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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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21 Mayo 2017 04:00:00
Para meditar antes de elegir
Escribir sobre política será siempre pisar en terreno agreste; si además se agrega el ingrediente electoral, esa característica del tema se agudiza, porque siempre subyacen nociones como la de poder, democracia, valores, representación y muchas más, siempre polémicas y muchas veces poco comprendidas.

Por eso resulta siempre un desafío abordar esos temas sobre los que, por otra parte, gracias al dinamismo que caracteriza a la actividad –y de su necesario corolario contemporáneo, la democracia–, nunca se habrá dicho la última palabra; aquel que crea lo contrario se arriesga a contentarse con ver cómo pasa frente a él la historia, dando un contundente mentís a su vana pretensión de definitividad.

Creo por eso conveniente en este punto insistir en que hay que tener siempre en cuenta que el quehacer político es un conjunto de acciones interdependientes, vinculadas entre sí de tal manera que cualquier cambio que se produzca en uno de ellos afectará, en menor o mayor medida, a los demás y su desempeño.

Es imprescindible, por lo tanto, precisar cuáles, de entre todas las que integran el sistema social, son las interacciones de contenido “político” y, de entre ellas, las que son relevantes para su identificación y estudio.

Lo primero que importa definir es qué deberá entenderse por “político”, puesto que el término mismo, en el lenguaje llano y hasta en aquel que emplean los especialistas, suele ser equívoco y, a veces, hasta confuso.

En el contexto doctrinario suele referírsele a cuestiones tan disímbolas como el estado, el poder, el orden público, las políticas públicas, la adopción de decisiones respecto de la cosa pública, el monopolio del empleo de la fuerza legítima, etc., etc.

Propongo, por lo tanto, precisar que conviene considerar como políticas todas aquellas interacciones orientadas predominantemente a la asignación de valores para una sociedad, con el propósito de orientarla hacia un destino de conducta respecto de la cual aquellos a quienes se asigna se sienten obligados.

Así, el poder será político cuando tenga por vocación y destino la función estructuradora de la sociedad, que le da la calidad de “poder organizado”.

Todo poder supone la existencia de opciones en quien lo tiene y en quien es objeto de su ejercicio. Cumple su función transmisora (de valores, como móviles de conducta) cuando es capaz de influir en la selección de las acciones (u omisiones) asequibles.

En ese sentido, el poder político es mayor si es capaz de mantenerse incluso a pesar de alternativas atractivas para la acción o inacción, y sólo puede aumentarse si un crece también la libertad de quienes estén sujetos a él.

En un entorno democrático, la reflexión anterior adquiere notoriedad desde el momento inicial del ejercicio republicano para determinar la integración personal de los órganos institucionales, es decir, en el ejercicio electoral, pero perdura durante toda la manifestación funcional del sistema, porque sólo así podrá mantenerse legítimo.

La sociedad es, en efecto, un “todo sistémico”, en el que el poder cuenta con una función clara: mover a la voluntad de quien es objeto del poder hacia la selección de una conducta predeterminada en su sentido, escogiéndola de entre una gama de conductas posibles, condicionadas por la propia configuración del sistema social.

En la mejor tradición democrática –siempre en formación, siempre inacabada– el mejor desempeño de la autoridad es aquel que consigue desde su origen, y mantiene en el desempeño cotidiano, conjugar el poder político el poder jurídico, que tiene su asiento último en el poder por antonomasia expresado en el seno del Estado, que es la llamada soberanía. Ambas nociones juegan, en el mundo civilizado, un papel primordial, porque han de ser simbióticas –valga el símil- si se quiere alcanzar una eficacia que a la vez sea legítima, porque sólo así se podrá mantener el rumbo mejor para el interés general.
21 Mayo 2017 04:00:00
Para meditar antes de elegir
Escribir sobre política será siempre pisar en terreno agreste; si además se agrega el ingrediente electoral, esa característica del tema se agudiza, porque siempre subyacen nociones como la de poder, democracia, valores, representación y muchas más, siempre polémicas y muchas veces poco comprendidas.

Por eso resulta siempre un desafío abordar esos temas, sobre los que, por otra parte, gracias al dinamismo que caracteriza a la actividad, –y de su necesario corolario contemporáneo, la democracia- nunca se habrá dicho la última palabra; aquel que crea lo contrario se arriesga a contentarse con ver cómo pasa frente a él la historia, dando un contundente mentís a su vana pretensión de definitividad.

Creo por eso conveniente en este punto insistir en que hay que tener siempre en cuenta que el quehacer político es un conjunto de acciones interdependientes, vinculadas entre sí de tal manera que cualquier cambio que se produzca en uno de ellos afectará en, menor o mayor medida, a los demás y su desempeño.

Es imprescindible, por lo tanto, precisar cuáles, de entre todas las que integran el sistema social, son las interacciones de contenido “político” y, de entre ellas, las que son relevantes para su identificación y estudio.

Lo primero que importa definir es qué deberá entenderse por “político”, puesto que el término mismo, en el lenguaje llano y hasta en aquel que emplean los especialistas, suele ser equívoco y, a veces, hasta confuso.

En el contexto doctrinario suele referírsele a cuestiones tan disímbolas como el estado, el poder, el orden público, las políticas públicas, la adopción de decisiones respecto de la cosa pública, el monopolio del empleo de la fuerza legítima, etc., etc.

Propongo, por lo tanto, precisar que conviene considerar como políticas todas aquellas interacciones orientadas predominantemente a la asignación de valores para una sociedad, con el propósito de orientarla hacia un destino de conducta respecto de la cual aquellos a quienes se asigna se sienten obligados.

Así, el poder será político cuando tenga por vocación y destino la función estructuradora de la sociedad, que le da la calidad de “poder organizado”.

Todo poder supone la existencia de opciones en quien lo tiene y en quien es objeto de su ejercicio. Cumple su función transmisora (de valores, como móviles de conducta) cuando es capaz de influir en la selección de las acciones (u omisiones) asequibles.

En se sentido, el poder político es mayor si es capaz de mantenerse incluso a pesar de alternativas atractivas para la acción o inacción, y sólo puede aumentarse si un aumenta también la libertad de quienes estén sujetos a él.

En un entorno democrático, la reflexión anterior adquiere notoriedad desde el momento inicial del ejercicio republicano para determinar la integración personal de los órganos institucionales, es decir, en el ejercicio electoral, pero perdura durante toda la manifestación funcional del sistema, porque sólo así podrá mantenerse legítimo.

La sociedad es, en efecto, un “todo sistémico”, en el que el poder cuenta con una función clara: Mover a la voluntad de quien es objeto del poder hacia la selección de una conducta predeterminada en su sentido, escogiéndola de entre una gama de conductas posibles, condicionadas por la propia configuración del sistema social.

En la mejor tradición democrática –siempre en formación, siempre inacabada- el mejor desempeño de la autoridad es aquel que consigue desde su origen, y mantiene en el desempeño cotidiano, conjugar el poder político el poder jurídico, que tiene su asiento último en el poder por antonomasia expresado en el seno del estado, que es la llamada soberanía. Ambas nociones juegan, en el mundo civilizado, un papel primordial, porque han de ser simbióticas –valga el símil- si se quiere alcanzar una eficacia que a la vez sea legítima, porque sólo así se podrá mantener el rumbo mejor para el interés general.
14 Mayo 2017 04:07:00
Las empresas y los derechos humanos
Es regla, todavía, que las estructuras jurídicas propias de las garantías protectoras de los derechos humanos sean dirigidas solamente contra actos de la autoridad pública.

A pesar de ello, son cada vez frecuentes las evidencias de hechos que muestran abusos cometidos en esta materia por entidades privadas.

En fechas recientes se han acumulado los testimonios de pasajeros injusta y denigrantemente expulsados de los aviones, maltratos del comandante sobre mujeres y otros atropellos por el estilo.

Pero no sólo las aerolíneas se distinguen por ello, aunque nadie podría decir que son las que menos, porque hay aconteceres de sobra documentados sobre cobros indebidos, cortes unilaterales y arbitrarios del servicio y otros abusos que configuran verdaderas violaciones a los derechos humanos, sin que existan vías eficientes y ágiles para reclamar lo conducente al cese de la violación y la reparación integral del daño.

Frente a esa circunstancia, y puesto que se predica la oponibilidad universal de esos derechos, parece ya urgente e indispensable tomar medidas efectivas para prevenir y remediar las violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas.

A ese propósito conviene tomar en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011 .

Dichos principios se basan en el reconocimiento de las obligaciones que tienen los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales, por una parte, así como en el papel de las empresas, como órganos de la sociedad que desempeñan funciones especializadas, que deben cumplir todas las leyes y respetar los derechos humanos. También en el hecho de que es necesario que los derechos y obligaciones se complementen con recursos efectivos para el caso de que se den incumplimientos e inobservancias, si se quiere que en verdad sea efectiva su garantía.

La resolución de la ONU implica que los “Principios” sean aplicables en todos los estados miembros “y a todas las empresas”, según ellos mismos determinan, no importa si son transnacionales o de otro tipo, y “con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura”.

El objetivo básico es mejorar las normas y prácticas relacionadas con las empresas y los derechos humanos “a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir…a una globalización socialmente sostenible”.

Deben aplicarse de manera no discriminatoria, poniendo especial atención a las personas pertenecientes a grupos o poblaciones más vulnerables o con mayor riesgo de marginación.

No se trata, como puede constatarse, de un instrumento que imponga obligaciones nuevas a los estados, sino de uno que oriente su acción en términos del objetivo de mejorar las normas y prácticas de las empresas en materia de respeto a los derechos humanos.

A partir de él pueden resumirse los principios fundamentales respecto de las empresas en los siguientes términos: a) Si los derechos humanos son universales y oponibles a todos, las empresas deben respetarlos y por lo tanto abstenerse de infringir los de terceros, haciendo frente a las consecuencias en caso contrario; b) esa responsabilidad se delimita por los derechos internacionalmente reconocidos; c) la responsabilidad de las empresas es aplicable a todas, pero la magnitud y complejidad de los medios para asumirla puede variar en función, sobre todo, de la gravedad de las consecuencias negativas de sus actividades; d) para cumplir con esa responsabilidad, deben contar con políticas y procedimientos apropiados.

Es claro que resulta ya urgente, ineludible, revisar los mecanismos e instrumentos de protección de los derechos humanos frente a las violaciones que a ellos puedan cometer las empresas y otros actores privados.

La puesta en práctica de los Principios Rectores sería, sin duda, un buen comienzo, y no parece necesario esperar a que se adopte un convenio internacional en la materia, porque siempre será posible legislar sobre ella. Faltaría, nada más, voluntad política.
14 Mayo 2017 04:00:00
Las empresas y los derechos humanos
Es regla, todavía, que las estructuras jurídicas propias de las garantías protectoras de los derechos humanos sean dirigidas solamente contra actos de la autoridad pública.

A pesar de ello, son cada vez frecuentes las evidencias de hechos que muestran abusos cometidos en esta materia por entidades privadas.

En fechas recientes se han acumulado los testimonios de pasajeros injusta i denigrantemente expulsados de los aviones, maltratos del comandante sobre mujeres y otros atropellos por el estilo.

Pero no solo las aerolíneas se distinguen por ello, aunque nadie podría decir que son las que menos, porque hay aconteceres de sobra documentados sobre cobros indebidos, cortes unilaterales y arbitrarios del servicio y otros abusos que configuran verdaderas violaciones a los derechos humanos, sin que existan vías eficientes y ágiles para reclamar lo conducente al cese de la violación y la reparación integral del daño.

Frente a esa circunstancia, y puesto que se predica la oponibilidad universal de esos derechos, parece ya urgente e indispensable tomar medidas efectivas para prevenir y remediar las violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas.

A ese propósito conviene tomar en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011 .

Dichos Principios se basan en el reconocimiento de las obligaciones que tienen los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales, por una parte, así como en el papel de las empresas, como órganos de la sociedad que desempeñan funciones especializadas, que deben cumplir todas las leyes y respetar los derechos humanos. También en el hecho de que es necesario que los derechos y obligaciones se complementen con recursos efectivos para el caso de que se den incumplimientos e inobservancias, si se quiere que en verdad sea efectiva su garantía.

La resolución de la ONU implica que los “Principios” sean aplicables en todos los estados miembros “y a todas las empresas”, según ellos mismos determinan, no importa si son transnacionales o de otro tipo, y “con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura”.

El objetivo básico es mejorar las normas y prácticas relacionadas con las empresas y los derechos humanos “a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir…a una globalización socialmente
sostenible”.

Deben aplicarse de manera no discriminatoria, poniendo especial atención a las personas pertenecientes a grupos o poblaciones más vulnerables o con mayor riesgo de marginación.

No se trata, como puede constatarse, de un instrumento que imponga obligaciones nuevas a los estados, sino de uno que oriente su acción en términos del objetivo de mejorar las normas y prácticas de las empresas en materia de respeto a los derechos
humanos.

A partir de él pueden resumirse los principios fundamentales respecto de las empresas en los siguientes términos: a) Si los derecho humanos son universales y oponibles a todos, las empresas deben respetarlos y por lo tanto abstenerse de infringir los de terceros, haciendo frente a las consecuencias en caso contrario; b) esa responsabilidad se delimita por los derechos internacionalmente reconocidos; c) la responsabilidad de las empresas es aplicable a todas, pero la magnitud y complejidad de los medios para asumirla puede variar en función, sobre todo, de la gravedad de las consecuencias negativas de sus actividades; d) para cumplir con esa responsabilidad, deben contar con políticas y procedimientos apropiados.

Es claro que resulta ya urgente, ineludible, revisar los mecanismos e instrumentos de protección de los derechos humanos frente a las violaciones que a ellos puedan cometer las empresas y otros
actores privados.

La puesta en práctica de los “Principios Rectores” sería, sin duda, un buen comienzo, y no parece necesario esperar a que se adopte un convenio internacional en la materia, porque siempre será posible legislar sobre ella. Faltaría, nada más, voluntad política.
07 Mayo 2017 04:00:00
Campañas, debates y ‘estado de derecho’
¡Y sigue la mata dando! Continúan las campañas, los debates se suceden y, aunque se han podido por fin atisbar algunos bosquejos de oferta política –y de políticas– no deja de estar presente la promesa central de “cumplir la ley”, de respetarla y aplicarla siempre.

Eso estaría muy bien, pero uno se pregunta ¿no es esa, acaso, una promesa innecesaria? ¿puede alguien, gobernante o gobernado, dejar de cumplir la ley?

Suena como la que pudiera hacer quien se acercara a vendernos nuestra propia casa, como al patrón que promete pagar el salario devengado o al trabajador que ofrece, como cosa extraordinaria, efectuar el trabajo para el que fue contratado.

Ya no es fácil saber a estas alturas si es pura y simple confusión, si la intención es buena –de ello se duda mucho entre la gente, y hasta los niños lo cuestionan–, si falta un conocimiento elemental de los deberes públicos, pero lo cierto es que, por si hiciera falta y no fuera una deducción lógica y un deber ético natural, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –como las de cada estado federado– no sólo lo impone expresamente, sino que además exige protestar cumplir y hacer cumplir esos dispositivos y las leyes que de ellos emanen.

La propia voz “estado de derecho” –para mi gusto redundante, si no es que tautológica, porque sin derecho no podría haber estado propiamente dicho, sino un fenómeno de dominación ilegítima– implica la sujeción inexcusable al orden jurídico por parte de quien gobierna, lo que no significa otra cosa –como suele decirse por los anglosajones, con gran simplicidad y contundencia, al enunciar el principio de “rule of law”– que quien gobierna es la ley, y no los seres humanos que detentan el poder, cualquiera que sea su naturaleza.

La adaptabilidad a las condiciones adversas es proverbial, y por eso pareciera que las promesas que hoy se oyen fueran un propósito natural de la evolución comunitaria, siendo que la relación es precisamente la inversa: no fue sino hasta que se establecieron las reglas de convivencia que surgió la civilización, mucho antes de que apareciera la historia con la creación de la escritura.

Cumplir la ley y velar por que se cumpla es, pues, un ineludible deber de toda autoridad, y sólo su olvido, negligente las más de las veces, explica que la gran propuesta en que todos los candidatos y sus partidos coincidan en ofrecer hacer aquello que, antes que nada y como presupuesto inexcusable del ejercicio público, les corresponde.

Cuando eso no ocurre, los valores se distorsionan y degradan, provocando el desinterés en las cosas que atañen a la polis misma, se enseñorea el desgano y poco a poco la creciente crispación social se hace presente, hasta volverse tan tirante que la indignación explota y se pierde el rumbo, se corrompen los vínculos y los motivos compartidos, dando vía libre a eso que ha dado en llamarse “estado fallido”, porque el sistema sociopolítico se vuelve incapaz de cumplir con su cometido esencial: garantizar, en equidad y armonía, el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales de todos.

La voracidad, la codicia, el egoísmo, la soberbia, el desinterés y la laxitud son vicios que corroen la función del Estado. No hay que dejarlos llegar, pero si se hacen presentes, habrá que desterrarlos y para eso ya existen recetas: primero, la dignidad, que empieza con el respeto de cada quien por sí mismo, para seguir con el que se debe a los demás; en segundo lugar, no basta con ofrecer la aplicación de la ley, sino cumplirla, acatando el sentido y los límites que impone a las conductas, públicas y privadas, sin excepciones inadmisibles.

Ese es el camino que sólo puede recorrerse investido de honorabilidad, buena fe y energía.
07 Mayo 2017 04:00:00
Campañas, debates y Estado de Derecho
¡Y sigue la mata dando! Continúan las campañas, los debates se suceden y, aunque se han podido por fin atisbar algunos bosquejos de oferta política -y de políticas- no deja de estar presente la promesa central de “cumplir la ley”, de respetarla y aplicarla siempre.

Eso estaría muy bien, pero uno se pregunta ¿no es esa, acaso una promesa innecesaria? ¿puede alguien, gobernante o gobernado, dejar de cumplir la ley?

Suena como la que pudiera hacer quien se acercara a vendernos nuestra propia casa, como al patrón que promete pagar el salario devengado o al trabajador que ofrece, como cosa extraordinaria, efectuar el trabajo para el que fue contratado.

Ya no es fácil saber a estas alturas si es pura y simple confusión, si la intención es buena -de ello se duda mucho entre la gente, y hasta los niños lo cuestionan-, si falta un conocimiento elemental de los deberes públicos, pero lo cierto es que, por si hiciera falta y no fuera una deducción lógica y un deber ético natural, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -como las de cada estado federado- no solo lo impone expresamente, sino que además exige protestar cumplir y hacer cumplir esos dispositivos y las leyes que de ellos emanen.

La propia voz “estado de derecho” -para mi gusto redundante, si no es que tautológica, porque sin derecho no podría haber estado propiamente dicho, sino un fenómeno de dominación ilegítima- implica la sujeción inexcusable al orden jurídico por parte de quien gobierna, lo que no significa otra cosa -como suele decirse por los anglosajones, con gran simplicidad y contundencia, al enunciar el principio de “rule of law”- que quien gobierna es la ley, y no los seres humanos que detentan el poder, cualquiera que sea su naturaleza.

La adaptabilidad de a las condiciones adversas es proverbial, y por eso pareciera que las promesas que hoy se oyen fueran un propósito natural de la evolución comunitaria, cuando que la relación es precisamente la inversa: no fue sino hasta que se establecieron las reglas de convivencia que surgió la civilización, mucho antes de que apareciera la historia con la creación de la escritura.

Cumplir la ley y velar por que se cumpla es, pues, un ineludible deber de toda autoridad, y solo su olvido, negligente las más veces, explica que la gran propuesta en que todos los candidatos y sus partidos coincida en ofrecer hacer aquello que, antes que nada y como presupuesto inexcusable del ejercicio público, les corresponde.

Cuando eso no ocurre, los valores se distorsionan y degradan, provocando el desinterés en las cosas que atañen a la polis misma, se enseñorea el desgano y poco a poco la creciente crispación social se hace presente, hasta volverse tan tirante que la indignación explota y se pierde el rumbo, se corrompen los vínculos y los motivos compartidos, dando vía libre a eso que ha dado en llamarse “estado fallido”, porque el sistema sociopolítico se vuelve incapaz de cumplir con su cometido esencial: Garantizar, en equidad y armonía, el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales de todos.

La voracidad, la codicia, el egoísmo, la soberbia, el desinterés y la laxitud son vicios que corroen la función del estado. No hay que dejarlos llegar, pero si se hacen presentes, habrá que desterrarlos y para eso ya existen recetas: primero, la dignidad, que empieza con el respeto de cada quien por sí mismo, para seguir con el que se debe a los demás; en segundo lugar, no basta con ofrecer la aplicación de la ley, sino cumplirla, acatando el sentido y los límites que impone a las conductas, públicas y privadas, sin excepciones inadmisibles.

Ese es el camino que solo puede recorrerse investido de honorabilidad, buena fe y energía.

No hay más. Solo en la decencia generalizada se encontrarán los remedios; los buenos hábitos bien pueden desplazar a los perniciosos.
30 Abril 2017 04:05:00
Educación y campañas
En tres estados habrá este año elecciones de Gobernador y otros órganos. Se han celebrado, a fin de confrontar la postura de cada candidato, algunos debates. En ellos, a pesar de incluirse en el temario las cuestiones educativas, poca o ninguna atención les han merecido, como si el tema fuera deleznable o de poca importancia.

Los debates, como las campañas, se han desarrollado de manera que ya ni siquiera se valen del habitual cúmulo de clichés y promesas genéricas, para caracterizarse por haber hecho de la contienda electoral una palestra para denostar y descalificar a los adversarios, con o sin razón para ello.

En cambio, pareciera que más bien pretenden un cargo judicial o en el Ministerio Público, porque su más recurrente oferta es meter a la cárcel a alguien, en todo caso “a los corruptos”.

Como se ha vuelto habitual, cada vez menos contenido programático de fondo –si alguno hay– y nada que permita atisbar siquiera algunas líneas de políticas públicas para acometer los muy variados y complejos problemas públicos que les tocará enfrentar a los vencedores.

No parece que sea mucho pedir que, cuando menos en aspectos que son torales para la vida pública, se pronunciaran desde este momento los candidatos de manera más clara y propositiva, para poder evaluar sus previsiones y, así, informar bien la decisión del voto.

Mientras eso ocurre, las calles de nuestras ciudades siguen llenas de una violencia que desgarra a nuestras comunidades y denigra del todo el nivel de la vida en ellas. De libertades menguadas al máximo está hoy por hoy hecha nuestra realidad, y no es a tiros como habrá de resolverse el problema de fondo, sino poniendo remedio desde la raíz, como se ha insistido tanto ya en muchos frentes, incluida esta columna.

¿Puede acaso conseguirse ese propósito sin una educación que forme ciudadanos conscientes, libres y responsables, y no sólo robots aptos para integrarse al aparato productivo con “éxito”?

Nadie ha tocado el tema con la seriedad y profundidad que merece, a pesar de que las consecuencias de la falta de formación humanística –la cívica incluida– están dramáticamente presentes por todos lados.

Pasan por alto algo que debería ser elemental: el Artículo 3º de la Constitución mexicana obliga a que el criterio que oriente a la educación, entre otras cosas, sea democrático, “considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, además de que contribuya a la mejor convivencia humana, fortaleciendo “el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.

Es esa una intolerable omisión que pone en evidencia el olvido en que incurre quien la comete respecto del hecho de que los deberes básicos de la que, desde la antigüedad, se llama “virtud cívica”, son individuales y sociales al mismo tiempo, y no una cuestión de moral privada y al margen de la política.

El solo hecho de soslayar este aspecto, vital para la vida misma de nuestra “polis”, basta para identificar un vacío imperdonable en la perspectiva de los candidatos: sin esa virtud cívica –que sólo se adquiere y transmite por la educación y significa una motivación capaz de causar una acción pública eficaz y justa– ni se puede aspirar a gobernar, ni se puede soñar siquiera con un país mejor que el que tenemos.

Si eso no basta para llamar la atención de los participantes en la contienda electoral –y de todos– hacia el tema de la educación para fincar la convivencia equilibrada, justamente ordenada y pacífica que queremos, no existirá fuerza alguna que permita sacar al país del estado de cosas en que vive.
30 Abril 2017 04:00:00
Educación y campañas
En tres estados habrá este año elecciones de gobernador y otros órganos. Se han celebrado, a fin de confrontar la postura de cada candidato, algunos debates. En ellos, a pesar de incluirse en el temario las cuestiones educativas, poca o ninguna atención les ha merecido, como si el tema fuera deleznable o de poca importancia.

Los debates, como las campañas, se han desarrollado de manera que ya ni siquiera se valen del habitual cúmulo de clichés y promesas genéricas, para caracterizarse por haber hecho de la contienda electoral una palestra para denostar y descalificar a los adversarios, con o sin razón para ello.

En cambio, pareciera que más bien pretenden un cargo judicial o en el ministerio público, porque su más recurrente oferta es meter a la cárcel a alguien, en todo caso “a los corruptos”.

Como se ha vuelto habitual, cada vez menos contenido programático de fondo -si alguno- hay- y nada que permita atisbar siquiera algunas líneas de políticas públicas para acometer los muy variados y complejos problemas públicos que les tocará enfrentar a los vencedores.

No parece que sea mucho pedir que, cuando menos en aspectos que son torales para la vida pública se pronunciaran desde este momento los candidatos de manera más clara y propositiva, para poder evaluar sus previsiones y, así, informar bien la decisión del voto.

Mientras eso ocurre, las calles de nuestras ciudades siguen llenas de una violencia que desgarra a nuestras comunidades y denigra del todo el nivel de la vida en ellas. De libertades menguadas al máximo está hoy por hoy hecha nuestra realidad, y no es a tiros como habrá de resolverse el problema de fondo, sino poniendo remedio desde la raíz, como se ha insistido tanto ya en muchos frentes, incluida esta columna.

¿Puede acaso conseguirse ese propósito sin una educación que forme ciudadanos conscientes, libres y responsables, y no sólo robots aptos para integrarse al aparato productivo con “éxito”?

Nadie ha tocado el tema con la seriedad y profundidad que merece, a pesar de que las consecuencias de la falta de formación humanística -la cívica incluida- están dramáticamente presentes por todos lados.

Pasan por alto algo que debería ser elemental: el artículo 3º de la Constitución mexicana obliga a que el criterio que oriente a la educación, entre otras cosas, sea democrático, “considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, además de que contribuya a la mejor convivencia humana, fortaleciendo “el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.

Es esa una intolerable omisión, que pone en evidencia el olvido en que incurre quien la comete respecto del hecho de que los deberes básicos de la que, desde la antigüedad, se llama “virtud cívica”, son individuales y sociales al mismo tiempo, y no una cuestión de moral privada y al margen de la política.

El sOlo hecho de soslayar este aspecto, vital para la vida misma de nuestra “polis”, basta para identificar un vacío imperdonable en la perspectiva de los candidatos: sin esa virtud cívica -que sólo se adquiere y transmite por la educación y significa una motivación capaz de causar una acción pública eficaz y justa- ni se puede aspirar a gobernar, ni se puede soñar siquiera con un país mejor que el
que tenemos.

Si eso no basta para llamar la atención de los participantes en la contienda electoral -y de todos- hacia el tema de la educación para fincar la convivencia equilibrada, justamente ordenada y pacífica que queremos, no existirá fuerza alguna que permita sacar al país del estado de cosas en que vive.
23 Abril 2017 04:06:00
Derechos humanos y responsabilidades públicas
Dos destacados aspectos, entre muchos más de su contenido, se han contemplado en las dos entregas anteriores respecto del informe rendido por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el periodo de 2016: el relativo a la precariedad en la protección de los derechos fundamentales en México –acompañada de la gran vulnerabilidad que enfrentan sus defensores– y la muy extendida simulación que, entre quienes detentan la autoridad, de cualquier rama, orden y nivel, impera.

Como en el caso de la CNDH, es común que las recomendaciones emitidas por los equivalentes órganos públicos de los estados de la República sean aceptadas, porque la implantación en la cultura popular de la conciencia de los derechos humanos –incipiente todavía, pero ya presente y con impulsos vigorosos– hace que cualquier negativa aparezca como una resistencia políticamente inadmisible y con muy negativas consecuencias en el camino hacia el poder y en el curso de su ejercicio.

A pesar de ello, pocas, muy pocas, se cumplen a cabalidad. En Coahuila, por ejemplo, una de cada cinco de ellas es satisfecha plenamente, mientras que el resto se cumple sólo parcialmente, se finge cumplir o de plano se pasa por alto sin rubor alguno de parte de aquellas autoridades a quienes fueron dirigidas. Suponen ellas que el hecho de que las recomendaciones no sean “vinculatorias” implica que no puede haber consecuencias negativas provenientes del incumplimiento. Están, a mi juicio, totalmente equivocados.

Aceptar una recomendación implica reconocer sus fundamentos y motivaciones, y en ello está comprendido el hecho de que se ha cometido una violación, en primer lugar, a la ley suprema, pero también comúnmente a otros ordenamientos administrativos, civiles y penales, de lo que derivarían diversas responsabilidades en esas materias, que pueden incluso coincidir como consecuencia del mismo acto.

El Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se llama “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado”; contiene una serie de supuestos que, de suceder, darían lugar a sanciones que pueden llegar a la destitución y aun a la reparación patrimonial.

De la propia Constitución y de los tratados que forman parte del bloque de “ley suprema” mexicana se desprenden disposiciones que tipifican conductas violatorias de los derechos humanos como delito, cual es el caso de la discriminación, de la tortura, la desaparición forzada y otras igualmente graves.

¿Acaso el reconocimiento de haber efectuado esas conductas no es razón suficiente para dar lugar a las sanciones que prevé la ley? Ciertamente, la recomendación por sí misma no es obligatoria –aunque creo que así debiera considerarse a pesar de no ser coercible– la aceptación de ella, con todas las consecuencias que de hecho y por derecho, vincula sin duda a quien, al hacerlo, reconoce la violación constitucional implicada. Por lo tanto, la fuente de obligatoriedad es tal reconocimiento y no la aceptación misma, razón por la cual se actualiza la hipótesis normativa respecto de la que están previstas las consecuencias jurídicas, incluidas las sanciones, que correspondan.

Es claro que una previsión legislativa que así lo contemplara probablemente produciría un mayor porcentaje de rechazos, pero no hay que olvidar que estos deberán estar debidamente fundados y motivados, so pena de tener que responder, en caso contrario, ante el respectivo órgano legislativo, según se trate de la autoridad federal o estatal.

En todo caso, además, parece preferible enfrentar sin disimulos una realidad de ficciones con una actitud que la combata para desterrarla, a mantener una que la propicie, con todo el efecto de corrosión que conlleva.

Con recomendación o sin ella, quien viole la ley es responsable de hacerlo, y si se trata de violaciones tan graves como son las que atentan contra los derechos y libertades fundamentales, timbre supremo de legitimidad de cualquier poder, la responsabilidad es de la mayor magnitud y la reacción debe ser concomitante.
22 Abril 2017 04:00:00
Derechos humanos y responsabilidades públicas
Dos destacados aspectos, entre muchos más de su contenido, se han contemplado en las dos entregas anteriores respecto del informe rendido por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el periodo de 2016: El relativo a la precariedad en la protección de los derechos fundamentales en México -acompañada de la gran vulnerabilidad que enfrentan sus defensores- y la muy extendida simulación que entre quienes detentan la autoridad, de cualquier rama, orden y nivel, impera.

Como en el caso de la CNDH, es común que las recomendaciones emitidas por los equivalentes órganos públicos de los estados de la república sean aceptadas, porque la implantación en la cultura popular de la conciencia de los derechos humanos -incipiente todavía, pero ya presente y con impulsos vigorosos- hace que cualquier negativa aparezca como una resistencia políticamente inadmisible y con muy negativas consecuencias en el camino hacia el poder y en el curso de su ejercicio.

A pesar de ello, pocas, muy pocas, se cumplen a cabalidad. En Coahuila, por ejemplo, una de cada cinco de ellas es satisfecha plenamente, mientras que el resto se cumple solo parcialmente, se finge cumplir o de plano se pasa por alto sin rubor alguno de parte de aquellas autoridades a quienes fueron dirigidas. Suponen ellas que el hecho de que las recomendaciones no sean “vinculatorias” implica que no puede haber consecuencias negativas provenientes del incumplimiento. Están, a mi juicio, equivocados.

Aceptar una recomendación implica reconocer sus fundamentos y motivaciones, y en ello está comprendido el hecho de que se ha cometido una violación, en primer lugar, a la ley suprema, pero también comúnmente a otros ordenamientos administrativos, civiles y penales, de lo que derivarían diversas responsabilidades en esas materias, que pueden incluso coincidir como consecuencia del mismo acto.

El Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se llama “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado”; contiene una serie de supuestos que, de suceder, darían lugar a sanciones que pueden llegar a la destitución y aún a la reparación patrimonial.

De la propia constitución y de los tratados que forman parte del bloque de “ley suprema” mexicana, se desprenden disposiciones que tipifican conductas violatorias de los derechos humanos como delito, cual es el caso de la discriminación, de la tortura, la desaparición forzada y otras igualmente graves.

¿Acaso el reconocimiento de haber efectuado esas conductas no es razón suficiente para dar lugar a las sanciones que prevé la ley? Ciertamente, la recomendación por sí misma no es obligatoria -aunque creo que así debiera considerarse a pesar de no ser coercible- la aceptación de ella, con todas las consecuencias que de hecho y por derecho, vincula sin duda a quien, al hacerlo, reconoce la violación constitucional implicada. Por lo tanto, la fuente de obligatoriedad es tal reconocimiento y no la aceptación misma, razón por la cual se actualiza la hipótesis normativa respecto de la que están previstas las consecuencias jurídicas, incluidas las sanciones, que correspondan.

Es claro que una previsión legislativa que así lo contemplara probablemente produciría un mayor porcentaje de rechazos, pero no hay que olvidar que estos deberán estar debidamente fundados y motivados, so pena de tener que responder, en caso contrario, ante el respectivo órgano legislativo, según se trate de la autoridad federal o estatal.

En todo caso, además parece preferible enfrentar sin disimulos una realidad de ficciones con una actitud que la combata para desterrarla, a mantener una que la propicie, con todo el efecto de corrosión que conlleva.

Con recomendación o sin ella, quien viole la ley es responsable de hacerlo, y si se trata de violaciones tan graves como son las que atentan contra los derechos y libertades fundamentales, timbre supremo de legitimidad de cualquier poder, la responsabilidad es de la mayor magnitud y la reacción debe ser concomitante.
16 Abril 2017 04:05:00
Una grave simulación generalizada
Sigo el análisis, iniciado en la entrega anterior, del informe rendido por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su correspondencia con las condiciones de esa misión compartidas por los organismos públicos del país dedicados a ella.

