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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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01 Octubre 2017 04:03:00
El desmantelamiento constitucional
Cien años y 743 artículos reformados lleva la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De ellos, 154 han sido modificados durante el régimen actual, lo que representa casi el 20% del total de las reformas efectuadas anteriormente.

La última –¿ominosamente?– se publicó el día mismo en que se conmemora el inicio de la guerra de independencia, el 15 de septiembre pasado.

La mayoría de esas reformas han tenido por motivo central ampliar las facultades de los órganos del gobierno de la Unión, en detrimento de las atribuciones de las correspondientes a los gobiernos estatales.

El vehículo de concentración, primero, fueron la leyes “generales”, una clasificación que, en rigor, sólo merecen aquellas disposiciones que, en desarrollo de una disposición constitucional, regulan el ejercicio de las facultades concurrentes, es decir, aquellas que la propia constitución otorga a los órdenes federal y estatales como excepción a la regla general de facultades exclusivas.

Después, de plano y ya sin rubor alguno, se dio en la práctica de emitir leyes y códigos “nacionales”, que desplazan a las legislaciones locales en materias que, según el equilibrado diseño original, les correspondían.

Un par de datos interesantes y que usualmente pasan desapercibidos: durante el largo periodo de estabilidad económica y social, pocas fueron las reformas efectuadas a la ley suprema; en cambio, el frenesí de los cambios empezó en los 70, se agudizó en los 80 –para propiciar el suave aterrizaje en nuestro país del entonces abiertamente pujante “neoliberalismo, que aún sigue vivo, pero casi soterradamente– y ha tenido un verdaderamente grande apogeo en los dos últimos sexenios.

¿No es de llamar la atención que a la inestabilidad constitucional correspondan los tiempos de mayor inestabilidad política y social? ¿Es mera coincidencia?

Incluso en materia económica, respecto de la que se pregonan condiciones de prosperidad y estabilidad macroeconómica, los índices de pobreza son mayúsculos y la brecha entre los muy pocos ricos y el resto de la población cada vez más pronunciada, lo que es en sí mismo injusto y, además, propicio para la inconformidad creciente que, ya con visos de acre rebeldía, es perfectamente perceptible entre la gente de nuestro país.

Lo grave del asunto es que, a pesar de esa crispación social, los argumentos desplegados por los centros de poder impulsores del retroceso estructural, a pesar de su retórica retorcida y gastada, no son rebatidos; al contrario, frecuentemente se aplauden, incluso desde sectores ordinariamente críticos, quizás porque la inmediatez de los problemas que se dice pretenden ser resueltos con las reformas, impide ver el panorama que ofrece el horizonte profundo de las intenciones de control que ellas conllevan, pues es evidente que mientras más disperso y limitado se encuentre el poder, más difícil será ejercerlo en favor de intereses particulares.

Hay que recordar que nuestra Constitución es, en el papel, rígida, precisamente para evitar que a voluntad de los poderosos se modifique sin ton ni son, en favor de ellos y perjuicio de los seres humanos cuyos intereses y derechos está destinada a proteger.

En los hechos, esa característica se ha esfumado. Los órganos que deberían protegerla, los partidos políticos incluidos, se han sumado al pequeño grupo rector de la política –¿recuerda usted el llamado Pacto por México?– para decidir, incluso al margen de los órganos legislativos, sobre los asuntos que atañen a todo el país y afectan a todos sus habitantes. Eso rompe el orden institucional y opera contra la democracia.

Ferdinand La Salle, ese jurista alemán marxista decimonónico que habló desde entonces sobre el tema, sostuvo que, a pesar de la generalizada creencia de que la Constitución es una ley suprema, protectora del interés general, en realidad no es sino una expresión de la voluntad de los poderosos, que en la cúspide se dan la mano y coinciden en la adopción de medidas para cuidar sus intereses, “legalizando” las vías para conseguirlo desde la fuente misma de la supremacía jurídica.

¿Acaso La Salle tenía razón?
19 Noviembre 2017 04:00:00
La SCJN y la publicidad gubernamental
El fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en esta semana acerca de la publicidad oficial es histórico porque, por primera vez, se concede un amparo por omisiones legislativas.

Lo interpuso Artículo 19 porque el Congreso de la Unión no ha expedido la ley reglamentaria del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la publicidad gubernamental.

Independientemente de su importancia histórica, la extensa sentencia contiene consideraciones que trascienden ese tema –de pronto, de manera que parece excesiva– que concitan una reflexión más profunda.

Hace alusión ese tribunal a diversos criterios propios y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contiene también consideraciones que invitan a la reflexión sobre el tema de los medios, aunque en rigor nada tengan que ver con el tema central de la omisión legislativa.

En uno de esos temas se concentra esta entrega, que en ocasión distinta se ocupará seguramente de los otros. Hoy toca, por su relevancia, al que tiene que ver con las directrices normativas que, según el fallo, acotan la difusión hecha por las autoridades del país.

“La simple propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de Gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”, dice la resolución.

Por eso, insiste, “los medios de comunicación son fundamentales para la existencia del debate plural e incluyente (y por lo tanto), una democracia deliberativa requiere de medios de comunicación profesionales e independientes que informen y den a conocer los distintos puntos de vista…sobre un problema de interés público”, para que así los ciudadanos puedan formar su propia opinión, en tanto que supone que la ausencia de regulación “propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión”.

Por esa razón, el órgano jurisdiccional estimó que la “dimensión colectiva” de la libertad de expresión (noción discutible en su contenido y significado) impone al Estado el deber de actuar neutralmente al asignar recursos “entre los medios de comunicación” y concluyó que “es imprescindible que existan reglas que permitan al Estado actuar de tal manera que asegure que todas las voces de la sociedad que se expresan en los medios de comunicación sean escuchadas de una manera completa y justa”.

Hasta aquí, todo parece marchar bien, pero las cosas se confunden cuando se abordan cuestiones tales como ¿qué tiene que ver la libertad de expresión, per se, con la inconstitucionalidad de la omisión legislativa? Si la propia resolución afirma que “ni de la libertad de expresión ni de ninguna otra disposición constitucional se desprende que los medios de comunicación tengan un derecho a que se les asignen recursos estatales por difundir publicidad oficial” ¿a qué viene tan extensa consideración sobre ese rubro, como la que se contiene en las consideraciones del fallo?

Es verdad que la libertad de expresión es básica, pero ¿sin cortapisas? Los agentes gubernamentales pueden usar el presupuesto no sólo para restringir o “castigar” a los medios no afines a ellos, pero también para combatir corrientes o personas incómodas a quienes consideren adversarios y aún existe la posibilidad de que algún medio busque presionar para obtener mejores condiciones de financiamiento presupuestal, y estos últimos supuestos –quizás porque pueden incomodar susceptibilidades mediáticas– no los aborda el ponente ni los incorpora la sala, a pesar de ser cuestiones torales en la materia ¿Debe ocuparse de ello la legislación reglamentaria de la Constitución?

La importancia y la trascendencia de esas cuestiones para la realidad política contemporánea obligan a una referencia específica, que habrá que dejar para la próxima entrega.

Mientras tanto, que tengan una buena semana.
19 Noviembre 2017 04:00:00
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la publicidad gubernamental
El fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en esta semana acerca de la publicidad oficial es histórico porque, por primera vez, se concede un amparo por omisiones legislativas.

Lo interpuso “ArtÍculo 19”, porque el Congreso de la Unión no ha expedido la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la publicidad gubernamental.

Independientemente de su importancia histórica, la extensa sentencia contiene consideraciones que trascienden ese tema -de pronto, de manera que parece excesiva- que concitan una reflexión más profunda.

Hace alusión ese tribunal a diversos criterios propios y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contiene también consideraciones que invitan a la reflexión sobre el tema de los medios, aunque en rigor nada tengan que ver con el tema central de la omisión legislativa.

En uno de esos temas se concentra esta entrega, que en ocasión distinta se ocupará seguramente de los otros. Hoy toca, por su relevancia, al que tiene que ver con las directrices normativas que, según el fallo, acotan la difusión hecha por las autoridades del país.

“La simple propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”, dice la resolución.

Por eso, insiste, “los medios de comunicación son fundamentales para la existencia del debate plural e incluyente (y por lo tanto), una democracia deliberativa requiere de medios de comunicación profesionales e independientes que informen y den a conocer los distintos puntos de vista…sobre un problema de interés público”, para que así los ciudadanos puedan formar su propia opinión, en tanto que supone que la ausencia de regulación “propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión”.

Por esa razón, el órgano jurisdiccional estimó que la “dimensión colectiva” de la libertad de expresión (noción discutible en su contenido y significado) impone al estado el deber de actuar neutralmente al asignar recursos “entre los medios de comunicación” y concluyó que “es imprescindible que existan reglas que permitan al Estado actuar de tal manera que asegure que todas las voces de la sociedad que se expresan en los medios de comunicación sean escuchadas de una manera completa y justa”.

Hasta aquí, todo parece marchar bien, pero las cosas se confunden cuando se abordan cuestiones tales como ¿qué tiene que ver la libertad de expresión, “per se”, con la inconstitucionalidad de la omisión legislativa? Si la propia resolución afirma que “ni de la libertad de expresión ni de ninguna otra disposición constitucional se desprende que los medios de comunicación tengan un derecho a que se les asignen recursos estatales por difundir publicidad oficial” ¿a qué viene tan extensa consideración sobre ese rubro, como la que se contiene en las consideraciones del fallo?

Es verdad que la libertad de expresión es básica, pero ¿sin cortapisas? Los agentes gubernamentales pueden usar el presupuesto no solo para restringir o “castigar” a los medios no afines a ellos, pero también para combatir corrientes o personas incómodas a quienes consideren adversarios y aun existe la posibilidad de que algún medio busque presionar para obtener mejores condiciones de financiamiento presupuestal, y estos últimos supuestos -quizás porque pueden incomodar susceptibilidades mediáticas- no los aborda el ponente ni los incorpora la sala, a pesar de ser cuestiones torales en la materia ¿Debe ocuparse de ello la legislación reglamentaria de la constitución?

La importancia y la trascendencia de esas cuestiones para la realidad política contemporánea obligan a una referencia específica, que habrá que dejar para la próxima entrega.

Mientras tanto, que tengan una buena semana.
12 Noviembre 2017 04:02:00
La corrupción y los presupuestos
Hace unos días, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío publicó un artículo intitulado Una Buena Agenda Anticorrupción” (El Universal, 07/11/2017). En su artículo, el ministro Cossío enfatiza la necesidad de efectuar una detenida y extensa reflexión pública sobre los puntos torales del informe de la Auditoría Superior de la Federación, que arroja importantes datos sobre deficiencias en el ejercicio 2016.

Expresamente, menciona el pago de sobreprecios injustificados, obras de mala calidad, falta de entrega de lo convenido y otras cuestiones “por el estilo”.

No menciona otras igualmente serias. Por ejemplo, el dato que hace poco se destacó respecto del gasto en difusión, que superó, generalizadamente y en algunos casos hasta en un 1000%, al autorizado, lo que necesariamente implica tomar los recursos excedidos de otros rubros, probablemente prioritarios.

Tampoco menciona un rubro que, por sus repercusiones, puede ser tanto o más grave, cualitativamente, que los mencionados: aquel que tiene que ver con la retención indebida, injustificada e infundada de los presupuestos autorizados por el órgano parlamentario a instituciones y organismos que, sin dependencia del Poder Ejecutivo, se ven privados de los recursos asignados por determinación arbitraria de dependencias de este último.

Aunque los montos puedan parecer irrisorios frente a los dedicados a grandes obras, son más graves cualitativamente porque trascienden al campo de la garantía del equilibrio en el ejercicio del poder basada en el sistema de frenos y contrapesos, lo que hace añicos, en los hechos, la expresión fundamental del estado de derecho y pega en la médula misma de la legitimidad al atentar contra la función esencial del Estado y su Gobierno.

Como nos enseñaron los sismos recientes, hay daños estructurales imperceptibles y supuestamente mínimos, que son en el fondo más graves que muchos derrumbes escandalosos de elementos no esenciales de la arquitectura y la ingeniería. Lo mismo pasa con ellas cuando el parangón se aplica a los sistemas sociopolíticos y gubernamentales.

Quienes cometen, autorizan, permiten u ordenan este tipo de irregularidades, harían bien en considerar, antes de hacerlo, aquella disposición de los códigos penales que tipifican el delito de peculado como lo hace, para enunciarlos de manera paradigmática, el Código Penal Federal en el artículo 223, que dice que comete el delito de peculado: “Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”, entre otras cosas.

Hay, en los estados, algunas variantes. En Coahuila, y sólo amanera de ilustración, el Código Penal dice, en su Artículo 195, que: “Se aplicará prisión de dos a ocho años; multa de la mitad a tres tantos del beneficio que obtuvo; destitución de empleo o cargo; e inhabilitación definitiva para desempeñar otro: Al servidor público que para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa”.

Como se verá, no sólo se trata de una práctica irregular, sino de una ilegalidad delictiva que, si bien en la impunidad podría encontrar resguardo, ya no contará con ese parapeto, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que un juez de una adscripción distinta a la del local conozca de la causa cuando haya riesgo para la imparcialidad del originalmente facultado, como ha ocurrido ya en un precedente recientemente establecido por la Corte en el caso Duarte de Ochoa.

Es de esperarse, para bien de México y como bien concluye el ministro Cossío en su artículo, que en el próximo informe sobre la cuenta pública que rinda la Auditoría Superior de la Federación –o las estatales, agrego– no “nos volvamos a sentir sorprendidos por las muchas y delicadas cosas de las que hoy se nos está informando”.
12 Noviembre 2017 04:00:00
La corrupción y los presupuestos
Hace unos días, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío publicó un artículo intitulado “Una buena agenda anticorrupción” (El Universal, 07/11/2017).

En su artículo, el ministro Cossío enfatiza la necesidad efectuar una detenida y extensa reflexión pública sobre los puntos torales del informe de la Auditoría Superior de la Federación, que arroja importantes datos sobre deficiencias en el ejercicio 2016.

Expresamente, menciona el pago de sobreprecios injustificados, obras de mala calidad, falta de entrega de lo convenido y otras cuestiones “por el estilo”.

No menciona otras igualmente serias. Por ejemplo, el dato que hace poco se destacó respecto del gasto en difusión, que superó, generalizadamente y en algunos casos hasta en un mil por ciento, al autorizado, lo que necesariamente implica tomar los recursos excedidos de otros rubros, probablemente prioritarios.

Tampoco menciona un rubro que, por sus repercusiones, puede ser tanto o más grave, cualitativamente, que los mencionados: Aquel que tiene que ver con la retención indebida, injustificada e infundada de los presupuestos autorizados por el órgano parlamentario a instituciones y organismos que, sin dependencia del poder ejecutivo, se ven privados de los recursos asignados por determinación arbitraria de dependencias de este último.

Aunque los montos puedan parecer irrisorios frente a los dedicados a grandes obras, son más graves cualitativamente porque trascienden al campo de la garantía del equilibrio en el ejercicio del poder basada en el sistema de frenos y contrapesos, lo que hace añicos, en los hechos, la expresión fundamental del estado de derecho y pega en la médula misma de la legitimidad al atentar contra la función esencial del estado y su gobierno.

Como nos enseñaron los sismos recientes, hay daños estructurales imperceptibles y supuestamente mínimos, que son en el fondo más graves que muchos derrumbes escandalosos de elementos no esenciales de la arquitectura y la ingeniería. Lo mismo pasa con ellas cuando el parangón se aplica a los sistemas sociopolíticos y gubernamentales.

Quienes cometen, autorizan, permiten u ordenan este tipo de irregularidades, harían bien en considerar, antes de hacerlo, aquella disposición de los códigos penales que tipifican el delito de peculado como lo hace, para enunciarlos de manera paradigmática, el Código Penal Federal en el artículo 223, que dice que comete el delito de peculado: “Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”, entre otras cosas.

Hay, en los estados, algunas variantes. En Coahuila, y solo a manera de ilustración, el Código Penal dice, en su artículo 195, que: “Se aplicará prisión de dos a ocho años; multa de la mitad a tres tantos del beneficio que obtuvo; destitución de empleo o cargo; e inhabilitación definitiva para desempeñar otro: Al servidor público que para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa”.

Como se verá, no solo se trata de una práctica irregular, sino de una ilegalidad delictiva que, si bien en la impunidad podría encontrar resguardo, ya no contará con ese parapeto, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que un juez de una adscripción distinta a la del local conozca de la causa cuando haya riesgo para la imparcialidad del originalmente facultado, como ha ocurrido ya en un precedente recientemente establecido por la Corte en el caso Duarte de Ochoa.

Es de esperarse, para bien de México y como bien concluye el ministro Cossío en su artículo, que en el próximo informe sobre la cuenta pública que rinda la Auditoría Superior de la Federación -o las estatales, agrego- no “nos volvamos a sentir sorprendidos por las muchas y delicadas cosas de las que hoy se nos está informando”.
05 Noviembre 2017 04:02:00
Un azaroso fin de sexenio
Pocas leyes en México escapan a la tentación –y posibilidad– de “darles la vuelta”, incluida la Constitución. Una de esas provisiones es el perentorio término de la gestión presidencial, que concluye, improrrogablemente, el 30 de noviembre cada seis años, y esta vez el fin del ciclo llega envuelto en una atmósfera de incertidumbre y tensiones que no se habían visto antes.

Lo que hace particularmente delicado el relevo en la titularidad del Poder Ejecutivo, en términos generales y aún en condiciones de estabilidad, es el peculiar ascendiente, con visos de monarquía sexenal, que el Presidente tiene respecto de los otros poderes y la peculiar estructura piramidal que ha impregnado nuestra cultura jurídica, más allá de lo prescrito por las normas (recuérdese, la improcedente justificación de esa circunstancia bajo la figura inadmisible de supuestas “facultades metaconstitucionales”).

Hay que agregar una serie de circunstancias que agravan la cuestión: el pertinaz empeño de Trump por eliminar a México del tratado de comercio de Norteamérica impone condiciones de riesgo e incertidumbre que no favorecen un tránsito político terso, en primer lugar.

El avance democrático que representa la apertura a candidaturas independientes también abona a la complejidad del proceso, porque en los hechos ha propiciado quebrantos partidarios aparentemente fincados más en las apetencias personales que en el interés general.

El número mismo de participantes “independientes” en la contienda presidencial apuntamos hacia el caos y las divisiones que a la unidad, que es propicia para el ejercicio legítimo del poder.

El notorio fracaso social –y también político– del modelo neoliberal, las decepciones frente a una esperanzada alternancia, el abanderamiento discursivo –sin efectiva correspondencia en los hechos– de los derechos humanos en las proclamas gubernamentales y la simulación, en general, han prohijado animadversión y enojo entre los ciudadanos, lo que tampoco facilita la estabilidad que requiere la gobernanza.

En la coyuntura presente ha de tenerse en cuenta la mella del prestigio y la confianza en los órganos electorales y, en general, en el desempeño gubernamental, agudizan la adversidad del contexto.

Súmense las percepciones –más reales que ficticias– sobre la corrupción, la impunidad, los contubernios y simulaciones –entre las que no sólo se encuentran las violaciones a los derechos de las personas, sino también los abusos estructurales, como es, por ejemplo, la administración arbitraria de los presupuestos asignados por el congreso para reforzar los programas que tiendan a ello, aun a riesgo de incurrir en graves responsabilidades administrativas y aun de cometer algún delito, como puede ser el de peculado.

A pesar de la postura opuesta de algunos, es imposible negar que la cultura política del país se encuentra impregnada de esa visión jerárquica de la pirámide del poder, en cuya base se encuentra una razón esquizofrénica: una cosa es lo que prescribe la ley y otra la que se lleva a cabo “por el bien de la república”, como solía decir un connotado secretario de Gobernación.

Mientras eso pasa, las campañas oficiales en favor del “principio de legalidad” proliferan. México, dijo José López Portillo, corría el riesgo de convertirse en un país de cínicos. ¿Es eso lo que ha ocurrido, o sólo es obcecación por el poder en interés personal?

Dicho lo anterior del país, hay que agregar que, como la praxis política mexicana ha generado la reproducción, en los estados, del esquema jerárquico central, haciendo de nuestro sistema un “federalismo de espejo”, las circunstancias descritas deben también predicarse de los relevos estatales, cuyos riesgos son equivalentes, además de verse agravados por el clima general.

Esos riesgos políticos, durante el relevo, y en todo momento, se aminorarían desde luego si se abandonara la nefasta práctica de pregonar una cosa para efectuar la contraria; cumplir con el deber primario de todos, pero especialmente de los servidores públicos, pasa por someterse al derecho y dejar de manipularlo, o lo que es peor, no acatarlo.

Es inaplazable enmendar ese yerro.
05 Noviembre 2017 04:00:00
Un azaroso fin de sexenio
Pocas leyes en México escapan a la tentación -y posibilidad- de “darles la vuelta”, incluida la constitución. Una de esas provisiones es el perentorio término de la gestión presidencial, que concluye, improrrogablemente, el 30 de noviembre cada seis años, y esta vez el fin del ciclo llega envuelto en una atmósfera de incertidumbre y tensiones que no se habían visto antes.

Lo que hace particularmente delicado el relevo en la titularidad del poder ejecutivo, en términos generales y aún en condiciones de estabilidad, es el peculiar ascendiente, con visos de monarquía sexenal, que el Presidente tiene respecto de los otros poderes y la peculiar estructura piramidal que ha impregnado nuestra cultura jurídica, más allá de lo prescrito por las normas (recuérdese, por ejemplo, la improcedente justificación de esa circunstancia bajo la figura inadmisible de supuestas “facultades metaconstitucionales”).

Hoy hay que agregar una serie de circunstancias que agravan la cuestión: El pertinaz empeño de Trump por eliminar a México del Tratado de Comercio Libre de Norteamérica impone condiciones de riesgo e incertidumbre que no favorecen un tránsito político terso, en primer lugar.

El avance democrático que representa la apertura a candidaturas independientes, también abona a la complejidad del proceso, porque en los hechos ha propiciado quebrantos partidarios aparentemente fincados más en las apetencias personales que en el interés general.

El número mismo de participantes “independientes” en la contienda presidencial apuntamos hacia el caos y las divisiones que a la unidad que es propicia para el ejercicio legítimo del poder.

El notorio fracaso social -y también político- del modelo neoliberal, las decepciones frente a una esperanzada alternancia, el abanderamiento discursivo -sin efectiva correspondencia en los hechos- de los derechos humanos en las proclamas gubernamentales y la simulación, en general, han prohijado animadversión y enojo entre los ciudadanos, lo que tampoco facilita la estabilidad que requiere la gobernanza.

En la coyuntura presente, ha de tenerse en cuenta, por si aquello fuera poco, la mella del prestigio y la confianza en los órganos electorales y, en general, en el desempeño gubernamental, agudizan la adversidad del contexto.

Súmense las percepciones -más reales que ficticias- sobre la corrupción, la impunidad, los contubernios y simulaciones -entre las que no solo se encuentran las violaciones a los derechos de las personas, sino también los abusos estructurales, como es, por ejemplo, la administración arbitraria de los presupuestos asignados por el congreso para reforzar los programas que tiendan a ello, aun a riesgo de incurrir en graves responsabilidades administrativas y aun de cometer algún delito, como puede ser el de peculado.

A pesar de la postura opuesta de algunos, es imposible negar que la cultura política del país se encuentra impregnada de esa visión jerárquica de la pirámide del poder, en cuya base se encuentra una razón esquizofrénica: Una cosa es lo que prescribe la ley y otra la que se lleva a cabo “por el bien de la república”, como solía decir un connotado secretario de gobernación en tiempos no tal lejanos.

Mientras eso pasa, las campañas oficiales en favor del “principio de legalidad” proliferan. México, dijo José López Portillo, corría el riesgo de convertirse en un país de cínicos ¿Es eso lo que ha ocurrido, o solo es obcecación por el poder en interés personal?

Dicho lo anterior del país, hay que agregar que, como la praxis política mexicana ha generado la reproducción, en los estados, del esquema jerárquico central, haciendo de nuestro sistema un “federalismo de espejo”, las circunstancias descritas deben también predicarse de los relevos estatales, cuyos riesgos son equivalentes, además de verse agravados por el clima general.

Esos riesgos políticos, durante el relevo y en todo momento, se aminorarían desde luego si se abandonara la nefasta práctica de pregonar una cosa, para efectuar la contraria; cumplir con el deber primario de todos, pero especialmente de los servidores públicos, pasa por someterse al derecho y dejar de manipularlo, o lo que es peor, no acatarlo.

Es inaplazable enmendar ese yerro.
29 Octubre 2017 04:00:00
¿Una nación de naciones?
La tensión tiene raíces profundas en la historia, pero se ha agudizado en extremo en los últimos tiempos y ha alcanzado niveles que hacen difícil imaginar un futuro terso, sean cuales fueren las medidas que se adopten.

Lo cierto es que hemos presenciado, en la coyuntura que vive España, una colección de desaciertos políticos, que lejos de permitir avizorar una solución eficaz y duradera, lo que han hecho es agravar el conflicto que, siendo antiguo, se reavivó cuando el parlamento catalán incluyó en su estatuto de autonomía una frase que se refería a Cataluña como “nación”, idea que se consideró por algunos como contraventora de la proclama, vigente durante el franquismo, de que España es “una, grande, libre”.

Es detectable, en primer lugar, una confusión clara, en el discurso que priva en los acontecimientos que hoy ocurren, entre los conceptos “nación” y “estado”, aunque hay además una significante postura republicana, y por lo tanto antimonárquica, en los planteamiento de, cuando menos, la mitad de los catalanes de hoy, a juzgar por las cifras que arrojan los referendos y otros cálculos en que las partes no parecen diferir.

Hace tres años, precisamente el domingo 26 de octubre de 2014, el profesor Emilio Suñé, de la Universidad Complutense, escribía en el periódico electrónico “Madrid Press” que “uno de los puntos más críticos para la Ciencia Política y el Derecho Público es cómo articular la convivencia en un mismo Estado, de pueblos con una identidad histórico-cultural fuerte, que quieren autogobernarse. Esta es precisamente la idea de Nación, frente a la de Estado. La Nación es una realidad socio-cultural, mientras que el Estado es una forma jurídico-política. Cuando coinciden Estado y Nación, no hay problema, porque un grupo social, con conciencia de un ‘nosotros’ (Nación), organiza los asuntos políticos, es decir de su ser colectivo, bajo un único Estado. Ahí no existen uniones forzadas ni tensiones secesionistas; pero la Historia es compleja, por lo que es muy habitual lo contrario, que grupos nacionales distintos convivan bajo un mismo Estado” ( HYPERLINK “http://madridpress.com/not/179736/espana__nacion_de_naciones__i_”
http://madridpress.com/not/179736/espana__nacion_de_naciones__i_).

Dijo Suñé entonces también que Cataluña es una Nación, como lo es España, que “no es solo un Estado, también es una Nación. Existe la Nación Española, al menos mientras la dinámica destructiva del Estado de las Autonomías no acabe con ella”.

En consonancia con ese parecer y, sin duda en la misma línea que Suñé –aunque en otros menesteres podría no compartir posiciones políticas- se ha expresado el senador Ramón Espinar, de PODEMOS, quien en medio de los debates actuales, ha dicho que Cataluña tiene toda la legitimidad para ser nación, aunque no la tenga para declararse “estado soberano”, si nos atenemos al marco constitucional español, a pesar de que en el ámbito meta jurídico podría debatirse esto último.

¿Cómo conciliar ambas posturas? Uniendo sin unificar, integrando a los diversos en un “gran nosotros” que comparta lo que deba compartirse por ser común entre diversos “nosotros” parciales, que en cuanto a su fuero interno conservaran sus capacidades de autogobierno.

La unidad, importa destacarlo, no se rompe por la diversidad, antes puede enriquecerse y verse fortalecida; igual la grandeza y, sobre todo, la libertad, lo que requiere de un diálogo respetuoso y digno, tanto como de evitar el empleo del pseudo legítimo “monopolio de la fuerza”, si es que de verdad se quiere alcanzar soluciones duraderas y estables.

Solo podrá lograrse tal objetivo bajo un esquema firme, pero elástico, que permita compartir y tienda puentes en lugar de anular diferencias por imposición coactiva.

Ya existe una técnica de probada eficacia para alcanzar ese ideal: el sistema federal, que es un instrumento apto para aglutinar naciones en una unidad estatal, como ha pasado con Suiza, la federación más antigua del mundo.

Claro: la eficacia del instrumento requiere de pericia y buen ánimo al utilizarlo; por sí mismo no garantiza nada. Los fracasos (alguno muy cercano por cierto) no son imputables al instrumento, sino a quienes lo operan.
22 Octubre 2017 04:02:00
Apología del sistema federal
El mundo atraviesa una etapa de transformación que ha hecho evidente la necesidad de revisar el modelo organizativo de la comunidad internacional y de no pocas de las llamadas “nacionales”.

Paralelamente, en nuestro país, con una obvia estrechez de horizontes e ignorancia histórica, vivimos un proceso de centralización que se ha querido “vender” revistiéndolo de una aparente satisfacción de compromisos internacionales, que en realidad ha dado en convertirse en perniciosa concentración de poder en el Gobierno de la Unión.

Creo por ello importante insistir en los rasgos esenciales del sistema federal para erradicar toda confusión y prevenir simulaciones.

Las características de un estado federal, en síntesis, son: a) el federalismo es una técnica constitucional de integración jurídico-política, que algunos estados modernos han empleados para cumplir el propósito de armonizar dos tendencias contradictorias, presentes en el origen y en el transcurso de la vida de cada uno de esos estados: la unidad frente a la disgregación; b) coexisten tres órdenes jurídicos: el de los estados integrantes, el federal creado para atender los asuntos comunes atribuidos expresamente al Gobierno de la Unión y el general (que algunos llaman nacional), que los comprende a ambos y establece las normas comunes y las de organización, integración y coordinación que son fundamentales en el mantenimiento de la unidad, cohesión y permanencia del estado; c) no hay más que dos órdenes de gobierno interlocutores directos en un régimen federal: el Gobierno de la Unión y el de cada uno de los integrantes de la Federación, es decir, los estados federados.

Tres son los principios básicos en que se funda el sistema federal: 1) El de la Supremacía de la Constitución General; 2) El principio de Poderes Exclusivos y Residuales, que en el caso de México se precisa en el Artículo 124 y significa que el Gobierno de la Unión sólo contará con los poderes o facultades que expresamente se le hayan conferido en la Constitución, en tanto que todos aquellos no mencionados son reservados para sí por cada uno de los estados que integran la federación, aunque por excepción existen poderes concurrentes, que pueden ser ejercidos por ambas instancias; 3) El de reciprocidad, por el cual, en primer lugar, los actos oficiales de cada estado gozan de validez en los otros y ante la Unión, porque reciben “entera fe y crédito” en toda ella y, en segundo, los ciudadanos de cada estado tienen en los demás garantizados todos sus derechos y libertades.

En México, la concesión de fundamental de atribuciones se contiene en el Artículo 73, que contiene el catálogo potestativo del Poder Legislativo, que por razón natural, es el más relevante en la materia, porque no hay que olvidar que la función básica, en términos formales, de todo estado es expedir normas, a través de cuya ejecución y en movimiento descendente, sus órganos llevarán a cabo las funciones que a cada uno le corresponde efectuar.

Por eso la tendencia impulsada por el Gobierno federal de manera intensa en los tiempos recientes parte de reformar ese artículo, a fin de concentrar facultades, sin destruir, en apariencia, el formato federal.

La historia nos ha enseñado que la centralización tiende a ser autoritaria y la descentralización, por contraposición, tiende a ser una fuerza liberatoria y por lo tanto democrática. El sistema federal es una forma de “descentralización” política más vigorosa y eficaz para contener los excesos del poder que la simple descentralización administrativa, y por lo tanto con un gran potencial como instrumento de contención del poder en un reforzado sistema de frenos y contrapesos.

Por eso, insisto, se antoja benéfico emprender una acción estratégica que refuerce la estructura federal y, al mismo tiempo, haga eficaz la descentralización al interior de las entidades federativas, siempre con claridad conceptual y honorabilidad política.
22 Octubre 2017 04:00:00
Apología del sistema federal
El mundo atraviesa una etapa de transformación que ha hecho evidente la necesidad de revisar el modelo organizativo de la comunidad internacional y de no pocas de las llamadas “nacionales”.

Paralelamente, en nuestro país, con una obvia estrechez de horizontes e ignorancia histórica, vivimos un proceso de centralización que se ha querido “vender” revistiéndolo de una aparente satisfacción de compromisos internacionales, que en realidad ha dado en convertirse en perniciosa concentración de poder en el gobierno de la unión.

Creo por ello importante insistir en los rasgos esenciales del sistema federal para erradicar toda confusión y prevenir simulaciones.

Las características de un estado federal, en síntesis, son: a) El federalismo es una técnica constitucional de integración jurídico-política, que algunos estados modernos han empleados para cumplir el propósito de armonizar dos tendencias contradictorias, presentes en el origen y en el transcurso de la vida de cada uno de esos estados: La unidad frente a la disgregación; b) Coexisten tres órdenes jurídicos: el de los estados integrantes, el federal creado para atender los asuntos comunes atribuidos expresamente al gobierno de la Unión y el general (que algunos llaman nacional), que los comprende a ambos y establece las normas comunes y las de organización, integración y coordinación que son fundamentales en el mantenimiento de la unidad, cohesión y permanencia del estado; c) No hay más que dos órdenes de gobierno interlocutores directos en un régimen federal: El gobierno de la unión y el de cada uno de los integrantes de la federación, es decir, los
estados federados.

