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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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17 Noviembre 2017 04:08:00
Visiones encontradas
La tensión y la incertidumbre por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aumentan conforme se aproxima el 30 de noviembre, término del sexenio de Rubén Moreira. En ese ambiente, Miguel Riquelme se prepara para asumir el poder –un día después–, seguro de que el Tribunal revalidará su victoria. Por su parte, el Frente por un Coahuila Digno (FCD) presiona para evitarlo, lo cual sucederá sólo si la sala superior anula el proceso por el rebase en los topes de campaña del priista y otros agravios. El diario español El País publicó este jueves una entrevista de Luis Pablo Beauregard con los excandidatos Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero y José Ángel Pérez.

La demora del TEPJF ha desgastado a los agentes políticos e impacientado a la sociedad. Líderes partidistas y excandidatos se reúnen con los magistrados y acuden a los medios de comunicación para defender sus argumentos, los cuales se han vuelto redundantes. La lentitud del Tribunal da pábulo a todo tipo de especulaciones. “La Sala Superior resolverá a favor del PRI en la última semana de noviembre para evitar protestas sociales y de la oposición”, dicen unos. “El presidente Peña no soltará Coahuila”, afirman otros. “La elección se anulará para fortalecer y dar credibilidad a instituciones desacreditadas (INE y TEPJF) y certeza en los comicios presidenciales de 2018”, sostienen algunos. “El gobernador interino será nombrado desde Ciudad de México”, susurran quienes apuestan por la nulidad.

La elección de gobernador de 2005 también se decidió en el TEPJF. El PAN y el PRD impugnaron el cómputo estatal, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a Humberto Moreira (HM). Acción Nacional, cuyo candidato fue Jorge Zermeño, demandó anular los comicios por actos anticipados de campaña, rebase en los gastos de campaña, promoción de obra pública del gobierno de Enrique Martínez en la Comarca Lagunera, robo de boletas, participación de personas no autorizadas en la recepción de votos y trato inequitativo de los medios de comunicación, en particular de RCG, uno de los temas críticos para el PRI.

Los comicios fueron el 25 de septiembre de 2005 y el Tribunal confirmó el triunfo de HM el 23 de noviembre, una semana antes del cambio de Poder Ejecutivo. El TEPJF informó en un comunicado: “En virtud de que en los hechos no se demostró el exceso en el tope de gastos de campaña, la Sala Superior no acogió la pretensión del PAN. No obstante, se consideró que el Tribunal Electoral del Estado sí debió haber estudiado las alegaciones planteadas por el partido político”. Más adelante, advierte: (…) “demostrada la irregularidad cometida por la televisora (RCG), se determinó dar vista a la Secretaría de Gobernación, por ser el órgano competente para vigilar las transmisiones de radio y televisión (…) para los efectos legales correspondientes”. (…) En general, los integrantes de la Sala Superior coincidieron en la relevancia que están jugando los medios de comunicación en los procesos electorales”.

El caso no atrajo ni con mucho la atención captada en el proceso del 4 de junio de este año –el más competido en la historia de Coahuila– entre otras razones porque HM aventajó a Zermeño por 172 mil votos (19.7%) y Riquelme a Anaya por menos de 30 mil, pero aun así existió el temor de la nulidad por la influencia que el presidente Fox pudiera ejercer sobre los magistrados del TEPJF. Finalmente, la Sala Superior se decantó por Moreira.
15 Noviembre 2017 04:08:00
El mensaje de Otárola
A 16 días para el cambio de Gobierno, el PRI y el Frente por un Coahuila Digno (FCD) tienen puesta su atención en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos magistrados recibieron a sus dirigentes el lunes pasado. Los primeros presentaron pruebas para “demostrar puntualmente” que el rebase del 9.2% en el tope de gastos de campaña de Miguel Riquelme “no tiene nada de nuevo”.

Los 84 videos de Facebook “ya fueron fiscalizados” y el Instituto Nacional Electoral (INE) “acreditó (el 17 de julio) que no tenía consecuencia jurídica alguna”, aseguró el líder del PRI Enrique Ochoa, según un comunicado de su partido.

El FCD pidió a los magistrados resolver las impugnaciones con imparcialidad y “sin ningún tipo de presión”. Los excandidatos Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas advierten que la elección para gobernador debe anularse, pues el último dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, aprobado el 30 de octubre, fijó en 9.2% el sobregasto en la campaña de Riquelme, lo cual es causal de anulación según el artículo 41 de la Constitución.

Guadiana duda de la imparcialidad del TEPJF, y anunció para este miércoles “una nota importantísima (en medios nacionales)” para convencer a los magistrados de que la elección debe anularse “porque no hay de otra sopa”.

Después de su reunión con los magistrados de la sala superior, en la cual lo acompañó el gobernador electo Miguel Riquelme, Ochoa dijo que el tema de los gastos de campaña es “cosa juzgada”; negó que la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso tenga conflicto de interés por haber tomado un curso cuando él dirigía el Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, y que “Miguel Riquelme será (…) el próximo gobernador de Coahuila el primer día de diciembre”.

Riquelme, por su parte, rechazó que las impugnaciones vayan a restarle legitimidad a su gobierno. “Al contrario (…) una resolución del Tribunal es una gran legitimización”. En tal sentido, su mensaje no es para los excandidatos agrupados en el FDC, sino para los coahuilenses: “Acudimos ante el Tribunal para aportar los elementos necesarios de prueba de que no rebasamos el tope de gastos de campaña (…). Esperaré la resolución del Tribunal, tengo confianza en las autoridades electorales (…) y así lo he manifestado (…) sobre todo cuando terminó el proceso y cuanto con votos ganamos la elección en Coahuila”.

En este contexto, la presidenta del TEPJF, Janine Otárola Malassis, presentó ayer su primer informe, sin referirse al caso de Coahuila, pero sí a un reclamo nacional: “La sociedad requiere de árbitros administrativos creíbles y eficaces; también exige árbitros jurisdiccionales fuertes, independientes e imparciales y que velen por el estado de derecho”. Sin embargo, de alguna manera preparó el camino para la resolución del Tribunal, pues la revalidación del triunfo de Miguel Riquelme o la nulidad de las elecciones exacerbará los enconos sociales y políticos –“propios de toda democracia”–: “No buscamos el aplauso, ni huimos la crítica, nos sometemos siempre al escrutinio estricto y exigente de los actos políticos y de la ciudadanía”.

Para Otárola, según el comunicado del TEPJF, los 9 mil 375 asuntos que se presentaron en las elecciones de junio pasado en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, casi igual al número de impugnaciones registradas en los 22 procesos de 2016, “refleja la confianza que tienen los actores en la labor del Tribunal Electoral”.

Pero mientras el Tribunal Electoral no resuelva en definitiva las elecciones para gobernador, Coahuila, el PRI y el FCD estarán sobre en ascuas.
14 Noviembre 2017 04:06:00
Tribunal en la picota
La grisura del Tribunal Electoral del Estado (TEE) fue puesta de relieve en las redes sociales tras avalar el 24 de octubre –por votación de 2 a 1– la declaratoria de gobernador electo de Miguel Riquelme, en una sesión apresurada, la cual convocó en estrados, casi en sigilo, no obstante su relevancia. Mientras a escala nacional a Santiago Nieto se le tomaba como modelo de funcionario y víctima del poder político por su arbitraria destitución como fiscal para delitos electorales, el presidente del “tribunalito”, Valeriano Valdés, era calificado de “traidor” por el sentido de su voto junto con el de la magistrada Elena Treviño.

Antes de la sesión empezaron a circular imágenes de los dos magistrados y de Ramón Guridi –el único que votó por la anulación– con la leyenda: “Ellos quieren decidir el futuro de Coahuila”. En la parte inferior de una fotografía de la marcha del 6 de junio contra el “fraude electoral”, aparece una advertencia: “Pero somos nosotros los que decidimos”. En otro meme se presenta al presidente del tribunal local: “Soy Valeriano Valdés Cabello y vendí el futuro de Coahuila”.

La decisión del TEE –impugnada por el PAN y el candidato independiente Javier Guerrero ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– exacerbó el enojo social. El gobernador Rubén Moreira declaró que “las resoluciones (…) electorales han sido las esperadas a favor de Riquelme y las que vienen (por parte de los magistrados federales) también lo serán”. Sin citarlos por sus nombres, Moreira retrató así a los líderes del Frente por un Coahuila Digno (FCD): “Está el mal empresario (Armando Guadiana), un júnior (Guillermo Anaya), un priista (Javier Guerrero) que se separa del partido y me va a pedir el aval para ser gobernador (…). También hay dos personajes raros, entre la comparsa y la comedia (Luis Horacio Salinas y José Ángel Pérez). (…) No son líderes sociales, son oportunistas (…). Por eso no han tenido eco”. (Milenio Laguna, 26.10.17)

Tras la resolución del TEE se difundió un mensaje con los símbolos de alerta y el trébol radioactivo: “¿Quiénes son los magistrados del Tribunal Electoral de Coahuila? Ramón Guridi votó a favor de anular la elección de Gobernador por violaciones graves a principios constitucionales. Valeriano Valdés Cabello. Hermana y cuñado del funcionario poseen una empresa que celebró contratos con Gobierno Federal entre 2012 y 2015. Grupo Strova, S.A, de C.V. ¡Votó en contra! (de la nulidad).

“Elena Treviño Ramírez. Hermana y cuñado de la funcionaria poseen empresa que celebró contratos con Gobierno Estatal entre 2010 y 2015. R.G. Ingeniería, construcciones y avalúos, S.A. de C.V. ¡Votó en contra! (de la anulación). ¿Tribunal Electoral autónomo? Gozarán de una pensión vitalicia por haber desempeñado 7 años de servicio en el Tribunal” (sic).

En algunas columnas políticas trató de descalificarse a Guridi –quien, acaso sin proponérselo, se convirtió en ese momento en el Santiago Nieto del TEE– por supuestos nexos con el PAN. La argumentación del magistrado sobre su voto por la nulidad llegará al TEPJF, donde se resolverá en definitiva si las elecciones para gobernador se revalidan, o bien Coahuila regresa a las urnas el año próximo para reponer el proceso –impugnado incluso más que el del Estado de México celebrado el mismo 4 de junio.

Por su parte, Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas, del (FCD), se reunieron este lunes con los siete magistrados del TEPJF “para insistir en la anulación de la elección a gobernador por todas las irregularidades”.
13 Noviembre 2017 04:06:00
Oleada antisistémica
La renuncia de Margarita Zavala al PAN es un reflejo de la crisis de los partidos, no sólo en América Latina, donde la democracia ha servido de coartada para perpetuar gobiernos autoritarios, represivos y corruptos e incluso para transmitir el poder entre esposos. Son los casos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela; Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, y Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, el primero de los cuales devino en dictadura y quiebra económica e institucional.

El fenómeno es global y afecta a las democracias más antiguas y maduras como las de Estados Unidos y Reino Unido. Las ideologías han sido suplantadas por un pragmatismo ramplón, que en vez de solucionar problemas pospone su arreglo o, peor aún, los eterniza.

En Grecia, España, Estados Unidos, Francia y otros países, la sociedad –sobre todo, los jóvenes– se ha manifestado contra los partidos tradicionales a los cuales reprocha su quietismo, su falta de autocrítica, la corrupción de las cúpulas y su escasa representatividad.

El desprestigio de la política, la venalidad y la desesperanza social; la concentración de la riqueza y el deterioro del bienestar de las mayorías –jóvenes y pobres–, producto del neoliberalismo; la emigración y otros conflictos han despertado los nacionalismos con su carga de odio y prejuicios étnicos y religiosos, e instalado en el poder a líderes radicales y populistas como Alexis Tsipras, en Grecia, y Donald Trump, en Estados Unidos. En Francia, Marine Le Pen estuvo a un paso de ganar la Presidencia. La salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) y el separatismo de Cataluña responden a la misma lógica aislacionista.

El resurgimiento de líderes mesiánicos (Trump en Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador en México, Hugo Chávez en Venezuela…) y el ascenso de fuerzas políticas emergentes, propulsadas por movimientos sociales y juveniles, es otra de las consecuencias de la crisis de los partidos y de la oleada antisistémica que recorre el mundo. Fue el caso de los indignados en España y de la Primavera Árabe, la cual derrocó varias dictaduras. En México, el efecto de los sismos del 7 y el 19 de septiembre, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la corrupción e impunidad en las altas esferas del poder y otros escándalos, se verá en las elecciones presidenciales del año próximo.

El Partido Popular (PP) y el Socialista Obrero Español (PSOE), únicos que hasta hoy se han alternado el poder, fueron severamente castigados en 2015, pues sólo captaron el 28 y el 22% de los votos, respectivamente. Podemos (13.9) y Ciudadanos (12.6) reconformaron las Cortes Generales y pusieron contra la pared al presidente Mariano Rajoy, cuya investidura fue posible hasta la celebración de nuevas elecciones (el año pasado) y una serie de acuerdos con Ciudadanos para atacar la corrupción e impulsar la regeneración de España.

En Francia, el bipartidismo de los republicanos y los socialistas fue derrotado por ¡En Marcha!, de nueva creación, cuyo fundador Emmanuel Macron (39 años) ganó la Presidencia. El segundo lugar lo obtuvo Marine Le Pen, de la misma línea de Trump. El repudio hacia los partidos anquilosados y corruptos es abrumador y se refleja en todo el mundo. En México, sin distinguirse mucho del PRI, el PAN y el PRD, Morena y López Obrador catalizan el enojo ciudadano contra una clase política cínica y venal.
11 Noviembre 2017 04:07:00
A paso de tortuga
La elección para gobernador no sólo resultó ser la más competida, sino también la más tensa y de mayor desgaste para partidos, candidatos y ciudadanos debido a los vicios del sistema electoral (estatal y federal), a su falta de independencia del Gobierno y de los partidos y a la demora de las autoridades para resolver las controversias. El 4 de noviembre se cumplieron 5 meses de los comicios y aún se desconoce si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmará al priista Miguel Riquelme como gobernador electo o anula el proceso y ordena convocar elecciones extraordinarias.

En ese escenario, los excandidatos Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas, del Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), forzaron al Tribunal Estatal Electoral (TEE) a sesionar el 24 de octubre para resolver las impugnaciones, lo cual había pospuesto indefinidamente. La dilación reducía el margen del TEPJF para dictar sentencia.

La sesión del TEE duró menos de 3 horas, poco tiempo si se considera el número de impugnaciones (40 contra el cómputo de votos) y agravios (15, relacionados con el exceso de gastos en la campaña del PRI, el traslado irregular de paquetes electorales y la intromisión del Gobierno), los cuales fueron acumulados en dos ponencias. Los magistrados declararon válida la elección por dos votos contra uno y, por consecuencia, la victoria de Riquelme.

El magistrado Ramón Guridi apoyó la anulación “por violaciones a principios constitucionales” y otros argumentos útiles para la resolución del TEPJF. “Ningún actor político –dijo– merece tener un proceso electoral tan desaseado”. El presidente del tribunal local, Valeriano Valdés, y la consejera Elena Treviño incurrieron en vaguedades. “De que hubo irregularidades las hubo, pero no lo suficientemente graves”, dijo el primero. Para la segunda, los agravios denunciados por las oposiciones fueron simplemente inexistentes.

Anaya, Guerrero y Guadiana impugnaron la resolución ante el TEPJF y continuaron sus protestas para demandar la nulidad de los comicios. El 28 de octubre, junto con Pérez y Salinas, encabezaron una manifestación en Torreón, donde el PAN ganó la alcaldía después de ocho años de administraciones priistas dirigidas por Eduardo Olmos y Riquelme. La metrópoli lagunera cobró viejos agravios, pues el PRI también perdió los cuatro distritos.

En su columna “Archivo adjunto” Luis F. Salazar Woolfolk refleja el ánimo de algunos sectores del estado: “…a los coahuilenses nos corresponde seguir en pie de lucha para revertir la resolución adversa dictada por el Tribunal Electoral del Estado, (…) lograr la anulación de los comicios de gobernador ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y celebrar nuevas elecciones que nos permitan la alternancia y superar los tiempos del odioso moreirato” (El Siglo de Torreón, 25-10.17).

Rubén Moreira se declaró gobernador lagunero y convirtió a Torreón en sede alterna para eclipsar a los alcaldes de Saltillo Jericó Abramo (PRI) e Isidro López (PAN) y preparar su relevo. También compró casa en Viesca, pero aun así no conquistó La Laguna, y el 4 de junio se lo demostró en las urnas. El 30 de octubre, el INE dictaminó un rebase extra de 9.2% en los gastos de Riquelme y revivió el fantasma de la anulación. El excandidato del PAN Guillermo Anaya rebasó el tope en 8.7%. La atención está ahora en el TEPJF.
10 Noviembre 2017 04:08:00
Elecciones en vilo
En un clima de descomposición política y crispación social, empeorado por el manotazo autoritario para despedir al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto; el caso Odebrecht, que involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en una red internacional de sobornos a partidos y gobiernos, y otros escándalos, en los próximos días se conocerá la sentencia definitiva sobre las elecciones para gobernador de Coahuila después de una prolongada espera.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá antes del 30 de noviembre –víspera del relevo en el Poder Ejecutivo– si confirma el resultado de la elección más controvertida en la historia del estado o lo anula por las impugnaciones del PAN y otras fuerzas de oposición, luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) ratificó el triunfo del priista Miguel Riquelme el 24 de octubre.

El PRI ganó por un margen de 2.3%, el menor desde su creación hace 88 años. En caso de que el TEPJF ratifique la sentencia de los magistrados locales, Riquelme encabezará el primer Gobierno dividido, pues las oposiciones serán mayoría en el próximo Congreso. Pero si la sala superior vota por la anulación, la Legislatura en funciones nombrará un gobernador interino y en un lapso de 90 días se convocará a nuevas elecciones. Sería el primer precedente en un estado gobernado por el PRI desde 1929, periodo durante el cual sólo tres mandatarios han dejado inconcluso su ejercicio (dos por renuncia y uno por suicidio).

La controversia entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF se centró en el rebase de los gastos de campaña de Riquelme, a pesar de existir violaciones y agravios más relevantes, denunciados por los excandidatos de oposición agrupados en el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC). Exceder en 5% o más el monto autorizado (en Coahuila es de 19.2 millones de pesos) es causal de nulidad de elecciones federales y locales, y determinante “cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%”, advierte el Artículo 41 de la Constitución. Después de la anulación de 67 casillas, ordenada por el TEE, Riquelme aventajó a Anaya por 18 mil 760 votos, equivalentes a menos del 2%. En caso de nulidad –dice la norma– “se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.

El INE dictaminó el 3 de octubre que Riquelme había rebasado en 10.5% el límite de gasto. Dos días después, el TEPJF ordenó al INE descontarle al priista erogaciones por 1.7 millones de pesos, lo cual redujo a 1.6% el sobregasto y cerró por lo pronto la posibilidad de anular su triunfo. La advertencia de la sala superior, en el sentido de que “la decisión no prejuzga sobre la validez de la elección” y de que “aún faltan por resolverse diversas etapas relativas a la calificación”, no satisfizo al INE.

Revocar el dictamen “abre el riesgo de que esta práctica incorrecta quede legitimada porque se podrá dispersar el gasto y sólo habrá una sanción”, reprochó Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE. Para la consejera electoral Pamela San Martín, “eso que nos resolvió el Tribunal, va más allá del caso concreto; es una tragedia porque estamos permitiendo que los partidos decidan pulverizar gastos” (Reforma, 21.10.17).
08 Noviembre 2017 04:07:00
El informe y la tormenta
El gobierno de Rubén Moreira ya había activado los flaps para un aterrizaje suave con la seguridad –fingida o no– de que el timón lo tomaría Miguel Riquelme, cuando de pronto lo sorprendió una turbonada, fenómeno que a menor altura resulta más peligroso. En el peor momento, pues el TEPJF está por resolver si revalida las elecciones para Gobernador o las anula, en un clima nacional de crispación y en medio de múltiples presiones. El chubasco lo ocasionaron:

1. El estudio Control sobre todo el Estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros de los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río, de la Universidad de Texas, sobre los presuntos nexos del cártel con los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, consistentes en el pago de sobornos para operar con entera libertad. Las declaraciones son de testigos que participaron en juicios federales en los cuatro últimos años.

La investigación trata de temas, hechos y denuncias sobre asesinatos en masa y violaciones a los derechos humanos, ocultos hasta que la prensa internacional destapó la cloaca, como las masacres en Allende y en el Cereso de Piedras Negras, donde se disolvían cadáveres. Incluso se advierte que la fuga de más de 100 reclusos, el 17 de septiembre de 2012 –primer año de la actual Administración– no fue tal, sino en método forzoso de reclutamiento para el grupo criminal; y

2. La revelación del periodista Luis Carlos Plata, en redes sociales, de que la responsable del proyecto de resolución sobre las controvertidas elecciones para Gobernador de Coahuila, Mónica Aralí Soto Fragoso, obtuvo un diplomado virtual en derecho electoral y la especialidad en justicia electoral no escolarizada cuando el actual presidente del PRI, Enrique Ochoa, dirigía el Centro de Capacitación Judicial Electoral en el TEPJF. El caso puede constituir un conflicto de interés. Según Reforma, el ascenso de Soto a la sala superior del TEPJF fue apadrinada por Emilio Gamboa, coordinador de la bancada del PRI en el Senado.

Ochoa asistió el lunes pasado al sexto y último informe del gobernador Rubén Moreira y después viajó con el gobernador electo Miguel Riquelme a la Ciudad de México.

Entrevistado en Torreón, el gobernador Rubén Moreira deploró la falta de objetividad de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, por no haber “buscado las versiones del Gobierno del Estado. Me han dicho quienes leyeron el documento que tiene una infinidad de inexactitudes”. Aventuró dos hipótesis: “Una, que fueron engañados; otra es que nunca hicieron un trabajo académico”.

Moreira, quien en su informe declaró que los capos asentados en Coahuila “están muertos o en la cárcel”, reprochó, “nunca hubo una posibilidad de aclarar nada, ni siquiera la Universidad de Texas nos cuestionó en ninguno de los temas. (…) Mi Administración jamás ha tenido un vínculo con la delincuencia y prueba de eso es cómo hemos disminuido la violencia”.

Los excandidatos al Gobierno agrupados en el Frente por la Dignidad de Coahuila aprovecharon el informe de la Universidad de Texas para exhortar al presidente Peña Nieto y a la PGR a investigar “exhaustivamente a los hermanos Moreira por sus vínculos con el crimen organizado”.

Guillermo Anaya, Armando Guadiana, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas aluden en un comunicado el “discurso amenazante” de Rubén Moreira y Miguel Riquelme según el cual “si había alternancia se perdería la paz (…) la descarada defensa del fraude electoral refuerza la teoría del vínculo de los Moreira con la delincuencia organizada, por lo que deben ser investigados ejemplarmente y sancionados”.
07 Noviembre 2017 04:00:00
Grabado sobre piedra
El rito se cumplió: Rubén Moreira presentó este lunes su último mensaje ante el Congreso, con ocasión de su Sexto Informe. Se declaró “inminente” exgobernador, pues su periodo concluirá el 30 de noviembre, y dio la bienvenida a Miguel Riquelme: “le espera la honrosa tarea de gobernar este gran estado”. Sin embargo, para que el priista asuma el cargo el próximo 1 de diciembre, debe ser confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El secretario de Salud, José Narro Robles, representó al presidente Peña Nieto. A la ceremonia asistieron también el líder del PRI, Enrique Ochoa, y los exgobernadores Eliseo Mendoza y Rogelio Montemayor, a quien se promueve para candidato a senador. Moreira entregó su informe el miércoles ante el Congreso, por lo cual su mensaje fue más político que de cifras. Destacó los avances en seguridad, empleo y educación. Temas sensibles como la deuda por más de 37 mil millones de pesos fueron excluidos para no alterar el ambiente de fiesta y despedida.

El diputado Jesús de León, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, confió en que este será “el fin del periodo más negro, más dañino de nuestra historia: la docena trágica del ‘moreirato’. (…) estamos a 24 días de que los Moreira ya no harán más daño, porque ya se van”. Tras el posicionamiento, los cuatro diputados de Acción Nacional abandonaron el recinto para no estar presentes “cuando (el gobernador) venga a este acto de simulación”.

El priista José María Fraustro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, ponderó: “Rubén Moreira ha sido un gobernador que, desde el primer día de su gestión, con la más alta vocación de servicio, ha sabido identificar las necesidades y problemáticas de la sociedad coahuilenses, y con una sólida planeación ha trabajado incansablemente para modificar esa realidad que hoy le da a Coahuila un nuevo rostro. (…) Gracias a un Gobernador valiente que cumplió con la palabra empeñada (…) es que Coahuila recuperó la paz y la tranquilidad”.

En un mensaje previo desde el Salón de Gobernadores, en la sede del Poder Ejecutivo, donde estuvo acompañado de su Gabinete, Moreira dijo que Coahuila logró en 6 años “un cambio radical, el cual muchos dudaban que se podía conseguir”. Advirtió que “la violencia disminuye si se construye en la sociedad las oportunidades de educación, empleo, crecimiento y desarrollo (…) y si la autoridad toma las decisiones más convenientes aun cuando no sean las más populares”.

Ya en el Congreso, el Mandatario presumió las joyas de su sexenio: los homicidios disminuyeron en 82% y se generaron 162 mil empleos. Según las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) –apuntó– “la pobreza disminuyó” y en Coahuila “no hay municipios de alta o muy alta marginación”.

En una especie de contrainforme, el excandidato del PAN al gobierno, Guillermo Anaya, cuestionó el triunfalismo de la Administración, “caracterizada por el nepotismo, la megadeuda, la pobreza, la inseguridad, los fraudes electorales y las empresas fantasma (…) En materia de seguridad (…) su discurso está muy alejado de la realidad (…) durante los primeros 4 meses del 2017 se cometieron 20% más de robos y homicidios”.

Cumplido el ritual y en el ocaso del sexenio, lo que sigue es el dictamen ciudadano, el cual se empezó a formar el 1 de diciembre de 2011 y se expresó en las urnas el pasado 4 de junio. Los informes de Gobierno son efímeros; el juicio de la historia se graba sobre piedra.
06 Noviembre 2017 04:00:00
Déficit democrático
La alternancia en la Presidencia y en la mayoría de los gobiernos estatales y municipales devino en decepción, pues en pocos años demostró no ser la solución a los problemas seculares del país, en particular los relacionados con la pobreza, la injusticia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad y la democracia. Las crisis se han profundizado y salido de control por la falta de aplicación e incapacidad de las autoridades, y en otros casos con su anuencia y colusión, y un sistema judicial igualmente inoperante. Jaime Rodríguez, “El Bronco”, primer gobernador independiente, resultó también un fiasco.

El fracaso de la alternancia ha servido de excusa a partidos y políticos cínicos e inescrupulosos para sugerir que el problema no son ellos, sino el cambio de siglas en los gobiernos. El mensaje de su grosera e insultante propuesta a la ciudadanía es obvio: dejar las cosas en su estado actual, no incurrir en el error de votar por los otros, pues con ello permitirían el regreso de la violencia a sus calles, como si la escalada de inseguridad, el endeudamiento criminal y la quiebra del país no se debiera, justamente, a la permanencia de un partido en el poder por más de 70 años. En Estado de México, Coahuila, Colima e Hidalgo el ciclo del PRI no ha terminado.

La experiencia demuestra que por fallida e imperfecta que sea, la alternancia es preferible al monopolio del poder. Su ausencia en el país, los estados y los municipios creó las condiciones para la descomposición institucional, el envilecimiento de la política y la concentración de ingentes riquezas en manos de políticos venales, de sus familiares, socios y prestanombres. Que algunos de esos delincuentes estén presos y otros lo sean cuando dejen el poder no es sinónimo de justicia, sino de burla y descaro en un país convertido en club de millonarios instantáneos y fábrica de pobres.

Coahuila estuvo a un paso de la alternancia –Baja California fue el primer estado del país en conseguirla, en 1989– después de 88 años de administraciones priistas. Ciudadanos libres de todas las regiones la deseaban y legiones de ellos votaron para volverla realidad, como se observó el 4 de junio, tras 12 años de gobierno de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Con todo en contra para ganar las elecciones y una desaprobación creciente por la deuda, la invasión del crimen organizado, las matanzas, las violaciones a los derechos humanos y un divorcio con la sociedad, las iglesias y otros sectores, el sistema bloqueó el cambio por todos los medios a su alcance: programas sociales, compra de votos, fuerza pública…

Pero además las oposiciones no estuvieron a la altura de las circunstancias; al dividirse, confundieron a los electores, partieron el voto y echaron por la borda la oportunidad histórica de formar el primer gobierno estatal de coalición. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede abrir de nuevo esa posibilidad si anula las elecciones y ordena convocar a extraordinarias. De lo contrario, el PRI gobernará seis años más un estado maltrecho, indignado y con graves problemas financieros, sociales, de inseguridad, impunidad y falta de confianza en las instituciones.

El error de quienes tardíamente integraron el Frente por la Dignidad de Coahuila fue celebrar por adelantado un triunfo que aún no conseguían, atenidos al anhelo general de alternancia y al descrédito de la marca Moreira. Fracasaron. La coalición debió haber sido antes de las elecciones, no en los tribunales donde la justicia depende de la voluntad de un presidente en funciones de jefe de partido.
04 Noviembre 2017 04:01:00
La otra España
En la nueva edición del bisemanario Espacio 4, el periodista Gerardo Moyano presenta la visión de una joven catalana sobre el movimiento que amenaza dividir a España:

“‘Nunca había ido a votar en un referéndum de independencia, pero estoy enfadada, esto no puedo puede seguir así’”, dice Núria Nicolás López, una joven que hasta hace poco se oponía a la separación de Cataluña de España. Como ella, muchos otros catalanes decidieron acudir a las urnas, el 1 de octubre, debido a que desde hace un tiempo se sienten discriminados en su propio país. ‘Ya no puedo hablar ni mi propio idioma sin que me miren mal’, agrega.

“Las amenazas y la movilización del Gobierno español para impedir las votaciones hicieron el resto. Más de 2.2 millones de catalanes (43% del padrón) acudieron a sufragar, en medio de forcejeos con fuerzas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, las cuales tenían la orden de requisar urnas. No obstante, el resultado fue contundente: 90.2% dio el ‘Sí’ a la separación.

“‘¿Tanquetas, helicópteros? ¿Policías golpeando a gente mayor? ¿De qué se trata? ¿Por qué nadie habla del fascismo que ha desatado todo esto?’, se lamentaba Núria, mientras llevaba algo de comer a su madre Rosa, quien se mantuvo apostada en un centro de votación hasta que las urnas salieron resguardadas por civiles y ante la mirada cómplice de los Mossos d’Esquadra, la Policía catalana, cuyo director enfrenta hoy un proceso legal por haber desacatado las órdenes del Gobierno nacional.

