontera, porque Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60 mil millones de dólares con México, y Estados Unidos ya no tolerará más esos déficits.

“Fui elegido porque estamos perdiendo mucho dinero ante México, porque los empleos, las fábricas y las plantas se están mudando a México; tengo que decirle que esto es insostenible, lo que quiero son aranceles.

“Yo solo quiero algo muy simple, con alto grado de precisión, que pongamos un arancel fronterizo para que los productos que entran de México a Estados Unidos se graven con una tasa que sería de 10, 15 o 35 %.

“…Yo no quería una reunión con México, simplemente quería seguir con el plan fiscal que estábamos trazando para México, esa es mi postura actual.

“Yo simplemente quiero implementar un impuesto fronterizo, no tener reuniones. Si ustedes quieren seguir con las negociaciones o no es su problema, yo estoy decidiendo poner aranceles a México’… son (todo lo anterior) palabras de Donald Trump ofendiendo al Presidente de México, y con eso a México.

“Y no fue capaz el presidente (Enrique Peña Nieto) ni de defendernos, ni de decir que eso es ilegal, que eso no lo puede hacer, que hay un derecho internacional. Pero, además, lo que está diciendo Donald Trump es completamente falso.

“Si uno revisa la balanza comercial de Estados Unidos ha sido deficitaria, en efecto, desde hace varios años.

“En 2000 el déficit representó el 55.8 por ciento de las exportaciones; en 2016, ya con Trump, bajó un poco, bajo a 50.8 por ciento.

“En 2016, el 47.1 por ciento del déficit de Estados Unidos lo ocasionó China; después le sigue en importancia la Unión Europea con 19.9; después Japón con 9.3; y en cuarto lugar aparece México muy lejos con el 8 por ciento.

“¿De verdad el déficit de la balanza comercial norteamericana se debe a México?

“Evidentemente que no, y no hay quién le diga a Trump que está mal informado y que si él quisiera reducir su déficit comercial tendría que actuar con China, no con México.

“Pero vamos a suponer que se sale del TLCAN y que México entonces corta de tajo sus exportaciones a Estados Unidos, ¿qué pasaría?

“Pues Estados Unidos seguiría teniendo un déficit muy alto porque el principal país con el que tiene cinco veces más que México es con China.

“Si uno analiza la balanza comercial de México, en efecto, México aumentó sus exportaciones con relación a las etapas anteriores; pero hay que decir que el componente importado de las exportaciones mexicanas es muy alto, es de 40 por ciento de acuerdo a los datos que nos dio el secretario de Economía.

“Si estamos exportando el 40 por ciento de nuestras exportaciones tienen un alto contenido importado, ¿de quién? De Estados Unidos, de Estados Unidos.

“Luego entonces nuestras exportaciones no cumplieron con el objetivo de arrastrar, de encadenar a toda la economía productiva del país y, al contrario, se sustituyeron las importaciones por una política que desmanteló nuestra industria”.

Turno de Romero Hicks: “A punto de iniciar la primera ronda de negociación del Tratado de Comercio Libre de América del Norte, el 16 de agosto, y le estamos dando la oportunidad de mirar más lejos, más allá de los tratados, hay que construir una comunidad de América del Norte.

“Se requiere una visión de Estado, y por eso la delegación mexicana que inicie la negociación, debe tener muy claro que los sectores académico, empresarial, laboral y, en general la opinión mexicana, es que deben revisarse las condiciones del tratado vigente.

“Necesitamos una mirada más ambiciosa, necesitamos ir más allá de lo que estamos recibiendo en este momento.

“El 31 de julio el gobierno federal informó al Senado de la República y coincidimos, en principio, en los cuatro objetivos de la renegociación. Primero, fortalecer la competitividad de América del Norte. Segundo, avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable. Tercero, aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI. Cuarto, promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte.

“Requerimos esa renovada visión, porque lo que ocurría en el mundo al inicio del tratado del 94, hoy es muy diferente, China no era el actor que es el día de hoy.

“Pero también hay que recordar las tramposas argumentaciones de líderes de la Unión Americana, no solamente era el presidente Trump, en su momento la reelección del presidente Bush se interrumpe, precisamente porque el candidato Clinton va en contra del Tratado de Comercio Libre, y lo mismo el tercer candidato Ross Perot.

“Tuvimos una reunión muy fructífera con el secretario Ildefonso Guajardo, y comentábamos de la gran oportunidad para incorporar temas fundamentales como anticorrupción, derechos humanos, el tema laboral, la educación, la ciencia, la cultura, la tecnología, la innovación, la industria cinematográfica que en México tiene gran relieve, y aparentemente de manera preliminar ni siquiera está considerado.

“Sí, por supuesto habrá que tener profundidad y amplitud y gran reflexión en energía, en la economía digital, en las telecomunicaciones, pero también, sobre todo tendremos que pensar fuera de los esquemas inmediatos”.

Faltaban tres oradores. (Continuará)
09 Agosto 2017 04:00:00
La irracional y muy oscura renegociación comercial con EU
La Comisión Permanente del Congreso mexicano pactó ayer un debate sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. He aquí las argumentaciones centrales de los oradores. En orden de aparición, Norma Rocío Nahle García, diputada federal de Morena:

“Durante el 2016, el saldo de la balanza comercial de México mostró un déficit de 13 mil millones de dólares, inferior al de 14 mil 600 millones de dólares reportados en el 2015, según Inegi. Esto es por lo que vale la pena preguntarnos ante esta representación, si el Tratado de Libre Comercio solo ha sido exitoso para ciertos grupos privilegiados, como se afirmó en 1992.

“Otro dato, para el 2016 el valor de las importaciones totales ascendieron a 387 mil millones de dólares, monto menor del 2 por ciento al observado en el 2015, y a su interior. Las importaciones no petroleras disminuyeron 1.8 por ciento a tasa anual, en tanto que las petroleras bajaron el 5.2 por ciento.

“Llama la atención que Estados Unidos de Norteamérica, con todo y tratado solo aporte el 29.3 por ciento de las inversiones aquí en México; Israel el 25.5 por ciento; 12.8 por ciento en España; Alemania y la República de Corea 6 por ciento. Mientras que 41 países restantes aportan el  20 por ciento restante. Estos datos nos hacen pensar que sí es necesaria una revisión del Tratado de Libre Comercio.

“Otro dato sobre la expansión de las maquiladoras durante los últimos 25 años ha generado una parte sustancial del crecimiento industrial del norte de México, que gracias al desarrollo de la minería de extracción a cielo abierto, ha provocado la mayor producción de oro y plata en la historia del país. Todo el oro y plata que se explota en México sale directamente a Canadá y Estados Unidos. Ojalá que también quieran revisar eso, porque hoy están limitando ciertos datos.

“El valor de las exportaciones de las maquiladoras en el 2005, ascendió a más de 97 mil millones de dólares, lo que representó 45 por ciento.

“¿Qué decimos? Que no debemos de aceptar una renegociación en la cual no se reconozca el pleno ejercicio de los derechos humanos en ambas naciones”.

Turno del diputado federal del Pvem Emilio Salazar Farías: “Cuando el Tratado inició, muchísima gente apostaba que iba a ser un fracaso absoluto. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio ha mostrado ser generador de empleos y generador de un comercio múltiple entre Canadá, Estados Unidos y México y, sobre todo, en el punto número Uno, que es necesario en este país, la creación de empleos.

“En el inicio del Tratado de Libre Comercio han pasado ya varios años, más de 20 años y por lo mismo requiere modernizarse, requiere incluir temas como los que menciona bien mi compañera Nahle.

“El tema energético, estoy de acuerdo con ella, el tema de derechos humanos, estoy de acuerdo con ella, pero también no permitir que haya imposición de aranceles, permitir también que esté el arbitraje siempre y para temas que sean motivo de discusión entre los países y también que haya una discusión que sea absolutamente justa para los tres países. Eso es indispensable.

“No solamente porque lo pida un presidente atípico de los Estados Unidos de Norteamérica, sino porque es necesario para nosotros adaptarnos a los nuevos tiempos.

“También será necesario impulsar pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, participar de manera activa”.

Y el senador Ángel BenjamÍn Robles Montoya, del PRD: “Todos sabemos que el Tratado de Libre Comercio, en la víspera ya de su arranque de negociaciones, como nos han dicho, modernizarlo, es una imposición del presidente norteamericano, Donald Trump y que ha aceptado un gobierno mexicano que no solamente no cuenta con un mandato popular para un proceso de esta trascendencia, similar al que originó al Tratado mismo sino que no ha hecho el menor cuestionamiento a la irracionalidad de las formas y los plazos impuestos, ni un trabajo mínimo de preparación que carece también de una estrategia también adecuada a la negociación.

“Jiménez Espriú nos decía hoy en la mañana que en el sector agropecuario, y tiene razón, nos hemos convertido en importadores de alimentos.

“En el sector industrial nos hemos transformado en maquiladores, participamos en cadenas de producción en las que el valor agregado está fuera del país con la consecuente degradación salarial de los trabajadores mexicanos.

“Estos ciudadanos hoy nos recordaban que, en una renegociación del Tratado de Libre Comercio, México lo que debería de buscar es espacios y oportunidades para implementar políticas de desarrollo agropecuario, políticas industriales que le permitan a la nación avanzar a procesos y actividades con mayor valor agregado.

“México debería seguir una lógica exactamente contraria a la que actualmente vivimos, con un gobierno, el de Trump, exigiendo protección comercial para Estados Unidos y los funcionarios mexicanos ofreciendo mayor liberalización e integración a un mercado que nos ha representado exportaciones de escaso valor agregado y de una alta dependencia.

“Debiese preocuparnos a todos las recientes manifestaciones de actores políticos estadounidenses y las correspondientes de funcionarios públicos del gobierno mexicano que hacen prever la inclusión en el Tratado de Libre Comercio de nuestro sector energético que en su momento, como todos sabemos, se reservó.

“La postura de quienes formamos parte de la fracción parlamentaria del PT es arrancar a partir de este momento la tarea que nos corresponde, vamos a proponer que haya una consulta popular y que sea el pueblo el que hable”.
(Continuará)
08 Agosto 2017 04:00:00
La codicia sin parangón de los Estados Unidos
Pero el PAN insistía en meter el pie a Andrés Manuel López Obrador, Mariana Gómez del Campo, sobrina de Felipe Calderón, dijo en su regreso a tribuna: “Por supuesto que hay interés por parte de la clase política de este país para que López Obrador se manifieste, porque durante muchos años, y ustedes no me dejarán mentir, se ha hablado de este posible financiamiento a López Obrador por parte del gobierno de Venezuela, y estamos hablando desde la época de Hugo Chávez”.

Y machacaba Mariana: “Y como es tan atrevido y tan arrebatado el señor Maduro, entiendo que probablemente no se manifieste el señor López Obrador, porque pueda sentir ese temor de que le quiten la máscara, por eso queremos que sí lo haga, y por eso insistimos para que lo haga”.

Hacía un instante, el diputado Vidal Llerenas Morales, de Morena, hubo dicho: “Entendemos el interés que hay sobre la opinión de Andrés Manuel López Obrador en todos los temas, pues va a ser el oresidente”.

Y apostillaba también: “Entendemos que llama la atención que López Obrador hoy esté en un proceso de diálogo con líderes políticos de izquierda en América Latina”.

Mariana Gómez ironizó: “Si se reúne o no con líderes de la región, ésa es otra historia, qué bueno, hay que seguir fortaleciendo las relaciones de nuestro país, hay que seguir fortaleciendo la relación con Chile, una relación bastante fuerte, empezando porque con Chile tenemos la Alianza del Pacífico, muy trabajada durante muchos años”.

Punto toral de la discusión: Que la Permanente condenara y exigiera la anulación de la Asamblea Constituyente de Venezuela. Así lo dejó sentir Mariana Gómez sobrina de Calderón: “Celebro que en esta Comisión Permanente, estemos debatiendo el tema. Y yo sólo quiero compartirles que según el Consejo Nacional de Elecciones, el domingo acudieron a las urnas 8.1 millones de venezolanos. Estamos hablando del 41.43 de los electores, cuando en las calles se llevaba a cabo una verdadera masacre al pueblo venezolano.  No hay posibilidad de que haya salido tal cantidad de gente a votar”.

Barbosa reviró a Mariana, a quien dijo: “Sería inconstitucional desconocer los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente”. Y apostillaba el senador morenista: “Lo saben todos los que tienen un mínimo conocimiento de lo que es la política exterior mexicana y sus lineamientos que establece el artículo 81 constitucional, violaría los principios de no intervención y autodeterminación”.

Y reiteraba a Mariana, así: “Como dijo Vidal Llerenas: ‘Es el miedo para que llegue López Obrador a la Presidencia de la República’. ¡No, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan! O sea, de verdad, no utilicen este tipo de foros, de escenarios para hacer politiquería. Y como dijo López Obrador: ‘Presenten una sola prueba, una sola prueba de la vinculación”.

Desde su escaño, Mariana gritó a Barbosa: “Su silencio”.

Barbosa respondió a la sobrina de Calderón: “¡Ay, por favor! ‘Su silencio’… Hagamos cosas serias, no hagamos mamarracherías”.

Última oradora fue la diputada perredista Maricela Contreras Julián. Y dijo: “Es muy lamentable que esta hora de discusión política la dediquemos a un país de América Latina, y no lo dediquemos a discutir los problemas profundos que tenemos en México.

“Por ejemplo, van 30 muertos en tan sólo 22 horas en Sinaloa; 1000 muertos en lo que va del año. Si eso no nos estruja el corazón para atender los problemas que tenemos en nuestro país, yo no sé qué nos pueda mover.

“Resultan muertos marinos y zetas en enfrentamientos en Tamaulipas; denuncian la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa; escándalo en el Gobierno federal por Casa Blanca del presidente; el gobierno espía a periodistas, líderes de oposición y defensores de derechos humanos.

 “No es Venezuela, es nuestro país lo que tendría que estarnos interesando.

 “Sin embargo, diremos que el pronunciamiento que se está pretendiendo hacer desde la mesa directiva de esta Comisión Permanente, no va a abonar en nada a una solución pacífica de los conflictos de Venezuela; no va a aportar nada como coadyuvante en el acercamiento de los diferendos que hay en Venezuela.

“Quiero decir y quiero preguntar ¿Si alguien ha visto a Felipe Calderón Hinojosa protestando por los asesinatos de periodistas en México?

“¿Pueden aquí referirse a los 60 periodistas asesinados durante el sexenio de Felipe Calderón?

“Pero todas estas evidencias nos llevan a pensar que hay una derecha mexicana promotora de odio a otros países, en lugar de ser promotores de la concordia.

“Quieren aprovechar para su beneficio político electoral la situación que vive Venezuela y tenemos, además, un país, México, que se ha plegado a los Estados Unidos de manera vergonzosa.

“¿Cuál es el verdadero conflicto que tenemos en Venezuela? Que quieren tener el control del petróleo. Es Venezuela un país estratégico por su biodiversidad y por su
petróleo.

“Como México ya cedió todo a las industrias internacionales, a las industrias extranjeras, pues ya no queda más que ser el títere de los Estados Unidos en este punto. Yo creo que tenemos que ir a eso. Estados Unidos utiliza a México para hacerse el petróleo de Venezuela.

“Y este punto de acuerdo que se pretende llevar a cabo, este pronunciamiento desde la Mesa Directiva, lo único que va a abonar es a que se polarice el conflicto en
Venezuela”.

Y así ocurre. Un día después de este pronunciamiento del Congreso mexicano, Nicolás Maduro dijo que Enrique Peña Nieto da vergüenza por la manera como se deja maltratar por Donald Trump. Y lo calificó de presidente cobarde.
05 Agosto 2017 04:00:00
Atacar a Venezuela, distractor también del fraude en Coahuila y EdoMex
Seguía Venezuela en el centro de un debate inédito en los territorios del Congreso de la Unión. Que se recuerde, nunca antes el Legislativo mexicano se había ocupado con tanta sevicia de lo que sucede en otro país latinoamericano. Se trataba, sin duda, de condenar la Asamblea Constituyente venezolana. De echarla para atrás. Pero con argumentos que, por mucho, bien podían haber sido aplicados a cuando menos los dos últimos sexenios: El de Felipe Calderón y el actual, de Peña Nieto.

Ahora el PAN habló a través del senador Juan Carlos Romero Hicks: “El silencio es complicidad, los hechos son contundentes. ¿Hay libertad de expresión en Venezuela? No.

¿Hay libertad de medios de comunicación? No. ¿Hay libertad de tránsito? No. ¿Hay mejores condiciones de vida y bienestar? No. ¿Hay Estado de Derecho? No. ¿Hay contrapeso republicano? No”.
Y apostillaba el panista: “Frente a eso, tenemos princip
ios de política exterior. Y tenemos que poner la jerarquía de las circunstancias, los derechos humanos, y por supuesto que también el Estado de derecho”.

PAN y PRI, recurrentes, insistían en golpear al régimen venezolano de Nicolás Maduro, y, de paso, a Andrés Manuel López Obrador, de gira entonces por Sudamérica. Hacía tres oradores, la sobrina de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo, senadora panista, hubo dicho: “El señor Nicolás Maduro insultó al Presidente Peña Nieto y a México; insultó también al presidente Santos y a Colombia. Nos llamó súbditos de los Estados Unidos”… El PRI envió a tribuna a José Olvera Acevedo, senador zacatecano, quien políticamente ciego, sordo, desmemoriado, y cínico, dijo: “La elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela ha incrementado el deterioro democrático de esa nación generando mayor inconformidad en la población y en la sociedad internacional.

“Los comicios estuvieron marcados por una nueva jornada de violencia que cobró más vidas y en la que las autoridades venezolanas coartaron derechos fundamentales, como la libertad de reunión, de asociación pacífica y de expresión.

“A nivel mundial diversos países, organizaciones internacionales y No Gubernamentales, desconocieron los comicios por ser inconstitucionales y contrarios a los principios básicos de la democracia”.

Entonces a todos ellos los alcanzó la realidad transfigurada en respuesta. David Monreal Ávila, senador del PT, dijo:

“En medio de los hechos internos recientes en la República Bolivariana de Venezuela y bajo una postura injerencista el gobierno mexicano se autoproclama obispo de la democracia para señalar y juzgar los acontecimientos recientes de esa nación.

“¿Qué pretende el gobierno mexicano con esta actitud injerencista? ¿A favor de quién permitirá la misma injerencia en México en las elecciones del 2018? ¿O acaso el gobierno mexicano pretende justificar ese mismo intervencionismo para nuestro país, en caso de ser  necesario? ¿A qué intereses responde esa actitud del gobierno federal?

“Sin embargo, se niega a señalar con esa misma intensidad lo que acontece al interior de México, y tal parece que una de sus intenciones es distraer a la opinión pública respecto de la manera en que se ha de resolver el fraude electoral en Coahuila y el Estado de México.

Sin olvidar las elecciones del 2006 y el 2012.

“¿Por qué están tan preocupados por los resultados de una Asamblea Constituyente de un país autónomo, independiente, y no por las elecciones nacionales más controvertidas?

“¿Acaso no deberían probar su calidad moral dando total transparencia a los resultados electorales en Coahuila y el Estado de México?
“Asimismo, el Secretario de Relaciones Exteriores ha manifestado su preocupación por la violación de los derechos humanos en Venezuela.

“Lamentablemente se le olvida los casos de Tlatlaya, donde elementos del Ejército nacional asesinaron de manera arbitraria a 22 personas.

“Otro grave caso es la violación de los derechos humanos en la que prefirieron no condenar los hechos, y que han olvidado la desaparición de los 43 normalistas en el municipio de Iguala, donde las investigaciones hechas por el grupo de especialistas manifiestan impunidad por parte del Gobierno federal para esclarecer ese hecho.

“Las cifras hablan por sí solas. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto se tienen registrados hasta el momento más de 160 mil homicidios; más de 30 mil desaparecidos en el país; y sólo en el año de 2016, en ese año 35 mil 433 personas fueron víctimas de desplazamientos forzados, y en el 2016 y 2017 se han localizado poco más de 855 fosas clandestinas.

“La administración federal también ha manifestado su preocupación por la presunta violación de los derechos a la información en el pueblo de Venezuela, ha expresado que el gobierno de aquel país se ha convertido en una dictadura que coopta a los medios de comunicación para influir en la sociedad venezolana.

“La preocupación del gobierno contrasta con la situación que vive el gremio periodístico en nuestro país; siendo el sexenio de Enrique Peña Nieto uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.

“En lo que va de la administración se han registrado al  menos 37 asesinatos de periodistas, y se han presentado, cuando menos, 700 denuncias ante la fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

“En lugar de ocupar su tiempo en intentar influir en la situación de Venezuela, especialistas en el tema han llamado al gobierno mexicano a estar atentos en la actitud injerencista de Estados Unidos a nuestro país, con el pretexto del narcotráfico y pretendiendo a sus actividades de vigilancia al territorio mexicano, violando totalmente la soberanía  nacional”.

Ahí venían otra vez Gómez del Campo y Miguel Barbosa, y Maricela Contreras Julián. (Continuará)
04 Agosto 2017 04:00:00
PRI y PAN se arrastran ante EU y golpean a AMLO con Venezuela
Tras la andanada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, del diputado federal pvemista Emilio Salazar Farías –quien junto con los no menos hipócritas priístas y panistas se expresaban “preocupadísimos” por la democracia de Venezuela-, entonces apareció en tribuna Miguel Barbosa Huerta, senador del PT-Morena.

Y Este dijo: “En Venezuela la llegada al poder del proyecto de la República Bolivariana provocó el rompimiento de su gobierno con el modelo neoliberal que se impuso en casi todo el mundo, rivalizando de manera directa con el gobierno de Estados Unidos al apartarse de su estrategia mundial sobre el petróleo”.

Y el apostille del opositor: “Hasta antes de (Hugo) Chávez, Venezuela había sido el esquirol de los americanos en materia de petróleo. Y Estados Unidos en Venezuela, como en casi toda Latinoamérica, ha ejercido y ejerce un intervencionismo político, económico, social y cultural, controlando sus gobiernos o desestabilizándolos cuando no admiten su control”.

Venían apenas los pesos pesados de la argumentación. Barbosa continuó: “Nadie puede negar que en su inicio el proyecto de la República Bolivariana tuvo un enorme respaldo social, hoy la crisis en Venezuela es innegable, las imágenes de la confrontación social, que por cierto son difundidas en el mundo por cadenas informativas americanas, como parte de su estrategia intervencionista, hacen ver que en Venezuela hay violencia de Estado y represión”.

Tampoco se trataba de defender a ultranza a Nicolás Maduro; implícito, lo decía el poblano Barbosa, quien insistió: “Los abusos de cualquier régimen en contra de su población deben ser condenados, sin importar si ocurren en Caracas, Venezuela, o en Iguala, Guerrero, México.

“En Venezuela la disputa por el poder que se da en las calles entre el propio pueblo e integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, es también la disputa entre grandes intereses económicos, nacionales e internacionales por el petróleo y el gas de ese país.

¿Y está facultado el Congreso mexicano para desconocer la Asamblea Constituyente de Venezuela? Es la pregunta que escocía a Barbosa. Y la contestó: “No nos confundamos ni nos hagamos bolas, los órganos del Estado mexicano, como son el Poder Ejecutivo, a través de su Cancillería, el Congreso de la Unión con sus dos Cámaras, y aquí la Comisión Permanente, en asuntos de política exterior, los órganos del Estado mexicano, en asuntos de política exterior, debemos de ajustarnos a los principios constitucionales de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

“Por ende, no podemos pronunciarnos por desconocer resultados electorales de otro país, mucho menos por romper relaciones diplomáticas”.

El contra argumento apareció en voz de Mariana Gómez del Campo, senadora panista, sobrina de Felipe Calderón. Y decía: “Primero, yo quiero dejar muy claro que no nos confundamos, ni tratemos de decir aquí o de venir a narrar hechos, que afortunadamente hemos venido narrando a lo largo de esta legislatura y poco a poco se han ido sumando a las voces a favor de la democracia en Venezuela, diferentes actores políticos, de diferentes partidos políticos.

“Yo quiero dejar claro, ahorita me di a la tarea, después de las intervenciones, de revisar twitter, porque también tenemos un político mexicano, que es Andrés Manuel López Obrador, que nos manda mensajes a través de las redes sociales.

“Y yo he visto, con respecto a Venezuela, un silencio absoluto, un silencio absoluto en el que, incluso, cuando integrantes de este partido político, de Morena, se reunieron con la Embajadora de Venezuela aquí en México, para implementar de la mano talleres de capacitación, incluso la misma Embajada agradeció también, a través de las redes sociales, a través de diversos twitter, el respaldo de Morena hacia el gobierno Bolivariano de Venezuela, hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

“Un gobierno que desafortunadamente hoy tiene secuestrado al Poder Judicial con jueces nombrados mediante un proceso demasiado cuestionado; un Consejo Nacional Electoral que les negó a los venezolanos su derecho a un referendo revocatorio, pero eso sí agilizó rápidamente el proceso de elección de una Asamblea Constituyente a todas luces ilegal.

“Un país en el que se prohíbe la manifestación contra un reiterado asedio a la democracia”.

La senadora del PRD Dolores Padierna Luna dijo: “Es inadmisible que el gobierno mexicano esté más ocupado en intervenir en los asuntos internos de un país hermano, que en resolver la grave crisis de derechos humanos que vivimos en México, y el déficit democrático que ellos mismos han producido con su intervención en procesos electorales o el espionaje ilegal en contra de periodistas y activistas.

“Por ello reprobamos el actuar de la Cancillería en una total irresponsabilidad que en lugar de ofrecerse para mediar ha tomado una posición de hostilidad que en nada abona a reestablecer la situación tan delicada de crisis institucional, episodios de violencia y una sociedad fracturada.

“Ante esto, el gobierno mexicano debería ser un facilitador en los procesos de mediación y de diálogo, en lugar de dinamitar la relación diplomática con el gobierno venezolano.

“Desde el Senado de la República, debemos exigir que la Cancillería mexicana explique esta errática actitud ante la crisis política interna de Venezuela y el alineamiento acrítico a las sanciones que dicte de Estados Unidos y lanzamos un exhorto al Presidente Enrique Peña Nieto, para que deje de utilizar la política exterior y la crisis de un país hermano para fines de política interna y claramente partidistas, tratando de espantar al electorado y reeditar las campañas negras del pasado”.

Prendía el debate, a pesar del cuidado que tuvo el PRI de sobrellevar un debate pactado. (Continuará).
03 Agosto 2017 04:00:00
El Congreso mexicano secunda a Peña Nieto y golpea a Venezuela
Mediante un pronunciamiento absolutamente arbitrario, sin votación de por medio y totalmente impuesto por la mesa directiva presidida por el PVEM, la Comisión Permanente del Congreso mexicano descalificó los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, desarrollada el domingo 30 reciente.

El pronunciamiento de marras –propuesto por la mesa directiva de la Permanente e insuflado por la cancillería de Luis Videgaray Caso y PRI, secundado este por el PVEM, Pes, Panal y PAN- consiste en los tres párrafos siguientes:

Uno: La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión considera que los resultados de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela celebrada el pasado domingo 30 de julio, no cumplieron con los requisitos constitucionales establecidos en aquel país y representan un instrumento para la desarticulación del Estado venezolano y su democracia, además de que dicha elección se desarrolló en medio de una cruda represión que provocó la muerte de 16 personas.

Dos: (La Mesa…) Expresa su preocupación por la revocación del arresto domiciliario por parte del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de Leopoldo López y Antonio Ledezma, líderes de la oposición, el suponer una violación a sus derechos civiles y políticos, al mismo tiempo profundiza la crisis política que vive la hermana República de Sudamérica.

Y tres: (La Mesa… ) Exhorta respetuosamente al Gobierno federal a que a través de las dependencias competentes se tenga en cuenta la difícil situación humanitaria que enfrenta el pueblo venezolano y se evalúen las solicitudes de refugio y protección complementaria que se reciban.

La argumentación y contra argumentación

Dos grupos políticos se bifurcaron en el debate: El del PRI –apoyado por el PAN, Pes, Panal, PVEM y MC-, y el de Morena, respaldado éste por algunos legisladores del PRD y PT.

La posición del PRI fue la misma que ha mostrado Videgaray: Golpear a Venezuela a ultranza. Y la de Morena y los perredistas y petistas, enarbolando los siguientes argumentos:

1: La Comisión Permanente no está facultada para condenar a un país soberano como Venezuela.

2: Si bien es criticable el ataque a opositores en aquel país, también es cierto que el conflicto responde a un abierto acoso de Estados Unidos contra Venezuela, para hacerse de su enorme riqueza en recursos naturales, entre estos el petróleo y el gas.

3: ¿Con qué cara se atreve el PRI a desconocer una elección, la de la Asamblea Constituyente, si aquí han estado robándose elecciones desde hace varios años?

Catorce oradores en tribuna; los primeros ocho, para pronunciamientos partidistas; el resto, intervenciones para contra argumentar los supuestos motivos del pronunciamiento de la mesa directiva. He aquí, en orden de aparición:

Diputado Jesús Méndez Salas, del Panal: “Somos absolutamente respetuosos de la soberanía de Venezuela, pero no podemos permanecer indolentes ante la situación que se vive en un país al que consideramos nuestro hermano.

“El voto libre, la institucionalidad y la democracia son los pilares en los que se debe cimentar una verdadera solución a la situación que hoy se vive en Venezuela”.

Macedonio Tamez Guajardo, diputado del MC: “Sucede que cuando un régimen pierde el apoyo de su pueblo recurra a medidas dictatoriales para perpetuarse en el poder. Ya ven ustedes que el poder adormece y enloquece, y aún más a personas de escasa inteligencia y escasa moral, como es Nicolás Maduro.

“En Venezuela salta a la vista que fracasó el modelo socialista económico. La población venezolana está sufriendo de carestías, de hambrunas, de falta de medicamentos.

“Lo único que tuvo éxito este régimen socialista de Venezuela fue la igualdad, puso a todos igual a nivel de miseria, de indigencia y de miedo ante la criminalidad, y de miedo ahora ante la represión política.

“No vamos a meternos con el régimen económico, es algo de fuero interno, pero sí nos corresponde, como parlamentarios mexicanos, hablar de la vigencia de la democracia y del respeto a los derechos fundamentales del hombre, dos conceptos que están en peligro en la República Bolivariana de Venezuela, que malamente se llama bolivariana, debo decir, porque Simón Bolívar no era socialista, era liberal”…

Vidal Llerenas Morales, diputado de Morena: “Creo que lo que debe prevalecer son estas ideas de favorecer el diálogo, de favorecer la conciliación, de fortalecer el encuentro en otro país, en un país hermano como es Venezuela; esa tiene que ser la posición del gobierno mexicano, esta tiene que ser la posición de esta Cámara, y la que no tiene que ser la posición es una que viole los principios de la política exterior mexicana”.