Tres son los principios básicos en que se funda el sistema federal: 1) El de la Supremacía de la Constitución General; 2) El principio de Poderes Exclusivos y Residuales, que en el caso de México se precisa en el artículo 124 y significa que el gobierno de la Unión sólo contará con los poderes o facultades que expresamente se le hayan conferido en la Constitución, en tanto que todos aquellos no mencionados son reservados para sí por cada uno de los estados que integran la federación, aunque por excepción existen poderes concurrentes, que pueden ser ejercidos por ambas instancias; 3) El de reciprocidad, por el cual, en primer lugar, los actos oficiales de cada estado gozan de validez en los otros y ante la Unión, porque reciben “entera fe y crédito” en toda ella y, en segundo, los ciudadanos de cada estado tienen en los demás garantizados todos sus derechos y libertades.

En México, la concesión de fundamental de atribuciones se contiene en el artículo 73, que contiene el catálogo potestativo del Poder Legislativo, que por razón natural, es el más relevante en la materia, porque no hay que olvidar que la función básica, en términos formales, de todo estado es expedir normas, a través de cuya ejecución y en movimiento descendente, sus órganos llevarán a cabo las funciones que a cada uno le corresponde efectuar.

Por eso la tendencia impulsada por el gobierno federal de manera intensa en os tiempos recientes parte de reformar ese artículo, a fin de concentrar facultades, sin destruir, en apariencia, el formato federal.

La historia nos ha enseñado que la centralización tiende a ser autoritaria y la descentralización, por contraposición, tiende a ser una fuerza liberatoria y por lo tanto democrática. El sistema federal es una forma de “descentralización” política más vigorosa y eficaz para contener los excesos del poder que la simple descentralización administrativa, y por lo tanto con un gran potencial como instrumento de contención del poder en un reforzado sistema de
frenos y contrapesos.

Por eso, insisto, se antoja benéfico emprender una acción estratégica que refuerce la estructura federal y, al mismo tiempo, haga eficaz la descentralización al interior de las entidades federativas, siempre con claridad conceptual y honorabilidad política.
15 Octubre 2017 04:02:00
La desaparición forzada de personas
México es signatario de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas y adquiere por ello las obligaciones siguientes: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la Convención.

En el mismo instrumento se define lo que, para sus efectos y los derivados de ellos, debe entenderse por desaparición forzada de personas: “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Los Estados partes se comprometen, además, a adoptar las medidas legislativas que fuere necesarias para tipificar como delito –que será considerado como continuado “mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”– la desaparición forzada de personas, asignándole una pena adecuada a su “extrema gravedad”.

La desaparición forzada de personas no será considerada delito político para los efectos de extradición, especifica además la Convención, lo que resulta muy importante para evitar subterfugios elusivos.

Otra peculiaridad de la desaparición forzada de personas, congruentemente, es que la acción penal derivada de ella y la pena correspondiente no estarán sujetas a prescripción, tanto como lo es el impedimento de considerar como excluyente de responsabilidad la “obediencia debida”, por lo que toda persona que reciba tales órdenes tiene el deber de no obedecerlas.

Por si esto último fuera poco, hay disposición expresa que dice: “Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares”.

Tampoco podrán admitirse privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales basados en la inmunidad diplomática.

Como podrá verse, la convención –que es obligatoria en México, con el carácter de “ley suprema”, según el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– ha querido sentar inequívocamente la gravedad de los actos de desaparición forzada de personas y, lo que hoy resulta particularmente en México, no restringe el ámbito que abarca sólo a las entidades públicas, sino que la extiende, en términos rigurosos, a los particulares que la cometan.

Aunque existen ya muchos ordenamientos y mecanismos dedicados a la atención de esta muy seria lacra, han mostrado con creces su insuficiencia para atacar el problema con eficiencia y, sobre todo, eficacia.

Por eso, hoy, que una nueva ley general hace su aparición en el universo jurídico del estado mexicano, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que ha sido ya aprobada por el Congreso de Unión y enviada al Ejecutivo para su promulgación, a diferencia de otros casos, hay que considerar el hecho como digno de aplauso, no sólo por la relevancia de su objeto, sino porque, además, es un elemento que típicamente cabe en la categoría de leyes generales, cuya expedición se justifica por el ordenamiento de atribuciones concurrentes entre los niveles general y federal de nuestro estado complejo.

No se conoce todavía el texto del ordenamiento porque no ha sido publicado, pero en principio es promisorio el intento de ordenar y estimular, en un desarrollo de la norma fundamental, la actividad de todo el aparato institucional tendiente a prevenir y sancionar tan execrable conducta.

Es de esperarse que así sea.
15 Octubre 2017 04:00:00
La desaparición forzada de personas
México es signatario de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas y adquiere por ello las obligaciones siguientes: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en
la Convención.

En el mismo instrumento se define lo que, para sus efectos y los derivados de ellos, debe entenderse por desaparición forzada de personas: “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Los Estados Partes se comprometen, además, a adoptar las medidas legislativas que fuere necesarias para tipificar como delito -que será considerado como continuado “mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”- la desaparición forzada de personas, asignándole una pena adecuada a su ”extrema gravedad”.

La desaparición forzada de personas no será considerada delito político para los efectos de extradición, especifica además la Convención, lo que resulta muy importante para evitar subterfugios elusivos.

Otra peculiaridad de la desaparición forzada de personas, congruentemente, es que la acción penal derivada de ella y la pena correspondiente no estarán sujetas a prescripción, tanto como lo es el impedimento de considerar como excluyente de responsabilidad la “obediencia debida”, por lo que toda persona que reciba tales órdenes tiene el deber de no obedecerlas.

Por si esto último fuera poco, hay disposición expresa que dice: “Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares”.

Tampoco podrán admitirse privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales basados en la inmunidad diplomática.

Como podrá verse, la convención -que es obligatoria en México, con el carácter de “ley suprema”, según el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- ha querido sentar inequívocamente la gravedad de los actos de desaparición forzada de personas y, lo que hoy resulta particularmente en México, no restringe el ámbito que abarca solo a las entidades públicas, sino que la extiende, en términos rigurosos, a los particulares que la cometan.

Aunque existen ya muchos ordenamientos y mecanismos dedicados a la atención de esta muy seria lacra, han mostrado con creces su insuficiencia para atacar el problema con eficiencia y, sobre todo eficacia.

Por eso, hoy, que una nueva ley general hace su aparición en el universo jurídico del estado mexicano, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que ha sido ya aprobada por el Congreso de Unión y envía da al Ejecutivo para su promulgación, a diferencia de otros casos, hay que considerar el hecho como digno de aplauso, no solo por la relevancia de su objeto, sino porque, además, es un elemento que típicamente cabe en la categoría de leyes generales, cuya expedición se justifica por el ordenamiento de atribuciones concurrentes entre los niveles general y federal de nuestro estado complejo.

No se conoce todavía el texto del ordenamiento porque no ha sido publicado, pero en principio es promisorio el intento de ordenar y estimular, en un desarrollo de la norma fundamental, la actividad de todo el aparato institucional tendiente a prevenir y sancionar tan execrable conducta.
Es de esperarse que así sea.
08 Octubre 2017 04:02:00
La cuestión catalana
Voy a tratar un tema que, en mi calidad de “no español” –que no precisamente de “extranjero”–, exulta sin duda delicado, en medio de una polémica intensa que tiene lugar en España. He creído, no obstante, oportuno abordar el tema porque, precisamente por esa condición, creo que bien podría ofrecer una perspectiva imparcial.

Tras el referéndum acerca de la independencia catalana respecto de España, la tensión ha llegado al extremo y corre el riesgo de rebasar los linderos de la política para convertirse en violencia.

Las posiciones se han dividido en dos bandos, que se mantienen en posiciones irreductibles, lo que hace imposible el acercamiento necesario para tender los puentes que lleven a buen puerto el conflicto.

Se han aducido, de una parte, razones constitucionales, mientras que, de la otra, el derecho de todos los pueblos a gobernarse a sí mismos.

En el espacio de confrontación se pueden apreciar confusiones de serias consecuencias entre las nociones de estado, nación y gobierno, que bien valdría la pena revisar, pero quizás la más grave en la coyuntura histórica sea enfocar el problema desde una perspectiva territorial, porque en rigor se trata de una integración de comunidades diversas que, a pesar de ello, comparten afinidades. Por eso la solución estriba, a mi juicio, en unir sin “unificar”.

En la circunstancia que se vive en España se manifiesta una tensión entre una vigorosa fuerza centrífuga y una no menos fuerte centrípeta, que hay que aliviar eficazmente, y a juzgar por los principales protagonistas de este crucial episodio parece no haber soluciones intermedias: o la asunción de la soberanía plena por parte de Cataluña, o su sumisión a un gobierno central de un estado que se asume a sí mismo como unitario.

En ese contexto, no creo que sobre una exhortación a la cordura y a la sensibilidad políticas de todos los actores –incluso la sociedad civil, que tan perceptiblemente se ha incorporado no sólo al debate, sino también a la acción– para abordar el tema “fuera del cajón”, para tener una perspectiva nueva y fresca del panorama, a fin de conseguir opciones que mantengan la unidad, engrandezcan a España y abonen en ella a las libertades y derechos esenciales.

Se trata de distender la confrontación actual y dar cabida a un diálogo permanente y dinámico, que sólo puede darse en marcos constitucionales que permitan la coexistencia de comunidades diversas pero coincidentes, destacando los puntos de unión y estableciendo las reglas de operación respecto de las diferencias.

Esa es la esencia de la estructura federal, en la que ya Carl Friedrich ha demostrado que coexisten siempre –desde el nacimiento y durante toda su vida– dos fuerzas, una que impulsa a la unión –centrípeta, por tanto– y otra a la separación –centrífuga en consecuencia– que son perennemente fluctuantes.

Es precisamente en la flexibilidad de los mecanismos propicios para mantener equilibrio entre ambas que reside la bondad del sistema federal, que es por eso capaz de resolver eficazmente tensiones como las que hoy se manifiestan en España.

No en balde ha tenido expresiones exitosas en aquellos países que, o son en extremo extendidos, o están integrados por comunidades que son diversas entre sí, pero presentan afinidades suficientes como para impulsarlas a mantenerse unidas.

Este último es, a no dudarlo, el caso de España. Creo que la solución federal es en ella, hoy por hoy, una opción que, por lo tanto, según lo veo, merece ser considerada con seriedad.

El problema de mayor magnitud que enfrenta hoy España podría ser resuelto si las partes en el conflicto se sientan a diseñar y negociar políticamente, no a golpes y con reacciones violentas, un nuevo pacto que, a semejanza de Suiza, Bélgica, Alemania y la misma Unión Europea, aplique el principio federativo, según su propia versión, para dar cauce a la presente y futuras tensiones de semejante naturaleza.
08 Octubre 2017 04:00:00
La cuestión catalana
Voy a tratar un tema que, en mi calidad de “no español” –que no precisamente de “extranjero”- resulta sin duda delicado, en medio de una polémica intensa que tiene lugar en España. He creído, no obstante, oportuno abordar el tema porque, precisamente por esa condición, creo que bien podría ofrecer una perspectiva imparcial.

Tras el referéndum acerca de la independencia catalana respecto de España, la tensión ha llegado al extremo y corre el riesgo de rebasar los linderos de la política para convertirse en violencia.

Las posiciones se han dividido en dos bandos, que se mantienen en posiciones irreductibles, lo que hace imposible el acercamiento necesario para tender los puentes que lleven a buen puerto el
conflicto.

Se han aducido, de una parte, razones constitucionales, mientras que, de la otra, el derecho de todos los pueblos a gobernarse a sí mismos.

En el espacio de confrontación se pueden apreciar confusiones de serias consecuencias entre las nociones de estado, nación y gobierno, que bien valdría la pena revisar, pero quizá la más grave en la coyuntura histórica sea enfocar el problema desde una perspectiva territorial, porque en rigor se trata de una integración de comunidades diversas que, a pesar de ello, comparten afinidades. Por eso la solución estriba, a mi juicio, en unir sin “unificar”.

En la circunstancia que se vive en España se manifiesta una tensión entre una vigorosa fuerza centrífuga y una no menos fuerte centrípeta, que hay que aliviar eficazmente, y a juzgar por los principales protagonistas de este crucial episodio parece no haber soluciones intermedias: O la asunción de la soberanía plena por parte de Cataluña, o su sumisión a un gobierno central de un estado que se asume a sí mismo como unitario.

En ese contexto, no creo que sobre una exhortación a la cordura y a la sensibilidad políticas de todos los actores –incluso la sociedad civil, que tan perceptiblemente se ha incorporado no solo al debate, sino también a la acción- para abordar el tema “fuera del cajón”, para tener una perspectiva nueva y fresca del panorama, a fin de conseguir opciones que mantengan la unidad, engrandezcan a España y abonen en ella a las libertades y derechos esenciales.

Se trata de distender la confrontación actual y dar cabida a un diálogo permanente y dinámico, que solo puede darse en marcos constitucionales que permitan la coexistencia de comunidades diversas pero coincidentes, destacando los puntos de unión y estableciendo las reglas de operación respecto de las diferencias.

Esa es la esencia de la estructura federal, en la que ya Carl Friedrich ha demostrado que coexisten siempre –desde el nacimiento y durante toda su vida- dos fuerzas, una que impulsa a la unión –centrípeta, por tanto- y otra a la separación –centrífuga en consecuencia- que son perennemente fluctuantes.

Es precisamente en la flexibilidad de los mecanismos propicios para mantener equilibrio entre ambas que reside la bondad del sistema federal, que es por eso capaz de resolver eficazmente tensiones como las que hoy se manifiestan en España.

No en balde ha tenido expresiones exitosas en aquellos países que, o son en extremo extendidos, o están integrados por comunidades que son diversas entre sí, pero presentan afinidades suficientes como para impulsarlas a mantenerse unidas.

Este último es, a no dudarlo, el caso de España. Creo que la solución federal es en ella, hoy por hoy, una opción que, por lo tanto, según lo veo, merece ser considerada con seriedad.

El problema de mayor magnitud que enfrenta hoy España podría ser resuelto si las partes en el conflicto se sientan a diseñar y negociar políticamente, no a golpes y con reacciones violentas, un nuevo pacto que, a semejanza de Suiza, Bélgica, Alemania y la misma Unión Europea, aplique el principio federativo, según su propia versión, para dar cauce a la presente y futuras tensiones de semejante
naturaleza.
01 Octubre 2017 04:00:00
El paulatino desmantelamiento constitucional
Cien años y 743 artículos reformados lleva la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De ellos, 154 han sido modificados durante el régimen actual, lo que representa casi el 20 % del total de las reformas efectuadas anteriormente.

La última -¿ominosamente?- se publicó el día mismo en que se conmemora el inicio de la guerra de independencia, el 15 de septiembre pasado.

La mayoría de esas reformas han tenido por motivo central ampliar las facultades de los órganos del gobierno de la Unión, en detrimento de las atribuciones de las correspondientes a los gobiernos estatales.

El vehículo de concentración, primero, fueron la leyes “generales”, una clasificación que, en rigor, solo merecen aquellas disposiciones que, en desarrollo de una disposición constitucional, regulan el ejercicio de las facultades concurrentes, es decir, aquellas que la propia constitución otorga a los órdenes federal y estatales como excepción a la regla general de facultades exclusivas.

Después, de plano y ya sin rubor alguno, se dio en la práctica de emitir leyes y códigos “nacionales”, que desplazan a las legislaciones locales en materias que, según el equilibrado diseño original, les correspondían.

Un par de datos interesantes y que usualmente pasan desapercibidos: durante el largo periodo de estabilidad económica y social, pocas fueron las reformas efectuadas a la ley suprema; en cambio, el frenesí de los cambios empezó en los 70’s, se agudizó en los 80’s –para propiciar el suave aterrizaje en nuestro país del entonces abiertamente pujante “neoliberalismo, que aún sigue vivo, pero casi soterradamente- y ha tenido un verdaderamente grande apogeo en los dos últimos
sexenios.

¿No es de llamar la atención que a la inestabilidad constitucional correspondan los tiempos de mayor inestabilidad política y social? ¿Es mera coincidencia?

Incluso en materia económica, respecto de la que se pregonan condiciones de prosperidad y estabilidad macroeconómica, los índices de pobreza son mayúsculos y la brecha entre los muy pocos ricos y el resto de la población cada vez más pronunciada, lo que es en sí mismo injusto y, además, propicio para la inconformidad creciente que, ya con visos de acre rebeldía, es perfectamente perceptible entre la gente de nuestro país.

Lo grave del asunto es que, a pesar de esa crispación social, los argumentos desplegados por los centros de poder impulsores del retroceso estructural, a pesar de su retórica retorcida y gastada, no son rebatidos; al contrario, frecuentemente se aplauden, incluso desde sectores ordinariamente críticos, quizás porque la inmediatez de los problemas que se dice pretenden ser resueltos con las reformas, impide ver el panorama que ofrece el horizonte profundo de las intenciones de control que ellas conllevan, pues es evidente que mientras más disperso y limitado se encuentre el poder, más difícil será ejercerlo en favor de intereses particulares.

Hay que recordar que nuestra constitución es, en el papel, rígida, precisamente para evitar que a voluntad de los poderosos se modifique sin ton ni son, en favor de ellos y perjuicio de los seres humanos cuyos intereses y derechos está destinada a proteger.

En los hechos, esa característica se ha esfumado. Los órganos que deberían protegerla, los partidos políticos incluidos, se han sumado al pequeño grupo rector de la política -¿recuerda usted el llamado “Pacto por México”?- para decidir, incluso al margen de los órganos legislativos, sobre los asuntos que atañen a todo el país y afectan a todos sus habitantes. Eso rompe el orden institucional y opera contra la democracia.

Ferdinand La Salle, ese jurista alemán marxista decimonónico que habló desde entonces sobre el tema, sostuvo que, a pesar de la generalizada creencia de que la constitución es una ley suprema, protectora del interés general, en realidad no es sino una expresión de la voluntad de los poderosos, que en la cúspide se dan la mano y coinciden en la adopción de medidas para cuidar sus intereses, “legalizando” las vías para conseguirlo desde la fuente misma de la supremacía jurídica.

¿Acaso La Salle tenía razón?
24 Septiembre 2017 04:00:00
La reconstrucción que se impone
Una vez más, como hace 32 años, la tragedia despertó el ánimo solidario, volcado, con denuedo y sin tregua, en la tarea del rescate.

El lado oscuro, por desgracia, también se manifestó a través de la abominable rapiña, los asaltos y el oportunismo político de los partidos y grupos políticos que, resistentes inicialmente y sólo cediendo al final ante el clamor popular, parecían competir por ocupar la vanguardia al gestionar eso mismo que habían negado: aportar una parte de sus cuantiosos recursos para destinarlos a las tareas necesarias para enfrentar las consecuencias del terremoto.

Con todo, la sociedad mexicana ha dado, una vez más, muestras sobradas de la fortaleza que cuando se une por una causa justa es capaz de desplegar. Ojalá que esa solidaridad vigorosa persista y perdure en los tiempos que vienen, menos impactantes quizás, pero aún más difíciles: los de la reconstrucción.

Ese heroísmo de impulso inicial habrá de mantenerse para reconstruir nuestro país, teniendo siempre en la mente la necesidad de rehacer, también, el entramado y las estructuras sociales que tan callada, pero sostenidamente, se han ido transformando para beneficio de unos pocos y a cargo del gran grueso de la comunidad, que apenas se percata del daño, si no es que incluso lo aplaude, engañada por una tramposa retórica.

Hace ocho días me referí a una reforma constitucional que se suma a otras que, en conjunto, implican una regresión institucional y que, por macabra ironía, fue publicada el mismo día que se festejaba la independencia de este país. Prometí referirme a ella, y lo hago sin siquiera juzgar sobre las cualidades o defectos intrínsecos de la materia a que se refiere ella misma –no quiero perder la perspectiva del bosque por concentrarme en un árbol–, sino a la sostenida labor de desmantelamiento de una estructura que, sin ser vista a simple vista y desde fuera, ha sido sin embargo puntal de nuestra unión y la mejor opción para construir con legitimidad plena el futuro que necesitamos.

México se hizo federal, desde que nació como estado independiente, por dos razones principales: para mantener la integración de las regiones que integraron un día el ámbito espacial de la Nueva España que, tras la fallida aventura imperial de Iturbide se habían disgregado, y para combatir el centralismo que con ella se había proyectado.

Tras el Plan de Casamata, que no previó un gobierno “nacional” –no había nación propiamente dicha– se produjo un vacío de poder que las diputaciones provinciales aprovecharon para declarar su autonomía. Yucatán y Oaxaca se enfilaron a darse su propia y autónoma estructura jurídica, en ejercicio de un poder que ostentaban, por popular, soberano. Guadalajara se erigió en “Estado libre, independiente y soberano de Xalisco”, declarando que no reconocía más que una relación de “hermandad y confederación” con las otras comunidades esparcidas por el territorio de lo que había sido la Nueva España.

Zacatecas se erigió también en estado libre, federado y “soberano de sí mismo”, aunque no sin declarar la importancia del “bien general” y el deseo de no dañar la unidad, al tiempo en que comunicaba que sólo le Federación lograría “el bien de la patria”, al conciliar el interés “particular de las provincias con el general de la nación”. Ya para entonces Sonora y Sinaloa se habían declarado independientes de Chihuahua y Guadalajara, respectivamente, y se daban a la tarea de crear instituciones propias. Los líderes políticos de aquel entonces eran personas cultas. Bien sabían que en la antigüedad clásica, al ir los patricios a la guerra, dejaban un vacío que cubrían los tiranos, demagogos puesto que la ley de los ancestros de cada urbe les era ajena, por lo que su voluntad solía convertirse en norma, mucho más opresiva y caprichosa cuanto más concentrado estaba el poder.

Por eso se optó por un régimen que hoy, como se verá en la próxima entrega, se desmantela, paulatina, subrepticia y persistentemente.
24 Septiembre 2017 04:00:00
La reconstrucción que se impone
A las y los bienhechores anónimos.

Una vez más, como hace 32 años, la tragedia despertó el ánimo solidario, volcado, con denuedo y sin tregua, en la tarea del rescate.

El lado oscuro, por desgracia, también se manifestó a través de la abominable rapiña, los asaltos y el oportunismo político de los partidos y grupos políticos, que resistentes inicialmente y solo cediendo al final ante el clamor popular, parecían competir por ocupar la vanguardia al gestionar eso mismo que habían negado: Aportar una parte de sus cuantiosos recursos para destinarlos a las tareas necesarias para enfrentar las consecuencias del
terremoto.

Con todo, la sociedad mexicana ha dado, una vez más, muestras sobradas de la fortaleza que cuando se une por una causa justa es capaz de desplegar. Ojalá que esa solidaridad vigorosa persista y perdure en los tiempos que vienen, menos impactantes quizás, pero aún más difíciles: Los de la reconstrucción.

Ese heroísmo de impulso inicial habrá de mantenerse para reconstruir nuestro país, teniendo siempre en la mente la necesidad de rehacer, también, el entramado y las estructuras sociales que tan callada, pero sostenidamente, se han ido transformando para beneficio de unos pocos y a cargo del gran grueso de la comunidad, que apenas se percata del daño, si no es que incluso lo aplaude, engañada por una tramposa retórica.

Hace ocho días me referí a una reforma constitucional que se suma a otras que, en conjunto, implican una regresión institucional y que, por macabra ironía, fue publicada el mismo día que se festejaba la independencia de este país. Prometí referirme a ella, y lo hago sin siquiera juzgar sobre las cualidades o defectos intrínsecos de la materia a que se refiere ella misma -no quiero perder la perspectiva del bosque por concentrarme en un árbol- sino a la sostenida labor de desmantelamiento de una estructura que, sin ser vista a simple vista y desde fuera, ha sido sin embargo puntal de nuestra unión y la mejor opción para construir con legitimidad plena el futuro que
necesitamos.

México se hizo federal, desde que nació como estado independiente, por dos razones principales: Para mantener la integración de las regiones que integraron un día el ámbito espacial de la Nueva España que, tras la fallida aventura imperial de Iturbide se habían disgregado, y para combatir el centralismo que con ella se había proyectado.

Tras el “Plan de Casamata”, que no previó un gobierno “nacional” -no había nación propiamente dicha- se produjo un vacío de poder que las diputaciones provinciales aprovecharon para declarar su autonomía. Yucatán y Oaxaca se enfilaron a darse su propia y autónoma estructura jurídica, en ejercicio de un poder que ostentaban, por popular, soberano. Guadalajara se erigió en “Estado libre, independiente y soberano de Xalisco”, declarando que no reconocía más que una relación de “hermandad y confederación” con las otras comunidades esparcidas por el territorio de lo que había sido la Nueva España.

Zacatecas se erigió también en estado libre, federado y “soberano de sí mismo”, aunque no sin declarar la importancia del “bien general” y el deseo de no dañar la unidad, al tiempo en que comunicaba que solo le federación lograría “el bien de la patria”, al conciliar el interés “particular de las provincias con el general de la nación”. Ya para entonces Sonora y Sinaloa se habían declarado independientes Chihuahua y Guadalajara, respectivamente, y se daban a la tarea de crear instituciones propias.

Los líderes políticos de aquel entonces eran personas cultas. Bien sabían que en la antigüedad clásica, al ir los patricios a la guerra, dejaban un vacío que cubrían los tiranos, demagogos puesto que la ley de los ancestros de cada urbe les era ajena, por lo que su voluntad solía convertirse en norma, mucho más opresiva y caprichosa cuanto más concentrado estaba el poder.

Por eso se optó por un régimen que hoy, como se verá en la próxima entrega, se desmantela, paulatina, subrepticia y persistentemente.
17 Septiembre 2017 04:05:00
La construcción cotidiana
En medio del estruendo y la luminosidad de los fuegos artificiales y los lugares comunes que siempre acompañan las fiestas patrias, una noticia que cuestiona la exultación vana de un grito que nunca ocurrió, pero que nos “une a todos los mexicanos”, porque “juntos podemos hacer frente a cualquier reto”, una vez que lo hemos dado: Según datos del IMCO, publicados hace apenas una semana, el 46% de los mexicanos vive en condición de pobreza, y casi el 8% –cerca de 10 millones de ellos– vive en pobreza extrema.

Si el objetivo se enfoca al campo, la cosa se agrava, y más todavía si se dirige a la población indígena.

¿Hay mucho que festejar? ¿Alguna independencia puede predicarse cuando la brecha entre los poquísimos extremadamente ricos y quienes viven por debajo de la línea de bienestar es tan amplia que se antoja insalvable?

Según el mismo reporte, la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar asciende a 62 millones, equivalentes a más de la mitad de los habitantes de nuestro país.

Cerremos el obturador y concentrémonos, más allá de los indicadores de ingreso y pobreza económica, en los muy extendidos casos de violencia, criminalidad, corrupción e impunidad que aquejan a este país, que a pesar de los muchos gritos que se den, sigue inmerso en condiciones de vida precarias.

Meditemos en la relación existente entre uno y otro fenómeno, y no será difícil inferir que, en esas condiciones, la crispación que provocan el hambre y, sobre todo, las injusticias, son la fuente por excelencia de la violencia que nos impregna.

En ello hay una relevante responsabilidad, sin duda, de las clases dirigentes –las élites del poder social y económico, no sólo el político y el jurídico– pero tampoco es cosa de eludir la que corresponde al resto de la comunidad, que parece inmersa en un marasmo de desinterés y hedonismo mal entendido a la hora de enfrentar el reto de construir el país que decimos querer, y que, siendo ideal, no es utópico.

Sumemos ahora la apatía por adquirir y generar conocimiento y la carencia de una educación reflexiva que conduzca a estar informados y no sólo (mal) enterados. La fórmula del declive estará casi completa.

Hasta en puntos elementales, de superficie y triviales si se quiere, la ignorancia que campea es supina.

Hace unos días, Parametría dio a conocer el resultado de una encuesta que muestra lo siguiente: la mayoría de los mexicanos desconoce de qué país se independizó; sólo el 32% sabe que fue de España y el 51% desconoce de qué país fue, mientras que el 13% respondió que de los Estados Unidos de América y el 3% dijo que de otros países.

Educación falta, y actitud. León Krauze tuiteó ayer: “Viva el México que todavía puede ser”, y yo concuerdo en que eso es mejor que ensalzar el injusto que existe.

Pero ese México que “todavía puede ser” no llegará por arte de magia. Habrá que construirlo cada día y entre todos, en un ejercicio cívico sostenido, continuo, ininterrumpido y creciente, a cabalidad democrático, que sea apto para defender efectivamente las libertades y estimular la solidaridad frente a un poder que se ha autodelineado omnímodo, rebasando los límites que por razones de legitimidad se le han impuesto desde la constitución misma.

Y sigue la mata dando. El poder del Gobierno es derivado. Cuando ejerce la soberanía su principal objetivo es emitir, en nombre de la comunidad, las normas jurídicas ordinarias, hasta el límite que la ley suprema ha impuesto. Hacerlo requiere decencia, conocimiento y una sólida ética, porque la tentación de ejercer las normas para torcer el sentido garante que deben tener en conjunto es grande y cada vez más soslayado.

Un botón de muestra: el mismo día del “grito” se publicó una nueva reforma constitucional que opera contra el control del poder. Ya será comentada.
17 Septiembre 2017 04:00:00
La construcción cotidiana
En medio del estruendo y la luminosidad de los fuegos artificiales y los lugares comunes que siempre acompañan las fiestas patrias, una noticia que cuestiona la exultación vana de un grito que nunca ocurrió, pero que nos “une a todos los mexicanos”, porque “juntos podemos hacer frente a cualquier reto”, una vez que lo hemos dado: Según datos del IMCO, publicados hace apenas una semana, el 46 % de los mexicanos vive en condición de pobreza, y casi el 8 % -cerca de diez millones de ellos- vive en pobreza extrema.

Si el objetivo se enfoca al campo, la cosa se agrava, y más todavía si de dirige a la población indígena.

¿Hay mucho que festejar? ¿Alguna independencia puede predicarse cuando la brecha entre los poquísimos extremadamente ricos y quienes que viven por debajo de la línea de bienestar es tan amplía que se antoja insalvable?

Según el mismo reporte, la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar asciende a 62 millones, equivalentes a más de la mitad de los habitantes de nuestro país.

Cerremos el obturador y concentrémonos, más allá de los indicadores de ingreso y pobreza económica, en los muy extendidos casos de violencia, criminalidad, corrupción e impunidad que aquejan a este país, que a pesar de los muchos gritos que se den, sigue inmerso en condiciones de vida precarias.

Meditemos en la relación existente entre uno y otro fenómeno, y no será difícil inferir que, en esas condiciones, la crispación que provocan el hambre y, sobre todo, las injusticias, son la fuente por excelencia de la violencia que nos impregna.

En ello hay una relevante responsabilidad, sin duda, de las clases dirigentes -las élites del poder social y económico, no solo el político y el jurídico- pero tampoco es cosa de eludir la que corresponde al resto de la comunidad, que parece inmersa en un marasmo de desinterés y hedonismo mal entendido a la hora de enfrentar el reto de construir el país que decimos querer, y que, siendo ideal, no es utópico.
Sumemos ahora la apatía por adquirir y generar conocimiento y la carencia de una educación reflexiva que conduzca a estar informados y no solo(mal) enterados. La fórmula del declive estará casi completa.

Hasta en puntos elementales, de superficie y triviales si se quiere, la ignorancia que campea es supina.

Hace unos días, Parametría dio a conocer el resultado de una encuesta que muestra lo siguiente: La mayoría de los mexicanos desconoce de qué país se independizó; solo el 32 por ciento sabe que fue de España y el 51 por ciento desconoce de qué país fue, mientras que el 13 por ciento respondió que de los Estados Unidos de América y el tres por ciento dijo que de otros países.

Educación falta, y actitud. León Krauze tuiteó ayer: “Viva el México que todavía puede ser”, y yo concuerdo en que eso es mejor que ensalzar el injusto que existe.

Pero ese México que “todavía puede ser” no llegará por arte de magia. Habrá que construirlo cada día y entre todos, en un ejercicio cívico sostenido, continuo, ininterrumpido y creciente, a cabalidad democrático, que sea apto para defender efectivamente las libertades y estimular la solidaridad frente a un poder que se ha auto delineado omnímodo, rebasando los límites que por razones de legitimidad se le han impuesto desde la constitución misma.

Y sigue la mata dando. El poder del gobierno es derivado. Cuando ejerce la soberanía su principal objetivo es emitir, en nombre de la comunidad, las normas jurídicas ordinarias, hasta el límite que la ley suprema ha impuesto. Hacerlo requiere decencia, conocimiento y una sólida ética, porque la tentación de ejercer las normas para torcer el sentido garante que deben tener en conjunto es grande y cada vez más soslayado.

Un botón de muestra: el mismo día del “grito” se publicó una nueva reforma constitucional que opera contra el control del poder. Ya será
comentada.
10 Septiembre 2017 04:02:00
Las empresas y los derechos humanos
En un informe reciente de Oxfam –Una Economía para el 99%–, sólo 8 personas poseen la misma riqueza que otras 3 mil 600 millones en el mundo, la mitad más pobre de la humanidad.