“Diez días después de la votación, el presidente de la Generalitat de Cataluña (el Gobierno de la comunidad autónoma), Carles Puigdemont, declaró la independencia, pero en calidad de ‘suspendida’, para ‘desacelerar la tensión’ y propiciar el diálogo. Una salida similar a la que escogió Eslovenia, cuando buscaba separarse de la entonces Yugoslavia, en 1991. La noticia no cayó bien entre quienes se animaron a salir a votar. ‘Esto es una broma’, decían.

“Pero el diálogo no llegó y el Parlamento catalán pegó el estirón que terminó por romper la cuerda con el Gobierno del presidente Mariano Rajoy: el 27 de octubre, en secreto y con ausencia de los partidos de oposición, aprobó una resolución que declara la independencia de Cataluña y otra que llama a redactar la Constitución del nuevo Estado.

“La respuesta del Gobierno nacional no se hizo esperar. Investido de ‘poderes especiales’ por el Senado (el Artículo 155 de la Constitución española autoriza a intervenir una comunidad autónoma que no cumpla con sus deberes constitucionales), Rajoy despidió a los gobernantes catalanes, disolvió su Parlamento y convocó a elecciones regionales (autonómicas) para el 21 de diciembre.

“Por su parte, el 30 de octubre, la Fiscalía General española anunció que presentará cargos de rebelión (penado con hasta 35 años de prisión), sedición y malversación contra los gobernantes independentistas. El mismo día, Puigdemont y otros cuatro miembros de su Gobierno se trasladaron a Bélgica, donde buscarían asilo político.

“Por lo pronto, mientras la declaración provoca marchas masivas en Barcelona a favor y en contra de la independencia, la comunidad internacional ha optado por no reconocer al nuevo Estado.

“Estados Unidos, los países de la Unión Europea, así como las naciones árabes y latinoamericanas han rechazado la separación. En cambio, Naciones Unidas (NU) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han llamado a ambas partes a resolver lo que consideran un ‘conflicto interno’. Sólo la república separatista de Abjasia (que sólo es reconocida por Rusia, Nicaragua, Venezuela y Nauru) y Osetia del Sur –ambas separadas de Georgia– se pronunciaron a favor de reconocer a los catalanes”.
03 Noviembre 2017 04:05:00
Topes de campaña
Hace unos días, nuestros amigos Víctor Hugo Hernández y su esposa Graciela Jaime nos invitaron a mi esposa Chilo y a mí a un restaurante de Torreón (La Bikina), cuyo concepto es el de las cantinas de la Ciudad de México, donde se come bien y el ambiente resulta placentero; por la noche, nos dicen nuestros anfitriones, los jóvenes lo convierten en fiesta. Lo primero que hice al entrar fue pedirle a mi mujer retratarme junto a un cuadro de don Porfirio, vestido con sombrero y uniforme militar de gala cuajado de cruces, medallas y otras condecoraciones como héroe de innumerables batallas. El general Díaz fue un patriota y uno de los mejores presidentes de México para su época; lo mismo que otro Díaz (don Gustavo). Hoy, en un país “democrático” y “civilizado”, se cometen peores atrocidades; en cualquier tiempo, inexcusables.

El momento me hizo recordar la telenovela histórica El Vuelo del Águila (1994-1995), escrita por Fausto Zerón Medina y producida por Ernesto Alonso y Carlos Montemayor (Wikipedia). Uno de los diálogos humorísticos ocurre cuando Díaz, en calidad de secretario de Fomento, Colonización e Industria, visita a Manuel González, quien cubrió la Presidencia entre 1880 y 1884, y le dice que no buscaría la reelección. Instintivamente, González abre un cajón de su escritorio y empieza hurgar. “¿Qué busca, compadre?”. “Al tonto que se lo crea”. En efecto, don Porfirio sucedió a González y gobernó hasta 1911.

Coahuila ha estado en el ojo del huracán en los últimos años por la megadeuda impune, la violencia por la guerra de los cárteles de la droga (hoy no al extremo del periodo 2010-2012, pero tampoco inexistente), las masacres, las desapariciones forzadas, las empresas fantasma, las inversiones ilegales del Tribunal Superior de Justicia en Ficrea, las cuales significaron un quebranto por más de 100 millones de pesos, la epidemia de suicidios (extendida a los niños), los feminicidios y otros temas. El conflicto más reciente son las elecciones para gobernador del 4 de junio. Estado de México libró el suyo sin problemas, acaso por ser prioridad del presidente Peña Nieto; Coahuila no lo es, según se vio desde un principio.

La discusión gira en torno a si el resultado se revalida o anula. En el segundo escenario, por el rebase de más de 9% en los gastos de campaña del priista Miguel Riquelme, quien cuenta con el apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando en los comicios se cometieron faltas más graves. El excandidato del PAN, Guillermo Anaya, también podría ser inhabilitado para una eventual segunda vuelta, por exceder el límite legal en más de 8 por ciento. Lo que menos le conviene al PRI sería enfrentar a Anaya en una elección extraordinaria. El criterio sería: en caso de eliminar a Riquelme, que igual excluyan a Anaya de los nuevos comicios.

Si al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los coahuilenses atentos al proceso les preguntan qué buscan en los gastos de los aspirantes al Gobierno del Estado postulados por los principales partidos, su respuesta sería la misma que el presidente González le dio a don Porfirio. El tope de 19.2 millones de pesos es deliberadamente bajo. Equivale a 320 mil pesos por cada uno de los 60 días de campaña. El propósito era adelantar varios años al ungido por el poder, darle el máximo de exposición, y limitarle los recursos a los candidatos de oposición para que jamás pudieran alcanzarlo. Al final, la historia fue otra y hoy la elección está en riesgo de ser anulada.
01 Noviembre 2017 04:07:00
Frente contra AMLO
En busca del estadista que México no ha tenido en mucho tiempo –el último fue Ernesto Zedillo por afrontar con éxito una de las peores crisis económicas y posibilitar la alternancia en Los Pinos con la reforma política de 1996–, se recurre a las fantasías. José Narro Robles es comparado con Bernie Sanders (siete años mayor), exaspirante a la presidencia de Estados Unidos; Ricardo Anaya con Maurice Macron, presidente de Francia; y Andrés Manuel López Obrador con Luis Inácio Lula da Silva, exmandatario de Brasil, por sus seguidores y con Nicolás Maduro, el sátrapa de Venezuela, por sus detractores.

Narro, coahuilense y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue incluido en la baraja de presidenciables del PRI; no haber ocupado cargos de elección popular dejó de ser obstáculo. Sanders, senador por Vermont, se afilió al Partido Demócrata hace dos años en busca de la postulación para las elecciones de 2017, pero la mayor parte de su trayectoria la desarrolló en calidad de independiente. El secretario de Salud no tiene la talla de Sanders.

Ricardo Anaya, un año menor que el presidente de Francia, de 39, posee cualidades de estratega, pero tampoco lo iguala. Macron capitalizó la crisis económica y el descontento ciudadano contra los partidos tradicionales (republicanos y socialistas) para fundar el movimiento “En Marcha” en 2016. En mayo ganó la Presidencia a la candidata del extremista Frente Nacional Marine Le Pen –el equivalente a Trump– en segunda vuelta. Anaya representa a la partitocracia, pero haber reunido al PAN, al PRD y al MC en el Frente Ciudadano por México (FCM) fue algo con lo que el PRI, el presidente Peña y Morena no contaban.

Luego del registro del FCM ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Reforma (13.09.17) publicó una encuesta según la cual el 52% de los entrevistados dijo saber de la existencia de esa coalición. En el primero de tres escenarios posibles, el 54% prefiere que gobierne el FCM a partir del año próximo; el 19% opta por el PRI y 17% por ninguno. El segundo favorece a López Obrador (44%) por encima del PRI, y ninguno (24%) en cada caso; y el tercero, también: AMLO (40%) solo tres puntos porcentuales arriba del Frente PAN-PRD-MC.

A la pregunta de “¿qué alianza tiene más posibilidades de ganar la elección presidencial?”, el 31% se inclinó por la de Morena y el Partido del Trabajo; el 28%, por la del PRI-Verde-Nueva Alianza; y el 24%, por la del PAN, PRD y MC. La diferencia de tres y cuatro puntos porcentuales entre el primero, el segundo y el tercer lugar prefigura unas elecciones altamente competidas. Asimismo, destaca la oportunidad de Anaya –quien busca ser el candidato del FCM– y los líderes del PRD, Alejandra Barrales, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para integrar una fuerza capaz de frenar a López Obrador e impedir que el PRI gobierne otros seis años.

AMLO es el favorito, pero después de plantar cara al grupo del expresidente Felipe Calderón, quien falló en su intento de imponer a su esposa Margarita Zavala, ahora en busca de ser candidata por la vía independiente, Anaya se convirtió en uno de los principales aspirantes a la silla del águila. Y entre la población en general, por raro que parezca, el favorito para representar al PRI en la carrera presidencial es el secretario de Salud, José Narro Robles, seguido por el titular de Hacienda, José Antonio Meade (SDP Noticias, 10.09.17). Sin embargo, el coahuilense no es lo que aparenta.
31 Octubre 2017 04:05:00
INE: nuevo rebase
El culebrón poselectoral en Coahuila parece no tener fin. El Instituto Nacional Electoral (INE) dictamina primero que Miguel Riquelme rebasó en más de 10% el límite de gastos de campaña y con ello abre un resquicio para la realización de comicios extraordinarios. Los excandidatos derrotados, agrupados ahora en el Frente por la Dignidad de Coahuila, celebran. Luego, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), único que puede anular el proceso, ordena al INE bajar el sobregasto a 1.6%, y el PRI echa las campanas al vuelo.

Anoche el caso volvió a dar otro giro cuando el consejo general del INE, por votación de seis contra cinco, aprobó un nuevo rebase de Riquelme, esta vez del 9.2%, al sumar un millón 461 mil 600 pesos por la producción de 84 videos difundidos en redes sociales, los cuales no fueron reportados a la autoridad electoral. La erogación de 362 mil 294 pesos por la publicación de desplegados contra el entonces candidato del PAN, Guillermo Anaya, por expresiones misóginas contra lideresas del PRI, contenido en el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización presentado el viernes pasado, fue eliminado.

La discusión del tema resultó la más acalorada. El PRI argumentó que “el desplegado –en respuesta a la declaración de Anaya en el sentido de que a las lideresas del PRI ‘les van a dar puro chile’– no es una propaganda electoral, es una reacción a una actitud en concreto”. La decisión de eliminar ese gasto fue aprobada por la mayoría de los consejeros.

El dictamen elevó a 21 millones 14 mil 700 pesos el gasto general de Riquelme, cuya constancia de gobernador electo fue ratificada por el Tribunal Estatal Electoral el 24 de octubre por votación dividida de 2 a 1. Antes de la sesión, el PRI informó que impugnaría el dictamen del consejo general en caso de ser aprobado, como finalmente sucedió. Si el TEPJF le vuelve a corregir la plana al INE y el rebase se reduce a menos del 5%, Riquelme libraría una vez más el riesgo de la anulación.

Pero si esta vez prevalecen los criterios de fiscalización del INE –cuestionados por Claudia Pastor y Jorge Herrera, representantes del PRI y del Partido Verde en el consejo del INE, así como por los consejeros Marco Baños, Enrique Andrade y Adriana Favela–, habría causales para anular los comicios. Esa decisión corresponde sólo a la sala superior del TEPJF, que en 21 años de existencia sólo ha invalidado una elección para gobernador en Tabasco y dos en Colima, aunque el PRI volvió a ganar las tres extraordinarias. Ciro Murayama y Pamela San Martín, quien preside la Comisión para los Procesos Electorales Locales de 2017, son los consejeros más persistentes en el rebase de los gastos de campaña de Riquelme. El PRI ha criticado su actuación.

En previsión de un nuevo revés en el TEPJF, el excandidato de la Alianza Ciudadana por Coahuila, Guillermo Anaya, dice en un comunicado que el Tribunal “no puede volver a beneficiar al PRI Coahuila, ya que este dictamen fue estructurado por la Comisión de Fiscalización del INE (…) con los criterios del mismo Tribunal Federal, por lo que simplemente queda aplicar el Artículo 41 constitucional”.

Sobre la resolución del INE, el presidente de la Fundación Colosio, David Aguillón, dice que “el Trife, que sí vela por las acciones jurídicas, (…) quitará nuevamente el rebase artificial en el que insisten los panistas respaldados por algunos de sus consejeros electorales afines. (…) Miguel Riquelme ganó en las urnas (…) y a partir del 1 de diciembre (será) nuestro gobernador en funciones”.

La elección sigue en suspenso.
30 Octubre 2017 04:00:00
El pacto y la ruptura
Si el Pacto por México unió al PRI, al PAN y al PRD para aprobar las reformas del presidente Peña Nieto, el Frente Ciudadano por México (FCM), compuesto por las dos últimas fuerzas y por Movimiento Ciudadano, representa la ruptura y el reconocimiento de que ningún partido puede ya ganar la Presidencia por sí solo. Para “cambiar el régimen que tanto daño le ha hecho al país”, el FCM necesita derrotar al PRI y a Andrés Manuel López Obrador, el aspirante con mayor intención de voto, en las elecciones del 1 de julio entrante.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de la coalición el 29 de septiembre con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, lo cual comprende las dos próximas elecciones presidenciales. El PRI impugnó la formación del FCM por un presunto “fraude a la ley”, pues “al modificarse unilateralmente la forma de financiamiento del Frente por parte del representante del PAN, el convenio de constitución, y por tanto su registro, se encuentran viciados por falta de consentimiento de los órganos competentes de cada partido”.

El FCM representó un golpe inesperado para el PRI y para Morena, cuyos líderes, Enrique Ochoa y López Obrador, respondieron con descalificaciones al presidente del PAN, Ricardo Anaya, quien, tras la renuncia de Margarita Zavala, afianzó sus aspiraciones. La campaña del Gobierno federal a través de su partido y de algunos medios de comunicación e incluso las críticas de un grupo de senadores panistas afines a Zavala y a Felipe Calderón fortalecieron a Anaya.

En procesos donde los márgenes de victoria se estrechan cada vez más y el voto se divide en tres fuerzas, como ha ocurrido en las últimas elecciones, las alianzas representan la diferencia entre el triunfo y la derrota. El PRI podría repetir su coalición con el Partido Verde en 2018 y ampliarla a Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES). Morena irá con el Partido del Trabajo, y el PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano (FCM), que en las presidenciales de 2012 apoyó a López Obrador.

El PARM, el PPS y el Partido Cardenista formaron la primera coalición opositora en 1988 –como Frente Democrático Nacional, FDN, antecedente del PRD– para enfrentar al candidato del PRI, Carlos Salinas, quien ganó a Cuauhtémoc Cárdenas y a Manuel Clouthier (PAN) en unas elecciones fraudulentas. En 1994 ninguno de los principales partidos se alió con otras organizaciones, pero en 2000 Acción Nacional lo hizo con el Verde y ganó la Presidencia para lograr la primera alternancia. El PRI participó solo, y el PRD se coaligó con el PT, Convergencia, PAS y PSN, los dos últimos de los cuales ya no existen.

En las presidenciales de 2006, el PAN compitió sin la compañía de otro partido; el PRI lo hizo con el Verde, y el PRD con el PT y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano). Felipe Calderón ganó a López Obrador por una diferencia de apenas 0.62% entre acusaciones de fraude; fue el fin del Instituto Federal Electoral (IFE) y su reemplazo por el INE. En 2012 se repitieron las coaliciones de la elección previa y la participación solitaria del PAN. El PRI recuperó el poder con el apoyo del Verde. Hoy la tercera alternancia apunta hacia Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el FCM podría cambiar el curso de la historia, pues Peña Nieto ya no cuenta con el PAN, que en 2012 le ayudó a ganar la Presidencia. El país necesita una transformación verdadera.
28 Octubre 2017 04:07:00
Otra cara del país
Las buenas noticias provienen casi siempre de la sociedad civil, no de los gobiernos ni de los partidos, los cuales son fuente de corrupción e impunidad y causantes del enfado ciudadano. El bisemanario Espacio 4 presenta en su nueva edición tres ejemplos:

I

La saltillense Diana Laura Núñez Malacara ha dejado en claro que su valentía no se limita a la cancha donde juega frontón y que la ha convertido en campeona mundial. Después de sufrir hostigamiento y amenazas desde inicio de año por parte de un acosador que se hace llamar Julio Domínguez, Núñez decidió hacerle frente y levantar la voz públicamente para demostrarle que no le tiene ningún temor. Su perseguidor ha hecho uso de las redes sociales y llamadas telefónicas con el fin de amedrentarla. También se ha acercado a su casa –le rompió un vidrio– e incluso le ha dejado mensajes en su carro. Asegura el agresor que la va a secuestrar, violar y asesinar. Sin embargo, la joven frontenista, lejos de ocultarse o huir, acudió a las oficinas de un medio de comunicación para enviar un mensaje a su perseguidor: “No estoy sola y no te tengo miedo”. Su decisión ha servido de ejemplo para todas las mujeres que han sufrido algún tipo de hostigamiento o violencia. Urge ahora que la Fiscalía General del Estado, a cargo de este caso, logre dar con la identidad del acosador y lo envíe tras las rejas.

II

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya tiene contrapeso. Se trata, nada más y nada menos, que de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF), organismo creado no por burócratas, funcionarios ni autoridades deportivas, sino por los propios atletas que dejan el pellejo en el terreno y conocen, por experiencia propia, los abusos y arbitrariedades que comete la FMF, siempre a disposición de las élites de poder, en detrimento de los jugadores. A la vanguardia de la AMF se encuentran Christian Giménez, Javier Hernández, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Jesús Corona y Oribe Peralta, entre otros. La AMF tendrá su sede en Toluca y cuenta con autonomía jurídica. Además de cuidar los derechos de los futbolistas, también velará por el correcto desempeño de la Liga MX femenil, el Ascenso MX y la Liga Premier. En palabras del portero Ochoa, este organismo “se forma para que los jugadores no tengan temor. Que ahora se sientan respaldados, apoyados y protegidos”. La iniciativa es buena y la intención mucho mejor. Esperemos así sea también su funcionamiento. ¡Enhorabuena!

III

México ya forma parte de la red médica y de investigación conformada por la plataforma tecnológica de la compañía SOPHiA Genetics, gracias a la cual galenos y científicos del ramo podrán compartir información con más de 360 hospitales distribuidos alrededor de 55 países. Las instituciones de salud que se unieron son: Servicios Genómicos (brazo del Inmegen), el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y su Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas (INER), la red del Hospital Christus Muguerza (11 centros), Total Quality Medicine, Genos Médica y Milenia Labs. Ahora, gracias a la adopción de la inteligencia artificial promovida por SOPHiA DDM será posible diagnosticar y tratar pacientes de manera más eficaz, especialmente en las afectaciones cancerígenas y los trastornos congénitos. Jurgi Camblong, CEO y cofundador de SOPHiA Genetics, dio la bienvenida a México y asegura que su plataforma “actúa como una verdadera disrupción, rompiendo los flujos de información en el cuidado de la salud, lo que significa que los datos de un paciente en Londres pueden, por ejemplo, ayudar a diagnosticar mejor y tratar a un enfermo en la Ciudad de México”.
27 Octubre 2017 04:01:00
Los Calderón y el poder
Felipe Calderón obtuvo la candidatura presidencial fuera del Gabinete, pero dentro del PAN. Renunció como secretario de Energía el 31 de mayo de 2004, luego de que el presidente Fox le reconvino por un acto proselitista en Jalisco con el gobernador Francisco Ramírez. Calderón, en una carta, calificó de “injusta y desmedida” la reacción del Presidente, pero le ofreció mantenerse firme en la defensa del Gobierno del cambio “porque creo en el PAN, y sé que su éxito es vital para lograr el México por el que siempre he luchado”. El favorito de Fox era Santiago Creel, secretario de Gobernación, sin embargo, Calderón lo venció a él y a Alberto Cárdenas en una elección interna cuyo proceso terminó en octubre de 2005.

Doce años después, Margarita Zavala, esposa de Calderón, renunció al PAN para buscar la Presidencia como candidata independiente. “Sé lo que es que te nieguen la posibilidad de opinar, de participar. Que te cuestionen todo: tu trayectoria, tus decisiones, tu valor. Que se atrevan a quitarte el nombre, que crean que eres propiedad de alguien, que duden de tus méritos, que te minimicen por ser honesta. Que te pidan quedarte callada”, dijo el 12 de octubre tras registrar su intención de participar en las elecciones del 1 de julio próximo en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Antes de separarse del partido donde militó por casi 7 lustros y después de anunciar su decisión, Zavala fue objeto de críticas por su aspiración. Se le reconocen méritos, talento y oficio político y un desempeño digno, respetuoso y discreto como primera dama, pero no la experiencia y preparación necesarias para ocupar la Presidencia. Por meses, Zavala fue la segunda aspirante con mayor intención de voto después de Andrés Manuel López Obrador, quien siempre se ha referido a ella como “la esposa de Calderón”; ahora lo es Ricardo Anaya, líder de Acción Nacional, a quien responsabiliza de su renuncia.

En su primer mensaje como aspirante presidencial ciudadana, acusó: “Mientras que la vida democrática se ha deformado para que las decisiones queden en manos de unos cuantos o de unas cuantas personas, yo elijo ponerme en manos de los ciudadanos. (…) Este proyecto (…) depende de los ciudadanos, no del dedazo de un presidente ni del capricho personal de un iluminado ni de un arreglo cupular”. Reproche a Anaya, réplica a López Obrador y deslinde de Peña Nieto.

Una encuesta de Consulta Mitofsky coloca al Frente Ciudadano por México (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano) con el 21.2% de las preferencias para la elección presidencial; la coalición Morena-PT obtiene el 16.4% y la alianza PRI-Verde-Nueva Alianza-Encuentro Social, el 14.8%. Sin embargo, AMLO supera a Ricardo Anaya por siete puntos porcentuales, y por 11 a los pretendientes del PRI, de los cuales el mejor posicionado es Miguel Osorio, secretario de Gobernación.

Sin la estructura del PAN ni el apoyo de los 12 gobernadores de ese partido, Margarita Zavala tiende a desfondarse y a serle más útil al PRI, cuya estrategia consiste en atomizar el voto para retener la Presidencia a cualquier costo. Para no caer en ese juego, Emilio Álvarez Icaza retiró su candidatura independiente. Otro factor en contra de Zavala es su esposo. Calderón no es el peor de los presidentes –Peña Nieto ya lo ha superado–, pero el saldo de su gestión es negativo y en el PAN tampoco dejó el mejor de los recuerdos. “El poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene”, advierte Giulio Andreotti.
25 Octubre 2017 04:07:00
Solo falta el TEPJF
El PRI y Miguel Riquelme dieron un nuevo paso para que su triunfo en las elecciones para Gobernador sea definitivo, una vez que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) rechazó las impugnaciones de la Alianza Ciudadana por Coahuila para anular el proceso del 4 de junio. La resolución deberá ser confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues el excandidato del PAN, Guillermo Anaya, anunció que será impugnada. El dictamen fue aprobado por los magistrados Valeriano Valdés y Elena Treviño; Ramón Guridi votó por la nulidad “por violaciones graves a principios constitucionales”.

Valdés, quien preside el TEE, dijo que las irregularidades no ameritaban anular la elección. “Este Tribunal no es ajeno, no cierra los ojos ante una realidad, sin embargo (…) se rige por lo que obra en el expediente y por la claridad y suficiencia de los medios probatorios”. En total se resolvieron 14 agravios de la coalición encabezada por el PAN y los demás excandidatos –entre ellos los relacionados con el rebase de los topes de campaña del aspirante del PRI– y 40 impugnaciones sobre el cómputo de los comicios para Gobernador.

El efecto de la anulación de 67 casillas (el 1.8% de las 3 mil 600 instaladas en el estado) fue mínimo, pues al final la votación para Miguel Riquelme, de la coalición por un Coahuila Seguro, integrada por el PRI y otros seis partidos, bajó de 482 mil 891 a 473 mil 806, y la de Guillermo Anaya, de 452 mil a 455 mil 46 sufragios.

El TEE sesionó mientras el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) celebraba un mitin frente al edificio donde participaron los excandidatos al gobierno, Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas y José Ángel Pérez. Varios centenares de manifestantes lanzaron consignas a favor de la anulación de las elecciones y exhibieron carteles, en uno de los cuales se leía “Árbitros vendidos”.

La sentencia del Tribunal local y el acuerdo previo del TEPJF para que el Instituto Nacional Electoral (INE) redujera los gastos de campaña de Riquelme, que excedían por más del doble el tope de 5% y constituía una causal de anulación, podrían despejar el camino para que el gobernador electo asuma el poder el 1 de diciembre próximo. Sin embargo, los integrantes del FDC no lo ven de esa manera e insistirán en la celebración de nuevas elecciones. Pues además de que impugnarán la resolución de los magistrados de Coahuila, el INE incrementará en los próximos días las erogaciones del excandidato del PRI, en base a la queja 141, dijo Anaya después de conocer el fallo del TEE.

La decisión del Tribunal local “era de esperarse ante las severas presiones del gobernador Rubén Moreira Valdez sobre el órgano de justicia electoral”, dice el FDC en un comunicado. Armando Guadiana, el excandidato de Morena y tercero en los comicios del 4 de junio –con una votación final de 148 mil 587 papeletas– dijo sobre la resolución de los magistrados locales que “nada está decidido” y que “habrá nuevas elecciones por el bien de la democracia”.

La sentencia del Tribunal causó desánimo y frustración, pues los recursos interpuestos por el FDC han sido desechados. La última palabra la tiene ahora el TEPJF, el cual, desde su creación en 1996, sólo ha anulado tres elecciones. Una en Tabasco, en el año 2000; y dos en Colima, en 2003 y 2015. En los procesos extraordinarios, el PRI volvió a ganar. Coahuila, declaró Diego Fernández al periodista Carlos Puig, después de los comicios en el estado, es el laboratorio para las elecciones presidenciales de 2018.
24 Octubre 2017 04:05:00
El FDC y el tribunalito
El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) emprenderá acciones drásticas a partir de este martes para impedir “el fraude más grande en la historia de Coahuila” después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara al Instituto Nacional Electoral (INE) reducir el rebase de gastos de campaña de Miguel Riquelme –de 10.5 a 1.6%– para salvar la victoria del candidato del PRI en los comicios del 4 de junio por una diferencia de apenas 30 mil votos sobre el aspirante del PAN, Guillermo Anaya.

El primer movimiento del FDC será una manifestación frente al Tribunal Electoral del Estado –conocido como “tribunalito” por su dependencia del poder y su cortedad de miras– “para decirle a los magistrados de Coahuila que no vamos a permitir que se burlen del pueblo, (…) que no se nos han olvidado los 13 agravios que todavía faltan por resolver, que tú (ciudadano) documentaste en más de 200 pruebas, (y) que hoy tienen en sus manos para resolver a favor de la dignidad y la libertad del pueblo de Coahuila”, informó Anaya en Facebook.

Los excandidatos Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas (independientes) y José Ángel Pérez (PT), quien declinó para sumarse al primero de ellos, convocaron también a la ciudadanía a través de las redes sociales. La manifestación se programó inicialmente para las 17:30 horas de hoy, pero se adelantó para las 10 porque “maliciosamente” el TEE decidió sesionar a las 12:00 horas “para tratar asuntos relevantes de la anulación (y) evadir los reclamos ciudadanos”.

El FDC dice que “la ciudadanía y los excandidatos de oposición exigiremos que se sancione lo que todos vimos: el robo de urnas, la violación de sellos, la manipulación de material electoral por funcionarios del IEC (Instituto Electoral de Coahuila), la suplantación de funcionarios del INE por priistas, la instalación irregular de casillas, la intromisión del Gobierno del Estado, la coacción del voto, el desvío de recursos públicos, las irregularidades en el traslado de material electoral, la publicidad gubernamental en plena campaña, las irregularidades en el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares). En fin, todas las artimañas de Moreira no deben quedar impunes”.

Los exaspirantes al Gobierno, que en conjunto obtuvieron 737 mil 611 votos –254 mil 720 más que la colación de siete partidos encabezada por el PRI–, dicen en un comunicado que “los magistrados de Coahuila no le deben nada a Moreira”, los exhortan a “aplicar la ley y rendir cuentas a los ciudadanos”. Guadiana señala que el TEE tiene documentados “todos los agravios (y) fechorías que se hicieron para cometer el fraude en Coahuila”.

Apostar a los gastos de campaña “como el único elemento de demostración del fraude electoral desplegado por el Gobierno estatal (apoyado por el federal), dejando de investigar y calificar otros delitos electorales (…) –como lo hizo el INE– demuestra cómo los organismos electorales están sujetos a presiones políticas que implican complicidades y defraudación de la confianza de los ciudadanos”, advierte Guerrero, para quien “sólo la movilización social puede parar la imposición y el fraude”.

El FDC vuelve a llamar la atención del país, ahora en medio del escándalo por la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por sus investigaciones sobre el caso Odebrecht y sus presuntos vínculos con el PRI en la campaña presidencial de 2012, y en vísperas del último informe del gobernador Rubén Moreira, el 6 de noviembre.
23 Octubre 2017 04:00:00
Sucesión: nuevo escenario
Cada elección es distinta a las demás, pero algunas son más diferentes que otras. Después de las alternancias de 2000 y 2012 entre el PRI y el PAN, los comicios presidenciales del año próximo apuntan hacia un tercer relevo en la conducción del país. Difícilmente el PRI conservará el poder aun si Enrique Peña impone un candidato híbrido como su secretario de Hacienda, José Antonio Meade, de quien se exaltan ahora sus virtudes cuando la honradez y la sobriedad para aspirar a un cargo público, al margen de su jerarquía, deberían ser la excepción y no la regla. Pero además las cualidades y méritos personales no borran el presente ni el pasado; tampoco garantizan el futuro ni pueden transferirse a un partido asociado a la corrupción más que los otros.

Si en las democracias consolidadas, una administración eficaz no le asegura al partido gobernante el triunfo en las siguientes elecciones, como le pasó a los demócratas en Estados Unidos después de Clinton y Obama, en México el PRI carece de argumentos para retener la Presidencia. El crecimiento económico del país es mediocre y la pobreza aumentó aun con las reformas; no porque de ellas se esperasen soluciones mágicas o inmediatas a problemas seculares. El Gobierno, en su afán de legitimarlas, prometió millones de empleos, bienestar y bajas tarifas. No gasolinazos.

