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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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21 Julio 2017 04:07:00
El arte de la política
Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) diera por buenos los comicios del 4 de junio, lo cual es poco probable, Miguel Riquelme sería el primer gobernador de origen lagunero en más de medio siglo. Braulio Fernández Aguirre, con sólida ascendencia en La Laguna, ocupó el cargo entre 1963 y 1969. De Saltillo tenía un mal recuerdo. En 1946 se tramó en la capital una conjura para defenestrarlo de la Alcaldía de Torreón por supuestos malos manejos.

Después de autoexiliarse unos años en San Luis Potosí, donde se dedicó a la agricultura, Fernández Aguirre regresó a la política estatal. Por segunda vez fue alcalde de Torreón (1958-1960), diputado federal y gobernador. Como tenedor de libros, empresario y con la experiencia de 1946, su administración destacó por escrupulosa y transparente. Personalmente revisaba las cuentas y cuando algún director gastaban de más, le telefoneaba para ordenarle que se ajustara al presupuesto.

En 1996 entrevisté a don Braulio en su rancho Tierra Blanca y en su casa de Torreón Jardín. En la primera habló de su familia y de política, sus grandes pasiones junto con la viña y los nogales. La segunda fue cuando el PRI perdió Saltillo, Torreón, Monclova, Ramos Arizpe y gran parte del Congreso. Uno de los atributos del exgobernador –fallecido el 23 de noviembre de 2013 a los 101 años– era el respeto por la investidura que había ostentado y por los gobiernos de turno. Observaba, pero no opinaba; discrepaba, pero se abstenía de criticar. Prefería girar el puro mientras fumaba y fijar la vista en las volutas de humo, metáfora sobre lo efímero del poder. Jamás pensó en alguna forma de perpetuidad. “El braulismo, amigo mío, sólo existe en la mente de algunas personas. Quien ahora está en la política es mi hijo (Braulio), yo no”.

Don Braulio ha sido uno de los mejores y más apreciados gobernadores de Coahuila. Recibió el cargo de un parrense (el general Raúl Madero González) y lo entregó a un saltillense (Eulalio Gutiérrez Treviño). Después fue senador y director de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) al mismo tiempo. Pedro Rodríguez Triana, también de San Pedro, había sido gobernador 26 años atrás. Si alguna vez la capital intimidó a don Braulio, jamás dio señales de ello. Gobernó con orden y buen trato. Todavía hoy se le recuerda caminar del brazo de su esposa Lucía, entre su casa frente a la Alameda y el cine Palacio.

En una conferencia en Torreón, cuando los laguneros deseaban formar su propio estado por el abandono de la capital, el periodista Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, ponderó: “El gobernador que más ha hecho por Saltillo fue don Braulio Fernández Aguirre; y el que más ha hecho por Torreón es Enrique Martínez (entonces en funciones)”.

Miguel Riquelme se ha referido a Fernández Aguirre como precedente suyo. Las circunstancias y las personalidades son diametralmente distintas. La Laguna apoyó siempre a don Braulio, quien, para atraerse a la gente de Saltillo, jamás declaró a la capital su consentida. Riquelme perdió Torreón y las cuatro diputaciones locales, pero ganó Saltillo. El resultado es engañoso, pues en la Marcha por la Dignidad del 6 de junio más de 50 mil saltillenses corearon: “¡Entiende, Riquelme, Coahuila no te quiere!”. El Gobernador electo ofreció en campaña “Más carácter y menos política”. Error. La situación exige hoy más política que nunca.
19 Julio 2017 04:01:00
Árbitro veleidoso
Excluir sólo a Miguel Riquelme de la elección extraordinaria le abriría a Guillermo Anaya las puertas del Palacio de Gobierno en automático, pero si el TEPJF deja fuera a los dos, como parece ser el caso, el PRI estaría en condiciones de no rendir la plaza sin pelear. El INE escogió la causa menos grave para, eventualmente, dejar sin efecto los comicios del 4 de junio: el exceso de gastos de campaña. Incluso los 20.8 millones de pesos erogados por Riquelme (8.2% por encima del tope legal) y los 20.2 ejercidos por Anaya (5% más de lo autorizado), según el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, podrían ser poco. Una campaña para gobernador rebasa fácilmente los 300 millones de pesos.

Los comicios para gobernador, alcaldes y diputados locales estuvieron plagados de irregularidades: compra de votos, desviación de recursos públicos, alteración y robo de urnas, traslado de paquetes electorales fuera de norma, conteo rápido y Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) manipulados y un Instituto Electoral de Coahuila (IEC) incompetente, sin autoridad y cuestionado por los candidatos de oposición. En 2000, 2003 y 2015, las elecciones para gobernador en Tabasco y Colima se anularon por la intromisión de los mandatarios de turno. Con la anulación en Coahuila, el INE buscaría, más que remediar, encubrir vicios del sistema electoral que el escritor Jesús Silva-Herzog Márquez resume en uno solo: corrupción. “Las elecciones son la primera escuela de la corrupción en México (…) La corrupción es el principio de la política mexicana porque es la sábana que cubre a todos los agentes políticos. (…) Muchas estampas de rivalidad podemos recordar en años recientes. (…) Pero, por debajo de la discordia se tejió un pacto entre los partidos políticos” (Reforma, 10-07-17).

La maniobra para invalidar la elección de Coahuila, decisión que corresponde al TEPJF, despide un tufo de arreglo entre la Presidencia de la República y las cúpulas del PRI y del PAN, del cual habría sido marginado el gobernador Rubén Moreira. Rebasado por las circunstancias, y sin futuro político, quizá sólo pudo conservar el derecho de veto, lo cual explicaría la intención de eliminar también a Anaya de la segunda vuelta.

Lo que ahora se discute es quiénes serían los relevos de Riquelme y Anaya si sus alegatos ante el TEPJF, para participar en la elección extraordinaria, resultan infructuosos. Riquelme fue siempre el favorito del Gobernador. Jericó Abramo, Hilda Flores y Javier Guerrero, quien renunció al PRI para postularse como independiente, recibieron agravios e incluso amenazas. En el escenario de un candidato emergente y un gobernador interino, las opciones son Abramo, Flores y José María Fraustro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso y excoordinador de la campaña de Riquelme.

Sin embargo, Anaya no se ha dado por vencido. En un video publicado en su cuenta de Facebook, advierte que la nulidad de la elección está próxima. El panista atribuye a las movilizaciones del Frente por la Dignidad de Coahuila que “al INE no le quedó otra (…) más que declarar que Riquelme rebasó los topes de campaña. Nosotros no, y esto es el primer paso para limpiar la elección de Coahuila”.

El diputado electo Marcelo Torres difundió el comunicado de prensa 242 del INE, con fecha 18 de julio, donde se lee: “De una primera revisión de los engroses, la Unidad Técnica de Fiscalización ha detectado que en el estado de Coahuila, la Coalición Por un Coahuila Seguro, encabezada por Miguel Riquelme, rebasó el tope de gastos de campaña por 7.86 por ciento, mientras que en la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, abanderada por Guillermo Anaya, el rebase fue equivalente al 4.56 por ciento”.
18 Julio 2017 03:00:00
Ambiente de anulación
La elección para gobernador sigue en el aire, pero todo apunta hacia una segunda vuelta –figura inexistente todavía, pero en vías de exploración para las presidenciales de 2018. Sin embargo, el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya votación fue pospuesta nuevamente, introdujo una variante: Miguel Riquelme (PRI) y Guillermo Anaya (PAN) podrían ser excluidos por exceder en 6 y 5.1 millones de pesos el límite de gastos de campaña, respectivamente. El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) ya había impugnado el resultado por esa y otras irregularidades.

Si el fallo del INE es en ese sentido, Riquelme y Anaya, quienes podían gastar hasta 19 millones 242 mil pesos en sus campañas, lo recurrirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para poder participar en la elección extraordinaria, con pocas posibilidades de lograrlo. Según el proyecto de dictamen, el priista omitió reportar 7.8 millones de pesos, de los cuales 3.8 millones los habría utilizado para pagar a sus representantes de casilla. Riquelme fijó su postura en un comunicado: “(…) corresponderá a los tribunales evaluar el proceso electoral y como me asiste la razón, en ellos confío”.

Anaya no informó sobre el desembolso de 5.2 millones de pesos, pero en el PAN, dijo, “nunca hemos pagado a los representantes de casilla”. Sobre el riesgo de ser excluido él también de la segunda vuelta, denuncia una maniobra centralista: “es una decisión salomónica del INE para lavarse las manos”. El INE busca atribuir a los principales aspirantes al Gobierno la culpa de la anulación, cuando el propio organismo descuidó sus responsabilidades en la designación del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y en todas las etapas del proceso. Incluso en un principio avaló el desempeño del IEC.

El ambiente nacional para la anulación de las elecciones en Coahuila se preparó a ciencia y paciencia de Los Pinos, la Secretaría de Gobernación y el PRI. La prioridad ha sido siempre el Estado de México, donde existen razones de más peso para invalidar el triunfo de Alfredo del Mazo, primo del Presidente. Algunas columnas sugieren que Coahuila se pactó previamente con el PAN, y que el incumplimiento del acuerdo generó un conflicto entre el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, y el gobernador Rubén Moreira. Un indicio fue el apoyo del Partido Encuentro Social (PES), controlado por Osorio, a Guillermo Anaya y no a Riquelme.

La presión política y las marchas del FDC, integrado por Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas (independientes) y José Ángel Pérez (PT), tienen por objetivo anular la elección. Los ciudadanos y los excandidatos ganaron la calle, atrajeron la atención de los medios de comunicación del país y colocaron a Coahuila en la agenda nacional. Después de recibir la constancia de mayoría como gobernador electo, Riquelme y el PRI plegaron las velas cuando empezaba la tormenta. Jamás consideraron la posibilidad de ir a una segunda vuelta con un jinete improvisado. El escenario tampoco pasó por la mente del PAN y de Anaya.

El nuevo acto de la ópera bufa del INE –dar 24 horas a los partidos para demostrar que no gastaron en representantes de casilla, cuando todo el mundo sabe que sí lo hicieron–, no salva a los candidatos del PRI y del PAN, pues aun sin ese egreso rebasaron el tope. Posponer la resolución del caso puede tener otro objetivo: dejarle al presidente Peña los reflectores por la extradición de Javier Duarte, para presentarlo como paladín de la lucha anticorrupción. ¿Quién le cree?
17 Julio 2017 03:00:00
INE: la parodia
El presidente Peña Nieto se encoge a medida que el sexenio avanza, mientras los problemas históricos (pobreza, corrupción, inseguridad, violencia, impunidad) se agravan, surgen otros y juntos tienen al país al borde de la ingobernabilidad y la inestabilidad. No sólo es el Presidente quien se achica y elude sus responsabilidades de jefe de Estado. El sistema político y las instituciones dejaron de funcionar y de representar y responder a una ciudadanía cuya agenda está por encima de la suya.

Rebasados por las circunstancias, los gobiernos federal, estatal y municipal buscan proteger sus intereses y frenar el impulso de una sociedad cada día más impaciente y enfadada. Las herramientas son el presupuesto para comprar o rentar conciencias, el halago para engatusar, la fuerza para reprimir, la retórica para ganar tiempo y la mentira para desalentar la participación civil en los asuntos públicos. Con altos grados de venalidad en todas las esferas del poder, resulta absurdo no sólo posponer sino desnaturalizar el Sistema Nacional Anticorrupción y sus equivalentes en los estados. El Presidente y los gobernadores boicotean toda iniciativa ciudadana para someterlos a la ley.

El retroceso en democracia, respeto a los derechos humanos, libertad de expresión, división de poderes, transparencia, seguridad y justicia, registrado en los últimos años, refleja la vocación autoritaria, antidemocrática y autócrata del Presidente. Tratar de conservar el poder en 2018 con los usos y costumbres aplicados en las recientes elecciones de Coahuila y Estado de México, cuando el rechazo al PRI y a Peña Nieto no tiene precedente, es una provocación irresponsable cuya respuesta remite al caos en Venezuela por la pretensión de Nicolás Maduro de aferrarse al mando.

Una de las instituciones peor evaluadas y con mayor descrédito del país es el Instituto Nacional Electoral (INE), por su indolencia y sometimiento a los partidos. En el año 2000, el IFE (antecedente del INE) organizó los comicios más creíbles y reconocidos en México y el extranjero. Además de históricos, pues fueron los de la primera alternancia después de 71 años de gobiernos del PRI. En vez de desmontar las estructuras viciadas y sustituirlas por otras modernas y eficaces, el poder socava las que representan un riesgo para sus intereses. El INE es una parodia, en la cual el consejo general y los partidos son actores principales.

Poner en el tapete de la negociación el resultado de unas elecciones quebranta la ley, corrompe la democracia, vuelve inútil al INE, cuyo presupuesto rondará este año los 11 mil millones de pesos, y vulnera la voluntad popular. Los comicios en Coahuila y el Estado de México deben anularse por las múltiples irregularidades –el rebase en los topes de campaña es la menor de las faltas– y por la intervención de los gobiernos locales –y federal en el segundo de los casos–. Canjear un estado por otro no es democracia, es comercio vil chantaje.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) debe aplicarse al pie de la letra, no al gusto o conveniencia de un partido, un clan o autoridad alguna. El interés de Peña Nieto por el Estado de México es obvio: si va a perder las elecciones de 2018, conservar al menos el poder local para su grupo y asegurarse un refugio seguro, pues su presidencia ha resultado incluso más deleznable que la de Salinas de Gortari. “El Salvador de México” terminó por convertirse en pesadilla.
15 Julio 2017 04:07:00
Heridas abiertas
Las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras, entre otros casos presentados ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, han puesto a los dos últimos gobiernos en una situación comprometida. Así lo plantea el reportero Gerardo Moyano en la nueva edición del bisemanario Espacio 4:

“De 2009 a 2011, ‘las autoridades estatales (de Coahuila) responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con los Zetas en un contexto de innegable colusión’ (...) y de 2012 a 2016, ‘las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales’.

“Tales acusaciones pesan sobre los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira ante la Corte Penal Internacional (CPI), la cual analiza si atrae la denuncia (comunicación) presentada el 6 de julio por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), junto con más de 100 organizaciones no gubernamentales. En la audiencia participaron Raúl Vera, obispo de Saltillo; Ximena Reyes, de la FIDH; Michael Chamberlin, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; y Ariana García, representante Jurídica de Familias Unidas de Piedras Negras.

“El informe Asesinatos, Desapariciones y Torturas en Coahuila de Zaragoza Constituyen Crímenes de Lesa Humanidad, dado a conocer el pasado 5 de julio, describe con lujo de detalles las atrocidades cometidas en los dos últimos sexenios por las fuerzas municipales y estatales de seguridad al servicio del grupo criminal los Zetas.

“El reporte de 72 páginas, basado en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada –con énfasis en los expedientes de 73 víctimas– denuncia ‘la existencia de una política de parte de (una estructura) del estado de Coahuila de permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población civil’.

“Los demandantes hacen hincapié ‘en dos episodios particularmente violentos que de por sí podrían constituir crímenes de lesa humanidad: la matanza por parte de los Zetas (organización mexicana de narcotráfico y terrorismo) de entre 60 y 300 aldeanos en Allende, en marzo de 2011 (..) (y) la gestión de la prisión de Piedras Negras, el Cereso, la cual bajo la responsabilidad del Gobierno del Estado de Coahuila se convirtió en un centro de operaciones de los Zetas de 2008 a 2012’.

“Sobre el primer caso, el estudio destaca que ‘la evidencia sugiere que no sólo el municipio (a cargo del alcalde priista Sergio Lozano Rodríguez, detenido en noviembre de 2016 y liberado en febrero pasado) sino también el gobernador de la época (en enero de 2011, Humberto Moreira pidió licencia al cargo y fue sustituido por Jorge Torres López) estaba al tanto de lo que se preparaba, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad’.

“Sobre el segundo, resalta que ‘los prisioneros podían salir a su antojo, y traficar diversos elementos tales como transformar y maquillar vehículos, fabricar chalecos antibalas, entre otros. Lo más grave fue que al menos 150 personas habrían sido asesinadas allí, y sus cuerpos fueron quemados o disueltos en cubos con ácido. Tales acciones no habrían sido posibles sin la complicidad de la administración de la prisión y sus autoridades’.

“Dado que en 2005 México ratificó el Estatuto de Roma, el cual crea y regula las funciones de la CPI, con sede en La Haya, Países Bajos, los hermanos Humberto y Rubén Moreira, así como Jorge Torres y autoridades de seguridad del estado, podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, incluso de cadena perpetua (por la gravedad de los crímenes), según lo prevé el Artículo 77 del reglamento”.
14 Julio 2017 04:00:00
El dictamen del INE
La decisión que en unas horas más tome el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el rebase de gastos de campaña de Miguel Riquelme y Guillermo Anaya no anulará en automático los comicios para gobernador. Tampoco excluirá a los excandidatos del PRI y del PAN de una eventual elección extraordinaria. Esas resoluciones corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) si los partidos impugnan las sentencias respectivas del Tribunal Estatal Electoral (TEE).

El proyecto de dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, respecto a que Riquelme y Anaya gastaron 6 y 5.1 millones de pesos de más, respectivamente, sacudió a los partidos, en particular al PAN. Pues una de las causas principales para impugnar el triunfo del candidato priista y solicitar su anulación fue por haber excedido el tope legal de 19.2 millones de pesos.

El PRI tampoco esperaba que el dictamen pusiera en riesgo su victoria, por un margen de apenas 2.4%, y mucho menos que pudiera excluir a Riquelme de la elección extraordinaria. Para probar que su candidato no gastó 3.8 millones de pesos el día de las votaciones –detectados por el INE entre las erogaciones no reportadas–, el PRI movilizó a principios de semana a sus representantes de casilla para firmar documentos donde admitían no haber recibido pago alguno.

La operación fue cancelada cuando Rolando Chacón, corresponsal de Reforma, publicó la noticia y fotografías sobre el tema. El PRI negó que la convocatoria tuviera por objeto deslindar a su candidato de responsabilidades. Sin embargo, las versiones para explicar la presencia de representantes de casilla en la sede estatal del PRI, por contradictorias, reforzaron la idea de la recolección de firmas.

El Consejo General del INE sesionará hoy a partir de las 10:00 horas para analizar los dictámenes de la Unidad de Fiscalización y, en su caso, aprobarlos. Coahuila figura en el punto seis del orden del día. La sesión podrá seguirse en directo a través de INE TV YouTube.

Los excandidatos de oposición dan por sentado que el TEPJF anulará las elecciones para gobernador después del dictamen del INE. Guillermo Anaya, del PAN, a quien el conteo rápido concedió una ventaja inicial de dos puntos, está en desacuerdo con que se le mida con la misma vara que a Riquelme, cuyo triunfo impugnó el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) por haber rebasado el tope de gastos de campaña. 

Frente a la eventualidad de que las elecciones se anulen y de que Anaya y Riquelme no puedan volver a ser candidatos, ya empiezan a barajarse nombres de posibles sustitutos. Armando Guadiana, de Morena, reprocha al respecto: “Todavía no se decide si habrá una nulidad de la elección (…) y da pena ajena ver que ya hay quienes –entre ellos algunos alcaldes– dicen que les gustaría participar en el caso de que al actual candidato del PAN no lo dejen contender”.

Tercer lugar en las elecciones para gobernador, con el 12.2% de los votos, Guadiana advierte, en un comunicado: “No es momento de demostrar intereses personales (…) Estos momentos son de unidad, responsabilidad política y (de) darle prioridad a la defensa del voto ciudadano”.

Javier Guerrero replicó al líder nacional del PRI, quien acusa a la oposición de pretender ganar en la mesa lo que no logró el 4 de junio: “(Enrique) Ochoa quiere hacer creer que el robo de urnas, la compra de votos, la ilegitimidad de la actuación de las instituciones electorales, el secuestro durante 72 horas de los paquetes electorales, por parte de Fuerza Coahuila, legitiman el triunfo de su candidato” (El Diario de Coahuila, 10.07.17).
12 Julio 2017 04:00:00
Escenarios inéditos (II)
Si la sola idea de celebrar elecciones extraordinarias para gobernador, por la impugnación del Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), abría escenarios jamás vistos, la posibilidad de que en la segunda vuelta no participen Miguel Riquelme (PRI) ni Guillermo Anaya (PAN), por el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), alteraría por completo el tablero político del estado.

“La elección del 4 de junio debe ser anulada. Es una vergüenza ver en los medios al candidato del gobernador salir a decir que no cometieron ningún delito. Estos delitos están documentados con amplitud. Las instituciones electorales sólo salvarán y recuperarán la confianza ciudadana anulando esta fraudulenta e ilegal elección”, declara el excandidato independiente Javier Guerrero en un comunicado.

Un nuevo cálculo de la Unidad de Fiscalización determinó que Riquelme gastó seis millones de pesos por encima de los 19.2 millones autorizados por la ley, o sea 31% extra. Anaya, por su parte, erogó 24.3 millones, 26.5% más del tope legal. Riquelme omitió reportar 7.8 millones de pesos y Anaya 5.2 millones (Reforma, 09.07.17).

El Consejo General del INE revisará este viernes el dictamen de la Unidad de Fiscalización. Si lo aprueba, la Sala Superior del TEPJF resolverá si la elección se anula y ordena al Congreso local convocar elecciones extraordinarias. Además, existen otras irregularidades, de acuerdo con la impugnación del FDC. “Más de doscientas”, según el excandidato de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila.

Riquelme y Anaya interpondrán recursos ante el TEJPF si el dictamen del INE es aprobado, pues, de anularse la elección, ambos quedarían eliminados para competir en los comicios extraordinarios.

“Los comicios del pasado 4 de junio estuvieron plagados de irregularidades y corruptelas del PRI-Gobierno. (…) fue una elección de Estado”, acusa el excandidato de Morena, Armando Guadiana. En un comunicado, demanda de las autoridades electorales “aclarar el proceso de anulación y con ello los tribunales llamen a nuevas elecciones”.

El empresario dice que “Rubén Moreira y Riquelme se distinguieron en operar con toda su estructura gubernamental para favorecer al PRI y con ello perpetuarse en el poder. (Fue) la elección más sucia que jamás se haya visto en Coahuila”, asegura.

Guerrero, por su parte, señala que “una elección de Estado (como la del 4 de junio) implica tejer una serie de complicidades más allá del Estado. (…) El país y Coahuila no se merecen que se imponga con evidentes delitos a un candidato repudiado por la mayoría de la población. Tanto el Instituto Nacional Electoral como los órganos judiciales electorales en sus tres instancias, tienen la obligación de cumplir la ley”. También pide a los órganos electorales actuar “por encima de las voces que hoy llaman a salvar la cara de éstas intentando buscar soluciones salomónicas” (como sería la eliminación de Anaya para la segunda vuelta).

Hoy todo es incertidumbre. Excepto el INE, que al parecer ya recibió señales de Los Pinos –si no, ¿por qué el nuevo cálculo sobre los gastos de campaña?–, nadie sabe a ciencia cierta qué sucederá. La opinión pública presiona, los partidos mueven sus influencias y los ciudadanos tienen a la mano su credencial para votar. Lo único seguro es que el TEPJF decidirá, en última instancia, si hay nuevas elecciones para gobernador y si Riquelme y Anaya aparecerán o no en las boletas.
11 Julio 2017 04:00:00
En el ojo del huracán
Enrique Ochoa, uno de los peores líderes del PRI junto con Humberto Moreira, se jactaba de que las entidades más priistas y mejor organizadas del país eran Estado de México y Coahuila. Sin embargo, en las elecciones del 4 de junio su partido se desplomó y ganó por márgenes de apenas 2.9 y 2.4%, respectivamente. El triunfo en el norte está en riesgo por el dictamen del INE sobre los gastos de campaña de su candidato y la impugnación del Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC). Si ese es el mejor PRI de México, ya puede despedirse de la Presidencia.

Ochoa, con su declaración, puso a competir a Eruviel Ávila y a Rubén Moreira. El mexiquense, como la mayoría de sus colegas, es un farsante y un pésimo gobernador, pero el mayor conflicto político se localiza ahora en Coahuila. No sólo por el tema electoral, sino por otros de alto impacto como la denuncia presentada el 5 de julio por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ante la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad registrados en Coahuila entre 2009 y 2016.

La comunicación de la FIDH y más de 80 asociaciones civiles, titulada México: Asesinatos, Desapariciones y Torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad, documenta 500 casos de detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas en Acuña, Allende, Francisco I. Madero, Matamoros, Monclova, Parras, Piedras Negras, Sabinas, Saltillo y Torreón. También destaca “la matanza por parte de los Zetas de entre 60 y 300 residentes en Allende en marzo de 2011”.

En el caso de Allende, el que mayor cobertura mediática ha recibido en México y el extranjero, “la evidencia sugiere que no sólo el municipio, sino también el gobernador de la época (Jorge Torres López, prófugo de Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos) estaban al tanto de lo que se preparaba, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad”.

Con respecto al penal de Piedras Negras, donde al menos 150 personas fueron asesinadas y sus cuerpos disueltos en ácido, el informe advierte: “bajo la responsabilidad del Gobierno del Estado de Coahuila, se convirtió en un centro de operaciones de los Zetas de 2008 a 2012”.

Otra fuente de conflicto es el exgobernador Humberto Moreira, quien, en sus últimas declaraciones a los medios, se deslindó de las acusaciones de la FIDH y volvió a vituperar a su hermano y sucesor Rubén Moreira. La última aparición del exlíder del PRI fue para dar el pésame a la familia de Sergio Tobías Salas, comandante de la Fiscalía General del Estado en su gobierno. Tobías murió asesinado el 30 de junio. Primero se dijo que, en un intento de secuestro, pero en un video difundido en redes sociales se aprecia cómo los agresores fueron a ejecutarlo.

En ese contexto se espera que el consejo general del INE vote el viernes próximo el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización. Si lo aprueba tal como se conoció el sábado pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría anular la elección para gobernador y dejar fuera de la extraordinaria a Miguel Riquelme y a Guillermo Anaya por haber excedido los topes de gastos de campaña. Sin embargo, para declarar la nulidad del proceso existen causas aún más graves. El INE busca tender una cortina de humo para salvarse de la hoguera, lo cual, a estas alturas, es imposible.
10 Julio 2017 04:00:00
Nadar a contracorriente
El gobernador electo Miguel Riquelme está en el peor de los escenarios posibles. Su triunfo, impugnado por el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), deberá ser ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para poder asumir el cargo el 1 de diciembre próximo. En tal caso, deberá lidiar con un Congreso opositor; en 88 años, el PRI jamás había sido minoría. Sin embargo, los problemas para Riquelme no terminan ahí: Torreón le dio la espalda y votó por Jorge Zermeño (PAN), el alcalde de la primera alternancia en 1996.

Con la segunda ciudad más importante del estado en contra y el rechazo de amplios sectores de Saltillo, expresado por más de 50 mil personas en la Marcha por la Dignidad del 6 de junio, el lagunero tendrá escaso margen de maniobra política y social. Hace 42 años, Óscar Flores Tapia empezó a gobernar en condiciones análogas. Tampoco tenía aceptación en La Laguna y la cúpula empresarial capitalina, que antes había boicoteado su candidatura para alcalde, lo miraba con recelo. El escritor y político salvó su circunstancia y todavía hoy se le recuerda como “el mejor alcalde de Saltillo”. Condenado al ostracismo tras su renuncia al cargo por un conflicto con el presidente José López Portillo, Rosendo Villarreal Dávila, primer alcalde panista de la capital, fue quien lo reivindicó.

Flores Tapia transformó la capital y sentó las bases del clúster automotriz que es ahora. El éxito de su gobierno consistió en varios factores: a) carácter y determinación para ejecutar obras y proyectos como el retiro de las vías de ferrocarril del bulevar Francisco Coss; b) un gabinete sensible y eficaz. Roberto Orozco Melo (secretario de Gobierno) y Fernando Hernández de la Peña (director de Planeación y Desarrollo) fueron claves; c) reconciliación con todos los grupos, incluso con quienes en otro tiempo lo impugnaron. Ya caído, algunos le volvieron la espalda nuevamente; y d) atención a los menos favorecidos sin populismo y sin compartir el poder con los privilegiados. Todo eso, con un presidente (López Portillo) en contra. Flores Tapia cometió errores, pero podía salir a la calle, visitar plazas y mercados, sin guaruras. La gente le saludaba con afecto. Sus detractores nunca dejaron de serlo, pero incluso los más radicales le reconocieron méritos. Fallecido el 11 de julio de 1998, sus restos reposan en la Rotonda de los Coahuilenses Ilustres.

Si el TEPJF confirma a Riquelme como gobernador electo, recibirá una entidad polarizada y enconada como nunca. Sólo uno de cada cuatro coahuilenses inscritos en la lista nominal votó por él, en números redondos. Además, afrontará la crisis financiera derivada de la deuda por más de 36 mil millones de pesos, el escándalo de las empresas fantasma a las cuales se desviaron más de 500 millones de pesos y otros casos de corrupción aún impunes.

Los hermanos Moreira constituyen otra rémora. Riquelme lo sabe, pues por ellos perdió caudales de votos y estuvo a punto de perder también las elecciones. Riquelme dice no ostentar el apellido del clan, lo cual estrictamente es cierto. Sin embargo, políticamente lleva su impronta. El delfín de Rubén y Humberto abrazó celosamente su candidatura. Riquelme no tiene opción: acaba con el moreirato o jamás será gobernador.
08 Julio 2017 04:06:00
Diálogo, no hermetismo
La Alianza Anticorrupción de Coahuila (AAC), formada por más de 100 organismos civiles, demandó al Congreso local sujetar los procesos para la selección, designación y remoción de los puestos clave del Sistema Estatal Anticorrupción a “los principios constitucionales de transparencia, Parlamento Abierto y máxima publicidad”, pues los establecidos ahora “no garantizan la autonomía e independencia indispensables para combatir” el fenómeno, situación que califica de “alarmante”.

En un comunicado, la AAC exige a la Legislatura local garantizar a los ciudadanos el acceso al currículum de los aspirantes y documentos que comprueben el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada puesto. Asimismo, solicita que las recomendaciones y señalamientos de la Alianza sean tomados en cuenta por las autoridades.

La Alianza advierte que los mecanismos para elegir, designar y remover al auditor superior, al fiscal general, al fiscal especializado en Hechos de Corrupción, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, a los magistrados y a los integrantes de la Comisión de Selección y del Comité de Participación Ciudadana deben apegarse a la norma constitucional.

Después de analizar la iniciativa del gobernador Rubén Moreira para reformar la Constitución de Coahuila en materia de lucha contra la corrupción, presentada el 13 de junio y aprobada por el Congreso 15 días después, los 109 organismos y colectivos de la sociedad civil, académicos y profesionistas que forman la AAC concluyen:

1. Los tiempos para promover la participación de la ciudadanía y la opinión pública no fueron los adecuados, pues la reforma se aprobó en un periodo de 15 días naturales contados a partir de su presentación.

2. No se generaron los espacios ciudadanos necesarios para la discusión, análisis y diseño en conjunto del Sistema Local, ni se cumplió el compromiso de apegarse a los principios de Parlamento Abierto.

3. De las ocho propuestas específicas entregadas el pasado 23 de junio a la Comisión de Procesos Legislativos en Materia Anticorrupción del Congreso por los integrantes de la Alianza, sólo se incluyó la eliminación del fuero constitucional. Sin embargo, no será suficiente para combatir la corrupción, especialmente cuando el sistema de justicia se supedita a circunstancias políticas y prevalece la impunidad.

El 28 de junio, mientras los diputados del PRI aprobaban las reformas para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, la AAC protestaba dentro y fuera del salón de sesiones y frente a la Casa de Gobierno de Torreón. La manifestación más numerosa fue en la metrópoli lagunera. No hay antecedente de una expresión así en la residencia del Gobernador, een cuya fachada se colocaron carteles con diferentes demandas e incluso una con la leyenda “#Coahuila Digno. No al fraude electoral”.

