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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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23 Septiembre 2017 04:07:00
Prensa y elecciones
Los periodistas no sólo son blanco de la delincuencia organizada y de gobiernos intolerantes, sino ahora también de los partidos en tiempos electorales, según Artículo 19, organización defensora de los derechos humanos. El tema lo aborda el periodista Gerardo Moyano en la nueva edición del bisemanario Espacio 4:

“El aumento de ataques a periodistas en los estados que este año atravesaron procesos electorales locales ha encendido un foco rojo para la prensa de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Así lo señala un informe de la organización Artículo 19, en el que se destaca el caso de Coahuila, donde las ofensivas contra la prensa se han triplicado durante el primer semestre del año.

“‘Artículo 19 identificó tendencias que permiten reconocer que en México la violencia contra la prensa se agudiza en diversas regiones, y que se acentúa de manera importante en los períodos previos a las elecciones federales de 2018 y posteriores a las celebradas este año. Tal es el caso de estados del norte del país como Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, en donde han aumentado las agresiones de manera considerable con respecto a años anteriores’, señala el informe semestral de la ONG.

“‘Particularmente llama la atención el caso de Coahuila –estado sujeto a un proceso electoral complejo en el período que se analiza–, pues reflejó un incremento de agresiones del 325%. Esta entidad ahora ocupa el tercer lugar con más agresiones contra la prensa (26), tan sólo por debajo de la Ciudad de México y Veracruz (ambos con 28 agresiones registradas)’, agrega.

“Artículo 19 destaca que los periodistas coahuilenses se enfrentaron a dos contextos de riesgo en la primera mitad de 2017: la cobertura de las protestas por el aumento del precio de la gasolina (enero) y las elecciones estatales (junio).

“En este sentido, señala que durante el primer semestre del año se registraron 35 agresiones en el contexto de protesta, ‘particularmente en Monclova, Coahuila, y Playas de Rosarito, Baja California, en donde se realizaron diversas movilizaciones en contra del aumento del precio de la gasolina. La violencia ejercida principalmente por autoridades hacia integrantes de la prensa dejó un saldo de ocho agresiones en Monclova y 13 en Playas de Rosarito, los días 5 y 7 de enero, respectivamente’.

“También destaca que después de la activación de la Red #RompeElMiedo durante el proceso electoral en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, se documentaron 37 agresiones, de las cuales 19 se registraron durante la jornada electoral del 4 de junio.

“‘Coahuila y Estado de México concentraron la mayoría de estas agresiones, con 15 y 13, respectivamente. En su mayoría las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos (14) e integrantes de partidos políticos (14), de acuerdo con el testimonio de las víctimas. También se identificó que 11 fueron cometidas por integrantes o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y una del Partido Acción Nacional (PAN)’, añade.

“A escala nacional, la ONG registró 276 agresiones en el primer semestre de 2017 (ocho asesinatos), lo que representa un aumento de 23% con respecto al mismo período del año pasado. Esto significa que se agrede a un periodista cada 15.7 horas, es decir 1.5 agresiones por día. Y lo peor: 50.7% de las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos (140 de 276), lo cual ‘es un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a la prensa’”.
22 Septiembre 2017 04:08:00
Golpe a la soberbia
A falta de noticias realmente positivas –no maquilladas para ocultar los problemas nacionales– y de gobiernos que en vez de causar vergüenza e indignación alivien a la sociedad y la inspiren, o al menos no le mientan ni la roben flagrantemente, la desgracia ha vuelto a unir a México. El sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre en Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Puebla, y el precedente de 8.2 en Chiapas y Oaxaca, donde murieron centenares de personas y los heridos se suman por millares, hizo aflorar lo mejor de un país castigado no sólo por fenómenos naturales, sino por gobiernos rapaces e ineficaces y por la delincuencia organizada.

Legiones abandonaron sus trabajos, escuelas y hogares para colaborar en la remoción de escombros, buscar y rescatar personas, brindar primeros auxilios, ofrecer cobijo y alimento y dar consuelo, pero también asomó la rapiña, la insolidaridad, el ventajismo. Es la cara del México de los menos –los corruptos, los traficantes de drogas, los asesinos de niños y mujeres, de hombres, periodistas y activistas por los derechos humanos–, pero cuya posición de poder y fuerza en un país donde el delito raras veces se castiga, provoca calamidades mayores que los sismos y los huracanes, cuya estela no es sólo de muerte y destrucción.

El terremoto de hace 32 años, en la misma fecha que el del martes pasado, fue la génesis del primer movimiento de solidaridad nacional. Sirvió para dimensionar el poder de organización y colaboración ciudadana, exhibió la ausencia, arrogancia e incapacidad del Gobierno federal, acentuadas sexenalmente, y ventiló casos de explotación laboral y de corrupción en el otorgamiento de licencias para construir edificios fuera de la norma. Como resultado del sismo de 1985 se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Conapred) y el Sistema Nacional de Protección Civil, 3 años después. La falta de planeación y la improvisación han costado millares de vidas.

La sociedad rebasó entonces al gobierno de un presidente medroso; y ahora a uno cuya característica es su alejamiento de la gente y de una realidad atroz, la cual se agrava cada día. Los presidentes del PAN tampoco estuvieron a la altura de las circunstancias y hoy los gobernadores de todos los partidos actúan como si el poder fuera suyo, cuando dimana del pueblo y es para su beneficio; no para las burocracias de los partidos ni de una cleptocracia cínica, insaciable y deleznable.

Lucrar con la tragedia con vistas a las elecciones presidenciales de 2018 es cruel e intolerable. El clamor: “¡Largo, fuera, déjanos trabajar!”, lanzado al secretario de Gobernación, Miguel Osorio, en la colonia Obrera de Ciudad de México (Reforma, 20.09.17), es el barómetro del grado de la ira social contra la clase política en general. Por eso la demanda de cancelar el financiamiento a los partidos y dedicar los 12 mil millones de pesos asignados para el proceso del año próximo a la reconstrucción de las zonas devastadas. Tal cosa no es posible como se plantea, pero la partidocracia y los gobiernos también deben ser solidarios y recortar sus presupuestos en favor de las víctimas, no sólo responder con mendrugos y minutos de silencio. Desastres como los del 7 y el 19 de septiembre incitan a reflexionar sobre infinidad de temas; para empezar, por la vida. Frente a las fuerzas de la naturaleza, la soberbia del poder quedó reducida a escombros.
20 Septiembre 2017 04:00:00
Los topes son la clave
Partidos y gobiernos presionan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para resolver el caso de Coahuila a su favor. El PRI recurre a la Presidencia para conservar uno de los cuatro estados donde jamás ha habido alternancia. Por su parte, el PAN intenta gobernar la mayoría de los estados fronterizos (ahora tiene tres de seis) y mejorar su posición para las elecciones del año entrante.

Enrique Ochoa y Ricardo Anaya, líderes del PRI y del PAN, respectivamente, han hecho lobby entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados TEPJF. El primero, para apuntalar el triunfo de Miguel Riquelme; y el segundo, para anularlo. Anaya ganó en el INE, pues el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), que atribuye al excandidato priista un rebase en los topes de gastos de campaña de 7.8%, tiene el respaldo de la mayoría del consejo; sobre todo, de Pamela San Martín y Ciro Murayama.

La reacción del PRI contra el INE, San Martín –quien estuvo en Coahuila el 4 de junio– y Murayama confirma el riesgo de anulación, previsto por la Constitución cuando el sobregasto es mayor al 5% y la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es inferior a esa misma proporción. Luego del dictamen de la UTF, el gobernador Rubén Moreira declaró “hay un árbitro que es muy afecto a dar opiniones parciales o admitir información parcial, que luego está generando una confusión a todos y que todos tengamos una confusión” (Vanguardia, 20.07.17).

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, defendió al organismo en un foro organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en presencia del canciller Luis Videgaray: “Atacar al árbitro de las elecciones, como parte de las estrategias de los contendientes, lo único que está provocando es mayor malestar con la vida democrática y descrédito de quienes ganan y de quienes pierden. (…) debilitar la institucionalidad democrática siembra el terreno para el regreso o eventualmente la evocación de un pasado autoritario” (Reforma, 15.08.17).

Frente a la eventualidad de ir a comicios extraordinarios con otro candidato, el PRI busca inhabilitar a Guillermo Anaya. El 24 de agosto, dos semanas después de los cateos la Procuraduría de Justicia en varias casas de campaña del excandidato de la colación “Alianza Ciudadana por Coahuila”, para investigar una supuesta red de lavado de dinero, el TEPJF revocó la resolución del INE que declaraba infundada la denuncia del PRI y ordenó revisar el caso con mayor exhaustividad.

Empero, la clave para la anulación de las elecciones de gobernador radica en el dictamen de la UTF sobre el rebase en los topes de gastos de campaña. Tanto es así que el vocero para la defensa legal de la coalición Por un Coahuila Seguro, Iván Garza, dijo que la publicación de las modificaciones al Reglamento de Fiscalización del INE, “confirma que el dictamen (…) sobre los gastos de campaña de Miguel Riquelme se basaron en una normativa no vigente. (…) Lo que sigue es que el Trife aplique la ley y reafirme el triunfo que Miguel Riquelme obtuvo en las urnas”.

El TEPJF, sin embargo, dio un mentís: “De acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales, la autoridad electoral nacional es competente para conocer sobre la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos y de los candidatos durante los procesos electorales federales y locales, por lo que el INE puede desplegar, en cualquier momento, su facultad de monitoreo y de detección de irregularidades en los informes de ingresos, egresos y gastos”.
19 Septiembre 2017 04:00:00
La gran incógnita
Cualquiera que sea la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sea la confirmación del triunfo de Miguel Riquelme o la anulación de las elecciones, la división en el estado se ahondará. Después de unas campañas huérfanas de ideas e inusualmente ríspidas, el PRI y el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) centran su atención en ese par de escenarios e interpretan los signos según su conveniencia. Sin embargo, ignoran cómo conciliarán y repararán la imagen y las finanzas de una entidad polarizada desde hace lustros por la lucha política, desprestigiada a escala internacional por los escándalos de corrupción –todavía impunes– y debilitada financieramente por una deuda que ronda los 40 mil millones de pesos.

La opinión con respecto al fallo del TEPJF se encuentra dividida tras meses de vacilaciones. El estado entró al túnel de la incertidumbre el mismo día de las votaciones por la incompetencia del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para encauzar el proceso y por las múltiples fallas durante su desarrollo. El FDC, formado por los excandidatos Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas (independientes) y José Ángel Pérez (PT), tiene la certeza de que el TEPJF revocará la constancia de mayoría de Riquelme, “por el cúmulo de irregularidades documentadas”. El PRI defiende su victoria con uñas y dientes.

Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta hacia dónde se inclinará la balanza. Desde su creación en 1996, el TEPJF ha anulado sólo tres elecciones para gobernador, todas al PRI, en Tabasco (2000) y Colima (2003 y 2015). El partido tricolor ganó los comicios extraordinarios con los mismos candidatos: Manuel Andrade (Tabasco), Gustavo Vázquez Mota y José Ignacio Peralta (Colima). El PRI impugnó el año pasado los triunfos del PAN en Chihuahua y Quintana Roo; y Morena, el del PRI en Zacatecas, pero el TEPJF no anuló ninguno.

Los únicos estados que eligieron gobernador este año fueron Coahuila, Estado de México y Nayarit; en los dos primeros ganó el PRI y en el último el PAN. En los tres casos los resultados se impugnaron. Estado de México y Nayarit se resolvieron sin cambio. Coahuila es la gran incógnita. El proceso menos controvertido fue el de Nayarit, donde Antonio Echevarría, candidato de la coalición encabezada por Acción Nacional y formada por el PRD, el PT y el PRS aventajó a la del PRI, Verde y Panal con el 12.3% de los votos en el cómputo final.

En Estado de México, Alfredo del Mazo, candidato del PRI, Verde, Panal y Encuentro Social, superó a Delfina Gómez (Morena) apenas con el 2.78% de los sufragios. El PAN cayó al cuarto lugar con la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota; el tercero correspondió a Juan Manuel Cepeda, del PRD. En Coahuila, la diferencia entre la coalición del PRI, integrada por siete partidos, y la del PAN, compuesta por cuatro, resultó menor todavía: 2.44 por ciento.

Política y mediáticamente, la elección más enconada y debatida fue la de Coahuila. Pues si bien en Estado de México los gobiernos estatal y federal volcaron presupuesto, gabinete y maquinaria a favor de Del Mazo –lo mismo pasó en Coahuila, solo que sin el favor de la Presidencia–, aquí el IEC representó la fuente del conflicto en todas las etapas del proceso. Sobre todo en el cómputo de votos, cuando primero dio por ganador a Guillermo Anaya y horas después a Miguel Riquelme.
18 Septiembre 2017 04:00:00
Siglos de indiferencia del gobierno
Como ha venido sucediendo durante años cada gobernante y Presidente de México en turno han prometido siempre atender a los sectores más vulnerables no solamente de cada comunidad sino en el país.

Pero cada vez que ustedes escuchan decir eso de cualquier político o simplemente en estos mismos momentos que usted está leyendo estas líneas, le preguntó ¿cuál sector vulnerable está pensando o imaginando?, probablemente y con mucha lógica se viene a la cabeza aquellas colonias populares cuyas calles carecen, al igual que algún otro servicio como el de luz, agua potable, alcantarillado o igual no tienen ninguna de estas.

Es difícil determinar cuál colonia de su comunidad necesite más ayuda de programas sociales o inversión en infraestructura en los servicios básicos. Sin embargo, hay un sector de la población que ha sido olvidado no solo por políticos, gobernantes y hasta del mismo Presidente de México en turno, sino inclusive han quedado en el olvido por los mismos mexicanos.

Ahora solamente los vemos dentro de algunos sectores de los diferentes municipios del país, tratándose de ganar la vida cantando por las calles.

Sí esas personas que ustedes ven vestidos de indígenas pertenecen a un grupo de habitantes principalmente en la Sierra Madre Occidental, siendo más cercano de los estado de Nayarit, Jalisco y partes de Durango y Zacatecas, conocidos como los huicholes.

Por cuestiones de pobreza extrema en sus comunidades se han visto obligados a viajar por todo el país para reunir dinero y enviarlo a sus familias, porque el gobierno les ha fallado, teniéndolos en el olvido y no solo ellos sino a todos los grupos indígenas que siguen padeciendo hambre en México.

Como nómadas andan por todo el país, así como el día de hoy cualquiera de ustedes se los puede encontrar tocando sus instrumentos de cuerda, principalmente guitarras y violines; el día de mañana pueden estar en otra parte de la república.

A diferencia de los ilegales de Honduras o Salvador, que solo extienden la mano para recibir dinero en cada crucero, los huicholes tratan de juntar dinero ofreciendo sus canciones en lugares públicos y aunque éste sea poco, al menos no roban a nadie.

Lo que sucede en comunidades como Huichol así como otros grupos indígenas del país, se dedican a la agricultura de temporal y a elaborar canastas y otros objetos artesanales porque no tienen otras opciones para sobrevivir.

No hay dinero para abrir un negocio, y el gobierno estatal ni federal voltean sus ojos hacia los indios. Solamente cuando son épocas de campañas políticas es cuando se acuerdan de ellos, van y se toman fotos tanto los diputados, alcaldes, gobernadores y hasta presidentes con ellos y luego ya ni siquiera se acuerdan de ellos.

Estas comunidades se quejan de los políticos porque aseguran que cuando buscan a un diputado, alcalde, o gobernador que los ayuden para comprar medicamentos o para tener granos básicos para trabajar las tierras simplemente les cierran las puertas de sus oficinas.

No han pasado años, sino siglos desde que los grupos indígenas han sido tratados de forma indiferente por parte del gobierno. Solamente ayudan más a la población que viven en las grandes ciudades o municipios.

Es por eso que hay pueblos fantasmas, comunidades abandonadas, porque no hay con qué cultivar y producir las tierras, ya que el gobierno no apoya a los grupos indígenas. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013)
http://www.intersip.org
18 Septiembre 2017 04:00:00
Domar la corrupción
En medio de la tempestad poselectoral y de un conflicto entre el Gobierno del Estado y la Diócesis de Saltillo por la comunicación “Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, que el obispo Raúl Vera presentó el 6 de julio ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Jesús Flores Mier rindió protesta como fiscal Anticorrupción por un periodo de siete años, con el aval de los diputados del PRI y sus satélites. Legisladores de oposición y organizaciones ciudadanas repudiaron la decisión.

El grupo parlamentario del PAN, la Alianza Contra la Corrupción en Coahuila (ACC) y el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila (CCIC) promoverán amparos para anular el nombramiento del fiscal y otras designaciones. La mayoría de los integrantes de la comisión de selección de participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) han sido funcionarios en los dos últimos gobiernos.

El propio Flores Mier colaboró en la administración de Humberto Moreira y en la actual se desempeñó como presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI). Sobre su relación con el exgobernador –acusado en Estados Unidos de formar parte de una red de lavado de dinero–, el fiscal acepta haber trabajado con Humberto Moreira, pero aclara: “no soy su amigo” (El Diario de Coahuila, 29.08.17)

Sin embargo, ni el deslinde, ni su negativa de ser “tapadera del poder” ni su ofrecimiento de que actuará como “fiscal de hierro” calmaron la tempestad. El presidente del consejo de administración de Grupo Industrial Saltillo y vicepresidente del CCIC, Juan Manuel López Villarreal, declaró que la decisión del Congreso representa “una burla para la ciudadanía” (Vanguardia, 30.08.17). Alejandra Wade, presidente del CCIC, advierte: “No existe la implementación de un Sistema Anticorrupción; es un sistema de protección lo que se está haciendo en Coahuila”. El 12 de septiembre, Sergio Dávila Flores y Roberto Cabello Elizondo, del sector privado, renunciaron al comité de selección de participación ciudadana.

Flores Mier tiene una de las mejores hojas de servicios. Es discreto y esmerado. Su ejercicio como titular del ICAI se cuestiona en vista de su nuevo cargo –además de ser profano en derecho laboral– y por haber colaborado con Moreira como director de la Unidad de Transparencia en el Ayuntamiento de Saltillo, razón suficiente para el escepticismo. El problema de fondo es la manera como se ha implementado el SEA: en la opacidad, en el límite del plazo constitucional, sin tomar en cuenta a una ciudadanía cada vez más crítica y participativa, cuyas propuestas para la comisión de selección del SEA fueron olímpicamente ignoradas. La respuesta social es del tamaño de la impostura.

La Fiscalía no es la panacea universal, sino la rifa del tigre. Domar la corrupción “puede tardar hasta 15 años”, declara Flores; es decir, más del doble del tiempo para el que fue nombrado. En ese lapso –según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)– se verán los primeros resultados de la lucha contra la hidra, pretexta. Pero más que látigo o espada para contener al tigre o cortar cabezas, Flores necesita dar resultados sin consignas políticas. No dentro de dos años o cuatro, sino ahora. Tiene mucha tela que cortar: roja, azul, verde y naranja.
16 Septiembre 2017 04:06:00
Guerra de nervios (II)
La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) favorable a Alfredo del Mazo en el Estado de México volvió a enconar al PRI y al PAN en Coahuila. Mientras la Sala Superior resuelve si revalida o anula los comicios para gobernador, las principales fuerzas políticas del estado tratan de llevar agua a su molino. Sin embargo, descontar de la campaña de Del Mazo un gasto en publicidad en Facebook por 3.6 millones de pesos, que el Instituto Nacional Electoral (INE) había contabilizado, se toma como un indicio de que el TEPJF podría resolver igual el caso de Coahuila y franquearle las puertas del Palacio de Gobierno a Miguel Riquelme.

Sin embargo, el excandidato del PAN, Guillermo Anaya, ve las cosas de otra manera. Tras la ratificación del triunfo de Del Mazo, el político lagunero emitió un comunicado donde advierte que “la validez del Reglamento de Fiscalización en el Estado de México”, votada en la sesión del TEPJF, “significa que (los magistrados) desecharon el argumento del PRI por supuestamente no haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación. (…) esto es la virtual anulación de la elección para gobernador en Coahuila. (…) La estocada final al PRI y Moreira es cuestión de tiempo”.

David Aguillón, presidente de la Fundación Colosio del PRI, replicó que “Ante el intento del candidato perdedor (…) Guillermo Anaya, de confundir a la opinión pública”, las resoluciones del TEPJF sobre la fiscalización de las campañas en Estado de México y Nayarit, “confirmarían que en el caso de Coahuila el candidato Miguel Riquelme se apegó a los criterios de legalidad y no rebasó el gasto en los topes de campaña”.

Aguillón, quien se desempeñó como director de Comunicación Social y secretario de Gobierno en la Administración de Humberto Moreira, y fue presidente del PRI en el Gobierno de Rubén Moreira, acusa: “Guillermo Anaya y el PAN vuelven a desinformar. En ningún caso se ha validado la nulidad de la elección ni (…) se analizó el tema de la validez del Reglamento de Fiscalización; por el contrario, hoy el TEPJF sostuvo dos precedentes relevantes para ratificar el triunfo del PRI”.

En el mismo tono respondió el gobernador Rubén Moreira, tras la ceremonia de izamiento de la bandera por el CCVII aniversario del inicio de la Independencia. “Ayer lo que vimos fue un excandidato desesperado. Me refiero a Guillermo Anaya, buscando que todo lo que construyó con falsedades no se derrumbe, porque él fue –ahí sí hay que reconocerlo– muy hábil (…) para engañar a los ciudadanos haciéndoles creer cosas que en realidad no pasaron (y) aprovechando errores del Instituto Nacional Electoral”. Para Moreira, la resolución del TEPJF podría ocurrir en noviembre, sin alterar el resultado de los comicios del 4 de junio en favor de Riquelme.

Anaya no bajó la guardia y desde Torreón declaró que el gobernador “se encuentra muy nervioso”, pues “ante la inminente anulación sabe que quedaría sin protección y habría justicia ante los 12 años de saquear y endeudar sin piedad a nuestra entidad. (…) Es normal que defienda a su protector y nos ataque; siempre metió las manos por Riquelme; coaccionó al Instituto Electoral de Coahuila; desvió recursos públicos y humanos (y) usó a la fuerza pública en nuestra contra. Todo para no ir a prisión”.

En un comunicado, el CEN del PAN sostiene que el TEPJF “validó los principales criterios del INE con lo que se determinó que (…) Miguel Riquelme rebasó los topes de gastos de campaña por 8.2 por ciento (…), por lo que la anulación de la elección es inminente”.
15 Septiembre 2017 04:07:00
El turno de Coahuila
La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en Estado de México estaba más anunciada que el Grito de Dolores. El primer primo del país, Alfredo del Mazo, gobernará a partir de mañana y sanseacabó. Así funciona en nuestro país la democracia, donde, para ganar elecciones, el dinero no basta; es necesario un sistema parcial que se haga de la vista gorda frente a la compra de votos, la utilización de recursos públicos y el derroche en las campañas, cuyo gasto real es infinitamente superior a los topes legales.

En Coahuila, el PRI, el gobernador Rubén Moreira y Miguel Riquelme dan por descontado que el TEPJF resolverá como en Nayarit y Estado de México; es decir, la confirmación de su victoria. Después de ser recibido por el presidente Peña Nieto en Los Pinos, el 24 de agosto, Riquelme se entrevistó con los presidenciables de su partido: Miguel Osorio, José Narro y José Antonio Meade; excepto con Aurelio Nuño, el favorito entre bastidores. También se reunió con José Calzada y Enrique de la Madrid.

La seguridad es tal que el secretario de Desarrollo Económico, Antonio Gutiérrez, anunció que Moreira y Riquelme realizarán giras de promoción por China y Alemania, además de participar en la asamblea de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), en Bolivia, entre el 7 y el 17 de octubre (“El Diario de Coahuila”, 12.09.17).

Pero mientras el TEPJF no diga la última palabra, nadie puede cantar victoria todavía. Así lo advierte el excandidato del PAN, Guillermo Anaya, quien, después de reunirse el lunes pasado con los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe Fuentes Barrera, declaró su mantra de “la nulidad de las elecciones en Coahuila está más cerca que nunca”. “El robo del siglo” no se consumará –dijo–, pues “la ciudadanía se unió y documentó una gran cantidad de pruebas del fraude electoral orquestado por la familia Moreira”. Según Anaya, el rebase de los topes de campaña de Riquelme se elevará cuando el INE resuelva la queja 141. Sin embargo, la guadaña de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) también puede segar sus aspiraciones en una eventual elección extraordinaria.

Por su parte, el senador Luis Fernando Salazar (PAN) pidió ante el pleno de la Cámara alta un punto de acuerdo para “exhortar al Presidente de la República y a los titulares de las secretarías de Estado a suspender las reuniones con Miguel Riquelme Solís, hasta en tanto no exista una resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a la anulación de las elecciones a gobernador en el estado de Coahuila”, dice en un comunicado.

Frente a la “inminente anulación (…) están desesperados por adelantar los procesos (…), el Gobierno federal debe abonar a la certeza, imparcialidad y legalidad que deben prevalecer en esta etapa (…) y no abonar la desconfianza ciudadana en las instituciones”, apunta. Fotografías del político lagunero han vuelto a aparecer en espectaculares con motivo de su informe legislativo. Fernández aspiraba a ser candidato a alcalde de Torreón el año próximo, pero al parecer los planes han cambiado. Toda la atención está ahora en el TEPJF, donde se decidirá si Riquelme toma posesión o el año próximo hay nuevas elecciones.
13 Septiembre 2017 04:00:00
Coahuila, el plato fuerte
Con la validación de las elecciones para gobernador en Nayarit –el jueves pasado– y del Estado de México –prevista para las próximas horas–, sólo quedarán por resolver las de Coahuila, las más espinosas de las tres impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La prelación obedece a que el cambio de poder en Estado de México será este sábado y en Nayarit el martes 19. El caso de Coahuila, el TEPJF dispone de más tiempo para emitir su sentencia, pues el periodo de la actual Administración concluye el 30 de noviembre.

Si el TEPJF ratifica el triunfo del PRI, Miguel Riquelme rendirá protesta ante la actual legislatura, de mayoría priista, el 1 de diciembre. Pero si las elecciones se anulan, como el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) y el CEN del PAN aseguran que sucederá, el Congreso nombrará un Gobernador interino y en un lapso de tres meses convocará nuevos comicios.

En Nayarit, donde Morena impugnó la candidatura de Antonio Echevarría por no cumplir el servicio militar y, según esa apreciación, tener suspendidos sus derechos políticos, la coalición “Juntos por ti” (PAN, PRD, PT y PRS) aventajó a la del PRI, el Verde y el Panal (“Nayarit de Todos”) por 12.17%, equivalente a 62 mil votos. Los magistrados votaron por unanimidad que la falta de la cartilla militar no inhabilitaba a Echevarría. La sentencia del Tribunal Estatal Electoral había sido en el mismo sentido.

En el de Estado de México, el TEPJF dio un paso hacia la confirmación del priista Alfredo del Mazo (PRI), al desechar “los argumentos (…) de las causas de nulidad, porque contrario a lo argumentado: 1) el Tribunal local no omitió el estudio sobre los reclamos de anulación de los votos recibidos en diversas casillas; 2) el Tribunal local estudió de manera exhaustiva los argumentos sobre las irregularidades planteadas, así como los medios probatorios que obraban en los expedientes; 3) fueron correctos los criterios y razones a partir de los cuales se determinó que no se actualizaron las causas de nulidad de la votación en las casillas impugnadas”.

La elección de Coahuila es la más complicada, pues de las tres para Gobernador celebradas este año, fue la única impugnada por exceder el tope de gastos de campaña, de 19.2 millones de pesos, entre otras irregularidades. El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), liderado por los excandidatos Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas (independientes), demanda repetir las elecciones.

En su sesión del 17 de julio, el INE aprobó el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) según el cual el candidato del PRI, Miguel Riquelme, rebasó en 7.8% el límite de gastos de campaña, y el panista Guillermo Anaya, en 4.5. El Artículo 41 de la Constitución advierte que cuando el monto se excede en 5% y la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es menor a esa proporción (la diferencia entre Riquelme y Anaya fue de 2.4), el proceso puede anularse; en tal caso, “se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.

El 7 de septiembre circuló una nota de La Jornada en el sentido de que, como resultado de los procedimientos oficiosos autorizados por el INE, la UTF incrementó a 16.3% el rebase en los topes de campaña de Riquelme, y a 11.1 el de Anaya. Si el dictamen se confirma, los dos podrían ser inhabilitados para participar de la segunda vuelta.
12 Septiembre 2017 04:00:00
Carlos Galván Tello
En la política, como en el periodismo y en toda actividad estrechamente vinculada con la sociedad, no todo está envilecido. Existen funcionarios que enaltecen el servicio público, pero como son los menos, no se aprecian. Unos pasan desapercibidos para no ser estigmatizados por su “mal comportamiento”; otros, por falta de atención de los medios de comunicación, siempre en busca de la paja en el ojo ajeno. Cuando cursaba primaria en el colegio Juan Antonio de la Fuente de Torreón y se celebraba el Día del Tránsito, automovilistas y peatones les entregaban obsequios en el crucero de Escobedo y Madero. Mis compañeros y yo deseábamos, de grandes, ser agentes; y otros, bomberos, por el bien que podríamos hacer. Hoy los modelos son otros y se exaltan en series, en corridos y sus actividades se protegen desde el poder, sin importar la letra o las siglas.

Coahuila ha perdido a un funcionario ejemplar, y muchos amigos y yo, a un hermano. Carlos Galván Tello falleció ayer, después de una brava lucha para seguir entre nosotros, pero sobre todo al lado de su esposa Ángeles y de sus hijos Carlos, Rodrigo y Pamela. La muerte es un misterio, cruel y a veces traicionero, pero siempre inevitable; a cualquier edad nadie está a salvo. Sin embargo, uno quisiera que sus seres más amados, entre ellos los amigos, jamás se fueran, que estuvieran con nosotros en cualquier momento para charlar con ellos, escucharlos, abrazarlos y decirles cosas que nos guardamos por creerlos inmortales. Como a Carlos. Nos decíamos “líder”. Él lo era, yo no.

Existen ausencias que duelen y se sienten más, no porque el afecto hacia otras personas sea menor, sino porque cada quien lleva en su alma valores, sentimientos, tesoros, carismas y cosas distintas que transmiten y las vuelven diferentes. La de Carlos estaba colmada de alegría, de bondad, de gusto por la vida, de bohemia y de canciones; de anécdotas y recuerdos gratos, pero sobre todo de amor y ternura para su familia. El nombre de Ángeles no es casual. Le dio uno como compañera de vida y a tres –sus hijos– para premiar su existencia de hombre bueno. Una legión de esos espíritus creados por Dios le seguía siempre y sin duda le condujo, entre cantos, himnos y trompetas, a la presencia del Dios en quien creía y que es también el mío desde niño.

