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Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento
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Empezó su carrera profesional en la revista Siempre! a los 17 años, cuando era todavía estudiante de preparatoria. Obtuvo la licenciatura en filosofía con honores de la Universidad York de Toronto, Canadá. A los 22 años entró a trabajar como redactor en Encyclopaedia Británica Publishers, Inc. y dos años más tarde fue nombrado director editorial de las obras en español de la empresa.

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23 Enero 2019 03:54:00
Crecer o no crecer
Es un momento de incertidumbre. No hay una crisis económica como la de 2008, pero el Fondo Monetario Internacional ha reducido su previsión de crecimiento para la economía mundial. La reducción no es enorme. La economía global creció 3.7% en 2018, pero para 2019 se espera una cifra de 3.5. En el caso de México, la expansión será de 2.1%, igual a la de 2018, pero bastante menor que la de 2.5% estimada previamente. Las cifras las dio a conocer este 20 de enero la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, en el Foro Económico Mundial.

La mayor incertidumbre está surgiendo por las políticas proteccionistas de varios gobiernos, especialmente el de Estados Unidos. La Unión Americana, que tuvo un crecimiento alto, de 2.9%, en 2018, en parte por la baja de impuestos impulsada por Donald Trump, crecerá sólo 2.5% en 2019 y 1.8% en 2020. China bajará de 6.6 a 6.2% entre 2018y 2019. El menor comercio tiene costos para todos.

En muchos países hay nuevas razones de incertidumbre. El Brexit hace que el Reino Unido mantenga reducidas tasas de crecimiento, de 1.4% en 2018 y de 1.5% en 2019. Alemania bajará de 1.5 a 1.3%. Francia, que se enfrenta a la rebelión de los chalecos amarillos, se mantendrá en 1.5. Japón, a pesar de años de estímulos fiscales que han hecho de su deuda pública la más elevada del mundo, registra apenas 0.9% en 2018 y tendrá 1.1% en 2019. Mientras México se mantiene estancado, el FMI espera que Brasil, con el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro, eleve su crecimiento de 1.3% en 2018 a 2.5% en 2019.

En su presentación de ayer en una sesión plenaria del Foro, Bolsonaro, quien hizo de Davos su primer destino internacional, dio los mensajes adecuados para el público que lo esperaba. No descalificó a las mujeres ni a ningún otro grupo, como lo ha hecho varias veces en el pasado. Habló con tono sencillo, sin la oratoria exuberante de Lula o a Dilma Rousseff, pero lo primero que dijo es que estaba “muy emocionado” de estar en Davos. Dijo que iba a convertir la cerrada economía brasileña en una de las 50 más abiertas del mundo, que iba a reducir la pesada carga fiscal del país y que iba a disminuir los trámites burocráticos. Afirmó también que Brasil es el país que “más preserva el medio ambiente”, ya que menos del 9% de su tierra es agrícola y menos del 20% pecuaria. “El 30% de Brasil son selvas. Brasil debería ser un ejemplo para el mundo”, afirmó. Habló de que Brasil es un “paraíso muy poco conocido” e hizo un llamado al público a visitarlo. En la sesión se anunció, de hecho, que Brasil será la sede de la próxima reunión regional del Foro.

Todo el mundo llega a Davos, por supuesto, para mandar su mejor mensaje posible a los inversionistas internacionales. México lo hizo muchas veces en el pasado, sólo que en este 2019 el funcionario mexicano de mayor nivel fue la subsecretaria de comercio exterior, Luz María de la Mora, una funcionaria muy capaz pero que no pudo lograr mucha atención. No sorprende que en este 2019 Brasil vaya a aumentar su crecimiento y México vaya a quedarse estancado.

Soluciones mágicas

La sociedad sueña con soluciones mágicas, pero los problemas son complejos. Se espera que la demanda mundial de petróleo aumente este año en 1.3 millones de barriles al día. ¿Y el efecto de 5 millones de autos eléctricos? Apenas 50 mil barriles. “Pero aun si hubiera 300 millones de autos eléctricos, el impacto en las emisiones de CO2 sería de apenas 1%. Nada”. Lo anterior lo señaló ayer en Davos el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol.
22 Enero 2019 04:00:00
Foro de ausencias
Es el Foro de las ausencias. Varios personajes importantes han cancelado por circunstancias políticas. La británica Theresa May, por la inminencia de un Brexit sin acuerdos; el francés Emmanuel Macron, por los chalecos amarillos; el estadunidense Donald Trump, por la suspensión de actividades del gobierno.