La Casa de Gobierno, en la colonia Torreón Jardín, fue habilitada como tal en el sexenio de Eliseo Mendoza Berrueto para ahorrarle gastos al Estado en hospedaje y renta de oficinas. El edificio se abrió a todos los sectores, sin excluir a los críticos de la Administración, los cuales hoy se manifiestan en la calle para pedir “diálogo, no hermetismo en la Ley Anticorrupción”.

07 Julio 2017 04:00:00
Drama en cinco actos
El PRI impuso su maquinaria y la alternancia en Coahuila deberá esperar otro sexenio, a menos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anule los comicios para Gobernador y ordene al Congreso local convocar a extraordinarios. Sometido a presión social, política y mediática, y bajo la vigilancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), el TEPJF tiene hasta el 30 de noviembre para resolver la impugnación del Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC). En 2005, cuando el PAN interpuso el mismo recurso contra Humberto Moreira, la Sala Superior lo confirmó como Gobernador electo el 23 de noviembre, una semana antes de su toma de posesión.

Las elecciones del 4 de junio fueron un drama en cinco actos cuyo final se escribirá en el TEPJF:

I) Castigo a medias. Coahuila votó por primera vez por un gobierno dividido. El PRI tendrá 10 asientos en la próxima legislatura y las oposiciones 15; 12 corresponderán a la alianza PAN-UDC, dos a Morena y uno al PRD. Los partidos Joven, Socialdemócrata, Campesino Popular y Revolucionario Ciudadano, satélites del PRI, perdieron su registro al no obtener el 3% de la votación. Primero Coahuila, aliado del PAN en las pasadas elecciones, tampoco pudo conservarlo. El Verde, el PT, el Panal, Movimiento Ciudadano y el PES perdieron el financiamiento por la misma causa.

II) Triunfo pírrico. La victoria de Miguel Riquelme, por una diferencia de apenas 2.4% sobre Guillermo Anaya, candidato de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila (PAN, UDC, Encuentro Social y Primero Coahuila), está sujeta a la confirmación del TEPJF. El FDC impugnó el resultado por diversas irregularidades.

III) Árbitro vendido. Las elecciones más competidas de la historia estuvieron a cargo de un Instituto Electoral de Coahuila (IEC) inepto y adicto al PRI y al Gobierno, al menos en los casos de la presidenta Gabriela de León y los consejeros Alejandro González y Gustavo Espinosa. De nada sirvió que el Instituto Nacional Electoral (INE) designara a los Organismos Públicos Electorales Locales (Oples, reemplazos de los institutos estatales) en vez de los gobernadores. El cambio resultó incluso peor, pues en nombre del INE se cometieron desmanes a la vista de todo el mundo. La mayoría de las casillas abrió tarde, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) fue manipulado y el IEC dio por ganador al candidato del PRI cuando aún faltaba de computar el 28% de las casillas.

IV) Primavera democrática. La ciudadanía acudió masivamente a las urnas por la expectativa de cambiar de partido después de 88 años de gobiernos priistas. Pero cuando el resultado no reflejó la intención de su voto y afloraron las irregularidades, solapadas por el IEC, decenas de miles de coahuilenses –convocados a través de las redes sociales– tomaron las calles pacíficamente para protestar contra el “fraude electoral” y exigir nuevas elecciones. La Marcha por la Dignidad en Saltillo fue la más numerosa en la historia de Coahuila. La capital rompió el muro de la indiferencia; y

V) Observación internacional. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ofreció seguir en el TEPJF el caso de Coahuila y dijo confiar en que el tribunal actuará “conforme a derecho”. El diplomático se reunió con Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, líderes del PAN y el PRD, en el marco de la 47 asamblea general del organismo celebrada en Cancún del 19 al 21 de junio. También recibió a Enrique Ochoa, presidente del PRI y al gobernador electo Miguel Riquelme, pero sobre esa entrevista no hizo ningún comentario
05 Julio 2017 04:00:00
El suicidio del IEC
El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se pegó un tiro en la sien; de haber sido en un pie habría quedado cojo, pero no tieso. Gabriela de León, Alejandro González y Gustavo Espinosa cumplieron con el PRI y el Gobierno, pero en la prueba de fuego mandaron al diablo a la institución. El IEC resultó peor que el IEPC de Leopoldo Lara, una de cuyas tareas consistía en proveer de chicharrón las fiestas del príncipe.

Cuatro días después de las elecciones, Carlos Puig tituló su columna con una frase irrefutable: “Moreira y el PRI mandan a Coahuila a 1988… en 2017”. El periodista observa: “Decía Ignacio Marván en estos días de debates y discusiones que, sin minimizar el cochinero de las elecciones en el Estado (…) lo de Coahuila sí era un retroceso que le hacía recordar 1988” (Milenio, “Duda razonable”, 08.06.17).

En 1988 el sistema de cómputo se apagó cuando Cárdenas aventajaba a Carlos Salinas. En Coahuila, 29 años después, el PREP cerró cuando Guillermo Anaya iba arriba por 2 puntos. Puig recuerda cómo, en el 88, Manuel Clouthier, Cárdenas y Rosario Ibarra repudiaron aquella elección, y cómo ahora, en Coahuila, los candidatos opositores protestan “juntos por lo que consideran un enorme fraude electoral para favorecer a la coalición del priista Miguel Riquelme”.

Puig habla del caos del 4 de junio: “el PREP fue lentísimo, el conteo rápido también”. Incluso pudo ver “muchos videos y audios que ciudadanos y simpatizantes de esos partidos (PAN y Morena) concentraban en un chat sobre el inicio del conteo oficial de votos en Coahuila. Y sí, sí parecía más 1988 (…) que 2017. Paquetes de boletas abiertos cuando llegan al conteo, casillas zapato en zonas urbanas, sí, como antes, urnas con más boletas que las que se entregaron en la casilla el día de la votación… cochinero a la antigüita. Como operación ratón loco y aquellas cosas de los 80 y 90”.

“Duda razonable” cierra con una advertencia: “En 1988 el país era otro. Las protestas de todos contra el PRI no tuvieron efecto. Carlos Salinas gobernó seis años. Mal haría el PRI, el gobernador Moreira y el Gobierno federal en creer que eso mismo puede suceder ahora. Peor haría el INE cerrando los ojos o haciendo mutis”.

Uno de los videos aludidos por Puig pudo ser el de Lydia Irasema Dante, sorprendida en una tienda de conveniencia con 21 paquetes electorales, los cuales transportaba en un auto sin placas. La mujer portaba un chaleco del INE. Quizá el periodista ignore que Dante no es capacitadora del INE, sino auxiliar jurídico del Ayuntamiento de Torreón y militante del PRI. La mujer y las boletas fueron “rescatadas” por Fuerza Coahuila (Reforma, 21.06.17). Un día después, el mismo diario publicó una fotografía de varias jóvenes con Miguel Riquelme. Lydia es una de las más sonrientes y entusiastas.

Luis Carlos Plata, columnista de Vanguardia, reveló días después, en su cuenta de Twitter, que Ricardo de León, padre de la presidente del IEC, es director de Verificación de Obra Pública y Programas Sociales de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.

El 23 de junio, el excandidato independiente a la Alcaldía de Piedras Negras, Lorenzo Menera, exhibió en Facebook paquetes electorales y boletas marcadas a favor de la UDC y Guillermo Anaya abandonadas en las oficinas de la Procuraduría en Ciudad Acuña, a donde entró sin permiso. El procurador Homero Ramos informó que el material forma parte de una investigación. Sin embargo, pruebas relevantes de unas elecciones impugnadas deberían estar bajo custodia, y no en la basura.
04 Julio 2017 04:00:00
Náusea poselectoral
Una sensación de náusea invade al estado y provoca arcadas conforme surgen nuevas evidencias de un posible fraude en las elecciones para gobernador del 4 de junio, denunciado por el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC). Juntos en la derrota, Guillermo Anaya (PAN, UDC, Primero Coahuila y PES), Armando Guadiana (Morena), José Ángel Pérez (PT), Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas (independientes) hicieron lo que su arrogancia y cortedad de miras no les permitió como candidatos: unirse y admitir que sólo así podrían vencer a la maquinaria del PRI dispuesta a todo para retener el poder y proteger a quienes lo han detentado en los 12 últimos años.

El 5 de junio, horas después de que el servil Instituto Electoral de Coahuila (IEC) declarara ganador a Miguel Riquelme, un militante del PRI, miembro de una de las dinastías políticas del estado, me hizo llegar este mensaje: “Lamentable q el ego de Armando Guadiana y de Nicte esposa de Javier G impidió sacar al Pri Moreira de Coah. Quedaremos como los habitantes mas cobardes y comprados del país (sic)”. Críticas así y otras aún más subidas de tono escuché antes, durante y después de las elecciones. Mas por la forma como se organizó el proceso, literalmente era imposible ganarle al PRI; y aun así estuvo a punto de perder.

Ciudadanos y políticos entendieron que no era tiempo de recriminaciones. Los líderes de oposición captaron el momento y actuaron rápido para impedir que en el imaginario colectivo arraigara la idea de que el triunfo del PRI era un hecho consumado. Organizados en el FDC, convocaron a la primera Marcha por la Dignidad, en Saltillo, el 6 de junio. La más exitosa y concurrida en la historia; no sólo de Coahuila, sino del norte de México. Ningún Gobierno, candidato, partido o coalición, incluidas las del PRI y el PAN, pueden reunir a gente de todos los estratos, a lo largo de varios kilómetros, como ocurrió en la capital dos días después de las elecciones. Decenas de miles de personas indignadas clamaron a voz en grito: “¡No al fraude electoral!”, “¡Fuera los Moreira!”, “¡Entiende, Riquelme, Coahuila no te quiere!”, “¡Anaya gobernador, Anaya gobernador!”.

Si ayer los candidatos de oposición desdeñaron las peticiones públicas y privadas para subordinar proyectos y ambiciones personales al interés del estado y organizar un frente común contra el PRI y los Moreira, como condición inexcusable para asegurar la alternancia en el estado, hoy las circunstancias les ofrecen la oportunidad irrepetible de reconciliar la política con la sociedad y proyectar nuevas formas de relación entre el poder y la ciudadanía, al margen de si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revalida el triunfo del PRI u ordena al Congreso local llamar a nuevas elecciones. Coahuila necesita una gran reforma político-electoral para adaptarse a las nuevas condiciones.

El mensaje ciudadano del 4 de junio fue de cambio, no de continuidad; de repudio a la corrupción, al nepotismo, al tráfico de influencias, a la simulación, a la injusticia y a la complicidad de las autoridades electorales con el Gobierno y su partido. La victoria del PRI en las elecciones para gobernador fue pírrica, de apenas 2.4% sobre el PAN, y devendrá en derrota si el TEPJF la invalida. Los Moreira planeaban ejercer el poder indefinidamente, pero el modelo se agotó. Los candidatos de oposición fueron arrogantes, es cierto, pero la soberbia del clan ha sido mayor. La alternancia en Coahuila aún no está cancelada.
03 Julio 2017 04:00:00
Frente por la Dignidad
Movimientos como el del Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), incitados por elecciones cuestionadas o descaradamente fraudulentas, en las cuales Gonzalo N. Santos se regodea en sus “Memorias” –libro al parecer de cabecera de los líderes del “nuevo” PRI–, se extinguen por agotamiento social y por el vacío de los medios de comunicación. Sin embargo, esos episodios forjaron próceres modernos cuya aportación a la democracia es invaluable. En San Luis Potosí, Salvador Nava afrontó el cacicazgo del Alazán Tostado como Santos era conocido. En Chihuahua, Luis H. Álvarez sentó las bases de las primeras alternancias (estatal y nacional). En Coahuila hizo lo mismo Edmundo Gurza Villarreal, padre del diputado Luis Gurza Jaidar, utilizado por el PRI para defender el Sistema Estatal Anticorrupción. El cachorro no tuvo valor para cambiar de chaqueta antes de la muerte de su padre.

La fuerza de aquellos liderazgos cívicos, de derecha e izquierda, era moral. Para Gonzalo N. Santos, como, por lo visto, también para las actuales generaciones de todos los partidos, la moral “es un árbol que da moras”. He ahí el drama del país: la política como el medio más fácil, cómodo e inmediato para improvisar fortunas. El descaro y la impunidad han llegado a extremos inauditos. Javier y César Duarte, Roberto Borge y Humberto Moreira forman parte de la misma panda. Amigos, protegidos y hasta hace poco presumidos por el presidente Peña como los nuevos líderes del PRI.

Cuando su marido perdía una elección, doña Hermelinda Jaidar me acusaba con dedo flamígero de “ser cómplice del PRI-gobierno”. Yo sólo era reportero. En 1978 las cosas empezaron a cambiar. Edmundo Gurza estuvo a punto de ganar –o quizá ganó– la Alcaldía de Torreón. El gobernador Flores Tapia “entregó” Monclova al PAN, cuyo candidato había sido Carlos Páez Falcón, pero no Torreón. El clima se tensó a tal grado que el Ejército custodió la toma de posesión de Homero del Bosque, quien resultó ser buen alcalde.

Gurza encabezó un movimiento de resistencia civil con marchas bastante concurridas y un plantón frente a la Presidencia Municipal, levantado en un operativo a cargo del jefe de Seguridad Mario Guerra. Al subirlo con violencia a una patrulla celular, un agente (hoy sería de Fuerza Coahuila) cerró la puerta y le fracturó una pierna. Un año después, el PAN ganó, con Juan Antonio García Villa, la diputación federal por Torreón, y Gurza un asiento de representación proporcional desde el cual interpeló al presidente López Portillo en su tercer informe: “¡Miente, en Coahuila no hay democracia!”.

Hoy tampoco hay líderes de la talla de Gurza, cuya réplica, 38 años después, es justamente la del FDC por el atropello del 4 de junio. Los movimientos poselectorales son tensos, difíciles y desgastantes, pero no inútiles. Basta repasar la historia. Sin el tesón de Salvador Nava, Luis H. Álvarez, Edmundo Gurza y otros de su temple, la democracia habría tardado más tiempo en llegar. El FDC afronta algunos de los obstáculos del pasado caciquil y antidemocrático al que hemos sido empujados desde Los Pinos. Sin embargo, para mantener alta la moral de quienes apoyan su causa, cuenta con una herramienta de la cual no se disponía en el siglo pasado: las redes sociales y la simpatía de un importante sector de la prensa nacional. Existen suficientes causales para anular las elecciones de gobernador, pero si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve lo contrario, el FDC debe mantenerse unido para futuras batallas.
01 Julio 2017 03:00:00
Exorcismo en Los Pinos
El tema de las escuchas ilegales volvió a poner al presidente Peña Nieto en el ojo del huracán. En la nueva edición del bisemanario Espacio 4, el reportero Gerardo Moyano hace el siguiente recuento:

“Insultante”, “indignante”, “amenazante”, “patético”, “abuso de poder”, “dictadura”, “hostigamiento sistemático”, “mecanismo de intimidación”, “mente cochambrosa”, figuran entre los calificativos que rondan al presidente Enrique Peña Nieto por el escándalo de espionaje a periodistas y activistas que sacude a su Gobierno.

“Sin embargo, han sido sus propias declaraciones sobre el tema las que han atizado la indignación social y allanan el camino para la alternancia en las elecciones de 2018. En lugar de respetar fuentes de renombre como The New York Times, Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Social Tic y la Universidad de Toronto, las cuales documentaron los ataques del programa Pegasus, comprado por el Gobierno mexicano a la empresa israelí NSO Group, o de anunciar una investigación independiente sobre las agencias de seguridad que tienen acceso al software, el Mandatario prefirió amenazar a quienes han levantado ‘falsos señalamientos’ contra su Administración. Su rectificación no hizo más que agravar la tormenta.

“Peña parece no haber aprendido de los escándalos anteriores que lo han convertido en el Presidente más impopular de la historia de México. Adelantar que ‘no hay pruebas ni las habrá’, deslizar que alguien fuera de su Administración podría ser responsable del espionaje o sugerir que hasta él mismo puede ser espiado y que por eso se ‘cuida’ de lo que habla por teléfono, confirman que el Mandatario sigue sin “‘entender que no entiende’” (según el término acuñado por The Economist).

“‘Son escándalos que han derrumbado la imagen perfectamente cuidada que Peña Nieto tuvo como candidato —un político enérgico dispuesto a trabajar en conjunto con otros partidos para modernizar y mover a México— y lo han pintado como un funcionario corrupto que desconoce la realidad que viven los mexicanos. Ese cambio es el resultado, en buena medida, del trabajo de los periodistas mexicanos que develaron los casos (de corrupción) y de los activistas y defensores que no han permitido que sean olvidados’, resume The New York Times (NYT) (19-06-17).

“En el mismo sentido, el director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas, una de las víctimas de los intentos de espionaje, señala: ‘esto me habla de un gobierno que tiene sus prioridades enfermas, que tiene una profunda distorsión de la realidad y que vive en una burbuja, en un universo paralelo’.

“La periodista Carmen Aristegui, quien también fue blanco de los ataques de Pegasus, junto con su hijo Emilio, menor de edad, no dudó en calificar el espionaje como una ‘venganza’ del Gobierno federal por el célebre reportaje de la “casa blanca” de la pareja presidencial, comprada con ventajas a Grupo Higa, el contratista preferido del Gobierno. ‘¿Qué sigue si (Peña) ha llegado al grado de espiar a un adolescente? ¿Qué sigue, Presidente siniestro?’, pregunta Aristegui.

NYT califica a Aristegui como la periodista que más ha dañado la reputación de Peña ‘y pocos han pagado tan caro por haberlo hecho’”. (…)

Moyano concluye que “más allá de las indagatorias, este nuevo escándalo ha despertado todos los fantasmas que acechan a la puerta de Los Pinos. Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, se perfila como el exorcista”.
30 Junio 2017 04:00:00
Espionaje selectivo
La reacción del presidente Peña Nieto al reportaje de The New York Times (TNYT) sobre el espionaje a periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas, por parte de su gobierno, fue tardía y equívoca. No se trata de un desliz ocasional, sino de una falla de comunicación hacia dentro y hacia afuera de Los Pinos y del gabinete desde el principio del sexenio. Cada desatino se convierte en escándalo nacional con repercusiones en el mundo. Dos ejemplos: la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, y la “casa blanca” del Presidente y su esposa, descubierta en noviembre del mismo año.

El Gobierno respondió con negligencia y desatino en ambos casos. En el de los estudiantes, la responsabilidad inicial no era de la administración federal, sino del municipio de Iguala y del estado de Guerrero. El vacío de información, las contradicciones y el ocultamiento de datos generaron una crisis de alcance internacional. La “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República sobre la incineración de los 43 jóvenes fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El GIEI se retiró del país el año pasado sin concluir la tarea de situar el paradero de los normalistas, por la obstrucción del Gobierno.

La investigación de Aristegui Noticias sobre la “casa blanca” también marcó la Presidencia de Peña Nieto y minó severamente su credibilidad. El tema escaló a la prensa de Estados Unidos y de Europa y afianzó la idea de México como país corrupto. La demostración de un caso de conflicto de interés irrefutable, pues la residencia se adquirió a un contratista conocido de Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México, brindaba la oportunidad de reparar la imagen presidencial y del país. Era el momento de corregir el rumbo y de reasumir el liderazgo. Sin embargo, se volvió a tomar la vía equivocada: nombrar a un empleado del Mandatario para investigar la operación con la consigna de cerrarla sin culpables.

Cuando TNYT reveló que entre los objetivos del Gobierno figuran abogados de los normalistas de Ayotzinapa, la periodista Carmen Aristegui, su hijo Emilio y promotores de leyes anticorrupción como Juan Pardinas, presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la reacción no fue de sorpresa. El reportaje confirmó la sospecha de que el Gobierno siempre ha espiado, pero más ahora. Ya no sólo a terroristas y a delincuentes –condición del proveedor del sistema de espionaje–, sino a críticos del Gobierno y a quienes, supone, son un riesgo para el grupo en el poder.

Meses después del reportaje sobre la “casa blanca”, Aristegui y su equipo fueron despedidos de MVS por suscribirse a la plataforma de MexicoLeaks sin consultarlo con la empresa. Ese fue el pretexto. Pedro Ferriz, otro crítico de Peña Nieto, renunció a Imagen Radio tras la filtración de conversaciones y videos con su presunta pareja sentimental. El 23 de mayo, una decena de organizaciones civiles abandonaron el secretariado técnico tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto. “El espionaje dirigido a defensores de derechos humanos y el incremento súbito de las amenazas a la libertad de expresión aumentan la desconfianza e impiden un diálogo entre pares con el Gobierno”, denunciaron.

El presidente Peña dice que su gobierno es “democrático” y “respeta y tolera las voces críticas”. La realidad, sin embargo, lo desmiente.
28 Junio 2017 04:00:00
Las señales del INE
El talón de Aquiles de Miguel Riquelme –además del encono social por el desaseo de los comicios del 4 de junio, la acusada parcialidad e incompetencia del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en todas las etapas del proceso y la manipulación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)— es el margen de su victoria. Treinta mil votos lo separan del excandidato del PAN Guillermo Anaya. En 2005, Humberto Moreira superó a Jorge Zermeño por más de 172, y en 2011 Rubén Moreira al mismo Anaya por casi 300 mil.

Humberto Moreira ganó la Gubernatura con una ventaja de 21% y su hermano Rubén la aumentó a 25%, 10 veces más que la obtenida por Riquelme (2.4%) según el IEC. El PAN y las fuerzas de oposición agrupadas en el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) impugnaron el triunfo del priista por haber gastado más de lo permitido por la ley en su campaña, entre otras causas. Una elección se puede anular cuando el tope se exceda en 5% y cuando la diferencia entre los dos primeros lugares sea menor de cinco puntos. La primera deberá determinarla el Instituto Nacional Electoral (INE) y la segunda ya existe.

Las elecciones salieron del ámbito local y ahora forman parte de la agenda nacional. Según analistas, observadores, académicos y líderes políticos, la regresión de la democracia en Coahuila es mayor incluso a la del Estado de México, donde el Gobierno del presidente Peña Nieto volcó recursos y estructuras para imponer a Alfredo del Mazo.

Para el periodista y escritor Eduardo R. Huchim, ambas elecciones deben ser anuladas “y sus supuestos ganadores, Alfredo del Mazo y Miguel Riquelme, no deben participar en los comicios extraordinarios, como lo establece la Constitución. (…) porque en ambos estados se han cometido violaciones graves, dolosas y determinantes (…) atribuibles a los partidos que postularon a esos candidatos y a los gobiernos federal, mexiquense y coahuilense”. (Nulidades Necesarias, Reforma, 10.06.17.)

“(…) en Coahuila se dio la contradicción de los resultados de conteo rápido que favorecían al candidato panista, Guillermo Anaya, con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que estaba dando ventaja al priista Miguel Riquelme. Sin embargo, cuando se llevaba registrado el 72% de las actas, el flujo debió detenerse por inconsistencia y falta de las copias del PREP del escrutinio de casillas (erróneamente depositadas dentro de los paquetes electorales y no fuera), pero era claro que en el cómputo todo podía resolverse. Entonces irrumpió la violación y manipulación del contenido de los paquetes electorales, presuntamente a cargo de policías estatales (…) y de ese modo se arruinó la posibilidad de saber con certeza quién había ganado la elección”.

Huchim advierte que “si fuera necesario presumir quién fue el ganador real, habría que acreditar la victoria al panista, porque este obtuvo mayoría en el conteo rápido, un ejercicio que normalmente es preciso y guarda concordancia con los resultados reales, porque se basa en una muestra de las cifras del escrutinio en casillas. En cambio, el PREP daba ventaja al priista, pero nunca se concluyó, si bien el cómputo viciado lo favoreció”.

En la disyuntiva de exponer de nuevo el Estado de México o repetir las elecciones en Coahuila, ¿por cuál optaría el presidente Peña Nieto? La respuesta es obvia. El INE repentinamente se puso estricto y empieza a dar señales de anulación.
27 Junio 2017 04:00:00
El túnel de la duda
El triunfo del PRI en las elecciones para gobernador pende de un hilo. Si el Tribunal Electoral del Estado (TEE) no lo anula, como demandan el PAN, Morena, el PT y los candidatos independientes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá en definitiva si Miguel Riquelme es el próximo gobernador u ordena al Congreso local convocar a nuevas elecciones. En 2005, el TEPJF ratificó la constancia de mayoría de Humberto Moreira una semana antes de su toma de posesión.

El TEPJF desechó las impugnaciones para anular la elección de Moreira debido a la fragilidad e inconsistencia de las pruebas aportadas por el PAN y el PRD (actos anticipados y rebase de gastos de campaña, promoción de obras del Gobierno, uso se símbolos religiosos, compra de votos, alteración de paquetes electorales, extracción de boletas e intervención del sindicato magisterial). En el juicio pesó más el oficialismo de RCG, la cobertura desmesurada del “Moreira Channel” a la campaña del PRI y las denostaciones al candidato del PAN, Jorge Zermeño.

El TEPJF “dio vista” de las irregularidades de RCG a la Secretaría de Gobernación para “los efectos legales conducentes”. Fiel soldado del PRI y del Gobernador de turno, el consorcio de Roberto Casimiro González Treviño fue generosamente compensado por los servicios prestados en campaña, no obstante haber puesto en riesgo la elección de Moreira. Aunque todavía tiene acceso al poder y a los negocios, ya no es tan impune. Su imperio está en decadencia.

Según el periódico San Antonio News Express, autoridades de Estados Unidos investigan a González Treviño desde hace varios años por su presunta participación en una red de lavado de dinero robado de las arcas del estado en la administración de Humberto Moreira, de quien habría sido socio en varias empresas. El 20 de noviembre pasado, el Ejército cateó la residencia de González Treviño en Saltillo por una investigación vinculada a Alfredo “El Mono” Muñoz Luévano, uno de los líderes del cártel de los Zetas.

“El Mono” fue detenido el 18 de marzo de 2016 en España por lavado de dinero y delincuencia organizada. En los próximos meses será extraditado a Estados Unidos donde Humberto Moreira –denunciado ante una Corte de Texas de vender protección a los Zetas durante su gobierno– afronta los mismos cargos. El 15 de enero de 2016, la Policía Nacional detuvo al exlíder del PRI en el aeropuerto de Barajas por órdenes de la Fiscalía Anticorrupción, acusado de blanqueo de dinero, malversación de fondos, cohecho y organización criminal, según informó el periódico El Español. Moreira salió libre una semana después y regresó a México.

¿Qué salvó a Moreira en 2005 de las impugnaciones del PAN y el PRD para sumir después a Coahuila en la peor crisis financiera y de seguridad, así como en el mayor descrédito de su historia? Las urnas, donde aventajó a Jorge Zermeño por 172 mil 152 votos. Las irregularidades revisadas por el TEPJF eran insuficientes para anular la elección y el impacto de RCG en la intención de voto tampoco se determinó. Sin embargo, “los integrantes de la Sala Superior coincidieron en la relevancia que están jugando los medios de comunicación en los procesos electorales”.

Hoy –a diferencia de 2005– legiones de coahuilenses protestan en las calles y a través de las redes sociales por el “fraude electoral”. El Gobierno de Rubén Moreira, el PRI y Miguel Riquelme entraron en el túnel de la incertidumbre con la espada sobre sus cabezas y sin un aliado como Eloy Fuentes en el TEPJF.
26 Junio 2017 04:00:00
Escenarios inéditos
La posibilidad de convocar elecciones extraordinarias para gobernador, luego de haberse impugnado las del 4 de junio, abre escenarios inéditos. Si el Tribunal Electoral del Estado confirma el triunfo del priista Miguel Riquelme, el PAN y las fuerzas agrupadas en el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos tiempos no los marcan los partidos. En el año 2000, la Sala Superior anuló la constancia de mayoría de Manuel Andrade (PRI) dos días antes de su toma de posesión y ordenó celebrar nuevos comicios.

El Código Electoral de Coahuila advierte:

“Artículo 21. Cuando se declare nula una elección (…) la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los noventa días siguientes a la declaración de la misma” (inciso 1).

“En ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el partido político que hubiere perdido su registro con anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse. No obstante, podrá participar en una elección extraordinaria, el partido político que hubiese perdido su registro, siempre y cuando hubiera participado con candidato en la elección ordinaria que fue anulada. En su caso si se anula una elección por causa imputable a un candidato independiente este no podrá participar en el proceso electoral extraordinario” (Artículo 22, inciso 3).

Si el TEPJF repone las elecciones del 4 de junio (como sucedió en Tabasco en 2000 y en Colima en 2003 y 2015) y se convoca a votaciones extraordinarias para después del 1 de diciembre, el Congreso deberá nombrar gobernador interino. El último que se designó bajo esa figura fue Francisco José Madero, por la renuncia de Óscar Flores Tapia, pero entonces ya habían pasado las elecciones en las cuales resultó electo José de las Fuentes.

En caso de que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) ratifique el triunfo de Riquelme, el FDC llevará hasta la última instancia su demanda de invalidarlo. El TEPJF resolverá si da luz verde al priista para asumir el cargo el 1 de diciembre próximo o anula la elección y ordena al Congreso local –de mayoría priista– llamar a nuevas elecciones en los siguientes 90 días. El FDC pide desde ahora que las votaciones las organice el Instituto Nacional Electoral (INE).

Otro escenario es que, tras las pifias e incompetencia del Instituto Electoral de Coahuila, una parte o la totalidad del consejo general sea removido y algunos de sus miembros sometidos a juicio como ocurrió en Chiapas por otros motivos (la adulteración de la lista nominal para favorecer a un candidato a diputado migrante). El menoscabo a la confianza y credibilidad del IEC, por su parcialidad en todo el proceso comicial y el caos en la jornada más sucia y cuestionada de la historia, es irreparable.

El TEE también está en el centro de la polémica. La Sala Regional del TEPJF, con sede en Monterrey, le revocó varias resoluciones favorables al PRI y sus aliados, aceptadas previamente por el fallido Instituto Electoral de Coahuila. En 2005, el TEE avaló la elección de Humberto Moreira, impugnada por Jorge Zermeño, y el tribunal federal la ratificó. Las cosas ahora son distintas por el malestar ciudadano, las irregularidades denunciadas por el PAN y el PRD ante la OEA y la presión de los medios de comunicación del país.
24 Junio 2017 04:08:00
Epidemia de violencia
En México la violencia de género se ha convertido en epidemia. La ausencia de estado de derecho, la venalidad del Ministerio Público y los vicios del aparato de justicia, así como el dominio de gobiernos machistas e insensibles a esa realidad –a escala federal y local– ahondan el fenómeno y exponen más a las mujeres. Las víctimas son, por desgracia, cada vez de menor edad. El tema lo aborda el periodista Édgar London en la nueva edición del bisemanario Espacio 4:

“La situación de las mujeres en México cada día se torna más angustiante. Son víctimas constantes de violencia laboral y doméstica, usadas como objetos desechables y desatendidas por las autoridades –hombres en su mayoría– cuando van a imponer una denuncia. No es de extrañar entonces que las agresiones en su contra se incrementen hasta hacer del feminicidio una práctica común en muchas regiones del país.

“La respuesta de los poderes judiciales para sancionar y reparar estos hechos continúa siendo deficiente, lo que ocasiona que se pierda la confianza en las autoridades. El Observatorio Nacional Contra el Feminicidio ha estimado que 60% de los casos de feminicidio en el país quedan impunes.

“El asesinato de mujeres en México cobró notoriedad internacional en 1993, cuando se comenzaron a denunciar públicamente los casos de mujeres ultimadas en Ciudad Juárez. Hoy el protagonismo lo lleva otra entidad, el Estado de México, donde fue gobernador el presidente Enrique Peña Nieto y que actualmente muestra los peores índices de feminicidio en toda la nación.