En algún momento de su exposición, Luis Raúl González Pérez expresó lo siguiente: “Por regla general todas las Recomendaciones que emite este organismo nacional son aceptadas, sin embargo, las acciones y medidas reales de cumplimiento no se materializan o tardan mucho en concretarse. El que se acepten formalmente las determinaciones de la CNDH no siempre tiene una incidencia real en que los hechos violatorios a derechos humanos se sancionen y prevengan, ni en que las víctimas accedan a la verdad, justicia y reparación a la que tienen derecho”.

Esa es una característica que, por regla general, se sigue en prácticamente todo el país, puesto que a ojos de la opinión pública –sobre todo la internacional– resulta “políticamente incorrecto” no aceptarlas, pero como “el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila”, también son comunes la simulación y el incumplimiento de las recomendaciones aceptadas.

En el ámbito nacional, el ombudsman urgió al cumplimiento de ellas, “para lo cual es necesario distinguir entre el pretendido cumplimiento que se da a las Recomendaciones (sic) mediante informes burocráticos que, por su extensión o complejidad, dilatan y distraen la actuación de los organismos de protección de los derechos humanos proporcionando información incompleta, parcial y no relevante respecto del contenido sustantivo de las Recomendaciones y las acciones pertinentes y medidas efectivas referidas a su cumplimiento real”.

Tiene además razón González Pérez cuando señala que, en algunos casos especialmente graves –como son los de desaparición forzada, tortura o ejecuciones arbitrarias– que subsistan y se repitan tales conductas, como desgraciadamente ocurre en todo el país, pone en severo entredicho el compromiso de las autoridades “con el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales”, para poner, acto seguido, el dedo en una punzante llaga: “Su silencio e indiferencia demostrarían una falta de interés en la atención de estas problemáticas, lo cual pondría en duda la voluntad real de que estas prácticas se erradiquen en definitiva de nuestra vida institucional y social. Los años transcurren y los avances efectivos y concretos que nuestro país presenta en la atención de estos temas son menores”.

Por eso, añadió, en los casos vinculados con estas conductas “no puede haber olvido ni permitirse el silencio. La falta de acción de las autoridades contribuye a preservar estas prácticas, fortalece la impunidad, aumenta el desamparo y sufrimiento de las víctimas y de sus familiares ante la injusticia, el atropello y el abuso del poder. Los llamados de la CNDH con frecuencia no se atienden efectivamente, siendo contraproducente que se espere hasta que alguna instancia internacional reitere lo que ya se había señalado, para que se empiece a actuar o se exprese interés en algún tema…”

En efecto, es frecuente la referencia a supuestos “estándares internacionales” para justificar medidas y supuestas políticas públicas en cuestiones aparentemente propicias a la protección de los derechos humanos, cuando lo natural debiera ser atender las alertas que, sin ir muy lejos por ellas, se generan en nuestras propias latitudes.

Concuerdo con lo expresado por Luis Raúl González Pérez en el párrafo que a continuación transcribo, con el cual concluyo este artículo, a reserva de señalar en la siguiente semana algunas reflexiones para enmendar tan lamentable y generalizado desinterés de la autoridad por cumplir con el deber de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos: “El costo para el Estado, de no atender oportunamente los llamados de los organismos de derechos humanos, es muy alto, pues su prestigio y compromiso a nivel internacional con la causa de la dignidad humana queda en entredicho. El silencio, la inacción y la indiferencia propician la impunidad de aquellos que violentaron de manera directa los derechos de las personas”.
16 Abril 2017 04:00:00
Una grave simulación generalizada
Sigo el análisis, iniciado en la entrega anterior, del informe rendido por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su correspondencia con las condiciones de esa misión compartidas por los orgasmos públicos del país dedicados a ella.

En algún momento de su exposición, Luis Raúl González Pérez expresó lo siguiente: “Por regla general todas las Recomendaciones que emite este Organismo Nacional son aceptadas, sin embargo, las acciones y medidas reales de cumplimiento no se materializan o tardan mucho en concretarse. El que se acepten formalmente las determinaciones de la CNDH no siempre tiene una incidencia real en que los hechos violatorios a derechos humanos se sancionen y prevengan, ni en que las víctimas accedan a la verdad, justicia y reparación a la que tienen
derecho”.

Esa es una característica que, por regla general, se sigue en prácticamente todo el país, puesto que a ojos de la opinión pública -sobre todo la internacional- resulta “políticamente incorrecto” no aceptarlas, pero como “el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila”, también son comunes la simulación y el incumplimiento de las recomendaciones aceptadas.

En el ámbito nacional, el ombudsman urgió al cumplimiento de ellas, “para lo cual es necesario distinguir entre el pretendido cumplimiento que se da a las Recomendaciones (sic) mediante informes burocráticos que, por su extensión o complejidad, dilatan y distraen la actuación de los organismos de protección de los derechos humanos proporcionando información incompleta, parcial y no relevante respecto del contenido sustantivo de las Recomendaciones y las acciones pertinentes y medidas efectivas referidas a su cumplimiento real”.

Tiene además razón González Pérez cuando señala que, en algunos casos especialmente graves -como son los de desaparición forzada, tortura o ejecuciones arbitrarias- que subsistan y se repitan tales conductas, como desgraciadamente ocurre en todo e país, pone en severo entredicho el compromiso de las autoridades “con el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales”, para poner, acto seguido, el dedo en una punzante llaga: “Su silencio e indiferencia demostrarían una falta de interés en la atención de estas problemáticas, lo cual pondría en duda la voluntad real de que estas prácticas se erradiquen en definitiva de nuestra vida institucional y social. Los años transcurren y los avances efectivos y concretos que nuestro país presenta en la atención de estos temas son menores”.

Por eso, añadió, en los casos vinculados a estas conductas “no puede haber olvido ni permitirse el silencio. La falta de acción de las autoridades contribuye a preservar estas prácticas, fortalece la impunidad, aumenta el desamparo y sufrimiento de las víctimas y de sus familiares ante la injusticia, el atropello y el abuso del poder. Los llamados de la CNDH con frecuencia no se atienden efectivamente, siendo contraproducente que se espere hasta que alguna instancia internacional reitere lo que ya se había señalado, para que se empiece a actuar o se exprese interés en algún tema…”

En efecto, es frecuente la referencia a supuestos “estándares internacionales” para justificar medidas y supuestas políticas públicas en cuestiones aparentemente propicias a la protección de los derechos humanos, cuando lo natural debiera ser atender las alertas que, sin ir muy lejos por ellas, se generan en nuestras propias latitudes.

Concuerdo con lo expresado por Luis Raúl González Pérez en el párrafo que a continuación transcribo, con el cual concluyo este artículo, a reserva de señalar en la siguiente semana algunas reflexiones para enmendar tan lamentable y generalizado desinterés de la autoridad por cumplir con el deber de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos: “El costo para el Estado de no atender oportunamente los llamados de los organismos de derechos humanos es muy alto, pues su prestigio y compromiso a nivel internacional con la causa de la dignidad humana queda en entredicho. El silencio, la inacción y la indiferencia propician la impunidad de aquellos que violentaron de manera directa los derechos de las personas”.
09 Abril 2017 04:00:00
Derechos humanos: asedios e insuficiencias
“Dos mil dieciséis no fue un buen año para los derechos humanos en México. La corrupción, la impunidad, y la falta de una efectiva rendición de cuentas hizo patente la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones. Se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales, en su gran mayoría permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecerían ser la constante”.

Con ese tajante, inequívoco, párrafo inició su informe anual Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México.

Lo hizo en la residencia oficial de Los Pinos, en presencia del Presidente de la República y sus secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Educación, así como el procurador general de la República y la representación de las dos cámaras del Congreso de la Unión, acompañado del Consejo Consultivo de la Comisión en pleno y ante un copioso número de representantes de la sociedad civil y los defensores públicos de los derechos humanos de todo el país.

Por si no bastara para alertar a los oyentes esa llamada de atención, González Pérez desarrolló su inicial idea diciendo que, independientemente de que ello se debiera a ineficiencias burocráticas o a la “insolvencia ética” de los servidores públicos, la consecuencia es el desencanto social acerca de la aptitud de las autoridades para respetar y aplicar la ley, que no es, ni puede ser, algo discrecional, sujeto a negociación para favorecer intereses particulares.

Aquí mismo se ha insistido en la necesidad de que la actuación institucional debe orientarse por la virtud cívica, el deber y la responsabilidad de la función, lo que es absolutamente incompatible con los intereses particulares de quienes detentan el poder público.

Por eso, no podría estar más de acuerdo con el postulado del ombudsman nacional cuando dice que: “Sin una cultura ética que permeé en las instituciones, que haga evidente el compromiso de las autoridades con la legalidad y el respeto a los derechos humanos, difícilmente podremos fortalecer nuestro estado de derecho y se seguirán preservando la corrupción y la impunidad dentro de nuestra realidad nacional”.

Palabras duras las anteriores, que sin embargo palidecen cuando, rotundo, afirma: “Un año en el cual la impunidad, la falta de capacitación, así como la desidia por parte de las instancias competentes, permitió que subsistieran prácticas tan graves como la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones arbitrarias, lo cual trajo como consecuencia que el acceso a la verdad y a la justicia sigan siendo una mera aspiración para muchas personas”.

La crudeza del texto transcrito, infortunadamente, no va a la zaga de las circunstancias, y por eso tampoco parece excesivo el exhorto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirige a todo sector de autoridad, de gobierno y de gestión pública en el país: que “se escuchen y atiendan con sensibilidad, compromiso, y de manera integral las denuncias de los familiares de desaparecidos sobre posibles hallazgos futuros”, tanto como que los trabajos que deriven de ese objetivo sean efectuados con conocimientos técnicos y científicos especializados.

Urgente llamado es ese que, de no ser puntual y diligentemente atendido, ahondará el descrédito que tanto pesa ya sobre nuestras asediadas instituciones y tanto ha minado la confianza en ellas.

Lo que hasta aquí se ha reseñado fue sólo el introito de una reflexiva, valiente y enérgica exposición sobre el estado que guardan la protección y garantía de los derechos humanos en México, a juicio de quien informaba, sí, pero haciéndose eco de las realidades reflejadas también por los organismos públicos defensores de los derechos humanos en cada entidad del país.

Mucho más fondo tiene el informe y mérito de sobra para ser comentado de modo más extenso y con mayor hondura, pero el espacio lo hace por ahora imposible. Ha de ser continuada esa tarea, por lo tanto, en la próxima entrega.
09 Abril 2017 04:00:00
Derechos humanos: Asedios e insuficiencias
“Dos mil dieciséis no fue un buen año para los derechos humanos en México. La corrupción, la impunidad y la falta de una efectiva rendición de cuentas, hizo patente la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones. Se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales, en su gran mayoría permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecerían ser la constante”.

Con ese tajante, inequívoco, párrafo inició su informe anual Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México.

Lo hizo en la residencia oficial de Los Pinos, en presencia del presidente de la República y sus secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Educación, así como el procurador general de la República y la representación de las dos cámaras del Congreso de la Unión, acompañado del Consejo Consultivo de la Comisión en pleno y ante un copioso número de representantes de la sociedad civil y los defensores públicos de los derechos humanos de todo el país.

Por si no bastara para alertar a los oyentes esa llamada de atención, González Pérez desarrolló su inicial idea diciendo que, independientemente de que ello se debiera a ineficiencias burocráticas o a la “insolvencia ética” de los servidores públicos, la consecuencia es el desencanto social acerca de la aptitud de las autoridades para respetar y aplicar la ley, que no es, ni puede ser, algo discrecional, sujeto a negociación para favorecer intereses particulares.

Aquí mismo se ha insistido en la necesidad de que la actuación institucional debe orientarse por la virtud cívica, el deber y la responsabilidad de la función, lo que es absolutamente incompatible con los intereses particulares de quienes detentan el poder público.

Por eso, no podría estar más de acuerdo con el postulado del ombudsman nacional cuando dice que: “Sin una cultura ética que permee en las instituciones, que haga evidente el compromiso de las autoridades con la legalidad y el respeto a los derechos humanos, difícilmente podremos fortalecer nuestro Estado de Derecho y se seguirán preservando la corrupción y la impunidad dentro de nuestra realidad nacional”.

Palabras duras las anteriores, que sin embargo palidecen cuando, rotundo, afirma: “Un año en el cual la impunidad, la falta de capacitación, así como la desidia por parte de las instancias competentes, permitió que subsistieran prácticas tan graves como la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones arbitrarias, lo cual trajo como consecuencia que el acceso a la verdad y a la justicia sigan siendo una mera aspiración para muchas personas”.

La crudeza del texto transcrito, infortunadamente, no va a la zaga de las circunstancias, y por eso tampoco parece excesivo el exhorto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirige a todo sector de autoridad, de gobierno y de gestión pública en el país: Que “se escuchen y atiendan con sensibilidad, compromiso, y de manera integral las denuncias de los familiares de desaparecidos sobre posibles hallazgos futuros”, tanto como que los trabajos que deriven de ese objetivo sean efectuados con conocimientos técnicos y científicos especializados.

Urgente llamado es ese que, de no ser puntual y diligentemente atendido, ahondará el descrédito que tanto pesa ya sobre nuestras asediadas instituciones y tanto ha minado la confianza en ellas.

Lo que hasta aquí se ha reseñado fue sólo el introito de una reflexiva, valiente y enérgica exposición sobre el estado que guardan la protección y garantía de los derechos humanos en México, a juicio de quien informaba, sí, pero haciéndose eco de las realidades reflejadas también por los organismos públicos defensores de los derechos humanos en cada entidad del país.

Mucho más fondo tiene el informe y mérito de sobra para ser comentado de modo más extenso y con mayor hondura, pero el espacio lo hace por ahora imposible. Ha de ser continuada esa tarea, por lo tanto, en la próxima entrega.
02 Abril 2017 04:02:00
Refugiados y migrantes
El tramo es largo y los riesgos, siempre, son muchos y muy serios.

La gente que deja sus casas para buscarse la vida raramente lo hace por gusto. Son el hambre y el afán legítimo, natural además, se diría, de procurar mejorar las condiciones materiales de vida para sí y la familia, lo que mueve a los seres humanos a desplazarse lejos del hogar original.

El fenómeno, tan descarnadamente sentido por nosotros, es sin embargo universal, siempre dramático e invariablemente devastador.

Hay sitios donde, inclusive, la cara de la injusticia es extrema, como ocurre en el África.

Hace unos días se celebró en Barcelona un ciclo de conferencias organizado por la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi (HTSI), de la Universidad Ramón Llull, bajo el nombre, como cada año, de Semana Ignaciana, dedicado esta vez al tema El Derecho por la Paz y la No Violencia.

En ella, el profesor del HTSI compartió sus experiencias en un campo de refugiados de Sudán del Sur, que vive una de las crisis alimentarias más graves del mundo de todos los tiempos.

Ahí, millones de personas han abandonado sus hogares a causa de la violencia. Y, según explicó el profesor Palazzi, los campos de refugiados se ubican “en medio de la nada” y en ellos conviven alrededor de 140 mil personas, de las cuales nada menos que 55 mil son niños y 60 mil mujeres, porque la mayoría de los varones habían fallecido o estaban peleando en la guerra.

En esos campos, abunda Palazzi, los niños “mostraban la misma alegría que nosotros, pero ser niño en un país de guerra no es sólo ser un niño, es estar expuesto a convertirte en niño soldado y ser reclutado a la fuerza”.

Antonio Soler, presidente de la Fundación por la Paz (FundiPau), en su turno insistió en que no sólo es necesario reivindicar el “derecho de acogida” y fomentar la solidaridad, sino que hay que ir más lejos, imprescindiblemente, para remover las causas de la migración expelida por la injusticia y la violencia.

La convocatoria, certera y adecuada a mi juicio, de Soler fue para meditar –y actuar– sobre la raíz de las crisis recurrentes en esta materia, alrededor del mundo, enfatizando, con razón, que el problema central radica en “la crueldad del sistema que lo ocasiona”.

Él mismo postuló que la que llamó “fábrica de refugiados” pasa por diferentes niveles.

Uno de ellos, que a mi juicio es el medular, consiste en que tenemos un “sistema económico depredador que nos da calidad de vida a la mitad de la población gracias a la explotación y la miseria de la otra mitad”.

Tiene razón, como la tiene cuando afirma que de la responsabilidad por esta situación pesa sobre todos, en mayor o menor medida –aunque yo subrayaría que más sobre el “todo” que formamos– y la solución nos atañe por tanto a todos, participando de una manera u otra.

Sugiere Soler que una buena medida es detectar quiénes son los principales “accionistas”, dijo, de la “sociedad anónima” que se beneficia de la situación, y denunciarlo, haciendo todo lo posible para limitar su capacidad de hacer el mal, sin menoscabo de hacer lo que esté en nuestras manos, por mínimo que sea, para aligerar el sufrimiento de los millones de gentes que se ven afectados por tan grave injusticia.

En nuestro caso quizás no sea la guerra –aunque muchos países la del sur y regiones del nuestro padezcan una violencia equiparable– pero sin duda es la injusticia social patente en nuestra composición socioeconómica que denota, cuando menos una doble moral insostenible, aunque se quiera revestir de defensa de las libertades y derechos que no pueden serlo si son excluyentes.

La doble moral es tan violenta como la guerra y todavía más perniciosa. Como hace muy poco oí de un sabio amigo aguascalentense, “quien tiene doble moral no tiene ninguna”.
02 Abril 2017 04:00:00
Refugiados y migrantes
El tramo es largo y los riesgos, siempre, son muchos y muy serios.

La gente que deja sus casas para buscarse la vida raramente lo hace por gusto. Son el hambre y el afán legítimo, natural además, se diría, de procurar mejorar las condiciones materiales de vida para sí y la familia, lo que mueve a los seres humanos a desplazarse lejos del hogar original.

El fenómeno, tan descarnadamente sentido por nosotros, es sin embargo universal, siempre dramático, invariablemente devastador.

Hay sitios donde, inclusive, la cara de la injusticia es extrema, como ocurre en el África.

Hace nos días se celebró en Barcelona un ciclo de conferencias organizado por la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi (HTSI), de la Universidad Ramón Llull, bajo el nombre, como cada año, de “Semana Ignaciana”, dedicado esta vez al tema “El derecho por la Paz y la No Violencia”.

En ella, el profesor del HTSI compartió sus experiencias en un campo de refugiados de Sudán del Sur, que vive una de las crisis alimentarias más graves del mundo en todos los tiempos.

Ahí, millones de personas han abandonado sus hogares a causa de la violencia. Y, según explicó el profesor Palazzi, los campos de refugiados se ubican “en medio de la nada”, y en ellos conviven alrededor de ciento cuarenta mil personas, de las cuales nada menos que cincuenta y cinco mil son niños y sesenta mil mujeres, porque la mayoría de los varones habían fallecido o estaban peleando
en la guerra.

En esos campos, abunda Palazzi, los niños “mostraban la misma alegría que nosotros pero ser niño en un país de guerra no es solo ser un niño, es estar expuesto a convertirte en niño soldado y ser reclutado a la fuerza”.

Antonio Soler, presidente de la Fundación por la Paz (FundiPau), en su turno insistió en que no solo es necesario reivindicar el “derecho de acogida” y fomentar la solidaridad, sino que hay que ir más lejos, imprescindiblemente, para remover las causas de la migración expelida por la injusticia y la violencia.

La convocatoria, certera y adecuada a mi juicio, de Soler fue para meditar –y actuar- sobre la raíz de las crisis recurrentes en esta materia, alrededor del mundo, enfatizando, con razón, que el problema central radica en “la crueldad del sistema que lo ocasiona”.

Él mismo postuló que la que llamó “fábrica de refugiados” pasa por diferentes niveles.

Uno de ellos, que a mi juicio es el medular, consiste en que tenemos un “sistema económico depredador que nos da calidad de vida a la mitad de la población gracias a la explotación y la miseria de la otra mitad”.

Tiene razón, como la tiene cuando afirma que de la responsabilidad por esta situación pesa sobre todos, en mayor o menor medida –aunque yo subrayaría que más sobre el “todo” que formamos- y la solución nos atañe por tanto a todos, participando de una manera u otra.

Sugiere soler que una buena medida es detectar quiénes son los principales “accionistas”, dijo, de la “sociedad anónima” que se beneficia de la situación, y denunciarlo, haciendo todo lo posible para limitar su capacidad de hacer el mal, sin menoscabo de hacer lo que esté en nuestras manos, por mínimo que sea, para aligerar el sufrimiento de los millones de gentes que se ven afectados por tan
grave injusticia.

En nuestro caso quizás no sea la guerra –aunque muchos países la del sur y regiones del nuestro padezcan una violencia equiparable- pero sin duda es la injusticia social patente en nuestra composición socioeconómica, que denota, cuando menos una doble moral insostenible, aunque se quiera revestir de defensa de las libertades y derechos que no pueden serlo si son excluyentes.

La doble moral es tan violenta como la guerra y todavía más perniciosa. Como hace muy poco oí de un sabio amigo aguascalentense, “quien tiene doble moral no tiene ninguna”.
26 Marzo 2017 04:06:00
Intereses creados
Existe una fuerte tendencia a decir que el principal problema de México es la corrupción, pero no he encontrado todavía un concepto de ella que sea satisfactorio a cabalidad; tampoco una referencia concreta a sus causas.

En cambio, lo común es que se le ubique en el ámbito de las transacciones económicas ilegales entre particulares y agentes del Gobierno y que se señale como su origen principal la impunidad. No suelen considerarse en esta categoría las prácticas indebidas que tienen lugar entre particulares exclusivamente.

En mi opinión, tal imprecisión y parcialidad se deben a que se pierde de vista que la corrupción es no otra cosa que el síndrome que acumula los síntomas patológicos propios de un mal que encuentra su causa en una serie compleja de vicios y deficiencias cuya raíz es socialmente profunda y muy intrincada.

Esa condición no es privativa de la economía, como tampoco es en ella que tiene lugar su origen. La fuente de todos los males está en un egoísmo exacerbado que sólo aparenta atenuarse en presencia de amenazas comunes a los intereses que se comparten con otros, entre ellos los económicos, que pueden ser los más aparentes, pero no los únicos.

No se trata nada más de una carencia de valores, como usualmente se afirma, sino de una distorsión grave de los existentes.

La solución no está en promulgar más leyes y generar nueva burocracia, sino en la depuración de los paradigmas corrompidos por la búsqueda de protección a los intereses ajenos al deber ético de propender, en conjunto, al desarrollo integral y pleno de lo que cada uno y el todo pueden llegar a ser.

Los “intereses creados” en disonancia con el general son un ejemplo típico y denotan vínculos que pueden ser fuertes o débiles, efímeros o duraderos, pero siempre basados en coincidencias particulares.

Entre ellos, uno de los entramados más fuertes es el que se da desde la vinculación familiar y se agrega en el vecindario, la escuela y los lazos de vida más íntimos de lo que podría bien llamarse “clase social”, especialmente entre quienes integran los círculos concéntricos de la llamada “pequeña burguesía” –aunque también en otros segmentos socioeconómicos tenga lugar– que han generado redes de complicidad muy productivas, revestidas de aparentes virtudes basadas en falsas constelaciones simbólicas que comúnmente blanden como pretexto para inconfesables –e inadmisibles– tráficos de influencias.

Esos intereses refuerzan el agrupamiento entre sus miembros y se vinculan, incluso en contra de las instituciones, cuando alguno de ellos ve amenazados sus privilegios ilegítimos, aunque sentidos como merecidos, así sea que el riesgo provenga de la aplicación justa de la ley, general por definición, y siempre agrupándose contra quienes ellos mismos consideran ajenos al grupo.

Se rigen los miembros de esos sectores de la comunidad por una doble moral, que se refleja indefectiblemente en sus intentos de justificación de conductas irresponsables, pretendiendo eludir las consecuencias de sus acciones esgrimiendo argumentos falaces, basados frecuentemente en falsas premisas basadas, por ejemplo, en cuestiones tales como una supuesta “dignidad”, al final denigrada por los actores mismos.

Eso es corrupción. Cuando se pierde el sentido del deber y no se siente la responsabilidad sobre los propios actos, se actúa gravemente contra la civilidad virtuosa y la cohesión se pierde, como se pierde la consistencia de los tejidos orgánicos en presencia de la gangrena.

Para combatirla se requieren, es cierto, medidas urgentes que la detengan, pero erradicarla demanda una redefinición de los referentes sociales de las conductas humanas, de tal manera que la cohesión sea un resultado “natural” y virtuoso en la vida comunitaria, y no una férula inútil si no es para sólo soportar un cuerpo carcomido por la putrefacción.

La sociedad demanda solidaridad perenne, no sólo cuando se enfrentan catástrofes generalizadas, y ello requiere de libertades ejercidas con responsabilidad y la erradicación de la impunidad para con quienes no la merezcan. Sólo así podrá alcanzarse una solución duradera.

¿Una entelequia? Quizás, pero más vale buscarla ya.
26 Marzo 2017 04:00:00
Intereses creados
Existe una fuerte tendencia a decir que el principal problema de México es la corrupción, pero no he todavía encontrado un concepto de ella que sea satisfactorio a cabalidad; tampoco una referencia concreta a sus causas.

En cambio, lo común es que se le ubique en el ámbito de las transacciones económicas ilegales entre particulares y agentes del gobierno y que se señale como su origen principal la impunidad. No suelen considerarse en esta categoría las prácticas indebidas que tienen lugar entre particulares exclusivamente.

En mi opinión, tal imprecisión y parcialidad se deben a que se pierde de vista que la corrupción es no otra cosa que el síndrome que acumula los síntomas patológicos propios de un mal que encuentra su causa en una serie compleja de vicios y deficiencias cuya raíz es socialmente profunda y muy intrincada.

Esa condición no es privativa de la economía, como tampoco es en ella que tiene lugar su origen. La fuente de todos los males está en un egoísmo exacerbado que solo aparenta atenuarse en presencia de amenazas comunes a los intereses que se comparten con otros, entre ellos los económicos, que pueden ser los más aparentes, pero no los únicos.

No se trata nada más de una carencia de valores, como usualmente se afirma, sino de una distorsión grave de los existentes.

La solución no está en promulgar más leyes y generar nueva burocracia, sino en la depuración de los paradigmas corrompidos por la búsqueda de protección a los intereses ajenos al deber ético de propender, en conjunto, al desarrollo integral y pleno de lo que cada uno y el todo pueden llegar a ser.

Los “intereses creados” en disonancia con el general son un ejemplo típico y denotan vínculos que pueden ser fuertes o débiles, efímeros o duraderos, pero siempre basados en coincidencias particulares.

Entre ellos, uno de los entramados más fuertes es el que se da desde la vinculación familiar y se agrega en el vecindario, la escuela y los lazos de vida más íntimos de lo que podría bien llamarse “clase social”, especialmente entre quienes integran los círculos concéntricos de la llamada “pequeña burguesía” –aunque también en otros segmentos socioeconómicos tenga lugar– que han generado redes de complicidad muy productivas, revestidas de aparentes virtudes basadas en falsas constelaciones simbólicas que comúnmente blanden como pretexto para inconfesables –e inadmisibles– tráficos de influencias.

Esos intereses refuerzan el agrupamiento entre sus miembros y se vinculan, incluso en contra de las instituciones, cuando alguno de ellos ve amenazados sus privilegios ilegítimos, aunque sentidos como merecidos, así sea que el riesgo provenga de la aplicación justa de la ley, general por definición, y siempre agrupándose contra quienes ellos mismos consideran ajenos al grupo.

Se rigen los miembros de esos sectores de la comunidad por una doble moral, que se refleja indefectiblemente en sus intentos de justificación de conductas irresponsables, pretendiendo eludir las consecuencias de sus acciones esgrimiendo argumentos falaces, basados frecuentemente en falsas premisas basadas, por ejemplo, en cuestiones tales como una supuesta “dignidad”, al final denigrada por los actores mismos.

Eso es corrupción. Cuando se pierde el sentido del deber y no se siente la responsabilidad sobre los propios actos, se actúa gravemente contra la civilidad virtuosa y la cohesión se pierde, como se pierde la consistencia de los tejidos orgánicos en presencia de la gangrena.

Para combatirla se requieren, es cierto, medidas urgentes que la detengan, pero erradicarla demanda una redefinición de los referentes sociales de las conductas humanas, de tal manera que la cohesión sea un resultado “natural” y virtuoso en la vida comunitaria, y no una férula inútil si no es para sólo soportar un cuerpo carcomido por la putrefacción.

La sociedad demanda solidaridad perenne, no sólo cuando se enfrentan catástrofes generalizadas, y ello requiere de libertades ejercidas con responsabilidad y la erradicación de la impunidad para con quienes no la merezcan. Sólo así podrá alcanzarse una solución duradera.

¿Una entelequia? Quizás, pero más vale buscarla ya.
12 Marzo 2017 04:03:00
Llamadas a misa
Seguramente ha oído –o leído– la frase “como llamadas a misa”, en referencia a las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos. Es claro el significado: llaman las campanas a misa, pero sólo va quien quiere.

Así, dicen, sucede con las recomendaciones mencionadas, puesto que su carácter no vinculatorio –es decir, no obligatorio– provoca que, aun en el caso de ser aceptadas por la autoridad, su eficacia como medida garante de los derechos fundamentales es muy relativa, incluso –expresan los críticos y detractores– nula.

Aunque se trata de un lugar común, muy socorrido por cierto, creo que vale la pena reflexionar sobre el tópico.

En primer lugar hay que decir que, entre los católicos, se tiene por obligatorio acudir a misa los días “de precepto”. Por eso, las campanas tañen como aviso, sin perder de vista que el libre albedrío da margen para que cada quien decida sobre cumplir con esa obligación o no. Nadie los lleva de la oreja precisamente por eso.

En la laica comunidad más amplia de la “polis” cada ser humano integrante de ella tiene derechos que deben ser respetados –y no sólo eso, sino garantizados– por las autoridades. Cuando alguna de ellas incurre en falta frente a tal deber, también ha de ser responsable de las consecuencias. Para eso no debería hacer falta la coerción.

Si nos ubicamos en la vida cotidiana, pensemos que si fuera necesario impeler por la fuerza el cumplimiento de las obligaciones de cada quien, la vida en comunidad sería un caos y no habría poder capaz de ordenarlo.

Eso pasa con las recomendaciones, que suponen madurez cívica entre las autoridades y también entre los ciudadanos, que en un ámbito de respeto a la civilidad cumplen con sus deberes sin necesidad de ser forzados a ello.

¿Que las autoridades aceptan, pero no cumplen las recomendaciones o simulan hacerlo? Eso es cierto en un indeseablemente elevado porcentaje: una de cada cinco, según los datos ya informados, se cumple a cabalidad.

La solución no está en la sanción, sino en el sentido del deber que dicta el interés general, tan perdido de vista tan –y frecuentemente– por quienes más deberían tenerlo: las autoridades.

En el seno de toda comunidad cívica, esas “llamadas a misa” no son tales, son llamadas de atención a quienes pierden de vista que su función está orientada y se justifica solamente en orden de garantizar ese interés general –que suele llamarse, también, “bien común”– para que rectifiquen yerros en su actuación, tan graves como es la ruptura del orden que deben guardar, pensado, precisamente, para ordenar la vida comunitaria en vista del respeto a los derechos de cada quien, y la garantía de su libertad en el espacio personal.

La madurez de una comunidad depende de la de sus integrantes. Si para que cada quien haga lo que debe hacer se necesitara ser compelido por la fuerza, no habría civilización alguna en el mundo.

En la edad adulta no hace falta –no debería de hacer– que se fuerce a la gente para que haga lo que le toca hacer. Igualmente ocurre con las comunidades. Otra cosa sería signo de inmadurez e incluso, en el extremo, de “estado fallido”.

¿Llamadas a misa? No, avisos de que se ha quebrantado la base fundamental de la convivencia civilizada, y exhortos a la responsabilidad de quien ocupa funciones de autoridad para que enderece el rumbo.

Si para cumplir con nuestras obligaciones se necesitara el tolete, pobre porvenir enfrentaría nuestra comunidad.

A pesar de ello, para mejor “motivar” a las autoridades –en beneficio de los ciudadanos– está en el Congreso del Estado, desde noviembre anterior, una iniciativa de ley que, entre otras cosas, propende a que, cuando menos las recomendaciones aceptadas sean obligatorias e impliquen responsabilidad por su incumplimiento.

¿Por qué no ha prosperado? Son tiempos electorales. Habrá que preguntarle a quien debe tener la respuesta.
12 Marzo 2017 04:00:00
La política y el voto
Se aproxima ya el inicio formal de las campañas para la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo del estado, aunque lo cierto es que la promoción y organización de los cuadros para ese fin han empezado ya y se desarrollan muy intensamente.

De suyo, desde el mes de diciembre anterior podía ya oírse la opinión de que habría que atender, por ejemplo, los trabajos legislativos antes del primero de diciembre, porque a partir de esa fecha “todo va a ser político”.

Dos reflexiones sugiere una posición tal, que son sin duda tan relevantes como trascendentes: Una, aquella que se refiere a la naturaleza de lo político; la otra, la necesidad de que el ejercicio ciudadano de acudir a las urnas se base en la reflexión razonada sobre lo que conviene a la comunidad y no movido por el impacto mercadotécnico o por expectativas irrealizables.

Respecto del primer punto, habrá que decir que no solo los procesos electorales son “política”, sino solo una faceta de un comportamiento que tiende a mover voluntades hacia proyectos relevantes para la comunidad, apetecibles por ser valiosos generalizadamente. Se trata, en suma, de transferir valores.

Eso es la política y por eso es que política por excelencia es la actividad legislativa, que al expedir las normas estructura, con carácter obligatorio, el sentido de la actividad gubernamental, sus límites y los límites a las libertades privadas que sean imprescindibles para asegurar una convivencia pacífica, respetuosa, equitativa y, en una palabra, ordenada.

Política es toda la actividad que los parlamentarios realizan al ser la voz de la gente en el análisis y discusión de los problemas sociales que afectan a la comunidad y deciden, cuando sea necesario, orientar las medidas de solución que a su juicio se requieran por la vía legislativa.

Es por eso que resulta tan importante la selección de aquellos y aquellas que, en conjunto, tendrán a su cargo la importantísima función de ser portadores de las aspiraciones, anhelos y voces de quienes, en un conjunto social, componen las comunidades que en los congresos son representadas.