Turno del Pvem, que en voz del diputado Emilio Salazar Farías, dijo: “Primero que nada, felicitar ampliamente el punto de acuerdo de la senadora Mariana Gómez del Campo (panista, sobrina de Felipe Calderón), que creo que está lleno de verdad.

“En 1992, Chávez quiere dar un golpe de Estado, éste es fallido, logra salir y de manera democrática busca ganar las elecciones y las gana en el 98, hace una gran reforma constitucional en el 99, y ajusta a las condiciones a su famosa Constitución Bolivariana que para todos lados la muestra, pero que nunca la cumple.

“Se reelige tres veces, una vez reelecto, ante una enfermedad, tiene que dejar un sucesor y escoge a una gente que ya no le gustó lo que hizo su formador y hoy quiere una nueva Constitución, y hace una Asamblea Constituyente que a todas luces está llena de irregularidades”.

El debate comenzaba. (Continuará)
02 Agosto 2017 04:00:00
Las infamias de Peña y Videgaray y el terrible silencio del Congreso 
Cada que aparece una denuncia de corrupción o abuso o saqueo a la nación en el horizonte de la República, el Congreso de la Unión debería estar interviniendo desde el ejercicio de su función de control político o  contrapeso. Pero no lo hace. Al contrario, diputados federales y senadores –particularmente de los partidos políticos que han conformado la pandilla de poder público más devastadora de la historia reciente del país- callan y dejan pasar todo, alimentando a la impunidad.

Verbigracia: por estos días, uno de los temas más candentes que ha aflorado en la vida pública nacional es el actuar canallesco de las autoridades electorales, que se han hecho de la vista gorda para no ver lo que sucedió, fundamentalmente, en el estado de México.

Ante la mirada de todo el mundo, el presidente Enrique Peña Nieto junto con el PRI, el Pvem y la complicidad del PAN y PRD retorció de tal modo el proceso electoral que hizo ganar a fuerza al candidato de su partido, cometiendo tropelías propias de un super capo de delincuencia organizada.

Es inaudito cómo las autoridades del INE y del tribunal electoral se han hecho los ciegos ante tanta desvergüenza del PRI, en los procesos electorales del 4 de junio reciente.

Otro motivo muy fuerte que tendría el Congreso mexicano para intervenir es el tema de la política exterior, a partir de cuando Luis Videgaray Caso asumió un papel tan vergonzante e infame que jamás un canciller mexicano jugó antes: el de peón incondicional del gobierno de los Estados Unidos en su lucha por meterse a Venezuela y asumir el control de su gobierno a través de títeres impuestos por un golpe de Estado en cierne, y colocar al país venezolano exactamente en el mismo casillero de la infamia donde ya Donald Trump colocó a México, con ayuda de este gobierno infeliz, cobarde y traidor de Enrique Peña Nieto.

Cada que Videgaray y Peña Nieto se arrastran más y se colocan en una posición pasiva ante Donald Trump, México se interna todavía más en el recodo más vergonzoso de toda
su historia.

Ya están entregados, sumisos, sometidos, agachados tanto el canciller y el sujeto ese que cobra como presidente de México. Y mientras más lo hacen, Donald Trump más procede a humillarlos a ellos y a todos los mexicanos.

¿De cuál ínfimo rincón de los pensamientos de Peña y Videgaray sale la suposición de que Trump calmará su supuesta ira contra México si hacen todo lo que el gringo les ordena hacer, como irse como perros rabiosos contra un gobierno que fue  electo democráticamente como el de Venezuela?

Se ha dicho en este espacio que el motivo central de la guerra estadounidense contra los venezolanos es el hecho de que pretenden despojarlos de sus grandes riquezas naturales, como el petróleo, el gas, el uranio y el oro.

Solamente con gobiernos terriblemente nocivos y devastadores para México como los de Peña y Calderón, Estados Unidos pudo por fin vencer la histórica resistencia mexicana del petróleo que duró del 18 de marzo de 1938 al 14 de agosto de 2014.

Ahora se reparten el petróleo con una voracidad de hienas, de la que barbotan nombres que ya quedarán sin duda registrados en el lado infausto de la historia nacional como barbota detritus de las alcantarillas en tiempos de tempestades.

¿Y qué hace el Congreso mexicano ante tanta mugre? Pues callar y no hacer absolutamente nada.

Como nada, hasta el momento, ha dicho el Congreso mexicano sobre lo que organizaciones civiles de Tabasco han denunciado este fin de semana, respecto de que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y su sobrino político José Antonio González Anaya, actual director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), se han hecho –mediante asignaciones oscuras- de unos contratos de la Ronda Uno para explorar y explotar bloques territoriales en zonas pertenecientes al estado de Tabasco.

De acuerdo con una nota publicada por la revista mexicana Proceso, el abogado del Comité Nacional de Estudios de la Energía Armando Dorantes, en las compañías ganadoras del bloque petrolífero tabasqueño “están implicados ex y directivos de Pemex, familiares de políticos, empresas sin experiencia en el ramo petrolero, acusadas de corrupción, malos manejos y quejas en su contra por todo el mundo”.

Se afirma en la nota que le fue asignada a la Compañía Sierra Oil & Gas, fundada en 2014, mismo año de la licitación, “dos bloques en aguas someras del Golfo de México en costas de Tabasco”, incluso cuando Peña Nieto prometió que a dichos concursos sólo se aceptarían empresas experimentadas y que trajeran nuevas tecnologías”.

Refiere la información de marras que en el ajo están el ex director de Pemex Jesús Reyes Heroles e Hipólito Gerard Rivero, hermano de Ana Paula Gerard, esposa de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994.

Pero también la hermana de Gerard, Gabriela Gerard Rivero, nada menos esposa de José Antonio González Anaya, es director general del IMSS y actual director
general de Pemex.

Otro asunto grave sobre el cual el Congreso mexicano tendría que estar interviniendo es el del derrame provocado en Sonora hace tres años por la mina Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, cuyo dueño no es otro que Germán Larrea, también propietario de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, donde permanecen sepultados todavía los 62 trabajadores mineros que quedaron allí tras el
derrumbe de 2006.

Veremos qué dicen, de todo esto, hoy en el sesionar de la Permanente.
01 Agosto 2017 04:00:00
La escandalosa sumisión del Gobierno mexicano
Una declaración del presidente estadounidense Donald Trump -comprometiendo a su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto con la afirmación de que este elogió su política migratoria, a pesar de que ha significado un mazazo a mexicanos y resto de latinoamericanos-, debería ser objeto de revisión por parte del Congreso mexicano, por la condición que tiene este de vigía de la política exterior mexicana.

Trump afirmó que ha recibido como “el cumplido más alto” cuando el Presidente mexicano le comentó que disminuyó la cantidad de personas provenientes de Centroamérica y Sudamérica que buscan cruzar la frontera sur de México “debido a la nueva política migratoria estadounidense”.

Según agencias noticiosas, Trump dijo: “Incluso el Presidente de México me llamó. Dijo que en su frontera sur muy pocas personas llegan ya porque saben que no van a cruzar nuestra frontera. Esto significó el cumplido más alto”.

Tan pronto se supo esto en México, la Cancillería mexicana negó, de facto, lo que Trump dijo.

Y aseguró la Secretaría de Relaciones Exteriores: “El presidente Enrique Peña Nieto no ha hablado recientemente con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, desde que se vieron en Alemania, el pasado 7 de julio”.

Pero el Congreso a través de su Comisión Permanente tendría que llamar a cuentas al Ejecutivo Federal, no sólo por lo que dijo Trump, y que negó Peña, sino por el intervencionismo a ultranza del gobierno mexicano en Venezuela.

México se ha expresado últimamente como un país envilecido desde que Peña Nieto asumió el poder. Un envilecimiento acrecentado, en materia de política exterior, a partir de que impuso como secretario de Relaciones Exteriores a Luis Videgaray Caso.

El Congreso mexicano ha permanecido lejos de la contundencia que el país requiere para llamar a cuentas al grupo político y económico que actualmente ostenta el poder presidencial.

Hay muchas preguntas que hacer a Videgaray y a Peña Nieto, fundamentalmente respecto de la relación que México sostiene con Estados Unidos desde que Donald Trump asumió la Presidencia de aquel país.

El Congreso mexicano es el que debe hacerlas, obligado por su obligación constitucional de revisar la política exterior desde el Senado de la República, o de la Comisión Permanente en tiempos de receso legislativo como el actual.

Sin embargo no lo hace. O lo hacen –los diputados y senadores- mediante posicionamientos políticos pactados para no exhibir a Peña ni a Videgaray como lo que una amplísima franja de la población ya los considera: unos olímpicos traidores a la Patria entregados a los intereses más rancios de la política imperialista de los Estados Unidos.

El tema de la política exterior mexicana debería estar incluida en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de mañana, miércoles, en el capítulo de “comentarios políticos”.

Dado lo vergonzante de la actuación de México en el tema de Venezuela y en la declaración de Trump –en la que el presidente gringo hace ver a Peña Nieto como un hombre sinuoso y barbero-, es probable que el PRI trate a toda costa de que el asunto no sea incluido en el orden del día de marras.

Y si lo hacen, será porque pactará con el PAN, presumiblemente, la declaración de un pronunciamiento a nombre del Congreso mexicano para volver a golpear, ahora desde los territorios del Legislativo mexicano, al gobierno venezolano.

Estados Unidos ha emitido una condena al gobierno de Nicolás Maduro y sanciones jurídicas y financieras por lo que ha juzgado “la ruptura del orden constitucional” al aprobarse una Asamblea Constitucional que tendrá por encargo cambiar la Constitución de aquel país. Y tildó al presidente venezolano de “un dictador que ignora la voluntad del pueblo”.

E incluso, un funcionario de primer orden, Steven T Mnuchin, secretario del Tesoro, dijo: “Cualquier que participe en esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente podría estar expuesto a futuras sanciones estadounidenses por socavar procesos e instituciones democráticas en Venezuela”.

Pues esto que ha dicho Estados Unidos, el gobierno de Peña Nieto lo ha avalado y respaldado absolutamente, al emitir una condena a Venezuela.

El PRI, con ayuda de sus rémoras, tratará de que en el debate que pactarían para el miércoles en la Permanente, no se hable de este decir de Trump sobre Peña, sino que sólo se emita una condena o un pronunciamiento sobre Venezuela.

Alguien de la oposición tendrá que decir, a pesar del formato que impondrían al debate, que esto que hace México conjuntamente con Estados Unidos, podría ser el preludio de una intervención militar estadounidense en territorio venezolano.

¿Y por qué motivos? El presidente venezolano dijo a mediados de julio que el interés central sobre Venezuela de Estados Unidos y de grupos oligárquicos locales de la región como los que actualmente gobiernan México, es el hecho de que el país sudamericano tiene las más grandes reservas petrolíferas y gasíferas del mundo, así como de uranio y oro.

Otro motivo para que el tema de la política exterior salga a relucir en la Permanente, sería el nombramiento de Kenneth Smith como jefe técnico de la delegación mexicana en las negociaciones del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. ¿Quién es él?
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo cuando reveló el nombre que representará a México en la batalla contra los gringos y canadienses por el nuevo tratado comercial: “El nombre les ha de sorprender pero él es un mexicano, un supermexicano, que viene trabajando desde 1993 cuando yo estaba trabajando en Washington; él llegó a la oficina del TLCAN y se incorporó con nosotros”…
22 Julio 2017 04:00:00
‘Si permitieran funcionar la Ley Anticorrupción, EPN estaría en la cárcel’
En el debate parlamentario sobre la corrupción, tendría por fuerza que hablarse también de aquella institución jurídica que aspira a convertirse en la antítesis por antonomasia de aquel fenómeno: el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero, ¿realmente este nuevo sistema puede considerarse un recurso eficaz para combatirla hasta su erradicación en México? Ni quienes la construyeron lo pueden creer.

El miércoles, en el sesionar de la Comisión Permanente, tirios y troyanos dejaron plena constancia y aceptación de que el fenómeno de la corrupción en México está metido hasta el tuétano en el sistema político mexicano.

He aquí partes medulares del resto de oradores:
Juan Romero Hicks, senador del PAN: “Hoy a un año de la promulgación de las leyes principales, secundarias de anticorrupción, tenemos mucho que reflexionar, mucho que aprender y mucho qué corregir.

“Hace 44 años, don Jesús Reyes Heroles reflexionaba con las siguientes palabras, y son muy vigentes, sobre la fuerza de la política: ‘Sin reservas mentales de ninguna especie invitamos a confiar plenamente en la fuerza de la política para que no medre la política de la fuerza. La fuerza de la política que es persuasión y no imposición, que es convencer y no vencer, que es demandarnos el deber de la convivencia, antes de demandárselo a quienes no piensan como nosotros”.

Fin de la cita de Romero Hicks, quien continuó: “Hoy la discusión está equivocadamente enfocada en la Fiscalía Especial Anticorrupción, y digo que está mal enfocada porque hoy lo que tenemos que hacer son tres tareas: primero, fortalecer el sistema nacional; segundo, fortalecer los sistemas locales; y tercero, corregir los pendientes que dejamos
en el camino.

“Para qué queremos un Fiscal Especializado Anticorrupción cuyo mandato termina el 30 de noviembre, que no tiene dientes, no tiene mandíbula y no tiene músculo, y tiene cinco impedimentos, no puede nombrar a sus propios agentes del Ministerio Público; segundo, no puede investigar a la PGR por actos de corrupción; tercero, no puede  nombrar a los titulares de áreas administrativas; y cuarto, no pueden nombrar a los peritos; y quinto, no tiene los recursos”.

El PRI envió ahora a Diva Hadamira Gastelum Bajo, quien, dijo en alusión al fariseísmo del PAN: “Ahorita quise hacer una listita y, pues nada más encontré gobernadores del PRI procesados, y era la puesta que el presidente Enrique Peña Nieto no podía empezar por su casa, ya empezó por su casa y queremos ver las otras casas, queremos ver limpias las otras casas, que también están salpicadas”.

Entonces fue el Pvem a cumplir su función de comparsa del PRI, en voz del diputado chiapaneco Emilio Enrique Salazar Farías: “Qué importante discurso, senadora, y qué claridosa, porque cada uno dice aquí cosas con las que estoy absolutamente de acuerdo”.

Y asegundaba Salazar el surco trazado por Diva: “Ojalá de esa misma manera nos pudiéramos de acuerdo para sacar los temas, Senador Barbosa. La gente está harta absolutamente de la corrupción, y aún más, nos volvemos cínicos porque vemos muestras de corrupción y de enriquecimientos raros y no pasa nada, hay una absoluta impunidad”.

Turno de Manuel Bartlett Díaz: “Yo creo que le damos muchas vueltas a este tema, ya pasamos de limpiar las casas de cada quien, a decir que la responsabilidad  es de los 128 Senadores; a aceptar que es una responsabilidad del Congreso. Pero eso es mentira”.

Bartlett estaba aludiendo al pvemista y a la priísta. Y continuó: “Pero miren, el problema es que Peña Nieto no quiere que esto prospere. Eso es todo. Lo demás es hacernos guajes. Peña Nieto inició su período con un anuncio de una lucha contra la corrupción, con otro esquema o lo que fuera, y estamos por terminar el período y todavía no se logra.

“Esto es como el sistema educativo, con todo respeto. El sistema educativo, la gran reforma educativa es para ya cuando se vayan; el modelo educativo lo hicieron para el 2018”.

Y apostillaba el senador: “Bueno, no puede haber más desvergüenza en el gobierno, que mandar toda esa faramalla de la reforma educativa que ordenó la OCDE, una organización internacional privatizadora.

“Y después de todo este rollo, después de que Nuño (titular de la SEP) salga todos los días, ahora lo están señalando, la reforma educativa es para 2018. Entonces, cómo podemos hablar de seriedad de un gobierno que hace esas farsas.
“La Reforma Educativa del 2018, y no habrá reforma anticorrupción. No la quiere Peña Nieto. ¿Por qué no la quiere Peña Nieto? Pues ya lo sabemos todos, porque hay que barrer desde ahí, hasta abajo. Y la corrupción en este país empieza arriba.

“El sistema es corrupto, desde arriba, desde la Presidencia de la República, por eso estamos como estamos, ahí empieza todo, desde la Casa Blanca, y  por eso no va a haber sistema anticorrupción, y no somos los 128, que no nos estén echando la culpa, y no digan, Burgos por ahí que acaba de decir, no permitiremos que otras fuerzas, bueno, lo dijo muy suavecito, como es Burgos, otras fuerzas se apoderen de
la corrupción.

“No, no, no, otras fuerzas, no van a tener sistema anticorrupción, porque no quiere Peña Nieto. ¿Por qué no tenemos un Fiscal Anticorrupción? Si hubo, quién sabe cuántos que se inscribieron, y les dijeron que no.

“Nadie quiere, porque tendría que empezar por meter a Peña Nieto a la cárcel, y no pueden. Es la verdad, no le demos vueltas”.

Un aviso: Tren Parlamentario reaparecerá en este mismo espacio el martes 1 de agosto próximo. Gracias.
21 Julio 2017 04:00:00
Aguas: Arrecia PRI la presión para privatizarla
El PRI a través del diputado federal del PRI José Ignacio Pichardo Lechuga –hijo del ex gobernador del Estado de México Ignacio Pichardo Pagaza- insufló ayer el debate sobre la privatización del agua, cuando la Comisión de Agua Potable y Saneamiento presentó ayer su nueva plataforma digital, cuyo objetivo es “abrir el análisis y discusión de la Ley General de Aguas a la participación ciudadana, a fin de contar con aportaciones de la opinión pública, la academia y la clase empresarial”.

Pichardo Lechuga es el legislador del PRI que desde el comienzo de la actual legislatura se ha encargado de dar fuelle a la posibilidad de la reforma a la Ley de la Conagua, que los opositores juzgan como el paso jurídico para la privatización del agua en México, con el fin de dar prioridad el uso de agua para las compañías petroleras que usarán la técnica del fracking.

“Esta herramienta, alojada en el micrositio de la comisión
http://diputados.gob.mx/plataformaagua, concentra el trabajo realizado por la anterior legislatura y la actual con especialistas del sector hídrico, y dispone de un sistema de retroalimentación informativa para que la sociedad pueda aportar ideas al proyecto de marco jurídico”, sostuvo Pichardo en un comunicado emitido por el PRI ayer al atardecer.

Y apostilla el legislador mexiquense: “Esta plataforma es una forma innovadora y un canal de colaboración, cuyo objetivo es elaborar una nueva ley en la materia, y sienta un precedente al abrir un debate organizado con la ciudadanía”.

Rememoró el Pacto por México, que firmaron PRI, PAN y PRD y dentro del cual se comprometieron a reformar las reformas energética, de telecomunicaciones, educativa y, entre otras, la del agua, ésta todavía pendiente y sobre la cual ahora se abre el micrositio de marras.

Pichardo Lechuga dijo: “Uno de los acuerdos del Pacto por México es la expedición de un nuevo marco jurídico en materia de aguas, para que todos los mexicanos tengan acceso al líquido vital. La plataforma, expuso, pretende expedir una ley de carácter general, que establezca las bases para el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos”.

El diputado integrante del llamado Grupo Atlacomulco, al que pertenece y lidera el presidente Enrique Peña Nieto, insistió: “Son 13 los capítulos de esta plataforma, y comprenden el rediseño de políticas hídricas, la gestión del agua; la participación y vigilancia, y las reformas y adiciones a otras leyes, entre otros”.

Entre lo que se dijo a propósito del tema, figura el posicionamiento del grupo parlamentario Morena en voz del diputado federal Ángel Hernández de la Piedra: “La privatización del suministro de agua potable, la utilización del ‘fracking’ y el derecho al vital líquido son temas primordiales que deben ser debatidos a fondo, de la mano de la ciudadanía, para la creación de la Ley General de Aguas, con el fin de que no se afecten los derechos de los mexicanos”.

Y reiteró el opositor: “Pero lo que se busca (con esta reforma a la ley de Aguas Nacionales) es la privatización del agua y al llamado ‘francking’, que es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de petróleo y gas del subsuelo, a través de la inyección de agua a alta presión”.
 
ESTRIBO
En la Comisión Permanente, el miércoles, siguieron los posicionamientos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción:

Turno de Rocío Nahle García, diputada federal de Morena: “Sostengo que la corrupción es el principal problema de México y que para superarlo se requiere un nuevo orden político en el que impere el Estado de derecho.

“Que la corrupción ya no es un conjunto de prácticas aisladas e inconexas entre sí, sino un ejercicio sistemático y sistémico de abuso de poder.

“Y aquí podemos seguir hablando y seguir dando ejemplos, como ya mencionó el Diputado Macedonio, pero sin duda que el país se nos está yendo de las manos, se le está yendo al Presidente de la República”.

Y después Miguel Barbosa Huerta, senador del PT-Morena: “¿Qué celebramos en este día? Un Sistema Nacional Anticorrupción que se pone en marcha de manera coja, sin todos los elementos que las leyes que aprobamos contienen.

“Toda una historia también, desde que arrancó la 62 (Legislatura, 2012-2015) con la propuesta de Comisión Nacional Anticorrupción, que no prosperó y que después surgió todo el Sistema Nacional Anticorrupción.

“A ver. No hay Fiscal Anticorrupción, y han dicho que la ausencia de Fiscal Anticorrupción no afecta el funcionamiento del sistema.

“Bueno, sí afecta, porque los tipos penales que aprobamos para este tema no entran en vigor, es decir, no hay delitos de los que establece el Código Penal Federal, y disposiciones de las leyes como delitos formales que entren en vigor, hasta que no haya Fiscal Anticorrupción”.

Y Jesús Zambrano, diputado del PRD: “El día de hoy debía ponerse de manera completa en marcha, en ejecución el Sistema Nacional Anticorrupción y que debería ser por lo tanto un día histórico, de festejo, de alegría, de satisfacción, porque estamos avanzando en el sentido de combatir el peor cáncer, la peor lacra que tenemos en nuestro país, en el quehacer público para combatir la corrupción.

“Resulta que es al contrario, motivo de preocupación y de indignación, porque a pesar de las expectativas que como aquí se ha dicho y que se ha anunciado, de todo lo que contiene el Sistema Nacional Anticorrupción, de todos los esfuerzos legislativos que se hicieron, no los suficientes, por cierto, hemos llegado con un sistema nacional incompleto, y no queramos ocultar la importancia de lo que falta”.

Más oradores todavía. La corrupción, fuente abundante de posicionamientos. (Continuará)
20 Julio 2017 04:00:00
El PRI se hace el desentendido y también pregunta: ¿Y el fiscal anticorrupción?
Un debate sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, que este día tenía por rigor jurídico tener que estar totalmente completo –incluido su fiscal, que no llega, teniéndolo así el régimen debilitado como un tigre viejo y sin dientes-, fue realizado ayer en el Senado.

He aquí partes medulares de la argumentación de tirios y troyanos:
Abrió el PRI en voz de Enrique Burgos García, senador queretano: “Vale repasar que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y en particular la reforma al artículo 113 de nuestra Constitución, representa uno de los principales esfuerzos de las instituciones todas del estado mexicano para prevenir, sancionar y, por supuesto, erradicar este tipo de prácticas.

“Con la Reforma Constitucional de 2015 que va asociada también a la Reforma Constitucional del 2014, en donde se prevé la figura de las dos fiscalías especializadas, impulsamos el trabajo bajo la figura de un gobierno abierto y una coordinación interinstitucional.

“Incrementamos las facultades fiscalizadoras de la Auditoría Superior de la Federación, creamos un nuevo mecanismo para atender las faltas administrativas graves y leves, y modificamos los tipos penales en la materia para hacer más eficiente la persecución de los delitos.

“El sistema adopta un modelo de gobernanza, en el cual un grupo de ciudadanos integran el Comité de Participación Ciudadana y el órgano de gobierno de este.
“También elevamos a rango constitucional la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, y por vía jurisdiccional creamos la figura de Magistrados Anticorrupción.

“Estas reformas sin precedentes es el principio de una concepción del servicio público en México. “Actualmente se encuentra en funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Fiscalización.

“Se nombró al Presidente del Comité de Participación Ciudadana, y existen importantes avances en lo que se refiere a la Plataforma Digital Nacional.

“Hoy, 19 de julio, el sistema entra en funciones, pero uno de los grandes pendientes lo representa la falta de armonización en las entidades federativas para su efectiva instrumentación.

“Vale mencionar que a la fecha son cinco las entidades que lo han instrumentado y aprobado es: Nayarit, Querétaro, Sonora, Chiapas, Puebla. Jalisco ya también lo implementó ayer.

Alejandro González Murillo, diputado del PES: “Hoy entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y con ello, en estricto sentido se esperaba la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción.

“No fue así; por el contrario, hoy los principales espacios noticiosos, tanto en los medios de comunicación tradicionales, como en las redes sociales denuncian la falta de acuerdos que ha generado la parálisis parlamentaria para elegir al Fiscal Anticorrupción, y a los 18 magistrados que integran las salas especializadas en materia de corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“El nombramiento del Fiscal no admite pretextos. Desde febrero de 2014 inició el proceso para su nombramiento. Se tuvo tiempo y recursos de sobra para auscultar y elegir los mejores perfiles, eso explica la renuncia del Comité Ciudadano de Acompañamiento para el nombramiento del Fiscal.

“Con el retraso en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, no solo se violenta la ley, sino que se debilita la operación y funcionamiento de dicho sistema”.

Turno de Jesús Rafael Méndez Salas, del Panal: “El día de hoy entra en vigor el marco normativo que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, y el cual se construyó sobre la base de lo que establece el artículo 113 constitucional.

“Con la creación de este sistema se busca poner fin a un complejo fenómeno social, político y económico que ha afectado a México por demasiado tiempo.

“El concepto de corrupción es muy amplio y parece que nos hubiéramos acostumbrado a palabras como: Soborno, fraude, conflicto de intereses y otras formas de desviación de recursos por parte de servidores públicos o particulares”.

El diputado de MC Macedonio Salomón Tamez: “Debo confesarles que soy escéptico del Sistema Nacional Anticorrupción, no creo en él, como no creo en la mayoría de los mexicanos, de entrada porque no hacía falta su creación, ya desde antes había leyes que sancionaban el peculado, el abuso de confianza, el tráfico de influencias, el cohecho, y no pasaba nada.

“De tal manera que el problema no es la creación de nuevas leyes e instituciones para resolver el grave problema de la corrupción, el problema es que no se aplican esas leyes; el problema, y lo he dicho muchas veces, es que tenemos una escasísima cultura de legalidad y un débil Estado de derecho. De tal manera que no creo en ese sistema, soy escéptico.

“Hoy sobran ejemplos para empezar a dar muestras de que sí se pretende aplicar, está el caso de los gobernadores que han saqueado a México, de los Duartes, del malo y el peor; de Yarrington, ese monstruoso gobernador que acabó con mi estado de origen, Tamaulipas; y sus sucesores, Eugenio Hernández y Torre Cantú; de Rodrigo Medina, en Nuevo León.

“A nivel federal está el caso de Lozoya Austin, que saqueó Pemex; el caso de Ruiz Esparza, que ha creado grandes socavones en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y muchos más.

“De tal manera que la única manera de crear confianza y darle esperanza a los mexicanos es empezando a aplicar las leyes que ya tenemos y que sancionan eso, y no andar con discursos y anuncios y solemnidades creando nuevos sistemas anticorrupción que finalmente no despiertan más que suspicacias”.

Indefendible el nuevo Sistema anticorrupción hasta por los legisladores de partidos afines al PRI. Y ahí venía apenas Morena, Pan, Prd… (Continuará)
19 Julio 2017 04:00:00
La tragedia del control político en México
En tiempos de receso legislativo, como el actual, el Congreso mexicano está atenido al trabajo que desarrolla la Comisión Permanente, una asamblea constituida por 19 diputados federales y 18 senadores, para hacer un total de 37 legisladores, que son los que representan a los 628 que integran el Poder Legislativo federal.

Como está sucediendo en estos días, la Permanente tiene un trabajo acotado políticamente; de alcances a veces nulos, entendidos estos como la imposibilidad absoluta del Congreso de hacer que el Poder Ejecutivo Federal acate mandatos legislativos o que acote su poder desbocado, tiránico, de que hace gala este sexenio.

No es que no haya instituciones para la rendición de cuentas y el control político que el Constituyente permanente no haya construido, como es el caso de los poderes autónomos o como ha sido el caso excepcional de la Auditoría Superior de la Federación.

Sí los hay, sólo que el Ejecutivo se los pasa por los bajos casi siempre. No les hace caso. O, peor todavía, los ha absorbido imponiéndoles titulares o corrompiéndolos de plano. El INE y su novena de cínicos magistrados con Lorenzo a la cabeza es el ejemplo más contundente de ello, en esta época infausta de la política mexicana.

En el caso del Congreso y su subordinación al Ejecutivo, esto pasa a través de la construcción de alianzas legislativas que hace el PRI con partidos que ha corrompido. Hay que insistir en el día, o el año, en que el PRI consiguió que el PAN se sumara a los intereses políticos del PRI.

En 1988, el PAN fue crucial para que el entonces candidato presidencial del PRI Carlos Salinas de Gortari fuera reconocido como presidente electo. El pago que el PRI hizo entonces al PAN ha arrojado como costo trágico, un país cargado totalmente a la derecha.

Desde ese año se ha estado vanagloriando el PAN de que el PRI terminó por asumir como suyo su programa ideológico y económico, y de que es el PRI y sus gobiernos los que han terminado haciendo lo que el PAN propuso históricamente, y no ellos, los panistas, haciendo lo que plantean los priístas.

Que Salinas se identificaba más con la praxis política y económica del panismo que con la praxis de su partido el PRI, eso todo mundo lo sabía dentro y fuera de lo que entonces era el gobierno de Miguel de la Madrid.

Cuando De la Madrid hizo la farsa aquella de permitir por primera vez en la historia del priísmo una pasarela de aspirantes a la candidatura presidencial del PRI, se sabía de antemano que el gran samurái –el tapado- sería el entonces secretario de Programación y Presupuesto y que sería destapado justamente cuando De la Madrid andaba en una gira por China.

Los otros eran relleno para la obra de teatro de guiñol, aunque finalmente todos esos aspirantes terminaron por demostrar que para nada serían iguales a Salinas en el hipotético caso de que ganasen la candidatura de marras:
Ramón Aguirre Velázquez, regente del Departamento del Distrito Federal; Sergio García Ramírez, procurador general de la República; Alfredo del Mazo González, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal; Miguel González Avelar, titular de la SEP, y Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación, cuando salieron a presentar sus propuestas ninguno coincidía con Salinas.