“La pasividad de las autoridades nacionales contrasta con el interés y dinamismo que muestran las instancias internacionales. Fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que en 2009 condenó al Estado mexicano por ser incapaz de garantizar el derecho a la vida a las mujeres. Al emitir una sentencia histórica sobre el caso de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en 1993, el organismo concluyó que el Estado violó los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad personal, entre otras garantías individuales, de estas mujeres, y denegó el acceso a la justicia a los familiares. La Corte demandó a México conducir eficazmente el proceso penal, remover los obstáculos en la investigación de los hechos y realizarla con perspectiva de género.

“El problema es que detrás de cada feminicidio se oculta una cultura de discriminación, de misoginia que requiere altas dosis de cultura y educación que el Gobierno no es capaz de brindar.

“Para Rosario Varela Zúñiga, maestra investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAdeC y experta en temas de género, en los hechos se mantienen los mismos paradigmas como que la mujer es la encargada de cuidar el hogar, lo que genera violencia y a la postre genera choques entre los roles del hombre y la mujer que pueden terminar en agresiones.

“A su juicio, la violencia contra la mujer no tiene una sola explicación, pero sí una constante: son vistas como inferiores, lo que vulnera su integridad y las vuelve objetos, en lugar de sujetos. ‘Ser mujer es como estar disponible para los deseos y caprichos. Muchos hombres detentan una posición de poder que les da la sociedad y la mayoría se cree con esa condición y practica una masculinidad hegemónica’”, afirma.
23 Junio 2017 04:00:00
Elecciones anuladas
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sólo ha anulado tres elecciones para gobernador (una en Tabasco y dos en Colima), todas al PRI. En los tres casos, la Sala Superior confirmó la intromisión de los gobernadores y ordenó celebrar comicios extraordinarios, los cuales volvió a ganar el PRI con los mismos candidatos. Sin embargo, la mayoría de las impugnaciones no ha prosperado. En los últimos años, el TEPJF confirmó los triunfos del PRI en Michoacán y Oaxaca.

Si los tribunales locales ratifican la victoria de Miguel Riquelme en Coahuila y de Alfredo del Mazo en Estado de México, donde el PAN, Morena y otros partidos piden anular las elecciones por el uso de recursos públicos y programas oficiales, la compra masiva de votos, la injerencia de los gobernadores Rubén Moreira y Eruviel Ávila y el exceso en gastos de campaña, las impugnaciones llegarán al TEPJF. Uno de los argumentos de Acción Nacional y sus aliados del Frente por la Dignidad de Coahuila es la participación del Instituto Estatal Electoral en un supuesto fraude.

La primera elección invalidada por el TEPJF fue en Tabasco, en el año 2000. El candidato del PRI, Manuel Andrade, impuesto por el gobernador Roberto Madrazo, venció el 15 de octubre al perredista César Raúl Ojeda por un margen de apenas 0.09%. El primero obtuvo 288 mil 860 votos y el segundo 281 mil 705. Impugnada por el PAN y el PRD, el TEPJF dejó sin efecto la constancia de mayoría de Andrade, pues la intrusión de Madrazo alteró el principio de equidad.

Las elecciones extraordinarias se celebraron 10 meses después (el 5 de agosto de 2001) y Andrade venció a Ojeda por más de 4 puntos. Andrés Granier, sucesor de Andrade, purga prisión desde junio de 2013 por malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y otros delitos. Un factor determinante para encarcelar a Granier fue la alternancia. El PRI perdió Tabasco en 2012 con Arturo Núñez (PRD).

La siguiente elección anulada se registró en Colima en 2003. Las autoridades locales dieron la victoria a Gustavo Vázquez, pero el TEPJF halló elementos para invalidarla. El gobernador Fernando Moreno desvió recursos públicos para hacer ganar al PRI por 7 puntos sobre el PAN. En las extraordinarias la diferencia se redujo a 4 puntos, pero Vázquez sólo pudo gobernar un año. El 24 de febrero murió en un accidente aéreo junto con varios de sus colaboradores. Colima volvió a celebrar elecciones en 2005. El priista Silverio Cavazos obtuvo la victoria por una diferencia de menos de 4 puntos.

En 2015, las elecciones en Colima tuvieron un final de fotografía. José Ignacio Peralta (PRI) aventajó apenas por 503 votos al panista Jorge Luis Preciado. Acción Nacional impugnó el resultado. El TEPJF lo anuló por un video donde el secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar, da línea, en nombre del gobernador Mario Anguiano, por el candidato del PRI. Peralta ganó las extraordinarias por un margen de 3.7%.

Las irregularidades del 4 de junio en Coahuila y Estado de México son aún más graves que las cometidas en Tabasco y Colima. El 23 de diciembre de 2016, Reforma difundió un audio donde el entonces secretario estatal de Desarrollo Social, Rodrigo Fuentes, instruye a empleados de la dependencia para apoyar al candidato del PRI. Sin embargo, la impugnación del Frente por la Dignidad de Coahuila para anular la elección se basa en faltas de más peso.
21 Junio 2017 04:00:00
Escenario de crisis
El Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) da por sentada la anulación de las elecciones para gobernador, impugnadas el miércoles pasado, pero admite que la lucha será ardua y tardará meses. En la quinta Marcha por la Dignidad, celebrada en Monclova, el FDC destapó a Guillermo Anaya como candidato único para el proceso extraordinario. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe ordenar primero al Congreso local convocar nuevas elecciones.

Sobre el pronunciamiento de Armando Guadiana (Morena) y José Ángel Pérez (PT) con respecto a la candidatura única, Javier Guerrero aclaró: “Voy a continuar con toda energía y emoción en las acciones del Frente por la Dignidad de Coahuila. (…) Cuando se llegue el momento tomaré la decisión atendiendo a los escenarios político electorales. (…) en ningún momento de las reuniones del equipo y encuentros privados de los integrantes del FDC se ha tocado el tema de una eventual candidatura única a favor de Anaya o de ningún otro candidato o integrante del frente”.

Las marchas en Saltillo, Torreón, Acuña y Monclova han movilizado a más de 150 mil personas contra el supuesto fraude electoral, la parcialidad del IEC y la manipulación del PREP en beneficio del PRI. Las elecciones salieron del ámbito estatal y ahora forman parte de la agenda nacional. Coahuila es el laboratorio para las elecciones presidenciales de 2018, declaró Diego Fernández en entrevista con Carlos Puig.

El PRI y su candidato a gobernador Miguel Riquelme insisten en la licitud de su victoria, así haya sido de apenas 2.4 puntos por encima Guillermo Anaya, de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila. También están seguros de vencer al PAN y a sus aliados en el TEPJF. Sin embargo, en ambiente político y social dice otra cosa.

El mensaje de Anaya, aspirante por segunda vez al Gobierno del Estado, es consistente: “Somos y seremos la peor pesadilla de este sistema corrupto. Nada ni nadie nos va a detener, esto apenas inicia (…) que a nadie le quede duda, vamos a recuperar la victoria”.

En un video titulado “#MemoMiente”, publicado en redes sociales, Iván Garza, vocero para la defensa legal de la coalición Por un Coahuila Seguro y funcionario del Gobierno del Estado, refuta los argumentos de Anaya para impugnar la elección de gobernador. La réplica del PRI ocurre horas después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se refirió a las elecciones de Coahuila y pidió al TEPJF resolver el caso conforme a derecho.

El conflicto poselectoral en Coahuila ha escalado alturas insospechadas. Por si no bastara, la investigación del New York Times sobre el espionaje sistemático del gobierno de Enrique Peña Nieto contra periodistas críticos (Carmen Aristegui y Carlos Loret), defensores de los derechos humanos (Mario Patrón, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer), activistas contra la corrupción (Juan Pardinas y Alejandra Zapata) y promotores de la salud (Luis Manuel Encarnación y Simón Barquera), en plena asamblea general de la OEA en Cancún, ocurre en uno de los momentos de mayor encono y agitación nacionales y es el inicio de una nueva crisis para un Presidente repudiado por la mayoría de los mexicanos. La circunstancia exige liberar presión. ¿Será en Coahuila?
20 Junio 2017 04:00:00
El mensaje de Almagro
La elección de gobernador impugnada el miércoles pasado por el Frente por un Coahuila Digno (FCD) debido a vicios e irregularidades en el proceso, llegó hasta la Organización de Estados Americanos (OEA). En el marco de la 47 asamblea general del organismo, iniciada ayer en Cancún, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, se reunió en la víspera con el secretario general, Luis Almagro, para solicitar la atención de la OEA sobre el caso Coahuila.

En la entrevista se acordó establecer “un canal de comunicación para mantener informada a la OEA sobre el desarrollo” del proceso de impugnación, dice el PAN en un comunicado. En la reunión con Almagro participaron también el candidato de Acción Nacional al gobierno del estado, Guillermo Anaya, y el coordinador de Asuntos Internacionales del CEN, Marco Adame.

El líder panista recurrió a la diplomacia para, de alguna manera, comprometer al secretario de Relaciones Exteriores del expresidente uruguayo José Mujica. Reconoció el “destacado liderazgo democrático de Luis Almagro” y el “papel relevante que ha desempañado la OEA ante la severa crisis humanitaria y política por la que atraviesa Venezuela”. También reiteró “su solidaridad y respaldo total a los esfuerzos internacionales para restablecer la vida democrática en ese país”.

En el tema de Coahuila, el presidente del PAN y su candidato al Gobierno “expusieron con detalle el cúmulo de graves irregularidades ocurridas durante el proceso electoral para renovar la Gubernatura del estado de Coahuila, mismas que han sido abundantemente documentadas”, dice la nota.

Asimismo, manifestaron “al secretario general de la OEA las razones de la impugnación interpuesta ante los tribunales competentes, no únicamente por el PAN, sino por los cinco candidatos que hoy integran el Frente por un Coahuila Digno… (y) ante el riesgo de que estas prácticas antidemocráticas se repitan en la elección presidencial del próximo año, fue solicitada una misión de observadores electorales, no sólo durante la jornada, sino durante todo el proceso electoral que dará inicio en septiembre de este año”.

Mientras Almagro conversaba por separado con los líderes nacionales del PAN y el PRD sobre el caso Coahuila, la presidenta del IEC, Gabriela de León, recurría al sarcasmo para ocultar su incompetencia olímpica. En un comunicado, desmiente tener “prueba contundente de algún paquete alterado, de alguna bodega alterada, de algún paquete violentado. (…) A dos semanas de la elección todo mundo habla de paquetes violados y de ovnis que aparecieron en la plaza de no sé dónde”.

En conferencia de prensa con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, Almagro se tomó las cosas en serio. No habló de objetos voladores no identificados, sino de la preocupación del PAN y el PRD sobre las elecciones en Coahuila. “Nos pusieron en conocimiento de determinadas prácticas que nosotros pensábamos desterradas del sistema político y electoral, específicamente en ese estado”.

El juicio contra la victoria del PRI se resolverá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual tampoco goza de la mejor reputación después de las elecciones presidenciales de 2012. La “plena confianza” de Almagro en que el TEPJF actúe “conforme a derecho”, y de que haga “prevalecer el derecho electoral y el derecho de los partidos en la participación, de una manera fuerte y definitiva”, es un mensaje que el presidente Peña Nieto no puede evadir.
19 Junio 2017 04:00:00
Mentís al triunfalismo
La conseja según la cual “en Saltillo nunca pasa nada” fue sepultada el 5 de junio cuando 50 mil personas o más desfilaron pacífica y resueltamente en contra del supuesto fraude electoral maquinado para imponer al candidato del PRI Miguel Riquelme como sucesor de Rubén Moreira y de la eventual extensión de su clan otros seis años para completar 18. Una eternidad insoportable, excepto para sus beneficiarios.

La manifestación superó las expectativas más optimistas, sobre todo por el corto lapso entre su convocatoria y su realización 24 horas después. El Gobierno del Estado y el PRI, al principio, le restaron importancia. Expertos del acarreo, de sus tiempos y sus costos cargados al erario, quizá supusieron que los saltillenses permanecerían distantes, dormidos, ajenos al mundo y sus problemas, insensibles frente al atropello.

Cuando el poder despertó, cuando, con estupor por su futuro, descubrió que Saltillo había cambiado, aun cuando las elecciones de alcalde las hubiera ganado un priista, o tal vez por ello, era demasiado tarde. La votación del PRI se desplomó como nunca. Perdió la mayoría en el Congreso, alcaldías importantes (Torreón, Monclova, Acuña, Sabinas) e incluso hoy todavía no puede cantar victoria en la Gubernatura pues fue impugnada por el PAN y las demás fuerzas del Frente por la Dignidad de Coahuila y en defensa del sufragio libre.

La manifestación se afrontó con el recurso barato de la descalificación. Frente a la espontaneidad y prudencia ciudadana, la provocación del PRI-gobierno: “Bola de acarreados”. Frente al clamor contra el “fraude electoral” y el repudio a la clase gobernante enquistada en el poder desde hace 12 años, el escarnio, la burla, la confesión de parte: “Ya marcharon desde ayer” (4 de junio, día de las elecciones más sucias y escandalosas de la historia de Coahuila y acaso de México). Pero eso sí, en el Congreso se le rinde culto hipócrita a Francisco I. Madero, el Apóstol de la Democracia.

El Gobierno y su partido siguen sin reponerse del mentís al triunfalismo dado en la marcha, impresionante por tierra, pero cuya magnitud sólo fue posible dimensionar por las tomas aéreas. El tono de la protesta frente a la sede del poder donde Venustiano Carranza despachó hasta antes de levantarse contra el usurpador Victoriano Huerta tras el asesinato de Madero, fue de repudio, de indignación, de hastío y de enfado hacia el moreirato y su estela de terror. “¡No más!”, se escuchó en la Plaza de Armas.

¿A quién debe Saltillo esta alborada cívica y democrática? En parte, y aunque parezca irónico, a los propios Moreira por haber traicionado a una sociedad cuya parsimonia se confundió por mucho tiempo con sumisión y su silencio con complicidad. Pero, sobre todo, a la comprensión de la nueva realidad de un estado y un país donde ciudadanía empieza a ser lo que siempre debió haber sido: agente de cambio y mandarte. Esta revolución de terciopelo no podría explicarse sin las redes sociales, antídoto contra el poder omnímodo y la complicidad de algunos medios de comunicación.

A los coahuilenses corresponde el mérito de este gran movimiento cívico cuyo alcance sobrepasa a partidos, candidatos y gobiernos. Ninguno de ellos habría podido mover tantos anhelos en un mismo objetivo: la dignidad y el rescate del estado. Si el espíritu social se apaga, como el poder espera que suceda, los corruptos y los aventureros volverán a imponer sus intereses.
17 Junio 2017 04:01:00
Mujeres del cambio
Como cada año, el bisemanario Espacio 4 publica un suplemento por el Día de la Libertad de Expresión. Es un reconocimiento a quienes, desde cualquier medio de comunicación, ejercen este derecho de manera responsable y conscientes de los riesgos que entraña, sobre todo en estos tiempos cínicos, de impunidad y violencia. Esta vez, el homenaje es a quienes buscan justicia por sus propios medios en un país donde la ley cada vez se aplica menos. El título es “Mujeres de temple” y esta es su presentación:

“En un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos y cacería de periodistas, el cual ubica al país entre los más peligrosos del mundo para activistas y comunicadores, expresarse libremente se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo. Aun así, existen ciudadanos que no cejan en la defensa de esta garantía constitucional que en México se conmemora cada 7 de junio, desde 1951, por decreto del presidente Miguel Alemán.

“Entre ellos, destacan mujeres que movidas por tragedias personales o por el hartazgo ante la corrupción y la desigualdad crónica del país, se han erigido como referentes sociales de la lucha por la equidad de género, la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas, entre otras tantas causas.

“El título de este suplemento especial, ‘Guerreras de la dignidad’, está inspirado en un artículo de esta publicación que honra la tenacidad de un grupo madres coahuilenses que se organizaron para hallar a sus hijos desaparecidos. Su incansable búsqueda ha impulsado algunos de los cambios legislativos más importantes en materia de desaparición forzada en México.

“Estas mujeres no solo han ocupado el vacío dejado por las autoridades ante un fenómeno cuya verdadera magnitud será juzgada por los libros de historia, sino que han demostrado el alcance del poder ciudadano.

“Al igual que ellas, por las páginas de esta publicación desfilan jóvenes, madres independientes, artistas y activistas, cuya labor enciende una luz al final del oscuro túnel de violencia e impunidad que se extiende por todo el territorio mexicano.

“Se trata de historias inspiradoras que van desde el activismo silencioso de Neli Herrera, quien por más de cuarenta años ha trabajado en favor de la democracia de Coahuila, hasta un puñado de mujeres bomberas de Matamoros que elige un papel femenino distinto al que les impone la sociedad; pasando por testimonios sobre el aborto, la lucha por el parto humanizado y la influencia femenina en el cine mexicano.

“En un país cuya cultura machista prevalece desde tiempos inmemoriales y ante los riesgos que representa la misoginia instalada en el nuevo gobierno de Estados Unidos, la cual ha despertado una ola de protestas en aquel país –descrita por una de sus protagonistas en esta edición–, el ejemplo de estas mujeres es digno de rescatar.

“De ahí, la importancia de que su lucha sea difundida y tenga cabida entre las noticias negativas que atizan el desánimo social. Solo así, su esfuerzo podrá encontrar eco en esa parte de la sociedad, que aun desencantada con la política, está buscando espacios no solo para canalizar su descontento, sino para ser parte de un cambio que únicamente se puede gestar desde abajo.

“Como medio comprometido con el derecho a la información veraz y crítica, no encontramos mejor manera de conmemorar el ‘Día de la Libertad de Expresión’ que dedicarles a ellas este suplemento especial. Porque en ellas reside la esperanza de un futuro mejor para todos los mexicanos”.
16 Junio 2017 04:01:00
¿Juicio al presidente?
El país no tiene punto de reposo. Acaban de pasar las elecciones del 4 de junio y en menos de un año se renovarán la Presidencia de la República, las dos cámaras del Poder Legislativo y nueve gubernaturas. La mayoría de los estados elegirá también congresos locales y ayuntamientos. Coahuila regresará a las urnas para nombrar nuevos cabildos, pues los recién electos serán sólo de un año, y homologar así el proceso local con el federal. Los alcaldes, regidores y síndicos volverán al periodo original de tres años con la posibilidad de elegirse hasta tres veces en forma consecutiva.

Con un presidente como Peña Nieto, aprobado apenas por el 12% de la población, un PRI en caída libre y ambos lastrados por la corrupción, desde hoy se da por sentada la tercera alternancia en Los Pinos. Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, encabeza por ahora la intención de voto, seguido de Margarita Zavala y Ricardo Anaya, del PAN. En ese escenario, el PRI caería al tercer lugar como en 2006 cuando Felipe Calderón y AMLO superaron a Roberto Madrazo.

Al PRI puede aplicarse hoy la sentencia del exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, con respecto a la sucesión presidencial de 1975: “La caballada está flaca”. La única carta de Peña parece ser el anodino secretario de Gobernación, Miguel Osorio. Pero si en Hidalgo fue mediocre, como responsable de la política interior y la seguridad nacional resultó un fiasco mayor. La violencia por el narcotráfico se ha recrudecido y el asesinato y desaparición de civiles podría incluso superar los peores años del gobierno de Felipe Calderón. La escalada contra periodistas y defensores de los derechos humanos agrava aún más la situación.

Luis Videgaray, Aurelio Nuño y José Antonio Meade, las otras opciones peñistas para la silla del águila, se eliminaron solos. El primero, por haber traído a Donald Trump cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos; el segundo, por la pésima implementación de reforma educativa; y el tercero, por los gasolinazos. La escasez de figuras en el gabinete y la perspectiva de derrota colocaron al secretario de Salud, José Narro Robles, en la carrera sucesoria. Demasiado tarde para crecer y sin méritos ni talla presidenciales.

El secretario de Salud fue uno de los activistas del PRI en el Estado de México en las pasadas elecciones para gobernador. En un video compartido en Facebook, López Obrador ironiza: “El doctor José Narro Robles; ¿quién iba a pensar que de rector de la UNAM iba a terminar de ‘mapache’ en Ecatepec?”.

La luna de miel de Peña en la Presidencia fue efímera. Los primeros tropiezos los tuvo como candidato. En la Feria del Libro de Guadalajara no pudo nombrar tres de sus lecturas preferidas y de las que citó confundió a sus autores. La Silla del Águila, de Carlos Fuentes, lo atribuyó al historiador Enrique Krauze. El siguiente desliz fue en la Universidad Iberoamericana donde se encerró en los sanitarios para evadir a alumnos críticos. Hoy vive refugiado en Los Pinos mientras el reloj de la sucesión avanza y las elecciones para gobernador en Coahuila y Estado de México las resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La tercera alternancia debe provocarle insomnio, máxime si López Obrador es quien le sucede. ¿Será Peña el primer expresidente de México llevado a juicio? Así parece.
14 Junio 2017 04:00:00
El PRI de Peña Nieto (II)
El gobierno de Peña Nieto colapsó a partir del escándalo de la Casa Blanca. La investigación de Aristegui Noticias sobre la residencia adquirida por Angélica Rivera a Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas favorecidos por su marido en el Estado de México y en Los Pinos, socavó la credibilidad presidencial. Los conflictos de interés se multiplicaron y nuevos casos de corrupción salieron a la luz. Entre los más graves figuran los relacionados con la española Obrascón, Huarte Lain (OHL) y la brasileña Odebrecht, las cuales pagaron sobornos para obtener contratos e incluso pudieron haber financiado campañas políticas. Funcionarios y contratistas de Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, donde Odebrecht recurrió a las mismas tácticas, hoy se hallan en prisión. En México, todos los involucrados están libres.

Por indolencia o para pagar favores, EPN fragmentó el poder al compartir las riendas de la Presidencia con los caciques estatales. La consecuencia es un país plagado de corrupción donde la ausencia de estado de derecho estimula su reproducción y ahonda la pobreza. En la clasificación de Transparencia Internacional de 2016, México ocupa el lugar 123 en el bloque de países con más alta corrupción. A escala regional, figura en la posición 14 de América Latina, sólo cuatro lugares por encima de Venezuela, el país más venal del mundo junto con Irak.

Una de las primeras imposiciones de Peña Nieto, antes de ser candidato, fue la de Humberto Moreira como líder del PRI. El coahuilense tomó posesión el 4 de junio de 2011. Ese día se desató en Saltillo la guerra de los cárteles de la droga por el control de la plaza. En Torreón, donde “el Gobierno de Moreira abrió las puertas a los Zetas”, en represalia por la derrota del PRI en 2005, según denunció el exalcalde José Ángel Pérez en su campaña para gobernador por el PT, las balaceras a pleno día eran comunes, mas no en la capital.

El 20 de agosto de 2011, Torreón, catalogada entonces como una de las ciudades más inseguras del mundo, fue noticia internacional por el tiroteo entre narcos y policías frente al Territorio Santos Modelo mientras se jugaba el partido Guerreros-Monarcas. El gobernador era Humberto Moreira y el alcalde, el panista José Ángel Pérez. El 4 de noviembre de ese mismo año, a menos de 2 kilómetros de distancia, Moreira rendía su quinto informe “de resultados” en el Coliseo del Centenario, en un acto apoteósico. Uno de los más entusiastas aplaudidores era… Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México.

Despedido a hombros, Moreira dejaba tras de sí un estado en ruinas, con pasivos por más de 40 mil millones de pesos –después de haber recibido finanzas sanas–, violencia y corrupción desbocadas, saqueo del fondo de pensiones, fosas clandestinas y servicios en crisis, sobre todo el de salud. Su paso por la presidencia del PRI resultó fugaz. La misma mano que lo impuso lo defenestró por el escándalo de la megadeuda y sus implicaciones políticas. La versión de que una parte del dinero se desvió a la campaña de EPN terminó por adquirir carta de naturalidad.

La expulsión de Moreira del PRI, por haberse postulado para diputado por el Partido Joven, debe ser ahora el menor de sus problemas. Investigado en Estados Unidos y acusado en México por lavado de dinero, presuntos vínculos con la delincuencia organizada y otros delitos, el exgobernador será mañana el Javier Duarte de hoy. Puede serlo en el gobierno de Peña o en el de su sucesor: López Obrador, Margarita Zavala o Ricardo Anaya. Y si no, al tiempo.
13 Junio 2017 04:01:00
El PRI de Peña Nieto
Enrique Peña Nieto (EPN) entró a la última etapa de su gobierno, la más infernal. Su Presidencia, estigmatizada por la corrupción, la impunidad y la frivolidad, lo será también por las masacres, las fosas clandestinas y el asesinato de periodistas, sacerdotes, defensores de los derechos humanos y activistas dedicados a localizar desaparecidos. EPN legará un país desacreditado, sin liderazgo político y en ruina moral, de lo cual es responsable, en primer término, la clase gobernante. EPN volvió al modelo imperial sólo para terminar con los vestigios de un presidencialismo agotado. Dentro de un año, por estas fechas, el país ya habrá elegido a su sucesor. No será del PRI, debido al desprestigio de la marca y al repudio ciudadano hacia sus siglas.

Apenas iniciado el Gobierno de EPN le pregunté a Alfonso Durazo, diputado de Movimiento Ciudadano y exsecretario particular de Luis Donaldo Colosio, el candidato asesinado en 1994, si el Presidente era rehén de los gobernadores del PRI. “No, pero los protege, fueron aliados antes de las elecciones de 2012” (Espacio 4, 498). Sobre la influencia de Carlos Salinas en la administración de EPN, el exvocero de Vicente Fox consideró: “debe ser mínima, si la tiene, pero deja correr la versión por conveniencia política y económica”.

En 2010, el mundo se enteró por WikiLeaks de escándalos políticos, de espionaje y corrupción que enardecieron más a la sociedad contra la clase gobernante. Uno de los documentos, publicados por La Jornada, fue el 09MEXICO2778, con fecha 24 de septiembre de 2009. Después de un par de días en Toluca, funcionarios de la embajada de Estados Unidos dieron las primeras pistas sobre Enrique Peña Nieto al calificarlo de “ahijado del expresidente Carlos Salinas”. La siguiente parte de la nota se refiere a la formación política del entonces gobernador del Estado de México: “Hecho en el molde del anquilosado PRI mexiquense, Peña Nieto no es reconocido precisamente por su transparencia, cuando se trata de amigos y aliados”. Un caso palmario es el de Humberto Moreira, exlíder del PRI y exgobernador de Coahuila. El 15 de enero de 2016 fue detenido en España como parte de una investigación por lavado de dinero, malversación de fondos, cohecho y organización criminal. En México es intocable. El Presidente lo protege.

A la mitad del sexenio de Felipe Calderón, los diplomáticos detectaron que el gobernador (Peña) hacía “política con la mira en la elección presidencial” de 2012. El aspirante “aprovechaba las fisuras existentes en materia de transparencia para hacerse de fondos de campaña”, dice el cable. EPN recurrió a la descalificación: “Parecen más refritos a temas comentados por aquí y por allá (…) una estrategia de los partidos de oposición al PRI que han querido permear a través de señalamientos sin sustento”, replicó.

Por las mismas fechas, The Guardian esparció otro informe sobre EPN, según el cual “analistas y líderes de opinión de su propio partido han expresado ante consejeros políticos de la embajada sus sospechas de que está pagando dinero a los medios bajo la mesa para favorecer una cobertura favorable, y también que financia a empresas encuestadoras para que presenten resultados alterando las tendencias a su favor”.

Como gobernador, Peña pudo manipular las encuestas; y como candidato presidencial, comprar las elecciones de 2012 en sociedad con el duopolio televisivo, cadenas de tiendas de autoservicio (Soriana) e instituciones bancarias (Monex), pero como Presidente no ha podido ni podrá cambiar la realidad. La hidra de la corrupción convirtió al “salvador de México” en villano y hoy tiene al PRI con un pie fuera de Los Pinos y el otro en ultratumba.
12 Junio 2017 04:00:00
Chiles y feminicidios
Un poco de historia. La captura del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, el 9 de abril en Italia, a solicitud de Estados Unidos que lo acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada, provocó el arresto del también corrupto exmandatario de Veracruz, Javier Duarte, seis días después en Guatemala a petición de la PGR. El país reaccionó con escepticismo, pues quien facilitó la fuga de ambos políticos, amigos del presidente Peña Nieto, fue el Gobierno.

Peña reprochó a los mexicanos: “No hay chile que les embone. Si no los agarramos, porque no los agarramos; si los agarramos, porque los agarramos”. (…) ‘El Peje’ ya hasta dijo que (Duarte) es un chivo expiatorio”. Testigo del episodio, el periodista Francisco Garfias lo contó en su columna Arsenal (Excélsior, 18.04.17). La obscenidad tuvo respuesta en columnas políticas y redes sociales, mas no con la animosidad de otros dislates presidenciales, acaso porque no la dijo en público o porque el Gobierno desactivó el escándalo.

En entrevista para SDPnoticias.com –disponible en YouTube–, el exdiputado Gerardo Fernández Noroña calificó la expresión de Peña de “bestialmente vulgar”. Advirtió que si él o López Obrador hubieran dicho “‘ningún chile les embona’, liquidarían nuestra carrera política. (…) además es un planteamiento sexista, misógino, con una carga sexual, machista, muy fuerte. Y no pasa nada”. En efecto, ningún partido o institución protestó ni exigió disculpas por la insolencia.

En un acto proselitista en Acuña, el entonces candidato del PAN a gobernador Guillermo Anaya pregunta: “¿Qué les dan los del PRI?”. El vocerío hace ininteligible la respuesta, pero no para Anaya: “Les dan puro chile, ¿verdad?”. “Sí”, responde el público. “Bueno, pues ahora les vamos a dar puro chile a las lideresas del PRI, ya no les vamos a tener miedo”.

La presidenta virtual del PRI, Verónica Martínez, generalizó la ofensa y exigió de Anaya “una disculpa pública a las mujeres de Coahuila”, cuando él sólo se refirió a las lideresas de ese partido, las cuales también son dignas de respeto. En Acuña, el taxista y líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, se rasgó las vestiduras: “Voy a defender a las mujeres de Coahuila”. Hilda Flores, dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas y exaspirante al Gobierno, también participó en la puesta en escena. El 16 de mayo, Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del PRI, denunció a Anaya ante el INE por “violencia de género político” y pidió cancelar su registro.

Después de India, Arabia Saudita, Indonesia y Sudáfrica, México es el país del G-20 donde las mujeres sufren más violencia, revela un estudio de TrusLaw para la Fundación Thomson Reuters. (En México, siete mujeres son asesinadas cada día (ONU)). “Además de la violencia generalizada, las mexicanas se deben enfrentar a la impunidad de sus asesinatos, al tráfico de personas, al trabajo en condiciones de esclavitud y a la falta de acceso a la educación, a la política y a la tierra”, dice el análisis.

En los tres primeros años de la Presidencia de Peña, 6 mil 488 mujeres fueron asesinadas (46% más con respecto al periodo 2007-2009 (INEGI)), la mayoría en el Estado de México, de donde Peña fue gobernador. Coahuila figura en el segundo grupo con mayor número de casos. (Economíahoy.mx, 08.03.16)

Sin embargo, nada de eso parece interesarle al Gobierno ni a los partidos. Sobre todo, al PRI, escandalizado por la arenga de un candidato, no por el insulto del presidente, cuando su preocupación deberían ser los feminicidios. Fariseísmo puro.
10 Junio 2017 04:00:00
Nada qué celebrar
El gremio más acosado en México es el de los periodistas. Nada qué celebrar entonces con respecto a un ejercicio sometido a presiones y traiciones al oficio y a quienes lo ejercen, incluso desde dentro, como escribió Javier Valdez, asesinado el mes pasado en Culiacán. Gerardo Moyano presenta en la nueva edición del catorcenario Espacio 4 un panorama sobre el tema:

“El día de la libertad de expresión, instituido el 7 de junio de 1951 por el presidente Miguel Alemán, fue precedido por una estela de muerte. Siete colegas fueron asesinados entre marzo y mayo pasados ante la parsimonia de los gobiernos locales y el federal para castigar los crímenes y proteger al gremio. México tiene la deshonrosa calificación de ser uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

“Cuarenta y seis periodistas han sido ultimados desde que Enrique Peña asumió la presidencia, en diciembre de 2012, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Treinta perdieron la vida en el sexenio de Vicente Fox y 51 en el Felipe Calderón.