La jornada electoral de junio, ya muy cercana, requerirá entonces de los votantes una reflexión profunda y muy seria sobre el futuro compartido que quieren, hecha además con los pies en la tierra, para evitar que su decisión termine en una ilusión que, en lugar de ser positiva para la comunidad, se traduzca en el beneficio de unos cuantos que puedan adueñarse de la situación en favor propio.

Un buen elemento para medir la perspectiva que ofrecen los aspirantes a puestos de elección popular es su actitud pública frente a la libertad de cada quien, que debe ser garantizada tanto como su derecho a no ser perturbada -que es también deber de no perturbar- por los derechos ajenos.

Ese equilibrio es básico para la convivencia virtuosa, y solo podrá conseguirse cuando se busque garantizar el interés general, que por definición incluye todo interés sectorial legítimo que en el seno de aquel aliente.

Hay vicios, por infortunio, que desvirtúan esa finalidad, mismos que -¡por supuesto!- tienden a ser encubiertos por expresiones de apariencia democrática, pero en el fondo de natural demagógico, cuando se evita el aseguramiento del cumplimiento del deber contrario de impelerlo. Hay que evitarlos, y la mejor forma de hacerlo es, en principio, mediante un voto razonado, fundado en el análisis de la información ya copiosa al alcance de cualquiera, y aun en la sospechosa carencia de aquella que no lo esté.

Ese es el primer paso, pero hace falta además el seguimiento de la gestión de los electos y acudir a los medios, jurisdiccionales o no jurisdiccionales, que sean necesarios para asegurar que en su desempeño cumplan efectivamente con el deber de respetar las libertades y garantizar los derechos de la gente.

La expresión inicial de la democracia es el voto. De que sea razonado, y vigilado el desempeño de quienes resulten electos, dependerá la política definitoria del futuro deseado.
12 Marzo 2017 04:00:00
Llamadas a misa
Seguramente ha oído –o leído- la frase “como llamadas a misa”, en referencia a las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos. Es claro el significado: Llaman las campanas a misa, pero sólo va quien quiere.


Así, dicen, sucede con las recomendaciones mencionadas, puesto que su carácter no vinculatorio –es decir, no obligatorio- provoca que, aun en el caso de ser aceptadas por la autoridad, su eficacia como medida garante de los derechos fundamentales es muy relativa, incluso –expresan los críticos y detractores- nula.


Aunque se trata de un lugar común, muy socorrido por cierto, creo que vale la pena reflexionar sobre el tópico.


En primer lugar hay que decir que, entre los católicos, se tiene por obligatorio acudir a misa los días “de precepto”. Por eso, las campanas tañen como aviso, sin perder de vista que el libre albedrío da margen para que cada quien decida sobre cumplir con esa obligación o no. Nadie los lleva de la oreja precisamente por eso.


En la laica comunidad más amplia de la “polis” cada ser humano integrante de ella tiene derechos que deben ser respetados –y no sólo eso, sino garantizados- por las autoridades. Cuando alguna de ellas incurre en falta frente a tal deber, también ha de ser responsable de las consecuencias. Para eso no debería hacer falta la coerción.


Si nos ubicamos en la vida cotidiana, pensemos que si fuera necesario impeler por la fuerza el cumplimiento de las obligaciones de cada quien, la vida en comunidad será un caos y no habría poder capaz de ordenarlo.


Eso pasa con las recomendaciones, que suponen madurez cívica entre las autoridades, y también entre los ciudadanos, que en un ámbito de respeto a la civilidad cumplen con sus deberes sin necesidad de ser forzados a ello.


¿Qué las autoridades aceptan, pero no cumplen, las recomendaciones, o simulan hacerlo? Eso es cierto en un indeseablemente elevado porcentaje: una de cada cinco, según los datos ya informados, se cumple a cabalidad.


La solución no está en la sanción, sino en el sentido del deber que dicta el interés general, tan perdido de vista tan –y frecuentemente- por quienes más deberían tenerlo: las autoridades.


En el seno de toda comunidad cívica, esas “llamadas a misa” no son tales; son llamadas de atención a quienes pierden de vista que su función está orientada y se justifica solamente en orden de garantizar ese interés general –que suele llamarse, también, “bien común”- para que rectifiquen yerros en su actuación, tan graves como es la ruptura del orden que deben guardar, pensado, precisamente, para ordenar la vida comunitaria en vista del respeto a los derechos de cada quien, y la garantía de su libertad en el espacio personal.


La madurez de una comunidad depende de la de sus integrantes. Si para que cada quien haga lo que debe hacer se necesitara de ser compelido por la fuerza, no habría civilización alguna en el mundo.


En la edad adulta no hace falta –no debería de hacer- que se fuerce a la gente para que haga lo que le toca hacer. Igualmente ocurre con las comunidades. Otra cosa sería signo de inmadurez e incluso, en el extremo, de “estado fallido”.


¿Llamadas a misa? No, avisos de que se ha quebrantado la base fundamental de la convivencia civilizada, y exhortos a la responsabilidad de quien ocupa funciones de autoridad para que enderece el rumbo.


Si para cumplir con nuestras obligaciones se necesitara el tolete, pobre porvenir enfrentaría nuestra comunidad.


A pesar de ello, para mejor “motivar” a las autoridades -en beneficio de los ciudadanos- está en el Congreso del Estado, desde noviembre anterior, una iniciativa de ley que, entre otras cosas, propende a que, cuando menos las recomendaciones aceptadas, sean obligatorias e impliquen responsabilidad por su incumpliendo.


¿Por qué no ha prosperado? Son tiempos electorales. Habrá que preguntarle a quien debe tener la respuesta.
05 Marzo 2017 04:06:00
Un nuevo sentido empresarial
Ante la evidente crisis del capitalismo liberal, tanto como la debacle del comunismo marxista y los fallidos intentos de la “tercera vía” socialdemócrata, es necesario encontrar alternativas que abran opciones viables.

Un buen intento en ese sentido ofrece el profesor austriaco Christian Felber, quien ha sostenido que el sistema económico actual es perverso y beneficia comportamientos que no son éticos.

Entrevistado recientemente por Europa Press (
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-christian-felber-sistema-economico-actual-perverso-beneficia-comportamientos-no-eticos-20170227131435.html), Felber sostuvo que es necesario promover “un cambio radical en la lógica del sistema económico actual”, en el que “las empresas no funcionen como hasta ahora: compitiendo unas contra otras y buscando el máximo beneficio económico, pues esa lógica conlleva comportamientos contrarios al bien común”, porque, sostiene, los sistemas económicos no son neutrales, sino que suelen favorecer o impedir que salga lo mejor del ser humano.

Propone, para reencauzar la actividad económica, un camino “moderado”, que hace consistir en uno que se base en los mejores valores aptos para hacer florecer las relaciones entre los seres humanos: confianza, honestidad, responsabilidad, cooperación, compasión, democracia y generosidad, que según su propuesta pueden medirse mediante un sistema que él ha denominado “balance del bien común”.

El modelo de Felber se llama “economía del bien común”, y busca cambiar las reglas del juego basadas en el afán de lucro y la competencia por los mercados, por un modelo en el que priven la cooperación y la contribución en función de aquello que en la corriente escolástica del pensamiento ha dado en llamarse “bien común”.

Por la terminología que emplea y el sentido de sus enunciados, es fácil la identificación de esa propuesta con los postulados de la doctrina social cristiana y su visión basada en la función social de la propiedad privada, pero en modo alguno descalifica ese aspecto su valor sintético entre los extremos descarnados de las doctrinas enarboladas durante la guerra fría, que acreditaron su total fracaso en términos de humanismo, especialmente si se tiene en cuenta la visión innovadora que el autor de la idea ofrece cuando específica que su modelo no es hermético ni anquilosado, sino, por el contrario, abierto a la evolución y a la recepción de toda aquella modificación que, congruentemente con sus principios, propenda a los fines que su propuesta pretende alcanzar.

“La economía actual convierte los medios en fines. El dinero –el beneficio financiero y el PIB– es el fin, y entonces los valores que servimos son el egoísmo, el crecimiento ilimitado, el ir unos contra otros, la desigualdad ilimitada... Estos valores no están en ninguna Constitución, filosofía o religión del mundo y es un sistema de valores que la sociedad no quiere. Los valores fundamentales que la inmensa mayoría quiere para la economía son justicia, solidaridad, sostenibilidad y democracia”, dice, y tiene razón.

La dinámica actual puede –y debe revertirse– mediante una estrategia que involucre, colaborativamente, a todos los actores sociales y reoriente sus actividades hacia el bien común, para “generar una nueva dinámica: de la escasez a la satisfacción, de la competencia a la cooperación, del exceso al equilibrio”.

La propuesta no es nueva, vistas sus raíces escolásticas, pero en un momento en el que la globalidad ha roto toda barrera a la voracidad acumulativa de un capitalismo feroz, que además no enfrenta límite normativo alguno a su codicia implícita, es refrescante retomar, como alternativa posible, una opción humanística que realza la necesidad de recobrar una perspectiva existencial equitativa y virtuosa.

La opción no es panacea, pero tampoco es utópica, sino más bien, cuando se le observa con atención, enteléquica, porque más que irrealizable ilusión, es un redireccionamiento del potencial humano en el sentido correcto para andar hacia la conversión en acto el potencial de cada comunidad y de todas en el mundo, integradas en un solo sistema de gran complejidad.

Será difícil llegar a ese estado de cosas, pero hay que recordar que el que persevera alcanza y el que porfía mata venado.
05 Marzo 2017 04:00:00
Un nuevo sentido empresarial
Ante la evidente crisis del capitalismo liberal, tanto como la debacle del comunismo marxista y los fallidos intentos de la “tercera vía” socialdemócrata, es necesario encontrar alternativas que abran opciones viables.

Un buen intento en ese sentido ofrece el profesor austriaco Christian Felber, quien ha sostenido que el sistema económico actual es perverso y beneficia comportamientos que no son éticos.

Entrevistado recientemente por “Europa Press” (
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-christian-felber-sistema-economico-actual-perverso-beneficia-comportamientos-no-eticos-20170227131435.html), Ferber sostuvo que es necesario promover “un cambio radical en la lógica del sistema económico actual”, en el que “las empresas no funcionen como hasta ahora: competiendo unas contra otras y buscando el máximo beneficio económico, pues esa lógica conlleva comportamientos contrarios al bien común”, porque, sostiene, los sistemas económicos no son neutrales, sino que suelen favorecer o impedir que salga lo mejor del ser humano.

Propone, para reencauzar la actividad económica, un camino “moderado”, que hace consistir en uno que se base en los mejores valores aptos para hacer florecer las relaciones entre los seres humanos: Confianza, honestidad, responsabilidad, cooperación, compasión, cooperación, democracia y generosidad, que según su propuesta pueden medirse mediante un sistema que él ha denominado “Balance del Bien Común”.

El modelo de Felber se llama “Economía del Bien Común”, y busca cambiar las reglas del juego basadas en el afán de lucro y la competencia por los mercados, por un modelo en el que priven la cooperación y la contribución en función de aquello que en la corriente escolástica del pensamiento ha dado en llamarse “bien común”.

Por la terminología que emplea y el sentido de sus enunciados, es fácil la identificación de esa propuesta con los postulados de la doctrina social cristiana y su visión basada en la función social de la propiedad privada, pero en modo alguno descalifica ese aspecto su valor sintético entre los extremos descarnados de las doctrinas enarboladas durante la guerra fría, que acreditaron su total fracaso en términos de humanismo, especialmente si se tiene en cuenta la visión innovadora que el autor de la idea ofrece cuando específica que su modelo no es hermético ni anquilosado, sino, por el contrario, abierto a la evolución y a la recepción de toda aquella modificación que, congruentemente con sus principios, propenda a los fines que su propuesta pretende alcanzar.

“La economía actual convierte los medios en fines. El dinero -el beneficio financiero y el PIB- es el fin, y entonces los valores que servimos son el egoísmo, el crecimiento ilimitado, el ir unos contra otros, la desigualdad ilimitada...Estos valores no están en ninguna Constitución, filosofía o religión del mundo y es un sistema de valores que la sociedad no quiere. Los valores fundamentales que la inmensa mayoría quiere para la economía son justicia, solidaridad, sostenibilidad y democracia”, dice, y tiene razón.

La dinámica actual puede -y debe revertirse- mediante una estrategia que involucre, colaborativamente, a todos los actores sociales y reoriente sus actividades hacia el bien común, para “generar una nueva dinámica: De la escasez a la satisfacción, de la competencia a la cooperación, del exceso al equilibrio”.

La propuesta no es nueva, vistas sus raíces escolásticas, pero en un momento en el que la globalidad ha roto toda barrera a la voracidad acumulativa de un capitalismo feroz, que además no enfrenta límite normativo alguno a si codicia implícita, es refrescante retomar, como alternativa posible, una opción humanística que realza la necesidad de recobrar una perspectiva existencial equitativa y virtuosa.

La opción no es panacea, pero tampoco es utópica, sino más bien, cuando se le observa con atención, enteléquica, porque más que irrealizable ilusión, es un redireccionamiento del potencial humano en el sentido correcto para andar hacia la conversión en acto el potencial de cada comunidad y de todas en el mundo, integradas en un solo sistema de gran complejidad.

Será difícil llegar a ese estado de cosas, pero hay que recordar que el que persevera alcanza y el que porfía mata venado.
26 Febrero 2017 04:02:00
El Sistema Nacional Anticorrupción
Da sus primeros pasos el Sistema Nacional Anticorrupción, y a veces se antojan tímidos. Ojalá que eso sea fruto de la prudencia y no de causas inconfesables.

No es el primer intento que se hace desde la cúspide para abatir normativamente el problema, expidiendo leyes y creando burocracia, para incurrir a la postre en una efectividad nula, porque si en la apariencia se queda el intento, el mal, lejos de remitir, se agrava por el disfraz que los placebos le ofrecen.

Ninguna ley, ningún sistema burocrático será eficaz mientras no sea permeada la médula misma de la sociedad, su cultura, de modo que el apetito que mueva las conductas, en general, sea el que conduzca al decoro, una noción que, como la moral, suena hueca para muchos y parece que ha cedido su paso al pragmatismo vulgar y espurio que se ha construido en torno de la riqueza económica, que cada vez con más claridad se deja ver como inversamente proporcional a la que de veras vale y se rige por parámetros de honor y justicia.

Que no sea el temor al castigo lo que inhiba las conductas indebidas, sino el sentido del deber solidario, con uno mismo –aunque a veces parezca fútil mencionarlo– y con los otros, que en una sociedad que no esté enferma, también lo tienen, de manera que eso genera confianza y produce comunidad.

No se trata de ser ingenuo ni de pecar de lenidad, sino de impulsar tradiciones fincadas en la conciencia de los deberes propios, sin necesidad de que evitar la sanción sea el aliciente para actuar como es debido. Que así sean las cosas es interés de todos, es de interés general.

Aunque todavía existe gente que contrapone a la moral y al derecho, es imposible pasar por alto que ambas nociones significan especies del mismo género, por lo que cualquier búsqueda de corrección tiene que ser fincada sobre premisas de compatibilidad.

Pero es evidente que eso no basta, porque la ni la más congruente construcción formal será efectiva si no se lleva a la práctica, y en este punto es necesario tener en cuenta que, sin un efectivo y generalizadamente voluntario cumplimiento de los deberes de convivencia, ninguna medida legislativa, por amplia que sea, surtirá el efecto que dice desear.

Cuando se adueñan de la sociedad los antivalores, el pacto social que permite el transcurso de la vida comunitaria se trastoca y puede poner en peligro la permanencia misma del ente social. Si acaso eso ocurre entre quienes, por la función que se ha delegado en ellos, debieran ser custodios de los mismos, las cosas se ponen graves en extremo; por eso, cuando confluyen en su quehacer el interés general que a su cuidado se ha puesto, con intereses privados, prevenir la mera sospecha de colisión de intereses se vuelve un imperativo inexcusable.

Han sido ya muchas las normas que dicen propender a la erradicación de la corrupción. Si hubieran sido aplicadas, habrían podido ser eficaces, pero la historia demuestra que no ha sido así, sino al contrario: la práctica ha sido su empleo en ocasiones contadas, para peor, para venganza o fines poco confesables.

Así no podrá caminarse jamás en el buen sentido, y en cambio las condiciones tenderán a empeorar. La naturaleza del mal reside en los vicios que se han hecho habituales, trastocando valores tradicionales que en el bien generalizado se basan, y si bien la impunidad es un pernicioso aliciente de la corrupción, el combate contra ella no puede consistir nada más en perseguir delincuentes y escarmentarlos.

Sólo si la disfunción en las causas logra enderezarse, los vicios indeseables podrán erradicarse, y eso se logra –no de otra manera– sino desde la tradición educacional de valores verdaderamente sentidos y vividos, reforzados e impulsados por el vehículo de la educación y el ejemplo que los exalten, suprimiendo además, de verdad y sin excepciones, el negativo incentivo de la impunidad.
26 Febrero 2017 04:00:00
El Sistema Nacional Anticorrupción
Da sus primeros pasos el Sistema Nacional Anticorrupción, y a veces se antojan tímidos. Ojalá que eso sea fruto de la prudencia y no de causas inconfesables.

No es el primer intento que se hace desde la cúspide para abatir, normativamente el problema, expidiendo leyes y creando burocracia, para incurrir a la postre en una efectividad nula, porque si en la apariencia se queda el intento, el mal, lejos de remitir, se agrava por el disfraz que los placebos le ofrecen.

Ninguna ley, ningún sistema burocrático será eficaz mientras no sea permeada la médula misma de la sociedad, su cultura, de modo que el apetito que mueva las conductas, en general, sea el que conduzca al decoro, una noción que, como la moral, suena hueca para muchos y parece que ha cedido su paso al pragmatismo vulgar y espurio que se ha construido en torno de la riqueza económica, que cada vez con más claridad se deja ver como inversamente proporcional a la que de veras vale y se rige por parámetros de honor y
justicia.

Que no sea el temor al castigo lo que inhiba las conductas indebidas, sino el sentido del deber solidario, con uno mismo -aunque a veces parezca fútil mencionarlo- y con los otros, que en una sociedad que no esté enferma, también lo tienen, de manera que eso genera confianza y produce comunidad.

No se trata de ser ingenuo ni de pecar de lenidad, sino de impulsar tradiciones fincadas en la conciencia de los deberes propios, sin necesidad de que evitar la sanción sea el aliciente para actuar como es debido. Que así sean las cosas es interés de todos, es de interés general.

Aunque todavía existe gente que contrapone a la moral y al derecho, es imposible pasar por alto que ambas nociones significan especies del mismo género, por lo que cualquier búsqueda de corrección tiene que ser fincada sobre premisas de compatibilidad.

Pero es evidente que eso no basta, porque la ni la más congruente construcción formal será efectiva si no se lleva a la práctica, y en este punto es necesario tener en cuenta que, sin un efectivo y generalizadamente voluntario cumplimiento de los deberes de convivencia, ninguna medida legislativa, por amplia que sea, surtirá el efecto que dice desear.

Cuando se adueñan de la sociedad los antivalores, el pacto social que permite el transcurso de la vida comunitaria se trastoca y puede poner en peligro la permanencia misma del ente social. Si acaso eso ocurre entre quienes, por la función que se ha delegado en ellos, debieran ser custodios de los mismos, las cosas se ponen graves en extremo; por eso, cuando confluyen en su quehacer el interés general que a su cuidado se ha puesto, con interese privados, prevenir la mera sospecha de colisión de intereses se vuelve un imperativo inexcusable.

Han sido ya muchas las normas que dicen propender a la erradicación de la corrupción. Si hubieran sido aplicadas, habrían podido ser eficaces, pero la historia demuestra que no ha sido así, sino al contrario: la práctica ha sido su empleo en ocasiones contadas, para peor, para venganza o fines poco confesables.

Así no podrá caminarse jamás en el buen sentido, y en cambio las condiciones tenderán a empeorar. La naturaleza del mal reside en los vicios que se han hecho habituales, trastocando valores tradicionales que en el bien generalizado se basan, y si bien la impunidad es un pernicioso aliciente de la corrupción, el combate contra ella no puede consistir nada más en perseguir delincuentes y escarmentarlos.

SOlo si la disfunción en las causas logra enderezarse, los vicios indeseables podrán erradicarse, y eso se logra -no de otra manera- sino desde la tradición educacional de valores verdaderamente sentidos y vividos, reforzados e impulsados por el vehículo de la educación y el ejemplo que los exalten, suprimiendo además, de verdad y sin excepciones, el negativo incentivo de la impunidad.
19 Febrero 2017 04:00:00
Biodiversidad en jaque
Hace unos días circuló por las redes sociales un impresionante video en el que un glaciar, del tamaño equivalente a un edificio de muchos pisos de altura y de extensión similar a Manhattan, colapsó de repente, ante la mirada de un observador científico, miembro de un equipo que realizaba estudios en la zona ártica.

Eso es sólo una muestra de lo que en los últimos tiempos, y con una celeridad no esperada, ha pasado: se han visto afectadas las regularidades meteorológicas de una manera pasmosa. Tormentas, inundaciones, tornados, huracanes, etc., son más frecuentes, como graves los daños que causan.

El efecto invernadero ya no puede ser más considerado como sólo una fuente inofensiva de incomodidades, porque es en realidad una alarmante causa de dramas verdaderos, cuyos alcances trascienden un daño previsible y geográficamente de alcances mundiales.

No sólo aquí, sino en Asia y en el Caribe, en Europa y en África la gente muere por cientos y millares como resultado del calentamiento de la tierra, cuya causa principal –la emisión de gases que impiden el intercambio calórico de la atmósfera y provocan que el planeta se caliente en exceso– crece a tasas exponenciales.

Según las estimaciones del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente CO2 (GEI), han aumentado a tal grado que el periodo comprendido entre 1983-2013, en 30 años, el calentamiento fue mayor que en los mil 400 años precedentes, mientras que estima que, si todo se deja como está, crecerán entre 9 y 36 gigatoneladas hacia el año 2030, sobre todo por emisiones de países que no han suscrito el Protocolo de Kyoto, como Estados Unidos de América.

La misma organización estima el costo de mitigar ese efecto en no más de 3% del Producto Mundial Bruto en el mismo plazo, monto que no parece desmesurado, sobre todo cuando se le compara con los costos de no erogarlo, que serán mucho mayores y los daños irreversibles.

El agua, con el bióxido de carbono y el metano, es también un GEI cuando se evapora. Además, los casquetes polares –ambos– reflejan el calor del sol. Por eso, a medida que se derriten, dejan de hacerlo, con lo que será menor la cantidad de calor que salga hacia el espacio y la tierra se calentará todavía más, provocando una espiral creciente que se conoce como “efecto amplificador”.

Hace falta un compromiso consistente de los gobiernos con los seres humanos que pueblan el mundo, reflejado efectivamente en políticas públicas concertadas globalmente, en las que tendrán que incluirse como actores principales las empresas industriales y ganaderas que más producen los gases mencionados.

Han tomado ya medidas en ese sentido algunas empresas y organizaciones ambientalistas, que han formado la United States Climate Action Partnership, con seis propósitos: 1) explicar las dimensiones globales del cambio del clima, 2) reconocer la importancia de la tecnología, 3) ser ambientalmente eficaces; 4) crear oportunidades y ventajas económicas a la par de las acciones para mejorar el clima; 5) ser justos con los sectores más afectados por el calentamiento global y lograr que se reduzcan las emisiones y, 6) reconocer y animar la acción temprana.

Esa sociedad ha exigido al Gobierno federal estadunidense, sistemáticamente, una intervención rápida y esmerada para reducir la emisión de GEI para el 2050, de tal modo que alcance un porcentaje ubicado entre 60 y 80%, así como la creación de incentivos para los negocios que se ajusten a los requisitos para lograr ese propósito.

Hoy, ese objetivo parece más lejano que nunca, con ser inaplazable su necesidad de ser atendido, puesto que se ve de manera tan irresponsable que –como se recordará– se ha expresado ya que “el calentamiento global es un mito”.

Hace falta más que cinismo y desfachatez para sostener ese aserto, tan irresponsable como la exaltación xenofóbica que se ha presenciado en la administración que empieza.

¿Hasta dónde podrán llegar los pasos de esa insensatez?
19 Febrero 2017 04:00:00
Biodiversidad en jaque
Hace unos días circuló por las redes sociales un impresionante video en el que un glaciar, de tamaño equivalente a un edificio de muchos pisos de altura y de extensión similar a Manhattan, colapsó de repente, ante la mirada de un observador científico, miembro de un equipo que realizaba estudios en la zona ártica.

Eso es sólo una muestra de lo que en los últimos tiempos, y con una celeridad no esperada, ha pasado: Se han visto afectadas las regularidades meteorológicas de una manera pasmosa. Tormentas, inundaciones, tornados, huracanes, etc., son más frecuentes, como graves los daños que causan.

El “efecto invernadero” ya no puede ser más considerada como sólo una fuente inofensiva de incomodidades, porque es en realidad una alarmante causa de dramas verdaderos, cuyos alcances trascienden un daño previsible y geográficamente de alcances mundiales.

No sólo aquí, sino en Asia y en el Caribe, en Europa y en África la gente muere por cientos y millares como resultado del calentamiento de la tierra, cuya causa principal –la emisión de gases que impiden el intercambio calórico de la atmósfera y provocan que el planeta se caliente en exceso- crece a tasas exponenciales.

Según las estimaciones del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente CO2 (GEI), han aumentado a tal grado que el período comprendido entre 1983–2013, en treinta años, el calentamiento fue mayor que en los 1,400 años precedentes, mientras que estima que, si todo se deja como está, crecerán entre 9 y 36 gigatoneladas hacia el año 2030, sobre todo por emisiones de países que no han suscrito el Protocolo de Kyoto, como los Estados Unidos
de América.

La misma organización estima el costo de mitigar ese efecto en no más del 3% del Producto Mundial Bruto en el mismo plazo, monto que no parece desmesurado, sobre todo cuando se le compara con los costos de no erogarlo, que serán mucho mayores y los daños
irreversibles.

El agua, con el bióxido de carbono y el metano, es también un GEI cuando se evapora. Además, los casquetes polares –ambos- reflejan el calor del sol. Por eso, a medida que se derriten, dejan de hacerlo, con lo que será menor la cantidad de calor que salga hacia el espacio y la tierra se calentará todavía más, provocando una espiral creciente que se conoce como “efecto amplificador”.

Hace falta un compromiso consistente de los gobiernos con los seres humanos que pueblan el mundo, reflejado efectivamente en políticas públicas concertadas globalmente, en las que tendrán que incluirse como actores principales las empresas industriales y ganaderas que más producen los gases mencionados.

Han tomado ya medidas en ese sentido algunas empresas y organizaciones ambientalistas, que han formado la “United States Climate Action Partnership”, con seis propósitos: 1) explicar las dimensiones globales del cambio del clima; 2) reconocer la importancia de la tecnología; 3) ser ambientalmente eficaces; 4) crear oportunidades y ventajas económicas a la par de las acciones para mejorar el clima; 5) ser justos con los sectores más afectados por el calentamiento global y lograr que se reduzcan las emisiones y, 6) reconocer y animar la acción temprana.

Esa sociedad ha exigido al gobierno federal estadounidense, sistemáticamente, una intervención rápida y esmerada para reducir la emisión de GEIs para el 2050, de tal modo que alcance un porcentaje ubicado entre el 60 y el 80%, así como la creación de incentivos para los negocios que se ajusten a los requisitos para lograr ese propósito.

Hoy, ese objetivo parece más lejano que nunca, con ser inaplazable su necesidad de ser atendido, puesto que se ve de manera tan irresponsable que -como se recordará- se ha expresado ya que “el calentamiento global es un mito”.

Hace falta más que cinismo y desfachatez para sostener ese aserto, tan irresponsable como la exaltación xenofóbica que se ha presenciado en la administración que empieza.

¿Hasta dónde podrán llegar los pasos de esa insensatez?
12 Febrero 2017 04:00:00
La nueva expresión del ‘destino manifiesto’
Michael T. Lubragge dice que la doctrina del “destino manifiesto” es “la filosofía que abarca la historia estadunidense como un todo”, y la caracteriza como “el cuerpo sistemático de conceptos y creencias que impulsó la vida y la cultura estadunidenses” (Manifest Destiny, http://odur.let.rug.nl/~usa/E/manifest/manif1.htm).

La expresión fue originalmente acuñada por John L. O’Sullivan en un artículo intitulado The Great Nation of Futurity, aparecido en 1845 en el periódico United States Magazine and Democratic Review, con la expresa intención de apoyar la anexión de Texas a Estados Unidos.

A tal grado se extendió esa “mística” y tan profundamente quedó imbíbita en el ánimo estadunidense, que evolucionó hasta convertirse en un pretendido “Destino Manifiesto Internacional”, cuyo momento señero se sitúa en 1867, año en el que Estados Unidos compró Alaska al Imperio Ruso, porque fue ese el primer paso dado más allá de las fronteras inmediatas para adquirir territorios.

Lubragge denomina a los matices impresos por lo que Cossío Villegas llamaría “estilo personal de gobernar” de los diversos presidentes estadunidenses, como “corolarios”, y así dice que el “Corolario Roosevelt” estableció que, aunque “un país tuviera un contrato legal con un país más pequeño, incivilizado, del Hemisferio Occidental, Estados Unidos podría intervenir e interrumpir ese contrato si pensara que el pacto no era en el mejor interés de los países chicos”, pretendiendo justificar, incluso, intervenciones militares como la efectuada en Panamá para poder capturar a Noriega.

Más recientemente, el que podría llamare el “corolario Bush”, con su política de “guerra preventiva”, no sólo fundó la intervención en Irak, sino que permeó todo el espectro de la guerra contra el terrorismo, que perduró después de él y parece haberse arraigado sin remedio como oriente de la política exterior estadunidense, aunque carece de un enemigo determinado y prescinde de la necesidad de una previa declaración formal, como es exigido –todavía– por el derecho internacional.

Es así que la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo entero y el ejercicio de su poder político, respaldado por las armas y las finanzas, ha pretendido –y pretende– legitimarse por una idea que se transformó en mística nacional, una construcción tan artificial como vana, que sin embargo, a golpe de propaganda y combinada con razones pragmáticas, cobró un cariz mesiánico que nutre todavía los afanes de su renovado expansionismo, cuyas peculiaridades y características se hacen presentes, de manera patente según se ha visto, desde los primeros días de la nueva gestión ejecutiva.

Las primeras medidas adoptadas por ella han despojado de todo velado encubrimiento, descarnadamente, la manifestación de ella, pero especialmente, según me parece, en las tres órdenes ejecutivas expedidas en la semana que concluye, para combatir, dentro y fuera de su país, a los grupos criminales transnacionales, en especial los cárteles de la droga.

Aunque en un lenguaje un poco más diplomáticamente pulido que otras órdenes y declaraciones, la intención de impedir el éxito de los grupos criminales que llama transnacionales “dentro y fuera de Estados Unidos”, denota muy claramente un riesgo mayor y plasma el que, en los términos empleados por Lubragge, bien podría denominarse “corolario Trump” de la doctrina del “destino manifiesto”.

Eso merece especial atención, y no está de más ser creativos en el diseño de las estrategias para encararla.

Una manera de hacerlo, según me parece, está en entender que las crisis son también oportunidades. ¿No será esta, acaso, una para combatir, en serio y por nosotros mismos, los vicios sistémicos propios, antes de que sirvan como pretexto para que de fuera se quiera pretextar un riesgo que justifique una intervención para “corregirlos”?

Bueno sería aprovechar para limpiar la casa, de una vez por todas, que buena falta hace y es necesario para sustentar cualquier actitud diplomática digna y apegada a los principios que, en México, la rigen constitucionalmente, porque el único destino “manifiesto” que cabe es el que se construye cada día desde la dignidad, la decencia y los valores universales.
12 Febrero 2017 04:00:00
La nueva expresión del ‘destino manifiesto’
Michael T. Lubragge dice que la doctrina del “destino manifiesto” es “la filosofía que abarca la historia estadounidense como un todo”, y la caracteriza como “el cuerpo sistemático de conceptos y creencias que impulsó la vida y la cultura estadounidenses” (Manifest Destiny, http://odur.let.rug.nl/~usa/E/manifest/manif1.htm).

La expresión fue originalmente acuñada por John L. O’Sullivan en un artículo intitulado “The Great Nation of Futurity”, aparecido en 1845 en el periódico “United States Magazine and Democratic Review”, con la expresa intención de apoyar la anexión de Texas a los Estados Unidos.

A tal grado se extendió esa “mística” y tan profundamente quedó imbíbita en el ánimo estadounidense, que evolucionó hasta convertirse en un pretendido “Destino Manifiesto Internacional”, cuyo momento señero se sitúa en 1867, año en el que los Estados Unidos compraron Alaska al Imperio Ruso, porque fue ese el primer paso dado más allá de las fronteras inmediatas para adquirir territorios.

Lubragge denomina a los matices impresos por lo que Cossío Villegas llamaría “estilo personal de gobernar” de los diversos presidentes estadounidenses, como “corolarios”, y así dice que el “Corolario Roosevelt” estableció que, aunque “un país tuviera un contrato legal con un país más pequeño, incivilizado, del Hemisferio Occidental, los Estados Unidos podrían intervenir e interrumpir ese contrato si pensaran que el pacto no era en el mejor interés de los países chicos”, pretendiendo justificar, incluso, intervenciones militares, como la efectuada en Panamá para capturar a Noriega.

Más recientemente, el que podría llamare el “corolario Bush”, con su política de “guerra preventiva”, no sólo fundó la intervención en Irak, sino que permeó todo el espectro de la guerra contra el terrorismo, que perduró después de él y parece haberse arraigado sin remedio como oriente de la política exterior estadounidense, aunque carece de un enemigo determinado y prescinde de la necesidad de una la previa declaración formal, como es exigido –todavía- por el derecho
internacional.

Es así que la hegemonía de los Estados Unidos sobre el mundo entero y el ejercicio de su poder político, respaldado por las armas y las finanzas, ha pretendido –y pretende- legitimarse por una idea que se transformó en mística nacional, una construcción tan artificial como vana, que sin embargo, a golpe de propaganda y combinada con razones pragmáticas, cobró un cariz mesiánico que nutre todavía los afanes de su renovado expansionismo, cuyas peculiaridades y características se hacen presentes, de manera patente según se ha visto, desde los primeros días de la nueva
gestión ejecutiva.