Al final fue Salinas. Y desde entonces el PRI y el PAN viven un amasiato político horrendo, que ha llevado al país a la bancarrota y a la tragedia que se padece hoy.

Juntos, priístas y panistas, aprobaron la conversión de deuda privada a deuda pública, en 1998; juntos aprobaron la reforma energética en 2014; juntos han hecho salvajada y media en cuanto a construcción de leyes que han terminado dañando a la población, sino es que las hacen por encargo para beneficiar a minorías económicas poderosas.

O, de plano, a delincuentes, como ha sido el caso de la reforma judicial sobre el sistema penal acusatorio, que en 2011 priístas y panistas olvidaron casualmente no incluir a los portadores de armas entre los casos en que no se
debería permitir al acusado salir bajo fianza para enfrentar libre el juicio.

Como ahora está sucediendo: delincuentes detenidos por portación de armas que podrían acabar con un batallón, han estado saliendo libres en tanto se les continúa su proceso.

El Verde y otros partidos de poca monta giran como satélites en torno de las decisiones que han tomado estos dos partidos políticos. PRI y PAN actuaron juntos en el Congreso durante los dos sexenios panistas para construir leyes como la otra reforma energética de 2008 o la reforma constitucional aquella de 2007 para hacer que el presidente de la República no se tome siquiera la molestia de ir personalmente al Congreso, los días 1 de septiembre de cada año, a entregar el informe presidencial anual sobre el estado que guarda la administración pública federal.

Y ahora, por si fuera poco, el PRI también ha conseguido que el PRD se suba a ese carretón de partidos que le hacen al juego, simulando un contrapeso en el Congreso de la Unión.

Parte esencial de las democracias es el papel de contrapeso que jueguen los congresos legislativos, cuando el sistema de gobierno es presidencialista, o los parlamentos cuando los sistemas de gobierno sean parlamentarios o semipresidencialistas.

En México, la crisis del control político agravó durante este sexenio. Un sexenio en el que ha estado trotando como un caballo negro de tranco chispeante y ominoso, el mayor de los cinismos.
18 Julio 2017 04:00:00
El contrapeso perdió la brújula y no la encuentra
Por estos días, mediados de julio, la Cámara de Diputados acostumbra comenzar a mirar hacia los días en que el Ejecutivo Federal deberá entregar el paquete de presupuestos para el año siguiente (6 de septiembre de cada año).

Se trata de tres paquetes presupuestales: los Criterios Generales de Política Económica, las leyes de los ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación.

Parece fecha lejana. No lo es, si se considera que en los territorios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya tienen desde prácticamente iniciado el año los estudios financieros, sobre lo que van a plantear en sus iniciativas fiscales respecto del año siguiente. En este caso, 2018.

La Secretaría de Hacienda tiene un equipo de economistas avezados en el tema, cuya función primordial es estar revisando cada una de las partidas presupuestales del año en curso con fines de hacer modificaciones sobre la marcha y con fines también de ir armando los predictámenes de paquetes presupuestales del año que se avecina.

Suele ocurrir, a lo largo del año, que el secretario de Hacienda salga a dar tips de cómo vendrá el año siguiente, en materia de política macroeconómica. Y muchas de estas advertencias –como la que, la semana pasada, emitió José Antonio Meade Kuribreña en el sentido de que disminuirá la extracción del petróleo para fines de año-, acalambradoras por supuesto, suelen salir de ese grupo de economistas que se dedican a proyectar el curso de una economía que sigue para muchos colgada de alfileres.

Lo menos que se podría esperar es que un grupo parecido estuviera por parte de la Cámara de Diputados trabajando en torno del mismo tema: Revisando el desarrollo de la economía nacional y presentando alertas a los diputados, que por ser representantes de la nación (así los cataloga la Constitución en su artículo 51) tampoco están obligados a ser expertos en los temas de la economía.
El sistema político mexicano, presidencialista a ultranza, se ha encargado de tener a la Cámara de Diputados con carencias que la conducen a una debilidad endémica ante el Ejecutivo Federal.

La Cámara de Diputados es la institución del Congreso mexicano facultada para revisar la política económica del país, al tener como cosa exclusiva la función de revisar y autorizar el presupuesto de egresos de la Federación.

Es para que la Cámara de Diputados tuviera un súper equipo de economistas que estuvieran dando seguimiento pormenorizado del ejercicio de cada una de las partidas y programas que componen el gasto público.

También, que estuvieran como vigías de la nación dando seguimiento a la política macroeconómica propuesta y ejercida por el Ejecutivo Federal.

Si hay inflación, hacer de inmediato un seguimiento de la inflación y de su registro, porque siempre ha habido la sospecha en México –sobre todo desde que la política económica del país prácticamente se declaró fielmente seguidora del neoliberalismo, a partir de 1982- de que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México terminan haciéndose la “una-una”, emitiendo reportes falsos a la hora de medir la inflación.

Hay sospechas desde hace años de que el Gobierno tuerce las mediciones de la inflación para fines políticos y sociales. Y casi siempre electorales.

Es tan limitado el equipo de economistas de la Cámara de Diputados que tampoco es capaz de elaborar estudios sobre los otros supuestos macroeconómicos: Crecimiento, tipo de cambio, precio del petróleo para fines de proyección presupuestal, déficit.

La Cámara de Diputados, en materia de equipos de apoyo técnicos, sufre desde hace muchos años una suerte de castramiento por el PRI.

Aunque mejoró esta situación a partir de la 57 Legislatura, cuando el PRI dejó de tener la mayoría absoluta (1997-2000), tampoco avanzó mucho el Congreso, porque el PRI consiguió hacerse de la muy infortunada complicidad del PAN, PVEM, Panal y, posteriormente, del PRD, con las que terminó el partido en el poder presidencial de debilitar la máxima función del Congreso: la de control político.

Dicha función de control político es, por apellido, por antonomasia, un trabajo de la oposición. Pero, habiendo logrado el PRI que la mayoría de la oposición no sea más que una representación tan mentirosa, engañadora y corrupta como el mismo PRI, pues ha terminado la función de contrapeso constitucional como una vil engañifa a la sociedad, una farsa, una simulación.

El partido en la presidencia de la República –la institución máxima del Poder Ejecutivo- ha hecho de la simulación su trabajo central en el Congreso. Y para ello le ayudan con singular alegría los partidos arriba mencionados.

El PAN, desde 1988, está ayuntado con el PRI en prácticamente todo, y tienen detrás a unos partidos que ya se caracterizaron en la historia contemporánea de nuestro país como solo rémoras, que no hacen estrictamente más que lo que le convenga al priísmo. Y sus funciones pasan rigurosamente por la simulación de un juego democrático, pretendiendo hacer creer a la gente que son opositores cuando realmente no lo son.

Ha sido este el infame papel del Pvem, ahora del PRD, y también del Panal y el Pes. El Panal, un partido que fundó Elba Esther Gordillo, y el Pes, un partido al que le achacan una cercanía groserísima con Felipe Calderón Hinojosa.
La oposición ejercida recientemente está en las siglas del Morena. ¿Por cuánto tiempo, si ha comenzado a abrirse a gente que busca salirse de otros partidos en busca de chambas políticas? Nadie lo sabe.

Lo que sí es cierto es que el Congreso perdió la brújula. Su poder de contrapeso es bastante disfuncional.
15 Julio 2017 04:00:00
“Dicen que en los transitorios está el diablo”
El próximo miércoles 19 de julio, por ley, debería estar nombrado completamente el Sistema Nacional Anticorrupción. La oposición intentó hablar del tema en la sesión de la Comisión Permanente. El PRI lo evitó con su fuerza gravitatoria sobre la institución legislativa. Sin embargo, el asunto barbotó en la tribuna cuando discutieron y aprobaron un exhorto al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción “para que, conforme al principio de máxima publicidad, defina los formatos sobre la publicidad de las declaraciones patrimonial y de intereses.

Sólo tres oradores (ninguno del PRI ni del PAN). He aquí el primero:

Vidal Llerenas Morales, diputado federal de Morena: “El Sistema Nacional Anticorrupción es un tema de la mayor relevancia en la vida política nacional.

“El sistema está fallando porque desde el gobierno de la República, desde el PRI, no hay el compromiso de que este sistema funcione.

“No lo hay desde que se pretende que el nuevo fiscal general sea el procurador general de la República. Un procurador que además es senador y que de ninguna forma tiene, pues, las condiciones para ser un fiscal general.

“Eso ha atorado el tema de que ya en este momento se pueda tener un Fiscal Anticorrupción, entonces tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción al que no le hemos nombrado un Fiscal Anticorrupción y, por lo tanto, su principal brazo, es decir, la principal función, que es que se persigan de manera clara, de manera específica delitos relacionados con la corrupción, pues no se está cumpliendo de manera plena porque no hay un fiscal que esté encargado de este trabajo.

“Se hizo, como hace rato se mencionaba, que ahora los delitos administrativos graves no sean sancionados por las contralorías; los delitos administrativos graves serán sancionados por el Tribunal Fiscal y Administrativo.

“Pero hay que ver la propuesta nada más que hizo el Presidente sobre los posibles magistrados a este Tribunal. Todos, uno puede, pues rastrear el origen política, hay claramente una repartición de cuotas entre el PRI y el Partido Acción Nacional en el tema de los magistrados.

“Esto ha ocasionado que el propio Comité Ciudadano, que es el que creamos para que vigilara el sistema, protestara por la manera que el presidente designó a los magistrados y recomendara al Senado o a la Comisión Permanente, porque tendríamos la facultad de hacerlo en todo caso, pues un nuevo mecanismos en el que no fuera el amiguismo, no fueran las cuotas, sino una revisión rigurosa de estos magistrados que van a tener un enorme poder, porque van a ser los que sancionen los delitos graves que encuentre la Auditoría Superior de la Federación, o las distintas contralorías del país.

“Y esto nos ha llevado a que el sistema esté en un momento, pues muy crítico.

“Por ejemplo, el sistema no quiso entrarle al asunto de investigar la compra de sistemas de espionaje que fue mal utilizado por el gobierno. El sistema no está iniciando, como en todos los países del mundo, una investigación global en el tema de Odebrecht en donde hay una empresa que de manera confesa realizó sobornos en México, los realizó en Pemex, y no estamos teniendo una investigación del sistema en el fondo.

“Y lo que tenemos hoy, pues es muchísimas dudas de lo que pueda suceder”.

Miguel Barbosa Huerta, senador del PT: “Sí al contenido de este exhorto, que seguramente aprobaremos para que se aprueben los formatos conforme a los cuales se harán las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses; pero, de las plataformas públicas que aprobamos en esas reformas para que funcionen, por cierto de acceso limitado, no se llegó al pleno acceso para la información de la ciudadanía.

“También hay que poner atención en los sistemas estatales anticorrupción. Esos que ya deben de estar construidos también, que tiene que ver con haber generado siete leyes o reformas a leyes estatales, y cuando se ha hablado aquí de los asuntos de la auditoría y de las denuncias, conocer el avance de las denuncias presentadas por la auditoría; tenemos que ver el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización”.

Y Dolores Padierna Luna, del PRD: “En el período ordinario anterior, el PRD presentó una iniciativa de reforma del artículo 102 de la Constitución para darle autonomía a las dos fiscalías, tanto la fiscalía para la atención a delitos electorales, como a la fiscalía anticorrupción, y que no sean dependientes ni del actual procurador general de la República ni en el futuro fiscal general de la República; también para eliminar de una vez por todas el pase automático de fiscal general, perdón, de PGR a fiscalía.

“¿Quién puso ese transitorio en la reforma constitucional que establece el pase automático? Pues quienes lo votamos. Dicen que en los transitorios está el diablo, y yo lo creo.

Muchos no se dieron cuenta, pero ahí está el pase automático.

“Luego viene la gran simulación, el propio Presidente de la República presenta una iniciativa para borrar, para eliminar el pase automático, con todo un escándalo mediático que parecía que de a de veras se iba a quitar el pase automático. ¿Y qué pasó? Que directo como llegó al Senado, la iniciativa se metió al archivo, y jamás se ha querido hablar de dicho tema.

“Tenemos que reformar el 102 para quitar de una vez por todas ese pase automático, para darle autonomía a las dos fiscalías, porque sólo así tendrán las facultades, los dientes, tendrán todo para poder atender el tema anticorrupción, de otra manera es mera simulación.

Combate a corrupción, un tema intocable para priístas y panistas.
14 Julio 2017 04:00:00
Los errores del Congreso en la construcción del nuevo sistema penal
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera alertó la semana pasada que con la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal, estarían saliendo bajo fianza –para enfrentar procesos penales en libertad- unos 4 mil reos tan solo en la ciudad capital, muchos de los cuales cometieron delitos que no fueron considerados graves, como la portación de armas, aun cuando estas hubieran sido de calibre prohibido o de uso exclusivo del Ejército.

Cuando dijo esto Mancera, puso al país de pestañas y entonces todo mundo volteó a mirar hacia los territorios del Congreso de la Unión: ¿Qué hicieron?, es la pregunta que ningún diputado y senador ha querido responder.

Un dato recientemente emitido por la Procuraduría General de la República (PGR), agravó el nerviosismo natural de la gente, que implica saber que delincuentes de marca mayor pudieran estar enfrentando en libertad sus procesos penales, cuando lo lógico sería que estuvieran perfectamente bien enchiquerados, como debería ser.

Según el Ministerio Público federal, desde que entró en vigor el nuevo sistema penal han sido consignadas 6,905 personas por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, de los cuales 5,000 –algo así como el 67 por ciento- están libres porque dicho delito ya no es merecedor de prisión durante el proceso penal.

Este verdadero desmadre que se traen jueces, ministerios públicos y fiscalías ha sido de muchos años; pero se agravó sin duda en 2008, cuando por propuesta de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, el Congreso mexicano reformó el artículo 19 constitucional, dando, a partir de entonces, las bases para la creación de lo que hoy se conoce como el nuevo Sistema Penal Acusatorio o penal.

Como Calderón vio que las cárceles estaban hasta el tope, sobresaturadas, y apenas comenzaba lo que dio en llamar su “guerra contra el narco”, ideó su gobierno un cambio en el sistema penal en donde prevaleciera el principio de que el menor número de personas llegase a prisión.

Por un lado, implicaba menos gasto; por el otro, se justificaba la propuesta con el argumento de que el sistema penal debía transitar de un sistema acusatorio por antonomasia a un sistema garantista de la inocencia; es decir, sería considerado culpable el reo solo si se le demostraba, cosa que no suena nada mal.

Sin embargo, dicha reforma no consideró que el aparato judicial mexicano está para ponerse a llorar. Y la falta evidente de capacitación técnica de policías, ministerios públicos y jueces ha hecho que esta reforma sea muy difícil de hacerla funcionar, además de que los legisladores no previeron situaciones que hoy revientan.

He aquí las partes medulares de la reforma del artículo 19 constitucional:

“Ninguna detención podría ir más allá de las 72 horas sin que se justificase con un auto de vinculación a proceso.

“El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

“El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

En este párrafo, donde el Legislativo hace una lista de delitos por los que un juez no podrá permitir enfrentar juicios en libertad, hubo un terrible olvido o soslayo: Ni los diputados ni senadores de la 60 Legislatura consideraron meter en esta lista a los portadores de armas, y por eso es que a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema penal (2014) es que hay en libertad un montón de procesados por portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

En aquella reforma constitucional también se mandató que el juez tenía que tomar su resolución, sobre si un individuo es culpable o inocente, sólo de una audiencia y no más.

Una audiencia en la que el Ministerio Público y los policías están obligados a presentar todas las pruebas de culpabilidad. En la práctica, los beneficiados de esta sola audiencia han sido los procesados y sus abogados defensores, quienes han echado para atrás las acusaciones porque muchas de éstas no fueron bien afincadas por falta de conocimientos técnicos de policías y ministerios.

A la reforma de 2008 le siguió una reforma en 2011, en la que fueron ampliados los juicios de amparo en la materia de los derechos humanos.

Y en 2014, una tercera reforma, esta vez al Artículo Quinto Transitorio del Código Penal de Procedimientos Penales, el Congreso mexicano mandató que todos los beneficios del nuevo sistema penal podrían ser aplicables al sistema viejo.

Con esto, muchos sentenciados en el viejo sistema penal, podrían acogerse a las bondades del nuevo sistema.

De todo esto, ya los jueces, ministerios públicos y fiscales respingaron y hasta plantearon la urgencia de una nueva reforma que reforme al nuevo sistema penal, considerando el peligro que reviste para la población que comiencen a salir reos de alta peligrosidad.

Hasta el momento, por ahí un legislador ha dicho que no hay prisa para una reforma al sistema penal de reciente cuño. Tendrán que opinar pronto los demás. Veremos.
13 Julio 2017 04:00:00
El frente legislativo abierto por el PRI hacia el 2018
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó ayer a los coordinadores parlamentarios de sus dos Cámaras, la de Diputados y de Senadores, valoren convocar a un periodo extraordinario de sesiones con fines de discutir una reforma constitucional que lleve a instaurar en México la segunda vuelta electoral.

Este ejercicio legislativo es una chicanería más del PRI en su pretensión de atravesarle a Andrés Manuel López Obrador el mayor número de piedras en su camino al 2018. Y, para ello, se sirvió de Jesús Zambrano Grijalva, uno de los dos “chuchos” controladores del PRD, quien en la tribuna, justificó su voto en pro, así:

“Yo en lo personal estoy convencido de que constitucionalmente ya no hay tiempo para hacer reformas que impacten el sistema electoral mexicano; eso me parece que está muy claro. Pero serán las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras las que habrán de decidir al respecto”.

En las dos Juntas, quienes mandan son el PRI, PAN, Pvem y PRD. O sea, ellos mismos son los destinatarios de lo que ayer propusieron.

Zambrano Grijalva continuó: “La motivación de la propuesta, y eso hay que entenderlo así, por eso quise hacer algunos comentarios, se justifica en el hecho de que ya ninguna candidatura, ni ningún partido político por su cuenta, o coalición de partidos, está ganando las elecciones por mayorías absolutas, son mayorías que se sitúan en los 30 por ciento y quién sabe qué vaya a pasar, según se avizora, viendo las encuestas de opinión pública en materia electoral, qué pueda suceder en el 2018”.

De lo que se trata, con esta propuesta, es de hacerle tablas a López Obrador la Presidencia de la República si no pudiese ganar más allá del porcentaje que –en dicha enmienda constitucional- ya propondrían los del PRD, PRI, PAN, Pvem y resto de partidos. ¿Un 2 por ciento? ¿Un 3?... ¿Cuánto pensarán perder, desde ahora? ¿Y con esta propuesta se trata de que, aun perdiendo la elección presidencial, todavía puedan sacársela de la bolsa al Peje, puntero desde hace rato en la desbocada carrera presidencial, mediante una segunda vuelta electoral, en donde ahora sí, presumiblemente, ya estarían uniéndose todos ellos contra el que desde ahora avizoran como posible ganador.

Zambrano remachó: “Estoy convencido de que no hay condiciones, no hay tiempos, ya constitucionalmente estaríamos impedidos para ir a discutir una posible segunda vuelta electoral. Pero sí podemos legislar sobre los gobiernos de coalición, esos no impactan el sistema electoral, sino que impactarían en todo caso el sistema político a la hora de conformar gobiernos en acuerdo con los resultados mismos de las elecciones”.

Los gobiernos de coalición han sido un tema recurrente del PRI. Manlio Fabio Beltrones, aspirante eterno a la candidatura presidencial, lo ha estado planteando a partir de los resultados que obtuvo su partido el pasado 4 de junio.

Turno Miguel Barbosa Huerta, senador de Morena y a quien acaban de correr del PRD. Dijo: “De las figuras de segunda vuelta de gobiernos de coalición, sin duda que son instituciones que acreditan que una democracia se consolida, sin duda que sí, solo que hay que establecer de manera muy clara, que cualquier reforma constitucional que se haga en este momento, es violatoria de la propia Constitución. ¡Cualquiera! ¡Eh!

“Las motivaciones políticas de la segunda vuelta, que yo no voy a instalar aquí un debate sobre ellas, pero es obvio cuál es la posición de nosotros, y el tema de los gobiernos de coalición de los que hay, sí, una opinión muy fuerte en el ambiente político, también sería inconstitucional, porque ya hay una definición constitucional de gobierno de coalición, y lo que se haría es que fuera obligatoria, no potestativa.

“Pero cuando deriva de un resultado electoral, automáticamente, un gobierno de coalición deriva de un resultado electoral, lo que se hace es afectar, violar el artículo 105 constitucional.

“Así es que, nosotros sí queremos que nuestra democracia se consolide con esas dos figuras. Solamente que, hoy hablar de ese tema y de hablar de un periodo extraordinario para ese tema, sin duda quedaría afectado. No podría aprobar un test constitucional esta propuesta.

“Por lo demás, dejemos las cosas, ya la legalidad con la cual se va a desahogar el proceso electoral 2018, ya está definida, ya no hay forma de meterle más cosas. Ya estamos en el plazo dentro de los 90 días al arranque del año electoral.

“Así es que, solamente para tener claridad, sí demuestran estas dos figuras una evolución del Sistema Político Constitucional, pero hoy, hoy, cualquier de esas dos posibilidades que se plantean, serían violatorias del artículo 105 constitucional”.

Entonces el PRI habló a través de Yolanda de la Torre Valdez, senadora duranguense, quien dijo: “Ya tenemos en la Constitución considerado a los gobiernos de coalición, y lo que nos hace falta es la parte reglamentaria, que no tiene que ver con los procesos electorales, que empiezan en septiembre, que es distinto el proceso electoral con las normas que ya tenemos, y esas no podemos modificarlas, porque la propia ley así lo ha determinado. 

“Sin embargo, sí considero que podemos avanzar en la ley adjetiva, en la ley que norme, en la ley reglamentaria, en lo que ya considera, porque es importante, y la gente lo demanda, además, porque hemos visto alianzas electorales, hemos visto coaliciones electorales y que han sido bien vistas por la ciudadanía, pero está pasando algo que la ciudadanía está decepcionada.

Era la argumentación de Beltrones a control remoto…
12 Julio 2017 04:00:00
La subordinación infame de la Cámara de Diputados al PRI y a EPN 
Una Cámara de Diputados virtualmente secuestrada por el PRI, PAN, PRD, PVEM, MC y PES ha vuelto a hacerse la dormida para no tener que escuchar un informe sobre lo que ha estado sucediendo en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz después de la elección del 4 de junio pasado.

Diputados de esos seis grupos parlamentarios faltaron por tercera ocasión a una convocatoria que les había hecho la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Ilícitos en los Procesos Electorales.

Con excepción del que la preside y de uno más –Juan Romero Tenorio, del grupo Morena, y Abel Murrieta, del PRI-, el resto de quienes integran (de un total de 13) el Pleno de la comisión especial de marras no asistió a la cita, en cuyo sesionar se presentaría un informe sobre los procesos electorales en las cuatro entidades aquellas.

Un informe que existe, está concluido, desde diez días después de aquel 4 de junio, y que sin embargo no se le ha podido leer porque los priítas, panistas y perredistas –la trinca que tiene secuestrado al Congreso- no han querido que se lea para no sobre calentar más –desde la óptica de ellos- la plaza pública del país.

De haberse presentado, los priístas y sus amigos hubieran tenido que escuchar en el informe una serie de argumentaciones y vaticinios que hoy, a 37 días de los comicios ya se estarían cumpliendo.

Uno toral, que desde entonces se escuchaba dentro y fuera de los territorios del Congreso de la Unión, es aquel en que se decía que Enrique Peña Nieto –autor intelectual de todas las marranadas hechas por el PRI el pasado 4 de junio- si bien estaría consintiendo la posibilidad de anular la elección de Coahuila, jamás lo haría en el caso del estado de México, la entidad que constituida está en algo así como el cubil del Grupo Atlacomulco, al que pertenece y lidera actualmente el presidente de la República.

Desde entonces se ha escuchado con insistencia que Coahuila ya fue negociada en Los Pinos: se procederá a anular la elección para, posteriormente, dejársela a quien resultase el nuevo candidato del PAN al gobierno del estado.

Pero, como parte de la negociación, el PAN tendría que apoyar al PRI en el estado de México, para que el panismo dé por buena la elección, que las autoridades electorales estarían entregando a Alfredo del Mazo Maza antes de que concluya julio.

En el estado de México, las acusaciones de fraude no son menores a las de Coahuila; pero la disputa ha sido distinta: no ha dejado de sorprender a medio mundo que Morena no haya respingado más allá de la presentación de sus denuncias ante las autoridades electorales.

Ausentándose,  el PRI ha pretendido quitar reflectores a Morena, al que pertenece Romero Tenorio. Pero el tema va más allá de ese partido, para adentrarse en la función más importante del Congreso, que es la de control político.

Al no volver a sesionar la Comisión Especial, por esa falta de quórum perpetrada por el PRI, PAN y PRD, la Cámara de Diputados ha resellado su ya vieja condición de palera del Ejecutivo Federal.

Independientemente de que esté presidida por un diputado de Morena, esta comisión especial ilustra el trabajo que el Congreso debe realizar si quiere erigirse en el contrapeso constitucional.

La función de control político, por naturaleza, la ejercen los opositores, aunque en México no todos los que se dicen integrantes de un partido de oposición, realmente lo son. Más bien hay mucho farsante que se dice opositor pero que en realidad simulan.

Está probado ya que en el Congreso mexicano sólo un partido político ha tratado con denuedo hacer uso de la función del control político: Morena. El resto de los que se dicen de oposición ya tienen demasiadas afinidades, demasiados intereses comunes con el partido en el poder, que difícilmente podrían ser considerados partidos de oposición.

Es un juego perverso esto de los llamados partidos de oposición. Un ejemplo de ello es el PAN, que desde que negoció en 1988 el triunfo supuesto de Carlos Salinas de Gortari  se convirtió en la cara azul del PRI.

Desde entonces el PAN ha aprobado junto con el PRI reformas en el Congreso que han cambiado definitivamente el modo de andar de la República. He aquí algunos ejemplos: la aprobación de la desaparición Fobaproa para convertir entonces una deuda privada de más de 64 mil millones de pesos en deuda pública; esto ocurrió el 12 de diciembre de 1998.

El 4 de agosto de 2013, el PAN votó al lado del PRI la reforma energética, con la que Pemex ahora boquea como un pez arponeado y cuando las gasolinas están más caras que nunca, para favorecer a empresas extranjeras.

Como éstas, han votado de la mano PRI y PAN una veintena de reformas totalmente perjuiciosas para la mayoría de la población de México. Reformas que, en su mayoría, sólo han servido para construir negocios que chorrean corrupción e impunidad en los que invariablemente aparecen gente encumbrada del PRI y el PAN.

No ha sido difícil para el país confirmar cómo el PRI y el PAN se entienden sin problema. Pero con quienes no se han podido entender es con Morena. De ahí que haya tanta sevicia contra los candidatos de ese partido, y la determinación fatal del presidente de echar mano de toda la maquinaria del Estado para contrarrestar al único partido de oposición al régimen que tiene actualmente el país.
11 Julio 2017 04:00:00
El jinete de “Pegasus” es el mismo Enrique Peña Nieto
Inauditamente, otra vez, el Congreso de la Unión ha recurrido a su vieja costumbre de hacerse el sordo, el mudo y el ciego para no posicionarse sobre temas que, sin duda, escuecen a la República, escuecen a la gente, escuecen a todo el mundo, como el espionaje telefónico de que también fueron objeto los extranjeros que integraron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aquel equipo de criminólogos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México para dar seguimiento a la investigación gubernamental sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el viernes 26 de septiembre de 2014.

Es “extremadamente preocupante”, calificó ayer la CIDH la acusación de que también los extranjeros que conformaron el GIEI fueron espiados con el software”pegasus”.

Según ha declarado este lunes el GIEI, “los hechos ocurrieron a principios de marzo de 2016, poco después que (el grupo) criticara al gobierno mexicano por interferir en su investigación y mientras preparaban su reporte final sobre este crimen que costó al gobierno numerosas críticas por parte de la comunidad internacional”.

Y argumentó la CIDH, afincándose en el análisis de la Universidad de Toronto, que reveló en su primera página el diario estadounidense The New York Times, a mediados de junio reciente: “Un teléfono utilizado por los expertos de la CIDH recibió mensajes de texto con el propósito de ser infectado por el software de espionaje pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group y que se vende exclusivamente a gobiernos para combatir a terroristas y criminales. (Un sistema) que fue adquirido por el gobierno de México”.

Ayer mismo, en medio del silencio ominoso y cómplice del Congreso mexicano, otra organización internacional prestigiada, Artículo 19, defensora de los derechos de los periodistas, juzgó que tras la confirmación de Citizen lab –la empresa canadiense que vendió al gobierno mexicano el spyware pegasus- de que, ciertamente, el GIEI también fue espiado con el software que vendió al Gobierno mexicano, “podría acarrerar graves implicaciones en términos de derecho internacional”.

En un comunicado, Artículo 19 dijo: “La comprobación de nuevos intentos de espionaje confirma que el uso de pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido que debe ser investigada. (Y) no sólo fueron espiados y espiadas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, sino que hoy sabemos que también lo fueron líderes de partidos de partidos políticos e incluso integrantes de un mecanismo internacional de asistencia técnica”.

Esto último lo dijo en alusión al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Y según agencias noticiosas, Artículo 19 todavía precisó: “El caso del GIEI, confirmado por Citizen lab, es especialmente grave dado que fue el propio Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba la inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la propia CIDH”.

Todo esto sucede en medio de un silencio legislativo que escuece, porque teniendo en este asunto delincuencial del Estado mexicano mucho que ver el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Congreso mexicano se ha dedicado a servir de alcahuete, a pesar de que su función esencial consiste en servir de control político o de contrapeso constitucional.

El Legislativo mexicano, ante tanta evidencia en contra del gobierno de Peña, ya tenía que haber convocado a un periodo extraordinario para la revisión de lo que, presumen dentro y fuera del país, es un hecho ilícito tramado y ejecutado por quienes detentan los despachos presidenciales y la misma presidencia de la República.

Ayer mismo, incluso en pleno periodo de receso legislativo, los presidentes de mesa directiva y los presidentes de coordinación política, tenían que haberse reunido en conferencia para establecer una agenda política en torno del seguimiento y debate del espionaje perpetrado en México por el mismo presidente de la República.

El debate tenía que girar en torno de un factor fundamental: ¿Cómo llamar a cuentas al presidente de la República, cuando la Constitución actualmente no permite que se le sancione salvo por una de dos cosas: O por delitos graves del orden común o por traición a la patria. ¿Cuál de estas dos posibilidades estarían más cerca para poder enjuiciar a un presidente de la República que ha afincado su poder en el chantaje derivado del espionaje?