¿Cómo aspirar a ganar la Presidencia con los escandalosos índices de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad? ¿Cómo, con niveles de inversión en educación, salud, servicios, infraestructura y obras de calidad cada vez más bajos? ¿Cómo, cuando las violaciones a los derechos humanos, las desapariciones forzadas y los asesinatos de decenas de miles de personas (el sexenio de Peña Nieto puede terminar con más muertes que el de Felipe Calderón, del PAN) jamás serán castigados? El PRI y los demás partidos enfrentarán en las urnas a una ciudadanía molesta e indignada como nunca por el cinismo, la prepotencia y el desprecio de la clase gobernante, cuya prioridad consiste en eternizarse en el poder y obtener el máximo provecho económico.

La súbita inclinación de los partidos hacia la ciudadanía es reflejo de su comprensión tardía de una realidad que habían ignorado por soberbia y conveniencia; lo único que necesitaban de ella eran votos. Después venía el olvido… y hasta la próxima elección. Tampoco se trata, para no engañarnos, de un interés genuino: lo será hasta que la partitocracia deje de ser lastre para el país, propicie su desarrollo y se someta a nuevas reglas de financiamiento y representación. Su acercamiento con la sociedad civil responde a un instinto de supervivencia, máxime ahora que los partidos –otra de las grandes fuentes de corrupción– concitan ira y repudio entre la mayoría de los mexicanos por su hipocresía y falta de compromiso, por su propensión al engaño y la rapiña.

¿Qué partido se salva de la inquina social? ¿Qué siglas son medianamente aceptadas fuera de sus clientelas? Ninguno, aunque algunos tienen mayor rechazo que otros por su historia, su galería de notables y su tendencia al hurto. El PRI, Morena y hasta el expresidente Calderón han reaccionado furiosamente contra el Frente Ciudadano por México (FCM) formado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano porque altera el eje de la sucesión presidencial; representa el mayor riesgo para Los Pinos; le quita a López Obrador el monopolio de la crítica y elimina el cacicazgo en Acción Nacional. Por esa razón, mientras más se le ataca y descalifica, más crece en la intención de voto.
20 Octubre 2017 04:38:00
Gamboa, el patrón
A Emilio Gamboa Patrón, líder de los senadores del PRI, se le debería medir por el mismo rasero que a David Korenfeld, quien, evidenciado en redes sociales por utilizar un helicóptero oficial para trasladarse de su residencia al aeropuerto de la Ciudad de México, renunció como director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La historia empezó el 30 de marzo de 2015 con la publicación de fotografías en Facebook que a las pocas horas ya estaban en la portada de varios periódicos de circulación nacional.

Korenfeld, exalcalde de Huixquilucan y secretario de Agua y Obra Pública del Estado de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto, trató de justificarse con argumentos inverosímiles como el uso de la aeronave por un problema de salud que en todo caso no ponía en riesgo su vida, pues el padecimiento de rodilla que arguyó no le impidió correr previamente 12 kilómetros en el Bosque de Chapultepec. Pero, además, una agencia de viajes informó que el director de la Conagua tenía reservaciones para descansar en Vail, Colorado, el fin de esa Semana Santa (Wikipedia).

El funcionario aceptó su error, el cual calificó de “inexcusable”, y pagó el servicio del helicóptero a la Tesorería de la Federación, pero aun así no se salvó de la hoguera y el 9 de abril renunció al cargo. Sin embargo, nada de eso habría ocurrido si a Korenfeld no se le exhibe en las redes sociales y en los medios de comunicación. El director de la Conagua ya había sido involucrado en otros escándalos, como la adjudicación de contratos por 25 millones de pesos a la Universidad de Tel Aviv para estudios de contaminación de agua y la firma de un acuerdo con una empresa de Israel a la cual le concesionó la rehabilitación de mantos freático en nuestro país.

Humberto Benítez Treviño, extitular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), fue el primer despedido del sexenio por un caso de abuso de poder después de que su hija Andrea ordenó la clausura de un restaurante de la colonia Roma, en la Ciudad de México, por no asignarle la mesa de su preferencia. Benítez, el último procurador general de la república en el gobierno de Salinas de Gortari, duró en la Profeco menos de un año.

Empero, lo que parecía ser el principio de una política para sancionar a funcionarios que directamente o a través de familiares u hombres de paja utilizan el cargo para enriquecerse y obtener beneficios personales, y de esa manera recuperar algo de confianza ciudadana, resultó llamarada de petate. Casos de flagrante incompetencia y escándalos de corrupción, entre cuyos protagonistas figura en primer lugar el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, han sido protegidos desde Los Pinos con el manto de la impunidad para mayor inri de un país indignado por el abuso del poder y la soberbia de las autoridades.

Por lo tanto, y aun cuando desde hace tiempo existen razones para investigar y encausar a Gamboa por tráfico de influencias y otros escándalos, entre ellos el relacionado con la red de pederastas denunciada en 2006 por la periodista Lydia Cacho, una falta “menor” como la utilización de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para ir a jugar golf con el presidente Peña Nieto, es anecdótica y le tiene sin cuidado. El priista es intocable por la información que empezó a acumular desde su ingreso a Los Pinos, en el gobierno de Miguel de la Madrid, la cual le ha permitido influir ventajosamente en varias sucesiones presidenciales. Gamboa es el patrón.
18 Octubre 2017 04:00:00
Los lastres del fiscal
El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es severamente cuestionado por la sociedad civil, la iniciativa privada y líderes de opinión, pues tanto el Tribunal como la Fiscalía especializados carecen de independencia. “La corrupción e impunidad en Coahuila se encuentran en los más altos índices históricos y a pesar de la gravedad e importancia del tema, ni el Gobernador ni el Congreso del Estado han dado un paso a favor de integrar propuestas ciudadanas para el diseño conjunto de un sistema local que busque de manera eficaz prevenir y sancionar los actos de corrupción que sirvan al interés público y a nuestra sociedad en su conjunto”, denunció la Alianza Anticorrupción de Coahuila (AAC) el 5 de septiembre frente al palacio de Gobierno.

La Alianza demandó detener la implementación del SEA e iniciar un proceso “apegado a los criterios de transparencia, legalidad y objetividad”; remover a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y al fiscal Anticorrupción y someter a los futuros aspirantes a pruebas de confianza y exámenes de conocimiento y mérito. También pidió a la Legislatura suspender los nombramientos en puestos clave del SEA (sólo está pendiente el de fiscal general del estado) y destituir a los integrantes de la Comisión de Selección sin la “independencia política indispensable” para designar al Comité de Participación Ciudadana.

Ninguna de las exigencias fue atendida. El Comité de Participación Ciudadana rindió protesta el 5 de octubre y el Congreso nombrará en los próximos días al primer fiscal general de la terna de Gerardo Márquez, Esperanza Soto y María Mazorra, propuesta por el gobernador Rubén Moreira. Dieciocho de los 21 aspirantes registrados pasaron el primer filtro, pero pocos estaban a la altura del cargo y menos aún tenían la “independencia política indispensable” planteada por la AAC a fin de “construir las instituciones que necesitamos para acabar con la corrupción y la impunidad”.

En algunos casos, la alternancia en los estados ha permitido romper el círculo de corrupción-impunidad. Así lo advierten más de 40 escritores, periodistas, políticos y defensores de los derechos humanos en la carta “No a la impunidad transexenal”, publicada el 4 de septiembre –coincidente con la misiva de la AAC al Gobierno de Coahuila y al Congreso local un día después–, donde llaman al Senado a actuar con responsabilidad: “Su disyuntiva es configurar una Fiscalía General fuerte y sólida que contrarreste la corrupción y erradique la impunidad, o bien cargar con la ignominia de haber conservado el manto de la impunidad que protege a los poderosos.

“Las sociedades de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo impidieron que los entonces gobernadores César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge aseguraran su impunidad (con fiscalías fuertes y sólidas). Si los senadores (y en el caso de Coahuila, los diputados) no escuchan la voz de la ciudadanía y permiten el pase automático del actual procurador o la imposición de alguien cuya misión sea cuidar las espaldas del Presidente de la República y su camarilla, habrán perpetrado un golpe inaceptable contra la construcción de un Estado democrático y de derecho y se habrán colocado del lado de la impunidad que este régimen pretende perpetuar”.

Pero mientras a escala federal la presión ciudadana hizo naufragar el pase de Raúl Cervantes a la Fiscalía General, en Coahuila navega a velamen desplegado el proyecto para convertir a Gerardo Márquez en fiscal, sin tener las suficientes credenciales ni la necesaria independencia del poder.
17 Octubre 2017 04:01:00
Victorias ciudadanas (II)
En México, la impunidad es ‘la mayor evidencia de la pésima calidad de la administración, procuración e impartición de justicia (...). Ello impide el castigo a quienes violan la ley, especialmente a los poderosos, y se constituye en una de las principales causas de la indignación social, del divorcio y desconfianza entre los operadores y representantes políticos y la sociedad civil’. Asimismo ‘es fuente de violencia, corrupción, violaciones a los derechos humanos e ingobernabilidad’, denuncia el grupo de escritores, activistas, líderes de oposición y periodistas firmantes de la carta No a la Impunidad Transexenal, cuyo objetivo consistía no sólo en impedir el ascenso del ahora exprocurador Raúl Cervantes a la Fiscalía General, sino de cualquier aspirante promovido desde el poder para proteger sus intereses y no ser investigado.

El colectivo basa su dictamen en datos duros: a) de 69 países con mayores grados de impunidad, México ocupa el lugar 66, según el Índice Global de Impunidad 2017; y b) sólo siete de cada 100 delitos se denuncian, y de ellos el 98% no recibe sentencia. También refleja el sentimiento del país: ‘La raíz de la impunidad mexicana reside en un modelo disfuncional que no atiende las causas ni los efectos de la criminalidad. Buena parte de esta responsabilidad está en las procuradurías (...) instituciones que no investigan bien o fabrican delitos por consigna’.

El juicio sobre las procuradurías (federal y estatales) es igualmente irrefutable: ‘fueron diseñadas como un instrumento de control político y de administración selectiva de la justicia, ajenas a las víctimas, la reparación del daño, la garantía de derechos y el debido proceso’. Lo anterior explica ‘sus prácticas institucionales (...) y su desapego al principio de igualdad ante la ley’.

Elba Esther Gordillo, exsecretaria general del PRI y del SNTE, está presa por operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada. En cambio, Humberto Moreira ‘según Forbes una de ‘las 10 personas más corruptas en México’ de 2013, junto con Gordillo goza de impunidad pese a la deuda por más de 36 mil millones de pesos que adquirió durante su Gobierno en parte con decretos falsos. Su detención en España, el 15 de enero de 2016, la solicitó Estados Unidos por otra causa.

El temor del colectivo, así como de organizaciones civiles y empresariales ‘al parecer ya conjurado’, es que la reforma para crear la Fiscalía General sea un acto de gatopardismo: ‘Raúl Cervantes Andrade (...) es un reconocido militante y abogado del PRI que pertenece al primer círculo presidencial, lo cual implicaría un obvio sesgo en su actuación como fiscal general. El régimen priista se opone a una verdadera autonomía e independencia de la institución que reemplazará a la PGR, y lo que busca es garantizar protección e impunidad más allá del presente sexenio a quienes se han enriquecido y beneficiado ilegalmente al amparo del poder’.

Sin mencionar los casos de Odebrecht, OHL, el hundimiento del Paso Exprés, la ‘casa blanca’ o algún otro, el grupo apela a la memoria individual y colectiva: ‘(...) este sexenio se ha caracterizado por tener los más escandalosos actos de corrupción, hechos que se han caracterizado por una ausencia total de investigación y que han provocado el hartazgo de todos los sectores incluido el empresarial’. El propósito ‘advierte’ es claro: ‘dejar impunes a los políticos corruptos que, además, han cometido graves y numerosas violaciones a los derechos humanos, seguir encubriendo a las extensas redes de complicidad que han tejido con recursos públicos’.
16 Octubre 2017 04:00:00
Victorias ciudadanas
El clamor social devino en presión política y el pase automático del procurador Raúl Cervantes a fiscal general de la República, por los próximos 9 años, terminó por naufragar. No sólo eso, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción exige su destitución y reemplazo por un funcionario “de transición y de consenso”, pues “la idoneidad del actual procurador para ocupar el cargo de fiscal general ha sido duramente cuestionada y provocado encono entre diputados y senadores de diversos partidos”, advierten Mariclaire Acosta, Alfonso Hernández, José Octavio López, Luis Manuel Pérez y Jacqueline Peschard, integrantes del CPC, en una carta (Reforma, 07.09.17).

El PRI entregó al panista-calderonista Ernesto Cordero la presidencia del Senado, a cambio de un puñado de votos que le permitieran a Cervantes ser fiscal por la vía rápida. En la Cámara de Diputados, el Frente Ciudadano por México (FCM), formado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, bloqueó la votación de la mesa directiva sin la cual no podía iniciar el nuevo periodo ordinario de sesiones. La crisis obligó al presidente Peña Nieto y a su partido a negociar.

Previamente, más de 40 líderes de oposición, escritores, políticos y activistas fijaron su postura sobre el tema en una plana titulada No a la Impunidad Transexenal, donde advierten: “Nos oponemos al pase automático del actual procurador. Por ningún motivo Raúl Cervantes, o cualquier otra persona ligada a los intereses del poder, puede ser fiscal general de la República. Ello significaría imponer a un guardaespaldas transexenal del actual régimen” (Reforma, 04.09.17).

Entre los firmantes figuran activistas por los derechos humanos como Clara Jusidman, Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza; Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, excandidatos presidenciales y fundadores del PRD; los académicos, escritores y periodistas Denise Dresser, Roger Bartra, Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles y Sergio Aguayo; José Woldenberg y Juan Ramón de la Fuente, expresidente del IFE y exrector de la UNAM, respectivamente; Javier Corral, gobernador de Chihuahua, y los líderes del FCM, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado.

La colectividad #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, compuesta por más de 300 organizaciones civiles y del sector privado, propusieron al Senado una reforma para reducir a 6 años el periodo del fiscal, suprimir el pase automático y garantizar autonomía plena. En el mismo sentido se manifestaron Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el ombudsman Raúl González, último fiscal de la PGR en el caso Colosio.

La crisis legislativa se resolvió el 7 de septiembre. Presionados por la opinión pública, organizaciones ciudadanas, partidos de oposición y organismos internacionales, el PRI y Los Pinos desistieron de imponer a Cervantes por mayoría simple (pase automático). Lo anterior no elimina al procurador de la competencia por la Fiscalía, pero difícilmente ocupará el cargo, al margen del método de selección. Su militancia partidista, su pasividad en casos flagrantes de corrupción, el escándalo del Ferrari, el malestar social y el rechazo del FCM a su postulación equivalen a un veto que el presidente Peña Nieto y su partido no pueden ignorar. Esta es una nueva y plausible victoria ciudadana.
14 Octubre 2017 02:10:00
Corrupción omnímoda
Al periodista Gerardo Moyano lo persiguen los sismos. Estuvo en Chiapas y tembló; en Ciudad de México y Coahuila (Torreón) pasó lo mismo. La siguiente reseña, de su autoría, aparece en el número 572 del bisemanario Espacio 4:

“‘¿Cómo se pueden caer colegios?’, me pregunta una amiga catalana, ‘¿No se supone que al menos las escuelas y los hospitales deben ser los edificios más seguros?’.

“¿Cómo explicarlo? Si la caída de 116 mil 320 viviendas en Chiapas y Oaxaca, durante el sismo del 7 de septiembre, me animaba a atribuirla a la falta de recursos en dos de los estados más pobres del país (Espacio 4, 571), sólo hay una razón que puede explicar los miles de edificios dañados que vi el 19 de septiembre en la Ciudad de México: la corrupción.

“El caso del derrumbe del colegio Rébsamen, en el que murieron 19 menores y seis adultos, es emblemático, no sólo por el reality show de Frida montado por el Gobierno y Televisa, sino por las irregularidades que anteceden a la tragedia.

“El 24 de septiembre, vecinos y familiares de las víctimas dijeron a Reforma que la construcción del ‘edificio administrativo’ se llevó a cabo de manera irregular al violar la altura de tres niveles permitida para una escuela.

“‘Ahí, la dueña y directora del colegio, Mónica García Villegas, construyó su departamento en un tercer piso encima del jardín de niños y un cuarto nivel como roof garden. Esa nueva construcción colapsó y cayó sobre el kínder y las oficinas centrales de la institución educativa’, señala la nota.

“Los vecinos dijeron al periódico que la expansión del colegio Rébsamen fue clausurada al menos tres veces por la delegación Tlalpan, al mando de la morenista Claudia Sheinbaum, quien presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México contra cualquier autoridad que resulte responsable por el derrumbe.

“Entre los demandados, están los directores generales jurídico y de Gobierno de la delegación en 2010 y 2014 (Alejandro Zepeda Rodríguez y Miguel Ángel Romero López), y la dueña y directora de la escuela, Mónica García Villegas, acusada de falsificación de documentos (certificado de uso de suelo).

“El 2 de octubre, García Villegas no se presentó al segundo citatorio girado por la PGJ-CDMX para declarar sobre las presuntas irregularidades en la operación de la escuela, y padres de las víctimas aseguran que la directora ya no contesta el teléfono o los mensajes en el grupo de WhatsApp en el que se comunicaba con los padres de los alumnos y los maestros. Por lo pronto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló el registro de operación del colegio.

“Otras 10 mil instituciones educativas resultaron dañadas en el país. Entre ellas, el Tecnológico de Monterrey, que confirmó cinco fallecidos y 40 heridos en el campus Ciudad de México, o el Heroico Colegio Militar, donde los cadetes denunciaron que los primeros en correr fueron los oficiales.

“Animal Político informó que escuelas de Puebla de los municipios de Chiautla, Izúcar de Matamoros, Tochimilco y de la capital ejercieron el año pasado 13 millones 348 mil 289 pesos del Programa Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional) para reforzar su seguridad estructural, pero el sismo del 19 de septiembre las dejó inservibles.

“El mismo medio señala que entre los hospitales que debieron ser desalojados por el sismo del 19 de septiembre, destacan el complejo médico Gonzalo Río Arronte, en el municipio de Atlixco, Puebla, y el hospital San Alejandro, en la capital poblana, en los que los gobiernos de Rafael Moreno Valle (PAN) y de Peña Nieto (PRI) invirtieron 329 millones de pesos, entre 2015 y 2016”.
13 Octubre 2017 04:06:00
Bajo siete llaves
Entre el Gobierno de Enrique Martínez y el de Humberto Moreira, la deuda bancaria de Coahuila creció de cero a 36 mil millones de pesos. El escándalo alcanzó un nuevo pico el 22 de septiembre cuando los diputados del PRI aprobaron la tercera reestructura en un lapso de seis años. Desvincular los pasivos del Fondo General de Participaciones mejorará la calificación crediticia y reducirá las tasas de interés sin modificar el monto actual de 37 mil millones de pesos, asegura el Congreso en una nota.

El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) y otros sectores han puesto en tela de juicio los supuestos beneficios de la renegociación y censurado el sometimiento de la mayoría priista, algunos de cuyos integrantes son los mismos que legalizaron la deuda adquirida con documentos falsos. Según Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas, excandidatos al Gobierno, el débito crecerá en las semanas que restan de la administración y terminará de pagarse hasta el año 2047; es decir, en las cinco próximas administraciones.

Armín Valdés Torres, magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia y aspirante a fiscal general, apareció en escena sólo para atizar la indignación ciudadana. Anunció que la contratación ilegal de créditos por 2 mil millones de pesos quedará sin castigo, pues ya venció el plazo para sancionarla, pero reabrió la cloaca. “(El delito) prescribió porque no se hizo la averiguación, se ocultaron documentos para que al final no hubiera sentencias condenatorias. Nosotros (…) hicimos ver todas las anomalías en la integración de la averiguación previa” (Vanguardia, 26.09.17), dijo, acaso para deslindar al Tribunal del atraco.

La declaración Valdés “merece una acción decidida e inmediata de los ciudadanos coahuilenses”, advirtió Javier Guerrero en un comunicado. “Es impostergable (…) que exijamos un castigo ejemplar para quienes actuaron en complicidad y encubrieron el mayor y más grave ilícito cometido en contra de las finanzas públicas (…). No basta decir qué no se hizo. Exijamos a los órganos judiciales castigo a los omisos y a los cómplices. (…) a quienes obstruyeron la justicia. (No hacerlo) sentaría un precedente de impunidad y de ilegalidad”, precisó.

El exsecretario de Finanzas llamó a la movilización social. “Coahuila está en una crisis constitucional, porque quien hoy debe preservar el estado de derecho, lo violenta. Hoy que estamos en el proceso de nombrar un fiscal general (…) debemos exigir a quienes se postulan (que) tengan el talante de castigar los delitos que han afectado a nuestra entidad y la enajenan por más de dos generaciones a tener bajos ingresos y pocos recursos para el desarrollo”.

Sólo prescribieron los delitos de falsificación de documentos, aclara Armando Guadiana. “Siempre ha habido un afán de proteger a Humberto Moreira… no se van al fondo del desvío de recursos públicos” (Vanguardia, 27.09.17). Según la nota, “fuentes del Gobierno del Estado aseguraron que el caso no ha prescrito, ya que aún está abierta la indagatoria en contra de Javier Villarreal”, además de que la Procuraduría de Justicia pidió su extradición.

El delito por esfumar 2 mil millones de pesos pudo haber prescrito, como dice Armín Valdés, pero lo que no se extingue es el malestar ciudadano por una deuda espuria de la cual jamás se informó y cuyo destino es un secreto guardado bajo siete llaves.
11 Octubre 2017 04:07:00
Narro, el cuarto jinete
Un coahuilense figura inopinadamente entre los precandidatos del PRI para la Presidencia. José Narro Robles (Saltillo, 1948) saltó de la rectoría de la Universidad Autónoma de México (UNAM) al gabinete, y ahora es uno de los cuatro jinetes (¿del apocalipsis?) que, según el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, podría abanderar a su partido en las elecciones del 1 de julio próximo. Los otros son Miguel Osorio (Gobernación), José Antonio Meade (Hacienda) y Aurelio Nuño (Educación).

Narro colaboró estrechamente con Jorge Carpizo en la UNAM, la CNDH y Gobernación; el 8 de febrero de 2016 rindió protesta como secretario de Salud. Es el aspirante de mayor edad (69 años) y no pertenece al primer al círculo del presidente Peña Nieto. Su inclusión en la baraja priista responde a las circunstancias: un gobierno sin liderazgo, mal calificado, en frecuentes escándalos de corrupción y en riesgo de perder las elecciones –con todo y la renuncia de Margarita Zavala al PAN.

La sucesión presidencial de 1951 se resolvió en condiciones más o menos parecidas. Frente al rechazo de los generales Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho a la aspiración de Miguel Alemán de reelegirse, el primer Cachorro de la Revolución se decantó por el secretario de Gobernación, sin ser su preferido. Adolfo Ruiz Cortines asumió el poder a los 63 años; de joven participó en la revolución bajo las órdenes del coahuilense Jacinto B. Treviño.

El Gobierno de Alemán –primero encabezado por un civil después de una serie de presidentes militares– se caracterizó por la frivolidad, los altos grados de corrupción y la multiplicación de negocios y fortunas a la sombra del poder. “Al iniciar su administración, Ruiz Cortines se centró en el objetivo de proyectar una nueva imagen del poder presidencial, desprestigiado por el régimen de Miguel Alemán y por la idea generalizada de que este presidente impulsó la economía omitiendo las políticas de beneficio social. Aunque Alemán había logrado un auge en la economía mexicana, el descontento general del pueblo era evidente por la corrupción de los funcionarios públicos, quienes en el sexenio alemanista eran empresarios que se habían enriquecido enormemente. Mientras tanto, el nivel de las clases trabajadoras sufrió un considerable deterioro” (Wikipedia). No hay nada nuevo bajo el sol.

Para tener un candidato competitivo, con el menor lastre político y sin escándalos de corrupción a la vista, el PRI modificó en agosto sus estatutos para poder postular a un no militante. La decisión le abrió las puertas de la carrera presidencial a José Antonio Meade y a Narro Robles, cuyas fichas biográficas no consignan su pertenencia a ningún partido. La militancia de Osorio y Nuño en el PRI data de 1991 y 2004, respectivamente.

La incorporación de Meade a la nómina de presidenciables no sorprende, debido al descrédito de los políticos de carrera y a su experiencia en el servicio público, lo cual no significa pase automático a Los Pinos. Empezó como analista de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en la administración de Salinas. Después colaboró en los gobiernos de Zedillo y Fox, pero los cargos más relevantes los ocupó con Calderón (secretario de Energía y de Hacienda) y con Peña (Sedesol y Hacienda).

Narro es la sorpresa, como Ruiz Cortines lo fue hace 66 años para convertirse en uno de los mejores presidentes de México, por su sabiduría y honradez, aunque todavía poco reconocido. Sin embargo, el saltillense no tiene la misma madera ni se atrevería a combatir la corrupción del Cachorro de Atlacomulco como en su momento lo hizo don Adolfo.
10 Octubre 2017 04:05:00
Tribunal laberíntico
El PRI y el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) reaccionaron a la anulación de gastos de campaña de Miguel Riquelme que ponían en riesgo su victoria en los comicios para gobernador del 4 de junio, la cual será definitiva hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva todas las impugnaciones. En una nota titulada Sentencia del Trife Asegura Triunfo Legal de Miguel Riquelme, remitida por David Aguillón, presidente de la Fundación Colosio, se da el caso por zanjado.

Una vez que el TEPJF revocó gastos por 1.9 millones de pesos en Facebook, prorrateo operativo, producción de spots y otros conceptos, que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sumó a Riquelme, “el INE deberá de informar al Tribunal sobre estas adecuaciones al Dictamen General sobre los Gastos de Campaña, lo que resultará en 408 mil 45 pesos con 56 centavos por debajo del tope campaña, lo que representa un -2.12% del tope establecido por la ley”, dice la información.

Incluso con el procedimiento oficioso del INE referente a los representantes de casilla, que impone una sanción de 501 mil pesos al candidato de la coalición Por un Coahuila Seguro, el sobregasto final sería de 0.49%, según el texto. “En consecuencia, dicho rebase quedaría por abajo del 5%, por lo que queda sin efecto lo que señala la Ley como una posibilidad para anular la elección, lo que nos lleva a concluir que la decisión, apegada a derecho, que tomó (…) el Tribunal Electoral Federal, deja firme el triunfo del gobernador electo Miguel Ángel Riquelme Solís y disipa cualquier posibilidad de anulación”.

Sin embargo, en el comunicado 188/207, la sala superior del TEPJF precisa que “durante la discusión se enfatizó que exclusivamente fue objeto de análisis la legalidad de la fiscalización de una parte de los gastos de campaña en la elección de gobernador, efectuada por el INE. En este sentido, la decisión no prejuzga sobre la validez de la elección, pues esta corre a cargo de la autoridad electoral local y sigue su propia cadena impugnativa. En la sentencia se revoca lisa y llanamente los montos de las conclusiones 12 bis, 15 y 45” –cuyo monto es de un millón 43 mil 163 pesos, no de 1.9 millones.

El TEPJF revocó las conclusiones 14, 14 bis y 41 del INE, sobre otros gastos de campaña, “para el efecto de que la responsable emita una nueva resolución”. Con la sentencia de la sala superior “se cierra una etapa de la fiscalización de la campaña electoral de Coahuila y aún faltan por resolverse diversas etapas relativas a la calificación de la elección”.

A ello se refirió el excandidato del PAN, Guillermo Anaya, en un mensaje por Facebook. “Con todo y el descuento que le hicieron los magistrados, (Riquelme) sigue rebasando por más del cinco por ciento el tope (…). El último clavo de la tumba del PRI es la queja número 141 (…). En los próximos días o semanas volverá el INE a resolver esta queja y volverá a incrementar el rebase del tope de campaña del candidato del PRI. Por eso están tan nerviosos (…) enviando una serie de desinformaciones para bajar el ánimo”.

El excandidato de Morena, Armando Guadiana, denunció que el TEPJF “amarró las manos al INE”, pero advirtió que aun así “(Riquelme) no será gobernador (…); en Coahuila habrá nuevas elecciones ya que nadie está por encima de la ley”. Javier Guerrero, excandidato independiente, publicó en Facebook: “Que no nos quieran engañar, esto no se ha terminado, los ciudadanos debemos seguir atentos a cada una de las etapas del proceso, seguimos en pie”.
09 Octubre 2017 04:00:00
Reforma inaplazable
Antes de los sismos de septiembre, la sociedad civil ya había puesto en el banquillo a la partitocracia cuyas cúpulas han actuado siempre con soberbia; su desprecio a la crítica y su divorcio con la realidad los han vuelto detestables y objeto de escarnio. Sin embargo, después de los terremotos, la ciudadanía sitió virtualmente a los partidos y ahora la empiezan a ver con respeto; no como simple generadora de votos e impuestos, fuente de los 6 mil 778 millones de pesos que recibirán el año próximo sólo del Instituto Nacional Electoral (INE) para actividades ordinarias, gastos de campaña y otros conceptos.

Los partidos están dispuestos a “sacrificar” prerrogativas en aras de la reconstrucción, pero aún no se determina el mecanismo ni tampoco si será posible reducir un presupuesto ya aprobado, ni en qué medida. La espontánea generosidad de las burocracias partidistas mueve a la sospecha. No se trata, a toda luz, de un gesto de altruismo, sino de cálculo político. Buscan resurgir ellos mismos de sus propias ruinas, mover las fibras sensibles de la población y captar votos. El PRI, como gobierno, es el más urgido. Los sismos le dieron motivos de esperanza, pero conservar la Presidencia en 2018 es una meta cada vez más lejana.

Lo que sí pueden eliminar los partidos por completo, de manera inmediata y sin contravenir las normas –sino al contrario, para respetarlas–, es el financiamiento oculto de empresarios y de la delincuencia organizada cuyas aportaciones no son gratuitas, sino a cambio de negocios, contratos, impunidad y en algunos casos de cogobernar: un municipio, un estado o el país. Si la fiscalización a los partidos y a los gastos de campaña tiene todavía zonas oscuras, el dinero sucio fluye por las alcantarillas de la política sin ningún control. Se ve y se siente.

Además del interés meramente electoral, la hipócrita magnanimidad de los partidos –sobre todo de los que ejercen el poder y manejan las llaves de las tesorerías para repartir dinero, mantener estructuras territoriales onerosas, orientar hacia sus clientelas los programas sociales y comprar votos–, tiene una explicación: disponen de otras bolsas para reponer los recursos que eventualmente se cancelen en 2018. El costo de la reconstrucción rondará los 40 mil millones de pesos, pero no hay que hacer mucho caso a una estimación precipitada por la urgencia política y la necesidad de reparar la imagen del presidente Peña Nieto en la recta final de un sexenio desastroso. El gasto final será tres o cuatro veces superior, como sucede sin excepción con cada obra y proyecto de Gobierno.