“Desde su creación en 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) ha absorbido inútilmente 154 millones de pesos. En siete años y bajo diferentes siglas, el organismo, adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR), ha integrado 798 averiguaciones previas por agresiones contra periodistas (47 asesinatos), de las cuales sólo tres devinieron en sentencias (dos en 2016 y una en 2012).

“En este contexto, además del crimen organizado y la narcopolítica, la impunidad también mata a periodistas. El fracaso de la FEADLE y el desdén del Gobierno aseguran a los criminales que en más de 99% de los casos no serán castigados.

“Entre los colegas asesinados en lo que va del año figuran Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, y Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Ríodoce en Sinaloa. Amenazados por su labor periodística, no dejaron de investigar y denunciar los vínculos entre funcionarios y narcotraficantes. Poco antes de su muerte, Valdez, autor de varios libros sobre narcotráfico, denunció la complicidad entre el Estado y los dueños de los medios de comunicación, quienes ‘se han acomodado plácidamente a esta relación, que les ha permitido enriquecerse a costa de regatearle a la sociedad la información’.

“El autor de Narcoperiodismo: La prensa en medio del crimen y la denuncia (2016), había advertido que la impunidad es la que alienta las agresiones contra la prensa, ‘porque significa que si (los criminales) van contra nosotros o esos periodistas y les hacen daño, no va a pasar nada’. Asimismo, destacó la situación de abandono en la que trabajan los medios independientes: ‘El buen periodismo, valiente, digno, responsable, honesto, no tiene sociedad alrededor; está solo, y eso habla también de nuestra fragilidad’, dijo. Su impune asesinato lo confirma.

“El pasado 24 de mayo, una treintena de medios y organizaciones de México, América Latina y España publicaron un comunicado a plana completa en diarios de circulación nacional (bajo el título ‘Basta ya’) para denunciar ‘la ofensiva asesina que han padecido miembros de nuestra comunidad en el ejercicio de su tarea de investigar y difundir las actividades de la criminalidad, entre estas, la narcodelincuencia en México’”.
09 Junio 2017 04:00:00
Cómputo fast track
Tres noticias –una mala, una esperanzadora y una infame– tienen a Coahuila al borde de un nuevo golpe autoritario, en la ruta de la resistencia cívica, en el escaparate de los medios de comunicación y de las mesas de análisis de mayor audiencia del país y en la hoguera de las redes sociales. Ni el presidente Peña ni el gobernador Moreira han dimensionado la gravedad del contexto, ofuscados en la conservación del poder, pues perderlo los expondría a un futuro aciago, como es hoy el presente de millones de mexicanos por culpa de sus gobiernos.

1. Lo malo. Las elecciones para gobernador más onerosas, turbias y controvertidas de nuestra incipiente democracia. Su planificación tardó al menos cinco años y consumió recursos incuantificables. El fraude se incubó en el Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Consejeros y funcionarios deben ser investigados y castigados en la medida de su responsabilidad. En las mesas electorales se utilizó toda clase de tácticas dilatorias y de intimidación contra ciudadanos y representantes partidistas para desalentar el voto; y al cierre de las casillas, para adulterar el resultado. El fraude fue premeditado y masivo.

2. Lo esperanzador. La marcha ciudadana en defensa del sufragio en la cual participaron unas 50 mil personas. No existe partido, gobierno ni presupuesto capaz de movilizar, en menos de 24 horas, tal cantidad de personas de todos los estratos. La manifestación no se promovió por los medios convencionales, sino a través de las redes sociales. La ciudadanía rebasó a los candidatos y partidos convocantes.

3. Lo infame. Las graves irregularidades en las elecciones y la imposición de un resultado por “fast track”, repudiado de antemano por la mayoría de los votantes, provocó el retiro de los representantes de oposición del cómputo de la elección para gobernador. La manifestación del martes fue olímpicamente ignorada. ¿Dónde está Gobernación? ¿Dónde la inteligencia militar? ¿En qué galaxia habita el Presidente?

Gabriela de León Farías, presidenta del IEC, intenta salvar la cara con argumentos tan sólidos como su aptitud para dirigir una institución sin credibilidad, en la cual sólo sirve de fachada. “Hemos actuado con mucha responsabilidad, también procedimos prácticamente al recuento total de los votos y de las casillas. Estoy consciente de que hubo situaciones relacionadas con el llenado de las actas de escrutinio y cómputo, pero tenemos los votos y lo que estamos haciendo es computarlos y contar voto por voto y paquete por paquete”. Con ese galimatías adelantó el triunfo del candidato del PRI, Miguel Riquelme, por un margen de 2.5 puntos.

En el Código Electoral de Coahuila –dice De León– no hay causales para anular el proceso. La perogrullada es del tamaño de su incompetencia, pero más de su incomprensión de la crisis gestada en el propio instituto. ¿Quién elabora las leyes y quiénes son sus beneficiarios? Bajo el mismo principio, tampoco existen motivos para investigar la deuda y enjuiciar a sus responsables, pues el Congreso legalizó el desfalco. ¿Por qué para el IEC unas cosas son “complicadas” y otras, como el cómputo, las resuelve en horas cuando tenía hasta el domingo para hacerlo?

La intención es obvia: arraigar en el imaginario colectivo la idea de que la victoria del PRI es un hecho consumado. Terminó una etapa del proceso, pero al final corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificar o anular el resultado, pues la elección será impugnada. En 2015, el Trife invalidó el triunfo del PRI en Colima por la injerencia del Gobierno del Estado.
08 Junio 2017 04:00:00
Coahuila: ¿hacia el primer Gobierno de coalición?
La mayor manifestación en la historia de la capital y acaso de Coahuila se realizó esa tarde. Alrededor de 50 mil ciudadanos desfilaron del Ateneo Fuente a la Plaza Armas para protestar por el “fraude electoral” del 4 de junio, atribuido al Gobierno, al PRI y al Instituto Estatal Electoral; repudiar al Gobierno de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, pedir cárcel por sus latrocinios; enviar un mensaje a su candidato: “Miguel (Riquelme) no te queremos”; y exigir respeto al triunfo de Guillermo Anaya, postulado por la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila.

La victoria del panista fue reconocida por el resto de los candidatos opositores al Gobierno: Armando Guadiana, de Morena, los independientes Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas y José Ángel Pérez, del PT. Los cuatro participaron en la manifestación junto con el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno.

La marcha, cuya longitud cubrió varios kilómetros en dos carriles, se desarrolló a horas de haberla convocado el Frente por la Dignidad de Coahuila, constituido el lunes por todos los aspirantes de oposición a la Gubernatura, por la sospecha de fraude luego de un súbito e inexplicable cambio en el conteo de votos del Programa de Resultados Preliminares, que primero dio una ventaja de 2 puntos a Guillermo Anaya y luego se los concedió a Miguel Riquelme, sin haber abierto más paquetes electorales.

La presidenta del IEC, Gabriela de León, profana en temas electorales, es la responsable del caos. El 4 de junio, día de la elección, el 63% de las 3 mil 627 casillas abrieron con más de dos horas de retraso, cuando ya había filas para votar. Algunos ciudadanos esperaron, otros fueron y regresaron, pero hubo quienes ya no volvieron.

El IEC cometió también la pifia de dar por “procesadas” el 100% de las casillas y de conceder una ventaja de 1.5 puntos al candidato del PRI, cuando en realidad todavía falta por computar el 28% de los votos. Según Guillermo Anaya, hay “perdidos” 700 mil sufragios. Este miércoles iniciará el conteo en los comités municipales y distritales, pero desde ayer y hoy circulan por las redes sociales videos y fotografías de papeletas cruzado por Anaya, tiradas en las calles.

Una investigación del columnista de Vanguardia, Luis Carlos Plata, aporta datos sobre el supuesto fraude del domingo 4. Destaca la operación de un sistema alterno del PREP, diseñado por un empleado de la Secretaría de Finanzas del Estado, el cual le permitió al PRI contabilizar votos a favor de su candidato Riquelme.

En la marcha y en los discursos de los candidatos, frente al Palacio de Gobierno, donde los hermanos Moreira han despachado en los 12 últimos años, se lanzaron consignas contra el IEC y el Instituto Nacional Electoral (INE), que preside Lorenzo Córdova, por su indolencia, pues no atrajo el proceso de Coahuila, como lo exigieron durante meses el PAN, Morena, el PT y los candidatos independientes, ante la palmaria incompetencia y sometimiento de las autoridades electorales locales al Gobierno del Estado.

En su ruta hacia el centro de la ciudad, la imponente columna ciudadana pasó cerca del Comité Estatal del PRI, donde el partido celebró el triunfo –no reconocido por el IEC– de su candidato Miguel Riquelme. Frente a Enrique Ochoa y Claudia Ruiz Massieu, presidente y secretaria general del PRI, Riquelme aseguró que “está firme” su victoria.

Ya en la Plaza de Armas, a donde la marcha tardó en llegar casi dos horas, Armando Guadiana anunció que el líder de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, apoya al Frente por la Dignidad de Coahuila en su defensa del voto, y reiteró que el ganador de las elecciones del 4 de junio fue Guillermo Anaya. Sin embargo, advirtió, la marcha está por encima de partidos.

“El triunfo es nuestro”, dijo Guillermo Anaya. Acusó al gobierno de Rubén Moreira de querer desaparecer los votos, así como en Coahuila se desaparece a las personas. Pidió a los miles de ciudadanos que colmaron la plaza, el atrio de la Catedral de Santiago y las calles adyacentes, vigilar el cómputo que inicia este miércoles y mantenerse firmes en la defensa de la voluntad de los coahuilenses expresada en las urnas.

En Torreón también se realizó una marcha por la defensa del voto y en contra del fraude electoral, incluso con cacerolazos, como en Saltillo, frente a la Plaza Mayor donde se localiza la Presidencia Municipal.
07 Junio 2017 04:00:00
El IEC y el pucherazo
El presidente Peña Nieto muestra sin empacho la cortedad de su talla política y moral. ¿Provocación de quien se siente incomprendido [“ningún chile les embona”, reprochó a los mexicanos en privado (Francisco Garfias, Excélsior, 18.04.17)] y utiliza el poder para cobrarse agravios como el de ser repudiado y escarnecido por la mayoría? El país tiene en Los Pinos a un operador electoral, no a un estadista, cuya prioridad consiste en ganar elecciones a cualquier costo, no en resolver los problemas de inseguridad, corrupción, pobreza e injusticia. “El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen”, recuerda Goethe, a quien Peña, seguramente, jamás ha leído.

En una entrevista con Carlos Puig (Milenio Tv, 05.06.17), el exlíder del PAN, Diego Fernández, denuncia que Coahuila es el laboratorio donde se ensaya el fraude electoral del año entrante, para la Presidencia. Peña, su partido y sus acólitos son capaces de todo con tal retener el poder y salvarse de futuros encausamientos en México y el extranjero. Juegan con fuego, pues si algo le falta al país para terminar de incendiarse es suprimir la vía electoral como única posibilidad de cambio pacífico.

Comprar masivamente votos, desviar carretadas de dinero público hacia las campañas y robarse las urnas, no es lo mismo a que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) sea la fuente de un supuesto fraude, advierte Diego. Gabriela de León, responsable del caos en todas las etapas de un proceso que, por sus características, exigía la mayor preparación, compromiso democrático e imparcialidad, es un instrumento al servicio del poder. Su designación como presidenta del IEC no fue fortuita. ¿Quién mejor para dirigir un organismo “independiente en sus decisiones” que una burócrata anodina y profana en materia electoral?

Las decisiones independientes las dictan otros desde fuera. El cerebro gris del IEC es Alejandro González. Inició su carrera en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (antecedente del IEC); en 2008, el Congreso lo nombró consejero por órdenes de Humberto Moreira. En la entrevista con Puig, Diego se refirió a él y a su tutor David Aguillón sin mencionarlos por sus nombres. González dirá si el PRI ganó o perdió las elecciones, provoca Fernández. Otro de los consejeros vinculados al PRI es Gustavo Espinosa Padrón. Según una nota del periódico Acceso publicada en su portal a mediados de mayo, Espinosa participó en la campaña de Rubén Moreira para Gobernador.

Los otros consejeros son Gabriela de León, Verónica Félix, María de los Ángeles López, René de la Garza y Larissa Pineda. En 2015, el INE propuso a López para presidente del IEC por su idoneidad, pero localmente se urdió una maniobra para impedirlo. En su lugar se impuso a De León. Electa originalmente por siete años, el periodo de López se acortó a tres. Convenientemente, Alejandro González y Gustavo Padrón serán consejeros por seis años. El IEC es el responsable del caos en las elecciones del 4 de junio. Su actuación como juez y parte colocó de nuevo a Coahuila en el ojo del huracán.

Puig, quien moderó el segundo debate de los candidatos a Gobernador, tiene razón: Coahuila “es el estado más caliente de todos” los que el domingo pasado celebraron elecciones. La presión viene de los ciudadanos libres e indignados volcados en calles y plazas para defender su voto y denunciar la complicidad del IEC en un proceso fraudulento. También, de quienes aportan pruebas para corroborarlo –boletas cruzadas por candidatos de oposición tiradas en aceras, robo de urnas, manipulación de paquetes electorales–, pese a las campañas para desacreditar la movilización social. La elección de Gobernador está hoy menos resuelta que nunca.
06 Junio 2017 04:00:00
En defensa del voto
El principal mandato de los coahuilenses al vencedor de las elecciones para gobernador –incluso si es Miguel Riquelme y se sostiene– consiste en investigar la corrupción de las dos últimas administraciones y poner tras las rejas a los autores del pillaje. Recuperar propiedades, inversiones, dinero y dotar al Estado de un sistema anticorrupción para prevenirla en el futuro es un clamor general. Por no hacerlo con Vicente Fox y Felipe Calderón desde la Presidencia, el PAN perdió credibilidad y fue echado de Los Pinos. El año próximo tratará de recuperar el poder, no por ser mejor ahora, sino porque el PRI de Peña Nieto es el peor de todos.

La corrupción es un cáncer expansivo sólo donde el campo es fértil, y para confirmarlo basta revisar el índice de Transparencia Internacional sobre el tema. Corrupción existe en todo el mundo, pero en cuestiones de rapiña unos países se parecen más a otros. Calificado con 30 puntos, México está en las antípodas de Dinamarca y Nueva Zelanda (90) pero cerca de Venezuela (17), el país peor evaluado de América (Estados Unidos tiene 74 unidades y ocupa el lugar 18). En México la corrupción se reproduce como hongos porque en vez de oprobio permite reconocimiento y ascenso social, político y económico.

Robar, tomar lo de otros, es en cualquier caso deleznable. Hay quienes lo hacen por oficio, como los políticos y los criminales de cuello blanco, con la seguridad de que, la mayoría de las veces, jamás serán sancionados. En nuestro país el 99% de los delitos no se castiga, según el Índice de Impunidad Global México, elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia (Milenio, 03.02.16). Aun así, los delincuentes sin fuero siempre correrán el riesgo de ser atrapados o morir en algún enfrentamiento con la Policía, las Fuerzas Armadas o bandas rivales.

La corrupción más vil emana de los poderes públicos, pues tiene todas las ventajas: 1) Sistema de justicia, congresos y tribunales a su servicio; 2) Medios de comunicación dispersos y sin agenda social; y 3) Ciudadanía permisiva, acrítica y poco participativa, pero cuyo poder, cuando lo ejerce, puede cambiar el rumbo de la historia como todavía puede ocurrir en el estado. Lo peor de la corrupción política es el daño que inflige a los pobres, pues social y electoralmente los convierte en esclavos.

En Coahuila, el voto por el cambio, que a partir de hoy empezará a defenderse con protestas, cuando los aspirantes de oposición con menores posibilidades de ganar debieron unificarlo antes de las elecciones para asegurar la alternancia, fue, en buena medida, contra ese sistema clientelar, opresivo y corrupto cuya ansia de poder y dinero no tiene límite. Fue para castigar a los funcionarios de los dos últimos sexenios que acumularon riqueza y propiedades, dentro y fuera del país, mientras el estado se empobrece. Es también un mensaje a la próxima administración para conducirse con rectitud, transparencia y apego a la ley. El poder se gana en las urnas, pero se legitima en su ejercicio cotidiano.

El futuro gobernador tendrá un enorme compromiso sobre sus espaldas. Coahuila no es el “Nueva York” mexicano que Humberto Moreira, en su megalomanía, dijo construir con deudas ocultas por más de 40 mil millones de pesos, cuyo destino debe investigar el próximo gobierno desde el primer día. Coahuila tampoco está en jauja como cree Rubén Moreira. Al contrario, es un estado al borde del colapso financiero y del conflicto social por la sospecha de que los comicios fueron trucados para frustrar la alternancia. El Instituto Electoral de Coahuila está en la picota.
05 Junio 2017 04:08:00
Libertad condicionada
En el Mapa de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), México está a sólo 6.04 puntos de pasar a una “situación muy grave”, zona que empieza a partir de las 55.01 unidades. Ahora se encuentra en “situación difícil” con 48.97 puntos y ocupa el lugar 147 de 180 países, entre Bangladesh y Rusia. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017 de RFS dice:

“Patria de los cárteles de la droga, México sigue siendo el país más mortífero de América Latina para los periodistas. Cuando cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades (sobre todo de los gobiernos locales) o con el crimen organizado, los periodistas padecen intimidaciones, amenazas, pueden ser asesinados a sangre fría. Crímenes que suelen permanecer impunes.

Esta impunidad se explica por la corrupción que reina en el país. Algunos políticos tienen vínculos estrechos con el crimen organizado. En el ámbito económico, el paisaje audiovisual mexicano se caracteriza por una extrema concentración: dos grupos poseen casi todos los canales de televisión”.

En los 54 meses transcurridos del Gobierno del presidente Peña Nieto, 46 periodistas han sido asesinados (CNDH), cinco menos que en el sexenio de Felipe Calderón. La mayoría permanece impune. En los últimos tres meses fueron abatidos:

1) Cecilio Pineda, director de La Voz de Tierra Caliente (Guerrero) y colaborador de El Universal (2 de marzo).

2) Ricardo Monlui, director de El Político, autor de la columna Crisol de El Sol de Córdova (Veracruz) y presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdova (19 de marzo).

3) Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora de Norte Digital de Ciudad Juárez (23 de marzo).

4) Maximino Rodríguez, autor de la columna Es mi Opinión e integrante del colectivo Pericú, blog de denuncia sobre actos de corrupción (15 de abril).

5) Filiberto Álvarez, conductor del programa Poemas y Cantares de La Señal de Jojutla (Morelos, 29 de abril).

6) Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Culiacán (Sinaloa) y fundador del semanario Ríodoce (15 de mayo).

7) Jonathan Rodríguez Córdova, reportero de El Costeño de Autlán (Jalisco). Había sido secuestrado en dos ocasiones (15 de mayo).

¿Existen motivos para festejar el Día de la Libertad de Expresión con tal cacería de periodistas y cuando aún no se resuelve el asesinato de Valentín Valdés Espinosa, reportero de Zócalo Saltillo, ocurrido el 8 de enero de 2011? La efeméride, implantada en el apogeo de la presidencia imperial (por Miguel Alemán, a quien tanto se parece Peña Nieto), es uno de los muchos anacronismos del sistema. Por tanto, debe desaparecer y conmemorarse en su lugar el Día Mundial de la Libertad de Presa, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidos el 3 de mayo de 1993 para “fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática”. La fecha coincide con la instauración de la Declaración de Windhoek sobre libertad de ejercicio del periodismo. (Wikipedia)

El 24 de mayo propuse en este espacio: “Por respeto a los periodistas asesinados y ante la infinidad de agravios contra el gremio, los festejos por el Día de la Libertad de Expresión deben suspenderse. Primero justicia”. Seré congruente con esa idea.
03 Junio 2017 04:01:00
Alternancia posible
La tercera ley de movimiento de Newton dice: “A toda acción corresponde una reacción en igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto”. El principio puede aplicarse también a la política. Estados Unidos eligió en 2008 a Barack Obama, primer presidente afroamericano (acción), y ocho años después a Donald Trump, el más blanco y radical de sus últimos mandatarios (reacción). En Coahuila, la reacción inversamente proporcional a la primera sucesión entre hermanos (Humberto y Rubén Moreira) es la alternancia.

Si una ley física o natural se basa en evidencia empírica y hechos concretos, y fenómenos particulares ocurren si se presentan determinadas condiciones, la hipótesis política no resulta descabellada. La sucesión fraternal sentó un precedente nefasto por sus resultados (deuda exorbitante, nepotismo, corrupción, soberbia, inseguridad y crisis de servicios). Cuando se aceptó, el país era gobernado por el PAN. En otro tiempo, el PRI no habría permitido tamaña desmesura, equivalente a una reelección. Mismo apellido, mismos intereses.

Uno de los errores más graves del PRI, de nuevo en Los Pinos, fue no haber restablecido el control sobre los sátrapas, de los cuales hoy es cómplice y tapadera. Premio por sus contribuciones al triunfo de Peña Nieto en 2012 con recursos públicos y pactos aún más deleznables como permitir la expansión de la delincuencia organizada para atemorizar a la población y ganar votos, lo que explica el estado de violencia actual. El presidente era en el pasado el único muro de contención respecto a los gobiernos locales. Hasta con Zedillo, los corruptos cuidaban las formas, disimulaban y reprimían su apetito para no ser defenestrados.

Peña Nieto dinamitó el muro, agrietado en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. La corrupción y la impunidad intoxicaron al país y sepultaron a su Gobierno entre los peores de la historia. La autoridad moral era el último refugio de la institución presidencial. Peña la pulverizó desde el segundo año de su mandato y provocó oleadas de repudio ciudadano contra él y su partido jamás vistas. La campaña “#AlzaLaVoz. Ni un voto más al PRI en el Estado de México” –válida para Coahuila y Nayarit, donde también se elegirá Gobernador el 4 de junio próximo–, refleja el sentimiento de cambio.

En el contexto de las alternancias presidenciales entre el PRI y el PAN surgió el moreirato y sus equivalentes en Nuevo León, Veracruz, Durango, Chihuahua, Estado de México, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y casi toda la República. Tal vez por pudor, en ninguno se llegó al extremo de reproducir la sucesión entre hermanos implantada en Coahuila, pero sus resultados fueron los mismos: rapiña, monopolio del poder y ruina económica y moral. Humberto Moreira fue un gobernador impulsivo y atrabiliario. Coahuila tardará varias generaciones en recuperarse del daño causado por la deuda y la suplantación de instituciones públicas por proyectos personalistas. Su hermano Rubén tuvo la oportunidad histórica de hacer un buen gobierno, de escuchar el clamor de un pueblo agraviado, pero la desperdició. Se encerró en sí mismo.

Cuando existen voluntad y condiciones para oxigenar la política, rescatar las instituciones y llamar a cuentas a quienes arruinaron al estado impunemente, como las hay ahora, el cambio es posible. Ni el miedo, ni el voto clientelar de ningún partido pueden detenerlo. Nada. La alternancia toca a las puertas, pero serán los ciudadanos quienes decidan si las abren o las mantienen clausuradas.
02 Junio 2017 04:00:00
HMV: adiós curul
Las elecciones para gobernador, alcaldes y diputados locales en Coahuila no coincidían en la misma jornada desde 2005. Ese año, Humberto Moreira ganó el Gobierno, pero perdió Torreón y cuatro de los cinco distritos de ese municipio. Separar los procesos le permitió al PRI hacer carros completos en el Congreso, mas no se libró de ser derrotado en Saltillo, Monclova, Frontera, Acuña y otros municipios en 2013. El mayor fracaso electoral del PRI ocurrió en 1996, cuando el PAN ganó los principales municipios y nueve de 20 distritos. En la 54 Legislatura (1997-1999), el PRI y las oposiciones empataron con 16 diputados (PAN 10; PRD, PT y Partido Cardenista dos cada uno).

La candidatura de Humberto Moreira para diputado, por el Partido Joven (PJ), formará parte del anecdotario de las elecciones del 4 de junio. Las posibilidades del exlíder del PRI de ingresar al Congreso –poder que utilizó en su gobierno primero como tapete y después como cómplice para ocultar y legalizar una deuda por más de 40 mil millones de pesos– son nulas, aun cuando el PJ, uno de sus engendros, obtuviera el 3% de la votación válida emitida.

En elecciones para gobernador competidas, como serán las de este domingo, el PRI no podrá cantar carro completo en las alcaldías (38) y en el Congreso, el cual está compuesto por 25 asientos, 16 de mayoría relativa (MR) y nueve de representación proporcional (RP). Mientras las oposiciones obtengan más distritos, las posibilidades de Moreira de ser diputado disminuirán drásticamente. Si el PAN gana en seis o más demarcaciones, tendrá derecho a un mayor número de curules de RP. Por su parte, el PRI compensará por esa misma vía algunas de las de MR que pierda. La UDC y el Partido Primero Coahuila, aliados del PAN en la Coalición Ciudadana por Coahuila, podrían tener diputados por ambos principios.

La actual legislatura la componen 16 diputados del PRI, todos de mayoría; cuatro del PAN y uno por cada una de las siguientes fuerzas: UDC, PPC, Verde, Nueva Alianza Social Demócrata (plurinominales). Originalmente, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPC, hoy IEC), satélite del Gobierno, le había asignado al PAN un solo diputado plurinominal. El Tribunal Electoral Federal revocó la decisión y le otorgó tres asientos más, los cuales le fueron cancelados al PRD, PRC y PCP, aliados del PRI, cuyas votaciones fueron marginales.

El factor de género también aleja a Humberto Moreira del Congreso. La actual legislatura la forman 13 hombres y 12 mujeres. La que se elija el 4 de junio –por ley– tendrá mayoría femenina. Si por alguna broma del destino el Partido Joven consiguiera una curul, no sería para Moreira, aun cuando ocupe el primer lugar de la lista, sino para una mujer.

El PJ es uno de los candidatos a desaparecer el 4 de junio, si se considera su peso en las urnas. En las elecciones legislativas de 2014, captó la friolera de mil 978 sufragios, el 0.26% de la votación total válida en el estado. Para conservar su registro, deberá elevar en más de mil por ciento esa proporción. Moreira no llegará al Congreso, pero sí podrían hacerlo dos de sus peones: Román Alberto Cepeda y Samuel Rodríguez, postulados por el PRI por los distritos 10 (Torreón) y 16 (Saltillo), respectivamente. A menos, claro, que los electores lo impidan.
31 Mayo 2017 04:00:00
Junio 4: juicio al clan
El reloj de la historia marca la hora de juzgar a los hermanos Moreira. No en los tribunales, donde los autócratas son inmunes y sólo se castiga con rigor a los indefensos y a los enemigos del sistema, sino donde más les duele a los políticos: en las urnas. En democracias incipientes como la mexicana, donde la división de poderes es una simulación –sobre todo, a escala local–, el voto de castigo no sólo supone cambiar a un partido por otro, sino la posibilidad de castigar a los gobiernos corruptos y a quienes abusan del poder.

La indignación ciudadana, convertida en alternancia, tiene hoy tras las rejas a Javier Duarte (PRI), exgobernador de Veracruz, en Guatemala; en prisión a Guillermo Padrés (PAN), exmandatario de Sonora; y prófugos a César Duarte y Roberto Borge (PRI), hasta hace poco dueños de Chihuahua y Quintana Roo. Los tres son acusados de robar y endeudar a sus estados, de lavar dinero y de haberse enriquecido ostensiblemente.

“Los pueblos no tienen los gobiernos que merecen, sino los que más se les parecen”, sentenció el escritor y político André Malraux, autor de La Condición Humana y secretario de Cultura con De Gaulle. El moreirato no surgió de la nada. Es consecuencia del aislamiento de castas políticas y económicas ensimismadas, ventajosas y acomodaticias; de una crisis de líderes en todos los sectores; de organismos empresariales pusilánimes, acríticos y complacientes; de una sociedad que por desentenderse de la política dejó que deviniera en una cleptocracia poblada de cínicos, bufones, aventureros, vendedores de humo y nuevos ricos; y de unos medios de comunicación entregados al poder. El relajamiento moral es palmario.

El moreirato no se implantó por la fuerza. Sabedor de la condición humana, utilizó las armas más infames de la política para atraerse voluntades, adoctrinar y adormecer a un estado aletargado de por sí. Para ello utilizó la doctrina porfirista de pan o palo: dinero o represión. ¿Quién alzó la voz por la deuda en la medida de la infamia? ¿Quién, además de los candidatos al Gobierno ahora, exigió cárcel para quienes hipotecaron al estado por 30 años? ¿Quién pide hoy mismo cuentas por las empresas fantasma a las cuales se desviaron más de 500 millones de pesos tan sólo el año pasado? ¿Por qué el silencio?

La respuesta, en clave, la dio Humberto Moreira en una grotesca entrevista con un animador de radio de Piedras Negras, en diciembre pasado. Si no respetó la institución cuando era gobernador, menos ahora. A los “hocicones” y a quienes piensen criticarlo o denunciarlo, les recordó: “Tengo expedientes de cada uno. Así y así de grandes”. Él sabe a quién le dio dinero y de cuánto fueron los cañonazos; a qué empresarios compró con contratos y otros recursos; a qué líderes, periodistas y medios de comunicación corrompió; quiénes le vendieron acciones, negocios y conciencias.

Con el peso de la deuda encima, un descrédito sin precedente y un repudio social abrumador, el moreirato, en vez de corregir el rumbo en la segunda parte de su docenio, incurrió en nuevos y mayores excesos. Ensoberbecido se echó la soga al cuello. Su próxima víctima puede ser Miguel Riquelme. Si el candidato del PRI gana, lo cual parece más remoto conforme se acerca el 4 de junio, no será por el clan, sino a pesar de Rubén y Humberto. La sociedad ya los juzgó y los halló culpables. El veredicto de las urnas no puede ser sino condenatorio.
30 Mayo 2017 04:00:00
Corrupción lastra al PRI
Coahuila jamás había estado tan cerca de la alternancia como ahora, pero el PRI no está vencido todavía. El 4 de junio peleará el estado palmo a palmo frente a una oposición crecida y una sociedad indignada por los abusos de la clase política y bien dispuesta al cambio. Perder expondría a los hermanos Humberto y Rubén Moreira y a sus principales colaboradores a investigaciones y eventuales detenciones. Así ocurre en Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz, donde el año pasado el PRI fue defenestrado por la corrupción de sus gobiernos. No de balde el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, trata de deslindar a Miguel Riquelme de los Moreira: “No se le deben endosar facturas ajenas”, declaró en Torreón el 9 de mayo, donde ofreció presupuesto a cambio de votos.

En Coahuila, Estado de México y Nayarit, el PRI se aferra al poder con uñas y dientes. Un fracaso como el de 2016, cuando perdió siete de 12 gobiernos, profundizaría su hundimiento en las elecciones presidenciales. Las encuestas lo colocan por ahora en tercer lugar, después de Morena y el PAN. Para evitarlo, el líder priista Enrique Ochoa y los candidatos de su partido buscan desacreditar la alternancia con sofismas para infundir miedo entre la población. Según ellos, el cambio de siglas partidistas equivale a inseguridad y violencia, pero es el monopolio del PRI en los gobiernos locales, por casi 90 años, la causa del enquistamiento y expansión del crimen organizado.