El mexicano Andrés Manuel López Obrador explicó su ausencia por los problemas de organizar el nuevo Gobierno, pero siempre ha dado la impresión de que no se sentiría a gusto en un foro con los empresarios y políticos más importantes del mundo. La única funcionaria mexicana que aparece en la lista previa es Graciela Márquez, de Economía, quien debería anunciar mañana el programa de inversiones de Nestlé, pero me dicen que al parecer no llegará. Mario Delgado, exglobal leader, tampoco dice si vendrá. Sólo hay 18 mexicanos registrados. Será la presencia más pobre en décadas. En cambio, Brasil tiene 35, entre los que destacan el nuevo presidente, Jair Bolsonaro, y Paulo Guedes, el ministro al que ha encargado la transformación de la economía de su país. En total habrá cinco presidentes latinoamericanos.

La nutrida participación brasileña no sorprende. Bolsonaro quiere el respaldo o cuando menos la aceptación internacional. También la buscó Lula da Silva, quien acudió a Davos en 2003 unos días después de asumir la presidencia, con el propósito de mostrar al mundo que su gobierno no iba a aislarse ni a tomar medidas irracionales. Se presentó primero en el Foro Social Mundial de Porto Alegre y de ahí voló a Davos, donde fue muy bien recibido. En los años siguientes se hizo costumbre su participación y en 2010 el Foro lo distinguió como “estadista global”.

Las ausencias no restan relevancia a la cumbre público-privada más importante del mundo. Asistirán alrededor de tres mil representantes del sector privado, el Gobierno, la sociedad civil, el mundo académico, la cultura, las artes y los medios de comunicación. Los jefes de Estado y de Gobierno serán 19, incluyendo a Shinzo Abe de Japón, Angela Merkel de Alemania, Giuseppe Conte de Italia, Mark Rutte de los Países Bajos y Pedro Sánchez de España. Entre los latinoamericanos estarán el colombiano Iván Duque, el peruano Martín Alberto Vizcarra y el ecuatoriano Lenin Moreno. Asistirán también el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el de Palestina, Rami Hamdalá.

Participarán António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas; Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos; Ángel Gurría, secretario general de la OCDE; Christine Lagarde, directora gerente del FMI; y Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Asisten las cabezas de los principales sindicatos y organizaciones no gubernamentales, alrededor de mil 700 presidentes y directores generales de empresas, cientos de directivos y periodistas de los principales medios de comunicación.

El tema general es Globalización 4.0, pero las 350 mesas de discusión y ponencias se extenderán sobre muchos más. Muchos participantes no asisten a los paneles, sino que se reúnen con socios, clientes, proveedores o colegas. Habría que hacer decenas de viajes por el mundo para tener los encuentros que Davos permite en unos cuantos días.

Las ausencias son numerosas, pero los temas se mantienen presentes: el crecimiento económico, el Brexit, los chalecos amarillos, el populismo, las migraciones, el calentamiento global. Esa es la razón de ser de este encuentro anual. Como nunca antes, cada ausencia significa una presencia.

Mágico

Un entrañable concierto inaugural en Davos con una orquesta sólo de mujeres dirigida por una mujer, Marin Aslop, y una extraordinaria violinista de 13 años, Clara Shen, como solista. Momento mágico.
21 Enero 2019 03:58:00
Fuego con Fuego
Aun a la distancia las imágenes lastiman y enfurecen. El ducto perforado en Tlahuelilpan, Hidalgo, del que sale un chorro de gasolina a muchos metros de altura. Los cientos de personas que se acercan con cubetas y bidones para tomar esa gasolina que se ha convertido en botín fácil para tantos. Los soldados que observan, sin hacer nada, a las familias, incluso con niños, converger sobre el ducto como si se tratara de una fiesta popular. El estallido. Las personas que corren envueltas en llamas, los gritos de dolor. La devastación.