Cuando la CIDH habla de que es “extremadamente grave” el espionaje confirmado contra el GIEI, y cuando el Artículo 19 dice, parecidamente, que este asunto es “especialmente grave”, lo que puede interpretarse es que ellos están dando por sentado que detrás de este hecho delincuencial, criminal, está el mismo presidente Enrique Peña Nieto, jefe de los responsables de las instituciones que se han dedicado a espiar con el spyware: La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación a través del Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN).

Algo así tendría que estar sucediendo en los territorios del Congreso General si se quisiera cumplir con el mandato constitucional de erigirse en el contrapeso del poder presidencial mexicano.

Lo que en realidad ocurre es un silencio que agravia a la gente supuestamente representada por este segmento de la clase política que actualmente cobra como representantes de la nación.

¿A quién representan?, es la pregunta mordiente que barbota cada que el Congreso mexicano sesga su paso, de por sí vacilante a través de la historia, cada que tiene ante sí la responsabilidad de erigirse en contrapeso del presidente de la República, y no lo hace.
08 Julio 2017 04:00:00
La catastrófica presidencia de Enrique Peña Nieto
México sufrió esta semana, en dos tiempos, una de esas humillaciones que quedarán registradas en la esquina más infausta de la historia de la relación entre México y los Estados Unidos de Norteamérica.  Y vaya que ha habido muchas, y muy graves.

Primero fue algo así como la entrega virtual, simbólica, del poder público que hizo el presidente de México a John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y luego la humillación histórica de Donald Trump a todo un país, cuando en presencia de Enrique Peña Nieto dijo “absolutamente”, luego de que un reportero le preguntó en Hamburgo, Alemania, si todavía creía que México debía pagar el muro que ha pretendido construir en la frontera entre los dos países.

Durante tres días, Kelly en México se reunió con encargados de despachos presidenciales sensibles para la seguridad nacional del país. E iba y venía a través del territorio nacional, acompañado de los secretarios de la Defensa y Marina, como si el gringo tuviera autoridad sobre ellos.

Iba y venía encabezando reuniones, todas presuntamente del tema de la seguridad pública, con el gesto encallecido de quien sabe que tiene el mando y el poder.
Miércoles, jueves y viernes permaneció Kelly en el país. El miércoles se reunió con Peña. Un día antes de que Peña saliera del país hacia Hamburgo, Alemania. No le importó absolutamente al presidente mexicano irse, justamente cuando el funcionario estadounidense iba y venía encabezando reuniones con secretarios de Estado mexicanos como si éstos fueran sus peones, sus subordinados.

O esto era acaso lo que quería proyectar políticamente: Que Estados Unidos tomó el mando político (¿y militar también?) de México, para que en su encuentro con Donald Trump en Hamburgo no fuera a ser catastrófico.

Pero lo fue.

Teniendo a un metro de distancia al presidente  Enrique Peña Nieto, en un encuentro con periodistas durante un receso de las reuniones de la Cumbre del Grupo de los 20, el presidente estadounidense Donald Trump dijo cuando un reportero le preguntó si todavía creía que México debía pagar por aquel muro: “Absolutamente”, contestó Trump.

Junto a Peña Nieto estaba Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores. Los dos se hicieron olímpicamente los sordos. Los que no escucharon.

Dejaron pasar la muy desgraciada contestación del presidente más pro imperialista de los Estados Unidos como si no hubieran tenido alguien que les tradujera. O Peor aún: Como si no supieran el más elemental inglés.

Después, Luis Videgaray respondió a quienes le preguntaron, en conferencia, su opinión sobre lo que acababa de declarar Trump ante ellos: Videgaray y Peña Nieto:

“La verdad es que yo estaba ahí y no lo oí”, dijo Luis Videgaray con una de sus más grandes demostraciones de gran cínico. Y apostilló: “El presidente Peña tampoco lo escuchó. Y no fue tema de la conversación; fue un tema que no se tocó, en parte porque tenemos una diferencia, notoria, significativa en eso. Ya acordado por los equipos previamente, que ese tema no sería tema de la conversación”.

Inaudito que no lo escuchara ni Videgaray ni Peña, cuando literalmente todo el mundo lo ha escuchado a través de la imagen y el audio que dieron a conocer las agencias de noticias que cubrían la reunión de marras.

Y reiteró Videgaray, acompañando su voz con el ceño fruncido de alguien que escucha extrañado la pregunta: “Ese comentario, si lo dijo, lo debe haber dicho muy bajito porque yo no lo escuché”.

¿Y qué tiene que ver este tema, acaecido en un lugar distante, cuando este espacio está destinado al registro y estudio de la relación del peso y el contrapeso en México? Mucho. Veamos.

A pesar de que el Senado facultado está para revisar la política exterior de México, está muy lejos de cumplir con ese mandato constitucional. Los senadores han permitido que el Ejecutivo destroce desde hace años la diplomacia mexicana.

No piden explicaciones.

El Congreso mexicano perdió totalmente el sentido de contrapeso constitucional.

En las tribunas de las cámaras federales, quienes se asumen como opositores al régimen no pueden ir más allá de los posicionamientos, porque el PRI, partido de la presidencia, ha conformado una suma de minorías legislativas de tal modo que parieron desde el comienzo del sexenio una mayoría infame, que va contra los intereses de la población y a contrapelo de la Constitución misma.

No es ocioso cuando los opositores advierten a la población que México está virtualmente bajo el control de una dictadura que se disfraza de democracia.
Una dictadura ejercida por un régimen que debido a su alto grado de podredumbre ha caído en manos de ese poder supranacional de los Estados Unidos, que es capaz de invadir a un país para llevarse a sus dirigentes acusados de terroristas o de narcotraficantes, para hacerlos cumplir penalidades de cárcel en territorio norteamericano.

El temor de que venga por ellos, solamente esto puede explicar que el gobierno de Peña Nieto sea tan sumiso ante los Estados Unidos. Tan entregado, tan entreguista. Tan judas, como a Enrique Peña Nieto se lo han estado restregando opositores como Layda Sansores y Gerardo Fernández Noroña.

El fantasma del general panameño Noriega tiene, al parecer, en la zozobra a gobiernos de América como el actual de México. Solo así puede caber una explicación, un modo de interpretar los motivos por los cuales el gobierno de Peña ha sido y es tan dado a la humillación ante este presidente de los Estados Unidos que ha sido ofensivo, agraviante, un auténtico enemigo de México, Donald Trump.
07 Julio 2017 04:00:00
John Kelly y la sumisión inaudita del gobierno de Peña Nieto
John Kelly, secretario de Seguridad Interna del Gobierno de los Estados Unidos, realiza una visita a México de tres días. En su primer día, el miércoles, se reunió con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en Los Pinos, para después hacerlo con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y también con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.

En el segundo día, ayer, Kelly se trasladó al puerto de Acapulco, Guerrero, a donde se reunió con el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y con el secretario de la Marina, Francisco Vidal Soberón, en el interior de la base naval

Por la tarde, el secretario de Seguridad Interna estadounidense se apersonó en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en la Ciudad de México, para reunirse con el procurador Raúl Cervantes.

Entre las reuniones que el también llamado secretario de seguridad nacional de Estados Unidos realizará hoy, viernes 7, figura la que sostendrá con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

Este mismo día (hoy) Enrique Peña Nieto estará reuniéndose con Donald Trump en la llamada Cumbre del Grupo de los 20, en la ciudad de Hamburgo, Alemania.
Que se recuerde, jamás en la historia de la política binacional un secretario de seguridad nacional de los Estados Unidos había sostenido una gira por México, y tan apretada.

Según ha informado la Presidencia de la República, la visita de Kelly responde a una agenda binacional en la que sobresalen cuatro asuntos fundamentales: “Combate al narcotráfico, tráfico de armas de Estados Unidos a México, migración y seguridad para Centroamérica”.

La visita inusual e inédita del gringo merecería que, desde su condición de contrapeso constitucional, el Congreso de la Unión realizara varias preguntas al titular del Poder Ejecutivo mexicano; pero no las hace.

Kelly se pasea con su mirada de halcón por toda la Ciudad de México, mirando de arriba a abajo a los hombres del presidente Peña; hombres que parecen achicados ante la presencia arrogante del gringo.

El Congreso mexicano está obligado a hacer preguntas fundamentales al Ejecutivo, sobre la presencia del funcionario estadounidense; pero no las hace. Es un Congreso que ha permanecido callado y tan amedrentado como amedrentado se le mira el rostro al presidente mexicano cada que aborda asuntos con el gobierno de Donald Trump.

¿Trump recibiría en el salón oval de la Casa Blanca a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación mexicano? Es muy difícil pensar que sí, por la simple y sencilla razón de que para que esto sucediera tendría que ser rebajada la investidura presidencial estadounidense. Trump no habla más que con presidentes.

No ha sido el caso de la presidencia mexicana actual. Peña ha rebajado la investidura presidencial sin que nadie le haya pedido explicaciones; ni siquiera el Senado, que por facultad constitucional tiene a cargo la revisión de la política exterior de México.

Kelly se ha paseado por el país como si estuviera al mando de todos esos con quienes se ha reunido. Es evidente cómo todos esos hombres con quienes se reunió le han dado trato de jefe; o peor aún, de comandante.

No sOlo ha llamado la atención que venga a hablar de narcotráfico, tráfico de armas y migración. También ha dicho el gobierno mexicano que Kelly ha venido a abordar el tema de “Seguridad para Centroamérica”.

Este tema concita muchas interrogantes, sobre todo porque hay la sospecha generalizada en el país de que el gobierno de Donald Trump ha obligado a los ratoncitos que gobiernan aquí a trasladar virtualmente la frontera de los Estados Unidos hasta la línea divisoria del Suchiate, el río que sirve de frontera entre México y Guatemala.

Ayer, el gringo –quien para mayores señas es un general retirado del ejército norteamericano- se ha reunido con los titulares de los ejércitos mexicanos de tierra y mar, en el interior de la región naval militar con sede en Acapulco.

Este encuentro entre militares –del que se desprendió después un vuelo rasante por helicóptero sobre un sembradío de amapola, en territorio guerrerense, según ha informado el diario La Jornada- rememora sin duda el encuentro que Lori Robinson, jefa del Comando Norte de los Estados Unidos, Kart Tidd, jefe del Comando Sur y le embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, sostuvieron el pasado 30 de enero de este año,  al interior de la base naval de Tapachula,  con funcionarios del gobierno de Peña Nieto, entre éstos, el canciller Luis Videgaray Caso.

¿Tiene que ver esta visita de Kelly con los compromisos que convinieron ambos gobiernos el 30 de enero en Tapachula?
Pues esta pregunta es fundamental. Y, por obligación moral, ética, política y constitucional, la debería estar haciendo desde un principio el Congreso mexicano, supuestamente garante del control político en México.

Entonces se decía en los intersticios de la apanicada presidencia de Peña Nieto que la justificación del interés norteamericano por Tapachula no era otro que el de “comprometer a México en asegurar su frontera sur para mantener a raya tanto a la delincuencia organizada como a los migrantes centroamericanos que tratan de ingresar a Estados Unidos”.

Pero más allá de eso, opositores como Manuel Bartlett, Layda Sansores y Miguel Barbosa, alertaban a la República de que Peña Nieto, sumido en su escandalosa cobardía y analfabetismo de la historia del país en su relación con Estados Unidos, estaba ya entregando la frontera sur de México al ejército estadounidense.

Este tema afloró ahora y, de modo inaudito, el Congreso mexicano ha permanecido callado.
06 Julio 2017 04:00:00
La imitación burlesca de control político en el Congreso mexicano
En su sesión de ayer de la Comisión Permanente, el Congreso de la Unión volvió a soslayar olímpicamente los asuntos que, por su importancia política y trascendencia para la República, deberían ser puestos a contraluz de la función de control político del Poder Legislativo. Y, otra vez, sólo se ha puesto a aprobar unos cuarenta puntos de acuerdo, comunicaciones de los estados y una docena de iniciativas turnadas a diversas comisiones de las dos cámaras federales.

Los opositores al régimen han criticado con dureza esta perniciosa costumbre de quienes controlan el Congreso –PRI, PAN y PRD- de estar haciéndose los occisos a la hora de construir el orden del día de las sesiones de la
Permanente.

Muy rara vez incluyen en la nefasta orden del día el capítulo de comentarios políticos. Y, para no variar, en esta ocasión tampoco la han incluido. Y sólo se dedican a mirar pasar, desde sus escaños, a una República cargada de dolor, ira y frustración, ante hechos bastante significativos que realiza el Ejecutivo Federal, respecto de los cuales la oposición no puede llamar a cuentas por el hecho simple de que el partido de la presidencia, el PRI, lo evita a ultranza, con ayuda del Pvem, muchas veces del PAN y ahora también del PRD.

Desde hace varias semanas, verbigracia, la oposición de las siglas Morena ha solicitado que el orden del día incorpore en el capítulo de los comentarios políticos el tema de la elección a gobernador en el estado de México.

Los de Morena están como apestados. Ni los oyen ni los ven. Es como si la vieja estrategia que Carlos Salinas de Gortari aplicó en su sexenio contra el entonces Partido de la Revolución Democrática, volviera a aplicarse, pero ahora contra el Morena, con la complacencia y la complicidad del nuevo PRD y el PAN de siempre.
Desde el 7 de junio, sesión posterior inmediata a aquellos comicios, han exigido cuatro veces que el asunto sea aireado en la Permanente y ninguna ha fructificado. Las veces que los opositores han hablado del asunto en la tribuna, es porque el tema lo han entreverado con otros.

Con el candado que ha impuesto el PRI en el Congreso, los opositores se enfrentan a una suerte de dictadura, resellada por el PAN, Pvem y PRD.
Ayer, la Comisión Permanente soslayó la visita que actualmente realiza, durante tres días, el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, John Kelly, a quien Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos dándole trato
de iguales.

Según un comunicado de Presidencia de la República, Kelly vino a reforzar convenios con México en materia de combate conjunto contra el crimen organizado.
El Congreso, que sesionaba a esa hora, tenía la oportunidad de abordar la visita del enviado de Donald Trump, en los comentarios políticos. No lo hizo. Dejó pasar el tema como ha dejado pasar otros asuntos de gran importancia para los mexicanos, como la construcción del oleoducto anunciado por el presidente estadounidense a fines de la semana pasada. Mismo que pasará por debajo del muro, según dijo, burlón, el gringo.

Los diputados y senadores que controlan al Poder Legislativo –los del PRI, PAN y PRD- torcieron el orden del día de modo que este tema no se le mencionara en la tribuna, y no se escucharan preguntas obligadas como aquella, de por qué Kelly es recibido por Peña como si aquel fuera también un presidente. O aquella otra, sobre el oleoducto que ya aceptó el gobierno de Peña Nieto construir desde Texas, para garantizar el consumo de gasolinas estadounidenses en México, en vez de tener que construir nuevas refinerías nacionales.

En este tema tendría que ser incluido el dato aquel de la refinería de Hidalgo que prometió Felipe Calderón Hinojosa construir desde la reforma energética de octubre de 2009, de la que sólo fue construida la barda perimetral.

Tampoco esta vez el Congreso en su Comisión Permanente abordó el tema del espionaje, al que dejó pasar. Ningún legislador, por ejemplo, dijo nada sobre la información que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión ya solicitó y que no le han entregado. Información sobre el software conocido con el nombre de pegasus, utilizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para espiar no a delincuentes o a funcionarios corrompidos o coludidos con el crimen organizado, sino a periodistas y a defensores de
derechos humanos.

El Congreso mexicano reselló ayer su costumbre de dejar pasar los temas fundamentales de la
República.

Se dedicó a emitir exhortos. Pero, ¿qué son los exhortos? Solicitudes que hace el Congreso a autoridades, la mayoría pertenecientes a la administración pública federal, para que pongan énfasis en algún ejercicio de gobierno.

Pero no son órdenes, sino sugerencias, solicitudes, exhortos, recomendaciones, que bien puede el destinatario recibirlas con beneplácito y acatarlas. O simple y sencillamente no.

A los exhortos es a los que se les conoce también como “llamados a misa”, porque los atiende el que quiere y el que no, pues no.

Un exhorto es una práctica parlamentaria anquilosada, alejada de la función de control político.

En realidad, muchos de esos exhortos no son más que una simulación de contrapeso constitucional. Una farsa. Ganas de tomarle el pelo a la población.

Los legisladores mexicanos prefieren esta farsa de los exhortos, meros rellenos legislativos, que ponerse a trabajar verdaderamente con su función de control político. Renunciaron a ser verdaderos representantes de la nación, para estar transfigurados en meros peones de quienes tienen los hilos del poder en México.
05 Julio 2017 04:00:00
Tiempo nublado de México
En los asuntos fundamentales del Estado mexicano, el Congreso mexicano duerme. Permanece tieso. Como si no tuviera la obligación de ejercer la función más importante que la Constitución le otorga: Servir de contrapeso a quienes ejercen el poder público en México a través del Ejecutivo Federal y de los otros poderes
de la Unión.

El actuar del Poder Legislativo es como el de un espectador solamente. ¿Hasta cuándo sostendrá esta actitud de valemadrismo y de simulador?
He aquí algunos asuntos en los que el Congreso mexicano debería estar interviniendo, y en los que nada hace o soslaya.

En tanto Coahuila y el Estado de México siguen adentrándose en ese recodo oscurecido de los fraudes electorales, el Congreso mexicano ha cerrado la tribuna para que estos temas no sean discutidos, como tendría que suceder.
Ayer en los pasillos de San Lázaro volvía a causar furor el rumor aquel que desatado está desde la primera semana de junio, tan pronto se celebraron las elecciones de aquel domingo cuatro. El rumor de que el PAN estaría atando los últimos cabos en torno de la negociación con el PRI y con el presidente Enrique Peña Nieto sobre la suerte de los estados de México y Coahuila.

Es un rumor que hace callar de facto a los panistas. El rumor de que Peña Nieto ha convenido con la dirigencia nacional del PAN para que quede anulada la elección a gobernador en Coahuila a cambio de reconocerle al PRI el triunfo en el estado de México.

Que sólo es “cuestión de días”, para que este asunto se concrete, se escucha decir en el pasillerío de San Lázaro, lo que encajaría en la declaración adjudicada en mayo al presidente de la República: Es más fácil que permitamos que nos ganen la presidencia de la República que la gubernatura del estado de México…

Antes de que concluya julio, el Instituto Nacional Electoral deberá resolver las demandas de fraude que presentaron en contra de los supuestos triunfos del PRI en el estado de México y Coahuila, los opositores que se consideran robados: Morena en el estado del centro del país y el PAN en la entidad norteña.

De suceder así, entonces el PAN estaría concediéndoles la razón a quienes, desde las oposiciones de izquierda, juran que el blanquiazul sólo juega en esta época del México contemporáneo un papel de gran prostituta de la política mexicana. Un papel de simulador de un juego democrático, que también juegan instituciones como el mismo INE, el tribunal electoral  y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Congreso también ha guardado un silencio atroz en torno del alza de las gasolinas, que aun cuando de modo perverso han bajado este mes dos o tres centavos, su incremento bestial a partir de enero pasado no significa otra cosa que un terrible engaño a la población, por parte de quienes en julio y agosto de 2014 (PRI, PAN, Pvem, y soterradamente el PRD) aprobaron la reforma energética, con el señuelo de que uno de sus grandes beneficios en el corto plazo sería la disminución del precio de las gasolinas.

En octubre de 2016, como parte de la reforma energética, el PRI, PAN, PRD, Pvem, Pes, Panal y Movimiento Ciudadano votaron aprobatoriamente una modificación a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en la que decidieron que las gasolinas se incrementasen en enero cuatro pesos.

De los estragos que está causando este aumento más que brutal, ahora ellos tratan de soslayarlo y no opinar, no hablar, evitar a toda costa que el tema barbote en la tribuna de la Comisión Permanente.

Tampoco, en los territorios del Congreso mexicano, nada han dicho todavía los legisladores en torno de la declaración reciente de Donald Trump, de que su país construye un oleoducto hacia México, por donde estará llegando un río de petróleo crudo.

El dicho de Trump causó un encabronamiento colectivo, a contrapelo de la pasividad vergonzosa de Enrique Peña Nieto, que nada dijo sino hasta tres días después, cuando su secretario encargado del despacho de Economía expresó cuando se le preguntó si el oleoducto estaría pasando bajo el muro, como lo anunció Trump. “Ni modo que por arriba del muro”, respondió el secretario.

Pues de esto nada ha dicho el Congreso. Se esperaría que hoy, en su sesionar, la Comisión Permanente diga algo sobre esta burla del oleoducto, derivado de una reforma energética que frenó a ultranza las exploraciones de Petróleos
Mexicanos.

Dicho oleoducto se constituirá también en otro un símbolo del engaño de la reforma energética, cuando se decía que con la apertura del sector energético mexicano llegarían compañías petroleras que se dedicarían a explorar bajo su cuenta y riesgo los mantos marinos profundos, para después sacar petróleo que Pemex nunca podría extraer por una supuesta falta de tecnología.

Llegaron, pero no para explorar en aguas profundas solamente, sino en el macizo continental, haciéndoles la competencia a Pemex en áreas donde –según los debatientes del PRI y el PAN- jamás llegarían porque la paraestatal mexicana estaría allí, en exclusiva, haciéndolo.

El Congreso mexicano tampoco ha organizado la participación de la gente como fase previa a la renegociación del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. Dejan pasar el tiempo, permitiendo que el Ejecutivo federal se adentre solo e impune en esa espiral de negociaciones con los gringos y canadienses, de cuyos resultados ya se sabrá algo cuando los negociadores de aquellos dos países sean llamados a rendir cuentas e información por parte de sus respectivos contrapesos: el parlamento canadiense y el Congreso
estadounidense.
04 Julio 2017 04:00:00
¿Y el espionaje en las cámaras del Congreso de la Unión?
El espionaje siguió soplando como un viento negro en los territorios del Congreso de la Unión. Un viento que quema a la vez y que marchita a las instituciones como suele marchitar el sol de verano a las milpas en tiempos de estiaje.

En el Senado, sede de la Comisión Permanente, y en San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, este tema del espionaje está tan caliente que el PRI ni lo toca, como tampoco el PVEM y esa runfla de partidos chiquitos que nacieron solo para engañar a la gente, engatusándola, haciendo creer a la población que son de oposición cuando no son más que alcahuetes, comparsas, rémoras del partido en el poder
presidencial.

El único partido político que no deja de sacarlo a contraluz, para que se airee y no se olvide nadie que el espionaje en México al parecer está hasta la médula, es el Morena.

Ayer, senadores y diputados de este partido políticos volvíana quejarse de cómo el Congreso solo funciona para resellar las posiciones del presidente Peña Nieto y su partido, y olvida su función de contrapeso político.

Verbigracia: el senador Manuel Bartlett Díaz hablaba de un punto de acuerdo que presentará en la sesión próxima de la Comisión Permanente, en la que planteará sea exhortada la mesa directiva del Senado para que informe qué está pasando en la Cámara de Senadores, en la materia del espionaje.

Y hablaba del espionaje del que, tal parece, ya todo mundo esta acostumbrado en el Senado: Intervención de todas las líneas telefónicas, intromisión en todas las computadoras. Son dos viejas prácticas que ocurren en el Senado y también en la Cámara de Diputados.

Las salas de prensa de las dos cámaras federales están espiadas hasta las cachas: No hay una sola extensión de línea telefónica que no esté marcada por la sospecha de que alguien te está escuchando.

Prácticamente todos los reporteros que cubren informativamente las cámaras de Senadores y de Diputados, saben que las computadoras de las salas de prensa están intervenidas y que no falta que alguien -sea del PRI o del PAN o de la nomenclatura de las cámaras- esté leyendo los textos periodísticos desde el momento mismo en que se van pergeñando los párrafos.

Y prácticamente todos los reporteros saben que si tienes alguna información que desearías salvar hasta antes de su publicación o salida al aire, pues lo mejor siempre será que te vayas a escribir a la redacción de tu periódico. Y utilizar celulares que no usas de manera cotidiana.

En los pasillos, salones y patios del Congreso es común mirar a gente que, no siendo de los medios de información, actúan como si lo fueran y se mezclan con la fuente. Muchos de ellos son conocidos como los “orejas de Gobernación”, y están desde hace decenios. Y la función de ellos, admitida en corto por ellos mismos, no solo es reportar la misma información que registran los reporteros, sino dar seguimiento a los reporteros para registrar con quiénes hablan, cuáles son sus fuentes. Y más aún: Entre sus funciones ha sido también vigilar a los diputados, sobre todos los opositores, para ver con quién se reúnen. O a los mismos priístas y panistas, ante quienes se pasean para darles “calambres”, sobre todo cuando alguno de ellos está de rejego con el Presidente de la República o con algunos de sus dirigentes de partido.

Y así los tienen -siguiéndolos, haciéndoles sentir que los vigilan, en otras palabras acosándolos- hasta que solitos vuelven a entrar al huacal.

Y ante la institución del Estado que suelen responder estos sujetos con labor de estercoleros, es la Secretaría de Gobernación, a cuyo organigrama pertenece el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido tristemente con las siglas del Cisen.

Pues a propósito de todo esto que es del conocimiento público en todo el Congreso, nunca se había pedido en un punto de acuerdo que el Congreso como institución dé la cara y diga quiénes son los que vigilan, a quién, quiénes reportan y por qué.

Esto lo ha pedido nada menos que Manuel Bartlett Díaz, la semana pasada, cuando mediante un punto de acuerdo, que presumiblemente será aireado este miércoles en la sesión de la Permanente, ha pedido que el Senado informe públicamente quiénes filman a opositores y a periodistas (y habría que agregar a los senadores priístas, pvemistas, panistas y perredistas que pretenden desobedecer alguna vez), quiénes graban y escuchan las conversaciones telefónicas, quiénes son los que monitorean las computadoras de opositores y
de periodistas.

E insistía Bartlett Díaz: “Resulta que aquí en el Senado tenemos un sistema de cámaras. Seguro nos están filmando. La posibilidad de meterse las computadores. Todas están en el mismo servidor.

“Tenemos que exigir que digan quiénes están administrando en el Senado, que informe qué hacen las cámaras, qué equipos funcionan. Quién la tiene, a quién informan”.

Y hacía más preguntas Manuel Bartlett: “(Son preguntas para el presidente de la mesa directiva del Senado), ¿quién esta manejando el sistema de vigilancia del Senado? ¿Qué compras (de equipo de espionaje) han hecho? ¿Qué conflictos de intereses hay aquí en el Senado, con espías? ¿Quiénes venden sistemas de espionaje?.

Y era entonces cuando Bartlett decía que no solo a opositores y periodistas suelen espiar, sino también a los legisladores priístas y panistas que no están de acuerdo con sus respectivos coordinadores, o que están en contra de Enrique Peña Nieto”. Y remachaba: “Son colocados en situación de represión también”.
01 Julio 2017 04:00:00
¿En toda la historia de México, habrá alguien más traidor que Videgaray o Peña?
Al Congreso mexicano se le volvieron a acumular muchos fierros en la lumbre, en la semana que concluye.

Acaballado por el PRI y por el presidente de la República, el Poder Legislativo mexicano se le mira inservible, con su función de contrapeso anulada. Una función rota, con la posibilidad imposible de echar a andar la rendición de cuentas en México.

Excepto por la Auditoría Superior de la Federación, que como ayer ha dado de qué hablar con sus informaciones sobre la cuenta pública de 2016, el resto del campo legislativo no pertenece a quienes dicen representar, sino al grupo político y económico que tiene bajo su égida el poder presidencial en México.

¿Por qué se dice que se amontonan los fierros en la lumbre al Congreso? Porque hay asuntos importantísimos para la República que debiendo poner a contraluz, para su control político, no lo hacen, dejándolos pasar como si los diputados y senadores no tuvieran ninguna obligación política ni jurídica de revisarlos y detenerlos incluso.

Espionaje, negociación oscura del TLC, ejecuciones imparables y asuntos como de la tremenda acusación que acaba de hacer el presidente venezolano Nicolás Maduro contra su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray Caso, están campeando sobre la vida nacional. Y el Congreso, como si nada.

Llamó la atención que nada dijo el Congreso sobre el tema de Venezuela, a propósito de las históricas declaraciones que el presidente Nicolás Maduro, de Venezuela, hizo el pasado martes en contra de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, a quienes sin mencionarlos por su nombre los calificó de ser los dos grandes traidores de México, cuando el Gobierno mexicano a través de su cancillería maniobró durante la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Cancún la semana pasada, para que este organismo internacional no emitiera resoluciones que beneficiarían a México.

Lo siguiente, es parte medular de lo que dijo Maduro desde su país, el pasado martes, y respecto de lo cual el Congreso mexicano nada dijo:

El presidente de Venezuela: “La cancillería mexicana vetó diez resoluciones de Venezuela ante la OEA. Las censuró. Una de ellas era contra el muro. Era una declaración para que la OEA condenara la construcción del muro.
“Debe saber México que la cancillería mexicana (Luis Videgaray) vetó una declaración de solidaridad de todos los países de América para que no se construya ese muro, y para que cese la persecución contra los migrantes mexicanos, latinoamericanos y caribeños en los Estados Unidos.

“Los están capturando en las calles. Los están expulsando por miles todos los días. Hasta niños y niñas los tienen en cárceles en la frontera. Ellos los llaman refugios infantiles, pero son cárceles, niños presos. Sus únicos delitos es ser migrantes mexicanos. Y las cancillería mexicana se negó, vetó, censuró, paró nuestra declaración que era… de cajón, pues. Que llegara ese debate. Que le llegara al presidente Trump, diciéndole: ‘América entera pide no se construya el muro’. ¿Qué le parece a México esto?

“La cancillería mexicana vetó una declaración en que se demostraba la preocupación de América Latina por el cambio climático y la decisión de los EU de separarse del Acuerdo de París. Pero la cancillería mexicana la vetó, la censuró.

“¿Qué más vetó México? Una resolución declarando la solidaridad con los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Algo histórico que América entera le dijera al Gobierno mexicano.

“¿Para qué sirve la OEA? ¿Y preguntas tú desde México? ¿Qué hay detrás de la agresión a Venezuela? Qué hay detrás del intento de golpe de Estado en Venezuela durante 90 días? ¿Qué hay? Los intereses de la élite imperialista de los EU por apropiarse de las riquezas naturales de Venezuela y por destruir el ejemplo de la revolución bolivariana como opción exitosa, alternativa al capitalismo neoliberal.

“Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, certificadas. Tenemos petróleo para 200 años. Y se le acaba el petróleo a México y a Colombia. Les quedan seis años de petróleo. Y ellos dicen, la oligarquía mexicana y colombiana: ‘este petróleo es nuestro?...’ ¿Petróleo nuestro, oligarquía? No metan sus manos aquí.

“Y el imperialismo, que está destruyendo su propio territorio con la tecnología de esquisto, tiene sus ojos puestos aquí porque este petróleo fue de ellos: 90 años. Desde 1908 que se dio el golpe de Estado contra Cipriano Cástulo y se impuso una dictadura de las empresas petroleras estadounidenses, hasta 1998, con la llegada de Hugo Chávez, 90 años les perteneció a los gringos. Ellos hacían y deshacían con nuestro petróleo.

“Pero ellos creen que es de ellos. Y se los reparten. Pero además, estamos certificando en Venezuela la cuarta reserva natural de gas del mundo. La primera reserva de oro del mundo, y tenemos la más importante reserva de goltam, mineral estratégico. De diamantes, de cobre, grandes reservas de hierro, aluminio. Tenemos fuentes de agua dulce hermosísimas, en el río Orinoco, en el Carona, en el Amazonas.

“Somos fuente de riquezas acuíferas impresionante. Un país bendito de riquezas naturales.

“Quieren derrotar a Venezuela como ejemplo. ¿Qué hemos cometido errores? ¿Quién no los cometió? Reinvindicamos la revolución mexicana. ¿Quién no la reinvindica? ¿La revolución mexicana no cometió sus errores? Son hechos históricos. Pero el único error que no hemos cometido es traicionar a nuestro pueblo, traicionar a nuestra historia. Ni la traicionaremos jamás.

“Y quieren sacar a Venezuela para conquistar a todo un continente. Al imperio se le cae la baba. Así que… muchas gracias, México”.
30 Junio 2017 04:00:00
El Estado mexicano no sabe más que torturar; ¿podrá, o querrá, cambiar?
La ley que combate la tortura, promulgada ya por el Ejecutivo, era objeto de posicionamientos en la Comisión Permanente. “Yo, la verdad, me siento muy contenta de que finalmente tengamos esta ley”, festiva, en tribuna así se expresaba la senadora priísta Diva Hadamira Gastelum Bajo.

Y justificaba también la priísta: “La definición de tortura cambió totalmente; pero además no es una ley solamente y escueta, tocamos el Código Penal Federal, tocamos la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley Nacional del Sistema de Seguridad Pública, también la Ley de Extradición Internacional. No es cualquier cosa lo que estamos promulgando”.

La priísta no era la única que festejaba así esta nueva ley que ha entrado en vigor esta semana, porque también lo hacía Jesús Zambrano Grijalva, uno de los dueños del PRD, quien decía: “Con la publicación de esta ley es indiscutible que se salda una deuda que se tenía con la sociedad mexicana, con muchos miles de mujeres y de hombres que padecieron directamente o a través de las familias de sus seres queridos que muchos pasaron, pasaron, también por etapas siniestras a las que ya nos queremos regresar”.

Una ley contra la tortura, insistía Zambrano, “que tiene un alto valor político también porque estamos queriendo erradicar una cultura que se arraigó durante mucho tiempo, durante décadas en nuestro país y que establece efectivamente disposiciones como aquí ya se ha establecido, disposiciones para los tres órdenes de gobierno en distintas áreas para erradicar esta deleznable práctica del quehacer público, prevenirla y sancionarla”.

Ahora los datos duros de la senadora panista María del Pilar Ortega Martínez: “De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2006 a diciembre de 2015 se recibieron 4 mil 400 quejas sobre trato cruel o degradante en 2012; según la encuesta del CIDE, el 57.2 por ciento de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención, y el 34.6 declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.

“Otra cifra de la Comisión de los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que, de 2000 a 2017, se presentaron 417 quejas en materia de tortura, y en lo que va del año son 56. La Comisión Nacional, en este lapso de tiempo, ha emitido un total de 100 recomendaciones.

“Datos aportados por el Relator Especial de las Organizaciones Unidas sobre Tortura y otros tratos crueles, mencionan que para 2015, la Procuraduría General de la República contaba con 2 mil 450 investigaciones en trámite por el delito de tortura, sin embargo, sólo se contaba con 15 sentencias condenatorias entre 2006 y 2015”.

María del Pilar Ortega continuó: “La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se planteó con el objetivo de asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y el establecimiento de formas de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes, los tipos penales de aplicación general, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y sus sanciones que son de oficio y son imprescriptibles”.

Dijo entonces el senador Miguel Barbosa Huerta: “Hay que recordar que en el 2008 se hizo una reforma constitucional muy importante, la del sistema adversarial, es una ley que provocó el desarrollo de un conjunto de otras leyes y reformas a leyes vigentes.

“Si esa reforma del 2008 se concatena con la del 2011, sobre derechos humanos, que es la gran reforma sobre derechos humanos, el cambio de paradigma, como se ha calificado por los juristas y por los parlamentarios, si esas dos reformas se concatenan, el desprendimiento natural es que nuestra legislación se ajustara a los parámetros internacionales, sobre todo en los asuntos sobre tortura.

“Tuvimos que hacer reformas al artículo 73, a su fracción XXI, para establecer la competencia de las Cámaras del Congreso, para emitir una ley general sobre tortura.

“El producto es el resultado de un esfuerzo enorme de los grupos parlamentarios.

“Se ha vuelto más visible los casos de tortura, así de sencillo. Están a punto de caerse muchas de las causas en el procesamiento de responsables en el caso Ayotzinapa. ¿Por qué razón? Porque a pesar de ser responsables muchas de las confesiones está probado que fueron tomadas a través de tortura.

“La tortura se volvió una constante a todos los niveles de la investigación criminal. Desde los presuntos responsables de delitos menores sufrían tortura; las detenciones, ejecuciones y órdenes de aprehensión eran con calentadita o sin calentadita, así constaban.

“En la mayoría de los procesos aún se ejerce presión que puede equivalerse a tortura, la incomunicación, de las detenciones y de los detenidos, en las detenciones de los detenidos, son actos de tortura.
“Vamos a ver si esta ley es capaz de modificar. Las leyes se aprueban con dos propósitos posibles:

“Regular la conducta existente o crear una nueva conducta. Y aquí lo que tiene que hacer, es que se tiene que crear una nueva conducta y una cultura de respeto a la ley por parte de la autoridad.

“Debemos de reconocer que como sociedad tenemos que avanzar; que es un asunto en el ejercicio del poder, sí, es un asunto del ejercicio del poder, pero un asunto dominado por la condición humana, de quienes tienen atribuciones de coacción, quien tiene la atribución para llevar a cabo hechos o acciones de investigación”.

Y celebraba Barbosa, también, la publicación de la ley de marras.
29 Junio 2017 04:00:00
Tiempos de esquizofrenia de un México que se apellida tortura
Con un posicionamiento parlamentario, las fuerzas políticas que conforman la Comisión Permanente, celebraron ayer que el Ejecutivo Federal por fin publicó en el Diario Oficial de la Federación la, ley contra la tortura, cuyo kilométrico nombre es: Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Recaló en la tribuna una feria de reconocimientos gozosos sobre la promulgación. He aquí los dos primeros: El de la senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza y el del senador de Morena Vidal Llerenas Morales:
Mariana Gómez del Campo: “Yo quiero señalar algunos datos de Amnistía Internacional, que nos dicen que hay al menos 141 países en los cuales se reportan muchos casos sobre maltrato, países como Corea del Norte, Siria o México, en donde las torturas y secuestros están a la orden del día y los métodos son cada vez más brutales y no podemos hacer oídos sordos.

“Esto contribuye a que desafortunadamente nuestro país sea considerado como el segundo país más violento del mundo, solamente superado por Siria, según las conclusiones del informe anual del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres.

“El relator especial de la ONU habló sobre tortura y ratificó que en México, primero, es generalizada; agregó también que es alarmante que se utilice la violencia sexual por parte de las autoridades para obtener información o
confesiones.

“Soy una convencida de que nuestro país debe hacer mayores esfuerzos para que la tortura, las desapariciones forzadas, la persecución a víctimas y defensores de derechos humanos y la impunidad dejen de formar parte de la vida cotidiana.

“Es increíble, a veces, que ya nos acostumbramos a escuchar este tipo de noticias, y en algunas ocasiones deja de sorprenderles a muchos gobiernos a nivel local, a nivel federal y a nivel municipal.

“Hay datos también de la Procuraduría General de la República: Entre 2012 y 2016, se registraron poco más de 10 mil carpetas de investigación por tortura, pero solo 22 casos fueron resueltos y consignados ante un juez.

“Ahora con esta publicación de la ley, se espera que además de prohibir la tortura, se cuente con mecanismos para su registro, prevención, y esto permitirá conocer la situación a nivel nacional, en relación a esta grave violación de derechos humanos”.

Y Vidal Llerenas Morales: “El origen del incremento de la tortura en México tiene que ver con la violencia relacionada con la guerra contra las drogas y todos estos años de enorme presencia militar en todo el país.

“Antes de la guerra contra las drogas, según las encuestas en prisiones, decide más o menos 15 por ciento de las personas decían haber sido torturadas. Después de la guerra, alrededor de 50.

“Es decir, hay un incremento claro, evidente y lógico entre la violencia, entre la guerra contra las drogas y la tortura como un elemento esencial en el actuar de las policías y de los militares en México.

“El segundo problema que claramente se relaciona con la tortura, y esto también lo establecen los números, es el arraigo. Más o menos el 50 por ciento de las personas que fueron arraigadas dicen haber sufrido tortura, y 40 por ciento en el caso de las no arraigadas.

“Es el momento en que una persona pasa como arraigada, cuando todavía no tiene un procedimiento claro en su contra por parte de un juez, es donde más se realiza la práctica de la tortura.
“Y tercero, es en la detención el momento cumbre en donde la tortura se puede dar.

“Actualmente una persona se detiene y pueden pasar horas, pueden pasar días sin que nadie tenga un registro claro de lo que sucede con esta persona, y ahí también es el momento donde se realiza la tortura.

“Si pudiéramos tener la obligatoriedad de que en todos los casos, en el caso de una detención se diera aviso a una autoridad y hubiera un catálogo claro, un registro preciso de las personas que están detenidas, habría muchísimo menos espacio para la tortura.

“Esto tiene que ver con la poca claridad con la que se hace la investigación en México, la poca claridad con la que actúa el Poder Judicial; esto se refleja en toda esta discusión absurda que tenemos, en donde se pretende poner la culpa al nuevo Sistema Penal Acusatorio, de que supuestamente personas peligrosas salgan de la cárcel, cuando es la incapacidad de quien investiga, de quien procesa, de quien juzga la que no puede hacer este trabajo.

“De hecho vivimos en México una suerte de esquizofrenia, en donde por un lado proponemos leyes garantistas, como esta contra la tortura, y por otro lado está a la discusión una ley de Seguridad Interior que claramente quiere violar derechos de las personas.

“Si, como en el caso de Tlatlaya, se sigue demostrando que es solamente mediante la tortura como se están obteniendo las declaraciones de los testigos en estos crímenes, seguirá siendo la tortura el mecanismo que van a seguir empleando los militares, los policías y quien hace investigación.

“Creo que aquí tenemos que partir del reconocimiento de la crisis humanitaria que vive México en materia de seguridad y de la incapacidad que existe del gobierno de la República, del gobierno de los estados de combatirla. Y si no partimos de ese reconocimiento y de esa premisa, y si no avanzamos en temas como eliminar el arraigo, cómo identificar a los detenidos como cambiar las dinámicas en las cárceles, creo que esta ley será letra muerta”. (Continuará)
28 Junio 2017 04:00:00
La canallada que pretende el PRD para beneficiar al PRI
La guerra del PRI por la Presidencia de la República  tuvo ayer, desde las zanjas prestadas del PRD, una de sus primeras escaramuzas en los territorios del Congreso de la unión contra Andrés Manuel López Obrador. Y el engaño pretendido a la gente que suele votar por la izquierda, afloró.

El diputado federal perredista Guadalupe Acosta Naranjo ha declarado en San Lázaro que el Frente Amplio, que anteayer anunció la dirigencia nacional de su partido con miras a la lucha por el 2018, “buscará ganar la presidencia de la República” y, juró que de ninguna manera será un Frente en contra del que sin duda será el candidato de Morena.

En su conferencia, Acosta arguyó que “no es poca cosa que el PAN y el PRD en sus respectivos órganos de dirección  hayan planteado la necesidad de construir un Frente Amplio. Es un paso institucional muy importante.”

A contrapelo de quienes, dentro y fuera del PRD, han asegurado que dicha alianza no será  más que un juego sucio del PRI para debilitar a López Obrador, José Guadalupe Acosta afirmaba: “Este Frente es contra el PRI, pero sobre todo por el cambio de régimen”.

Y remachaba Acosta Naranjo: “Contra Morena no, nosotros no tenemos como adversario a Andrés Manuel López Obrador, tan no es así que lo invitamos a formar parte del mismo, al que no invitamos es al PRI. Si Andrés no viene, ya es otra cosa”.

Cuando el nayarita reconoció que al interior del PRD hay “algunas voces disidentes” que se oponen a este Frente porque no representa más que una mascarada para aliarse con el PAN con el fin de beneficiar al PRI mediante la fragmentación del voto de la izquierda, estaba aludiendo a voces de gran peso político como la de Dolores Padierna Luna, coordinadora del grupo parlamentario perredista en la Cámara de Senadores, quien ayer mismo aseguró que el frente de marras “es una decisión muy equivocada, porque no se puede sumar a la derecha con la izquierda”.

Incluso, Padierna ha asegurado que la corriente dominante en el PRD -la de Nueva Izquierda, conocida mejor como la tribu de los chuchos, en referencia a Jesús Zambrano Grijalva y al gangsteril Jesús Ortega Martínez- “comete una equivocación garrafal” al pretender unirse con el PAN, partido con el que –añadió- “tenemos diferencias abismales”.

En conferencia, Dolores Padierna dijo: “A mí lo que preocupa mucho es la división del PRD. Queremos mantenernos unidos todos, pero si hacen alianza con el PAN, realmente se va a partir el PRD”.

Y sostenía también: “El PAN pertenece al sistema que nosotros queremos cambiar. Yo pienso que los compañeros de la dirigencia deben rectificar”.

El nayarita Acosta Naranjo salió al paso de quienes critican, desde ahora, la vaticinada alianza del PRD con el PAN. “Somos distintos partidos que conservamos nuestra autonomía e independencia, que hacen un esfuerzo para trabajar conjuntamente como se ha hecho en Chile, Brasil, Alemania, entre otros países”, dijo.

Y resellaba su discurso, diciendo: “El hecho de que en el PRD se junte cerca del 90 por ciento de los representantes del partido en los órganos de dirección y todos sus gobernadores en la reunión en la que se convocó al Frente Amplio, quiere decir que la gran mayoría respalda esta propuesta”.

Nada de lo que ahora decide el PRD es una novedad. Desde que inició el sexenio, el opositor Andrés Manuel López Obrador ha asegurado reiteradamente que el PRD se aliará electoralmente con el PAN o con el PRI en 2018, con un propósito común: jugarle a las contras al tabasqueño, para que éste no llegue a la presidencia de la República.

El PRD ha jugado un juego sucio y de traición a sus orígenes y a la gente que un tiempo le siguió.

En los territorios del Congreso de la Unión, el PRD se alió al PRI y al gobierno de Enrique Peña Nieto para lograr la aprobación de leyes que regresaron a la República a los tiempos mismos del Porfiriato y del mismo Antonio López de Santa Ana.

Inauditamente, el PRD se ató al Pacto por México y se puso a aprobar leyes totalmente contrarias a los intereses de la gente que dice representar, como la reforma fiscal, la reforma educativa y, traslapadamente, la reforma energética.

La reforma que más recientemente aprobó y que está lacerando a la mayoría de la población en este momento, es la que ha permitido al Enrique Peña Nieto incrementar el precio de las gasolinas de los 14 a los 18 pesos a partir de enero pasado.

Una reforma que no fue motivada por el vaivén de los precios internacionales, como arguyó el gobierno, sino para ampliar el margen de utilidad a las dos empresas trasnacionales que el gobierno dio concesión para importar las gasolinas a partir de 2017.

En lo político-electoral, la alianza del PRD con el PAN terminó beneficiando al PRI en todo: En Veracruz ganó Yunes con el favor del PRD y en perjuicio de Morena; en el estado de México, el PRD dividió a la izquierda para beneficiar al PRI. Un PRI que entregó carretilladas de dinero al perredismo para que también comprara votos, como sucedió en Nezahualcóyotl, con tal de quitarle votos a Morena y dar margen al PRI para carrancearse la elección, como está ocurriendo.

Y en 2018, el PRD no tendrá otro propósito que servir al interés del PRI, dividiendo el voto de la izquierda. Esto es lo que acusan los que critican el frente anunciado por el perredismo.
27 Junio 2017 04:00:00
La ausencia infame del Estado mexicano
Los restos calcinados de Salvador Adame Pardo -el periodista que fue levantado el pasado 18 de mayo en Múgica, Michoacán- fueron localizados bajo un puente de la carretera federal Uruapan-Nueva Italia e identificados mediante pruebas de ADN. A partir de entonces, el periodista michoacano ha comenzado a figurar en la estadística de los reporteros asesinados: es el séptimo del año.

Este hecho ha sucedido en un contexto de violencia demencial en el país contra periodistas y medios de información. Un contexto en el que está también el espionaje de que son objeto los periodistas por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La impunidad es prácticamente el común denominador de todas estas muertes. Y también la ausencia del Estado mexicano, cuyas instituciones no son capaces de funcionar mínimamente cuando se ha tratado de proteger a periodistas. No es difícil pensar que dicha impunidad está afincada en la complicidad sostenida entre criminales y autoridades.

¿Cuántos de los reporteros que han sido asesinados en lo que va del sexenio fueron espiados por alguna de las dependencias del Gobierno mexicano?, es una pregunta que el gobierno de Peña está bastante renuente en responder.

En la pasada asamblea de la Comisión Permanente, legisladores opositores se hicieron esta pregunta, como, anteriormente, también se la hubieron hecho algunos de aquellos periodistas que, de acuerdo con lo publicado por el periódico The New York Times, han sido objeto de espionaje por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Cada que ha muerto un periodista, las Cámaras del Congreso mexicano han salido a reclamar la impunidad y la falta de seguridad que prevalece en el país; pero, la mayoría de las veces, no han ido más allá del pronunciamiento y el exhorto.

Apenas han podido crear comisiones de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de información, pero desdentadas como un león viejo. El Congreso no tiene el poder constitucional para obligar al Ejecutivo a reaccionar con vigor y con obligación de Estado, en el esclarecimiento de los crímenes. Y una manera de obligar a que investigasen sería el despido de los responsables de tales indagatorias. Un responsable mayor sería, por supuesto, el procurador general de la República.

A partir de los asesinatos de los dos periodistas del diario La Jornada –Miroslava Breach, en Chihuahua, y Javier Valdez, en Culiacán- como que se movió un poco la comisión especial de marras, y en voz de su presidenta, la diputada panista Brenda Velázquez, ha hecho reclamos airados al Ejecutivo Federal por su lentitud grosera en las investigaciones.

He aquí lo que ayer dijo Brenda Velázquez en un comunicado, a propósito del descubrimiento de los restos humanos del compañero periodista de Michoacán:
“Salvador Adame Pardo era propietario del Canal 6 TV de Nueva Italia, Michoacán.

“Exigimos que la PGR a través de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), atraiga el caso y que se realicen las investigaciones correspondientes para castigar a los responsables.

“Hacemos un llamado, nuevamente, al secretario de Gobernación para que se garantice la seguridad de los periodistas. Y al procurador general de la república para que se castigue a los responsables.

“En la Comisión Especial hemos enviado 6 oficios solicitando información sobre agresiones a periodistas en el estado de Michoacán, (7 de febrero, 14 de febrero, 6 de abril y 24 de mayo) de los cuales no hemos tenido respuesta alguna.

“Las solicitudes de información han sido dirigidas al Gobernador Aureoles, al procurador Godoy y al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“De igual forma, se convocó al Procurador José Martín Godoy a que rindiera informe sobre las agresiones a periodistas en Michoacán el 22 y el 29 de marzo, y el 5 de abril, el procurador de Michoacán se negó a acudir a la Cámara de Diputados.

“Son lamentables las declaraciones del procurador José Martín Godoy, tal parece que trata de ocultar su incompetencia, insinuando que el agredido tuvo responsabilidad en el hecho delictivo.

“El 11 de febrero tenemos reporte de amenazas del Secretario de Seguridad Pública del Estado hacia la reportera Alejandra María Martínez.

“Cuatro periodistas aún siguen desaparecidos en Michoacán: José Antonio García Apac, 2006; Mauricio Estrada Zamora, 2008; María Esther Aguilar Cansimbe, 2009, y Ramón Ángeles Zalpa, 2010.

“Salvador Adame Pardo es el décimo periodista asesinado de noviembre a la fecha; la situación de violencia contra la libertad de Expresión no puede continuar; le exigimos al presidente Peña Nieto que tome cartas en el asunto de manera inmediata”.

Con el descubrimiento de los restos del compañero Salvador Adame Pardo, el Congreso a través de su Comisión Permanente tendrá la obligación política de posicionarse al respecto. ¿Qué hará? Tendrá que hacer un recuento de, cuando menos, los más recientes asesinatos. Y exhortar al Ejecutivo Federal a que indague en serio, a que atraiga todos los casos, para que la PGR los investigue sin ambages.

ESTRIBO
En los territorios de la Cámara de Diputados, un rumor de que el PAN ha comenzado a negociar Coahuila con el PRI se aupó sobre esa atmósfera recargada de junio. La versión de que estarían negociando la anulación de la elección volvía a asomarse en los intersticios del palacio de San Lázaro.

De ocurrir, estaría cumpliéndose el vaticinio de Morena, respecto de que el PRI aceptaría entregar Coahuila a cambio de que el PAN y PRD acepten el triunfo priísta en el estado de México.

Cuando un reportero preguntó a Federico Döring sobre este rumor, el senador panista se hizo el occiso y no respondió.
24 Junio 2017 04:00:00
El anhelo (fallido) de la sociedad: ¿Y si la Corte se atreviera a enjuiciarlo?
Era un debate inédito no por el tema por sí mismo, sino porque el periódico The New York Times –con el portazo que dio- hizo que el presidente mexicano dejara los dedos en la puerta. “Hasta a mí me espían”, había dicho Enrique Peña Nieto un día después de la revelación aquella, con el ánimo auto exculpatorio y chorreante de gruesas gotas de aquel cinismo con que el régimen ha engrasado la muy retorcida maquinaria del poder público en México.

Dijo José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social: “Tenemos claro que cualquier intromisión de la vida privada incluso íntima de las personas, por sólo dignidad humana sin importar a lo que se dediquen o si tienen o no alguna investidura pública es reprensible y merece un esclarecimiento profundo y pleno. De la misma manera, no tenemos duda que resulta injustificable que periodistas y gente del gremio sea perseguida, amenazada, incluso asesinada”.

Le seguía Karina Sánchez Ruiz, diputada de Nueva Alianza: “Aquí, como en todo el mundo, el presunto espionaje que se ha denunciado por parte de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos constituye un hecho por demás preocupante”.

Ahora Macedonio Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano: “Muchos mexicanos estamos conscientes de la mediocridad y venalidad de la actual administración federal, pero nunca pensamos que llegara a este grado de degradación moral como el espiar a sus ciudadanos, y en particular tratándose de ciudadanos que son hombres y mujeres de bien, que investigan la verdad para publicarla, que buscan luchar por los derechos fundamentales del hombre, que buscan combatir la corrupción; ese algo verdaderamente intolerable”.

Vidal Llerenas Morales, de Morena, afirmó: “El gobierno de la República, en su enorme irresponsabilidad, no nombró a un fiscal independiente o a una comisión en la que estuvieran los propios activistas para investigar si alguien dentro del gobierno de la República o dentro de algún gobierno espía a los activistas sociales. Y si alguien utilizó un software de espionaje para un propósito distinto al que estaba permitido, esa persona tiene que ir a prisión. Así de claro”.

Lía Limón, del Pvem, en su papel de cómplice con Peña Nieto: “Hay que esperar los resultados de las investigaciones y no hacer conclusiones anticipadas; muchos de los dichos que aquí se han vertido, parten del supuesto de que esto es cierto, cuando aún no se ha probado”.

En ese orden de aparación, siguió Miguel Barbosa: “La vigilancia política a los adversarios del sistema, es una realidad que ha acompañado al desarrollo de nuestra praxis”.

Entonces fue a tribuna Dolores Padierna Luna, perredista: “La publicación reciente del reportaje del The New York Times sobre el uso y abuso de un sistema de espionaje destinado sólo a instancias gubernamentales para vigilar abogados, activistas y periodistas críticos en México, refleja un método sistemático de la actual administración federal de Enrique Peña Nieto para aplicar una política de hostigamiento e intimidación en vez de una política de protección hacia quienes se han convertido en una voz crítica del sistema”.

Y el apostille de la senadora: “Es urgente que los titulares de la PGR de la Secretaría de Gobernación, del Cisen, de la Defensa, comparezca ante esta Comisión Permanente para que expliquen a esta representación sobre las adquisiciones, uso, gastos de operaciones del sistema Pegasus, adquirido a la empresa NSO Group”.

Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora panista, dijo: “Lo que estamos viendo es una regresión antidemocrática, una regresión autoritaria, volvemos al México de los 60’s, el que utilizaba el aparato del Estado en contra de los ciudadanos, ese que espiaba y desaparecía, que pareciera en estos momentos no alarmarnos”.

La también sobrina de Felipe Calderón, reforzó: “El presidente Peña Nieto se indignó del espionaje que se estaba haciendo desde los Estados Unidos hacia diversos mandatarios, incluido el mismo Presidente Peña Nieto, la Presidenta Bachelet, doña Dilma Rousseff, Angela Merkel y, bueno, en esa misma época, mientras el Presidente de México se indignaba, en nuestro país se espiaban periodistas, activistas de derechos humanos y sociedad civil, curiosamente muchos de ellos han alzado la voz en contra de la corrupción en diferentes momentos”.

Graciela Ortiz, senadora priísta, sostenía: “México goza actualmente, y no lo podemos negar, de libertad de expresión, los medios de difusión, por fortuna, tienen la libertad para decir todo aquello que consideran debe de recibir el ciudadano mexicano para que forme opinión en base a los hechos que se le plantea”.

Habló el senador Benjamín Robles Montoya, del PRD: “El espionaje ha sido algo común, es un común denominador en este país, no solamente del gobierno de Peña Nieto, todos los gobiernos anteriores lo han hecho”.

Y añadía: “¿De qué se sorprenden? Y no importa inclusive el color partidista del gobierno, y me refiero a los gobiernos estatales que son también quienes como aquí ya se ha planteado en esta tribuna, les gusta el tema del espionaje, lo hacen de la vida cotidiana.

“Ya se nos olvidaron acaso los audios, los videos que salen en campaña para denostar al opositor, dice aquí mi querida compañera Graciela Ortiz que ya se nos adelantaron los tiempos; pues muchos de los videos, de los audios que yo he visto circular a niveles sociales vienen precisamente, no hay que ser un genio para conocerlo, desde el PRI gobierno denostando a los opositores”.

Vendrían después los otros, ya referidos aquí anteriormente. Y también las justificaciones de un presidente de la República que quién sabe qué cosas diría si la Corte se atreviera a enjuiciarlo.
23 Junio 2017 04:00:00
“Que se investigue incluso al presidente de la República”
¿Cómo reducir el encabronamiento de saberse revisado hasta el tuétano? Muy enojados se expresaban incluso los opositores que simulando que lo son terminan haciéndole el caldo gordo el gobierno; sí, los mismos de aquel Pacto por México: he aquí algunos de ellos: el diputado perredista Jesús Zambrano Grijalva y el senador panista Héctor Larios Córdova.

“Es indiscutible”, bramó Zambrano Grijalva, “que estamos ante una situación muy delicada, los  hechos que se han denunciado como probables actos constitutivos de delito son de una enorme gravedad, muy delicados para la democracia mexicana, hay que asumirlo así.

“Y aquí no  hay que partir, por cierto, de lo que aquí se llegó a decir de la presunción de inocencia, porque ésta es un derecho para los individuos en lo personal, no para las instituciones, está mal aplicado el precepto, el principio de derecho  nuestro.

“Y las violaciones que se señalan en este reportaje, rebasan por cierto, a la actuación de la fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra Periodistas, porque se señala también que estarían involucrados otros personajes defensores de diversos derechos.

“Hay múltiples indicios y sospechas que han sido señalados por parte de este tipo de personalidades, de que han sido o están siendo espiados, ya se mencionó aquí lo de Siri Labre Toronto, R3D, artículo 19, SocialTIC, entre otros.

“Y si esto es así, entonces estamos ante una clara violación a preceptos constitucionales y también una buena cantidad de preceptos de carácter legal que tienen que ver con las intervenciones telefónicas de carácter ilegal.

“Por cierto, hay que decir que el reportero del New York Times, yo lo escuché en la mañana en una entrevista que dio un medio televisivo nacional, dice: ‘No tengo pruebas para decir que es el gobierno’. Pero si el gobierno salió a decir que no es él, entonces que diga quiénes son los que está haciendo la acción, quiénes están realizando esta actividad, quién está utilizando los instrumentos, los artefactos que el gobierno adquirió, según se ha reconocido.

“Y por ello el gobierno mismo debe transparentar sin dilaciones, ni pretextos, los contratos que tiene con estas empresas, Ene Sco Group distribuidora y empresas similares de espionaje. Que también se tomen medidas inmediatas y que se den garantías de resguardarle la información obtenida ilegalmente, de ser el caso efectivamente de que esto ha sucedido.

“Que la CDNH que ya ha tomado medidas precautorias anunciadas el día de hoy, también pueda tener la capacidad  de atraer el caso para hacer una investigación de hechos graves violatorios de derechos, de acuerdo con el 102 constitucional, párrafo último de este mismo artículo.

“Desde luego que la investigación que hace la PGR debiera ser acompañada de visores independientes para que tenga la suficiente credibilidad”.  

Oradores: 19. Mismo tema: el espionaje del gobierno de Enrique Peña Nieto a periodistas, activistas sociales, el abogado de los 43 normalistas desaparecidos y contra algunos opositores también.

El senador del PAN Héctor Larios Córdova, en la tribuna de la Comisión Permanente, criticó que a pesar del enorme peso del diario The New York Times, haya salido el presidente Enrique Peña Nieto a decir “solamente como respuesta (que) no hay pruebas”.