El sistema electoral exige una reforma profunda, del calado de la de 1996, promovida por el presidente Ernesto Zedillo –después del fraude en la elección de Salinas de Gortari–, sin la cual hubiera sido imposible gobernar un país en crisis política y económica, como vuelve a estarlo ahora; en gran medida, a causa de la corrupción, la impunidad y el talante antidemocrático de sus autoridades. El financiamiento público a los partidos no puede suprimirse, como tampoco es sensato eliminar de un plumazo a los diputados y senadores de representación proporcional (plurinominales) por el riesgo de volver a los tiempos del partido hegemónico; sueño de muchos en el PRI.

Pero sí es asequible un modelo que prime el interés ciudadano, facilite y estimule la participación de candidatos independientes, acote a los partidos, limite las prerrogativas a lo estrictamente necesario, termine con la simulación en la fiscalización y castigue el financiamiento ilegal.
07 Octubre 2017 04:07:00
Oportunismo político
La sociedad civil ha marcado la agenda en los últimos años, pero es ahora cuando los partidos empiezan a escucharla, máxime a raíz de los terremotos del mes pasado y las elecciones presidenciales de 2018. Así lo advierte el periodista Gerardo Moyano en nueva edición de Espacio 4:

“Los sismos del 7 y 19 de septiembre destaparon lo mejor y lo peor de México. Entre lo mejor, destaca el ejemplo de solidaridad y organización que puso la ciudadanía, en especial los jóvenes, quienes rebasaron a las autoridades en tareas de rescate y entrega de ayuda. La tragedia atizó además el descontento ciudadano por el despilfarro y la corrupción de la clase política, el cual se canalizó a través de millones de firmas que apoyan una petición en Change.org para que los partidos renuncien a su financiamiento público y lo entreguen a los damnificados de los terremotos.

“Ello marcó el comienzo de una inédita y desesperada puja entre los principales partidos del país para enarbolar la bandera de la austeridad y situarse al nivel de los ciudadanos. Sin embargo, la mira de los partidos parece estar puesta no en la ayuda a las víctimas, sino en la carrera presidencial de 2018, la cual lidera el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, según varias encuestas. De hecho, el líder de Morena fue el primero que ofreció donar el 20% del presupuesto de su partido para las campañas del año próximo, a los damnificados del sismo de 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca.

“En su momento, la propuesta no sólo fue criticada por los líderes de otros partidos, sino por el mismo Instituto Nacional Electoral (INE), que amenazó con multar a Morena. ‘El uso que pretende dar López Obrador a los recursos que se le entregarán a Morena no está contemplado en la ley, por lo cual en caso de que el donativo se consume podría imponérsele una sanción’, amagó Benito Nacif, consejero del Instituto.

“Pero el sismo del 19 de septiembre, que sacudió a la Ciudad de México, Puebla, Morelos y Estado de México, cambiaría el escenario. Mientras los demás partidos se sumaron a la propuesta de Obrador –quien elevó la oferta de donación al 50% del gasto de campaña–, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba dijo que ya se habían hallado ‘mecanismos jurídicos viables para que los partidos puedan destinar los recursos que reciben del estado a los damnificados de los sismos’.

“Pero lo que nadie esperaba fue el madruguete del PRI, que no solo ofreció donar todas sus prerrogativas del último trimestre de 2017, sino acabar con el financiamiento público de los partidos y eliminar los legisladores plurinominales a partir del año próximo, un reclamo ciudadano que hasta hace poco rechazaba rotundamente.

“Entonces, sonaron las alarmas. ‘Pervertir un legítimo reclamo ciudadano es una práctica política inaceptable, sobre todo, en momentos de tragedia y de dolor. (…) Tienta al tricolor la insania de hacer de la oportunidad, oportunismo. Asombran, eso sí, los otros dirigentes partidistas. Al grito de quién da más, rematan la democracia. (…) El precio de esa idílica democracia (…) supone abrir la puerta a mecenas y criminales particulares. (…) La otra posibilidad es que, acostumbrado a vivir del presupuesto, el priismo sin prerrogativas eche mano del desvío disfrazado de recursos públicos –tal cual lo hizo en la elección mexiquense–. Desaparecer por completo el financiamiento público conllevaría a opacar en vez de transparentar la democracia”, escribe René Delgado, en su columna ‘Temblor y populismo tricolor’, publicada en Reforma, el 30 de septiembre”.
06 Octubre 2017 04:05:00
¿La hora de AMLO?
El PAN esperó seis décadas para ganar la Presidencia, pero el fracaso de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, sobre todo para combatir la corrupción, la pobreza y la inseguridad, provocó malestar y desencanto. En respuesta, la ciudadanía le dio la espalda y lo envió al tercer lugar en las elecciones de 2012, después del PRD. Sin embargo, el retorno del PRI a Los Pinos resultó fatal, pues la venalidad, los delitos sin castigo y la violencia se desbocaron; la pobreza aumentó y la confianza en las instituciones entró en barrena. La política exterior es caótica y el descrédito internacional alcanza cotas nunca vistas.

En la cresta de una ola formada por el enojo social contra la partitocracia (PRI PAN y PRD, principalmente, y rémoras como el Verde y Nueva Alianza), la corrupción, la ineficacia y la soberbia gubernamentales, la delincuencia desenfrenada y la impunidad, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) avanza hacia la Presidencia. La mayoría de las encuestas lo ubican a él y a su Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por encima de Miguel Osorio, José Antonio Meade, José Narro y Aurelio Nuño (PRI), así como de Margarita Zavala, quien podría ser candidata independiente, Ricardo Anaya y Rafael Moreno (PAN).

Morena debutó como partido en las elecciones intermedias de 2015 y de inmediato se convirtió en la cuarta fuerza política del país. Ocupa 48 asientos en la Cámara de Diputados; es mayoría en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México con 20 curules, y gobierna casi un tercio de las delegaciones de la capital (cinco de 18). También es favorito para hacerse con la jefatura de Gobierno el año próximo, luego de tres gobiernos perredistas consecutivos, el segundo de los cuales encabezó AMLO.

En los comicios del 4 de junio pasado, Morena estuvo a menos de tres puntos porcentuales de ganar Estado de México, donde el Gobierno del presidente Peña volcó presupuesto y todo tipo de recursos para imponer a su primo Alfredo del Mazo. Excepto en Veracruz y Zacatecas, donde en 2016 obtuvo votaciones importantes, en el resto de las entidades su presencia es marginal. El posicionamiento de Morena para las presidenciales de 2018 lo explica en parte el activismo de su fundador, quien recorre el país desde su primera campaña, en 2006.

AMLO ha avanzado en sectores tradicionalmente escépticos hacia su candidatura –empresarios y clase media–, pero los refractarios aún lo consideran “un peligro para México” por su populismo. El PRI y el presidente Peña agitan esa y otras banderas para sembrar temor entre la población y desacreditarlo. En las redes sociales y en algunos medios de comunicación se le compara con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quienes arruinaron Venezuela e implantaron un régimen dictatorial y corrupto.

Aun así, y no obstante el escaso entusiasmo que todavía genera entre inversionistas de México y Estados Unidos por la falta de propuestas convincentes y estructuradas, AMLO se mantiene en la punta de la carrera presidencial. Es el aspirante más crítico de un sistema corrompido hasta la médula, de uno de los gobiernos más impopulares y de la partitocracia dominante. La mayoría de las encuestas ubican al PRI en tercer lugar, como ocurrió con el PAN después de 12 años en Los Pinos. Con Peña bastó un sexenio. México se encamina hacia su tercera alternancia, primera, quizá, hacia la izquierda.
04 Octubre 2017 04:07:00
Tribunal contra la pared
La noticia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocará el dictamen del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el rebase del tope de gastos de campaña del candidato del PRI al Gobierno del estado, Miguel Riquelme, atizó la hoguera del conflicto poselectoral. Reforma, en su edición de ayer, dice que en un proyecto de sentencia que circula entre los magistrados se “desconoce el acuerdo del INE de sumarle un pago de Facebook por 1.2 millones de pesos como gasto de campaña del abanderado priista”.

Originalmente, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE le atribuyó a Riquelme un gasto 7.8% por encima de los 19.2 millones de pesos autorizados por el Código Electoral del Estado para las campañas de Gobernador. De acuerdo con la Constitución, cuando el rebase es mayor al 5% y la diferencia entre el primero y el segundo lugar de los candidatos más votados es menor a ese mismo porcentaje (Riquelme aventajó al panista Guillermo Anaya por 2.4%), la elección debe anularse y el infractor ser excluido del proceso extraordinario.

El 17 de julio, el INE anunció que “De una primera revisión a los engroses, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) ha detectado que, en el estado de Coahuila, la Coalición por un Coahuila Seguro, encabezada por Miguel Riquelme, rebasó el tope de gastos de campaña por 7.8%, mientras que, en la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, abanderada por Guillermo Anaya, el rebase fue equivalente al 4.56%. Ciro Murayama, Pamela San Martín y otros consejeros apoyaron el dictamen.

Sin embargo, de acuerdo con la información del grupo Reforma, el proyecto de la ministra Janine Otárola, presidente del TEPJF, reduce el sobregasto de Riquelme en 6.2%, para dejarlo en 1.6, lo cual despejaría el camino para que el priista rindiera protesta como Gobernador el próximo 1 de diciembre.

La respuesta de los excandidatos Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas y José Ángel Pérez, agrupados desde el 5 de junio en el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), fue inmediata: “El INE debe estar resolviendo muy pronto la queja 141, misma que estimamos ponga a Riquelme arriba del 20% de rebase del tope de gastos de campaña”, aseguran en un comunicado. Apenas el lunes, Anaya, Guadiana y Guerrero se reunieron con la presidente del TEPJF para exponer “los argumentos de nulidad de la elección de gobernador en Coahuila”.

Los excandidatos advierten que “con ese nuevo incremento y con lo establecido en el Artículo 41 Constitucional, que expresa que debe anularse la elección cuando el gasto de campaña exceda 5% del monto total autorizado (…) en Coahuila habrá nuevas elecciones (…) y Riquelme no será Gobernador”. Asimismo, reprobaron que la filtración a Reforma “se haya dado justamente el mismo día que el Frente por la Dignidad de Coahuila se presentó ante los magistrados del Tribunal Electoral Federal, lo que representa una clara señal de que hay fuertes presiones para que se avale el fraude electoral del PRI-Gobierno”.

Efectivamente, la Comisión de Fiscalización del INE fijó ayer en 2 millones 023 mil pesos el rebase acumulado por Miguel Riquelme –equivalente al 10.5% del tope legal–, pues omitió pagos por 501 mil pesos a sus representantes de casilla. Pero también elevó de 4.6 a 8.7% el exceso de gastos de Guillermo Anaya. En ese escenario, ninguno podría participar en la elección extraordinaria de Gobernador. El INE puso al TEPJF contra la pared.
03 Octubre 2017 04:05:00
Terremoto poselectoral
La reunión del Frente por la Dignidad de Coahuila (FCD) con la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, cuya realización impidió el terremoto del martes pasado, se realizó ayer. El objetivo fue plantear “los argumentos de nulidad de la elección de gobernador en Coahuila”, informan en un comunicado los excandidatos Guillermo Anaya, Armando Guadiana y Javier Guerrero.

Según la nota, los integrantes del FDC y el director jurídico del PAN, Eduardo Aguilar Sierra, expusieron a Otártola y al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que “la anulación es inminente” por el rebase en los topes de campaña del candidato del PRI. Sin embargo, esa decisión corresponde a la Sala Superior del TEPJF, no a los partidos. Aun así, el FDC dice haber dado “un paso sólido rumbo a las nuevas elecciones”.

Mientras tanto, el gobernador Rubén Moreira y el gobernador electo Miguel Riquelme iniciarán este sábado un viaje de promoción económica a China y otros países de la región, a menos de 2 meses del cambio de Gobierno. El relevo se dará entre ellos si el TEPJF confirma el resultado de los comicios del 4 de junio.

En caso contrario, el Congreso nombrará un gobernador interino que asumiría el poder el 1 de diciembre, y posteriormente convocaría elecciones extraordinarias, lo cual jamás ha ocurrido en el estado. El último interinato lo cubrió Francisco José Madero, del 11 de agosto al 30 de noviembre de 1981, tras la renuncia de Óscar Flores Tapia. José de las Fuentes Rodríguez ya era gobernador electo.

Riquelme se quitó un peso de encima el 29 de septiembre, cuando el Tribunal Electoral de Coahuila (TEE) resolvió a su favor un procedimiento sancionador iniciado por el PAN por el desvío de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), durante su de-sempeño como alcalde de Torreón. En marzo pasado, cuando ya era candidato al Gobierno, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) cateó almacenes donde el ayuntamiento lagunero guardaba 13 mil mantas, despensas y utensilios de limpieza recibidas del Gobierno federal por las inundaciones de 2016 provocadas por las lluvias.

Dos días antes, los líderes del FDC se habían reunido con el presidente del TEE, Valeriano Valdés, y con los magistrados Ramón Guridi y Elena Treviño para presentar pruebas sobre el traslado y la apertura irregular de paquetes electorales el día de la jornada comicial, y pedirles no ceder a presiones del Gobierno estatal. La sesión del Tribunal local que deslindó a Riquelme se celebró sin consulta previa, según Reforma. La resolución del TEE advierte que “el PAN no acreditó con medios idóneos y suficientes que los recursos encontrados en la bodega hayan sido desviados para la campaña electoral del candidato a gobernador del PRI”.

Después de su entrevista con la presidenta del TEPJF, los excandidatos de oposición insistieron en que “el rebase del tope de campaña del candidato priista es claro y contundente con el dictamen del Instituto Nacional Electoral, porque el Artículo 41 de la Constitución señala expresamente que, si un candidato rebasa el 5% del tope, debe anularse la elección, supuesto que ya se cumple”. El FDC tomó como un avance en ese mismo sentido la resolución de la Sala Regional del TEPJF en Monterrey sobre la validez del reglamento del INE con respecto a la fiscalización de los partidos.
02 Octubre 2017 04:01:00
A un paso de Los Pinos
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podría convertirse el año próximo en la versión mexicana de Luis Inácio Lula, fundador del Partido de los Trabajadores (PT). Lula conquistó la Presidencia de Brasil en su cuarto intento y fue elegido para un segundo mandato. El éxito de su gobierno y su popularidad le permitieron a su exjefa de Gabinete, Dilma Rousseff, ganar las dos siguientes elecciones, pero el Senado la destituyó el 1 de septiembre de 2016 por maquillar las cuentas públicas. En julio pasado, un juez condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero, cuando ya preparaba su candidatura presidencial para 2018.

El PT surgió en 1980 como oposición a la dictadura militar y al bipartidismo representado por el conservador Partido de la Renovación Nacional y el centroizquierdista Partido Social Democracia Brasileña, equivalentes al PAN y al PRI. Lula venció el temor de los empresarios y las clases medias –atizado por campañas de difamación– debido a su trayectoria sindical y orientación socialista. Desde su primer periodo (2003-2006) dio la sorpresa al emprender reformas que redujeron la pobreza e insertaron a Brasil entre las potencias mundiales emergentes junto con Rusia, India, China y Sudáfrica.

AMLO, quien fundó el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para ser candidato por tercera ocasión, ha declarado que no esperará una cuarta oportunidad para ser presidente, y que si en 2018 no se cruza la banda tricolor dejará la política. Lo mismo dijo en 2012, y ahora es el aspirante con mayor intención de voto por encima de los del PAN y el PRI. Para el tabasqueño, el “PRIAN” representa los mismos intereses y forma parte de la “mafia del poder”, en lo cual coinciden otros sectores.

El líder de Morena renunció al PRI en 1988 junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo, en protesta por la imposición de la candidatura de Carlos Salinas. AMLO obtuvo después la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, postulado por el PRD. En 2006 compitió por la Presidencia contra Felipe Calderón (PAN), cuyo triunfo, por un margen de 0.62%, fue impugnado; y en 2012 afrontó a Enrique Peña.

De acuerdo con la comisión legislativa que investigó el caso Monex, “los gastos no reportados de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto incluyendo las tarjetas Monex asciende a un total de 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos cuando el tope de campaña presidencial establecido por el IFE era de 336 millones 111 mil 84 pesos. Por lo que el PRI y Enrique Peña Nieto rebasaron esta cantidad por 4 mil 263 millones 835 mil 750 pesos” (La Jornada, 11.04.14).

Cinco años después, el Instituto Nacional Electoral (INE) multó al PRI y al Partido Verde con 98 millones 479 mil pesos por las tarjetas Monex y por omitir gastos de la campaña de Peña. La sanción inicial era de 9.8 millones de pesos, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la incrementó casi por 10. Las multas son ridículas frente al gasto y las irregularidades.

En 2012, el PAN se alineó con el PRI y sacrificó a Josefina Vázquez, a quien este año volvió a abandonar en Estado de México. Alfredo del Mazo, primo del Peña Nieto, ganó las elecciones. Cuando Del Mazo era director de Banobras (2012-2015) participó en una trama para desviar 3 mil 433 millones de pesos a través de empresas fantasma, según una investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad denominada la “Estafa Maestra”. El caso sigue impune.
30 Septiembre 2017 04:07:00
Maquillar la pobreza
Uno de los efectos de la corrupción es la pobreza, por eso los gobiernos, en vez de atacar la primera, maquillan la segunda. Así lo expone el periodista Édgar London en el bisemanario Espacio 4 (571):

“La hipótesis de que la pobreza podría erradicarse del país en menos de una década ha vuelto a chocar con el muro de la realidad y el análisis de conocedores, organismos civiles e instituciones públicas como el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El 2 de septiembre, en la presentación de su quinto informe de gobierno, el presidente Peña presumió que el año pasado el índice de pobreza cayó a su menor nivel histórico, gracias a los programas sociales implementados por su administración. Sin embargo, las cifras que pretenden avalar el triunfalismo oficial han sido refutadas por diversos estudios.

“Entre ellos, uno de la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), que analizó los mil 227 programas de bienestar social implementados en el país durante el año fiscal 2016 y encontró que la inmensa mayoría carece de políticas de transparencia y rendición de cuentas efectivas. Tampoco promueven la participación ciudadana, a pesar de su pretendido carácter social. El informe titulado Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) encontró serias deficiencias en la vigilancia de estos programas una vez que se ponen en marcha, pues menos del 1% fueron evaluados en cuanto a su ejecución de procesos y menos del 2% en términos de resultados.

“El IDES, que tiene en cuenta 43 reactivos de las dimensiones de Planeación Programática Presupuestal, Gestión Eficiente de Programas, Monitoreo del Desarrollo Social y Participación Ciudadana, encontró que apenas tres entidades federales obtuvieron calificaciones de óptimo e intermedio. Se trata de Ciudad de México, Jalisco y Baja California Sur, con 77.57, 75.31 y 63.72 puntos respectivamente, en una escala de cero a 100.

“En el otro plato de la balanza se hallan Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Chihuahua, los estados que menos condiciones reúnen para desarrollar estrategias sociales positivas, pues sus gobiernos carecen de elementos básicos de institucionalidad al momento de transparentar el presupuesto que fue designado para este propósito, de la mano con la escasa o nula evaluación de los planes estatales por parte de una instancia externa. Otra falta que Gesoc considera grave en su estudio es la falta de identificación precisa de los beneficiarios del programa –lo cual abre una peligrosa brecha para que terceros se hagan de los recursos–, así como no establecer de manera clara los métodos con que operarán los programas.

“Lo más peligroso y paradójico es la dificultad que tiene la población para formar parte del diseño de los proyectos sociales, ya sea a través de la presentación de nuevas iniciativas o de la discusión de los lanzados por las administraciones estatales. ‘Nos preocupa mucho que las dos dimensiones que han obtenido calificaciones muy bajas justamente es la gestión eficiente de los programas sociales y la de apertura y participación ciudadana en la política social’, expuso Alejandro González, presidente del Gesoc.

“Estos dos indicadores disminuyeron 19% en comparación con el año previo y actualmente la mitad de los estados ni siquiera reúnen ‘los niveles básicos de capacidades institucionales para generar una política social robusta’, según los criterios del IDES. Uno y otro dato representan una importante señal de alerta que los gobiernos no deberían pasar por alto”.
29 Septiembre 2017 04:00:00
El FDC y la anulación
El conflicto poselectoral en Coahuila se ha eternizado, y para que la resolución de las impugnaciones no se prolongue por más tiempo –podría ser hasta finales de noviembre–, el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) pidió al Tribunal Electoral del Estado (TEE) acelerar el proceso de anulación, así como imparcialidad en el juicio. Los excandidatos Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas (independientes) y José Ángel Pérez (PT) se reunieron ayer con el presidente del TEE, Valeriano Valdés, y los magistrados Elena Treviño y Ramón Guridi.

Para dar firmeza a su exigencia de anular la elección de gobernador del 4 de junio, en la cual resultó ganador el priista Miguel Riquelme por un margen de 2.4%, los líderes del FDC “presentaron pruebas supervenientes (…) como los dictámenes del Instituto Nacional Electoral en torno al traslado de los paquetes electorales de la jornada y la apertura irregular de las urnas”, informan en un comunicado.

Los magistrados “se mostraron receptivos a la petición” y Valdés, en nombre del TEE, respondió que el caso “se estudia con todo detenimiento” y que el primer dictamen se desahogará en los próximos días, dice la nota. Los integrantes del FDC solicitaron que “en el análisis del juicio (los magistrados) se alejen de toda presión política que ha venido ejerciendo el gobernador Rubén Moreira, con sus declaraciones de que el Tribunal vendrá a confirmar la victoria de su candidato”. Por lo tanto, se les exhortó “para que actúen conforme a derecho”.

Según José Ángel Pérez, quien al final se unió a la candidatura de Armando Guadiana, y Luis Horacio Salinas, cuyo padre, del mismo nombre, fue alcalde de Saltillo y líder estatal del PRI, “estamos a unas horas de que comiencen las resoluciones históricas, que seguramente anularán el fraude de los hermanos Moreira”.

Javier Guerrero, diputado federal con licencia que renunció a más de 30 años de militancia en el PRI, dijo que la confirmación del rebase de los topes de gastos de campaña del candidato del PRI “es un factor determinante en la sentencia que emitirá el Tribunal Electoral de Coahuila”. Advirtió que “los elementos probatorios presentados en el juicio de impugnación son sólidos y profundos (…) no dudamos que la anulación es un hecho”.

El excandidato de Morena, Armando Guadiana, se refirió al compromiso de Valeriano Valdés en el sentido de que “el Tribunal actuará con profesionalismo e imparcialidad”. El empresario renunció al PRI el 17 de enero de 2012. Entonces argumentó: “(el partido) ha dado muestras desde Coahuila de su lógica en el ejercicio del poder, donde no existe el interés común, sino el de unos cuantos reducidos a una familia y en el mejor de los casos a una cofradía de poder. No quiero seguir formando parte del partido político de hombres como Humberto y Rubén Moreira. (…) No hay manera más digna de renunciar que denunciando a los corruptos, porque no seré cómplice otorgando silencio”, dijo ante Andrés Manuel López Obrador.

Guillermo Anaya, quien obtuvo el 35.75% de los votos contra el 38.19 de Riquelme, aseguró que el FDC se mantiene unido e informó que continuarán la movilización ciudadana “para no permitir el fraude y anular la elección”. El pasado 19 de agosto, el TEE multó al PRI y a su candidato con 129 mil pesos por el reparto de 600 mil “monederos rosa”, pues implicaba el condicionamiento de programas sociales. El procedimiento fue promovido por el PAN y Morena.
27 Septiembre 2017 04:00:00
El fiscal y la deuda
En el caso de la Fiscalía General del Estado –en gestación– ocurrió algo parecido a la multiplicación de los panes y los peces; en plan profano, claro está. En las horas previas al cierre de inscripciones la lista de aspirantes creció de menos de un puñado a más de 20 (21 para ser exactos). La primera novedad no lo fue tanto, pues la exclusión del procurador Homero Ramos Gloria, figura clave en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, es un coletazo del escándalo por el pase automático de Raúl Cervantes de la PGR a la Fiscalía General de la República, el cual se anuló por presión ciudadana.

¿Qué obró el milagro de que una convocatoria al principio desairada tuviera un final abundante? Una hipótesis es que, ante el desinterés y el riesgo de no reunir el mínimo de 10 candidatos, el proceso perdiera legitimidad y el Congreso se viera forzado a remitir al gobernador Rubén Moreira una lista de 3, entre los cuales pudiera figurar un aspirante independiente y con mayor trayectoria y méritos que los demás para ocupar un cargo de tanta responsabilidad como será la fiscalía. El PRI y sus adláteres tienen los votos suficientes (dos tercios de la Legislatura) para enviar al Palacio de Gobierno una nómina cómoda y para votar, de la terna propuesta por el ejecutivo, al elegido previamente, antes del 22 de octubre.

La mayoría de los aspirantes a fiscal (18 varones y tres mujeres; la relación es de seis a uno) ha colaborado en la actual Administración o en la anterior, así como en el Ayuntamiento de Torreón. Entre ellos, cuatro subalternos del procurador Ramos Gloria, dos profesores de la Universidad Autónoma de Coahuila, dos representantes del PRI ante el Instituto Electoral y varios funcionarios en las alcaldías de Eduardo Olmos y Miguel Riquelme. Uno de ellos es Gerardo Márquez Guevara, quien hasta hace poco se desempeñó como delegado en la PGJE en La Laguna, y al parecer es el favorito para ocupar la fiscalía por un periodo de siete años (de 2017 a 2024).

La comisión legislativa depurará sin problema la lista de candidatos, pues la mayoría no reúne el perfil; muchos son de relleno y se registraron sólo para cubrir las apariencias. El penalista Gerardo Pérez Pérez, con trayectoria en la PGJE previa a los dos últimos sexenios, tiene atributos suficientes, pero no la simpatía del Gobierno. El magistrado Armín Valdés Torres, otro de los pretendientes, acaba de declarar que los delitos por la contratación de créditos por más de 2 mil millones de pesos en el Gobierno de Humberto Moreira, con documentación falsificada, ya extinguieron.

Según Valdés, “ya no hay nada que puedan hacer”. No dijo quiénes. Tampoco “pueden engañar a la gente por el solo transcurso del tiempo”. La consideración jurídica carece de impacto, pues el tema de la deuda por más de 36 mil millones de pesos se cubrió desde un principio con el manto de la impunidad. Lo grave –pues implica encubrimiento– es la aceptación del magistrado responsable de la sala penal de que “(El caso) prescribió porque no se hizo la averiguación, se ocultaron documentos, para que al final no hubiera sentencias condenatorias. Nosotros confirmamos la sentencia e hicimos ver todas las anomalías en la integración de la averiguación previa” (Vanguardia, 26.09.17). Por ese solo motivo, Ramos Gloria era inelegible para fiscal; otros también lo son por sus antecedentes.
26 Septiembre 2017 04:00:00
La deuda de Coahuila
El refinanciamiento de la megadeuda por 37 mil millones de pesos aprobado el pasado viernes por los legisladores del PRI, a menos de 3 meses para que concluya la Administración, encendió los ánimos. “Esta renegociación de Rubén Moreira y sus diputados comparsas, permitirá al Gobierno del Estado contratar garantías de pago hasta por 18 mil millones de pesos”, acusó el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC).

Javier Guerrero, excandidato independiente al Gobierno y secretario de Finanzas en el sexenio 1999-2005, el cual terminó sin deuda con los bancos, denunció en un comunicado: “El Congreso del estado, imponiendo una mayoría que obedece a los intereses del gobernador, no (al) de los coahuilenses, ha asestado un nuevo golpe a la ciudadanía (…) aprovechando que el país está al pendiente del sismo que afectó al centro y sur de la nación”.

El dictamen de la Comisión de Finanzas “autoriza al estado (…) a refinanciar y/o reestructurar la deuda pública vigente”, pero no implica “un endeudamiento adicional”, informó el Congreso. El nuevo esquema “permitirá que los financiamientos logren una mejora en la calificación crediticia al desvincular las participaciones federales del Fondo General de Participaciones del riesgo crediticio del estado, lo cual redundará en una reducción en las tasas de interés (…)”.

El nuevo esquema –coordinado con Hacienda y Banobras– se basa en “un fideicomiso que fungirá como acreditado de la deuda pública”, sin elevar su monto; tampoco “se contratará más deuda”, dice el Congreso.

La deuda acumulada en el Gobierno de Humberto Moreira, parte de la cual se contrató con documentos y decretos falsos, es ahora mayor y sigue impune. Por intereses se han pagado más de 12 mil millones de pesos, equivalentes a un tercio del capital que será reestructurado. “Con esta nueva deuda, será hasta el año 2047 cuando los coahuilenses dejemos de pagar los excesos de Humberto y Rubén Moreira”, dice el comunicado del FDC firmado por Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas.

“No es de extrañar la forma en la que hicieron las cosas, sin transparencia y al vapor. Es claro que el Gobierno de Moreira quiere tapar pozos financieros y seguir gozando de impunidad, pero estamos a días de que eso termine porque Riquelme no será gobernador”, declaró Guadiana después de asistir a la sesión del Congreso. “Los diputados del PRI –dijo– no tienen dignidad, porque en lugar de estar a las órdenes de los ciudadanos, están al servicio de Rubén Moreira”.

Según el FDC “esta operación le permitirá (al Gobierno) hacerse de más de mil millones de pesos, seguramente para tenerlos de colchón para la próxima elección extraordinaria de gobernador. (…) convocaron al Congreso (…) en manos de 24 horas”. Además, “la Secretaría de Hacienda ha puesto a Coahuila como un ‘foco rojo’ en endeudamiento”, por ser “la única en todo el país que no puede contratar más deuda por el pésimo manejo financiero del régimen priista”.

El Congreso –advierte Guerrero– eludió “su obligación de investigar el origen y uso de la deuda contraída por el clan Moreira (…), impone un plazo largo de pago de intereses y pospone el pago de capital, reestructurando una deuda que tiene al estado en condiciones económicas precarias”. Por lo tanto, exige investigar la deuda y la aplicación de los recursos en todas sus etapas; castigar a los responsables del quebranto; transparentar cuánto se ha pagado de intereses y hacer público el acuerdo “que sin duda sólo encarece la deuda y enajena el futuro de nuestro
estado”.
25 Septiembre 2017 04:00:00
Coahuila, sobre ascuas
El PRI y el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) buscan por todos los medios desmoralizarse mutuamente. Para pasar página al conflicto poselectoral, el primero da como cosa juzgada el triunfo de Miguel Riquelme. Guillermo Anaya y el resto de los excandidatos, por su parte, buscan reescribir la historia ante la “inminente” anulación. Sin embargo, mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no resuelva, nadie puede cantar victoria todavía.