Una de las últimas veces que abracé a Carlos fue en la anterior comida de cumpleaños de Eliseo Mendoza Berrueto, quien hizo de un grupo de compañeros de trabajo, en su gobierno, muchos desconocidos entre sí, una hermandad. Le vi extrañamente retraído. Cantó con más sentimiento que otras veces (alguna de Sabina), con la mirada puesta en el cielo, pero sin insinuar dolor, estoico. Porque, como ya dije, era un hombre de fe. Su ascenso en sus tareas públicas y privadas fue sólo por méritos. Después le vi en una misa de viernes primero, en San Pablo Apóstol, con el padre Juan Manuel Ledezma, en la unción que no es sólo para enfermos del alma o del cuerpo, sino también para quienes, sin estarlo, tienen sed de esa gracia y comunicación especial del Espíritu Santo. Entonces cuando comprendí la razón de su nostalgia.

La última vez que le telefoneé se hallaba en Cuernavaca, donde semanas antes se había sometido a una operación quirúrgica. “Me acaban de hacer unos estudios. Salí bien. Estoy con Ángeles, mañana regresamos a Saltillo”. Y ayer la noticia de su muerte joven, incomprensible, que nos llena de tristeza. Copiosa fue tu siembra, líder, y abundante será tu cosecha.
11 Septiembre 2017 04:00:00
Ignorar la realidad
El tema de las campañas presidenciales de 2018 será la corrupción como lo fue en 1982. En esos años, el fenómeno era juego de niños comparado con los circuitos de interés, complicidad e impunidad de ahora. La de entonces era una corrupción “nacionalista”, se robaba al país desde dentro; hoy se ha globalizado y se hurta desde fuera según lo demuestran los enjuagues con Odebrecht y OHL. Miguel de la Madrid, en busca del voto, apelaba a la “renovación moral de la sociedad” cuando la principal fuente de venalidad eran los poderes públicos.

En el sexenio de López Portillo (1976-1982), uno de los casos de enriquecimiento más escandalosos fue el de Arturo Durazo, jefe de la Policía capitalina, acusado de vender protección al crimen organizado y experto en desaparecer personas. El propio Presidente, quien terminó en bancarrota, como dejó al país por su populismo exacerbado y la estatización de la banca, fue estigmatizado debido a sus mansiones en “la colina del perro”, bautizada así por su promesa de defender al peso cual mastín. La moneda terminó devaluada, la riqueza petrolera dilapidada y las reservas internacionales casi en cero.

La corrupción está por encima de problemas lacerantes como la pobreza, la inseguridad y la violencia, pues sus efectos sociales, económicos y políticos son perversos y expansivos. En ese contexto se debate la designación del primer fiscal general de la República. Partidos de oposición y organizaciones cívicas rechazan para una responsabilidad de tal calibre al procurador Raúl Cervantes. Sus conexiones con el PRI, su amistad con el presidente Peña Nieto y el Ferrari de 3.8 millones de pesos, registrado en un domicilio fantasma de Morelos, lo descalifican. El propósito de la administración es obvio: inmunizarse durante los próximos nueve años.

Imponer un fiscal a la medida del Gobierno ahondaría el enojo ciudadano y el descrédito de México en el exterior, lastimado como nunca en el actual sexenio. Nuestro país retrocede año tras año en la calificación de Transparencia Internacional y es el socio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con las prácticas más corruptas. Sin embargo, en vez de rectificar y construir instituciones sólidas e independientes, capaces de recuperar la confianza ciudadana, se dan pasos en sentido opuesto mientras Guatemala, Brasil y Perú procesan, defenestran y encarcelan a jefes de Estado.

El Gobierno trató de ignorar la realidad, pero la corrupción terminó por sepultarlo. Pocas veces se habían denunciado y documentado casos relacionados con el Presidente como ahora sucede. Los costos de la negación han resultado enormes para México, pero la preocupación del Gobierno no es esa, sino su potencial efecto en las urnas el año próximo. Es decir, la pérdida del poder y el riesgo implícito, máxime si López Obrador es quien lo asume. Si en el pasado robar al país se veía como cosa “cultural” o lubricante del sistema, la voracidad y la falta de castigo colmaron el hartazgo ciudadano. Si antes la actitud era de indiferencia, ahora la sensación es de náusea.

Lo anterior explica por qué al Gobierno le disgusta que la sociedad “hable tanto tiempo de corrupción”. El reclamo del presidente Peña Nieto al empresario Claudio X. González el 11 de mayo, en una reunión privada en Los Pinos, habría sido justamente por el activismo de su hijo –del mismo nombre– a través de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, de acuerdo con la nota publicada por The New York Times el 30 de agosto. La consigna ciudadana es irrefutable: castigo a los corruptos en las elecciones de 2018.
09 Septiembre 2017 04:08:00
Votos, agua y ecología
El mayor esfuerzo para que el país rompa con el pasado y resuelva problemas ignorados por los políticos tradicionales, a pesar de la terquedad del Gobierno para evitarlo, procede de la sociedad y no de los partidos. Tres ejemplos de ello los ofrece el bisemanario Espacio 4, en la sección Luz y Sombras de su nueva edición:

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Finalmente, la iniciativa del diputado local independiente Pedro Kumamoto para reducir el financiamiento de los partidos en Jalisco, según el número de votos que alcancen en las elecciones, contó con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros dieron luz verde al proyecto tras haber rechazado con división de votos –siete a favor y cuatro en contra– el recurso que pretendía anular la reforma al Artículo 13 de la Constitución de Jalisco.

De esta manera, la Corte dejó en claro que los estados cuentan con la facultad para legislar en materia de financiamiento a los partidos. La iniciativa de Kumamoto, además, otorgará un peso extra al voto ciudadano, pues de este dependerá el financiamiento de las facciones políticas. Acorde con los cálculos elaborados por el Congreso de Jalisco, la reforma aprobada generará ahorros por 180 millones de pesos anuales a partir del año 2019. Falta ahora que otros estados sigan este ejemplo. El popular candidato independiente y autor del plan confía en que así será. “Jalisco será el primer estado en reducir recursos a partidos. Vamos por más”, afirmó.

II

El derecho humano al agua está por encima de cualquier negocio. Así se lo dejaron en claro a Aguas de Saltillo (Agsal), luego de que el juez segundo de Distrito en el estado de Coahuila ordenara a la paramunicipal que reconectara el servicio a una familia saltillense que había sido privada del acceso al vital líquido por falta de pago. Mediante un juicio de amparo quedó en evidencia que ese tipo de acciones violan el Artículo 4° de la Constitución General de la República, en el que se garantiza el derecho humano al agua. El suceso, además, marca una victoria importante para los saltillenses que han sufrido, por años, las arbitrariedades de Agsal, muchas veces en contubernio con las autoridades en turno.

“Es un logro para la ciudadanía si consideramos que el agua es un bien de la nación que debe estar a disposición de los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades básicas”, afirmó el abogado Reyes Flores Hurtado. Sirva el caso para demostrar la importancia que tienen los derechos de la sociedad, mismos que han de atenderse por encima de los afanes de lucro de cualquier empresa o compañía.

III

Aun cuando el Valle de Cuatro Ciénegas vive un proceso de desecación alarmante, que lo ha dejado con apenas el 10% de la superficie de espejo de agua y humedales que antaño lucía, este ecosistema –considerado una de las 13 maravillas de México– tiene siempre alguien quien lo auxilie. Es el caso del fotógrafo David Jaramillo, que desarrolla actualmente un documental acerca de esta región para llamar la atención de la sociedad y las autoridades sobre la necesidad de ponerlo a salvo. Jaramillo ya suma 4 años de labores ininterrumpidas junto a Valeria Souza, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, con el fin de rescatar el Valle. Ambos destacan que el mayor riesgo que enfrenta Cuatro Ciénegas es el uso indiscriminado del agua, que va a parar como recurso de riego para cultivar alfalfa.
08 Septiembre 2017 04:00:00
Alianza Anticorrupción
La Alianza Anticorrupción Coahuila (AAC) tocó el martes pasado las puertas del Palacio de Gobierno para denunciar que “La corrupción e impunidad en Coahuila se encuentran en los más altos índices históricos y (que) a pesar de la gravedad e importancia del tema, ni el gobernador, ni el Congreso del Estado han dado un paso a favor de integrar propuestas ciudadanas para el diseño conjunto de un sistema local que busque de manera eficaz prevenir y sancionar los actos de corrupción y que sirvan al interés público y a nuestra sociedad en su conjunto”.

La manifestación de la AAC, integrada por más de 100 organizaciones civiles, ocurrió después de que Jesús Flores Mier y Sandra Rodríguez Wong rindieron protesta como fiscal anticorrupción y presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Los nombramientos fueron repudiados por líderes de oposición y del sector privado.

Catorce enormes letras con las palabras ANTI CORRUPCIÓN se colocaron frente a la sede del poder ejecutivo. Ángeles Cabrero, del colectivo Plaza Mayor de Torreón, y Pastor López, de Saltillo, advirtieron de los intentos por acompañar al Congreso y al Gobierno en el diseño e implementación del SEA sin provocar conflictos y con respeto de los tiempos y formas, “procurando en todo tiempo una participación ordenada y propositiva. Como nunca (…) en la historia de Coahuila hemos logrado el consenso de más de cien organismos y colectivos (…). Todos coincidimos en que es el momento de construir las instituciones que necesitamos para acabar con la corrupción y la impunidad”.

Después de enumerar sus propuestas y pronunciamientos, como la falta de voluntad política para crear un SEA eficaz y transparente –“hoy contamos con cinco magistrados y un fiscal anticorrupción que no poseen verdadera autonomía”– y de advertir que “la corrupción en Coahuila es grave porque, ante la opción de solución, se ha impuesto la arrogancia y la prepotencia política, el gobernador de Coahuila ha pervertido y manipulado a su conveniencia una ley cuya esencia es la participación ciudadana”, la ACC planteó sus exigencias:

Que el Gobierno “cumpla con su obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos y civiles”, “repare las violaciones ocasionadas por la implementación de un sistema que atenta contra la procuración de justicia”; y el Congreso “respete en todo momento los principios de máxima publicidad, transparencia y parlamento abierto en las decisiones legislativas y ejecutivas con respecto a la implementación del Sistema Anticorrupción”.

Asimismo, demanda que “se promueva de forma inmediata la elaboración de una nueva reforma constitucional que incorpore las propuestas de la sociedad civil para la creación de un Sistema Anticorrupción auténtico, profesional, autónomo e independiente; se destituya a los integrantes de la Comisión de Selección que no cumplen con los requisitos estipulados en las convocatorias y que no garantizan independencia política indispensable para (…) designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana, y se realice un nuevo proceso (…) apegado a los criterios de transparencia, legalidad y objetividad; se inicie el proceso de remoción de los cinco magistrados y el fiscal anticorrupción para dar inicio a procesos abiertos (…) con la participación de la sociedad civil; se incluyan pruebas de confianza y exámenes de conocimientos y mérito para tan importantes cargos; y no se realicen más designaciones de puestos clave del Sistema por parte de esta Legislatura”.
06 Septiembre 2017 04:07:00
Retórica de la violencia
En medio de la vorágine poselectoral y de la incertidumbre por el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la sociedad civil ha dado ejemplo de madurez a los partidos y agentes políticos. El 4 de junio, la ciudadanía acudió copiosamente a las urnas, pero no vio reflejada su afluencia en el cómputo de votos. Menos de 48 horas después del cierre de casillas, legiones de coahuilenses protestaron pacíficamente en Marchas por la Dignidad, en Saltillo y Torreón, para impugnar la elección de Gobernador y pedir nuevos comicios.

En Monclova, Piedras Negras, Acuña, Matamoros, Nueva Rosita y otras ciudades se realizaron protestas similares convocadas por el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC). La coalición está formada por los excandidatos Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas (independientes) y José Ángel Pérez (PT). Después de expresar su voluntad en las urnas y en las calles, la ciudadanía espera ahora la respuesta del TEPJF a su demanda de elecciones limpias, desoída por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y su equivalente a escala nacional.

Los candidatos de las principales fuerzas políticas en el estado (PRI y PAN) no satisficieron a la ciudadanía e incluso provocaron división en sus propios partidos. Con los de Morena, el PRD, el PT y los dos independientes pasó lo mismo. La guerra sucia suplantó las ideas y las propuestas. En el par de debates (des)organizados por el IEC, el priista Miguel Riquelme y el panista Guillermo Anaya se acusaron de corruptos, de enriquecimiento ilícito e incluso de estar vinculados con la delincuencia organizada. Los cargos, por su gravedad, ameritaban denuncias penales, pero ni Riquelme ni Anaya dieron ese paso.

El PRI apostó a su estructura y a la maquinaria del estado para retener el poder; el PAN, al anhelo de alternancia, al hartazgo ciudadano y al enfado social por la deuda de 40 mil millones de pesos, el abuso del poder y otros escándalos de corrupción como las empresas fantasma a las cuales se desviaron más de 500 millones de pesos, sin que en ninguno de los casos haya todavía funcionarios en la cárcel, pero ni a uno ni a otro les bastó. Las elecciones fueron las más cerradas en la historia de Coahuila… y las más desaseadas. De no haberlo percibido así, la ciudadanía se habría conformado con el resultado en vez de refutarlo.

El tema de Coahuila se insertó en la agenda nacional y despertó al Instituto Nacional Electoral (INE) y al TEPJF de su letargo para remediar un proceso viciado, no por el liderazgo de los candidatos de oposición, por la presión de las cámaras empresariales o la influencia de los corporativos en las esferas de poder, sino por el impulso de una sociedad civil indignada contra la corrupción, la impunidad y la soberbia de las autoridades.

La coyuntura le brinda a Anaya y a otros excandidatos reunidos en el FDC la oportunidad de devenir en los líderes que nunca han sido, pues catalizan el malestar social y político contra los hermanos Humberto y Rubén Moreira. El PRI y el Gobierno lo saben y por eso tratan de anularlos. Las acciones contra el exaspirante de la Alianza Ciudadana por Coahuila —por causas fundadas o no— pueden revertirse y convertirlo en víctima. Los bandos deben moderarse, pues hay retórica que incita a la violencia.
05 Septiembre 2017 04:00:00
Escenario de crisis
La competencia por la Gubernatura fue siempre entre Miguel Riquelme y Guillermo Anaya, y así lo proyectaron las encuestas. La distancia entre los candidatos de las coaliciones Por un Coahuila Seguro y Alianza Ciudadana por Coahuila se acortó a dos o tres puntos al final de las campañas. El 11 de junio, sólo una semana después de la jornada, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) declaró a Riquelme ganador con 482 mil votos (38.1% del total).

Anaya captó 452 mil sufragios (35.7%), sólo 2.4 puntos porcentuales por debajo del priista; Armando Guadiana, de Morena, 151 mil (11.9%), y el candidato independiente Javier Guerrero, 105 mil (8.3%), a tono con las encuestas. Las oposiciones jamás habían superado al partido oficial en votos. De haberse unido antes de las elecciones, hoy el tema sería la alternancia y la formación del primer Gobierno de coalición, no la impugnación del triunfo de Riquelme, válido hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo confirme.

El objetivo del PRI era retener el poder a cualquier costo incluso con una ventaja marginal, pero ya con la constancia de mayoría en sus manos, optó por el encierro en vez de socializar y legitimar la victoria de su candidato, así fuera pírrica. Por esa razón, el conflicto poselectoral salió de control y escaló al plano nacional. Además de no consensuar una candidatura alterna por si Riquelme no prendía, el Gobierno y su partido tampoco se prepararon para un escenario de crisis como el de ahora, cuyo final podría ser la anulación de los comicios.

El PRI estuvo a punto de perder por sus propios errores, no tanto por los aciertos de sus rivales. Frente a la posibilidad de celebrar nuevas elecciones, el grupo dominante dejó correr las cosas en espera de que los coahuilenses se agotaran y terminaran por aceptar su permanencia en el poder otros 6 años. Sin embargo, esta vez no fue así. Los candidatos de oposición y la sociedad civil se rebelaron contra la impostura avalada por el IEC.

Anaya, Guadiana y Guerrero tomaron la iniciativa y marcaron la agenda poselectoral. El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), al cual se unieron los excandidatos José Ángel Pérez (PT) y Luis Horacio Salinas (independiente), se convirtió en un movimiento ciudadano cuya demanda central consiste en anular la elección de gobernador. Con marchas multitudinarias en Saltillo Torreón y otras ciudades, entrevistas en la Ciudad de México y una “visita” al Palacio de Gobierno, el FDC ha catalizado el sentimiento de sectores indignados por lo sucio de las elecciones. Coahuila retrocedió medio o siglo o más. El robo de urnas, la manipulación de boletas y del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la intromisión del estado y de la Policía, la complicidad del IEC y la negligencia del Instituto Nacional Electoral (INE) provocaron la peor crisis política de que se tenga memoria.

El cateo en tres casas de campaña de Guillermo Anaya, realizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), tuvo el efecto bumerán. La PGJE dijo haber localizado pruebas sobre una supuesta red para la compra “masiva de votos” en la cual se habrían lavado 70 millones de pesos, según el presidente de la Fundación Colosio, David Aguillón. El líder del PAN, Ricardo Anaya, acusa al Gobierno de “sembrar evidencias falsas”. El 15 de agosto, Guillermo Anaya presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja “por todos los actos autoritarios” de Rubén Moreira. La pugna por el poder no ha terminado.
04 Septiembre 2017 04:00:00
El laberinto del zar
El fiscal Anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier, es un hombre circunspecto, pero eso no le basta para contener la ola de reacciones de partidos, asociaciones civiles y del Frente por la Dignidad de Coahuila (FDN) por su “cercanía” con Humberto y Rubén Moreira, quienes han gobernado el estado en los 12 últimos años. Pero en vez de achicarse, Flores saca el pecho: “No nos va a temblar la mano, vamos a aplicar la ley, para eso está esta nueva Fiscalía, y vamos a ir tras todos esos delincuentes”, declaró a Zócalo Saltillo.

Sin embargo, no identifica a los pillos cuyos nombres bullen en la mente de los coahuilenses indignados por la deuda de 40 mil millones de pesos, la desviación de más de 500 millones a empresas “fantasma” y otros casos de corrupción. Además, condicionó la firmeza de su pulso a la hora de aplicar la ley a los venales: “(siempre y cuando) existan elementos probatorios y denuncias”.

En un comunicado, el FDC reprobó “La simulación armada por el gobernador Rubén Moreira Valdez (…) en el Sistema Estatal Anticorrupción”. Flores Mier –acusa– fue director de Transparencia de Humberto Moreira y como presidente del ICAI siempre protegió al Ejecutivo estatal. “Instalar a un moreirista como fiscal Anticorrupción por 7 años es inédito (…) sólo en Coahuila suceden este tipo de situaciones, (…) para este cargo se requería a alguien autónomo, apartidista y sin vínculos con personajes priistas y más cuando el nuevo fiscal en su pasado ya ha protegido y servido a la familia en el poder”.

Flores toma las cosas con calma. Niega ser un fiscal a modo, sambenito que le cuelgan la fracción parlamentaria del PAN y el FDN. No es penalista, y por lo tanto propone “un grupo de especialistas integrado por académicos, sociedad civil y sector privado que elabore un mapeo de riesgos de corrupción y de mejora regulatoria que identifique puntos débiles que oriente el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción”.

Sin perder la compostura, el fiscal resume en 11 palabras su ánimo para enfrentar la tarea que tiene a cuestas, similar a la de Sísifo: “No hay bala de plata o antídoto para erradicar la corrupción”. La referencia es a la leyenda según la cual esa es la única munición efectiva para matar a hombres lobo, vampiros y a otras criaturas fantásticas (Wikipedia).

También admite que partirá de cero: “Hay que comenzar a trabajar en contra de la corrupción; estamos listos para eso, lo cual es un reto importante porque esto no se puede lograr con una sola autoridad: sabemos que la corrupción es un problema, pero el peor problema es la impunidad. (…) vamos a impulsar los valores, la ética y la honradez en el servicio público”.

Sin embargo, Flores no convence al FDC: “Cuando creímos haber visto todo en Coahuila, como la sucesión fraternal, la corrupción desmedida, los fraudes electorales, el desvío de recursos descarado, la impunidad y el cinismo de proteger a todos los integrantes del ‘cártel de los Moreira’, llega el nuevo fiscal Anticorrupción, quien en su currículum destaca haber sido incondicional de Humberto y tapadera de Rubén desde el ICAI”, dice la nota firmada por Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y Luis Horacio Salinas.

Los excandidatos al Gobierno –advierten– “seguirán firmes en las denuncias contra el fraude electoral y todos los delitos del moreirato (…) y que así hayan instalado un ‘fiscal a modo’ para buscar protección, seguirán en la lucha política y jurídica para que haya justicia en Coahuila”.
02 Septiembre 2017 04:07:00
México contra la pared
El fantasma de Odebrecht, la contratista corruptora que puso en la picota a hombres y mujeres del poder de América Latina, se pasea por México, advierte el periodista Gerardo Moyano en la nueva edición del bisemanario Espacio 4:

“El caso de los sobornos pagados en México por la constructora brasileña Odebrecht será la primera prueba de fuego para el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Según testimonios y documentos recabados por la justicia estadounidense y medios de comunicación de renombre (Proceso, El País, O Globo), la firma pagó coimas a funcionarios mexicanos, al menos de 2010 a 2014, para obtener contratos públicos multimillonarios en el sector energético.

“Si bien el período referido involucra a la administración federal panista de Felipe Calderón (2006-2012), es la del priista Enrique Peña la más afectada debido a las sospechas –cada vez más fundadas– sobre el financiamiento ilícito de su campaña, a través de un hombre clave del presidente: Emilio Lozoya.

“‘Odebrecht creía que el (próximo) presidente de México iba a ser Emilio Lozoya Austin. Y le gustaba esa idea’, dijo Rodrigo Tacla, un exempleado de Odebrecht, a El País (27-07-17). Semanas más tarde, una investigación periodística de Quinto Elemento Lab, publicada por Proceso (13-08-17), reveló que tres altos exejecutivos de Odebrecht declararon que Lozoya recibió más de 10 millones de dólares en ‘propinas’, a cambio de ayuda para obtener contratos públicos.

“De acuerdo con los testigos citados, Lozoya comenzó a recibir dinero en abril de 2012, cuando era coordinador de Vinculación Internacional en la campaña de Peña, y continuó recibiéndolo como director de Pemex, cargo que ocupó entre diciembre de 2012 y el 8 de febrero de 2016, cuando fue sustituido en medio de otro escándalo de corrupción relacionado con la constructora española OHL, favorecida por Peña mientras era gobernador del Estado de México.

“Aunque la presidencia y Lozoya niegan los hechos, y la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR) se escudan en la falta de información, existen indicios que apuntalan las denuncias: 1) el hecho de que el Gobierno federal haya borrado las fotografías del encuentro entre Peña Nieto, Lozoya y el empresario Marcelo Odebrecht (condenado a 19 años de prisión, en 2016, por pagar más de 30 millones de dólares en sobornos); 2) los millonarios contratos obtenidos por Odebrecht desde que Lozoya asumió la dirección de Pemex; 3) la existencia de cuentas vinculadas a Lozoya en paraísos fiscales; y 4) el inexplicable enriquecimiento de Lozoya y su familia; entre otros.

“En este contexto, surge una pregunta: ¿puede el gobierno de Enrique Peña aguantar otro escándalo mayúsculo de corrupción y sobrevivir el año y meses que le resta al sexenio? Para el historiador Lorenzo Meyer, el gobierno niega y dilata la entrega de información, como parte de ‘una guerra de retirada (…) para ceder el menor terreno posible en el mayor tiempo posible’, según dijo a Aristegui Noticias (21-08-17).

“En este sentido, el papel que jueguen organismos como el SNA, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que lanzaría un micrositio web sobre el caso; la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que dice haber iniciado una investigación; y la SFP, que inició cuatro procedimientos sancionatorios contra la firma brasileña, será crucial para saber si México sigue el ejemplo de países que han encarcelado a funcionarios públicos y de Odebrecht, por la misma red de sobornos”.
01 Septiembre 2017 04:00:00
Choque de corrientes
El conflicto poselectoral en Coahuila saltó a la arena la nacional, y en ese escenario el excandidato del PAN, Guillermo Anaya, acudió a la quinta reunión plenaria de los diputados federales de Acción Nacional. Anunció “la inminente anulación de las elecciones” y parafraseó al fundador de su partido, Manuel Gómez Morín: “‘Que no haya ilusos para que no haya desilusionados’. Sabíamos que esta lucha iba a ser muy difícil y muy complicada porque los Moreira saben que irán a la cárcel (…) vamos a castigarlos por todo el daño que le han hecho al estado de Coahuila”.

Mientras tanto, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Miguel Riquelme asistió a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública encabezada por el presidente Peña Nieto. El coahuilense compartió fila con los gobernadores electos Alfredo del Mazo (Estado de México) y Antonio Echavarría (Nayarit), cuyos triunfos también fueron impugnados. El PRI tiene más riesgo en Coahuila, donde concurren las causales de la nulidad previstas en el Artículo 41 de la Constitución: 1) un rebase en los topes de gastos de campaña mayor al 5%, y 2) un margen de votos menor a esa misma proporción entre el primero y el segundo lugar; en este caso, el PRI y el PAN.

El PRI gobierna Coahuila desde 1929, junto con Colima, Estado de México e Hidalgo. Pero, además, es la única entidad donde el poder se ha transmitido entre hermanos: de Humberto a Rubén Moreira. Por esa razón, el 4 de junio se confrontaron dos corrientes irreconciliables: la de la alternancia y la del continuismo. Casi 3 meses después, el clima es de incertidumbre y lo será mientras el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) no resuelva sobre la validez del proceso.

“Los elementos más contundentes para anular las elecciones” son los 14 agravios y las 200 pruebas documentados ante las autoridades competentes por el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), compuesto por los excandidatos de Morena (Armando Guadiana), Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas (independientes) y José Ángel Pérez (PT), dijo Anaya en el pleno del grupo parlamentario del PAN. “Hemos hablado ya con los magistrados dándoles a conocer los argumentos más importantes para lograr la anulación, (y) en los próximos días están por resolver una queja más que presentamos en tiempo y forma ante el INE”, la cual incrementará “más el rebase del tope de campaña del candidato del PRI”.

Mientras se declara la nulidad, “hemos sufrido también los embates en Coahuila porque, sabedores de que es inminente la anulación, han empezado a utilizar todo el poder del estado por medio de la Procuraduría de Justicia (…) haciendo cateos en domicilios de simpatizantes de Acción Nacional, citatorios, intimidaciones. Todo un estado de represión y autoritarismo”, denunció el excandidato ante Ricardo Anaya, líder del PAN; Marko Cortés, coordinador de la bancada del PAN, y Antonio Echavarría, gobernador electo de Nayarit.

Por otra parte, dijo que el país y los estados empiezan a entrar a una zona de turbulencia. Es preciso abrochar los cinturones, pues “al PRI (…) lo vamos a conocer en el peor de sus momentos (…) están desesperados, (…) sabedores de que están a punto de dejar el poder” recurren “a estas formas autoritarias y represoras”.

Riquelme salió de su encierro después de su reunión con Peña Nieto en Los Pinos y empieza a ejercer su papel de gobernador electo mientras el TEPJF dicta sentencia.
30 Agosto 2017 04:07:00
Fiscal impugnado
La designación de Jesús Homero Flores Mier como fiscal Anticorrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) desató una nueva tempestad política en medio del conflicto poselectoral. El grupo parlamentario del PAN denunció “violaciones a la ley y la intromisión del gobernador Rubén Moreira” en el nombramiento de un funcionario “a modo para proteger a funcionarios y exfuncionarios del PRI”.

El expresidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) fue elegido por los diputados del PRI y sus aliados en la Legislatura (PVEM, Panal y Socialdemócrata Independiente), que en total suman 19, y el voto en contra (seis) del PAN, Unidad Democrática de Coahuila y el Partido Primero Coahuila.

Flores Mier, quien podrá durar siete años en el cargo, rindió protesta en la misma sesión donde se nombró a los nueve integrantes de la Comisión de Selección de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyo periodo será de tres años. Ellos son Carlos Arredondo, exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila; Blas José Flores, rector de la UAdeC; María del Carmen Ruiz, directora del IEEA; Jesús Contreras, director de la UTC; y Roberto Cabello Elizondo, de la Universidad La Salle, por las instituciones de educación superior y de investigación.

Como representantes de la sociedad civil los nombramientos recayeron en Luis García Abusaíd, primer secretario técnico del exgobernador Humberto Moreira; Ana Cecilia Mata, directora de Kaena Mujeres con Valor; Sergio Alanís Ortega (Peñoles) y Sergio Dávila Flores (Canacintra Piedras Negras).

La diputada Lariza Montiel (PAN) cuestionó la inequidad de género, pues siete de los comisionados son hombres y sólo dos, mujeres. También fueron rechazadas la mayoría de las propuestas de la Alianza Contra la Corrupción en Coahuila, formada por decenas de organizaciones cívicas, crítica del Gobierno.

El grupo parlamentario de Acción Nacional advierte, en un comunicado, que Flores Mier “tiene fuertes vínculos con el PRI al haber sido funcionario en administraciones encabezadas por ese partido, además de haber tenido un desempeño deficiente en el ICAI al ayudar al encubrir delitos como la megadeuda y (el) robo al erario por medio de empresas fantasma”.

Armando Guadiana, excandidato de Morena al Gobierno del Estado, deploró que “la bancada priista esté al servicio de lo que dicte Rubén Moreira”. Su compromiso, dice en una nota, es con los coahuilenses y no con los caprichos del Gobernador. Los diputados del PRI “avergüenzan al dar pie a que en Coahuila siga existiendo impunidad”.

El diputado electo Marcelo Torres (PAN), quien se perfila como líder del próximo Congreso –primero donde el PRI no tendrá mayoría–, calificó de “burla para los coahuilenses” el nombramiento, y comparó a Flores Mier con Virgilio Andrade, el secretario de la Función Pública que exoneró al presidente Peña del escándalo de la casa blanca. “Lo que está pasando con el Sistema Estatal (Anticorrupción) es un cinismo absoluto. (…) Flores Mier va a encubrir a sus patrones; a impedir a toda costa que se les castigue por el latrocinio cometido contra los coahuilenses”.