Las primeras medidas adoptadas por ella han despojado de todo velado encubrimiento, descarnadamente, la manifestación de ella, pero especialmente, según me parece, en las tres órdenes ejecutivas expedidas en la semana que concluye, para combatir, dentro y fuera de su país, a los grupos criminales transnacionales, en especial los cárteles de la droga.

Aunque en un lenguaje un poco más diplomáticamente pulido que otras órdenes y declaraciones, la intención de impedir el éxito de los grupos criminales que llama transnacionales “dentro y fuera de Estados Unidos”, denota muy claramente un riesgo mayor y plasma el que, en los términos empleados por Lubragge, bien podría denominarse “corolario Trump” de la doctrina del “destino
manifiesto”.

Eso merece especial atención, y no está de más ser creativos en el diseño de las estrategias para encararla.

Una manera de hacerlo, según me parece, está en entender que las crisis son también oportunidades ¿No será ésta, acaso, una para combatir, en serio y por nosotros mismos, los vicios sistémicos propios, antes de que sirvan como pretexto para que de fuera se quiera pretextar un riesgo que justifique una intervención para “corregirlos”?

Bueno sería aprovechar para limpiar la casa, de una vez por todas, que buena falta hace y es necesario para sustentar cualquier actitud diplomática digna y apegada a los principios que, en México, la rigen constitucionalmente, porque el único destino “manifiesto” que cabe, es el que se construye cada día desde la dignidad, la decencia y los valores universales.
05 Febrero 2017 04:06:00
Cien años
Una constitución es a la vida cívica de un país lo que los cimientos a una casa. De su solidez, estabilidad y perdurabilidad, dependen los de la vida que sobre ella se lleva a cabo. Es por eso que se le suele llamar “ley fundamental”.

Como todo basamento, si se le resquebraja o descuida se pone en riesgo la vida toda que sobre ella descansa y se desarrolla.

No es de extrañar que Estados Unidos haya podido andar tanto trecho en la vía de alcanzar sus potencias, porque su estabilidad constitucional es reflejo del respeto que por sus propias raíces soporta su vida cívica, aunque no quede exenta de anomalías.

En más de 200 años de historia, su Constitución no alcanza la treintena de enmiendas, en tanto que la mexicana, en la mitad del tiempo, alcanza casi las 700, de las cuales dos terceras partes, aproximadamente, han tenido lugar en los últimos tres lustros ¿Será esto determinante en la explicación sobre las vicisitudes de nuestros tiempos?

Toda acción política –también económica y cultural–ocurre en el ámbito de lo jurídico, cuya función no es otra que estructurar las relaciones sociales de todo cuño. Si la estructura es inestable y frágil, el decurso de la política será muy débil y errático, mientras que la economía será propicia para producir inequidades y distorsiones contra las que el mismo Adam Smith previno.

Pero una constitución también es respeto y solidaridad con la historia propia y quienes la hicieron, sus valores y empeños por construir un mejor entorno vital, más digno y equitativo para quienes hoy y mañana asumirán la responsabilidad de construir aquello que, a veces sin mucho sentido, llamamos “patria”.

No se trata de romanticismo anacrónicos ni de cursilerías pasadas de moda, se trata de poner los pies en la tierra y honrar la responsabilidad histórica que a cada generación y a cada individuo atañe.

Nuestra Constitución, sobre todo en los últimos años, ha sido vulnerada inveteradamente en aras de intereses que no se corresponden con el interés general –o bien común, si se prefiere– sino que obedecen al afán de asegurar prebendas de grupo o individuales, que sólo pueden lograrse en el seno de grupos reducidos –mientras menos comensales, más pitanza– a cuyo alcance quede un poder decisorio que, si concentrado, será más rentable y fácil de ejercer.

Toda centralización de capacidades jurídicas –leyes “generales”, códigos “nacionales”, concentración impositiva, “relaciones intergubernamentales”, en vez de sistema federal, etc.– mengua y tiende a anular el sano equilibrio que ofrece el sistema de “frenos y contrapesos”, provisto por la división de poderes que la tradición jurídica identifica como una de las notas esenciales del tan cacareado –pero soslayado– “estado de derecho”.

Cuando eso pasa, como ha pasado en nuestro país, no es de extrañar que, a la postre, el centro se congestione y, en el contexto global contemporáneo, se debilite hasta el extremo que la circunstancia que se vive atestigua.

Cien años hace de haberse expedido la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y su antigüedad tiende a confundirse con obsolescencia, lo que provoca voces que claman por una nueva ley suprema.

Yo no concuerdo, pero sí creo que lo que falta es despojarla de pegotes y caprichosas enmiendas, para volver, con algunos matices, a su sentido original, tan poco estudiado como vilipendiado y profanado ha sido.

Antes que eso, inclusive, lo que sería necesario sería acatar sus mandatos y límites, obedecerla y cumplirla, sin utilizarla como instrumento de justificación de arbitrariedades y demagogia institucionalizada.

Hace 100 años, el contexto no era mejor que el de ahora y no se exageraría si se califica como peor. Sin embargo, la prestancia institucional de la política y la diplomacia de entonces logró superar los escollos para sentar las bases de esta república que cada día se ve más acosada por el deterioro.

El día en que se retome esa senda, muy otras serán las condiciones de vida en nuestro país.
05 Febrero 2017 04:00:00
Cien años
Una constitución es a la vida cívica de un país lo que los cimientos a una casa. De su solidez, estabilidad y perdurabilidad, dependen los de la vida que sobre ella se lleva a cabo. Es por eso que se le suele llamar “ley fundamental”.

Como todo basamento, si se le resquebraja o descuida se pone en riesgo la vida toda que sobre ella descansa y se desarrolla.

No es de extrañar que los Estados Unidos hayan podido andar tanto trecho en la vía de alcanzar sus potencias, porque su estabilidad constitucional es reflejo del respeto que por sus propias raíces soporta su vida cívica, aunque no quede exenta de anomalías.

En más de doscientos años de historia, su constitución no alcanza la treintena de enmiendas, en tanto que la mexicana, en la mitad del tiempo, alcanza casi las setecientas, de las cuales dos terceras partes, aproximadamente, han tenido lugar en los últimos tres lustros ¿Será esto determinante en la explicación sobre las vicisitudes de nuestros tiempos?

Toda acción política -también económica y cultural- ocurre en el ámbito de lo jurídico, cuya función no es otra que estructurar las relaciones sociales de todo cuño. Si la estructura es inestable y frágil, el decurso de la política será muy débil y errático, mientras que la economía será propicia para producir inequidades y distorsiones contra las que el mismo Adam Smith previno.

Pero una constitución también es respeto y solidaridad con la historia propia y quienes la hicieron, sus valores y empeños por construir un mejor entorno vital, más digno y equitativo para quienes hoy y mañana asumirán la responsabilidad de construir aquello que, a veces sin mucho sentido, llamamos “patria”.

No se trata de romanticismo anacrónicos ni de cursilerías pasadas de moda, se trata de poner los pies en la tierra y honrar la responsabilidad histórica que a cada generación y a cada individuo atañe.

Nuestra constitución, sobre todo en los últimos años, ha sido vulnerada inveteradamente en aras de intereses que no se corresponden con el interés general -o bien común, si se prefiere- sino que obedecen al afán de asegurar prebendas de grupo o individuales, que solo pueden lograrse en el seno de grupos reducidos -mientras menos comensales, más pitanza- a cuyo alcance quede un poder decisorio que, si concentrado, será más rentable y fácil de ejercer.

Toda centralización de capacidades jurídicas -leyes “generales”, códigos “nacionales”, concentración impositiva, “relaciones intergubernamentales”, en vez de sistema federal, etc.- mengua y tiende a anular el sano equilibrio que ofrece el sistema de “frenos y contrapesos”, provisto por la división de poderes que la tradición jurídica identifica como una de las notas esenciales del tan cacareado -pero soslayado- “Estado de Derecho”.

Cuando eso pasa, como ha pasado en nuestro país, no es de extrañar que, a la postre, el centro se congestione y, en el contexto global contemporáneo, se debilite hasta el extremo que la circunstancia que se vive atestigua.

Cien años hace de haberse expedido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su antigüedad tiende a confundirse con obsolescencia, lo que provoca voces que claman por una nueva ley suprema.

Yo no concuerdo, pero sí creo que lo que falta es despojarla de pegotes y caprichosas enmiendas, para volver, con algunos matices, a su sentido original, tan poco estudiado como vilipendiado y profanado ha sido.

Antes que eso, inclusive, lo que sería necesario sería acatar sus mandatos y límites, obedecerla y cumplirla, sin utilizarla como instrumento de justificación de arbitrariedades y demagogia institucionalizada.

Hace cien años, el contexto no era mejor que el de ahora y no se exageraría si se califica como peor. Sin embargo, la prestancia institucional de la política y la diplomacia de entonces logró superar los escollos para sentar las bases de esta república que cada día se ve más acosada por el deterioro.

El día en que se retome esa senda, muy otras serán las condiciones de vida en nuestro país.
29 Enero 2017 04:00:00
La gran olvidada
Cien años van a cumplirse, en ocho días más, de haber sido promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y pareciera que se tratara de un acontecimiento irrelevante. Poco se ha visto que esté programado oficialmente para proporcionar relieve al acontecimiento.

Apenas unos atisbos se notan en el programa de algunas instituciones, como resulta el foro nacional 100 años de los derechos humanos en la Constitución mexicana, convocado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en muy apropiadas vísperas de la efeméride.

Justo será, en ocasión de ello y como adecuado preámbulo, hacer memoria en este artículo del inmediato antecedente de la ley suprema en vigor, del que fue sucesora clara y le sirvió de base para la construcción del nuevo modelo social que en 1917 quedó incorporado, como innovación inédita en el mundo.

Me refiero, por supuesto, a la Constitución de 1857, que fue el origen, en muchos conceptos y por muy principales razones, de la expedida en 1917.

Bueno es recordar que por eso don Venustiano Carranza eligió la fecha del 5 de febrero para la promulgación de la vigente, porque en esa misma fecha, 60 años antes, se había promulgado la otra, por Ignacio Comonfort, a la sazón presidente sustituto de la República.

Fue la de 1857 una constitución que por primera ocasión incorporó en México un catálogo de derechos en favor de las personas y se comprometió a garantizarlos.

Los llamó “garantías” por una razón que acredita el oficio y la alta responsabilidad política de quienes intervinieron en el Congreso constituyente de 1856, pues mientras los liberales proponían un texto que dijera que la Constitución “otorgaba” dichos derechos, los conservadores, fieles a sus convicciones iusnaturalistas, insistían en que dijera que los “reconocían”, dando por sentada su preexistencia.

A la postre y no después de álgidas y prolongadas discusiones, coincidieron en un punto: los garantizaba, y fue así que, en su afán de dar efectividad a las prerrogativas fundamentales, optaron por llamarlos “garantías”, a las que calificaron como “individuales” porque, además de que no había surgido la idea de los llamados “derechos sociales”, era a fin de cuentas cada individuo, en plenitud de dignidad igualitaria, el destinatario de la benéfica protección.

Se incorporó una disposición que fue acogida también por la constitución que habría de expedirse 60 años después, confiriendo a los tratados internacionales suscritos por México, cuando no la contravinieran, el rango de “ley suprema”, una cosa que, después de 160 años, algunos pretenden, no sé si por demagogia o ignorancia, que es un “avance” debido a la reforma de 2011.

Esa señera Constitución de 1857 va resultando, así, la gran olvidada en estos tiempos de necesaria renovación social, política y jurídica.

Bien estaría voltear la mirada al pasado, con atención, seria y reflexivamente, para escudriñar en él y descubrir las esencias del pacto social profundo, para dejar de pretender construir un futuro que suele fincarse más en anhelos, esperanzas o simplemente el azar, inventando -y no necesariamente innovando- a partir de la imitación extralógica de figuras, tendencias e instituciones asumidas sin crítica verdadera, sin reparar en que ellas pueden haber sido efectivas en sus lugares de origen, precisamente porque fueron dotadas en ellos de las adaptaciones y matices que las hicieron factibles y viables. “Copiar-pegar” nunca fue bueno, ni lo será, en materia de instituciones jurídicas.

En estos tiempos aciagos, de desconcierto, incertidumbre y confusión, haría mucho bien el hecho de ampliar los horizontes de referencia y, a la manera de un Jano “reforzado”, poner atención a un panorama histórico que cimiente todo pronóstico considerando el pasado, pero también la vasta circunstancia contemporánea en que la vida del país está inserta, porque en esto de la política y de las normas, como en todo sistema, resulta imposible conocer su naturaleza y funcionamiento, así como operar frente a sus desafíos, si no se conoce a fondo su circunstancia en todas sus dimensiones.

Eso es civismo, a fin de cuentas, para todo efecto.
29 Enero 2017 04:00:00
La gran olvidada
Cien años van a cumplirse, en ocho días más, de haber sido promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y pareciera que se tratara de un acontecimiento irrelevante. Poco se ha visto que esté programado oficialmente para dar relieve al acontecimiento.

Apenas unos atisbos se notan en el programa de algunas instituciones, como resulta el foro nacional “100 años de los derechos humanos en la Constitución mexicana”, convocado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en muy apropiadas vísperas de la
efeméride.

Justo será, en ocasión de ello y como adecuado preámbulo, hacer memoria en este artículo del inmediato antecedente de la ley suprema en vigor, del que fue sucesora clara y le sirvió de base para la construcción del nuevo modelo social que en 1917 quedó incorporado, como innovación inédita en el mundo.

Me refiero, por supuesto, a la Constitución de 1857, que fue el origen, en muchos conceptos y por muy principales razones, de la expedida en 1917.

Bueno es recordar que, por eso, don Venustiano Carranza eligió el 5 de febrero para la promulgación de la vigente, porque en esa misma fecha, sesenta años antes, se había promulgado la otra, por Ignacio Comonfort, a la sazón presidente sustituto de la República.

Fue la de 1857 una constitución que por primera ocasión incorporó en México un catálogo de derechos en favor de las personas y se comprometió a garantizarlos.

Los llamó “garantías” por una razón que acredita el oficio y la alta responsabilidad política de quienes intervinieron en el congreso constituyente de 1856, pues mientras los liberales proponían un texto que dijera que la constitución “otorgaba” dichos derechos, los conservadores, fieles a sus convicciones iusnaturalistas, insistían en que dijera que los “reconocían”, dando por sentada su preexistencia.

A la postre y no después de álgidas y prolongadas discusiones, coincidieron en un punto: los garantizaba, y fue así que, en su afán de dar efectividad a las prerrogativas fundamentales, optaron por llamarlos “garantías”, a las que calificaron como “individuales” porque, además de que no había surgido la idea de los llamados “derechos sociales”, era a fin de cuentas cada individuo, en plenitud de dignidad igualitaria, el destinatario de la benéfica protección.

Se incorporó una disposición que fue acogida también por la constitución que habría de expedirse sesenta años después, confiriendo a los tratados internacionales suscritos por México, cuando no la contravinieran, el rango de “ley suprema”, una cosa que, después de ciento sesenta años, algunos pretenden, no sé si por demagogia o ignorancia, que es un “avance” debido a la reforma de 2011.

Esa señera constitución de 1857 va resultando, así, la gran olvidada en estos tiempos de necesaria renovación social, política y jurídica.

Bien estaría voltear la mirada pasado, con atención, sería y reflexivamente, para escudriñar en él y descubrir las esencias del pacto social profundo, para dejar de pretender construir un futuro que suele fincarse más en anhelos, esperanzas o simplemente el azar, inventando -y no necesariamente innovando- a partir de la imitación extra-lógica de figuras, tendencias e instituciones asumidas sin crítica verdadera, sin reparar en que ellas pueden haber sido efectivas en sus lugares de origen, precisamente porque fueron dotadas en ellos de las adaptaciones y matices que las hicieron factibles y viables. “Copiar-pegar” nunca fue bueno, ni lo será, en materia de
instituciones jurídicas.

En estos tiempos aciagos, de desconcierto, incertidumbre y confusión, haría mucho bien el hecho ampliar los horizontes de referencia y, a la manera de un Jano “reforzado”, poner atención a un panorama histórico que cimiente todo pronóstico considerando el pasado, pero también la vasta circunstancia contemporánea en que la vida del país está inserta, porque en esto de la política y de las normas, como en todo sistema, resulta imposible conocer su naturaleza y funcionamiento, así como operar frente a sus desafíos, si no se conoce a fondo su circunstancia en todas
sus dimensiones.

Eso es civismo, a fin de cuentas, para todo efecto.
22 Enero 2017 04:00:00
Entre muros y puentes
Se llegó el día, y Mr. Trump tomó posesión de la Casa Blanca, desde donde, entre otras cosas, pretende materializar el muro que idealmente han ya levantado, desde hace mucho tiempo, él y ese recalcitrante sector de la derecha estadounidense caracterizada por el acrónimo WASP. “Blanco, anglosajón y protestante”, dicho sea en castellano.

No voy a abundar en lo que tanto se ha dicho ya sobre los riesgos de daño profundo –que no pueden ser, en el fondo, inminentes– y los agravios –inminentes, probablemente lesivos, tal vez reparables– que para México e Iberoamérica representa la reiterada postura xenofóbica de Trump, sino que voy a contrastar esa circunstancia con una actitud que, paradójicamente, se manifestó en la misma semana en otro terreno y otras
latitudes.

Hace quinientos años, el religioso agustino Martín Lutero fijó, en las puertas del templo-castillo de Wittemberg, sus 95 tesis.

Ese fue un acontecimiento que, eclesiásticamente, desencadenó la proliferación de nuevas iglesias que, siendo todas ellas cristianas, diferían entre sí respecto de la interpretación de las Sagradas Escrituras.

La escisión provocada por ese acontecimiento fue más allá de los límites de lo religioso e incidió, de manera por demás trascendente, en el campo de lo político: Los soberanos de Europa occidental tomaron partido por uno u otro bando y se desató, alrededor de un siglo después, la que se conoce como guerra de los treinta años, que concluyó con la llamada “paz de Westfalia”, dando origen al estado moderno.

Esa situación originó guerras sangrientas, entre países y al interior de ellos y, a la postre, la desintegración del Sacro Imperio Romano Germánico, y aun puso en peligro a la propia Iglesia de Roma.

A la reforma hizo frente quien había fundado, recientemente, la orden a la que pertenece el Papa Francisco: San Ignacio de Loyola.

Con el pasar de los siglos, una cuestión ha surgido con fuerza en los últimos años: ¿Cómo entender que entre creyentes de una misma fe haya tales distanciamientos y virulentas oposiciones?
Para conmemorar la acción luterana, el Consejo Mundial de las Iglesias, haciéndose eco de una iniciativa de la Iglesia Episcopal de Alemania, ha organizado una semana cuyo propósito es buscar las coincidencias antes que las diferencias, y a partir de ellas construir puentes que permitan una comunicación fluida entre los diferentes credos, para propiciar la paz y el crecimiento espiritual de quienes pertenecen a ellas.

Curiosamente, esta tendencia al acercamiento comenzó tras las manifestaciones religiosas que siguieron, en la antigua República Democrática de Alemania, a la caída del muro de Berlín, que simbólicamente había provocado, con ahínco, otro presidente republicano de los Estados Unidos, el señor Ronald Reagan.

En ese contexto, el ánimo conciliador ha llevado al propio Francisco a exclamar –algunos dirán que inusitadamente, vistos los antecedentes– que la intención de Lutero “era la de renovar la Iglesia, no de dividirla”.

Mientras eso pasa en un universo religioso, con innegable peso político en todo el mundo, el presidente de los Estados Unidos se apresta a levantar un muro que lo proteja, a él y a sus asociados y socios, del peligro inminente que representan para ellos las hordas barbáricas que provienen del sur del Río Grande, para nosotros el Bravo.

¿Cuál es el temor de Donald Trump y sus correligionarios? Ya lo expresó Huntington en su libro “¿Quiénes somos?”, cuando se refiere a la amenaza que representa para la “cultura nacional” estadounidense la creciente influencia de lo que ellos llaman “Latinoamérica”, a la que, además y para todo efecto, consideran “subcontinente”.

Dos esquemas, dos ánimos que se confrontan: De un lado, la paranoia aislacionista, soberbia e ignorante; del otro, el reconocimiento de semejanzas que son más fuertes que cualquier diferencia.

De una parte, la obsesión por construir otro muro, tan oprobioso como el de Berlín, y seguramente más inútil; de otra, la construcción de puentes que unan humanamente, a partir de las coincidencias.

¿Cuál de las dos será la mejor opción, la más promisoria?
22 Enero 2017 03:50:00
Entre muros y puentes
Se llegó el día, y Mr. Trump tomó posesión de la Casa Blanca, desde donde, entre otras cosas, pretende materializar el muro que idealmente han ya levantado, desde hace mucho tiempo, él y ese recalcitrante sector de la derecha estadunidense caracterizada por el acrónimo WASP: “Blanco, anglosajón y protestante”, dicho sea en castellano.

No voy a abundar en lo que tanto se ha dicho ya sobre los riesgos de daño profundo –que no pueden ser, en el fondo, inminentes– y los agravios –inminentes, probablemente lesivos, tal vez reparables– que para México e Iberoamérica representa la reiterada postura xenofóbica de Trump, sino que voy a contrastar esa circunstancia con una actitud que, paradójicamente, se manifestó en la misma semana en otro terreno y otras latitudes.

Hace 500 años, el religioso agustino Martín Lutero fijó, en las puertas del templo-castillo de Wittemberg, sus 95 tesis.

Ese fue un acontecimiento que, eclesiásticamente, desencadenó la proliferación de nuevas iglesias que, siendo todas ellas cristianas, diferían entre sí respecto de la interpretación de las Sagradas Escrituras.

La escisión provocada por ese acontecimiento fue más allá de los límites de lo religioso e incidió, de manera por demás trascendente, en el campo de lo político: los soberanos de Europa occidental tomaron partido por uno u otro bando y se desató, alrededor de un siglo después, la que se conoce como Guerra de los Treinta años, que concluyó con la llamada “paz de Westfalia”, dando origen al estado moderno.

Esa situación originó guerras sangrientas, entre países y al interior de ellos y, a la postre, la desintegración del Sacro Imperio Romano Germánico, y aun puso en peligro a la propia Iglesia de Roma.

A la reforma hizo frente quien había fundado, recientemente, la orden a la que pertenece el papa Francisco: la de San Ignacio de Loyola.

Con el pasar de los siglos, una cuestión ha surgido con fuerza en los últimos años: ¿Cómo entender que entre creyentes de una misma fe haya tales distanciamientos y virulentas oposiciones?

Para conmemorar la acción luterana, el Consejo Mundial de las Iglesias, haciéndose eco de una iniciativa de la Iglesia Episcopal de Alemania, ha organizado una semana cuyo propósito es buscar las coincidencias antes que las diferencias, y a partir de ellas construir puentes que permitan una comunicación fluida entre los diferentes credos, para propiciar la paz y el crecimiento espiritual de quienes pertenecen a ellas.

Curiosamente, esta tendencia al acercamiento comenzó tras las manifestaciones religiosas que siguieron, en la antigua República Democrática de Alemania, a la caída del muro de Berlín, que simbólicamente había provocado, con ahínco, otro presidente republicano de los Estados Unidos, el señor Ronald Reagan.

En ese contexto, el ánimo conciliador ha llevado al propio Francisco a exclamar –algunos dirán que inusitadamente, vistos los antecedentes– que la intención de Lutero “era la de renovar la Iglesia, no de dividirla”.

Mientras eso pasa en un universo religioso, con innegable peso político en todo el mundo, el Presidente de los Estados Unidos se apresta a levantar un muro que lo proteja, a él y a sus asociados y socios, del peligro inminente que representan para ellos las hordas barbáricas que provienen del sur del río Grande, para nosotros el Bravo.

¿Cuál es el temor de Donald Trump y sus correligionarios? Ya lo expresó Huntington en su libro “¿Quiénes somos?” cuando se refiere a la amenaza que representa para la “cultura nacional” estadunidense la creciente influencia de lo que ellos llaman “Latinoamérica”, a la que, además y para todo efecto, consideran subcontinente.

Dos esquemas, dos ánimos que se confrontan: de un lado, la paranoia aislacionista, soberbia e ignorante; del otro, el reconocimiento de semejanzas que son más fuertes que cualquier diferencia.

De una parte, la obsesión por construir otro muro, tan oprobioso como el de Berlín, y seguramente más inútil; de otra, la construcción de puentes que unan humanamente, a partir de las coincidencias.

¿Cuál de las dos será la mejor opción, la más promisoria?
15 Enero 2017 04:00:00
El pacto que falta
Más allá de su vaguedad e imprecisión, el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar que, como reacción tardía e insuficiente siguió al “gasolinazo”, adolece de un defecto sustancial en términos de política de largo plazo y de bases sólidas: es un acuerdo de cúpulas.

Peca de cortedad de miras y confusión de conceptos lo que, de todos modos, no es nuevo en la praxis política, especialmente la de los años recientes.

Cortedad de miras, porque lejos de buscar soluciones de largo plazo y raíz profunda, lo que pretenden es capear temporales coyunturales, soslayando, que no sólo eludiendo, los factores estructurales.

En buena medida, eso se debe a la confusión generalizada que se ha creado por el empleo indiscriminado de términos y conceptos sobre los que se ha meditado poco –o nada– pero cuya sonoridad retórica encaja bien en el discurso.

Uno de ellos es el de “contrato social”, con el que Rousseau quiso explicar, y sobre todo justificar, la sumisión del pueblo al gobierno –referido en él como un mítico y difuso “Estado”– a partir de un ilusorio “contrato social”, idea que trasciende la metáfora y esta pletórica de falacias y peticiones de principio.

Hay, sin duda, un acuerdo de voluntades en la base orgánica de todo conglomerado social, pero no es como Rousseau lo describe, sino uno que, para empezar, es tácito, no expreso, y no se suscribe en un evento, por solemne que sea, entre “sectores” de la sociedad, sino en el seno de la comunidad toda, y se construye paulatinamente a través de mucho tiempo, como bien dijo el vilipendiado y poco leído Hobbes, y refrendaran después Locke y otros pensadores serios de lo político.

En el acuerdo recién firmado, es indudable que se echa de menos la participación de la parte en cuyo favor se dice haber suscrito el convenio, así fuera por medio de algún ficticio mandatario: el pueblo.

Pero hay más, porque todo convenio necesita tener un objeto claro y factible. El del caso no es lo primero, y en muchos aspectos es, además, irrealizable.

Su objetivo final se expresa en el último párrafo así: “Los que hoy suscribimos este instrumento, refrendamos nuestra convicción de que nuestro país requiere que las y los mexicanos enfrentemos unidos los desafíos que le imponen las condiciones actuales”.

Abonar al restablecimiento de la unidad perdida, a juzgar por los participantes, se refiere a la de quienes integran las redes de poder ya descritas desde el siglo 19 por Ferdinand La Salle, que tan favorecidas han resultado con su pertenencia a la élite político-económica.

Aun en ese propósito el acuerdo nació fallido, vista la negativa expresa a participar en él de la Coparmex, el sindicato patronal, y la reticencia de la Conago, agrupamiento de los gobernadores.

Un acuerdo como ese no podrá siquiera paliar los efectos políticos de la circunstancia que impera, y menos aún abonar a la legitimidad basada en la justicia social que ha decaído tanto.

Lo que a todas luces está haciendo falta es “oír” a la historia, a nuestra cultura, esa que a la vez es producto de las tradiciones propias y del enriquecimiento que ha recibido –y recibe– de las ajenas.

El pacto que se necesita honrar es el que subyace en los valores compartidos por nuestra comunidad, respondiendo a una efectiva gestión destinada a su preservación dinámica, renovada y enriquecida, sin ventajas discriminatorias que solamente contribuyen al incremento de la corrupción y la crispación de la gente.

En ese modelo de evolución cívica que llamamos “Estado” –otra noción de socorrido y equívoco empleo, especialmente cuando se dice “de derecho”– lo que hay es una comunidad políticamente organizada y jurídicamente estructurada. Por eso es necesario que los pactos y acuerdos surjan de la base, “suban” y no caigan en cascada desde las cumbres económico-administrativas.

Mientras que esto no ocurra, pactos irán y vendrán sin resolver los problemas de fondo.
15 Enero 2017 04:00:00
El pacto que falta
Más allá de su vaguedad e imprecisión, el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” que, como reacción tardía e insuficiente siguió al “gasolinazo”, adolece de un defecto sustancial en términos de política de largo plazo y bases sólidas: Es un acuerdo de cúpulas.

Peca de cortedad de miras y confusión de conceptos, lo que, de todos modos, no es nuevo en la praxis política, especialmente la de los años recientes.

Cortedad de miras, porque lejos de buscar soluciones de largo plazo y raíz profunda, lo que pretenden es capear temporales coyunturales, soslayando, que no sólo eludiendo, los factores estructurales.

En buena medida, eso se debe a la confusión generalizada que se ha creado por el empleo indiscriminado de términos y conceptos sobre los que se ha meditado poco -o nada- pero cuya sonoridad retórica encaja bien en el discurso.

Uno de ellos es el de “contrato social”, con el que Rousseau quiso explicar y, sobre todo, justificar, la sumisión del pueblo al gobierno -referido en él como un mítico y difuso “Estado”- a partir de un ilusorio “contrato social”, idea que trasciende la metáfora y esta pletórica de falacias y peticiones de principio.

Hay, sin duda, un acuerdo de voluntades en la base orgánica de todo conglomerado social, pero no es como Rousseau lo describe, sino uno que, para empezar, es tácito, no expreso, y no se suscribe en un evento, por solemne que sea, entre “sectores” de la sociedad, sino en el seno de la comunidad toda, y se construye paulatinamente, a través de mucho tiempo, como bien dijo el vilipendiado y poco leído Hobbes y refrendaran después Locke y otros pensadores serios de lo político.

En el acuerdo recién firmado, es indudable que se echa de menos la participación de la parte en cuyo favor se dice haber suscrito el convenio, así fuera por medio de algún ficticio mandatario: El pueblo.

Pero hay más, porque todo convenio necesita tener un objeto claro y factible. El del caso no es lo primero, y en muchos aspectos es, además, irrealizable.

Su objetivo final es se expresa en el último párrafo: “Los que hoy suscribimos este instrumento, refrendamos nuestra convicción de que nuestro país requiere que las y los mexicanos enfrentemos unidos los desafíos que le imponen las condiciones actuales”.

Abonar al restablecimiento de la unidad perdida, a juzgar por los participantes, se refiere a la de quienes integran las redes de poder ya descritas desde el siglo 19 por Ferdinand La Salle, que tan favorecidas han resultado con su pertenencia a la élite político-económica.

Aun en ese propósito el acuerdo nació fallido, vista la negativa expresa a participar en él de la Coparmex, el sindicato patronal, y la reticencia de la Conago, agrupamiento de los gobernadores.

Un acuerdo como ese no podrá siquiera paliar los efectos políticos de la circunstancia que impera, y menos aún abonar a la legitimidad basada en la justicia social que ha decaído tanto.

Lo que a todas luces está haciendo falta es “oír” a la historia, a nuestra cultura, esa que a la vez es producto de las tradiciones propias y del enriquecimiento que ha recibido -y recibe- de la ajenas.

El pacto que se necesita honrar es el que subyace en los valores compartidos por nuestra comunidad, respondiendo a una efectiva gestión destinada a su preservación dinámica, renovada y enriquecida, sin ventajas discriminatorias que solamente contribuyen al incremento de la corrupción y la crispación de la gente.

En ese modelo de evolución cívica que llamamos “estado” -otra noción de socorrido y equivoco empleo, especialmente cuando se dice “de derecho”- lo que hay es una comunidad políticamente organizada y jurídicamente estructurada. Por eso es necesario que los pactos y acuerdos surjan de la base, “suban”, y no caigan en cascada desde las cumbres económico-administrativas.

Mientras que esto no ocurra, pactos irán y vendrán, sin resolver los problemas
de fondo.
08 Enero 2017 04:00:00
La chispa en la pólvora
La cuesta de enero se puso esta vez escarpada y explosiva. Por mucho que se busquen explicaciones y se intente justificar la medida, el anuncio del “megagasolinazo” no parece justificable, y afirmar que solo afectará a los más ricos es francamente ingenuo y aun, si mucho se apremia, hasta ofensivo.
El anuncio fue, además, absolutamente inoportuno para quien lo hizo, porque la ya de suyo deteriorada imagen y disminuida capacidad política del gobierno federal, hay que agregar una falla más de cálculo respecto de los efectos que causaría, especialmente en la época en que fue efectuado.

La chispa cayó en pólvora seca y altamente explosiva.

La violenta reacción de un pueblo que ha sido agraviado por décadas -siglos quizá- de promesas incumplidas, mediatización y demagogia -agravados en los últimos tiempos- no se hizo esperar: en los medios, los corrillos, la academia y hasta en el medio político, se han expresado voces reprobatorias, de indignación, no solo frente a la medida concreta, sino respecto del ejercicio del mandato presidencial.

Incluso al interior de su partido hay voces reprobatorias y acciones públicas de oposición, a la medida recientemente anunciada y también a las actitudes adoptadas en materia de política exterior, en especial desde el “affaire” Trump, y sobre todo desde el triunfo de ese magnate frente a Hilary Clinton.

Lo más grave del asunto es que la pérdida de legitimidad personal ha alcanzado ya un grado de agravamiento que parece haber afectado, incluso, la legitimidad de las instituciones.

Empieza a perderse de vista, entre amplios sectores de la población, que el primer derecho fundamental, colectivo, es la permanencia de un orden estable y justo en las relaciones entre los integrantes de una comunidad, lo que permite que existan condiciones propicias para la previsión y planeación de vida y, sobre todo, solidez en la posibilidad de ejercer los derechos de cada quien, lo que solo es posible en un clima de responsabilidad social y respeto a los derechos ajenos.

Si ese presupuesto se rompe, se vuelve imposible la vida civilizada y el caos se enseñorea en las sociedades que dan en ese estado de cosas. No hay fuerza pública que sea capaz de restablecer un orden que no se funde en la convicción, la equidad y los equilibrios que solo la justicia puede proporcionar. Un orden jurídico basado en privilegios o pseudo valores distinto de aquel que propende al reconocimiento y respeto de aquellos derechos que a cada quien corresponden, difícilmente será “derecho” y ciertamente será ineficaz para garantizar la coexistencia pacífica y duradera que cualquier progreso requiere.

El equilibrio social -a veces precario, siempre frágil- puede romperse muy fácilmente por los abusos, de cualquiera, y si principalmente de la autoridad, también la de los particulares.

La respuesta requerida para restablecerlo cuando se rompe o flaquea no está, ciertamente, en las reacciones vandálicas, tan irracionales, incivilizadas y -en el fondo- tan inhumanas e inadmisibles como los abusos autoritarios.