El argumento, además de falaz, exhibe el fracaso del presidente Peña en materia de seguridad. En su sexenio, el número de asesinatos podría exceder al de su predecesor panista Felipe Calderón. La cifra de homicidios en el Gobierno actual ronda ya los 80 mil, según la Secretaría de Gobernación; en el anterior se registraron 104 mil. México fue el año pasado el segundo país más letal del mundo –con 23 mil muertes– por la guerra contra el narcotráfico, sólo superado por Siria.

Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena) y Javier Guerrero (independiente) aseguran que los Zetas llegaron a Coahuila bajo la protección de Humberto Moreira. En Estados Unidos, exlíderes del cártel lo han acusado de soborno. Funcionarios de la administración de Moreira y empresarios detenidos en San Antonio y Las Vegas se declararon culpables de lavar dinero sustraído de las arcas de Coahuila y señalan al exgobernador como el autor de la trama. Con una aprobación de apenas 12% (Reforma, 18.01.16) y escándalos de corrupción en los estados, el presidente Peña y los gobernadores son los principales promotores del voto antiPRI y antisistema.

El año pasado, el PRI perdió Veracruz y Tamaulipas, zonas electoral y financieramente decisivas, donde jamás había habido alternancia. En Durango y Quintana Roo sucedió lo mismo. Aguascalientes y Chihuahua volvieron a dar el paso del PRI hacia el PAN. Los candidatos impuestos por los gobernadores, sin excepción, perdieron. El voto duro no alcanzó para contener a una ciudadanía fastidiada de políticos predadores cuya ostentación y riqueza atizan el enojo social cada día.

Además de corrupción, los estados arrastran deudas cuyo destino se ignora. Los pasivos de Coahuila rebasan los 40 mil millones de pesos, de los cuales se han pagado alrededor de 20 mil millones por concepto de intereses. La realidad desmiente la retórica oficial. Coahuila se ha empobrecido. La inversión social y en infraestructura se desplomó y los servicios de salud están en crisis. ¿Cómo ganar así el 4 de junio?
29 Mayo 2017 04:00:00
Espíritu de alternancia
Coahuila decidirá su futuro el 4 de junio. Ese día, 2 millones 65 mil ciudadanos podrán acudir libremente a las urnas para elegir gobernador, único cargo donde no ha habido alternancia desde la fundación del PRI, en 1929. El cambio de partido en el poder empezó en Monclova, en 1978, hasta abarcar la mayoría de los 38 municipios en las cuatro décadas siguientes. Desde los más poblados (Saltillo, Torreón, Monclova, Acuña…) hasta los menos habitados (Abasolo, Hidalgo, Sacramento…). En la mayoría de los distritos también ha habido diputados de oposición. El primero fue Diego Partida Aviña (PARM).

El ánimo en Coahuila es de alternancia. Por ser la segunda fuerza electoral en el estado, el cambio natural sería hacia el PAN, cuyo candidato es Guillermo Anaya. El PRI postuló a Miguel Ángel Riquelme. Ambos fueron alcaldes de Torreón. Sin embargo, por primera vez existen otros dos aspirantes de peso: el independiente Javier Guerrero y Armando Guadiana (Morena). El desgaste del PRI y del PAN, la desconfianza que aún suscita el partido de Andrés Manuel López Obrador (Morena) y el perfil de su candidato, favorecen a Guerrero. Así pasó en Nuevo León, hace dos años, donde la mayoría se decantó por Jaime Rodríguez, el “Bronco”, cuyo gobierno ha sido un fiasco.

Las elecciones del 4 de junio, al final, serán plebiscitarias: SÍ o NO al PRI otros seis años. Las circunstancias no le favorecen por la marcha del país y problemas tan profundos como la corrupción y la impunidad, agravadas en el Gobierno de Peña Nieto; la crisis humanitaria por las masacres, las desapariciones; el deterioro de la economía y las promesas incumplidas de las reformas, cuyo impacto más negativo hasta ahora han sido los gasolinazos; la incapacidad del Estado para proteger a la población del crimen organizado, en particular a periodistas y defensores de los derechos humanos, y la crisis por la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, en tareas ajenas a su función. Entre el 3 y el 15 de mayo, otra activista (Miriam Elizabeth Rodríguez), otro presunto delincuente (Paulino Martínez Silva) y otro periodista (Javier Valdez Cárdenas) fueron ejecutados en Tamaulipas, Puebla y Sinaloa.

A escala local, las condiciones tampoco son propicias para el PRI después del docenio trágico de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, el mayor lastre para Miguel Riquelme. Deudas por más de 40 mil millones de pesos –sin investigar ni castigar–, nepotismo, masacres, desapariciones, fosas clandestinas, empresas fantasma, exclusivismo, soberbia, represión, descrédito y procesos en Estados Unidos contra figuras políticas relevantes –por peculado, lavado de dinero y delitos contra la salud– son una herencia difícil de olvidar por su impacto diario en la vida social, política y económica.

El PAN tampoco atraviesa por su mejor momento. El principal partido de oposición faltó a su promesa de combatir la corrupción. Resultó más fácil y lucrativo abonarla en vez de atacarla de raíz. Los debates del 19 de abril y el 4 de mayo entre los aspirantes al Gobierno debieron ser en el Ministerio Público por las denuncias que Riquelme y Anaya intercambiaron. El porvenir de Coahuila está en las manos y en la conciencia de poco más de 2 millones electores, según crucen su boleta en las casillas: continuismo o alternancia, esa es la cuestión. Cuatro tipos de voto decidirán la elección: el de castigo, el oculto, el útil y el razonado.
27 Mayo 2017 03:00:00
El codiciado voto útil
A ocho días de las votaciones para Gobernador, alcaldes y diputados, los principales candidatos a suceder a Rubén Moreira centran su atención en el voto útil, clave en una elección sin ganador a la vista. La competencia es cerrada. Algunas encuestas colocan arriba al priista Miguel Riquelme por 3-4 puntos y otras conceden la misma ventaja al panista Guillermo Anaya, lo cual, para efectos prácticos, equivalen a empate técnico. Al final, la brecha podría ampliarse.

El candidato de Morena, Armando Guadiana, ocupa el tercer lugar en la intención de voto. El independiente Javier Guerrero, cuarto en las encuestas, podría capitalizar el voto contra el bipartidismo PRI-PAN e incluso el de militantes y simpatizantes de ambos partidos, con cuyos candidatos no se identifican.

En su columna “Juego de espejos” del domingo pasado en “Milenio”, Federico Berrueto escribió al respecto: “Llama la atención que los priistas más ortodoxos y leales simpaticen con Javier Guerrero”. Basado en una investigación no convencional de tipo digital (“con Leviatán a la cabeza”), advierte: “El único que le disputa el triunfo (a Guillermo Anaya, candidato del PAN) es Javier Guerrero”.

En los últimos días, los candidatos del PAN y el independiente han intensificado sus discursos y mensajes en redes sociales hacia los indecisos. “La campaña del voto útil, propagada por el PAN y UDC es porque están viendo mi crecimiento. El voto útil es el que realmente representa un cambio. El voto útil es votar por el mejor y el mejor soy yo”, dice Guerrero.

Guadiana declara que sufragar por el PRI o por el PAN “significa desperdiciar el voto y darle continuidad a la corrupción e impunidad en Coahuila”. El expresidente Felipe Calderón reconoce la legitimidad de las aspiraciones de Guadiana y de Guerrero, así como “su lucha contra los Moreira”, pero señala que con una intención de voto conjunta no mayor de 15%, ninguno ganaría las elecciones del 4 de junio. “Es vital que todos los votos del cambio en Coahuila no se desperdicien, no vayan a otras opciones”.

El candidato del PRI recibió el lunes pasado en Torreón a un grupo de diputados, encabezado por Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quien ofreció apoyos federales por 8 mil millones de pesos a la gestión del “próximo gobernador Miguel Riquelme”.

Otra vertiente de las campañas son las denuncias y las filtraciones. Después de la nota de Reforma sobre transferencias por 61.2 millones de dólares a Mónaco y las Islas Caimán que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le adjudica al exgobernador Humberto Moreira y a familiares suyos (17.05.17), El Financiero publicó el lunes pasado que el panista Guillermo Anaya posee fondos por 32 millones de dólares en Barbados y 211 millones de pesos en Banorte. El mismo día, Anaya desmintió la especie y la atribuyó a Humberto Moreira.

Posteriormente, Anaya denunció una presunta red de corrupción y peculado del candidato priista, por más de 180 millones de pesos, a través de empresas fantasma, entre las cuales figuran Camel 23, Vibla Edificaciones, Digital Plotter y Eventos Heroca, entre otras. En la conferencia de prensa le acompañaron el líder del PAN, Ricardo Anaya, y el senador Luis Fernando Salazar. El 3 de mayo, el PRI denunció a Anaya ante el INE por presunto lavado de dinero consistente en la distribución de tarjetas a cambio de votos. Todo eso favorece a Guerrero.

Nota

Por respeto a los periodistas asesinados y ante la infinidad de agravios contra el gremio, los festejos por el día de la Libertad de Expresión deben suspenderse. Primero justicia.
26 Mayo 2017 03:00:00
El voto de la dignidad
Coahuila es una isla en el mapa político de México. Los seis estados circundantes han tenido alternancia por lo menos una vez. La primera fue en Chihuahua (1992) y luego siguieron Nuevo León (1997), Zacatecas (1998) y San Luis Potosí (2003). Durango y Tamaulipas se atrevieron apenas el año pasado. El péndulo se movió en todos los casos hacia el PAN, excepto en Zacatecas donde el PRD postuló al expriista Ricardo Monreal.

Después de ser gobernado por el PRI en los últimos sexenios, como todavía hoy ocurre en San Luis Potosí y Zacatecas, Nuevo León registró su tercera alternancia en 2015, esta vez con el independiente Jaime Rodríguez, el “Bronco”. En las elecciones de 2016, el PAN ganó Chihuahua, Durango y Tamaulipas. El único estado del norte donde no ha habido alternancia es el nuestro, pero el 4 de junio podría cambiar la historia si los coahuilenses se deciden y acuden a las urnas masivamente.

Coahuila no es la única isla en la geografía de la alternancia. Colima, Estado de México e Hidalgo también son gobernados por el PRI desde hace 88 años. Sin embargo, en la tierra de Madero y de Carranza, lo mismo que en la de Isidro Fabela y López Mateos, el partido fundado por Calles podría vivir sus últimos días en el poder. Si aquí Guillermo Anaya (PAN) y Javier Guerrero (independiente) pueden encabezar la primera alternancia, allá es Delfina Gómez, de Morena, la principal preocupación del PRI.

Ironías de la vida, una gobernadora en uno de los estados más misóginos y con mayor incidencia de feminicidios del país. El PRI le sirvió en bandeja de plata a los mexiquenses la oportunidad de pasarle a Peña Nieto facturas viejas y nuevas (como gobernador y presidente) el 4 de junio, cuando en las boletas vean a su primo. Para impedir la imposición de un tercer Del Mazo en el Gobierno, la Organización Nacional Anticorrupción, dentro de su campaña “#AlzaLaVoz”, dice cómo hacerlo: “Ni un voto más al PRI. Sí a la alternancia”.

En un video de un par de minutos publicado en YouTube, Víctor Trujillo, Brozo, Fernanda Castillo, Mauricio Barrientos, el Diablito, Ximena Sariñana y otros nueve artistas exponen sus argumentos de manera alternada: 87 años de gobiernos priistas, más de 8 millones de personas en pobreza extrema, delincuencia en ascenso, feminicidios, niñas y mujeres asesinadas (…) impunidad, corrupción sin medida. “Ese es el Estado de México”.

El abstencionismo juega a favor del PRI, advierte Brozo. Arturo Montiel, su sobrino Peña Nieto y Eruviel Ávila ganaron las tres últimas elecciones porque el 52% de los mexiquenses no acudió a las urnas, dice el comediante. El conductor del programa El Mañanero, suprimido ya por Televisa, sabe que la alternancia no cura todos los males –incluso algunos los puede agravar–, pero aun así incita a asumir el riesgo: “Que suceda algo, si no mejor, por lo menos diferente. Por tu dignidad, sal a votar”.

Dignidad es justamente el eje de la campaña del candidato independiente al Gobierno de Coahuila, Javier Guerrero. Cambio es la palabra clave del panista Guillermo Anaya. El sentimiento anti-PRI recorre al país. En Estado de México, Nayarit y Coahuila, los principales promotores de la alternancia son el PRI y sus gobiernos. El problema de México es la corrupción, se lo dijo The Economist al Presidente en 2015 por el escándalo de la “casa blanca”. Peña jamás lo entendió.
24 Mayo 2017 04:01:00
Tercera vía y voto útil
En Coahuila, la alternancia obvia sería hacia el PAN, con Guillermo Anaya, pero también podría ocurrir por una tercera vía, representada por el independiente Javier Guerrero. Sin embargo, después del triunfo de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, en Nuevo León, donde el bipartidismo PRI-PAN se rompió por primera vez en 2015, ningún candidato sin partido ha estado cerca de triunfar. Quien más votos obtuvo el año pasado fue José Luis “Chacho” Barraza, en Chihuahua: 242 mil 756 (18.6% del total), casi la mitad de los captados por el panista Javier Corral (517 mil/ 39.6%). El PRI quedó en segundo lugar con el 30.7% de la votación.

En 2016 participaron candidatos independientes en los 12 estados donde hubo elecciones para gobernador; en Zacatecas compitieron dos. Excepto Barraza, los demás obtuvieron votaciones marginales. En Puebla, la expanista Ana Teresa Aranda, última secretaria de Desarrollo Social con Vicente Fox, captó sólo el 3.7%. Chacho registró 150 mil firmas (el doble de lo exigido por la ley), de las cuales el Instituto Electoral de Chihuahua validó 130 mil.

Javier Guerrero y “El Bronco” están ubicados políticamente en las antípodas. Ambos militaron en el PRI, pero en cultura, experiencia y trayectoria el coahuilense es superior. En menos de dos años de Gobierno, Rodríguez ha decepcionado a tirios y troyanos por su falta de capacidad y liderazgo. La promesa de encarcelar a su antecesor Rodrigo Medina, por peculado y enriquecimiento ilícito, y la de eliminar la tenencia han sido vanas.

En lugar de gobernar, “El Bronco” busca ser candidato presidencial con la asesoría del exgobernador Humberto Moreira. Otro de sus amigos es Édgar Veytia, el fiscal nayarita detenido el 27 de marzo en San Diego, California, acusado de delitos contra la saludad y vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Veytia ya había sido denunciado por despojo de tierras, amenazas, extorsión, feminicidio, secuestro y desaparición de personas. Cuando era líder del PRI, Moreira presumió como propio el triunfo de Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit.

De las casi 400 mil firmas recabadas por Rodríguez para ser candidato independiente, la Comisión Electoral de Nuevo León legitimó 334 mil 480 (tres veces más del requisito legal). El 7 de abril de 2015, ese caudal se multiplicó por tres y “El Bronco” hizo historia: más de un millón de neoleoneses votaron por él y acabaron con el bipartidismo PRI-PAN, cuyos candidatos no alcanzaron juntos tal cantidad de sufragios. En Chihuahua, las firmas de Barraza se multiplicaron por dos: consiguió casi un cuarto de millón de votos.

Javier Guerrero juntó alrededor 200 mil firmas para su registro (seis veces más de las fijadas por la Constitución local). Si cada una de ellas se multiplica por dos, como pasó en Chihuahua, o por tres, como sucedió en Nuevo León, el lagunero podría convertirse en el segundo gobernador independiente del país. El expriista ha declarado que no se unirá al candidato de Morena, Armando Guadiana, cuyo tercer lugar en la intención de voto se debe más a López Obrador.

El exalcalde de San Pedro ha reunido suficiente capital político para liderar un movimiento ciudadano, capaz de incidir en las decisiones y en el futuro del estado. Guerrero podría dar la sorpresa y convertirse en el próximo gobernador. Así lo promueven empresarios prominentes (no sólo Pedro Luis Martín Bringas, de Soriana; Alonso Ancira, de AHMSA, se decantó por Miguel Riquelme) y líderes de otros sectores, incluso del PRI. Lo que acucia ahora a ciudadanos y partidos es el voto útil, clave para no frustrar la alternancia. La circunstancia, histórica, exige altura de miras.
23 Mayo 2017 03:00:00
Pájaro de cuenta (II)
Fiel a su filosofía conciliadora de “tirar demanda por guamazo” contra quienes critican sus desmanes en vez de rendirle culto, el exgobernador Humberto Moreira demandó a Reforma y al PAN por los 62.1 millones de dólares que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le detectó a familiares suyos en paraísos fiscales. Al primero por informar de la investigación, falsa, según él, y al segundo por utilizarla.

El candidato del PAN al gobierno, Guillermo Anaya, otro de los acusados, sugiere, en un video, que el dinero descubierto en Mónaco y las Islas Caimán podría proceder del erario de Coahuila o de “los vínculos directos que los Moreira mantienen con el crimen organizado”. Llama “al pueblo de Coahuila a acabar con la impunidad de los mayores delincuentes de nuestra historia y así poner fin a la grave crisis moral de esta familia que nos ha gobernado por 12 años”. Asimismo pide a las autoridades “impedir la fuga de Humberto Moreira y (de) sus cómplices” y exige la cancelación de su candidatura a diputado por el Partido Joven.

En un video subido a su cuenta de Twitter, el independiente Javier Guerrero demanda investigar el origen de los 62 millones de dólares. “Pero saben qué, no va a pasar absolutamente nada”, advierte. Si los Moreira no tienen nada qué ocultar, desafía, que “crucen la frontera y desde Estados Unidos nos digan que no hay nada que investigar (…). Pero saben qué, tampoco va a pasar absolutamente nada. La única manera en que podamos saber la verdad”, dice a los ciudadanos, “es que salgan a votar el 4 de junio, que les cobremos con su voto (…). Voten por la alternativa que realmente representa el cambio, la transformación, la experiencia y la honestidad”.

En conferencia de prensa, Armando Guadiana, candidato de Morena, declaró que “las cuentas millonarias de Humberto Moreira y sus familiares en el extranjero confirman la corrupción y podredumbre política que se vive en Coahuila”. El estado “es referencia internacional de impunidad”, dijo, y reiteró su promesa de castigar con cárcel “todos los agravios a los coahuilenses”.

Forzado por las oposiciones y ante la inminencia de la primera alternancia en Coahuila, el líder del PRI, Enrique Ochoa, pidió en la Ciudad de México investigar a Moreira “para deslindar responsabilidades”. En un intento por quitarle lastre al candidato priista al Gobierno del Estado, Ochoa dijo que Miguel Riquelme no se apellida Moreira. Sin embargo, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, lo refutó en conferencia de prensa: “Riquelme y los Moreira son lo mismo y son los mismos”.

Carlos Ramírez, vicecoordinador del PRI en la Cámara baja y aliado del diputado Jericó Abramo, quien aspiró a ser candidato al Gobierno, advirtió: “Cualquier político que haga aparecer de la noche a la mañana un patrimonio del que se tenga sospechas, está obligado a dar explicaciones, se llame como se llame y sea del partido que sea”. Además de las investigaciones en Estados Unidos sobre los 62 millones de dólares, México debe hacer las propias, apuntó.

Los mil 200 millones de pesos que el Departamento del Tesoro le atribuye a Humberto Moreira y a sus familiares se transfirieron entre 2013 a 2016. Sin embargo, el político dejó de percibir ingresos de una fuente conocida desde diciembre de 2011 cuando fue despedido del PRI por el escándalo de la megadeuda. ¿De dónde entonces el dinero? La respuesta la han dado los principales aspirantes de oposición al Gobierno. Si en 1996 Pajaritos hundió al PRI, 21 años después un pájaro de cuenta escandaliza a los coahuilenses y los incita a votar por la alternancia. Entonces, para el clan, será “el llanto y el rechinar de dientes”.
22 Mayo 2017 03:00:00
Pájaro de cuenta (I)
La mayor derrota del PRI en Coahuila, el 10 de noviembre de 1996, la precedió el escándalo de Pajaritos, complejo agroquímico de Fertimex en Coatzacoalcos, Veracruz. Una investigación de El Norte (aún no se fundaban los diarios Reforma, Palabra y Mural del mismo grupo) reveló que cuatro años antes, el gobierno de Carlos Salinas vendió la planta a una empresa familiar del futuro gobernador Rogelio Montemayor, en condiciones ventajosas. Entonces no existían las redes sociales, pero los coahuilenses tomaron nota y votaron por la alternancia en Saltillo, Torreón, Monclova y Ramos Arizpe, los municipios más industrializados, y en casi la mitad de los distritos.

Si en un conflicto de interés como ese, en el cual no existió una afectación directa para el estado, los electores castigaron al Gobierno y a su partido, ¿cómo reaccionarán el 4 de junio próximo por la deuda, las empresas fantasma, los casi 300 millones pesos que el Tribunal de Justicia y la administración perdieron en Ficrea y los depósitos por 62.1 millones de dólares (mil 200 millones de pesos al tipo de cambio actual) en bancos de Mónaco y las Islas Caimán, entre 2013 y 2016, detectados a familiares del exgobernador Humberto Moreira, los cuales sí suponen un quebranto para las finanzas de Coahuila?

El 16 de mayo, Reforma anunció que “Conforme (a) una investigación del Departamento del Tesoro por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira, exlíder nacional del PRI, y (de) su hermano Rubén, actual gobernador de Coahuila, se da cuenta de una serie de movimientos financieros sospechosos de sus familiares”. Según el diario, los documentos –que “forman parte de un expediente de la Red contra Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos– revelan la riqueza acumulada por Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del exgobernador”.

Con números de cuenta y firmas de bancos, la investigación traza la ruta del dinero: de San Antonio, Texas, a Mónaco y a las Islas Caimán. Algunas transferencias las habría realizado Ricardo Mendoza Reyes, esposo de Elisa Moreira Valdés. El encono ciudadano hacia los hermanos Moreira se reflejó en las redes sociales y atizó el ambiente para las elecciones del 4 de junio, en las cuales se votará para gobernador, 38 alcaldes, 16 diputados de mayoría relativa y nueve de representación proporcional.

Ausente de los medios de comunicación y de las redes sociales desde el 26 de abril, cuando el PRI lo expulsó por haberse postulado por el fantasmal Partido Joven para diputado local, Humberto Moreira publicó en Facebook un video donde niega las acusaciones y las atribuye a una acción “desesperada de la derecha” y de Reforma ante la caída de su candidato a gobernador, Guillermo Anaya. Según el político, detenido en España el 15 de enero de 2016 por orden de la Fiscalía Anticorrupción, la competencia por el Gobierno se redujo a dos: el priista Miguel Riquelme y el independiente Javier Guerrero.

Moreira no responde por los cargos, simplemente los elude, como la deuda. Propenso a la evasión y al victimismo, crea fantasías, inventa conjuras. Dice no conocer Mónaco y que para saber la ubicación de las Islas Caimán recurrió a Google, como si las transferencias bancarias debieran ser en persona. El exlíder priista desmiente, en un comunicado, ser investigado por el Departamento del Tesoro. “(…) la documentación que se está utilizando como supuesta prueba es asimismo rotundamente falsa”.
20 Mayo 2017 03:00:00
Cruzado de brazos
El presidente Enrique Peña Nieto (EPN) no es, que digamos, muy afecto a los medios de comunicación y tiene alergia a los periodistas críticos. Rara vez concede conferencias de prensa. Se conoce y prefiere no meter la pata. En eso y en su incultura congenia con su par estadunidense Donald Trump. En el Estado de México, la luna de miel de EPN con las empresas mediáticas, que no con los periodistas, duró todo el sexenio. La mayoría estuvo siempre de su lado, como lo está con los gobernadores, excepto con el independiente Jaime Rodríguez, “El Bronco”, de Nuevo León, quien desde su campaña le declaró la guerra a la prensa sin separar el trigo de la cizaña. Dudo que EPN sienta realmente el asesinato de colegas en lo que va de su Administración (45, según la CNDH; en el Gobierno de Calderón las víctimas sumaron 51). En caso contrario, no seguiría cruzado de brazos.

El bisemanario Espacio 4 publica en su nueva edición una nota de Édgar London sobre el último colega abatido (ojalá no haya ni uno más):

“El asesinato de Javier Valdez Cárdenas –séptimo periodista abatido en lo que va del año–, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y redactor del semanario estatal Ríodoce, agrava el estado de indefensión del gremio en México. Antes, habría que sumar el atentado contra Sonia Córdova, directora comercial del semanario El Costeño, en Guadalajara, que le costó la vida a su hijo (Héctor Jonathan Rodríguez, reportero del mismo medio). Y por si no bastara, la retención de un grupo de reporteros por la delincuencia organizada en Guerrero. La incapacidad de las autoridades para salvaguardar al periodismo refleja una crisis de gobierno cada vez más profunda.

“No hablamos sólo de narcotráfico, una de nuestras acechanzas más feroces. Hablamos también de cómo nos acecha el Gobierno. De cómo vivimos en una redacción infiltrada por el narco, al lado de algún compañero en quien no puedes confiar porque quizá sea el que pasa informes al Gobierno o los delincuentes.

“Señalamos también a los empresarios, a los dueños y ejecutivos de los medios, que priorizan el negocio, que están más preocupados por la ganancia que por contar la historia de lo que está pasando en nuestro país, o de lo que pueda pasarles a sus reporteros, a sus empleados.

“Las frases son de Valdez Cárdenas, quien a finales del año pasado presentó su libro ‘Narcoperiodismo, la prensa en medio del crimen y la denuncia’. Ése fue el último título de una lista de obras que incluye Huérfanos del Narco, Los Morros del Narco, Miss Narco y Con una granada en la boca.

“Acreedor de varios premios por su trabajo periodístico, Valdez se convirtió en una de las voces más seguidas, dentro y fuera del país, por su conocimiento sobre el crimen organizado y sus efectos.

“El 15 de mayo, un sicario lo despojó de su camioneta y le disparó en repetidas ocasiones. Su muerte indignó al gremio y a la sociedad mexicana, unidos en un clamor: ‘ni uno más. Artículo 19 –organización defensora de la liberad de prensa– exige a la Fiscalía de Sinaloa investigar como primera línea la labor del periodista.

Animal Político, Noroeste, Vice, Cultura Colectiva News, Luces del Siglo, Lado B, Zona Franca, Proyecto Puente, Kaja Negra, Horizontal, El Siglo de Durango, Tercera Vía, El Popular de Puebla y Contraseña repudiaron con un paro la falta de respuesta del Gobierno. En Torreón, decenas de colegas hicieron un plantón frente a la Plaza Mayor.
19 Mayo 2017 03:00:00
Se acabó el tiempo
La sociedad civil ha tomado partido para las elecciones de gobernador del 4 de junio. No es por candidato alguno o por siglas desgastadas, sino para contener, prevenir y castigar el fenómeno que más agravia, empobrece y avergüenza a Coahuila y a México en el mundo: la corrupción. Con un exgobernador buscado por la DEA por lavado de dinero y fraude bancario (Jorge Torres); otro investigado en Estados Unidos por blanqueo de capitales y presuntos nexos con los Zetas (Humberto Moreira) y funcionarios de las dos últimas administraciones denunciados por enriquecimiento ilícito y operación de empresas fantasma (David Aguillón y María Esther Monsiváis), los coahuilenses dijeron “¡Basta!”.

El 7 de abril, medio centenar de organismos no gubernamentales, académicos, profesionistas, empresarios y universidades públicas y privadas anunciaron la Alianza Coahuila Anticorrupción (ACA). El propósito –no planteado en esos términos– consiste en acelerar la creación del Sistema Local Anticorrupción, cuyo plazo vence el 18 de julio, y que el Gobierno no los excluya en su implementación. Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tabasco no han reformado sus constituciones para tal efecto. Junto con Jalisco, Morelos y Veracruz, donde las iniciativas o modificaciones son deficientes, “ponen en peligro la entrada en funcionamiento del SNA (Sistema Nacional Anticorrupción)”, según el monitoreo del grupo Reforma. (06.04.15)

Los antecedentes de la ACA son la Megamarcha contra la Corrupción y la Impunidad y el Foro Ciudadano Saltillo Despierta, celebrados el 5 de febrero. Ese día, frente a unas 4 mil personas concentradas en la Plaza Mayor de Torreón, Patricia Vargas, presidente de Participación Ciudadana 29, batió los tambores del cambio y de un nuevo despertar cívico orientado a combatir la rapacidad, el cinismo y el desapego de gobiernos y partidos:

“Hoy la sociedad civil nos asumimos como verdaderos ciudadanos. Salimos a la calle a expresar nuestra inconformidad, nuestro desengaño y nuestra frustración. (…) a decirle a nuestros gobernantes que ya basta, que es hora de que nos tomen en cuenta, que necesitamos un cambio. (…) que ya se acabó el tiempo en que los funcionarios públicos toman decisiones unilaterales, que ya no más acciones que sólo le convengan a los políticos y a sus partidos. Que se acabó el tiempo de engañarnos, de mentirnos, de no darnos cuentas claras”.

Vargas, una de las voces más críticas, congruentes y consistentes de La Laguna, ha rechazado invitaciones de partidos para ser candidata a distintos cargos de elección. Con su talla moral, la cual excede en mucho su estatura, advirtió a un poder político arrogante, egocentrista e insensible: “Le guste o no al Gobierno, hoy empezamos a intervenir, a vigilar, a aportar, (…) a negociar y a planear el mejor desarrollo de la región. (…) los gobernantes empezarán a escucharnos, a tomarnos en cuenta y a planear mejor el desarrollo de la región. Vamos a acabar con las obras que no le sirven a nadie. Hoy los ciudadanos iniciamos una nueva relación con el Gobierno, con un gobierno que exigimos que sea honrado, eficaz (…). Ya basta de improvisados, de aprendices y de compadrazgos”.

La rabia de millones de coahuilenses por la megadeuda, la corrupción, la impunidad, el narcotráfico, las empresas fantasma, la simulación, el enriquecimiento de funcionarios que ayer no tenían nada y a los cuales hoy les sobra todo, se expresa en un cartel. “¡Ya basta! Humberto Moreira (dibujado tras las rejas) debe estar en la cárcel por haber entregado Coahuila a los Zetas”. La exigencia de “Cárcel a (los) Moreira” es la principal bandera de los candidatos de oposición al Gobierno: Guillermo Anaya (PAN), Javier Guerrero (independiente) y Armando Guadiana (Morena).
17 Mayo 2017 03:00:00
De Forbes a prisión
Sólo tres de los 10 mexicanos más corruptos de 2013 de la revista Forbes están en la cárcel. Dos en el país (Elba Esther Gordillo, expresidenta del SNTE, y Andrés Granier, exgobernador de Tabasco) y uno en Italia (Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, detenido el 9 de abril). Estados Unidos investiga a los exgobernadores Humberto Moreira, de Coahuila, y Fidel Herrera, de Veracruz, por narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos; los 62.1 millones de dólares descubiertos por el Tesoro a familiares de HM forman parte de la misma causa.

Forbes no ha actualizado la lista, pero cuatro exgobernadores más del PRI están bajo proceso por delitos de corrupción: Rodrigo Medina (Nuevo León), Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo). Tras la captura de Javier Duarte, la Interpol va ahora tras el otro (César). En las cuatro entidades hubo alternancia, entre 2015 y 2016. Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, donde el PRI le ganó al PAN, está preso desde noviembre pasado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El exgobernador panista de Aguascalientes, Armando Reynoso, fue sentenciado a seis años por peculado y uso indebido del servicio público.

Raúl Salinas de Gortari, tercero en la nómina de Forbes, pasó 10 años en una prisión de máxima seguridad (de 1995 a 2005) por el asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu y enriquecimiento ilícito. Suecia le decomisó 160 millones de dólares. En una entrevista con Carmen Aristegui para el libro Transición, el expresidente De la Madrid acusó a los Salinas de corruptos y de vínculos con el narcotráfico. Raúl fue exonerado y recuperó dinero y propiedades confiscados en México.