Después de su entrevista con el presidente Peña Nieto, el 24 de agosto en Los Pinos, Riquelme sacó la cabeza en un escenario donde Rubén Moreira, a menos de 70 días de entregar el poder, aún se comporta como protagonista. Pues, según se publicó el 26 de agosto en este espacio, “la impugnación de las elecciones del 4 de junio fortaleció a Rubén Moreira en la etapa crítica de su sexenio y debilitó al gobernador electo Miguel Riquelme, quien (…) debería ser ya la figura dominante”.

Luego de su visita a la residencia oficial, Riquelme sesionó con el Clúster de Energía, cuyo titular es el exgobernador y exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor. El mismo 25 de agosto, encabezó una junta con la comisión de enlace para la entrega recepción, y por la tarde se reunió con un grupo de empresarios en Parras, donde ofreció obras por más de 100 millones de pesos; entre otras, una planta de tratamiento de aguas residuales y un museo de la revolución.

Le acompañaron el presidente de la junta de gobierno del Congreso local y excoordinador de su campaña, José María Fraustro, y el secretario de Fomento Económico, José Antonio Gutiérrez. La nota discordante la puso el director de Obras Públicas de Torreón, Gerardo Berlanga Gotés, quien insistentemente ha sido señalado de corrupto por su propensión a los negocios y su enriquecimiento en el servicio público.

Riquelme y Anaya alternan su tiempo entre Saltillo, Torreón y la Ciudad de México, donde los sorprendió el terremoto del martes pasado. Sin embargo, la agenda de Riquelme es de gobernador. Ya se reunió con media decena de secretarios de Estado (Osorio, Meade, Narro, Calzada y De la Madrid) y asistió a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, donde volvió a saludar a Peña Nieto, así como a la toma de posesión del Gobernador de Estado de México, Alfredo del Mazo. La intención es obvia: infundir ánimo a los suyos; y entre la sociedad, arraigar la idea de que la crisis poselectoral no impedirá su ascenso al poder el 1 de diciembre.

Con la misma intención, Riquelme reenvió un mensaje de Carolina Viggiano, esposa del gobernador Rubén Moreira y presidenta honoraria del Voluntariado de Coahuila, donde informa: “Iniciamos proceso entrega-recepción @DIFCoah, cuyo Consejo tuve el honor de presidir y que próximamente encabezará mi amiga @MarcelaGorgon”.

Para Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero y José Ángel Pérez, del FDC, los actos de Riquelme carecen de validez y delatan el nerviosismo del PRI por la inminente anulación de los comicios. Sin embargo, Riquelme no podía permanecer más tiempo sin dar señales de vida, pues su ausencia de casi tres meses le permitió al FDC avanzar su agenda. El TEPJF podría resolver las impugnaciones hasta finales de noviembre; en Estado de México, lo hizo horas del cambio de gobierno. Mientras tanto, Coahuila está sobre ascuas.
23 Septiembre 2017 04:07:00
Prensa y elecciones
Los periodistas no sólo son blanco de la delincuencia organizada y de gobiernos intolerantes, sino ahora también de los partidos en tiempos electorales, según Artículo 19, organización defensora de los derechos humanos. El tema lo aborda el periodista Gerardo Moyano en la nueva edición del bisemanario Espacio 4:

“El aumento de ataques a periodistas en los estados que este año atravesaron procesos electorales locales ha encendido un foco rojo para la prensa de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Así lo señala un informe de la organización Artículo 19, en el que se destaca el caso de Coahuila, donde las ofensivas contra la prensa se han triplicado durante el primer semestre del año.

“‘Artículo 19 identificó tendencias que permiten reconocer que en México la violencia contra la prensa se agudiza en diversas regiones, y que se acentúa de manera importante en los períodos previos a las elecciones federales de 2018 y posteriores a las celebradas este año. Tal es el caso de estados del norte del país como Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, en donde han aumentado las agresiones de manera considerable con respecto a años anteriores’, señala el informe semestral de la ONG.

“‘Particularmente llama la atención el caso de Coahuila –estado sujeto a un proceso electoral complejo en el período que se analiza–, pues reflejó un incremento de agresiones del 325%. Esta entidad ahora ocupa el tercer lugar con más agresiones contra la prensa (26), tan sólo por debajo de la Ciudad de México y Veracruz (ambos con 28 agresiones registradas)’, agrega.

“Artículo 19 destaca que los periodistas coahuilenses se enfrentaron a dos contextos de riesgo en la primera mitad de 2017: la cobertura de las protestas por el aumento del precio de la gasolina (enero) y las elecciones estatales (junio).

“En este sentido, señala que durante el primer semestre del año se registraron 35 agresiones en el contexto de protesta, ‘particularmente en Monclova, Coahuila, y Playas de Rosarito, Baja California, en donde se realizaron diversas movilizaciones en contra del aumento del precio de la gasolina. La violencia ejercida principalmente por autoridades hacia integrantes de la prensa dejó un saldo de ocho agresiones en Monclova y 13 en Playas de Rosarito, los días 5 y 7 de enero, respectivamente’.

“También destaca que después de la activación de la Red #RompeElMiedo durante el proceso electoral en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, se documentaron 37 agresiones, de las cuales 19 se registraron durante la jornada electoral del 4 de junio.

“‘Coahuila y Estado de México concentraron la mayoría de estas agresiones, con 15 y 13, respectivamente. En su mayoría las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos (14) e integrantes de partidos políticos (14), de acuerdo con el testimonio de las víctimas. También se identificó que 11 fueron cometidas por integrantes o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y una del Partido Acción Nacional (PAN)’, añade.

“A escala nacional, la ONG registró 276 agresiones en el primer semestre de 2017 (ocho asesinatos), lo que representa un aumento de 23% con respecto al mismo período del año pasado. Esto significa que se agrede a un periodista cada 15.7 horas, es decir 1.5 agresiones por día. Y lo peor: 50.7% de las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos (140 de 276), lo cual ‘es un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a la prensa’”.
22 Septiembre 2017 04:08:00
Golpe a la soberbia
A falta de noticias realmente positivas –no maquilladas para ocultar los problemas nacionales– y de gobiernos que en vez de causar vergüenza e indignación alivien a la sociedad y la inspiren, o al menos no le mientan ni la roben flagrantemente, la desgracia ha vuelto a unir a México. El sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre en Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Puebla, y el precedente de 8.2 en Chiapas y Oaxaca, donde murieron centenares de personas y los heridos se suman por millares, hizo aflorar lo mejor de un país castigado no sólo por fenómenos naturales, sino por gobiernos rapaces e ineficaces y por la delincuencia organizada.

Legiones abandonaron sus trabajos, escuelas y hogares para colaborar en la remoción de escombros, buscar y rescatar personas, brindar primeros auxilios, ofrecer cobijo y alimento y dar consuelo, pero también asomó la rapiña, la insolidaridad, el ventajismo. Es la cara del México de los menos –los corruptos, los traficantes de drogas, los asesinos de niños y mujeres, de hombres, periodistas y activistas por los derechos humanos–, pero cuya posición de poder y fuerza en un país donde el delito raras veces se castiga, provoca calamidades mayores que los sismos y los huracanes, cuya estela no es sólo de muerte y destrucción.

El terremoto de hace 32 años, en la misma fecha que el del martes pasado, fue la génesis del primer movimiento de solidaridad nacional. Sirvió para dimensionar el poder de organización y colaboración ciudadana, exhibió la ausencia, arrogancia e incapacidad del Gobierno federal, acentuadas sexenalmente, y ventiló casos de explotación laboral y de corrupción en el otorgamiento de licencias para construir edificios fuera de la norma. Como resultado del sismo de 1985 se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Conapred) y el Sistema Nacional de Protección Civil, 3 años después. La falta de planeación y la improvisación han costado millares de vidas.

La sociedad rebasó entonces al gobierno de un presidente medroso; y ahora a uno cuya característica es su alejamiento de la gente y de una realidad atroz, la cual se agrava cada día. Los presidentes del PAN tampoco estuvieron a la altura de las circunstancias y hoy los gobernadores de todos los partidos actúan como si el poder fuera suyo, cuando dimana del pueblo y es para su beneficio; no para las burocracias de los partidos ni de una cleptocracia cínica, insaciable y deleznable.

Lucrar con la tragedia con vistas a las elecciones presidenciales de 2018 es cruel e intolerable. El clamor: “¡Largo, fuera, déjanos trabajar!”, lanzado al secretario de Gobernación, Miguel Osorio, en la colonia Obrera de Ciudad de México (Reforma, 20.09.17), es el barómetro del grado de la ira social contra la clase política en general. Por eso la demanda de cancelar el financiamiento a los partidos y dedicar los 12 mil millones de pesos asignados para el proceso del año próximo a la reconstrucción de las zonas devastadas. Tal cosa no es posible como se plantea, pero la partidocracia y los gobiernos también deben ser solidarios y recortar sus presupuestos en favor de las víctimas, no sólo responder con mendrugos y minutos de silencio. Desastres como los del 7 y el 19 de septiembre incitan a reflexionar sobre infinidad de temas; para empezar, por la vida. Frente a las fuerzas de la naturaleza, la soberbia del poder quedó reducida a escombros.
20 Septiembre 2017 04:00:00
Los topes son la clave
Partidos y gobiernos presionan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para resolver el caso de Coahuila a su favor. El PRI recurre a la Presidencia para conservar uno de los cuatro estados donde jamás ha habido alternancia. Por su parte, el PAN intenta gobernar la mayoría de los estados fronterizos (ahora tiene tres de seis) y mejorar su posición para las elecciones del año entrante.

Enrique Ochoa y Ricardo Anaya, líderes del PRI y del PAN, respectivamente, han hecho lobby entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados TEPJF. El primero, para apuntalar el triunfo de Miguel Riquelme; y el segundo, para anularlo. Anaya ganó en el INE, pues el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), que atribuye al excandidato priista un rebase en los topes de gastos de campaña de 7.8%, tiene el respaldo de la mayoría del consejo; sobre todo, de Pamela San Martín y Ciro Murayama.

La reacción del PRI contra el INE, San Martín –quien estuvo en Coahuila el 4 de junio– y Murayama confirma el riesgo de anulación, previsto por la Constitución cuando el sobregasto es mayor al 5% y la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es inferior a esa misma proporción. Luego del dictamen de la UTF, el gobernador Rubén Moreira declaró “hay un árbitro que es muy afecto a dar opiniones parciales o admitir información parcial, que luego está generando una confusión a todos y que todos tengamos una confusión” (Vanguardia, 20.07.17).

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, defendió al organismo en un foro organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en presencia del canciller Luis Videgaray: “Atacar al árbitro de las elecciones, como parte de las estrategias de los contendientes, lo único que está provocando es mayor malestar con la vida democrática y descrédito de quienes ganan y de quienes pierden. (…) debilitar la institucionalidad democrática siembra el terreno para el regreso o eventualmente la evocación de un pasado autoritario” (Reforma, 15.08.17).

Frente a la eventualidad de ir a comicios extraordinarios con otro candidato, el PRI busca inhabilitar a Guillermo Anaya. El 24 de agosto, dos semanas después de los cateos la Procuraduría de Justicia en varias casas de campaña del excandidato de la colación “Alianza Ciudadana por Coahuila”, para investigar una supuesta red de lavado de dinero, el TEPJF revocó la resolución del INE que declaraba infundada la denuncia del PRI y ordenó revisar el caso con mayor exhaustividad.

Empero, la clave para la anulación de las elecciones de gobernador radica en el dictamen de la UTF sobre el rebase en los topes de gastos de campaña. Tanto es así que el vocero para la defensa legal de la coalición Por un Coahuila Seguro, Iván Garza, dijo que la publicación de las modificaciones al Reglamento de Fiscalización del INE, “confirma que el dictamen (…) sobre los gastos de campaña de Miguel Riquelme se basaron en una normativa no vigente. (…) Lo que sigue es que el Trife aplique la ley y reafirme el triunfo que Miguel Riquelme obtuvo en las urnas”.

El TEPJF, sin embargo, dio un mentís: “De acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales, la autoridad electoral nacional es competente para conocer sobre la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos y de los candidatos durante los procesos electorales federales y locales, por lo que el INE puede desplegar, en cualquier momento, su facultad de monitoreo y de detección de irregularidades en los informes de ingresos, egresos y gastos”.
19 Septiembre 2017 04:00:00
La gran incógnita
Cualquiera que sea la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sea la confirmación del triunfo de Miguel Riquelme o la anulación de las elecciones, la división en el estado se ahondará. Después de unas campañas huérfanas de ideas e inusualmente ríspidas, el PRI y el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) centran su atención en ese par de escenarios e interpretan los signos según su conveniencia. Sin embargo, ignoran cómo conciliarán y repararán la imagen y las finanzas de una entidad polarizada desde hace lustros por la lucha política, desprestigiada a escala internacional por los escándalos de corrupción –todavía impunes– y debilitada financieramente por una deuda que ronda los 40 mil millones de pesos.

La opinión con respecto al fallo del TEPJF se encuentra dividida tras meses de vacilaciones. El estado entró al túnel de la incertidumbre el mismo día de las votaciones por la incompetencia del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para encauzar el proceso y por las múltiples fallas durante su desarrollo. El FDC, formado por los excandidatos Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas (independientes) y José Ángel Pérez (PT), tiene la certeza de que el TEPJF revocará la constancia de mayoría de Riquelme, “por el cúmulo de irregularidades documentadas”. El PRI defiende su victoria con uñas y dientes.

Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta hacia dónde se inclinará la balanza. Desde su creación en 1996, el TEPJF ha anulado sólo tres elecciones para gobernador, todas al PRI, en Tabasco (2000) y Colima (2003 y 2015). El partido tricolor ganó los comicios extraordinarios con los mismos candidatos: Manuel Andrade (Tabasco), Gustavo Vázquez Mota y José Ignacio Peralta (Colima). El PRI impugnó el año pasado los triunfos del PAN en Chihuahua y Quintana Roo; y Morena, el del PRI en Zacatecas, pero el TEPJF no anuló ninguno.

Los únicos estados que eligieron gobernador este año fueron Coahuila, Estado de México y Nayarit; en los dos primeros ganó el PRI y en el último el PAN. En los tres casos los resultados se impugnaron. Estado de México y Nayarit se resolvieron sin cambio. Coahuila es la gran incógnita. El proceso menos controvertido fue el de Nayarit, donde Antonio Echevarría, candidato de la coalición encabezada por Acción Nacional y formada por el PRD, el PT y el PRS aventajó a la del PRI, Verde y Panal con el 12.3% de los votos en el cómputo final.

En Estado de México, Alfredo del Mazo, candidato del PRI, Verde, Panal y Encuentro Social, superó a Delfina Gómez (Morena) apenas con el 2.78% de los sufragios. El PAN cayó al cuarto lugar con la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota; el tercero correspondió a Juan Manuel Cepeda, del PRD. En Coahuila, la diferencia entre la coalición del PRI, integrada por siete partidos, y la del PAN, compuesta por cuatro, resultó menor todavía: 2.44 por ciento.

Política y mediáticamente, la elección más enconada y debatida fue la de Coahuila. Pues si bien en Estado de México los gobiernos estatal y federal volcaron presupuesto, gabinete y maquinaria a favor de Del Mazo –lo mismo pasó en Coahuila, solo que sin el favor de la Presidencia–, aquí el IEC representó la fuente del conflicto en todas las etapas del proceso. Sobre todo en el cómputo de votos, cuando primero dio por ganador a Guillermo Anaya y horas después a Miguel Riquelme.
18 Septiembre 2017 04:00:00
Siglos de indiferencia del gobierno
Como ha venido sucediendo durante años cada gobernante y Presidente de México en turno han prometido siempre atender a los sectores más vulnerables no solamente de cada comunidad sino en el país.

Pero cada vez que ustedes escuchan decir eso de cualquier político o simplemente en estos mismos momentos que usted está leyendo estas líneas, le preguntó ¿cuál sector vulnerable está pensando o imaginando?, probablemente y con mucha lógica se viene a la cabeza aquellas colonias populares cuyas calles carecen, al igual que algún otro servicio como el de luz, agua potable, alcantarillado o igual no tienen ninguna de estas.

Es difícil determinar cuál colonia de su comunidad necesite más ayuda de programas sociales o inversión en infraestructura en los servicios básicos. Sin embargo, hay un sector de la población que ha sido olvidado no solo por políticos, gobernantes y hasta del mismo Presidente de México en turno, sino inclusive han quedado en el olvido por los mismos mexicanos.

Ahora solamente los vemos dentro de algunos sectores de los diferentes municipios del país, tratándose de ganar la vida cantando por las calles.

Sí esas personas que ustedes ven vestidos de indígenas pertenecen a un grupo de habitantes principalmente en la Sierra Madre Occidental, siendo más cercano de los estado de Nayarit, Jalisco y partes de Durango y Zacatecas, conocidos como los huicholes.

Por cuestiones de pobreza extrema en sus comunidades se han visto obligados a viajar por todo el país para reunir dinero y enviarlo a sus familias, porque el gobierno les ha fallado, teniéndolos en el olvido y no solo ellos sino a todos los grupos indígenas que siguen padeciendo hambre en México.

Como nómadas andan por todo el país, así como el día de hoy cualquiera de ustedes se los puede encontrar tocando sus instrumentos de cuerda, principalmente guitarras y violines; el día de mañana pueden estar en otra parte de la república.

A diferencia de los ilegales de Honduras o Salvador, que solo extienden la mano para recibir dinero en cada crucero, los huicholes tratan de juntar dinero ofreciendo sus canciones en lugares públicos y aunque éste sea poco, al menos no roban a nadie.

Lo que sucede en comunidades como Huichol así como otros grupos indígenas del país, se dedican a la agricultura de temporal y a elaborar canastas y otros objetos artesanales porque no tienen otras opciones para sobrevivir.

No hay dinero para abrir un negocio, y el gobierno estatal ni federal voltean sus ojos hacia los indios. Solamente cuando son épocas de campañas políticas es cuando se acuerdan de ellos, van y se toman fotos tanto los diputados, alcaldes, gobernadores y hasta presidentes con ellos y luego ya ni siquiera se acuerdan de ellos.

Estas comunidades se quejan de los políticos porque aseguran que cuando buscan a un diputado, alcalde, o gobernador que los ayuden para comprar medicamentos o para tener granos básicos para trabajar las tierras simplemente les cierran las puertas de sus oficinas.

No han pasado años, sino siglos desde que los grupos indígenas han sido tratados de forma indiferente por parte del gobierno. Solamente ayudan más a la población que viven en las grandes ciudades o municipios.

Es por eso que hay pueblos fantasmas, comunidades abandonadas, porque no hay con qué cultivar y producir las tierras, ya que el gobierno no apoya a los grupos indígenas. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013)
http://www.intersip.org
18 Septiembre 2017 04:00:00
Domar la corrupción
En medio de la tempestad poselectoral y de un conflicto entre el Gobierno del Estado y la Diócesis de Saltillo por la comunicación “Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, que el obispo Raúl Vera presentó el 6 de julio ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Jesús Flores Mier rindió protesta como fiscal Anticorrupción por un periodo de siete años, con el aval de los diputados del PRI y sus satélites. Legisladores de oposición y organizaciones ciudadanas repudiaron la decisión.

El grupo parlamentario del PAN, la Alianza Contra la Corrupción en Coahuila (ACC) y el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila (CCIC) promoverán amparos para anular el nombramiento del fiscal y otras designaciones. La mayoría de los integrantes de la comisión de selección de participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) han sido funcionarios en los dos últimos gobiernos.

El propio Flores Mier colaboró en la administración de Humberto Moreira y en la actual se desempeñó como presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI). Sobre su relación con el exgobernador –acusado en Estados Unidos de formar parte de una red de lavado de dinero–, el fiscal acepta haber trabajado con Humberto Moreira, pero aclara: “no soy su amigo” (El Diario de Coahuila, 29.08.17)

Sin embargo, ni el deslinde, ni su negativa de ser “tapadera del poder” ni su ofrecimiento de que actuará como “fiscal de hierro” calmaron la tempestad. El presidente del consejo de administración de Grupo Industrial Saltillo y vicepresidente del CCIC, Juan Manuel López Villarreal, declaró que la decisión del Congreso representa “una burla para la ciudadanía” (Vanguardia, 30.08.17). Alejandra Wade, presidente del CCIC, advierte: “No existe la implementación de un Sistema Anticorrupción; es un sistema de protección lo que se está haciendo en Coahuila”. El 12 de septiembre, Sergio Dávila Flores y Roberto Cabello Elizondo, del sector privado, renunciaron al comité de selección de participación ciudadana.

Flores Mier tiene una de las mejores hojas de servicios. Es discreto y esmerado. Su ejercicio como titular del ICAI se cuestiona en vista de su nuevo cargo –además de ser profano en derecho laboral– y por haber colaborado con Moreira como director de la Unidad de Transparencia en el Ayuntamiento de Saltillo, razón suficiente para el escepticismo. El problema de fondo es la manera como se ha implementado el SEA: en la opacidad, en el límite del plazo constitucional, sin tomar en cuenta a una ciudadanía cada vez más crítica y participativa, cuyas propuestas para la comisión de selección del SEA fueron olímpicamente ignoradas. La respuesta social es del tamaño de la impostura.

La Fiscalía no es la panacea universal, sino la rifa del tigre. Domar la corrupción “puede tardar hasta 15 años”, declara Flores; es decir, más del doble del tiempo para el que fue nombrado. En ese lapso –según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)– se verán los primeros resultados de la lucha contra la hidra, pretexta. Pero más que látigo o espada para contener al tigre o cortar cabezas, Flores necesita dar resultados sin consignas políticas. No dentro de dos años o cuatro, sino ahora. Tiene mucha tela que cortar: roja, azul, verde y naranja.
16 Septiembre 2017 04:06:00
Guerra de nervios (II)
La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) favorable a Alfredo del Mazo en el Estado de México volvió a enconar al PRI y al PAN en Coahuila. Mientras la Sala Superior resuelve si revalida o anula los comicios para gobernador, las principales fuerzas políticas del estado tratan de llevar agua a su molino. Sin embargo, descontar de la campaña de Del Mazo un gasto en publicidad en Facebook por 3.6 millones de pesos, que el Instituto Nacional Electoral (INE) había contabilizado, se toma como un indicio de que el TEPJF podría resolver igual el caso de Coahuila y franquearle las puertas del Palacio de Gobierno a Miguel Riquelme.

Sin embargo, el excandidato del PAN, Guillermo Anaya, ve las cosas de otra manera. Tras la ratificación del triunfo de Del Mazo, el político lagunero emitió un comunicado donde advierte que “la validez del Reglamento de Fiscalización en el Estado de México”, votada en la sesión del TEPJF, “significa que (los magistrados) desecharon el argumento del PRI por supuestamente no haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación. (…) esto es la virtual anulación de la elección para gobernador en Coahuila. (…) La estocada final al PRI y Moreira es cuestión de tiempo”.

David Aguillón, presidente de la Fundación Colosio del PRI, replicó que “Ante el intento del candidato perdedor (…) Guillermo Anaya, de confundir a la opinión pública”, las resoluciones del TEPJF sobre la fiscalización de las campañas en Estado de México y Nayarit, “confirmarían que en el caso de Coahuila el candidato Miguel Riquelme se apegó a los criterios de legalidad y no rebasó el gasto en los topes de campaña”.

Aguillón, quien se desempeñó como director de Comunicación Social y secretario de Gobierno en la Administración de Humberto Moreira, y fue presidente del PRI en el Gobierno de Rubén Moreira, acusa: “Guillermo Anaya y el PAN vuelven a desinformar. En ningún caso se ha validado la nulidad de la elección ni (…) se analizó el tema de la validez del Reglamento de Fiscalización; por el contrario, hoy el TEPJF sostuvo dos precedentes relevantes para ratificar el triunfo del PRI”.

En el mismo tono respondió el gobernador Rubén Moreira, tras la ceremonia de izamiento de la bandera por el CCVII aniversario del inicio de la Independencia. “Ayer lo que vimos fue un excandidato desesperado. Me refiero a Guillermo Anaya, buscando que todo lo que construyó con falsedades no se derrumbe, porque él fue –ahí sí hay que reconocerlo– muy hábil (…) para engañar a los ciudadanos haciéndoles creer cosas que en realidad no pasaron (y) aprovechando errores del Instituto Nacional Electoral”. Para Moreira, la resolución del TEPJF podría ocurrir en noviembre, sin alterar el resultado de los comicios del 4 de junio en favor de Riquelme.

Anaya no bajó la guardia y desde Torreón declaró que el gobernador “se encuentra muy nervioso”, pues “ante la inminente anulación sabe que quedaría sin protección y habría justicia ante los 12 años de saquear y endeudar sin piedad a nuestra entidad. (…) Es normal que defienda a su protector y nos ataque; siempre metió las manos por Riquelme; coaccionó al Instituto Electoral de Coahuila; desvió recursos públicos y humanos (y) usó a la fuerza pública en nuestra contra. Todo para no ir a prisión”.

En un comunicado, el CEN del PAN sostiene que el TEPJF “validó los principales criterios del INE con lo que se determinó que (…) Miguel Riquelme rebasó los topes de gastos de campaña por 8.2 por ciento (…), por lo que la anulación de la elección es inminente”.
15 Septiembre 2017 04:07:00
El turno de Coahuila
La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en Estado de México estaba más anunciada que el Grito de Dolores. El primer primo del país, Alfredo del Mazo, gobernará a partir de mañana y sanseacabó. Así funciona en nuestro país la democracia, donde, para ganar elecciones, el dinero no basta; es necesario un sistema parcial que se haga de la vista gorda frente a la compra de votos, la utilización de recursos públicos y el derroche en las campañas, cuyo gasto real es infinitamente superior a los topes legales.

En Coahuila, el PRI, el gobernador Rubén Moreira y Miguel Riquelme dan por descontado que el TEPJF resolverá como en Nayarit y Estado de México; es decir, la confirmación de su victoria. Después de ser recibido por el presidente Peña Nieto en Los Pinos, el 24 de agosto, Riquelme se entrevistó con los presidenciables de su partido: Miguel Osorio, José Narro y José Antonio Meade; excepto con Aurelio Nuño, el favorito entre bastidores. También se reunió con José Calzada y Enrique de la Madrid.

La seguridad es tal que el secretario de Desarrollo Económico, Antonio Gutiérrez, anunció que Moreira y Riquelme realizarán giras de promoción por China y Alemania, además de participar en la asamblea de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), en Bolivia, entre el 7 y el 17 de octubre (“El Diario de Coahuila”, 12.09.17).

Pero mientras el TEPJF no diga la última palabra, nadie puede cantar victoria todavía. Así lo advierte el excandidato del PAN, Guillermo Anaya, quien, después de reunirse el lunes pasado con los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe Fuentes Barrera, declaró su mantra de “la nulidad de las elecciones en Coahuila está más cerca que nunca”. “El robo del siglo” no se consumará –dijo–, pues “la ciudadanía se unió y documentó una gran cantidad de pruebas del fraude electoral orquestado por la familia Moreira”. Según Anaya, el rebase de los topes de campaña de Riquelme se elevará cuando el INE resuelva la queja 141. Sin embargo, la guadaña de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) también puede segar sus aspiraciones en una eventual elección extraordinaria.

Por su parte, el senador Luis Fernando Salazar (PAN) pidió ante el pleno de la Cámara alta un punto de acuerdo para “exhortar al Presidente de la República y a los titulares de las secretarías de Estado a suspender las reuniones con Miguel Riquelme Solís, hasta en tanto no exista una resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a la anulación de las elecciones a gobernador en el estado de Coahuila”, dice en un comunicado.

Frente a la “inminente anulación (…) están desesperados por adelantar los procesos (…), el Gobierno federal debe abonar a la certeza, imparcialidad y legalidad que deben prevalecer en esta etapa (…) y no abonar la desconfianza ciudadana en las instituciones”, apunta. Fotografías del político lagunero han vuelto a aparecer en espectaculares con motivo de su informe legislativo. Fernández aspiraba a ser candidato a alcalde de Torreón el año próximo, pero al parecer los planes han cambiado. Toda la atención está ahora en el TEPJF, donde se decidirá si Riquelme toma posesión o el año próximo hay nuevas elecciones.
13 Septiembre 2017 04:00:00
Coahuila, el plato fuerte
Con la validación de las elecciones para gobernador en Nayarit –el jueves pasado– y del Estado de México –prevista para las próximas horas–, sólo quedarán por resolver las de Coahuila, las más espinosas de las tres impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La prelación obedece a que el cambio de poder en Estado de México será este sábado y en Nayarit el martes 19. El caso de Coahuila, el TEPJF dispone de más tiempo para emitir su sentencia, pues el periodo de la actual Administración concluye el 30 de noviembre.

Si el TEPJF ratifica el triunfo del PRI, Miguel Riquelme rendirá protesta ante la actual legislatura, de mayoría priista, el 1 de diciembre. Pero si las elecciones se anulan, como el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) y el CEN del PAN aseguran que sucederá, el Congreso nombrará un Gobernador interino y en un lapso de tres meses convocará nuevos comicios.

En Nayarit, donde Morena impugnó la candidatura de Antonio Echevarría por no cumplir el servicio militar y, según esa apreciación, tener suspendidos sus derechos políticos, la coalición “Juntos por ti” (PAN, PRD, PT y PRS) aventajó a la del PRI, el Verde y el Panal (“Nayarit de Todos”) por 12.17%, equivalente a 62 mil votos. Los magistrados votaron por unanimidad que la falta de la cartilla militar no inhabilitaba a Echevarría. La sentencia del Tribunal Estatal Electoral había sido en el mismo sentido.

En el de Estado de México, el TEPJF dio un paso hacia la confirmación del priista Alfredo del Mazo (PRI), al desechar “los argumentos (…) de las causas de nulidad, porque contrario a lo argumentado: 1) el Tribunal local no omitió el estudio sobre los reclamos de anulación de los votos recibidos en diversas casillas; 2) el Tribunal local estudió de manera exhaustiva los argumentos sobre las irregularidades planteadas, así como los medios probatorios que obraban en los expedientes; 3) fueron correctos los criterios y razones a partir de los cuales se determinó que no se actualizaron las causas de nulidad de la votación en las casillas impugnadas”.

La elección de Coahuila es la más complicada, pues de las tres para Gobernador celebradas este año, fue la única impugnada por exceder el tope de gastos de campaña, de 19.2 millones de pesos, entre otras irregularidades. El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), liderado por los excandidatos Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas (independientes), demanda repetir las elecciones.