Es necesario recordar que el buen gobierno requiere, ineludiblemente, del irrestricto respeto de los derechos humanos y las libertades de todos y de cada quien, por todos; ese propósito no se logra, sino al contrario, cuando a la violencia irracional e injusta ejercida por las redes de los poderosos se oponen el vandalismo y los excesos, tan inexplicables e inconexos éstos como aquella y como cualquier otro exceso.

En medio de la circunstancia que vive el país, sin embargo, no hay que pecar de ingenuidad. Hay que tener presente que, a río revuelto, ganancia de pescadores.

¿Habrá alguna mano meciendo esta cuna para revolver, todavía más las aguas y pescar a sus anchas en ellas?

Los tiempos políticos, de México y el mundo, con todos los intereses que en tal campo juegan, autoriza la duda y estimula una indagación seria sobre el tema ¿no le parece?
08 Enero 2017 03:59:00
La chispa en la pólvora
La cuesta de enero se puso esta vez escarpada y explosiva. Por mucho que se busquen explicaciones y se intente validar la medida, el anuncio del megagasolinazo no parece justificable, y afirmar que sólo afectará a los más ricos es francamente ingenuo y aun, si mucho se apremia, hasta ofensivo.

El anuncio fue, además, absolutamente inoportuno para quien lo hizo, porque la ya de suya deteriorada imagen y disminuida capacidad política del Gobierno federal, hay que agregar una falla más de cálculo respecto de los efectos que causaría, especialmente en la época en que fue efectuado.

La chispa cayó en pólvora seca y altamente explosiva.

La violenta reacción de un pueblo que ha sido agraviado por décadas –siglos quizá– de promesas incumplidas, mediatización y demagogia –agravados en los últimos tiempos– no se hizo esperar: en los medios, los corrillos, la academia y hasta en el medio político, se han expresado voces reprobatorias, de indignación, no sólo frente a la medida concreta, sino respecto del ejercicio del mandato presidencial.

Incluso al interior de su partido hay voces reprobatorias y acciones públicas de oposición a la medida recientemente anunciada y también a las actitudes adoptadas en materia de política exterior, en especial desde el “affaire” Trump, y sobre todo desde el triunfo de ese magnate frente a Hilary Clinton.

Lo más grave del asunto es que la pérdida de legitimidad personal ha alcanzado ya un grado de agravamiento que parece haber afectado, incluso, la legitimidad de las instituciones.

Empieza a perderse de vista, entre amplios sectores de la población, que el primer derecho fundamental, colectivo, es la permanencia de un orden estable y justo en las relaciones entre los integrantes de una comunidad, lo que permite que existan condiciones propicias para la previsión y planeación de vida y, sobre todo, solidez en la posibilidad de ejercer los derechos de cada quien, lo que sólo es posible en un clima de responsabilidad social y respeto a los derechos ajenos.

Si ese presupuesto se rompe, se vuelve imposible la vida civilizada y el caos se enseñorea en las sociedades que dan en ese estado de cosas. No hay fuerza pública que sea capaz de restablecer un orden que no se funde en la convicción, la equidad y los equilibrios que sólo la justicia puede proporcionar. Un orden jurídico basado en privilegios o seudovalores distinto de aquel que propende al reconocimiento y respeto de aquellos derechos que a cada quien corresponden, difícilmente será “derecho” y ciertamente será ineficaz para garantizar la coexistencia pacífica y duradera que cualquier progreso requiere.

El equilibrio social –a veces precario, siempre frágil– puede romperse muy fácilmente por los abusos, de cualquiera, y si principalmente de la autoridad, también la de los particulares.

La respuesta requerida para restablecerlo cuando se rompe o flaquea no está, ciertamente, en las reacciones vandálicas, tan irracionales, incivilizadas y –en el fondo– tan inhumanas e inadmisibles como los abusos autoritarios.

Es necesario recordar que el buen gobierno requiere, ineludiblemente, del irrestricto respeto de los derechos humanos y las libertades de todos y de cada quien, por todos; ese propósito no se logra, sino al contrario, cuando a la violencia irracional e injusta ejercida por las redes de los poderosos se oponen el vandalismo y los excesos, tan inexplicables e inconexos éstos como aquella y como cualquier otro exceso.

En medio de la circunstancia que vive el país, sin embargo, no hay que pecar de ingenuidad. Hay que tener presente que, a río revuelto, ganancia de pescadores.

¿Habrá alguna mano meciendo esta cuna para revolver, todavía más, las aguas y pescar a sus anchas en ellas?

Los tiempos políticos, de México y el mundo, con todos los intereses que en tal campo juegan, autoriza la duda y estimula una indagación seria sobre el tema ¿no le parece?
01 Enero 2017 03:50:00
En el 2017
Ha empezado un año que se antoja difícil, pero también promisorio.

Los temores ocasionados por la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos empezarán a ubicarse; se decantarán y enfrentarán realidades que seguramente serán factores que probablemente refrenarán los tempestuosos discursos de que, durante su campaña, hizo gala, aunque sus embates seguramente persistirán.

Personalmente creo que mucho de lo expresado por él hasta hoy tendrá que ubicarse, y que su falta de ideología –que ha abierto las puertas de su gabinete a los halcones de la economía y la política estadounidenses– se verán atenuados, quizás aún refrenados, por las realidades políticas y económicas.

Eso no quiere decir que, en este año de vísperas electorales, sea ayuno de inconvenientes y desafíos para México y sus líderes, que tan enmarañados parecen estar en la inmediatez y obcecados por el factor económico.

Frente a ello, México tiene que atender lo qué pasa dentro de México, y desde sus fuerzas y debilidades, echando mano de su historia, haga propicias sus oportunidades y en oportunidades convierta las amenazas de tal circunstancia.

Hay que fortalecer el mercado interno, se dice, pero se opera en el sentido contrario. Nos comparan los funcionarios de Pemex con Noruega para justificar el precio de las gasolinas –en muy buena medida, por los factores fiscales– pero no respecto de la cálida de la vida en ese país.

A pesar de que han mostrado la centralización de las decisiones y la concentración del poder su ineficacia y aún ser contraproducentes, se insiste en ellas y no se vislumbra otra cosa sino que tiendan a agudizarse.

En todo el mundo, factores como el deterioro ambiental –causante del inminente calentamiento global y sus consecuencias sintéticas– las oleadas de migración hacia Europa y los Estados Unidos, la diástole imposible, pero insistente, de la sístole globalizadora, el cúmulo de problemas aún no resueltos en ese ámbito metaterritorial que es el ciberespacio, el entronamiento “neoliberal” del egocentrismo y el becerro de oro en detrimento de la solidaridad humanitaria que se requiere, no auguran tampoco buenos auspicios.

Para Coahuila, específicamente, además de las repercusiones económicas que anuncia la que parece inevitable renegociación del TLCAN, el panorama ve agudizada la turbulencia por un proceso electoral que ya se anunció inédito y deja ver que tendrá tensiones internas y con el centro, que son de pronóstico reservado.

No todo es oscuro, porque en medio de todo está la esperanza, que cuando es informada y se acompaña de planeación y perseverancia, suele dar buenos resultados.

Mucho ayuda en ese propósito el hecho de tener siempre presente que no hay propósito mejor –y más práctico– que generar condiciones viables para el desarrollo humanitario integral, que permita a cada ser humano el ejercicio de sus libertades en armonía con las de los demás y garantizar que así sea.

Por eso, también en Coahuila cuando menos, hay motivo para refrescar la reflexión sobre el tema, porque su Comisión de Derechos Humanos, la CDHEC, cumple 25 años de haber sido fundada, y para celebrar ese acontecimiento se anuncia ya un lapso de revisión reflexiva y critica, no sólo sobre el estado que guardan esas prerrogativas públicas en el mundo, en México y en el particular espacio coahuilenses, sino también –y se diría que sobre todo– acerca de los fundamentos teóricos y filosóficos de los derechos humanos, los mitos y distorsiones que en su torno se han generado y sus paradojas, así como sobre el impacto que han ejercido en otras disciplinas y facetas de la vida social, económica y política de las comunidades humanas y la perspectiva que ofrecen en este tercer milenio.

En fin, si el panorama no es claro y tampoco bonancible por sí mismo, con optimismo bien informado y encauzado, 2017 pone en oferta la oportunidad de mejorar las condiciones que se avecinan, si no se olvida que el futuro se construye desde hoy, no se espera a que acontezca.

Hagamos que 2017 sea un año bueno.
18 Diciembre 2016 04:00:00
¿Ejército o policía?
Para entender el mundo castrense es necesario tener presente que la disciplina es su columna vertebral y reconocer en ella un poder que, por definición, no admite resistencia.

Tampoco puede pasarse por alto que los militares se forman para enfrentar situaciones de guerra, y que en el seno de las Fuerzas Armadas las jerarquías son tajantes. En ellas, para aprender a mandar, hay que saber obedecer.

En dos discursos recientes, el secretario de la Defensa en México ha hecho sentir, con claridad y enfáticamente, la necesidad de emitir una ley, ya en trámite, que justifique la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y especifique sus facultades en esa materia, ajena hoy en rigor al fuero militar.

El motivo de fondo es claro, tiene que ver con la intención de precaverse de las acusaciones serias de violación a los derechos humanos provenientes de diversas ONG, nacionales y extranjeras, derivadas de su actuación en esa específica actividad.

Tiene razón el general secretario: la ambigüedad no ayuda a nadie y puede, en cambio, ser una lacra muy destructiva.

Como es natural, el tema ha levantado polvareda y se desató la polémica. Por eso conviene meditar acerca de algunas cuestiones conexas a él que parecen haberse pasado por alto.

En primer lugar, el yerro de origen parece haber sido la precipitación de Felipe Calderón –y su falta de oficio– que diagnosticó mal la situación para emprender una “guerra” –así la llamó originalmente– donde lo que hacía falta era combatir una forma de delincuencia especialmente virulenta.

En segundo, la magnitud –aún no medida con precisión– de la corrupción generada por la falta de solidez moral de las instituciones persecutoras de los delitos, que a dan visos, de manera muy generalizada, de haber sucumbido a los “cañonazos” de “cincuenta mil” que mencionara en su tiempo el general Obregón.

Añádase la pereza mental y la falta de imaginación informada, y se dará con el episodio de querer imitar acciones de otros países, cuyas circunstancias son, formal y materialmente, harto diversas de las mexicanas. Recuérdese que, desde el inicio de la gestión presidencial que está por concluir, se acudió a la asesoría de expertos extranjeros, de lo que resultó la creación de la Gendarmería. ¿No hubiera sido más fácil, práctico y congruente activar la “Guardia Nacional”, prevista desde siempre en nuestro ámbito constitucional?

Todavía más hay que decir, porque pasó que, lejos de depurar los cuerpos ministeriales y policiacos, se inició un frenesí de cambio de nombres y creación de instancias cuyos nulos resultados están a la vista.

Tiene razón, dije líneas arriba, el general Cienfuegos, porque quiere excluir al Ejército de las labores policiacas y regresarlo a los cuarteles, de los que lo sacó la disciplina y la obediencia institucional a su jefe supremo, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo mueve la necesidad, nacida de su formación y del raciocinio, de ajustar a derecho la actuación de las Fuerzas Armadas, pero como eso no ocurrió desde el principio, hoy la preocupación se ve acrecentada por el instinto de conservación y, previendo posibles reclamaciones y fincamiento de responsabilidades en el futuro inmediato, urge al Congreso de la Unión para regularizar la situación.

¿Será, acaso, la solución ajustar hoy el derecho a la circunstancia para justificar la actuación anterior? Me parece que no, sino que está en buscar, dentro de nuestra propia tradición y a la luz de los valores universales, las estructuras adecuadas para iniciar un retiro paulatino, gradual y racionalmente programado del Ejército, mientras que en paralelo se efectúa una reestructuración policiaca, respetuosa de la institución federativa, pero con efectivos mecanismos de coordinación y control.

Ese ejercicio, para ser eficaz, ha de hacerse con conocimiento y pericia, siempre teniendo en cuenta que la función institucional es garantizar el que suele llamarse “bien común”, que consiste en garantizar, armónicamente, las libertades y derechos fundamentales.

Estudiar las mejores prácticas es útil, pero copiarlas sin adaptarlas conducirá siempre al fracaso.
18 Diciembre 2016 04:00:00
¿Ejército o Policía?
Para entender el mundo castrense es necesario tener presente que la disciplina es su columna vertebral y reconocer en ella un poder que, por definición, no admite resistencia.

Tampoco puede pasarse por alto que los militares se forman para enfrentar situaciones de guerra, y que en el seno de las fuerzas armadas las jerarquías son tajantes. En ellas, para aprender a mandar, hay que saber obedecer.

En dos discursos recientes, el secretario de la Defensa en México ha hecho sentir, con claridad y enfáticamente, la necesidad de emitir una ley, ya en trámite, que justifique la intervención de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y especifique sus facultades en esa materia, ajena hoy en rigor al fuero militar.

El motivo de fondo es claro, tiene que ver con la intención de precaverse de las acusaciones serias de violación a los derechos humanos provenientes de diversas ONG, nacionales y extranjeras, derivadas de su actuación en esa específica actividad.

Tiene razón el General Secretario: La ambigüedad no ayuda a nadie y puede, en cambio, ser una lacra muy destructiva.

Como es natural, el tema ha levantado polvareda y se desató la polémica. Por eso conviene meditar acerca de algunas cuestiones conexas a él que parecen haberse pasado por alto.

En primer lugar, el yerro de origen parece haber sido la precipitación de Felipe Calderón -y su falta de oficio- que diagnosticó mal la situación para emprender una “guerra” -así la llamó originalmente- donde lo que hacía falta era combatir una forma de delincuencia especialmente virulenta.

En segundo, la magnitud -aún no medida con precisión- de la corrupción generada por la falta de solidez moral de las instituciones persecutoras de los delitos, que dan visos, de manera muy generalizada, de haber sucumbido a los “cañonazos” de “cincuenta mil” que mencionara en su tiempo el general Obregón.

Añádase la pereza mental y la falta de imaginación informada y se dará con el episodio de querer imitar acciones de otros países, cuyas circunstancias son, formal y materialmente, harto diversas de las mexicanas. Recuérdese que desde el inicio de la gestión presidencial que está por concluir, se acudió a la asesoría de expertos extranjeros, de lo que resultó la creación de la Gendarmería. ¿No hubiera sido más fácil, práctico y congruente activar la “Guardia Nacional”, prevista desde siempre en nuestro ámbito constitucional?

Todavía más hay que decir, porque pasó que, lejos de depurar los cuerpos ministeriales y policiacos, se inició un frenesí de cambio de nombres y creación de instancias cuyos nulos resultados están a la vista.

Tiene razón, dije líneas arriba, el general Cienfuegos, porque quiere excluir al Ejército de las labores policiacas y regresarlo a los cuarteles, de los que lo sacó la disciplina y la obediencia institucional a su jefe supremo, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo mueve la necesidad, nacida de su formación y del raciocinio, de ajustar a derecho la actuación de las fuerzas armadas, pero como eso no ocurrió desde el principio, hoy la preocupación se ve acrecentada por el instinto de conservación y, previendo posibles reclamaciones y fincamiento de responsabilidades en el futuro inmediato, urge al Congreso de la Unión para regularizar la situación.

¿Será, acaso, la solución ajustar hoy el derecho a la circunstancia para justificar la actuación anterior? Me parece que no, sino que está en buscar, dentro de nuestra propia tradición y a la luz de los valores universales, las estructuras adecuadas para iniciar un retiro paulatino, gradual y racionalmente programado del Ejército, mientras que en paralelo se efectúa una reestructuración policiaca, respetuosa de la institución federativa, pero con efectivos mecanismos de coordinación y control.

Ese ejercicio, para ser eficaz, ha de hacerse con conocimiento y pericia, siempre teniendo en cuenta que la función institucional es garantizar el que suele llamarse “bien común”, que consiste en garantizar, armónicamente, las libertades y derechos fundamentales.

Estudiar las mejores prácticas es útil, pero copiarlas sin adaptarlas conducirá siempre al fracaso.
11 Diciembre 2016 04:00:00
Esquizofrenia política
Una Constitución que cada año se exalta, pero poco se respeta el resto del tiempo. Una Constitución a la que, sin mucho pensarlo, se le incorporan parches sin ton ni son, con más frecuencia de lo que podría reformarse un reglamento.

Leyes “de avanzada”, que se emiten a granel, pero no se observan, y promesas de campaña que no se cumplen, pero concitan el voto a su favor, aun a sabiendas de que no serán cumplidas.

Políticas contrarias a la fundamentación histórica del Estado mexicano, que inhiben el potencial creativo e innovador de cada estado y región del país, al imponer normas pensadas y diseñadas en gabinetes ajenos a sus peculiaridades y el uso creciente del fácil recurso, “descubierto” ingeniosamente por alguna mente brillante centralmente enfocada, de las leyes “generales” y “nacionales” que rompen con el sistema federal, anulando sus valores democráticos como equilibrio adicional del poder público.

Funciones policiacas distorsionadas y en el abandono, si no es que francamente corruptas, lo que impulsa la intervención de las Fuerzas Armadas en la tarea de perseguir a los delincuentes y asumir, con creciente contrariedad, las tareas de seguridad pública, cosa que no les corresponde e incluso es contraria a su naturaleza.

Una comunidad mediatizada y condescendiente que poco o nada influye en la toma de decisiones públicas y su ejecución.

Maniqueísmo político y representatividad disminuida y desvirtuada.

Equilibrio en el poder imposible en el seno de esa concentración doble que, contra la esencia misma del sistema de frenos y contrapesos, opera en México: hacia el gobierno de la unión, en una primera instancia, y dentro de este, en el Poder Ejecutivo.

Súmese la extrema pobreza de los más y la provocativa acumulación de la gran porción de la riqueza en unas cuantas arcas y las pocas opciones de empleo lícito frente a las tentadoras ofertas de ocupación marginal o francamente delictiva, y se tendrá una tenue panorámica de la gravedad de la situación general.

No es extraño que, en esas condiciones, la ciudadanía se vuelva escéptica, por un lado, y apática frente a las cosas de la “polis”, y centre en cambio la preocupación de cada uno en la solución inmediata de los propios problemas, sin apenas posibilidad de que quepa el sentido de solidaridad que se echa de menos y sólo se manifiesta en ocasiones extraordinarias, como aquellas que derivan de una catástrofe natural o de la necesidad de autodefenderse ante la incapacidad del Gobierno para hacerlo. Piénsese en las “autodefensas”, los “justicieros” anónimos y hasta en los deplorables casos en que la comunidad, como en Fuenteovejuna, ha hecho “justicia” por propia mano.

Cuando la autoridad pierde de vista el interés general –como parece haber ocurrido ya en muchos casos– se exacerba el individualismo y se pierde la brújula pública. La cohesión social se debilita y se corroen los vínculos axiológicos de la comunidad estructurada jurídicamente para convertirse en “estado”, misma que deja por tanto de ser apta para cumplir su función política: garantizar las libertades de todos, en armonía y responsablemente ejercidas.

La planeación se hace imposible y la inmediatez se adueña del terreno, lo que ocasiona que –más aún si se suma la ignorancia rampante de las realidades nacionales– tenga que voltearse a buscar esquemas de operación literalmente exóticos, sin otro propósito que no sea el engaño, la aprobación “internacional”, ventajas personales y lucro ilícito, lo que por infortunio se hace cada vez más evidente.

Sume usted la impunidad, la sumisión como actitud política para suplir las deficiencias de la aptitud, y el explosivo coctel apenas estará mostrando su verdadero rostro.

¿Puede, acaso, comunidad alguna caminar con buen sentido en el rumbo del progreso real, del desarrollo efectivo del todo y en el de cada uno de sus miembros en ese esquema de franca esquizofrenia social?

Cuando ese mal se apodera de los gobiernos y contamina luego a la sociedad civil, se abren de par en par las puertas del “Estado fallido”.

¿Estamos lejos?
11 Diciembre 2016 04:00:00
Esquizofrenia política
Una constitución que cada año se exalta, pero poco se respeta el resto del tiempo. Una constitución a la que, sin mucho pensarlo, se le incorporan parches sin ton ni son, con más frecuencia de lo que podría reformarse un reglamento.

Leyes “de avanzada”, que se emiten a granel, pero no se observan, y promesas de campaña que no se cumplen, pero concitan el voto a su favor, aún a sabiendas de que no serán cumplidas.

Políticas contrarias a la fundamentación histórica del Estado mexicano, que inhiben el potencial creativo e innovador de cada estado y región del parias, al imponer normas pensadas y diseñadas en gabinetes ajenos a sus peculiaridades y el uso creciente del fácil recurso, “descubierto” ingeniosamente por alguna mente brillante centralmente enfocada, de las leyes “generales” y “nacionales” que rompen con el sistema federal, anulando sus valores democráticos como equilibrio adicional del poder público.

Funciones policiacas distorsionadas y en el abandono, si no es que francamente corruptas, lo que impulsa la intervención de las fuerzas armadas en la tarea de perseguir a los delincuentes y asumir, con creciente contrariedad, las tareas de seguridad pública, cosa que no les corresponde e incluso es contraria a su naturaleza.

Una comunidad mediatizada y condescendiente que poco o nada influye en la toma de decisiones públicas y su ejecución.

Maniqueísmo político y representatividad disminuida y desvirtuada.
Equilibrio en el poder imposible en el seno de esa concentración doble que, contra la esencia misma del sistema de frenos y contrapesos, opera en México: Hacia el gobierno de la unión, en una primera instancia, y dentro de éste, en el poder ejecutivo.

Súmese la extrema pobreza de los más y la provocativa acumulación de la gran porción de la riqueza en unas cuantas arcas y las pocas opciones de empleo lícito frente a las tentadoras ofertas de ocupación marginal o francamente delictiva, y se tendrá una tenue panorámica de la gravedad de la situación general.

No es extraño que, en esas condiciones, la ciudadanía se vuelva escéptica, por un lado, y apática frente a las cosas de la “polis”, y centre en cambio la preocupación de cada uno en la solución inmediata de los propios problemas, sin apenas posibilidad de que quepa el sentido de solidaridad que se echa de menos y solo se manifiesta en ocasiones extraordinarias, como aquellas que derivan de una catástrofe natural o de la necesidad de auto defenderse ante la incapacidad del Gobierno para hacerlo. Piénsese en las “autodefensas”, los “justicieros” anónimos y hasta en los deplorables casos en que la comunidad, como en Fuenteovejuna, ha hecho “justicia” por propia mano.

Cuando la autoridad pierde de vista el interés general -como parece haber ocurrido ya en muchos casos- se exacerba el individualismo y se pierde la brújula pública. La cohesión social se debilita y se corroen los vínculos axiológicos de la comunidad estructurada jurídicamente para convertirse en “estado”, misma que deja por tanto de ser apta para cumplir su función política: garantizar las libertades de todos, en armonía y responsablemente ejercidas.
La planeación se hace imposible y la inmediatez se adueña del terreno, lo que ocasiona que -más aun si se suma la ignorancia rampante de las realidades nacionales- tenga que voltearse a buscar esquemas de operación literalmente exóticos, sin otro propósito que no sea el engaño, la aprobación “internacional”, ventajas personales y lucro ilícito, lo que por infortunio se hace cada vez más evidente.

Sume usted la impunidad, la sumisión como actitud política para suplir las deficiencias de la aptitud, y el explosivo coctel apenas estará mostrando su verdadero rostro.

¿Puede, acaso, comunidad alguna caminar con buen sentido en el rumbo del progreso real, del desarrollo efectivo del todo y en el de cada uno de sus miembros en ese esquema de franca esquizofrenia social?

Cuando ese mal se apodera de los gobiernos y contamina luego a la sociedad civil, se abren de par en par las puertas del “estado fallido”.
¿Estamos lejos?
27 Noviembre 2016 04:00:00
Fidel
Nació el 13 de agosto de 1926, en la provincia de Holguín, una comunidad rural en la que su padre, gallego avecindado en Cuba, desarrollaba su actividad económica.

Fue alumno del Colegio de Belén, en La Habana, una institución jesuítica en la que, a decir de algún compañero suyo, con quien tuve oportunidad de platicar alguna vez, fue un destacado “orador sacro”, y no descarto que entre los muros y pasillos de entonces haya desarrollado sus inquietudes y las habilidades de que dio muestra más tarde, las mismas que, como acertado y versátil estratega, lo llevarían con el tiempo a convertirse, para bien o para mal, en uno de los factores clave –y no sólo en un personaje irónico– de la historia mundial del siglo 20, y seguramente de todos los tiempos (¿alguien puede ignorar que Tomás de Aquino, cuya filosofía se suele estudiar en los colegios como el de Belén, justifica el derecho a la revolución contra los tiranos, siempre que el bien alcanzado sea mayor que el daño ocasionado?).

Murió el viernes 25 de noviembre de 2016, a los 90 años, cuando el país que transformó había ya iniciado una nueva, delicada, transición hacia su integración a un mundo diverso a aquel del comandante que fue de la revolución había pretendido.

No pudo ver levantarse el oprobioso –y torpe– bloqueo económico que le impusiera a Cuba el Gobierno de Estados Unidos –el “imperio”, según sus propias palabras– con la peregrina intención de ahogarlo y verlo caer.

No pudo testificar la conclusión del movimiento estratégico iniciado por su hermano Raúl –sin duda de acuerdo con él– y que se ve hoy amenazado con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadunidense.

¿Qué será de Cuba sin Fidel? Seguramente cambiará la situación interna, y es evidente que la ausencia física del caudillo abrirá un hueco de orfandad entre lo poco que queda de la mística revolucionaria, que fue modelo de vigor y de audacia para muchos de los progresistas del mundo, equivocados o no.

En La Habana –la visité hace muy poco– se respiraban ya desde unos meses antes aires de renuevo, incluso entre la gente a quien habría que suponer debió beneficiar la revolución.

“Los americanos son muy malos, pero tienen todo lo bueno”, me dijo el pintoresco conductor de un carricoche tirado por una yegua llamada “Caramelo”, con él platiqué mientras esperaba yo a mis compañeros de viaje y él a unos turistas que había llevado al malecón. Lo hacía mientras se ufanaba de que un crucero estadunidense había atracado en La Habana después de muchos años de no hacerlo, y en tanto señalaba, como si pudiera verse desde donde estábamos, el rumbo por el cual se encontraba la embajada, recién reabierta, de Estados Unidos.

Un atisbo de esperanza, un anhelo difícil de ocultar se adivinaba ya entre la gente, que sin duda veía con optimismo el futuro, como oportunidad probable de mejorar la calidad de vida, aunque las condiciones de deterioro social fueran perceptibles a primera vista. Lamentablemente, hoy el tránsito hacia ese futuro promisorio se muestra asaz difícil.

¿Tendrá Raúl Castro capacidad de liderazgo suficiente para encabezar el movimiento sin Fidel y su protectora sombra? ¿Tendrá las habilidades diplomáticas y políticas que le harán falta a Cuba para enfrentar, en medio de su propia transición, el entorno hostil que promete la elección de Trump? ¿Será capaz de enfrentar y vencer al vigor, ya manifiesto, de las nuevas generaciones y grupos de interés en el seno de la clase dirigente cubana? Más todavía, porque su edad no viene mucho a la zaga de la de Fidel ¿tendrá tiempo?

La muerte de Castro, que paradójicamente le abre las puertas a la perennidad histórica, abona, sin duda, a la incertidumbre global que tiene ya desquiciados a la economía, la política y la sustancial democracia en el mundo entero.

¿Podrá Fidel, como el Cid Campeador, seguir cabalgando y ganando batallas después de muerto?
27 Noviembre 2016 04:00:00
Fidel
Nació el 13 de agosto de 1926 en la Provincia de Holguín, una comunidad rural en la que su padre, gallego avecindado en Cuba, desarrollaba su actividad económica.

Fue alumno del Colegio de Belén, en La Habana, una institución jesuítica en la que, a decir de algún compañero suyo con quien tuve oportunidad de platicar alguna vez, fue un destacado “orador sacro”, y no descarto que entre los muros y pasillos de entonces haya desarrollado sus inquietudes y las habilidades de que dio muestra más tarde, las mismas que, como acertado y versátil estratega, lo llevarían con el tiempo a convertirse, para bien o para mal, en uno de los factores clave -y no sólo en un personaje icónico- de la historia mundial del siglo 20, y seguramente de todos los tiempos (¿alguien puede ignorar que Tomás de Aquino, cuya filosofía se suele estudiar en los colegios como el de Belén, justifica el derecho a la revolución contra los tiranos, siempre que el bien alcanzado sea mayor que el daño ocasionado?).

Murió el viernes 25 de noviembre de 2016, a los noventa años, cuando el país que transformó había ya iniciado una nueva, delicada, transición hacia su integración a un mundo diverso de aquel que el comandante que fue de la revolución había pretendido.

No pudo ver levantarse el oprobioso -y torpe- bloqueo económico que le impusiera a Cuba el gobierno de los Estados Unidos -el “imperio”, según sus propias palabras- con la peregrina intención de ahogarlo y verlo caer.

No pudo testificar la conclusión del movimiento estratégico iniciado por su hermano Raúl -sin duda de acuerdo con él- y que se ve hoy amenazado con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense.

¿Qué será de Cuba sin Fidel? Seguramente cambiará la situación interna, y es evidente que la ausencia física del caudillo abrirá un hueco de orfandad entre lo poco que queda de la mística revolucionaria que fue modelo de vigor y de audacia para muchos de los progresistas del mundo, equivocados o no.

En La Habana -la visité hace muy poco- se respiraban ya desde unos meses antes aires de renuevo, incluso entre la gente a quien habría que suponer debió beneficiar la revolución.

“Los americanos son muy malos, pero tienen todo lo bueno”, me dijo el pintoresco conductor de un carricoche tirado por una yegua llamada Caramelo, con quien platiqué mientras esperaba yo a mis compañeros de viaje y él a unos turistas que había llevado al malecón. Lo hacía mientras se ufanaba de que un crucero estadounidense había atracado en La Habana después de muchos años de no hacerlo, y en tanto señalaba, como si pudiera verse desde donde estábamos, el rumbo por el cual se encontraba la embajada, recién reabierta, de los Estados Unidos.

Un atisbo de esperanza, un anhelo difícil de ocultar se adivinaba ya entre la gente, que sin duda veía con optimismo el futuro, como oportunidad probable de mejorar la calidad de vida, aunque las condiciones de deterioro social fueran perceptibles a primera vista. Lamentablemente, hoy el tránsito hacia ese futuro promisorio se muestra asaz difícil.

¿Tendrá Raúl Castro capacidad de liderazgo suficiente para encabezar el movimiento sin Fidel y su protectora sombra? ¿Tendrá las habilidades diplomáticas y políticas que le harán falta a Cuba para enfrentar, en medio de su propia transición, el entorno hostil que promete la elección de Trump? ¿Será capaz de enfrentar y vencer al vigor, ya manifiesto, de las nuevas generaciones y grupos de interés en el seno de la clase dirigente cubana? Más todavía, porque su edad no viene mucho a la zaga de la de Fidel ¿tendrá tiempo?

La muerte de Castro, que paradójicamente le abre las puertas a la perennidad histórica, abona, sin duda, a la incertidumbre global que tiene ya desquiciados a la economía, la política y la sustancial democracia en el mundo entero.

¿Podrá Fidel, como el Cid Campeador, seguir cabalgando y ganando batallas después de muerto?
20 Noviembre 2016 04:00:00
¿Declinación del imperio?
Una cosa es cierta: el triunfo de Donald Trump ha producido, dentro y fuera de los Estados Unidos, rupturas y fragmentaciones de proporciones nada deleznables.

Su incuestionable victoria, en términos técnicos, resultó contradictoria con la voluntad popular, gracias al peculiar sistema electoral de aquel país.

De cualquier modo, en la votación reciente, el pueblo en cuyo nombre y para cuya felicidad fue expedida la primera constitución democrática del mundo, se partió en dos. Ese sólo hecho es de suyo grave en términos de las expectativas de gobernabilidad.

Para más, en el heredero del viejo –pero vigente y válido– principio del “rule of law”, el próximo presidente ha dado muestras sobradas de que su respeto por las normas garantes de libertades iguales para todos es, por decir lo menos, precario.

Por si fuera poco, obtuvo además su partido mayoría en las dos cámaras legislativas y es de suponerse que el otro poder, el judicial, acabe conformado por una mayoría conservadora también, cuando Trump presidente haga las nominaciones que faltan, verá empobrecida la eficacia del sistema de “frenos y contrapesos” que descansa en la división de poderes.

Ante tan oscuro panorama, se avizoran, sí, dificultades económicas para los “socios” comerciales de los Estados Unidos, pero también internamente para su industria, comercio y los consumidores mismos.

Lo más grave, quizá, para ellos, será que los chinos son, hoy por hoy, los tenedores de mayor número de bonos del tesoro de los EU, lo que pone a los orientales en una franca ventaja, especialmente si se toma en cuenta el estilo propio de la China para negociar sus intereses.

Desbaratar la intrincada maraña de relaciones financieras, industriales y comerciales tejidas al amparo de la generalizada liberación de trabas al comercio mundial, sustentada en tratados y promovida por organismos internacionales, como la OCDE, tampoco será tarea fácil, aunque técnicamente existan facultades para denunciar –dejar unilateralmente– los tratados, como lo que pasa con el TLC.

Ese tremolar económico, interno y externo, ha tenido ya repercusiones políticas que no pueden pasarse por alto.

En primer lugar, han surgido ya movimientos que parecen virulentos e impulsan el abandono de la federación estadunidense por parte de alguno de los estados federados –California– a partir del movimiento denominado “Calexit”, que pretende separar a ese estado y promueve que se sumen Oregon y Washington, con lo que quedaría integrada toda la costa poniente de los Estados Unidos, con todo su considerable potencial económico.

Quienes eso proponen han hecho pública la posibilidad estratégica de incorporarse en bloque a Canadá, lo que, además de resultar atractivo para este país y por eso acercar a un importante aliado potencial, les proporciona la oportunidad de independizarse, minimizando las repercusiones en la estructura jurídico-política internacional.

El planteamiento mismo, la posibilidad que conlleva y las sinergías que pueda desatar, hacen que se prendan focos rojos en el tablero de control de la cohesión estadunidense, presupuesto esencial para que prevalezca su poderío mundial.

Jean Baptist Duroselle, para plantear su teoría de las relaciones internacionales, escribió un libro cuyo sugerente título es Todo Imperio Perecerá (México, 1999, FCE). En él dice que una de las causas de muerte de los imperios es la “disgregación interna”, que “aparece casi como una necesidad de la historia”.