Y continuaba: “Ciertamente ha habido muchos casos de espionaje en el país, pero este, no queda duda, es un espionaje desde el poder: o fue la PGR o fue el Cisen o fue la Secretaría de la Defensa Nacional; son los tres que adquirieron este software, que queda claramente especificado, que incluso, se adquiere un compromiso de no utilizarlo más que para la persecución e investigación de actos de terrorismo o de alta delincuencia.

“Viene una denuncia concreta y específica sobre desvío de recursos públicos hacia el PRI en Chihuahua, y otra hacia el PRI en Quintana Roo, y en este país no pasa nada.

“Y eso es precisamente lo más importante, no podemos acostumbrarnos a que en este país no pasa nada, cuando en cualquier otra parte del mundo, o casi en cualquier otra parte del mundo esto significaría, con independencia de la autoridad investigadora, iniciar una investigación, incluso contra el propio presidente de la República, y aquí solamente merece un boletín, como ya se dijo: No hay pruebas.

“Yo creo que tendríamos que exigir todos a la Procuraduría, que incluso utilice las herramientas que tiene, esta herramienta en particular, el software para investigar quiénes son los que determinaron este espionaje y este acoso a personas que se han manifestado por actos de corrupción del gobierno, que no necesariamente son periodistas.

“Y que tenga el valor de comparecer, a nombre del presidente de la República, el secretario de Gobernación, y establecer con periodicidad informes de cómo van las investigaciones de un asunto que es verdaderamente delicado.
“Si la apuesta esa que los mexicanos nos acostumbremos a que se vale todo desde el poder, a que se vale gastar recursos sin gentes en un proceso electoral de manera ilegal, a desviar recursos hacia el PRI, y a espiar y a investigar a todos los que se oponen al gobierno, si la apuesta esa que nos acostumbramos los mexicanos, entonces, lo que van a orillar es que lleguemos a otros tipos de respuesta”.

El PRI sOlo acertaba a regodearse en el cinismo. “No cabe duda que el 2018 ya está aquí. No cabe duda que ya estamos en otra agenda”, así iniciaba su letanía Graciela Ortiz González, senadora priísta, pretendiendo desde el principio en la descalificación a ultranza de una revelación que Enrique Peña Nieto nomás no se la acaba.
22 Junio 2017 04:00:00
“Si tuvieran un poquito de dignidad, saldrían a dar la cara”
El espionaje a periodistas irrumpió ayer en los territorios de la Comisión Permanente y tirios y troyanos ser trenzaron en un debate cuerpo a cuerpo. Unos –priístas y pvemistas- defendiendo a ultranza a Enrique Peña Nieto. Y otros, como Miguel Barbosa Huerta, emplazando al presidente de la República a demostrar un poquito de dignidad siquiera, y salir a defender a un poder público que está evidentemente en descomposición y sin controles.

Lía Limón, del Pvem, exudaba  alcahuetería con el régimen: “El fiscal nos informó que ya abrió una carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, y que habrá de llevar a cabo todas las diligencias periciales referentes a la identificación del Malware, que es el virus que infecta a los teléfonos, y la identificación de quienes producen este tipo de equipos y a quienes se los venden”, sostenía.

Y ya ni se diga el diputado priísta José Hugo Cabreza Ruiz, siempre muy presto a asumir su condición de peón del presidente de la República. Primero, punzó: “Ya se nos olvidó las intervenciones de Genaro García Luna y de algunos otros personajes del pasado reciente (en alusión a los sexenios panistas)”.

Y añadía: “Desde esta tribuna los priístas rechazamos categóricamente cualquier tipo de espionaje, cualquier tipo que vaya en contra de la intimidad de los mexicanos, por supuesto que lo rechazamos, el espionaje es soez, es criminal y eso lo declaramos perfectamente”.

Y contraatacaba: “Para aquellos que ha señalado que el gobierno de la República ha sido omiso, se equivocan, desde ayer el gobierno de la República ha sido muy claro, refrendó su compromiso irrestricto a la privacidad y a la protección de los datos de las personas”.

Hacía dos oradores, el PAN había hablado en voz del senador Federico Döring Casab, quien hubo dicho: “Ha venido a esta tribuna a decir el PRI que condena los hechos, pero después descalifica la labor periodística, y tergiversa la información, y eso es una mentira absoluta, porque quienes han sufrido la vejaciones y las intervenciones por parte de quien ha hecho mal uso de este software, son quienes señalan al gobierno de la República, no el periodista, y no señala el texto que se cree que es el Gobierno federal, sino que las víctimas de estos atropellos señalan al gobierno como el responsable”.

Döring apostilló: “Y ciertamente podrá haber casos de espionaje telefónico y de otras intervenciones en el pasado, pero lo que hace este hecho inédito son los hechos, y esos no los puede desvirtuar el PRI. Diga lo que diga el PRI, diga lo que diga el gobierno, no pueden tapar el sol con un dedo”.

Irrebatible argumentación la de Miguel Barbosa Huerta, constituido ya en uno de los grandes tribunos de la 63 Legislatura.

He aquí partes medulares de su oratoria:
“Yo quiero de verdad mostrar mi indignación, mi rechazo, mi repudio a que en nuestro país se continúe con esta práctica de espiar a los adversarios del sistema.

“La práctica de espiar ha sido permanente a lo largo de la historia política de nuestro país.

“Espían desde el gobierno de la República, no en sólo éste, en otros gobiernos lo han hecho. Espían desde los gobiernos estatales. Vamos a ver cuántos software malignos o malditos fueron adquiridos y están trabajando en México.

“No solamente los tres indicados, sino los que fueron adquiridos por gobiernos estatales. Y aquí podría hacerle una apuesta a los apostadores.

“No se va a salvar el gobierno del Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y otros gobiernos.

“Hacen vigilancia y espionaje político a sus adversarios, y eso es parte de una circunstancia, de una cotidianeidad que se vuelve la normalidad, que se vuelve la
normalidad.

“Ojalá y esta Comisión Permanente aprobara la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación, del Cisen y de la Procuraduría.

“No hay confianza de la investigación que pueda llevar a cabo el Titular, este Fiscal Especializado para perseguir delitos en contra de la libertad de expresión. ¡No, no la hay, no la hay!

“Por eso pedimos una investigación independiente, una investigación a cargo de personalidades, mujeres y hombres de alto prestigio, respetados, independientes, autónomos.

“¿La respuesta del Gobierno Federal, esa respuesta secundaria? ¡No! queremos escuchar la voz de Enrique Peña Nieto para que exponga su posición, la de su gobierno, frente a estos hechos. ¿Por qué no? ¿Es intocable?

“Es tan pequeño el asunto de vigilar a los adversarios del sistema, no garantizar la libertad de expresión, sino espiar a los periodistas, espiar a los líderes sociales, espiar a los defensores de derechos humanos.

“La vigilancia política a los adversarios del sistema, es una realidad que ha acompañado al desarrollo de nuestra praxis.

“Así es que les pido mucha dignidad, no poca dignidad, mucha dignidad para que asumamos, asumamos desde el Congreso de la Unión el papel que debemos de desarrollar.

“Estamos en presencia de un poder en descomposición. Un poder que no tiene controles. Estamos en presencia de una realidad deformada, que quieren que sea la normalidad política. Seamos diferentes, asumamos nuestra posición, asumamos que el gobierno debe de cuidar al poder, el poder al Estado y el Estado al pueblo. Esa es la regla secuencial para que las cosas funcionen. Así es que no permitamos, individuémonos, reprochemos, hagamos de esta una excepción en las cosas que ocurren de la deformación del poder”.

En los escaños del PRI se reían… (Continuará)
20 Junio 2017 04:00:00
El fascismo de Enrique Peña Nieto
La presidencia de Enrique Peña Nieto tiene un problema grave, que si hubiera instituciones con la fuerza suficiente como para llamarlo a cuentas, renunciaría, y entonces el mexiquense se tendría que ir inmediatamente al basurero de la historia; pero con escala en la cárcel.

Este personaje siniestro y sospechoso en todo, que incomprensiblemente fue considerado –escribía ayer The New York Times- un joven talentoso, ahora, al parecer, se le ha caído la careta, y ha mostrado el rostro de un político mentiroso y corrupto.

Ni más ni menos, como la oposición mexicana le vio el rostro desde que fue gobernador del estado de México y cuando se puso a emular a los dictadores fascistas del primer tercio del siglo XX, cuando con golpizas, violaciones sexuales de por medio, cárcel y aun asesinatos, pretendió acabar con el movimiento social conocido como “Los Atencos”.

Ahora se le ha acaba de conocer un nuevo atributo a su gobierno, en materia de control interno: El espionaje a activistas sociales, abogados y periodistas.

Teléfonos fijos, teléfonos móviles, tabletas, computadoras, todos esos instrumentos de comunicación tecnológica –tan comunes en el trabajo reporteril de los periodistas- han sido sometidas por el gobierno de Peña Nieto para andar husmeando en correos y cuentas digitales.

Según ha publicado ayer el diario estadounidense The New York Times en su nota principal, “el gobierno de Enrique Peña nieto espía a defensores de derechos humanos, periodistas y abogados que delinean los mecanismos anti-corrupción, con un sistema cibernético que solamente debería ser usado para combatir al crimen organizado”.

El influyente diario norteamericano ha agregado que “los blancos del espionaje incluyen a los abogados que investigan la desaparición masiva de 43 estudiantes (Ayotzinapa), un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, a dos periodistas influyentes y a un abogado estadunidense que representa a las víctimas de abuso sexual por parte de policías”.

Afirma el periódico que “el sistema o equipo cibernético para el espionaje conocido como Pegasus, fue adquirido en el 2011 por el Gobierno de México (cuando el presidente era Felipe Calderón Hinojosa) a la empresa de Israel NSO Group, que asegura haberlo vendido bajo la condición de que no se usara contra la población civil”.

Un argumento de venta entonces fue la firma del acuerdo “explícito de que se utilizaría únicamente para combatir a terroristas a cárteles de las drogas y a grupos criminales que por mucho tiempo han secuestrado y asesinado a mexicanos”.

Publica el diario estadounidense que “el espionaje del gobierno de Peña Nieto se sustenta en la activación del software de Pegasus en los teléfonos inteligentes”.

Y apostilla el periódico: “La compañía simplemente le cobra al Gobierno en base al número de blancos espiados. Para espiar a 10 usuarios de teléfonos iPhone, por ejemplo, la compañía hace un cargo de 650 mil dólares encima de otro cargo de 500 mil dólares por la instalación del sistema, de acuerdo a las propuestas de mercadeo de NSO”.

Ya desencadenó esta noticia múltiples reacciones. De inmediato algunos periodistas aludidos por el diario respingaron, llamando al gobierno de Peña Nieto a que aclare los motivos por los cuales los está espiando, como su fueran unos criminales, y justo en una época en que en México los periodistas mueren asesinados”.

El gobierno de Peña salió, presuroso, a decir que “para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho. Por tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”.

Y remachaba: “Se hace un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo, a que presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República, a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes”.

Carmelita Aristegui es una de las periodistas que, de acuerdo con el diario estadounidense, es espiada por el gobierno de Peña Nieto. En conferencia, ha dicho que por supuesto no es para confiar en la PGR.

Brenda Velázquez Valdez, presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, denunció ayer, en un comunicado, que de diciembre a la fecha se han cometido una decena de homicidios contra periodistas en México y que el gobierno federal no asignó recursos para el Mecanismo de Protección operado por la Secretaría de Gobernación en 2017.

En ese contexto, insistió Brenda Velázquez, ha irrumpido la información aquella sobre el espionaje a periodistas mexicanos. Y dijo:

“Con preocupación exigimos al gobierno de Peña Nieto que responda cuánto le costó al Gobierno el malware pegasus que fue utilizado al menos en 76 ocasiones entre enero de 2015 y julio de 2016 para espiar a periodistas según los reportes.

“Que informe sobre las actividades de espionaje que ha realizado la Secretaría de Gobernación, el CISEN, la PGR y la SEDENA en contra de periodistas.

“Que informe sobre el presupuesto que ha invertido en equipo o en programas informáticos con el objetivo de espiar a periodistas.

“Que explique por qué si cuenta con presupuesto para espiar a periodistas y no para el Mecanismo de Protección.

“Que nos diga con qué fundamento jurídico justifica el espionaje a periodistas.

“De lo contrario exigimos que se realice una investigación exhaustiva y se castigue a los servidores públicos involucrados en estos ataques a la libertad de expresión y a la privacidad de los periodistas”.
17 Junio 2017 04:00:00
El fallido Poder Legislativo mexicano
En la semana que concluye, el contrapeso constitucional ha vuelto a dar la razón a quienes, dentro y fuera del país, ya aseguran que México es un Estado fallido. Las dos cámaras del Congreso de la Unión fallan una tras otra. No sirven más que para hacerle el caldo gordo a un gobierno cuestionadísimo como el de Enrique Peña Nieto.

Los diputados y senadores volvieron a hacerse los ciegos en temas gravísimos de la República. He aquí algunos de ellos, sobre los que tenía que plantearse un posicionamiento. Y más que eso: ejercer su función constitucional de control político.
La Cumbre de Miami, la Cumbre de Cancún, el asesinato de periodistas, las elecciones absolutamente fraudulentas en Coahuila y en el estado de México, el abandono ruin de Petróleos Mexicanos…

Excepto por voces de algunos legisladores que se han pronunciado en lo individual o como integrantes de alguna fracción parlamentaria, el Congreso permanece callado. Un Congreso cuyos integrantes –la inmensa mayoría de los 628 diputados y senadores- no sirven a la nación, sino demostradamente a sus intereses personales o de partido.

Veamos qué hacen y qué no hacen los diputados y senadores ante temas candentes como los que se acaban de mencionar.

Cumbre de Miami. El gobierno de Enrique Peña Nieto participa en estos momentos en la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica, celebrada en el interior de la base militar del Comando Sur de los Estados Unidos, con sede en Miami.

Allí, se han reunido los cancilleres de todas las naciones de Centroamérica, por convocatoria que hizo Estados Unidos a través de México.

Según cables noticiosos provenientes de Miami, México pidió a los países centroamericanos que aceptaran reunirse en la base militar estadounidense de Miami, con el propósito de platicar sobre tres cosas: narcotráfico, seguridad ciudadana y justicia.

En uno de esos cables, llegó una declaración de Madeleine Penman, investigadora de Aministía Internacional, quien advierte que “en medio de un hermetismo grave”, los cancilleres se han puesto a negociar sobre instituciones de seguridad en el interior de un cuartel militar estadounidense.

Cosa parecida, y también bastante grave para México, ocurrió en febrero, cuando a unas dos semanas de haber asumido Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos, generales del Comando Sur de ese país se reunieron con el canciller mexicano, Luis Videgaray Caso, dentro de las instalaciones de la base militar que tiene en Tapachula la Secretaría de Marina mexicana.

Entonces, sólo dos voces –la de Manuel Bartlett y la de Layda Sansores- en el Congreso se levantaron, airadas, preguntando los motivos de la reunión, y no hubo contestación.

Se presumía entonces, como ahora con la reunión de Miami, que Videgaray y Peña Nieto ofrecieron a Trump a la Armada de México para que, desde ahí, asuman los gringos el control de la frontera sur.

Layda ha dicho que la Armada de México es el cuerpo del ejército mexicano favorito de los gringos; que con los marinos mexicanos se entienden muy bien, cosa que no ha ocurrido del todo con los soldados de tierra acaso por esa enemistad histórica que prevalece todavía entre el soldado mexicano y el soldado estadounidense, a pesar de que su secretario, Cienfuegos, no tiene rubor alguno en reunirse con los comandantes estadounidenses, como ha ocurrido ahora en Miami, a donde asistió junto con Videgaray y el titular de Marina.

Videgaray actúa con una ruindad de la que sólo suelen ser capaces algunos individuos muy viles y desvergonzados, en más de una ocasión así se lo han restregado en el Congreso, y es una frase parecida a la que Hugo Chávez, presidente de Venezuela, dijo a Vicente Fox cuando a éste criticaba diciéndole que era un “cachorro del imperio”.

 Después de verse en Miami, los cancilleres centroamericanos se volverán a reunir a fines de mes, pero en Cancún, por convocatoria de la Organización de Estados Americanos.

Videgaray –que se ha dedicado a patear, vía descontón, al gobierno de Venezuela- se encontrará de frente con la cancillera venezolana, Delcy Rodríguez, quien tendrá un reto fuerte: encontrar las frases que puedan atravesar la coraza gruesísima de cinismo y ruindad con que Videgaray viaja por el mundo, haciendo el papel de perro faldero de Trump.

¿Qué ha hecho el Congreso mexicano ante el envilecimiento atroz de Enrique Peña, en la materia de política exterior? Nada. Como nada ha podido hacer el Legislativo mexicano para que el PRI y el mismo Presidente Peña no puedan salirse con la suya: Robarse las elecciones de Coahuila y estado de México de una forma tan descarada como no se había visto nunca antes en el país. Más cínicos que en 1988, más incluso que en 2006 y 2012.

En donde también los legisladores mexicanos se han hecho los desentendidos, es en el asesinato de los periodistas. Con sus declaraciones tibias y decisiones falsas, como la de instalar comisiones especiales ineficaces, la mayoría de los diputados y senadores mexicanos dan la impresión de que –como Peña Nieto- también se alegran de que delincuentes y autoridades sigan asesinando periodistas, particularmente de medios impresos, erigidos ante el colapso de las instituciones fundamentales del país en último reducto del contrapeso político en México.

El caso de Pemex se veía venir. A partir de la reforma energética, la paraestatal boquea. La abandona el régimen priísta para que florezcan las trasnacionales y, con ello, el negocio en que están inmersos los capitanes de la clase política en el poder. Accidentes, muertes por doquier, robo de combustibles… Todo, al parecer, se programó en aquella reforma infame.
16 Junio 2017 04:00:00
De cómo el Gobierno soslaya el combate contra la trata de personas
En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles reciente, el Pleno aprobó sin regateos un exhorto a las autoridades federales, estatales y municipales de todo el país a arreciar el combate contra la delincuencia dedicada a la trata de personas y a proporcionar atención y reparación integral de las víctimas de estos delitos.

SOlo tres legisladoras hablaron en tribuna sobre el tema. He aquí:
Carolina Viggiano Austria, diputada federal priísta: “La trata de personas es la esclavitud de nuestra época; es, sin duda una de las actividades delincuenciales más lucrativas del mundo, después de la venta ilícita de armas y de drogas.

“De todo el planeta, más de 20 millones de personas, principalmente mujeres y niños, son víctimas de este lacerante delito, que además se ha intensificado por la dinámica delictiva trasnacional.

“Organismos internacionales como la ONU y UNICEF han estimado que en México casi 20 mil personas son víctimas de este delito de las cuales 16 mil son menores de edad. Y de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, nuestro país ocupa el quinto lugar en América Latina con mayor comercio sexual de menores de edad.

“La Procuraduría General de la República advirtió que de 2008 a 2014 el número de averiguaciones por trata de personas aumentó en un 600 por ciento.

“Si bien, México cuenta con una ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, es necesario sumar esfuerzos para actualizar nuestro entramado jurídico e institucional, para evitar que exista impunidad en favor de quienes cometen esta clase de delitos”.

Maricela Contreras Julián, diputada federal del PRD: “Es escalofriante que se diga que México es el quinto país en América Latina donde para el tema de trata de personas se involucra a menores, y esto nos lleva a preguntar ¿para qué quieren a los niños y niñas que están secuestrados en estas redes de trata de personas? Pues para explotación sexual, y hay que decirlo así, claro, o para la esclavitud
laboral.

“Como responsables de las leyes tenemos que hacernos cargo, que no hemos aprobado en la Cámara de Diputados la minuta que envió el Senado de la reforma integral para la prevención y sanción de la trata de personas; esto me parece que es muy grave, porque hace diez años se hizo un esfuerzo muy importante y se aprobó esta ley.

“Y con el tiempo se encontraron elementos que podían hacer una mejor ley, y la minuta que fue a la Cámara de Diputados, fue con todo el consenso del Senado.

“Sí se han hecho acciones, pero nos enfrentamos a un problema, porque la trata de personas corresponde a la delincuencia organizada; para que haya trata de personas regularmente se requiere que haya más de una persona involucrada, y entonces en el caso de las mujeres que tiene una característica especial el tema de la trata de personas se ve en la Fevimtra, esta fiscalía especial que tiene aproximadamente 10 años, y que sinceramente desde quienes empujamos su existencia vemos que es sumamente limitada para la atención y la prevención de este problema.

“Ya que la trata de personas es delincuencia organizada, debería tenerse como tal, y se deberían estar tratando sus casos en la SEIDO, en esta subsecretaría de investigación de delincuencia organizada.

“¿Qué quiero decir con esto? Que la trata de personas que involucra a las mujeres estando en la Fevimtra pues quedan atoradas y no han tenido ningún curso.

“Otra de las cosas que se hace necesaria es la intervención para atender este tipo, estas grandes redes que funcionan en México, porque México es lugar de origen, es lugar de tránsito, y es lugar de destino de la trata de personas.

“La trata de personas con los diferentes objetivos, pero una de las principales es la explotación sexual, y entonces tenemos destinos turísticos que hacen necesaria una acción integral de las instancias de gobierno para combatirla, para sancionarla y para prevenirla.

Tenemos además trata interna, pues tenemos el caso que es internacionalmente conocido para nuestra desfortuna y para nuestra vergüenza que es lo que se da en Tlaxcala, y hay que decir, que, pues no toda la gente ni todas las personas de Tlaxcala están involucrados en esto, pero hay regiones que son muy bien localizadas, muy bien conocidas como es el trámite, y estamos hablando de esta trata interna que tendríamos que estar atendiendo.

“Y además tenemos también, trata internacionales, ha habido muchos casos en que encontramos que las mujeres centroamericanas que son migrantes y que pasan por México terminen en este espacio, y hay cosas que tenemos que preguntarnos. ¿A quién beneficia este tipo de explotación?

“Si hablamos de la explotación sexual encontramos que las mujeres, por ejemplo, en la zona sur de nuestro país están en loncherías, están en bares y se hace una serie de beneficios de las mujeres que están en esta problemática”.

Y la diputada del Pvem Lía Limón García: “Este es uno de los temas en los que se necesita la coordinación de todas las instancias de las entidades federativas de la Federación, incluso los municipios.

“Ha habido algunos gobiernos estatales que han impulsado sus propios programas o que se han sumado a proyectos específicos contra la trata, uno es Coahuila, otro Tamaulipas, Colima también, la Ciudad de México, pero la verdad es que hay muchas entidades federativas donde este es un tema del que a veces se prefiere no hablar y que no se le ha dado la importancia debida”.
15 Junio 2017 04:00:00
El cinismo superlativo del PRI cuando habla de transparencia
La Comisión Permanente exhortó ayer a los congresos y gobiernos de las entidades federativas a que pongan sus sistemas locales de anticorrupción en concordancia con las leyes federales.

Este ejercicio legislativo fue, en más de una ocasión, un ejercicio hipócrita, de farsantes. Pero también el tema de Coahuila volvió a aparecer. Carolina Viggiano defendiendo a ultranza al gobierno de Rubén Moreira, y Héctor Larios, panista, contradiciéndole y tildando de “cínicos” a quienes juraban que en Coahuila hay mucha “transparencia”.

He aquí partes medulares de los tres primeros, uno del PRI, PAN y Morena:

Gloria Félix Niebla, diputada del PRI: “Combatir la corrupción, fortalecer el sistema democrático significa defender a la democracia, pues implica también reforzar los valores de la credibilidad de nuestros representados que son los ciudadanos quienes mandan, a quienes representamos y a quienes debemos de obedecer.

Karla Karina Osuna Carrasco, diputada del PAN: “Uno de los problemas que más ha impactado y ha dañado el desarrollo institucional y político de nuestro país, es la corrupción electoral, que desgraciadamente aún prevalece en muchos de los estados de la República, tales como  los casos de Coahuila y del Estado de México.

“En Coahuila, particularmente se dio un hecho de una práctica lamentable que creíamos ya superada, y que sin embargo se hizo presente en la elección a gobernador.

“Como lo son la vulnerabilidad y la alteración burda y majadera de  los paquetes electorales para la modificación ilegal de los resultados al más puro estilo de tradición vieja priísta.

“¿Acaso Coahuila será un preámbulo de lo que veremos en un futuro cercano? Si es así, es un pésimo augurio para la patria”.

Vidal Llerenas Morales, diputado de Morena: “Interesante que esta soberanía pida a los congresos estatales que cumplan lo dispuesto en el Sistema Nacional Anticorrupción, cuando aquí no se ha cumplido.

“Está ahí un número de candidatos del Tribunal de Justicia Administrativa que no han sido nombrados y donde hay serias acusaciones sobre sus ligas con los partidos, no hay un fiscal anticorrupción todavía nombrado y, bueno, les pedimos a los estados que hagan cosas que no se están haciendo en esta soberanía.

“¿Por qué? Porque en el fondo no hay un convencimiento desde el gobierno de la República de apoyar al Sistema Nacional Anticorrupción, no tiene recursos, evidentemente no hay mayor interés, lo que se quiere es que no se persiga la corrupción, y también porque si hubiera un fiscal anticorrupción también tendría que perseguir todos los delitos electorales el uso de recursos públicos que hubo en la campaña, particularmente la del estado de México, para claramente apoyar al candidato Alfredo del Mazo.

Alma Carolina Viggiano Austria, senadora hidalguense del PRI y esposa del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira: “Bueno, creo que han insistido en desviar el tema central, que es el tema de transparencia que a todos nos interesa en las entidades federativas.

“En principio de cuentas, decirle a la diputada Osuna, que ella insistió mucho en crear la Comisión para el Seguimiento de las Elecciones Pasadas y no se presentó a ninguna. Así que no creo que tenga información de primera mano respecto a ello.

“En segundo lugar, aprovechando que usted es de Coahuila, me parece muy importante que usted sepa lo que se ha hecho en esa entidad en el tema de transparencia. 

“En materia de transparencia somos primer lugar en el Índice de Derecho de Acceso a la Información en México. Esto mide la calidad de las leyes de transparencia en México, con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales.

“Para crear el Sistema Anticorrupción del estado se crearon cuatro leyes y se realizaron 24 reformas. Esto no lo digo yo, lo ha dicho Fundar, que es un Centro de Análisis de Investigación, y lo ha dicho AR Regional, que también nos califica así.

“Coahuila (en transparencia) ocupa, según el CIDE, el tercer lugar.

“El Índice de Información Presupuestal por segundo año consecutivo Coahuila ocupa el primer lugar nacional en esa medición”.

Y Héctor Larios Córdova, senador del PAN: “Efectivamente cuando se presentó este punto de acuerdo, vino y se afirmó aquí que un tema central del combate a la corrupción es el origen de la corrupción, la corrupción en los procesos electorales.

Y la diputada aquí ha venido a decir que su estado, Coahuila, es uno de los estados líderes en transparencia.

“Y quizá tenga razón, porque todas las imágenes que vimos en el país en torno a los consejos distritales, vimos absoluta transparencia. Las bodegas en donde se guardaban los paquetes electorales que llegaron el domingo de la elección y que se abren a la sesión del miércoles, eran transparentes, tenían diversas puertas, tenían las ventanas abiertas, los paquetes eran transparentes, estaban abiertos, violentados.

“Hay testimonios suficientes para acreditar que al representante de un partido le decían: ‘De antemano te digo que el acta que tú traes no vale, porque el paquete va a ser recontado, y lo que resulte del recuento’. Y venían con absoluta transparencia, paquetes de 50 votos, votados por el PRI, y rebasaba en el número de boletos que había recibido la casilla.

“Ahora, ‘demuéstrame que no es cierto’. ‘Pues si todo lo hicimos con transparencia’.  Sí lo hicieron con transparencia, con transparencia y cinismo absoluto. Lo que reclamamos es la intervención verdaderamente grosera, corrupta de funcionarios electorales que están tergiversando el resultado en la elección, ese es el tema, y ese es el tema que tiene que ver con transparencia y tiene que ver con combate a la corrupción”.
14 Junio 2017 04:00:00
“No sólo delincuentes, también gobiernos agreden a periodistas”
Tuvo que venir a México la canciller alemana Ángela Merkel y pedir a Enrique Peña Nieto justicia y protección para los periodistas mexicanos, para que entonces comenzasen  a suceder hechos inéditos en el país, como esto de las recompensas de un millón y medio de pesos para quienes aporten datos sobre los asesinatos de seis de los siete periodistas ejecutados en lo que va del año.

El gobierno de la República publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que ofrece seis recompensas de un millón 500 mil pesos cada uno, para quienes aporten información que conduzca a la detención de los responsables de los asesinatos de seis de los siete periodistas que han sido muertos este año.

Los seis casos corresponden a Cecilio Pineda Brito, Ignacio Miranda Muñoz, Javier Arturo Valdez Cárdenas, Maximino Rodríguez Palacios, Miroslava Breach Velducea y Sonia Córdova Oceguera.

En el acuerdo publicado en el DOF no se explica, sin embargo, por qué no incluyen las recompensas para el resto de periodistas cuyas muertes continúan sin ser esclarecidas. De 2010 a la fecha, suman 126 compañeros ejecutados, incluso a sabiendas de que sólo dos casos fueron investigados, y conocidos los motivos, así como  los autores materiales e intelectuales, ahora encarcelados.

A quien no incluyeron en la lista de los siete periodistas asesinados este año fue a Ricardo Monlui, periodista de Veracruz muerto en marzo pasado. Y tampoco se habla ni se ofrece nada para la aparición del periodista michoacano Salvador Adame, levantado por un grupo armado en mayo pasado, cuando salía de la cabina de la estación de televisión donde laboraba.

Pero, dicha publicación en el periódico oficial del Estado mexicano, no fue el único resorte que Enrique Peña Nieto movió ayer, tras la visita de Ángela Merkel. Este mismo martes, el subprocurador de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se apersonó ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para dar los siguientes avisos:
“Se fortalecerá el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos,  y se crearán unidades estatales para emitir alertas tempranas a fin de detectar posibles agresiones”.

Además de Roberto Campa, se apersonaron también Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, y Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.

Varios oradores, pero uno provocó silencios: Vidal Llerenas Morales. He aquí partes medulares del diputado federal:

“Uno no encuentra que hay una o dos o tres condenas a estos crímenes a periodistas, dependiendo de la fuente que uno vea. Entonces es como 90 y tantos por ciento de impunidad, que más o menos es el del país. Es decir, aquí a lo que nos enfrentamos es a ministerios públicos que no investigan, que no presentan pruebas; jueces que tienen cargas de trabajo inmensas, etcétera.