¿Cuántas veces hemos visto tragedias como esta en México? Las explosiones de Tultepec y otros lugares que se repiten una y otra vez ante la negligencia de las autoridades y la persistencia criminal de los fabricantes de pirotecnia. Los niños quemados de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, por un incendio que comenzó en una bodega ilegal del propio Gobierno del Estado que no cumplía con los más mínimos requisitos de seguridad. La quema intencional del Casino Royale de Monterrey con la muerte de muchos de los parroquianos que se encontraban en el interior.

Y, como tantas otras veces, presenciamos la inmoral politización de la tragedia humana, tanto de quienes culpan al presidente López Obrador de los hechos como de quienes responsabilizan a los anteriores mandatarios del PRI y del PAN. Una reacción automática de todos los políticos y los activistas mexicanos es aprovechar las tragedias humanas para tratar de llevar agua a su molino.

Los mandos del Ejército, al cual se le encargan cada vez más funciones de policía, afirman que sus elementos no pudieron contener a los pobladores que se lanzaron a robar el combustible que salía del ducto en borbotones. “Al verse rebasados por la cantidad de personas, se vieron obligados a retirarse a un costado para evitar una confrontación”, explicó el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval. “No es fácil ante una multitud hacer prevalecer el orden, aun explicando los riesgos, hay constancia de cómo se enfrenta la población al Ejército y la policía en otros casos”, agregó el presidente López Obrador.

El propio Presidente justifica esta decisión de los mandos castrenses: “Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego, no vamos a enfrentar la violencia con la violencia; así no se puede enfrentar el mal... al mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”.

Es la misma filosofía que ha hecho que el fuego destruya tantas vidas en nuestro país. Los talleres de pirotecnia siguen operando en Tultepec porque, nos dicen los gobernantes, esa es la tradición popular y nadie se puede oponer a ella. Las muertes por accidentes se suceden porque la autoridad no puede imponer el cumplimiento de las reglas de seguridad a nadie y mucho menos a las oficinas de Gobierno. Las amenazas de grupos de extorsión a locales comerciales, como el Casino Royale, no se toman en serio hasta que hay muertos. El robo de combustible se combate cerrando las válvulas, que en el caso del ducto que pasa por Tlahuelilpan nadie había cerrado, y no aplicando la ley con vigor y eficacia.

“Por eso la decisión que se ha tomado en este caso y en todo lo que tiene que ver con la política de seguridad es atender las causas que originan los hechos delictivos. Esto no es un asunto policiaco, militar. No se resuelve con medidas coercitivas”, dice el presidente López Obrador. En todo caso la muerte de 79 personas en Tlahuelilpan es un disuasivo para que el pueblo bueno sepa que no debe jugar con fuego.

Con fuerza

Al contario de lo que sucede en México, en Francia la policía actúa con fuerza y eficacia ante las manifestaciones de los chalecos amarillos. Las marchas son permitidas, pero no los actos de violencia, que son respondidos con vigor por las policías.
18 Enero 2019 03:58:00
Somos ignorantes
Son nuevos tiempos. Por una parte tenemos más democracia que nunca. Las redes sociales permiten a los políticos acercarse directamente a los electores sin pasar por los partidos ni por los medios de comunicación. En principio esto es positivo, pero tiene también aspectos negativos. La nueva democracia ha permitido un resurgimiento del populismo en el mundo que se ha reflejado en el Brexit y en los triunfos electorales de Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro.

“En los últimos siglos -escribe el pensador e historiador israelí Yuval Noah Harari en 21 lecciones para el siglo XXI- el pensamiento liberal desarrolló una inmensa confianza en el individuo racional”. La experiencia nos dice, sin embargo, que “la mayoría de las decisiones humanas se basan en reacciones emocionales”. Pero “no solo la racionalidad, la individualidad también es un mito. Los humanos rara vez pensamos por nosotros mismos”.

La afirmación desconcierta, aunque Harari nos pide revisar el desarrollo del género humano. “Lo que dio al Homo sapiens una ventaja sobre todos los demás animales y nos convirtió en maestros del planeta, no fue nuestra racionalidad individual sino nuestra habilidad sin paralelo para pensar juntos en grandes grupos”.