El resto de la lista, en orden de aparición, la componen el líder petrolero Romero Deschamps; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón; Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México y tío del presidente Peña Nieto; y Alejandra Sota, exvocera de Calderón y actualmente consultora en gestión de Gobierno, campañas políticas y opinión pública. Entre sus clientes figuran el PRI de Coahuila y del Estado de México. La Secretaría de la Función Pública, en el gobierno de Peña, “determinó que Sota no se enriqueció ilícitamente cuando fue funcionaria pública”. Forbes consignó la nota, pero no la retiró del grupo de los 10.

Fidel Herrera enfrenta un nuevo cargo: Miguel Ángel Yunes, Gobernador de Veracruz, lo acusa fraude por haber suministrado medicamentos falsos a menores de edad en lugar de quimioterapias. El escándalo provocó su renuncia como cónsul de México en Barcelona. Forbes incluyó a Humberto Moreira en la lista de los más corruptos por la deuda de 35 mil millones de pesos contratada a espaldas de los coahuilenses. Sin embargo, empresarios, exfuncionarios y narcotraficantes lo han acusado en una corte de Texas de haber protegido y recibido “millones de dólares” de los Zetas y de lavar dinero en Estados Unidos “robado” del erario de Coahuila.

España extraditará pronto a Estados Unidos a Juan Manuel Muñoz Luévano, operador de los Zetas. Su nombre y el de Humberto Moreira aparecen en las mismas investigaciones. El exgobernador niega conocer al empresario, apodado “El Mono”, pero el 15 de mayo de 2005 le inauguró un negocio de publicidad en Saltillo. Moreira era entonces alcalde y estaba a punto de ser postulado por el PRI para suceder a Enrique Martínez. Después se volverían a encontrar. Su siguiente cara a cara podría ser en Texas.
16 Mayo 2017 03:00:00
El miedo cambió de acera
Javier Guerrero, quien renunció al PRI en diciembre pasado (en “un valeroso acto de dignidad y coherencia personal que será reconocido y apreciado por la gente de bien”, Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, Reforma 16.12.16), identificó desde un principio una de las armas preferidas del grupo gobernante para mantenerse en el poder: el miedo. La encuesta de Reforma del 24 de abril lo confirma: uno de cuatro coahuilenses utilizó esa palabra (miedo) para reflejar “mejor su estado de ánimo en relación a cómo se vive en Coahuila”.

Guerrero consiguió alrededor de 200 mil firmas para registrarse como candidato independiente. El diputado federal con licencia ocupa el cuarto lugar en la intención de voto (5%) después de Miguel Riquelme (PRI/ 36%), Guillermo Anaya (PAN/ 36%) y Armando Guadiana (Morena/ 16%). En Coahuila, el financiamiento público y el acceso a los medios electrónicos para los candidatos sin partido son mínimos. En el debate del 19 de abril, Guerrero puso de relieve la iniquidad de la contienda.

La columna “Opción ética” de Catón, del 16 de diciembre, cobra actualidad en vista de la captura de exgobernadores del PRI en las últimas semanas (Tomás Yarrington y Javier Duarte), de la persecución de otros (Jorge Torres, César Duarte y Eugenio Hernández) y de las investigaciones en Estados Unidos contra Humberto Moreira: “Guerrero deja de pertenecer al PRI que ha tendido un manto de protección, fincado en la impunidad y las complicidades, sobre el régimen que los coahuilenses llaman ‘moreirato’, el cual pretende perpetuarse mediante la imposición por parte del actual gobernador, Rubén Moreira, de un sucesor que le sea incondicional”.

Acosado desde el poder, Fuentes Aguirre denunció entonces: “Con actitud despótica el Gobernador ha implantado un ambiente opresivo en el cual quienes disienten de su proyecto –tengo el honor de contarme entre ellos– son objeto de insultos, de ilegal espionaje, de acoso en las redes sociales, de bajunos ataques en los medios que ha comprado. (…) No es posible permitir, y menos aún apoyar, la continuidad de un régimen que así actúa para seguir detentando el poder otros seis años. Desde luego Javier Guerrero afrontará la persecución de ese sistema”.

Según Guerrero, las 200 mil firmas reunidas para respaldar su candidatura –equivalentes al 10% de la lista nominal de Coahuila– “derribaron el muro del miedo”. En sus actos de campaña, ciudadanos del estado se expresan con libertad… sin temor, a pesar de las represalias contra personal y funcionarios del Gobierno despedidos por brindarle apoyo. El exalcalde de San Pedro sumó a su proyecto a la CTM de Piedras Negras y de la zona Carbonífera. Exlíderes del PRI y cuadros de ese y otros partidos también promueven el voto por Guerrero.

Su posición en las encuestas más difundidas no refleja ese empuje, pero ha dado pábulo a especulaciones sobre posibles alianzas para asegurar la primera alternancia en el estado. “No voy a declinar. Eso es un rumor, una campaña permanente de desinformación del Gobierno y de los partidos, de quienes tienen miedo, de quienes ya se dieron cuenta de la fuerza que significan más de 197 mil firmas reales, apoyos más reales de los que tienen muchos partidos”, declaró en Monclova.

Significa, en palabras del candidato independiente, que si antes los coahuilenses le tenían miedo al poder, ahora es el Gobierno quien teme a las legiones de votantes indignados por la corrupción, la impunidad y la marcha del estado. Mala, según el 60% de los ciudadanos encuestados por Reforma (26.04.17).
15 Mayo 2017 04:01:00
El fin del cacicazgo
La encuesta de Reforma del 26 de abril aporta elementos para prefigurar la primera alternancia en el estado y el fin del cacicazgo de los hermanos Moreira, incluso si no la hubiera y gana Miguel Riquelme: a) 60% de los entrevistados considera “que Coahuila va por mal camino”; b) 32% escogió la palabra “enojo” para expresar su estado de ánimo sobre la situación en el estado; c) 61% desaprueba la gestión del gobernador Rubén Moreira, cuatro puntos más con respecto a marzo; y d) 95% considera “que las cosas en Coahuila deben cambiar definitivamente”.

En la intención de voto, Miguel Riquelme (PRI) y Guillermo Anaya (PAN) aparecen empatados con 36%; el primero retrocedió 2 puntos y el segundo se mantuvo estable. Armando Guadiana, de Morena, avanzó de 13 a 16%. El independiente Javier Guerrero y Mary Telma Guajardo (PRD) conservaron sus mismos números (5%), José Ángel Pérez bajó de 3 a 2% y Luis Horacio (independiente) se estancó en el 1%.

En el escenario hipotético de que los únicos candidatos al Gobierno fueran Anaya y Riquelme, el 37% votaría por el panista y el 35% por el priista. De nuevo, empate técnico. En las mediciones sobre desempeño (mejorar la seguridad, la salud y la economía familiar; generación de empleos y lucha contra la corrupción), Anaya supera a Riquelme por diferencias de 1 a 4 puntos; y a Guadiana, con márgenes más amplios.

La situación se repite en el tema de atributos personales. Anaya aventaja por pocos puntos a Riquelme en experiencia para gobernar, cercanía a la gente, confiabilidad y honestidad. El margen es mayor en imagen personal: 41 contra 18%. En carácter empatan con 29%. Pero es en el renglón de atributos negativos donde el priista retrocede, pues se le considera “más mentiroso” y “más corrupto”. El 20% de los encuestados respondió “puede provocar violencia en Coahuila” y el 19% “tiene vínculos con el narcotráfico”.

La encuesta, patrocinada por grupo Zócalo de Coahuila, fue domiciliaria y se aplicó del 20 al 23 de abril a un millar de electores, inmediatamente después del primer debate entre los candidatos, celebrado el 19. El error de estimación es de +/- 3.8% y el grado de confianza de 95%. Casi uno de cada cuatro ciudadanos (24%) rechazó responder. El dato es relevante, pues coincide con la segunda causa que define el estado de ánimo actual de los coahuilenses: “miedo”, al cual se ha referido Javier Guerrero. También puede tratarse de “gente que no quiere saber nada de política, pero si el 10% vota por hartazgo, tumba al PRI”, me dice un experto.

La investigación de Reforma también proyecta tendencias del voto útil. Si los candidatos del PRI y de Morena no tuvieran posibilidades de ganar, la segunda opción de quienes prefieren a Riquelme y a Guadiana sería Guillermo Anaya. Si el panista estuviera en desventaja, la alternativa sería Armando Guadiana. Los aspirantes al Gobierno más conocidos son Riquelme (84%) y Anaya (82%). El panista supera al priista por 3 puntos en opiniones favorables. Anaya y Riquelme han sido alcaldes de Torreón. El primero lo fue en el periodo 2003-2005, y el segundo entre 2014 y diciembre pasado, cuando pidió licencia para postularse para gobernador. Por primera vez en medio siglo, La Laguna tendrá gobernador propio. ¿Rojo, azul o independiente? Falta menos de un mes para saberlo.
13 Mayo 2017 03:00:00
Enemigos de la libertad
Al presidente Peña Nieto todo se le ha salido de control. Y si la economía no, todavía, es porque él no la maneja, sino Agustín Carstens, gobernador el Banco de México. En la nueva edición del catorcenario Espacio 4, Édgar London centra su atención en uno de los temas donde EPN ha fallado más.

“La libertad de prensa retrocedió en 2016 más que en los 13 últimos años, a escala global. Por desgracia, la situación apunta a cerrar este año con peores estadísticas, según el último informe de Freedom House (FH). Estados Unidos, que no solía tener malas relaciones con la prensa, ha dado un giro brusco y para mal. Donald Trump ha puesto en claro que su trato con los medios de comunicación dependerá de sus propios intereses. Sus choques con la prensa se han multiplicado y sus críticos han sido objeto de campañas de descrédito.

“Los gobiernos, el sector empresarial y la delincuencia organizada recurren a estrategias propias –y no siempre exclusivas– para coartar el derecho universal a informar y estar informado. FH refiere que funcionarios y actores privados utilizan incentivos económicos para manipular el entorno a su favor, cuando no deslegitiman a los medios, ejerciendo influencia sobre emisoras públicas y favoreciendo a medios privados amigables. ‘El Gobierno influye en los principales mercados comerciales a través de la distribución de publicidad oficial, y hay pocos mecanismos reguladores para limitar o estandarizar ese gasto’, advierte.

“Mientras tanto, el crimen echa mano de la violencia, en grados extremos, para eliminar a quienes denuncian sus atropellos. El asesinato de periodistas es una práctica cada vez más común. En buena medida, debido al alto grado de impunidad que sella estos actos. Las autoridades, cuando no están directamente involucradas, suelen hacer la vista gorda o demoran hasta la eternidad las investigaciones. Los culpables, si son atrapados, no pasan de ser la mano ejecutora. Rara vez se atrapa a los peces gordos que ordenan las ejecuciones.

“‘La mayoría de los asesinatos y otros ataques violentos no son castigados, lo que lleva a una expectativa de impunidad, y los periodistas enfrentan una presión editorial extrema –incluyendo amenazas creíbles de violencia– de organizaciones criminales y autoridades corruptas’, apunta la organización.

“Dentro de los países donde se considera más peligroso el ejercicio del periodismo, México vuelve a estar presente. Freedom House califica el estado de la libertad de prensa en el país con 66 puntos en una escala de 100 y, dentro del continente americano, ubica a México en el lugar 31 de un total de 35 naciones, sólo por encima de Ecuador, Honduras, Venezuela y Cuba. (…)

“Esta apreciación la apuntala el diario estadunidense The New York Times al registrar 104 periodistas asesinados en territorio mexicano desde el año 2000 hasta la fecha, y otros 25 están desaparecidos. Cuando se trata de lugares mortíferos para un profesional de la comunicación, México queda enclaustrado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. En 2016 fueron asesinados 11 periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo. (…) Los frecuentes vínculos que se establecen entre carteles del narcotráfico y funcionarios públicos inhabilitan la posibilidad real de proteger el trabajo periodístico”.
12 Mayo 2017 04:00:00
La alternancia llama
El PRI ganó las cuatro últimas elecciones para gobernador con rangos del 55 al 60% de los votos. En la anterior a ellas, Eliseo Mendoza obtuvo el 81% y la panista Teresa Ortuño Gurza el 14. En los procesos de 1993 a 2011, Acción Nacional no subió del 36%, más o menos en línea con las encuestas. Para los comicios del 4 de junio próximo, la mayoría de las proyecciones marcan un empate técnico entre Miguel Riquelme (PRI) y Guillermo Anaya (PAN), algo inédito en una entidad donde jamás ha habido alternancia.

Coahuila tuvo la primera oportunidad real de mudar de partido y de probar con un gobierno de coalición en 1999, cuando Juan Antonio García Villa fue postulado por el PAN, el PRD, el Partido Verde y el PT. Las condiciones eran propicias, pues tres años antes, bajo el gobierno de Rogelio Montemayor, el PRI había perdido los municipios más importantes y la mitad del Congreso con Acción Nacional. Para evitar riesgos, el PRI suprimió el dedazo (reimplantado por Humberto Moreira en 2011) y abrió por vez primera la elección de su candidato a militantes y simpatizantes.

La decisión mantuvo unido al PRI y evitó que Enrique Martínez, cuyo discurso lo enderezó contra el dedazo y el centralismo, fuera postulado por el PRD. Ricardo Monreal había dado ese paso el año previo en Zacatecas y derrotado a Marco Antonio Olvera, delfín del gobernador priista Arturo Romo. Apoyado en una ley electoral diseñada para obstaculizar las coaliciones, Martínez ganó los últimos comicios del siglo 20 con 405 mil votos (59.5% del total). García Villa captó 229 mil (33.7%).

En 2011 ocurrió lo insólito: la primera sucesión en el país entre hermanos. Las consecuencias para Coahuila han sido atroces. Rubén Moreira recibió todas las facilidades de Humberto para vencer a Guillermo Anaya, candidato del PAN y de Unión Democrática de Coahuila (UDC). Con esa experiencia y con un moreirato que además de haber entrado en barrena es asediado por investigaciones de corrupción, Anaya está ahora cerca de la Gubernatura. Además de la UDC, esta vez lo apoyan también los partidos Primero Coahuila y Encuentro Social, aliados del PRI en elecciones pasadas.

La ventaja del candidato priista Miguel Riquelme, favorito del gobernador Rubén Moreira, es mínima. Las encuestas lo empatan con Anaya. En tales circunstancias, no se puede aventurar un resultado. Riquelme ha cuidado su campaña, pero las redes sociales son implacables, sobre todo con el PRI y los Moreira. Su principal oferta consiste en mantener a Coahuila fuera de las zonas críticas del país en materia de violencia e inseguridad. Para extender la hegemonía del PRI otros seis años, argumenta que los estados donde ha habido alternancia (Durango, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León) volvieron a ser tomados por la delincuencia organizada.

Anaya promete encarcelar a los Moreira, rescatar al estado de la corrupción, investigar la deuda y reconstruir el sistema de salud, ahora en crisis. Hace seis años, en la encuesta de Mitofsky (mayo) previa a las elecciones, Rubén Moreira registraba el 64% de la intención de voto y Anaya el 15%. Un mes después, GCE-Milenio proyectó 66% (PRI) / 30% (PAN). Hoy, a 22 días de las elecciones, Anaya y Riquelme están tablas. ¿Qué romperá el empate? Las últimas semanas de campaña lo dirán. Faltan escándalos por desvelar. El voto de castigo acecha. La alternancia llama a la puerta.
10 Mayo 2017 03:00:00
Lastre presidencial
La corrupción e impunidad de gobernadores y funcionarios federales, los gasolinazos y otras decisiones impopulares precedidas de discursos triunfalistas sobre empleo y abaratamiento del gas y la electricidad –promesa de las reformas–, han tenido el efecto positivo de indignar a los ciudadanos y movilizarlos a las urnas para manifestar su enojo y forzar el cambio. El año pasado, el voto contra gobernadores rapaces e incompetentes como Javier Duarte, Jorge Herrera, Egidio Torre y Roberto Borge, terminó con 87 años de gobiernos priistas en Veracruz, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo.

También hubo alternancia (del PRI al PAN) en Aguascalientes y Chihuahua. Acción Nacional fue castigado en Sinaloa y Oaxaca, donde seis años antes se había hecho con la Gubernatura en coalición con el PRD, Convergencia y el PT. El PRI ganó ambos estados y además conservó Hidalgo, Zacatecas y Tlaxcala, de menor peso electoral. El PAN retuvo Puebla, cuyo exgobernador Rafael Moreno aspira a la Presidencia. Moreno mantiene una alianza estratégica con Guillermo Anaya, candidato del PAN al Gobierno de Coahuila.

El voto de castigo no distingue colores. Es contra el partido en el poder, según su desempeño en los ámbitos local y federal. En este sentido, el presidente Peña Nieto es un lastre para el PRI. Sin liderazgo político y moral, y presionado por Estados Unidos por su pasividad o abierta complicidad con gobernadores corruptos (Javier Duarte, encarcelado en Guatemala; Roberto Borge y Jorge Herrera, investigados por la PGR y las procuradurías estatales; Tomás Yarrington, de Tamaulipas, detenido en Italia; y Humberto Moreira, de Coahuila, en la mira del Gobierno norteamericano), se ha visto forzado a retirar su apoyo al sindicato de sátrapas locales, al cual debe su ingreso a Los Pinos.

¿Cómo puede el PRI conservar Coahuila, Estado de México (donde en 88 años no ha habido alternancia) y Nayarit el 4 de junio, si las condiciones locales y nacionales (endeudamiento, inseguridad, corrupción e impunidad), con respecto al año pasado, en vez de mejorar se han agravado? Después de un inicio prometedor debido al Pacto por México que permitió desarrollar un ambicioso proyecto de reformas, las cuales pronto devinieron en frustración ciudadana, y de promoverse en la prensa extranjera como “el salvador de México”, el Presidente fue sepultado por un alud de escándalos y sucesos frente a los cuales no supo reaccionar ni ha tenido respuesta:

1. La Casa Blanca de 7 millones de dólares adquirida por su esposa Angélica Rivera a Grupo Higa, contratista del Gobierno federal; el despido de la periodista Carmen Aristegui y de su equipo, en represalia por la investigación; y el nombramiento de un fiscal (Virgilio Andrade) cuya consigna era exonerar al Presidente.

2. La desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y las masacres en Tlatlaya, Apatzingán y Ecuandureo, entre otras.

3. La fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, recapturado y desde enero pasado preso en Estados Unidos; y

4. La corrupción desbocada en todos los órdenes de gobierno, y un sistema político y judicial cómplice y venal.

Peña quiere ganar el Estado de México –Coahuila y Nayarit son accesorios– con su primo Alfredo del Mazo para tener un lugar donde refugiarse. En términos del Presidente, ese chile tampoco embonará. Lo sabe él, lo sabe Enrique Ochoa, líder del PRI, y lo sabe César Camacho, quien ayer estuvo en Torreón para deslindar a Miguel Riquelme de los pecados del clan y ofrecer presupuesto a cambio de votos.
09 Mayo 2017 04:07:00
Los días contados
Las elecciones del 4 de junio están marcadas por la incertidumbre y la expectativa de la primera alternancia en uno de los cuatro estados del país gobernados por el PRI desde 1929 (hace 88 años). Esta vez, nadie sabe a ciencia cierta quién será el sucesor de Rubén Moreira, cuyo ocaso se acelerará cuando cierren las casillas, pero en cualquier circunstancia los días del moreirato están contados. Los tiempos de cuando en México se sabía por cuántos votos ganaría el candidato oficial, antes de que las urnas abrieran –como Óscar Flores Tapia se jactó ante su homólogo Bill Clements, hace casi 40 años, en el Capitolio de Austin, Texas– terminaron. Forman parte de la historia, añoranzas de la “dictadura perfecta” desterrada a escala federal pero reimplantada en las entidades a golpe de presupuesto.

El PRI desarrolló en los últimos años nuevos métodos para agenciarse el voto de los grupos marginales, basados en la entrega de apoyos municipales, estatales y federales (pequeñas obras, despensas, láminas, tinacos, dinero en efectivo…), el adoctrinamiento, la organización territorial y la movilización de los beneficiarios a las urnas. Sin embargo, en elecciones altamente competidas, como las del 4 de junio en Coahuila, Estado de México y Nayarit, operaciones y estructuras tipo Zafiro (exportada por Coahuila al resto del país) y Comppas (Comités de Política Popular y Acción Social) no aseguran resultados positivos, pues su alcance es limitado.

Por única vez desde su fundación, el PRI no tiene el triunfo como en la bolsa debido a la concurrencia de una serie de factores. El más grave consiste en la erosión de la marca Moreira, acumulada en 12 años de gobierno; la deuda de 40 mil millones de pesos impuesta por Humberto; los juicios en Estados Unidos contra exfuncionarios y empresarios de Coahuila vinculados al poder por lavado de dinero, robo de caudales públicos, delincuencia organizada y fraude bancario; el caso de las empresas fantasma y otros escándalos de corrupción.

La presentación del exgobernador Humberto Moreira como candidato a diputado por el Partido Joven y las bravatas contra sus críticos –periodistas, líderes de oposición y el expresidente Felipe Calderón– reavivan la inquina social y política contra el clan y agravan el escenario para el PRI en los comicios del 4 de junio. Moreira pudo haber sido exonerado en Coahuila y en México por la sustracción de recursos públicos para pagar a empresas fantasma y por la deuda irregular adquirida en su mandato –parte de la cual habría servido para financiar campañas en otros estados e incluso la del presidente Peña–, pero aún no se salva de los procesos iniciados en Estados Unidos y en nuestro país por lavado de dinero y delincuencia organizada.

La inminente extradición a Estados Unidos del empresario lagunero Juan Manuel Muñoz Luévano, el “Mono”, operador de los Zetas, puede significar para Moreira el inicio de una nueva pesadilla. Tomás Yarrington ya empezó a vivir la suya. El exmandatario de Tamaulipas fue apresado el 9 de abril en Florencia, Italia, a petición del Gobierno norteamericano, justamente por los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. También se investiga su participación en el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la Gubernatura de Tamaulipas, el 28 de junio de 2010.

Aun expulsado del PRI, Humberto Moreira representa una bomba de relojería para Peña Nieto. Si no explota antes de las elecciones del 4 de junio en Coahuila, lo hará en las presidenciales de 2018. Todo el mundo escucha el tictac, menos el valentón.
08 Mayo 2017 04:01:00
De Guatemala a Guatepeor
Uno de los propósitos de la reforma electoral de 2014 consistió en rescatar para la democracia los institutos locales electorales secuestrados por los gobernadores (del PRI, el PAN, el PRD y el Verde) en complicidad con los congresos locales, donde los diputados aprobaban sin chistar a consejeros nombrados previamente por el Mandatario en turno. Después del fraude de 1988, los cambios más audaces en materia comicial ocurrieron en el sexenio de Ernesto Zedillo, los cuales posibilitaron la primera alternancia en Los Pinos, aceptada por el PRI de mala gana. El Instituto Nacional Electoral (INE) es hoy una caricatura del IFE del año 2000.

La reforma referida la forzó el desaseo de las elecciones presidenciales de 2012, de las cuales Peña Nieto resultó beneficiario. El gasto de su campaña excedió por mucho el tope legal; se repartieron tarjetas para la compra de votos y las grandes televisoras inclinaron la balanza en perjuicio de los aspirantes del PRD (Andrés Manuel López Obrador) y del PAN (Josefina Vázquez Mota). Aun así, el candidato del PRI y del Verde apenas consiguió el 38% de los votos. AMLO y Vázquez captaron juntos el 57%. En cuatro años y medio de Gobierno, Peña perdió más de dos tercios del apoyo obtenido en las urnas, pues solo 12% aprueba su gestión. (Reforma, encuesta de enero pasado)

El INE no ha recuperado la confianza de los mexicanos, pese a la reforma, acaso por la influencia de los partidos en su consejo general, pero sí eleva cada año su gasto en burocracia, sueldos, prestaciones y privilegios. A escala local, los órganos comiciales hicieron el tránsito de “Guatemala a Guatepeor” tan conocido en nuestro país. La desaparición de los institutos estatales y su reemplazo por Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), cuyos consejeros nombró el INE –en teoría sin influencia de los gobernadores– devino nuevo capítulo de otra novela repetida en México hasta la saciedad “La misma gata, pero revolcada”.

El OPLE de Coahuila no es confiable ni garantiza unas elecciones auténticamente libres e imparciales, razón por la cual los principales candidatos de oposición (Guillermo Anaya, de la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, formada por el PAN, la UDC, Primero Coahuila y Encuentro Social; Armando Guadiana, de Morena; y el independiente Javier Guerrero) han pedido al INE atraer el proceso. Guerrero ya lo hizo formalmente el 29 de abril por una serie de elementos que prefiguran una elección de Estado.

Las elecciones de Coahuila merecen la atención del INE por sus características inéditas: alto grado de incertidumbre sobre el resultado, crispación social, campañas cuyos temas dominantes son la corrupción y la oferta de llevar a prisión a las figuras más relevantes del grupo en el poder, así como la posibilidad real de la primera alternancia. Existe un precedente cercano. En Durango, a menos de un mes de los comicios del año pasado, el INE removió a los directivos del OPLE y asumió el control del proceso, debido a los desacuerdos entre la presidencia y la estructura ejecutiva del organismo.

En el OPLE de Coahuila no hay discrepancias visibles entre la mayoría del consejo y los directores de área, sino un conveniente entendimiento, lo cual resultaría positivo para el desarrollo del proceso en condiciones normales. Sin embargo, existe algo peor: escepticismo social con respecto a su independencia y recelo de los candidatos de oposición sobre su aptitud y neutralidad en unas elecciones que pueden cambiar el curso de la historia.
06 Mayo 2017 03:00:00
Debate fallido
En el segundo careo de candidatos al Gobierno prevalecieron de nuevo las descalificaciones, sobre todo entre los candidatos del PRI, Miguel Riquelme, y del PAN, Guillermo Anaya –por sus casas, sus relojes, sus propiedades–, así como las denuncias contra las administraciones de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Armando Guadiana, de Morena, insistió en la prueba del polígrafo para conocer la verdad sobre las fortunas de sus rivales priista y panista, los cuales, reiteró, representan los mismos intereses.

En un estado cuya deuda se disparó de cero a más de 40 mil millones de pesos, de los cuales se han pagado cerca de 20 mil millones de intereses sin reducir el capital, y donde hasta ahora los responsables siguen impunes, el tema dominante fue la corrupción. De nuevo resonaron las consignas de “cárcel para los Moreira”, de la mayoría de los aspirantes, y la promesa de Riquelme de aplicar la ley “caiga quien caiga”.

El independiente Javier Guerrero advirtió que el reto de Coahuila consiste en “nombrar al fiscal Anticorrupción e integrar el Comité de Participación Ciudadana; impulsar la ley de adquisiciones y obras públicas para transparentar la gestión de Gobierno y una ley de contabilidad gubernamental para que se conozca cómo, cuándo, por cuánto y con quién establece contratos el Gobierno”.

José Ángel Pérez, del PT, acusó que las empresas fantasma, a las cuales se desviaron más de 500 millones de pesos el año pasado, afectaron el abasto de medicamentos y los apoyos sociales. Mary Telma Guajardo (PRD) dijo que la transparencia y la rendición de cuentas son el antídoto contra la corrupción, en tanto que el independiente Luis Horacio Salinas denunció que el ICAI “está coludido con el Gobierno”.

Guadiana aseguró que en su administración “no habrá espacio para la opacidad (…) la transparencia llegará para quedarse. “Memo”, le dijo al candidato del PAN, “dices que no quieres a los Moreira, pero tu compadre Calderón lo exoneró”. También cuestionó a Anaya y a Riquelme por no haber aceptado el reto de mostrar las declaraciones fiscales de los últimos diez años para saber el origen de sus fortunas.

Anaya –replicó el priista– no tiene autoridad moral para hablar de transparencia y las ganancias de Guadiana no salen de los toros. “La corrupción es un mal que aqueja a funcionarios de todos los niveles, de todos los partidos y de todos los sectores de la sociedad”. Por representar al partido que este año cumplirá 88 años en el poder y por su relación con los hermanos Moreira, Riquelme acaparó las críticas de Anaya, Guadiana, Guerrero y Pérez.

Guerrero deploró: “Coahuila no debe ser nunca más nota roja por la corrupción o por la violencia. La herida no se resuelve con el perdón y olvido que es lo que haría Anaya. Tampoco con la complacencia y tapadera que sería si queda Riquelme”. (…) A mí me gusta hablar con la verdad”.

Frente a los cuestionamientos y dudas, Anaya atajó: “Nosotros sí vamos a proceder hasta sus últimas consecuencias en el fraude de la megadeuda. Investigaré la ruta del dinero, cómo salió de las arcas del gobierno, cómo llegó a los bolsillos de los Moreira y de sus cómplices”. Fue él quien cerró el debate con un llamado para terminar con 88 años de gobiernos del PRI, aunque los peores –dijo– fueron los dos últimos. La moderación de Carlos Puig fue buena, pero el discurso que sacudiera la conciencia de los coahuilenses nunca llegó.
05 Mayo 2017 03:00:00
Debate y voto oculto
Después de un primer debate insípido, mal organizado y peor difundido por el Instituto Electoral de Coahuila –descalificado por los principales candidatos de oposición al Gobierno del Estado por su parcialidad–, se espera que el de ayer, en Torreón, impacte e incite al electorado a acudir a las urnas el 4 de junio. Las cuestiones más candentes fueron finanzas públicas (por la megadeuda de 40 mil millones de pesos que Humberto Moreira impuso a varias generaciones); transparencia y rendición de cuentas (por inexistentes en el sexenio anterior y cuestionables ahora por las empresas fantasma). El tema de desarrollo económico, en apariencia inocuo, en La Laguna es motivo de reclamos por la prolongada sequía de inversiones públicas y privadas y la preferencia hacia la capital del estado.

El cara a cara fue entre cuatro laguneros (Guillermo Anaya (PAN), Miguel Riquelme (PRI), Javier Guerrero (independiente) y José Ángel Pérez (PT)); un saltillense por adopción (Armando Guadiana (Morena)), otro de nacimiento (Luis Horacio Salinas (independiente)) y una cieneguense ((Mary Telma Guajardo (PRD)). El dato es relevante porque, después de medio siglo, el próximo inquilino del Palacio Rosa no será de Saltillo y sus alrededores, sino de Torreón o San Pedro.

Después de ayer ya no se volverá a ver juntos a los siete aspirantes al Gobierno. Incluso es probable que dos de ellos declinen en los próximos días (Guerrero llegará hasta el final). Antes del debate hubo un bombardeo de alta intensidad contra los candidatos con mayor intención de voto (Riquelme y Anaya) a través de las redes sociales y de medios de comunicación por actos de corrupción, represión y algunas complicidades. También circularon encuestas, una favorable para el priista y otra para el aspirante del PAN. En la primera, el rango de indecisos supera el 25%; en otra es de 11.9. El voto oculto decidirá las elecciones.

Andrés Manuel López Obrador, quien hace campaña para sí mismo, más que para Guadiana (como ocurre en Estado de México donde las posibilidades de Delfina Gómez de ganar son reales), aprovechó el debate para cargar contra el PRI, el PAN y sus respectivos candidatos al Gobierno de Coahuila; y por extensión, contra Felipe Calderón y Enrique Peña, a quien no cita por su nombre, pero a sí a su protegido Humberto Moreira. En un desplegado a página completa, el líder de Morena advierte: “La mafia en el poder (…) utiliza al PRI y al PAN para simular que habrá cambios”.