Esa circunstancia refleja un fenómeno presente ya con vigor en el mundo: la existencia de nuevos centros de poder, a los que no son ajenas las empresas multinacionales, las organizaciones laborales o empresariales de alcance mundial, las entidades financieras, las compañías tecnológicas, los grupos de comunicación y muchas otras entidades como esas, que oligopolizan todos los niveles de la sociedad civil y tienen fuertes conexiones entre sí, con los gobiernos, los partidos políticos y, en general, con las burocracias públicas.

Un escenario como ese, del que el Estado parece haber hecho mutis, es propicio para la asunción de un papel protagónico, más allá de la economía, para las empresas.

Frente a ello, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011, que se basan en el reconocimiento de las obligaciones a cargo de los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como en el papel de las empresas, como órganos de la sociedad que desempeñan funciones especializadas, que deben cumplir todas las leyes y respetar los derechos humanos.

El objetivo básico es mejorar las normas y prácticas relacionadas con las empresas y los derechos humanos “a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir… a una globalización socialmente sostenible”.

No se trata de un instrumento que imponga obligaciones nuevas a los estados, sino de uno que oriente su acción en términos del objetivo de mejorar las normas y prácticas de las empresas en materia de respeto a los derechos humanos.

Los principios fundamentales respecto de los estados son dos: a) “los estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas”, para lo cual “deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”; b) “los estados deben enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades”.

Los principios fundamentales respecto de las empresas pueden resumirse en los siguientes: a) Si los derechos humanos son universales y oponibles a todos, las empresas deben respetarlos y por lo tanto abstenerse de infringir los de terceros, haciendo frente a las consecuencias en caso contrario; b) esa responsabilidad se delimita por los derechos internacionalmente reconocidos; c) la responsabilidad de las empresas es aplicable a todas, pero la magnitud y complejidad de los medios para asumirla puede variar en función, sobre todo, de la gravedad de las consecuencias negativas de sus actividades; d) para cumplir con esa responsabilidad, deben contar con políticas y procedimientos apropiados.

Respecto del acceso a mecanismos de reparación, el documento manifiesta que como una parte importante del deber de los estados de proteger contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, se garanticen los medios para acceder a mecanismos de reparación eficaces, por las vías que correspondan, sean estas judiciales, administrativas, legislativas o de cualquier otro tipo establecido legalmente.

Es claro, según se ve, que ese riesgo, hasta hoy constreñido al ámbito de la autoridad, se proyecta, cada vez más claramente, al campo de acción de las empresas, y no hay que olvidar que una característica imprescindible de los derechos humanos es su oponibilidad ante cualquier poder, no sólo el público.

En suma, la perspectiva que limita el riesgo de vulnerar los derechos humanos a la esfera del poder público se ha vuelto obsoleta y es la hora en que, por todos conceptos y desde la ONU, se tomen medidas para limitarlo.
10 Septiembre 2017 04:00:00
Las empresas y los derechos humanos
En un informe reciente de Oxfam -“Una Economía para el 99 %”- sólo 8 personas poseen la misma riqueza que otras 3.600 millones en el mundo, la mitad más pobre de la humanidad.

Esa circunstancia refleja un fenómeno presente ya con vigor en el mundo: la existencia de nuevos centros de poder, a los que no son ajenas las empresas multinacionales, las organizaciones laborales o empresariales de alcance mundial, las entidades financieras, las compañías tecnológicas, los grupos de comunicación y muchas otras entidades como esas, que oligopolizan todos los niveles de la sociedad civil y tienen fuertes conexiones entre sí, con los gobiernos, los partidos políticos y, en general, con las burocracias públicas.

Un escenario como ese, del que el estado parece haber hecho mutis, es propicio para la asunción de un papel protagónico, más allá de la economía, para las empresas.

Frente a ello, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011, que se basan en el reconocimiento de las obligaciones a cargo de los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como en el papel de las empresas, como órganos de la sociedad que desempeñan funciones especializadas, que deben cumplir todas las leyes y respetar los derechos humanos.

El objetivo básico es mejorar las normas y prácticas relacionadas con las empresas y los derechos humanos “a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir…a una globalización socialmente sostenible”.

No se trata de un instrumento que imponga obligaciones nuevas a los estados, sino de uno que oriente su acción en términos del objetivo de mejorar las normas y prácticas de las empresas en materia de respeto a los derechos humanos.

Los principios fundamentales respecto de los estados son dos: a) “los estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas”, para lo cual “deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”; b) “los estados deben enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades”.

Los principios fundamentales respecto de las empresas pueden resumirse en los siguientes: a) Si los derecho humanos son universales y oponibles a todos, las empresas deben respetarlos y por lo tanto abstenerse de infringir los de terceros, haciendo frente a las consecuencias en caso contrario; b) esa responsabilidad se delimita por los derechos internacionalmente reconocidos; c) la responsabilidad de las empresas es aplicable a todas, pero la magnitud y complejidad de los medios para asumirla puede variar en función, sobre todo, de la gravedad de las consecuencias negativas de sus actividades; d) para cumplir con esa responsabilidad, deben contar con políticas y procedimientos apropiados.

Respecto del acceso a mecanismos de reparación, el documento manifiesta que como una parte importante del deber de los estados de proteger contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, se garanticen los medios para acceder a mecanismos de reparación eficaces, por las vías que correspondan, sean éstas judiciales, administrativas, legislativas o de cualquier otro tipo establecido legalmente.

Es claro, según se ve, que ese riesgo, hasta hoy constreñido al ámbito de la autoridad, se proyecta, cada vez más claramente, al campo de acción de las empresas, y no hay que olvidar que una característica imprescindible de los derechos humanos es su oponibilidad ante cualquier poder, no sólo el público.

En suma, la perspectiva que limita el riesgo de vulnerar los derechos humanos a la esfera del poder público se ha vuelto obsoleta y es la hora en que, por todos conceptos y desde la ONU, se tomen medidas para limitarlo.
03 Septiembre 2017 04:02:00
Desafíos para los derechos humanos en el tercer milenio
Hace casi 7 décadas fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Asamblea General de la ONU, y puede decirse que ha cumplido bien su propósito de impulsar “el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” –según reza su considerando segundo– como base del imperio de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

Viene eso a colación porque entre los días 6 y 8 de este mes se celebrará, en Torreón, el I Congreso Internacional Desafíos para los Derechos Humanos en el Tercer Milenio, en el marco de los eventos organizados por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza en su vigésimo quinto aniversario y primer centenario de la Constitución de 1917.

El propósito del congreso es intercambiar opiniones y planteamientos sobre los retos que plantea el tercer milenio, en estos sus comienzos, en materia de derechos fundamentales.

En él concurrirán académicos especializados en el tema con representantes de la sociedad civil, activos en la defensa de esos derechos, para aportar experiencias y conocimientos a la disminución de la brecha entre la teoría y la práctica.

El contexto contemporáneo de la declaración era bien distinto del que hoy vive la humanidad, que tiene perspectivas no muy promisorias en muchas facetas.

Fue expedida al final de la segunda guerra mundial, y el espíritu imperante tenía mucho de anhelo por impedir que en el futuro se repitiera cosa alguna parecida a esa conflagración de alcance mundial.


Seguramente sin haber previsto la magnitud que cobraría en el futuro, la declaración sembró una semilla que sería pródiga en frutos, pues si bien tenía ya de suyo vocación de universal perennidad, en una circunstancia difícilmente prevista entonces cobraría una relevancia mayor: unas cuantas décadas después de haberse proclamado, el mundo habría de sufrir una metamorfosis que, llevándolo a la globalidad omnipresente hoy en día, lo puso también en posición de incivilidad al situarlo en un punto que enfrenta retos al derecho que sólo podrán solventarse cuando se encuentre la manera de fincar las estructuras sociales del mundo sobre la base de dignidad que propugnan los derechos fundamentales.

Los desajustes causados por la expansión, a niveles de alcance mundial, de los fenómenos sociales, ha causado también un divorcio evidente entre los sistemas político y normativo, que habían corrido parejos siempre, de modo tal que una perniciosa falta de normas aptas para regular el ámbito global se ha hecho presente.

El problema primordial estriba, así contempladas las cosas, en dilucidar las vías de construcción de un sistema jurídico tal que sea capaz, a un tiempo, de ser eficaz y legítimo, lo que en las condiciones actuales resulta difícil de vislumbrar, si no es que imposible.

La globalidad desafía a la capacidad creativa de los seres humanos, que han de redefinir los esquemas rectores de su convivencia en las circunstancias nuevas, si es que no quieren ver aniquilada toda civilización a causa de sus propios desatinos.

En ese estado de cosas, se hace necesario construir un orden jurídico que sea capaz de abarcar toda la gama de agregados sociales, desde lo rigurosamente local, hasta lo que resulte global por naturaleza, en un ejercicio de integración que no deje resquicios y pueda, al mismo tiempo, satisfacer la función social que al derecho le atañe y garantizar un interés general que sólo puede arraigarse en la efectiva protección de las libertades, esas que están implícitas, tanto como la garantía jurídica de ellas, en cada uno de los llamados “derechos humanos”.

¿No es, acaso, la dignidad de cada uno y de todos los seres humanos la verdadera razón ética y jurídica de las estructuras sociales? Si no fuera así, no habría legitimidad en ellas y por lo tanto serán inadmisibles.

De eso se tratará el congreso. Habrá interesantes aportaciones, sin duda, que oportunamente se difundirán.
03 Septiembre 2017 04:00:00
Desafíos para los derechos humanos en el tercer milenio
Hace casi siete décadas fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Asamblea General de la ONU- 217, y puede decirse que ha cumplido bien su propósito de impulsar “el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” –según reza su considerando segundo- como base del imperio de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

Viene eso a colación porque entre los días 6 y 8 de este mes se celebrará, en Torreón, el I Congreso Internacional “Desafíos para los Derechos Humanos en el Tercer Milenio”, en el marco de los eventos organizados por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su vigésimo quinto aniversario y primer centenario de la Constitución de 1917.

El propósito del congreso es intercambiar opiniones y planteamientos sobre los retos que plantea el tercer milenio, en estos sus comienzos, en materia de derechos fundamentales.

En Él concurrirán académicos especializados en el tema con representantes de la sociedad civil, activos en la defensa de esos derechos, para aportar experiencias y conocimientos a la disminución de la brecha entre la teoría y la práctica.

El contexto contemporáneo de la declaración era bien distinto del que hoy vive la humanidad, que tiene perspectivas no muy promisorias en muchas facetas.

Fue expedida al final de la Segunda Guerra Mundial, y el espíritu imperante tenía mucho de anhelo por impedir que en el futuro se repitiera, cosa alguna parecida a esa conflagración de alcance mundial.

Seguramente sin haber previsto la magnitud que cobraría en el futuro, la declaración sembró una semilla que sería pródiga en frutos, pues si bien tenía ya de suyo vocación de universal perennidad, en una circunstancia difícilmente prevista entonces cobraría una relevancia mayor: Unas cuantas décadas después de haberse proclamado, el mundo habría de sufrir una metamorfosis que, llevándolo a la globalidad omnipresente hoy en día, lo puso también en posición de incivilidad al situarlo en un punto que enfrenta retos al derecho que solo podrán solventarse cuando se encuentre la manera de fincar las estructuras sociales del mundo sobre la base de dignidad que propugnan los derechos fundamentales.

Los desajustes causados por la expansión a niveles de alcance mundial de los fenómenos sociales, ha causado también un divorcio evidente entre los sistemas político y normativo, que habían corrido parejos siempre, de modo tal que una perniciosa falta de normas aptas para regulas el ámbito global se ha hecho presente.

El problema primordial estriba, así contempladas las cosas, en dilucidar las vías de construcción de un sistema jurídico tal, que sea capaz a un tiempo de ser eficaz y legítimo, lo que en las condiciones actuales resulta difícil de vislumbrar, si no es que imposible.

La globalidad desafía a la capacidad creativa de los seres humanos, que han de redefinir los esquemas rectores de su convivencia en las circunstancias nuevas, si es que no quieren ver aniquilada toda civilización a causa de sus propios desatinos.

En ese estado de cosas, se hace necesario construir un orden jurídico que sea capaz de abarcar toda la gama de agregados sociales, desde lo rigurosamente local, hasta lo que resulte global por naturaleza, en un ejercicio de integración que no deje resquicios y pueda, al mismo tiempo, satisfacer la función social que al derecho le atañe y garantizar un interés general que solo puede arraigarse en la efectiva protección de las libertades, esas que están implícitas, tanto como la garantía jurídica de ellas, en cada uno de los llamados “derechos humanos”.

¿No es, acaso, la dignidad de cada uno y de todos los seres humanos la verdadera razón ética y jurídica de las estructuras sociales? Si no fuera así, no habría legitimidad en ellas y por lo tanto serán inadmisibles.

De eso se tratará el congreso. Habrá interesantes aportaciones, sin duda, que oportunamente se difundirán.
27 Agosto 2017 04:02:00
Integrar a personas con discapacidad
Una cuestión que está todavía muy lejos de verse siquiera bien encaminada es la que tiene que ver con la integración de las personas con discapacidad a la vida en sociedad, en términos de justicia, equidad y derecho.

Por eso importa mucho impulsar por todos los medios la asunción de las responsabilidades sociales destinadas a cumplir con ese deber, como ocurrió en Torreón el pasado viernes 25 de agosto, durante el foro Abriendo Puertas hacia las Personas con Discapacidad, al que concurrió un numeroso grupo de personas con discapacidad y representantes de diversas organizaciones, cerca de 200, que las agrupan.

Ahí se trataron temas propios de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, desde la voz y con la presencia de ellas mismas, a fin de intercambiar experiencias y efectuar aportaciones que contribuyan al impulso de políticas públicas que adopten las mejores prácticas para alcanzar la inclusión plena que por derecho les corresponde.

No se trató de “poses” o de motivos “caritativos”, sino de estricta justicia: las personas con discapacidad no son diferentes a otras, y gozan de los mismos derechos que son inherentes a todos sus congéneres.

En el foro, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se precisaron cuestiones fundamentales, como la noción misma de “discapacidad”, porque no hay mejor amigo de la confusión que la imprecisión conceptual.

Se trataron otros temas, tales como el relativo a los modelos que fomentan la incidencia y participación de las personas con discapacidad, las prácticas de su movilización y empoderamiento, y otros de similar naturaleza, todos ellos tendientes a incidir en la construcción de mecanismos que garanticen los derechos humanos de quienes tienen una condición de discapacidad, con el propósito de encontrar vías efectivas para erradicar todas las formas de discriminación y marginación de las que han sido objeto.

Entre otras cosas, quedó claro que, en general, no sólo falta una regulación moderna y adecuada, sino que urgen el diseño e instrumentación de políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos y oportunidades de las personas con esa condición, y así ellas puedan desarrollar libremente y con dignidad sus propios planes y proyectos de vida.

Superadas, hasta donde ha sido posible hacerlo, la ignorancia y la superchería, se impone la consideración de que, en rigor, el tema de la discapacidad no es una cuestión de índole individual, sino preponderantemente social, desde que hay que considerar que la problemática real reside en las limitaciones de la sociedad para propiciar las condiciones necesarias –y prestar los servicios adecuados– para asegurar el más pleno desarrollo de todos los seres humanos y el ejercicio pleno de sus libertades y derechos, incluidas –¿podría ser de otro modo?– las personas con discapacidad.

En el deber de garantía universal e igualitaria que imponen la ética, la civilidad y las normas jurídicas del más alto rango en nuestro país y en el mundo, que comprende a todos en la sociedad y el Gobierno, queda comprendido el de equilibrar las desigualdades de origen, que en el caso han de verse traducidas en términos de accesibilidad, pero sobre todo de inclusión e integración plena a la vida social.

Esa es la idea medular que animó el desarrollo del foro, llevado a cabo en las instalaciones espléndidas de la Ciudad Universitaria de Torreón, gracias a la generosidad de la propia institución, que por conducto de su rector las facilitó para el efecto.

Fue también generosa la participación de otras instituciones, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Conapred, que mucho aportaron a la riqueza del evento, pero sobre todo la activa contribución de las organizaciones de la sociedad civil, que vivificaron con ello el compromiso de mantener activo el impulso de la integración plena de las personas con discapacidad a la vida digna que, por derecho propio, les corresponde.
27 Agosto 2017 04:00:00
Una puerta a la integración de las personas con discapacidad
Una cuestión que está todavía muy lejos de verse siquiera bien encaminada es la que tiene que ver con la integración de las personas con discapacidad a la vida en sociedad, en términos de justicia, equidad y derecho.

Por eso importa mucho impulsar por todos los medios la asunción de las responsabilidades sociales destinadas a cumplir con ese deber, como ocurrió en Torreón el pasado viernes 25 de agosto, durante el foro “Abriendo Puertas hacia las Personas con Discapacidad”, al que concurrió un numeroso grupo de personas con discapacidad y representantes de diversas organizaciones, cerca de doscientas, que las agrupan.

Ahí se trataron temas propios de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, desde la voz y con la presencia de ellas mismas, a fin de intercambiar experiencias y efectuar aportaciones que contribuyan al impulso de políticas públicas que adopten las mejores prácticas para alcanzar la inclusión plena que por derecho les corresponde.

No se trató de “poses” o de motivos “caritativos”, sino de estricta justicia: las personas con discapacidad no son diferentes a otras, y gozan de los mismos derechos que son inherentes a todos sus congéneres.

En el foro, conforme a la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, se precisaron cuestiones fundamentales, como la noción misma de “discapacidad”, porque no hay mejor amigo de la confusión que la imprecisión conceptual.

Se trataron otros temas, tales como el relativo a los modelos que fomentan la incidencia y participación de las personas con discapacidad, las prácticas de su movilización y empoderamiento, y otros de similar naturaleza, todos ellos tendientes a incidir en la construcción de mecanismos que garanticen los derechos humanos de quienes tienen una condición de discapacidad, con el propósito de encontrar vías efectivas para erradicar todas las formas de discriminación y marginación de las que han sido objeto.

Entre otras cosas, quedó claro que, en general, no sólo falta una regulación moderna y adecuada, sino que urgen el diseño e instrumentación de políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos y oportunidades de las personas con esa condición, y así ellas puedan desarrollar libremente y con dignidad sus propios planes y proyectos de vida.

Superadas, hasta donde ha sido posible hacerlo, la ignorancia y la superchería, se impone la consideración de que, en rigor, el tema de la discapacidad no es una cuestión de índole individual, sino preponderantemente social, desde que hay que considerar que la problemática real reside en las limitaciones de la sociedad para propiciar las condiciones necesarias –y prestar los servicios adecuados- para asegurar el más pleno desarrollo de todos los seres humanos y el ejercicio pleno de sus libertades y derechos, incluidas -¿podría ser de otro modo?- las personas con discapacidad.

En el deber de garantía universal e igualitaria que imponen la ética, la civilidad y las normas jurídicas del más alto rango en nuestro país y en el mundo, que comprende a todos en la sociedad y el gobierno, queda comprendido el de equilibrar las desigualdades de origen, que en el caso han de verse traducidas en términos de accesibilidad, pero sobre todo de inclusión e integración plena a la vida social.

Esa es la idea medular que animó el desarrollo del foro, llevado a cabo en las instalaciones espléndidas de la Ciudad Universitaria de Torreón, gracias a la generosidad de la propia institución, que por conducto de su rector las facilitó para el efecto.

Fue también generosa la participación de otras instituciones, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Conapred, que mucho aportaron a la riqueza del evento, pero sobre todo la activa contribución de las organizaciones de la sociedad civil, que vivificaron con ello el compromiso de mantener activo el impulso de la integración plena de las personas con discapacidad a la vida digna que, por derecho propio, les corresponde.
20 Agosto 2017 04:02:00
Escuela Libre de Derecho: 105 años
Acaban de cumplirse 105 años de haberse fundado la Escuela Libre de Derecho. Nació el 24 de julio de 1912, como una activa reacción frente a la necesidad de opciones verdaderamente libres para la reflexión jurídica y la enseñanza del derecho en México. Ese día, en una casa ubicada en la calle de Donceles, en la Ciudad de México, se impartió la primera cátedra.

El ideal de los fundadores era constituir una escuela independiente del poder público, y ajena a todo fin político o religioso, distinta del común denominador que imperaba: considerar a la educación, especialmente la de nivel superior, como un “todo orgánico”, que habría de correr a cargo del Gobierno, con las consiguientes consecuencias ideológicas y de adoctrinamiento que eran de esperarse.

Para alcanzar ese fin a plenitud era necesaria la autosuficiencia, y por eso se diseñó un modelo en el que todavía descansa el financiamiento de la centenaria institución, basado en un principio de altruista solidaridad compuesto por las aportaciones, siempre generosas, de sus profesores –que no perciben emolumento alguno por su desempeño– y de sus exalumnos, lo que permite que los alumnos, que constituyen la otra parte esencial de la fórmula, carguen con cuotas realmente módicas y participen en la mística comunitaria como garantes del orden y la disciplina de la Escuela, cuyo Estatuto General, en su Artículo 7º, literalmente establece que “el orden y la disciplina de la Escuela están confiados al honor de los alumnos”, como en la realidad ocurre.

La escuela ha crecido y se ha mejorado, actualizando su plan de estudios, sin detrimento de la libertad de cátedra, característica que la enorgullece.

Ha establecido posgrados de calidad y un Centro de Investigación e Informática Jurídica de excelencia, para cumplir con el cometido de empeñarse en el objeto de exclusivo dedicarse “la enseñanza, la investigación y la difusión de las ciencias jurídicas y sus auxiliares con independencia de todo fin político o credo religioso, en los grados de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado”, según la Base Cuarta de su estatuto.

El compromiso con la libertad y su resistencia a la sumisión frente al poder hicieron que, durante mucho tiempo y hasta sólo unas pocas décadas atrás, los obstáculos para autorizar el ejercicio de la abogacía a sus egresados llegaron incluso a la necesidad de interponer juicios de amparo en contra de la negativa de otorgarles la cédula profesional correspondiente.

A 105 años de su fundación, el panorama es muy otro. Superados aquellos obstáculos, la aspiración perenne de lograr la excelencia –que siempre es camino, nunca una meta– es su reto definitivo.

Siempre resulta gratificante constatar que ese empeño se mantiene presente y que, hoy, cuando es su rector don Luis Díaz Mirón, él, tanto como a la Junta Directiva y toda la comunidad de profesores, investigadores, alumnos egresados y alumnos, han hecho suyo, con gran dignidad, el compromiso de honrar y mantener vivo el espíritu de sus fundadores, alentado en el lema que sintetiza su credo ético: “Ius neque inflecti gratia neque perfringi potentia neque adulterare pecunia debet”, que en lengua común significa que el derecho no debe ser desvirtuado por el favor, quebrantado por el poder, ni adulterado por dádivas, divisa que bien debería enarbolar cualquier intento de enarbolar la empresa de desterrar, de una vez por todas, el cáncer insidioso de la corrupción.

A 105 de su fundación y en ese contexto de pujante mejora, la Libre está en el camino que parece correcto.

Con tal ejemplo y ante la virtuosa inercia que le ha permitido a la Escuela Libre de Derecho trascender un siglo de vida en condiciones de continuo perfeccionamiento, se ofrece optimista el panorama. Ojalá que quienes aquellos que en adelante reciban la estafeta puedan, en 95 años más, honrar con igual dignidad, el segundo centenario de ella. Por lo pronto, y desde esta modesta trinchera, me sumo al merecido homenaje que en su aniversario recibió.
20 Agosto 2017 04:00:00
Escuela Libre de Derecho: 105 años
Acaban de cumplirse 105 años de haberse fundado la Escuela Libre de Derecho. Nació el 24 de julio de 1912, como una activa reacción frente a la necesidad de opciones verdaderamente libres para la reflexión jurídica y la enseñanza del derecho en México. Ese día, en una casa ubicada en la calle de Donceles, en la ciudad de México, se impartió la primera cátedra.

El ideal de los fundadores era constituir una escuela independiente del poder público, y ajena a todo fin político o religioso, distinta del común denominador que imperaba: Considerar a la educación, especialmente la de nivel superior, como un “todo orgánico”, que habría de correr a cargo del gobierno, con las consiguientes consecuencias ideológicas y de adoctrinamiento que eran de esperarse.

Para alcanzar ese fin a plenitud era necesaria la auto suficiencia, y por eso se diseñó un modelo en el que todavía descansa el financiamiento de la centenaria institución, basado en un principio de altruista solidaridad compuesto por las aportaciones, siempre generosas, de sus profesores –que no perciben emolumento alguno por su desempeño- y de sus exalumnos, lo que permite que los alumnos, que constituyen la otra parte esencial de la fórmula, carguen con cuotas realmente módicas y participen en la mística comunitaria como garantes del orden y la disciplina de la Escuela, cuyo Estatuto General, en su artículo 7º, literalmente establece que “el orden y la disciplina de la Escuela están confiados al honor de los alumnos”, como en la realidad ocurre.

La escuela ha crecido y se ha mejorado, actualizando su plan de estudios, sin detrimento de la libertad de cátedra, que la enorgullece.

Ha establecido posgrados de calidad y un Centro de Investigación e Informática Jurídica de excelencia, para cumplir con el cometido de empeñarse en el objeto de exclusivo dedicarse “la enseñanza, la investigación y la difusión de las ciencias jurídicas y sus auxiliares con independencia de todo fin político o credo religioso, en los grados de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado”, según la Base Cuarta de su estatuto.

El compromiso con la libertad y su resistencia a la sumisión frente al poder hicieron que, durante mucho tiempo y hasta sólo unas pocas décadas atrás, los obstáculos para autorizar el ejercicio de la abogacía a sus egresados llegaron incluso a la necesidad de interponer juicios de amparo en contra de la negativa de otorgarles la cédula profesional correspondiente.

A ciento cinco años de su fundación, el panorama es muy otro. Superados aquellos obstáculos, la aspiración perenne de lograr la excelencia -que siempre es camino, nunca una meta- es su reto definitivo.

Siempre resulta gratificante constatar que ese empeño se mantiene presente y que, hoy, cuando es su rector don Luis Díaz Mirón, él, tanto como a la junta directiva y toda la comunidad de profesores, investigadores, alumnos egresados y alumnos, han hecho suyo, con gran dignidad, el compromiso de honrar y mantener vivo el espíritu de sus fundadores, alentado en el lema que sintetiza su credo ético: “Ius neque inflecti gratia neque perfringi potentia neque adulterare pecunia debet”, que en lengua común significa que el derecho no debe ser desvirtuado por el favor, quebrantado por el poder, ni adulterado por dádivas, divisa que bien debería enarbolar cualquier intento de enarbolar la empresa de desterrar, de una vez por todas, el cáncer insidioso de la corrupción.

A ciento cinco años de su fundación y en ese contexto de pujante mejora, la Libre está en el camino que parece correcto.

Con tal ejemplo y ante la virtuosa inercia que le ha permitido a la Escuela Libre de Derecho trascender un siglo de vida en condiciones de continuo perfeccionamiento, se ofrece optimista el panorama. Ojalá que quienes aquellos que en adelante reciban la estafeta puedan, en noventa y cinco años más, honrar con igual dignidad, el segundo centenario de ella. Por lo pronto, y desde esta modesta trinchera, me sumo al merecido homenaje que en su aniversario recibió.
13 Agosto 2017 04:02:00
La diversidad como derecho
Leí en días recientes un interesante artículo de Mario Luis Fuentes acerca del mundo indígena y su integración a partir de lo que llama “modelo de vida solidario, incluyente y equitativo” (México Social, http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/1481-pensar-el-mundo-indigena).

Sería aberrante disentir de la corrección política y social de un modelo tal, pero me temo que procurarlo a partir de borrar las diferencias entre “nosotros” y “ellos”, como el articulista pretende, no sólo es utópico, sino que sería artificial y contrario a los derechos inherentes a los seres humanos. Creo, por lo tanto, que es necesario precisar algunos matices frente al modelo propuesto.

El referido artículo inicia con este párrafo: “La distinción ‘ellos-nosotros’ es por demás artificiosa y ha justificado un sinfín de atrocidades a lo largo de la historia. Pensar que hay un ‘ellos’ implica, de origen, asumir que hay un ‘estar afuera’, un ‘ser radicalmente distintos’, pero también, en el mundo práctico, un inaceptable principio de diferenciación y exclusión. Como norma general, la ‘conciencia moderna’ se ha planteado siempre así frente a las poblaciones indígenas: impuso una barrera que, aun convocando o llamando a la “integración” o la “asimilación”, parte de una visión en la cual creer que se es parte del “nosotros”, en oposición al “ellos”, lleva implícita la idea de que “se es mejor”, “normal” y siempre “preferible” a lo que se nos opone”.

Lo primero que hay que decir es que esa dicotomía entre “nosotros” y “ellos” no es privativa de la “conciencia moderna”, ni exclusiva del mundo indígena y menos aun de México.

La naturaleza dual social-individual de los humanos –el “zoon politikon” de Aristóteles– y la diversidad de intereses y relaciones de cada uno con los otros, y también entre las colectividades parciales entre sí, hacen que la complejidad del mundo social sea diversa por naturaleza.

Más aún: esa diversidad es imprescindible para enriquecer e impulsar la evolución de los seres humanos y sus sistemas sociales, y por esa razón está garantizada, de manera generalizada por los ordenamientos jurídicos internacionales y prácticamente todos los que regulan los derechos en cada estado de la que llamamos “civilización occidental”.

Todos somos entidades individuales, con derechos propios cada quien, y pertenecemos, ineludiblemente a varios “nosotros”, que excluyen, ineludiblemente, a los demás: los mexicanos frente a quienes no lo son; los arquitectos, médicos, etc., frente a otras profesiones; quienes forman parte de una familia ante quienes no son parientes, etc.

Es verdad que hay una tendencia atávica a ver a los extraños como “diferentes” y a despertar alertas de amenaza –que puede o no existir– ante su presencia. Hay que recordar que “hostes” en la antigua Roma significaba sencillamente “extranjero”, mientras que su hija “hostil” significa en nuestro idioma “enemigo”.

La visión no es nueva, tampoco la proposición que promueve su superación. Aquello que hoy llamamos “solidaridad” es un propósito que encuentra su correspondencia histórica en la “cáritas” de los primeros cristianos, que el laicismo de los ilustrados franceses convirtió en “fraternidad” y es hoy la característica que distingue a los derechos sociales, que la tienen por correspondencia obligatoria del conglomerado frente a sus miembros.

“En el fondo –dice el artículo que comento– lo que debemos lograr es un quiebre en la distinción radical que sigue estando en el substrato de la mentalidad mexicana y dejar atrás la oposición del ‘ellos-nosotros’. Debemos ser capaces de asumir que en nuestro país somos todos personas y buscar otras categorías para pensarnos y, sobre todo, para concretar en el mundo práctico la reconciliación y un modelo de vida solidario, incluyente y equitativo”.

Me quedo con la idea contenida en la parte final de ese párrafo, pero extiendo su alcance al género humano todo, e insisto en que esa generalidad comprensiva no debe evitar las diversidades, sino propiciar la vinculación virtuosa entre ellas, a partir de la aceptación de que, en esencia, hay elementos que igualan, a pesar de las diferencias. Ellas han de ser conservadas, buscando siempre armonizarlas equitativa, equilibradamente.
13 Agosto 2017 04:00:00
La diversidad como derecho
Leí en días recientes un interesante artículo de Mario Luis Fuentes acerca del mundo indígena y su integración a partir de lo que llama “modelo de vida solidario, incluyente y equitativo” (México Social, http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/1481-pensar-el-mundo-indigena).

Sería aberrante disentir de la corrección política y social de un modelo tal, pero me temo que procurarlo a partir de borrar las diferencias entre “nosotros” y “ellos”, como el articulista pretende, no sólo es utópico, sino que sería artificial y contrario a los derechos inherentes a los seres humanos. Creo, por lo tanto, que es necesario precisar algunos matices frente al modelo propuesto.

El referido artículo inicia con este párrafo: “La distinción ‘ellos-nosotros’ es por demás artificiosa y ha justificado un sinfín de atrocidades a lo largo de la historia. Pensar que hay un ‘ellos’ implica, de origen, asumir que hay un ‘estar afuera’, un ‘ser radicalmente distintos’, pero también, en el mundo práctico, un inaceptable principio de diferenciación y exclusión. Como norma general, la ‘conciencia moderna’ se ha planteado siempre así frente a las poblaciones indígenas: Impuso una barrera que, aun convocando o llamando a la “integración” o la “asimilación”, parte de una visión en la cual creer que se es parte del “nosotros”, en oposición al “ellos”, lleva implícita la idea de que “se es mejor”, “normal” y siempre “preferible” a lo que se nos opone”.

Lo primero que hay que decir es que esa dicotomía entre “nosotros” y “ellos” no es privativa de la “conciencia moderna”, ni exclusiva del mundo indígena y menos aun de México.

La naturaleza dual social-individual de los humanos –el “zoon politikon” de Aristóteles- y la diversidad de intereses y relaciones de cada uno con los otros, y también entre las colectividades parciales entre sí, hacen que la complejidad del mundo social sea diversa por naturaleza.