Antonio Neiro, diputado del PRI, defendió el nombramiento: “Cumple con todos los requisitos de la convocatoria. Además, ha acreditado mayor conocimiento y experiencia”. Dijo que “la ciudadanía está cansada de la impunidad y actos de corrupción de los funcionarios de los diferentes niveles de Gobierno”. ¡Vaya descubrimiento!
29 Agosto 2017 04:06:00
Elecciones en suspenso
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidirá en las próximas semanas el futuro político del estado. El 4 de septiembre se cumplirán 3 meses de una de las elecciones para gobernador más desaseadas y controvertidas del país, sin un horizonte claro sobre el resultado final del proceso. El TEPJF tiene dos opciones: revalidar el triunfo del candidato del PRI, Miguel Riquelme, impugnado por el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), o anular los comicios e inhabilitar al priista para la segunda vuelta, de acuerdo con el Artículo 41 de la Constitución. En cualquier caso, la resolución será definitiva.

El proceso para elegir gobernador inició el 1 de noviembre de 2015 y concluirá “al resolverse el último de los medios de impugnación que se hayan interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno (Artículo 167 del Código Electoral del Estado)”. Esta es la sucesión más larga y fatigosa. En 2005 el PAN y el PRD impugnaron, pero en ningún momento existió tanta presión política, mediática y social. Entre otras razones, porque las irregularidades no fueron tan palmarias como ahora y porque el candidato del PRI (Humberto Moreira) aventajó al panista Jorge Zermeño con el 19.7% de los votos. El TEPJF validó el triunfo de Moreira el 23 de noviembre, una semana antes de tomar posesión.

En los comicios de junio pasado, Riquelme obtuvo una aventaja de apenas 2.4% con respecto al panista Guillermo Anaya. El TEPJF tiene hasta finales de noviembre para resolver la validez o nulidad del proceso. En el primer caso, Rubén Moreira transmitiría el poder a Riquelme; en el segundo, el Congreso local nombraría gobernador interino y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) convocaría nuevas elecciones en un plazo no mayor de 90 días. De ser así, las votaciones podrían ser el 1 de julio de 2018, junto con las de Presidente y Congreso general.

En Tabasco y Colima, únicos estados donde hasta hoy se han repetido elecciones para gobernador (en 2000, 2003 y 2015, dos en el segundo caso), el TEPJF invalidó las constancias de mayoría extendidas por los institutos locales a solo 2 y 20 días del cambio de poder. La intromisión de los mandatarios de turno en los procesos provocó la nulidad. En los tres casos se nombraron gobernadores interinos. En Tabasco, la segunda vuelta se realizó casi un año después; en Colima mediaron entre 5 y 6 meses.

En Coahuila, las elecciones del 4 de junio se impugnaron por múltiples irregularidades, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) centró su atención en los gastos de campaña del candidato del PRI, por haber rebasado el tope autorizado en 7.8 por ciento. En el caso de Anaya, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó un sobregasto de 4.56 por ciento. Es la primera vez que una elección puede anularse por las causales previstas en el Artículo 41 de la Constitución (apartado D, fracción VI), introducidas por la reforma de 2014. El inciso “c” advierte: “Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.

La espada de Damocles pende todavía sobre Riquelme... y sobre Anaya por exceder los gastos de campaña.
28 Agosto 2017 04:00:00
Partidos: pozo sin fondo
El presupuesto de 6 mil 788 millones de pesos autorizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) a los partidos para 2018 es insultante en un país con múltiples carencias y donde la pobreza sirve para comprar votos no sólo con dinero del erario, sino también de fuentes oscuras. Para tratar de justificar la desmesura se repite un argumento falaz: “la democracia cuesta”. En México, las elecciones –el proceso más visible e identificado con la democracia– son severamente cuestionadas por la falta de limpieza, equidad y la parcialidad del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En países equivalentes al nuestro, e incluso en democracias maduras, los comicios no son tan onerosos, pero sí creíbles.

Casi el 65% del financiamiento lo absorberán el PRI (mil 689 millones de pesos), el PAN (mil 281 millones), el PRD (773 millones) y Morena (650 millones). El resto se repartirá entre los partidos Verde, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Encuentro Social y del Trabajo, cuyas bolsas tampoco son bagatela, pues van de los 578 a los 376 millones de pesos. La menor asignación es para los independientes, pues sólo dispondrán de 43 millones. La partitocracia dominante no quiere competencia y bloqueará, sobre todo en la elección presidencial, cualquier esfuerzo ciudadano por acceder al poder por otras vías.

Un tercio del gasto general aprobado por el INE, también secuestrado por los partidos, corresponderá a las campañas políticas, cuyo periodo comprenderá del 30 de marzo al 27 de junio (90 días). Las elecciones del 1 de julio entrante serán las más amplias y complejas, pues junto con las federales las habrá en 30 entidades y en la Ciudad de México. En total se elegirán 3 mil 447 cargos (Presidente de la República, 500 diputados, 128 senadores, 8 gobernadores y centenares de alcaldes y legisladores locales).

Para dimensionar el despilfarro, en un país donde faltan hospitales, medicinas, escuelas, servicios públicos y presupuesto para combatir la corrupción y activar los mecanismos de defensa para periodistas y activistas de derechos humanos frente a los asesinatos, atentados y amenazas recurrentes, Grupo Reforma realizó un ejercicio interesante. Dividió el costo de las campañas (2 mil 234 millones de pesos) entre los 90 días que durarán. El resultado es escalofriante: los partidos gastarán ¡un millón de pesos cada hora!

La partitocracia es un pozo sin fondo y lo será mientras controle el Congreso y reparta el pastel discrecionalmente. La Cámara de Diputados aprobará sin paular ni maular los caudales negociados en el INE, sin tomar en cuenta las prioridades nacionales en materia de infraestructura, educación, salud, seguridad y justicia. Los partidos, el INE, el TEPJF, el gabinete y la alta burocracia viven en jauja mientras la pobreza suma legiones cada día, la violencia desangra al país y la corrupción se premia en vez de castigarse.

Los partidos han devenido en negocio de castas, pandillas o traficantes, según el caso. Los peores calificados en la escala institucional reciben las bolsas (o el botín) más cuantiosas sin generar beneficios tangibles y, a veces, hasta sin rendir cuentas. El sistema electoral debe cambiar de raíz para que nuestra democracia sea real y no simulacro, para que las siglas partidistas cuesten menos y para que las elecciones reflejen la voluntad ciudadana, no el arbitrio de los poderosos.
26 Agosto 2017 04:07:00
Coletazos electorales
La impugnación de los comicios del 4 de junio fortaleció a Rubén Moreira en la etapa crítica de su sexenio y debilitó al gobernador electo Miguel Riquelme, quien, a casi 3 meses para el cambio de Administración, debería ser ya la figura dominante. La situación deriva de la incertidumbre por el futuro político de Coahuila. Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aplica el Artículo 41 de la Constitución, habrá nuevas elecciones. En tal caso, Riquelme no participaría por haber excedido en más de 5% el tope de gastos de campaña y porque la diferencia de votos entre él y el candidato del PAN, Guillermo Anaya, es menor a esa proporción.

Si la elección ordinaria, Moreira transmitirá el poder a un gobernador interino designado por el Congreso local según el proyecto de la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Gobernación. Pero si el TEPJF revalida el proceso, Riquelme asumirá el 1 de diciembre y entonces empezará a apretar las clavijas. Ahora no, por lo precario de su situación.

La influencia de Rubén Moreira terminará el 30 de noviembre, pero todavía la ostenta. En el proceso de entrega recepción, Riquelme quedó en minoría. El equipo de transición es débil en general, pues recicla funcionarios e incorpora a candidatos a diputados que perdieron el 4 de junio. No hay nuevos perfiles ni expectativas de cambio.

José María Fraustro, exsecretario de Educación y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, funge como jefe de la transición. Cuatro de las siete mesas de trabajo también son controladas por gente del gobernador (José Luis Flores Méndez, María Teresa Guajardo, Jacobo Pastor García y Fernando Purón) y dos por representantes de otras corrientes con los cuales también tiene relación (Higinio González, rector de la UANE, quien apoyó al candidato independiente Javier Guerrero; y Javier López de Nigris, del Grupo Industrial Saltillo).

Fernando Gutiérrez, exmilitante del PAN, es el jefe de directiva más identificado con Riquelme. Como diputado en la anterior Legislatura local, acompañó a Moreira y al entonces alcalde de Torreón a varias giras internacionales. Desde entonces pudo haberse fraguado su cambio al PRI. Gutiérrez colaboró en la campaña de Juan Antonio García Villa para gobernador y posteriormente se unió a Guillermo Anaya, quien enfrentó a Riquelme en los comicios de junio pasado.

La designación de secretarios técnicos responde al mismo criterio. Excepto Miguel Mery Ayup –derrotado en las elecciones para alcalde de Torreón– y Mario Valdés Garza, regidores de Riquelme en el Ayuntamiento lagunero, la mayoría obedece al gobernador Rubén Moriera: Luis Gurza Jaidar, diputado del PRI (antes panista), Santos Garza, María del Carmen Ruiz Esparza, Rogelio Ramos Oranday y Francisco Aguirre Farías.

Dos días después de iniciar la entrega recepción de un Gobierno decadente y de otro aún sujeto a la ratificación del TEPJF, Moreira y Riquelme viajaron a Torreón para estrenar el teleférico. Paradojas: mientras por un lado la Procuraduría de Justicia acosa al obispo de Saltillo, Raúl Vera, por el mentís que dio en La Haya al discurso oficial sobre derechos humanos, por otra se pasea al de Torreón, Guadalupe Galván, en una cabina que lo acerca al cielo, pero lo aleja de la realidad y de su grey.
25 Agosto 2017 04:00:00
La foto y la tormenta
Ayer terminó una de las pesadillas que atosigan al PRI de Coahuila, cuando el presidente Peña Nieto recibió al gobernador electo, Miguel Riquelme Solís, en Los Pinos. La exclusión de Riquelme de las reuniones de Peña con los también gobernadores electos Alfredo del Mazo (Estado de México) y Antonio Echavarría (Nayarit), el 15 de agosto, alborotó más el avispero en el estado y dio pábulo a mil conjeturas. Sobre todo porque las tres elecciones fueron impugnadas y corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictar la última palabra sobre la validez o nulidad de los procesos.

Después de las 13:30 horas empezó a circular profusamente un mensaje del Presidente en su cuenta de Facebook, con una fotografía, donde informa: “Hoy me reuní con Miguel Riquelme Solís, Gobernador Electo de Coahuila, a quien felicité por el triunfo que obtuvo en las elecciones del pasado 4 de junio, y le refrendé la voluntad del Gobierno de la República de respaldar las acciones que emprenda para elevar el nivel de bienestar de los coahuilenses”. Riquelme, a través de Twitter, celebró: “#Coahuila seguirá acompañado del Gobierno Federal, gracias @EPN por respaldar las acciones a favor de nuestra entidad”.

Finalmente, al PRI le volvió el alma al cuerpo, pero la guerra de nervios aún no termina. El final será en el pleno del TEPJF, cuyo dictamen será definitivo. Nadie tiene en sus manos una bola de cristal para predecir el futuro, pero no hay que devanarse los sesos. Sólo existen dos caminos: 1) los magistrados de la Sala Superior confirman el resultado de las elecciones del 4 de junio y Riquelme asume el poder el 1 de diciembre próximo; o 2) el proceso se anula, se convoca a extraordinarias y el Congreso nombra un interino.

El FDC reaccionó al encuentro en Los Pinos. “Una foto con Enrique Peña Nieto no borra las pruebas contundentes que existen del fraude electoral”, advierte el excandidato del PAN, Guillermo Anaya. “El presidente de México (…) no debió permitir la presión del clan Moreira para recibir a Miguel Riquelme, personaje que intenta imponer a través de un fraude monumental y sin precedentes en la vida democrática de nuestra entidad”, apunta.

Armando Guadiana, excandidato de Morena, reprocha en un comunicado la incongruencia del presidente Peña al “criticar la corrupción y (el) autoritarismo de Venezuela”, mientras por otro lado respalda “los fraudes electorales cometidos en Coahuila y el Estado de México (…) por sus compañeros priistas Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo”. En el mismo contexto, cita al canciller Luis Videgaray: “Presidente Nicolás Maduro, cobarde es quien usa el poder del estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo”.

Porque eso mismo se vivió en Coahuila, replica Guadiana, la reunión de Peña “con Riquelme no tiene valor, estoy seguro que en nuestro estado habrá nuevas elecciones. (…) las pruebas de que Rubén Moreira operó como jefe de campaña de Riquelme están a la vista de todos”.

El excandidato independiente Javier Guerrero publicó: “Que el presidente haya recibido a Riquelme a quien pretende imponer como Gobernador, es una falta de respeto y consideración al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los magistrados, el presidente no debe actuar como jefe de un partido político, esta elección la definen los tribunales, los coahuilenses fuimos testigos del fraude, esto no está definido aún, seguimos en pie y con la confianza que las instituciones nos harán justicia a los coahuilenses”.
23 Agosto 2017 04:00:00
Religión y política (II)
La vehemencia le enrojece el rostro y le salta las venas del cuello. El obispo gesticula mientras camina por el pasillo donde dice su homilía. Raúl Vera es uno de los líderes religiosos más activos del país y acaso el más cercano al papa Francisco. Promotor de una nueva Constitución general y candidato al Nobel de la Paz en 2012 –después de haber ganado el Premio Rafto 2010 por la defensa de los derechos humanos–, el dominico parte de Isaías 51 (“Escúchenme ustedes, que anhelan la justicia…”) para referirse después a san Ignacio de Loyola –fundador de la Compañía de Jesús, a la cual pertenece el papa Francisco–, santa Teresa de Ávila (…) san Juan de la Cruz, como cepa “que puede salvarnos de una decadencia de la humanidad y en la decadencia de la misma Iglesia”.

Vera cita de memoria el versículo 6 (“Miren que los cielos se derriten, la Tierra se deshace, mientras sus habitantes mueren como moscas”) para describir el momento actual: “Esto está pasando en México, la gente muere como moscas, los migrantes que pasan por aquí. ¿Cuántos asesinatos llevamos y no paran? Solamente cuando acabó el sexenio de Calderón llevábamos 120 mil y esto no para (…) ¿Cuántas desapariciones forzadas, cuántas fosas clandestinas? (…) Los pobres son bienaventurados porque no han perdido la perspectiva de la justicia”.

Enseguida vino la autocrítica: “Nosotros tenemos también la culpa, estoy hablando de los predicadores, de los ministros, de los catequistas que a veces decimos a la gente ‘pues ni modo, hay que pasarlas de todas, pero después, cuando te mueras, vas al Cielo y ya te salvaste”.

“Para tener misericordia”, advierte el obispo, “hay que tener el corazón de carne, no hay que haber perdido el sentido humano. Esa es una característica de la sociedad contemporánea. Vemos migrantes que se mueren en Texas, vemos la matanza de Tláhuac, vemos (a) todos los mineros. Ya estamos aturdidos, indolentes (…) Tenemos políticos que hacen negocios con lo que tenemos: el futuro de este país. El futuro de los jóvenes está cerrado. La primera violencia que se vive es el hambre y la miseria, decía el Papa (…) gente que vive en situaciones inhumanas, sin sentido del valor de su vida”.

Como ejemplo, mencionó uno de los casos relevantes del informe sobre desapariciones y torturas en Coahuila, entregado el 6 de julio en la Corte Penal Internacional, en La Haya: “¿Por qué creen que hay gente capaz de desbaratar gente como lo hicieron en el penal de Piedras Negras? A la luz del día sacaron a esa gente y la mataron en el penal, y desbarataron su casa a luz del día. Esto se hizo aquí en el estado”.

Frente a la sede del poder político, donde el gobernador Rubén Moreira y el electo Miguel Riquelme iniciarían horas más tarde el proceso de entrega-recepción, el obispo exhortó: “Tenemos que entender, hoy el Evangelio nos dice que busquemos la justicia de Dios. Sólo el derecho, sólo el sentido humano le da permanencia a la humanidad. Nosotros estamos en una situación muy difícil en el país y aquí.

“Todo este jaleo (es) por las elecciones, este es el problema. Porque ‘aquí entran otros de otro color (político) y quién sabe qué nos va a pasar a nosotros’. Ese es el jaloneo de que ‘yo no me voy de aquí’. Dicen ‘ay, este obispo’, pero nosotros tenemos la misión de observar la justicia y la paz en nuestro territorio, no sólo de Coahuila, hablo del país (…) Entiendan el Evangelio (…) lo que yo quiero que entiendan, que tenemos que ser coherentes”.
22 Agosto 2017 04:00:00
Religión y política (I)
En medio de la controversia por las elecciones para gobernador, cuya validez o nulidad resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) antes de concluir la gestión de Rubén Moreira, el 30 de noviembre, el obispo Raúl Vera se lanzó a la palestra para objetar: “La política no es cualquier cosa, la organización económica no es cualquier cosa; es de Dios ante la perspectiva de la organización de la Tierra. Esto es lo que debemos replicar los cristianos”. Así dio por terminada “esta cantaleta de que los padrecitos no tienen que meterse en política”.

“Lo único que se nos impide –aclaró– es hacer política partidista y ponernos a favor de algún candidato, pero de que tenemos que vigilar la justicia (por supuesto). Un predicador, un ministro del Evangelio que no se preocupa por ver los signos de muerte que hay en la sociedad y que vienen provocados por personas que tienen rostro y nombre, eso no es generación espontánea: ‘todo lo que pasa ¿quién sabe de dónde salió?’. Estas son palabras del papa San Juan Pablo II”, declaró Vera en el novenario al Santo Cristo de la Capilla, en un templo colmado desde las 5:20 horas, el 31 de julio.

“La maldad”, dijo el dominico, “tiene nombres y rostros (…) son personas asociadas –dice el Papa– que provocan una estructura que repite conductas, que repite muerte, que repite injusticia”. Frente a la situación del estado y el país, advirtió: “Esto no es una casualidad (…) nosotros no podemos permanecer impávidos ante eso”.

En la misma capilla donde Vera denuncia la muerte de emigrantes, la violación sistemática de los derechos humanos y el desdén de las autoridades locales y federales frente a la escalada de violencia y la impunidad, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) plantó cara al exgobernador Humberto Moreira durante el bautizo de una de sus hijas, el 18 de agosto de 2012. Sin interrumpir la ceremonia, los manifestantes desplegaron carteles con demandas de justicia.

Vera participó el 6 de julio pasado en la entrega de la comunicación “Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, ante la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya. Elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) con datos y testimonios de más de 100 organizaciones no gubernamentales, el documento advierte sobre la existencia “de una base razonable para concluir que en Coahuila, entre los años 2009 y 2016, se han cometido crímenes de lesa humanidad de competencia de la CPI (en su modalidad de privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas), como parte de un ataque sistemático contra la población civil de dicho estado”. El expediente incluye 500 casos, pero destaca las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras (Espacio 4, 566).

La Procuraduría de Justicia reabrió el 27 de julio una averiguación previa de hace tres años y citó al obispo a declarar sobre presuntos casos de pederastia. Los procesos ante el Vaticano concluyeron y “los involucrados han quedado fuera del sacerdocio”, informó la Diócesis. El gobernador Rubén Moreira negó que exista persecución contra Vera, pero le “sugirió revelar nombres de sacerdotes pederastas” (El Heraldo de Saltillo, 02.08.17). El dominico compareció ante el Ministerio Público el 3 de agosto. “Ya declaré, lo único que se hizo fue completar lo que se llevaba ya desde 2014 (…) la autoridad ya sabrá los deberes que tiene que hacer” (Zócalo, 04.08.17).
19 Agosto 2017 04:08:00
Líderes en remesas
Quienes han dado la cara por México en Estados Unidos son nuestros paisanos cuyas remesas superan los ingresos por turismo. La situación económica del país, escribe Édgar London en la nueva edición del catorcenario Espacio 4, obedece más a decisiones políticas equivocadas que a la baja de los precios del petróleo o al fenómeno Trump. El periodista advierte que en un “panorama de abandono e incertidumbre, las familias mexicanas buscan paliar, desde otros horizontes, las carencias que el Gobierno no puede mitigar al interior de sus fronteras.

“El resultado ha sido un incremento significativo de remesas provenientes fundamentalmente de Estados Unidos, que constituye la fuente del 95% de las mismas. Acorde al reporte ‘Sending money home’ (Enviando Dinero a Casa’), publicado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), México encabezó el año pasado a todas las naciones de Latinoamérica que recibieron dinero por este concepto con una entrada de 28 mil 542 millones de dólares. Lo siguen, de lejos, Guatemala (7 mil 427 millones), República Dominicana (5 mil 534 millones), Colombia (4 mil 904 millones) y El Salvador (4 mil 581 millones).

“Otro elemento revelador lo publicó el Anuario de Migración y Remesas 2017, confeccionado por la Fundación BBVA Bancomer y el Consejo Nacional de Población (Conapo) que ubica a México como el cuarto receptor de remesas a escala mundial, después de India, China y Filipinas.

“Pero si el análisis lo concentramos, únicamente, en el comportamiento de las remesas dentro de la nación, su aumento también es considerable. Así lo demuestran los datos aportados por el Banco de México (Banxico). Según esta institución financiera, durante el primer semestre del actual año, el dinero enviado por los connacionales ascendió a 13 mil 946 millones de dólares. Una cifra sin parangón en períodos similares de años anteriores, al menos desde que se lleva un registro oficial de su comportamiento.

“Y no es todo. Si lo comparamos, mes por mes –entre 2016 y 2017–, desde marzo las remesas a México han levantado un pico en las gráficas. Si bien en mayo y junio estos incrementos fueron más moderados, no sucedió lo mismo en marzo, donde se catapultó hasta 15.1% –con un total de dos mil 520 millones de dólares ingresados– lo cual representa el repunte más alto en lo que va del año y el máximo registrado desde octubre de 2008 cuando se contabilizaron dos mil 637 millones de dólares por este concepto.

“Los montos promedio para cada envío también marcan una tendencia al alza. En mayo alcanzó su máximo para 2017, con 311 dólares, sólo superado por los 319 dólares que se promedió en noviembre de 2016. El notable auge de esta práctica viene impulsado por la amenaza que representan las nuevas medidas migratorias promovidas por Donald Trump, de mano con su retórica ácida hacia todo aquello que no sea made in USA. Tal es así que, desde su toma de protesta, los arrestos de migrantes en Estados Unidos han aumentado 32.6%.

“Los mexicanos indocumentados que residen y trabajan al otro lado de la frontera optan por conservar un perfil bajo para no ser detectados. Asimismo, prefieren no arriesgarse a visitar México por temor a no poder hacer después el viaje de vuelta al lugar que les proporciona recursos para vivir ellos y sus familias. Tal es la opinión de Pedro de Vasconcelos, coordinador del programa Fondo de Financiación para remesas del FIDA”.
18 Agosto 2017 04:07:00
Sucesiones estatales
Cada 6 años se renueva la esperanza de tener un mejor gobierno. En el pasado, las elecciones marcaban el relevo de un grupo político por otro, entre los cuales no había relación e incluso en algunos casos eran abiertamente opuestos. Las sucesiones estatales obedecían a un sistema cuyo eje era el Presidente de la República, quien nombraba a los gobernadores y podía removerlos a su antojo cuando eran fuente de conflicto local, pero sobre todo nacional. El modelo inmunizaba al Presidente y evitaba la concentración del poder en clanes o intereses locales.

Sin embargo, a partir de la alternancia en Los Pinos, los gobernadores empezaron a decidir sus propias sucesiones y devinieron caciques. En el Estado de México, el corrupto Arturo Montiel impuso a su sobrino Enrique Peña Nieto (EPN); en Veracruz, Fidel Herrera, a su secretario de Finanzas, Javier Duarte; en Nuevo León, Natividad González, a su secretario de Gobierno, Rodrigo Medina; en Durango, Ismael Hernández, a su secretario de Finanzas, Jorge Herrera. La lista es prolija. Sin embargo, en Coahuila sucedió lo inédito: la primera sucesión entre hermanos, cuyo costo para el estado aún no se dimensiona.

Desde el sexenio de Humberto Moreira (HM), Coahuila empezó a dar la nota por lo exótico, desmesurado y fanfarrón de su gobernador. Para ganar reflectores, peleó con Vicente Fox y Felipe Calderón, a quien todavía hoy tilda de “borracho” y “asesino”. Con una agenda personalista y un liderazgo sustentado en el presupuesto –“seductor”, “carismático”, “joven maravilla”, “hijo del pueblo”, eran halagos comunes–, HM “ayudó a Peña Nieto a ser Presidente”, dicen sus panegiristas. Por esa relación fue líder del PRI e incluso pretendió la Presidencia, si la candidatura de EPN se caía.

Mas no fue EPN quien cayó, sino HM. El escándalo de la deuda por más de 36 mil millones de pesos, de la cual nunca informó, quizá porque una parte significativa fue para la campaña de EPN, lo llevó a las páginas de la revista Forbes. No a la lista de los más ricos del mundo, sino a la de “Los 10 mexicanos más corruptos de 2013”, junto con Raúl Salinas de Gortari, Arturo Montiel, Fidel Herrera, Tomás Yarrington y Alejandra de la Sota, vocera del presidente Calderón y ahora asesora electoral del PRI.

Después vendrían las investigaciones (todavía en curso) del Gobierno de Estados Unidos por lavado de dinero, robo de recursos públicos y otros delitos; la detención y liberación de HM en Madrid; las acusaciones de soborno de exlíderes del cartel de los Zetas, procesados en Texas; el descubrimiento de depósitos millonarios en paraísos fiscales; la denuncia del PAN, ante la PGR, contra el exgobernador y su hermano y sucesor, Rubén Moreira, “por la desaparición de 32 mil millones de pesos del erario” (Milenio, 04.04.17), y más recientemente la sospechosa ejecución de Sergio Tobías Salas, excomandante de la Fiscalía General del Estado.

En el sexenio actual hubo otros escándalos. A la deuda se sumó el desvío de más de 500 millones de pesos a empresas fantasma, el acoso al periodista Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, las elecciones impugnadas... Lo último es la solicitud de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) a la Corte Penal Internacional de La Haya para juzgar a los hermanos por las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras. Esos y otros expedientes forman parte del informe “Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”.
16 Agosto 2017 04:07:00
Guerra de nervios
El proceso poselectoral de Coahuila ha devenido en guerra de nervios, en un contexto político nacional igualmente espinoso por la escalada del caso Odebrecht, el cual amenaza con poner contra la pared al presidente Peña Nieto y al PRI. Para Verónica Martínez, dirigente estatal de ese partido, la acusación del líder del PAN, Ricardo Anaya, en el sentido de que el allanamiento en las casas de campaña de Guillermo Anaya fue para “sembrar evidencias falsas”, lo que busca es impunidad para el excandidato al Gobierno del Estado.

Martínez, una de las diputadas que legalizaron la deuda por más de 36 mil millones de pesos contratada por el Gobierno de Humberto Moreira a espaldas del Congreso e integrante de la actual Legislatura, está realmente ofendida y desconcertada por la actitud de Anaya: “Es increíble cómo se trata de desviar la atención hacia temas políticos por parte del CEN panista. Los azules tienen militantes ligados al narcotráfico”. Según la líder tricolor, “hay una estrategia desesperada para frenar las indagatorias por lavado de dinero que se hacen en contra de Guillermo Anaya” (Zócalo, 15.08.17).

El mentís de la PGJE a “quien se ostenta como presidente del instituto político denominado Partido Acción Nacional” es el mismo tono. La dependencia a cargo de Homero Ramos “rechaza las temerarias declaraciones del señor Ricardo Anaya, en relación a las actuaciones que se han realizado en el caso que parece ser de su interés. La PGJE trabaja en la investigación y persecución de los delitos en estricto apego a la ley”.

Ramos fue el presidente del IEPC que organizó los comicios de 2005 en los cuales resultó electo Humberto Moreira. Dos años después, renunció para asumir la Secretaría de Gobierno, invitado por Moreira. Su primer cargo en el actual sexenio fue el de presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ahora, como procurador, pero con igual decoro, le advierte a Anaya que si de las indagatorias se desprendiera “alguna responsabilidad (…) se fundaría en información recabada en diversas fuentes, entre ellas las encargadas de seguir la ruta del dinero”.

El PAN presentó ante la CNDH una queja contra el gobernador Rubén Moreira, el procurador y el Ministerio Público por actuar “de manera ilegal en las indagatorias”. Eduardo Aguilar, representante de Acción Nacional ante el INE, denunció “cateos (…) persecución política (y) citatorios muy graves. (…) A militantes del PAN les están pidiendo que acudan a declarar a la Procuraduría cuando además este expediente ya lo tiene un juez y la Procuraduría no tendría por qué conocerlo”.

La queja, explicó Guillermo Anaya, “(es) por todos los actos autoritarios que ha venido realizando el gobierno de Rubén Moreira (…). Han sido atropellados nuestros derechos con cateos, con intimidaciones”. El caso se presentará también ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y otros organismos.

Para aumentar la tensión en esta guerra de nervios, el vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, publicó en su cuenta de Twitter fotografías del presidente Peña con Alfredo del Mazo (PRI) y Antonio Chavarría (PAN), gobernadores electos de Estado de México y Nayarit, respectivamente. El mensaje (la forma es fondo) puso los pelos de punta al priismo de Coahuila y dio pábulo a mil interpretaciones. En realidad, sólo a una. ¿Cuándo será la foto con Miguel Riquelme? También él es gobernador electo, ¿o no? La estampa de Peña y Riquelme en el Palacio de los Deportes, en la asamblea del PRI, no vale lo mismo que una en la residencia oficial.
15 Agosto 2017 04:00:00
De tormentas y demonios
Lejos de amainar, la tormenta poselectoral en Coahuila se huracana. Entre el viernes por la noche y la tarde de ayer, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) allanó tres propiedades que sirvieron como casas de campaña al excandidato del PAN a la Gubernatura, Guillermo Anaya, en Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón. El Gobierno informó en un comunicado sobre la localización de “evidencia que confirma la línea de investigación (…) útil para acreditar el delito que se indaga”, la cual “hace presumir razonablemente que estamos en presencia de un hecho delictivo de naturaleza electoral”. En rueda de prensa en la Ciudad de México, el líder del PAN, Ricardo Anaya, replicó: “Los Moreira (…) tienen auténtico pánico ante la inminente anulación de la elección (de gobernador), porque saben (…) que hay elementos de sobra para que ellos terminen en la cárcel”.