Para López Obrador, la alternancia hacia la derecha no es opción. En el texto, desliza que Anaya es el plan B del PRI para el 4 de junio. “En Coahuila ante la corrupción de los Moreira, muchos han sido engañados con el cuento de que el PAN es la solución, cuando en realidad son lo mismo, la única diferencia que hay entre los priistas y los panistas de arriba, es que los priistas son corruptos cínicos y los panistas corruptos hipócritas”. Para desacreditar la promesa de Anaya de “encarcelar a los Moreira”, AMLO inserta, debajo su nombre, documentos de la PGR sobre “el no ejercicio de acción penal” contra el exgobernador Humberto Moreira por el delito de enriquecimiento ilícito. El acta tiene fecha 22 de octubre de 2012, poco antes de que Calderón entregara la Presidencia a Peña Nieto.

En el primer debate y en lo que van de las campañas han faltado ideas y el discurso capaz de conmover a los electores; en cambio, han sobrado denuncias, golpes bajos y descalificaciones. Quien haya conectado mejor en el careo de anoche, el cual abordaré más adelante, habrá dado un gran paso, quizá definitivo.
03 Mayo 2017 04:00:00
Pantomima por votos
Después del ridículo internacional por haberse adjudicado parte del crédito por la detención del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, sin haber movido un dedo, la PGR quiso salvar la cara y echó la garra a otro ladrón protegido: el veracruzano Javier Duarte, en Guatemala, donde lo tenía ubicado. No sólo narcos como Édgar Valdez Villarreal, la Barbie, sonríen esposados. En México los delincuentes se sienten libres, pues incluso pueden huir de los reclusorios más “seguros”. La risa desaparece cuando Estados Unidos los reclama. Valdez y Jorge Eduardo Costilla, el Coss, líder del cártel del Golfo, fueron extraditados en 2015.

Duarte mostró frente a las cámaras la misma insolencia que “La Barbie”. Quizá sea un código entre delincuentes. La suerte del “reteapendejado”, según describió Fidel Herrera —otro extraditable de la lista de corruptos de Forbes— a su ahijado político por las barbaridades cometidas en campaña, es distinta a la de Yarrington. El tamaulipeco será juzgado en Estados Unidos donde podría pasar el resto de sus días —allá sí, en una cárcel de máxima seguridad—, a menos que confiese, se declare culpable, entregue dinero y propiedades y proporcione información sensible. El temor del Gobierno mexicano es ese: que Yarrington delate al grupo Atlacomulco y por extensión al presidente Peña.

Duarte no tiene ese problema. Su extradición será a México, donde recibirá trato de hijo consentido del sistema. No se puede actuar de otra manera con uno de los gobernadores modélicos del “nuevo PRI”, según lo ponderó Peña. La primera señal la dio la PGR, cuya agenda es política, no de justicia, al dejar en libertad a la esposa del capo, Karime Macías, la recatada primera dama cuyo gasto en ropa, joyas y viajes ascendió a 8 millones de pesos en el primer año de Gobierno de su esposo. Quizá lo hizo para no dejarse impresionar por la maestra Gordillo. Así de lucrativo puede ser el DIF, mientras millones de mujeres en México carecen de lo indispensable y muchas mueren —o se suicidan— por falta de servicios médicos y otros motivos.

Herrera impuso sucesor para cubrirse las espaldas, y Peña lo premió con el consulado en Barcelona. Sin embargo, la estupidez de Duarte se exacerbó en el Gobierno y puso a Herrera también en la picota. En Veracruz, como en la mayoría de los estados, se cumple el aforismo del político e historiador inglés Lord Acton, según el cual “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Entre los cárteles de la droga y la delincuencia política existe una diferencia: la guerra entre los primeros es a ultranza; el segundo es monolítico. El cártel de gobernadores —en ejercicio o desde otras posiciones— goza de cabal salud.

Sin embargo, mientras el narcotráfico y los políticos corruptos sean perseguidos por Estados Unidos y no por México, Duarte y el Gobierno de Peña no podrán cantar victoria. Hasta hoy no existen denuncias contra Duarte de la DEA, pero sí lo ha investigado —lo mismo que a Herrera—, debido a la expansión de los Zetas durante su Gobierno. Si la agencia antinarcóticos solicita en un futuro su extradición, la PGR doblará las manos —como lo hizo ya con “El Chapo” Guzmán— y la sonrisa sardónica del exgobernador derivará en pánico.

El arresto de Duarte tiene todas las características de una mascarada para desviar la atención del ridículo en Italia. Pensar que el PRI puede salvar con una pantomima la elección en el Estado de México —Coahuila y Nayarit no le interesan— equivale a suponer que en el país todos somos Duarte. Por idiotas, no por ladrones.
02 Mayo 2017 03:00:00
Conexión Tamaulipas
El caso Yarrington atrajo de nuevo los reflectores a Coahuila. Humberto Moreira fue el primer exgobernador mexicano detenido en Europa, por lavado de dinero y presuntos vínculos con los Zetas. Para tener una idea de la importancia que el Gobierno de Estados Unidos concede a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, el diario digital Breitbart, cuyo dueño, Steve Bannon, es el principal asesor del presidente Trump en temas de seguridad, ridiculizó a la PGR: “Las autoridades mexicanas no jugaron un papel en la detención (de Yarrington)”.

Urgida de legitimidad, la PGR, cuyo titular, Raúl Cervantes, colaboró con Humberto Moreira en el PRI, había celebrado como propio el éxito del operativo. Dijo que la detención de Yarrington ocurrió “gracias a la colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Agencia de Investigación Criminal (…)” y de autoridades de Italia. El Gobierno de ese país puso las cosas en claro e informó que el arresto del tamaulipeco lo solicitó Estados Unidos, no México.

El portal de Bannon aprovechó para asestar un nuevo golpe a la administración peñista: “Las tensiones diplomáticas han surgido con respecto al Gobierno mexicano tratando de evitar la extradición a Estados Unidos de un político corrupto que enfrenta cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero”.

Los tres últimos gobernadores de Tamaulipas –base de los cárteles del Golfo y los Zetas– son investigados en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero: 1) Manuel Cavazos. Como delegado del PRI en Coahuila en 2011, habría conectado a políticos locales con los Zetas. 2) Tomás Yarrington. Se relacionó con Arturo Montiel, gobernador del Estado de México, cuando ambos eran aspirantes a la Presidencia por el Tucom. Ese vínculo podría explicar la protección a Yarrington durante tanto tiempo. 3) Eugenio Hernández. En junio de 2015, el fiscal federal del Distrito Sur de Texas ordenó su aprehensión por lavado de dinero e “incitar transacciones bancarias ilícitas a favor del cartel de los Zetas”.

Hernández y los exgobernadores de Coahuila, Enrique Martínez, Humberto Moreira y Jorge Torres López son vinculados al contratista Luis Carlos Castillo, el “Rey de los Dragones”, quien el 3 de enero pasado se declaró culpable ante una Corte de Texas de conspirar para lavar dinero en Estados Unidos. El Gobierno le ha decomisado cuentas y propiedades por 36 millones de dólares.

El escándalo podría escalar a Los Pinos. En su columna Serpientes y Escaleras (30.11.16) titulada “Los amigos del Dragón”, Salvador García Soto dice: “En los primeros días de agosto de 2010, en la mansión del empresario Luis Carlos Castillo en McAllen (…) al menos 10 gobernadores mexicanos del PRI sellaron un pacto para apoyar e impulsar a uno (de ellos) a la Presidencia de la República; al que apoyarían era el entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, y el empresario anfitrión, a quien apodan “El Dragón”, financiero y amigo de varios mandatarios priistas ahí presentes, es el mismo que el 11 de noviembre pasado fue detenido en Estados Unidos y acusado de lavado de dinero y fraude bancario”.

En Texas, el exlíder del PRI Humberto Moreira es investigado por algunos de los mismos delitos que se le imputan a Yarrington. El gobernador interino Jorge Torres López figura entre los “fugitivos más buscados” por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), “debido a que fue uno de los peones de Humberto Moreira Valdés para depositar los fondos saqueados del erario de Coahuila en paraísos fiscales y bancos de Texas”. (Proceso, 07.02.16)
01 Mayo 2017 04:05:00
Coahuila: efecto Trump
La corrupción política es el eje de las campañas para gobernador, alcaldes y diputados del 4 de junio. La apuesta al olvido y los intentos de la administración por pasar página a la deuda por más de 40 mil millones de pesos, los créditos ilegales y el manejo opaco y discrecional de esos recursos en el gobierno de Humberto Moreira, fracasaron. Seis años después del escándalo, la oferta más atractiva de los candidatos de oposición (Guillermo Anaya (PAN), Javier Guerrero (independiente) y Armando Guadiana (Morena)) consiste en “meter a la cárcel a los Moreira” y al grupo que se hizo con el poder hace 12 años y pretende mantenerse en él otro sexenio.

La detención de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, en Florencia, Italia, por narcotráfico, lavado de dinero, fraude y otros delitos; la captura de Édgar Veytia (fiscal de Nayarit), en San Diego, California, por tráfico de drogas; y la extradición previa del “Chapo” Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, a Estados Unidos, pueden responder a presiones del presidente Trump para combatir el narcotráfico y la corrupción en México. (El caso de Javier Duarte es otro tema.)

El procurador norteamericano, Jeff Sessions, describió a los Zetas en una gira por Nogales, Arizona: “(…) convierten las ciudades y los suburbios en zonas de guerra, que violan y matan a inocentes y que se benefician con el veneno del contrabando y de otros seres humanos en nuestra frontera”. (Reforma 12.04.16) Historias así abundan en Coahuila, donde el cártel asesinó a centenares de personas en Allende y en el penal de Piedras Negras, e igual causó muerte, terror y destrucción en La Laguna y otras regiones.

Yarrington era prófugo desde 2012, pero fue hasta que Trump resultó electo cuando la PGR ofreció 15 millones de pesos por su captura, en la cual no participó. Así lo hizo creer en un principio para reclamarlo, evitar su extradición a Estados Unidos y ahorrarle al presidente Peña un nuevo escándalo. La maniobra funcionó el año pasado en España, donde el exlíder del PRI, Humberto Moreira, fue detenido por orden de la Fiscalía Anticorrupción bajo los cargos de blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos durante su gestión como gobernador.

El arresto lo realizó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), “órgano que asume casos criminales de especial envergadura como terrorismo, narcotráfico y entramados de desfalco. Según fuentes de la investigación, la justicia española ha actuado a petición de un tribunal de Estados Unidos que investiga la red de blanqueo en Coahuila”. (El País, 15.01.16)

El Gobierno de Peña movilizó a su embajada para liberar a Moreira. Desde entonces, no ha vuelto a España. Tres meses después, la UDEF detuvo en Madrid a Manuel Muñoz Luévano, el “Mono”, por lavado de dinero y organización criminal. Fiscales de Estados Unidos relacionan al “Mono” y al exlíder priista con los Zetas, cuyos principales líderes, según el expresidente Calderón, vivían en Coahuila “muy a gusto”.

La Fiscalía de San Antonio, Texas, “tenía (al Mono Muñoz) en su punto de mira (…) por su relación con el empresario (Rolando) González Treviño, dentro de la misma causa en la que se señaló a (Humberto) Moreira como persona también vinculada al cártel de los Zetas. El 30 de abril de 2014 la Corte de San Antonio anunció el procesamiento del empresario González Treviño (…). Este (…) alcanzó un pacto con la Fiscalía (…) y se declaró culpable. En su confesión, (…) señalaba, entre otros, a Moreira como máximo responsable del saqueo público. En la misma investigación también sale implicado Muñoz Luévano”. (El Español. (18.03.16)
29 Abril 2017 03:00:00
Lo que Natura non da…
El Instituto Electoral de Coahuila (IEC), donde despachan satélites de dos de las figuras más siniestras y cuestionadas del grupo en el poder, contra las cuales existen demandas olímpicamente ignoradas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por la Procuraduría de Justicia del Estado, ha vuelto a incurrir en el error del primer debate: dar centralidad a los moderadores, en vez de a los candidatos al gobierno del estado. Ana María Salazar (contratada para el de Saltillo) y Carlos Puig (quien conducirá el del jueves próximo en Torreón) son magníficos periodistas, mejor preparados incluso que la mayoría de los aspirantes y sobre todo creíbles.

Ninguno de ellos vino a ofrecer sus servicios. El IEC los contrató, por iniciativa propia o para agradar a alguien. Pero como el perfil de los candidatos es de bajo a regular, los moderadores terminan por opacarlos a todos. Salazar, abogada por Harvard y la Universidad de California en Berkeley, experta en temas de seguridad nacional y seguridad pública, liderazgo y política exterior, colaboró en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el gobierno de Clinton. Puig, con mayor trayectoria en prensa escrita y electrónica, es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, becario Nieman de la Universidad de Harvard, fue corresponsal de Proceso en Washington y creador de la Fundación Prensa y Democracia México, A. C., financiada por The Open Society Institute.

El tema es que un estado con las carencias económicas del nuestro –por la deuda, su servicio y otros devaneos– no puede darse el lujo de pagar a los moderadores mejor cotizados del país, al margen de su talento y resultados. Si se los contrata y su agenda se los permite y aceptan, vienen, cobran y se van. No hay nada de raro en esto. El problema es otro: el IEC pretende suplir su falta de brillo, capacidad, credibilidad e independencia con figuras que sí poseen esos atributos, y eso no funciona.

Como en el primer debate, la promoción para el segundo (4 de mayo a las 19:00 horas en el Teatro Nazas de Torreón) vuelve a ser insuficiente, casi nula. El IEC puede argumentar falta de recursos (económicos), lo cual es un sofisma, pues ¿cómo sí tiene para los moderadores? Si ese dinero se invirtiera en espectaculares y volanteo, por ejemplo, más personas sabrían del cara a cara y podrían interesarse en verlo. Igual pudo sustituir los anuncios que ya tiene con el tema del debate y el rostro de los candidatos. Con voluntad es posible hacer muchas cosas.

En la academia, en los medios de comunicación y en los organismos de la sociedad civil de Coahuila deben existir personas dispuestas a moderar debates sin cobrar honorarios, como una aportación a la democracia. Sin embargo, para lucirse y tratar de ocultar sus taras, el IEC invita a líderes de incuestionable prestigio, lo cual no sería imprudente si la situación financiera del estado fuera otra y no hubiera aquí gente capaz de moderar una controversia política. Los principales candidatos de oposición (Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero) han expresado dudas sobre la imparcialidad de la autoridad electoral. El virtual secretismo de los debates las confirma.

Si el público no manifiesta interés por este tipo de ejercicios se debe en gran medida a la rigidez de los formatos, pero sobre todo a un IEC medroso y anodino que no está a la altura de unas elecciones cruciales para el futuro de Coahuila. El INE debe considerar seriamente la posibilidad de atraer el proceso, como ya lo han planteado el líder del PAN, Ricardo Anaya, y el candidato de Morena.
28 Abril 2017 04:00:00
HMV: el fin del mito
El activismo de Humberto Moreira –el exgobernador, recién expulsado del PRI, que más ha agraviado y avergonzado a Coahuila dentro y fuera del país– no puede anticipar nada bueno en un proceso electoral de por sí enconado. En un ambiente político y social de cambio, su insolencia expone al PRI a perder el Gobierno, después de monopolizarlo 88 años, y a un desfondamiento en las votaciones para alcaldes y diputados del 4 de junio. Si el escenario se cumple, mucho se deberá a él y al grupo en el poder desde 2005. “Camarilla”, lo llama el candidato independiente Javier Guerrero.

Moreira es un político acabado, y su fuerza electoral un mito. Él mismo declaró a Ciro Gómez Leyva que el PRI rehusó postularlo para diputado federal, alcalde de Saltillo y diputado local. No de balde, pues él y sus hermanos son candidatos a correr la misma suerte que Javier y César Duarte, exgobernadores de Veracruz y Chihuahua. En esa dirección apunta el discurso de Guillermo Anaya, Armando Guadiana y Javier Guerrero, candidatos opositores al Gobierno.

En la entrevista del 24 de marzo con Gómez Leyva, un Moreira demudado y avejentado (tiene apenas 50 años) se jactó de ser uno de los tres coahuilenses que han ocupado la presidencia del PRI. Compararse con Manuel Pérez Treviño –combatiente en la revolución bajo las órdenes de Carranza, gobernador de Coahuila, secretario de Estado, fundador del PNR, antecedente del PRI, y precandidato presidencial– es una de sus usuales desmesuras.

Pérez Treviño era un hombre honrado. Él no fue a España a estudiar con una beca, sino como embajador. Sus contribuciones al exilio republicano, durante la Guerra Civil, todavía son hoy reconocidas. Moreira estuvo preso en Madrid por orden de la Fiscalía Anticorrupción, acusado de lavado de dinero. Una investigación de El País reveló que el presidente Peña Nieto “puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel”. (Aristegui Noticias 22.03.16)

El segundo coahuilense líder PRI fue Humberto Roque (1996-1997). Antes, como líder del Congreso, celebró el aumento del 50% al IVA con la “roqueseñal”. Moreira no hizo el ademán de su tocayo, pero se lo aplicó a los coahuilenses con la deuda de más de 40 mil millones de pesos (de los cuales se han pagado alrededor de 15 mil millones de intereses). Moreira fue despedido de la presidencia del PRI por el escándalo de la megadeuda. Hoy, como candidato a diputado plurinominal por el Partido Joven, reta al sistema que en mala hora lo encumbró.

Además de tóxico, Moreira es mal entendedor. En su charla con Gómez Leyva, reprochó no haber sido invitado a la toma de posesión del candidato del PRI al Gobierno, Miguel Riquelme, “ni como consejero municipal, ni estatal, ni nacional ni como exgobernador”. Acusó a Enrique Ochoa de cerrarle las puertas para contender. “No sé si conozca los estatutos”, dijo con sarcasmo. Semanas más tarde, sería expulsado del PRI por haber aceptado la candidatura del Partido Joven para diputado local. “Así lo marcan los estatutos”, replicó Ochoa. La decisión se confirmó este miércoles cuando se retiró el retrato de Moreira de la galería de presidentes. Hasta hoy, el valentón ha guardado silencio. En un audio divulgado en medios de comunicación locales a finales de diciembre pasado, Moreira amaga: “si me expulsan en Coahuila, expulsamos al PRI”.
26 Abril 2017 04:07:00
¿Atentado o embuste?
El supuesto atentado contra Reyes Flores Hurtado, coordinador de la campaña del candidato de Morena al Gobierno de Coahuila, Armando Guadiana, ocurrido el domingo en Nuevo León, debe aclararse para no echar más leña a la hoguera de un proceso electoral caracterizado por la violencia verbal, las acusaciones de corrupción contra las administraciones de los hermanos Humberto y Rubén Moreira y la promesa de los principales aspirantes de oposición de castigar con cárcel a los responsables de la deuda subrepticia por más de 40 mil millones de pesos –en el Gobierno del primero–, las empresas fantasma a las cuales se desviaron más de 500 millones de pesos, según el diputado panista Jesús de León, y otros escándalos.

Sobre el caso existen sospechas y dudas. La oficina de prensa de Guadiana, quien contribuyó al despido de Humberto Moreira de la presidencia del PRI por la megadeuda, informó en un comunicado que el domingo por la mañana “sujetos desconocidos en dos camionetas negras sin placas, cerraron el paso a la camioneta donde se trasladaba (Reyes Flores), obligando que se saliera del camino, provocando que perdiera el control de la unidad y (…) se volcara”. Las fotografías del vehículo muestras daños casi en toda la carrocería, parabrisas y cristales rotos. En la ventana posterior se aprecia una fotografía del candidato de Morena.

El político viajaba de San Pedro a Saltillo para reintegrarse a la campaña de Guadiana, en el marco de una nueva gira de Andrés Manuel López Obrador por Coahuila. Reyes fue hospitalizado en Monterrey después de ser atendido por paramédicos. Sin especificar su estado ni el tipo de lesiones, la nota lo reporta “estable”, pero “aislado por razones de seguridad” a petición de su familia.

Guadiana, hasta ahora el tercero en la intención de voto para las elecciones del 4 de junio, después del priista Miguel Riquelme y del panista Guillermo Anaya, prepara “acciones legales para garantizar la seguridad de todo su equipo de campaña”, informó su vocería.

En noviembre de 2009, Reyes Flores, entonces líder del PAN en el estado, se declaró en huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno para protestar por la anulación del triunfo de la candidata de ese partido a la alcaldía de Lamadrid, Rosalía Arredondo Esquivel, por parte del Tribunal Electoral del Estado. El gobernador era Humberto y el líder del PRI su hermano Rubén. Las elecciones extraordinarias, celebradas en 2010, las ganó el partido oficial.

El 1 julio de 2016, la Policía Investigadora de la Procuraduría de Justicia del Estado detuvo en Torreón a un hermano de Reyes Flores (Lorenzo) por la supuesta posesión de mariguana. El ahora coordinador de la campaña de Guadiana, aseguró que Lorenzo fue sacado por la fuerza de su hogar para sembrarle la droga. Asimismo, responsabilizó al Gobierno del Estado de posibles represalias contra él o su familia. Lorenzo fue liberado días después por falta de pruebas. Denunció haber sido torturado por la Policía para que le proporcionara información sobre las actividades, direcciones y teléfonos de sus hermanos.

La versión del atentado beneficia a Guadiana, quien tiene razones para mirar de reojo hacia el Gobierno, pero ¿qué dicen las autoridades de San Pedro? Según la Secretaría de Seguridad Pública, no se trató de una agresión, sino de un accidente atribuido “a la falta de precaución del conductor del vehículo #1 al conducir sobre pavimento mojado, perder el control, estrellarse y volcarse”. (El Norte, 25.04.16) Si en el sector existen cámaras de vigilancia y confirman el informe, Guadiana y Reyes Flores se habrán dado un tiro en el pie.
25 Abril 2017 04:00:00
¿Quién es más creíble?
La pregunta recorrió el país y contribuyó a la derrota del PRI en las elecciones presidenciales en 2006: “¿Tú le crees a Madrazo? ¡Yo tampoco!”. La campaña se atribuyó a la entonces poderosa líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, presa desde 2013, más por venganza política que por los delitos atribuidos a ella. La frase podría aplicarse hoy a Humberto Moreira (HM), candidato del Partido Joven a diputado local. El 26 de marzo, el expresidente Calderón declaró en Saltillo que en el gobierno de HM “todos los cabecillas de los Zetas vivían cómodamente en el estado de Coahuila”.

En septiembre pasado, un exjefe del cártel acusó al exgobernador ante la PGR de permitir la operación de “más de 400 tienditas para tirar droga y vender alcohol en Saltillo y áreas conurbadas, 240 en Piedras Negras, 100 en Acuña y 80 en la región de Cinco Manantiales. A cambio, él recibía dos millones de dólares mensuales”. En los acuerdos participaba “Juan Manuel Muñoz Luévano, alias el Mono Muñoz, quien servía de intermediario (…)”, reveló la fuente. (Reforma 14.01.17) Moreira niega los cargos: “Todas y cada una de las afirmaciones en referencia a mi persona que contiene el artículo son absolutamente falsas” (Vanguardia 15.01.17).

El 13 de enero, España autorizó la extradición de Muñoz a Estados Unidos. Según las autoridades de ese país, el “Mono” “sería un gran narcotraficante y blanqueador de capitales en Saltillo, así como estrecho colaborador de Roberto Casimiro González Treviño y Humberto Moreira Valdés”, publicó Reforma con base en un informe presentado al Juzgado Central de Instrucción Número Uno en Madrid. El Mono, de Matamoros, Coahuila, fue detenido el 18 de marzo por lavado de dinero y otros delitos.

A los Zetas se atribuyen las masacres en Allende, en el penal de Piedras Negras, donde 150 personas fueron incineradas, la fuga de 131 reos del mismo reclusorio, el campo de exterminio en Patrocinio y la escalada de violencia, secuestros y extorsiones en La Laguna y otras regiones.

“Cuando vinieron los marinos del Gobierno federal a defender a las familias coahuilenses (…) de la inseguridad, del secuestro, de la extorsión, del abuso, del asesinato. Cuando vinieron los marinos a liberar junto con el Ejército mexicano a los coahuilenses de ese yugo, ¿saben qué me dijo el gobernador Humberto Moreira? Me habló muy indignado: que retirara a los marinos de Coahuila, que no tenían que estar aquí, que Coahuila no tenía mar, que sacara a los marinos”. (Reforma 27.03.17)

Durante la administración de Moreira, en Saltillo aparecieron bardas donde se acusaba a Calderón de alcohólico. Sobre la expansión del crimen organizado en la entidad, el expresidente sostuvo: “Los principales cabecillas de los Zetas (…) vivían en Coahuila. Todos, el Z-40, el Coss, el Z-42. Todos vivían en Coahuila, y vivían muy a gusto”.

Moreira respondió con una clase de civismo: “Que no se haga tarugo. Calderón se robó la Presidencia, se la robó a Andrés Manuel López Obrador”. También lo comparó con Victoriano Huerta: “(es) igual de borracho, igual de ratero, igual de usurpador, igual de hocicón, igual de represor, igual de asesino”. (Proceso 27.03.17)

El tema lo reabrió el expresidente a raíz de la supuesta exoneración de Humberto Moreira, por parte de la PGR, al final de su sexenio, según Andrés Manuel López Obrador, de gira por Coahuila. Calderón habla de nuevas evidencias y acciones legales contra HM por sus presuntas relaciones con los Zetas. El exlíder del PRI volvió a responder con improperios. Ningún argumento para rebatir las acusaciones. Al final, quién es más creíble, ¿Moreira o Calderón?
24 Abril 2017 03:00:00
Impunidad por silencio
Gobierno que siembra impunidad no puede cosechar sino escepticismo e ira social. La captura de Javier Duarte (PRI), exgobernador de Veracruz, en Guatemala, se interpretó como una acción desesperada de la administración federal para frenar su caída y la de su partido en las elecciones del 4 de junio, las cuales presagian tormenta. Bajo el mismo cálculo, la reaprehensión de Joaquín “El Chapo” Guzmán se hubiera reflejado en los comicios del año pasado, pero, en lugar de carro completo, el PRI perdió 7 de 12 gubernaturas en juego. Los ciudadanos han dejado de comulgar con ruedas de molino. El instrumento de cambio es el voto libre.

Por “razón de Estado”, Duarte es más seguro en la madriguera. Suelto y en otro país representaba un riesgo. El mayor, que Estados Unidos también lo reclamara por lavado de dinero y nexos con los Zetas, como lo hizo con Tomás Yarrington, uno de los presidenciables del Tucom (Todos Unidos Contra Madrazo) hace 12 años. Y todavía así escandaliza a las autoridades y a los partidos que a México se le equipare a un narcoestado o a un Estado fallido. Si aún no lo es, en este sexenio dio pasos agigantados en esa dirección.

El Gobierno actúa como bando en temas electorales (la maquinaria está ahora volcada en el Estado de México) y en asuntos de justicia. Con un exfuncionario del PRI (Raúl Cervantes) en la PGR, ésta se convirtió en su brazo político. La corrupción debe perseguirse y castigarse con el mismo rasero e igual rigor. Acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, se entregó en noviembre pasado para ser enjuiciado. La PGR agregó otros dos cargos: delincuencia organizada y lavado de dinero. También detuvo a uno de los hijos del político.

Duarte, en cambio, escapó en helicóptero oficial, con protección y todas las ventajas. Como parte de un acuerdo de impunidad por silencio, su detención ocurrió en el momento más conveniente para el Gobierno: una semana después de la captura de Yarrington en Italia, con quien la PGR hizo la vista gorda. La recompensa de 15 millones de pesos por su localización sirvió sólo para cubrir las apariencias. Duarte fue detenido junto con su esposa Karime Macías Tubilla, la “Dama de la abundancia”, contra la cual también existen investigaciones federales y del Gobierno panista de Veracruz. Sin embargo, inmediatamente fue puesta en libertad. Quizá para no sentar un precedente. No sea que en el futuro también las primeras damas vayan a prisión.

Para la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, el exgobernador de Veracruz es una pieza menor, aunque no por ello menos voraz, digamos una barracuda. Pez gordo, el expresidente Otto Pérez, a quien la PNC encarceló el 3 de septiembre de 2015 –horas después de su renuncia al cargo– por el caso de “La Línea”. El proceso por corrupción (cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación aduanera) lo iniciaron la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público. Una fiscalía autónoma, el apoyo de Naciones Unidas a través del CICIG y una sociedad indignada que denunció en las calles la venalidad de sus autoridades, propiciaron primero la renuncia y custodia de la vicepresidenta Roxana Baldetti en un hospital privado, antes de su traslado a prisión, donde aún continúa, por el mismo escándalo. La expresión no es nueva, pero el presidente Peña sigue sin entender que el problema de México es la corrupción. Guatemala ejemplifica lo que se puede lograr contra el flagelo cuando existe ciudadanía y voluntad política.
22 Abril 2017 04:00:00
Democracia en pañales
La siguiente es la crónica del escritor y periodista Édgar London del cara a cara del miércoles pasado entre los candidatos al Gobierno, publicada por el bisemanario Espacio 4.

“(…) queda demostrado que la democracia en México sigue en pañales y que se debe trabajar muy duro, especialmente en el seno de la clase política, para que podamos hablar de un sistema plural, inclusivo, tolerante y realmente democrático. El debate entre candidatos a la Gubernatura de Coahuila fue menos de lo poco que, de por sí, ya se esperaba. Las propuestas terminaron ahogadas por los insultos y las acusaciones (…).

“Los tres temas propuestos (…) apenas representaron una excusa, más que una guía, para lanzar ataques. Los escasos proyectos presentados se desvanecieron entre las ofensivas y contradicciones que se cruzaron los representantes de las dos facciones políticas más importantes de Coahuila, Guillermo Anaya (PAN) y Miguel Riquelme (PRI) o los exabruptos de la candidata del PRD, Mary Telma Guajardo, y de su homólogo del PT, José Ángel Pérez, cuando no bajo las leves ironías que esgrimió el defensor de Morena, Armando Guadiana.

“Inmersos en el tópico de justicia, todos los candidatos, excepto Riquelme, coincidieron en que la seguridad no se ha recuperado en el estado pues hoy ocupa el tercer lugar, a nivel nacional, en número de desaparecidos. Además, la ciudadanía no ve en los cuerpos de seguridad un aliado sino un peligro, especialmente en el caso de Fuerza Coahuila, el más temido de todos. Por lo tanto, coinciden en la necesidad de cambiar estas dependencias por otras con mayor nivel de profesionalización, sin máscaras y más cercanas al pueblo.

“El representante del PRI, en cambio, insistió en que votar contra su partido es sinónimo de hacer regresar la inseguridad al estado, algo sobre lo que alertó, posteriormente el candidato independiente, Javier Guerrero, cuando dijo que es el Gobierno el que utiliza el miedo y la amenaza como estrategia para consolidarse en el poder.

“Para el expriista, la corrupción en los cuerpos policiacos y los órganos de impartición de justicia representa la causa fundamental de la inseguridad. Los temas siguientes sufrieron mucha desatención porque, poco a poco, los candidatos optaron por seguir sus propias agendas, cargadas de acusaciones y agravios hacia sus contrincantes.