Más aún: esa diversidad es imprescindible para enriquecer e impulsar la evolución de los seres humanos y sus sistemas sociales, y por esa razón está garantizada, de manera generalizada, por los ordenamientos jurídicos internacionales y prácticamente todos los que regulan los derechos en cada estado de la que llamamos “civilización occidental”.

Todos somos entidades individuales, con derechos propios cada quien, y pertenecemos, ineludiblemente a varios “nosotros”, que excluyen, a los demás: los mexicanos frente a quienes no lo son; los arquitectos, médicos, etc., frente a otras profesiones; quienes forman parte de una familia ante quienes no son parientes, etc.

Es verdad que hay una tendencia atávica a ver a los extraños como “diferentes” y a despertar alertas de amenaza –que puede o no existir- ante su presencia. Hay que recordar que “hostes” en la antigua Roma significaba sencillamente “extranjero”, mientras que su hija “hostil” significa en nuestro idioma “enemigo”.

La visión no es nueva, tampoco la proposición que promueve su superación. Aquello que hoy llamamos “solidaridad” es un propósito que encuentra su correspondencia histórica en la “cáritas” de los primeros cristianos, que el laicismo de los ilustrados franceses convirtió en “fraternidad” y es hoy la característica que distingue a los derechos sociales, que la tienen por correspondencia obligatoria del conglomerado frente a sus miembros.

“En el fondo -dice el artículo que comento- lo que debemos lograr es un quiebre en la distinción radical que sigue estando en el substrato de la mentalidad mexicana y dejar atrás la oposición del ‘ellos-nosotros’. Debemos ser capaces de asumir que en nuestro país somos todos personas y buscar otras categorías, para concretar en el mundo práctico la reconciliación y un modelo de vida solidario, incluyente y equitativo”.

Me quedo con la idea contenida en la parte final de ese párrafo, pero extiendo su alcance al género humano todo, e insisto en que esa generalidad comprensiva no debe evitar las diversidades, sino propiciar la vinculación virtuosa entre ellas, a partir de la aceptación de que, en esencia, hay elementos que igualan, a pesar de las diferencias. Ellas han de ser conservadas, buscando siempre armonizarlas equitativa y equilibradamente.
06 Agosto 2017 04:02:00
La sociedad civil y la política
A lo largo de la historia, la búsqueda de condiciones para garantizar el acceso efectivo de los seres humanos ha descansado, sin éxito, en manifestaciones que reposan sobre las estructuras de poder, sin que haya podido encontrarse una respuesta satisfactoria. Por lo tanto, parece aconsejable buscarlas en la sociedad civil, que desafía la singularidad de las otras, aunque en rigor carece de singularidad propia.

Aunque eso sea evidente, y precisamente por ello, es necesario aproximarse a una definición más clara de sus contornos de lo que suele encontrarse en las referencias comunes a ella, lo que, históricamente, ha encontrado dificultades, a pesar de contar con un referente teórico de relativa firmeza, el estado, o más precisamente, el poder.

Ese poder, para el caso, no importa si es de carácter político –institucional o social– o deriva de la capacidad económica de individuos, grupos, corporaciones o instituciones nacionales o transnacionales.

Así considerada la cuestión, y vistas las múltiples conexiones funcionales y hasta estructurales entre ambas vertientes del poder, bien podría caracterizarse a la sociedad civil como esa porción de la comunidad sin acceso a los centros en que se toman las decisiones trascendentes y relevantes, incluido el conjunto de instituciones sociales que no revisten las características propias del sistema de poder político, o están integradas a él.

Se diría, entonces, que es el conjunto de la realidad social que se halla fuera de la directa acción de tal núcleo –en buena medida (la “clase dirigente” que definiera Gaetano Mosca, entre otros).

Es, en palabras llanas, esa porción de seres humanos cuyas vides dependen más de las decisiones de otros que de las propias, situación que, como todo indica al observador menos agudo, se agrava y amplía cada vez más en esta época de auge para los instrumentos de control social. Hoy por hoy, cualquier sistema político que se precie de ser auténticamente legítimo debe satisfacer, sin duda y entre otros requisitos, el de contar con el dimensionamiento del poder en un justo medio apto para garantizar el espacio de las libertades en el ámbito de la sociedad civil, con la consiguiente limitación de los poderes jurídicos y fácticos para que ello tenga lugar.

La convergencia de los impulsos sociales que han dado origen al renacimiento contemporáneo de la lucha por los derechos fundamentales, como resistencia natural al poder, en todas sus expresiones, busca indudablemente la búsqueda de nuevos espacios de libertad y sus garantías, así como nuevas formas de participación democrática, que se expresan en la suma de los movimientos sociales de reivindicación (feminista, ecologista, etc.).

Eso produjo el replanteamiento de la autonomía de la sociedad civil y abrió una amplia gama de posibilidades, en principio bien aprovechadas por esos movimientos, para la compaginación de las luchas antiautoritarias alrededor del mundo –México incluido– con el fin de transitar a una democracia eficaz y sustantiva, que se traduzca en un ejercicio político –en su más extensa, comprensiva y correcta acepción– que incluya, por supuesto, el perfeccionamiento moral e intelectual, tanto como el mejoramiento material de todo ser humano, en cualquier parte del mundo.

Esta manera de concebir la oposición entre sociedad civil y poder implica, necesariamente, el reconocimiento de que el principio fundamental en que está basado es la “autonomización” de la sociedad, para buscar desde ella las transformaciones estructurales necesarias que necesita el funcionamiento adecuado a tal fin de las instituciones sociales.

Para que el poder deje de ser monopolio de las redes que en torno a él se tejen, es necesario que la sociedad civil desempeñe un papel cada vez más activo, no para sustituir a las instituciones formales, sino para vigilar la legitimidad de sus acciones y asegurar la participación democrática que las circunstancias requieren.

Una sociedad civil consciente y activa es imprescindible para efectuar el tránsito que se requiere hacia condiciones de vida apenas dignas para las inmensas mayorías que, en México y el mundo, carecen de ellas.

06 Agosto 2017 04:00:00
La sociedad civil y la política
A lo largo de la historia, la búsqueda de condiciones para garantizar el acceso efectivo de los seres humanos ha descansado, sin éxito, en manifestaciones que descansan sobre las estructuras de poder, sin que haya podido encontrarse una respuesta satisfactoria. Por lo tanto, parece aconsejable buscarlas en la sociedad civil, que desafía la singularidad de las otras, aunque en rigor carece de singularidad propia.

Aunque eso sea evidente, y precisamente por ello, es necesario aproximarse a una definición más clara de sus contornos de lo que suele encontrarse en las referencias comunes a ella, lo que, históricamente, ha encontrado dificultades, a pesar de contar con un referente teórico de relativa firmeza, el estado, o más precisamente, el poder.

Ese poder, para el caso, no importa si es de carácter político -institucional o social- o deriva de la capacidad económica de individuos, grupos, corporaciones o instituciones nacionales o transnacionales.

Así considerada la cuestión, y vistas las múltiples conexiones funcionales y hasta estructurales entre ambas vertientes del poder, bien podría caracterizarse a la sociedad civil como esa porción de la comunidad sin acceso a los centros en que se toman las decisiones trascendentes y relevantes, incluido el conjunto de instituciones sociales que no revisten las características propias del sistema de poder político, o están integradas a él.

Se diría, entonces, que es el conjunto de la realidad social que se halla fuera de la directa acción de tal núcleo -en buena medida (la “clase dirigente” que definiera Gaetano Mosca, entre otros).

Es, en palabras llanas, esa porción de seres humanos cuyas vides dependen más de las decisiones de otros que de las propias, situación que, como todo indica al observador menos agudo, se agrava y amplía cada vez más en esta época de auge para los instrumentos de control social.

Hoy por hoy, cualquier sistema político que se precie de ser auténticamente legítimo, debe satisfacer, sin duda y entre otros requisitos, el de contar con el dimensionamiento del poder en un justo medio apto para garantizar el espacio de las libertades en el ámbito de la sociedad civil, con la consiguiente limitación de los poderes jurídicos y fácticos para que ello tenga lugar.

La convergencia de los impulsos sociales que han dado origen al renacimiento contemporáneo de la lucha por los derechos fundamentales, como resistencia natural al poder, en todas sus expresiones, busca indudablemente la búsqueda de nuevos espacios de libertad y sus garantías, así como nuevas formas de participación democrática, que se expresan en la suma de los movimientos sociales de reivindicación (feminista, ecologista, etc.).

Eso produjo el replanteamiento de la autonomía de la sociedad civil y abrió una amplia gama de posibilidades, en principio bien aprovechadas por esos movimientos, para la compaginación de las luchas antiautoritarias alrededor del mundo -México incluido- con el fin de transitar a una democracia eficaz y sustantiva, que se traduzca en un ejercicio político -en su más extensa, comprensiva y correcta acepción- que incluya, por supuesto, el perfeccionamiento moral e intelectual, tanto como el mejoramiento material de todo ser humano, en cualquier parte del mundo.

Esta manera de concebir la oposición entre sociedad civil y poder implica, necesariamente, el reconocimiento de que el principio fundamental en que está basado es la “autonomización” de la sociedad, para buscar desde ella las transformaciones estructurales necesarias que necesita el funcionamiento adecuado a tal fin de las instituciones sociales.

Para que el poder deje de ser monopolio de las redes que en torno a él se tejen, es necesario que la sociedad civil desempeñe un papel cada vez más activo, no para sustituir a las instituciones formales, sino para vigilar la legitimidad de sus acciones y asegurar la participación democrática que las circunstancias requieren.

Una sociedad civil consciente y activa es imprescindible para efectuar el tránsito que se requiere hacia condiciones de vida apenas dignas para las inmensas mayorías que, en México y el mundo, carecen de ellas.
30 Julio 2017 04:02:00
En busca del honor perdido
Durante el Siglo de Oro español –el 17– solía decirse que el honor era aquella parte de cada uno que reside en los demás, en los otros.

Hoy ese concepto, además de anacrónico, podría parecer incluso cursi a más de una persona, pero a poco que se profundice podrá apreciarse que no se trata, en absoluto, de una cualidad frívola, por más que hoy se pueda percibir por algunos como una palabra sin contenido.

Es necesario recordar que aquel siglo representó la cúspide del renacimiento en ese país, y por lo tanto la cima de un antropocentrismo que generó una sociedad fincada sobre bases muy diferentes a las que privan en nuestros días.

Hoy priva un individualismo egoísta, cuya teleología mira hacia el bienestar material y la riqueza monetaria, y desde el monto de ellos se miden, socialmente, el éxito y el fracaso.

En aquel tiempo, la noción de pertenencia era más clara de lo que hoy es, y la importancia de ser aceptado –es decir, digno de pertenecer a la comunidad– implicaba la necesidad de respetar los valores significantes de la cohesión social, así como las normas en las que ellos eran dotados de objetividad.

Hoy “la mano invisible del mercado”, que pretendidamente todo lo arregla y de la que supuestamente dependen los equilibrios y el orden, ha sido la línea que se ha querido imponer, con muy altos costos y muy discutible fortuna –para el orden, los equilibrios y la equidad, no para ellos– por los dueños de la riqueza.

Esa mano no quiere restricciones y por lo tanto le estorban las normas –todas, incluso las éticas, no se diga ya las religiosas, adoradores como son del “becerro de oro”– y no es sino proclive a la competencia entre todos para hacerse de la parte mayor de un pastel que no alcanza para todos, en vez de esmerarse por hacerlo crecer.

En estos tiempos se exalta el éxito material, sin apenas reparar en los métodos para lograrlo. No importa “torcer un poco” las normas, siempre que no sea notoria la infracción.

En los tiempos idos, el honor implicaba respeto por uno mismo, para poder tenerlo luego hacia los demás, porque eran congéneres, no competidores, tampoco clientes –potenciales o actuales–, no semejantes, como puede predicarse de estos tiempos de pragmatismo materialista.

El honor era valioso. Hoy ha dejado de serlo, al grado de que ya no se considera siquiera un bien digno de ser tutelado jurídicamente. Los delitos contra el honor han desaparecido del mapa y se aduce que la tutela de aquel se ha trasladado a la protección civil, vía la posibilidad de obtener resarcimiento por el eventual “daño moral” causado, como si eso, en rigor, fuera posible y todo pudiera reducirse a pesos y centavos. Antes, era blasón; se ha convertido en baldón en nuestros días para quienes imponen las reglas (las redes de poder político, que no la comunidad, el “pueblo”), porque ellas obstruyen el camino de la voraz codicia que, como el cuchillo caliente en la mantequilla, se ha abierto paso.

El honor es la puerta de la dignidad, esa que tanto se pregona a la hora del discurso sobre la igualdad de derechos. Por eso hay que rescatarlo del olvido, reencontrar su esencia y volverlo a la vida, sobre todo a la vida pública, a la que hace comunidad, para que esta en verdad lo sea.

Hoy, que tanto se habla de combatir a la corrupción –entre otros vicios incapacitantes–, cabe preguntar ¿puede ese combate darse sin merecimiento ni honor?

Ramón Xirau. Murió el filósofo, poeta, humanista mexicano, aunque de origen catalán, Ramón Xirau. Deja un legado de gran dignidad, que bien ha sido reconocido en los círculos del pensamiento en que se desenvolvió. Su obra merece mayor difusión. Fue un hombre generoso, afable, de gran modestia personal y sin pretención vana. En suma, fue un intelectual muy digno y, ciertamente, un hombre de honor. Descanse en paz.


30 Julio 2017 04:00:00
En busca del honor perdido
Durante el “Siglo de Oro” español -el 17- solía decirse que el honor era aquella parte de cada uno que reside en los demás, en los otros.

Hoy, ese concepto, además de anacrónico, podría parecer incluso cursi a más de una persona, pero a poco que se profundice podrá apreciarse que no se trata, en absoluto, de una cualidad frívola, por más que hoy se pueda percibir por algunos como una palabra sin contenido.

Es necesario recordar que aquel siglo representó la cúspide del renacimiento en ese país, y por lo tanto la cima de un antropocentrismo que generó una sociedad fincada sobre bases muy diferentes a las que privan en nuestros días.

Hoy, priva un individualismo egoísta, cuya teleología mira hacia el bienestar material y la riqueza monetaria, y desde el monto de ellos se miden, socialmente, el éxito y el fracaso.

En aquel tiempo, la noción de pertenencia era más clara de lo que hoy es, y la importancia de ser aceptado -es decir, digno de pertenecer a la comunidad- implicaba la necesidad de respetar los valores significantes de la cohesión social, así como las normas en las que ellos eran dotados de objetividad.

Hoy, “la mano invisible del mercado”, que pretendidamente todo lo arregla y de la que supuestamente dependen los equilibrios y el orden, ha sido la línea que se ha querido imponer, con muy altos costos y muy discutible fortuna -para el orden, los equilibrios y la equidad, no para ellos- por los dueños de la riqueza.

Esa mano no quiere restricciones y por lo tanto le estorban las normas -todas, incluso las éticas, no se diga ya las religiosas, adoradores como son del “becerro de oro”- y no es sino proclive a la competencia entre todos para hacerse de la parte mayor de un pastel que no alcanza para todos, en vez de esmerarse por hacerlo crecer.

En estos tiempos se exalta el éxito material, sin apenas reparar en los métodos para lograrlo. No importa “torcer un poco” las normas, siempre que no sea notoria la infracción.

En los tiempos idos, el honor implicaba respeto por uno mismo, para poder tenerlo luego hacia los demás, porque eran congéneres, no competidores, tampoco clientes -potenciales o actuales- no semejante, como pude predicarse de estos tiempos de pragmatismo materialista..

El honor era valioso. Hoy ha dejado de serlo, al grado de que ya no se considera siquiera un bien digno de ser tutelado jurídicamente. Los delitos contra el honor han desaparecido del mapa y se aduce que la tutela de aquél se ha trasladado a la protección civil, vía la posibilidad de obtener resarcimiento por el eventual “daño moral” causado, como si eso, en rigor, fuera posible y todo pudiera reducirse a pesos y centavos.

Antes, era blasón; se ha convertido en baldón en nuestros días para quienes imponen las reglas (las redes de poder político, que no la comunidad, el “pueblo”), porque ellas obstruyen el camino de la voraz codicia que, como el cuchillo caliente en la mantequilla, se ha abierto paso.

El honor es la puerta de la dignidad, esa que tanto se pregona a la hora del discurso sobre la igualdad de derechos. Por eso hay que rescatarlo del olvido, reencontrar su esencia y volverlo a la vida, sobre todo a la vida pública, a la que hace comunidad, para que esta en verdad lo sea.

Hoy, que tanto se habla de combatir a la corrupción -entre otros vicios incapacitantes- cabe preguntar ¿puede ese combate darse sin merecimiento ni honor?

Ramón Xirau. Murió el filósofo, poeta, humanista mexicano, aunque de origen catalán, Ramón Xirau. Deja un legado de gran dignidad, que bien ha sido reconocido en los círculos del pensamiento en que se desenvolvió. Su obra merece mayor difusión. Fue un hombre generoso, afable, de gran modestia personal y sin pretención vana. En suma, fue un intelectual muy digno y, ciertamente, un hombre de honor. Descanse en paz.
23 Julio 2017 04:00:00
Vamos por más
Concluyó la semana en la que entró en vigor el “Sistema Nacional Anticorrupción”, sin que el legislador federal haya cumplido con el mandato de integrar debidamente los órganos previstos para su mejor funcionamiento.

Bajo el lema “vamos por más”, un nutrido grupo de líderes de organizaciones no gubernamentales, justamente molestos y explicablemente inquietos por ese hecho, impulsaron una exigencia de que, sin dilación, se subsanen las deficiencias del sistema para que pueda funcionar eficientemente.

Dejar de compartir su aversión hacia la corrupción y la urgencia con que reclaman la erradicación del problema es imposible. Creo, sin embargo -ya lo he dicho aquí reiteradamente- que no será con nuevas leyes y más burocracia que podrá combatirse con éxito el pernicioso cáncer de la corrupción.

De suyo, aunque podrían requerirse ciertos ajustes, contamos ya con normas aptas para combatir ese cúmulo de conductas ilícitas que, en conjunto, pueden llamarse “corrupción”.

Faltan, en cambio, políticas públicas que lleven a la práctica acciones para erradicarla, suprimiendo los incentivos perniciosos y sustituyéndolos por otros que sean estímulo para erradicarla y evitar que vuelva a surgir.

Lo que se echa de menos es un conjunto de políticas públicas -un “espacio de políticas públicas” en términos técnicos- que abarque estratégicamente toda campaña que con ese objetivo pueda emprenderse.

Conviene recordar que una “política pública”, con propiedad, es un conjunto de acciones coordinadas e integrales, destinadas a resolver problemas de naturaleza pública. Para ser efectivas requieren de un diagnóstico preciso, de la determinación de un objetivo medible, de una agenda clara -aunque dotada de cierta flexibilidad, para poder efectuar sobre la marcha los ajustes que las circunstancias específicas requieran- de prioridades y de los actores que tendrán a su cargo tareas concatenadas, específicamente determinadas, que deben tender al
propósito definido.

Una política pública ha de ser diseñada, instrumentada, ejecutada y evaluada con la participación de aquellos a quienes habrá de afectar benéficamente cuando cumpla su propósito.

Para que eso ocurra, es imprescindible considerar el entorno, las fuerzas y debilidades propias, así como las oportunidades y amenazas del entorno ¿Se hizo ya ese diagnóstico? ¿Se fijaron ya los objetivos y metas? ¿Se pensó ya en la estrategia y en las tácticas posibles? ¿Se fijó una agenda? Si no es así, nada va a funcionar.

Es verdad que en ese entorno el orden jurídico puede ser, si se trata de la autoridad, fuerza o debilidad en la medida en que cuente con facultades o no para efectuar las acciones determinadas; para quienes no lo son, el Derecho puede ser oportunidad o amenaza, incentivo benéfico o pernicioso, y además estructura que encauce los flujos sociales hacia el objetivo pretendido.

Un general que se haga de equipo, pertrechos y tropas sin conocer con precisión sus objetivos, las características de su enemigo y las condiciones del terreno en que habrá de combatir, estará en condiciones de precariedad estratégica, y por lo tanto seguramente condenado a un fracaso que puede ser estrepitoso y desmoralizador, además de mortal, para sus tropas y para él mismo. Sin planeación acuciosa no puede haber triunfo en ninguna guerra, y menos una de la magnitud de la que se avecina, como todo parece anticipar.

Lo dicho: vamos por más, hay que ir por ello en serio y organizadamente, sin esperanzas puestas en otra cosa que una acción perdurable y sostenida, basada en realidades perceptibles, con la cabeza en las nubes, si se quiere, pero los pies en la tierra.

Acciones concertadas, bien dirigidas, correctamente basadas, y encaminadas con propiedad. Eso es lo que se necesita. Lo demás, o es demagogia, o son buenas intenciones que, como ya se sabe, pavimentan el camino del infierno.
16 Julio 2017 04:00:00
Colegiación y ética profesional
El 12 de julio de 1533 se instituyó la primera cátedra de leyes en el continente americano y por eso la fecha fue rescatada en 1960 para establecer, por el presidente López Mateos y a iniciativa de Enrique Bracamontes, ese día como día del abogado.

Con el tiempo, la celebración ha crecido y se ha generalizado. Este año no fue la excepción.

Entre el cúmulo vasto de ceremonia y eventos, asistí a uno que resultó muy digno y muy grato por su sobriedad y su reflexivo talante.

La Barra de Abogados de Coahuila, Instituto de Investigaciones Jurídicas, convocó a un desayuno durante el cual se reflexionó en torno de dos temas que son ineludibles cuando del ejercicio de la abogacía se trata: la colegiación y la ética profesional.

Son también temas de actualidad palpitante, porque es evidente que cada vez más se acerca este país al establecimiento de la colegiación obligatoria, y porque la creación del sistema anticorrupción convoca, de manera muy especial, a los profesionales del derecho, sean ellos postulantes, jueces, fiscales, servidores públicos o simplemente peritos en las disciplinas jurídicas.

La hipótesis de inicio para la reflexión consistió en la afirmación de que la agremiación no sólo es útil para la protección de los miembros, sus intereses legítimos y derechos, sino -y de manera más importante hoy en día- establecer mecanismos de “auto control” profesional, a la manera en que ocurre en otros países, como los Estados Unidos de América, por ejemplo, que pretenderán, se dijo, incluir el tema en la revisión del TLCAN.

Con todo lo positivo que ello aportó al evento, hay que considerar los planteamientos formulados como un “pie de reflexión” -por llamarlo de alguna manera- como una propuesta de debate, que no se ha dado en suficiencia, a juicio mío, y que aún podría tener enfoques erróneos que, si se quiere avanzar con paso firme y de manera sólida en el tema, sería conveniente revisar.

Tampoco aquí hay espacio para llegar muy hondo, pero sí lo hay para plantear un par de cuestiones adicionales, cuya exploración bien podría llevarnos más lejos en ese camino.

La primera induce a pensar en la colegiación, y convoca a buscar la respuesta a preguntas como las siguientes: ¿En verdad es la colegiación imprescindible para garantizar un ejercicio ético de la abogacía? ¿No debería ser un presupuesto esencial esa calidad del ejercicio profesional siempre, en colegiación o no? En todo caso ¿hasta dónde es capaz la colegiación, de verdad y en serio, de garantizar la ética profesional?

Tampoco hay que pasar por alto -no es cosa menos- el tema del número de colegios que cabrían, limitación que también linda con la libertad de asociación en sus modalidades de organización y pertenencia.

Según los proyectos que apuntan a la modificación jurídica, habría colegios “nacionales” y locales, pero ¿cuántos por estado? ¿Cabrían los municipales o regionales? ¿Sería propicia la fragmentación para cumplir con los cometidos expresados por los promotores de la reforma al régimen jurídico del ejercicio de la abogacía? ¿Quedarían incluidas otras profesiones? ¿Cuáles? ¿Cuáles no? ¿Con qué criterios determinarlo?

Todo ello sin pasar por alto que, aunque previstas las reformas constitucionales imprescindibles, hay que evaluar la vulneración que la obligatoriedad descrita representaría al sentido profundo de las libertades de ocupación y asociación, que son fundamentales.

En cuanto a la ética profesional mucho habría que decir, pero la especificidad del tema lo excluye de toda posibilidad de ser abordado en este espacio periodístico, por lo que queda como tarea pendiente de reflexión para la nueva asociación, para la cual, y como aportación al debate y puesto que suele llamársele “deontología”, como discurso teórico del “deber ser”, me atrevo a plantear las siguientes cuestiones: ¿Puede obligarse a alguien a que “sea”? ¿No es que más bien haya que “ser”, antes de poder ser obligado a algo?

Ojalá que la nueva asociación mantenga el entusiasmo, crezca en aptitud creativa permanentemente, y aporte conocimiento útil a nuestra comunidad.
16 Julio 2017 04:00:00
Colegiación y ética profesional
El 12 de julio de 1533 se instituyó la primera cátedra de Leyes en el continente americano y por eso la fecha fue rescatada en 1960 para establecer, por el presidente López Mateos y, a iniciativa de Enrique Bracamontes, ese día como Día del Abogado.

Con el tiempo, la celebración ha crecido y se ha generalizado. Este año no fue la excepción.

Entre el cúmulo vasto de ceremonia y eventos, asistí a uno que resultó muy digno y muy grato por su sobriedad y su reflexivo talante.

La Barra de Abogados de Coahuila, Instituto de Investigaciones Jurídicas, convocó a un desayuno durante el cual se reflexionó en torno de dos temas que son ineludibles cuando del ejercicio de la abogacía se trata: la colegiación y la ética profesional.

Son también temas de actualidad palpitante, porque es evidente que cada vez más se acerca este país al establecimiento de la colegiación obligatoria, y porque la creación del sistema anticorrupción convoca, de manera muy especial, a los profesionales del derecho, sean ellos postulantes, jueces, fiscales, servidores públicos o simplemente peritos en las disciplinas jurídicas.

La hipótesis de inicio para la reflexión consistió en la afirmación de que la agremiación no sólo es útil para la protección de los miembros, sus intereses legítimos y derechos, sino –y de manera más importante hoy en día– establecer mecanismos de “autocontrol” profesional, a la manera en que ocurre en otros países, como los Estados Unidos de América, por ejemplo, que pretenderán, se dijo, incluir el tema en la revisión del TLCAN.

Con todo lo positivo que ello aportó al evento, hay que considerar los planteamientos formulados como un “pie de reflexión” –por llamarlo de alguna manera– como una propuesta de debate, que no se ha dado en suficiencia, a juicio mío, y que aún podría tener enfoques erróneos que, si se quiere avanzar con paso firme y de manera sólida en el tema, sería conveniente revisar.

Tampoco aquí hay espacio para llegar muy hondo, pero sí lo hay para plantear un par de cuestiones adicionales, cuya exploración bien podría llevarnos más lejos en ese camino.

La primera induce a pensar en la colegiación, y convoca a buscar la respuesta a preguntas como las siguientes: ¿En verdad es la colegiación imprescindible para garantizar un ejercicio ético de la abogacía? ¿No debería ser un presupuesto esencial esa calidad del ejercicio profesional siempre, en colegiación o no? En todo caso ¿hasta dónde es capaz la colegiación, de verdad y en serio, de garantizar la ética profesional?

Tampoco hay que pasar por alto –no es cosa menos– el tema del número de colegios que cabrían, limitación que también linda con la libertad de asociación en sus modalidades de organización y pertenencia.

Según los proyectos que apuntan a la modificación jurídica, habría colegios “nacionales” y locales, pero ¿cuántos por estado? ¿Cabrían los municipales o regionales? ¿Sería propicia la fragmentación para cumplir con los cometidos expresados por los promotores de la reforma al régimen jurídico del ejercicio de la abogacía? ¿Quedarían incluidas otras profesiones? ¿Cuáles? ¿Cuáles no? ¿Con qué criterios determinarlo?

Todo ello sin pasar por alto que, aunque previstas las reformas constitucionales imprescindibles, hay que evaluar la vulneración que la obligatoriedad descrita representaría al sentido profundo de las libertades de ocupación y asociación, que son fundamentales.

En cuanto a la ética profesional mucho habría que decir, pero la especificidad del tema lo excluye de toda posibilidad de ser abordado en este espacio periodístico, por lo que queda como tarea pendiente de reflexión para la nueva asociación, para la cual, y como aportación al debate y puesto que suele llamársele “deontología”, como discurso teórico del “deber ser”, me atrevo a plantear las siguientes cuestiones: ¿Puede obligarse a alguien a que “sea”? ¿No es que más bien haya que “ser”, antes de poder ser obligado a algo?

Ojalá que la nueva asociación mantenga el entusiasmo, crezca en aptitud creativa permanentemente, y aporte conocimiento útil a nuestra comunidad.
09 Julio 2017 04:06:00
La corrupción y su recurrente combate
Una vez más, como ha ocurrido recurrentemente en el pasado, se emprende la “embestida definitiva” para erradicar la corrupción en este país tan golpeado por ella.

Hace ya casi un año –el 18 de junio de 2016– se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objeto preciso –el del sistema– será “establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de Gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia” (Art. 6).

Es una ley, me temo, que peca por omisión, porque, entre otras cosas, no define aquello que dice querer combatir, es decir, la corrupción, lo que a mi juicio será indispensable, porque el concepto es tan amplio y abarca tantas vertientes que resulta impreciso y elusivo.

Además, como se ve claramente en el texto transcrito, parece dirigirse tan sólo a las responsabilidades de los órganos e instituciones públicos, lo que lo hace parcial e induce a prever una muy probable ineficacia.

Por otra parte, crea mecanismos y órganos diversos, lo que asegura mayor burocracia pero no necesariamente efectividad.

Las consideraciones que anteceden podrían ser tachadas de teóricas y pesimistas, pero es el caso que, apenas en los inicios de la instauración de algunos de los órganos previstos, han surgido ya diferencias que anuncian infaustas grietas en los cimientos mismos del pretendido sistema.

A las demoras y tensiones políticas generadas por la necesidad de nombrar un “fiscal anticorrupción”, un grupo de connotados ciudadanos y ciudadanas, partícipes cercanos al proceso de creación e inicio del funcionamiento del sistema, renunciaron públicamente a su ejercicio periodístico en El Universal, aduciendo que “la posición del periódico mediante notas imprecisas, sin sustento fáctico, refractarias a verificar la información pública disponible y que, en cambio, han insinuado conflictos de interés y la comisión de prácticas indebidas en las que, de una u otra manera, todos nosotros (los signatarios del comunicado) estaríamos involucrados”.

En esa misiva, dirigida al director de El Universal y hecha pública a través de Twitter, se contiene una clara imputación al periódico: se ha hecho partícipe de una acción concertada, según los que firman la carta, para obstruir –cuando menos, si no para impedir– la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ese solo hecho deja en evidencia que, de ser cierta la imputación que se le hace al diario, la corrupción no sólo alcanza a las instituciones públicas, lo que confirmaría la aseveración consistente en que el sistema es parcial e incompleto.

¿Qué pasaría si mezcláramos manzanas sanas con otras podridas, independientemente de que unas fueran rojas y otras amarillas o verdes? ¿Alcanza la corrupción a los medios –y a otros sectores– y no nada más a lo público?

¿Puede atacarse un objetivo sin identificarlo bien?

La corrupción es un estado de cosas con muchas facetas y consecuencias, pero es en suma un proceso degenerativo que no podrá detenerse, y menos aún revertirse, con nuevas leyes, por punitivas que sean, y menos en un medio que, según se afirma, se caracteriza por la impunidad, un incentivo pernicioso muy eficaz a la hora de estimular las faltas y delitos que corroen ya seriamente la cohesión cívica basada en conductas virtuosas.

Leyes hay ya suficientes y órganos hay destinados a aplicarlas. Lo que falta es que la maquinaria funcione. Mientras eso no suceda, la corrupción continuará su ruta de depravación e injusticia.

El sistema que apenas, y muy lentamente, quiere experimentar sus primeros alientos, da ya muestras, sin embargo, de obsolescencia aun antes de aprender a caminar: no ha sido posible siquiera integrarlo debidamente todavía.
No es que quiera profetizar la ignominia de un doloroso fracaso, pero mal empieza la semana aquel a quien ahorcan en lunes.

09 Julio 2017 04:00:00
La corrupción y su recurrente combate
Una vez más, como ha ocurrido recurrentemente en el pasado, se emprende la “embestida definitiva” para erradicar la corrupción en este país tan golpeado por ella.

Hace ya casi un año -el 18 de junio de 2016- se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva “Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, cuyo objeto preciso -el del sistema- será “establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la
materia” (Art. 6).

Es una ley, me temo, que peca por omisión, porque, entre otras cosas, no define aquello que dice querer combatir, es decir, la corrupción, lo que a mi juicio será indispensable, porque el concepto es tan amplio y abarca tantas vertientes, que resulta
impreciso y elusivo.

Además, como se ve claramente en el texto transcrito, parece dirigirse tan solo a las responsabilidades de los órganos e instituciones públicos, lo que lo hace parcial e induce a prever una muy
probable ineficacia.

Por otra parte, crea mecanismos y órganos diversos, lo que asegura mayor burocracia, pero no necesariamente efectividad.

Las consideraciones que anteceden podrían ser tachadas de teóricas y pesimistas, pero es el caso que, apenas en los inicios de la instauración de algunos los órganos previstos, han surgido ya diferencias que anuncian infaustas grietas en los cimientos mismos del pretendido sistema.