Si bien los humanos somos soberbios, y pensamos que lo conocemos todo, la verdad es que nuestra ignorancia en casi todos los temas es supina. Si a la gente se le pregunta si sabe cómo funciona una cremallera, lo que en México llamamos un zipper, casi todos dicen que sí. Todos hemos usado estos dispositivos en ropa, bolsas y otros productos, pero una cosa es saber usar la cremallera y otra muy distinta saber cómo funciona. Muy pocos pueden explicar con claridad y concisión su operación y casi nadie puede fabricar una.

“Dependemos del conocimiento experto de los demás para casi todas nuestras necesidades”. Aunque miles de millones usemos con habilidad computadoras y teléfonos inteligentes, solo unos cuantos tienen la capacidad para diseñarlos y construirlos, y rara vez solos, siempre en colaboración con otros colegas especializados.

En este mundo cada vez más complejo, “la gente rara vez aprecia su ignorancia, porque se encierra en una cámara de eco de amigos que piensan como ella y de fuentes de noticias que confirman sus posiciones”. Las redes sociales, que son hoy la principal fuente de información de millones, no han hecho más que fortalecer esta tendencia. Por eso los puntos de vista de quienes pertenecen a grupos políticos distintos se han vuelto tan radicalmente excluyentes: en Estados Unidos, por ejemplo, quienes están a favor y en contra de Trump; en México, los que apoyan y los que cuestionan a López Obrador; en Brasil, quienes respaldan y quienes repudian a Bolsonaro.

La única forma de paliar la natural ignorancia individual es escuchar a quienes piensan diferente. Para un mandatario es crucial. Muchos errores de política pública surgen de la creencia de los gobernantes de que lo saben todo y que solo necesitan asesorarse de quienes son incondicionales o piensan igual que ellos. Si Trump escuchara a quienes le advierten que un muro no frenará ni la inmigración ilegal ni la inseguridad, o si López Obrador considerara las opiniones sobre el daño de la cancelación del aeropuerto de Texcoco o las propuestas de estrategias más eficaces y menos dañinas para combatir el robo de combustible, tanto Estados Unidos como México estarían en una mejor situación.

Brexit irracional

La primera ministra británica, Theresa May, ha echado para atrás la fecha de presentación de un nuevo plan para el Brexit del 21 al 29 de enero. Aun así, es demasiado poco tiempo. Lo ideal sería hacer un nuevo referéndum y mantener al Reino Unido en la Unión Europea. La separación e irracional para todos.
17 Enero 2019 03:55:00
Sin protestas
Si la actual crisis de desabasto de gasolina hubiera tenido lugar en el gobierno de Enrique Peña Nieto o el de Felipe Calderón, habríamos visto sin duda estallidos populares similares o peores a los del gasolinazo de enero de 2017.

El aumento al precio de la gasolina y los consecuentes desmanes representaron un golpe enorme a la popularidad de Peña Nieto y sellaron virtualmente la derrota electoral del PRI en 2018.

Sin embargo, hoy que estamos sufriendo un desabasto inédito de gasolina, con personas haciendo filas a veces hasta de 10 horas o más para llenar un tanque, no sólo no ha habido estallidos de protesta sino que la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido en niveles muy altos. Si bien 47% de los mexicanos declara que no cree que el cierre de ductos resuelva el problema del robo de combustible, contra 46% que dice que sí, 62% se pronuncia a favor de la medida (Reforma, 11.1.19).

Los pocos bloqueos o manifestaciones han involucrado a grupos muy pequeños, usualmente personas que llevaban muchas horas esperando cargar gasolina, y se han dispersado con rapidez. Quizá la razón es que los grupos de activistas que antes aprovechaban el descontento social para promover actos de protesta ahora están trabajando
para el Gobierno.

Una parte del fenómeno se explica por el hecho de que mucha gente ve el problema como algo que sólo afecta a quienes tienen automóviles, que son el 30% más rico de la población. No falta quien piense que la escasez es un castigo merecido para quienes ganan mayores ingresos y han podido comprar un auto. El hecho es que las cifras de apoyo a la medida son muy similares al porcentaje de la población que no tiene automóvil privado.

También es cierto que el presidente López Obrador se ha convertido en un vocero extraordinario de sus propias causas. Los anteriores mandatarios estaban escondidos detrás de las murallas de Los Pinos y sólo salían a los medios en situaciones muy controladas, dando discursos frente a públicos que aplaudían de manera artificial.