Sobre las pruebas recabadas por la PGJE, Guillermo Anaya acusó al gobernador Rubén Moreira de fabricar “una novela de mentiras utilizando la justicia a su antojo para afectar a la oposición con su característico estilo de dictador”. Mientras, “(a los) verdaderos casos de corrupción como la megadeuda, las empresas fantasma, (…) Ficrea, (…) Allende y el Penal de Piedras Negras, simplemente les han dado ‘carpetazo’”, dice en una nota.

Según la PGJE, la evidencia recabada aporta “datos certeros como nombres, listas de nómina, acuses de recibo de tarjetas de nómina (lo que confirma la línea de investigación que con dichas tarjetas se compró el voto), documentos de propaganda que no fueron sometidos a los procesos de fiscalización”.

El excandidato panista niega la existencia de esas pruebas. “(…) el pasado 4 de junio ganamos con el respaldo de la mayoría de los coahuilenses, pero como la intentaron robar (la elección) para no ir a la cárcel a pagar sus fechorías y ahora están por anular la elección, están desesperados”. Según Anaya, el Gobernador de Coahuila es el “Nicolás Maduro de México”, y despide al moreirato: “llegará a su fin (…) y toda la parvada de políticos priistas corruptos irán a la prisión”.

Los allanamientos, ordenados por jueces de primera instancia en materia penal del Sistema Acusatorio y Oral, “derivan de dos carpetas de investigación en los que se indaga en primer término la compra masiva de votos (…) con dinero de procedencia ilícita. La segunda investigación se refiere a la aprobación de entidades públicas y el pago de proveedores sin ingresar a la fiscalización obligada para los partidos políticos y candidatos”, advierte el Gobierno.

En su reunión con la prensa, Ricardo Anaya denunció a la PGJE de “sembrar evidencias falsas”, consideró “gravísimo” recurrir a actos de persecución, hostigamiento e intimidación política, justo cuando “los tribunales electorales están deliberando”. El líder panista dijo que “en Coahuila la verdad saldrá a la luz, se anulará la elección y volveremos a ganar con el apoyo de la mayoría de los coahuilenses que están hartos de estos abusos de poder, escándalos de corrupción y pésimos gobiernos”.

No sólo los demonios de la política andan sueltos. El jueves pasado, en Arteaga, el cadáver de un hombre fue descubierto en un camino de terracería, envuelto en una manta. Por la noche, el profesor Rafael Pérez murió a manos de policías municipales. Ayer, un grupo de maestros acudió al Congreso para solicitar la renuncia del alcalde Isidro López por el exceso de la fuerza pública. Por otro lado, la epidemia de suicidios en Saltillo sigue en expansión. El sábado se registró el enésimo caso: Érick Iván Sandoval se colgó en su casa de un armario.
14 Agosto 2017 04:00:00
El ocaso del docenio
Coahuila se acerca al fin del sexenio tras 12 años bajo la férula de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. El veredicto sobre el primer Gobierno transexenal se emitió en las urnas el 4 de junio. En la elección para gobernador, el 59.5% de los coahuilenses votó por fuerzas contrarias al PRI, cuyo candidato, Miguel Riquelme, ganó con el 38.8% de la votación válida, sólo 2.4 puntos por encima de Guillermo Anaya, del PAN. En este espacio se anticipó el desfondamiento del PRI y la posibilidad de la primera alternancia. Lo primero se cumplió, la segunda aún no se cancela.

Riquelme captó 482 mil votos y Anaya, 452 mil (36.41%). Armando Guadiana, de Morena, recibió 151 mil (12.21%), Javier Guerrero (independiente), 105 mil (8.4%); Mary Telma Guajardo (PRD) 21 mil (1.7%) y Luis Horacio Salinas (independiente), nueve mil 684 (0.78%). La elección no sólo fue la más competida, sino también la más desaseada. El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) documentó más de 200 irregularidades para impugnar el resultado y pedir su anulación.

Para evadir su responsabilidad por no haber atraído el conteo de votos y el traslado de paquetes electorales –dos de los puntos más controvertidos y acaso decisivos en el triunfo del PRI–, como lo solicitaron los candidatos de oposición, el Instituto Nacional Electoral (INE) centró su atención en el exceso en los topes de gastos de campaña de Riquelme y Anaya, en 7.8 y 4.5%, respectivamente. El consejo general aprobó el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización el 17 de julio, luego de una semana de alegatos y maniobras fallidas, como la del PRI, para que sus representantes de casilla firmaran documentos según los cuales no habían recibido pago alguno por sus servicios. Rolando Chacón, corresponsal de Reforma descubrió el ardid y la operación se suspendió.

Cuando el candidato ganador excede en 5% o más el límite de gastos de campaña y la diferencia de votos con respecto al segundo lugar es menor a ese mismo porcentaje, la elección debe anularse y los infractores ya no pueden participar en el proceso extraordinario. El precepto deriva de adiciones a la Constitución, publicadas en 2014, pero la decisión corresponderá en última instancia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual deberá resolver otros agravios.

Coahuila jamás había estado en una circunstancia como la de ahora. El PAN impugnó en 2005 la elección de Humberto Moreira, pero el TEPJF la confirmó una semana antes de su toma de posesión. Moreira superó al panista Jorge Zermeño por una diferencia de 19%, equivalente a 172 mil votos, además de tener de su parte al presidente del Tribunal, Eloy Fuentes. En una controversia previa, el voto del magistrado coahuilense le impidió a Raúl Sifuentes participar como candidato independiente en esas elecciones.

El dictamen del INE sobre el rebase de los topes de campaña –impugnado por el PRI– mantiene abierta la posibilidad de celebrar elecciones extraordinarias para gobernador, hasta ahora sólo sin el concurso de Riquelme, según el Artículo 41 de la Constitución. En tal caso, la convocatoria respectiva deberá expedirse 90 días después de la designación del gobernador interino. El tiempo está encima, pues la administración de Rubén Moreira concluirá el 30 de noviembre. El futuro político de Coahuila está en manos de un TEPJF tan desacreditado como el INE.
12 Agosto 2017 04:00:00
Ni silencio ni olvido
Si a la incapacidad del Estado para garantizar la libertad de expresión se suma el olvido y el silencio, no sólo los periodistas serán blanco móvil de la vesania de los poderes públicos y fácticos, sino cualquier ciudadano que los denuncie, critique o disienta. En la nueva edición del bisemanario Espacio 4, es justamente lo que hace Gerardo Moyano: no olvidar.

“La lista de periodistas mexicanos asesinados sigue creciendo. El pasado 31 de julio, Luciano Rivera, reportero de la cadena CNR TV y director de la revista Dictamen, fue ejecutado de un disparo en la cabeza en Rosarito, Baja California. Si bien el móvil de la agresión no está del todo claro, se trata del octavo comunicador asesinado en lo que va del año.

“Un día antes, en Los Mochis, Sinaloa, fue incendiada la camioneta de Juan Pablo Espinoza Mendívil, director del portal SinaloaNoticias.mx. Por las mismas fechas, el periodista Héctor Mauleón, columnista de El Universal, volvió a ser amenazado de muerte en un video publicado en las redes sociales, luego de revelar vínculos entre funcionarios y narcotraficantes en la delegación Tláhuac de la Ciudad de México.

“Al menos 27 periodistas han sido asesinados durante este sexenio, pero el Gobierno de Enrique Peña Nieto sigue sin reaccionar. El pasado 10 de mayo, Ricardo Nájera, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), fue sustituido por Ricardo Sánchez Pérez, quien se comprometió a presentar un plan de trabajo a la Cámara de Diputados, el cual nunca llegó. Una de sus primeras medidas, fuertemente criticada por el gremio, fue ofrecer recompensas de hasta 1.5 millones de pesos por información que lleve a la captura de los asesinos de cinco periodistas (Espacio 4, 565).

“En seis años, la FEADLE ha documentado más de 2 mil ataques a la prensa y ha abierto 800 investigaciones, de las cuales sólo tres acabaron en sentencias condenatorias. ‘Es inaceptable la ineficiencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República.

“‘Las fiscalías estatales dicen que es responsabilidad de la FEADLE y viceversa. Los homicidios van en aumento y los resultados brillan por su ausencia’, señaló Brenda Velázquez, presidenta de la comisión especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

“La diputada panista destacó que desde la instalación de la comisión que preside, en noviembre pasado, han sido asesinados 12 periodistas y ninguno de los agresores ha sido capturado o sentenciado. ‘El 20 de junio, Ricardo Sánchez Pérez se comprometió en el seno de la comisión de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación a entregar el plan de trabajo de la FEADLE; a más de un mes de su compromiso no hemos recibido nada’, lamentó.

“La crisis es tan grave, que durante el primer semestre de 2017 se triplicó el número de medidas de auxilio solicitadas en todo el año pasado ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. (…) Sin embargo, un reciente informe del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC), señala que la falta de voluntad política para reconocer la crisis, así como la ausencia de una estrategia preventiva, hacen del Mecanismo ‘una política paliativa, insostenible e ineficaz’”.
11 Agosto 2017 04:00:00
¿Habrá gobernador interino?
Coahuila se acerca al fin del sexenio en las peores condiciones de su historia tras 12 años bajo la férula de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. El veredicto ciudadano sobre el primer gobierno transexenal se emitió en las urnas el 4 de junio. En la elección para gobernador, el 59.5% de los coahuilenses votó por fuerzas contrarias al PRI, cuyo candidato, Miguel Riquelme, ganó con el 38.8% de la votación válida, sólo 2.4 puntos por encima de Guillermo Anaya, del PAN. Espacio 4 (562) anticipó el desfondamiento del PRI y la posibilidad de la primera alternancia. Lo primero se cumplió, la segunda aún no se cancela.

Riquelme captó 482 mil votos y Anaya, 452 mil (36.41%). Armando Guadiana, candidato de Morena, recibió 151 mil (12.21%), Javier Guerrero (independiente), 105 mil (8.4%); Mary Telma Guajardo (PRD), 21 mil (1.7%) y Luis Horacio Salinas (independiente), 9 mil 684 (0.78%). La elección no sólo fue la más competida, sino también la más sucia. El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) documentó más de 200 irregularidades, según Anaya, para impugnar el resultado y pedir su anulación.

Para evadir su responsabilidad por no haber tomado el control sobre el conteo de votos y el traslado de paquetes electorales –dos de los aspectos más controvertidos y acaso decisivos para el triunfo del PRI–, como lo solicitaron los candidatos de oposición, el Instituto Nacional Electoral (INE) centró su atención en el exceso en los topes de gastos de campaña de Riquelme y Anaya, en 7.8 y 4.5%, respectivamente.

El Consejo General aprobó el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización el 14 de julio, luego de una semana de alegatos y maniobras fallidas, como la del PRI para que sus representantes de casilla firmaran documentos según los cuales no habían recibido pago alguno por sus servicios. Rolando Chacón, corresponsal de Reforma, descubrió el ardid y la operación se suspendió.

Cuando los candidatos exceden en 5% o más el límite legal de gastos de campaña y la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es menor a ese mismo porcentaje, la elección debe anularse. Reunidas ambas condiciones, los infractores –Riquelme y Anaya, si a este se le acumulan erogaciones que rebasen el 5%– podrían ser excluidos del proceso extraordinario. La decisión, en última instancia, corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual deberá resolver otros agravios.

Coahuila jamás había estado en una circunstancia como la de ahora. El PAN impugnó en 2005 la elección de Humberto Moreira, pero el TEPJF la confirmó una semana antes de su toma de posesión. Moreira superó al panista Jorge Zermeño por una diferencia de 19%, equivalente a 172 mil votos, además de tener de su parte al presidente del Tribunal, Eloy Fuentes. En una controversia previa, el voto del magistrado le impidió a Raúl Sifuentes participar como candidato independiente en esas elecciones.

El dictamen del INE sobre el rebase de los topes de campaña refuerza la posibilidad de celebrar elecciones extraordinarias para gobernador, hasta ahora sólo sin el concurso de Miguel Riquelme, según el Artículo 41 de la Constitución. En tal caso, los comicios deberán celebrarse 90 días después de que el Congreso sea notificado por el TEPJF. Con el tiempo encima, se abre la puerta para la designación de un gobernador interino, pues la gestión de Rubén Moreira concluirá el 30 de noviembre.
09 Agosto 2017 04:00:00
EMB: 86 y contando
Los políticos de antaño –no todos, claro– se valoran conforme afloran nuevos escándalos de corrupción que involucran a esposas y amantes, hasta hace poco intactas; no por fala de méritos, sino de arreglos no escritos que envilecen la política. El presidente Peña Nieto, con su tino característico, ponderó a los entonces gobernadores Roberto Borge (Quintana Roo), Javier Duarte (Veracruz) y César Duarte (Chihuahua) como la “nueva generación” de su partido. Hoy los dos primeros están presos y el tercero prófugo por uñas largas. Otros caerán, tarde o temprano.

El público sospecha cuando se habla bien de los políticos, sobre todo en los medios de comunicación, incluso cuando, en casos excepcionales, merecen aplauso, pues sin excepción los consideran deleznables. Razones y ejemplos abundan. Sin embargo, es injusto que por los corruptos –con fuero o sin él–se juzgue a todos. Los gobernantes y servidores públicos íntegros y respetables no se advierten, pero en el pecado de su silencio frente a los venales llevan la penitencia. Un cargo de elección popular o en la Administración equivale hoy día a una especie de premio gordo, el cual, a diferencia de la lotería, se puede cobrar cada 24 horas por cantidades mayores. La cornucopia es para la familia, los amigos, los compadres, los cómplices y puede durar toda la vida, aunque los puestos tengan fecha de caducidad.

El adagio juarista según el cual “los funcionarios públicos (…) no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala”, se hace añicos al chocar con mansiones amuralladas, albercas climatizadas, autos y camio-
netas suntuosos, cuentas multimillona-rias, empresas fantasma y otras reales pero escondidas, lujos y todo tipo de excentricidades. Ser “un político pobre” es en estos tiempos motivo de escarnio. Y para evitar la vergüenza, mejor empobrecer al pueblo.

Hace unos meses, un amigo coincidió en un vuelo con el exgobernador Eliseo Mendoza Berrueto. “¡Oye –me dijo sorprendido–, viaja en clase turista… y los aprendices de político, en primera! Creo que sí fue honrado”. “Lo es”, repliqué (aclaración de interés, soy amigo de don Eliseo y en su Gobierno fui director de Comunicación Social), y a sus 86 años aún trabaja. “Para sacar la papa”, responde cuando le pregunto sobre sus viajes y proyectos. La semana pasada lo visité en La Conchita, donde fue sometido a un cateterismo cardiaco exitoso. (Mi hermano Javier tuvo una experiencia infernal en el mismo establecimiento. Su esposa entró mal y salió peor; todavía no se restablece.)

El sábado pasado le telefoneé. “¿Cómo se siente?”. “Bien, estuve en la Ciudad de México. Fui y regresé el mismo día (viernes)”. “¡Cómo, si el martes lo operaron!”. “Pues sí, el presidente del PRI nos invitó a un grupo de exgobernadores a un desa-yuno. Después visité a otros amigos”. En un viaje previo, también a la capital, fue recibido por varios secretarios de Estado. Incluso se ha hecho amigo del jefe de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien ha tenido con él algunas deferencias. Como si su gobierno hubiera terminado ayer y no hace 24 años.

Eliseo Mendoza es un hombre bueno. Fue un buen gobernador y como exgobernador también se ha comportado. Amigo culto, divertido, respetuoso y pendiente de sus amigos, su ejemplo nos recuerda que la política es otra cosa, no la que ahora vemos.
08 Agosto 2017 04:00:00
Coahuila, prueba de fuego
Una de cada cuatro elecciones para gobernador del año pasado fue impugnada: dos por el PRI (Chihuahua y Quintana Roo) y una por Morena (Zacatecas). El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revalidó los triunfos del PAN, en los dos primeros, y del PRI, en la tercera, avalados previamente por tribunales electorales de estados gobernados por el PRI. En Chihuahua, la alternancia convirtió en prófugo a César Duarte por delitos de corrupción. En Quintana Roo, donde jamás había ganado un partido de oposición, Roberto Borge huyó para evadir la justicia. La Interpol lo detuvo en Panamá el 4 de junio, antes de abordar un vuelo a París, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El PRI conservó el poder en Zacatecas por un margen de 18% frente a Morena, segundo lugar en votos. El presidente Peña premió al exgobernador Miguel Alonso Reyes con la dirección de Fonatur. Después de tomar posesión, fue acusado ante la PGR de desviar más de 300 millones de pesos por mediación de 24 empresas fantasma (El Norte, 06.12.16).

El TEPJF confirmó por unanimidad los triunfos de los panistas Javier Corral (Chihuahua), Carlos Manuel Joaquín (Quintana) y del priista Alejandro Tello (Zacatecas) el 7 de septiembre de 2016. Los comicios fueron el 5 de junio; en la misma fecha se eligieron otros nueve gobernadores.

La única elección impugnada por ine-quidad en el financiamiento público y por exceder el tope de gastos de campaña (como en Coahuila), fue la de Tello, postulado por la coalición Zacatecas Primero. El TEPJF confirmó la sentencia definitiva del Tribunal Electoral y el acuerdo del Instituto Electoral local que aprobó el cómputo de la elección de gobernador, “porque el financiamiento fue otorgado conforme a lo establecido legalmente, y si en su caso fue inferior respecto a los demás contendientes, ello se debió a su calidad de partido de nueva creación (Morena)”.

El TEPJF consideró el rebase del tope de campaña “como no acreditado (…) porque aun sumando el gasto no reportado por 2 millones 700 mil pesos y el derivado de un procedimiento de queja que ascendió a 275 mil pesos, a los gastos erogados y reportados por la coalición equivalentes a 8 millones 519 mil 376 pesos, solamente se alcanza el monto total de 11 millones 495 mil pesos, el cual evidentemente es inferior al tope de gastos de campaña fijado por la autoridad electoral, que fue de 25 millones 378 mil 1 pesos”.

En Quintana Roo, donde el PRI impugnó el triunfo de su exmilitante Carlos Manuel Joaquín, postulado por la coalición Quintana Roo UNE, una Nueva Esperanza, formada por el PAN y el PRD, los magistrados federales ratificaron la sentencia del Tribunal Electoral del Estado al “considerar infundados los criterios de determinancia aducidos por el partido político demandante, porque en forma alguna acreditó la existencia de un nexo causal entre las irregularidades señaladas y los resultados, ya que la diferencia porcentual entre el primer y el segundo lugar es de 8.9%, lo que equivale a que el candidato de la coalición ganadora recibió 52 mil votos más que el segundo lugar”.

En Chihuahua, donde Javier Corral ganó por una diferencia de 8.9% a Enrique Serrano, el pleno del TEPJF “calificó como inoperantes los agravios” interpuestos por el PRI y el Partido Verde. Advirtió que “la verdadera intención de los enjuiciantes no consistió en la simple objeción de los documentos aportados (…) sino en una auténtica ampliación de su demanda, la cual resulta improcedente al haber transcurrido en exceso el plazo para impugnar (…).
07 Agosto 2017 04:05:00
Debate en los medios (II)
Después de ganar la Gubernatura por un margen de 2.4%, el más estrecho en 88 años, el PRI desdeñó las marchas ciudadanas para repudiar el resultado y demandar nuevas elecciones, minimizó la impugnación del Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) y soportó la andanada mediática lanzada desde de la capital del país por la sospecha de fraude en los comicios del 4 de junio. La intención era cerrar el tema con el triunfo de su candidato Miguel Riquelme y no dar alas a la oposición.

Sin embargo, el caso de Coahuila escaló a la agenda nacional, junto con el Estado de México, pues podría ser el anticipo de unas elecciones presidenciales sucias y manipuladas. La presión es ahora contra el presidente Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyo compromiso con la democracia y la legalidad lo han puesto en duda medios de comunicación y analistas de la Ciudad de México.

Además de utilizar los cauces jurídicos para anular la elección, “con marchas y mítines también vamos a presionar para que tomen una decisión conforme a derecho”, declaró Armando Guadiana, excandidato de Morena, a René Delgado en una entrevista para el Grupo Reforma (04.07.19). El día de la elección “se llevaron paquetes abiertos a diferentes puntos que no eran los indicados, hubo manoseo de las urnas. Aunque tuviéramos bien cuidadas las casillas, por afuera hicieron su movimiento y, además, hubo, intervención del estado”, replicó cuando el periodista cuestionó la falta de acuerdo entre los candidatos de oposición para cuidar el voto en las mesas electorales.

El activismo del FDC, las marchas ciudadanas, las denuncias en redes sociales, el seguimiento de la prensa nacional y la posibilidad de celebrar elecciones extraordinarias para gobernador, forzaron al PRI a reaccionar. Lo hizo, no sólo para defender en redes sociales la victoria de Miguel Riquelme, sino para insistir en que el único capaz de asegurar el futuro del estado, es él. Al mismo tiempo, César Camacho y Emilio Gamboa, coordinadores de las fracciones priistas en las cámaras de Diputados y de Senadores, advirtieron, sin mucha convicción, que Coahuila no será negociado.

El PRI ofreció conciertos gratuitos en Saltillo, Torreón y Monclova para agradecer el voto de sus militantes el 4 de junio. También circuló una nota según la cual “Guillermo Anaya está a punto de ir a la cárcel. La SEIDO dependencia de la PGR encargada de perseguir el lavado de dinero a determinado (sic) que el candidato derrotado en Coahuila hizo uso de recursos de narcotraficantes en su campaña. Con el mecanismo de una triangulación de dinero a través de tarjetas de nómina expedidas por Banorte y fondeadas por sindicatos fachada se pagó la estructura electoral del PAN”.

Anaya y el senador Luis Fernando Salazar, mencionado como parte de la trama, desmintieron la versión. “Están desesperados los Moreiras y los Riquelmes, sin duda la idea de la anulación no les permite dormir, pero nosotros no bajaremos la guardia, seguiremos luchando para erradicar la corrupción”, replicó el legislador en un comunicado.

El PRI ha empezado a tomar en serio la posibilidad de ir a nuevos comicios, pero no desea enfrentar a Guillermo Anaya, pues en ese escenario el riesgo de perder sería mayor. Armando Guadiana (Morena), José Ángel Pérez (PT) y Luis Horacio Salinas (independiente) apoyarán al panista en las elecciones extraordinarias. Sin embargo, Anaya, como Riquelme, al final tampoco podría figurar en las boletas por gastar de más en su campaña.
05 Agosto 2017 04:07:00
Debate en los medios (I)
En países centralistas y caciquiles, como el nuestro, lo que pasa en los estados se queda en los estados, como en Las Vegas. Para romper el cerco, el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) cubrió el 4 de julio una agenda con medios de comunicación en la Ciudad de México. Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero (independiente) y José Ángel Pérez (PT) plantearon en cadena nacional sus argumentos para anular las elecciones de gobernador “por fraudulentas”.

A un mes entonces de los comicios que tienen al estado en el centro de la polémica nacional y a la clase política en ascuas, los excandidatos fueron entrevistados por Carmen Aristegui (Aristegui Online), René Delgado (Reforma), Raymundo Rivapalacio (Efekto Noticias), Leopoldo Zea (Imagen Informativa) y Azucena Balderas (Milenio Televisión). El objetivo es obvio, mantener el debate poselectoral en los medios de comunicación mientras se agotan las etapas de la impugnación promovida por el FDC.

Aristegui, quien figura entre los líderes de opinión espiados por el Gobierno (The New York Times), puso sobre el tapete el tema de la supuesta negociación para zanjar los conflictos poselectorales en Estado de México y Coahuila, donde los triunfos de Alfredo del Mazo y Miguel Riquelme fueron refutados. Según esa versión, el presidente Peña aceptaría nuevas elecciones en Coahuila para salvar las del Estado de México donde el PRI también estuvo a punto de perder; en su caso, con Delfina Gómez, candidata de Morena.

Existen suficientes causales para invalidar el resultado –respondió Anaya–, como el exceso de gastos de campaña del candidato del PRI, la intromisión del Gobierno del Estado, el traslado irregular de paquetes electorales, la manipulación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y la complicidad del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Sin embargo, frente a la réplica de Aristegui sobre el trueque, el excandidato de la Alianza Ciudadana por Coahuila admitió esa posibilidad.

El énfasis de Anaya y del independiente Javier Guerrero en los topes de campaña y en la intromisión del Gobierno en los comicios, remite al Artículo 41 (fracción VI) de la Constitución General de la República: “La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales y locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

“a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado:

“b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos por la ley;

“c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

“Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. (La diferencia entre Riquelme de Anaya fue de 2.4%)

“En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.

Si Riquelme es inhabilitado por haber rebasado los topes de gastos de campaña, el PRI deberá buscar un candidato sustituto para la elección extraordinaria. El gobernador electo asegura que tal cosa no sucederá. Guadiana, en la entrevista con René Delgado, vaticinó: “Riquelme no se va a sentar”.
04 Agosto 2017 04:00:00
De León: el rugido
El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jesús de León, acusó de “totalmente ilegal” el proceso de entrega-recepción iniciado por Rubén Moreira y Miguel Riquelme el 31 de julio. Ambos “deberán ser sujetos de responsabilidades administrativas y de carácter penal”, advierte, con base en un confuso Artículo 24 de la ley correspondiente, reformado en 2013. También invoca el Código Electoral del Estado, según el cual “el proceso electoral ordinario (…) concluye al resolverse el último de los medios de impugnación que se hayan interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno” (Artículo 167, fracción 1).

Integrante de la comisión de Análisis del Impacto de la Deuda Pública en el periodo de Humberto Moreira, la cual, más allá del nombre, no ha brindado resultado alguno, De León dice que los diputados involucrados en el proceso “irregular” de cambio de administración, mejor “deberían (…) iniciar una consulta con la ciudadanía para que a partir del 1 de diciembre el Congreso del Estado esté en posibilidades de nombrar un gobernador –o gobernadora– interino ante la alta probabilidad de que se anule la elección”.

Un gobernador es legalmente electo cuando concluye el proceso comicial, y esto sucede “una vez que se resuelvan todas las impugnaciones, no antes”, dijo el legislador en Torreón en rueda de prensa. “En el caso concreto de Miguel Riquelme, que no ganó la elección, que está impugnado y que está haciendo un proceso de entrega-recepción falso e ilegal, están incurriendo en una gravísima irresponsabilidad”.

Hace 4 años, De León compitió contra Riquelme por la Alcaldía de Torreón. El PAN obtuvo más votos que el PRI, pero al final un puñado de partidos satélite le dieron a su candidato una victoria marginal. Según el diputado, “a los Moreira ya les urge irse y dejar el Gobierno del Estado en manos de quien sea para poder darse a la fuga”. Después del inicio de la entrega recepción, Moreira y Riquelme estrenaron el teleférico de Torreón acompañados por el obispo José Guadalupe Galván. La obra es cuestionada desde su anuncio por superflua, pues existen necesidades urgentes como la pavimentación de calles y el suministro de agua.

El sistema de transporte, cuyo avance es de 90%, implica una inversión de 160 millones de pesos. El Gobierno informó en un boletín que la “obra permitirá el crecimiento turístico del municipio y está preparada para trasladar a 385 pasajeros por hora y a 770 para ambos sentidos, con una duración promedio de viaje de 5 minutos”.

De León, quien como diputado federal protegió a Felipe Calderón en su toma de posesión, dio por sentado que la elección de gobernador será anulada en noviembre, último mes del sexenio de Moreira. “Todas las personas que están participando en la entrega-recepción de información, recursos y expedientes no están legalmente reconocidas para hacerlo y tendrán que ser sancionadas conforme al nuevo Sistema Estatal Anticorrupción”. El panista informó que, en la junta de la comisión permanente de este viernes exhortará al gobernador a suspender el proceso.

En la misma sesión, el grupo parlamentario del PAN pedirá a la Auditoría Superior de la Federación investigar y denunciar la desviación de 423 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que descubrió en Coahuila. De lo contrario, observó el diputado, el caso “quedará impune” como pasó con la megadeuda, las empresas fantasma y las inversiones del Tribunal Superior de Justicia del Estado en Ficrea por más de 120 millones de pesos.
02 Agosto 2017 04:03:00
La raíz del cambio
Francisco I. Madero (empresario), Mijaíl Gorbachov (abogado), Lech Walesa (cofundador y líder del sindicato Solidaridad), Vaclav Havel (escritor y dramaturgo), Nelson Mandela (abogado), Luiz Inácio Lula da Silva (obrero) y José Mújica (exguerrillero) tienen en común haber emergido de sus respectivos ámbitos para derribar dictaduras, implantar o restablecer la democracia, impulsar el respeto a los derechos humanos y demostrar que la política no es sinónimo de corrupción –excepto quizá en el caso de Lula.

Con la salvedad de Gorbachov y Lula, los demás fueron reprimidos y encarcelados una o varias veces por su activismo. Las penas más largas las purgaron Mandela, 18 años, y Mujica, 15. Posteriormente ocuparon la presidencia de sus países, por un periodo o más. De esta muestra, el único magnicidio ocurrió en México. Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados el 19 de febrero de 1913, a 14 meses de haber asumido el cargo.

Los presidentes enlistados desaparecieron de la escena después de concluidos sus mandatos, con un legado histórico para sus países y el reconocimiento internacional por sus aportaciones a la democracia, la paz y los derechos humanos. Ninguno buscó el poder para eternizarse, como pasó con los Castro y otros émulos y admiradores suyos del tercer mundo. Gorbachov, Walesa y Mandela ganaron el Nobel de la Paz. Havel fue propuesto en 2004, pero no lo obtuvo. El autor de El Poder de los sin Poder (Encuentro Ediciones, 1990) recibió en 1990 el Premio Príncipe de Asturias de la Comunicación y Humanidades.

En México, frente a la falta de Gobierno (en los tres niveles), la crisis de representación popular en los congresos (federal y locales), la conversión de los partidos en cárteles, negocio de clanes o franquicias familiares y el envilecimiento del sistema judicial, la ciudadanía muestra su poder y se da a la tarea de llenar vacíos. Ha empezado por presionar a las autoridades y a los políticos para tomar en serio la lucha contra la corrupción. El juego de la simulación, repetido a lo largo de los sexenios, terminó por agotar la paciencia de los mexicanos de todos los estratos.

El primer acto fallido para combatir el fenómeno más vergonzoso y agraviante del país –se puede ser tonto o incompetente, pero cuando al mismo tiempo se es corrupto y pusilánime, como sucede en México, el caso adquiere tintes peligrosos– data del Gobierno de Miguel de la Madrid, cuyo lema de campaña fue por la “Renovación Moral de la Sociedad”. El eslogan equivale a decir que “la corrupción es un problema cultural”. La principal fuente de corrupción es el Gobierno, donde se manejan los mayores presupuestos: casi 5 billones de pesos este año. La sociedad, donde su existencia, por ser menor, tampoco se justifica, es víctima del proceso, desde el principio hasta el final.