Por su parte, Zbigniew Brzezinski –en su libro The Choice: Global Domination or Global Leadership (N.Y., 2004, Basuic Books)–, después de haber hecho gala de la potencia, el tamaño y el breve lapso en que el imperio estadunidense fue construido, reconoce que “una hegemonía es una fase histórica transitoria. A fin de cuentas, aunque no sea pronto, el dominio global de Estados Unidos se desvanecerá”.

El triunfo de Trump ha dejado al descubierto muchas resquebrajaduras que muestran que Estados Unidos, con toda su fortaleza económica y militar, no es inmune a los efectos de la globalidad sobre las soberanías estatales. ¿Serán ellas, además, signos de que su hegemonía imperial ha iniciado el declive?
20 Noviembre 2016 04:00:00
¿Declinación del imperio?
Una cosa es cierta: el triunfo de Donald Trump ha producido, dentro y fuera de los Estados Unidos, rupturas y fragmentaciones de proporciones nada deleznables.

Su incuestionable victoria, en términos técnicos, resultó, en términos políticos, contradictoria de la voluntad popular, gracias al peculiar sistema electoral de aquel país.

De cualquier modo, en la votación reciente el pueblo en cuyo nombre y para cuya felicidad fue expedida la primera constitución democrática del mundo, se partió en dos. Ese solo hecho es de suyo grave en términos de las expectativas de gobernabilidad.

Para más, en el heredero del viejo -pero vigente y válido- principio del “rule of law”, el próximo presidente ha dado muestras sobradas de que su respeto por las normas garantes de libertades iguales para todos es, por decir lo menos, precario.

Por si fuera poco, obtuvo además su partido mayoría en las dos cámaras legislativas y es de suponerse que el otro poder, el Judicial, acabe conformado por una mayoría conservadora también, cuando Trump presidente haga las nominaciones que faltan, lo que verá empobrecida la eficacia del sistema de “frenos y contrapesos” que descansa en la división de poderes.

Ante tan oscuro panorama, se avizoran, sí, dificultades económicas para los “socios” comerciales de los Estados Unidos, pero también internamente para su industria, comercio y los consumidores mismos.

Lo más grave, quizá, para ellos, será que los chinos son, hoy por hoy, los tenedores de mayor número de bonos del tesoro de los EU, lo que pone a los orientales en una franca ventaja, especialmente si se toma en cuenta el estilo propio de la China para negociar sus intereses.

Desbaratar la intrincada maraña de relaciones financieras, industriales y comerciales tejidas al amparo de la generalizada liberación de trabas al comercio mundial, sustentada en tratados y promovida por organismos internacionales, como la OCDE, tampoco será tarea fácil, aunque técnicamente existan facultades para denunciar -dejar unilateralmente- los tratados, como lo que pasa con el TLC.

Ese tremolar económico, interno y externo, ha tenido ya repercusiones políticas que no pueden pasarse por alto.

En primer lugar, han surgido ya movimientos que parecen virulentos e impulsan el abandono de la federación estadounidense por parte de alguno de los estados federados -California- a partir de movimiento denominado “Calexit”, que pretende separar a ese estado y promueve que se sumen Oregon y Washington, con lo que quedaría integrada toda la costa poniente de los Estados Unidos, con todo su considerable potencial económico.

Quienes eso proponen han hecho pública la posibilidad estratégica de incorporarse en bloque al Canadá, lo que, además de resultar atractivo para este país y por eso acercar a un importante aliado potencial, les proporciona la oportunidad de independizarse minimizando las repercusiones en la estructura jurídico-política internacional.

El planteamiento mismo, la posibilidad que conlleva y las sinergias que pueda desatar, hacen que se prendan focos rojos en el tablero de control de la cohesión estadounidense, presupuesto esencial para que prevalezca su poderío mundial.

Jean Baptist Duroselle, para plantear su teoría de las relaciones internacionales, escribió un libro cuyo sugerente título es “Todo imperio perecerá” (México, 1999, FCE). En él dice que una de las causas de muerte de los imperios es la “disgregación interna”, que “aparece casi como una necesidad de la historia”.

Por su parte, Zbigniew Brzezinski -en su libro “The Choice: Global Domination or Global Leadership” (N.Y., 2004, Basuic Books)- después de haber hecho gala de la potencia, el tamaño y el breve lapso en que el imperio estadounidense fue construido, reconoce que “una hegemonía es una fase histórica transitoria. A fin de cuentas, aunque no sea pronto, el dominio global de Estados Unidos se desvanecerá”.

El triunfo de Trump ha dejado al descubierto muchas resquebrajaduras que muestran que los Estados Unidos, con toda su fortaleza económica y militar, no son inmunes a los efectos de la globalidad sobre las soberanías estatales. ¿Serán ellas, además, signos de que su hegemonía imperial ha iniciado el declive?
13 Noviembre 2016 04:00:00
Las primeras acciones de Trump
A toro pasado, los pronósticos suelen ser certeros.

Hoy, quienes auguraron el triunfo de Hillary Clinton, dan la impresión de que fincaron sus perspectivas más en la esperanza que en indicios ciertos.

Ante el hecho consumado, la esperanza se traduce en argüir que mucho de lo anunciado por Trump en su campaña será imposible de cumplir –yo diría que en todo caso será difícil–, puesto que opera en el sistema estadunidense el esquema de “frenos y contrapesos” que pensó Montesquieu, y hay además otros controles jurídicos, políticos y sociales, que seguramente opondrán obstáculos a sus impulsos.

A pesar de ello, el enorme poder depositado en el presidente de aquel país, la integración de un congreso, no necesariamente incondicional, pero sí mayoritariamente republicano y en buena medida afín a la ideología de Trump, introduce riesgos actualizados para la humanidad toda, pero especialmente para los mexicanos.

Apenas tuvo certeza de su triunfo, Trump dejó de lado el efímero talante conciliador de su discurso, para anunciar, en un documento que intituló Plan de 100 días para hacer a los Estados Unidos grandes otra vez, las primeras acciones que llevará acabo desde su primer día en la Casa blanca.

Muchas tienen que ver con una idea gerencial de la gestión pública y se ciñen, sobre todo, a cuestiones internas que, si bien es posible que tengan repercusiones foráneas, no son las verdaderamente trascendentes.

En cambio, en el apartado que llama Siete acciones para proteger a los trabajadores estadunidenses, incluye las siguientes: la revisión del TLCAN, o salir del acuerdo en ejercicio del derecho que confiere a suscriptores del tratado el Artículo 2205, que escuetamente dice: “Una Parte podrá denunciar este Tratado seis meses después de notificar por escrito a las otras Partes su intención de hacerlo. Cuando una Parte lo haya denunciado, el Tratado permanecerá en vigor para las otras Partes”; anunciará el retiro de su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica; instruirá al secretario del Tesoro para que etiquete a China como “manipulador monetario”; al secretario de Comercio y al representante de los Estados Unidos para el Comercio, los instruirá para que identifiquen “todos los abusos comerciales extranjeros que impacten inequitativamente a los trabajadores estadunidenses, y usen todo instrumento jurídico, estadunidense e internacional, para terminar inmediatamente con esos abusos”.

Anuncia, además, en el mismo documento, que derogará todo decreto, acuerdo o circular que considere inconstitucional, y haya emitido el presidente Obama; también que suspenderá la inmigración desde regiones propensas al terrorismo (lo que, claro, estaría a su alcance definir), cuando no se pueda comprobar (o se dude de ello) que son “inofensivos”, agregando que, en esos casos, la investigación de los antecedentes será “extrema”.

Muchas de las acciones anunciadas por Trump podrán ser llevadas a cabo sin necesidad de acudir a las cámaras y, en materia social y política, contará seguramente con el apoyo de los sindicatos y la porción de la gente que, precisamente por eso, votó por él, aunque en el rigor de los hechos, la votación “popular” entre ambos candidatos fue muy ligeramente favorable a Clinton.

Ciertamente podrá ocurrir que la comunidad internacional –aunque habrá que ver esto con reservas–, la complicada integración global de la economía, las grandes corporaciones del mundo, el régimen jurídico internacional y otros muchos contrapesos internos y externos dificulten al inefable Mr. Trump que se salga con la suya fácilmente, pero es imposible pasar por alto una característica suya que seguramente representa un riesgo mayor para su tránsito a los objetivos que pretende: su innegable tesón y su obstinación por conseguir todo lo que quiere, a pesar de todo y de todos, de lo que ha dado buena muestra.

Se dice que “un pesimista es un optimista bien informado”. No hay que ser, entonces, obnubilados por un optimismo ciego, porque, de ser así, pueden perderse de vista los riesgos y dejarse de tomar las medidas necesarias y legítimas para evitar que su egolatría cause daños mayores al mundo.
13 Noviembre 2016 04:00:00
Las primeras acciones de Trump
A toro pasado, los pronósticos suelen ser certeros.

Hoy, quienes auguraron el triunfo de Hilary Clinton, dan la impresión de que fincaron sus perspectivas más en la esperanza que en indicios ciertos.

Ante el hecho consumado, la esperanza se traduce en argüir que mucho de lo anunciado por Trump en su campaña será imposible de cumplir -yo diría que, en todo caso será difícil- puesto que opera en el sistema estadounidense el esquema de “frenos y contrapesos” que pensó Montesquieu, y hay además otros controles, jurídicos, políticos y sociales, que seguramente opondrán obstáculos a sus impulsos.

A pesar de ello, el enorme poder depositado en el presidente de aquel país, la integración de un congreso, no necesariamente incondicional, pero sí mayoritariamente republicano y en buena medida afín a la ideología de Trump, introduce riesgos actualizados para la humanidad toda, pero especialmente para los mexicanos.

Apenas tuvo certeza de su triunfo, Trump dejó de lado el efímero talante conciliador de su discurso, para anunciar, en un documento que intituló “Plan de 100 días para hacer a los Estados Unidos grandes otra vez”, las primeras acciones que llevará acabo desde su primer día en la Casa blanca.

Muchas tienen que ver con una idea gerencial de la gestión pública y se ciñen, sobre todo, a cuestiones internas que, si bien es posible que tengan repercusiones foráneas, no son las verdaderamente trascendentes.

En cambio, en el apartado que llama “Siete acciones para proteger a los trabajadores estadounidenses”, incluye las siguientes: La revisión del TLCAN, o salir del acuerdo en ejercicio del derecho que confiere a suscriptores del tratado el artículo 2205, que escuetamente dice: “Una parte podrá denunciar este tratado seis meses después de notificar por escrito a las otras partes su intención de hacerlo. Cuando una parte lo haya denunciado, el tratado permanecerá en vigor para las otras partes”; anunciará el retiro de su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica; instruirá al secretario del Tesoro para que etiquete a China como “manipulador monetario”; al secretario de Comercio y al representante de los Estados Unidos para el Comercio, los instruirá para que identifiquen “todos los abusos comerciales extranjeros que impacten inequitativamente a los trabajadores estadounidenses y usen todo instrumento jurídico, estadounidense e internacional, para terminar inmediatamente con esos abusos”.

Anuncia además, en el mismo documento, que derogará todo decreto, acuerdo o circular que considere inconstitucional y haya emitido el presidente Obama; también que suspenderá la inmigración desde regiones propensas al terrorismo (lo que, claro, estaría a su alcance definir), cuando no se pueda comprobar (o se dude de ello) que son “inofensivos”, agregando que, en esos casos, la investigación de los antecedentes será “extrema”.

Muchas de las acciones anunciadas por Trump podrán ser llevadas a cabo sin necesidad de acudir a las cámaras y, en materia social y política, contará seguramente con el apoyo de los sindicatos y la porción de la gente que, precisamente por eso, votó por él, aunque en el rigor de los hechos, la votación “popular” entre ambos candidatos fue muy ligeramente favorable a Clinton.

Ciertamente podrá ocurrir que la comunidad internacional -aunque habrá que ver esto con reservas- la complicada integración global de la economía, las grandes corporaciones del mundo, el régimen jurídico internacional, y otros muchos contrapesos internos y externos dificulten al inefable Mr. Trump que se salga con la suya fácilmente, pero es imposible pasar por alto una característica suya que seguramente representa un riesgo mayor para su tránsito a los objetivos que pretende: Su innegable tesón y su obstinación por conseguir todo lo que quiere, a pesar de todo y de todos, de lo que ha dado buena muestra.

Se dice que “un pesimista es un optimista bien informado”. No hay que ser, entonces, obnubilados por un optimismo ciego, porque, de ser así, pueden perderse de vista los riesgos y dejarse de tomar las medidas necesarias y legítimas para evitar que su egolatría cause daños mayores al mundo.
06 Noviembre 2016 04:00:00
Corrupción rampante
Hoy es Veracruz, ayer Quintana Roo y Sonora, antier Tabasco y la lista puede seguir, en una secuencia infinitamente recurrente.

El presidente Peña osó decir que la corrupción en México era una cuestión cultural, y más de uno se tiró a su yugular, dándose golpes de pecho y rasgando las vestiduras, contradiciendo el aserto en resguardo de ellos mismos.

Hay quien, de otra manera, afirman lo mismo, pero con una metáfora: la corrupción no es un mal “endémico”, puesto que no es originaria ni exclusiva de México, pero no deja de ser “epidémico”, lo que lo hace -palabras más, palabras menos- “imposible de ser erradicada, y solo susceptible de ser controlada”.

Lo cierto es que resulta ineludible tomar en cuenta a la corrupción en todo estudio del acontecer mexicano.

Y no se trata de la -en el contexto- casi inocente, casi pintoresca “mordida”, cercana inclusive al folclor.

Se trata, en cambio, de una compleja metodología de acción que, en México -duele decirlo- ha fincado sus reales en la política, los negocios, los intercambios culturales, públicos y privados, con un grado de alta sofisticación, de manera generalizada y como práctica habitual en círculos y actividades cada vez más extensos.

El desarrollo del mal, el cinismo con que en su presencia se actúa, son síntomas de gravedad que a veces hacen pensar en él, para seguir con la metáfora patológica, como enfermedad terminal.

Sigue imponiéndose la necesidad de aislarlo, para definirlo, y poder combatirlo luego con eficacia, porque de otra suerte, solo podremos limitarnos a darle la vuelta, como en el torno las mulas, engrosando el discurso y ensombreciendo la realidad.

Para ello no basta -por parcial y equivoca- una visión que se concentre, como habitualmente sucede, con pensar la corrupción como un simple abuso del poder público para obtener beneficios privados. Ello es insuficiente para entender el problema y todavía pasa que la corrupción tiene otras caras, crecientemente visibles, que miran desde el otro lado del espejo. Por ejemplo, el abuso de capacidades privadas, para obtener beneficios públicos.

Hace falta redefinir el concepto, y reubicar el objetivo de su estudio porque, aunque no fuera una cuestión cultural, endémica o epidémica, es sin lugar a dudas un problema estructural.

Hay una visión muy digna de tomarse en cuenta que he visto aportar, en una entrevista reciente, a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien, con una sencilla fórmula, esquemáticamente y de manera muy accesible, la caracteriza como una combinación de factores, entre los que destacan el abuso de poder -incluso, el de carácter fáctico- aunado a la impunidad y a una evidente falta de participación ciudadana. Dice de la corrupción -y no se puede menos que concordar con ella- que es “un problema institucional y político que requiere de soluciones igualmente
estructurales”.

La “corrupción estructural” es, por lo tanto, un problema de dominación política, impunidad generalizada, y exclusión social.

Personalmente creo que, tanto el fenómeno como el discurso en que se circunscribe, ha sentado sus reales y se ha incrustado en las estructuras sociales gracias al encumbramiento del mercantilismo galopante propiciado por la miope perspectiva “neoliberal” -que de liberal nada tiene- aunada a una pérdida rampante del sentido moral de la solidaridad, que impone la naturaleza social de los seres humanos.

Conflicto de interés, simulación democrática, abuso de poder, impunidad, opacidad, falta de participación ciudadana, conformismo y desidia no son sino síntomas de un decaído civismo, que ha cedido espacios a una codicia sin freno, egoísta y sin honor ni sentido axiológico de altura, que no se remediará mientras no se regrese a la valoración de la responsabilidad que toda libertad conlleva.

Corromper significa, según el Diccionario de la Real Academia Española, en su segunda acepción, “echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo”. Eso es lo que ha ocurrido con el tejido social.

“Ande yo caliente, y ríase la gente”, parece ser la divisa de las oligarquías corruptoras.
06 Noviembre 2016 03:00:00
Corrupción rampante
Hoy es Veracruz, ayer Quintana Roo y Sonora, antier Tabasco, y la lista puede seguir, en una secuencia infinitamente recurrente.

El presidente Peña osó decir que la corrupción en México era una cuestión cultural, y más de uno se tiró a su yugular, dándose golpes de pecho y rasgando las vestiduras, contradiciendo el aserto en resguardo de ellos mismos.

Hay quien, de otra manera, afirma lo mismo, pero con una metáfora: la corrupción no es un mal “endémico”, puesto que no es originaria ni exclusiva de México, pero no deja de ser “epidémico”, lo que lo hace –palabras más, palabras menos– “imposible de ser erradicada, y sólo susceptible de ser controlada”.

Lo cierto es que resulta ineludible tomar en cuenta a la corrupción en todo estudio del acontecer mexicano.

Y no se trata de la –en el contexto– casi inocente, casi pintoresca “mordida”, cercana inclusive al folclor.

Se trata, en cambio, de una compleja metodología de acción que, en México –duele decirlo– ha fincado sus reales en la política, los negocios, los intercambios culturales, públicos y privados, con un grado de alta sofisticación, de manera generalizada y como práctica habitual en círculos y actividades cada vez más extensos.

El desarrollo del mal, el cinismo con que en su presencia se actúa, son síntomas de gravedad que a veces hacen pensar en él, para seguir con la metáfora patológica, como enfermedad terminal.

Sigue imponiéndose la necesidad de aislarlo, para definirlo, y poder combatirlo luego con eficacia, porque de otra suerte, sólo podremos limitarnos a darle la vuelta, como en el torno las mulas, engrosando el discurso y ensombreciendo la realidad.

Para ello no basta –por parcial y equivoca– una visión que se concentre, como habitualmente sucede, con pensar en la corrupción como un simple abuso del poder público para obtener beneficios privados. Ello es insuficiente para entender el problema y todavía pasa que la corrupción tiene otras caras, crecientemente visibles, que miran desde el otro lado del espejo. Por ejemplo, el abuso de capacidades privadas, para obtener beneficios públicos.

Hace falta redefinir el concepto, y reubicar el objetivo de su estudio porque, aunque no fuera una cuestión cultural, endémica o epidémica, es sin lugar a dudas un problema estructural.

Hay una visión muy digna de tomarse en cuenta que he visto aportar, en una entrevista reciente, a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien, con una sencilla fórmula, esquemáticamente y de manera muy accesible, la caracteriza como una combinación de factores, entre los que destacan el abuso de poder –incluso el de carácter fáctico– aunado a la impunidad y a una evidente falta de participación ciudadana. Dice de la corrupción –y no se puede menos que concordar con ella– que es “un problema institucional y político que requiere de soluciones igualmente estructurales”.

La “corrupción estructural” es, por lo tanto, un problema de dominación política, impunidad generalizada, y exclusión social.

Personalmente creo que, tanto el fenómeno como el discurso en que se circunscribe, ha sentado sus reales y se ha incrustado en las estructuras sociales gracias al encumbramiento del mercantilismo galopante propiciado por la miope perspectiva “neoliberal” –que de liberal nada tiene– aunada a una pérdida rampante del sentido moral de la solidaridad, que impone la naturaleza social de los seres humanos.

Conflicto de interés, simulación democrática, abuso de poder, impunidad, opacidad, falta de participación ciudadana, conformismo y desidia no son sino síntomas de un decaído civismo, que ha cedido espacios a una codicia sin freno, egoísta y sin honor ni sentido axiológico de altura, que no se remediará mientras no se regrese a la valoración de la responsabilidad que toda libertad conlleva.

Corromper significa, según el Diccionario de la Real Academia Española, en su segunda acepción, “echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo”. Eso es lo que ha ocurrido con el tejido social.

“Ande yo caliente, y ríase la gente”, parece ser la divisa de las oligarquías corruptoras.
30 Octubre 2016 04:00:00
Davós y la política
En vísperas de la reunión anual de Davós, Suiza, el tema de “gobernabilidad global” se mantiene vigente entre quienes pretenden ser conductores del mundo.

No sólo los gobiernos, sino instituciones nacidas de los sectores privados de perspectiva global, como Foro Económico Mundial, que opera muy activamente y cuyas sesiones han cobrado celebridad y se han convertido en una pasarela por la que desfilan los jefes de Estado y de Gobierno –particularmente los de países con una de las llamadas “economías emergentes”– presentando sus supuestas ventajas competitivas con el propósito de atraer hacia ellos la inversión de capitales privados, siempre en busca de las mejores condiciones para la mayor rentabilidad de sus caudales.

Ese foro de Davós se originó en una iniciativa de Klaus Scwhab para reunir, informalmente, a un grupo representativo de directores empresariales europeos en 1971 en ese lugar de Suiza, con el objeto de discutir una estrategia coherente para enfrentar los retos del mercado internacional. Contó con el patrocinio de la Comisión Europea y de las asociaciones industriales de ese continente.

Al cabo de 45 años, ese foro se ha convertido en una institución singular que hoy cuenta con la membresía de las más importantes corporaciones del mundo y pretende, expresamente, proveer una plataforma de diálogo que pueda servir como catalizador de las acciones pertinentes al fin que lo motivó.

Según puede apreciarse en el sitio web del Foro, pretende ser él “una organización independiente, comprometida en la mejoría del mundo”, que asume “nuevos desafíos” a través del desarrollo de iniciativas que apoyen sus “principios y valores torales”, y que tiendan a “proveer a los líderes del mundo un marco de colaboración para exponer los temas globales”; “promover el sentido emprendedor en el interés público global”, y “mantener una posición independiente y apartidaria”.

El Foro trabaja en asociación con instituciones académicas, representantes de los gobiernos, organizaciones internacionales, líderes sindicales, medios de comunicación masiva, organizaciones no gubernamentales y líderes religiosos.

Su visión estratégica es “ser líder en la identificación de temas estratégicos y proveer una plataforma para que los que toman las decisiones efectúen un cambio constructivo”.

Reserva el 35 % de su membresía a compañías del mundo en desarrollo o que sean pioneras en materia de tecnología.

Una parte fundamental de las actividades del Foro consiste en la creación de “comunidades distintivas” entre sus miembros y socios, creando más informales y acotadas oportunidades para la interacción, de las que destacan las que se refieren a “Líderes Globales del Mañana” y “Pioneros Tecnológicos”.

Como puede constatarse, el espectro de sus propósitos es tan amplio cuanto ambicioso, y no deja fuera de su campo de atención ninguna actividad de las que son aptas para crear esa simbología general en que reside el poder, basada, como la propia organización reconoce, en los valores y principios que a ella sustentan.

A pesar de que niega terminantemente tener fines políticos, su propia misión, autodefinida, sus propósitos e historia, desmienten esa aseveración.

Es claramente, por el contrario, una clara expresión de las redes de poder mundiales y muestra inequívoca del avance que han alcanzado en el ámbito de lo político. Sus aspiraciones, como se deja ver de su visión estratégica, es todavía de pretensiones mayores que sus logros actuales.

También es reflejo del afán de control global que anima a los dueños del capital en el mundo la creación de la Comisión Trilateral, cuyo primer producto fue un análisis de las condiciones de gobernabilidad –en su seno se acuñó el neologismo– principalmente en los países subdesarrollados, y las repercusiones de ellas en la economía mundial, es decir, ahí donde privan sus intereses.

Es ella una de las expresiones –hay otras, menos visibles, pero quizás más influyentes– que han emergido en el nuevo contexto global como actores políticos de gran relevancia y por la trascendencia.

Son signos de los tiempos; más vale poner atención en ellos porque, de otra suerte, difícilmente podrán adoptarse decisiones correctas y actuar adecuadamente.
30 Octubre 2016 04:00:00
Davós y la política
En vísperas de la reunión anual de Davós, Suiza, el tema de “gobernabilidad global” se mantiene vigente entre quienes pretenden ser conductores del mundo.

No solo los gobiernos, sino instituciones nacidas de los sectores privados de perspectiva global, como Foro Económico Mundial, que opera muy activamente y cuyas sesiones han cobrado celebridad y se han convertido en una pasarela por la que desfilan los jefes de Estado y de Gobierno -particularmente los de países con una de las llamadas “economías emergentes”- presentando sus supuestas ventajas competitivas con el propósito de atraer hacia ellos la inversión de capitales privados, siempre en busca de las mejores condiciones para la mayor rentabilidad de sus caudales.

Ese foro de Davós se originó en una iniciativa de Klaus Scwhab para reunir, informalmente, a un grupo representativo de directores empresariales europeos en 1971 en ese lugar de Suiza, con el objeto de discutir una estrategia coherente para enfrentar los retos del mercado internacional. Contó con el patrocinio de la Comisión Europea y de las asociaciones industriales de ese continente.

Al cabo de cuarenta y cinco años, ese foro se ha convertido en una institución singular que hoy cuenta con la membresía de las más importantes corporaciones del mundo y pretende, expresamente, proveer una plataforma de diálogo que pueda servir como catalizador de las acciones pertinentes al fin que lo motivó.

Según puede apreciarse en el sitio web del Foro, pretende ser él “una organización independiente, comprometida en la mejoría del mundo”, que asume “nuevos desafíos” a través del desarrollo de iniciativas que apoyen sus “principios y valores torales”, y que tiendan a “Proveer a los líderes del mundo un marco de colaboración para exponer los temas globales”; “Promover el sentido emprendedor en el interés público global”, y “Mantener una posición independiente y apartidaria”.

El Foro trabaja en asociación con instituciones académicas, representantes de los gobiernos, organizaciones internacionales, líderes sindicales, medios de comunicación masiva, organizaciones no gubernamentales y líderes
religiosos.

Su visión estratégica es “ser líder en la identificación de temas estratégicos y proveer una plataforma para que los que toman las decisiones efectúen un cambio constructivo”. Reserva el 35 % de su membresía a compañías del mundo en desarrollo o que sean pioneras en materia de tecnología.

Una parte fundamental de las actividades del Foro consiste en la creación de “comunidades distintivas” entre sus miembros y socios, creando más informales y acotadas oportunidades para la interacción, de las que destacan las que se refieren a “Líderes Globales del Mañana” y “Pioneros Tecnológicos”.

Como puede constatarse, el espectro de sus propósitos es tan amplio cuanto ambicioso, y no deja fuera de su campo de atención ninguna actividad de las que son aptas para crear esa simbología general en que reside el poder, basada, como la propia organización reconoce, en los valores y principios que a ella sustentan.

A pesar de que niega terminantemente tener fines políticos, su propia misión, autodefinida, sus propósitos e historia, desmienten esa aseveración.

Es claramente, por el contrario, una clara expresión de las redes de poder mundiales y muestra inequívoca del avance que han alcanzado en el ámbito de lo político. Sus aspiraciones, como se deja ver de su visión estratégica, es todavía de pretensiones mayores que sus logros actuales.

También es reflejo del afán de control global que anima a los dueños del capital en el mundo la creación de la Comisión Trilateral, cuyo primer producto fue un análisis de las condiciones de gobernabilidad –en su seno se acuñó el neologismo- principalmente en los países subdesarrollados, y las repercusiones de ellas en la economía mundial, es decir, ahí donde privan sus intereses.

Es ella una de las expresiones –hay otras, menos visibles, pero quizás más influyentes- que han emergido en el nuevo contexto global como actores políticos de gran relevancia y por la trascendencia.

Son signos de los tiempos; más vale poner atención en ellos porque, de otra suerte, difícilmente podrán adoptarse decisiones correctas y actuar adecuadamente.
23 Octubre 2016 04:00:00
La tercera raíz
La semana anterior se celebró en Saltillo un coloquio que se llamó Nuestra Tercera Raíz, en alusión a la integración de las personas afrodescendientes a la comunidad mexicana.

A Coahuila le atañe, principalmente, por la comunidad de mascogos asentada en el municipio de Melchor Múzquiz.

La presencia de los mascogos en Coahuila parece remontarse al año de 1843, en el cual el jefe mascogo Espopogne Imaya firmó un acuerdo con las autoridades mexicanas, para establecerse a la vera del río Sabinas, aunque de esta primera migración no existen datos que aporten mayor información, aunque probablemente, esa primera estancia se vio afectada por la separación de Coahuila y Texas.

Lo cierto es que, según José Castro, en 1851, fueron autorizados por el presidente Mariano Arista para ocupar el asentamiento en el que hoy todavía se encuentran, a la vera del nacimiento del río Sabinas.

Sin embargo, no fue sino apenas en 2012 cuando la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reconoció a la comunidad Mascogo como una comunidad afrodescendiente, con las características y necesidades de protección de una comunidad indígena, porque cumple con los criterios constitucionales de unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y con particularidades organizativas de acuerdo con sus propios usos y costumbres, y presenta características que la hacen vulnerable a reacciónese externas de exclusión social y marginación económica, cultural y en riesgo de ser objeto de racismo y
discriminación.

Hoy, los Mascogos son parte de nosotros, que como país somos una comunidad variada en materia de orígenes y costumbres ancestrales, una configuración pluricultural y mestiza, que comenzó a construirse hace casi 200 años y que todavía está en proceso de maduración.

Por eso, respecto de ellos, como de todas las otras comunidades del país, afrodescendientes o no, procede a mi parecer decir que la expresión “tercera raíz”, es errónea -aunque sea un lugar común, o precisamente por ello- y por consiguiente inconveniente y socialmente peligrosa.

¿Cuál sería la primera? ¿Los pueblos indígenas que habitaban los territorios que hoy conforman el ámbito espacial de México, antes de llegar los europeos, o quienes los precedieron? ¿No son ellos, tan diversos, y muchas veces en el pasado fueron hostiles entre sí? ¿No hay, en nuestra composición, también raíces diversamente europeas, árabes, hebreas y orientales, especialmente chinas?

Desde mi particular perspectiva, es bueno buscar categorías que agrupen y permitan hacer generalizaciones y distinguir diferencias que ayuden al mejor conocimiento y aumento de las capacidades de acción social entre nosotros mismos, pero en este proceso se ha de ser cauto al extremo, porque las distinciones tienden a subrayar diferencias y diferenciar propicia, si se hace sin cuidado, la discriminación.

En vez de integrar a los diferentes, se dividiría a los iguales a partir de diferencias que no son esenciales.

Por esa razón, insisto en que es preferible una política pública -pensamiento encaminado a la acción- que propicie la integración en lugar de la fragmentación, la inclusión respetuosa en vez de la diferenciación indiscriminada, y, en suma, imbuida de los valores característicos de la naturaleza humana que todos compartimos y nos hace iguales y libres, responsables unos de los otros, con los otros, del todo y con el todo que como comunidad formamos.

Todo ello convoca a una inexcusable solidaridad social, único camino para nutrir democráticamente las decisiones que, a todos y cada uno, afectan.

En ello consiste el orden público, tan invocado por los juristas, y al mismo tiempo tan poco entendido. También, en el fondo, la democracia.

Por eso creo, a riesgo de poner el dedo en una llaga viva, que tal vez sería mejor hablar un poco menos de derechos humanos, y actuar cada vez más en favor de los humanos, que tienen derechos.

Incluir sin fragmentar, distinguir sin diferenciar, sería la consigna que a mi parecer habría de resultar acertada en la construcción del país que México puede y merece ser, aunque todavía se aprecie lejos ese horizonte.
23 Octubre 2016 04:00:00
La tercera raíz
La semana anterior se celebró en Saltillo un coloquio que se llamó “Nuestra Tercera Raíz”, en alusión a la integración de las personas afrodescendientes a la comunidad mexicana.

A Coahuila le atañe, principalmente, por la comunidad de mascogos asentada en el municipio de Melchor Múzquiz.

La presencia de los mascogos en Coahuila parece remontarse al año de 1843, en el cual el jefe mascogo Espopogne Imaya firmó un acuerdo con las autoridades mexicanas, para establecerse a la vera del río Sabinas, aunque de esta primera migración no existen datos que aporten mayor información, aunque probablemente, esa primera estancia se vio afectada por la separación de Coahuila y Texas.

Lo cierto es que, según José Castro, en 1851 fueron autorizados por el presidente Mariano Arista para ocupar el asentamiento en el que hoy todavía se encuentran, a la vera del nacimiento del río Sabinas.

Sin embargo, no fue sino apenas en 2012 cuando la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reconoció a los mascogos como una comunidad afrodescendiente, con las características y necesidades de protección de una comunidad indígena, porque cumple con los criterios constitucionales de unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y con particularidades organizativas de acuerdo con sus propios usos y costumbres, y presenta características que la hacen vulnerable a reacciónese externas de exclusión social y marginación económica, cultural y en riesgo de ser objeto de racismo y discriminación.

Hoy, los mascogos son parte de nosotros, que como país somos una comunidad variada en materia de orígenes y costumbres ancestrales, una configuración pluricultural y mestiza, que comenzó a construirse hace casi 200 años y que todavía está en proceso de
maduración.

Por eso, respecto de ellos, así como de todas las otras comunidades del país, afrodescendientes o no, procede a mi parecer decir que la expresión “tercera raíz” es errónea -aunque sea un lugar común, o precisamente por ello- y por consiguiente inconveniente y socialmente peligrosa.

¿Cuál sería la primera? ¿Los pueblos indígenas que habitaban los territorios que hoy conforman el ámbito espacial de México, antes de llegar los europeos, o quienes los precedieron? ¿No son ellos, tan diversos, y muchas veces en el pasado fueron hostiles entre sí? ¿No hay, en nuestra composición, también raíces diversamente europeas, árabes, hebreas y orientales, especialmente chinas?

Desde mi particular perspectiva, es bueno buscar categorías que agrupen y permitan hacer generalizaciones y distinguir diferencias que ayuden al mejor conocimiento y aumento de las capacidades de acción social entre nosotros mismos, pero en este proceso se ha de ser cauto al extremo, porque las distinciones tienden a subrayar diferencias y diferenciar propicia, si se hace sin cuidado, la discriminación.

En vez de integrar a los diferentes, se dividiría a los iguales a partir de diferencias que no son esenciales.

Por esa razón, insisto en que es preferible una política pública -pensamiento encaminado a la acción- que propicie la integración en lugar de la fragmentación, la inclusión respetuosa en vez de la diferenciación indiscriminada, y, en suma, imbuida de los valores característicos de la naturaleza humana que todos compartimos y nos hace iguales y libres, responsables unos de los otros, con los otros, del todo y con el todo que como comunidad formamos.