“¿Es inevitable lo que está sucediendo, dado lo que está sucediendo en el resto del país? ¿En realidad estamos ante una crisis profundísima del sistema de impartición de justicia? Y esto es parte de eso. Es decir, ¿somos tan incapaces de proteger a periodistas como somos incapaces de proteger al resto de la gente?

“¿Ante esto hay alguna cosa qué hacer? O el gobierno, ¿qué está planteando?. Es decir, me parece que en el fondo no podemos salir de la perspectiva de una profundísima crisis del sistema de impartición de justicia.

“Y creo que tampoco podemos dejar de hablar del tema de la estigmatización. Es decir, esta idea de que quienes defienden derechos humanos protegen a los delincuentes y entonces están en contra de las funciones del Estado. Y ahí se genera, me parece a mí, un círculo vicioso peligroso para estas personas.

“Si uno ve la página en este momento de la página de Artículo 19, se mete uno a la página, todos los casos que en este momento tienen como urgentes o los últimos casos, tiene que ver con el gobierno. ‘Policías estatales agreden a periodistas cuando cubrían traslado de reos en Tamaulipas’, primera noticia. Segunda noticia: ‘Periodista es detenido y agredido por elementos de seguridad en Tabasco’. Tercera noticia: ‘Agreden a reportera en Guanajuato tras cuestionar manejo identificado de recursos’.

“Artículo 19 dice que el 53 por ciento de los casos tienen que ver con gobiernos y lo que se planteando ahorita es trabajar con gobiernos. Es decir, no es tan ciento que es siempre el crimen organizado quien pone en peligro siempre a los periodistas. La verdad es que los gobiernos son los que también los ponen en peligro. Insisto: las tres últimas noticias que uno puede leer en el portal de Artículo 19, tienen que ver con gobiernos.

“Y las preguntas muy concretas son: ¿por qué no se solicita dinero para esto? Porque el presupuesto pues lo solicita el Gobierno Federal, ¿no? Segundo: ¿por qué hay un incremento de los homicidios a periodistas y de los delitos contra periodistas en el último año? Tan sencillo como eso: ¿cuál es el diagnóstico? Y el tercero es: ¿por qué nunca se detiene a nadie?

“Si pudiéramos contestar estas tres preguntas, pues podemos partir de la realidad del asunto y de realmente plantear políticas. Y finalizo con esto: es también en el tema del estigma que estoy diciendo. Siempre que hay un delito contra un periodista resulta que el periodista tenía muchas parejas, que tenía algún negocio; siempre hay otra línea de investigación”.
13 Junio 2017 04:00:00
“En estas elecciones jamás se respetaron los principios constitucionales”
Entonces todos voltearon a mirar Rocío Nahle García, uno de los brazos derechos de Andrés Manuel López Obrador, quien respondía a Jorge Carlos Ramírez Marín, el diputado federal priísta que había echado la siguiente andanada de preguntas:

“¿Qué le está pasando a Morena, y esto es de preocupar? Se está creyendo sus noticias falsas. Ése es el problema, y eso es un tema que nos debe de interesar por la importancia que este partido tiene.

“¿Por qué Morena no puede publicar sus finanzas? ¿Por qué Morena no puede decir, en su Página de Transparencia, como no lo han hecho los demás partidos, cuál es el destino de sus recursos? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Cuánto le pagan a su dirigencia? ¿Por qué Morena no puede decir cuál es el origen de los otros recursos como lo hacen los demás partidos?”

Rocío Nahle, en la tribuna, reviró: “Pues sí que resulta fenomenal que quien abrió la cartera, quien sacó todo el dinero del gobierno federal, quien tapizó de dinero el estado de México diga: ‘Aquí no, es allá”.

Y añadí: “No, pues sí estamos en este mundo al revés. Cuando todos los mexiquenses vieron que circulaban los camiones llenos de electrodomésticos, de todos los programas sociales, de todas las dependencias, y ahora resulta que no, que no se gastó ni un peso”.

Muy difícil medir el tamaño de la canallez de la clase política encumbrada: “De veras que deberían de tener vergüenza”, asestó Rocío Nahle al peso completo yucateco.

Y remachaba la de Coatzacoalcos: “¿Tomó Reforma Andrés Manuel en el 2006? Sí, hizo una protesta, claro que lo tomó, una protesta pacífica donde no se rompió un solo vidrio.

“Y sabemos hoy que se robaron la elección.

“Pagos a brigadas que tienen que transparentar, no tengo la menor duda, no tengo la menor duda que todo el dinero que dieron a todos los partidos tienen que auditarlos, y no tengo la menor duda que van a auditar a Morena dos, tres, diez veces, y van a salir los números de lo que recibe Morena, más no de lo que ustedes han tomado del gobierno federal.

“Y ahora resulta que estas ilustres instituciones que ustedes tienen, que ustedes dirigen, han dicho que Morena está mal, que Morena no transparenta y que ustedes están perfectamente bien.

“Si no se transparenta, pues entonces es muy fácil, que ya no les den dinero a los partidos políticos, que no le den dinero a Morena si no está transparentando a dónde se va el dinero, que es una octava parte de lo que recibe el PRI.

“La guerra sucia que ustedes armaron en esta elección, donde acusan a todo mundo y que en Morena en menos de 48 horas actuamos. No está la señora Eva Cadena ya en el grupo parlamentario de Morena, se le retiró la candidatura y se metió inmediatamente una denuncia a la Fepade, está circulando por las vías legales.

“En cambio ustedes, a los que roban, a los que hacen delincuencia, los tienen hasta de gobernadores”.

Con prontitud el PRI echó al ataque a Diva Hadamira Gastélum Bajo: “Fíjense que estaba investigando, un mal perder es un problema psicológico, una gente que no sabe perder tiene una patología muy interesante, y lo pueden revisar ustedes en el internet, tiene un problema muy serio de ansiedad, de depresión, y probablemente de esquizofrenia.

“No saber perder es un problema muy, muy serio. Y sí, en verdad, supuestamente López Obrador tomó Reforma el 1º de julio al 15 de septiembre de 2006, no quebró un vidrio, pero quebró a empresas, quebró a empresas”.

Y se le iba otra vez Diva Hadamira a la yugular de la veracruzana: “Fíjense lo que dijo la Cámara Nacional de Comercio, afectó a 35 mil empresas. Fíjense lo que dijo también la Canacintra, los costos son millonarios. Pero, en consecuencia, también le sacaron la cuenta al ‘campamento de López Obrador’, costó 24.5 millones. ¿De dónde saca el dinero López Obrador?”

Muy activo orador fue Miguel Barbosa, quien a los priístas dijo: “¿Quién ha arruinado la vida de los mexicanos?, el gobierno, los gobiernos. No quienes protestan o han protestado, cifrémonos en la verdadera, en la forma como se ha arruinado a los mexicanos”.

Por el PAN apareció en tribuna Juan Carlos Romero Hicks, senador que antes fue gobernador de Guanajuato y al que ahora, desde que se agudizó la crisis del PAN, se asomó como posible precandidato a la presidencia de 2018.

Romero Hicks dijo: “Hay una enorme cantidad de deudas con la democracia electoral en México. El viejo sistema siempre tuvo dos grandes fallas, primero el abstencionismo, y segundo, el fraude electoral.

“Hoy no tenemos muchos motivos para celebrar, hay lugares del país, Estado de México en concreto, donde prácticamente 1 de cada 2 ciudadanos decidió no ir a las urnas, por las razones que hayan sido.

“Por eso el tiempo de hoy es voltear a la ciudadanía, el actor estelar de la democracia no son los partidos.

“Tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, de humildad, de prudencia, de sensibilidad, de inclusión y de sentido común.

“Y tenemos que hacer las preguntas con mucha seriedad, ¿se respetaron los principios de la Constitución?

“No, certeza, no; legalidad, tampoco; independencia, no; imparcialidad, tampoco; objetividad, tampoco, y el máximo de transparencia.

“Se necesitan hacer reformas urgentes a las instituciones, a las leyes y a los actores que están participando en la democracia”.

Había sido un debate escapado de ese Congreso cerrado por el PRI. Acaso vendrán más.
10 Junio 2017 04:00:00
Cuando el cinismo ya no le alcanza al PRI, entonces le brota la ira y la desesperación
Intensísima la sesión Se transfiguró en segundos en la hora del cinismo. A contrapelo de los reclamos de miles de gentes que han comenzado a salir a la calle, y de acaso millones que protestan desde las redes del ciberespacio, también está la diputada del Pvem, Lía Limón García, procedía como los priístas a defender a ultranza los supuestos triunfos del PRI en Coahuila y Estado de México.

“Aquí hemos oído varias voces, entre otras, el Senador Barbosa, que decía: ‘Delfina ganó la elección’. ¡No, Senador, la elección la ganó Del Mazo! Así están los resultados”.

Más que fuerte: hablaba gritando Lía en la tribuna. “La elección la ganamos la alianza del PRI, el Verde, el PANAL y Encuentro Social, porque obtuvimos el 33.72 por ciento de la votación, es decir, un millón 955 mil 347 votos, según las actas, según el PREP. Morena obtuvo el 30.81 % de la votación. Es claro y contundente, que según la información que tenemos hasta hoy, ganamos la elección”.

Y entonces, como ya lo había dicho Ramírez Marín y la hidalguense Carolina Viggiano, ella también, Lía Limón, se aliaba con el PAN restregándoles que si tuvieron la presidencia en 2006 fue porque los priístas les ayudaron:

“Y en la democracia se pierde y se gana por un voto, así lo dijo el ex presidente Felipe Calderón en el 2006, y en aquel momento, el PRI mostró su respeto a las instituciones. Hoy esa sigue siendo la postura del PRI y la postura del Verde, la del respeto absoluto a las instituciones.

Y entonces Lía Limón volvía a levantar la voz hasta la estridencia casi. Y decía: “Sobre los gastos de campaña, en el Estado de México el PRI propuso que las campañas rindieran un informe semanal de gasto ante el Instituto Electoral y así se hizo. Del Mazo gastó 115 millones de pesos, menos del 50 % del tope autorizado, y realizó 142 eventos de campaña. (En tanto) Morena gastó 114 millones de pesos, y realizó 190 eventos de campaña”.

Que un hombre hable con la cachaza de un cínico, es hasta cierto punto natural en el Congreso mexicano, máximo si es del PRI. Pero, ¿Una mujer? Pues sí.

Lía Limón siguió: “Sólo que el PRI, y hay que decirlo, tenía 123 millones de pesos de financiamiento público, mientras que Morena solo tenía 24 millones de pesos. Habría que preguntarnos ¿De dónde salieron los otros 90 millones?”
Los cínicos del PRI y del Pvem aplaudían a Limón, una y otra vez. Pero tuvo, para su causa, el error de aludir a Miguel Barbosa Huerta, con lo que le dio motivo para abordar la tribuna.

Barbosa dijo a Lía Limón: “¡Grita usted mucho!” Y continuó: “De verdad, de verdad es un descaro que aquí se venga a defender al PRI como el partido que menos gastó (cuando) el coordinador de campaña de Alfredo del Mazo se llama Enrique Peña Nieto, y allí estuvieron los secretarios del gabinete, y ahí estuvieron los gobernadores derrochando recursos públicos”.

Risillas y muecas burlonas que calentarían a cualquiera se semblantearon en la mayoría de los rostros del priísmo y pvemismo. Barbosa siguió: “¿Acaso, diputada Limón, nosotros esperamos justicia electoral de los órganos que controla el poder público? ¿Acaso cree que nosotros sabemos que los órganos electorales son independientes y autónomos?”

Y sí, seguían algunos riéndose en susurro. Pero Barbosa, el de la filosísima palabra, sostenía: “Es el sistema político que tenemos, es la realidad degradante de un poder que ya no admite razones, que ya no tiene rubor, que se ejerce de manera ilimitada y sin controles. Eso es lo que ocurre.

“Así es que, señoras y señores, hablemos de los topes de gastos de campaña, y vamos a encontrar que los miles de espectaculares de Alfredo del Mazo, con ese solo hecho se rebasan los topes de gastos de campaña.

“Y todo el tema de las formas de intercambio de las famosas tarjetas, primero de cartón, y ahora tarjetas bancarias, después del 4 de junio, de verdad, si tuviéramos órganos autónomos estaríamos seguros de que esta elección tendría que anularse por el exceso en los topes de gastos de campaña.

Y entonces Miguel Barbosa, decía a Lía Limón: “No ganaron el Estado de México ¡Eh! No lo ganaron, ni van a ganar en el 2018. La fuerza de la ciudadanía y la rebelión ciudadana va a ser la triunfadora”.

Hacía un turno, Miguel Barbosa Huerta hubo dicho que si se atendieran las quejas contra el cómputo oficial, y se volvieran a contar los votos, entonces sin duda Delfina Gómez sería reconocida como la próxima gobernadora del Estado de México.

Politólogo de pura cepa, Barbosa afirmó también: “A pesar de las campañas en los cuatro estados, de las campañas de estado en favor del PRI, se experimentó el 4 de junio cambios impresionantes en la historia electoral mexicana”.

Y restregaba a ese PRI de ira congelada y sonrisa cínica: “Morena es ahora la primera fuerza política en el Estado de México. La segunda fuerza política en Veracruz. Y un partido con una votación de más de un dígito en Coahuila y Nayarit”.

Pero algo no olía bien en el Pleno. Mientras Morena se solidarizaba con el panismo coahuilense en la exigencia del conteo limpio, ese mismo panismo, mustio, mostraba su versión de convenenciero: Callaban ante lo que estaba sucediendo en el Estado de México.

No sería ocioso el rumor de que el PAN estaría pretendiendo negociar Coahuila a cambio de su respaldo al PRI en el Estado de México… (Continuará)
09 Junio 2017 04:00:00
Cuando el cinismo ya no le alcanza al PRI, entonces le barbota, la ira y la desesperación
“Para nadie es una duda que en Coahuila y Estado de México las elecciones fueron un auténtico cochinero”, descerrajó Fernando Herrera Ávila desde  la tribuna de la Comisión Permanente, entre ceja, oreja y… al PRI. Y remachaba el panista: “Y hay que limpiarlo”.

Súbitamente el Congreso había encendido el horno parlamentario.

Fernando Herrera continuó: “En el Estado de México la descarada participación del Gobierno federal incluyó de manera determinante en el resultado y vamos a empujar lo que se tenga que hacer por que se limpien las elecciones.

“Y en Coahuila, no les quede la menor duda, el ganador de las elecciones es Guillermo Anaya, por eso queremos iniciar reconociendo la decisión de participación de los ciudadanos mexicanos que salieron a votar en estas cuatro entidades federativas”.

El recuento del panista comenzaba: “Hubo un descarado uso de los recursos públicos, de programas sociales, y el despliegue de todo el aparato público federal y de los estados para incidir directamente en los procesos locales.

“Y con la conducta de los mismos de siempre mancharon con sus trampas los comicios del domingo pasado, provocando con ello que la duda prevalezca tres días después en los estados de México y de Coahuila.

“En Coahuila, por ejemplo, se atreven a publicar los resultados del PREP argumentando tener el 100 por ciento de las actas, cuando a la vista de todos, en un hecho conocido, faltaba más de un tercio de computarse”.

Y remachaba una vez: “La única certeza que tenemos en Coahuila es que Guillermo Anaya ganó la elección y que Riquelme y sus cómplices pretenden tener una victoria que no obtuvieron con el voto de los coahuilenses. Manipular el cómputo desde el Instituto Electoral del Estado es un intento de regresión a las viejas prácticas”.

Y remachaba otra vez: “La compra de votos, las amenazas y el intento por generar miedo fueron las constantes desde Toluca hasta Monclova; desde Ecatepec hasta Saltillo; desde Chimalhuacán has. El sistema vuelve a demostrar una vez más que quieren navegar en un mar de simulación e  ilegalidad”.

Es tanto lo que perdería el PRI. O lo que ganaría si es que se sale con la suya -carrancearse nada menos que a Coahuila y al estado de México-, que alguien desde el Olimpo priísta ordenó a las furias bajar en sus carros de fuego sobre esa atmósfera candente de la sesión.

Una de ellas era Carolina Viggiano Austria, diputada federal del PRI, y la otra, la legisladora pvemista Lía Limón García.

Viggiano Austria dijo: “Celebro mucho, senador Herrera, que usted diga que va a acudir a todas las instancias legales para el proceso electoral de Coahuila, es justamente lo que deben hacer. Desde el domingo marcharon, (pero) les ganamos la elección”.

Entonces comenzaba el eco del chantaje priísta. Viggiano agregó: “Usted dijo que se invoca en un lado lo que en  otro se critica, aquí tengo un twitter de Felipe Calderón, la misma hora, el mismo día con su esposa, la señora Zavala, reclamar triunfos que no se obtienen, alegar fraudes que no se demuestran, mentir a  los ciudadanos, mismo guión, mismo personaje, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador”.

Alma Carolina, vehemente, siguió: “Margarita Zavala dice: Estamos con Memo Anaya en las calles de Saltillo, exigiendo que se respete el voto de los coahuilenses…”

Jorge Carlos Ramírez Marín había restregado, hacía unos minutos, exactamente lo mismo al PAN: Se quejan ahora, y reclaman. Pero no se quejaron ni reclamaron nada cuando en 2006 Calderón se quedó con la presidencia…

Alma Carolina Viggiano Austria casi gritó: “Es decir, cuando ustedes ganaron por solo .45 por ciento, que nosotros estuvimos allí para hacer el coro, entonces sí fue un proceso democrático, aunque Andrés Manuel dijo que era presidente ilegítimo, y hasta hoy tiene ese mote, el presidente ilegítimo. Son duda alguna, usted se equivoca”.

Más allá de si esto era un chantaje, sin duda al PAN lo estaba alcanzando su propia ponzoña.

Y retaba la iracunda legisladora priísta: “Ojalá se hubiera podido abrir voto por voto, casilla por casilla, porque estoy segura que tendríamos más de los 31 mil que tenemos hoy, y como digo, 31 mil votos, casi 3 puntos porcentuales arriba de Memo Anaya”.

Lo mejor de todo esto era escuchar a un PRI empecinado en sus supuestos triunfos: “Usted dijo”, insistía Viggiano, “que desde el estado de México a Torreón, ustedes ganaron Torreón, y allí no hay trampa, señor Senador; allí no hubo trampa, Senador; allí no vamos a impugnarlo, allí no van a marchar, ganaron también Acuña, ganaron Sabinas, ganaron muchos municipios, ganaron todos los distritos de La Laguna, si hubiéramos querido (sic) hacer trampa, -claro, no se puede-, lo  habíamos podido hacer allí  también (resic), pero sabe qué, Senador, está usted mal informado.

“Y quiero decirle otra cosa, yo creo que  los que fueron a unirse allí al grupo de perdedores, al grupo de perdedores, porque todos los que están allí son perdedores, fueron por salir en la foto, allí estaba Margarita Zavala, allí estaba Rafael (Moreno Valle), allí estaba Ricardo Anaya, los tres tratando de salir en la foto, peleándose por la candidatura a la Presidencia de la República”.

Intensísimo debate. Lía Limón,Miguel Barbosa Huerta y media docena más de oradores estaban por ir a la tribuna, unos a defender la causa del PRI y otros a darle un repaso a la inocultable chapucería del partido en el poder, no sólo por lo que se pelea en Coahuila y Edomex, sino también en Nayarit y Veracruz.
08 Junio 2017 04:00:00
¿En qué se diferencia el 2006 y Coahuila? El chantaje del PRI al PAN
Coahuila y el estado de México se están mirando al mismo espejo; también se están mirando de frente. Y se están reconociendo. Ante las vilezas del PRI, ¿quieren juntarse?: PAN y Morena, victimados por el mismo PRI, se tienden la mano, pero no se la sujetan… todavía.

Y un PRI enfurecido ha comenzado a echar espuma como perro rabioso. Ayer, en la sesión de la Comisión Permanente, como nunca antes se escucharon reclamos del PRI contra el PAN. Por qué ahora sí reclaman -en referencia a los números de la elección de Coahuila-, y nada dijeron cuando en 2006 se robaron la Presidencia.

Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado prominente del PRI, miró hacia los escaños del PAN. Y les restregó: “Dos recordatorios inmediatos en esta tribuna, para no ocupar demasiado tiempo en esos temas. El primero, pues claro que el señor López Obrador era el factor principal, él era el que alegaba que le robaron la elección (en la elección presidencial de 2006), y probablemente haya sido, no lo sabremos a ciencia cierta”.

¿Qué acababa de decir el yucateco, tan avezado en el cinismo pero ayer tocado por la ira? Ramírez Marín siguió: “Pero el señor López Obrador tampoco se conformó, como no se conforma con ningún resultado, tomó Reforma por días y meses”…

Entonces el diputado del PRI restregaba otra vez al PAN: “No es ningún mérito democrático, en mi opinión, los que vinieron a dar la cara por ustedes (se refería, insistente, a la elección de 2006) fueron los diputados del PRI, que hicieron presidente a Calderón, (de lo cual) nunca nos hemos arrepentido”…

¿Qué pretendía ayer, en la Permanente, Ramírez Marín? Chantajear al PAN. ¿Por qué ahora sí piden voto por voto en Coahuila, cuando se robaron la presidencia en 2006?

Contestación inmediata a Ramírez Marín. En tribuna, Rocío Nahle García reviró: “De veras que deberían de tener vergüenza”. Y preguntó al priísta: “¿Tomó Reforma Andrés Manuel en el 2006? Sí, hizo una protesta, claro que lo tomó, una protesta pacífica donde no se rompió un solo vidrio. Y sabemos hoy que se robaron la elección”.

Pablo Escudero, el pvemista presidente de la Permanente, manipulaba la sesión. Procuraba que priístas y pvemistas cerraran los círculos del debate. Pero Federico Döring, senador del PAN, muy colmilludo, respondió por adelantado a Ramírez Marín: “Ciertamente es de demócratas reconocer cuando se gana, y saber reconocer cuando no le asiste la mayoría de los votos a un demócrata. Pero tampoco es de demócratas venir aquí con un argumento maniqueo, y tratar de chantajear a quienes no tienen hoy reconocido un triunfo por autoridades electorales, para ocultar los atropellos de la intervención indebida del gobierno federal y/o estatal en los comicios, porque sí hay que ganar, pero hay que ganar con la cara en alto”.

¿A qué se refería Döring? Pues a Coahuila, “en cuyo caso quiero precisar un par de hechos: Allí la democracia apesta desde hace muchos años, desde allí debimos haber tomado cartas en el asunto, a raíz de Coahuila, y déjenme poner un antecedente que conocen muy bien los legisladores de Coahuila”.

Si alguien sabe incendiar los ánimos es Döring, quien sostuvo: “Homero Ramos Gloria. ¿Quién es Homero Ramos Gloria? Bueno, hace unos años este personaje era el presidente del Instituto Estatal Electoral en Coahuila, tuvo bien conocer y calificar la elección en la que resultó electo Humberto Moreira, y como premio por lo que hizo en esa elección, seis meses después ocupó el cargo de Secretario de Gobierno en el gabinete de Humberto Moreira, ¡vaya paradoja! ¡vaya precedente! donde el que me califica y conoce de mi elección, luego pasa a ser mi Secretario de Gobierno”.

Federico Döring siguió pateando las canillas al PRI, así: “Pero ¿dónde está este regio personaje, este demócrata magno?  Es el Procurador de Coahuila, el que ha investigado todos los manejos financieros de Coahuila, que junto con el Senador Ernesto Cordero, en algún momento denuncié cuando los créditos apócrifos de ese gobierno. Ése es el estado de cosas de Coahuila”.

Y apostillaba: “Por eso no nos puede llamar la atención que éste nuevo Instituto Estatal Electoral tenga problemas para aplicar la ley, para hacer el conteo rápido y para aceptar que se puede hacer el escrutinio de todas las actas”.

Y volvía a remachar: “La democracia y el órgano electoral en Coahuila ha sido un problema y le ha quedado chico a la democracia desde hace muchos años. Por eso la gente tuvo que marchar ayer. Y cuando digo la gente, me refiero a la de todos los partidos que se sienten agraviados por lo que no hay en Coahuila, que es democracia o legalidad”.

Muchas cosas se dijeron ayer en la tribuna. Pero entre Ramírez Marín y Döring quedaba atrapada un jirón de la verdad rechazada y negada de 2006.

Federico insistió: “Dijo aquí el PRI hace unos instantes: ‘Si hubiéramos querido hacer trampa en todos lados’… Bueno eso no se puede hacer, a confesión de culpa, relevo de prueba.  ‘Si hubiéramos querido hacer trampa en todos lados’.  

“Entonces se hace selectivo, se hace donde alguien no me cacha, se hace donde se pueden perder las urnas, se puede perder donde hay boletas electorales tiradas en el piso por todo Coahuila, que han visto ustedes en las fotografías en las redes electorales.

Hacía unos instantes, la senadora del PRI Carolina Viggiano Austria y el senador panista Fernando Herrera Ávila,  se habían trenzado en un furioso debate por Coahuila, pasando por Veracruz y Edomex. (Continuará)
07 Junio 2017 04:00:00
Exigencia generalizada: Revisión voto por voto, casilla por casilla
Conforme avanzan los días, en los estados de México y Coahuila ha comenzado a crecer, junto con la indignación y la frustración, la convicción de que el PRI ha vuelto a pasarse de listo y de que lidera una verdadera mafia enquistada en el poder. Y que está, precisamente ahora, tendido en la pretensión de robarse las dos elecciones.

Pruebas de un fraude gigantesco comenzaron a barbotar en Coahuila y el Estado de México. Los votos terriblemente –y con toda la mala leche- mal contados, las actas de las casillas adulteradas o de plano, sustituidas por otras totalmente favorecedoras para el PRI. Las autoridades electorales, en ambas entidades, delinquiendo mediante el retorcimiento de la ley y los hechos para beneficiar al PRI. Los conteos del PREP fueron inobjetablemente infames, a contrapelo de las actas.

Y sin embargo, dos días después, las cámaras del Congreso seguían clavadas en su grosero mutismo. En su silencio ominoso y cínico. Ni un pronunciamiento han expresado como cámaras. Como instituciones del Estado mexicano encargadas del control político del país. Del contrapeso. De la rendición de cuentas.

(El PRI tiene a las dos cámaras bajo su control, pero a esto hay que añadirle la condición disminuida de estos días, de estar en receso legislativo. El que las cámaras no funcionen como periodos ordinarios en estas fechas de junio y julio, tiene su motivación política: el PRI nunca ha permitido que se agranden los periodos ordinarios para que el Congreso nunca alcance a los procesos electorales –que siempre son entre junio y agosto- y los ponga bajo su supervisión).

El PRI se carcajea de lo que pasa en el Congreso. Ayer, verbigracia, con la ausencia de sus diputados –y los de sus aliados del Pvem y Pes- evitaron que hubiera quórum y se pudiera celebrar una reunión importante de la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Ilícitos en los Procesos Electorales de la Cámara de Diputados.

Un punto del orden del día consistía en que los 14 legisladores integrantes de la comisión especial de marras, tenían que rendir sus respectivos informes sobre lo que observaron en las cuatro elecciones que desembocaron en sufragios el domingo pasado: Coahuila, estado de México, Nayarit y Veracruz.

Jorge Triana Tena, diputado federal del PAN, dijo sobre Coahuila y estado de México: “En el Estado de México, había una lista de funcionarios públicos de gobierno federal que se distribuyeron tareas a lo largo y ancho del estado para poder operar”.

Apostilló: “Vimos un despilfarro obsceno de programas y de recursos para poder apuntalar la campaña del candidato oficial en esa entidad y vimos cómo, desde el gobierno, se hizo una operación para poder sacar adelante una elección que sigue en vilo, que sigue impugnada y que tiene un desenlace aún incierto”.

Triana continuó: “En el estado de Coahuila no fueron diferentes las cosas, (adonde también se está) hablando del uso de recursos ilícitos al margen y más allá de la operación política que llevó a cabo el gobierno también con programas sociales de manera por demás perniciosa, pues también es utilizar recursos ilícitos el utilizar el recurso del Instituto Electoral del Estado de Coahuila para poder inclinar la balanza hacia algún candidato”.

Triana denunció entonces que el Instituto Electoral del Estado de Coahuila había declarado computados el cien por ciento de las actas, “cuando tenemos conocimiento de que alrededor de 300 mil ni siquiera habían sido leídas ni tocadas”.

En la conferencia, Juan Romero Tenorio, presidente de la comisión, hubo dicho que “si este proceso fue el preámbulo de lo que vendrá en 2018, no podemos encaminarnos a elecciones federales donde se pone ya en cuestionamiento el desempeño de la autoridad electoral, que pareciera sufrir un retroceso en la capacidad profesional, autónoma e independiente”.

Definitivamente el contrapeso no está en los territorios del Congreso de la Unión, sino en la calle, en el liderazgo del partido opositor que puso a temblar al PRI en el estado de México: Morena.

En conferencia, por la tarde-noche, Andrés Manuel López Obrador hubo dicho: “No vamos a reconocer a nadie que sea producto del fraude electoral”.

Y el apostille: “Como siempre lo hemos hecho, actuaremos con responsabilidad. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. No vamos a caer en ninguna provocación. No vamos a dar motivos para que los violentos nos acusen de violentos. No vamos a caer en esa trampa.

Tenemos la razón”.

Todo el día, un recuento incesante de hechos delictivos fue escuchándose a la distancia, desde el Congreso de la Unión, hasta transfigurarse en un murmullo de multitud. Y a pesar del eco trepidante de las acusaciones, el Congreso de la Unión no salió de ese ensimismamiento atroz en el que lo tiene el Partido Revolucionario Institucional, ayudado por sus rémoras, como el PVEM, el partido que, por cierto, detenta la presidencia del Senado de la República. El senador del PVEM, Pablo Escudero Morales, es el que preside esta cámara.

Hoy, miércoles, la ley obliga a los institutos electorales a dar a conocer oficialmente el ganador de las contiendas. El PRI, desde la noche del domingo, metió a los procesos en una vertiginosidad de vértigo, con la pretensión de apresurar el resultado y sembrándolo como un hecho fatal e inamovible: que Coahuila y Edomex los ganaron; pero ayer reaccionó briosamente la oposición.

Tanto el PAN en Coahuila como el Morena en el Estado de México advirtieron que no se dejarán y exigieron el voto por voto y casilla por casilla. Algo se está prendiendo.

Veremos.
06 Junio 2017 04:00:00
Congreso mexicano totalmente subordinado al interés del PRI
En el día después, el Congreso mexicano continuaba con su ejercicio de silencio a ultranza. Si no hubiera sido por algunas voces, que opinaban en lo individual, el Poder Legislativo mexicano se habría pasado olímpicamente de largo con la historia… una vez más.