Peña Nieto, cuyo Gobierno empezó marcado por la sospecha de la corrupción, prometió afrontar a la hidra. A menos de un año de las próximas elecciones presidenciales, el compromiso se traduce en un Sistema Nacional Anticorrupción más inclinado a proteger al régimen y los políticos venales que a someterlos al imperio de la ley. Resulta esperanzador que la sociedad civil, organizada en #VamosPorMás, ponga contra las cuerdas al Gobierno para atajar con rigor la corrupción. Es igualmente simbólico que el actor Diego Luna sea el rostro de un movimiento capaz de cambiar la vida del país y de oxigenar la política como sucedió en México y otros países en distintos momentos del siglo 20.

01 Agosto 2017 04:00:00
Ensayo de relevo
El gobernador Rubén Moreira y el electo Miguel Riquelme hicieron su primera aparición oficial este lunes para anunciar el inicio del proceso de entrega-recepción, mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelve las impugnaciones sobre los comicios del 4 de junio presentadas por el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDN). El trabajo se dividirá en siete mesas bajo la jefatura de José María Fraustro, todavía presidente de la junta de Gobierno del Congreso y excoordinador de la campaña de Riquelme. La idea es “consolidar la transparencia, unión y fortaleza del Gobierno”, dice un comunicado del Gobierno.

Los encargados de las directivas de “certeza jurídica, histórica, física y documental” y “revisión de la estructura orgánica” serán José Luis Flores y María Teresa Guajardo, vinculados con el gobernador Moreira. El primero fue líder del Comité Directivo Estatal del PRI y la segunda, presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI). Ambos perdieron como candidatos a diputados en las elecciones del 4 de junio.

Jacobo García Villarreal, exjefe de asesores del exgobernador Humberto Moreira, será el responsable de la mesa de “evaluación del desempeño de los recursos humanos”. Higinio González, rector de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) y expresidente del PRI, coordinará el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023. La sexta mesa se asignó al empresario Javier López de Nigris, nietro del fundador del Grupo Industrial Saltillo y primo del alcalde panista Isidro López Villarreal. Finalmente, el equipo de “seguridad y procuración de justicia” estará a cargo de Fernando Purón, el anodino alcalde de Piedras Negras, donde hasta hace poco los Zetas operaban a sus anchas.

Entre los secretarios técnicos figuran colaboradores del actual gobernador, como María del Carmen Ruiz, Rogelio Ramos y Jesús Ochoa. Miguel Mery Ayup, quien perdió la Alcaldía de Torreón frente al panista Jorge Zermeño, fue incorporado al mismo grupo.

Moreira se declaró dispuesto: “estamos listos para entregar toda la información que requiere este novedoso proceso y que permitirá una transición saludable para el bien de los coahuilenses”. Riquelme agradeció “la apertura (por) permitir trabajar desde esta fecha y que a partir del primero de diciembre se genere un gobierno fuerte, transparente y con nueva estructura (…)”.

Horas antes de la ceremonia, y a pocos metros del Palacio de Gobierno, el obispo Raúl Vera dijo ante centenares de asistentes a la cuarta misa del novenario al Santo Cristo de la Capilla que el acoso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el informe presentado en La Haya tiene que ver con los comicios del 4 de junio, por los intereses en juego.

La entrega-recepción es una farsa para engañar a los coahuilenses y refleja el temor del tándem Moreira-Riquelme, coincidieron Guillermo Anaya y Armando Guadiana, excandidatos de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila y de Morena. “No estamos en Venezuela, afortunadamente la anulación es inminente y confiamos en que los tribunales actúen conforme a derecho”, dice Anaya en un comunicado.

Guadiana anticipa en un video “el fin del moreirato este 30 de noviembre”. Sobre el equipo de transición, dice, “está formado por los mismos”. En un mensaje previo, advierte: “Rubén Moreira está muy desesperado y busca a toda costa que Riquelme le cubra toda(s) sus corruptelas y saqueos. No se los vamos a permitir… Los ciudadanos queremos un #CoahuilaDigno. ¡Habrá nuevas elecciones!”.
31 Julio 2017 04:06:00
Hacia la segunda vuelta
Con la elección para gobernador en el limbo, la encuesta de Reforma (26.07.17), según la cual 65% cree que hubo fraude y 57% apoya la anulación, la idea de celebrar comicios extraordinarios ha adquirido carta de ciudadanía. El PRI y el PAN libran una especie de guerra psicológica en los medios de comunicación y en las redes sociales. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tratan de evadir los proyectiles de ambos bandos y de afrontar la crítica de sectores cada vez más amplios e insatisfechos por su desempeño, algunos de los cuales demandan la renuncia del consejo general del INE.

Las autoridades electorales están reprobadas, según la encuesta, pues frente al 50% que tiene “mucha” o “algo” de confianza en el INE, la otra mitad (48%) respondió tener “poca” o “nada”. Sobre la misma cuestión, el TEPJF obtuvo calificaciones de 48 y 45 por ciento. El Instituto Electoral de Coahuila (IEC), responsable del caos en la jornada del 4 de junio y durante todo el proceso, es el peor evaluado, con 43 y 55% por ciento. Según parece, a la presidente del IEC, Gabriela de León, y a los consejeros Alejandro González y Gustavo Espinosa no les interesa el nombre de la institución, sino su permanencia en la nómina y la lealtad a sus jefes, de lo contrario ya habrían renunciado.

La ventaja marginal del INE no lo salva de la hoguera del descrédito, pero es un acicate para mantener firme su decisión de encauzar la nulidad de la elección para gobernador. Incluso puede enmendar el error de haber dejado el proceso a un IEC abiertamente parcial y organizar los comicios extraordinarios como lo pide 60% de los encuestados. Los candidatos de oposición solicitaron al INE asumir el control de las casillas y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pero no obtuvieron respuesta.

Para 82% de los entrevistados, los paquetes con las actas y boletas de la próxima elección deben ser resguardados y conducidos por el Ejército –la tercera institución más confiable del país después de las universidades y la Iglesia (Mitofsky, 2016) – a la sede del órgano comicial, y no por Fuerza Coahuila, la policía más arbitraria y siniestra que jamás haya existido en la entidad. Su función consiste en infundir miedo entre la población con detenciones fuera de la ley y toda clase de abusos. En Estado de México y Nayarit el Ejército custodió el material electoral. ¿Por qué en Coahuila no? Esa cuestión deberá dilucidarse.

Mientras el PRI trata al presidente del INE, Lorenzo Córdova, y a los consejeros Pamela San Martín Ríos y Ciro Murayama como si hubieran cometido desacato por el dictamen de fiscalización que anularía la elección de gobernador y dejaría fuera a Miguel Riquelme para la segunda vuelta, los excandidatos Guillermo Anaya (PAN), Amando Guadiana (Morena) y Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas (independiente) se reunieron el viernes pasado en Saltillo para mantener unido el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDN), cuyo mayor acierto ha sido captar y dirigir el malestar ciudadano por las irregularidades en los comicios del mes pasado.

De acuerdo con la encuesta de Reforma, si en la elección extraordinaria participaran los mismos candidatos, Anaya captaría el 47% de los votos y Riquelme el 35%. Sin embargo, el dictamen del INE dejaría fuera al priista por haber rebasado en 7.8% el tope de gastos de campaña. El panista también sería eliminado si llega o sobrepasa el 5% (ahora tiene el 4.56).Pero si no, aparecerá de nuevo en las boletas. Esta vez con el apoyo del FDC.
29 Julio 2017 04:07:00
Muertes silenciosas
Es plausible cuidar a las mascotas y evitar el maltrato animal, pero utilizar el tema para evadir responsabilidades sociales, políticas y morales hacia las personas y sus derechos, resulta deleznable. Legiones de niños, jóvenes y adultos mueren por falta de atención, y ni quién se inmute. El periodista y escritor Édgar London aborda el fenómeno, en la nueva edición del bisemanario Espacio 4:

“La propagación del suicidio en Coahuila, México y el mundo, resulta cada vez más alarmante. Ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un suceso habitual y, no por eso, menos preocupante. No distingue géneros, clases sociales, razas, sexo ni edades. La desesperanza hace mella en los seres humanos, cada vez con mayor frecuencia y profundidad. Por más que buscan, muchos no hallan una salida para sus problemas. No alcanzan a distinguir un brillo de esperanza en el futuro y terminan por cortar de cuajo sus apremios, al costo de su propia vida.

“Apenas el 1 de julio pasado, la prensa hacía eco de la muerte de una niña de 11 años en Torreón. La menor se colgó de la protección de una de las ventanas de su casa. Tan sólo cuatro días más tarde, y con varias generaciones de por medio, escogió su turno un anciano de 90 años que también se quitó la vida en el domicilio donde lo cuidaba uno de sus hijos. Pero no termina ahí, dos días después, un joven de 19 años le dijo a sus amigos y hermanos que al rato regresaba, como quien se despide para hacer cualquier diligencia. Para cuando lo encontraron, el muchacho colgaba de las ramas de un árbol en su patio. Tres suicidios en una semana, y esto en el área geográfica que cubren únicamente dos ciudades (Saltillo y Torreón) (…)

“En Coahuila, sólo en 2017, el recuento de suicidios ya supera los 70 casos. El dato no debe tomarse a la ligera. Acorde a las cifras que presenta la Procuraduría de Justicia del Estado, el fenómeno va en aumento. En 2015 se contabilizaron 166 víctimas por este concepto mientras que para 2016 ya eran 186. (…) La depresión es una de las causas más frecuentes de suicidio, no sólo en México, sino en todo el orbe. (…)

“Las víctimas de la depresión suelen verse a sí mismas como seres en constante desventaja y se sienten ‘menos’ que los demás. Su realidad se altera, ignoran su perfil positivo para concentrarse solamente en los factores negativos, y terminan por convertirse en verdaderos discapacitados –psicológicamente–, incapaces de trabajar, estudiar o, sencillamente, interactuar con quienes los rodean, ya sea dentro del círculo de amistades, colegas de oficio o lazos familiares.

“Acorde a la Secretaría de Salud, en México este problema daña hasta al 20% de personas de 18 a 65 años, con una continua expansión entre adolescentes que tienen que lidiar con el estrés que heredan de sus padres por lograr la manutención de la familia –algo cada vez más difícil de lograr por las precarias condiciones económicas que atraviesa el país–; el progresivo debilitamiento de los vínculos afectivos entre padres e hijos, derivado de la necesidad de los primeros en dedicarle más tiempo al trabajo; la sensación de desamparo al no tener a quien recurrir cuando se presentan los problemas; el bombardeo constante –en especial desde la televisión e internet–, de imágenes que no corresponden a una realidad objetiva, sino elaborada para incrementar la necesidad de consumo entre los receptores a costa de una insaciable sed de bienestar; y, no menos importante, el temor que día a día genera la violencia en los más disímiles sectores de la sociedad, incluido el entorno familiar, donde los jóvenes se sienten acorralados, sin la posibilidad de concebir otro remanso de paz que no sea el de su propia muerte. (…)”.
28 Julio 2017 04:00:00
Después de La Haya
El obispo Raúl Vera López, premio Rafto 2010 por la defensa de los derechos humanos, es acosado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) luego de presentar ante la Corte Penal Internacional (CPI) la comunicación “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, el pasado 5 de julio en La Haya. Así lo sugiere la Diócesis de Saltillo en un comunicado.

Vera López “ha recibido en un par de ocasiones la visita de agentes ministeriales; la semana pasada solicitaban detalles de su declaración en La Haya, para lo cual se informó que la comunicación es de un organismo internacional y que el documento es público. Esta semana nuevos agentes del Ministerio Público le solicitaron información sobre una averiguación del 2014”. El comunicado advierte que las “acciones del Ministerio Público se presentan en un contexto político y social que incluye las incertidumbres y confusiones del pasado proceso electoral en el Estado de Coahuila, el incremento en el índice de la violencia en diferentes municipios, las represalias contra trabajadores mineros, el hallazgo de cuerpos con signos de tortura y sin duda, tanto el informe que de Coahuila se ofreció en la CPI, como el proceso electoral del próximo 2018”.

El 25 de julio (martes), la PGJE notificó al obispo que el día 27 (jueves) debería presentarse ante la Dirección de Unidades de Investigación, a las 11:00 horas, para rendir una declaración testimonial por casos de abuso sexual contra menores de edad “por parte de sacerdotes y sobre los cuales la PGJE inició una investigación en 2014, la cual incluye ya una declaración de nuestro Obispo”, dice la Diócesis. El citatorio fue firmado por Margarita Barrientos Rodríguez, agente del Ministerio Público.

La Diócesis aclara no haber recibido “ninguna acusación sobre delitos sexuales en contra de sus miembros” y que los procesos que llevó al Vaticano ya concluyeron. “Los involucrados han quedado fuera del sacerdocio”, apunta. Además, cita de su circular 2/2014: “Es doloroso hablar de violencia infantil, pero es aún más lamentable que mantengamos un silencio que puede implicar más abusos”.

El obispo Vera no compareció ante el MP debido a su participación “en el inicio de las festividades del Santo Cristo de la Capilla en su Sede Episcopal”. En su lugar acudieron cuatro abogados “a la hora y el lugar” señalados. El 7 de agosto se fijará “una futura fecha para presentarse ante la autoridad (…) cuando las fiestas del Santo Cristo en Saltillo hayan concluido”, dice la nota.

Desde su llegada a Saltillo, hace 17 años, procedente de San Cristóbal de las Casas, donde era coadjutor de Samuel Ruiz, Vera se convirtió en un dolor de cabeza para los grupos más conservadores y los gobiernos de turno, en particular para el de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Denunciar abusos y defender los derechos humanos lo acercó a los pobres, pero le granjeó antipatías y campañas mediáticas. La Diócesis de Saltillo se partió en 2003 para crear la de Piedras Negras.

La Diócesis agradece en su comunicado “la solidaridad de quienes al tener conocimiento del citatorio mostraron su cercanía y apoyo hacia nuestro Pastor y sobre todo a nuestra Iglesia”. Asimismo, ofrece mantener informada a la comunidad “si hubiese alguna otra acción o surgiese información sobre la solicitud de la PGJE. (…) Que los signos de paz, justicia y amor que surgen de mirar al Santo Cristo, nos iluminen y nos unan más (…) para encontrar la dignidad que tenemos como hijas e hijos de Dios”.
26 Julio 2017 04:00:00
Nuevo arco legislativo
Cinco partidos tendrán representación en la LXI Legislatura, dos menos que en la actual. La coalición PAN-UDC será la primera fuerza con 12 diputados, el PRI tendrá 10, Morena, dos, y el PRD, uno. En la Legislatura de turno, el PRI tiene mayoría calificada con 19 votos (16 propios y tres de sus satélites, los partidos Verde, Nueva Alianza y Socialdemócrata), lo cual le ha permitido reformar la Constitución y pasar todas las iniciativas del gobernador Rubén Moreira, como el Sistema Estatal Anticorrupción, impugnado por organismos civiles y partidos de oposición por incompleto.

Si de milagro Miguel Riquelme saliera indemne del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Coahuila tendría el primer Gobierno dividido, pues las oposiciones ocuparán el 60% del arco legislativo. Con esa ventaja, los diputados del PAN, la UDC, Morena y el PRD pueden abrir el expediente de la deuda por más de 36 mil millones de pesos e investigar las empresas fantasma a las cuales se desviaron más de 500 millones de pesos, temas vedados por la mayoría priista en los últimos 6 años.

Sólo tres integrantes del próximo Congreso cuentan con experiencia legislativa. Los panistas Marcelo Torres y Blanca Eppen fueron diputados federales, y la priista Lucía Ramos formó parte de la primera legislatura de Rubén Moreira. Torres, actual coordinador de Enlace Legislativo del PAN, se perfila como presidente de la Junta de Gobierno a partir del 1 de enero, si el TEPJF se lo permite, pues él también excedió el tope de gastos de campaña.

El bloque opositor será fuerte sólo si se mantiene unido. El PRI empezó en 1997 con 15 diputados, de un total de 32, pero con los votos del Partido Cardenista, uno de sus satélites, y otros que compró, el gobierno de Rogelio Montemayor mantuvo el control del Congreso. En la próxima Legislatura, difícilmente el PRI podrá atraerse a los diputados de Morena y es probable que tampoco al del PRD, pero sí alguno o varios del PAN.

Para dividir a Acción Nacional, Rubén Moreira y Miguel Riquelme atrajeron a descendientes de líderes de oposición inquebrantables. Luis Gurza Jaidar fue diputado del PAN y ahora lo es del PRI; Eduardo Ortuño Gurza dirige la Comisión Estatal de la Vivienda; José Ignacio Máynez y Fernando Gutiérrez, exdiputados, colaboran con el gobernador electo. Los tiempos cambian y el presupuesto desvanece filiaciones. “Los panistas de hoy no saben vivir fuera de la nómina”, me dice un funcionario del estado.

Los jóvenes del PAN –y los ya no tanto– resultaron tan rapaces como los del “nuevo” PRI de Peña Nieto. El cobro de cuotas (“moches”) a presidentes municipales por la asignación de fondos federales y la imposición de contratistas para la ejecución de obra pública, fueron invención de Ricardo Villarreal, coordinador de la bancada de Acción Nacional en la anterior Legislatura.

El voto por el PAN, UDC, Morena y el PRD fue para dotar al estado de contrapesos reales. Si sus líderes captan el mensaje, el Congreso puede dejar de funcionar como apéndice del Gobernador, representar a los coahuilenses y asumir una agenda ciudadana, sobre todo en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. También deberá redefinir prioridades y atender epidemias sociales como el suicidio, la violencia de género y el abuso a menores.
25 Julio 2017 04:00:00
La otra pesadilla
El riesgo de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordene convocar a elecciones extraordinarias sin Miguel Riquelme en la boleta no es el único motivo de desvelo para el Gobernador electo y su partido tras el hundimiento en los comicios del 4 de junio. Además de que el PRI, por primera vez en 88 años, será minoría en el próximo Congreso, la mayor parte de su bancada es profana y estará formada por mujeres: seis contra cuatro hombres. La única diputada electa con cierta experiencia es Lucía Ramos, quien pasó por la anterior Legislatura con más pena que gloria.

El mensaje de las urnas fue de repudio al continuismo y a los políticos tradicionales, a la reelección inmediata de diputados y al reciclaje de políticos sin agenda ciudadana. Los “pesos pesados” del PRI, de entre los cuales surgiría el grupo compacto y el futuro presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, fueron humillados: José Luis Flores Méndez (exalcalde de San Pedro y diputado varias veces), Román Alberto Cepeda (diputado en la primera Legislatura de Humberto Moreira y “bronco” domesticado con migajas en la sucesión de este año) y Rodrigo Fuentes (diputado y secretario de Desarrollo Social de Rubén Moreira). Los tres buscaban una curul como trampolín. Su carrera está acabada.

Georgina Cano y Javier Díaz, propuestos por el PRI para un segundo periodo inmediato en el Congreso, de hasta cuatro para los cuales podrán reelegirse los diputados tras la reforma federal de 2014, también fracasaron. La primera, hija del exalcalde de Acuña, Jorge Cano Loperna, con Emilio de Hoyos, de la alianza PAN-UDC. Díaz, yerno del alcalde de Saltillo, Isidro López, frente al empresario Juan Carlos Guerra, hasta hace poco director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento capitalino.

En el distrito III, con cabecera en Sabinas, donde el PRI postuló a Teresa Guajardo Berlanga, quizá a modo de premio por sus servicios como presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), la vencedora fue Zulema Guerrero, de Unidad Democrática de Coahuila (UDC). Los organismos autónomos forman parte del tablero político del Gobierno. En 2007, Humberto Moreira movió a Homero Ramos Gloria de la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a la Secretaría de Gobierno, donde duró poco por sus ambiciones sucesorias. Ramos es procurador de Justicia de Rubén Moreira y podría ser el primer fiscal Anticorrupción de Coahuila. La Iglesia en manos de Lutero.

Con el río electoral revuelto y un grupo parlamentario del PRI disminuido, novato y dominado por mujeres, Humberto Moreira (HM) podría ser su líder de facto a partir del 1 de enero de 2018 y restarle aún más poder a su hermano Rubén, cuya influencia, si llega a tenerla, será mínima. HM no pudo ser diputado por falta de votos, pero su álter ego y socio Samuel Rodríguez –mal visto por la actual Administración– lo representará en el Congreso. El PRI postuló a Rodríguez, por el distrito XVI, para aplacar la ira de su patrón, sin tomar en cuenta que el neoempresario mediático también podría ser investigado en Estados Unidos por robo de recursos públicos de Coahuila y lavado de dinero.

Los otros diputados del PRI serán Jaime Bueno (distrito XIII), colaborador de Carolina Viggiano de Moreira, esposa del Gobernador, en el Voluntariado, y el cetemista Jesús Berino (plurinominal), quien actuó de comparsa en la elección interna para legitimar la candidatura de Miguel Riquelme. Bueno y Berino fueron recompensados por sus servicios al poder, no a los coahuilenses.
24 Julio 2017 04:00:00
Elección tambaleante
Coahuila tiene tres gobernadores. Uno oficial, Rubén Moreira; otro electo, Miguel Riquelme; y quien aún supone serlo: Humberto Moreira. Cada cual desempeña su papel mientras el impugnado triunfo del PRI sigue en los tribunales su curso fatigoso. El primero reapareció el 20 de junio, después de varios meses de ausencia en los medios de comunicación, para declarar políticamente muerto a Guillermo Anaya, candidato de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, y al líder del PAN, Ricardo Anaya.

En Cancún, Miguel Riquelme y el presidente del PRI, Enrique Ochoa, defendieron su victoria ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Tarde, pues los Anaya y la dirigente del PRD, Alejandra Barrales, ya les habían comido el mandado. Tres días antes, los líderes opositores denunciaron ante el diplomático las irregularidades en las elecciones de Coahuila. Almagro no emitió ninguna declaración sobre su entrevista con Ochoa y Riquelme, como sí lo hizo después de su reunión con los líderes del PAN y el PRD.

En el contexto de la 47 asamblea general de la OEA, Almagro abordó en conferencia de prensa el tema de Coahuila: “Estimábamos desterradas del sistema político y electoral (esas prácticas electorales). (…) Ese tema definitivamente tiene una última instancia, que es el Tribunal Electoral, en el cual tenemos plena confianza de que va a actuar conforme a derecho” (Reforma, 21.06.17).

Después de su derrota como aspirante a diputado plurinominal y de que el partido (Joven) que lo postuló perdiera su registro por no reunir los votos necesarios, Humberto Moreira volvió a despotricar contra su hermano Rubén, el Gobernador formal. “Nos robaron la elección de la manera más burda, estamos pensando en hacer una gran concentración (…) todos los que fuimos asaltados por el (…) tirano del Gobernador”, acusa Moreira en un video. También en su cuenta de Twitter, el exhuésped de Soto del Real anuncia la formación de “un frente democrático popular, el Frente de la Gente”. No faltaba más.

Sin embargo, después de la Marcha por la Dignidad del 6 de junio en Saltillo, donde más de 50 mil personas clamaron “¡Fuera los Moreira!”, “¡No al fraude electoral!” y demandaron nuevas elecciones, cualquier “concentración” convocada por el extinto Partido Joven y su excandidato a diputado, está condenada al fracaso.

El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), compuesto por la mayoría de los candidatos de oposición al Gobierno del Estado, celebró en Nueva Rosita su octava marcha el 6 de julio. Las anteriores fueron en Matamoros, Monclova y Piedras Negras. Las consignas contra los Moreira, Riquelme y el PRI no cesan. La indignación ciudadana recorre el estado y las redes sociales catalizan el enojo. Coahuila es tema nacional por las elecciones.

Partidos, analistas y líderes de opinión piden repetir las votaciones por irregularidades durante todo el proceso. Para el PAN, anular las elecciones es “prioridad nacional”, declaró su líder Ricardo Anaya en la comisión permanente del 22 de junio. Sin embargo, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya destitución demandan sectores cada vez más amplios del país, por su infame desempeño, centró su atención en los gastos de campaña. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal (TEPJF) revisará otras causales de nulidad.

Coahuila tiene tres gobernadores, pero ninguno está seguro.

La elección se tambalea.
22 Julio 2017 04:07:00
Heridas abiertas (II)
Sobre la denuncia que la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y más de 100 organizaciones no gubernamentales presentaron el 6 de julio ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, con respecto a crímenes cometidos en Coahuila en los dos últimos sexenios, el reportero Gerardo Moyano publica en el bisemanario Espacio 4:

“El estudio de la FIDH amplía lo que han venido documentado diversas organizaciones nacionales e internacionales de renombre. Entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; los académicos de El Colegio de México, Jacobo Dayán y Sergio Aguayo (este último demandado por Humberto Moreira), la periodista de ProPublica y National Geographic, Ginger Thompson; y Diego Enrique Osorno, periodista de Vice, entre otros. En julio de 2016, el empresario coahuilense Armando Guadiana denunció las masacres de Allende y en el penal de Piedras Negras ante la misma instancia.

“Si bien el documento de la FIDH se concentra en 500 casos registrados entre 2009 y 2016, ‘describe el contexto de Coahuila desde el año 2005 (...) (para) explicar el origen del vínculo entre los grupos del narcotráfico y crimen organizado, con las autoridades de gobierno de Coahuila, en sus dos niveles (estatal y municipal)’.

“Lo anterior, basado en entrevistas e información proporcionada por Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (como representante legal de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUUNDEC), sobre 32 casos, correspondientes a 73 víctimas, en los municipios de Acuña, Allende, Francisco I. Madero, Matamoros, Monclova, Parras, Piedras Negras, Sabinas, Saltillo y Torreón. También recaba información de organismos como Naciones Unidas y de investigaciones periodísticas.

“El informe ‘toma también en consideración la situación general del país y en particular de la región Noreste’, donde ‘la disputa territorial y la colusión entre los grupos del crimen organizado y los gobiernos ha tenido como resultado que se han consolidado cárteles poderosos y violentos que en algunos casos tienen un alcance que va mucho más allá de las fronteras del país’, y que, incluso, ‘se han infiltrado en esferas del Gobierno’, tal y como lo registró el informe del Relator Especial de la ONU sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias resultado de su misión a México en 2013.

“En este sentido, señala que el período de Gobierno de Humberto Moreira (2005-2011) ‘fue el punto de partida de la violencia generada por la nefasta vinculación entre los grupos del crimen organizado y las autoridades responsables de la seguridad en Coahuila’.

“Destaca que los juicios a miembros de los Zetas, llevados a cabo desde el año 2013 en San Antonio y Austin, Texas, ‘aportan información sobre el apoyo brindado por el gobierno de Coahuila a los crímenes de los Zetas y a su impunidad’. Menciona las declaraciones del narcotraficante Humberto Uribe Tapia, quien dijo haber sobornado al gobernador Humberto Moreira y al entonces fiscal del estado Jesús Torres Charles, entre otros funcionarios municipales, estatales y federales, para operar en territorio coahuilense e incluso tener acceso a vehículos oficiales”.
21 Julio 2017 04:07:00
El arte de la política
Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) diera por buenos los comicios del 4 de junio, lo cual es poco probable, Miguel Riquelme sería el primer gobernador de origen lagunero en más de medio siglo. Braulio Fernández Aguirre, con sólida ascendencia en La Laguna, ocupó el cargo entre 1963 y 1969. De Saltillo tenía un mal recuerdo. En 1946 se tramó en la capital una conjura para defenestrarlo de la Alcaldía de Torreón por supuestos malos manejos.

Después de autoexiliarse unos años en San Luis Potosí, donde se dedicó a la agricultura, Fernández Aguirre regresó a la política estatal. Por segunda vez fue alcalde de Torreón (1958-1960), diputado federal y gobernador. Como tenedor de libros, empresario y con la experiencia de 1946, su administración destacó por escrupulosa y transparente. Personalmente revisaba las cuentas y cuando algún director gastaban de más, le telefoneaba para ordenarle que se ajustara al presupuesto.

En 1996 entrevisté a don Braulio en su rancho Tierra Blanca y en su casa de Torreón Jardín. En la primera habló de su familia y de política, sus grandes pasiones junto con la viña y los nogales. La segunda fue cuando el PRI perdió Saltillo, Torreón, Monclova, Ramos Arizpe y gran parte del Congreso. Uno de los atributos del exgobernador –fallecido el 23 de noviembre de 2013 a los 101 años– era el respeto por la investidura que había ostentado y por los gobiernos de turno. Observaba, pero no opinaba; discrepaba, pero se abstenía de criticar. Prefería girar el puro mientras fumaba y fijar la vista en las volutas de humo, metáfora sobre lo efímero del poder. Jamás pensó en alguna forma de perpetuidad. “El braulismo, amigo mío, sólo existe en la mente de algunas personas. Quien ahora está en la política es mi hijo (Braulio), yo no”.

Don Braulio ha sido uno de los mejores y más apreciados gobernadores de Coahuila. Recibió el cargo de un parrense (el general Raúl Madero González) y lo entregó a un saltillense (Eulalio Gutiérrez Treviño). Después fue senador y director de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) al mismo tiempo. Pedro Rodríguez Triana, también de San Pedro, había sido gobernador 26 años atrás. Si alguna vez la capital intimidó a don Braulio, jamás dio señales de ello. Gobernó con orden y buen trato. Todavía hoy se le recuerda caminar del brazo de su esposa Lucía, entre su casa frente a la Alameda y el cine Palacio.

En una conferencia en Torreón, cuando los laguneros deseaban formar su propio estado por el abandono de la capital, el periodista Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, ponderó: “El gobernador que más ha hecho por Saltillo fue don Braulio Fernández Aguirre; y el que más ha hecho por Torreón es Enrique Martínez (entonces en funciones)”.