A las demoras y tensiones políticas generadas por la necesidad de nombrar un “fiscal anticorrupción”, un grupo de connotados ciudadanos y ciudadanas, partícipes cercanos al proceso de creación e inicio del funcionamiento del sistema, renunciaron públicamente a su ejercicio periodístico en “El Universal”, aduciendo que “la posición del periódico mediante notas imprecisas, sin sustento fáctico, refractarias a verificar la información pública disponible y que, en cambio, han insinuado conflictos de interés y la comisión de prácticas indebidas en las que, de una u otra manera, todos nosotros (los signatarios del comunicado) estaríamos
involucrados”.

En esa misiva, dirigida al director de “El Universal” y hecha pública a través de Twitter, se contiene una clara imputación al periódico: Se ha hecho partícipe de una acción concertada, según los que firman la carta, para obstruir –cuando menos, si no para impedir- la construcción del “Sistema Nacional Anticorrupción”.

Ese solo hecho deja en evidencia que, de ser cierta la imputación que se le hace al diario, la corrupción no solo alcanza a las instituciones públicas, lo que confirmaría la aseveración consistente en que el sistema es parcial e incompleto ¿Qué pasaría si mezcláramos manzanas sanas con otras podridas, independientemente de que unas fueran rojas y otras amarillas o verdes? ¿Alcanza la corrupción a los medios –y a otros sectores- y no nada más a lo público? ¿Puede atacarse un objetivo sin identificarlo bien?

La corrupción es un estado de cosas con muchas facetas y consecuencias, pero es en suma un proceso degenerativo que no podrá detenerse, y menos aun revertirse, con nuevas leyes, por punitivas que sean, y menos en un medio que, según se afirma, se caracteriza por la impunidad, un incentivo pernicioso muy eficaz a la hora de estimular las faltas y delitos que corroen ya seriamente la cohesión cívica basada en conductas virtuosas.

Leyes hay ya suficientes y órganos hay destinados a aplicarlas. Lo que falta es que la maquinaria funcione. Mientras eso no suceda, la corrupción continuará su ruta de depravación e injusticia.

El sistema que apenas, y muy lentamente, quiere experimentar sus primeros alientos, da ya muestras, sin embargo, de obsolescencia aun antes de aprender a caminar: no ha sido posible siquiera integrarlo debidamente todavía.

No es que quiera profetizar la ignominia de un doloroso fracaso, pero mal empieza la semana aquel a quien ahorcan en lunes.
02 Julio 2017 04:06:00
¿Un mundo sin normas?
La expansión del sistema social mundial, proceso al que se suele llamar “globalización”, ha tenido repercusiones económicas (las más notables), pero también culturales y políticas que parecen no haber sido justipreciadas, especialmente por lo que se refiere al campo del Derecho, que estructura y encauza los flujos sociales –cada vez más extensos e intensos– al tiempo en que limita los excesos del poder.

Es el caso que, al expandirse el universo de relaciones interpersonales, el grueso de ellas, las más relevantes, traspusieron los linderos del estado –de todo estado– porque ninguno es capaz ya de ejercer a plenitud las potestades jurídicas que, según la tradición moderna, le corresponden.

El marco regulatorio internacional, en cuya urdimbre los estados juegan un papel primordial, también vio perdida su efectividad frente al surgimiento de nuevos actores corporativos en la arena política global, de cuya conducción se adueñaron, en detrimento también de los llamados organismos “internacionales” (que en realidad debieran denominarse “interestatales”).

La “mano invisible” del mercado, que supuestamente se regularía a sí mismo a partir del rejuego entre oferta y demanda, en realidad ha sido controlado por las grandes corporaciones transnacionales, hoy por hoy especialmente las de naturaleza financiera, porque al diluirse la capacidad de control efectivo de los estados en la arena política global, se disolvió toda barrera para la actividad económica, sin que hubiera manera de limitarla, así fuera para evitar las distorsiones monopólicas que tanto temía Adam Smith.

Esa circunstancia ha dado lugar a una grave carencia de normas aptas para regular un orden social de tal magnitud, y por lo tanto se hace patente su falta absoluta en las condiciones inéditas que la mundialidad implica.

Si la función del estado es garantizar las libertades y su ejercicio armónico, ninguno parece ya ser capaz de hacerlo –ni siquiera, bien a bien, los llamados “organismos internacionales”– porque los nuevos actores económicos han adquirido también poder político, y en ausencia de órganos aptos para emitir legal y legítimamente normatividad de alcance global, lo que se ha producido en el mundo contemporáneo es un vacío jurídico, por lo que se hace necesario replantearse problemas básicos acerca de la ordenación de las relaciones humanas en el nuevo contexto.

¿Qué hacer para subsanar ese vacío? La tarea es sin duda ímproba, pero es necesario buscar nuevas opciones para la construcción de un nuevo “pacto social”, a partir de la idea de que la integración de un sistema debe caracterizarse por una genuina legitimidad basada en valores universales y en la identificación y protección de los intereses generales, en todos y cada uno de los niveles y esferas de expresión socio-política, desde lo “local” –“el mundo empieza en mi aldea” decía Alfonso Reyes– hasta lo genuinamente global, pero sin soslayar los ámbitos estatales y regionales.

Para que eso tenga lugar, hace falta la construcción del nuevo y complejo sistema de poder que tenga un sustento democrático y que, además, sea estructurado por un orden jurídico adecuado en el que no nada más se satisfagan los elementos formales necesarios, sino que refleje en sus contenidos valores universales de convivencia y respeto de las libertades individuales, y eso sólo podrá convertirse en una aspiración válida si se recupera el enfoque humanístico, en serio, desde la educación misma -en su más extenso sentido- y se deja de la ordenación de los factores en vista del lucro desmedido, como sin duda están generalizadamente orientados hoy en día.

Hace falta, en fin, un sistema jurídico “ad hoc”, pero las normas no sólo deben ser correctas formalmente, sino también en su contenido, y para que esto tenga lugar han de tener en su centro a los seres humanos en el entorno de que forman parte. Un mundo sin ellas será como un cuerpo sin osamenta, que más pronto que tarde terminará destruido por la putrefacción

02 Julio 2017 04:00:00
¿Un mundo sin normas?
La expansión del sistema social mundial, proceso al que se suele llamar “globalización”, ha tenido repercusiones económicas (las más notables), pero también culturales y políticas que parecen no haber sido justipreciadas, especialmente por lo que se refiere al campo del derecho, que estructura y encauza los flujos sociales -cada vez más extensos e intensos- al tiempo en que limita los excesos del poder.

Es el caso que, al expandirse el universo de relaciones interpersonales, el grueso de ellas, las más relevantes, traspusieron los linderos del estado –de todo estado- porque ninguno es capaz ya de ejercer a plenitud las potestades jurídicas que, según la tradición moderna, le corresponden.

El marco regulatorio internacional, en cuya urdimbre los estados juegan un papel primordial, también vio perdida su efectividad frente al surgimiento de nuevos actores corporativos en la arena política global, de cuya conducción se adueñaron, en detrimento también de los llamados organismos “internacionales” (que en realidad debieran denominarse “interestatales”).

La “mano invisible” del mercado, que supuestamente se regularía a sí mismo a partir del rejuego entre oferta y demanda, en realidad ha sido controlado por las grandes corporaciones transnacionales, hoy por hoy especialmente las de naturaleza financiera, porque al diluirse la capacidad de control efectivo de los estados en la arena política global, se disolvió toda barrera para la actividad económica, sin que hubiera manera de limitarla, así fuera para evitar las distorsiones monopólicas que tanto temía Adam Smith.

Esa circunstancia ha dado lugar a una grave carencia de normas aptas para regular un orden social de tal magnitud, y por lo tanto se hace patente su falta absoluta en las condiciones inéditas que la mundialidad implica.

Si la función del estado es garantizar las libertades y su ejercicio armónico, ninguno parece ya ser capaz de hacerlo -ni siquiera, bien a bien, los llamados “organismos internacionales”- porque los nuevos actores económicos han adquirido también poder político, y en ausencia de órganos aptos para emitir legal y legítimamente normatividad de alcance global, lo que se ha producido en el mundo contemporáneo es un vacío jurídico, por lo que se hace necesario replantearse problemas básicos acerca de la ordenación de las relaciones humanas en el nuevo contexto.

¿Qué hacer para subsanar ese vacío? La tarea es sin duda ímproba, pero es necesario buscar nuevas opciones para la construcción de un nuevo “pacto social”, a partir de la idea de que la integración de un sistema debe caracterizarse por una genuina legitimidad basada en valores universales y en la identificación y protección de los intereses generales, en todos y cada uno de los niveles y esferas de expresión socio-política, desde lo “local” –“el mundo empieza en mi aldea” decía Alfonso Reyes- hasta lo genuinamente global, pero sin soslayar los ámbitos estatales y regionales.

Para que eso tenga lugar, hace falta la construcción del nuevo y complejo sistema de poder que tenga un sustento democrático y que, además, sea estructurado por un orden jurídico adecuado en el que no nada más se satisfagan los elementos formales necesarios, sino que refleje en sus contenidos valores universales de convivencia y respeto de las libertades individuales, y eso sólo podrá convertirse en una aspiración válida si se recupera el enfoque humanístico, en serio, desde la educación misma -en su más extenso sentido- y se deja de la ordenación de los factores en vista del lucro desmedido, como sin duda están generalizadamente orientados hoy en día.

Hace falta, en fin, un sistema jurídico “ad hoc”, pero las normas no sólo deben ser correctas formalmente, sino también en su contenido, y para que esto tenga lugar han de tener en su centro a los seres humanos en el entorno de que forman parte. Un mundo sin ellas será como un cuerpo sin osamenta, que más pronto que tarde terminará destruido por la putrefacción.
25 Junio 2017 04:00:00
La decadencia de las instituciones políticas
La familia es, en la más profunda raigambre histórica, la raíz del estado, como se expuso en la entrega anterior.

Las primitivas instituciones derivadas de ella encontraron su decadencia, según la autorizada opinión de Fustel de Coulanges (La Ciudad Antigua, Porrúa, 1996) debido a dos causas: “el cambio que, a la larga, se operó en las ideas a consecuencia del progreso natural del espíritu humano, y que, debilitando las antiguas creencias, arruinó al mismo tiempo el edificio social que estas creencias habían levantado y que sólo ellas podían soportar”; por otro lado, “la existencia de una clase de hombres que estaba fuera de esta organización de la ciudad, y que, interesada en destruirla por lo que de ella tenía que sufrir, le hizo guerra sin descanso”.

En otros términos: el debilitamiento de las creencias que fundaban ese régimen, aunado al desacuerdo de los intereses de la mayoría de quienes por él se veían afectados, lo hicieron sucumbir, fenómeno éste, según enseña la historia, que parece ser recurrente.

En ese tiempo, tras diversas revoluciones, que según el autor citado lo mismo ocurrieron en Atenas que en Roma y Esparta a partir del siglo VII A. C., la aristocracia –hoy tendríamos que decir “oligarquía”– terminó por consolidarse, puesto que fue ella quien las promovió con el propósito de suprimir la realeza política, en beneficio de la subsistencia de la realeza religiosa, cuya composición y orígenes se remontaban a los tiempos primitivos, en los que las familias, y por tanto el nacimiento, eran el origen de la pertenencia al grupo y única vía de acceso a los privilegios de ese estatus. Estas revoluciones no modificaron la constitución de la sociedad, sino más bien la forma exterior de su gobierno, las estructuras de poder en su seno.

En una segunda oleada de cambios revolucionarios, motivada ya no por el afán de las gentes por recuperar a plenitud el poder perdido a favor de la hegemonía de la ciudad, se añadieron algunos ingredientes que, hoy se sabe, están siempre presentes en la dialéctica interna de las estructuras de poder y que, hasta puede afirmarse, son perceptibles en la evolución de las que son características de la época que corre.

Las antiguas fratrías y curias, con un hogar único, un jefe dominante a partir de un poder indiscutido e indivisible, sólo podían concebirse en un estado de aislamiento. Una vez que se reúnen en la ciudad y se someten a reglas y poderes distintos de los propios de su grupo original, su autoridad necesariamente amengua y la consistencia de los factores de cohesión originales tiende a relajarse.

Si, además y por las razones que se quiera, los inferiores (incluidos quienes no son miembros del grupo por su nacimiento, sino que se han agregado a él clientelarmente) cobran alguna influencia, el abandono paulatino de la regla de indivisión –que incluía muy importantemente al patrimonio– y el derecho de primogenitura, como ocurrió entonces, se actualiza.

Una tercera revolución tuvo lugar al culminar la emancipación de los clientes, que eran inferiores por el nacimiento, pero que estaban sometidos a la autoridad de la familia por su incorporación al culto de ella como servidores y que a ella habían quedado siempre unidos, de padres a hijos, sin poder separarse ni siquiera para pasar a formar parte de otra. A partir de esa emancipación, se reunieron para vivir agrupados entre sí, fuera de los recintos de las ciudades.

Esa descomposición del antiguo orden condujo a conflictos de intereses y tensiones entre nuevos actores, con la consiguiente recomposición de fuerzas. La clase considerada entonces inferior, más débil aunque más numerosa, no encontró mejor modo de combatir a la aristocracia de las fratrías y curias, que oponerle a la monarquía. Fue así que se alió con los reyes, cuyo poder se había visto disminuido al término de la primera revolución.

¿No son esos, “mutatis mutandi”, signos característicos de los días que corren? Usted tiene la conclusión.
25 Junio 2017 04:00:00
La decadencia de las instituciones políticas
La familia es, en la más profunda raigambre histórica, la raíz del estado, como se expuso en la entrega anterior.

Las primitivas instituciones derivadas de ella encontraron su decadencia, según la autorizada opinión de Fustel de Coulanges (“La ciudad antigua”, Porrúa, 1996) debido a dos causas: “el cambio que, a la larga, se operó en las ideas a consecuencia del progreso natural del espíritu humano, y que, debilitando las antiguas creencias, arruinó al mismo tiempo el edificio social que estas creencias habían levantado y que sólo ellas podían soportar”; por otro lado, “la existencia de una clase de hombres que estaba fuera de esta organización de la ciudad, y que, interesada en destruirla por lo que de ella tenía que sufrir, le hizo guerra sin descanso”.

En otros términos: el debilitamiento de las creencias que fundaban ese régimen, aunado al desacuerdo de los intereses de la mayoría de quienes por él se veían afectados, lo hicieron sucumbir, fenómeno éste, según enseña la historia, que parece ser recurrente.

En ese tiempo, tras diversas revoluciones, que según el autor citado lo mismo ocurrieron en Atenas que en Roma y Esparta a partir del siglo VII A. C., la aristocracia -hoy tendríamos que decir “oligarquía”- terminó por consolidarse, puesto que fue ella quien las promovió con el propósito de suprimir la realeza política, en beneficio de la subsistencia de la realeza religiosa, cuya composición y orígenes se remontaban a los tiempos primitivos, en los que las familias, y por tanto el nacimiento, eran el origen de la pertenencia al grupo y única vía de acceso a los privilegios de ese estatus. Estas revoluciones no modificaron la constitución de la sociedad, sino más bien la forma exterior de su gobierno, las estructuras de poder en su seno.

En una segunda oleada de cambios revolucionarios, motivada ya no por el afán de las gentes por recuperar a plenitud el poder perdido a favor de la hegemonía de la ciudad, se añadieron algunos ingredientes que, hoy se sabe, están siempre presentes en la dialéctica interna de las estructuras de poder y que, hasta puede afirmarse, son perceptibles en la evolución de las que son características de la época que corre.

Las antiguas fratrías y curias, con un hogar único, un jefe dominante a partir de un poder indiscutido e indivisible, sólo podían concebirse en un estado de aislamiento. Una vez que se reúnen en la ciudad y se someten a reglas y poderes distintos de los propios de su grupo original, su autoridad necesariamente amengua y la consistencia de los factores de cohesión originales tiende a relajarse.

Si, además y por las razones que se quiera, los inferiores (incluidos quienes no son miembros del grupo por su nacimiento, sino que se han agregado a él clientelarmente) cobran alguna influencia, el abandono paulatino de la regla de indivisión –que incluía muy importantemente al patrimonio- y el derecho de primogenitura, como ocurrió entonces, se actualiza.

Una tercera revolución tuvo lugar al culminar la emancipación de los clientes, que eran inferiores por el nacimiento, pero que estaban sometidos a la autoridad de la familia por su incorporación al culto de ella como servidores y que a ella habían quedado siempre unidos, de padres a hijos, sin poder separarse ni siquiera para pasar a formar parte de otra. A partir de esa emancipación, se reunieron para vivir agrupados entre sí, fuera de los recintos de las ciudades.

Esa descomposición del antiguo orden condujo a conflictos de intereses y tensiones entre nuevos actores, con la consiguiente recomposición de fuerzas. La clase considerada entonces inferior, más débil aunque más numerosa, no encontró mejor modo de combatir a la aristocracia de las fratrías y curias, que oponerle a la monarquía. Fue así que se alió con los reyes, cuyo poder se había visto disminuido al término de la primera revolución.

¿No son esos, “mutatis mutandi”, signos característicos de los días que corren? Usted tiene la conclusión.
18 Junio 2017 04:03:00
Las raíces del ‘Estado’
En esta época electoral –de muy larga proyección, puesto que ya se enfilan las pretensiones hacia el 2018– no parece ocioso un examen, tan somero como es apropiado hacerlo aquí, sobre los orígenes de la institución política por excelencia hasta nuestros días: el Estado.

Si nos remontamos hasta la antigüedad clásica, se verá que es en la familia –que tenía sus propios dioses –encarnados en los antepasados- donde esos orígenes tienen sus raíces, y no puede pasarse por alto la fuerza del vector religioso en la organización social, que estaba llamada a crecer, como lo hizo, cuando varias familias, sin detrimento alguno de sus creencias y rituales, se unieron para formar lo que en griego se llamó fratría y en latín curia. Cada fratría o curia contaba con un jefe, “curión” o “fratriarca”, según el caso.

Conforme evolucionaron, esos grupos formaron tribus, cada uno con religión e instituciones propias que, como las familias y sus agrupaciones más próximas, también celebraban asambleas, dictaban decretos y tenían tribunal propio, cuyas decisiones eran vinculantes para todos los miembros de la tribu. Su jefe era el “tribuno”, entre los latinos, o el “basileus”, entre los griegos. Cada tribu, en sus orígenes, estuvo constituida como una sociedad independiente, no sometida a ningún poder social superior.

Las tribus se asociaron entre sí, no se fundieron o expandieron, por la admisión de una nueva fratría o curia, a condición de que se respetara el culto de cada cual, formando así las ciudades, que son sin duda el origen remoto de toda estructura política posterior, incluido el estado.

En ellas están ya presentes los elementos que hoy se reconocen axiomáticamente como constitutivos de este último, a saber: una base social estructurada conforme a un orden jurídico, sometida a una autoridad erigida conforme a los criterios de legitimidad que son propios de ella, cuyos alcances se ciñen a un territorio determinado.

Es importante subrayar que en esos procesos ninguno de los grupos que se agregaron perdió su individualidad ni su independencia. Por el contrario, cada familia, cada fratría o curia, cada tribu que se agregaba conservaba su culto, sus instituciones, sus jefes, sus rituales. En materia política, esa estructura estaba formada por una multitud de pequeñas unidades, con sus propios mandos, sobre las que se establecía un gobierno común, con instituciones y reglas generales que eran respetuosas de las particulares de cada grupo comunidad que formaba parte de esa comunidad ampliada.

En esas sociedades, la autoridad era inherente al sacerdocio. El padre era a un tiempo jefe del culto doméstico, juez y señor, incluso para los efectos militares. Su potestad política, entonces, devenía tal por la vía providencial.

La íntima e indisoluble consubstanciación de gobierno y culto en las ciudades antiguas, hizo que la transmisión del rango sacerdotal implicara también la de la autoridad, situación que se mantuvo incluso durante el advenimiento de la organización republicana en la antigüedad clásica.

Aun la ley era, en principio, sólo una expresión de los mandatos religiosos. Los códigos de las ciudades antiguas constituían, a la vez, un conjunto de ritos y prescripciones litúrgicas, cuanto de oraciones y disposiciones legislativas.

La fuerza institucional de las ciudades y su autoridad sobre los ciudadanos provenía entonces del hecho de que aquellas se habían fundado sobre las bases de la religión.

Nada, ni la vida privada, escapaba a la omnipotencia de esa autoridad. El hombre carecía en absoluto de independencia; pertenecía a la ciudad y estaba consagrado a ella y su defensa.

Hijo, quizás, de esa consideración es el aforismo que pretende que el interés general priva sobre el particular, aunque eso sea cuestionable, lo que explica a mi juicio esa suerte de veneración –y ambición– por la figura presidencial, en contra del principio democrático de la igualdad en libertad.

El presidente, en el imaginario socio-político, ocupa el lugar del patriarca. Pero esa configuración cayó en crisis por razones que, si usted me lo permite, comentaré en la próxima entrega.
18 Junio 2017 04:00:00
Las raíces del Estado
En esta época electoral -de muy larga proyección, puesto que ya se enfilan las pretensiones hacia el 2018- no parece ocioso un examen, tan somero como es apropiado hacerlo aquí, sobre los orígenes de la institución política por excelencia hasta nuestros días: El Estado.

Si nos remontamos hasta la antigüedad clásica, se verá que es en la familia -que tenía sus propios dioses –encarnados en los antepasados- donde esos orígenes tienen sus raíces, y no puede pasarse por alto la fuerza del vector religioso en la organización social, que estaba llamada a crecer, como lo hizo, cuando varias familias, sin detrimento alguno de sus creencias y rituales, se unieron para formar lo que en griego se llamó fratría y en latín curia. Cada fratría o curia contaba con un jefe, “curión” o “fratriarca”, según el caso.

Conforme evolucionaron, esos grupos formaron tribus, cada uno con religión e instituciones propias que, como las familias y sus agrupaciones más próximas, también celebraban asambleas, dictaban decretos y tenían tribunal propio, cuyas decisiones eran vinculantes para todos los miembros de la tribu. Su jefe era el “tribuno”, entre los latinos, o el “basileus”, entre los griegos. Cada tribu, en sus orígenes, estuvo constituida como una sociedad independiente, no sometida a ningún poder social superior.

Las tribus se asociaron entre sí, no se fundieron o expandieron, por la admisión de una nueva fratría o curia, a condición de que se respetara el culto de cada cual, formando así las ciudades, que son sin duda el origen remoto de toda estructura política posterior, incluido el estado.

En ellas están ya presentes los elementos que hoy se reconocen axiomáticamente como constitutivos de este último, a saber: Una base social estructurada conforme a un orden jurídico, sometida a una autoridad erigida conforme a los criterios de legitimidad que son propios de ella, cuyos alcances se ciñen a un territorio determinado.

Es importante subrayar que en esos procesos ninguno de los grupos que se agregaron perdió su individualidad ni su independencia. Por el contrario, cada familia, cada fratría o curia, cada tribu que se agregaba conservaba su culto, sus instituciones, sus jefes, sus rituales. En materia política, esa estructura estaba formada por una multitud de pequeñas unidades, con sus propios mandos, sobre las que se establecía un gobierno común, con instituciones y reglas generales que eran respetuosas de las particulares de cada grupo comunidad que formaba parte de esa comunidad ampliada.

En esas sociedades, la autoridad era inherente al sacerdocio. El padre era a un tiempo jefe del culto doméstico, juez y señor, incluso para los efectos militares. Su potestad política, entonces, devenía tal por la vía providencial.

La íntima e indisoluble consubstanciación de gobierno y culto en las ciudades antiguas, hizo que la transmisión del rango sacerdotal implicara también la de la autoridad, situación que se mantuvo incluso durante el advenimiento de la organización republicana en la antigüedad clásica.

Aun la ley era, en principio, sólo una expresión de los mandatos religiosos. Los códigos de las ciudades antiguas constituían, a la vez, un conjunto de ritos y prescripciones litúrgicas, cuanto de oraciones y disposiciones legislativas.

La fuerza institucional de las ciudades y su autoridad sobre los ciudadanos provenía entonces del hecho de que aquellas se habían fundado sobre las bases de la religión.

Nada, ni la vida privada, escapaba a la omnipotencia de esa autoridad. El hombre carecía en absoluto de independencia; pertenecía a la ciudad y estaba consagrado a ella y su defensa.

Hijo, quizás, de esa consideración es el aforismo que pretende que el interés general priva sobre el particular, aunque eso sea cuestionable, lo que explica a mi juicio esa suerte de veneración -y ambición- por la figura presidencial, en contra del principio democrático de la igualdad en libertad.

El presidente, en el imaginario socio-político, ocupa el lugar del patriarca. Pero esa configuración cayó en crisis por razones que, si usted me lo permite, comentaré en la próxima entrega.
11 Junio 2017 04:02:00
La ética del que informa y expresa opinión
En medio de las vicisitudes electorales poco se reparó en la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, derecho fundamental que no vale menos que la democracia, y que aun es parte sustancial de ella. Conviene, y no desentona, por tanto, efectuar algunas reflexiones sobre el tema.

El reportaje, la crónica, el artículo de fondo, todo el quehacer editorial está siempre orientado por una intención: la de informar, la de compartir reflexiones, la de formar opinión o expresar críticas y puntos de vista, debatir ideas.

Los medios, en ello, tienen solo un valor instrumental. Quien los usa, como vehículo de transmisión, es quien puede imprimir el sello de corrección o incorreción, buena intención o malicia, lo que en el fondo no es otra cosa que obrar conforme a la ética o contra ella. Son, así, el interés y la intención los que definen si quien actúa lo hace bien o mal, según los valores objetivamente generalizados.

La nueva era –esto es ya un lugar común– se caracteriza por atravesar una crisis profunda de valores, y mucho me temo que no falta razón para afirmar tal cosa.

Sin pretender profundidades innecesarias o desvaríos filosóficos inconvenientes, hay que fijar los conceptos, si no se quiere incurrir en el caos de la relatividad semántica. Con ese fin, digo aquí que cuando hablo de ética me refiero a una disciplina cuyo objeto de estudio se ciñe siempre a los actos humanos (conscientes y voluntarios) que afectan, en primer lugar, el desarrollo de las propias capacidades –enalteciéndolas o depravándolas– pero además repercuten en otros y en el conjunto social en el que quedan insertos, para beneficio o perjuicio de tales sujetos pasivos. En otras palabras, la ética busca criterios para formular principios y normas trascendentes, válidos universal y perdurablemente.

Es, si se quiere, la disciplina de lo correcto e incorrecto, de lo que es debido hacer y lo condenable. Como la conducta tiene efectos sociales, mientras más amplio sea el potencial del daño o del beneficio que la conducta puede causar, mejor o peor será la conducta.

Por eso, la ética y la moral son elementos cruciales en el ejercicio del periodismo, como lo son de toda profesión u oficio, que tiene que ser efectuado con clara conciencia de la responsabilidad que conlleva cada opinión expresada, cada información transmitida, cada propósito de política editorial de los medios masivos, especialmente los electrónicos, que hoy por hoy son tan influyentes como para motivar que Sartori opine que el “homo sapiens” ha dejado de serlo para convertirse en el “homo videns”.

Hay momentos, en la teoría y en la práctica, en que la ética se da la mano con el derecho, sobre todo en el terreno de las normas fundamentales para la convivencia de los seres humanos, pues en ambos casos los valores constituyen un elemento esencial, porque definen el sentido de las conductas prescritas por considerarse socialmente positivas, correctas, aptas para mejorar las condiciones de la vida de todos y la de cada uno, con un sentido de constante mejoramiento.

Si el periodismo se ejerce para informar y formar opinión positiva en vista de la evolución del grupo social y sus integrantes, será encomiable; pero si, en cambio, lo que pretende es medrar para el beneficio propio de quien lo ejerce, a partir de información aviesa, incorrecta o mal procesada, con la intención de causar perjuicio, entonces no nada más es incorrecto, sino execrable.

Hoy por hoy, parece evidente que la enorme influencia mediática en el sentido del devenir social y su impacto en la vida de todos, hace imprescindible que quienes a ella tienen acceso activo sean conscientes de las responsabilidades y límites que tal privilegio conlleva. Por ejemplo, la veracidad, el respeto y la precisión.

Recuérdese: la libertad sin responsabilidad no sólo pierde aptitud para construir sociedad, sino que se vuelve nociva para ese propósito. Esto es algo que no puede pasarse por alto nunca.
11 Junio 2017 04:00:00
La ética del que informa y expresa opinión
En medio de las vicisitudes electorales poco se reparó en la conmemoración del “Día de la Libertad de Expresión”, derecho fundamental que no vale menos que la democracia, y que aun es parte sustancial de ella. Conviene, y no desentona, por tanto, efectuar algunas reflexiones sobre el tema.

El reportaje, la crónica, el artículo de fondo, todo el quehacer editorial está siempre orientado por una intención: la de informar, la de compartir reflexiones, la de formar opinión o expresar críticas y puntos de vista, debatir ideas.

Los medios, en ello, tienen sólo un valor instrumental. Quien los usa, como vehículo de transmisión, es quien puede imprimir el sello de corrección o incorrección, buena intención o malicia, lo que en el fondo no es otra cosa que obrar conforme a la ética o contra ella. Son, así, el interés y la intención los que definen si quien actúa lo hace bien o mal, según los valores objetivamente generalizados.

La nueva era –esto es ya un lugar común- se caracteriza por atravesar una crisis profunda de valores, y mucho me temo que no falta razón para afirmar tal cosa.

Sin pretender profundidades innecesarias o desvaríos filosóficos inconvenientes, hay que fijar los conceptos, si no se quiere incurrir en el caos de la relatividad semántica. Con ese fin, digo aquí que cuando hablo de ética me refiero a una disciplina cuyo objeto de estudio se ciñe siempre a los actos humanos (conscientes y voluntarios) que afectan, en primer lugar, el desarrollo de las propias capacidades –enalteciéndolas o depravándolas- pero además repercuten en otros y en el conjunto social en el que quedan insertos, para beneficio o perjuicio de tales sujetos pasivos. En otras palabras, la ética busca criterios para formular principios y normas trascendentes, válidos universal y perdurablemente.

Es, si se quiere, la disciplina de lo correcto e incorrecto, de lo que es debido hacer y lo condenable. Como la conducta tiene efectos sociales, mientras más amplio sea el potencial del daño o del beneficio que la conducta puede causar, mejor o peor será la conducta.

Por eso, la ética y la moral son elementos cruciales en el ejercicio del periodismo, como lo son de toda profesión u oficio, que tiene que ser efectuado con clara conciencia de la responsabilidad que conlleva cada opinión expresada, cada información transmitida, cada propósito de política editorial de los medios masivos, especialmente los electrónicos, que hoy por hoy son tan influyentes como para motivar que Sartori opine que el “homo sapiens” ha dejado de serlo para convertirse en el “homo videns”.

Hay momentos, en la teoría y en la práctica, en que la ética se da la mano con el derecho, sobre todo en el terreno de las normas fundamentales para la convivencia de los seres humanos, pues en ambos casos los valores constituyen un elemento esencial, porque definen el sentido de las conductas prescritas por considerarse socialmente positivas, correctas, aptas para mejorar las condiciones de la vida de todos y la de cada uno, con un sentido de constante mejoramiento.

Si el periodismo se ejerce para informar y formar opinión positiva en vista de la evolución del grupo social y sus integrantes, será encomiable; pero si, en cambio, lo que pretende es medrar para el beneficio propio de quien lo ejerce, a partir de información aviesa, incorrecta o mal procesada, con la intención de causar perjuicio, entonces no nada más es incorrecto, sino execrable.

Hoy por hoy, parece evidente que la enorme influencia mediática en el sentido del devenir social y su impacto en la vida de todos, hace imprescindible que quienes a ella tienen acceso activo sean conscientes de las responsabilidades y límites que tal privilegio conlleva. Por ejemplo, la veracidad, el respeto y la precisión.

Recuérdese: la libertad sin responsabilidad no sólo pierde aptitud para construir sociedad, sino que se vuelve nociva para ese propósito. Esto es algo que no puede pasarse por alto nunca.
04 Junio 2017 04:03:00
Pancho Liguori
El pasado lunes 22 de mayo habría cumplido 100 años de vida, fecunda en letras y anécdotas. Nació en Orizaba, donde hizo sus primeras letras, pero pronto emigró hacia México, donde enseñó literatura, estudió Derecho y vivió una vida bohemia muy digna ella misma de ser material de exitosa novela pícara.

Fue un hombre de su tiempo, una especie de resabio barroco de la “belle époque” mexicana y pródigo –magistralmente, por cierto– en el cultivo de ese difícil género –cuando bien se lleva a cabo– que es el epigrama.

Poco se reparó en la efeméride, pero ella no pasó inadvertida para ese otro amigo suyo y compañero de letras, que es Fernando Díez de Urdanivia, quien –como su padre– ha dedicado también su vida al periodismo y las letras, pero añadiendo a su propia hoja de vida la música.

Recuerda bien el escritor que cito que el epigrama es un “pequeño poema que exige destreza y además ingenio, se remonta a los tiempos de la Hélade y el más antiguo autor suficientemente conocido es el romano español Marcial. En tierras aztecas el epigrama llegó con la colonización hispana. Sor Juana Inés de la Cruz dejó algunos de muy buena factura. En tiempos recientes fue cultivado, entre otros por el famoso comediógrafo José F. Elizondo, que firmaba como Pepe Nava, y por el periodista Tomás Perrín, de tan grata memoria”.