En su sesión del 17 de julio, el INE aprobó el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) según el cual el candidato del PRI, Miguel Riquelme, rebasó en 7.8% el límite de gastos de campaña, y el panista Guillermo Anaya, en 4.5. El Artículo 41 de la Constitución advierte que cuando el monto se excede en 5% y la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es menor a esa proporción (la diferencia entre Riquelme y Anaya fue de 2.4), el proceso puede anularse; en tal caso, “se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.

El 7 de septiembre circuló una nota de La Jornada en el sentido de que, como resultado de los procedimientos oficiosos autorizados por el INE, la UTF incrementó a 16.3% el rebase en los topes de campaña de Riquelme, y a 11.1 el de Anaya. Si el dictamen se confirma, los dos podrían ser inhabilitados para participar de la segunda vuelta.
12 Septiembre 2017 04:00:00
Carlos Galván Tello
En la política, como en el periodismo y en toda actividad estrechamente vinculada con la sociedad, no todo está envilecido. Existen funcionarios que enaltecen el servicio público, pero como son los menos, no se aprecian. Unos pasan desapercibidos para no ser estigmatizados por su “mal comportamiento”; otros, por falta de atención de los medios de comunicación, siempre en busca de la paja en el ojo ajeno. Cuando cursaba primaria en el colegio Juan Antonio de la Fuente de Torreón y se celebraba el Día del Tránsito, automovilistas y peatones les entregaban obsequios en el crucero de Escobedo y Madero. Mis compañeros y yo deseábamos, de grandes, ser agentes; y otros, bomberos, por el bien que podríamos hacer. Hoy los modelos son otros y se exaltan en series, en corridos y sus actividades se protegen desde el poder, sin importar la letra o las siglas.

Coahuila ha perdido a un funcionario ejemplar, y muchos amigos y yo, a un hermano. Carlos Galván Tello falleció ayer, después de una brava lucha para seguir entre nosotros, pero sobre todo al lado de su esposa Ángeles y de sus hijos Carlos, Rodrigo y Pamela. La muerte es un misterio, cruel y a veces traicionero, pero siempre inevitable; a cualquier edad nadie está a salvo. Sin embargo, uno quisiera que sus seres más amados, entre ellos los amigos, jamás se fueran, que estuvieran con nosotros en cualquier momento para charlar con ellos, escucharlos, abrazarlos y decirles cosas que nos guardamos por creerlos inmortales. Como a Carlos. Nos decíamos “líder”. Él lo era, yo no.

Existen ausencias que duelen y se sienten más, no porque el afecto hacia otras personas sea menor, sino porque cada quien lleva en su alma valores, sentimientos, tesoros, carismas y cosas distintas que transmiten y las vuelven diferentes. La de Carlos estaba colmada de alegría, de bondad, de gusto por la vida, de bohemia y de canciones; de anécdotas y recuerdos gratos, pero sobre todo de amor y ternura para su familia. El nombre de Ángeles no es casual. Le dio uno como compañera de vida y a tres –sus hijos– para premiar su existencia de hombre bueno. Una legión de esos espíritus creados por Dios le seguía siempre y sin duda le condujo, entre cantos, himnos y trompetas, a la presencia del Dios en quien creía y que es también el mío desde niño.

Una de las últimas veces que abracé a Carlos fue en la anterior comida de cumpleaños de Eliseo Mendoza Berrueto, quien hizo de un grupo de compañeros de trabajo, en su gobierno, muchos desconocidos entre sí, una hermandad. Le vi extrañamente retraído. Cantó con más sentimiento que otras veces (alguna de Sabina), con la mirada puesta en el cielo, pero sin insinuar dolor, estoico. Porque, como ya dije, era un hombre de fe. Su ascenso en sus tareas públicas y privadas fue sólo por méritos. Después le vi en una misa de viernes primero, en San Pablo Apóstol, con el padre Juan Manuel Ledezma, en la unción que no es sólo para enfermos del alma o del cuerpo, sino también para quienes, sin estarlo, tienen sed de esa gracia y comunicación especial del Espíritu Santo. Entonces cuando comprendí la razón de su nostalgia.

La última vez que le telefoneé se hallaba en Cuernavaca, donde semanas antes se había sometido a una operación quirúrgica. “Me acaban de hacer unos estudios. Salí bien. Estoy con Ángeles, mañana regresamos a Saltillo”. Y ayer la noticia de su muerte joven, incomprensible, que nos llena de tristeza. Copiosa fue tu siembra, líder, y abundante será tu cosecha.
11 Septiembre 2017 04:00:00
Ignorar la realidad
El tema de las campañas presidenciales de 2018 será la corrupción como lo fue en 1982. En esos años, el fenómeno era juego de niños comparado con los circuitos de interés, complicidad e impunidad de ahora. La de entonces era una corrupción “nacionalista”, se robaba al país desde dentro; hoy se ha globalizado y se hurta desde fuera según lo demuestran los enjuagues con Odebrecht y OHL. Miguel de la Madrid, en busca del voto, apelaba a la “renovación moral de la sociedad” cuando la principal fuente de venalidad eran los poderes públicos.

En el sexenio de López Portillo (1976-1982), uno de los casos de enriquecimiento más escandalosos fue el de Arturo Durazo, jefe de la Policía capitalina, acusado de vender protección al crimen organizado y experto en desaparecer personas. El propio Presidente, quien terminó en bancarrota, como dejó al país por su populismo exacerbado y la estatización de la banca, fue estigmatizado debido a sus mansiones en “la colina del perro”, bautizada así por su promesa de defender al peso cual mastín. La moneda terminó devaluada, la riqueza petrolera dilapidada y las reservas internacionales casi en cero.

La corrupción está por encima de problemas lacerantes como la pobreza, la inseguridad y la violencia, pues sus efectos sociales, económicos y políticos son perversos y expansivos. En ese contexto se debate la designación del primer fiscal general de la República. Partidos de oposición y organizaciones cívicas rechazan para una responsabilidad de tal calibre al procurador Raúl Cervantes. Sus conexiones con el PRI, su amistad con el presidente Peña Nieto y el Ferrari de 3.8 millones de pesos, registrado en un domicilio fantasma de Morelos, lo descalifican. El propósito de la administración es obvio: inmunizarse durante los próximos nueve años.

Imponer un fiscal a la medida del Gobierno ahondaría el enojo ciudadano y el descrédito de México en el exterior, lastimado como nunca en el actual sexenio. Nuestro país retrocede año tras año en la calificación de Transparencia Internacional y es el socio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con las prácticas más corruptas. Sin embargo, en vez de rectificar y construir instituciones sólidas e independientes, capaces de recuperar la confianza ciudadana, se dan pasos en sentido opuesto mientras Guatemala, Brasil y Perú procesan, defenestran y encarcelan a jefes de Estado.

El Gobierno trató de ignorar la realidad, pero la corrupción terminó por sepultarlo. Pocas veces se habían denunciado y documentado casos relacionados con el Presidente como ahora sucede. Los costos de la negación han resultado enormes para México, pero la preocupación del Gobierno no es esa, sino su potencial efecto en las urnas el año próximo. Es decir, la pérdida del poder y el riesgo implícito, máxime si López Obrador es quien lo asume. Si en el pasado robar al país se veía como cosa “cultural” o lubricante del sistema, la voracidad y la falta de castigo colmaron el hartazgo ciudadano. Si antes la actitud era de indiferencia, ahora la sensación es de náusea.

Lo anterior explica por qué al Gobierno le disgusta que la sociedad “hable tanto tiempo de corrupción”. El reclamo del presidente Peña Nieto al empresario Claudio X. González el 11 de mayo, en una reunión privada en Los Pinos, habría sido justamente por el activismo de su hijo –del mismo nombre– a través de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, de acuerdo con la nota publicada por The New York Times el 30 de agosto. La consigna ciudadana es irrefutable: castigo a los corruptos en las elecciones de 2018.
09 Septiembre 2017 04:08:00
Votos, agua y ecología
El mayor esfuerzo para que el país rompa con el pasado y resuelva problemas ignorados por los políticos tradicionales, a pesar de la terquedad del Gobierno para evitarlo, procede de la sociedad y no de los partidos. Tres ejemplos de ello los ofrece el bisemanario Espacio 4, en la sección Luz y Sombras de su nueva edición:

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Finalmente, la iniciativa del diputado local independiente Pedro Kumamoto para reducir el financiamiento de los partidos en Jalisco, según el número de votos que alcancen en las elecciones, contó con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros dieron luz verde al proyecto tras haber rechazado con división de votos –siete a favor y cuatro en contra– el recurso que pretendía anular la reforma al Artículo 13 de la Constitución de Jalisco.

De esta manera, la Corte dejó en claro que los estados cuentan con la facultad para legislar en materia de financiamiento a los partidos. La iniciativa de Kumamoto, además, otorgará un peso extra al voto ciudadano, pues de este dependerá el financiamiento de las facciones políticas. Acorde con los cálculos elaborados por el Congreso de Jalisco, la reforma aprobada generará ahorros por 180 millones de pesos anuales a partir del año 2019. Falta ahora que otros estados sigan este ejemplo. El popular candidato independiente y autor del plan confía en que así será. “Jalisco será el primer estado en reducir recursos a partidos. Vamos por más”, afirmó.

II

El derecho humano al agua está por encima de cualquier negocio. Así se lo dejaron en claro a Aguas de Saltillo (Agsal), luego de que el juez segundo de Distrito en el estado de Coahuila ordenara a la paramunicipal que reconectara el servicio a una familia saltillense que había sido privada del acceso al vital líquido por falta de pago. Mediante un juicio de amparo quedó en evidencia que ese tipo de acciones violan el Artículo 4° de la Constitución General de la República, en el que se garantiza el derecho humano al agua. El suceso, además, marca una victoria importante para los saltillenses que han sufrido, por años, las arbitrariedades de Agsal, muchas veces en contubernio con las autoridades en turno.

“Es un logro para la ciudadanía si consideramos que el agua es un bien de la nación que debe estar a disposición de los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades básicas”, afirmó el abogado Reyes Flores Hurtado. Sirva el caso para demostrar la importancia que tienen los derechos de la sociedad, mismos que han de atenderse por encima de los afanes de lucro de cualquier empresa o compañía.

III

Aun cuando el Valle de Cuatro Ciénegas vive un proceso de desecación alarmante, que lo ha dejado con apenas el 10% de la superficie de espejo de agua y humedales que antaño lucía, este ecosistema –considerado una de las 13 maravillas de México– tiene siempre alguien quien lo auxilie. Es el caso del fotógrafo David Jaramillo, que desarrolla actualmente un documental acerca de esta región para llamar la atención de la sociedad y las autoridades sobre la necesidad de ponerlo a salvo. Jaramillo ya suma 4 años de labores ininterrumpidas junto a Valeria Souza, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, con el fin de rescatar el Valle. Ambos destacan que el mayor riesgo que enfrenta Cuatro Ciénegas es el uso indiscriminado del agua, que va a parar como recurso de riego para cultivar alfalfa.
08 Septiembre 2017 04:00:00
Alianza Anticorrupción
La Alianza Anticorrupción Coahuila (AAC) tocó el martes pasado las puertas del Palacio de Gobierno para denunciar que “La corrupción e impunidad en Coahuila se encuentran en los más altos índices históricos y (que) a pesar de la gravedad e importancia del tema, ni el gobernador, ni el Congreso del Estado han dado un paso a favor de integrar propuestas ciudadanas para el diseño conjunto de un sistema local que busque de manera eficaz prevenir y sancionar los actos de corrupción y que sirvan al interés público y a nuestra sociedad en su conjunto”.

La manifestación de la AAC, integrada por más de 100 organizaciones civiles, ocurrió después de que Jesús Flores Mier y Sandra Rodríguez Wong rindieron protesta como fiscal anticorrupción y presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Los nombramientos fueron repudiados por líderes de oposición y del sector privado.

Catorce enormes letras con las palabras ANTI CORRUPCIÓN se colocaron frente a la sede del poder ejecutivo. Ángeles Cabrero, del colectivo Plaza Mayor de Torreón, y Pastor López, de Saltillo, advirtieron de los intentos por acompañar al Congreso y al Gobierno en el diseño e implementación del SEA sin provocar conflictos y con respeto de los tiempos y formas, “procurando en todo tiempo una participación ordenada y propositiva. Como nunca (…) en la historia de Coahuila hemos logrado el consenso de más de cien organismos y colectivos (…). Todos coincidimos en que es el momento de construir las instituciones que necesitamos para acabar con la corrupción y la impunidad”.

Después de enumerar sus propuestas y pronunciamientos, como la falta de voluntad política para crear un SEA eficaz y transparente –“hoy contamos con cinco magistrados y un fiscal anticorrupción que no poseen verdadera autonomía”– y de advertir que “la corrupción en Coahuila es grave porque, ante la opción de solución, se ha impuesto la arrogancia y la prepotencia política, el gobernador de Coahuila ha pervertido y manipulado a su conveniencia una ley cuya esencia es la participación ciudadana”, la ACC planteó sus exigencias:

Que el Gobierno “cumpla con su obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos y civiles”, “repare las violaciones ocasionadas por la implementación de un sistema que atenta contra la procuración de justicia”; y el Congreso “respete en todo momento los principios de máxima publicidad, transparencia y parlamento abierto en las decisiones legislativas y ejecutivas con respecto a la implementación del Sistema Anticorrupción”.

Asimismo, demanda que “se promueva de forma inmediata la elaboración de una nueva reforma constitucional que incorpore las propuestas de la sociedad civil para la creación de un Sistema Anticorrupción auténtico, profesional, autónomo e independiente; se destituya a los integrantes de la Comisión de Selección que no cumplen con los requisitos estipulados en las convocatorias y que no garantizan independencia política indispensable para (…) designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana, y se realice un nuevo proceso (…) apegado a los criterios de transparencia, legalidad y objetividad; se inicie el proceso de remoción de los cinco magistrados y el fiscal anticorrupción para dar inicio a procesos abiertos (…) con la participación de la sociedad civil; se incluyan pruebas de confianza y exámenes de conocimientos y mérito para tan importantes cargos; y no se realicen más designaciones de puestos clave del Sistema por parte de esta Legislatura”.
06 Septiembre 2017 04:07:00
Retórica de la violencia
En medio de la vorágine poselectoral y de la incertidumbre por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la sociedad civil ha dado ejemplo de madurez a los partidos y agentes políticos. El 4 de junio, la ciudadanía acudió copiosamente a las urnas, pero no vio reflejada su afluencia en el cómputo de votos. Menos de 48 horas después del cierre de casillas, legiones de coahuilenses protestaron pacíficamente en Marchas por la Dignidad, en Saltillo y Torreón, para impugnar la elección de Gobernador y pedir nuevos comicios.

En Monclova, Piedras Negras, Acuña, Matamoros, Nueva Rosita y otras ciudades se realizaron protestas similares convocadas por el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC). La coalición está formada por los excandidatos Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas (independientes) y José Ángel Pérez (PT). Después de expresar su voluntad en las urnas y en las calles, la ciudadanía espera ahora la respuesta del TEPJF a su demanda de elecciones limpias, desoída por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y su equivalente a escala nacional.

Los candidatos de las principales fuerzas políticas en el estado (PRI y PAN) no satisficieron a la ciudadanía e incluso provocaron división en sus propios partidos. Con los de Morena, el PRD, el PT y los dos independientes pasó lo mismo. La guerra sucia suplantó las ideas y las propuestas. En el par de debates (des)organizados por el IEC, el priista Miguel Riquelme y el panista Guillermo Anaya se acusaron de corruptos, de enriquecimiento ilícito e incluso de estar vinculados con la delincuencia organizada. Los cargos, por su gravedad, ameritaban denuncias penales, pero ni Riquelme ni Anaya dieron ese paso.

El PRI apostó a su estructura y a la maquinaria del estado para retener el poder; el PAN, al anhelo de alternancia, al hartazgo ciudadano y al enfado social por la deuda de 40 mil millones de pesos, el abuso del poder y otros escándalos de corrupción como las empresas fantasma a las cuales se desviaron más de 500 millones de pesos, sin que en ninguno de los casos haya todavía funcionarios en la cárcel, pero ni a uno ni a otro les bastó. Las elecciones fueron las más cerradas en la historia de Coahuila… y las más desaseadas. De no haberlo percibido así, la ciudadanía se habría conformado con el resultado en vez de refutarlo.

El tema de Coahuila se insertó en la agenda nacional y despertó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al TEPJF de su letargo para remediar un proceso viciado, no por el liderazgo de los candidatos de oposición, por la presión de las cámaras empresariales o la influencia de los corporativos en las esferas de poder, sino por el impulso de una sociedad civil indignada contra la corrupción, la impunidad y la soberbia de las autoridades.

La coyuntura le brinda a Anaya y a otros excandidatos reunidos en el FDC la oportunidad de devenir en los líderes que nunca han sido, pues catalizan el malestar social y político contra los hermanos Humberto y Rubén Moreira. El PRI y el Gobierno lo saben y por eso tratan de anularlos. Las acciones contra el exaspirante de la Alianza Ciudadana por Coahuila —por causas fundadas o no— pueden revertirse y convertirlo en víctima. Los bandos deben moderarse, pues hay retórica que incita a la violencia.
05 Septiembre 2017 04:00:00
Escenario de crisis
La competencia por la Gubernatura fue siempre entre Miguel Riquelme y Guillermo Anaya, y así lo proyectaron las encuestas. La distancia entre los candidatos de las coaliciones Por un Coahuila Seguro y Alianza Ciudadana por Coahuila se acortó a dos o tres puntos al final de las campañas. El 11 de junio, sólo una semana después de la jornada, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) declaró a Riquelme ganador con 482 mil votos (38.1% del total).

Anaya captó 452 mil sufragios (35.7%), sólo 2.4 puntos porcentuales por debajo del priista; Armando Guadiana, de Morena, 151 mil (11.9%), y el candidato independiente Javier Guerrero, 105 mil (8.3%), a tono con las encuestas. Las oposiciones jamás habían superado al partido oficial en votos. De haberse unido antes de las elecciones, hoy el tema sería la alternancia y la formación del primer Gobierno de coalición, no la impugnación del triunfo de Riquelme, válido hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo confirme.

El objetivo del PRI era retener el poder a cualquier costo incluso con una ventaja marginal, pero ya con la constancia de mayoría en sus manos, optó por el encierro en vez de socializar y legitimar la victoria de su candidato, así fuera pírrica. Por esa razón, el conflicto poselectoral salió de control y escaló al plano nacional. Además de no consensuar una candidatura alterna por si Riquelme no prendía, el Gobierno y su partido tampoco se prepararon para un escenario de crisis como el de ahora, cuyo final podría ser la anulación de los comicios.

El PRI estuvo a punto de perder por sus propios errores, no tanto por los aciertos de sus rivales. Frente a la posibilidad de celebrar nuevas elecciones, el grupo dominante dejó correr las cosas en espera de que los coahuilenses se agotaran y terminaran por aceptar su permanencia en el poder otros 6 años. Sin embargo, esta vez no fue así. Los candidatos de oposición y la sociedad civil se rebelaron contra la impostura avalada por el IEC.

Anaya, Guadiana y Guerrero tomaron la iniciativa y marcaron la agenda poselectoral. El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), al cual se unieron los excandidatos José Ángel Pérez (PT) y Luis Horacio Salinas (independiente), se convirtió en un movimiento ciudadano cuya demanda central consiste en anular la elección de gobernador. Con marchas multitudinarias en Saltillo Torreón y otras ciudades, entrevistas en la Ciudad de México y una “visita” al Palacio de Gobierno, el FDC ha catalizado el sentimiento de sectores indignados por lo sucio de las elecciones. Coahuila retrocedió medio o siglo o más. El robo de urnas, la manipulación de boletas y del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la intromisión del estado y de la Policía, la complicidad del IEC y la negligencia del Instituto Nacional Electoral (INE) provocaron la peor crisis política de que se tenga memoria.

El cateo en tres casas de campaña de Guillermo Anaya, realizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), tuvo el efecto bumerán. La PGJE dijo haber localizado pruebas sobre una supuesta red para la compra “masiva de votos” en la cual se habrían lavado 70 millones de pesos, según el presidente de la Fundación Colosio, David Aguillón. El líder del PAN, Ricardo Anaya, acusa al Gobierno de “sembrar evidencias falsas”. El 15 de agosto, Guillermo Anaya presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja “por todos los actos autoritarios” de Rubén Moreira. La pugna por el poder no ha terminado.
04 Septiembre 2017 04:00:00
El laberinto del zar
El fiscal Anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier, es un hombre circunspecto, pero eso no le basta para contener la ola de reacciones de partidos, asociaciones civiles y del Frente por la Dignidad de Coahuila (FDN) por su “cercanía” con Humberto y Rubén Moreira, quienes han gobernado el estado en los 12 últimos años. Pero en vez de achicarse, Flores saca el pecho: “No nos va a temblar la mano, vamos a aplicar la ley, para eso está esta nueva Fiscalía, y vamos a ir tras todos esos delincuentes”, declaró a Zócalo Saltillo.

Sin embargo, no identifica a los pillos cuyos nombres bullen en la mente de los coahuilenses indignados por la deuda de 40 mil millones de pesos, la desviación de más de 500 millones a empresas “fantasma” y otros casos de corrupción. Además, condicionó la firmeza de su pulso a la hora de aplicar la ley a los venales: “(siempre y cuando) existan elementos probatorios y denuncias”.

En un comunicado, el FDC reprobó “La simulación armada por el gobernador Rubén Moreira Valdez (…) en el Sistema Estatal Anticorrupción”. Flores Mier –acusa– fue director de Transparencia de Humberto Moreira y como presidente del ICAI siempre protegió al Ejecutivo estatal. “Instalar a un moreirista como fiscal Anticorrupción por 7 años es inédito (…) sólo en Coahuila suceden este tipo de situaciones, (…) para este cargo se requería a alguien autónomo, apartidista y sin vínculos con personajes priistas y más cuando el nuevo fiscal en su pasado ya ha protegido y servido a la familia en el poder”.

Flores toma las cosas con calma. Niega ser un fiscal a modo, sambenito que le cuelgan la fracción parlamentaria del PAN y el FDN. No es penalista, y por lo tanto propone “un grupo de especialistas integrado por académicos, sociedad civil y sector privado que elabore un mapeo de riesgos de corrupción y de mejora regulatoria que identifique puntos débiles que oriente el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción”.

Sin perder la compostura, el fiscal resume en 11 palabras su ánimo para enfrentar la tarea que tiene a cuestas, similar a la de Sísifo: “No hay bala de plata o antídoto para erradicar la corrupción”. La referencia es a la leyenda según la cual esa es la única munición efectiva para matar a hombres lobo, vampiros y a otras criaturas fantásticas (Wikipedia).

También admite que partirá de cero: “Hay que comenzar a trabajar en contra de la corrupción; estamos listos para eso, lo cual es un reto importante porque esto no se puede lograr con una sola autoridad: sabemos que la corrupción es un problema, pero el peor problema es la impunidad. (…) vamos a impulsar los valores, la ética y la honradez en el servicio público”.

Sin embargo, Flores no convence al FDC: “Cuando creímos haber visto todo en Coahuila, como la sucesión fraternal, la corrupción desmedida, los fraudes electorales, el desvío de recursos descarado, la impunidad y el cinismo de proteger a todos los integrantes del ‘cártel de los Moreira’, llega el nuevo fiscal Anticorrupción, quien en su currículum destaca haber sido incondicional de Humberto y tapadera de Rubén desde el ICAI”, dice la nota firmada por Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas.

Los excandidatos al Gobierno –advierten– “seguirán firmes en las denuncias contra el fraude electoral y todos los delitos del moreirato (…) y que así hayan instalado un ‘fiscal a modo’ para buscar protección, seguirán en la lucha política y jurídica para que haya justicia en Coahuila”.
02 Septiembre 2017 04:07:00
México contra la pared
El fantasma de Odebrecht, la contratista corruptora que puso en la picota a hombres y mujeres del poder de América Latina, se pasea por México, advierte el periodista Gerardo Moyano en la nueva edición del bisemanario Espacio 4:

“El caso de los sobornos pagados en México por la constructora brasileña Odebrecht será la primera prueba de fuego para el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Según testimonios y documentos recabados por la justicia estadounidense y medios de comunicación de renombre (Proceso, El País, O Globo), la firma pagó coimas a funcionarios mexicanos, al menos de 2010 a 2014, para obtener contratos públicos multimillonarios en el sector energético.

“Si bien el período referido involucra a la administración federal panista de Felipe Calderón (2006-2012), es la del priista Enrique Peña la más afectada debido a las sospechas –cada vez más fundadas– sobre el financiamiento ilícito de su campaña, a través de un hombre clave del presidente: Emilio Lozoya.

“‘Odebrecht creía que el (próximo) presidente de México iba a ser Emilio Lozoya Austin. Y le gustaba esa idea’, dijo Rodrigo Tacla, un exempleado de Odebrecht, a El País (27-07-17). Semanas más tarde, una investigación periodística de Quinto Elemento Lab, publicada por Proceso (13-08-17), reveló que tres altos exejecutivos de Odebrecht declararon que Lozoya recibió más de 10 millones de dólares en ‘propinas’, a cambio de ayuda para obtener contratos públicos.

“De acuerdo con los testigos citados, Lozoya comenzó a recibir dinero en abril de 2012, cuando era coordinador de Vinculación Internacional en la campaña de Peña, y continuó recibiéndolo como director de Pemex, cargo que ocupó entre diciembre de 2012 y el 8 de febrero de 2016, cuando fue sustituido en medio de otro escándalo de corrupción relacionado con la constructora española OHL, favorecida por Peña mientras era gobernador del Estado de México.

“Aunque la presidencia y Lozoya niegan los hechos, y la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR) se escudan en la falta de información, existen indicios que apuntalan las denuncias: 1) el hecho de que el Gobierno federal haya borrado las fotografías del encuentro entre Peña Nieto, Lozoya y el empresario Marcelo Odebrecht (condenado a 19 años de prisión, en 2016, por pagar más de 30 millones de dólares en sobornos); 2) los millonarios contratos obtenidos por Odebrecht desde que Lozoya asumió la dirección de Pemex; 3) la existencia de cuentas vinculadas a Lozoya en paraísos fiscales; y 4) el inexplicable enriquecimiento de Lozoya y su familia; entre otros.

“En este contexto, surge una pregunta: ¿puede el gobierno de Enrique Peña aguantar otro escándalo mayúsculo de corrupción y sobrevivir el año y meses que le resta al sexenio? Para el historiador Lorenzo Meyer, el gobierno niega y dilata la entrega de información, como parte de ‘una guerra de retirada (…) para ceder el menor terreno posible en el mayor tiempo posible’, según dijo a Aristegui Noticias (21-08-17).

“En este sentido, el papel que jueguen organismos como el SNA, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que lanzaría un micrositio web sobre el caso; la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que dice haber iniciado una investigación; y la SFP, que inició cuatro procedimientos sancionatorios contra la firma brasileña, será crucial para saber si México sigue el ejemplo de países que han encarcelado a funcionarios públicos y de Odebrecht, por la misma red de sobornos”.
01 Septiembre 2017 04:00:00
Choque de corrientes
El conflicto poselectoral en Coahuila saltó a la arena la nacional, y en ese escenario el excandidato del PAN, Guillermo Anaya, acudió a la quinta reunión plenaria de los diputados federales de Acción Nacional. Anunció “la inminente anulación de las elecciones” y parafraseó al fundador de su partido, Manuel Gómez Morín: “‘Que no haya ilusos para que no haya desilusionados’. Sabíamos que esta lucha iba a ser muy difícil y muy complicada porque los Moreira saben que irán a la cárcel (…) vamos a castigarlos por todo el daño que le han hecho al estado de Coahuila”.

Mientras tanto, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Miguel Riquelme asistió a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública encabezada por el presidente Peña Nieto. El coahuilense compartió fila con los gobernadores electos Alfredo del Mazo (Estado de México) y Antonio Echavarría (Nayarit), cuyos triunfos también fueron impugnados. El PRI tiene más riesgo en Coahuila, donde concurren las causales de la nulidad previstas en el Artículo 41 de la Constitución: 1) un rebase en los topes de gastos de campaña mayor al 5%, y 2) un margen de votos menor a esa misma proporción entre el primero y el segundo lugar; en este caso, el PRI y el PAN.

El PRI gobierna Coahuila desde 1929, junto con Colima, Estado de México e Hidalgo. Pero, además, es la única entidad donde el poder se ha transmitido entre hermanos: de Humberto a Rubén Moreira. Por esa razón, el 4 de junio se confrontaron dos corrientes irreconciliables: la de la alternancia y la del continuismo. Casi 3 meses después, el clima es de incertidumbre y lo será mientras el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) no resuelva sobre la validez del proceso.

“Los elementos más contundentes para anular las elecciones” son los 14 agravios y las 200 pruebas documentados ante las autoridades competentes por el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), compuesto por los excandidatos de Morena (Armando Guadiana), Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas (independientes) y José Ángel Pérez (PT), dijo Anaya en el pleno del grupo parlamentario del PAN. “Hemos hablado ya con los magistrados dándoles a conocer los argumentos más importantes para lograr la anulación, (y) en los próximos días están por resolver una queja más que presentamos en tiempo y forma ante el INE”, la cual incrementará “más el rebase del tope de campaña del candidato del PRI”.

Mientras se declara la nulidad, “hemos sufrido también los embates en Coahuila porque, sabedores de que es inminente la anulación, han empezado a utilizar todo el poder del estado por medio de la Procuraduría de Justicia (…) haciendo cateos en domicilios de simpatizantes de Acción Nacional, citatorios, intimidaciones. Todo un estado de represión y autoritarismo”, denunció el excandidato ante Ricardo Anaya, líder del PAN; Marko Cortés, coordinador de la bancada del PAN, y Antonio Echavarría, gobernador electo de Nayarit.

Por otra parte, dijo que el país y los estados empiezan a entrar a una zona de turbulencia. Es preciso abrochar los cinturones, pues “al PRI (…) lo vamos a conocer en el peor de sus momentos (…) están desesperados, (…) sabedores de que están a punto de dejar el poder” recurren “a estas formas autoritarias y represoras”.

Riquelme salió de su encierro después de su reunión con Peña Nieto en Los Pinos y empieza a ejercer su papel de gobernador electo mientras el TEPJF dicta sentencia.
30 Agosto 2017 04:07:00
Fiscal impugnado
La designación de Jesús Homero Flores Mier como fiscal Anticorrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) desató una nueva tempestad política en medio del conflicto poselectoral. El grupo parlamentario del PAN denunció “violaciones a la ley y la intromisión del gobernador Rubén Moreira” en el nombramiento de un funcionario “a modo para proteger a funcionarios y exfuncionarios del PRI”.

El expresidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) fue elegido por los diputados del PRI y sus aliados en la Legislatura (PVEM, Panal y Socialdemócrata Independiente), que en total suman 19, y el voto en contra (seis) del PAN, Unidad Democrática de Coahuila y el Partido Primero Coahuila.

Flores Mier, quien podrá durar siete años en el cargo, rindió protesta en la misma sesión donde se nombró a los nueve integrantes de la Comisión de Selección de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo periodo será de tres años. Ellos son Carlos Arredondo, exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila; Blas José Flores, rector de la UAdeC; María del Carmen Ruiz, directora del IEEA; Jesús Contreras, director de la UTC; y Roberto Cabello Elizondo, de la Universidad La Salle, por las instituciones de educación superior y de investigación.

Como representantes de la sociedad civil los nombramientos recayeron en Luis García Abusaíd, primer secretario técnico del exgobernador Humberto Moreira; Ana Cecilia Mata, directora de Kaena Mujeres con Valor; Sergio Alanís Ortega (Peñoles) y Sergio Dávila Flores (Canacintra Piedras Negras).

La diputada Lariza Montiel (PAN) cuestionó la inequidad de género, pues siete de los comisionados son hombres y sólo dos, mujeres. También fueron rechazadas la mayoría de las propuestas de la Alianza Contra la Corrupción en Coahuila, formada por decenas de organizaciones cívicas, crítica del Gobierno.

El grupo parlamentario de Acción Nacional advierte, en un comunicado, que Flores Mier “tiene fuertes vínculos con el PRI al haber sido funcionario en administraciones encabezadas por ese partido, además de haber tenido un desempeño deficiente en el ICAI al ayudar al encubrir delitos como la megadeuda y (el) robo al erario por medio de empresas fantasma”.

Armando Guadiana, excandidato de Morena al Gobierno del Estado, deploró que “la bancada priista esté al servicio de lo que dicte Rubén Moreira”. Su compromiso, dice en una nota, es con los coahuilenses y no con los caprichos del Gobernador. Los diputados del PRI “avergüenzan al dar pie a que en Coahuila siga existiendo impunidad”.

El diputado electo Marcelo Torres (PAN), quien se perfila como líder del próximo Congreso –primero donde el PRI no tendrá mayoría–, calificó de “burla para los coahuilenses” el nombramiento, y comparó a Flores Mier con Virgilio Andrade, el secretario de la Función Pública que exoneró al presidente Peña del escándalo de la casa blanca. “Lo que está pasando con el Sistema Estatal (Anticorrupción) es un cinismo absoluto. (…) Flores Mier va a encubrir a sus patrones; a impedir a toda costa que se les castigue por el latrocinio cometido contra los coahuilenses”.

Antonio Neiro, diputado del PRI, defendió el nombramiento: “Cumple con todos los requisitos de la convocatoria. Además, ha acreditado mayor conocimiento y experiencia”. Dijo que “la ciudadanía está cansada de la impunidad y actos de corrupción de los funcionarios de los diferentes niveles de Gobierno”. ¡Vaya descubrimiento!
29 Agosto 2017 04:06:00
Elecciones en suspenso
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidirá en las próximas semanas el futuro político del estado. El 4 de septiembre se cumplirán 3 meses de una de las elecciones para gobernador más desaseadas y controvertidas del país, sin un horizonte claro sobre el resultado final del proceso. El TEPJF tiene dos opciones: revalidar el triunfo del candidato del PRI, Miguel Riquelme, impugnado por el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), o anular los comicios e inhabilitar al priista para la segunda vuelta, de acuerdo con el Artículo 41 de la Constitución. En cualquier caso, la resolución será definitiva.

El proceso para elegir gobernador inició el 1 de noviembre de 2015 y concluirá “al resolverse el último de los medios de impugnación que se hayan interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno (Artículo 167 del Código Electoral del Estado)”. Esta es la sucesión más larga y fatigosa. En 2005 el PAN y el PRD impugnaron, pero en ningún momento existió tanta presión política, mediática y social. Entre otras razones, porque las irregularidades no fueron tan palmarias como ahora y porque el candidato del PRI (Humberto Moreira) aventajó al panista Jorge Zermeño con el 19.7% de los votos. El TEPJF validó el triunfo de Moreira el 23 de noviembre, una semana antes de tomar posesión.

En los comicios de junio pasado, Riquelme obtuvo una aventaja de apenas 2.4% con respecto al panista Guillermo Anaya. El TEPJF tiene hasta finales de noviembre para resolver la validez o nulidad del proceso. En el primer caso, Rubén Moreira transmitiría el poder a Riquelme; en el segundo, el Congreso local nombraría gobernador interino y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) convocaría nuevas elecciones en un plazo no mayor de 90 días. De ser así, las votaciones podrían ser el 1 de julio de 2018, junto con las de Presidente y Congreso general.

En Tabasco y Colima, únicos estados donde hasta hoy se han repetido elecciones para gobernador (en 2000, 2003 y 2015, dos en el segundo caso), el TEPJF invalidó las constancias de mayoría extendidas por los institutos locales a solo 2 y 20 días del cambio de poder. La intromisión de los mandatarios de turno en los procesos provocó la nulidad. En los tres casos se nombraron gobernadores interinos. En Tabasco, la segunda vuelta se realizó casi un año después; en Colima mediaron entre 5 y 6 meses.

En Coahuila, las elecciones del 4 de junio se impugnaron por múltiples irregularidades, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) centró su atención en los gastos de campaña del candidato del PRI, por haber rebasado el tope autorizado en 7.8 por ciento. En el caso de Anaya, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó un sobregasto de 4.56 por ciento. Es la primera vez que una elección puede anularse por las causales previstas en el Artículo 41 de la Constitución (apartado D, fracción VI), introducidas por la reforma de 2014. El inciso “c” advierte: “Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.

La espada de Damocles pende todavía sobre Riquelme... y sobre Anaya por exceder los gastos de campaña.
28 Agosto 2017 04:00:00
Partidos: pozo sin fondo
El presupuesto de 6 mil 788 millones de pesos autorizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) a los partidos para 2018 es insultante en un país con múltiples carencias y donde la pobreza sirve para comprar votos no sólo con dinero del erario, sino también de fuentes oscuras. Para tratar de justificar la desmesura se repite un argumento falaz: “la democracia cuesta”. En México, las elecciones –el proceso más visible e identificado con la democracia– son severamente cuestionadas por la falta de limpieza, equidad y la parcialidad del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En países equivalentes al nuestro, e incluso en democracias maduras, los comicios no son tan onerosos, pero sí creíbles.

Casi el 65% del financiamiento lo absorberán el PRI (mil 689 millones de pesos), el PAN (mil 281 millones), el PRD (773 millones) y Morena (650 millones). El resto se repartirá entre los partidos Verde, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Encuentro Social y del Trabajo, cuyas bolsas tampoco son bagatela, pues van de los 578 a los 376 millones de pesos. La menor asignación es para los independientes, pues sólo dispondrán de 43 millones. La partitocracia dominante no quiere competencia y bloqueará, sobre todo en la elección presidencial, cualquier esfuerzo ciudadano por acceder al poder por otras vías.

Un tercio del gasto general aprobado por el INE, también secuestrado por los partidos, corresponderá a las campañas políticas, cuyo periodo comprenderá del 30 de marzo al 27 de junio (90 días). Las elecciones del 1 de julio entrante serán las más amplias y complejas, pues junto con las federales las habrá en 30 entidades y en la Ciudad de México. En total se elegirán 3 mil 447 cargos (Presidente de la República, 500 diputados, 128 senadores, 8 gobernadores y centenares de alcaldes y legisladores locales).

Para dimensionar el despilfarro, en un país donde faltan hospitales, medicinas, escuelas, servicios públicos y presupuesto para combatir la corrupción y activar los mecanismos de defensa para periodistas y activistas de derechos humanos frente a los asesinatos, atentados y amenazas recurrentes, Grupo Reforma realizó un ejercicio interesante. Dividió el costo de las campañas (2 mil 234 millones de pesos) entre los 90 días que durarán. El resultado es escalofriante: los partidos gastarán ¡un millón de pesos cada hora!

La partitocracia es un pozo sin fondo y lo será mientras controle el Congreso y reparta el pastel discrecionalmente. La Cámara de Diputados aprobará sin paular ni maular los caudales negociados en el INE, sin tomar en cuenta las prioridades nacionales en materia de infraestructura, educación, salud, seguridad y justicia. Los partidos, el INE, el TEPJF, el gabinete y la alta burocracia viven en jauja mientras la pobreza suma legiones cada día, la violencia desangra al país y la corrupción se premia en vez de castigarse.

Los partidos han devenido en negocio de castas, pandillas o traficantes, según el caso. Los peores calificados en la escala institucional reciben las bolsas (o el botín) más cuantiosas sin generar beneficios tangibles y, a veces, hasta sin rendir cuentas. El sistema electoral debe cambiar de raíz para que nuestra democracia sea real y no simulacro, para que las siglas partidistas cuesten menos y para que las elecciones reflejen la voluntad ciudadana, no el arbitrio de los poderosos.
26 Agosto 2017 04:07:00
Coletazos electorales
La impugnación de los comicios del 4 de junio fortaleció a Rubén Moreira en la etapa crítica de su sexenio y debilitó al gobernador electo Miguel Riquelme, quien, a casi 3 meses para el cambio de Administración, debería ser ya la figura dominante. La situación deriva de la incertidumbre por el futuro político de Coahuila. Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aplica el Artículo 41 de la Constitución, habrá nuevas elecciones. En tal caso, Riquelme no participaría por haber excedido en más de 5% el tope de gastos de campaña y porque la diferencia de votos entre él y el candidato del PAN, Guillermo Anaya, es menor a esa proporción.

Si la elección ordinaria, Moreira transmitirá el poder a un gobernador interino designado por el Congreso local según el proyecto de la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Gobernación. Pero si el TEPJF revalida el proceso, Riquelme asumirá el 1 de diciembre y entonces empezará a apretar las clavijas. Ahora no, por lo precario de su situación.

La influencia de Rubén Moreira terminará el 30 de noviembre, pero todavía la ostenta. En el proceso de entrega recepción, Riquelme quedó en minoría. El equipo de transición es débil en general, pues recicla funcionarios e incorpora a candidatos a diputados que perdieron el 4 de junio. No hay nuevos perfiles ni expectativas de cambio.

José María Fraustro, exsecretario de Educación y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, funge como jefe de la transición. Cuatro de las siete mesas de trabajo también son controladas por gente del gobernador (José Luis Flores Méndez, María Teresa Guajardo, Jacobo Pastor García y Fernando Purón) y dos por representantes de otras corrientes con los cuales también tiene relación (Higinio González, rector de la UANE, quien apoyó al candidato independiente Javier Guerrero; y Javier López de Nigris, del Grupo Industrial Saltillo).

Fernando Gutiérrez, exmilitante del PAN, es el jefe de directiva más identificado con Riquelme. Como diputado en la anterior Legislatura local, acompañó a Moreira y al entonces alcalde de Torreón a varias giras internacionales. Desde entonces pudo haberse fraguado su cambio al PRI. Gutiérrez colaboró en la campaña de Juan Antonio García Villa para gobernador y posteriormente se unió a Guillermo Anaya, quien enfrentó a Riquelme en los comicios de junio pasado.

La designación de secretarios técnicos responde al mismo criterio. Excepto Miguel Mery Ayup –derrotado en las elecciones para alcalde de Torreón– y Mario Valdés Garza, regidores de Riquelme en el Ayuntamiento lagunero, la mayoría obedece al gobernador Rubén Moriera: Luis Gurza Jaidar, diputado del PRI (antes panista), Santos Garza, María del Carmen Ruiz Esparza, Rogelio Ramos Oranday y Francisco Aguirre Farías.

Dos días después de iniciar la entrega recepción de un Gobierno decadente y de otro aún sujeto a la ratificación del TEPJF, Moreira y Riquelme viajaron a Torreón para estrenar el teleférico. Paradojas: mientras por un lado la Procuraduría de Justicia acosa al obispo de Saltillo, Raúl Vera, por el mentís que dio en La Haya al discurso oficial sobre derechos humanos, por otra se pasea al de Torreón, Guadalupe Galván, en una cabina que lo acerca al cielo, pero lo aleja de la realidad y de su grey.
25 Agosto 2017 04:00:00
La foto y la tormenta
Ayer terminó una de las pesadillas que atosigan al PRI de Coahuila, cuando el presidente Peña Nieto recibió al gobernador electo, Miguel Riquelme Solís, en Los Pinos. La exclusión de Riquelme de las reuniones de Peña con los también gobernadores electos Alfredo del Mazo (Estado de México) y Antonio Echavarría (Nayarit), el 15 de agosto, alborotó más el avispero en el estado y dio pábulo a mil conjeturas. Sobre todo porque las tres elecciones fueron impugnadas y corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictar la última palabra sobre la validez o nulidad de los procesos.

Después de las 13:30 horas empezó a circular profusamente un mensaje del Presidente en su cuenta de Facebook, con una fotografía, donde informa: “Hoy me reuní con Miguel Riquelme Solís, Gobernador Electo de Coahuila, a quien felicité por el triunfo que obtuvo en las elecciones del pasado 4 de junio, y le refrendé la voluntad del Gobierno de la República de respaldar las acciones que emprenda para elevar el nivel de bienestar de los coahuilenses”. Riquelme, a través de Twitter, celebró: “#Coahuila seguirá acompañado del Gobierno Federal, gracias @EPN por respaldar las acciones a favor de nuestra entidad”.

Finalmente, al PRI le volvió el alma al cuerpo, pero la guerra de nervios aún no termina. El final será en el pleno del TEPJF, cuyo dictamen será definitivo. Nadie tiene en sus manos una bola de cristal para predecir el futuro, pero no hay que devanarse los sesos. Sólo existen dos caminos: 1) los magistrados de la Sala Superior confirman el resultado de las elecciones del 4 de junio y Riquelme asume el poder el 1 de diciembre próximo; o 2) el proceso se anula, se convoca a extraordinarias y el Congreso nombra un interino.

El FDC reaccionó al encuentro en Los Pinos. “Una foto con Enrique Peña Nieto no borra las pruebas contundentes que existen del fraude electoral”, advierte el excandidato del PAN, Guillermo Anaya. “El presidente de México (…) no debió permitir la presión del clan Moreira para recibir a Miguel Riquelme, personaje que intenta imponer a través de un fraude monumental y sin precedentes en la vida democrática de nuestra entidad”, apunta.

Armando Guadiana, excandidato de Morena, reprocha en un comunicado la incongruencia del presidente Peña al “criticar la corrupción y (el) autoritarismo de Venezuela”, mientras por otro lado respalda “los fraudes electorales cometidos en Coahuila y el Estado de México (…) por sus compañeros priistas Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo”. En el mismo contexto, cita al canciller Luis Videgaray: “Presidente Nicolás Maduro, cobarde es quien usa el poder del estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo”.

Porque eso mismo se vivió en Coahuila, replica Guadiana, la reunión de Peña “con Riquelme no tiene valor, estoy seguro que en nuestro estado habrá nuevas elecciones. (…) las pruebas de que Rubén Moreira operó como jefe de campaña de Riquelme están a la vista de todos”.

El excandidato independiente Javier Guerrero publicó: “Que el presidente haya recibido a Riquelme a quien pretende imponer como Gobernador, es una falta de respeto y consideración al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los magistrados, el presidente no debe actuar como jefe de un partido político, esta elección la definen los tribunales, los coahuilenses fuimos testigos del fraude, esto no está definido aún, seguimos en pie y con la confianza que las instituciones nos harán justicia a los coahuilenses”.
23 Agosto 2017 04:00:00
Religión y política (II)
La vehemencia le enrojece el rostro y le salta las venas del cuello. El obispo gesticula mientras camina por el pasillo donde dice su homilía. Raúl Vera es uno de los líderes religiosos más activos del país y acaso el más cercano al papa Francisco. Promotor de una nueva Constitución general y candidato al Nobel de la Paz en 2012 –después de haber ganado el Premio Rafto 2010 por la defensa de los derechos humanos–, el dominico parte de Isaías 51 (“Escúchenme ustedes, que anhelan la justicia…”) para referirse después a san Ignacio de Loyola –fundador de la Compañía de Jesús, a la cual pertenece el papa Francisco–, santa Teresa de Ávila (…) san Juan de la Cruz, como cepa “que puede salvarnos de una decadencia de la humanidad y en la decadencia de la misma Iglesia”.

Vera cita de memoria el versículo 6 (“Miren que los cielos se derriten, la Tierra se deshace, mientras sus habitantes mueren como moscas”) para describir el momento actual: “Esto está pasando en México, la gente muere como moscas, los migrantes que pasan por aquí. ¿Cuántos asesinatos llevamos y no paran? Solamente cuando acabó el sexenio de Calderón llevábamos 120 mil y esto no para (…) ¿Cuántas desapariciones forzadas, cuántas fosas clandestinas? (…) Los pobres son bienaventurados porque no han perdido la perspectiva de la justicia”.

Enseguida vino la autocrítica: “Nosotros tenemos también la culpa, estoy hablando de los predicadores, de los ministros, de los catequistas que a veces decimos a la gente ‘pues ni modo, hay que pasarlas de todas, pero después, cuando te mueras, vas al Cielo y ya te salvaste”.

“Para tener misericordia”, advierte el obispo, “hay que tener el corazón de carne, no hay que haber perdido el sentido humano. Esa es una característica de la sociedad contemporánea. Vemos migrantes que se mueren en Texas, vemos la matanza de Tláhuac, vemos (a) todos los mineros. Ya estamos aturdidos, indolentes (…) Tenemos políticos que hacen negocios con lo que tenemos: el futuro de este país. El futuro de los jóvenes está cerrado. La primera violencia que se vive es el hambre y la miseria, decía el Papa (…) gente que vive en situaciones inhumanas, sin sentido del valor de su vida”.

Como ejemplo, mencionó uno de los casos relevantes del informe sobre desapariciones y torturas en Coahuila, entregado el 6 de julio en la Corte Penal Internacional, en La Haya: “¿Por qué creen que hay gente capaz de desbaratar gente como lo hicieron en el penal de Piedras Negras? A la luz del día sacaron a esa gente y la mataron en el penal, y desbarataron su casa a luz del día. Esto se hizo aquí en el estado”.

Frente a la sede del poder político, donde el gobernador Rubén Moreira y el electo Miguel Riquelme iniciarían horas más tarde el proceso de entrega-recepción, el obispo exhortó: “Tenemos que entender, hoy el Evangelio nos dice que busquemos la justicia de Dios. Sólo el derecho, sólo el sentido humano le da permanencia a la humanidad. Nosotros estamos en una situación muy difícil en el país y aquí.

“Todo este jaleo (es) por las elecciones, este es el problema. Porque ‘aquí entran otros de otro color (político) y quién sabe qué nos va a pasar a nosotros’. Ese es el jaloneo de que ‘yo no me voy de aquí’. Dicen ‘ay, este obispo’, pero nosotros tenemos la misión de observar la justicia y la paz en nuestro territorio, no sólo de Coahuila, hablo del país (…) Entiendan el Evangelio (…) lo que yo quiero que entiendan, que tenemos que ser coherentes”.
22 Agosto 2017 04:00:00
Religión y política (I)
En medio de la controversia por las elecciones para gobernador, cuya validez o nulidad resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) antes de concluir la gestión de Rubén Moreira, el 30 de noviembre, el obispo Raúl Vera se lanzó a la palestra para objetar: “La política no es cualquier cosa, la organización económica no es cualquier cosa; es de Dios ante la perspectiva de la organización de la Tierra. Esto es lo que debemos replicar los cristianos”. Así dio por terminada “esta cantaleta de que los padrecitos no tienen que meterse en política”.

“Lo único que se nos impide –aclaró– es hacer política partidista y ponernos a favor de algún candidato, pero de que tenemos que vigilar la justicia (por supuesto). Un predicador, un ministro del Evangelio que no se preocupa por ver los signos de muerte que hay en la sociedad y que vienen provocados por personas que tienen rostro y nombre, eso no es generación espontánea: ‘todo lo que pasa ¿quién sabe de dónde salió?’. Estas son palabras del papa San Juan Pablo II”, declaró Vera en el novenario al Santo Cristo de la Capilla, en un templo colmado desde las 5:20 horas, el 31 de julio.

“La maldad”, dijo el dominico, “tiene nombres y rostros (…) son personas asociadas –dice el Papa– que provocan una estructura que repite conductas, que repite muerte, que repite injusticia”. Frente a la situación del estado y el país, advirtió: “Esto no es una casualidad (…) nosotros no podemos permanecer impávidos ante eso”.

En la misma capilla donde Vera denuncia la muerte de emigrantes, la violación sistemática de los derechos humanos y el desdén de las autoridades locales y federales frente a la escalada de violencia y la impunidad, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) plantó cara al exgobernador Humberto Moreira durante el bautizo de una de sus hijas, el 18 de agosto de 2012. Sin interrumpir la ceremonia, los manifestantes desplegaron carteles con demandas de justicia.

Vera participó el 6 de julio pasado en la entrega de la comunicación “Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya. Elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) con datos y testimonios de más de 100 organizaciones no gubernamentales, el documento advierte sobre la existencia “de una base razonable para concluir que en Coahuila, entre los años 2009 y 2016, se han cometido crímenes de lesa humanidad de competencia de la CPI (en su modalidad de privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas), como parte de un ataque sistemático contra la población civil de dicho estado”. El expediente incluye 500 casos, pero destaca las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras (Espacio 4, 566).

La Procuraduría de Justicia reabrió el 27 de julio una averiguación previa de hace tres años y citó al obispo a declarar sobre presuntos casos de pederastia. Los procesos ante el Vaticano concluyeron y “los involucrados han quedado fuera del sacerdocio”, informó la Diócesis. El gobernador Rubén Moreira negó que exista persecución contra Vera, pero le “sugirió revelar nombres de sacerdotes pederastas” (El Heraldo de Saltillo, 02.08.17). El dominico compareció ante el Ministerio Público el 3 de agosto. “Ya declaré, lo único que se hizo fue completar lo que se llevaba ya desde 2014 (…) la autoridad ya sabrá los deberes que tiene que hacer” (Zócalo, 04.08.17).
19 Agosto 2017 04:08:00
Líderes en remesas
Quienes han dado la cara por México en Estados Unidos son nuestros paisanos cuyas remesas superan los ingresos por turismo. La situación económica del país, escribe Édgar London en la nueva edición del catorcenario Espacio 4, obedece más a decisiones políticas equivocadas que a la baja de los precios del petróleo o al fenómeno Trump. El periodista advierte que en un “panorama de abandono e incertidumbre, las familias mexicanas buscan paliar, desde otros horizontes, las carencias que el Gobierno no puede mitigar al interior de sus fronteras.

“El resultado ha sido un incremento significativo de remesas provenientes fundamentalmente de Estados Unidos, que constituye la fuente del 95% de las mismas. Acorde al reporte ‘Sending money home’ (Enviando Dinero a Casa’), publicado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), México encabezó el año pasado a todas las naciones de Latinoamérica que recibieron dinero por este concepto con una entrada de 28 mil 542 millones de dólares. Lo siguen, de lejos, Guatemala (7 mil 427 millones), República Dominicana (5 mil 534 millones), Colombia (4 mil 904 millones) y El Salvador (4 mil 581 millones).

“Otro elemento revelador lo publicó el Anuario de Migración y Remesas 2017, confeccionado por la Fundación BBVA Bancomer y el Consejo Nacional de Población (Conapo) que ubica a México como el cuarto receptor de remesas a escala mundial, después de India, China y Filipinas.

“Pero si el análisis lo concentramos, únicamente, en el comportamiento de las remesas dentro de la nación, su aumento también es considerable. Así lo demuestran los datos aportados por el Banco de México (Banxico). Según esta institución financiera, durante el primer semestre del actual año, el dinero enviado por los connacionales ascendió a 13 mil 946 millones de dólares. Una cifra sin parangón en períodos similares de años anteriores, al menos desde que se lleva un registro oficial de su comportamiento.

“Y no es todo. Si lo comparamos, mes por mes –entre 2016 y 2017–, desde marzo las remesas a México han levantado un pico en las gráficas. Si bien en mayo y junio estos incrementos fueron más moderados, no sucedió lo mismo en marzo, donde se catapultó hasta 15.1% –con un total de dos mil 520 millones de dólares ingresados– lo cual representa el repunte más alto en lo que va del año y el máximo registrado desde octubre de 2008 cuando se contabilizaron dos mil 637 millones de dólares por este concepto.

“Los montos promedio para cada envío también marcan una tendencia al alza. En mayo alcanzó su máximo para 2017, con 311 dólares, sólo superado por los 319 dólares que se promedió en noviembre de 2016. El notable auge de esta práctica viene impulsado por la amenaza que representan las nuevas medidas migratorias promovidas por Donald Trump, de mano con su retórica ácida hacia todo aquello que no sea made in USA. Tal es así que, desde su toma de protesta, los arrestos de migrantes en Estados Unidos han aumentado 32.6%.

“Los mexicanos indocumentados que residen y trabajan al otro lado de la frontera optan por conservar un perfil bajo para no ser detectados. Asimismo, prefieren no arriesgarse a visitar México por temor a no poder hacer después el viaje de vuelta al lugar que les proporciona recursos para vivir ellos y sus familias. Tal es la opinión de Pedro de Vasconcelos, coordinador del programa Fondo de Financiación para remesas del FIDA”.
18 Agosto 2017 04:07:00
Sucesiones estatales
Cada 6 años se renueva la esperanza de tener un mejor gobierno. En el pasado, las elecciones marcaban el relevo de un grupo político por otro, entre los cuales no había relación e incluso en algunos casos eran abiertamente opuestos. Las sucesiones estatales obedecían a un sistema cuyo eje era el Presidente de la República, quien nombraba a los gobernadores y podía removerlos a su antojo cuando eran fuente de conflicto local, pero sobre todo nacional. El modelo inmunizaba al Presidente y evitaba la concentración del poder en clanes o intereses locales.

Sin embargo, a partir de la alternancia en Los Pinos, los gobernadores empezaron a decidir sus propias sucesiones y devinieron caciques. En el Estado de México, el corrupto Arturo Montiel impuso a su sobrino Enrique Peña Nieto (EPN); en Veracruz, Fidel Herrera, a su secretario de Finanzas, Javier Duarte; en Nuevo León, Natividad González, a su secretario de Gobierno, Rodrigo Medina; en Durango, Ismael Hernández, a su secretario de Finanzas, Jorge Herrera. La lista es prolija. Sin embargo, en Coahuila sucedió lo inédito: la primera sucesión entre hermanos, cuyo costo para el estado aún no se dimensiona.

Desde el sexenio de Humberto Moreira (HM), Coahuila empezó a dar la nota por lo exótico, desmesurado y fanfarrón de su gobernador. Para ganar reflectores, peleó con Vicente Fox y Felipe Calderón, a quien todavía hoy tilda de “borracho” y “asesino”. Con una agenda personalista y un liderazgo sustentado en el presupuesto –“seductor”, “carismático”, “joven maravilla”, “hijo del pueblo”, eran halagos comunes–, HM “ayudó a Peña Nieto a ser Presidente”, dicen sus panegiristas. Por esa relación fue líder del PRI e incluso pretendió la Presidencia, si la candidatura de EPN se caía.

Mas no fue EPN quien cayó, sino HM. El escándalo de la deuda por más de 36 mil millones de pesos, de la cual nunca informó, quizá porque una parte significativa fue para la campaña de EPN, lo llevó a las páginas de la revista Forbes. No a la lista de los más ricos del mundo, sino a la de “Los 10 mexicanos más corruptos de 2013”, junto con Raúl Salinas de Gortari, Arturo Montiel, Fidel Herrera, Tomás Yarrington y Alejandra de la Sota, vocera del presidente Calderón y ahora asesora electoral del PRI.

Después vendrían las investigaciones (todavía en curso) del Gobierno de Estados Unidos por lavado de dinero, robo de recursos públicos y otros delitos; la detención y liberación de HM en Madrid; las acusaciones de soborno de exlíderes del cartel de los Zetas, procesados en Texas; el descubrimiento de depósitos millonarios en paraísos fiscales; la denuncia del PAN, ante la PGR, contra el exgobernador y su hermano y sucesor, Rubén Moreira, “por la desaparición de 32 mil millones de pesos del erario” (Milenio, 04.04.17), y más recientemente la sospechosa ejecución de Sergio Tobías Salas, excomandante de la Fiscalía General del Estado.

En el sexenio actual hubo otros escándalos. A la deuda se sumó el desvío de más de 500 millones de pesos a empresas fantasma, el acoso al periodista Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, las elecciones impugnadas... Lo último es la solicitud de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) a la Corte Penal Internacional de La Haya para juzgar a los hermanos por las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras. Esos y otros expedientes forman parte del informe “Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”.
16 Agosto 2017 04:07:00
Guerra de nervios
El proceso poselectoral de Coahuila ha devenido en guerra de nervios, en un contexto político nacional igualmente espinoso por la escalada del caso Odebrecht, el cual amenaza con poner contra la pared al presidente Peña Nieto y al PRI. Para Verónica Martínez, dirigente estatal de ese partido, la acusación del líder del PAN, Ricardo Anaya, en el sentido de que el allanamiento en las casas de campaña de Guillermo Anaya fue para “sembrar evidencias falsas”, lo que busca es impunidad para el excandidato al Gobierno del Estado.

Martínez, una de las diputadas que legalizaron la deuda por más de 36 mil millones de pesos contratada por el Gobierno de Humberto Moreira a espaldas del Congreso e integrante de la actual Legislatura, está realmente ofendida y desconcertada por la actitud de Anaya: “Es increíble cómo se trata de desviar la atención hacia temas políticos por parte del CEN panista. Los azules tienen militantes ligados al narcotráfico”. Según la líder tricolor, “hay una estrategia desesperada para frenar las indagatorias por lavado de dinero que se hacen en contra de Guillermo Anaya” (Zócalo, 15.08.17).

El mentís de la PGJE a “quien se ostenta como presidente del instituto político denominado Partido Acción Nacional” es el mismo tono. La dependencia a cargo de Homero Ramos “rechaza las temerarias declaraciones del señor Ricardo Anaya, en relación a las actuaciones que se han realizado en el caso que parece ser de su interés. La PGJE trabaja en la investigación y persecución de los delitos en estricto apego a la ley”.