Miguel Riquelme se ha referido a Fernández Aguirre como precedente suyo. Las circunstancias y las personalidades son diametralmente distintas. La Laguna apoyó siempre a don Braulio, quien, para atraerse a la gente de Saltillo, jamás declaró a la capital su consentida. Riquelme perdió Torreón y las cuatro diputaciones locales, pero ganó Saltillo. El resultado es engañoso, pues en la Marcha por la Dignidad del 6 de junio más de 50 mil saltillenses corearon: “¡Entiende, Riquelme, Coahuila no te quiere!”. El Gobernador electo ofreció en campaña “Más carácter y menos política”. Error. La situación exige hoy más política que nunca.
19 Julio 2017 04:01:00
Árbitro veleidoso
Excluir sólo a Miguel Riquelme de la elección extraordinaria le abriría a Guillermo Anaya las puertas del Palacio de Gobierno en automático, pero si el TEPJF deja fuera a los dos, como parece ser el caso, el PRI estaría en condiciones de no rendir la plaza sin pelear. El INE escogió la causa menos grave para, eventualmente, dejar sin efecto los comicios del 4 de junio: el exceso de gastos de campaña. Incluso los 20.8 millones de pesos erogados por Riquelme (8.2% por encima del tope legal) y los 20.2 ejercidos por Anaya (5% más de lo autorizado), según el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, podrían ser poco. Una campaña para gobernador rebasa fácilmente los 300 millones de pesos.

Los comicios para gobernador, alcaldes y diputados locales estuvieron plagados de irregularidades: compra de votos, desviación de recursos públicos, alteración y robo de urnas, traslado de paquetes electorales fuera de norma, conteo rápido y Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) manipulados y un Instituto Electoral de Coahuila (IEC) incompetente, sin autoridad y cuestionado por los candidatos de oposición. En 2000, 2003 y 2015, las elecciones para gobernador en Tabasco y Colima se anularon por la intromisión de los mandatarios de turno. Con la anulación en Coahuila, el INE buscaría, más que remediar, encubrir vicios del sistema electoral que el escritor Jesús Silva-Herzog Márquez resume en uno solo: corrupción. “Las elecciones son la primera escuela de la corrupción en México (…) La corrupción es el principio de la política mexicana porque es la sábana que cubre a todos los agentes políticos. (…) Muchas estampas de rivalidad podemos recordar en años recientes. (…) Pero, por debajo de la discordia se tejió un pacto entre los partidos políticos” (Reforma, 10-07-17).

La maniobra para invalidar la elección de Coahuila, decisión que corresponde al TEPJF, despide un tufo de arreglo entre la Presidencia de la República y las cúpulas del PRI y del PAN, del cual habría sido marginado el gobernador Rubén Moreira. Rebasado por las circunstancias, y sin futuro político, quizá sólo pudo conservar el derecho de veto, lo cual explicaría la intención de eliminar también a Anaya de la segunda vuelta.

Lo que ahora se discute es quiénes serían los relevos de Riquelme y Anaya si sus alegatos ante el TEPJF, para participar en la elección extraordinaria, resultan infructuosos. Riquelme fue siempre el favorito del Gobernador. Jericó Abramo, Hilda Flores y Javier Guerrero, quien renunció al PRI para postularse como independiente, recibieron agravios e incluso amenazas. En el escenario de un candidato emergente y un gobernador interino, las opciones son Abramo, Flores y José María Fraustro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso y excoordinador de la campaña de Riquelme.

Sin embargo, Anaya no se ha dado por vencido. En un video publicado en su cuenta de Facebook, advierte que la nulidad de la elección está próxima. El panista atribuye a las movilizaciones del Frente por la Dignidad de Coahuila que “al INE no le quedó otra (…) más que declarar que Riquelme rebasó los topes de campaña. Nosotros no, y esto es el primer paso para limpiar la elección de Coahuila”.

El diputado electo Marcelo Torres difundió el comunicado de prensa 242 del INE, con fecha 18 de julio, donde se lee: “De una primera revisión de los engroses, la Unidad Técnica de Fiscalización ha detectado que en el estado de Coahuila, la Coalición Por un Coahuila Seguro, encabezada por Miguel Riquelme, rebasó el tope de gastos de campaña por 7.86 por ciento, mientras que en la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, abanderada por Guillermo Anaya, el rebase fue equivalente al 4.56 por ciento”.
18 Julio 2017 03:00:00
Ambiente de anulación
La elección para gobernador sigue en el aire, pero todo apunta hacia una segunda vuelta –figura inexistente todavía, pero en vías de exploración para las presidenciales de 2018. Sin embargo, el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya votación fue pospuesta nuevamente, introdujo una variante: Miguel Riquelme (PRI) y Guillermo Anaya (PAN) podrían ser excluidos por exceder en 6 y 5.1 millones de pesos el límite de gastos de campaña, respectivamente. El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) ya había impugnado el resultado por esa y otras irregularidades.

Si el fallo del INE es en ese sentido, Riquelme y Anaya, quienes podían gastar hasta 19 millones 242 mil pesos en sus campañas, lo recurrirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para poder participar en la elección extraordinaria, con pocas posibilidades de lograrlo. Según el proyecto de dictamen, el priista omitió reportar 7.8 millones de pesos, de los cuales 3.8 millones los habría utilizado para pagar a sus representantes de casilla. Riquelme fijó su postura en un comunicado: “(…) corresponderá a los tribunales evaluar el proceso electoral y como me asiste la razón, en ellos confío”.

Anaya no informó sobre el desembolso de 5.2 millones de pesos, pero en el PAN, dijo, “nunca hemos pagado a los representantes de casilla”. Sobre el riesgo de ser excluido él también de la segunda vuelta, denuncia una maniobra centralista: “es una decisión salomónica del INE para lavarse las manos”. El INE busca atribuir a los principales aspirantes al Gobierno la culpa de la anulación, cuando el propio organismo descuidó sus responsabilidades en la designación del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y en todas las etapas del proceso. Incluso en un principio avaló el desempeño del IEC.

El ambiente nacional para la anulación de las elecciones en Coahuila se preparó a ciencia y paciencia de Los Pinos, la Secretaría de Gobernación y el PRI. La prioridad ha sido siempre el Estado de México, donde existen razones de más peso para invalidar el triunfo de Alfredo del Mazo, primo del Presidente. Algunas columnas sugieren que Coahuila se pactó previamente con el PAN, y que el incumplimiento del acuerdo generó un conflicto entre el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, y el gobernador Rubén Moreira. Un indicio fue el apoyo del Partido Encuentro Social (PES), controlado por Osorio, a Guillermo Anaya y no a Riquelme.

La presión política y las marchas del FDC, integrado por Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas (independientes) y José Ángel Pérez (PT), tienen por objetivo anular la elección. Los ciudadanos y los excandidatos ganaron la calle, atrajeron la atención de los medios de comunicación del país y colocaron a Coahuila en la agenda nacional. Después de recibir la constancia de mayoría como gobernador electo, Riquelme y el PRI plegaron las velas cuando empezaba la tormenta. Jamás consideraron la posibilidad de ir a una segunda vuelta con un jinete improvisado. El escenario tampoco pasó por la mente del PAN y de Anaya.

El nuevo acto de la ópera bufa del INE –dar 24 horas a los partidos para demostrar que no gastaron en representantes de casilla, cuando todo el mundo sabe que sí lo hicieron–, no salva a los candidatos del PRI y del PAN, pues aun sin ese egreso rebasaron el tope. Posponer la resolución del caso puede tener otro objetivo: dejarle al presidente Peña los reflectores por la extradición de Javier Duarte, para presentarlo como paladín de la lucha anticorrupción. ¿Quién le cree?
17 Julio 2017 03:00:00
INE: la parodia
El presidente Peña Nieto se encoge a medida que el sexenio avanza, mientras los problemas históricos (pobreza, corrupción, inseguridad, violencia, impunidad) se agravan, surgen otros y juntos tienen al país al borde de la ingobernabilidad y la inestabilidad. No sólo es el Presidente quien se achica y elude sus responsabilidades de jefe de Estado. El sistema político y las instituciones dejaron de funcionar y de representar y responder a una ciudadanía cuya agenda está por encima de la suya.

Rebasados por las circunstancias, los gobiernos federal, estatal y municipal buscan proteger sus intereses y frenar el impulso de una sociedad cada día más impaciente y enfadada. Las herramientas son el presupuesto para comprar o rentar conciencias, el halago para engatusar, la fuerza para reprimir, la retórica para ganar tiempo y la mentira para desalentar la participación civil en los asuntos públicos. Con altos grados de venalidad en todas las esferas del poder, resulta absurdo no sólo posponer sino desnaturalizar el Sistema Nacional Anticorrupción y sus equivalentes en los estados. El Presidente y los gobernadores boicotean toda iniciativa ciudadana para someterlos a la ley.

El retroceso en democracia, respeto a los derechos humanos, libertad de expresión, división de poderes, transparencia, seguridad y justicia, registrado en los últimos años, refleja la vocación autoritaria, antidemocrática y autócrata del Presidente. Tratar de conservar el poder en 2018 con los usos y costumbres aplicados en las recientes elecciones de Coahuila y Estado de México, cuando el rechazo al PRI y a Peña Nieto no tiene precedente, es una provocación irresponsable cuya respuesta remite al caos en Venezuela por la pretensión de Nicolás Maduro de aferrarse al mando.

Una de las instituciones peor evaluadas y con mayor descrédito del país es el Instituto Nacional Electoral (INE), por su indolencia y sometimiento a los partidos. En el año 2000, el IFE (antecedente del INE) organizó los comicios más creíbles y reconocidos en México y el extranjero. Además de históricos, pues fueron los de la primera alternancia después de 71 años de gobiernos del PRI. En vez de desmontar las estructuras viciadas y sustituirlas por otras modernas y eficaces, el poder socava las que representan un riesgo para sus intereses. El INE es una parodia, en la cual el consejo general y los partidos son actores principales.

Poner en el tapete de la negociación el resultado de unas elecciones quebranta la ley, corrompe la democracia, vuelve inútil al INE, cuyo presupuesto rondará este año los 11 mil millones de pesos, y vulnera la voluntad popular. Los comicios en Coahuila y el Estado de México deben anularse por las múltiples irregularidades –el rebase en los topes de campaña es la menor de las faltas– y por la intervención de los gobiernos locales –y federal en el segundo de los casos–. Canjear un estado por otro no es democracia, es comercio vil chantaje.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) debe aplicarse al pie de la letra, no al gusto o conveniencia de un partido, un clan o autoridad alguna. El interés de Peña Nieto por el Estado de México es obvio: si va a perder las elecciones de 2018, conservar al menos el poder local para su grupo y asegurarse un refugio seguro, pues su presidencia ha resultado incluso más deleznable que la de Salinas de Gortari. “El Salvador de México” terminó por convertirse en pesadilla.
15 Julio 2017 04:07:00
Heridas abiertas
Las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras, entre otros casos presentados ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, han puesto a los dos últimos gobiernos en una situación comprometida. Así lo plantea el reportero Gerardo Moyano en la nueva edición del bisemanario Espacio 4:

“De 2009 a 2011, ‘las autoridades estatales (de Coahuila) responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con los Zetas en un contexto de innegable colusión’ (...) y de 2012 a 2016, ‘las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales’.

“Tales acusaciones pesan sobre los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira ante la Corte Penal Internacional (CPI), la cual analiza si atrae la denuncia (comunicación) presentada el 6 de julio por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), junto con más de 100 organizaciones no gubernamentales. En la audiencia participaron Raúl Vera, obispo de Saltillo; Ximena Reyes, de la FIDH; Michael Chamberlin, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; y Ariana García, representante Jurídica de Familias Unidas de Piedras Negras.

“El informe Asesinatos, Desapariciones y Torturas en Coahuila de Zaragoza Constituyen Crímenes de Lesa Humanidad, dado a conocer el pasado 5 de julio, describe con lujo de detalles las atrocidades cometidas en los dos últimos sexenios por las fuerzas municipales y estatales de seguridad al servicio del grupo criminal los Zetas.

“El reporte de 72 páginas, basado en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada –con énfasis en los expedientes de 73 víctimas– denuncia ‘la existencia de una política de parte de (una estructura) del estado de Coahuila de permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población civil’.

“Los demandantes hacen hincapié ‘en dos episodios particularmente violentos que de por sí podrían constituir crímenes de lesa humanidad: la matanza por parte de los Zetas (organización mexicana de narcotráfico y terrorismo) de entre 60 y 300 aldeanos en Allende, en marzo de 2011 (..) (y) la gestión de la prisión de Piedras Negras, el Cereso, la cual bajo la responsabilidad del Gobierno del Estado de Coahuila se convirtió en un centro de operaciones de los Zetas de 2008 a 2012’.

“Sobre el primer caso, el estudio destaca que ‘la evidencia sugiere que no sólo el municipio (a cargo del alcalde priista Sergio Lozano Rodríguez, detenido en noviembre de 2016 y liberado en febrero pasado) sino también el gobernador de la época (en enero de 2011, Humberto Moreira pidió licencia al cargo y fue sustituido por Jorge Torres López) estaba al tanto de lo que se preparaba, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad’.

“Sobre el segundo, resalta que ‘los prisioneros podían salir a su antojo, y traficar diversos elementos tales como transformar y maquillar vehículos, fabricar chalecos antibalas, entre otros. Lo más grave fue que al menos 150 personas habrían sido asesinadas allí, y sus cuerpos fueron quemados o disueltos en cubos con ácido. Tales acciones no habrían sido posibles sin la complicidad de la administración de la prisión y sus autoridades’.

“Dado que en 2005 México ratificó el Estatuto de Roma, el cual crea y regula las funciones de la CPI, con sede en La Haya, Países Bajos, los hermanos Humberto y Rubén Moreira, así como Jorge Torres y autoridades de seguridad del estado, podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, incluso de cadena perpetua (por la gravedad de los crímenes), según lo prevé el Artículo 77 del reglamento”.
14 Julio 2017 04:00:00
El dictamen del INE
La decisión que en unas horas más tome el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el rebase de gastos de campaña de Miguel Riquelme y Guillermo Anaya no anulará en automático los comicios para gobernador. Tampoco excluirá a los excandidatos del PRI y del PAN de una eventual elección extraordinaria. Esas resoluciones corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) si los partidos impugnan las sentencias respectivas del Tribunal Estatal Electoral (TEE).

El proyecto de dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, respecto a que Riquelme y Anaya gastaron 6 y 5.1 millones de pesos de más, respectivamente, sacudió a los partidos, en particular al PAN. Pues una de las causas principales para impugnar el triunfo del candidato priista y solicitar su anulación fue por haber excedido el tope legal de 19.2 millones de pesos.

El PRI tampoco esperaba que el dictamen pusiera en riesgo su victoria, por un margen de apenas 2.4%, y mucho menos que pudiera excluir a Riquelme de la elección extraordinaria. Para probar que su candidato no gastó 3.8 millones de pesos el día de las votaciones –detectados por el INE entre las erogaciones no reportadas–, el PRI movilizó a principios de semana a sus representantes de casilla para firmar documentos donde admitían no haber recibido pago alguno.

La operación fue cancelada cuando Rolando Chacón, corresponsal de Reforma, publicó la noticia y fotografías sobre el tema. El PRI negó que la convocatoria tuviera por objeto deslindar a su candidato de responsabilidades. Sin embargo, las versiones para explicar la presencia de representantes de casilla en la sede estatal del PRI, por contradictorias, reforzaron la idea de la recolección de firmas.

El Consejo General del INE sesionará hoy a partir de las 10:00 horas para analizar los dictámenes de la Unidad de Fiscalización y, en su caso, aprobarlos. Coahuila figura en el punto seis del orden del día. La sesión podrá seguirse en directo a través de INE TV YouTube.

Los excandidatos de oposición dan por sentado que el TEPJF anulará las elecciones para gobernador después del dictamen del INE. Guillermo Anaya, del PAN, a quien el conteo rápido concedió una ventaja inicial de dos puntos, está en desacuerdo con que se le mida con la misma vara que a Riquelme, cuyo triunfo impugnó el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) por haber rebasado el tope de gastos de campaña. 

Frente a la eventualidad de que las elecciones se anulen y de que Anaya y Riquelme no puedan volver a ser candidatos, ya empiezan a barajarse nombres de posibles sustitutos. Armando Guadiana, de Morena, reprocha al respecto: “Todavía no se decide si habrá una nulidad de la elección (…) y da pena ajena ver que ya hay quienes –entre ellos algunos alcaldes– dicen que les gustaría participar en el caso de que al actual candidato del PAN no lo dejen contender”.

Tercer lugar en las elecciones para gobernador, con el 12.2% de los votos, Guadiana advierte, en un comunicado: “No es momento de demostrar intereses personales (…) Estos momentos son de unidad, responsabilidad política y (de) darle prioridad a la defensa del voto ciudadano”.

Javier Guerrero replicó al líder nacional del PRI, quien acusa a la oposición de pretender ganar en la mesa lo que no logró el 4 de junio: “(Enrique) Ochoa quiere hacer creer que el robo de urnas, la compra de votos, la ilegitimidad de la actuación de las instituciones electorales, el secuestro durante 72 horas de los paquetes electorales, por parte de Fuerza Coahuila, legitiman el triunfo de su candidato” (El Diario de Coahuila, 10.07.17).
12 Julio 2017 04:00:00
Escenarios inéditos (II)
Si la sola idea de celebrar elecciones extraordinarias para gobernador, por la impugnación del Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), abría escenarios jamás vistos, la posibilidad de que en la segunda vuelta no participen Miguel Riquelme (PRI) ni Guillermo Anaya (PAN), por el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), alteraría por completo el tablero político del estado.

“La elección del 4 de junio debe ser anulada. Es una vergüenza ver en los medios al candidato del gobernador salir a decir que no cometieron ningún delito. Estos delitos están documentados con amplitud. Las instituciones electorales sólo salvarán y recuperarán la confianza ciudadana anulando esta fraudulenta e ilegal elección”, declara el excandidato independiente Javier Guerrero en un comunicado.

Un nuevo cálculo de la Unidad de Fiscalización determinó que Riquelme gastó seis millones de pesos por encima de los 19.2 millones autorizados por la ley, o sea 31% extra. Anaya, por su parte, erogó 24.3 millones, 26.5% más del tope legal. Riquelme omitió reportar 7.8 millones de pesos y Anaya 5.2 millones (Reforma, 09.07.17).

El Consejo General del INE revisará este viernes el dictamen de la Unidad de Fiscalización. Si lo aprueba, la Sala Superior del TEPJF resolverá si la elección se anula y ordena al Congreso local convocar elecciones extraordinarias. Además, existen otras irregularidades, de acuerdo con la impugnación del FDC. “Más de doscientas”, según el excandidato de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila.

Riquelme y Anaya interpondrán recursos ante el TEJPF si el dictamen del INE es aprobado, pues, de anularse la elección, ambos quedarían eliminados para competir en los comicios extraordinarios.

“Los comicios del pasado 4 de junio estuvieron plagados de irregularidades y corruptelas del PRI-Gobierno. (…) fue una elección de Estado”, acusa el excandidato de Morena, Armando Guadiana. En un comunicado, demanda de las autoridades electorales “aclarar el proceso de anulación y con ello los tribunales llamen a nuevas elecciones”.

El empresario dice que “Rubén Moreira y Riquelme se distinguieron en operar con toda su estructura gubernamental para favorecer al PRI y con ello perpetuarse en el poder. (Fue) la elección más sucia que jamás se haya visto en Coahuila”, asegura.

Guerrero, por su parte, señala que “una elección de Estado (como la del 4 de junio) implica tejer una serie de complicidades más allá del Estado. (…) El país y Coahuila no se merecen que se imponga con evidentes delitos a un candidato repudiado por la mayoría de la población. Tanto el Instituto Nacional Electoral como los órganos judiciales electorales en sus tres instancias, tienen la obligación de cumplir la ley”. También pide a los órganos electorales actuar “por encima de las voces que hoy llaman a salvar la cara de éstas intentando buscar soluciones salomónicas” (como sería la eliminación de Anaya para la segunda vuelta).

Hoy todo es incertidumbre. Excepto el INE, que al parecer ya recibió señales de Los Pinos –si no, ¿por qué el nuevo cálculo sobre los gastos de campaña?–, nadie sabe a ciencia cierta qué sucederá. La opinión pública presiona, los partidos mueven sus influencias y los ciudadanos tienen a la mano su credencial para votar. Lo único seguro es que el TEPJF decidirá, en última instancia, si hay nuevas elecciones para gobernador y si Riquelme y Anaya aparecerán o no en las boletas.
11 Julio 2017 04:00:00
En el ojo del huracán
Enrique Ochoa, uno de los peores líderes del PRI junto con Humberto Moreira, se jactaba de que las entidades más priistas y mejor organizadas del país eran Estado de México y Coahuila. Sin embargo, en las elecciones del 4 de junio su partido se desplomó y ganó por márgenes de apenas 2.9 y 2.4%, respectivamente. El triunfo en el norte está en riesgo por el dictamen del INE sobre los gastos de campaña de su candidato y la impugnación del Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC). Si ese es el mejor PRI de México, ya puede despedirse de la Presidencia.

Ochoa, con su declaración, puso a competir a Eruviel Ávila y a Rubén Moreira. El mexiquense, como la mayoría de sus colegas, es un farsante y un pésimo gobernador, pero el mayor conflicto político se localiza ahora en Coahuila. No sólo por el tema electoral, sino por otros de alto impacto como la denuncia presentada el 5 de julio por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ante la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad registrados en Coahuila entre 2009 y 2016.

La comunicación de la FIDH y más de 80 asociaciones civiles, titulada México: Asesinatos, Desapariciones y Torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad, documenta 500 casos de detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas en Acuña, Allende, Francisco I. Madero, Matamoros, Monclova, Parras, Piedras Negras, Sabinas, Saltillo y Torreón. También destaca “la matanza por parte de los Zetas de entre 60 y 300 residentes en Allende en marzo de 2011”.

En el caso de Allende, el que mayor cobertura mediática ha recibido en México y el extranjero, “la evidencia sugiere que no sólo el municipio, sino también el gobernador de la época (Jorge Torres López, prófugo de Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos) estaban al tanto de lo que se preparaba, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad”.

Con respecto al penal de Piedras Negras, donde al menos 150 personas fueron asesinadas y sus cuerpos disueltos en ácido, el informe advierte: “bajo la responsabilidad del Gobierno del Estado de Coahuila, se convirtió en un centro de operaciones de los Zetas de 2008 a 2012”.

Otra fuente de conflicto es el exgobernador Humberto Moreira, quien, en sus últimas declaraciones a los medios, se deslindó de las acusaciones de la FIDH y volvió a vituperar a su hermano y sucesor Rubén Moreira. La última aparición del exlíder del PRI fue para dar el pésame a la familia de Sergio Tobías Salas, comandante de la Fiscalía General del Estado en su gobierno. Tobías murió asesinado el 30 de junio. Primero se dijo que, en un intento de secuestro, pero en un video difundido en redes sociales se aprecia cómo los agresores fueron a ejecutarlo.

En ese contexto se espera que el consejo general del INE vote el viernes próximo el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización. Si lo aprueba tal como se conoció el sábado pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría anular la elección para gobernador y dejar fuera de la extraordinaria a Miguel Riquelme y a Guillermo Anaya por haber excedido los topes de gastos de campaña. Sin embargo, para declarar la nulidad del proceso existen causas aún más graves. El INE busca tender una cortina de humo para salvarse de la hoguera, lo cual, a estas alturas, es imposible.
10 Julio 2017 04:00:00
Nadar a contracorriente
El gobernador electo Miguel Riquelme está en el peor de los escenarios posibles. Su triunfo, impugnado por el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), deberá ser ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para poder asumir el cargo el 1 de diciembre próximo. En tal caso, deberá lidiar con un Congreso opositor; en 88 años, el PRI jamás había sido minoría. Sin embargo, los problemas para Riquelme no terminan ahí: Torreón le dio la espalda y votó por Jorge Zermeño (PAN), el alcalde de la primera alternancia en 1996.

Con la segunda ciudad más importante del estado en contra y el rechazo de amplios sectores de Saltillo, expresado por más de 50 mil personas en la Marcha por la Dignidad del 6 de junio, el lagunero tendrá escaso margen de maniobra política y social. Hace 42 años, Óscar Flores Tapia empezó a gobernar en condiciones análogas. Tampoco tenía aceptación en La Laguna y la cúpula empresarial capitalina, que antes había boicoteado su candidatura para alcalde, lo miraba con recelo. El escritor y político salvó su circunstancia y todavía hoy se le recuerda como “el mejor alcalde de Saltillo”. Condenado al ostracismo tras su renuncia al cargo por un conflicto con el presidente José López Portillo, Rosendo Villarreal Dávila, primer alcalde panista de la capital, fue quien lo reivindicó.

Flores Tapia transformó la capital y sentó las bases del clúster automotriz que es ahora. El éxito de su gobierno consistió en varios factores: a) carácter y determinación para ejecutar obras y proyectos como el retiro de las vías de ferrocarril del bulevar Francisco Coss; b) un gabinete sensible y eficaz. Roberto Orozco Melo (secretario de Gobierno) y Fernando Hernández de la Peña (director de Planeación y Desarrollo) fueron claves; c) reconciliación con todos los grupos, incluso con quienes en otro tiempo lo impugnaron. Ya caído, algunos le volvieron la espalda nuevamente; y d) atención a los menos favorecidos sin populismo y sin compartir el poder con los privilegiados. Todo eso, con un presidente (López Portillo) en contra. Flores Tapia cometió errores, pero podía salir a la calle, visitar plazas y mercados, sin guaruras. La gente le saludaba con afecto. Sus detractores nunca dejaron de serlo, pero incluso los más radicales le reconocieron méritos. Fallecido el 11 de julio de 1998, sus restos reposan en la Rotonda de los Coahuilenses Ilustres.

Si el TEPJF confirma a Riquelme como gobernador electo, recibirá una entidad polarizada y enconada como nunca. Sólo uno de cada cuatro coahuilenses inscritos en la lista nominal votó por él, en números redondos. Además, afrontará la crisis financiera derivada de la deuda por más de 36 mil millones de pesos, el escándalo de las empresas fantasma a las cuales se desviaron más de 500 millones de pesos y otros casos de corrupción aún impunes.

Los hermanos Moreira constituyen otra rémora. Riquelme lo sabe, pues por ellos perdió caudales de votos y estuvo a punto de perder también las elecciones. Riquelme dice no ostentar el apellido del clan, lo cual estrictamente es cierto. Sin embargo, políticamente lleva su impronta. El delfín de Rubén y Humberto abrazó celosamente su candidatura. Riquelme no tiene opción: acaba con el moreirato o jamás será gobernador.
08 Julio 2017 04:06:00
Diálogo, no hermetismo
La Alianza Anticorrupción de Coahuila (AAC), formada por más de 100 organismos civiles, demandó al Congreso local sujetar los procesos para la selección, designación y remoción de los puestos clave del Sistema Estatal Anticorrupción a “los principios constitucionales de transparencia, Parlamento Abierto y máxima publicidad”, pues los establecidos ahora “no garantizan la autonomía e independencia indispensables para combatir” el fenómeno, situación que califica de “alarmante”.

En un comunicado, la AAC exige a la Legislatura local garantizar a los ciudadanos el acceso al currículum de los aspirantes y documentos que comprueben el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada puesto. Asimismo, solicita que las recomendaciones y señalamientos de la Alianza sean tomados en cuenta por las autoridades.

La Alianza advierte que los mecanismos para elegir, designar y remover al auditor superior, al fiscal general, al fiscal especializado en Hechos de Corrupción, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, a los magistrados y a los integrantes de la Comisión de Selección y del Comité de Participación Ciudadana deben apegarse a la norma constitucional.

Después de analizar la iniciativa del gobernador Rubén Moreira para reformar la Constitución de Coahuila en materia de lucha contra la corrupción, presentada el 13 de junio y aprobada por el Congreso 15 días después, los 109 organismos y colectivos de la sociedad civil, académicos y profesionistas que forman la AAC concluyen:

1. Los tiempos para promover la participación de la ciudadanía y la opinión pública no fueron los adecuados, pues la reforma se aprobó en un periodo de 15 días naturales contados a partir de su presentación.

2. No se generaron los espacios ciudadanos necesarios para la discusión, análisis y diseño en conjunto del Sistema Local, ni se cumplió el compromiso de apegarse a los principios de Parlamento Abierto.

3. De las ocho propuestas específicas entregadas el pasado 23 de junio a la Comisión de Procesos Legislativos en Materia Anticorrupción del Congreso por los integrantes de la Alianza, sólo se incluyó la eliminación del fuero constitucional. Sin embargo, no será suficiente para combatir la corrupción, especialmente cuando el sistema de justicia se supedita a circunstancias políticas y prevalece la impunidad.

El 28 de junio, mientras los diputados del PRI aprobaban las reformas para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, la AAC protestaba dentro y fuera del salón de sesiones y frente a la Casa de Gobierno de Torreón. La manifestación más numerosa fue en la metrópoli lagunera. No hay antecedente de una expresión así en la residencia del Gobernador, een cuya fachada se colocaron carteles con diferentes demandas e incluso una con la leyenda “#Coahuila Digno. No al fraude electoral”.

La Casa de Gobierno, en la colonia Torreón Jardín, fue habilitada como tal en el sexenio de Eliseo Mendoza Berrueto para ahorrarle gastos al Estado en hospedaje y renta de oficinas. El edificio se abrió a todos los sectores, sin excluir a los críticos de la Administración, los cuales hoy se manifiestan en la calle para pedir “diálogo, no hermetismo en la Ley Anticorrupción”.

07 Julio 2017 04:00:00
Drama en cinco actos
El PRI impuso su maquinaria y la alternancia en Coahuila deberá esperar otro sexenio, a menos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anule los comicios para Gobernador y ordene al Congreso local convocar a extraordinarios. Sometido a presión social, política y mediática, y bajo la vigilancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), el TEPJF tiene hasta el 30 de noviembre para resolver la impugnación del Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC). En 2005, cuando el PAN interpuso el mismo recurso contra Humberto Moreira, la Sala Superior lo confirmó como Gobernador electo el 23 de noviembre, una semana antes de su toma de posesión.

Las elecciones del 4 de junio fueron un drama en cinco actos cuyo final se escribirá en el TEPJF:

I) Castigo a medias. Coahuila votó por primera vez por un gobierno dividido. El PRI tendrá 10 asientos en la próxima legislatura y las oposiciones 15; 12 corresponderán a la alianza PAN-UDC, dos a Morena y uno al PRD. Los partidos Joven, Socialdemócrata, Campesino Popular y Revolucionario Ciudadano, satélites del PRI, perdieron su registro al no obtener el 3% de la votación. Primero Coahuila, aliado del PAN en las pasadas elecciones, tampoco pudo conservarlo. El Verde, el PT, el Panal, Movimiento Ciudadano y el PES perdieron el financiamiento por la misma causa.

II) Triunfo pírrico. La victoria de Miguel Riquelme, por una diferencia de apenas 2.4% sobre Guillermo Anaya, candidato de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila (PAN, UDC, Encuentro Social y Primero Coahuila), está sujeta a la confirmación del TEPJF. El FDC impugnó el resultado por diversas irregularidades.