El control que el PRI ejerce sobre las dos cámaras del Congreso es grosero y asqueante. Ayer, ni un solo pronunciamiento hizo como institución que es de la república; ninguno, sobre el modo como el PRI se hizo de sus triunfos en Coahuila y en el estado de México.  

En voz de Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la fracción parlamentaria priísta, ese partido trataba de enterrar una cuchillada en el alma de la gente cuando juraba que el supuesto triunfo del tricolor en el estado de México ya es “irreversible”.

Por la noche, un sujeto de rostro torvo que se identificaba como el presidente del Instituto Electoral del Estado de México había salido a decir súbitamente –en el filo de las diez de la noche- que en un “conteo rápido” el IEEM estaba en condiciones de decir que el candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza, estaba al frente de la contienda; que estaba ganando hasta por dos puntos.

Y lo decía este sujeto a pesar de que en el conteo del PREP, en ese preciso instante, quien iba al frente por dos puntos era la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez. ¿Qué estaba pasando?

Pues muy fácil: era echarle un balde de agua helada a la gente, para frenarla. Y advertir a todo el mundo, sobre todo al contendiente mayor del PRI, Morena, que la elección no la soltaría el PRI por nada del mundo, costara lo que costara.
En San Lázaro, el PAN en voz de sus diputados Apolinar Casillas y Jorge López Hernández ha presentado una solicitud al Instituto Nacional Electoral de que intervenga urgentemente el proceso electoral coahuilense.

Queremos, dijo López Hernández, “que el INE determine la viabilidad de atraer a su conocimiento los resultados y observación de la elección en el estado de Coahuila y así el Consejo General se encargue de dar seguimiento a los sucesos en aquella entidad”.

“No permitiremos que se nos pretenda arrebatar la elección”, apostillante, decía un López Hernández decidido –reiteró- “a agotar hasta las últimas herramientas para impedir que esta elección le sea robada al pueblo de Coahuila”.
Fue Apolinar Casillas quien, en aquella conferencia, tildó de “mañoso” al Instituto Electoral coahuilense.

A propósito del estado de México, fueron diputados de Morena quienes denunciaban que el proceso electoral “se caracterizó por la compra de votos y el condicionamiento de programas sociales y dádivas para favorecer al candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza”.

En voz de Vidal Llerenas Morales, el partido Morena sostuvo que “antes de aceptar los resultados, deberá el proceso electoral adentrarse en la revisión de casilla por casilla y acta por acta”.

De Veracruz sólo se sabía que la disputa por el puerto la había ganado, finalmente, el hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Y que Morena, al parecer, estaría triunfando  en Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica y nada menos que en Xalapa, la capital del estado.  

Y sobre Nayarit, que las cosas, ahí sí, el PRI estaba dejando correr los acontecimientos en su contra.

Pero el Congreso brilló por su ausencia. Sus instalaciones se recortaban como dos enormes paquidermos, apenas alterado uno de éstos, el palacio legislativo de San Lázaro, por la visita rauda, apresurada, de una veintena de legisladores gringos que se presentaban en lo que ayer fue la 53 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, celebrada en la sede de la Cámara de Diputados mexicana.

Una reunión hueca. Como suelen ser todas las Interparlamentarias entre México y los Estados Unidos, y que sólo han servido para que los estadounidenses soben el lomo a los mexicanos, dándoles por su lado pero en realidad nunca comprometiéndose a interceder verdaderamente en su país por los asuntos que son cruciales para México, como el de la migración.

Hablan de temas fundamentales en la bilateralidad de los dos países, como el de migración y seguridad. Pero, ¿qué van a decidir los legisladores estadounidenses, si luego a ellos tampoco sus presidentes les hacen caso, máxime en esta era aciaga de Donald Trump?

En el pronunciamiento conjunto, sobresalió lo siguiente:
“Convencidos de la importancia de la relación bilateral entre nuestros países, y de los estrechos vínculos históricos, económicos y culturales consolidados durante los 192 años de relación, nos congratulamos por la celebración de la Quincuagésima Tercera Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.

“También consideramos que la celebración constante de estas reuniones es una muestra de entendimiento, respeto y cooperación, así como de la disposición de ambas naciones para dialogar en busca del beneficio mutuo.

“Reconociendo que la interdependencia económica, política y social entre ambos exige la formulación de una agenda integral, amplia y renovada que siente las bases para el desarrollo sostenible de la región, las delegaciones celebramos la disposición de los dos órganos legislativos de continuar trabajando en el desarrollo de una política bilateral acorde a las necesidades de cada nación y con un espíritu de respeto mutuo.

 “(En materia de migración y seguridad humana), convencidos de que la migración es un fenómeno que conlleva efectos positivos como el aumento de la competitividad, la generación de ingresos, mejoras económicas y un mayor entendimiento cultural, ambas representaciones afirman que es necesario impulsar medidas que fortalezcan la complementariedad de los mercados laborales de América del Norte”.
02 Junio 2017 04:00:00
El otro debate que también perderá el gobierno (Videgaray) de EPN
Hay un debate extraterritorial en el que México está inmerso pero al que muchos no le han puesto mayor atención por los acontecimientos que actualmente agobian al país, como es la posibilidad de que un sector muy importante de la población mexicana se vaya a tener que confrontar al gobierno de Enrique Peña Nieto en torno de un conflicto post electoral, derivado de las incontables quejas de fraude que ya comienza a denunciar la oposición en la víspera de aquellas cuatro elecciones estatales del domingo próximo.

Se trata de la guerra de declaraciones que desató el canciller mexicano Luis Videgaray Caso, contra el gobierno de Venezuela.

A las pocas semanas de que Donald Trump asumió la presidencia de su país, el 20 de enero pasado, el secretario de Relaciones Exteriores Videgaray comenzó a incursionar en terrenos de la diplomacia nunca antes vistos en México, cuando, contrario a los principios tan mexicanos de no intervención y de respeto de las soberanías de otros países, se puso a emitir a mansalva críticas fuertes contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

Cuando comenzó su periplo declarativo contra Venezuela, en los territorios del Congreso mexicano los opositores al PRI advirtieron que Videgaray decía lo que decía para congraciarse con el gobierno de los Estados Unidos, y desflemarlo en esta nueva relación con México en la que ha sobresalido el abuso por antonomasia del gigante norteamericano. A final de cuentas, era el reconocimiento triste del gobierno de Peña Nieto de su enorme cobardía ante Trump.

Llamó la atención la sevicia, la saña con que el canciller mexicano ha estado haciendo ese papel de peón sucio criticando a Venezuela como nunca antes un gobierno mexicano se atrevió a hacerlo, ni siquiera ante los gobiernos verdaderamente más sátrapas del mundo.

El dueño de la casa de Manilalco ha golpeado en infinidad de ocasiones al gobierno venezolano. La más reciente fue anteayer, en Washington, durante una reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo propósito fue airear la “situación social y política de Venezuela”.

Videgaray dijo allá que “el agravamiento de la crisis en Venezuela y las alteraciones a su orden democrático merece que los países de la OEA actúen con urgencia mediante nuevas gestiones diplomáticas”.

Videgaray agregó: “La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar para que las partes puedan acercar posturas y dar seguimiento puntual a la crisis de Venezuela”.

Y luego de negar que esto que dijo pueda se considerado una injerencia en los asuntos internos de un país, sentenció: “El principio de intervención no puede ser invocado para esconder alteraciones al orden democrático”.

Pero, además -promovió anteayer Videgaray en Washington-,  la Venezuela de Maduro  “ya no es una democracia funcional, pues tiene rasgos autoritarios como la suspensión del Poder Legislativo, el encarcelamiento de opositores y el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles”.

Lo que impelía a esa asamblea de la OEA, era sin duda el anuncio de Maduro de crear una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución venezolana. Y el anuncio de aquel gobierno sudamericano de que Venezuela se saldrá formalmente de la OEA, organización afín a los intereses de los Estados Unidos, según han acusado históricamente países como Cuba, la misma Venezuela y sectores políticos del continente identificados con las izquierdas.

Tan pronto Videgaray dijo lo anterior, le respondió Delcy Rodríguez, la cancillera de ese país: “Venezuela rechaza infames e inmorales declaraciones de Luis Videgaray que expresan su sumisión al país hegemón (Estados Unidos) para que ampare su Estado fallido”.

Si esto dijo la cancillera venezolana el miércoles 31 de mayo, pues ayer, jueves 1 de junio, la sudamericana dijo todavía más, y retó a Luis Videgaray a un debate sobre violencia y narcotráfico durante la próxima cumbre de la OEA, que se celebrará del 19 al 21 de este mes en Cancún, Quintana Roo.

Si Videgaray no tuviera la carnadura de gran desvergonzado que ha demostrado tener, muy posiblemente algo le hubiera dolido. Pero…

Delcy Rodríguez, de entrada, criticó a Videgaray estar mirando fuera de su país “sin voltear a ver la realidad de México”, como el hecho de que “es uno de los países con mayor desigualdad de la región”.

Según la agencia Reuters, en su conferencia en Caracas, ayer, la cancillera venezolana reaccionó así a lo que dijo Videgaray en Washington: “El gobierno mexicano no tiene calidad moral para hablar de los asuntos de Venezuela, cuando México es el lugar más peligroso para ejercer la profesión del periodismo, donde el narcotráfico ha penetrado toda la institucionalidad de este hermano país, convirtiéndolo en un Estado fallido, donde los desaparecidos suman cifras realmente espeluznantes”.

La cancillera añadió: “Espero en Cancún al canciller de México decírselo en su cara; atienda a su pueblo, atienda las demandas de su pueblo, atienda los desaparecidos, la violencia, el narcotráfico”.

Y entonces Dulcy Rodríguez, de acuerdo con Reuters, dijo a Videgaray: “el canciller mexicano no tiene vergüenza y sólo está cumpliendo un papel para recibir algo a cambio”.

Y remachaba a Videgaray, así: “Vamos a debatir (en Cancún) sobre democracia, sobre derechos humanos, sobre violencia; tiene que ser muy desvergonzado para pararse a decir lo que ha dicho de Venezuela sin voltear a ver la realidad de su país”.

Entonces, dos cosas anunció Rodríguez: en Cancún, informará Venezuela de su salida de la OEA, y pondrá a la mesa dos problemas graves de México: asesinato de migrantes y el caso de los 42 desaparecidos de Ayotzinapa.
01 Junio 2017 04:00:00
La denuncia de Miguel Barbosa Huerta
Miguel Barbosa Huerta, senador del PT-Morena, ofreció una conferencia anteayer, durante la sesión de la Comisión Permanente. Afirmó que para ganarle una elección al PRI hay que ganarle al poder público federal, a los poderes públicos estatales y municipales. Y del Congreso de la Unión, afirmó que es una farsa de representación, una simulación de contrapeso. He aquí:

“Yo hubiera deseado que el día de hoy la Comisión Permanente tuviera un pronunciamiento para exigir de las autoridades electorales del Estado de México la aplicación de la ley. Yo hubiera esperado que la Permanente exhortara a los partidos políticos que las elecciones de los cuatro estados a celebrarse este 4 de junio cumplieran con la ley. Yo hubiera deseado que la Permanente hubiera exigido a los gobiernos federal y estatales donde va a haber elección que sacaran las manos.

“Ese es el papel del Congreso y sus Cámaras, y sus funciones de control de las funciones públicas de los otros dos poderes. Pero no, aquí en el Congreso mexicano ya se mató a las funciones de la Comisión Permanente.

“La de la Permanente, es una sesión serena, no pasa nada; sesiones que solo sirven para encubrir y para que el Congreso no tenga opinión sobre los asuntos tan importantes y tan graves que están ocurriendo en México. Aquí ha sido una práctica que para ganarle una elección al PRI, hay que ganarle al poder público federal, a los poderes públicos estatales, a los poderes públicos municipales. Y la mayoría de las veces a los tres juntos.

“En el estado de México hemos visto un ejemplo ramplón de este fenómeno político de atraso de nuestra democracia. Aquí hemos visto que la campaña del PRI está comandada por el propio presidente de la República, y el responsable político del resultado, es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y que todo el gabinete de secretarios, subsecretarios, directores, tienen encargadas zonas del estado de México. Que los gobernadores priístas también forman parte de esa responsabilidad territorial.

“Le pedimos a la prensa que lo diga. Le pedimos a la prensa que lo diga. Porque tal parece que todos somos parte de la misma hipocresía. De no decir nada. De no hablar de eso. De solo hablar de las cosas de las cuales el sistema quiere que se hable, y siempre en contra del opositor, al candidato o candidata del PRI en su caso. Así ocurrió en esta ocasión en el
Estado de México.

“Se utilizaron recursos públicos federales, estatales y municipales. Se permitió que el dinero privado llegara a las campañas. Se están manipulando los programas sociales gubernamentales. Como nunca, el poder público controló las decisiones de los partidos políticos. Como nunca.

“Primero, el presidente permitió que Josefina Vázquez Mota fuera la candidata del PAN, prometiéndole que no la iban a tocar y después le sueltan lo de los mil millones. Después cultivaron a un candidato del PRD. Lo cultivaron y lo patrocinaron. Y desde los medios lo hicieron crecer con el único propósito de quitarle puntos a la candidata de Morena. Esto es lo que ha ocurrido.

“Y por eso nosotros exigimos que para este 4 de junio haya libertad en el ejercicio del voto. Que se cumpla con la ley. Que no se haga más atraso de la política en México. Finalmente todos los partidos recibirán el apoyo o la distancia que merecen sus candidatos, sus propuestas, sus dirigentes. Dejemos que el pueblo se exprese libremente. Dejemos que así sea.

“Encuestas que tenemos abiertas hoy mismo ponen a nuestra candidata con más de ocho puntos de ventaja. Y si a eso le adicionamos el porcentaje de votos que no han tomado su decisión, y que todos son antipriístas, podemos vaticinar un resultado muy holgado para Delfina.

“Pero eso no significa confiarnos. Sabemos de lo que pueden ser capaces desde el poder público los priístas. Sabemos, y tenemos temor por la democracia en México. Por eso, porque la democracia en México no se va a reponer si hay un fraude este domingo. Va a ser un retroceso en la política mexicana.

“Así que estamos lamentando que la Comisión Permanente no tenga voz para estos asuntos, cuando debiera tenerlo, nosotros exigimos que cumplan con la ley este domingo las autoridades electorales, los gobiernos federal y estatales, los partidos políticos. Y que los ciudadanos vayan masivamente a votar, porque es la única forma de vencer, no a un partido político, sino al poder público, a ese que tenemos que transformar, porque si no las cosas van a seguir así.

“Las comisiones de seguimiento electorales, que aprueban las cámaras del Congreso, no sirven para nada. Así es que dejémonos de simulación. Es una forma de cubrir para matizar de legalidad y de una vigilancia y de transparencia un proceso electoral.

Una comisión que se integra a diez días de la celebración de las elecciones no sirve absolutamente para nada.

“Sesionó ayer por primera vez. Lamentamos decirlo. Es una realidad y a ustedes les consta.

La otra es la Fepade. Le falta mucho desarrollo institucional. Mucho. Sobre competencias y desarrollo institucional.

“No tiene presupuesto. No tiene policía. No tiene una dependencia para cuestiones de peritajes. Depende todo de lo que en la PGR se esté resolviendo. No hay forma. No hay voluntad. Hay un control del poder público sobre el destino de los procesos electorales.

“Hay que salir a votar. El miedo es una condición a la que apuestan los partidos que no quieren que voten, como el PRI”.
31 Mayo 2017 04:00:00
De cómo el PRI usa a sus mujeres para seguir viéndole la cara al país
En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ayer, el PRI demostró que es incansable en su vocación por retorcer en su favor las decisiones legislativas. Una vez más teniendo al PAN como cómplice de sus trapacerías, el priísmo hizo que la elección en el Estado de México no fuese revisado en la tribuna ni tuviera el Pleno que emitir un pronunciamiento al respecto.

El orden del día no incluyó comentarios políticos sobre los procesos electorales estatales más candentes de que se tenga memoria en México.

Un punto de acuerdo pasó cerca del tema de las elecciones; pero el PRI y el PAN –aupados sobre sus diputadas y senadoras- exigieron al Pleno se pasara de largo, mientras tildaban de “misógino” al senador perredista que planteaba mirar hacia la elección mexiquense, adonde el PRI, sin duda, decía el hidalguense Isidro Pedraza Chávez, “está atropellando la dignidad y los derechos políticos de las mujeres”.

Un grupo de diputadas y senadoras del PRI y PAN presentaron un dictamen de punto de acuerdo –previamente aprobado por la Segunda Comisión de la Permanente- en la que pedían al Pleno exhortar  “al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales de las entidades federativas para que vigilen el cumplimiento del marco jurídico sobre paridad en las candidaturas a puestos de elección popular en los tres niveles de gobierno”.

Muy a toro pasado, estas diputadas y senadoras del PRI y PAN –sin rubor y  a contrapelo del sentido común-  pidieron exhortar al INE para  que los partidos políticos respeten la paridad de género. Es decir, mitad candidatas y mitad candidatos.

Estaban un poco desfasadas con su dictamen. Esto debían haberlo exhortado allá por febrero o marzo, cuando en las cuatro elecciones estatales de 2017 los partidos políticos decidían sus candidatos y candidatas.

¿Y ahora, para qué?, les preguntaba Isidro Pedraza, al tiempo que proponía un agregado al punto de acuerdo: “Que se solicite a la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, se investigue el origen de los recursos que se están aplicando por todos los partidos en las elecciones del Estado de México”.

En estos tiempos aciagos y difíciles para el debate parlamentario, es terrible ver cómo la gente del PRI –hombre o mujer- reacciona con violencia verbal incluso, con tal de que no avance ni un centímetro cualesquiera propuesta que vaya a exhibirlos todavía más.

Este fue el argumento –cargado de jiribilla- de Isidro Pedraza:

“Estamos hablando aquí de un tema que han escabullido todo el inicio del período ordinario de esta Comisión Permanente, y no han querido hablar del tema electoral, se han ido por la orillita.

“Las comisiones que tienen temas encaminados en esto, pues le han dado la vuelta y no le entran. Y creo que ahorita, que tenemos un punto donde están viendo un exhorto a los órganos electorales, al propio INE, pues, creo que vale la pena que les hagamos un llamado completo, este llamado ya está desfasado.

“Si ustedes saben, ya se cumplió el registro de candidaturas, ya los partidos políticos tienen que haber resuelto, haber cubierto la equidad, si fue sustantiva o no, pero si fue cubierta.

“Y lo que queda ahora es revisar esa parte de equidad que en el proceso estamos viviendo muy desfasada”.

Se estaban poniendo verdes de furia algunas senadoras. Pero Isidro continuó: “Ahora el dinero ha jugado un papel importante en los comicios, y ha sido el estado de México, donde está llegando el dinero, no centralizadamente, sino a través de privados y de particulares para poder sobornar electores”.

Verde es poco. Moradas. El hidalguense reforzó: “El tema de las elecciones en este país es un tema importante. Estamos a unas horas de que se dé este proceso, y se ha querido correr una cortina de humo en términos de lo que se disputa en cada entidad, y no se tiene intención de enfrentar directamente estos problemas”.

Y comenzaban las interrupciones. Quien presidía, le pedía “no salirse del tema”. Isidro siguió: “Estamos hablando de billetes y monedas. La equidad entre lo que hay aquí en este proceso electoral”.

“Tema”, gritaban las legisladoras del PRI y PAN. Pero Isidro seguía metiendo el acelerador: “Aquí están hablando solamente lo que tiene que  ver con la cuestión de género, digo, eso ya pasó, es un tema desfasado. Lo que ahora estamos viendo es que garanticen la equidad de la competencia política de los ciudadanos en el proceso electoral”.

El tema propuesto por las legisladoras, según Isidro, tenía un punto de convergencia en la falta de respeto del candidato del PRI al gobierno del estado de México hacia las mujeres, cuando a éstas les ofrece dinero para comprar su voto con la famosa tarjeta rosa.

Y era por eso que propuso su agregado: “Que en este dictamen que ya está presentado, se le haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda para que sea la Comisión de Fiscalización que investigue el origen de los recursos públicos o de los recursos que están aplicándose en el Estado de México”.

Entonces Isidro remachó: “Ahí traen una promoción de una tarjeta rosa, y esa tarjeta va encaminada, particularmente, a que las madres y a las mujeres sea las que puedan votar en este proceso electoral.

“Estamos hablando de la equidad, del respeto, de la integridad y de la imagen de las mujeres, hagámoslo con respeto y no atropellemos el derecho y la dignidad de las mujeres, mas las están atropellando con estas prácticas políticas”.
30 Mayo 2017 04:00:00
Enrique Peña Nieto, el Grupo Atlacomulco y el 4 de junio próximo
Los estados de México, Coahuila y Nayarit están a tiro de piedra de protagonizar una de las peleas electorales más trascendentales en la historia reciente del país. El domingo 4 de junio próximo, cuando se conozcan los ganadores de las tres contiendas a gobernador (en Veracruz, ese mismo día, se disputarán las 212 presidencias municipales), entonces un faro comenzará a iluminar con mayor profusión el camino que lleva a la Presidencia de la República de 2018.

¿Quién entonces se podrá mirar, a la cabeza de todos, en dicho sendero? La respuesta a esta pregunta –que a escasos seis días estará de conocerse- la arrojará, de modo particular, el resultado de los comicios en el estado de México, la entidad con mayor número de empadronados.

El número de empadronados en todo el país es de 83 millones casi 600 mil personas. En el estado de México hay poco más de 11 millones de personas, en tanto que en Coahuila casi 2 millones, y en Nayarit casi 800 mil. Y en Veracruz hay casi 5 millones 600 mil ciudadanos con credencial para votar.

Desde mucho antes de que comenzaran los procesos electorales de 2017, a los comicios del estado de México se le consideraron como una suerte de laboratorio político-electoral, con el que se estarían midiendo las posibilidades que las principales fuerzas políticas del país habrán de tener en la elección presidencial de 2018.

Hay un factor fundamental para quienes opinan sobre la importancia de la elección mexiquense: El estado de México es el bastión político y económico del grupo político del PRI que actualmente ostenta la Presidencia de la República.

El presidente Enrique Peña Nieto está actualmente a la cabeza del grupo, conocido de varias maneras a lo largo de la historia contemporánea nacional: “Grupo Atlacomulco”, “grupo atracomulco”…

Desde los tiempos de uno de sus impulsores, el profesor Carlos Hank González, a este grupo político se le ha considerado como la pandilla más corrupta de cuantas ha tenido el PRI en su historia ochentera-nonagenaria.

Ha sido una enorme fábrica de millonarios con dinero público. Y son tantos y tan gandayas con el presupuesto, que los que están actualmente a la cabeza ya ni se toman la molestia de desmentir a nadie. Al contrario, ha sido algo así como un motivo de orgullo atlacomulquense, admitir que sus miembros son multimillonarios hasta las cachas.

“Un político pobre es un pobre político”, fue una de las frases históricas del profesor Carlos Hank, uno de los capitanes históricos del grupo.

Precisamente los Hank, los Del Mazo, los Montiel, los Sánchez Colín, los Camacho, los Pichardo, los Chuayffet, los Jiménez Cantú, son los apellidos más representativos de aquella élite de mexiquenses que ahora traen en la frente el sello de la corrupción.

De aquel grupo ya salieron dos presidentes de la República: Adolfo López Mateos y, el actual, Enrique Peña Nieto. Nada que ver uno del otro. A López Mateos se le recuerda en México como un presidente sensible y honrado; fue el nacionalizador de la industria eléctrica en 1958.

Peña Nieto, en cambio, carga no sólo el signo de gran corrupto, sino también de gran traidor a la Patria, por la entrega del petróleo a compañías petroleras trasnacionales, y por la subordinación sin ambages de la soberanía nacional a los intereses geopolíticos y militares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Mucho del malestar que hoy enfrenta el PRI en los comicios estatales lo ha insuflado el trabajo que ha hecho Peña Nieto como presidente de México. Los niveles altísimos de corrupción en Los Pinos, superó incluso a presidentes de la República que, también, fueron señalados como grandes corruptos, como Carlos Salinas de Gortari y José

López Portillo. O aquel de mediados del siglo XX, Miguel Alemán Valdés.

No tiene cara el PRI para defenderse de las acusaciones de corrupción que todos los días le restriegan los opositores que, al parecer, más concitarán aceptación en los comicios próximos: Los del grupo político agrupado en el partido Morena.

Un partido que ha crecido exponencialmente, a pesar de que su líder, Andrés Manuel López Obrador, tampoco es la panacea. Acusaciones de que es un autoritario y un “conservador” disfrazado de liberal, no se las ha podido sacudir. Pero a final de cuentas, al parecer para la mayoría de la población esto sería un pecado menor, ante el peso grave de acusaciones de corrupción que caen sobre los candidatos del PRI y del mismo Presidente de la República.

A seis días de que se celebren los comicios esperados de 2017, el Congreso mexicano sigue sosteniendo una posición de observador poco entusiasmado con el trabajo al que está obligado a desarrollar por la Constitución, mediante la función de contrapeso o de control político.

El Congreso baila al compás de los intereses del PRI y del presidente de la República. Todo lo que clama y exige el grupo opositor que más riesgo representa para el grupo en el poder, el Morena, no tiene importancia para el Poder Legislativo, y se hace el sordo, el mudo, el ciego.

Verbigracia: el partido Morena está exigiendo que el Congreso exhorte con urgencia al Instituto Nacional Electoral (Ine) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que intervengan con prontitud en el estado de México, adonde el PRI y el gobierno de Peña, muy desesperados ante la posibilidad seria de perder la gubernatura, hacen muchas marranadas; pero el Congreso, con silencio cómplice, soslaya y, justamente ahorita, se hace el desentendido.
27 Mayo 2017 04:00:00
La tibieza del Congreso mexicano cuando se trata de proteger a periodistas
El día que mataron al periodista Javier Valdez, en Culiacán, Sinaloa, un clamor exigiendo su esclarecimiento y castigo de los responsables se escuchó al unísono, dentro y fuera del país.

Organizaciones periodísticas como Artículo 19 se escucharon con gran estruendo, como también la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, e incluso periódicos como El País y The New York Times abrieron con sus editoriales la exigencia al gobierno de Enrique Peña Nieto que ya no se hiciera el occiso y se pusiera a investigar y a parar de una buena vez las agresionesa periodistas y medios de información mexicanos.

A Valdez nadie debe regatearle la valentía y el arrojo con que asumió el oficio de reportero. No es lo mismo escribir de lejos que escribir allí, a las puertas mismas del infierno. Y esto fue lo que hacía el compañero de Sinaloa, cuando se ponía a escribir de narcotráfico; como, sin lugar a dudas, también en este preciso momento siguen escribiendo decenas de compañeros reporteros en zonas marcadas por la muerte, como Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Jalisco, Oaxaca, y una veintena más de estados de la República.

En su sesionar del miércoles pasado, la Comisión Permanente abordó el tema de las agresiones a periodistas. No deja de verse lerdo, cuando es un asunto que diariamente es abordado por periodistas, asociaciones de periodistas, periódicos incluso extranjeros y por organismos internacionales de la talla de la ONU.

Más que debate, fueron posicionamientos, luego de la presentación de un Punto de Acuerdo, mediante el cual el Congreso dice refrendar “su más amplio compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, por ser elementos esenciales del sistema democrático de gobierno”.

También el Pleno dijo reiterar “su enérgico rechazo”, y condenó “el ejercicio de la violencia en contra de la integridad física y sicológica de los profesionales del periodismo”.

Dictamen de cuatro párrafos. En el segundo, la Permanente “se pronuncia por que el fortalecimiento de las instancias federales y locales responsables de desplegar las medidas de prevención y protección que requieran los profesionales de la comunicación social, para el ejercicio de sus actividades, y exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, donde aún no se han conformado a integrar las unidades y/o centros de atención a periodistas”.

En el tercero, dijeron invitar “al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, a una reunión de trabajo con los integrantes de la misma”.

Y en el cuarto párrafo, la Permanente exhortó a las cámaras de diputados y de senadores “para que den seguimiento a los casos de agresión en contra de periodistas, y a la implementación de las unidades y/o centros de atención a periodistas en las entidades federativas”.

Comenzaron con la senadora Iris Vianey Mendoza, del PRD, quien dijo: “Es indispensable que en México, siendo un país de libertades (…) es indispensable que demos pasos con mayor precisión para la protección de la vida de los periodistas y para la libertad de expresión, y que esta sea una garantía real”.

Miguel Barbosa Huerta, del PT: “Nuestra realidad es la de un estado mexicano que no tiene capacidad de respuesta ante nada; no tiene capacidad de respuesta ante la creciente violencia, creciente impunidad.

“No tuvo capacidad de respuesta, ni la ha tenido para presentar una política estratégica para combatir esa nueva forma de crimen organizada que es el robo de combustible, el robo de hidrocarburos, y tampoco tiene capacidad de respuesta en relación a la violencia sobre la libertad de expresión y al asesinato de periodistas. ¡No la tiene!
“El lenguaje parlamentario, el lenguaje que se utiliza en las piezas legislativas o en los productos legislativos, como yo les llamo, es importante, pero expresa el papel que se quiere jugar.

“Cómo que ‘atenta invitación’. ¿Por qué no le pusieron ‘¿cordial’? Extiende una atenta invitación al titular de la Fiscalía Especial. Mejor hubiera sido: ‘Atenta, especial, comedida invitación’. ¡No! es un diálogo entre poderes, es una cita a las comisiones de la Comisión Permanente para que hablen de ese tema; no es un agravio a un servidor público, ni a otra institución del poder público. ¡No, no lo es! Es diálogo entre poderes. Por lo menos debería cambiarse, Presidente, a ‘convoca’ al Fiscal Especial a una reunión de trabajo. Y sustituir esa, de verdad, lisonjera expresión de la ‘atenta invitación’.

“La cita debería de ser al secretario de Gobernación, al procurador general de la República, y sin duda, al fiscal especial, al que solamente le invitan una ‘atenta y cordial invitación”. De verdad, no es la respuesta.

“El Estado debe dar, ante una situación tan grave, tan inaceptable. El ‘ya basta’, que hoy se publica en periódicos nacionales, de importantes empresas encargadas de la comunicación política social, televisiva, radio y prensa escrita, importante hacerlo que la Comisión Permanente haga suyo, que la Comisión Permanente se exprese para fortalecer lo dicho en esa publicación a la que se ha dado a llamar ‘ya basta”.

Al final, la diputada del PRI Martha Hilda González Calderón, quien decía que su partido “recibe con una enorme responsabilidad el que hoy se esté presentando a este Pleno este compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo precisamente para poder, en el marco de la Primera Comisión de Gobernación, podamos invitar a la Fiscalía Especial para ver cómo se desarrolla su trabajo en este esquema de contrapesos”…

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