Ramos fue el presidente del IEPC que organizó los comicios de 2005 en los cuales resultó electo Humberto Moreira. Dos años después, renunció para asumir la Secretaría de Gobierno, invitado por Moreira. Su primer cargo en el actual sexenio fue el de presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ahora, como procurador, pero con igual decoro, le advierte a Anaya que si de las indagatorias se desprendiera “alguna responsabilidad (…) se fundaría en información recabada en diversas fuentes, entre ellas las encargadas de seguir la ruta del dinero”.

El PAN presentó ante la CNDH una queja contra el gobernador Rubén Moreira, el procurador y el Ministerio Público por actuar “de manera ilegal en las indagatorias”. Eduardo Aguilar, representante de Acción Nacional ante el INE, denunció “cateos (…) persecución política (y) citatorios muy graves. (…) A militantes del PAN les están pidiendo que acudan a declarar a la Procuraduría cuando además este expediente ya lo tiene un juez y la Procuraduría no tendría por qué conocerlo”.

La queja, explicó Guillermo Anaya, “(es) por todos los actos autoritarios que ha venido realizando el gobierno de Rubén Moreira (…). Han sido atropellados nuestros derechos con cateos, con intimidaciones”. El caso se presentará también ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y otros organismos.

Para aumentar la tensión en esta guerra de nervios, el vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, publicó en su cuenta de Twitter fotografías del presidente Peña con Alfredo del Mazo (PRI) y Antonio Chavarría (PAN), gobernadores electos de Estado de México y Nayarit, respectivamente. El mensaje (la forma es fondo) puso los pelos de punta al priismo de Coahuila y dio pábulo a mil interpretaciones. En realidad, sólo a una. ¿Cuándo será la foto con Miguel Riquelme? También él es gobernador electo, ¿o no? La estampa de Peña y Riquelme en el Palacio de los Deportes, en la asamblea del PRI, no vale lo mismo que una en la residencia oficial.
15 Agosto 2017 04:00:00
De tormentas y demonios
Lejos de amainar, la tormenta poselectoral en Coahuila se huracana. Entre el viernes por la noche y la tarde de ayer, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) allanó tres propiedades que sirvieron como casas de campaña al excandidato del PAN a la Gubernatura, Guillermo Anaya, en Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón. El Gobierno informó en un comunicado sobre la localización de “evidencia que confirma la línea de investigación (…) útil para acreditar el delito que se indaga”, la cual “hace presumir razonablemente que estamos en presencia de un hecho delictivo de naturaleza electoral”. En rueda de prensa en la Ciudad de México, el líder del PAN, Ricardo Anaya, replicó: “Los Moreira (…) tienen auténtico pánico ante la inminente anulación de la elección (de gobernador), porque saben (…) que hay elementos de sobra para que ellos terminen en la cárcel”.

Sobre las pruebas recabadas por la PGJE, Guillermo Anaya acusó al gobernador Rubén Moreira de fabricar “una novela de mentiras utilizando la justicia a su antojo para afectar a la oposición con su característico estilo de dictador”. Mientras, “(a los) verdaderos casos de corrupción como la megadeuda, las empresas fantasma, (…) Ficrea, (…) Allende y el Penal de Piedras Negras, simplemente les han dado ‘carpetazo’”, dice en una nota.

Según la PGJE, la evidencia recabada aporta “datos certeros como nombres, listas de nómina, acuses de recibo de tarjetas de nómina (lo que confirma la línea de investigación que con dichas tarjetas se compró el voto), documentos de propaganda que no fueron sometidos a los procesos de fiscalización”.

El excandidato panista niega la existencia de esas pruebas. “(…) el pasado 4 de junio ganamos con el respaldo de la mayoría de los coahuilenses, pero como la intentaron robar (la elección) para no ir a la cárcel a pagar sus fechorías y ahora están por anular la elección, están desesperados”. Según Anaya, el Gobernador de Coahuila es el “Nicolás Maduro de México”, y despide al moreirato: “llegará a su fin (…) y toda la parvada de políticos priistas corruptos irán a la prisión”.

Los allanamientos, ordenados por jueces de primera instancia en materia penal del Sistema Acusatorio y Oral, “derivan de dos carpetas de investigación en los que se indaga en primer término la compra masiva de votos (…) con dinero de procedencia ilícita. La segunda investigación se refiere a la aprobación de entidades públicas y el pago de proveedores sin ingresar a la fiscalización obligada para los partidos políticos y candidatos”, advierte el Gobierno.

En su reunión con la prensa, Ricardo Anaya denunció a la PGJE de “sembrar evidencias falsas”, consideró “gravísimo” recurrir a actos de persecución, hostigamiento e intimidación política, justo cuando “los tribunales electorales están deliberando”. El líder panista dijo que “en Coahuila la verdad saldrá a la luz, se anulará la elección y volveremos a ganar con el apoyo de la mayoría de los coahuilenses que están hartos de estos abusos de poder, escándalos de corrupción y pésimos gobiernos”.

No sólo los demonios de la política andan sueltos. El jueves pasado, en Arteaga, el cadáver de un hombre fue descubierto en un camino de terracería, envuelto en una manta. Por la noche, el profesor Rafael Pérez murió a manos de policías municipales. Ayer, un grupo de maestros acudió al Congreso para solicitar la renuncia del alcalde Isidro López por el exceso de la fuerza pública. Por otro lado, la epidemia de suicidios en Saltillo sigue en expansión. El sábado se registró el enésimo caso: Érick Iván Sandoval se colgó en su casa de un armario.
14 Agosto 2017 04:00:00
El ocaso del docenio
Coahuila se acerca al fin del sexenio tras 12 años bajo la férula de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. El veredicto sobre el primer Gobierno transexenal se emitió en las urnas el 4 de junio. En la elección para gobernador, el 59.5% de los coahuilenses votó por fuerzas contrarias al PRI, cuyo candidato, Miguel Riquelme, ganó con el 38.8% de la votación válida, sólo 2.4 puntos por encima de Guillermo Anaya, del PAN. En este espacio se anticipó el desfondamiento del PRI y la posibilidad de la primera alternancia. Lo primero se cumplió, la segunda aún no se cancela.

Riquelme captó 482 mil votos y Anaya, 452 mil (36.41%). Armando Guadiana, de Morena, recibió 151 mil (12.21%), Javier Guerrero (independiente), 105 mil (8.4%); Mary Telma Guajardo (PRD) 21 mil (1.7%) y Luis Horacio Salinas (independiente), nueve mil 684 (0.78%). La elección no sólo fue la más competida, sino también la más desaseada. El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) documentó más de 200 irregularidades para impugnar el resultado y pedir su anulación.

Para evadir su responsabilidad por no haber atraído el conteo de votos y el traslado de paquetes electorales –dos de los puntos más controvertidos y acaso decisivos en el triunfo del PRI–, como lo solicitaron los candidatos de oposición, el Instituto Nacional Electoral (INE) centró su atención en el exceso en los topes de gastos de campaña de Riquelme y Anaya, en 7.8 y 4.5%, respectivamente. El consejo general aprobó el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización el 17 de julio, luego de una semana de alegatos y maniobras fallidas, como la del PRI, para que sus representantes de casilla firmaran documentos según los cuales no habían recibido pago alguno por sus servicios. Rolando Chacón, corresponsal de Reforma descubrió el ardid y la operación se suspendió.

Cuando el candidato ganador excede en 5% o más el límite de gastos de campaña y la diferencia de votos con respecto al segundo lugar es menor a ese mismo porcentaje, la elección debe anularse y los infractores ya no pueden participar en el proceso extraordinario. El precepto deriva de adiciones a la Constitución, publicadas en 2014, pero la decisión corresponderá en última instancia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual deberá resolver otros agravios.

Coahuila jamás había estado en una circunstancia como la de ahora. El PAN impugnó en 2005 la elección de Humberto Moreira, pero el TEPJF la confirmó una semana antes de su toma de posesión. Moreira superó al panista Jorge Zermeño por una diferencia de 19%, equivalente a 172 mil votos, además de tener de su parte al presidente del Tribunal, Eloy Fuentes. En una controversia previa, el voto del magistrado coahuilense le impidió a Raúl Sifuentes participar como candidato independiente en esas elecciones.

El dictamen del INE sobre el rebase de los topes de campaña –impugnado por el PRI– mantiene abierta la posibilidad de celebrar elecciones extraordinarias para gobernador, hasta ahora sólo sin el concurso de Riquelme, según el Artículo 41 de la Constitución. En tal caso, la convocatoria respectiva deberá expedirse 90 días después de la designación del gobernador interino. El tiempo está encima, pues la administración de Rubén Moreira concluirá el 30 de noviembre. El futuro político de Coahuila está en manos de un TEPJF tan desacreditado como el INE.
12 Agosto 2017 04:00:00
Ni silencio ni olvido
Si a la incapacidad del Estado para garantizar la libertad de expresión se suma el olvido y el silencio, no sólo los periodistas serán blanco móvil de la vesania de los poderes públicos y fácticos, sino cualquier ciudadano que los denuncie, critique o disienta. En la nueva edición del bisemanario Espacio 4, es justamente lo que hace Gerardo Moyano: no olvidar.

“La lista de periodistas mexicanos asesinados sigue creciendo. El pasado 31 de julio, Luciano Rivera, reportero de la cadena CNR TV y director de la revista Dictamen, fue ejecutado de un disparo en la cabeza en Rosarito, Baja California. Si bien el móvil de la agresión no está del todo claro, se trata del octavo comunicador asesinado en lo que va del año.

“Un día antes, en Los Mochis, Sinaloa, fue incendiada la camioneta de Juan Pablo Espinoza Mendívil, director del portal SinaloaNoticias.mx. Por las mismas fechas, el periodista Héctor Mauleón, columnista de El Universal, volvió a ser amenazado de muerte en un video publicado en las redes sociales, luego de revelar vínculos entre funcionarios y narcotraficantes en la delegación Tláhuac de la Ciudad de México.

“Al menos 27 periodistas han sido asesinados durante este sexenio, pero el Gobierno de Enrique Peña Nieto sigue sin reaccionar. El pasado 10 de mayo, Ricardo Nájera, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), fue sustituido por Ricardo Sánchez Pérez, quien se comprometió a presentar un plan de trabajo a la Cámara de Diputados, el cual nunca llegó. Una de sus primeras medidas, fuertemente criticada por el gremio, fue ofrecer recompensas de hasta 1.5 millones de pesos por información que lleve a la captura de los asesinos de cinco periodistas (Espacio 4, 565).

“En seis años, la FEADLE ha documentado más de 2 mil ataques a la prensa y ha abierto 800 investigaciones, de las cuales sólo tres acabaron en sentencias condenatorias. ‘Es inaceptable la ineficiencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República.

“‘Las fiscalías estatales dicen que es responsabilidad de la FEADLE y viceversa. Los homicidios van en aumento y los resultados brillan por su ausencia’, señaló Brenda Velázquez, presidenta de la comisión especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

“La diputada panista destacó que desde la instalación de la comisión que preside, en noviembre pasado, han sido asesinados 12 periodistas y ninguno de los agresores ha sido capturado o sentenciado. ‘El 20 de junio, Ricardo Sánchez Pérez se comprometió en el seno de la comisión de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación a entregar el plan de trabajo de la FEADLE; a más de un mes de su compromiso no hemos recibido nada’, lamentó.

“La crisis es tan grave, que durante el primer semestre de 2017 se triplicó el número de medidas de auxilio solicitadas en todo el año pasado ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. (…) Sin embargo, un reciente informe del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC), señala que la falta de voluntad política para reconocer la crisis, así como la ausencia de una estrategia preventiva, hacen del Mecanismo ‘una política paliativa, insostenible e ineficaz’”.
11 Agosto 2017 04:00:00
¿Habrá gobernador interino?
Coahuila se acerca al fin del sexenio en las peores condiciones de su historia tras 12 años bajo la férula de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. El veredicto ciudadano sobre el primer gobierno transexenal se emitió en las urnas el 4 de junio. En la elección para gobernador, el 59.5% de los coahuilenses votó por fuerzas contrarias al PRI, cuyo candidato, Miguel Riquelme, ganó con el 38.8% de la votación válida, sólo 2.4 puntos por encima de Guillermo Anaya, del PAN. Espacio 4 (562) anticipó el desfondamiento del PRI y la posibilidad de la primera alternancia. Lo primero se cumplió, la segunda aún no se cancela.

Riquelme captó 482 mil votos y Anaya, 452 mil (36.41%). Armando Guadiana, candidato de Morena, recibió 151 mil (12.21%), Javier Guerrero (independiente), 105 mil (8.4%); Mary Telma Guajardo (PRD), 21 mil (1.7%) y Luis Horacio Salinas (independiente), 9 mil 684 (0.78%). La elección no sólo fue la más competida, sino también la más sucia. El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) documentó más de 200 irregularidades, según Anaya, para impugnar el resultado y pedir su anulación.

Para evadir su responsabilidad por no haber tomado el control sobre el conteo de votos y el traslado de paquetes electorales –dos de los aspectos más controvertidos y acaso decisivos para el triunfo del PRI–, como lo solicitaron los candidatos de oposición, el Instituto Nacional Electoral (INE) centró su atención en el exceso en los topes de gastos de campaña de Riquelme y Anaya, en 7.8 y 4.5%, respectivamente.

El Consejo General aprobó el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización el 14 de julio, luego de una semana de alegatos y maniobras fallidas, como la del PRI para que sus representantes de casilla firmaran documentos según los cuales no habían recibido pago alguno por sus servicios. Rolando Chacón, corresponsal de Reforma, descubrió el ardid y la operación se suspendió.

Cuando los candidatos exceden en 5% o más el límite legal de gastos de campaña y la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es menor a ese mismo porcentaje, la elección debe anularse. Reunidas ambas condiciones, los infractores –Riquelme y Anaya, si a este se le acumulan erogaciones que rebasen el 5%– podrían ser excluidos del proceso extraordinario. La decisión, en última instancia, corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual deberá resolver otros agravios.

Coahuila jamás había estado en una circunstancia como la de ahora. El PAN impugnó en 2005 la elección de Humberto Moreira, pero el TEPJF la confirmó una semana antes de su toma de posesión. Moreira superó al panista Jorge Zermeño por una diferencia de 19%, equivalente a 172 mil votos, además de tener de su parte al presidente del Tribunal, Eloy Fuentes. En una controversia previa, el voto del magistrado le impidió a Raúl Sifuentes participar como candidato independiente en esas elecciones.

El dictamen del INE sobre el rebase de los topes de campaña refuerza la posibilidad de celebrar elecciones extraordinarias para gobernador, hasta ahora sólo sin el concurso de Miguel Riquelme, según el Artículo 41 de la Constitución. En tal caso, los comicios deberán celebrarse 90 días después de que el Congreso sea notificado por el TEPJF. Con el tiempo encima, se abre la puerta para la designación de un gobernador interino, pues la gestión de Rubén Moreira concluirá el 30 de noviembre.
09 Agosto 2017 04:00:00
EMB: 86 y contando
Los políticos de antaño –no todos, claro– se valoran conforme afloran nuevos escándalos de corrupción que involucran a esposas y amantes, hasta hace poco intactas; no por fala de méritos, sino de arreglos no escritos que envilecen la política. El presidente Peña Nieto, con su tino característico, ponderó a los entonces gobernadores Roberto Borge (Quintana Roo), Javier Duarte (Veracruz) y César Duarte (Chihuahua) como la “nueva generación” de su partido. Hoy los dos primeros están presos y el tercero prófugo por uñas largas. Otros caerán, tarde o temprano.

El público sospecha cuando se habla bien de los políticos, sobre todo en los medios de comunicación, incluso cuando, en casos excepcionales, merecen aplauso, pues sin excepción los consideran deleznables. Razones y ejemplos abundan. Sin embargo, es injusto que por los corruptos –con fuero o sin él–se juzgue a todos. Los gobernantes y servidores públicos íntegros y respetables no se advierten, pero en el pecado de su silencio frente a los venales llevan la penitencia. Un cargo de elección popular o en la Administración equivale hoy día a una especie de premio gordo, el cual, a diferencia de la lotería, se puede cobrar cada 24 horas por cantidades mayores. La cornucopia es para la familia, los amigos, los compadres, los cómplices y puede durar toda la vida, aunque los puestos tengan fecha de caducidad.

El adagio juarista según el cual “los funcionarios públicos (…) no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala”, se hace añicos al chocar con mansiones amuralladas, albercas climatizadas, autos y camio-
netas suntuosos, cuentas multimillona-rias, empresas fantasma y otras reales pero escondidas, lujos y todo tipo de excentricidades. Ser “un político pobre” es en estos tiempos motivo de escarnio. Y para evitar la vergüenza, mejor empobrecer al pueblo.

Hace unos meses, un amigo coincidió en un vuelo con el exgobernador Eliseo Mendoza Berrueto. “¡Oye –me dijo sorprendido–, viaja en clase turista… y los aprendices de político, en primera! Creo que sí fue honrado”. “Lo es”, repliqué (aclaración de interés, soy amigo de don Eliseo y en su Gobierno fui director de Comunicación Social), y a sus 86 años aún trabaja. “Para sacar la papa”, responde cuando le pregunto sobre sus viajes y proyectos. La semana pasada lo visité en La Conchita, donde fue sometido a un cateterismo cardiaco exitoso. (Mi hermano Javier tuvo una experiencia infernal en el mismo establecimiento. Su esposa entró mal y salió peor; todavía no se restablece.)

El sábado pasado le telefoneé. “¿Cómo se siente?”. “Bien, estuve en la Ciudad de México. Fui y regresé el mismo día (viernes)”. “¡Cómo, si el martes lo operaron!”. “Pues sí, el presidente del PRI nos invitó a un grupo de exgobernadores a un desa-yuno. Después visité a otros amigos”. En un viaje previo, también a la capital, fue recibido por varios secretarios de Estado. Incluso se ha hecho amigo del jefe de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien ha tenido con él algunas deferencias. Como si su gobierno hubiera terminado ayer y no hace 24 años.

Eliseo Mendoza es un hombre bueno. Fue un buen gobernador y como exgobernador también se ha comportado. Amigo culto, divertido, respetuoso y pendiente de sus amigos, su ejemplo nos recuerda que la política es otra cosa, no la que ahora vemos.
08 Agosto 2017 04:00:00
Coahuila, prueba de fuego
Una de cada cuatro elecciones para gobernador del año pasado fue impugnada: dos por el PRI (Chihuahua y Quintana Roo) y una por Morena (Zacatecas). El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revalidó los triunfos del PAN, en los dos primeros, y del PRI, en la tercera, avalados previamente por tribunales electorales de estados gobernados por el PRI. En Chihuahua, la alternancia convirtió en prófugo a César Duarte por delitos de corrupción. En Quintana Roo, donde jamás había ganado un partido de oposición, Roberto Borge huyó para evadir la justicia. La Interpol lo detuvo en Panamá el 4 de junio, antes de abordar un vuelo a París, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El PRI conservó el poder en Zacatecas por un margen de 18% frente a Morena, segundo lugar en votos. El presidente Peña premió al exgobernador Miguel Alonso Reyes con la dirección de Fonatur. Después de tomar posesión, fue acusado ante la PGR de desviar más de 300 millones de pesos por mediación de 24 empresas fantasma (El Norte, 06.12.16).

El TEPJF confirmó por unanimidad los triunfos de los panistas Javier Corral (Chihuahua), Carlos Manuel Joaquín (Quintana) y del priista Alejandro Tello (Zacatecas) el 7 de septiembre de 2016. Los comicios fueron el 5 de junio; en la misma fecha se eligieron otros nueve gobernadores.

La única elección impugnada por ine-quidad en el financiamiento público y por exceder el tope de gastos de campaña (como en Coahuila), fue la de Tello, postulado por la coalición Zacatecas Primero. El TEPJF confirmó la sentencia definitiva del Tribunal Electoral y el acuerdo del Instituto Electoral local que aprobó el cómputo de la elección de gobernador, “porque el financiamiento fue otorgado conforme a lo establecido legalmente, y si en su caso fue inferior respecto a los demás contendientes, ello se debió a su calidad de partido de nueva creación (Morena)”.

El TEPJF consideró el rebase del tope de campaña “como no acreditado (…) porque aun sumando el gasto no reportado por 2 millones 700 mil pesos y el derivado de un procedimiento de queja que ascendió a 275 mil pesos, a los gastos erogados y reportados por la coalición equivalentes a 8 millones 519 mil 376 pesos, solamente se alcanza el monto total de 11 millones 495 mil pesos, el cual evidentemente es inferior al tope de gastos de campaña fijado por la autoridad electoral, que fue de 25 millones 378 mil 1 pesos”.

En Quintana Roo, donde el PRI impugnó el triunfo de su exmilitante Carlos Manuel Joaquín, postulado por la coalición Quintana Roo UNE, una Nueva Esperanza, formada por el PAN y el PRD, los magistrados federales ratificaron la sentencia del Tribunal Electoral del Estado al “considerar infundados los criterios de determinancia aducidos por el partido político demandante, porque en forma alguna acreditó la existencia de un nexo causal entre las irregularidades señaladas y los resultados, ya que la diferencia porcentual entre el primer y el segundo lugar es de 8.9%, lo que equivale a que el candidato de la coalición ganadora recibió 52 mil votos más que el segundo lugar”.

En Chihuahua, donde Javier Corral ganó por una diferencia de 8.9% a Enrique Serrano, el pleno del TEPJF “calificó como inoperantes los agravios” interpuestos por el PRI y el Partido Verde. Advirtió que “la verdadera intención de los enjuiciantes no consistió en la simple objeción de los documentos aportados (…) sino en una auténtica ampliación de su demanda, la cual resulta improcedente al haber transcurrido en exceso el plazo para impugnar (…).
07 Agosto 2017 04:05:00
Debate en los medios (II)
Después de ganar la Gubernatura por un margen de 2.4%, el más estrecho en 88 años, el PRI desdeñó las marchas ciudadanas para repudiar el resultado y demandar nuevas elecciones, minimizó la impugnación del Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) y soportó la andanada mediática lanzada desde de la capital del país por la sospecha de fraude en los comicios del 4 de junio. La intención era cerrar el tema con el triunfo de su candidato Miguel Riquelme y no dar alas a la oposición.

Sin embargo, el caso de Coahuila escaló a la agenda nacional, junto con el Estado de México, pues podría ser el anticipo de unas elecciones presidenciales sucias y manipuladas. La presión es ahora contra el presidente Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyo compromiso con la democracia y la legalidad lo han puesto en duda medios de comunicación y analistas de la Ciudad de México.

Además de utilizar los cauces jurídicos para anular la elección, “con marchas y mítines también vamos a presionar para que tomen una decisión conforme a derecho”, declaró Armando Guadiana, excandidato de Morena, a René Delgado en una entrevista para el Grupo Reforma (04.07.19). El día de la elección “se llevaron paquetes abiertos a diferentes puntos que no eran los indicados, hubo manoseo de las urnas. Aunque tuviéramos bien cuidadas las casillas, por afuera hicieron su movimiento y, además, hubo, intervención del estado”, replicó cuando el periodista cuestionó la falta de acuerdo entre los candidatos de oposición para cuidar el voto en las mesas electorales.

El activismo del FDC, las marchas ciudadanas, las denuncias en redes sociales, el seguimiento de la prensa nacional y la posibilidad de celebrar elecciones extraordinarias para gobernador, forzaron al PRI a reaccionar. Lo hizo, no sólo para defender en redes sociales la victoria de Miguel Riquelme, sino para insistir en que el único capaz de asegurar el futuro del estado, es él. Al mismo tiempo, César Camacho y Emilio Gamboa, coordinadores de las fracciones priistas en las cámaras de Diputados y de Senadores, advirtieron, sin mucha convicción, que Coahuila no será negociado.

El PRI ofreció conciertos gratuitos en Saltillo, Torreón y Monclova para agradecer el voto de sus militantes el 4 de junio. También circuló una nota según la cual “Guillermo Anaya está a punto de ir a la cárcel. La SEIDO dependencia de la PGR encargada de perseguir el lavado de dinero a determinado (sic) que el candidato derrotado en Coahuila hizo uso de recursos de narcotraficantes en su campaña. Con el mecanismo de una triangulación de dinero a través de tarjetas de nómina expedidas por Banorte y fondeadas por sindicatos fachada se pagó la estructura electoral del PAN”.

Anaya y el senador Luis Fernando Salazar, mencionado como parte de la trama, desmintieron la versión. “Están desesperados los Moreiras y los Riquelmes, sin duda la idea de la anulación no les permite dormir, pero nosotros no bajaremos la guardia, seguiremos luchando para erradicar la corrupción”, replicó el legislador en un comunicado.

El PRI ha empezado a tomar en serio la posibilidad de ir a nuevos comicios, pero no desea enfrentar a Guillermo Anaya, pues en ese escenario el riesgo de perder sería mayor. Armando Guadiana (Morena), José Ángel Pérez (PT) y Luis Horacio Salinas (independiente) apoyarán al panista en las elecciones extraordinarias. Sin embargo, Anaya, como Riquelme, al final tampoco podría figurar en las boletas por gastar de más en su campaña.
05 Agosto 2017 04:07:00
Debate en los medios (I)
En países centralistas y caciquiles, como el nuestro, lo que pasa en los estados se queda en los estados, como en Las Vegas. Para romper el cerco, el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) cubrió el 4 de julio una agenda con medios de comunicación en la Ciudad de México. Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero (independiente) y José Ángel Pérez (PT) plantearon en cadena nacional sus argumentos para anular las elecciones de gobernador “por fraudulentas”.

A un mes entonces de los comicios que tienen al estado en el centro de la polémica nacional y a la clase política en ascuas, los excandidatos fueron entrevistados por Carmen Aristegui (Aristegui Online), René Delgado (Reforma), Raymundo Rivapalacio (Efekto Noticias), Leopoldo Zea (Imagen Informativa) y Azucena Balderas (Milenio Televisión). El objetivo es obvio, mantener el debate poselectoral en los medios de comunicación mientras se agotan las etapas de la impugnación promovida por el FDC.

Aristegui, quien figura entre los líderes de opinión espiados por el Gobierno (The New York Times), puso sobre el tapete el tema de la supuesta negociación para zanjar los conflictos poselectorales en Estado de México y Coahuila, donde los triunfos de Alfredo del Mazo y Miguel Riquelme fueron refutados. Según esa versión, el presidente Peña aceptaría nuevas elecciones en Coahuila para salvar las del Estado de México donde el PRI también estuvo a punto de perder; en su caso, con Delfina Gómez, candidata de Morena.

Existen suficientes causales para invalidar el resultado –respondió Anaya–, como el exceso de gastos de campaña del candidato del PRI, la intromisión del Gobierno del Estado, el traslado irregular de paquetes electorales, la manipulación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y la complicidad del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Sin embargo, frente a la réplica de Aristegui sobre el trueque, el excandidato de la Alianza Ciudadana por Coahuila admitió esa posibilidad.

El énfasis de Anaya y del independiente Javier Guerrero en los topes de campaña y en la intromisión del Gobierno en los comicios, remite al Artículo 41 (fracción VI) de la Constitución General de la República: “La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales y locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

“a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado:

“b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos por la ley;

“c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

“Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. (La diferencia entre Riquelme de Anaya fue de 2.4%)

“En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.

Si Riquelme es inhabilitado por haber rebasado los topes de gastos de campaña, el PRI deberá buscar un candidato sustituto para la elección extraordinaria. El gobernador electo asegura que tal cosa no sucederá. Guadiana, en la entrevista con René Delgado, vaticinó: “Riquelme no se va a sentar”.
04 Agosto 2017 04:00:00
De León: el rugido
El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jesús de León, acusó de “totalmente ilegal” el proceso de entrega-recepción iniciado por Rubén Moreira y Miguel Riquelme el 31 de julio. Ambos “deberán ser sujetos de responsabilidades administrativas y de carácter penal”, advierte, con base en un confuso Artículo 24 de la ley correspondiente, reformado en 2013. También invoca el Código Electoral del Estado, según el cual “el proceso electoral ordinario (…) concluye al resolverse el último de los medios de impugnación que se hayan interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno” (Artículo 167, fracción 1).

Integrante de la comisión de Análisis del Impacto de la Deuda Pública en el periodo de Humberto Moreira, la cual, más allá del nombre, no ha brindado resultado alguno, De León dice que los diputados involucrados en el proceso “irregular” de cambio de administración, mejor “deberían (…) iniciar una consulta con la ciudadanía para que a partir del 1 de diciembre el Congreso del Estado esté en posibilidades de nombrar un gobernador –o gobernadora– interino ante la alta probabilidad de que se anule la elección”.

Un gobernador es legalmente electo cuando concluye el proceso comicial, y esto sucede “una vez que se resuelvan todas las impugnaciones, no antes”, dijo el legislador en Torreón en rueda de prensa. “En el caso concreto de Miguel Riquelme, que no ganó la elección, que está impugnado y que está haciendo un proceso de entrega-recepción falso e ilegal, están incurriendo en una gravísima irresponsabilidad”.

Hace 4 años, De León compitió contra Riquelme por la Alcaldía de Torreón. El PAN obtuvo más votos que el PRI, pero al final un puñado de partidos satélite le dieron a su candidato una victoria marginal. Según el diputado, “a los Moreira ya les urge irse y dejar el Gobierno del Estado en manos de quien sea para poder darse a la fuga”. Después del inicio de la entrega recepción, Moreira y Riquelme estrenaron el teleférico de Torreón acompañados por el obispo José Guadalupe Galván. La obra es cuestionada desde su anuncio por superflua, pues existen necesidades urgentes como la pavimentación de calles y el suministro de agua.

El sistema de transporte, cuyo avance es de 90%, implica una inversión de 160 millones de pesos. El Gobierno informó en un boletín que la “obra permitirá el crecimiento turístico del municipio y está preparada para trasladar a 385 pasajeros por hora y a 770 para ambos sentidos, con una duración promedio de viaje de 5 minutos”.

De León, quien como diputado federal protegió a Felipe Calderón en su toma de posesión, dio por sentado que la elección de gobernador será anulada en noviembre, último mes del sexenio de Moreira. “Todas las personas que están participando en la entrega-recepción de información, recursos y expedientes no están legalmente reconocidas para hacerlo y tendrán que ser sancionadas conforme al nuevo Sistema Estatal Anticorrupción”. El panista informó que, en la junta de la comisión permanente de este viernes exhortará al gobernador a suspender el proceso.

En la misma sesión, el grupo parlamentario del PAN pedirá a la Auditoría Superior de la Federación investigar y denunciar la desviación de 423 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que descubrió en Coahuila. De lo contrario, observó el diputado, el caso “quedará impune” como pasó con la megadeuda, las empresas fantasma y las inversiones del Tribunal Superior de Justicia del Estado en Ficrea por más de 120 millones de pesos.

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