Todo ello convoca a una inexcusable solidaridad social, único camino para nutrir democráticamente las decisiones que, a todos y cada uno, afectan.

En ello consiste el orden público, tan invocado por los juristas, y al mismo tiempo tan poco entendido. También, en el fondo, la democracia.

Por eso creo, a riesgo de poner el dedo en una llaga viva, que tal vez sería mejor hablar un poco menos de derechos humanos, y actuar cada vez más en favor de los humanos, que tienen derechos.

Incluir sin fragmentar, distinguir sin diferenciar, sería la consigna que a mi parecer habría de resultar acertada en la construcción del país que México puede y merece ser, aunque todavía se aprecie lejos
ese horizonte.
16 Octubre 2016 04:00:00
Una elección imperial
Siempre despierta interés la elección de Presidente de los Estados Unidos de América, pero pocas veces, como hoy, ha resultado tan llamativa para tanta gente.

¿Por qué el interés tan extendido y la crecientemente activa intervención de agentes ajenos a los Estados Unidos y a la política misma?

La respuesta tal vez esté en la percepción de que lo que está en juego no es sólo la elección presidencial de ese país, sino la suerte de todo el mundo.

¿Por qué? Vale la pena oír a Zbigniew Brzezinski, quien fuera Consejero de Seguridad Nacional durante la presidencia de Jimmy Carter y destacado académico, generador intelectual de la Comisión Trilateral, quien ha dicho, que “aunque la preeminencia internacional de los Estados Unidos evoca inevitablemente a sistemas imperiales más tempranos, las diferencias son más esenciales. Ellas van más allá de la cuestión del alcance territorial. El poder global de los Estados Unidos se ejerce a través de un sistema global de diseño distintivamente estadunidense que refleja la experiencia interna de los Estados Unidos. Medular para esa experiencia doméstica es el carácter plural tanto de la sociedad estadunidense como de su sistema político”.

Sin ningún recato, el polaco de nacimiento y estadunidense por adopción, hace alarde de que la actual supremacía global de los Estados Unidos se distingue de otras hegemonías –china, persa, romana, etc.– porque su surgimiento ha sido más rápido y su perspectiva es global, pero también por la manera en que la de hoy se ejerce.

Presume de que, en un solo siglo, Estados Unidos se ha transformado a sí mismo –y ha recibido también la influencia transformadora de la dinámica política internacional– para pasar de ser un país relativamente aislado en el hemisferio occidental, a ser “un poder sin precedentes en su alcance y dominio universales” (“The Grand Chessboard. American primacy and its geostrategic imperatives”, Basic Books, N. Y., 1997).

Dice más, porque, como reflejo de la percepción del poderoso sector conservador de la clase política de los Estados Unidos, se ufana de que ese país mantiene supremacía en los cuatro decisivos dominios del poderío global: el militar, el económico, el tecnológico y el cultural: militarmente, porque el alcance de sus fuerzas armadas es incomparable; económicamente, porque se mantiene como “la principal locomotora del crecimiento global, aun si es desafiado en algunos aspectos” por Japón y Alemania –dice él, y habría que agregar y, con mayor razón, a China– ninguno de los cuales tiene los otros atributos de fuerza global; tecnológicamente, porque retiene la ventaja general en las áreas de innovación de punta, y culturalmente, porque a pesar de algunos errores crasos, disfruta de un atractivo que no tiene rival, especialmente entre la juventud del mundo”.

Aunque exagera la nota, no lo hace por mucho, si en términos generales se aprecia su aseveración. El imperio global contemporáneo, a pesar de presentar algunos signos de deterioro, desgaste y agotamiento –el nada despreciable apoyo social que conserva Trump a pesar de sus dislates, por ejemplo– conserva todavía el poder necesario para mantener a raya a sus adversarios y someter a sus “aliados”, llamados también “vasallos” y “tributarios” por Brzezinski, sin asomo de rubor alguno.

Una afirmación tan clara, proveniente de tan destacado protagonista, no hace sino confirmar, por sus resultados, el basamento en que se fundan los alcances de las redes de poder, que tienen todavía en su núcleo a los Estados Unidos.

Si se tiene en cuenta, además, que su presidencia es un órgano unipersonal, configurado a imagen y semejanza de la monarquía inglesa –matizada con tintes republicanos– con un enorme peso propio, incluso considerando el sistema de “frenos y contrapesos”, se justificará y comprenderá mejor el interés que ha despertado el proceso electoral entre la señora Clinton y Donald Trump (me resisto a llamarlo “señor”), más allá del folclor introducido por el candidato republicano.

Razones de sobra existen para estar pendientes del resultado hoy, y siempre para preocuparse por el desempeño del cargo.
16 Octubre 2016 04:00:00
Una elección imperial
Siempre despierta interés la elección de presidente de los Estados Unidos de América, pero pocas veces como hoy ha resultado tan llamativa para tanta gente.

¿Por qué el interés tan extendido y la crecientemente activa intervención de agentes ajenos a los Estados Unidos y a la política misma?

La respuesta tal vez esté en la percepción de que lo que está en juego no es solo la elección presidencial de ese país, sino la suerte de todo el mundo.

¿Por qué? Vale la pena oír a Zbigniew Brzezinski, quien fuera consejero de Seguridad Nacional durante la presidencia de Jimmy Carter y destacado académico, generador intelectual de la Comisión Trilateral, quien ha dicho, que “aunque la preeminencia internacional de los Estados Unidos evoca inevitablemente a sistemas imperiales más tempranos, las diferencias son más esenciales. Ellas van más allá de la cuestión del alcance territorial. El poder global de los Estados Unidos se ejerce a través de un sistema global de diseño distintivamente estadounidense que refleja la experiencia interna de los Estados Unidos. Medular para esa experiencia doméstica es el carácter plural tanto de la sociedad estadounidense como de su
sistema político”.

Sin ningún recato, el polaco de nacimiento y estadounidense por adopción, hace alarde de que la actual supremacía global de los Estados Unidos se distingue de otras hegemonías -china, persa, romana, etc.- porque su surgimiento ha sido más rápido y su perspectiva es global, pero también por la manera en que la de hoy se ejerce.

Presume de que, en un solo siglo, Estados Unidos se ha transformado a sí mismo –y ha recibido también la influencia transformadora de la dinámica política internacional- para pasar de ser un país relativamente aislado en el hemisferio occidental, a ser “un poder sin precedentes en su alcance y dominio universales” (“The Grand Chessboard. American primacy and its geostrategic imperatives”, Basic Books, N. Y., 1997).

Dice más, porque, como reflejo de la percepción del poderoso sector conservador de la clase política de los Estados Unidos, se ufana de que ese país mantiene supremacía en los cuatro decisivos dominios del poderío global: El militar, el económico, el tecnológico y el cultural: militarmente, porque el alcance de sus fuerzas armadas es incomparable; económicamente, porque se mantiene como “la principal locomotora del crecimiento global, aun si es desafiado en algunos aspectos” por Japón y Alemania -dice él, y habría que agregar y, con mayor razón, a China- ninguno de los cuáles tiene los otros atributos de fuerza global; tecnológicamente, porque retiene la ventaja general en las áreas de innovación de punta; y culturalmente, porque a pesar de algunos errores crasos, disfruta de un atractivo que no tiene rival, especialmente entre la juventud del mundo”.

Aunque exagera la nota, no lo hace por mucho, si en términos generales se aprecia su aseveración. El imperio global contemporáneo, a pesar de presentar algunos signos de deterioro, desgaste y agotamiento -el nada despreciable apoyo social que conserva Trump a pesar de sus dislates, por ejemplo- conserva todavía el poder necesario para mantener a raya a sus adversarios y someter a sus “aliados”, llamados también “vasallos” y “tributarios” por Brzezinski, sin asomo de rubor alguno.

Una afirmación tan clara, proveniente de tan destacado protagonista, no hace sino confirmar, por sus resultados, el basamento en que se fundan los alcances de las redes de poder, que tienen todavía en su núcleo a los Estados Unidos.

Si se tiene en cuenta, además, que su presidencia es un órgano unipersonal, configurado a imagen y semejanza de la monarquía inglesa -matizada con tintes republicanos- con un enorme peso propio, incluso considerando el sistema de “frenos y contrapesos”, se justificará y comprenderá mejor el interés que ha despertado el proceso electoral entre la señora Clinton y Donald Trump (me resisto a llamarlo “señor”), más allá del folclor introducido por el candidato republicano.

Razones de sobra existen para estar pendientes del resultado hoy, y siempre para preocuparse por el desempeño del cargo.
09 Octubre 2016 04:00:00
Honor y fuero
En boga está la renuncia al fuero, cuando no la imperativa intención de suprimir esa inmunidad constitucional, que por finalidad tiene proteger la función y no a quien la ejerce.

La razón de ser de tal figura, que se ha desvirtuado hasta abusar de ella, volviéndola sinónimo de una inadmisible sustracción a las normas en beneficio de los y las titulares de puestos en el servicio público, es evitar que se entorpezca el flujo de la función, obstruido por quienes, movidos por intereses ilegítimos, intenten obstruirla prodigando contra aquéllos acusaciones falsas.

También quiere proteger la libertad de expresión de lodo parlamentario en su desempeño como tal.

Cualquier otra interpretación será maliciosa y todo otro empleo de la figura, condenable.

Sin entrar en discusiones vanas sobre el tema, permítaseme compartir que, coincidentemente en estos días, un viejo y querido amigo, de añeja raíz coahuilenses, me recordó una anécdota que viene a cuento y narra un acontecimiento que pasó en aquellos días gloriosos en que las tropas liberales derrotaron a los invasores que habían instaurado el efímero imperio apoyado por la intervención francesa.

Era Jefe del Estado Mayor de Maximiliano de Habsburgo el general Severo del Castillo, quien cayó preso y fue sentenciado a muerte. Lo custodiaba el coronel Carlos Fuero, bajo el mando del general Sóstenes Rocha.

Fuero conocía bien a del Castillo, porque éste había sido un buen amigo de su padre.

La víspera misma de su ejecución, el general del Castillo pidió ver a Fuero, a quien hizo la petición de que mandara traer a su confesor y a su notario, para poner en orden sus asuntos del mundo y de la conciencia.

Fuero le dijo entonces, tajantemente, que no veía la necesidad de que los requeridos fueran hasta la prisión.

Sorprendido, contrariado y seguramente irritado, el general del Castillo mostró extrañeza y preguntó por qué, a lo que Fuero respondió: “No hay necesidad de mandarlos llamar. Usted irá personalmente a arreglar sus asuntos y yo me quedaré en su lugar hasta que usted regrese”.

Dicen los que lo vieron y contaron, que el general prisionero quedó estupefacto, y preguntó: ¿”Y qué garantía tienes de que regresaré para enfrentarme al pelotón de fusilamiento”?

“Su palabra de honor, mi General”, contestó Fuero.

Salieron los dos -se cuenta- y dijo Fuero al guardia: “el señor General Del Castillo, va a su casa a arreglar unos asuntos. Yo me quedaré en la celda en su lugar como prisionero. Cuando él regrese me manda usted a despertar”.

A la mañana siguiente, cuando llegó al cuartel el superior de Fuero, el ya dicho general Rocha, el guardia le informó de lo sucedido. Fue entonces don Sóstenes hasta la celda, despertó a Fuero -que, según se dice, dormía plácidamente- y le dijo: “¿Qué hiciste Carlos?, ¿Por qué dejaste ir al General del Castillo?”, a lo que el interpelado contestó: “Ya volverá, y si no lo hace, entonces me fusila a mí”.

Amanecía ya, cuando se escucharon pasos que se aproximaban al cuartel, y al grito de “¿Quién vive?” del centinela, se escuchó la respuesta: “¡México! ...y un prisionero de guerra”.

Como se habrá supuesto, quien respondió era el general del Castillo que, cumpliendo su palabra y acreditando su honor, volvía para ser fusilado.

Tuvo, a pesar de todo, un final feliz esta historia, pues según se dice, el general Severo del Castillo no fue pasado por las armas: Rocha informó de lo sucedido a sus superiores y entonces el presidente Benito Juárez indultó al General y ordenó la suspensión de cualquier procedimiento en contra del coronel Fuero.

Una bella historia que, en estos atribulados tiempos de extravío y demagogia, en los que la inmunidad se ha confundido con impunidad y quienes no tienen fuero reclaman para sí privilegios equivalentes, parece exótica.

Tiene visos también de fábula que, como moraleja, induce a pensar: ¿No será que no es que esté sobrando entre nosotros el fuero, sino que esté faltando el honor?
02 Octubre 2016 04:05:00
La paz en Colombia
Este mismo día, 2 de octubre de 2016, es un día crucial para Colombia: el lunes anterior se firmaron los convenios de paz con las FARC, cuyo propósito es poner fin a un estado de confrontación violenta de medio siglo, que se había vuelto endémica.

El acto se llevó a cabo en medio de los protocolos adecuados a su envergadura, en la simbólica Cartagena de Indias.

Pero los colombianos no pueden, todavía, echar las campanas al vuelo, porque ese histórico acontecimiento se someterá hoy a refrendo.

Las bondades del “sí”, para cualquier observador externo, parecen evidentes, pero hay una corriente intensa en el sentido contrario, capitaneada por el expresidente Álvaro Uribe. Su argumento central radica en la premisa de que, aprobar lo pactado –que implica amnistías y perdones– propiciaría una impunidad que, además de contraria a derecho, estiman intolerable, inadmisible, inútil y hasta perniciosa.

En el lado opuesto, quienes promueven el “sí” pretenden cortar de cuajo con un de-sarreglo social y político, y una tensión absolutamente intolerable y contraproducente. Apuestan por la esperanza y una paz constructiva.

En las redes sociales encontré dos expresiones ilustrativas de esta posición positiva, debidas a dos académicos jóvenes, de diferentes latitudes y orígenes, pero igualmente responsables y esperanzados en que las cosas en su país cambien para bien.

El primero dice:

“Yo les creo a algunos de mis amigos y familiares que van a votar por el NO y que al mismo tiempo sostienen que ellos también quieren la paz. Sinceramente les creo. Sin embargo, quiero llamar su atención sobre un punto: desaprovechar esta oportunidad implica que la guerra va a continuar, quizás no para siempre, pero sí por varios años, hasta que se extermine por la vía violenta a la guerrilla (cosa bastante improbable, por cierto) o hasta cuando se logre una salida negociada diferente a la actual.

“Vamos a pensar, siendo optimistas, que alguna de esas dos hipótesis se concreta dentro de 10 años. La guerra se hace con soldados, así que necesitaremos personas en el frente de batalla defendiendo al Estado colombiano hasta el 2027. Los partidarios del NO: ¿Quiénes esperan que sean esas personas? En un acto de coherencia la respuesta tendría que ser que esos cuerpos de combate deben estar integrados por todos, incluyendo por supuesto a nuestros hijos, nietos, sobrinos, primos y ahijados, porque de lo contrario se estaría asumiendo como justa y propia una guerra que están dando y padeciendo otros, aquellos que, como bien sabemos por la historia misma de nuestro país, son los hijos, nietos, sobrinos, primos y ahijados de los campesinos y de las personas más pobres, necesitadas y vulnerables. Sinceramente creo que esta opción es insostenible, racional y espiritualmente”.

El segundo, haciéndose eco de una simpática promoción del sí, narra: “Cuando Dios creó a los colombianos, los creó usando tres atributos: 1. Inteligentes, 2. Buena gente, y 3. Votantes del No al Plebiscito. Lastimosamente, en cada persona sólo podía usar dos de ellos. Así las cosas, una persona en Colombia si es inteligente y vota el No, entonces no es buena gente. Si es buena gente y vota el No, entonces no es inteligente. Y si es inteligente y buena gente, en definitiva no puede votar No, así que votará por el Sí en el Plebiscito del 2 de octubre ¿Usted qué tipo de colombiano es?”

Ante la situación que vive Colombia es inevitable recordar el consejo que Eduardo Couture incluye entre sus Mandamientos del Abogado: “Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la Justicia, como destino normal del Derecho; en la Paz, como substitutivo bondadoso de la Justicia; y sobre todo, ten fe en la Libertad, sin la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz”.

Formulo votos por que triunfe la razón y así lo entienda en este día el pueblo noble de Colombia.
02 Octubre 2016 04:00:00
La paz en Colombia
Este mismo día, 2 de octubre de 2016, es un día crucial para Colombia: El lunes anterior se firmaron los convenios de paz con las FARC, cuyo propósito es poner fin a un estado de confrontación violenta de medio siglo que se había vuelto endémica.

El acto se llevó a cabo, en medio de los protocolos adecuados a su envergadura, en la simbólica Cartagena de Indias.

Pero los colombianos no pueden, todavía, echar las campanas a vuelo, porque ese histórico acontecimiento se someterá hoy a refrendo.

Las bondades del “sí”, para cualquier observador externo, parecen evidentes, pero hay una corriente intensa en el sentido contrario, capitaneada por el ex presidente Álvaro Uribe. Su argumento central radica en la premisa de que, aprobar lo pactado –que implica amnistías y perdones- propiciaría una impunidad que, además de contraria a derecho, estiman intolerable, inadmisible, inútil y hasta perniciosa.

En el lado opuesto, quienes promueven el “sí” pretenden cortar de cuajo con un desarreglo social y político, y una tensión absolutamente intolerable y contraproducente. Apuestan por la esperanza y una paz constructiva.

En las redes sociales encontré dos expresiones ilustrativas de esta posición positiva, debidas a dos académicos jóvenes, de diferentes latitudes y orígenes, pero igualmente responsables y esperanzados en que las cosas en su país cambien para bien.

El primero dice:
“Yo les creo a algunos de mis amigos y familiares que van a votar por el NO y que al mismo tiempo sostienen que ellos también quieren la paz. Sinceramente les creo. Sin embargo, quiero llamar su atención sobre un punto: Desaprovechar esta oportunidad implica que la guerra va a continuar, quizás no para siempre, pero sí por varios años, hasta que se extermine por la vía violenta a la guerrilla (cosa bastante improbable, por cierto) o hasta cuando se logre una salida negociada diferente a la actual. Vamos a pensar, siendo optimistas, que alguna de esas dos hipótesis se concreta dentro de diez años. La guerra se hace con soldados, así que necesitaremos personas en el frente de batalla defendiendo al Estado colombiano hasta el 2027. Los partidarios del NO: ¿Quiénes esperan que sean esas personas? En un acto de coherencia la respuesta tendría que ser que esos cuerpos de combate deben estar integrados por todos, incluyendo por supuesto a nuestros hijos, nietos, sobrinos, primos y ahijados, porque de lo contrario se estaría asumiendo como justa y propia una guerra que están dando y padeciendo otros, aquellos que, como bien sabemos por la historia misma de nuestro país, son los hijos, nietos, sobrinos, primos y ahijados de los campesinos y de las personas más pobres, necesitadas y vulnerables. Sinceramente creo que esta opción es insostenible, racional y espiritualmente”.

El segundo, haciéndose eco de una simpática promoción del sí, narra: “Cuando Dios creó a los colombianos, los creó usando tres atributos: 1. Inteligentes, 2. Buena gente, y 3. Votantes del No al Plebiscito. Lastimosamente, en cada persona sólo podía usar dos de ellos. Así las cosas, una persona en Colombia si es inteligente y vota el No, entonces no es buena gente. Si es buena gente y vota el No, entonces no es inteligente. Y si es inteligente y buena gente, en definitiva no puede votar No, así que votará por el Sí en el Plebiscito del 2 de octubre ¿Usted de qué tipo de colombiano es?”

Ante la situación que vive Colombia es inevitable recordar el consejo que Eduardo Couture incluye entre sus “Mandamientos del Abogado”: “Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la Justicia, como destino normal del Derecho; en la Paz, como substitutivo bondadoso de la Justicia; y sobre todo, ten fe en la Libertad, sin la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz”.

Formulo votos por que triunfe la razón y así lo entienda en este día el pueblo noble de Colombia.
25 Septiembre 2016 12:01:00
¿Democracia?
Hay pensadores, como Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto, que afirman que la llamada “democracia” no es sino un invento de las élites para encubrir la autocracia.

Según esa perspectiva, solo hay dos clases de personas: Las que gobiernan y las gobernadas, nada más.

En otro sentido y desde otra perspectiva, hay pensadores contemporáneos, como Salvador Giner y Emilio Suñé, que sostienen que en los tiempos que corren es perceptible la formación de una verdadera telaraña de redes de poder que incluye, de manera preponderante, a las empresas que se denominan todavía multinacionales, a las organizaciones laborales y empresariales de alcance mundial, a las entidades financieras, las compañías tecnológicas, los grupos de comunicación y muchas otras entidades como esas, que “oligopolizan todos los niveles de la sociedad civil, tienen fuertes conexiones entre sí, así como claras vinculaciones con los estados, partidos políticos y demás burocracias que los gobiernan” (SUÑÉ LLINÁS, Emilio. 1998, La Sociedad Civil en la Cultura Postcontemporánea, Universidad Complutense, Madrid).

Hace ya algunos años, el politólogo estadounidense Roderic Ai Camp efectuó un estudio sobre los laberintos del poder en México, escudriñando en los ámbitos de los que provenían las llamadas “clases gobernantes” de este país.

La mayoría, entonces, se integraba por licenciados en Derecho egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hoy ya no es así, pero el método aplicado por Camp sigue siendo válido y permite vislumbrar cómo es que, si bien ha variado de rumbo, la integración de una clase dirigente sigue convocando a una élite dirigente cada vez más cohesionada y hermética.

Hoy podría decirse que en México, el papel de la escuela pública en la proveeduría de dirigentes lo ocupan instituciones privadas –unas pocas- y que la profesión dominante ya no es la abogacía, pero es claro que hay élites que toman decisiones relevantes y trascendentes para la vida de la comunidad sin apenas consultarla, muy esporádicamente, sobre su parecer en cuanto a ello.

En el proceso, ya en curso, de formulación de una constitución para la Ciudad de México, se integró una asamblea constituyente en la que solo una minoría de sus integrantes fue designado por elección. La mayoría fue designada sin mediar elecciones.

Vistos los asertos inicialmente citados en este artículo y en presencia de acontecimientos cotidianos que desmienten el arraigo social de las decisiones gubernamentales, alrededor del mundo, ya no es siquiera el caso de medir el “desarrollo democrático” de cada país, como pretenden la OCDE, The Economist y muchos centros e instituciones como esos, sino de considerar seriamente si la democracia existe y aún si es que ella es posible.

No es una pregunta ociosa, sino una reflexión que se impone, porque, como bien dice Sartori, una cosa es la “prescripción”, ideal y por lo tanto utópica, mientras que muy diferente es la “descripción”, que sin aquella no tendrá referente y estará condenada al extravío.

¿Usted qué opina?
18 Septiembre 2016 04:00:28
Los derechos como moda
En la Universidad La Salle, campus Saltillo, un nutrido grupo de estudiantes de las carreras de Derecho, Ciencia Política, Educación, y Comunicación Social, así como algunos profesores de ellas, asistieron a una charla acerca de las reformas de 2011 al Título Primero de la Constitución Mexicana, relativo a los “Derechos Humanos”.

Después de reflexionar acerca de la raigambre, larga en el tiempo y profunda en sus fundamentos, de la jerarquía suprema de los tratados, que no surge en 2011 sino que se remonta, de manera expresa, a la Constitución de 1857, una joven alumna en camino de convertirse en profesional de la ciencia política, formuló una muy pertinente pregunta, que en el fondo era más bien un sutil comentario.

¿No cree usted -preguntó, palabras más, palabras menos- que los derechos humanos se han puesto tan de moda que se abusa de ellos, lo que más que fortalecerlos los perjudica?

Personalmente creo, a pie juntillas, que la reacción natural contra los abusos del poder sin límites en el nuevo mundo globalizado, dio en una conjunción de movimientos en pro de los derechos fundamentales, con tal intensidad y vigor que los gobiernos, incluso los de los países más favorecidos, se vieron imposibilitados de desatender las demandas así formuladas.

Pronto, no obstante, al percatarse del valor político de dicho impulso, hicieron suyo el discurso y lo emplearon como mecanismo de control y presión.

Los ecos del fenómeno han resonado también en los ámbitos académicos y jurisdiccionales, no siempre con la objetividad científica e imparcialidad que serían deseables.

Hoy, y después de no pocas vicisitudes, la proclama de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, casi septuagenaria, ha adquirido el carácter de “idea fuerza” de toda legitimidad político-jurídica, y con mucha razón.

Sin embargo, no carece de sustento la percepción de aquella perspicaz estudiante, porque es cierto que la pugna por defender los derechos humanos frente a la autoridad atraviesa una etapa que yo llamaría “de acomodo”, en busca de la síntesis equilibrada que la dialéctica histórica demanda.

Mientras tanto, ciertamente “se han puesto de moda” –para decirlo coloquialmente- y eso ha dado en que todo aquel -o aquella, para ser políticamente correctos- que quiere ganar el ánimo colectivo, con cualquier fin, enarbola la bandera de ellos, muchas veces con poco o ningún recato y sin apenas alguna precisión, lo que ha llevado a innegables excesos, que han repercutido negativamente en diversos órdenes de la vida social.

Eso es así porque cuando se abusa en el empleo discursivo de cualquier noción –y los derechos humanos no son ajenos a ello- ciertamente se vuelve “moda” y su sentido se vacía, llenándose de contradicciones y confusión.

Si eso ocurre, se borra el significado genuino del concepto, que pierde el valor comunicativo del término que debiera representarlo fielmente, lo que en el caso, debido al valor sustancial de las libertades y derechos fundamentales en los basamentos de toda legitimidad, ocasiona que el tejido social corra el riesgo de caer en un proceso de grave descomposición.

Qué bueno que la gente joven se percate del tema, porque en sus manos estará en el porvenir atender las necesidades de la “polis” a que pertenecen. Sin negarle valor a ese hecho, creo que es necesario evitar que se piense que el futuro –y la responsabilidad que le atañe- es solamente de ellos, porque en realidad el futuro está ya presente en potencia y de quienes depende en primer lugar que sea halagüeño y no catastrófico, es precisamente de quienes hoy tienen capacidad de tomar las decisiones relevantes para el país y generar las estructuras jurídicas, políticas y económicas que hagan viable, digno y duradero ese futuro.

Es promisorio que los jóvenes tengan una visión clara de las cosas -¡enhorabuena!- pero no pueden quedarse solos.

El ejercicio respetuoso de las libertades corresponde a cada uno, sí, pero su garantía es responsabilidad de todos, primordialmente de las instituciones públicas, si aspiran a ser legítimas.
11 Septiembre 2016 04:00:41
Una crisis crónica
Semana fue la que concluye de movimientos telúricos que parecieran réplicas de la infaustamente célebre, fugaz, estancia de Mr. Trump en nuestro país.

Sin mayores explicaciones, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Videgaray, se fue a su casa (¿quizás la de Malinalco? Podría ser), mientras que el Dr. Meade regresaba a esa dependencia, donde ya estuvo e hizo un más que decoroso papel. Luis Miranda, amigo del Presidente, sustituye a Meade en la de Desarrollo Social.

Ese es el ápice que se ha mostrado como consecuencia inmediata, pero en el fondo el daño grave quedó en el epicentro, Los Pinos, donde los efectos han ocasionado resquebrajaduras que, mucho me temo, sean irreparables.

Digo más: mucho me temo que el mal tenga su origen profundo en las estructuras mismas de nuestro país y que, si no atinamos a comprenderlo y explicarnos los defectos, nada podrá ser hecho para remediarlo.

Infiero, si ustedes me lo permiten, que la pifia de la invitación no fue sino un movimiento desesperado, inscrito en el afán de encontrar un asidero en medio de una turbulencia que, a pesar de los muchos grados académicos –hablo de los que no son fruto del plagio, por supuesto- no se ha podido entender en sus causas y en su contexto.

Todavía, en pleno siglo 21, se acude a las prácticas autoritarias propias de la hegemonía perdida -que por cierto, no fue gratuita- mientras pasa desapercibido el hecho de que la renacentista noción de “soberanía” ha perdido su sentido tradicional, y por eso se acude a prácticas que, en la apariencia, se fundan en el poder legítimo que otorga el deber de “velar por el bien de los mexicanos”, mientras que en medio del desconcierto causado por la perplejidad, lo que impera es la política del “botepronto”, la de reacción impulsiva y tardía, si estrategias y planeación adecuadas a la circunstancia y a los propósitos debidos de toda función social, especialmente las de carácter político.

Los mexicanos no necesitan que nadie “vele” por su “bien”, sino asumir las responsabilidades que les atañen en cada espacio que les ha tocado atender. La “virtud cívica” consiste, primordialmente, en que los ciudadanos asuman -como compromiso personal, pero también social- el libre desarrollo de sí mismos, lo que supone cultivar el pensamiento y la acción, de manera libre y responsable.

Al gobierno -que el “estado” somos todos- le corresponde respetar, promover, proteger y garantizar esas libertades, propiciando la educación en una “virtud cívica” así considerada, de tal manera que pueda hacerse “frente a la moderna cultura del todo vale y del zarpazo -como bien dice Emilio Suñé, en su “Manifiesto Para Una Nueva Ilustración”-, que sólo sirve para que súbditos interesadamente envilecidos por el poder, normalicen la imposición de la ley de los fuertes, que de nuevo solo favorece a los poderosos” ( HYPERLINK “http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/MANIFIESTOPARAUNANUEVAILUSTRACION.pdf”
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/MANIFIESTOPARAUNANUEVAILUSTRACION.pdf).

La crisis, si bien se miran las cosas, no es nueva ni es coyuntural, sino crónica y estructural, porque en casi 200 años de vida independiente, aunque muchos y en muchas ocasiones se arrogan el mérito de haber construido una “Patria Grande”, la verdad es que la estrechez de miras parece haber echado raíces en nuestra historia, agudamente dialéctica, en permanente contradicción, buscando fuera lo que no queremos esforzarnos por descubrir adentro.

Mientras no asumamos, como conjunto comunitario, una visión conciliadora que tienda puentes y permita limar asperezas y restañar heridas -nuevas o viejas- y, por el contrario, con la mira puesta en el interés particular -o, cuando mucho, sectario- nos empeñemos en perseguir los fines propios, a pesar de los pesares ajenos, será imposible superar la crisis histórica que se ha asentado en nuestros lares.

En esa carencia de virtud está la raíz de todos los males que nos aquejan -llámense impunidad, corrupción, o como quiera que sea- y sólo arrancándola de cuajo será que se remedie la crisis crónica en que estamos inmersos, no culpando a “perversos villanos”, empleados como pararrayos a modo.
04 Septiembre 2016 04:00:49
¿Pero qué necesidad?
El domingo anterior falleció el muy popular cantautor Juan Gabriel, causando consternación en el ánimo de muchísima gente, dentro y fuera de nuestro país, y muy especialmente entre los varios millones de emigrantes -mexicanos o no- que hacen por la vida en los Estados Unidos y en mucho contribuyen a la economía y a la calidad de vida en ese país, que se las niega a ellos mismos.

En la misma semana, como si fuera una versión del teatro del absurdo en el escenario político, el inefable mister Trump irrumpió en Los Pinos para continuar su campaña en pos de la presidencia de su país, y lo verdaderamente increíble es que lo hizo a invitación del Presidente mexicano. El hombre del peluquín vino, le tomó el pelo a su anfitrión y se burló de todos los mexicanos, como si fuera una gracia.

Apenas se anunció la inexplicable -y algunos, sin ambajes, dicen que inadmisible- visita, las reacciones adversas fueron virulentas como pocas veces se ha visto. Después de ella, la sensación sigue siendo una mezcla de indignación con azoro, e impregnada de un profundo y generalizado descontento, incluso entre los más ortodoxos priístas.

Lo peor del caso, en un contexto de suyo adverso al Presidente mexicano entre la opinión pública, es que la gente ya ni se pregunta por qué él tomó esa decisión, sino ¿quiénes son sus asesores?

Ha trascendido que el episodio fue sugerido por quien sin duda se ha convertido en el consejero áulico de Peña Nieto, su secretario de Hacienda, quien, temeroso de la furia de Trump si ganara sin el mexicano acercamiento, porque eso sería desastroso para la economía de nuestro país (¿y si la señora Clinton ganara, molesta como está por la errónea jugada de nuestro Jefe de Estado, no sería nefasto política y económicamente para México el error cometido?).

Ha trascendido también, como secuela de lo anterior, que hubo una muy insistente, intensa oposición del secretario de Gobernación, al grado de sugerir, en el último momento, que se suspendiera la visita, asumiendo incluso la culpa del yerro, dispuesto a afrontar las consecuencias de él.

Más todavía: se menciona también que la secretaria de Relaciones Exteriores habría presentado una inadmitida renuncia a su cargo por el hecho y la sorpresa que le causó no haber sido consultada siquiera para instrumentar la tan criticada invitación.

Vaya usted a saber si sea cierto todo el caudal de información que corre en los mentideros políticos, aunque, como siempre, es de suponerse que en lo esencial algo de verdadero haya en los comentarios de “radio pasillo”.

Lo que resulta innegable en el caso es que nadie encuentra una explicación satisfactoria y, en cambio, existen un gran rechazo y una acre reacción, profundamente adversa, para una invitación sin sentido, en el mejor de los casos ingenua, y ciertamente de dudosa dignidad.

IndignaciÓn y enojo hubo por un lado, gracias a la visita de Trump, y consternación por la muerte de Juan Gabriel. Ante la coincidencia de ambos infortunados eventos y frente a la incómoda invitación a Trump, pareciera que en el acervo legado por el “divo de Juárez” hubiera quedado el comentario más más adecuado e inteligente: “¿Pero qué necesidad?”
28 Agosto 2016 04:00:00
Un panorama sombrío
A juzgar por lo que se publica en los medios y las encuestas en que ellos se basan, la popularidad del Presidente de la República toca fondo, y eso es grave en un país tan centralizado como en los hechos es México.

Ha trascendido, además, que comentan los analistas políticos, en el sentido de que entre los colaboradores más cercanos a los afectos del Ejecutivo -léase Videgaray, Nuño y alguno más- y el secretario de Gobernación se han roto lanzas, al grado de que no le hablan y hasta le dan la espalda cuando en algún evento coinciden.

Los diferendos, en el fondo, no parecen ser debido a discrepancias sobre la gestión pública que cada uno tiene a su cargo, sino que tienen por causa inmediata, dicen los suspicaces, sus aspiraciones personales en pos del poder transexenal que, como es natural, chocan frontalmente.