III) Árbitro vendido. Las elecciones más competidas de la historia estuvieron a cargo de un Instituto Electoral de Coahuila (IEC) inepto y adicto al PRI y al Gobierno, al menos en los casos de la presidenta Gabriela de León y los consejeros Alejandro González y Gustavo Espinosa. De nada sirvió que el Instituto Nacional Electoral (INE) designara a los Organismos Públicos Electorales Locales (Oples, reemplazos de los institutos estatales) en vez de los gobernadores. El cambio resultó incluso peor, pues en nombre del INE se cometieron desmanes a la vista de todo el mundo. La mayoría de las casillas abrió tarde, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) fue manipulado y el IEC dio por ganador al candidato del PRI cuando aún faltaba de computar el 28% de las casillas.

IV) Primavera democrática. La ciudadanía acudió masivamente a las urnas por la expectativa de cambiar de partido después de 88 años de gobiernos priistas. Pero cuando el resultado no reflejó la intención de su voto y afloraron las irregularidades, solapadas por el IEC, decenas de miles de coahuilenses –convocados a través de las redes sociales– tomaron las calles pacíficamente para protestar contra el “fraude electoral” y exigir nuevas elecciones. La Marcha por la Dignidad en Saltillo fue la más numerosa en la historia de Coahuila. La capital rompió el muro de la indiferencia; y

V) Observación internacional. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ofreció seguir en el TEPJF el caso de Coahuila y dijo confiar en que el tribunal actuará “conforme a derecho”. El diplomático se reunió con Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, líderes del PAN y el PRD, en el marco de la 47 asamblea general del organismo celebrada en Cancún del 19 al 21 de junio. También recibió a Enrique Ochoa, presidente del PRI y al gobernador electo Miguel Riquelme, pero sobre esa entrevista no hizo ningún comentario
05 Julio 2017 04:00:00
El suicidio del IEC
El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se pegó un tiro en la sien; de haber sido en un pie habría quedado cojo, pero no tieso. Gabriela de León, Alejandro González y Gustavo Espinosa cumplieron con el PRI y el Gobierno, pero en la prueba de fuego mandaron al diablo a la institución. El IEC resultó peor que el IEPC de Leopoldo Lara, una de cuyas tareas consistía en proveer de chicharrón las fiestas del príncipe.

Cuatro días después de las elecciones, Carlos Puig tituló su columna con una frase irrefutable: “Moreira y el PRI mandan a Coahuila a 1988… en 2017”. El periodista observa: “Decía Ignacio Marván en estos días de debates y discusiones que, sin minimizar el cochinero de las elecciones en el Estado (…) lo de Coahuila sí era un retroceso que le hacía recordar 1988” (Milenio, “Duda razonable”, 08.06.17).

En 1988 el sistema de cómputo se apagó cuando Cárdenas aventajaba a Carlos Salinas. En Coahuila, 29 años después, el PREP cerró cuando Guillermo Anaya iba arriba por 2 puntos. Puig recuerda cómo, en el 88, Manuel Clouthier, Cárdenas y Rosario Ibarra repudiaron aquella elección, y cómo ahora, en Coahuila, los candidatos opositores protestan “juntos por lo que consideran un enorme fraude electoral para favorecer a la coalición del priista Miguel Riquelme”.

Puig habla del caos del 4 de junio: “el PREP fue lentísimo, el conteo rápido también”. Incluso pudo ver “muchos videos y audios que ciudadanos y simpatizantes de esos partidos (PAN y Morena) concentraban en un chat sobre el inicio del conteo oficial de votos en Coahuila. Y sí, sí parecía más 1988 (…) que 2017. Paquetes de boletas abiertos cuando llegan al conteo, casillas zapato en zonas urbanas, sí, como antes, urnas con más boletas que las que se entregaron en la casilla el día de la votación… cochinero a la antigüita. Como operación ratón loco y aquellas cosas de los 80 y 90”.

“Duda razonable” cierra con una advertencia: “En 1988 el país era otro. Las protestas de todos contra el PRI no tuvieron efecto. Carlos Salinas gobernó seis años. Mal haría el PRI, el gobernador Moreira y el Gobierno federal en creer que eso mismo puede suceder ahora. Peor haría el INE cerrando los ojos o haciendo mutis”.

Uno de los videos aludidos por Puig pudo ser el de Lydia Irasema Dante, sorprendida en una tienda de conveniencia con 21 paquetes electorales, los cuales transportaba en un auto sin placas. La mujer portaba un chaleco del INE. Quizá el periodista ignore que Dante no es capacitadora del INE, sino auxiliar jurídico del Ayuntamiento de Torreón y militante del PRI. La mujer y las boletas fueron “rescatadas” por Fuerza Coahuila (Reforma, 21.06.17). Un día después, el mismo diario publicó una fotografía de varias jóvenes con Miguel Riquelme. Lydia es una de las más sonrientes y entusiastas.

Luis Carlos Plata, columnista de Vanguardia, reveló días después, en su cuenta de Twitter, que Ricardo de León, padre de la presidente del IEC, es director de Verificación de Obra Pública y Programas Sociales de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.

El 23 de junio, el excandidato independiente a la Alcaldía de Piedras Negras, Lorenzo Menera, exhibió en Facebook paquetes electorales y boletas marcadas a favor de la UDC y Guillermo Anaya abandonadas en las oficinas de la Procuraduría en Ciudad Acuña, a donde entró sin permiso. El procurador Homero Ramos informó que el material forma parte de una investigación. Sin embargo, pruebas relevantes de unas elecciones impugnadas deberían estar bajo custodia, y no en la basura.
04 Julio 2017 04:00:00
Náusea poselectoral
Una sensación de náusea invade al estado y provoca arcadas conforme surgen nuevas evidencias de un posible fraude en las elecciones para gobernador del 4 de junio, denunciado por el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC). Juntos en la derrota, Guillermo Anaya (PAN, UDC, Primero Coahuila y PES), Armando Guadiana (Morena), José Ángel Pérez (PT), Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas (independientes) hicieron lo que su arrogancia y cortedad de miras no les permitió como candidatos: unirse y admitir que sólo así podrían vencer a la maquinaria del PRI dispuesta a todo para retener el poder y proteger a quienes lo han detentado en los 12 últimos años.

El 5 de junio, horas después de que el servil Instituto Electoral de Coahuila (IEC) declarara ganador a Miguel Riquelme, un militante del PRI, miembro de una de las dinastías políticas del estado, me hizo llegar este mensaje: “Lamentable q el ego de Armando Guadiana y de Nicte esposa de Javier G impidió sacar al Pri Moreira de Coah. Quedaremos como los habitantes mas cobardes y comprados del país (sic)”. Críticas así y otras aún más subidas de tono escuché antes, durante y después de las elecciones. Mas por la forma como se organizó el proceso, literalmente era imposible ganarle al PRI; y aun así estuvo a punto de perder.

Ciudadanos y políticos entendieron que no era tiempo de recriminaciones. Los líderes de oposición captaron el momento y actuaron rápido para impedir que en el imaginario colectivo arraigara la idea de que el triunfo del PRI era un hecho consumado. Organizados en el FDC, convocaron a la primera Marcha por la Dignidad, en Saltillo, el 6 de junio. La más exitosa y concurrida en la historia; no sólo de Coahuila, sino del norte de México. Ningún Gobierno, candidato, partido o coalición, incluidas las del PRI y el PAN, pueden reunir a gente de todos los estratos, a lo largo de varios kilómetros, como ocurrió en la capital dos días después de las elecciones. Decenas de miles de personas indignadas clamaron a voz en grito: “¡No al fraude electoral!”, “¡Fuera los Moreira!”, “¡Entiende, Riquelme, Coahuila no te quiere!”, “¡Anaya gobernador, Anaya gobernador!”.

Si ayer los candidatos de oposición desdeñaron las peticiones públicas y privadas para subordinar proyectos y ambiciones personales al interés del estado y organizar un frente común contra el PRI y los Moreira, como condición inexcusable para asegurar la alternancia en el estado, hoy las circunstancias les ofrecen la oportunidad irrepetible de reconciliar la política con la sociedad y proyectar nuevas formas de relación entre el poder y la ciudadanía, al margen de si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revalida el triunfo del PRI u ordena al Congreso local llamar a nuevas elecciones. Coahuila necesita una gran reforma político-electoral para adaptarse a las nuevas condiciones.

El mensaje ciudadano del 4 de junio fue de cambio, no de continuidad; de repudio a la corrupción, al nepotismo, al tráfico de influencias, a la simulación, a la injusticia y a la complicidad de las autoridades electorales con el Gobierno y su partido. La victoria del PRI en las elecciones para gobernador fue pírrica, de apenas 2.4% sobre el PAN, y devendrá en derrota si el TEPJF la invalida. Los Moreira planeaban ejercer el poder indefinidamente, pero el modelo se agotó. Los candidatos de oposición fueron arrogantes, es cierto, pero la soberbia del clan ha sido mayor. La alternancia en Coahuila aún no está cancelada.
03 Julio 2017 04:00:00
Frente por la Dignidad
Movimientos como el del Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), incitados por elecciones cuestionadas o descaradamente fraudulentas, en las cuales Gonzalo N. Santos se regodea en sus “Memorias” –libro al parecer de cabecera de los líderes del “nuevo” PRI–, se extinguen por agotamiento social y por el vacío de los medios de comunicación. Sin embargo, esos episodios forjaron próceres modernos cuya aportación a la democracia es invaluable. En San Luis Potosí, Salvador Nava afrontó el cacicazgo del Alazán Tostado como Santos era conocido. En Chihuahua, Luis H. Álvarez sentó las bases de las primeras alternancias (estatal y nacional). En Coahuila hizo lo mismo Edmundo Gurza Villarreal, padre del diputado Luis Gurza Jaidar, utilizado por el PRI para defender el Sistema Estatal Anticorrupción. El cachorro no tuvo valor para cambiar de chaqueta antes de la muerte de su padre.

La fuerza de aquellos liderazgos cívicos, de derecha e izquierda, era moral. Para Gonzalo N. Santos, como, por lo visto, también para las actuales generaciones de todos los partidos, la moral “es un árbol que da moras”. He ahí el drama del país: la política como el medio más fácil, cómodo e inmediato para improvisar fortunas. El descaro y la impunidad han llegado a extremos inauditos. Javier y César Duarte, Roberto Borge y Humberto Moreira forman parte de la misma panda. Amigos, protegidos y hasta hace poco presumidos por el presidente Peña como los nuevos líderes del PRI.

Cuando su marido perdía una elección, doña Hermelinda Jaidar me acusaba con dedo flamígero de “ser cómplice del PRI-gobierno”. Yo sólo era reportero. En 1978 las cosas empezaron a cambiar. Edmundo Gurza estuvo a punto de ganar –o quizá ganó– la Alcaldía de Torreón. El gobernador Flores Tapia “entregó” Monclova al PAN, cuyo candidato había sido Carlos Páez Falcón, pero no Torreón. El clima se tensó a tal grado que el Ejército custodió la toma de posesión de Homero del Bosque, quien resultó ser buen alcalde.

Gurza encabezó un movimiento de resistencia civil con marchas bastante concurridas y un plantón frente a la Presidencia Municipal, levantado en un operativo a cargo del jefe de Seguridad Mario Guerra. Al subirlo con violencia a una patrulla celular, un agente (hoy sería de Fuerza Coahuila) cerró la puerta y le fracturó una pierna. Un año después, el PAN ganó, con Juan Antonio García Villa, la diputación federal por Torreón, y Gurza un asiento de representación proporcional desde el cual interpeló al presidente López Portillo en su tercer informe: “¡Miente, en Coahuila no hay democracia!”.

Hoy tampoco hay líderes de la talla de Gurza, cuya réplica, 38 años después, es justamente la del FDC por el atropello del 4 de junio. Los movimientos poselectorales son tensos, difíciles y desgastantes, pero no inútiles. Basta repasar la historia. Sin el tesón de Salvador Nava, Luis H. Álvarez, Edmundo Gurza y otros de su temple, la democracia habría tardado más tiempo en llegar. El FDC afronta algunos de los obstáculos del pasado caciquil y antidemocrático al que hemos sido empujados desde Los Pinos. Sin embargo, para mantener alta la moral de quienes apoyan su causa, cuenta con una herramienta de la cual no se disponía en el siglo pasado: las redes sociales y la simpatía de un importante sector de la prensa nacional. Existen suficientes causales para anular las elecciones de gobernador, pero si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve lo contrario, el FDC debe mantenerse unido para futuras batallas.
01 Julio 2017 03:00:00
Exorcismo en Los Pinos
El tema de las escuchas ilegales volvió a poner al presidente Peña Nieto en el ojo del huracán. En la nueva edición del bisemanario Espacio 4, el reportero Gerardo Moyano hace el siguiente recuento:

“Insultante”, “indignante”, “amenazante”, “patético”, “abuso de poder”, “dictadura”, “hostigamiento sistemático”, “mecanismo de intimidación”, “mente cochambrosa”, figuran entre los calificativos que rondan al presidente Enrique Peña Nieto por el escándalo de espionaje a periodistas y activistas que sacude a su Gobierno.

“Sin embargo, han sido sus propias declaraciones sobre el tema las que han atizado la indignación social y allanan el camino para la alternancia en las elecciones de 2018. En lugar de respetar fuentes de renombre como The New York Times, Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Social Tic y la Universidad de Toronto, las cuales documentaron los ataques del programa Pegasus, comprado por el Gobierno mexicano a la empresa israelí NSO Group, o de anunciar una investigación independiente sobre las agencias de seguridad que tienen acceso al software, el Mandatario prefirió amenazar a quienes han levantado ‘falsos señalamientos’ contra su Administración. Su rectificación no hizo más que agravar la tormenta.

“Peña parece no haber aprendido de los escándalos anteriores que lo han convertido en el Presidente más impopular de la historia de México. Adelantar que ‘no hay pruebas ni las habrá’, deslizar que alguien fuera de su Administración podría ser responsable del espionaje o sugerir que hasta él mismo puede ser espiado y que por eso se ‘cuida’ de lo que habla por teléfono, confirman que el Mandatario sigue sin “‘entender que no entiende’” (según el término acuñado por The Economist).

“‘Son escándalos que han derrumbado la imagen perfectamente cuidada que Peña Nieto tuvo como candidato —un político enérgico dispuesto a trabajar en conjunto con otros partidos para modernizar y mover a México— y lo han pintado como un funcionario corrupto que desconoce la realidad que viven los mexicanos. Ese cambio es el resultado, en buena medida, del trabajo de los periodistas mexicanos que develaron los casos (de corrupción) y de los activistas y defensores que no han permitido que sean olvidados’, resume The New York Times (NYT) (19-06-17).

“En el mismo sentido, el director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas, una de las víctimas de los intentos de espionaje, señala: ‘esto me habla de un gobierno que tiene sus prioridades enfermas, que tiene una profunda distorsión de la realidad y que vive en una burbuja, en un universo paralelo’.

“La periodista Carmen Aristegui, quien también fue blanco de los ataques de Pegasus, junto con su hijo Emilio, menor de edad, no dudó en calificar el espionaje como una ‘venganza’ del Gobierno federal por el célebre reportaje de la “casa blanca” de la pareja presidencial, comprada con ventajas a Grupo Higa, el contratista preferido del Gobierno. ‘¿Qué sigue si (Peña) ha llegado al grado de espiar a un adolescente? ¿Qué sigue, Presidente siniestro?’, pregunta Aristegui.

NYT califica a Aristegui como la periodista que más ha dañado la reputación de Peña ‘y pocos han pagado tan caro por haberlo hecho’”. (…)

Moyano concluye que “más allá de las indagatorias, este nuevo escándalo ha despertado todos los fantasmas que acechan a la puerta de Los Pinos. Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, se perfila como el exorcista”.
30 Junio 2017 04:00:00
Espionaje selectivo
La reacción del presidente Peña Nieto al reportaje de The New York Times (TNYT) sobre el espionaje a periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas, por parte de su gobierno, fue tardía y equívoca. No se trata de un desliz ocasional, sino de una falla de comunicación hacia dentro y hacia afuera de Los Pinos y del gabinete desde el principio del sexenio. Cada desatino se convierte en escándalo nacional con repercusiones en el mundo. Dos ejemplos: la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, y la “casa blanca” del Presidente y su esposa, descubierta en noviembre del mismo año.

El Gobierno respondió con negligencia y desatino en ambos casos. En el de los estudiantes, la responsabilidad inicial no era de la administración federal, sino del municipio de Iguala y del estado de Guerrero. El vacío de información, las contradicciones y el ocultamiento de datos generaron una crisis de alcance internacional. La “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República sobre la incineración de los 43 jóvenes fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El GIEI se retiró del país el año pasado sin concluir la tarea de situar el paradero de los normalistas, por la obstrucción del Gobierno.

La investigación de Aristegui Noticias sobre la “casa blanca” también marcó la Presidencia de Peña Nieto y minó severamente su credibilidad. El tema escaló a la prensa de Estados Unidos y de Europa y afianzó la idea de México como país corrupto. La demostración de un caso de conflicto de interés irrefutable, pues la residencia se adquirió a un contratista conocido de Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México, brindaba la oportunidad de reparar la imagen presidencial y del país. Era el momento de corregir el rumbo y de reasumir el liderazgo. Sin embargo, se volvió a tomar la vía equivocada: nombrar a un empleado del Mandatario para investigar la operación con la consigna de cerrarla sin culpables.

Cuando TNYT reveló que entre los objetivos del Gobierno figuran abogados de los normalistas de Ayotzinapa, la periodista Carmen Aristegui, su hijo Emilio y promotores de leyes anticorrupción como Juan Pardinas, presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la reacción no fue de sorpresa. El reportaje confirmó la sospecha de que el Gobierno siempre ha espiado, pero más ahora. Ya no sólo a terroristas y a delincuentes –condición del proveedor del sistema de espionaje–, sino a críticos del Gobierno y a quienes, supone, son un riesgo para el grupo en el poder.

Meses después del reportaje sobre la “casa blanca”, Aristegui y su equipo fueron despedidos de MVS por suscribirse a la plataforma de MexicoLeaks sin consultarlo con la empresa. Ese fue el pretexto. Pedro Ferriz, otro crítico de Peña Nieto, renunció a Imagen Radio tras la filtración de conversaciones y videos con su presunta pareja sentimental. El 23 de mayo, una decena de organizaciones civiles abandonaron el secretariado técnico tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto. “El espionaje dirigido a defensores de derechos humanos y el incremento súbito de las amenazas a la libertad de expresión aumentan la desconfianza e impiden un diálogo entre pares con el Gobierno”, denunciaron.

El presidente Peña dice que su gobierno es “democrático” y “respeta y tolera las voces críticas”. La realidad, sin embargo, lo desmiente.
28 Junio 2017 04:00:00
Las señales del INE
El talón de Aquiles de Miguel Riquelme –además del encono social por el desaseo de los comicios del 4 de junio, la acusada parcialidad e incompetencia del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en todas las etapas del proceso y la manipulación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)— es el margen de su victoria. Treinta mil votos lo separan del excandidato del PAN Guillermo Anaya. En 2005, Humberto Moreira superó a Jorge Zermeño por más de 172, y en 2011 Rubén Moreira al mismo Anaya por casi 300 mil.

Humberto Moreira ganó la Gubernatura con una ventaja de 21% y su hermano Rubén la aumentó a 25%, 10 veces más que la obtenida por Riquelme (2.4%) según el IEC. El PAN y las fuerzas de oposición agrupadas en el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) impugnaron el triunfo del priista por haber gastado más de lo permitido por la ley en su campaña, entre otras causas. Una elección se puede anular cuando el tope se exceda en 5% y cuando la diferencia entre los dos primeros lugares sea menor de cinco puntos. La primera deberá determinarla el Instituto Nacional Electoral (INE) y la segunda ya existe.

Las elecciones salieron del ámbito local y ahora forman parte de la agenda nacional. Según analistas, observadores, académicos y líderes políticos, la regresión de la democracia en Coahuila es mayor incluso a la del Estado de México, donde el Gobierno del presidente Peña Nieto volcó recursos y estructuras para imponer a Alfredo del Mazo.

Para el periodista y escritor Eduardo R. Huchim, ambas elecciones deben ser anuladas “y sus supuestos ganadores, Alfredo del Mazo y Miguel Riquelme, no deben participar en los comicios extraordinarios, como lo establece la Constitución. (…) porque en ambos estados se han cometido violaciones graves, dolosas y determinantes (…) atribuibles a los partidos que postularon a esos candidatos y a los gobiernos federal, mexiquense y coahuilense”. (Nulidades Necesarias, Reforma, 10.06.17.)

“(…) en Coahuila se dio la contradicción de los resultados de conteo rápido que favorecían al candidato panista, Guillermo Anaya, con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que estaba dando ventaja al priista Miguel Riquelme. Sin embargo, cuando se llevaba registrado el 72% de las actas, el flujo debió detenerse por inconsistencia y falta de las copias del PREP del escrutinio de casillas (erróneamente depositadas dentro de los paquetes electorales y no fuera), pero era claro que en el cómputo todo podía resolverse. Entonces irrumpió la violación y manipulación del contenido de los paquetes electorales, presuntamente a cargo de policías estatales (…) y de ese modo se arruinó la posibilidad de saber con certeza quién había ganado la elección”.

Huchim advierte que “si fuera necesario presumir quién fue el ganador real, habría que acreditar la victoria al panista, porque este obtuvo mayoría en el conteo rápido, un ejercicio que normalmente es preciso y guarda concordancia con los resultados reales, porque se basa en una muestra de las cifras del escrutinio en casillas. En cambio, el PREP daba ventaja al priista, pero nunca se concluyó, si bien el cómputo viciado lo favoreció”.

En la disyuntiva de exponer de nuevo el Estado de México o repetir las elecciones en Coahuila, ¿por cuál optaría el presidente Peña Nieto? La respuesta es obvia. El INE repentinamente se puso estricto y empieza a dar señales de anulación.
27 Junio 2017 04:00:00
El túnel de la duda
El triunfo del PRI en las elecciones para gobernador pende de un hilo. Si el Tribunal Electoral del Estado (TEE) no lo anula, como demandan el PAN, Morena, el PT y los candidatos independientes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá en definitiva si Miguel Riquelme es el próximo gobernador u ordena al Congreso local convocar a nuevas elecciones. En 2005, el TEPJF ratificó la constancia de mayoría de Humberto Moreira una semana antes de su toma de posesión.

El TEPJF desechó las impugnaciones para anular la elección de Moreira debido a la fragilidad e inconsistencia de las pruebas aportadas por el PAN y el PRD (actos anticipados y rebase de gastos de campaña, promoción de obras del Gobierno, uso se símbolos religiosos, compra de votos, alteración de paquetes electorales, extracción de boletas e intervención del sindicato magisterial). En el juicio pesó más el oficialismo de RCG, la cobertura desmesurada del “Moreira Channel” a la campaña del PRI y las denostaciones al candidato del PAN, Jorge Zermeño.

El TEPJF “dio vista” de las irregularidades de RCG a la Secretaría de Gobernación para “los efectos legales conducentes”. Fiel soldado del PRI y del Gobernador de turno, el consorcio de Roberto Casimiro González Treviño fue generosamente compensado por los servicios prestados en campaña, no obstante haber puesto en riesgo la elección de Moreira. Aunque todavía tiene acceso al poder y a los negocios, ya no es tan impune. Su imperio está en decadencia.

Según el periódico San Antonio News Express, autoridades de Estados Unidos investigan a González Treviño desde hace varios años por su presunta participación en una red de lavado de dinero robado de las arcas del estado en la administración de Humberto Moreira, de quien habría sido socio en varias empresas. El 20 de noviembre pasado, el Ejército cateó la residencia de González Treviño en Saltillo por una investigación vinculada a Alfredo “El Mono” Muñoz Luévano, uno de los líderes del cártel de los Zetas.

“El Mono” fue detenido el 18 de marzo de 2016 en España por lavado de dinero y delincuencia organizada. En los próximos meses será extraditado a Estados Unidos donde Humberto Moreira –denunciado ante una Corte de Texas de vender protección a los Zetas durante su gobierno– afronta los mismos cargos. El 15 de enero de 2016, la Policía Nacional detuvo al exlíder del PRI en el aeropuerto de Barajas por órdenes de la Fiscalía Anticorrupción, acusado de blanqueo de dinero, malversación de fondos, cohecho y organización criminal, según informó el periódico El Español. Moreira salió libre una semana después y regresó a México.

¿Qué salvó a Moreira en 2005 de las impugnaciones del PAN y el PRD para sumir después a Coahuila en la peor crisis financiera y de seguridad, así como en el mayor descrédito de su historia? Las urnas, donde aventajó a Jorge Zermeño por 172 mil 152 votos. Las irregularidades revisadas por el TEPJF eran insuficientes para anular la elección y el impacto de RCG en la intención de voto tampoco se determinó. Sin embargo, “los integrantes de la Sala Superior coincidieron en la relevancia que están jugando los medios de comunicación en los procesos electorales”.

Hoy –a diferencia de 2005– legiones de coahuilenses protestan en las calles y a través de las redes sociales por el “fraude electoral”. El Gobierno de Rubén Moreira, el PRI y Miguel Riquelme entraron en el túnel de la incertidumbre con la espada sobre sus cabezas y sin un aliado como Eloy Fuentes en el TEPJF.
26 Junio 2017 04:00:00
Escenarios inéditos
La posibilidad de convocar elecciones extraordinarias para gobernador, luego de haberse impugnado las del 4 de junio, abre escenarios inéditos. Si el Tribunal Electoral del Estado confirma el triunfo del priista Miguel Riquelme, el PAN y las fuerzas agrupadas en el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos tiempos no los marcan los partidos. En el año 2000, la Sala Superior anuló la constancia de mayoría de Manuel Andrade (PRI) dos días antes de su toma de posesión y ordenó celebrar nuevos comicios.

El Código Electoral de Coahuila advierte:

“Artículo 21. Cuando se declare nula una elección (…) la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los noventa días siguientes a la declaración de la misma” (inciso 1).

“En ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el partido político que hubiere perdido su registro con anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse. No obstante, podrá participar en una elección extraordinaria, el partido político que hubiese perdido su registro, siempre y cuando hubiera participado con candidato en la elección ordinaria que fue anulada. En su caso si se anula una elección por causa imputable a un candidato independiente este no podrá participar en el proceso electoral extraordinario” (Artículo 22, inciso 3).

Si el TEPJF repone las elecciones del 4 de junio (como sucedió en Tabasco en 2000 y en Colima en 2003 y 2015) y se convoca a votaciones extraordinarias para después del 1 de diciembre, el Congreso deberá nombrar gobernador interino. El último que se designó bajo esa figura fue Francisco José Madero, por la renuncia de Óscar Flores Tapia, pero entonces ya habían pasado las elecciones en las cuales resultó electo José de las Fuentes.

En caso de que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) ratifique el triunfo de Riquelme, el FDC llevará hasta la última instancia su demanda de invalidarlo. El TEPJF resolverá si da luz verde al priista para asumir el cargo el 1 de diciembre próximo o anula la elección y ordena al Congreso local –de mayoría priista– llamar a nuevas elecciones en los siguientes 90 días. El FDC pide desde ahora que las votaciones las organice el Instituto Nacional Electoral (INE).

Otro escenario es que, tras las pifias e incompetencia del Instituto Electoral de Coahuila, una parte o la totalidad del consejo general sea removido y algunos de sus miembros sometidos a juicio como ocurrió en Chiapas por otros motivos (la adulteración de la lista nominal para favorecer a un candidato a diputado migrante). El menoscabo a la confianza y credibilidad del IEC, por su parcialidad en todo el proceso comicial y el caos en la jornada más sucia y cuestionada de la historia, es irreparable.

El TEE también está en el centro de la polémica. La Sala Regional del TEPJF, con sede en Monterrey, le revocó varias resoluciones favorables al PRI y sus aliados, aceptadas previamente por el fallido Instituto Electoral de Coahuila. En 2005, el TEE avaló la elección de Humberto Moreira, impugnada por Jorge Zermeño, y el tribunal federal la ratificó. Las cosas ahora son distintas por el malestar ciudadano, las irregularidades denunciadas por el PAN y el PRD ante la OEA y la presión de los medios de comunicación del país.
24 Junio 2017 04:08:00
Epidemia de violencia
En México la violencia de género se ha convertido en epidemia. La ausencia de estado de derecho, la venalidad del Ministerio Público y los vicios del aparato de justicia, así como el dominio de gobiernos machistas e insensibles a esa realidad –a escala federal y local– ahondan el fenómeno y exponen más a las mujeres. Las víctimas son, por desgracia, cada vez de menor edad. El tema lo aborda el periodista Édgar London en la nueva edición del bisemanario Espacio 4:

“La situación de las mujeres en México cada día se torna más angustiante. Son víctimas constantes de violencia laboral y doméstica, usadas como objetos desechables y desatendidas por las autoridades –hombres en su mayoría– cuando van a imponer una denuncia. No es de extrañar entonces que las agresiones en su contra se incrementen hasta hacer del feminicidio una práctica común en muchas regiones del país.

“La respuesta de los poderes judiciales para sancionar y reparar estos hechos continúa siendo deficiente, lo que ocasiona que se pierda la confianza en las autoridades. El Observatorio Nacional Contra el Feminicidio ha estimado que 60% de los casos de feminicidio en el país quedan impunes.

“El asesinato de mujeres en México cobró notoriedad internacional en 1993, cuando se comenzaron a denunciar públicamente los casos de mujeres ultimadas en Ciudad Juárez. Hoy el protagonismo lo lleva otra entidad, el Estado de México, donde fue gobernador el presidente Enrique Peña Nieto y que actualmente muestra los peores índices de feminicidio en toda la nación.

“La pasividad de las autoridades nacionales contrasta con el interés y dinamismo que muestran las instancias internacionales. Fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que en 2009 condenó al Estado mexicano por ser incapaz de garantizar el derecho a la vida a las mujeres. Al emitir una sentencia histórica sobre el caso de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en 1993, el organismo concluyó que el Estado violó los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad personal, entre otras garantías individuales, de estas mujeres, y denegó el acceso a la justicia a los familiares. La Corte demandó a México conducir eficazmente el proceso penal, remover los obstáculos en la investigación de los hechos y realizarla con perspectiva de género.

“El problema es que detrás de cada feminicidio se oculta una cultura de discriminación, de misoginia que requiere altas dosis de cultura y educación que el Gobierno no es capaz de brindar.