Él, en merecido homenaje al poeta ido, escribió una semblanza de la que me he tomado la libertad de transcribir, con el permiso del autor por supuesto, los siguientes párrafos alusivos a Liguori:

“Si alguna enseñanza deja este hombre excepcional a los jóvenes de hoy, es la del dominio del lenguaje y del trato social. Sabemos todos que los conceptos pasados de la convivencia están perdiéndose a causa del deterioro general y de lo que se llamaba educación y ahora ha caído en la ignorancia. Para el adolescente actual es importante saber que, al lado del lenguaje callejero, hogareño y escolar, hay un repertorio muy amplio que si no conoce, al menos jamás usa. La evocación de un poeta, de un hombre de gran cultura como fue Liguori, se hace sobre todo a título de enseñanza. Escuchar, comprender, admirar a personajes de esa dimensión, nos ayuda a todos y no sólo a los jóvenes a consolidar un concepto de la vida que hemos venido perdiendo a causa de una actualidad donde los valores se deterioran merced a la violencia y, sobre todo, a una pérdida muy grave del sentido de la vida. Que Liguori y el valor de la comunicación a través de la palabra, sean camino para recuperarlos”.

Uno más, en el que ilustra bien la pericia del veracruzano en el manejo del género, aunque antes habrá que precisar el contexto en que se escribió: sucede que don Mariano Azuela era su profesor en la universidad y, a pesar de ser un notable jurista, no fue proclive a escribir. Hijo como era del médico escritor del mismo nombre, autor ampliamente conocido y reconocido por sus novelas ambientadas en la época revolucionaria, entre las que destaca singularmente Los de Abajo, el joven Liguori, como recuerda Fernando Díez de Urdanivia, dejó fluir un epigrama que dice: “Ya se rumora en la escuela, / en son de chunga y relajo, / que al caro maestro Azuela/ pesan mucho Los de Abajo”.

Otros hay, tan pícaros como ingeniosos y bien escritos, aunque no todos publicables con la venia de aquella liga de la decencia a que tanto suele referirse ese otro buen cultivador del género, oriundo de nuestras tierras, que entre “Manganitas”, firma con sus iniciales –AFA– y conocemos todos como “Catón”.

Imposible reproducir algún otro epigrama de los muchos que dejó –los más dispersos y prácticamente irrecuperables– porque ya no cabría en este reducido espacio. Basten estas líneas para sumarlas al merecido homenaje rendido al irreverente poeta, elegante y pulcro, pero sobre todo amigo noble, que fue Pancho Liguori.
04 Junio 2017 04:00:00
Pancho Liguori
El pasado lunes 22 de mayo hubiera cumplido cien años de vida, fecunda en letras y anécdotas. Había nacido en Orizaba, donde hizo sus primeras letras, pero pronto emigró hacia México, donde enseñó literatura, estudió Derecho, y vivió una vida bohemia muy digna ella misma de ser material de exitosa novela pícara.

Fue un hombre de su tiempo, una especie de resabio barroco de la “belle époque” mexicana y pródigo -magistralmente, por cierto- en el cultivo de ese difícil género -cuando bien se lleva a cabo- que es el epigrama.

Poco se reparó en la efeméride, pero ella no pasó inadvertida para ese otro amigo suyo, y compañero de letras, que es Fernando Díez de Urdanivia, quien -como su padre- ha dedicado también su vida al periodismo y las letras, pero añadiendo a su propia hoja de vida la música.

Recuerda bien el escritor que citó que el epigrama es un “pequeño poema que exige destreza y además ingenio, se remonta a los tiempos de la Hélade y el más antiguo autor suficientemente conocido es el romano español Marcial. En tierras aztecas el epigrama llegó con la colonización hispana. Sor Juana Inés de la Cruz dejó algunos de muy buena factura. En tiempos recientes fue cultivado, entre otros por el famoso comediógrafo José F. Elizondo que firmaba como Pepe Nava, y por el periodista Tomás Perrín de tan grata memoria”.

Él, en merecido homenaje al poeta ido, escribió una semblanza de la que me he tomado la libertad de transcribir, con el permiso del autor por supuesto, los siguientes párrafos alusivos a Liguori:

“Si alguna enseñanza deja este hombre excepcional a los jóvenes de hoy, es la del dominio del lenguaje y del trato social. Sabemos todos que los conceptos pasados de la convivencia están perdiéndose a causa del deterioro general y de lo que se llamaba educación y ahora ha caído en la ignorancia. Para el adolescente actual es importante saber que, al lado del lenguaje callejero, hogareño y escolar, hay un repertorio muy amplio que si no conoce, al menos jamás usa. La evocación de un poeta, de un hombre de gran cultura como fue Liguori, se hace sobre todo a título de enseñanza. Escuchar, comprender, admirar a personajes de esa dimensión, nos ayuda a todos y no sólo a los jóvenes a consolidar un concepto de la vida que hemos venido perdiendo a causa de una actualidad donde los valores se deterioran merced a la violencia y sobre todo a una pérdida muy grave del sentido de la vida. Que Liguori y el valor de la comunicación a través de la palabra, sean camino para recuperarlos”.

Uno más, en el que ilustra bien la pericia del veracruzano en el manejo del género, aunque antes habrá que precisar el contexto en que se escribió: Sucede que don Mariano Azuela era su profesor en la universidad y, a pesar de ser un notable jurista, no fue proclive a escribir. Hijo como era del médico escritor del mismo nombre, autor ampliamente conocido y reconocido por sus novelas ambientadas en la época revolucionaria, entre las que destaca singularmente “Los de abajo”, el joven Liguori, como recuerda Fernando Díez de Urdanivia, dejó fluir un epigrama que dice: “Ya se rumora en la escuela, / en son de chunga y relajo, / que al caro maestro Azuela/ pesan mucho Los de Abajo”.

Otros hay, tan pícaros como ingeniosos y bien escritos, aunque no todos publicables con la venia de aquella liga de la decencia a que tanto suele referirse ese otro buen cultivador del género, oriundo de nuestras tierras, que entre “Manganitas”, firma con sus iniciales -AFA- y conocemos todos como Catón.

Imposible reproducir algún otro epigrama de los muchos que dejó -los más dispersos y prácticamente irrecuperables- porque ya no cabría en este reducido espacio. Basten estas líneas para sumarlas al merecido homenaje rendido al irreverente poeta, elegante y pulcro, pero sobre todo amigo noble, que fue Pancho Liguori.
28 Mayo 2017 04:07:00
Para meditar antes de elegir (2)
Quedó pendiente, de la semana anterior, compartir una reflexión sobre el interés general en el ejercicio del poder –y no sólo en su adquisición– como timbre de legitimidad democrática.

¿Cómo identificar a ese “interés general”, cuya noción puede difuminarse en la vaguedad de las imprecisiones conceptuales? ¿Qué es aquello que puede concitar el consenso en torno suyo?

Creo que tal “interés general” no puede tener más sustento que la preservación armónica de los derechos y libertades fundamentales –su garantía y fomento– para responder a los requerimientos atemporales de la dignidad humana, desde que los seres humanos son esencialmente iguales y libres, y por eso del respeto irrestricto de todos.

Para eso hace falta un orden jurídico que provea una estructura suficiente para que, efectivamente, el sistema político encuentre las vías necesarias para garantizar el equilibrio en el ejercicio del poder y un adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, con base en el reconocimiento, respeto, promoción y garantía de los comúnmente llamados “derechos humanos”, como piedra de toque de todo el sistema social y de su estructura jurídica.

Es claro que en todo ello subyace, ineludiblemente, el concepto de “valor”, sin cuyo concurso no podría pensarse siquiera en la norma y, por lo tanto, en el sistema jurídico.

Eso no deja de ofrecer cierto grado de dificultad, porque al inscribirse en la práctica los valores en el ámbito de los subsistemas normativo–culturales, su contenido se verá siempre influido por las tradiciones, costumbres, creencias, religión y demás elementos capaces de configurar patrones comunes de conducta o de condicionar actitudes y reacciones sociales de semejante sentido en una comunidad determinada.

Siempre, no obstante, se tratará de una motivación profunda, por lo que habrá que incursionar en la neutral acepción psicosociológica del concepto, es decir, entendiéndolo como fuerza, actividad, eficacia o virtud de una acción para producir algunos efectos pretendidos y, por tanto, como pauta general de conducta y motor de la acción social, independientemente de la sustancia específica que en cada caso concreto lo nutra.

Todavía hay que decir –por si eso no bastara– que esos valores pueden ser espurios, de poca monta, y en cambio los que se necesitan han de ser excelsos. Téngase en cuenta que los valores no son “metas” por alcanzar, sino motores de la conducta, impulsos para el comportamiento individual y social de los seres humanos. De la altura y nobleza de los valores dependerán las del comportamiento de los últimos.

Hay que tener en cuenta que la democracia es más que un proceso electoral, más que un mecanismo para designar a los gobernantes, consiste muy principalmente –valdría la pena releer el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– en un proceso continuo, un “estilo de vida fundado en el constante mejoramiento intelectual, espiritual y material” de todos los miembros de nuestra comunidad, lo que descansa, en última instancia, en el respeto y la promoción de los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos que la conforman. A esa democracia activa, garante de los derechos y libertades fundamentales, se le ha denominado, con propiedad, “democracia con sustancia” por el profesor Luigi Ferrajoli.

Si se parte de esa premisa, será fácil identificar los fundamentos axiológicos que, a manera de trípode, sostienen el modelo político por antonomasia de la modernidad, el estado democrático: en lo político, la democracia, y en lo cultural-normativo, la defensa de los derechos humanos fundamentales, de manera equitativa, armónica y estable.

Por eso, la oportunidad de redefinir el “pacto social tácito” es cotidiana. Él se construye cada día, en un tracto sucesivo y constante, y tiene el propósito de generar una vida social apta para que todos contribuyamos a edificar un futuro mejor y más digno para cada uno y para el conjunto, independientemente de quiénes gobiernen, aunque el concurso de estos sea indispensable.

Bueno será considerar lo anterior al determinar el sentido del voto, que no se puede dejar de ejercer.
28 Mayo 2017 04:00:00
Para meditar antes de elegir (2)
Quedó pendiente, de la semana anterior, compartir una reflexión sobre el interés general en el ejercicio del poder –y no sólo en su adquisición– como timbre de legitimidad democrática.

¿Cómo identificar a ese “interés general”, cuya noción puede difuminarse en la vaguedad de las imprecisiones conceptuales? ¿Qué es aquello que puede concitar el consenso en torno suyo?

Creo que tal “interés general” no puede tener más sustento que la preservación armónica de los derechos y libertades fundamentales –su garantía y fomento– para responder a los requerimientos atemporales de la dignidad humana, desde que los seres humanos son esencialmente iguales y libres, y por eso del respeto irrestricto de todos.

Para eso hace falta un orden jurídico que provea una estructura suficiente para que, efectivamente, el sistema político encuentre las vías necesarias para garantizar el equilibrio en el ejercicio del poder y un adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, con base en el reconocimiento, respeto, promoción y garantía de los comúnmente llamados “derechos humanos”, como piedra de toque de todo el sistema social y de su estructura jurídica.

Es claro que en todo ello subyace, ineludiblemente, el concepto de “valor”, sin cuyo concurso no podría pensarse siquiera en la norma y, por lo tanto, en el sistema jurídico.

Eso no deja de ofrecer cierto grado de dificultad, porque al inscribirse en la práctica los valores en el ámbito de los subsistemas normativo-culturales, su contenido se verá siempre influido por las tradiciones, costumbres, creencias, religión y demás elementos capaces de configurar patrones comunes de conducta o de condicionar actitudes y reacciones sociales de semejante sentido en una comunidad determinada.

Siempre, no obstante, se tratará de una motivación profunda, por lo que habrá que incursionar en la neutral acepción psicosociológica del concepto, es decir, entendiéndolo como fuerza, actividad, eficacia o virtud de una acción para producir algunos efectos pretendidos y, por tanto, como pauta general de conducta y motor de la acción social, independientemente de la sustancia específica que en cada caso concreto lo nutra.

Todavía hay que decir –por si eso no bastara– que esos valores pueden ser espurios, de poca monta, y en cambio los que se necesitan han de ser excelsos. Téngase en cuenta que los valores no son “metas” por alcanzar, sino motores de la conducta, impulsos para el comportamiento individual y social de los seres humanos. De la altura y nobleza de los valores dependerán las del comportamiento de los últimos.

Hay que tener en cuenta que la democracia es más que un proceso electoral, más que un mecanismo para designar a los gobernantes, consiste muy principalmente –valdría la pena releer el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– en un proceso continuo, un “estilo de vida fundado en el constante mejoramiento intelectual, espiritual y material” de todos los miembros de nuestra comunidad, lo que descansa, en última instancia, en el respeto y la promoción de los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos que la conforman. A esa democracia activa, garante de los derechos y libertades fundamentales, se le ha denominado, con propiedad, “democracia con sustancia” por el profesor Luigi Ferrajoli.

Si se parte de esa premisa, será fácil identificar los fundamentos axiológicos que, a manera de trípode, sostienen el modelo político por antonomasia de la modernidad, el estado democrático: En lo político, la democracia, y en lo cultural-normativo, la defensa de los derechos humanos fundamentales, de manera equitativa, armónica y estable.

Por eso, la oportunidad de redefinir el “pacto social tácito” es cotidiana. Él se construye cada día, en un tracto sucesivo y constante, y tiene el propósito de generar una vida social apta para que todos contribuyamos a edificar un futuro mejor y más digno para cada uno y para el conjunto, independientemente de quienes gobiernen, aunque el concurso de estos sea indispensable.

Bueno será tener en cuenta lo anterior al determinar el sentido del voto, que no se puede dejar de ejercer.
21 Mayo 2017 04:00:00
Para meditar antes de elegir
Escribir sobre política será siempre pisar en terreno agreste; si además se agrega el ingrediente electoral, esa característica del tema se agudiza, porque siempre subyacen nociones como la de poder, democracia, valores, representación y muchas más, siempre polémicas y muchas veces poco comprendidas.

Por eso resulta siempre un desafío abordar esos temas sobre los que, por otra parte, gracias al dinamismo que caracteriza a la actividad –y de su necesario corolario contemporáneo, la democracia–, nunca se habrá dicho la última palabra; aquel que crea lo contrario se arriesga a contentarse con ver cómo pasa frente a él la historia, dando un contundente mentís a su vana pretensión de definitividad.

Creo por eso conveniente en este punto insistir en que hay que tener siempre en cuenta que el quehacer político es un conjunto de acciones interdependientes, vinculadas entre sí de tal manera que cualquier cambio que se produzca en uno de ellos afectará, en menor o mayor medida, a los demás y su desempeño.

Es imprescindible, por lo tanto, precisar cuáles, de entre todas las que integran el sistema social, son las interacciones de contenido “político” y, de entre ellas, las que son relevantes para su identificación y estudio.

Lo primero que importa definir es qué deberá entenderse por “político”, puesto que el término mismo, en el lenguaje llano y hasta en aquel que emplean los especialistas, suele ser equívoco y, a veces, hasta confuso.

En el contexto doctrinario suele referírsele a cuestiones tan disímbolas como el estado, el poder, el orden público, las políticas públicas, la adopción de decisiones respecto de la cosa pública, el monopolio del empleo de la fuerza legítima, etc., etc.

Propongo, por lo tanto, precisar que conviene considerar como políticas todas aquellas interacciones orientadas predominantemente a la asignación de valores para una sociedad, con el propósito de orientarla hacia un destino de conducta respecto de la cual aquellos a quienes se asigna se sienten obligados.

Así, el poder será político cuando tenga por vocación y destino la función estructuradora de la sociedad, que le da la calidad de “poder organizado”.

Todo poder supone la existencia de opciones en quien lo tiene y en quien es objeto de su ejercicio. Cumple su función transmisora (de valores, como móviles de conducta) cuando es capaz de influir en la selección de las acciones (u omisiones) asequibles.

En ese sentido, el poder político es mayor si es capaz de mantenerse incluso a pesar de alternativas atractivas para la acción o inacción, y sólo puede aumentarse si un crece también la libertad de quienes estén sujetos a él.

En un entorno democrático, la reflexión anterior adquiere notoriedad desde el momento inicial del ejercicio republicano para determinar la integración personal de los órganos institucionales, es decir, en el ejercicio electoral, pero perdura durante toda la manifestación funcional del sistema, porque sólo así podrá mantenerse legítimo.

La sociedad es, en efecto, un “todo sistémico”, en el que el poder cuenta con una función clara: mover a la voluntad de quien es objeto del poder hacia la selección de una conducta predeterminada en su sentido, escogiéndola de entre una gama de conductas posibles, condicionadas por la propia configuración del sistema social.

En la mejor tradición democrática –siempre en formación, siempre inacabada– el mejor desempeño de la autoridad es aquel que consigue desde su origen, y mantiene en el desempeño cotidiano, conjugar el poder político el poder jurídico, que tiene su asiento último en el poder por antonomasia expresado en el seno del Estado, que es la llamada soberanía. Ambas nociones juegan, en el mundo civilizado, un papel primordial, porque han de ser simbióticas –valga el símil- si se quiere alcanzar una eficacia que a la vez sea legítima, porque sólo así se podrá mantener el rumbo mejor para el interés general.
21 Mayo 2017 04:00:00
Para meditar antes de elegir
Escribir sobre política será siempre pisar en terreno agreste; si además se agrega el ingrediente electoral, esa característica del tema se agudiza, porque siempre subyacen nociones como la de poder, democracia, valores, representación y muchas más, siempre polémicas y muchas veces poco comprendidas.

Por eso resulta siempre un desafío abordar esos temas, sobre los que, por otra parte, gracias al dinamismo que caracteriza a la actividad, –y de su necesario corolario contemporáneo, la democracia- nunca se habrá dicho la última palabra; aquel que crea lo contrario se arriesga a contentarse con ver cómo pasa frente a él la historia, dando un contundente mentís a su vana pretensión de definitividad.

Creo por eso conveniente en este punto insistir en que hay que tener siempre en cuenta que el quehacer político es un conjunto de acciones interdependientes, vinculadas entre sí de tal manera que cualquier cambio que se produzca en uno de ellos afectará en, menor o mayor medida, a los demás y su desempeño.

Es imprescindible, por lo tanto, precisar cuáles, de entre todas las que integran el sistema social, son las interacciones de contenido “político” y, de entre ellas, las que son relevantes para su identificación y estudio.

Lo primero que importa definir es qué deberá entenderse por “político”, puesto que el término mismo, en el lenguaje llano y hasta en aquel que emplean los especialistas, suele ser equívoco y, a veces, hasta confuso.

En el contexto doctrinario suele referírsele a cuestiones tan disímbolas como el estado, el poder, el orden público, las políticas públicas, la adopción de decisiones respecto de la cosa pública, el monopolio del empleo de la fuerza legítima, etc., etc.

Propongo, por lo tanto, precisar que conviene considerar como políticas todas aquellas interacciones orientadas predominantemente a la asignación de valores para una sociedad, con el propósito de orientarla hacia un destino de conducta respecto de la cual aquellos a quienes se asigna se sienten obligados.

Así, el poder será político cuando tenga por vocación y destino la función estructuradora de la sociedad, que le da la calidad de “poder organizado”.

Todo poder supone la existencia de opciones en quien lo tiene y en quien es objeto de su ejercicio. Cumple su función transmisora (de valores, como móviles de conducta) cuando es capaz de influir en la selección de las acciones (u omisiones) asequibles.

En se sentido, el poder político es mayor si es capaz de mantenerse incluso a pesar de alternativas atractivas para la acción o inacción, y sólo puede aumentarse si un aumenta también la libertad de quienes estén sujetos a él.

En un entorno democrático, la reflexión anterior adquiere notoriedad desde el momento inicial del ejercicio republicano para determinar la integración personal de los órganos institucionales, es decir, en el ejercicio electoral, pero perdura durante toda la manifestación funcional del sistema, porque sólo así podrá mantenerse legítimo.

La sociedad es, en efecto, un “todo sistémico”, en el que el poder cuenta con una función clara: Mover a la voluntad de quien es objeto del poder hacia la selección de una conducta predeterminada en su sentido, escogiéndola de entre una gama de conductas posibles, condicionadas por la propia configuración del sistema social.

En la mejor tradición democrática –siempre en formación, siempre inacabada- el mejor desempeño de la autoridad es aquel que consigue desde su origen, y mantiene en el desempeño cotidiano, conjugar el poder político el poder jurídico, que tiene su asiento último en el poder por antonomasia expresado en el seno del estado, que es la llamada soberanía. Ambas nociones juegan, en el mundo civilizado, un papel primordial, porque han de ser simbióticas –valga el símil- si se quiere alcanzar una eficacia que a la vez sea legítima, porque sólo así se podrá mantener el rumbo mejor para el interés general.
14 Mayo 2017 04:07:00
Las empresas y los derechos humanos
Es regla, todavía, que las estructuras jurídicas propias de las garantías protectoras de los derechos humanos sean dirigidas solamente contra actos de la autoridad pública.

A pesar de ello, son cada vez frecuentes las evidencias de hechos que muestran abusos cometidos en esta materia por entidades privadas.

En fechas recientes se han acumulado los testimonios de pasajeros injusta y denigrantemente expulsados de los aviones, maltratos del comandante sobre mujeres y otros atropellos por el estilo.

Pero no sólo las aerolíneas se distinguen por ello, aunque nadie podría decir que son las que menos, porque hay aconteceres de sobra documentados sobre cobros indebidos, cortes unilaterales y arbitrarios del servicio y otros abusos que configuran verdaderas violaciones a los derechos humanos, sin que existan vías eficientes y ágiles para reclamar lo conducente al cese de la violación y la reparación integral del daño.

Frente a esa circunstancia, y puesto que se predica la oponibilidad universal de esos derechos, parece ya urgente e indispensable tomar medidas efectivas para prevenir y remediar las violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas.

A ese propósito conviene tomar en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011 .

Dichos principios se basan en el reconocimiento de las obligaciones que tienen los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales, por una parte, así como en el papel de las empresas, como órganos de la sociedad que desempeñan funciones especializadas, que deben cumplir todas las leyes y respetar los derechos humanos. También en el hecho de que es necesario que los derechos y obligaciones se complementen con recursos efectivos para el caso de que se den incumplimientos e inobservancias, si se quiere que en verdad sea efectiva su garantía.

La resolución de la ONU implica que los “Principios” sean aplicables en todos los estados miembros “y a todas las empresas”, según ellos mismos determinan, no importa si son transnacionales o de otro tipo, y “con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura”.

El objetivo básico es mejorar las normas y prácticas relacionadas con las empresas y los derechos humanos “a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir…a una globalización socialmente sostenible”.

Deben aplicarse de manera no discriminatoria, poniendo especial atención a las personas pertenecientes a grupos o poblaciones más vulnerables o con mayor riesgo de marginación.

No se trata, como puede constatarse, de un instrumento que imponga obligaciones nuevas a los estados, sino de uno que oriente su acción en términos del objetivo de mejorar las normas y prácticas de las empresas en materia de respeto a los derechos humanos.

A partir de él pueden resumirse los principios fundamentales respecto de las empresas en los siguientes términos: a) Si los derechos humanos son universales y oponibles a todos, las empresas deben respetarlos y por lo tanto abstenerse de infringir los de terceros, haciendo frente a las consecuencias en caso contrario; b) esa responsabilidad se delimita por los derechos internacionalmente reconocidos; c) la responsabilidad de las empresas es aplicable a todas, pero la magnitud y complejidad de los medios para asumirla puede variar en función, sobre todo, de la gravedad de las consecuencias negativas de sus actividades; d) para cumplir con esa responsabilidad, deben contar con políticas y procedimientos apropiados.

Es claro que resulta ya urgente, ineludible, revisar los mecanismos e instrumentos de protección de los derechos humanos frente a las violaciones que a ellos puedan cometer las empresas y otros actores privados.

La puesta en práctica de los Principios Rectores sería, sin duda, un buen comienzo, y no parece necesario esperar a que se adopte un convenio internacional en la materia, porque siempre será posible legislar sobre ella. Faltaría, nada más, voluntad política.
14 Mayo 2017 04:00:00
Las empresas y los derechos humanos
Es regla, todavía, que las estructuras jurídicas propias de las garantías protectoras de los derechos humanos sean dirigidas solamente contra actos de la autoridad pública.

A pesar de ello, son cada vez frecuentes las evidencias de hechos que muestran abusos cometidos en esta materia por entidades privadas.

En fechas recientes se han acumulado los testimonios de pasajeros injusta i denigrantemente expulsados de los aviones, maltratos del comandante sobre mujeres y otros atropellos por el estilo.

Pero no solo las aerolíneas se distinguen por ello, aunque nadie podría decir que son las que menos, porque hay aconteceres de sobra documentados sobre cobros indebidos, cortes unilaterales y arbitrarios del servicio y otros abusos que configuran verdaderas violaciones a los derechos humanos, sin que existan vías eficientes y ágiles para reclamar lo conducente al cese de la violación y la reparación integral del daño.

Frente a esa circunstancia, y puesto que se predica la oponibilidad universal de esos derechos, parece ya urgente e indispensable tomar medidas efectivas para prevenir y remediar las violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas.

A ese propósito conviene tomar en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011 .

Dichos Principios se basan en el reconocimiento de las obligaciones que tienen los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales, por una parte, así como en el papel de las empresas, como órganos de la sociedad que desempeñan funciones especializadas, que deben cumplir todas las leyes y respetar los derechos humanos. También en el hecho de que es necesario que los derechos y obligaciones se complementen con recursos efectivos para el caso de que se den incumplimientos e inobservancias, si se quiere que en verdad sea efectiva su garantía.

La resolución de la ONU implica que los “Principios” sean aplicables en todos los estados miembros “y a todas las empresas”, según ellos mismos determinan, no importa si son transnacionales o de otro tipo, y “con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura”.

El objetivo básico es mejorar las normas y prácticas relacionadas con las empresas y los derechos humanos “a fin de obtener resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir…a una globalización socialmente
sostenible”.

Deben aplicarse de manera no discriminatoria, poniendo especial atención a las personas pertenecientes a grupos o poblaciones más vulnerables o con mayor riesgo de marginación.

No se trata, como puede constatarse, de un instrumento que imponga obligaciones nuevas a los estados, sino de uno que oriente su acción en términos del objetivo de mejorar las normas y prácticas de las empresas en materia de respeto a los derechos
humanos.

A partir de él pueden resumirse los principios fundamentales respecto de las empresas en los siguientes términos: a) Si los derecho humanos son universales y oponibles a todos, las empresas deben respetarlos y por lo tanto abstenerse de infringir los de terceros, haciendo frente a las consecuencias en caso contrario; b) esa responsabilidad se delimita por los derechos internacionalmente reconocidos; c) la responsabilidad de las empresas es aplicable a todas, pero la magnitud y complejidad de los medios para asumirla puede variar en función, sobre todo, de la gravedad de las consecuencias negativas de sus actividades; d) para cumplir con esa responsabilidad, deben contar con políticas y procedimientos apropiados.

Es claro que resulta ya urgente, ineludible, revisar los mecanismos e instrumentos de protección de los derechos humanos frente a las violaciones que a ellos puedan cometer las empresas y otros
actores privados.

La puesta en práctica de los “Principios Rectores” sería, sin duda, un buen comienzo, y no parece necesario esperar a que se adopte un convenio internacional en la materia, porque siempre será posible legislar sobre ella. Faltaría, nada más, voluntad política.
07 Mayo 2017 04:00:00
Campañas, debates y ‘estado de derecho’
¡Y sigue la mata dando! Continúan las campañas, los debates se suceden y, aunque se han podido por fin atisbar algunos bosquejos de oferta política –y de políticas– no deja de estar presente la promesa central de “cumplir la ley”, de respetarla y aplicarla siempre.

Eso estaría muy bien, pero uno se pregunta ¿no es esa, acaso, una promesa innecesaria? ¿puede alguien, gobernante o gobernado, dejar de cumplir la ley?

Suena como la que pudiera hacer quien se acercara a vendernos nuestra propia casa, como al patrón que promete pagar el salario devengado o al trabajador que ofrece, como cosa extraordinaria, efectuar el trabajo para el que fue contratado.

Ya no es fácil saber a estas alturas si es pura y simple confusión, si la intención es buena –de ello se duda mucho entre la gente, y hasta los niños lo cuestionan–, si falta un conocimiento elemental de los deberes públicos, pero lo cierto es que, por si hiciera falta y no fuera una deducción lógica y un deber ético natural, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –como las de cada estado federado– no sólo lo impone expresamente, sino que además exige protestar cumplir y hacer cumplir esos dispositivos y las leyes que de ellos emanen.

La propia voz “estado de derecho” –para mi gusto redundante, si no es que tautológica, porque sin derecho no podría haber estado propiamente dicho, sino un fenómeno de dominación ilegítima– implica la sujeción inexcusable al orden jurídico por parte de quien gobierna, lo que no significa otra cosa –como suele decirse por los anglosajones, con gran simplicidad y contundencia, al enunciar el principio de “rule of law”– que quien gobierna es la ley, y no los seres humanos que detentan el poder, cualquiera que sea su naturaleza.

La adaptabilidad a las condiciones adversas es proverbial, y por eso pareciera que las promesas que hoy se oyen fueran un propósito natural de la evolución comunitaria, siendo que la relación es precisamente la inversa: no fue sino hasta que se establecieron las reglas de convivencia que surgió la civilización, mucho antes de que apareciera la historia con la creación de la escritura.

Cumplir la ley y velar por que se cumpla es, pues, un ineludible deber de toda autoridad, y sólo su olvido, negligente las más de las veces, explica que la gran propuesta en que todos los candidatos y sus partidos coincidan en ofrecer hacer aquello que, antes que nada y como presupuesto inexcusable del ejercicio público, les corresponde.

Cuando eso no ocurre, los valores se distorsionan y degradan, provocando el desinterés en las cosas que atañen a la polis misma, se enseñorea el desgano y poco a poco la creciente crispación social se hace presente, hasta volverse tan tirante que la indignación explota y se pierde el rumbo, se corrompen los vínculos y los motivos compartidos, dando vía libre a eso que ha dado en llamarse “estado fallido”, porque el sistema sociopolítico se vuelve incapaz de cumplir con su cometido esencial: garantizar, en equidad y armonía, el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales de todos.

La voracidad, la codicia, el egoísmo, la soberbia, el desinterés y la laxitud son vicios que corroen la función del Estado. No hay que dejarlos llegar, pero si se hacen presentes, habrá que desterrarlos y para eso ya existen recetas: primero, la dignidad, que empieza con el respeto de cada quien por sí mismo, para seguir con el que se debe a los demás; en segundo lugar, no basta con ofrecer la aplicación de la ley, sino cumplirla, acatando el sentido y los límites que impone a las conductas, públicas y privadas, sin excepciones inadmisibles.

Ese es el camino que sólo puede recorrerse investido de honorabilidad, buena fe y energía.
07 Mayo 2017 04:00:00
Campañas, debates y Estado de Derecho
¡Y sigue la mata dando! Continúan las campañas, los debates se suceden y, aunque se han podido por fin atisbar algunos bosquejos de oferta política -y de políticas- no deja de estar presente la promesa central de “cumplir la ley”, de respetarla y aplicarla siempre.

Eso estaría muy bien, pero uno se pregunta ¿no es esa, acaso una promesa innecesaria? ¿puede alguien, gobernante o gobernado, dejar de cumplir la ley?

Suena como la que pudiera hacer quien se acercara a vendernos nuestra propia casa, como al patrón que promete pagar el salario devengado o al trabajador que ofrece, como cosa extraordinaria, efectuar el trabajo para el que fue contratado.

Ya no es fácil saber a estas alturas si es pura y simple confusión, si la intención es buena -de ello se duda mucho entre la gente, y hasta los niños lo cuestionan-, si falta un conocimiento elemental de los deberes públicos, pero lo cierto es que, por si hiciera falta y no fuera una deducción lógica y un deber ético natural, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -como las de cada estado federado- no solo lo impone expresamente, sino que además exige protestar cumplir y hacer cumplir esos dispositivos y las leyes que de ellos emanen.

La propia voz “estado de derecho” -para mi gusto redundante, si no es que tautológica, porque sin derecho no podría haber estado propiamente dicho, sino un fenómeno de dominación ilegítima- implica la sujeción inexcusable al orden jurídico por parte de quien gobierna, lo que no significa otra cosa -como suele decirse por los anglosajones, con gran simplicidad y contundencia, al enunciar el principio de “rule of law”- que quien gobierna es la ley, y no los seres humanos que detentan el poder, cualquiera que sea su naturaleza.

La adaptabilidad de a las condiciones adversas es proverbial, y por eso pareciera que las promesas que hoy se oyen fueran un propósito natural de la evolución comunitaria, cuando que la relación es precisamente la inversa: no fue sino hasta que se establecieron las reglas de convivencia que surgió la civilización, mucho antes de que apareciera la historia con la creación de la escritura.