“No obstante, en la sala cundió un murmullo de desaprobación cuando Miguel Riquelme insinuó que el desabasto médico en la entidad se debe a que Coahuila se desarrolla más rápido que la federación y el IMSS no podía surtir las medicinas necesarias. A lo que Anaya respondió alegando que Rubén Moreira sí tenía dinero para pagar la deuda que su hermano le dejó al estado, también para pagar a empresas fantasma e incluso para promocionar su imagen, pero no para abastecer de fármacos a los hospitales. (…)

“Si acaso, el debate sirvió para definir las personalidades de los candidatos y las disímiles circunstancias con que cada uno llega a esta contienda. (…) la experiencia frente a las cámaras y el uso de los tiempos de Guillermo Anaya; la presión evidente que tiene sobre sus hombros Riquelme consciente de la posibilidad real de la alternancia—; la tranquilidad, casi desapego, de Luis Horacio Salinas; la llaneza y verticalidad de Armando Guadiana; así como contrasta la explosividad de José Ángel Pérez y Mary Telma Guajardo –quien levantó risas al reprocharles a sus contrincantes que ninguno había sido madre– con la serenidad de Javier Guerrero, acaso el más comedido de los allí presentes”.
21 Abril 2017 04:00:00
Juicio en el debate
El primer cara a cara entre los siete candidatos al Gobierno devino en un juicio contra el moreirato. La sentencia contra los hermanos Humberto y Rubén Moreira fue condenatoria por la corrupción, la deuda no aclarada por más de 40 mil millones de pesos, a la cual se sumó este mes un nuevo crédito por 2 mil 100 millones; la impunidad, las empresas fantasma, la crisis de los sistemas de salud, educativo y de justicia, y el “saqueo” de 400 millones de pesos de la Dirección de Pensiones. También, por la “entrega” del estado a los Zetas y por las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras y las desapariciones forzadas.

El periodo de los Moreira comprende los 12 años más oscuros de la historia de Coahuila, acusaron, cada quien a su manera, Guillermo Anaya (PAN), Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas (independientes) y José Ángel Pérez (PT). En otro momento, se acusó a Carlos Moreira de tener secuestrada la educación del estado. Miguel Riquelme (PRI) soportó la andanada, centró sus réplicas en el panista Anaya y ofreció, como lo ha hecho en su campaña, aplicar la ley “caiga quien caiga”. Mary Telma Guajardo (PRD) embistió contra el bipartidismo PRI-PAN e hizo señalamientos tibios contra los Moreira, a quienes no citó por su nombre.

Los aspirantes de oposición reprobaron el decenio de los Moreira en seguridad y justicia, educación y salud pública, temas del debate y propusieron obras planes –algunos coincidentes– para rescatar al estado de la postración. Anaya, Guadiana, Guerrero y Pérez se comprometieron a castigar con cárcel los delitos cometidos por los Moreira y su primer círculo.

El tema recurrente fue la corrupción. Anaya acusó a Riquelme de ser “tapadera” de los Moreira, de haberse enriquecido y de recibir de un contratista una costosa mansión. Asimismo, lo responsabilizó, como alcalde con licencia que es, de tener a Torreón entre las ciudades del país con el mayor número de desaparecidos.

Riquelme respondió con las mismas armas. Habló de que Anaya convirtió a Torreón en una de las ciudades más peligrosas del país, de su millonaria casa en una colonia donde el metro cuadrado se cotiza en 9 mil 500 pesos, de su rancho y de otras propiedades valuadas en 100 millones de pesos. El priista ofreció gobernar con pulso y sin depender de nadie. Sus críticas al gobierno de Rubén Moreira fueron sutiles, pero insistió que cambiará lo necesario.

El candidato de Morena desoyó las peticiones de Anaya de no caer en la trampa de los Moreira para confrontar a las oposiciones y dividir el voto. El independiente Luis Horacio Salinas embistió contra los partidos. Todos, dijo, han decepcionado. “En Coahuila”, advirtió, “no hay Comunicación Social, sino culto al gobernador Rubén Moreira”. Su plan consiste en reducir 70% el gasto anual de mil millones de pesos en ese concepto y destinarlo a mejorar los servicios de salud.

Javier Guerrero (expriista) se refirió a las 200 mil firmas que reunió para su registro como una muestra del deseo de cambio que priva entre los coahuilenses, hizo propuestas realistas con la experiencia de haber sido secretario de Finanzas y advirtió que el cáncer de Coahuila tiene nombre: corrupción. A diferencia de Anaya y de Riquelme, quienes intercambiaron los golpes más fuertes, Guerrero salió indemne.

José Ángel Pérez (expanista), quien padeció a Humberto Moreira como alcalde de Torreón, dijo que hablar de Coahuila, hoy, es decir “saqueo de los Moreira megadeuda, lavado de dinero corrupción, impunidad”. El estado “ya está hasta la madre de todo esto”. En Coahuila huele a alternancia.
19 Abril 2017 04:00:00
Moreira I: la desmesura
Siete años antes de Trump. Ensayo sobre la Imbecilidad, de Aaron James, el médico y político inglés David Owen publicó En el Poder y en la Enfermedad. La obra aborda los males que han afectado a jefes de Estado y de Gobierno en el último siglo y la repercusión de sus decisiones en la vida de millones de personas. También observa el síndrome de hybris y las alteraciones que provoca en los hombres del poder. El concepto, de origen griego, equivale a desmesura. “No hace referencia a un impulso irracional y desequilibrado, sino a un intento de transgresión de los límites impuestos por los dioses a los hombres mortales y terrenales” (Wikipedia).

“En la Antigua Grecia (la hybris) aludía a un desprecio temerario hacia el espacio personal ajeno unido a la falta de control sobre los propios impulsos, siendo un sentimiento violento inspirado por las pasiones exageradas, consideradas enfermedades por su carácter irracional y desequilibrado, y más concretamente por Ate (la furia o el orgullo). Como reza el famoso proverbio antiguo, erróneamente atribuido a Eurípides: ‘Aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco’” (ibíd.)

Los jefes de Estado y de Gobierno suelen ocultar sus enfermedades, pero el secretismo da pábulo a todo tipo de interpretaciones. Las redes sociales y algunos medios de comunicación, por ejemplo, han atribuido lo macilento del presidente Peña a un cáncer, versión desmentida por Los Pinos. Con respecto a la depresión y la enfermedad mental, Owen advierte “están extendidas y no pueden ser consideradas como una incapacidad automática para desempeñar un cargo público”.

Pero “cuando un dirigente político se comporta de un modo que el público no sólo desaprueba, sino que además interpreta instintivamente como la consecuencia de un cambio de su estado mental (se dice): el dirigente ha ‘perdido la chaveta’, está ‘desequilibrado’, ‘desquiciado’, ‘fuera de control’”.

El exgobernador Humberto Moreira causó esa impresión en la entrevista con Gelacio Reyes, para La Mejor FM 99.1 de Piedras Negras. Entre gestos, obscenidades y bufonadas, abrió la charla así: “Vengo a tirar chingazos y a revelar secretos de todos los hocicones”. (El video está disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=3lYry-z53X8).

Owen previene: “Aun cuando quizá no sean manifiestos en su conducta suficientes síntomas para respaldar un diagnóstico profesional de enfermedad mental, el público está convencido de que el dirigente no está simplemente cometiendo errores, sino que da muestra de algún género de incapacidad mental para tomar decisiones racionales. Aquí, el lenguaje médico sirve de poco aún. Nos vemos obligados a hablar en términos más tradicionales (…). Uno de esos términos (…) cuyo uso por parte de las gentes es, a mi juicio, totalmente legítimo, es ‘megalomanía’”.

Para diagnosticar el síndrome de hybris, agudizado por la permanencia en el poder, el autor enlista 13 síntomas, pero sólo bastan tres o cuatro para presentar este tipo de desmesura psicológica. Por ejemplo: “una inclinación narcisista (…) (…); una (…) tendencia a la exaltación; una identificación de sí mismos con el Estado hasta el punto de vista de considerar idénticos los intereses y perspectivas de ambos; excesiva confianza en su propio juicio y desprecio del consejo y la crítica ajenos; inquietud, irreflexión e impulsividad; pérdida de contacto con la realidad”.

El lector tiene bases para diagnosticar a Humberto Moreira.

Nota. Hoy a las 19:00 horas será el primer debate de los candidatos al Gobierno del Estado, pero tal parece que el Instituto Electoral de Coahuila no quiere que nadie se entere.
18 Abril 2017 04:00:00
El show de la política
Aaron James (filósofo) advierte en Trump. Ensayo Sobre la Imbecilidad (Malpaso, 2016), el ascenso de los bufones al poder. Su país ignoró el aviso y eligió a Donald Trump, quien, una vez en el Despacho Oval, devino “payaso autoritario”, declaró al diario digital español “Vozpópuli”.

Publicado antes de las elecciones presidenciales, el egresado de Harvard repara en su libro: “Me preocupaba la profusión de imbéciles que se estaba dando en la sociedad y la posibilidad, nada gratificante, de que Estados Unidos se hubiera convertido ya o estuviera a punto de trocarse en un sistema ‘capitalista imbécil’ abocado de manera inherente a decaer. (…) Aunque el modelo que describo es aplicable a una sociedad más amplia, podemos reconocer sin miedo a equivocarnos que muchos de nuestros males proceden de forma directa de nuestra política”.

Once años antes, a escala local, Humberto Moreira (HM) se había hecho con el poder con relativa facilidad y algunos de los mismos trucos del magnate neoyorquino. Lo mismo que Estados Unidos con Trump, Coahuila tampoco escuchó las voces que anticipaban el desastre de gobernador que sería HM, algunas de las cuales se publicaron en Espacio 4. Para comprar voluntades, rendirse culto e imponer un proyecto transexenal, HM convirtió el presupuesto en caja chica, la política en burdel, el Congreso en tapete, el Tribunal de Justicia en corte de secuaces y la tribuna en pista de baile. Se autoproclamó Hijo del Pueblo. Se disfrazó del Santo y de Blue Demon, se contoneó en el estadio de los Saraperos, pero sus mejores representaciones son las de populista, demagogo y víctima.

El exgobernador minimiza los estragos de la deuda por más de 40 mil millones de pesos contraída en su gobierno, la mitad de la cual se gestionó con documentos falsos. Guillermo Anaya y Armando Guadiana, candidatos del PAN y Morena al Gobierno, denunciaron la estafa en 2011. Con el mismo desparpajo, HM culpa a otros de la violencia, la expansión del narcotráfico (en particular de los Zetas), las masacres y las desapariciones forzadas durante su sexenio. Donde hay miseria, mira progreso. Acosado por sus demonios, en el séptimo lugar de los “10 mexicanos más corruptos” de 2013 (Forbes) e investigado en España y Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos, HM está de nuevo en el “callejón de los trancazos”, su espacio natural: “tiran guamazo, tiro demanda”, amenaza a sus críticos.

En su libro, James advierte “A diferencia del estúpido (…) un imbécil de verdad, aquel para el que el ser imbécil es un rasgo estable de personalidad, no hallará motivo alguno que lo lleve a pedir perdón o a escuchar siquiera el reproche de los demás: vive afianzado en el convencimiento de que está en su derecho y de que, por lo tanto, puede hacer oídos sordos. (…) No se inmuta cuando lo miran con indignación o protestan”. Sobre la riqueza que propicia “un sistema capitalista imbécil politizado” (también presente en México), el profesor de la Universidad de California apunta: “El sistema se vuelve corrupto y genera más corrupción en un proceso que se alimenta a sí mismo (…)”.

James tendría en México material suficiente para una enciclopedia sobre la imbecilidad política. Lo mismo que él en su país, en el nuestro vemos cómo “el espectáculo cotidiano de la pugna política se vuelve repugnante”. En nuestro caso, mucho de ello se debe al exlíder del PRI, HM. “Sólo los más sobornables o presuntuosos pueden tener el estómago necesario para presentar su candidatura”, acota el autor.
17 Abril 2017 04:00:00
Debate entre cuatro
En México los políticos le tienen un miedo cerval a los debates por el riesgo de ser exhibidos en su ignorancia, en sus riquezas inexplicables, en sus vínculos con el narcotráfico. Un ejercicio natural e imprescindible en las democracias maduras e incluso en otras que se hallan en tal proceso, incluidas algunas de América Latina, en nuestro país aún se evade o se edulcora. El primero entre candidatos presidenciales (12 de mayo de 1994) permitió medir su impacto en el electorado –sin revertir como en Estados Unidos, en 1960, la tendencia favorable a Nixon, vencido finalmente por Kennedy–. El tribuno Diego Fernández (PAN) salió del cara a cara como el gran favorito. Ernesto Zedillo (PRI), candidato emergente tras el asesinato de Colosio, y Cuauhtémoc Cárdenas (PRD) no pudieron con la fogosidad y elocuencia del panista.

in embargo, algo extraño sucedió. Fernández abandonó la escena política, o dio esa impresión, Zedillo repuntó y ganó las elecciones. Entonces se especuló sobre un arreglo entre Diego y el presidente Salinas. El panista siempre lo ha negado. Asegura que los medios de comunicación, por línea del Gobierno, le cerraron las puertas para frenarlo. Zedillo resultó ser buen presidente; sobre todo, honrado. Además de superar la crisis económica incubada en el sexenio de Salinas, la cual estalló en los primeros días de su gestión, su mayor legado fue la reforma electoral que posibilitó la primera alternancia en Los Pinos. Tuvo carácter para afrontar las presiones del PRI para evitarla; y antes, para encarcelar a Raúl Salinas por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y enriquecimiento ilícito.

Los debates son obligatorios, mas no por ello han dejado de ser rígidos. Les falta vitalidad y espontaneidad. Los formatos deben ser abiertos y atractivos para persuadir a los ciudadanos de acudir a las urnas y no para alejarlos de ellas. En Coahuila, el primero de los debates entre los candidatos al Gobierno del estado –de los dos organizados por el Instituto Electoral– será este miércoles a las 17:00 horas en el Museo del Desierto. (¿Por qué siempre no en el Tecnológico de Monterrey?) Los temas serán Seguridad y Justicia, Educación y Salud Pública.

El segundo será en Torreón sólo 15 días después (el 4 de mayo). ¿Por qué la premura del Instituto Electoral? ¿No hubiera sido mejor acercarlo al 4 de junio, día de las votaciones? En La Laguna, donde surgió la Alianza Anticorrupción Coahuila, se tratarán los asuntos más espinosos por su relación con la deuda, las empresas fantasma y otros escándalos: Desarrollo Económico, Finanzas Públicas, Transparencia, Rendición de Cuentas y Desarrollo Social.

El Artículo 56 del Código Electoral de Coahuila, fracción 2, advierte: “Los debates obligatorios de los candidatos al cargo de Gobernador serán transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias de uso público. El Instituto promoverá la transmisión de los debates por parte de otros concesionarios de radiodifusión con cobertura en el Estado y de telecomunicaciones”. Sin embargo, la difusión entre la ciudadanía ha sido nula o insuficiente.

El cara a cara será entre siete, pero la atención se centrará en Guillermo Anaya (PAN), Miguel Riquelme (PRI), Javier Guerrero (independiente) y Armando Guadiana (Morena). De los otros tres, José Ángel Pérez (PT), quien padeció y afrontó a Humberto Moreira como Gobernador, aportará más que Mary Telma Guajardo (PRD) y Luis Horacio Salinas (independiente). El debate se reflejará en la intención de voto e incluso puede modificarla.
15 Abril 2017 04:01:00
Cacería de periodistas
La siguiente es la segunda parte del reportaje de Gerardo Moyano, publicado en la edición 559 del catorcenario Espacio 4, sobre la situación del periodismo en México, el peor lugar del mundo para ejercer el oficio:

“Miroslava Breach fue la tercera periodista asesinada en el mes de marzo. Cecilio Pineda Birto, director del periódico La Voz de la Tierra Caliente, fue ejecutado en Altamirano, Guerrero, el 2 de marzo, mientras que Ricardo Monlui Cabrera, periodista de los diarios El Sol de Córdoba y Diario de Xalapa, fue asesinado en Veracruz, el 19 del mismo mes. Veinticuatro periodistas han sido ultimados en Veracruz durante los sexenios de los gobernadores priistas Fidel Herrera (2004-2010) y Javier Duarte (2010-2016).

“En marzo, otros tres periodistas salvaron su vida de milagro. El 24 de ese mes, Israel Hernández, reportero de ‘Imagen del Golfo’ y colaborador del portal Aristegui Noticias, fue herido de bala en un enfrentamiento entre obreros del Sindicato de la empresa Tubos de Acero de México (Tamsa), en Boca del Río, Veracruz.

“El 28 de marzo, Julio Omar Gómez, reportero de 911 Noticias, fue atacado a balazos en su domicilio de Cabo San Lucas, Baja California Sur. En el ataque, perdió la vida Alfredo de la Cruz, el escolta que la FEADLE le había asignado al comunicador, luego de que dos de sus vehículos fueran incendiados meses antes. ‘Me atacan porque he evidenciado actos de corrupción por parte también de dependencias federales’, dijo Gómez en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

“Un día después, el 29 de marzo, Armando Arrieta Granados, jefe de Redacción del diario ‘La Opinión de Poza Rica’, en Veracruz, recibió dos balazos frente a su domicilio. Su estado de salud es grave, pero evoluciona favorablemente.

“El mismo día, Jorge Alejandro Saucedo Alvarado, comunicador del medio digital Red es Poder, denunció el allanamiento de su domicilio, en Torreón. El comunicador dice que tanto en la policía municipal como en la estatal se negaron a recibir su denuncia, pues ‘no hubo robo’. Esto, pese a que Saucedo ya ha denunciado amenazas (documentadas por Artículo 19) y ha pedido medidas cautelares a la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila. Entre otras investigaciones, el comunicador ha abordado el conflicto de intereses de diversos políticos, entre ellos, los diputados Shamir Fernández Hernández (presidente del PRI en Torreón), Armando Luna Canales y Georgina Cano Torralva, quienes a la par de su tarea legislativa siguen actuando como notarios públicos. ‘Temo por mi integridad y la de mi equipo de colaboradores’, señala.

“En los recientes ataques a periodistas, el móvil parece el mismo: el trabajo de las víctimas, en particular los que denuncian la colusión entre autoridades y el crimen organizado.

“En el caso de Miroslava Breach, la principal línea de investigación va en ese sentido. El año pasado, un reportaje de la periodista le costó la candidatura a la alcaldía de Bachíniva a la priista Silvia Mariscal Estrada, suegra de Carlos Arturo Quintana, el 80, uno de los líderes de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez.

“Una cartulina dejada junto al vehículo en el que fue baleada Breach sentencia: ‘Por lengua larga. Siguen llegados al Gobernador y el gober. El 80’. Días más tarde, el 30 de marzo, otra manta supuestamente firmada por el 80, dice: ‘Corral si me sigues mandando a tus achichincles los voy a matar a todos, querías guerra, pues ya las tienes’. (…)

“Por ello, el llamado de Reportero Sin Fronteras: ‘Frente al estallido de la violencia observado durante el mes de marzo, RSF se une a la prensa mexicana e insta al gobierno mexicano a que tome medidas firmes para frenar esta mortífera espiral. (…) Este país (México) es, más que nunca, un territorio hostil para la prensa’”.
14 Abril 2017 04:00:00
Verdades históricas
En uno de los peores momentos del país, con los mayores índices de desaprobación ciudadana hacia su gobierno y grados de corrupción, impunidad e impudicia escandalosos, Enrique Peña muestra un optimismo incomprensible, cuyos cimientos están asentados sobre arenas movedizas. La sociedad no ve la hora en que termine el sexenio para iniciar un nuevo gobierno, con un partido distinto y un proyecto diferente que oxigene y adecente la política, ofrezca seguridad, justicia y paz social, y castigue a los pillos protegidos por el fuero.

En su discurso por los 88 años del PRI, el pasado 4 de marzo, Peña no apeló a un mejor país, sin escándalos ni motivo de escarnio por culpa de sus máximas autoridades. Libre de corrupción, de conflictos de interés, de tráfico de influencias, de riquezas instantáneas, de pobreza en expansión constante, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de amiguismo, de incompetencia y cinismo gubernamentales. No, esas son bagatelas, pecados veniales, exigencias sociales irrelevantes, visiones de iluminados, populistas o demagogos. Bajo esa retórica trata de impedirse la alternancia con López Obrador.

La preocupación del gobierno de Peña y su partido no consiste en resolver los problemas del país, muchos de los cuales ellos agravaron, sino en ganar elecciones, después de haber perdido el año pasado siete estados. Para los optimistas del poder, la falta de argumentos para legitimar victorias es irrelevante. Y si no, a las pruebas se remiten. El gabinete se ha volcado en el Estado de México para reafirmar la máxima hankista según la cual el poder está vedado a los políticos sin dinero en los bolsillos ni cuentas bancarias conectadas al presupuesto y al capitalismo de compadres.

Bajo la misma lógica de retener el poder para prolongar borracheras, cuya resaca pagan siempre los más pobres, los gobernadores de Veracruz (Javier Duarte) y Chihuahua (César Duarte) apostaron todo por sus candidatos. Hoy los dos priistas son buscados por la Interpol por el desvío de miles de millones de pesos del erario, parte de los cuales utilizaron para incrementar sus patrimonios familiares. ¿Y la PGR? Atenta a los movimientos de la oposición y de activistas sociales. La agenda de la Procuraduría, con un titular que antes de ocupar el cargo colaboró con Humberto Moreira en la presidencia del PRI, es política. Por eso los Duarte, Tomás Yarrington (detenido en Florencia, Italia) y otros de su ralea se vuelven invisibles para las autoridades mexicanas.

El asesinato de periodistas –entre el 2 y el 23 de marzo fueron abatidos otros tres– tampoco merece atención del Gobierno, más allá de retórica y compromisos incumplidos. Las fiscalías especiales terminan por no servir; ya sea por falta de presupuesto o por desprecio al oficio más incómodo para el poder. El discurso intolerante contra los críticos del sistema y la falta de castigo para los criminales alienta nuevos atentados contra la prensa y la libertad de expresión. Por esa causa, el periódico Norte de Ciudad Juárez prefirió cerrar.

En el Gobierno de Peña han sido asesinados 30 periodistas y 38 en el sexenio de Calderón, según Artículo 19. El estado con mayor incidencia es Veracruz, donde el anterior gobernador, Duarte de Ochoa, amenazaba al gremio: “Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos”. En México se criminaliza a los periodistas aun antes de matarlos. Pero, para el Presidente, las crisis del país son imaginarias. Sólo las verdades oficiales son históricas e incuestionables.
12 Abril 2017 04:00:00
Memoria histórica
México tuvo su primavera democrática con Francisco I. Madero, pero fue interrumpida por las bayonetas. Andrés Manuel López Obrador promete regresar a ella, pero antes ganar Coahuila, tierra del mártir, con Armando Guadiana, candidato de Morena al Gobierno del Estado. En la presentación de su libro 2018: La Salida, el 29 de marzo en Saltillo, el aspirante presidencial con mayor intención de voto leyó cartas de Madero a varios caciques de la época para pedirles equidad y respeto al sufragio. Lo mismo se pide ahora –más de 100 años después– en Coahuila, Estado de México y Nayarit, donde el 4 de junio habrá elecciones para gobernador.

Guadiana debe su regreso a la política a los Moreira, después de un retiro de cuatro décadas, cuando fue diputado local. Sobre todo a Humberto, a quien acusa de la ruina del estado por la deuda de 36 mil millones de pesos que contrató sin informar a los coahuilenses sobre su destino. Para que los delitos por las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras no prescriban, acudió a la Corte Internacional de Justicia. Empresario del carbón, ganadero y promotor deportivo, Guadiana fue el principal destinatario de la ley antitaurina, impuesta por el actual Gobierno. Espiado por el poder, no se arredra ni deja de embestir.

La lucha contra la corrupción, la impunidad y el nepotismo figura entre sus banderas. El objetivo de las oposiciones reales y de amplios sectores sociales consiste en lograr la primera alternancia en Coahuila después de 88 años de gobiernos del PRI.

El candidato de Morena, cuyos signos son el bigote estilo Walrus y el sombrero Stetson, centra su atención en un tema cada vez más acuciante, reflejo de las crisis causadas por la deuda: el deterioro de los servicios de salud. Por tal razón, ofrece un Coahuila “en el que el sistema de salud brinde atención profesional y eficiente a todo el que necesite de atención médica, (...) en el que sus policías pierdan el miedo de enseñar el rostro y los ciudadanos pierdan el miedo a sus policías”.

También propone un estado “en el que se deje de tomar de rehén político a la universidad y en cambio se formen estudiantes competentes en el ámbito profesional y humano, (…) en el que dejemos atrás la vergüenza de ser referencia nacional de corrupción, (...) en el que las bandas criminales no se refugien en instituciones penitenciarias. Pero, sobre todo, un Coahuila de justicia y progreso, donde el castigo a los corruptos sea ejemplar, que quien robe un peso del erario público, vaya como cualquier vulgar ladrón, sin distinción, a la cárcel”.

Desde el monumento ecuestre de Francisco I. Madero, inspirado en la Marcha de la Lealtad que el Presidente encabezó el 9 de febrero de 1913, 10 días antes de su asesinato, Guadiana invocó el arma de la democracia más temida por los gobiernos: el sufragio libre, lema maderista cuyo candado era la no reelección. “No hay tirano que nos impida ejercer ese derecho”, advirtió el candidato de Morena. “Asumamos la responsabilidad de este momento histórico y acabemos con este sistema oligárquico que tanto daño le ha hecho a Coahuila. De mi parte, tienen el compromiso de que no habrá tregua para los corruptos”. Guadiana demanda elecciones limpias. Dice que los candidatos del PRI (Miguel Riquelme) y del PAN (Guillermo Anaya) representan los mismos intereses, y exige al Instituto Electoral de Coahuila respetar la voluntad de los coahuilenses.
11 Abril 2017 04:00:00
Discurso carcelario
Guillermo Anaya asumió el compromiso que miles, tal vez millones de coahuilenses agraviados por la deuda, la arrogancia, la corrupción y la impunidad querían escuchar, en especial los votantes indecisos: “Meteré a la cárcel a los Moreira”. La misma promesa hicieron el año pasado Miguel Ángel Yunes y Javier Corral (PAN) como candidatos a los gobiernos de Veracruz y Chihuahua. Sus triunfos convirtieron en prófugos a Javier y a César Duarte (PRI) por haberse enriquecido en sus mandatos y desviar miles de millones de pesos del erario. Ambos son buscados por la Interpol.

En México, autoridades locales y federales facilitaron su huida. El aspirante a Gobernador de la Alianza Ciudadana por Coahuila, formada por el PAN, la UDC, Primero Coahuila y Encuentro Social, utiliza la capitular del apellido Moreira como signo de continuismo y para definir a su rival del PRI, Miguel Riquelme: “(es) el candidato de las tres emes: miedo, maldad, mentiras”. Anaya, mencionado en columnas y círculos políticos como plan B del gobernador Rubén Moreira, había sido criticado por su discurso “suave” contra el moreirato, lejos del sentimiento mayoritario contra el clan. Ya como candidato, su discurso es de confrontación.

En sus primeros días de campaña, iniciada en Torreón con médicos y enfermeras ante los cuales denunció la crisis del sector salud y la corrupción en la compra de medicamentos, Anaya identificó a los responsables: “Los Moreira van a pagar, ni les debemos ni les tememos (…) van a responder por sus actos y sus ilícitos (…) van a devolver lo robado”. (…) Los voy a meter a la cárcel”. En Veracruz, el Gobernador de la primera alternancia, Miguel Ángel Yunes, asegura haber recuperado ya mil 250 millones de pesos “robados” por su antecesor priista Javier Duarte de Ochoa.

Anaya se ha comprometido también a investigar el caso de las empresas fantasma, cuya figura más visible es hasta ahora María Esther Monsiváis, quien encabeza la lista de sacrificables junto con David Aguillón. El monto de las operaciones, originalmente calculado en 180 millones de pesos, podría exceder los 500 o 600 millones. Antes del escándalo, el PRI perfilaba a la secretaria de Infraestructura y Transporte para diputada plurinominal. Monsiváis es todavía una mujer influyente. Después de su defenestración, colocó a María Antonieta Gil, ex subsecretaria de Obra Pública, como directora ejecutiva de Administración del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el cual podría tener su propia red de negocios familiares.

Los principales candidatos de oposición al gobierno desconfían del IEC. Su presidenta, Gabriela de León Farías, exfuncionaria estatal, nada en un mar infestado de tiburones. Alejandro González, quien fue director general y consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, precedente del IEC, en el Gobierno de Humberto Moreira, actúa como satélite del PRI. Armando Guadiana (Morena) pide que la elección de Coahuila sea atraída por el Instituto Nacional Electoral.

Antes de iniciar su campaña, Anaya dijo ante el expresidente Felipe Calderón, su compadre: “Los días de abuso del PRI y de los Moreira están contados (…) porque el pueblo de Coahuila tiene sólo una idea en mente: el cambio. Sus días de impunidad están contados, porque Coahuila ya no quiere sentir vergüenza por tener los peores gobernantes de México”.
10 Abril 2017 03:00:00
Comisión de la verdad
Javier Guerrero, el aspirante a gobernador con más trayectoria y horas de vuelo en la política local y nacional; el secretario de Finanzas de la administración que liberó al estado de deudas; el hombre que renunció a 40 años de militancia priista para oponerse a la continuidad de “la camarilla de vividores” que asumió el poder hace 12 años y pretende enquistarse otro sexenio, promete investigar el origen y destino de la deuda por más de 36 mil millones de pesos contraída en el Gobierno de Humberto Moreira. Para castigar “a quienes han robado del erario público, llámense como se llamen (y) estén donde estén”, creará una comisión de la verdad y una fiscalía especial.

Guerrero, como los demás candidatos, inició campaña el 2 de abril; en su caso, como independiente. Su primer discurso lo dio en San Pedro, donde fue alcalde a los 29 años, en el gobierno de Eliseo Mendoza. La Laguna y el país vivían entonces tiempos convulsos, como ahora. Igual que en 1908, cuando Francisco I. Madero escribió en San Pedro La Sucesión Presidencial (contra la dictadura porfirista), el clamor nacional era de justicia, democracia y libertad.

En la campaña presidencial de 1988, Carlos Salinas fue apedreado en San Pedro durante un mitin campesino. En La Laguna, el recuerdo del general Cárdenas se había volcado en favor de su hijo Cuauhtémoc, candidato del Frente Democrático Nacional. La elección fraudulenta de Salinas marcó al país, pues su proyecto neoliberal desplazó por las malas el socialdemócrata de Cárdenas. Dos figuras recompusieron la relación Laguna-Salinas: Carlos Rojas, sucesor de Luis Donaldo Colosio en la Secretaría de Desarrollo Social, y previamente secretario general del PRI; y Javier Guerrero, quien después de ser alcalde ganó la diputación federal por su distrito.

Rojas y Guerrero se han vuelto a encontrar. El primero, ligamayorista de la política nacional, coordina la campaña del segundo. Poco antes de la renuncia de Guerrero al PRI, en diciembre pasado, Rojas participó en la presentación de su libro Mi Visión de Coahuila, en la Ciudad de México. Con la sucesión estatal encima, el cerebro de Solidaridad, programa estrella de Salinas, dijo en el Museo Casa del Risco: “Espero (…) que el PRI no se equivoque, porque si no, va a suceder lo que pasó en diversas entidades en 2015, por permitir que los mandatarios estatales tomaran las decisiones caprichosas, convenencieras, (que) volviéramos a tratar de dejar herederos nunca resulta lo más conveniente”. (El Norte, 6.12.16)

Pocos pensaban que Guerrero renunciaría al PRI, pero lo hizo. Igual dudaban que tuviera el valor y el coraje para denunciar a los Moreira, pero empezó a hacerlo incluso antes de ser candidato. “Vamos a sacar del Palacio de Gobierno a quienes han traicionado al pueblo de Coahuila”, declaró al iniciar campaña al lado de su esposa Nicté, cuyo padre (Rafael Ruiz Béjar) fue amigo y colaborador del general Lázaro Cárdenas. También le acompañaron Carlos Rojas, Federico Berrueto y Arturo de las Fuentes, hijo del exgobernador José de las Fuentes. Todos ellos del equipo de Colosio.

Guerrero, funcionario en el gobierno de Rubén Moreira antes de ocupar la subsecretaría de Desarrollo Social, sabe que uno de los elementos que más inhiben la participación política de los coahuilenses es el miedo. “El muro ya cayó”, asegura. Los 200 mil ciudadanos que firmaron para apoyarlo como candidato independiente lo confirman.

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