“Para Rosario Varela Zúñiga, maestra investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAdeC y experta en temas de género, en los hechos se mantienen los mismos paradigmas como que la mujer es la encargada de cuidar el hogar, lo que genera violencia y a la postre genera choques entre los roles del hombre y la mujer que pueden terminar en agresiones.

“A su juicio, la violencia contra la mujer no tiene una sola explicación, pero sí una constante: son vistas como inferiores, lo que vulnera su integridad y las vuelve objetos, en lugar de sujetos. ‘Ser mujer es como estar disponible para los deseos y caprichos. Muchos hombres detentan una posición de poder que les da la sociedad y la mayoría se cree con esa condición y practica una masculinidad hegemónica’”, afirma.
23 Junio 2017 04:00:00
Elecciones anuladas
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sólo ha anulado tres elecciones para gobernador (una en Tabasco y dos en Colima), todas al PRI. En los tres casos, la Sala Superior confirmó la intromisión de los gobernadores y ordenó celebrar comicios extraordinarios, los cuales volvió a ganar el PRI con los mismos candidatos. Sin embargo, la mayoría de las impugnaciones no ha prosperado. En los últimos años, el TEPJF confirmó los triunfos del PRI en Michoacán y Oaxaca.

Si los tribunales locales ratifican la victoria de Miguel Riquelme en Coahuila y de Alfredo del Mazo en Estado de México, donde el PAN, Morena y otros partidos piden anular las elecciones por el uso de recursos públicos y programas oficiales, la compra masiva de votos, la injerencia de los gobernadores Rubén Moreira y Eruviel Ávila y el exceso en gastos de campaña, las impugnaciones llegarán al TEPJF. Uno de los argumentos de Acción Nacional y sus aliados del Frente por la Dignidad de Coahuila es la participación del Instituto Estatal Electoral en un supuesto fraude.

La primera elección invalidada por el TEPJF fue en Tabasco, en el año 2000. El candidato del PRI, Manuel Andrade, impuesto por el gobernador Roberto Madrazo, venció el 15 de octubre al perredista César Raúl Ojeda por un margen de apenas 0.09%. El primero obtuvo 288 mil 860 votos y el segundo 281 mil 705. Impugnada por el PAN y el PRD, el TEPJF dejó sin efecto la constancia de mayoría de Andrade, pues la intrusión de Madrazo alteró el principio de equidad.

Las elecciones extraordinarias se celebraron 10 meses después (el 5 de agosto de 2001) y Andrade venció a Ojeda por más de 4 puntos. Andrés Granier, sucesor de Andrade, purga prisión desde junio de 2013 por malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y otros delitos. Un factor determinante para encarcelar a Granier fue la alternancia. El PRI perdió Tabasco en 2012 con Arturo Núñez (PRD).

La siguiente elección anulada se registró en Colima en 2003. Las autoridades locales dieron la victoria a Gustavo Vázquez, pero el TEPJF halló elementos para invalidarla. El gobernador Fernando Moreno desvió recursos públicos para hacer ganar al PRI por 7 puntos sobre el PAN. En las extraordinarias la diferencia se redujo a 4 puntos, pero Vázquez sólo pudo gobernar un año. El 24 de febrero murió en un accidente aéreo junto con varios de sus colaboradores. Colima volvió a celebrar elecciones en 2005. El priista Silverio Cavazos obtuvo la victoria por una diferencia de menos de 4 puntos.

En 2015, las elecciones en Colima tuvieron un final de fotografía. José Ignacio Peralta (PRI) aventajó apenas por 503 votos al panista Jorge Luis Preciado. Acción Nacional impugnó el resultado. El TEPJF lo anuló por un video donde el secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar, da línea, en nombre del gobernador Mario Anguiano, por el candidato del PRI. Peralta ganó las extraordinarias por un margen de 3.7%.

Las irregularidades del 4 de junio en Coahuila y Estado de México son aún más graves que las cometidas en Tabasco y Colima. El 23 de diciembre de 2016, Reforma difundió un audio donde el entonces secretario estatal de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes, instruye a empleados de la dependencia para apoyar al candidato del PRI. Sin embargo, la impugnación del Frente por la Dignidad de Coahuila para anular la elección se basa en faltas de más peso.
21 Junio 2017 04:00:00
Escenario de crisis
El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) da por sentada la anulación de las elecciones para gobernador, impugnadas el miércoles pasado, pero admite que la lucha será ardua y tardará meses. En la quinta Marcha por la Dignidad, celebrada en Monclova, el FDC destapó a Guillermo Anaya como candidato único para el proceso extraordinario. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe ordenar primero al Congreso local convocar nuevas elecciones.

Sobre el pronunciamiento de Armando Guadiana (Morena) y José Ángel Pérez (PT) con respecto a la candidatura única, Javier Guerrero aclaró: “Voy a continuar con toda energía y emoción en las acciones del Frente por la Dignidad de Coahuila. (…) Cuando se llegue el momento tomaré la decisión atendiendo a los escenarios político electorales. (…) en ningún momento de las reuniones del equipo y encuentros privados de los integrantes del FDC se ha tocado el tema de una eventual candidatura única a favor de Anaya o de ningún otro candidato o integrante del frente”.

Las marchas en Saltillo, Torreón, Acuña y Monclova han movilizado a más de 150 mil personas contra el supuesto fraude electoral, la parcialidad del IEC y la manipulación del PREP en beneficio del PRI. Las elecciones salieron del ámbito estatal y ahora forman parte de la agenda nacional. Coahuila es el laboratorio para las elecciones presidenciales de 2018, declaró Diego Fernández en entrevista con Carlos Puig.

El PRI y su candidato a gobernador Miguel Riquelme insisten en la licitud de su victoria, así haya sido de apenas 2.4 puntos por encima Guillermo Anaya, de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. También están seguros de vencer al PAN y a sus aliados en el TEPJF. Sin embargo, en ambiente político y social dice otra cosa.

El mensaje de Anaya, aspirante por segunda vez al Gobierno del Estado, es consistente: “Somos y seremos la peor pesadilla de este sistema corrupto. Nada ni nadie nos va a detener, esto apenas inicia (…) que a nadie le quede duda, vamos a recuperar la victoria”.

En un video titulado “#MemoMiente”, publicado en redes sociales, Iván Garza, vocero para la defensa legal de la coalición Por un Coahuila Seguro y funcionario del Gobierno del Estado, refuta los argumentos de Anaya para impugnar la elección de gobernador. La réplica del PRI ocurre horas después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se refirió a las elecciones de Coahuila y pidió al TEPJF resolver el caso conforme a derecho.

El conflicto poselectoral en Coahuila ha escalado alturas insospechadas. Por si no bastara, la investigación del New York Times sobre el espionaje sistemático del gobierno de Enrique Peña Nieto contra periodistas críticos (Carmen Aristegui y Carlos Loret), defensores de los derechos humanos (Mario Patrón, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer), activistas contra la corrupción (Juan Pardinas y Alejandra Zapata) y promotores de la salud (Luis Manuel Encarnación y Simón Barquera), en plena asamblea general de la OEA en Cancún, ocurre en uno de los momentos de mayor encono y agitación nacionales y es el inicio de una nueva crisis para un Presidente repudiado por la mayoría de los mexicanos. La circunstancia exige liberar presión. ¿Será en Coahuila?
20 Junio 2017 04:00:00
El mensaje de Almagro
La elección de gobernador impugnada el miércoles pasado por el Frente por un Coahuila Digno (FCD) debido a vicios e irregularidades en el proceso, llegó hasta la Organización de Estados Americanos (OEA). En el marco de la 47 asamblea general del organismo, iniciada ayer en Cancún, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, se reunió en la víspera con el secretario general, Luis Almagro, para solicitar la atención de la OEA sobre el caso Coahuila.

En la entrevista se acordó establecer “un canal de comunicación para mantener informada a la OEA sobre el desarrollo” del proceso de impugnación, dice el PAN en un comunicado. En la reunión con Almagro participaron también el candidato de Acción Nacional al gobierno del estado, Guillermo Anaya, y el coordinador de Asuntos Internacionales del CEN, Marco Adame.

El líder panista recurrió a la diplomacia para, de alguna manera, comprometer al secretario de Relaciones Exteriores del expresidente uruguayo José Mujica. Reconoció el “destacado liderazgo democrático de Luis Almagro” y el “papel relevante que ha desempañado la OEA ante la severa crisis humanitaria y política por la que atraviesa Venezuela”. También reiteró “su solidaridad y respaldo total a los esfuerzos internacionales para restablecer la vida democrática en ese país”.

En el tema de Coahuila, el presidente del PAN y su candidato al Gobierno “expusieron con detalle el cúmulo de graves irregularidades ocurridas durante el proceso electoral para renovar la Gubernatura del estado de Coahuila, mismas que han sido abundantemente documentadas”, dice la nota.

Asimismo, manifestaron “al secretario general de la OEA las razones de la impugnación interpuesta ante los tribunales competentes, no únicamente por el PAN, sino por los cinco candidatos que hoy integran el Frente por un Coahuila Digno… (y) ante el riesgo de que estas prácticas antidemocráticas se repitan en la elección presidencial del próximo año, fue solicitada una misión de observadores electorales, no sólo durante la jornada, sino durante todo el proceso electoral que dará inicio en septiembre de este año”.

Mientras Almagro conversaba por separado con los líderes nacionales del PAN y el PRD sobre el caso Coahuila, la presidenta del IEC, Gabriela de León, recurría al sarcasmo para ocultar su incompetencia olímpica. En un comunicado, desmiente tener “prueba contundente de algún paquete alterado, de alguna bodega alterada, de algún paquete violentado. (…) A dos semanas de la elección todo mundo habla de paquetes violados y de ovnis que aparecieron en la plaza de no sé dónde”.

En conferencia de prensa con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, Almagro se tomó las cosas en serio. No habló de objetos voladores no identificados, sino de la preocupación del PAN y el PRD sobre las elecciones en Coahuila. “Nos pusieron en conocimiento de determinadas prácticas que nosotros pensábamos desterradas del sistema político y electoral, específicamente en ese estado”.

El juicio contra la victoria del PRI se resolverá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual tampoco goza de la mejor reputación después de las elecciones presidenciales de 2012. La “plena confianza” de Almagro en que el TEPJF actúe “conforme a derecho”, y de que haga “prevalecer el derecho electoral y el derecho de los partidos en la participación, de una manera fuerte y definitiva”, es un mensaje que el presidente Peña Nieto no puede evadir.
19 Junio 2017 04:00:00
Mentís al triunfalismo
La conseja según la cual “en Saltillo nunca pasa nada” fue sepultada el 5 de junio cuando 50 mil personas o más desfilaron pacífica y resueltamente en contra del supuesto fraude electoral maquinado para imponer al candidato del PRI Miguel Riquelme como sucesor de Rubén Moreira y de la eventual extensión de su clan otros seis años para completar 18. Una eternidad insoportable, excepto para sus beneficiarios.

La manifestación superó las expectativas más optimistas, sobre todo por el corto lapso entre su convocatoria y su realización 24 horas después. El Gobierno del Estado y el PRI, al principio, le restaron importancia. Expertos del acarreo, de sus tiempos y sus costos cargados al erario, quizá supusieron que los saltillenses permanecerían distantes, dormidos, ajenos al mundo y sus problemas, insensibles frente al atropello.

Cuando el poder despertó, cuando, con estupor por su futuro, descubrió que Saltillo había cambiado, aun cuando las elecciones de alcalde las hubiera ganado un priista, o tal vez por ello, era demasiado tarde. La votación del PRI se desplomó como nunca. Perdió la mayoría en el Congreso, alcaldías importantes (Torreón, Monclova, Acuña, Sabinas) e incluso hoy todavía no puede cantar victoria en la Gubernatura pues fue impugnada por el PAN y las demás fuerzas del Frente por la Dignidad de Coahuila y en defensa del sufragio libre.

La manifestación se afrontó con el recurso barato de la descalificación. Frente a la espontaneidad y prudencia ciudadana, la provocación del PRI-gobierno: “Bola de acarreados”. Frente al clamor contra el “fraude electoral” y el repudio a la clase gobernante enquistada en el poder desde hace 12 años, el escarnio, la burla, la confesión de parte: “Ya marcharon desde ayer” (4 de junio, día de las elecciones más sucias y escandalosas de la historia de Coahuila y acaso de México). Pero eso sí, en el Congreso se le rinde culto hipócrita a Francisco I. Madero, el Apóstol de la Democracia.

El Gobierno y su partido siguen sin reponerse del mentís al triunfalismo dado en la marcha, impresionante por tierra, pero cuya magnitud sólo fue posible dimensionar por las tomas aéreas. El tono de la protesta frente a la sede del poder donde Venustiano Carranza despachó hasta antes de levantarse contra el usurpador Victoriano Huerta tras el asesinato de Madero, fue de repudio, de indignación, de hastío y de enfado hacia el moreirato y su estela de terror. “¡No más!”, se escuchó en la Plaza de Armas.

¿A quién debe Saltillo esta alborada cívica y democrática? En parte, y aunque parezca irónico, a los propios Moreira por haber traicionado a una sociedad cuya parsimonia se confundió por mucho tiempo con sumisión y su silencio con complicidad. Pero, sobre todo, a la comprensión de la nueva realidad de un estado y un país donde ciudadanía empieza a ser lo que siempre debió haber sido: agente de cambio y mandarte. Esta revolución de terciopelo no podría explicarse sin las redes sociales, antídoto contra el poder omnímodo y la complicidad de algunos medios de comunicación.

A los coahuilenses corresponde el mérito de este gran movimiento cívico cuyo alcance sobrepasa a partidos, candidatos y gobiernos. Ninguno de ellos habría podido mover tantos anhelos en un mismo objetivo: la dignidad y el rescate del estado. Si el espíritu social se apaga, como el poder espera que suceda, los corruptos y los aventureros volverán a imponer sus intereses.
17 Junio 2017 04:01:00
Mujeres del cambio
Como cada año, el bisemanario Espacio 4 publica un suplemento por el Día de la Libertad de Expresión. Es un reconocimiento a quienes, desde cualquier medio de comunicación, ejercen este derecho de manera responsable y conscientes de los riesgos que entraña, sobre todo en estos tiempos cínicos, de impunidad y violencia. Esta vez, el homenaje es a quienes buscan justicia por sus propios medios en un país donde la ley cada vez se aplica menos. El título es “Mujeres de temple” y esta es su presentación:

“En un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos y cacería de periodistas, el cual ubica al país entre los más peligrosos del mundo para activistas y comunicadores, expresarse libremente se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo. Aun así, existen ciudadanos que no cejan en la defensa de esta garantía constitucional que en México se conmemora cada 7 de junio, desde 1951, por decreto del presidente Miguel Alemán.

“Entre ellos, destacan mujeres que movidas por tragedias personales o por el hartazgo ante la corrupción y la desigualdad crónica del país, se han erigido como referentes sociales de la lucha por la equidad de género, la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas, entre otras tantas causas.

“El título de este suplemento especial, ‘Guerreras de la dignidad’, está inspirado en un artículo de esta publicación que honra la tenacidad de un grupo madres coahuilenses que se organizaron para hallar a sus hijos desaparecidos. Su incansable búsqueda ha impulsado algunos de los cambios legislativos más importantes en materia de desaparición forzada en México.

“Estas mujeres no solo han ocupado el vacío dejado por las autoridades ante un fenómeno cuya verdadera magnitud será juzgada por los libros de historia, sino que han demostrado el alcance del poder ciudadano.

“Al igual que ellas, por las páginas de esta publicación desfilan jóvenes, madres independientes, artistas y activistas, cuya labor enciende una luz al final del oscuro túnel de violencia e impunidad que se extiende por todo el territorio mexicano.

“Se trata de historias inspiradoras que van desde el activismo silencioso de Neli Herrera, quien por más de cuarenta años ha trabajado en favor de la democracia de Coahuila, hasta un puñado de mujeres bomberas de Matamoros que elige un papel femenino distinto al que les impone la sociedad; pasando por testimonios sobre el aborto, la lucha por el parto humanizado y la influencia femenina en el cine mexicano.

“En un país cuya cultura machista prevalece desde tiempos inmemoriales y ante los riesgos que representa la misoginia instalada en el nuevo gobierno de Estados Unidos, la cual ha despertado una ola de protestas en aquel país –descrita por una de sus protagonistas en esta edición–, el ejemplo de estas mujeres es digno de rescatar.

“De ahí, la importancia de que su lucha sea difundida y tenga cabida entre las noticias negativas que atizan el desánimo social. Solo así, su esfuerzo podrá encontrar eco en esa parte de la sociedad, que aun desencantada con la política, está buscando espacios no solo para canalizar su descontento, sino para ser parte de un cambio que únicamente se puede gestar desde abajo.

“Como medio comprometido con el derecho a la información veraz y crítica, no encontramos mejor manera de conmemorar el ‘Día de la Libertad de Expresión’ que dedicarles a ellas este suplemento especial. Porque en ellas reside la esperanza de un futuro mejor para todos los mexicanos”.
16 Junio 2017 04:01:00
¿Juicio al presidente?
El país no tiene punto de reposo. Acaban de pasar las elecciones del 4 de junio y en menos de un año se renovarán la Presidencia de la República, las dos cámaras del Poder Legislativo y nueve gubernaturas. La mayoría de los estados elegirá también congresos locales y ayuntamientos. Coahuila regresará a las urnas para nombrar nuevos cabildos, pues los recién electos serán sólo de un año, y homologar así el proceso local con el federal. Los alcaldes, regidores y síndicos volverán al periodo original de tres años con la posibilidad de elegirse hasta tres veces en forma consecutiva.

Con un presidente como Peña Nieto, aprobado apenas por el 12% de la población, un PRI en caída libre y ambos lastrados por la corrupción, desde hoy se da por sentada la tercera alternancia en Los Pinos. Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, encabeza por ahora la intención de voto, seguido de Margarita Zavala y Ricardo Anaya, del PAN. En ese escenario, el PRI caería al tercer lugar como en 2006 cuando Felipe Calderón y AMLO superaron a Roberto Madrazo.

Al PRI puede aplicarse hoy la sentencia del exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, con respecto a la sucesión presidencial de 1975: “La caballada está flaca”. La única carta de Peña parece ser el anodino secretario de Gobernación, Miguel Osorio. Pero si en Hidalgo fue mediocre, como responsable de la política interior y la seguridad nacional resultó un fiasco mayor. La violencia por el narcotráfico se ha recrudecido y el asesinato y desaparición de civiles podría incluso superar los peores años del gobierno de Felipe Calderón. La escalada contra periodistas y defensores de los derechos humanos agrava aún más la situación.

Luis Videgaray, Aurelio Nuño y José Antonio Meade, las otras opciones peñistas para la silla del águila, se eliminaron solos. El primero, por haber traído a Donald Trump cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos; el segundo, por la pésima implementación de reforma educativa; y el tercero, por los gasolinazos. La escasez de figuras en el gabinete y la perspectiva de derrota colocaron al secretario de Salud, José Narro Robles, en la carrera sucesoria. Demasiado tarde para crecer y sin méritos ni talla presidenciales.

El secretario de Salud fue uno de los activistas del PRI en el Estado de México en las pasadas elecciones para gobernador. En un video compartido en Facebook, López Obrador ironiza: “El doctor José Narro Robles; ¿quién iba a pensar que de rector de la UNAM iba a terminar de ‘mapache’ en Ecatepec?”.

La luna de miel de Peña en la Presidencia fue efímera. Los primeros tropiezos los tuvo como candidato. En la Feria del Libro de Guadalajara no pudo nombrar tres de sus lecturas preferidas y de las que citó confundió a sus autores. La Silla del Águila, de Carlos Fuentes, lo atribuyó al historiador Enrique Krauze. El siguiente desliz fue en la Universidad Iberoamericana donde se encerró en los sanitarios para evadir a alumnos críticos. Hoy vive refugiado en Los Pinos mientras el reloj de la sucesión avanza y las elecciones para gobernador en Coahuila y Estado de México las resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La tercera alternancia debe provocarle insomnio, máxime si López Obrador es quien le sucede. ¿Será Peña el primer expresidente de México llevado a juicio? Así parece.
14 Junio 2017 04:00:00
El PRI de Peña Nieto (II)
El gobierno de Peña Nieto colapsó a partir del escándalo de la Casa Blanca. La investigación de Aristegui Noticias sobre la residencia adquirida por Angélica Rivera a Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas favorecidos por su marido en el Estado de México y en Los Pinos, socavó la credibilidad presidencial. Los conflictos de interés se multiplicaron y nuevos casos de corrupción salieron a la luz. Entre los más graves figuran los relacionados con la española Obrascón, Huarte Lain (OHL) y la brasileña Odebrecht, las cuales pagaron sobornos para obtener contratos e incluso pudieron haber financiado campañas políticas. Funcionarios y contratistas de Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, donde Odebrecht recurrió a las mismas tácticas, hoy se hallan en prisión. En México, todos los involucrados están libres.

Por indolencia o para pagar favores, EPN fragmentó el poder al compartir las riendas de la Presidencia con los caciques estatales. La consecuencia es un país plagado de corrupción donde la ausencia de estado de derecho estimula su reproducción y ahonda la pobreza. En la clasificación de Transparencia Internacional de 2016, México ocupa el lugar 123 en el bloque de países con más alta corrupción. A escala regional, figura en la posición 14 de América Latina, sólo cuatro lugares por encima de Venezuela, el país más venal del mundo junto con Irak.

Una de las primeras imposiciones de Peña Nieto, antes de ser candidato, fue la de Humberto Moreira como líder del PRI. El coahuilense tomó posesión el 4 de junio de 2011. Ese día se desató en Saltillo la guerra de los cárteles de la droga por el control de la plaza. En Torreón, donde “el Gobierno de Moreira abrió las puertas a los Zetas”, en represalia por la derrota del PRI en 2005, según denunció el exalcalde José Ángel Pérez en su campaña para gobernador por el PT, las balaceras a pleno día eran comunes, mas no en la capital.

El 20 de agosto de 2011, Torreón, catalogada entonces como una de las ciudades más inseguras del mundo, fue noticia internacional por el tiroteo entre narcos y policías frente al Territorio Santos Modelo mientras se jugaba el partido Guerreros-Monarcas. El gobernador era Humberto Moreira y el alcalde, el panista José Ángel Pérez. El 4 de noviembre de ese mismo año, a menos de 2 kilómetros de distancia, Moreira rendía su quinto informe “de resultados” en el Coliseo del Centenario, en un acto apoteósico. Uno de los más entusiastas aplaudidores era… Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México.

Despedido a hombros, Moreira dejaba tras de sí un estado en ruinas, con pasivos por más de 40 mil millones de pesos –después de haber recibido finanzas sanas–, violencia y corrupción desbocadas, saqueo del fondo de pensiones, fosas clandestinas y servicios en crisis, sobre todo el de salud. Su paso por la presidencia del PRI resultó fugaz. La misma mano que lo impuso lo defenestró por el escándalo de la megadeuda y sus implicaciones políticas. La versión de que una parte del dinero se desvió a la campaña de EPN terminó por adquirir carta de naturalidad.

La expulsión de Moreira del PRI, por haberse postulado para diputado por el Partido Joven, debe ser ahora el menor de sus problemas. Investigado en Estados Unidos y acusado en México por lavado de dinero, presuntos vínculos con la delincuencia organizada y otros delitos, el exgobernador será mañana el Javier Duarte de hoy. Puede serlo en el gobierno de Peña o en el de su sucesor: López Obrador, Margarita Zavala o Ricardo Anaya. Y si no, al tiempo.
13 Junio 2017 04:01:00
El PRI de Peña Nieto
Enrique Peña Nieto (EPN) entró a la última etapa de su gobierno, la más infernal. Su Presidencia, estigmatizada por la corrupción, la impunidad y la frivolidad, lo será también por las masacres, las fosas clandestinas y el asesinato de periodistas, sacerdotes, defensores de los derechos humanos y activistas dedicados a localizar desaparecidos. EPN legará un país desacreditado, sin liderazgo político y en ruina moral, de lo cual es responsable, en primer término, la clase gobernante. EPN volvió al modelo imperial sólo para terminar con los vestigios de un presidencialismo agotado. Dentro de un año, por estas fechas, el país ya habrá elegido a su sucesor. No será del PRI, debido al desprestigio de la marca y al repudio ciudadano hacia sus siglas.

Apenas iniciado el Gobierno de EPN le pregunté a Alfonso Durazo, diputado de Movimiento Ciudadano y exsecretario particular de Luis Donaldo Colosio, el candidato asesinado en 1994, si el Presidente era rehén de los gobernadores del PRI. “No, pero los protege, fueron aliados antes de las elecciones de 2012” (Espacio 4, 498). Sobre la influencia de Carlos Salinas en la administración de EPN, el exvocero de Vicente Fox consideró: “debe ser mínima, si la tiene, pero deja correr la versión por conveniencia política y económica”.

En 2010, el mundo se enteró por WikiLeaks de escándalos políticos, de espionaje y corrupción que enardecieron más a la sociedad contra la clase gobernante. Uno de los documentos, publicados por La Jornada, fue el 09MEXICO2778, con fecha 24 de septiembre de 2009. Después de un par de días en Toluca, funcionarios de la embajada de Estados Unidos dieron las primeras pistas sobre Enrique Peña Nieto al calificarlo de “ahijado del expresidente Carlos Salinas”. La siguiente parte de la nota se refiere a la formación política del entonces gobernador del Estado de México: “Hecho en el molde del anquilosado PRI mexiquense, Peña Nieto no es reconocido precisamente por su transparencia, cuando se trata de amigos y aliados”. Un caso palmario es el de Humberto Moreira, exlíder del PRI y exgobernador de Coahuila. El 15 de enero de 2016 fue detenido en España como parte de una investigación por lavado de dinero, malversación de fondos, cohecho y organización criminal. En México es intocable. El Presidente lo protege.

A la mitad del sexenio de Felipe Calderón, los diplomáticos detectaron que el gobernador (Peña) hacía “política con la mira en la elección presidencial” de 2012. El aspirante “aprovechaba las fisuras existentes en materia de transparencia para hacerse de fondos de campaña”, dice el cable. EPN recurrió a la descalificación: “Parecen más refritos a temas comentados por aquí y por allá (…) una estrategia de los partidos de oposición al PRI que han querido permear a través de señalamientos sin sustento”, replicó.

Por las mismas fechas, The Guardian esparció otro informe sobre EPN, según el cual “analistas y líderes de opinión de su propio partido han expresado ante consejeros políticos de la embajada sus sospechas de que está pagando dinero a los medios bajo la mesa para favorecer una cobertura favorable, y también que financia a empresas encuestadoras para que presenten resultados alterando las tendencias a su favor”.

Como gobernador, Peña pudo manipular las encuestas; y como candidato presidencial, comprar las elecciones de 2012 en sociedad con el duopolio televisivo, cadenas de tiendas de autoservicio (Soriana) e instituciones bancarias (Monex), pero como Presidente no ha podido ni podrá cambiar la realidad. La hidra de la corrupción convirtió al “salvador de México” en villano y hoy tiene al PRI con un pie fuera de Los Pinos y el otro en ultratumba.
12 Junio 2017 04:00:00
Chiles y feminicidios
Un poco de historia. La captura del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, el 9 de abril en Italia, a solicitud de Estados Unidos que lo acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada, provocó el arresto del también corrupto exmandatario de Veracruz, Javier Duarte, seis días después en Guatemala a petición de la PGR. El país reaccionó con escepticismo, pues quien facilitó la fuga de ambos políticos, amigos del presidente Peña Nieto, fue el Gobierno.

Peña reprochó a los mexicanos: “No hay chile que les embone. Si no los agarramos, porque no los agarramos; si los agarramos, porque los agarramos”. (…) ‘El Peje’ ya hasta dijo que (Duarte) es un chivo expiatorio”. Testigo del episodio, el periodista Francisco Garfias lo contó en su columna Arsenal (Excélsior, 18.04.17). La obscenidad tuvo respuesta en columnas políticas y redes sociales, mas no con la animosidad de otros dislates presidenciales, acaso porque no la dijo en público o porque el Gobierno desactivó el escándalo.

En entrevista para SDPnoticias.com –disponible en YouTube–, el exdiputado Gerardo Fernández Noroña calificó la expresión de Peña de “bestialmente vulgar”. Advirtió que si él o López Obrador hubieran dicho “‘ningún chile les embona’, liquidarían nuestra carrera política. (…) además es un planteamiento sexista, misógino, con una carga sexual, machista, muy fuerte. Y no pasa nada”. En efecto, ningún partido o institución protestó ni exigió disculpas por la insolencia.

En un acto proselitista en Acuña, el entonces candidato del PAN a gobernador Guillermo Anaya pregunta: “¿Qué les dan los del PRI?”. El vocerío hace ininteligible la respuesta, pero no para Anaya: “Les dan puro chile, ¿verdad?”. “Sí”, responde el público. “Bueno, pues ahora les vamos a dar puro chile a las lideresas del PRI, ya no les vamos a tener miedo”.

La presidenta virtual del PRI, Verónica Martínez, generalizó la ofensa y exigió de Anaya “una disculpa pública a las mujeres de Coahuila”, cuando él sólo se refirió a las lideresas de ese partido, las cuales también son dignas de respeto. En Acuña, el taxista y líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, se rasgó las vestiduras: “Voy a defender a las mujeres de Coahuila”. Hilda Flores, dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas y exaspirante al Gobierno, también participó en la puesta en escena. El 16 de mayo, Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del PRI, denunció a Anaya ante el INE por “violencia de género político” y pidió cancelar su registro.

Después de India, Arabia Saudita, Indonesia y Sudáfrica, México es el país del G-20 donde las mujeres sufren más violencia, revela un estudio de TrusLaw para la Fundación Thomson Reuters. (En México, siete mujeres son asesinadas cada día (ONU)). “Además de la violencia generalizada, las mexicanas se deben enfrentar a la impunidad de sus asesinatos, al tráfico de personas, al trabajo en condiciones de esclavitud y a la falta de acceso a la educación, a la política y a la tierra”, dice el análisis.

En los tres primeros años de la Presidencia de Peña, 6 mil 488 mujeres fueron asesinadas (46% más con respecto al periodo 2007-2009 (INEGI)), la mayoría en el Estado de México, de donde Peña fue gobernador. Coahuila figura en el segundo grupo con mayor número de casos. (Economíahoy.mx, 08.03.16)

Sin embargo, nada de eso parece interesarle al Gobierno ni a los partidos. Sobre todo, al PRI, escandalizado por la arenga de un candidato, no por el insulto del presidente, cuando su preocupación deberían ser los feminicidios. Fariseísmo puro.

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