Cumplir la ley y velar por que se cumpla es, pues, un ineludible deber de toda autoridad, y solo su olvido, negligente las más veces, explica que la gran propuesta en que todos los candidatos y sus partidos coincida en ofrecer hacer aquello que, antes que nada y como presupuesto inexcusable del ejercicio público, les corresponde.

Cuando eso no ocurre, los valores se distorsionan y degradan, provocando el desinterés en las cosas que atañen a la polis misma, se enseñorea el desgano y poco a poco la creciente crispación social se hace presente, hasta volverse tan tirante que la indignación explota y se pierde el rumbo, se corrompen los vínculos y los motivos compartidos, dando vía libre a eso que ha dado en llamarse “estado fallido”, porque el sistema sociopolítico se vuelve incapaz de cumplir con su cometido esencial: Garantizar, en equidad y armonía, el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales de todos.

La voracidad, la codicia, el egoísmo, la soberbia, el desinterés y la laxitud son vicios que corroen la función del estado. No hay que dejarlos llegar, pero si se hacen presentes, habrá que desterrarlos y para eso ya existen recetas: primero, la dignidad, que empieza con el respeto de cada quien por sí mismo, para seguir con el que se debe a los demás; en segundo lugar, no basta con ofrecer la aplicación de la ley, sino cumplirla, acatando el sentido y los límites que impone a las conductas, públicas y privadas, sin excepciones inadmisibles.

Ese es el camino que solo puede recorrerse investido de honorabilidad, buena fe y energía.

No hay más. Solo en la decencia generalizada se encontrarán los remedios; los buenos hábitos bien pueden desplazar a los perniciosos.
30 Abril 2017 04:05:00
Educación y campañas
En tres estados habrá este año elecciones de Gobernador y otros órganos. Se han celebrado, a fin de confrontar la postura de cada candidato, algunos debates. En ellos, a pesar de incluirse en el temario las cuestiones educativas, poca o ninguna atención les han merecido, como si el tema fuera deleznable o de poca importancia.

Los debates, como las campañas, se han desarrollado de manera que ya ni siquiera se valen del habitual cúmulo de clichés y promesas genéricas, para caracterizarse por haber hecho de la contienda electoral una palestra para denostar y descalificar a los adversarios, con o sin razón para ello.

En cambio, pareciera que más bien pretenden un cargo judicial o en el Ministerio Público, porque su más recurrente oferta es meter a la cárcel a alguien, en todo caso “a los corruptos”.

Como se ha vuelto habitual, cada vez menos contenido programático de fondo –si alguno hay– y nada que permita atisbar siquiera algunas líneas de políticas públicas para acometer los muy variados y complejos problemas públicos que les tocará enfrentar a los vencedores.

No parece que sea mucho pedir que, cuando menos en aspectos que son torales para la vida pública, se pronunciaran desde este momento los candidatos de manera más clara y propositiva, para poder evaluar sus previsiones y, así, informar bien la decisión del voto.

Mientras eso ocurre, las calles de nuestras ciudades siguen llenas de una violencia que desgarra a nuestras comunidades y denigra del todo el nivel de la vida en ellas. De libertades menguadas al máximo está hoy por hoy hecha nuestra realidad, y no es a tiros como habrá de resolverse el problema de fondo, sino poniendo remedio desde la raíz, como se ha insistido tanto ya en muchos frentes, incluida esta columna.

¿Puede acaso conseguirse ese propósito sin una educación que forme ciudadanos conscientes, libres y responsables, y no sólo robots aptos para integrarse al aparato productivo con “éxito”?

Nadie ha tocado el tema con la seriedad y profundidad que merece, a pesar de que las consecuencias de la falta de formación humanística –la cívica incluida– están dramáticamente presentes por todos lados.

Pasan por alto algo que debería ser elemental: el Artículo 3º de la Constitución mexicana obliga a que el criterio que oriente a la educación, entre otras cosas, sea democrático, “considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, además de que contribuya a la mejor convivencia humana, fortaleciendo “el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.

Es esa una intolerable omisión que pone en evidencia el olvido en que incurre quien la comete respecto del hecho de que los deberes básicos de la que, desde la antigüedad, se llama “virtud cívica”, son individuales y sociales al mismo tiempo, y no una cuestión de moral privada y al margen de la política.

El solo hecho de soslayar este aspecto, vital para la vida misma de nuestra “polis”, basta para identificar un vacío imperdonable en la perspectiva de los candidatos: sin esa virtud cívica –que sólo se adquiere y transmite por la educación y significa una motivación capaz de causar una acción pública eficaz y justa– ni se puede aspirar a gobernar, ni se puede soñar siquiera con un país mejor que el que tenemos.

Si eso no basta para llamar la atención de los participantes en la contienda electoral –y de todos– hacia el tema de la educación para fincar la convivencia equilibrada, justamente ordenada y pacífica que queremos, no existirá fuerza alguna que permita sacar al país del estado de cosas en que vive.
30 Abril 2017 04:00:00
Educación y campañas
En tres estados habrá este año elecciones de gobernador y otros órganos. Se han celebrado, a fin de confrontar la postura de cada candidato, algunos debates. En ellos, a pesar de incluirse en el temario las cuestiones educativas, poca o ninguna atención les ha merecido, como si el tema fuera deleznable o de poca importancia.

Los debates, como las campañas, se han desarrollado de manera que ya ni siquiera se valen del habitual cúmulo de clichés y promesas genéricas, para caracterizarse por haber hecho de la contienda electoral una palestra para denostar y descalificar a los adversarios, con o sin razón para ello.

En cambio, pareciera que más bien pretenden un cargo judicial o en el ministerio público, porque su más recurrente oferta es meter a la cárcel a alguien, en todo caso “a los corruptos”.

Como se ha vuelto habitual, cada vez menos contenido programático de fondo -si alguno- hay- y nada que permita atisbar siquiera algunas líneas de políticas públicas para acometer los muy variados y complejos problemas públicos que les tocará enfrentar a los vencedores.

No parece que sea mucho pedir que, cuando menos en aspectos que son torales para la vida pública se pronunciaran desde este momento los candidatos de manera más clara y propositiva, para poder evaluar sus previsiones y, así, informar bien la decisión del voto.

Mientras eso ocurre, las calles de nuestras ciudades siguen llenas de una violencia que desgarra a nuestras comunidades y denigra del todo el nivel de la vida en ellas. De libertades menguadas al máximo está hoy por hoy hecha nuestra realidad, y no es a tiros como habrá de resolverse el problema de fondo, sino poniendo remedio desde la raíz, como se ha insistido tanto ya en muchos frentes, incluida esta columna.

¿Puede acaso conseguirse ese propósito sin una educación que forme ciudadanos conscientes, libres y responsables, y no sólo robots aptos para integrarse al aparato productivo con “éxito”?

Nadie ha tocado el tema con la seriedad y profundidad que merece, a pesar de que las consecuencias de la falta de formación humanística -la cívica incluida- están dramáticamente presentes por todos lados.

Pasan por alto algo que debería ser elemental: el artículo 3º de la Constitución mexicana obliga a que el criterio que oriente a la educación, entre otras cosas, sea democrático, “considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, además de que contribuya a la mejor convivencia humana, fortaleciendo “el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.

Es esa una intolerable omisión, que pone en evidencia el olvido en que incurre quien la comete respecto del hecho de que los deberes básicos de la que, desde la antigüedad, se llama “virtud cívica”, son individuales y sociales al mismo tiempo, y no una cuestión de moral privada y al margen de la política.

El sOlo hecho de soslayar este aspecto, vital para la vida misma de nuestra “polis”, basta para identificar un vacío imperdonable en la perspectiva de los candidatos: sin esa virtud cívica -que sólo se adquiere y transmite por la educación y significa una motivación capaz de causar una acción pública eficaz y justa- ni se puede aspirar a gobernar, ni se puede soñar siquiera con un país mejor que el
que tenemos.

Si eso no basta para llamar la atención de los participantes en la contienda electoral -y de todos- hacia el tema de la educación para fincar la convivencia equilibrada, justamente ordenada y pacífica que queremos, no existirá fuerza alguna que permita sacar al país del estado de cosas en que vive.
23 Abril 2017 04:06:00
Derechos humanos y responsabilidades públicas
Dos destacados aspectos, entre muchos más de su contenido, se han contemplado en las dos entregas anteriores respecto del informe rendido por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el periodo de 2016: el relativo a la precariedad en la protección de los derechos fundamentales en México –acompañada de la gran vulnerabilidad que enfrentan sus defensores– y la muy extendida simulación que, entre quienes detentan la autoridad, de cualquier rama, orden y nivel, impera.

Como en el caso de la CNDH, es común que las recomendaciones emitidas por los equivalentes órganos públicos de los estados de la República sean aceptadas, porque la implantación en la cultura popular de la conciencia de los derechos humanos –incipiente todavía, pero ya presente y con impulsos vigorosos– hace que cualquier negativa aparezca como una resistencia políticamente inadmisible y con muy negativas consecuencias en el camino hacia el poder y en el curso de su ejercicio.

A pesar de ello, pocas, muy pocas, se cumplen a cabalidad. En Coahuila, por ejemplo, una de cada cinco de ellas es satisfecha plenamente, mientras que el resto se cumple sólo parcialmente, se finge cumplir o de plano se pasa por alto sin rubor alguno de parte de aquellas autoridades a quienes fueron dirigidas. Suponen ellas que el hecho de que las recomendaciones no sean “vinculatorias” implica que no puede haber consecuencias negativas provenientes del incumplimiento. Están, a mi juicio, totalmente equivocados.

Aceptar una recomendación implica reconocer sus fundamentos y motivaciones, y en ello está comprendido el hecho de que se ha cometido una violación, en primer lugar, a la ley suprema, pero también comúnmente a otros ordenamientos administrativos, civiles y penales, de lo que derivarían diversas responsabilidades en esas materias, que pueden incluso coincidir como consecuencia del mismo acto.

El Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se llama “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado”; contiene una serie de supuestos que, de suceder, darían lugar a sanciones que pueden llegar a la destitución y aun a la reparación patrimonial.

De la propia Constitución y de los tratados que forman parte del bloque de “ley suprema” mexicana se desprenden disposiciones que tipifican conductas violatorias de los derechos humanos como delito, cual es el caso de la discriminación, de la tortura, la desaparición forzada y otras igualmente graves.

¿Acaso el reconocimiento de haber efectuado esas conductas no es razón suficiente para dar lugar a las sanciones que prevé la ley? Ciertamente, la recomendación por sí misma no es obligatoria –aunque creo que así debiera considerarse a pesar de no ser coercible– la aceptación de ella, con todas las consecuencias que de hecho y por derecho, vincula sin duda a quien, al hacerlo, reconoce la violación constitucional implicada. Por lo tanto, la fuente de obligatoriedad es tal reconocimiento y no la aceptación misma, razón por la cual se actualiza la hipótesis normativa respecto de la que están previstas las consecuencias jurídicas, incluidas las sanciones, que correspondan.

Es claro que una previsión legislativa que así lo contemplara probablemente produciría un mayor porcentaje de rechazos, pero no hay que olvidar que estos deberán estar debidamente fundados y motivados, so pena de tener que responder, en caso contrario, ante el respectivo órgano legislativo, según se trate de la autoridad federal o estatal.

En todo caso, además, parece preferible enfrentar sin disimulos una realidad de ficciones con una actitud que la combata para desterrarla, a mantener una que la propicie, con todo el efecto de corrosión que conlleva.

Con recomendación o sin ella, quien viole la ley es responsable de hacerlo, y si se trata de violaciones tan graves como son las que atentan contra los derechos y libertades fundamentales, timbre supremo de legitimidad de cualquier poder, la responsabilidad es de la mayor magnitud y la reacción debe ser concomitante.
22 Abril 2017 04:00:00
Derechos humanos y responsabilidades públicas
Dos destacados aspectos, entre muchos más de su contenido, se han contemplado en las dos entregas anteriores respecto del informe rendido por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el periodo de 2016: El relativo a la precariedad en la protección de los derechos fundamentales en México -acompañada de la gran vulnerabilidad que enfrentan sus defensores- y la muy extendida simulación que entre quienes detentan la autoridad, de cualquier rama, orden y nivel, impera.

Como en el caso de la CNDH, es común que las recomendaciones emitidas por los equivalentes órganos públicos de los estados de la república sean aceptadas, porque la implantación en la cultura popular de la conciencia de los derechos humanos -incipiente todavía, pero ya presente y con impulsos vigorosos- hace que cualquier negativa aparezca como una resistencia políticamente inadmisible y con muy negativas consecuencias en el camino hacia el poder y en el curso de su ejercicio.

A pesar de ello, pocas, muy pocas, se cumplen a cabalidad. En Coahuila, por ejemplo, una de cada cinco de ellas es satisfecha plenamente, mientras que el resto se cumple solo parcialmente, se finge cumplir o de plano se pasa por alto sin rubor alguno de parte de aquellas autoridades a quienes fueron dirigidas. Suponen ellas que el hecho de que las recomendaciones no sean “vinculatorias” implica que no puede haber consecuencias negativas provenientes del incumplimiento. Están, a mi juicio, equivocados.

Aceptar una recomendación implica reconocer sus fundamentos y motivaciones, y en ello está comprendido el hecho de que se ha cometido una violación, en primer lugar, a la ley suprema, pero también comúnmente a otros ordenamientos administrativos, civiles y penales, de lo que derivarían diversas responsabilidades en esas materias, que pueden incluso coincidir como consecuencia del mismo acto.

El Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se llama “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado”; contiene una serie de supuestos que, de suceder, darían lugar a sanciones que pueden llegar a la destitución y aún a la reparación patrimonial.

De la propia constitución y de los tratados que forman parte del bloque de “ley suprema” mexicana, se desprenden disposiciones que tipifican conductas violatorias de los derechos humanos como delito, cual es el caso de la discriminación, de la tortura, la desaparición forzada y otras igualmente graves.

¿Acaso el reconocimiento de haber efectuado esas conductas no es razón suficiente para dar lugar a las sanciones que prevé la ley? Ciertamente, la recomendación por sí misma no es obligatoria -aunque creo que así debiera considerarse a pesar de no ser coercible- la aceptación de ella, con todas las consecuencias que de hecho y por derecho, vincula sin duda a quien, al hacerlo, reconoce la violación constitucional implicada. Por lo tanto, la fuente de obligatoriedad es tal reconocimiento y no la aceptación misma, razón por la cual se actualiza la hipótesis normativa respecto de la que están previstas las consecuencias jurídicas, incluidas las sanciones, que correspondan.

Es claro que una previsión legislativa que así lo contemplara probablemente produciría un mayor porcentaje de rechazos, pero no hay que olvidar que estos deberán estar debidamente fundados y motivados, so pena de tener que responder, en caso contrario, ante el respectivo órgano legislativo, según se trate de la autoridad federal o estatal.

En todo caso, además parece preferible enfrentar sin disimulos una realidad de ficciones con una actitud que la combata para desterrarla, a mantener una que la propicie, con todo el efecto de corrosión que conlleva.

Con recomendación o sin ella, quien viole la ley es responsable de hacerlo, y si se trata de violaciones tan graves como son las que atentan contra los derechos y libertades fundamentales, timbre supremo de legitimidad de cualquier poder, la responsabilidad es de la mayor magnitud y la reacción debe ser concomitante.
16 Abril 2017 04:05:00
Una grave simulación generalizada
Sigo el análisis, iniciado en la entrega anterior, del informe rendido por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su correspondencia con las condiciones de esa misión compartidas por los organismos públicos del país dedicados a ella.

En algún momento de su exposición, Luis Raúl González Pérez expresó lo siguiente: “Por regla general todas las Recomendaciones que emite este organismo nacional son aceptadas, sin embargo, las acciones y medidas reales de cumplimiento no se materializan o tardan mucho en concretarse. El que se acepten formalmente las determinaciones de la CNDH no siempre tiene una incidencia real en que los hechos violatorios a derechos humanos se sancionen y prevengan, ni en que las víctimas accedan a la verdad, justicia y reparación a la que tienen derecho”.

Esa es una característica que, por regla general, se sigue en prácticamente todo el país, puesto que a ojos de la opinión pública –sobre todo la internacional– resulta “políticamente incorrecto” no aceptarlas, pero como “el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila”, también son comunes la simulación y el incumplimiento de las recomendaciones aceptadas.

En el ámbito nacional, el ombudsman urgió al cumplimiento de ellas, “para lo cual es necesario distinguir entre el pretendido cumplimiento que se da a las Recomendaciones (sic) mediante informes burocráticos que, por su extensión o complejidad, dilatan y distraen la actuación de los organismos de protección de los derechos humanos proporcionando información incompleta, parcial y no relevante respecto del contenido sustantivo de las Recomendaciones y las acciones pertinentes y medidas efectivas referidas a su cumplimiento real”.

Tiene además razón González Pérez cuando señala que, en algunos casos especialmente graves –como son los de desaparición forzada, tortura o ejecuciones arbitrarias– que subsistan y se repitan tales conductas, como desgraciadamente ocurre en todo el país, pone en severo entredicho el compromiso de las autoridades “con el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales”, para poner, acto seguido, el dedo en una punzante llaga: “Su silencio e indiferencia demostrarían una falta de interés en la atención de estas problemáticas, lo cual pondría en duda la voluntad real de que estas prácticas se erradiquen en definitiva de nuestra vida institucional y social. Los años transcurren y los avances efectivos y concretos que nuestro país presenta en la atención de estos temas son menores”.

Por eso, añadió, en los casos vinculados con estas conductas “no puede haber olvido ni permitirse el silencio. La falta de acción de las autoridades contribuye a preservar estas prácticas, fortalece la impunidad, aumenta el desamparo y sufrimiento de las víctimas y de sus familiares ante la injusticia, el atropello y el abuso del poder. Los llamados de la CNDH con frecuencia no se atienden efectivamente, siendo contraproducente que se espere hasta que alguna instancia internacional reitere lo que ya se había señalado, para que se empiece a actuar o se exprese interés en algún tema…”

En efecto, es frecuente la referencia a supuestos “estándares internacionales” para justificar medidas y supuestas políticas públicas en cuestiones aparentemente propicias a la protección de los derechos humanos, cuando lo natural debiera ser atender las alertas que, sin ir muy lejos por ellas, se generan en nuestras propias latitudes.

Concuerdo con lo expresado por Luis Raúl González Pérez en el párrafo que a continuación transcribo, con el cual concluyo este artículo, a reserva de señalar en la siguiente semana algunas reflexiones para enmendar tan lamentable y generalizado desinterés de la autoridad por cumplir con el deber de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos: “El costo para el Estado, de no atender oportunamente los llamados de los organismos de derechos humanos, es muy alto, pues su prestigio y compromiso a nivel internacional con la causa de la dignidad humana queda en entredicho. El silencio, la inacción y la indiferencia propician la impunidad de aquellos que violentaron de manera directa los derechos de las personas”.
16 Abril 2017 04:00:00
Una grave simulación generalizada
Sigo el análisis, iniciado en la entrega anterior, del informe rendido por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su correspondencia con las condiciones de esa misión compartidas por los orgasmos públicos del país dedicados a ella.

En algún momento de su exposición, Luis Raúl González Pérez expresó lo siguiente: “Por regla general todas las Recomendaciones que emite este Organismo Nacional son aceptadas, sin embargo, las acciones y medidas reales de cumplimiento no se materializan o tardan mucho en concretarse. El que se acepten formalmente las determinaciones de la CNDH no siempre tiene una incidencia real en que los hechos violatorios a derechos humanos se sancionen y prevengan, ni en que las víctimas accedan a la verdad, justicia y reparación a la que tienen
derecho”.

Esa es una característica que, por regla general, se sigue en prácticamente todo el país, puesto que a ojos de la opinión pública -sobre todo la internacional- resulta “políticamente incorrecto” no aceptarlas, pero como “el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila”, también son comunes la simulación y el incumplimiento de las recomendaciones aceptadas.

En el ámbito nacional, el ombudsman urgió al cumplimiento de ellas, “para lo cual es necesario distinguir entre el pretendido cumplimiento que se da a las Recomendaciones (sic) mediante informes burocráticos que, por su extensión o complejidad, dilatan y distraen la actuación de los organismos de protección de los derechos humanos proporcionando información incompleta, parcial y no relevante respecto del contenido sustantivo de las Recomendaciones y las acciones pertinentes y medidas efectivas referidas a su cumplimiento real”.

Tiene además razón González Pérez cuando señala que, en algunos casos especialmente graves -como son los de desaparición forzada, tortura o ejecuciones arbitrarias- que subsistan y se repitan tales conductas, como desgraciadamente ocurre en todo e país, pone en severo entredicho el compromiso de las autoridades “con el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales”, para poner, acto seguido, el dedo en una punzante llaga: “Su silencio e indiferencia demostrarían una falta de interés en la atención de estas problemáticas, lo cual pondría en duda la voluntad real de que estas prácticas se erradiquen en definitiva de nuestra vida institucional y social. Los años transcurren y los avances efectivos y concretos que nuestro país presenta en la atención de estos temas son menores”.

Por eso, añadió, en los casos vinculados a estas conductas “no puede haber olvido ni permitirse el silencio. La falta de acción de las autoridades contribuye a preservar estas prácticas, fortalece la impunidad, aumenta el desamparo y sufrimiento de las víctimas y de sus familiares ante la injusticia, el atropello y el abuso del poder. Los llamados de la CNDH con frecuencia no se atienden efectivamente, siendo contraproducente que se espere hasta que alguna instancia internacional reitere lo que ya se había señalado, para que se empiece a actuar o se exprese interés en algún tema…”

En efecto, es frecuente la referencia a supuestos “estándares internacionales” para justificar medidas y supuestas políticas públicas en cuestiones aparentemente propicias a la protección de los derechos humanos, cuando lo natural debiera ser atender las alertas que, sin ir muy lejos por ellas, se generan en nuestras propias latitudes.

Concuerdo con lo expresado por Luis Raúl González Pérez en el párrafo que a continuación transcribo, con el cual concluyo este artículo, a reserva de señalar en la siguiente semana algunas reflexiones para enmendar tan lamentable y generalizado desinterés de la autoridad por cumplir con el deber de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos: “El costo para el Estado de no atender oportunamente los llamados de los organismos de derechos humanos es muy alto, pues su prestigio y compromiso a nivel internacional con la causa de la dignidad humana queda en entredicho. El silencio, la inacción y la indiferencia propician la impunidad de aquellos que violentaron de manera directa los derechos de las personas”.
09 Abril 2017 04:00:00
Derechos humanos: asedios e insuficiencias
“Dos mil dieciséis no fue un buen año para los derechos humanos en México. La corrupción, la impunidad, y la falta de una efectiva rendición de cuentas hizo patente la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones. Se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales, en su gran mayoría permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecerían ser la constante”.

Con ese tajante, inequívoco, párrafo inició su informe anual Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México.

Lo hizo en la residencia oficial de Los Pinos, en presencia del Presidente de la República y sus secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Educación, así como el procurador general de la República y la representación de las dos cámaras del Congreso de la Unión, acompañado del Consejo Consultivo de la Comisión en pleno y ante un copioso número de representantes de la sociedad civil y los defensores públicos de los derechos humanos de todo el país.

Por si no bastara para alertar a los oyentes esa llamada de atención, González Pérez desarrolló su inicial idea diciendo que, independientemente de que ello se debiera a ineficiencias burocráticas o a la “insolvencia ética” de los servidores públicos, la consecuencia es el desencanto social acerca de la aptitud de las autoridades para respetar y aplicar la ley, que no es, ni puede ser, algo discrecional, sujeto a negociación para favorecer intereses particulares.

Aquí mismo se ha insistido en la necesidad de que la actuación institucional debe orientarse por la virtud cívica, el deber y la responsabilidad de la función, lo que es absolutamente incompatible con los intereses particulares de quienes detentan el poder público.

Por eso, no podría estar más de acuerdo con el postulado del ombudsman nacional cuando dice que: “Sin una cultura ética que permeé en las instituciones, que haga evidente el compromiso de las autoridades con la legalidad y el respeto a los derechos humanos, difícilmente podremos fortalecer nuestro estado de derecho y se seguirán preservando la corrupción y la impunidad dentro de nuestra realidad nacional”.

Palabras duras las anteriores, que sin embargo palidecen cuando, rotundo, afirma: “Un año en el cual la impunidad, la falta de capacitación, así como la desidia por parte de las instancias competentes, permitió que subsistieran prácticas tan graves como la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones arbitrarias, lo cual trajo como consecuencia que el acceso a la verdad y a la justicia sigan siendo una mera aspiración para muchas personas”.

La crudeza del texto transcrito, infortunadamente, no va a la zaga de las circunstancias, y por eso tampoco parece excesivo el exhorto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirige a todo sector de autoridad, de gobierno y de gestión pública en el país: que “se escuchen y atiendan con sensibilidad, compromiso, y de manera integral las denuncias de los familiares de desaparecidos sobre posibles hallazgos futuros”, tanto como que los trabajos que deriven de ese objetivo sean efectuados con conocimientos técnicos y científicos especializados.

Urgente llamado es ese que, de no ser puntual y diligentemente atendido, ahondará el descrédito que tanto pesa ya sobre nuestras asediadas instituciones y tanto ha minado la confianza en ellas.

Lo que hasta aquí se ha reseñado fue sólo el introito de una reflexiva, valiente y enérgica exposición sobre el estado que guardan la protección y garantía de los derechos humanos en México, a juicio de quien informaba, sí, pero haciéndose eco de las realidades reflejadas también por los organismos públicos defensores de los derechos humanos en cada entidad del país.

Mucho más fondo tiene el informe y mérito de sobra para ser comentado de modo más extenso y con mayor hondura, pero el espacio lo hace por ahora imposible. Ha de ser continuada esa tarea, por lo tanto, en la próxima entrega.
09 Abril 2017 04:00:00
Derechos humanos: Asedios e insuficiencias
“Dos mil dieciséis no fue un buen año para los derechos humanos en México. La corrupción, la impunidad y la falta de una efectiva rendición de cuentas, hizo patente la falta de ética y valores en diversas autoridades e instituciones. Se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales, en su gran mayoría permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecerían ser la constante”.

Con ese tajante, inequívoco, párrafo inició su informe anual Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México.

Lo hizo en la residencia oficial de Los Pinos, en presencia del presidente de la República y sus secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Educación, así como el procurador general de la República y la representación de las dos cámaras del Congreso de la Unión, acompañado del Consejo Consultivo de la Comisión en pleno y ante un copioso número de representantes de la sociedad civil y los defensores públicos de los derechos humanos de todo el país.

Por si no bastara para alertar a los oyentes esa llamada de atención, González Pérez desarrolló su inicial idea diciendo que, independientemente de que ello se debiera a ineficiencias burocráticas o a la “insolvencia ética” de los servidores públicos, la consecuencia es el desencanto social acerca de la aptitud de las autoridades para respetar y aplicar la ley, que no es, ni puede ser, algo discrecional, sujeto a negociación para favorecer intereses particulares.

Aquí mismo se ha insistido en la necesidad de que la actuación institucional debe orientarse por la virtud cívica, el deber y la responsabilidad de la función, lo que es absolutamente incompatible con los intereses particulares de quienes detentan el poder público.

Por eso, no podría estar más de acuerdo con el postulado del ombudsman nacional cuando dice que: “Sin una cultura ética que permee en las instituciones, que haga evidente el compromiso de las autoridades con la legalidad y el respeto a los derechos humanos, difícilmente podremos fortalecer nuestro Estado de Derecho y se seguirán preservando la corrupción y la impunidad dentro de nuestra realidad nacional”.

Palabras duras las anteriores, que sin embargo palidecen cuando, rotundo, afirma: “Un año en el cual la impunidad, la falta de capacitación, así como la desidia por parte de las instancias competentes, permitió que subsistieran prácticas tan graves como la tortura, las desapariciones forzadas o las ejecuciones arbitrarias, lo cual trajo como consecuencia que el acceso a la verdad y a la justicia sigan siendo una mera aspiración para muchas personas”.

La crudeza del texto transcrito, infortunadamente, no va a la zaga de las circunstancias, y por eso tampoco parece excesivo el exhorto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirige a todo sector de autoridad, de gobierno y de gestión pública en el país: Que “se escuchen y atiendan con sensibilidad, compromiso, y de manera integral las denuncias de los familiares de desaparecidos sobre posibles hallazgos futuros”, tanto como que los trabajos que deriven de ese objetivo sean efectuados con conocimientos técnicos y científicos especializados.

Urgente llamado es ese que, de no ser puntual y diligentemente atendido, ahondará el descrédito que tanto pesa ya sobre nuestras asediadas instituciones y tanto ha minado la confianza en ellas.

Lo que hasta aquí se ha reseñado fue sólo el introito de una reflexiva, valiente y enérgica exposición sobre el estado que guardan la protección y garantía de los derechos humanos en México, a juicio de quien informaba, sí, pero haciéndose eco de las realidades reflejadas también por los organismos públicos defensores de los derechos humanos en cada entidad del país.

Mucho más fondo tiene el informe y mérito de sobra para ser comentado de modo más extenso y con mayor hondura, pero el espacio lo hace por ahora imposible. Ha de ser continuada esa tarea, por lo tanto, en la próxima entrega.
02 Abril 2017 04:02:00
Refugiados y migrantes
El tramo es largo y los riesgos, siempre, son muchos y muy serios.

La gente que deja sus casas para buscarse la vida raramente lo hace por gusto. Son el hambre y el afán legítimo, natural además, se diría, de procurar mejorar las condiciones materiales de vida para sí y la familia, lo que mueve a los seres humanos a desplazarse lejos del hogar original.

El fenómeno, tan descarnadamente sentido por nosotros, es sin embargo universal, siempre dramático e invariablemente devastador.

Hay sitios donde, inclusive, la cara de la injusticia es extrema, como ocurre en el África.

Hace unos días se celebró en Barcelona un ciclo de conferencias organizado por la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi (HTSI), de la Universidad Ramón Llull, bajo el nombre, como cada año, de Semana Ignaciana, dedicado esta vez al tema El Derecho por la Paz y la No Violencia.

En ella, el profesor del HTSI compartió sus experiencias en un campo de refugiados de Sudán del Sur, que vive una de las crisis alimentarias más graves del mundo de todos los tiempos.

Ahí, millones de personas han abandonado sus hogares a causa de la violencia. Y, según explicó el profesor Palazzi, los campos de refugiados se ubican “en medio de la nada” y en ellos conviven alrededor de 140 mil personas, de las cuales nada menos que 55 mil son niños y 60 mil mujeres, porque la mayoría de los varones habían fallecido o estaban peleando en la guerra.

En esos campos, abunda Palazzi, los niños “mostraban la misma alegría que nosotros, pero ser niño en un país de guerra no es sólo ser un niño, es estar expuesto a convertirte en niño soldado y ser reclutado a la fuerza”.

Antonio Soler, presidente de la Fundación por la Paz (FundiPau), en su turno insistió en que no sólo es necesario reivindicar el “derecho de acogida” y fomentar la solidaridad, sino que hay que ir más lejos, imprescindiblemente, para remover las causas de la migración expelida por la injusticia y la violencia.

La convocatoria, certera y adecuada a mi juicio, de Soler fue para meditar –y actuar– sobre la raíz de las crisis recurrentes en esta materia, alrededor del mundo, enfatizando, con razón, que el problema central radica en “la crueldad del sistema que lo ocasiona”.

Él mismo postuló que la que llamó “fábrica de refugiados” pasa por diferentes niveles.

Uno de ellos, que a mi juicio es el medular, consiste en que tenemos un “sistema económico depredador que nos da calidad de vida a la mitad de la población gracias a la explotación y la miseria de la otra mitad”.

Tiene razón, como la tiene cuando afirma que de la responsabilidad por esta situación pesa sobre todos, en mayor o menor medida –aunque yo subrayaría que más sobre el “todo” que formamos– y la solución nos atañe por tanto a todos, participando de una manera u otra.

Sugiere Soler que una buena medida es detectar quiénes son los principales “accionistas”, dijo, de la “sociedad anónima” que se beneficia de la situación, y denunciarlo, haciendo todo lo posible para limitar su capacidad de hacer el mal, sin menoscabo de hacer lo que esté en nuestras manos, por mínimo que sea, para aligerar el sufrimiento de los millones de gentes que se ven afectados por tan grave injusticia.

En nuestro caso quizás no sea la guerra –aunque muchos países la del sur y regiones del nuestro padezcan una violencia equiparable– pero sin duda es la injusticia social patente en nuestra composición socioeconómica que denota, cuando menos una doble moral insostenible, aunque se quiera revestir de defensa de las libertades y derechos que no pueden serlo si son excluyentes.

La doble moral es tan violenta como la guerra y todavía más perniciosa. Como hace muy poco oí de un sabio amigo aguascalentense, “quien tiene doble moral no tiene ninguna”.
02 Abril 2017 04:00:00
Refugiados y migrantes
El tramo es largo y los riesgos, siempre, son muchos y muy serios.

La gente que deja sus casas para buscarse la vida raramente lo hace por gusto. Son el hambre y el afán legítimo, natural además, se diría, de procurar mejorar las condiciones materiales de vida para sí y la familia, lo que mueve a los seres humanos a desplazarse lejos del hogar original.

El fenómeno, tan descarnadamente sentido por nosotros, es sin embargo universal, siempre dramático, invariablemente devastador.

Hay sitios donde, inclusive, la cara de la injusticia es extrema, como ocurre en el África.