En el PRI, por esas razones, las cosas parecen estar complicadas: ¿Quién entre sus miembros podría ser un candidato fuerte, capaz de remontar la adversidad y aspirar factiblemente a ganar la elección presidencial?

Hay que tener presente que hoy las cosas no son como solían ser en un pasado no muy lejano, de modo tal que el candidato del PRI, que para más datos era seleccionado por un gran elector, no tiene ya asegurado con ello ventaja alguna, y menos si se rompe, como se dice que puede haber ocurrido, la proverbial unidad en que descansa la disciplina que lo caracterizó en la era de la hegemonía.

Las cosas, en otros partidos, no van mejor: Acción Nacional, partido de “brega larga”, según lo definió su fundador, llegó a la presidencia -lo que en México significa, sin más, “llegar al poder”- y con ella en sus manos durante dos sexenios, saturó al electorado y eso propició que el PRI volviera a Los Pinos, siempre con López Obrador pisándole los talones a los dos partidos desde que se dio el relevo de
Vicente Fox.
Felipe González decía que el poder desgasta y tenerlo, según todo indica, desgastó al PAN, que hoy está dividido y enredado en pugnas de difícil solución según todas las apariencias. Por eso, el pronóstico para el PAN no puede ser tan claro como alguno podría suponer, frente a la realidad priista.

¿El PRD? Para nadie es un secreto que jamás ha habido en su seno una unidad sólida, y que hoy en día se encuentra fracturado como nunca antes lo estuvo, sobre todo después del desprendimiento de Andrés Manuel López Obrador, que se llevó consigo a un buen número de militantes de aquel, con quienes fundó Morena, el “Movimiento de Renovación Nacional”.

Este carismático líder -nadie puede escamotearle ese don- ha mantenido viva su ya legendaria campaña y se mantiene vivo en la contienda, aunque por sí mismo y solo, Morena, según dicen los que saben del tema, sería incapaz de ganar la elección grande que ya se acerca. En cambio, si consigue conciliar su interés con el PRD, para ir juntos en alianza, los augurios podrían ser mejores para él.

Sume usted, lector, lectora, a la no corta lista de candidatos independientes que ya se anotan para contender, quienes pueden canalizar a su favor algunos votos nacidos de la inconformidad y la protesta, y entonces tendrá un resultado que no se corresponde con la claridad, solidez y amplio ascendiente que se necesita en el cargo para este momento y los tiempos que vienen.

El panorama es sombrío no sólo para los partidos y los pretendientes, sino para el país entero, que necesita romper ya las inequidades e injusticias que lo aquejan, sin demagogia. Con acciones, en cambio, que con entereza conduzcan al país orientados por quilates garantía solidaria de las libertades de los seres humanos.

No se pierda la esperanza: Las cosas empiezan apenas y podría ser todavía que surgiera un “caballo negro” capaz de ofrecer ese liderazgo. Ojalá que así sea. Veremos.
21 Agosto 2016 04:00:32
México en el entorno político global
Mientras más se acerca el relevo presidencial -en este México nuestro de “presidencias imperiales”- y en presencia de una disminuida popularidad de quien ejerce la Presidencia, más necesario se hace volver a reflexionar sobre un fenómeno al que, según se aprecia cotidianamente, no se ha prestado la debida atención: La enorme influencia de nuevos actores en el escenario político de la globalidad.

Para todo efecto práctico -así sea político, económico o, en general, social- el fenómeno de la globalización ha provocado una crisis de todo poder estatal y la disociación de dos factores que habían corrido paralelos en la historia hasta tiempos recientes: El derecho y la política.

El vacío normativo y el potencial de acción de las grandes corporaciones ha conducido a la formación de redes de poder que actúan en y sobre el entorno mundial, configurando un sistema político global que, al haberse separado del factor normativo, se ha constituido en un campo propicio para la prevalencia hegemónica de los intereses privados sobre el interés público.

Esas redes han tejido interacciones relevantes que las hacen capaces de asignar valores de conducta a esa sociedad de extensión mundial, sin que los estados individualmente -o sus autoridades- tengan los alcances necesarios para controlar tal situación.

Las nuevas circunstancias dan cuenta de un desplazamiento del poder político, desde el ámbito estatal, hacia un impreciso núcleo “transnacional”, compuesto por corporaciones, instituciones no gubernamentales y algunos gobiernos poderosos.

Creo necesario insistir en que la crisis que enfrenta la institución estatal –como paradigma científico, pero también como fenómeno histórico- es, en esencia, una crisis de soberanía -es decir, de poder sustentado en normas válidas, no en la fuerza- lo que implica una disminución severa de la capacidad efectiva de ejercer la autoridad suprema hacia el interior, y también de interactuar independientemente y en igualdad de condiciones con otros estados, pero principalmente frente a los nuevos actores
globales.

Ante tal circunstancia, no sobra poner sobre la mesa ese elemento complejo del acontecer mexicano contemporáneo que se conoce como “reformas estructurales”, que han afectado intereses que no ciñen su influencia a los parámetros tradicionales de las fronteras, sino que las trascienden, como trascienden también el horizonte sexenal de la política mexicana.

De una parte la reforma energética afectó las previsiones que habían efectuado las compañías petroleras y los consorcios energéticos de los Estados Unidos, que tanto promovieron las modificaciones al marco normativo mexicano para poder invertir en gas y petróleo, para encontrarse con el hecho de que, removido el obstáculo jurídico, se iniciaban contactos con Europa y con Asia para invitarlas al pastel.

En el campo de las telecomunicaciones, tampoco fue deleznable el efecto sobre intereses muy poderosos, dentro y fuera del país.

Más recientemente, el palpitante conflicto con una porción radical del magisterio, expresión inequívoca del “México bárbaro” que despertó la reforma educativa y que parece lejano en su solución, ha contribuido a enredar más la madeja, y lo que es peor, ha desatado fuerzas que no serán fáciles de dominar.

Nada sorpresivo resulta que ese factor haya puesto presión como nunca se había visto en tiempos recientes sobre quien más intensa y extensamente concentra el poder en este país: el Presidente de la República.

Quienes han sufrido de manera directa las inclemencias generadas por esas acciones, han hecho causa común y su activismo se ve reflejado sin duda en la pobre opinión que se expresa sobre el desempeño del Ejecutivo.

Los muchos excesos y las deficiencias del equipo presidencial, las agudas diferencias en su interior, los conflictos de intereses que se han dado a conocer y la incapacidad notoria para enfrentar las crisis, son factores que agravan la situación y hacen aparecer tormentoso el panorama.

Pero en las crisis hay oportunidades; si se recupera la brújula de la legitimidad democrática y se toman medidas para engarzar la política nacional con dignidad en el nuevo entorno político mundial, el pronóstico podrá mejorarse. Difícilmente en el caso contrario.
14 Agosto 2016 04:00:53
Autonomía y derechos humanos
En fecha reciente, la fundación “Open Society”, que ha sido impulsada y patrocinada por el conocido financiero internacional George Soros y se ha propuesto -con éxito- convertirse en un actor político con presencia global, difundió una publicación a la que intituló “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”.

Se aprecia en el documento, infortunadamente, una carencia de referencias precisas a fuentes concretas y datos identificables para sustentar las opiniones que expresa, lo cual, por desgracia, le resta utilidad y valor instrumental.

A pesar de ello, toca un tema que sin duda merece una reflexión que, por lo demás, no es nueva ni exclusiva de algún organismo público defensor de los derechos humanos en este país: la cuestión relativa a la autonomía plena que la Constitución les confiere y no siempre en los hechos es fácil de ver efectuada.

Es claro que tal autonomía encuentra su razón de ser en el aseguramiento de una actuación imparcial, regida por criterios independientes, cuya única limitación es la capacidad que le otorgan las normas vigentes en México, incluidos los tratados internacionales.

Para ese efecto, entre otras cosas, es que desde el más elevado nivel jurídico se les dota de personalidad -con la consiguiente capacidad patrimonial- y de una plena capacidad de autogestión presupuestal, que parte del momento mismo de diseñar su propia previsión de recursos, la que sólo podrá ser modificada, si es que conforme a la ley y las disponibilidades financieras procediera, por la legislatura correspondiente en el acto de discusión y aprobación de los presupuestos anuales de cada rama del poder y los organismos autónomos.

Por eso, el poder Ejecutivo –único facultado para iniciar los decretos presupuestales ante el poder legislativo- será nada más el vehículo para hacer llegar al Congreso la previsión de gasto anual elaborada por cada comisión, sin que pueda efectuar en ella cambio alguno.

A pesar de todo eso, nunca podrá decirse que la autonomía constitucional se verá “reforzada” por algún incremento presupuestal -debidamente justificado por ella misma- dado que esta acción es una consecuencia, no la causa, de su autonomía. En cambio, para justipreciar el tema hay que poner la mirada en otros puntos de referencia.

Por ejemplo: el carácter de “derecho suave” (“soft law”) de sus recomendaciones, cuando recaen en autoridades con poco sentido cívico y de sus responsabilidades públicas frente a la legitimidad en el ejercicio de su poder, limita medularmente la efectividad de los organismos públicos protectores de los derechos humanos en su actuación; tampoco son propicias a ese propósito las lagunas legales y la falta de procedimientos efectivos para exigir el cumplimiento, cuando menos de aquellas recomendaciones que hayan sido aceptadas por las autoridades responsables.

Hay sin embargo una circunstancia que puede ser todavía más limitante de la autonomía que todas esas, y otras muchas, causas externas. Me refiero a la actitud de los servidores públicos que han tenido, y tienen, el honor de ser responsables de velar por la prevalencia de los derechos humanos en y desde los organismos públicos.

Si lejos de actuar con el pundonor y sentido de la misión que tienen encomendada muestran actitudes sumisas o anteponen intereses diversos a sus deberes de pugnar inteligentemente y con asiduidad por que se respete la autonomía constitucional conferida a tales instituciones, estarán en falta.

Una cultura de sumisión y medro nunca será el terreno fértil que necesita el florecimiento de una civilidad en la que el reconocimiento y respeto de los derechos humanos sea una cotidiana costumbre generalizada, la norma y no la excepción.

Es esa la única manera de alcanzar la “justicia cotidiana” que se dice perseguir, porque no es con prescripciones formales, sino con el comportamiento reiterado, voluntario y casi imperceptiblemente automático, que se construyen las sociedades fincadas sobre bases legítimas a cabalidad.

A eso hay que aspirar, poniendo ya manos a la obra.
07 Agosto 2016 04:00:18
Derechos fundamentales: Una nueva perspectiva
En junio de 2011 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar una serie de previsiones sobre los derechos fundamentales que modifica radicalmente el tratamiento que se solía darles en México, prácticamente desde la mitad del siglo XIX.

Sus elementos de mayor relevancia son los siguientes: La referencia expresa y específica a los derechos humanos reconocidos, no solo en la propia constitución, sino también en los tratados internacionales de los que México sea parte; el imperativo de interpretar las normas relativas a los derechos humanos conforme a la constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; la imposición del deber, a cargo de toda autoridad, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, siempre según los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; la imposibilidad de suspender o restringir algunos derechos, aun en casos de estados de excepción y, finalmente, restringiendo aún más las posibilidades de hacerlo respecto de los restantes.

En la tradición jurídica Mexicana, la denominación “garantías individuales” se había empleado de manera generalizada para referirse a los derechos humanos –que yo prefiero llamar “fundamentales”- porque así resolvió el Constituyente de 1856 la ineludible polémica entre el positivismo y el naturalismo iusfilosóficos. Entre que si el estado los “otorga” o los “reconoce”, se zanjó la diferencia consignando que los “garantiza”, y desde entonces –puesto que era una época en que imperaba el liberalismo individualista- se llamaron como ha quedado dicho: Garantías Individuales.

Eso fue así hasta el 10 de junio de 2011, fecha en la que el Diario Oficial de la Federación publicó una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo eje central está contenido en el nuevo texto de su artículo 1º, que establece varios supuestos:

A. Todas las personas –independientemente de su edad, origen, género, etc.- gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, y de las garantías para su protección, “cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse”, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece.

B. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas –todas- la protección más amplia (lo que se conoce como “principio “pro persona”).

C. Todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, “de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y el estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a ellos”, conforme lo establezca la ley.

D. Se prohíbe “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

La enmienda -en rigor técnico, quizás innecesaria- ha resultado altamente conveniente en razón de la apertura de un nuevo debate sobre la fundamentalidad de los derechos humanos y, sobre todo, acerca de su jerarquía normativa y la función de la autoridad –cualquiera, no solo la judicial- frente a ellos.

La nueva perspectiva constitucional ha propiciado, por lo pronto, una confrontación con la postura tradicional y con diversos criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de los alcances de la “soberanía” en su expresión internacional, particularmente en cuanto a la función jurisdiccional, que enfrenta hoy la necesidad jurídica de atender y acatar los fallos de las cortes internacionales, especialmente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Quedan todavía, a pesar de todo, cuestiones por precisar y dilucidar, y ese es un camino que, en la vida constitucional de México, apenas comienza.
31 Julio 2016 04:00:24
Cuba, entre la esperanza y la incertidumbre
A sesenta y tres años del asalto a los cuarteles de Moncada y Carlos de Céspedes, el 26 de julio de 1959, Cuba se viste de fiesta para celebrar la transición revolucionaria que encabezaron los “barbudos de la Sierra Maestra”, comandados por Fidel Castro.

Se apresta también -la ocasión es propicia- para celebrar el cumpleaños del ya casi nonagenario líder -nacido el 13 de agosto de 1926- con un largo asueto y una extensa gama de eventos políticos y culturales, dedicados a esos dos temas.

Mientras eso ocurre, La Habana se encuentra atestada de turistas, que atiborran las calles, las plazas, restaurantes y bares (en los que, casi indefectiblemente según la versión de cada sitio, fue parroquiano habitual Hemingway). Gente hay de Europa - muchos rusos, por cierto, todavía- sudamericanos, y orientales, entre los que destacan los chinos (lo que no es extraño, porque su país ha ocupado el lugar que tenía la U. R. S. S. en cuanto al dominio comercial).

Hoteles de cadenas españolas, principalmente, pero también nacionales, que abren cada mañana las compuertas de los ríos de visitantes que se vuelcan a las calles a visitar los lugares y edificaciones más significativos de épocas anteriores -incluidos templos y conventos que fueron cerrados al triunfo de la revolución- que el régimen ha querido hermosear, sometiéndolos a “restauración mayor”, de tal modo que parecen hoy ser signo de lo que se quiere que venga, más que añoranza de lo que fue y parece estarse yendo.

Flota en el ambiente un sensible dejo de paciente esperanza y una clara conciencia de que el bloqueo interior, que ha dado en un fracasado pero oneroso aislamiento, es peor que el impuesto por los estadounidenses.

El discurso oficial no cambia, pero ha dejado de ser pertinaz y hasta pareciera que intencionalmente va aflojando las riendas, como para no perder el control mientras cambian de rumbo los vientos de fronda y se prepara una nueva transición histórica, a la que no le faltan visos de retroceso.

Muestra de lo anterior es que el discurso conmemorativo fue encargado al vicepresidente cubano, y no corrió a cargo de Raúl Castro, además de que fue pronunciado en la ciudad de Sancti Spiritus, una plaza de muy secundaria importancia política en la Cuba de hoy, donde expresó la exigencia de más ahorro y trabajo para enfrentar la “compleja coyuntura económica” que su país atraviesa, oportunidad en la que exhortó al ya de suyo abrumado pueblo a demostrar “cada día, en cada puesto de trabajo y con hechos concretos, que sabemos estar a la altura de este nuevo reto”.

La gente no deja de sentir la situación nueva, a veces con un algo de resignación y fatalismo, a veces con una tímida esperanza.

Uno llegó a decir: “Somos pacientes. Ya esperamos sesenta años, podemos esperar unos más”; otro, “los americanos son malos, pero tienen todo lo bueno”. Cada uno y los dos reflejan mucho de la actitud anhelante que flota en el aire y permite atisbar la reacción en sentido contrario que ha generado el “bloqueo interior” a que se ha querido someter a los cubanos, con consecuencias que difícilmente pueden calificarse como propias de la dignidad humana.

Da la impresión de que los deslucidos festejos dan testimonio de que los vientos de fronda que vienen del norte van poco a poco barriendo los barruntos de un fallido empeño de sojuzgar las libertades perennemente, aunque cuando acaben de irse con seguridad dejarán dolorosos vestigios, entre los que no serán cosa menor las impunidades que, con seguridad, se están negociando ya.

Yayabera. Fue precisamente en Sancti Spiritus donde nace, a fines del siglo XIX, la guayabera, derivación de “yayabera”, nombre original de la prenda en referencia al río Yayabo, en cuya ribera se encuentra la ciudad. De ahí se extendió a todo el Caribe y cobró carta de naturalización en Mérida, de donde es sin duda emblemática hoy.
24 Julio 2016 04:00:03
Otra vuelta a la noria
Esta semana, como si fuera metralla, se promulgaron las leyes que integran el paquete “anticorrupción”, en medio de una elitista ceremonia durante la cual el Presidente consideró oportuno, “con toda humildad”, pedir perdón por el incidente celebérrimo de su “casa blanca”.

Una vez más, con ecos López Portillanos y de Miguel de la Madrid, se pretende que con leyes se va a remediar un mal cuyas raíces no están en las normas, sino en las estructuras socio-políticas y económicas de este país, que se caracterizan por su pragmático egoísmo, la codicia y el desdén por la honradez y el honor.

Hace no mucho, el asedio fue proclamado en nombre de algo llamado “justicia cotidiana”, que fue definido, por exclusión y de manera verdaderamente ingenua, como “todo aquello que no es justicia penal”.

¡Claro que no todo es justicia penal! El campo de la justicia, sin embargo, no es bipartito, la penal y lo demás, sino que suele dividirse según las ramas sustantivas en que se desarrolla: Penal, civil, mercantil, laboral, administrativa, etcétera.

En cambio, una justicia realmente cotidiana implica, por necesidad, una actitud permanente de toda persona de reconocer y respetar los derechos de los demás, tanto como descansa en el ejercicio responsable de los derechos propios.

Nada tiene que ver con “dar a cada quien lo suyo”, como erróneamente se insiste hasta el cansancio a partir de la mutilación de una máxima latina que, además, suele traducirse mal, porque la palabra tribuere que aparece en ella, y literalmente significa tributar -interpretable, en algún caso, como “dar”- tiene en el contexto el sentido de reconocer. La frase así leída, en castellano, diría: La justicia es la constante y perpetua voluntad de reconocer (no “dar”) a cada quien su propio derecho.

Esa es -debiera ser- la verdadera justicia cotidiana, que habría que aderezarse con la exigencia del jurista romano Ulpiano para vivir cívicamente en la virtud: Honeste vivere, alterum non laedere cuique suum tribuere, lo que es tanto como decir: Vivir honestamente, no dañar a los otros y reconocer su derecho.

Hoy, de nueva cuenta, desde arriba y sin disipar dudas sobre la claridad de las intenciones en la propuesta, se lanzan normas intimidatorias, olvidando que un componente básico del camino hacia un propósito tal es el liderazgo, que es, sobre todo, ascendiente moral y no amenaza o coerción.

Ese liderazgo se echa de menos en la circunstancia, y no se alcanzará con promesas ni con actos de contrición, sino con hechos. Esa vida de honestidad y respeto debe ser la característica inexcusable del líder, especialmente del que buscó serlo y que fue electo para fungir como tal.

Eso nada lo sustituye. No hay leyes ni promesas que puedan ocupar su lugar, y no parece estar el horno para bollos, para seguir dando vueltas a una noria que está, a todas luces, agotada.

Las leyes vacías e ineficaces, lejos de prevenir o remediar el problema, lo agravan, acelerando la decadencia y el primer deber del líder -y de todos- es evitarla.
17 Julio 2016 04:00:25
De cara al 2018
El ritual sexenal para renovar la función presidencial es en México, país acostumbrado a una “presidencia imperial”, un evento relevante en el calendario político.

Todavía las generaciones del medio siglo, ahora en el poder, tienen puesta la mira en los momios del momento, porque no acaban de darse cuenta de que los tiempos han cambiado y ahora los aires de fronda provienen de fuera del país, con mucha más fuerza de cuando nacían en Los Pinos.

Algunos perciben que tal influjo ha hecho variar las circunstancias de tal modo que, ante el acucioso escrutinio de los observadores foráneos, las “técnicas” electorales del pasado han caído en obsolescencia y se ha hecho necesario llevarlas a grados de sofisticación más allá de la “caída de los sistemas”.

Aun así, el nuevo contexto ha hecho entender a algunos políticos avezados, de esos –se dice- que “aran con el colmillo”, hayan intuido ya que la técnica del “dedazo” ha perdido eficacia y, frente a la innegable adver5sidad del momento para algunos partidos políticos –todos están, socialmente, en crisis- hayan hecho una retirada estratégica, deslindándose -como ellos dicen- de los fracasos y errores de su partido.

El gran grueso de los “cuadros” políticos partidarios y sus dirigentes, dan muestras claras de no entender el nuevo entorno, y en un pragmatismo de no muy profundo horizonte, fijan la vista en las estrategias para sobrevivir y salvar los escollos del momento, que en la preparación de una carrera política sólida. Pensar que el sustento de ella sea el arraigo genuino en una solidaridad comunitaria legítimamente duradera es, a juzgar por los hechos, una utopía cada vez más remota.

En medio del desamparo, entretanto, la crispación y el enojo, la indignación y el desprecio de la gente, crecen. Ella, que intuye ya que ser ciudadano es mucho más que ser elector, va sabiendo también, por eso, que la democracia es gobierno y no solo procesos electorales caros y de discutible beneficio a la hora de hacer funcionar a las instituciones.

¿Lo habrán entendido así los y las aspirantes a la presidencia?
Los legisladores, difícilmente, a juzgar por su tradicional plegamiento a la voluntad presidencial, que se ha empeñado en unificar, homogeneizando artificialmente, lo que, siendo diverso, estaba ya unido.

Se empezó por imponer leyes “generales”, y como no hubo resistencia, sino al contrario, aplauso, se pasó de plano a las unitarias leyes y códigos “nacionales”, que miden con el mismo rasero a todos, por diferentes que sean.

¿Podrá ser ese, acaso, uno de los motivos más serios, aunque no fuera evidente, de la crispación y el desorden?

“Haiga sido como haiga sido”, las cosas han tomado un derrotero centralista que, paradójicamente, lejos de fortalecer al presidente en turno, según cualquier encuesta que se consulte, lo han debilitado, sin que haya visos de algún repunte oportuno, ni siquiera el reciente relevo en la dirigencia del PRI. Los otros partidos -y “precandidatos”- no andan mejor.

Todo ello en medio de un entorno de codicia egoísta y deterioro moral, que no solo ha corrompido a los actores del vandalismo, sino que ha mellado el vigor de las estructuras sociales mismas, y propiciado la impunidad y la decadencia.

El panorama luce sombrío porque es verdad que en el horizonte no se ven liderazgos, sino vacuas ideologías teñidas de emociones, más que de razones, y lo que resulta más grave, una confusión generalizada sobre lo que conviene hacer para ser, y no solo para parecer.

Las libertades se ven disminuidas, las brechas se ahondan y la pobreza –económica, intelectual y moral- avanza inexorable.

En las próximas elecciones, las de 2017, podrá constatarse si en algo ha podido recuperarse la confianza y se han restañado las heridas de indignación o, por el contrario, las ya presentes campañas presidenciales –y para las gubernaturas- contribuyen más al desencanto que a la esperanza.

Dicen por ahí que un pesimista no es otra cosa que un optimista bien informado; yo no quisiera creerlo.
10 Julio 2016 04:00:29
Una extraña imputación
El lunes anterior, al momento de arribar a sus labores, el cuarto visitador de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila fue detenido por elementos de la Procuraduría General del Estado, bajo el muy serio cargo de secuestro agravado, supuestamente cometido por él y dos personas más, que nunca fueron identificadas.

El viernes siguiente, 8 de julio, se celebró la audiencia de control de detención, ante el juez primero de Primera Instancia Penal Oral de Frontera, Coahuila, con una duración aproximada de 11 horas.

Como es de rigor, a ella acudieron los acusadores, supuestas víctimas, y se desahogaron otras pruebas, a partir de cuya evaluación el juez de control determinó, sin reservas, que no había elementos para vincular a proceso al imputado, por lo que decretó su inmediata libertad.

El mismo día de la audiencia, tarde ya en la noche, la Procuraduría General de Justicia del Estado emitió un comunicado de prensa, por cierto de dudosa calidad en su redacción, en el que pretende explicar -¿justificar quizá?- su fallida actuación.

El propio comunicado deja entrever, a poco que se atienda, una intención cuando menos intrigante. Al narrar los hechos que movieron su acción, dice textualmente: “Derivado de las declaraciones vertidas por las víctimas, los hechos ocurrieron el lunes 27 de junio; al siguiente día, las víctimas ven en la televisión al probable responsable y lo reconocen; la denuncia la interponen el jueves 30 de junio, la víctima hace el señalamiento directo, además la esposa, quien entregó el dinero, también lo reconoce y aporta una fotografía que obtuvo en internet y realizó un reconocimiento por fotografía sin temor a equivocarse”.

Del propio comunicado se desprenden varias cuestiones que no dejan de llamar la atención: La primera, y más notoria, es sin duda la celeridad, a partir de la fecha de la denuncia, con la que se integró la averiguación, se obtuvo la orden y fue ejecutada ¿Es esto habitual? ¿No denota una eficiencia poco usual?

En el lenguaje mismo del comunicado, por otra parte, se denota una actitud prejuiciosa. Nótese cómo es que al referirse a las supuestas víctimas da por hecho que lo fueron.

Pero, sin dejar de lado esa serie de datos objetivos, se registra que quien fue acusado es un visitador regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, la cuestión –hipotética, conste- de que esa calidad pudo haber tenido que ver con los hechos, se hace presente. Mucha gente se ha preguntado si no se tratará de algún revanchista montaje, por ejemplo.

Es esa una hipótesis posible sin duda, pero en el caso surgen otras preguntas cuya respuesta es imprescindible y requerirán de una especial atención.

Es claro que frente a la ya de por sí inexistente fuerza vinculante de los organismos públicos de derechos humanos en México, su mayor fuerza radica en su autoridad moral, y cuestionar, especialmente de manera tan grave, la de sus integrantes, tiende a mellar ese activo.

¿Será esa la intención de la maniobra efectuada esta semana, que se suma a otras similares ocurridas anteriormente? Las coincidencias son sospechosas, sobre todo cuando, como ha ocurrido en este caso y uno similar ocurrido en Ciudad Acuña hace algunos meses, la falsedad de las acusaciones ha sido puesta al descubierto por un juez -federal en este último caso- de manera inmediata.

Son esas algunas cuestiones que flotan en el aire y cuya existencia ha sido enunciada incluso por un numeroso grupo de coahuilenses que han mostrado su parecer en ese sentido, así como su solidaridad con quien fue infructuosamente imputado y la institución a la que pertenece.

Esas preguntas y circunstancias -y algunas otras conexas- con toda seguridad serán puntualmente evaluadas y conducirán sin duda a proceder de la manera en que el sistema jurídico mexicano dispone, en los tiempos y conforme a los procedimientos que él mismo establece.

Quien camina de la mano de la ley, justamente aplicada, no se equivoca.
03 Julio 2016 04:00:49
La verdadera cara del Brexit
El músculo político de la demagogia ha vuelto a acreditar que, aun en aquellos países que se asumen a sí mismos como modelos de civilización y cultura, como la Gran Bretaña, es un instrumento de convicción muy útil cuando el contexto le es favorable, y lo será siempre que las emociones priven sobre la razón y los vicios sobre las virtudes.

A juzgar por las primeras reacciones dentro del Reino Unido, los propios promotores de la salida parecen sorprendidos, y muchos de sus seguidores profundamente decepcionados, porque votaron por la retirada con la esperanza puesta en la inmediata recepción de beneficios, seguramente a sabiendas de su imposibilidad por parte de quienes lideraron el movimiento.

En materia de salud, por ejemplo, se sabe bien –desde hace décadas- que el sistema de seguridad social británico está virtualmente en quiebra, porque su financiamiento resulta cada vez más oneroso. A pesar de ello, quienes impulsaron el abandono arguyeron que una de las ventajas de salir de la Unión Europea sería el ahorro de 350 millones de libras esterlinas que son enviadas a la UE, y que ya sin esa obligación podrían ser empleadas internamente.

Cosa similar sucedió con los pescadores, que supusieron que fuera de la Unión verían desaparecer los límites de captura impuestos por ella a sus miembros, lo que no ha sido inmediato, como suponían, ni tiene visos de realizarse porque hay negociaciones internacionales que deberán ser efectuadas y, para peor, mientras eso sucede, el sector perderá los subsidios europeos.

Tampoco en materia impositiva podrá cumplirse la promesa de reducir el monto del IVA, porque la circunstancia económica resultante del abandono requerirá, seguramente, nuevos impuestos para fondear el gasto público, especialmente porque los fondos europeos desaparecerán para el Reino Unido.

Aun en la que tal vez haya sido la clave que inclinó a los indecisos a romper la precaria ventaja inicial de quienes querían quedarse, la inmigración, ya de suyo creciente y con perspectivas de incrementarse al ingresar Turquía a la Unión –lo que no parece ser inminente, de todos modos- las consecuencias del triunfo del Brexit han sido funestas, porque desataron una xenofobia anacrónica y casi criminal.

Si expresamente el temor se manifestaba al ingreso de musulmanes extremistas, las primeras reacciones en Londres se expresaron contra inmigrantes polacos, tradicionalmente católicos, tal vez en reminiscencia de aquella pugna, que debió ya quedar superada, entre Enrique VIII y la Iglesia de Roma, específicamente contra el papado.

En cuanto tiene que ver con la política interna, no es de extrañar que la cosa esté descompuesta en grado extremo: El primer ministro Cameron, que ya anunció su renuncia, ha perdido poder, como es natural, y lo peor es que nadie parece ambicionar el dudoso honor de gestionar la salida. Hasta los líderes del movimiento han hecho mutis y no dan la cara, sino tímidamente y por excepción, para decir que las expectativas abrigadas por sus seguidores fueron exageradas, pero no se corresponden con lo prometido.

A veces parece que nunca pensaron de verdad en ganar, y ahora que lo hicieron han quedado perplejos y aterrorizados.

Su demagógica y triunfal campaña, basada en promesas irrealizables, lo único que logró fue ensombrecer el futuro del reino y exacerbar sentimientos y pasiones elementales, que en nada se compadecen con la solidaridad entre iguales que se impone como necesidad humanitaria en nuestro tiempo, contraria a toda discriminación y propicia a la integración respetuosa y plena de todo el género humano.

La conducción demagógica, falsamente populista, que se vale de la exaltación emocional e ignora las más elementales reglas de la convivencia basada en valores, es un instrumento que puede dar músculo a las desviaciones políticas, en detrimento de las libertades. Hay que estar precavidos y no perder de vista el ejemplo –mal ejemplo- inglés.
26 Junio 2016 04:00:53
Inglaterra y la Unión Europea
El Reino Unido de la Gran Bretaña, en apretado plebiscito, decidió abandonar la Unión Europea.


Para mejor poder ponderar las consecuencias de esa decisión, creo necesario repasar los orígenes y la evolución de ese inédito modelo de confederación señera en el siglo XXI.


En primer lugar hay que recordar que la Unión Europea, que en sus orígenes estructurales tuvo un determinante sentido económico, hoy es mucho más que eso, pues su carácter político es, con mucho, más importante que aquel. Téngase en cuenta, para corroborarlo, que durante su vigencia, ya por casi setenta años y por primera vez en su historia, las potencias europeas no han entrado en guerra; sus diferencias, conflictos y confrontaciones se han resuelto de forma pacífica, por las vías políticas y diplomáticas.


Es en este punto imposible eludir la cita de las palabras de Winston Churchill en Zürich en 1946: “Nunca más la guerra entre nosotros”.


Con ese espíritu se iniciaba una nueva época que, a partir de la primera expresión de integración económica en la Comunidad Europea del carbón y del acero, (conformada por Alemania, Francia, el BENELUX -Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo- e Italia), que dio en una ampliación de ese primer tratado, para abarcar una más amplia gama de actividades, en 1957.


En la configuración de la Unión Europea no han faltado vicisitudes y tropiezos, que por la vía pacífica se han superado, con el objetivo de la integración y la solidaridad en la mira.


En respuesta a la CEE, los países europeos que no fueron signatarios del tratado de Roma, formaron la Asociación Europea de Libre Comercio (Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza), en 1960.


Es relevante el dato de que, cuando la gran Bretaña intentó integrarse a la CEE, la Francia de Charles de Gaulle se opuso férreamente y no fue sino hasta que el general se retiró que fue posible su integración al esquema que, en 1993, desembocó en el tratado de Maastricht, que en 1993 dio origen a la Unión Europea, que desde entonces ha hecho crecer su integración y ampliado sustancialmente su membresía, para pasar de 6 a 28 miembros (antes de la salida del Reino Unido), con Turquía ya en el umbral de entrada.


Conviene subrayar que no es el llamado “Brexit” el único incidente enfrentado por la Unión -aunque quizás si el más severo- que ya había enfrentado serios riesgos de desintegración cuando Francia rechazó, vía plebiscito también, la consolidación de los tratados en una constitución europea. Se dudó entonces de la consistencia de la Unión y de su permanencia, pero a fin de cuentas, el escollo fue superado con éxito.


¿Qué pasará después de la salida de la Gran Bretaña? Creo que la Unión perdurará y que el gran perdedor de la tan apretada decisión será el país que la abandona, como ya lo percibe la mayoría de quienes votaron por la permanencia, jóvenes, frente al anacrónico orgullo victoriano de ese sector de mayores de derecha, que arrastraron a su proyecto a la pequeña porción de indecisos que, por temor a las migraciones violentas, creyeron -fatuamente según lo veo- que dejando la Unión se blindarían, xenofóbicamente, contra las oleadas de migrantes que, desde el resto del mundo, están arribando a Europa.


Ya Escocia, que quiere campear por sus propios fueros, ha retomado el camino de su independencia y el parecer de los jóvenes británicos se resume en la expresión de alguno de ellos: “Nos robaron nuestro futuro”. Ellos pagarán los platos rotos.


A la postre, parece que la Gran Bretaña empequeñecerá, y verá acrecentar su dependencia del dólar, instrumento del imperio mundial que sustituyó al suyo, a menos que la apretada resolución -y no se descarte la posibilidad- conduzca a una reconsideración plebiscitaria para revocar la medida.

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