Hace nos días se celebró en Barcelona un ciclo de conferencias organizado por la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi (HTSI), de la Universidad Ramón Llull, bajo el nombre, como cada año, de “Semana Ignaciana”, dedicado esta vez al tema “El derecho por la Paz y la No Violencia”.

En ella, el profesor del HTSI compartió sus experiencias en un campo de refugiados de Sudán del Sur, que vive una de las crisis alimentarias más graves del mundo en todos los tiempos.

Ahí, millones de personas han abandonado sus hogares a causa de la violencia. Y, según explicó el profesor Palazzi, los campos de refugiados se ubican “en medio de la nada”, y en ellos conviven alrededor de ciento cuarenta mil personas, de las cuales nada menos que cincuenta y cinco mil son niños y sesenta mil mujeres, porque la mayoría de los varones habían fallecido o estaban peleando
en la guerra.

En esos campos, abunda Palazzi, los niños “mostraban la misma alegría que nosotros pero ser niño en un país de guerra no es solo ser un niño, es estar expuesto a convertirte en niño soldado y ser reclutado a la fuerza”.

Antonio Soler, presidente de la Fundación por la Paz (FundiPau), en su turno insistió en que no solo es necesario reivindicar el “derecho de acogida” y fomentar la solidaridad, sino que hay que ir más lejos, imprescindiblemente, para remover las causas de la migración expelida por la injusticia y la violencia.

La convocatoria, certera y adecuada a mi juicio, de Soler fue para meditar –y actuar- sobre la raíz de las crisis recurrentes en esta materia, alrededor del mundo, enfatizando, con razón, que el problema central radica en “la crueldad del sistema que lo ocasiona”.

Él mismo postuló que la que llamó “fábrica de refugiados” pasa por diferentes niveles.

Uno de ellos, que a mi juicio es el medular, consiste en que tenemos un “sistema económico depredador que nos da calidad de vida a la mitad de la población gracias a la explotación y la miseria de la otra mitad”.

Tiene razón, como la tiene cuando afirma que de la responsabilidad por esta situación pesa sobre todos, en mayor o menor medida –aunque yo subrayaría que más sobre el “todo” que formamos- y la solución nos atañe por tanto a todos, participando de una manera u otra.

Sugiere soler que una buena medida es detectar quiénes son los principales “accionistas”, dijo, de la “sociedad anónima” que se beneficia de la situación, y denunciarlo, haciendo todo lo posible para limitar su capacidad de hacer el mal, sin menoscabo de hacer lo que esté en nuestras manos, por mínimo que sea, para aligerar el sufrimiento de los millones de gentes que se ven afectados por tan
grave injusticia.

En nuestro caso quizás no sea la guerra –aunque muchos países la del sur y regiones del nuestro padezcan una violencia equiparable- pero sin duda es la injusticia social patente en nuestra composición socioeconómica, que denota, cuando menos una doble moral insostenible, aunque se quiera revestir de defensa de las libertades y derechos que no pueden serlo si son excluyentes.

La doble moral es tan violenta como la guerra y todavía más perniciosa. Como hace muy poco oí de un sabio amigo aguascalentense, “quien tiene doble moral no tiene ninguna”.
26 Marzo 2017 04:06:00
Intereses creados
Existe una fuerte tendencia a decir que el principal problema de México es la corrupción, pero no he encontrado todavía un concepto de ella que sea satisfactorio a cabalidad; tampoco una referencia concreta a sus causas.

En cambio, lo común es que se le ubique en el ámbito de las transacciones económicas ilegales entre particulares y agentes del Gobierno y que se señale como su origen principal la impunidad. No suelen considerarse en esta categoría las prácticas indebidas que tienen lugar entre particulares exclusivamente.

En mi opinión, tal imprecisión y parcialidad se deben a que se pierde de vista que la corrupción es no otra cosa que el síndrome que acumula los síntomas patológicos propios de un mal que encuentra su causa en una serie compleja de vicios y deficiencias cuya raíz es socialmente profunda y muy intrincada.

Esa condición no es privativa de la economía, como tampoco es en ella que tiene lugar su origen. La fuente de todos los males está en un egoísmo exacerbado que sólo aparenta atenuarse en presencia de amenazas comunes a los intereses que se comparten con otros, entre ellos los económicos, que pueden ser los más aparentes, pero no los únicos.

No se trata nada más de una carencia de valores, como usualmente se afirma, sino de una distorsión grave de los existentes.

La solución no está en promulgar más leyes y generar nueva burocracia, sino en la depuración de los paradigmas corrompidos por la búsqueda de protección a los intereses ajenos al deber ético de propender, en conjunto, al desarrollo integral y pleno de lo que cada uno y el todo pueden llegar a ser.

Los “intereses creados” en disonancia con el general son un ejemplo típico y denotan vínculos que pueden ser fuertes o débiles, efímeros o duraderos, pero siempre basados en coincidencias particulares.

Entre ellos, uno de los entramados más fuertes es el que se da desde la vinculación familiar y se agrega en el vecindario, la escuela y los lazos de vida más íntimos de lo que podría bien llamarse “clase social”, especialmente entre quienes integran los círculos concéntricos de la llamada “pequeña burguesía” –aunque también en otros segmentos socioeconómicos tenga lugar– que han generado redes de complicidad muy productivas, revestidas de aparentes virtudes basadas en falsas constelaciones simbólicas que comúnmente blanden como pretexto para inconfesables –e inadmisibles– tráficos de influencias.

Esos intereses refuerzan el agrupamiento entre sus miembros y se vinculan, incluso en contra de las instituciones, cuando alguno de ellos ve amenazados sus privilegios ilegítimos, aunque sentidos como merecidos, así sea que el riesgo provenga de la aplicación justa de la ley, general por definición, y siempre agrupándose contra quienes ellos mismos consideran ajenos al grupo.

Se rigen los miembros de esos sectores de la comunidad por una doble moral, que se refleja indefectiblemente en sus intentos de justificación de conductas irresponsables, pretendiendo eludir las consecuencias de sus acciones esgrimiendo argumentos falaces, basados frecuentemente en falsas premisas basadas, por ejemplo, en cuestiones tales como una supuesta “dignidad”, al final denigrada por los actores mismos.

Eso es corrupción. Cuando se pierde el sentido del deber y no se siente la responsabilidad sobre los propios actos, se actúa gravemente contra la civilidad virtuosa y la cohesión se pierde, como se pierde la consistencia de los tejidos orgánicos en presencia de la gangrena.

Para combatirla se requieren, es cierto, medidas urgentes que la detengan, pero erradicarla demanda una redefinición de los referentes sociales de las conductas humanas, de tal manera que la cohesión sea un resultado “natural” y virtuoso en la vida comunitaria, y no una férula inútil si no es para sólo soportar un cuerpo carcomido por la putrefacción.

La sociedad demanda solidaridad perenne, no sólo cuando se enfrentan catástrofes generalizadas, y ello requiere de libertades ejercidas con responsabilidad y la erradicación de la impunidad para con quienes no la merezcan. Sólo así podrá alcanzarse una solución duradera.

¿Una entelequia? Quizás, pero más vale buscarla ya.
26 Marzo 2017 04:00:00
Intereses creados
Existe una fuerte tendencia a decir que el principal problema de México es la corrupción, pero no he todavía encontrado un concepto de ella que sea satisfactorio a cabalidad; tampoco una referencia concreta a sus causas.

En cambio, lo común es que se le ubique en el ámbito de las transacciones económicas ilegales entre particulares y agentes del gobierno y que se señale como su origen principal la impunidad. No suelen considerarse en esta categoría las prácticas indebidas que tienen lugar entre particulares exclusivamente.

En mi opinión, tal imprecisión y parcialidad se deben a que se pierde de vista que la corrupción es no otra cosa que el síndrome que acumula los síntomas patológicos propios de un mal que encuentra su causa en una serie compleja de vicios y deficiencias cuya raíz es socialmente profunda y muy intrincada.

Esa condición no es privativa de la economía, como tampoco es en ella que tiene lugar su origen. La fuente de todos los males está en un egoísmo exacerbado que solo aparenta atenuarse en presencia de amenazas comunes a los intereses que se comparten con otros, entre ellos los económicos, que pueden ser los más aparentes, pero no los únicos.

No se trata nada más de una carencia de valores, como usualmente se afirma, sino de una distorsión grave de los existentes.

La solución no está en promulgar más leyes y generar nueva burocracia, sino en la depuración de los paradigmas corrompidos por la búsqueda de protección a los intereses ajenos al deber ético de propender, en conjunto, al desarrollo integral y pleno de lo que cada uno y el todo pueden llegar a ser.

Los “intereses creados” en disonancia con el general son un ejemplo típico y denotan vínculos que pueden ser fuertes o débiles, efímeros o duraderos, pero siempre basados en coincidencias particulares.

Entre ellos, uno de los entramados más fuertes es el que se da desde la vinculación familiar y se agrega en el vecindario, la escuela y los lazos de vida más íntimos de lo que podría bien llamarse “clase social”, especialmente entre quienes integran los círculos concéntricos de la llamada “pequeña burguesía” –aunque también en otros segmentos socioeconómicos tenga lugar– que han generado redes de complicidad muy productivas, revestidas de aparentes virtudes basadas en falsas constelaciones simbólicas que comúnmente blanden como pretexto para inconfesables –e inadmisibles– tráficos de influencias.

Esos intereses refuerzan el agrupamiento entre sus miembros y se vinculan, incluso en contra de las instituciones, cuando alguno de ellos ve amenazados sus privilegios ilegítimos, aunque sentidos como merecidos, así sea que el riesgo provenga de la aplicación justa de la ley, general por definición, y siempre agrupándose contra quienes ellos mismos consideran ajenos al grupo.

Se rigen los miembros de esos sectores de la comunidad por una doble moral, que se refleja indefectiblemente en sus intentos de justificación de conductas irresponsables, pretendiendo eludir las consecuencias de sus acciones esgrimiendo argumentos falaces, basados frecuentemente en falsas premisas basadas, por ejemplo, en cuestiones tales como una supuesta “dignidad”, al final denigrada por los actores mismos.

Eso es corrupción. Cuando se pierde el sentido del deber y no se siente la responsabilidad sobre los propios actos, se actúa gravemente contra la civilidad virtuosa y la cohesión se pierde, como se pierde la consistencia de los tejidos orgánicos en presencia de la gangrena.

Para combatirla se requieren, es cierto, medidas urgentes que la detengan, pero erradicarla demanda una redefinición de los referentes sociales de las conductas humanas, de tal manera que la cohesión sea un resultado “natural” y virtuoso en la vida comunitaria, y no una férula inútil si no es para sólo soportar un cuerpo carcomido por la putrefacción.

La sociedad demanda solidaridad perenne, no sólo cuando se enfrentan catástrofes generalizadas, y ello requiere de libertades ejercidas con responsabilidad y la erradicación de la impunidad para con quienes no la merezcan. Sólo así podrá alcanzarse una solución duradera.

¿Una entelequia? Quizás, pero más vale buscarla ya.
12 Marzo 2017 04:03:00
Llamadas a misa
Seguramente ha oído –o leído– la frase “como llamadas a misa”, en referencia a las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos. Es claro el significado: llaman las campanas a misa, pero sólo va quien quiere.

Así, dicen, sucede con las recomendaciones mencionadas, puesto que su carácter no vinculatorio –es decir, no obligatorio– provoca que, aun en el caso de ser aceptadas por la autoridad, su eficacia como medida garante de los derechos fundamentales es muy relativa, incluso –expresan los críticos y detractores– nula.

Aunque se trata de un lugar común, muy socorrido por cierto, creo que vale la pena reflexionar sobre el tópico.

En primer lugar hay que decir que, entre los católicos, se tiene por obligatorio acudir a misa los días “de precepto”. Por eso, las campanas tañen como aviso, sin perder de vista que el libre albedrío da margen para que cada quien decida sobre cumplir con esa obligación o no. Nadie los lleva de la oreja precisamente por eso.

En la laica comunidad más amplia de la “polis” cada ser humano integrante de ella tiene derechos que deben ser respetados –y no sólo eso, sino garantizados– por las autoridades. Cuando alguna de ellas incurre en falta frente a tal deber, también ha de ser responsable de las consecuencias. Para eso no debería hacer falta la coerción.

Si nos ubicamos en la vida cotidiana, pensemos que si fuera necesario impeler por la fuerza el cumplimiento de las obligaciones de cada quien, la vida en comunidad sería un caos y no habría poder capaz de ordenarlo.

Eso pasa con las recomendaciones, que suponen madurez cívica entre las autoridades y también entre los ciudadanos, que en un ámbito de respeto a la civilidad cumplen con sus deberes sin necesidad de ser forzados a ello.

¿Que las autoridades aceptan, pero no cumplen las recomendaciones o simulan hacerlo? Eso es cierto en un indeseablemente elevado porcentaje: una de cada cinco, según los datos ya informados, se cumple a cabalidad.

La solución no está en la sanción, sino en el sentido del deber que dicta el interés general, tan perdido de vista tan –y frecuentemente– por quienes más deberían tenerlo: las autoridades.

En el seno de toda comunidad cívica, esas “llamadas a misa” no son tales, son llamadas de atención a quienes pierden de vista que su función está orientada y se justifica solamente en orden de garantizar ese interés general –que suele llamarse, también, “bien común”– para que rectifiquen yerros en su actuación, tan graves como es la ruptura del orden que deben guardar, pensado, precisamente, para ordenar la vida comunitaria en vista del respeto a los derechos de cada quien, y la garantía de su libertad en el espacio personal.

La madurez de una comunidad depende de la de sus integrantes. Si para que cada quien haga lo que debe hacer se necesitara ser compelido por la fuerza, no habría civilización alguna en el mundo.

En la edad adulta no hace falta –no debería de hacer– que se fuerce a la gente para que haga lo que le toca hacer. Igualmente ocurre con las comunidades. Otra cosa sería signo de inmadurez e incluso, en el extremo, de “estado fallido”.

¿Llamadas a misa? No, avisos de que se ha quebrantado la base fundamental de la convivencia civilizada, y exhortos a la responsabilidad de quien ocupa funciones de autoridad para que enderece el rumbo.

Si para cumplir con nuestras obligaciones se necesitara el tolete, pobre porvenir enfrentaría nuestra comunidad.

A pesar de ello, para mejor “motivar” a las autoridades –en beneficio de los ciudadanos– está en el Congreso del Estado, desde noviembre anterior, una iniciativa de ley que, entre otras cosas, propende a que, cuando menos las recomendaciones aceptadas sean obligatorias e impliquen responsabilidad por su incumplimiento.

¿Por qué no ha prosperado? Son tiempos electorales. Habrá que preguntarle a quien debe tener la respuesta.
12 Marzo 2017 04:00:00
La política y el voto
Se aproxima ya el inicio formal de las campañas para la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo del estado, aunque lo cierto es que la promoción y organización de los cuadros para ese fin han empezado ya y se desarrollan muy intensamente.

De suyo, desde el mes de diciembre anterior podía ya oírse la opinión de que habría que atender, por ejemplo, los trabajos legislativos antes del primero de diciembre, porque a partir de esa fecha “todo va a ser político”.

Dos reflexiones sugiere una posición tal, que son sin duda tan relevantes como trascendentes: Una, aquella que se refiere a la naturaleza de lo político; la otra, la necesidad de que el ejercicio ciudadano de acudir a las urnas se base en la reflexión razonada sobre lo que conviene a la comunidad y no movido por el impacto mercadotécnico o por expectativas irrealizables.

Respecto del primer punto, habrá que decir que no solo los procesos electorales son “política”, sino solo una faceta de un comportamiento que tiende a mover voluntades hacia proyectos relevantes para la comunidad, apetecibles por ser valiosos generalizadamente. Se trata, en suma, de transferir valores.

Eso es la política y por eso es que política por excelencia es la actividad legislativa, que al expedir las normas estructura, con carácter obligatorio, el sentido de la actividad gubernamental, sus límites y los límites a las libertades privadas que sean imprescindibles para asegurar una convivencia pacífica, respetuosa, equitativa y, en una palabra, ordenada.

Política es toda la actividad que los parlamentarios realizan al ser la voz de la gente en el análisis y discusión de los problemas sociales que afectan a la comunidad y deciden, cuando sea necesario, orientar las medidas de solución que a su juicio se requieran por la vía legislativa.

Es por eso que resulta tan importante la selección de aquellos y aquellas que, en conjunto, tendrán a su cargo la importantísima función de ser portadores de las aspiraciones, anhelos y voces de quienes, en un conjunto social, componen las comunidades que en los congresos son representadas.

La jornada electoral de junio, ya muy cercana, requerirá entonces de los votantes una reflexión profunda y muy seria sobre el futuro compartido que quieren, hecha además con los pies en la tierra, para evitar que su decisión termine en una ilusión que, en lugar de ser positiva para la comunidad, se traduzca en el beneficio de unos cuantos que puedan adueñarse de la situación en favor propio.

Un buen elemento para medir la perspectiva que ofrecen los aspirantes a puestos de elección popular es su actitud pública frente a la libertad de cada quien, que debe ser garantizada tanto como su derecho a no ser perturbada -que es también deber de no perturbar- por los derechos ajenos.

Ese equilibrio es básico para la convivencia virtuosa, y solo podrá conseguirse cuando se busque garantizar el interés general, que por definición incluye todo interés sectorial legítimo que en el seno de aquel aliente.

Hay vicios, por infortunio, que desvirtúan esa finalidad, mismos que -¡por supuesto!- tienden a ser encubiertos por expresiones de apariencia democrática, pero en el fondo de natural demagógico, cuando se evita el aseguramiento del cumplimiento del deber contrario de impelerlo. Hay que evitarlos, y la mejor forma de hacerlo es, en principio, mediante un voto razonado, fundado en el análisis de la información ya copiosa al alcance de cualquiera, y aun en la sospechosa carencia de aquella que no lo esté.

Ese es el primer paso, pero hace falta además el seguimiento de la gestión de los electos y acudir a los medios, jurisdiccionales o no jurisdiccionales, que sean necesarios para asegurar que en su desempeño cumplan efectivamente con el deber de respetar las libertades y garantizar los derechos de la gente.

La expresión inicial de la democracia es el voto. De que sea razonado, y vigilado el desempeño de quienes resulten electos, dependerá la política definitoria del futuro deseado.
12 Marzo 2017 04:00:00
Llamadas a misa
Seguramente ha oído –o leído- la frase “como llamadas a misa”, en referencia a las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos. Es claro el significado: Llaman las campanas a misa, pero sólo va quien quiere.


Así, dicen, sucede con las recomendaciones mencionadas, puesto que su carácter no vinculatorio –es decir, no obligatorio- provoca que, aun en el caso de ser aceptadas por la autoridad, su eficacia como medida garante de los derechos fundamentales es muy relativa, incluso –expresan los críticos y detractores- nula.


Aunque se trata de un lugar común, muy socorrido por cierto, creo que vale la pena reflexionar sobre el tópico.


En primer lugar hay que decir que, entre los católicos, se tiene por obligatorio acudir a misa los días “de precepto”. Por eso, las campanas tañen como aviso, sin perder de vista que el libre albedrío da margen para que cada quien decida sobre cumplir con esa obligación o no. Nadie los lleva de la oreja precisamente por eso.


En la laica comunidad más amplia de la “polis” cada ser humano integrante de ella tiene derechos que deben ser respetados –y no sólo eso, sino garantizados- por las autoridades. Cuando alguna de ellas incurre en falta frente a tal deber, también ha de ser responsable de las consecuencias. Para eso no debería hacer falta la coerción.


Si nos ubicamos en la vida cotidiana, pensemos que si fuera necesario impeler por la fuerza el cumplimiento de las obligaciones de cada quien, la vida en comunidad será un caos y no habría poder capaz de ordenarlo.


Eso pasa con las recomendaciones, que suponen madurez cívica entre las autoridades, y también entre los ciudadanos, que en un ámbito de respeto a la civilidad cumplen con sus deberes sin necesidad de ser forzados a ello.


¿Qué las autoridades aceptan, pero no cumplen, las recomendaciones, o simulan hacerlo? Eso es cierto en un indeseablemente elevado porcentaje: una de cada cinco, según los datos ya informados, se cumple a cabalidad.


La solución no está en la sanción, sino en el sentido del deber que dicta el interés general, tan perdido de vista tan –y frecuentemente- por quienes más deberían tenerlo: las autoridades.


En el seno de toda comunidad cívica, esas “llamadas a misa” no son tales; son llamadas de atención a quienes pierden de vista que su función está orientada y se justifica solamente en orden de garantizar ese interés general –que suele llamarse, también, “bien común”- para que rectifiquen yerros en su actuación, tan graves como es la ruptura del orden que deben guardar, pensado, precisamente, para ordenar la vida comunitaria en vista del respeto a los derechos de cada quien, y la garantía de su libertad en el espacio personal.


La madurez de una comunidad depende de la de sus integrantes. Si para que cada quien haga lo que debe hacer se necesitara de ser compelido por la fuerza, no habría civilización alguna en el mundo.


En la edad adulta no hace falta –no debería de hacer- que se fuerce a la gente para que haga lo que le toca hacer. Igualmente ocurre con las comunidades. Otra cosa sería signo de inmadurez e incluso, en el extremo, de “estado fallido”.


¿Llamadas a misa? No, avisos de que se ha quebrantado la base fundamental de la convivencia civilizada, y exhortos a la responsabilidad de quien ocupa funciones de autoridad para que enderece el rumbo.


Si para cumplir con nuestras obligaciones se necesitara el tolete, pobre porvenir enfrentaría nuestra comunidad.


A pesar de ello, para mejor “motivar” a las autoridades -en beneficio de los ciudadanos- está en el Congreso del Estado, desde noviembre anterior, una iniciativa de ley que, entre otras cosas, propende a que, cuando menos las recomendaciones aceptadas, sean obligatorias e impliquen responsabilidad por su incumpliendo.


¿Por qué no ha prosperado? Son tiempos electorales. Habrá que preguntarle a quien debe tener la respuesta.
05 Marzo 2017 04:06:00
Un nuevo sentido empresarial
Ante la evidente crisis del capitalismo liberal, tanto como la debacle del comunismo marxista y los fallidos intentos de la “tercera vía” socialdemócrata, es necesario encontrar alternativas que abran opciones viables.

Un buen intento en ese sentido ofrece el profesor austriaco Christian Felber, quien ha sostenido que el sistema económico actual es perverso y beneficia comportamientos que no son éticos.

Entrevistado recientemente por Europa Press (
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-christian-felber-sistema-economico-actual-perverso-beneficia-comportamientos-no-eticos-20170227131435.html), Felber sostuvo que es necesario promover “un cambio radical en la lógica del sistema económico actual”, en el que “las empresas no funcionen como hasta ahora: compitiendo unas contra otras y buscando el máximo beneficio económico, pues esa lógica conlleva comportamientos contrarios al bien común”, porque, sostiene, los sistemas económicos no son neutrales, sino que suelen favorecer o impedir que salga lo mejor del ser humano.

Propone, para reencauzar la actividad económica, un camino “moderado”, que hace consistir en uno que se base en los mejores valores aptos para hacer florecer las relaciones entre los seres humanos: confianza, honestidad, responsabilidad, cooperación, compasión, democracia y generosidad, que según su propuesta pueden medirse mediante un sistema que él ha denominado “balance del bien común”.

El modelo de Felber se llama “economía del bien común”, y busca cambiar las reglas del juego basadas en el afán de lucro y la competencia por los mercados, por un modelo en el que priven la cooperación y la contribución en función de aquello que en la corriente escolástica del pensamiento ha dado en llamarse “bien común”.

Por la terminología que emplea y el sentido de sus enunciados, es fácil la identificación de esa propuesta con los postulados de la doctrina social cristiana y su visión basada en la función social de la propiedad privada, pero en modo alguno descalifica ese aspecto su valor sintético entre los extremos descarnados de las doctrinas enarboladas durante la guerra fría, que acreditaron su total fracaso en términos de humanismo, especialmente si se tiene en cuenta la visión innovadora que el autor de la idea ofrece cuando específica que su modelo no es hermético ni anquilosado, sino, por el contrario, abierto a la evolución y a la recepción de toda aquella modificación que, congruentemente con sus principios, propenda a los fines que su propuesta pretende alcanzar.

“La economía actual convierte los medios en fines. El dinero –el beneficio financiero y el PIB– es el fin, y entonces los valores que servimos son el egoísmo, el crecimiento ilimitado, el ir unos contra otros, la desigualdad ilimitada... Estos valores no están en ninguna Constitución, filosofía o religión del mundo y es un sistema de valores que la sociedad no quiere. Los valores fundamentales que la inmensa mayoría quiere para la economía son justicia, solidaridad, sostenibilidad y democracia”, dice, y tiene razón.

La dinámica actual puede –y debe revertirse– mediante una estrategia que involucre, colaborativamente, a todos los actores sociales y reoriente sus actividades hacia el bien común, para “generar una nueva dinámica: de la escasez a la satisfacción, de la competencia a la cooperación, del exceso al equilibrio”.

La propuesta no es nueva, vistas sus raíces escolásticas, pero en un momento en el que la globalidad ha roto toda barrera a la voracidad acumulativa de un capitalismo feroz, que además no enfrenta límite normativo alguno a su codicia implícita, es refrescante retomar, como alternativa posible, una opción humanística que realza la necesidad de recobrar una perspectiva existencial equitativa y virtuosa.

La opción no es panacea, pero tampoco es utópica, sino más bien, cuando se le observa con atención, enteléquica, porque más que irrealizable ilusión, es un redireccionamiento del potencial humano en el sentido correcto para andar hacia la conversión en acto el potencial de cada comunidad y de todas en el mundo, integradas en un solo sistema de gran complejidad.

Será difícil llegar a ese estado de cosas, pero hay que recordar que el que persevera alcanza y el que porfía mata venado.
05 Marzo 2017 04:00:00
Un nuevo sentido empresarial
Ante la evidente crisis del capitalismo liberal, tanto como la debacle del comunismo marxista y los fallidos intentos de la “tercera vía” socialdemócrata, es necesario encontrar alternativas que abran opciones viables.

Un buen intento en ese sentido ofrece el profesor austriaco Christian Felber, quien ha sostenido que el sistema económico actual es perverso y beneficia comportamientos que no son éticos.

Entrevistado recientemente por “Europa Press” (
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-christian-felber-sistema-economico-actual-perverso-beneficia-comportamientos-no-eticos-20170227131435.html), Ferber sostuvo que es necesario promover “un cambio radical en la lógica del sistema económico actual”, en el que “las empresas no funcionen como hasta ahora: competiendo unas contra otras y buscando el máximo beneficio económico, pues esa lógica conlleva comportamientos contrarios al bien común”, porque, sostiene, los sistemas económicos no son neutrales, sino que suelen favorecer o impedir que salga lo mejor del ser humano.

Propone, para reencauzar la actividad económica, un camino “moderado”, que hace consistir en uno que se base en los mejores valores aptos para hacer florecer las relaciones entre los seres humanos: Confianza, honestidad, responsabilidad, cooperación, compasión, cooperación, democracia y generosidad, que según su propuesta pueden medirse mediante un sistema que él ha denominado “Balance del Bien Común”.

El modelo de Felber se llama “Economía del Bien Común”, y busca cambiar las reglas del juego basadas en el afán de lucro y la competencia por los mercados, por un modelo en el que priven la cooperación y la contribución en función de aquello que en la corriente escolástica del pensamiento ha dado en llamarse “bien común”.

Por la terminología que emplea y el sentido de sus enunciados, es fácil la identificación de esa propuesta con los postulados de la doctrina social cristiana y su visión basada en la función social de la propiedad privada, pero en modo alguno descalifica ese aspecto su valor sintético entre los extremos descarnados de las doctrinas enarboladas durante la guerra fría, que acreditaron su total fracaso en términos de humanismo, especialmente si se tiene en cuenta la visión innovadora que el autor de la idea ofrece cuando específica que su modelo no es hermético ni anquilosado, sino, por el contrario, abierto a la evolución y a la recepción de toda aquella modificación que, congruentemente con sus principios, propenda a los fines que su propuesta pretende alcanzar.

“La economía actual convierte los medios en fines. El dinero -el beneficio financiero y el PIB- es el fin, y entonces los valores que servimos son el egoísmo, el crecimiento ilimitado, el ir unos contra otros, la desigualdad ilimitada...Estos valores no están en ninguna Constitución, filosofía o religión del mundo y es un sistema de valores que la sociedad no quiere. Los valores fundamentales que la inmensa mayoría quiere para la economía son justicia, solidaridad, sostenibilidad y democracia”, dice, y tiene razón.

La dinámica actual puede -y debe revertirse- mediante una estrategia que involucre, colaborativamente, a todos los actores sociales y reoriente sus actividades hacia el bien común, para “generar una nueva dinámica: De la escasez a la satisfacción, de la competencia a la cooperación, del exceso al equilibrio”.

La propuesta no es nueva, vistas sus raíces escolásticas, pero en un momento en el que la globalidad ha roto toda barrera a la voracidad acumulativa de un capitalismo feroz, que además no enfrenta límite normativo alguno a si codicia implícita, es refrescante retomar, como alternativa posible, una opción humanística que realza la necesidad de recobrar una perspectiva existencial equitativa y virtuosa.

La opción no es panacea, pero tampoco es utópica, sino más bien, cuando se le observa con atención, enteléquica, porque más que irrealizable ilusión, es un redireccionamiento del potencial humano en el sentido correcto para andar hacia la conversión en acto el potencial de cada comunidad y de todas en el mundo, integradas en un solo sistema de gran complejidad.

Será difícil llegar a ese estado de cosas, pero hay que recordar que el que persevera alcanza y el que porfía mata venado.
26 Febrero 2017 04:02:00
El Sistema Nacional Anticorrupción
Da sus primeros pasos el Sistema Nacional Anticorrupción, y a veces se antojan tímidos. Ojalá que eso sea fruto de la prudencia y no de causas inconfesables.

No es el primer intento que se hace desde la cúspide para abatir normativamente el problema, expidiendo leyes y creando burocracia, para incurrir a la postre en una efectividad nula, porque si en la apariencia se queda el intento, el mal, lejos de remitir, se agrava por el disfraz que los placebos le ofrecen.

Ninguna ley, ningún sistema burocrático será eficaz mientras no sea permeada la médula misma de la sociedad, su cultura, de modo que el apetito que mueva las conductas, en general, sea el que conduzca al decoro, una noción que, como la moral, suena hueca para muchos y parece que ha cedido su paso al pragmatismo vulgar y espurio que se ha construido en torno de la riqueza económica, que cada vez con más claridad se deja ver como inversamente proporcional a la que de veras vale y se rige por parámetros de honor y justicia.

Que no sea el temor al castigo lo que inhiba las conductas indebidas, sino el sentido del deber solidario, con uno mismo –aunque a veces parezca fútil mencionarlo– y con los otros, que en una sociedad que no esté enferma, también lo tienen, de manera que eso genera confianza y produce comunidad.

No se trata de ser ingenuo ni de pecar de lenidad, sino de impulsar tradiciones fincadas en la conciencia de los deberes propios, sin necesidad de que evitar la sanción sea el aliciente para actuar como es debido. Que así sean las cosas es interés de todos, es de interés general.

Aunque todavía existe gente que contrapone a la moral y al derecho, es imposible pasar por alto que ambas nociones significan especies del mismo género, por lo que cualquier búsqueda de corrección tiene que ser fincada sobre premisas de compatibilidad.

Pero es evidente que eso no basta, porque la ni la más congruente construcción formal será efectiva si no se lleva a la práctica, y en este punto es necesario tener en cuenta que, sin un efectivo y generalizadamente voluntario cumplimiento de los deberes de convivencia, ninguna medida legislativa, por amplia que sea, surtirá el efecto que dice desear.

Cuando se adueñan de la sociedad los antivalores, el pacto social que permite el transcurso de la vida comunitaria se trastoca y puede poner en peligro la permanencia misma del ente social. Si acaso eso ocurre entre quienes, por la función que se ha delegado en ellos, debieran ser custodios de los mismos, las cosas se ponen graves en extremo; por eso, cuando confluyen en su quehacer el interés general que a su cuidado se ha puesto, con intereses privados, prevenir la mera sospecha de colisión de intereses se vuelve un imperativo inexcusable.

Han sido ya muchas las normas que dicen propender a la erradicación de la corrupción. Si hubieran sido aplicadas, habrían podido ser eficaces, pero la historia demuestra que no ha sido así, sino al contrario: la práctica ha sido su empleo en ocasiones contadas, para peor, para venganza o fines poco confesables.

Así no podrá caminarse jamás en el buen sentido, y en cambio las condiciones tenderán a empeorar. La naturaleza del mal reside en los vicios que se han hecho habituales, trastocando valores tradicionales que en el bien generalizado se basan, y si bien la impunidad es un pernicioso aliciente de la corrupción, el combate contra ella no puede consistir nada más en perseguir delincuentes y escarmentarlos.

Sólo si la disfunción en las causas logra enderezarse, los vicios indeseables podrán erradicarse, y eso se logra –no de otra manera– sino desde la tradición educacional de valores verdaderamente sentidos y vividos, reforzados e impulsados por el vehículo de la educación y el ejemplo que los exalten, suprimiendo además, de verdad y sin excepciones, el negativo incentivo de la impunidad.

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