López Obrador es en cambio el portavoz oficial y casi único del Gobierno y su carisma personal entra en juego para defender posiciones de una forma que no podían hacer los voceros de gobiernos anteriores.

Algo ha cambiado definitivamente en el ambiente político. El 4 de agosto de 2018, un contingente del Ejército se enfrentó a un grupo de huachicoleros en Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, Puebla, pero los pobladores reaccionaron con furia, quemaron camiones y bloquearon durante horas la autopista Puebla-México sin que las autoridades se atrevieran a intervenir.

Esta y muchas otras carreteras fueron bloqueadas por encapuchados tras el aumento al precio de la gasolina de enero de 2017. Hoy, en cambio, no hay protestas. Otro punto curioso es que Puebla, considerada el centro del robo de combustible, no ha tenido un corte al abasto de gasolina.

Quizá la razón es que dentro de unos meses tendrá elecciones en las que Morena pretende arrebatarle el estado al PAN tras la muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso.

Por lo pronto el país está enfrentando un verdadero gasolinazo, mucho peor que el de enero de 2017, pero en esta ocasión sin turbulencias. Quizá quienes organizaban las protestas y los bloqueos hoy están muy ocupados en labores de Gobierno.

Sin ductos

Los gobernadores de Jalisco y Guanajuato pidieron ayer nuevamente al Gobierno federal que reabra los ductos cerrados. Saben que sin esta medida sus estados no recibirán gasolina suficiente. Las pipas están reabasteciendo la Ciudad de México, pero nadie parece interesarse por los estados gobernados por la oposición.
16 Enero 2019 03:58:00
Orden en el caos
¿Por qué me preocupa que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya anunciado ayer que va a comprar 500 nuevas pipas de gasolina de 60 mil litros cada una? Porque es señal de que la crisis de desabasto de gasolina no se va a resolver ni ahora ni en el resto del sexenio.

El Mandatario no parece tener intenciones de abrir nuevamente las válvulas de los poliductos que de manera eficiente han conducido la gasolina y otros petrolíferos a lo largo y ancho del país durante décadas. Aunque ayer López Obrador volvió a afirmar que el desabasto –que antes ni siquiera existía– “es una situación transitoria”, añadió: “Están jugando a las vencidas estos traviesos. Vamos a demostrar que puede más el pueblo digno de México”.

El Presidente ha dicho en varias ocasiones que les está ganando la batalla a esos “traviesos” y que el robo de combustible se ha desplomado desde que cerró las válvulas. Pero si así fuera, ¿por qué estaría ordenando la compra de estas 500 pipas?

Estos 500 vehículos representarían una capacidad de transporte de 30 millones de litros. Es un monto importante, aunque palidece ante los 125 millones que se consumen diariamente en nuestro país. El problema es que una vez realizada la compra, Pemex tendría un incentivo para utilizar en el largo plazo estos autotransportes. Los especialistas, sin embargo, señalan que resulta entre 10 y 15 veces más caro transportar gasolina por pipa que por ducto. Pemex se estaría comprometiendo así a usar de manera indefinida un transporte más caro e ineficiente.

Dice el Presidente que las 500 pipas se comprarían con el ahorro logrado al reducir el robo de combustible. ¿Será cierto? Como en muchas otras afirmaciones que hace, no hay cifras precisas. López Obrador ha declarado que el robo de combustible significa una pérdida para Pemex de 60 mil millones de pesos al año, aunque no ha dado a conocer las bases de esta cifra. El transporte en pipas en lugar de ductos, sin embargo, representa un incremento sustancial en los costos de Pemex. Hasta ahora no sabemos cómo se compara este gasto adicional con el supuesto ahorro del robo de combustible. Tampoco conocemos el monto de robos de combustible en pipas.

La verdad es que el Gobierno no podrá decir que ha logrado una victoria mientras mantenga cerrados los ductos de distribución. Sería muy fácil cortar la luz de una ciudad y afirmar que se ha reducido al 100% el robo de electricidad en ella, sólo que cuando se reanudara el servicio comenzaría en automático nuevamente el robo. El cierre de ductos, en realidad, dificulta el combate contra el robo de combustible, porque no permite ubicar y detener a las bandas que se dedican a este negocio.

El Gobierno sí está haciendo algunos esfuerzos eficaces en el combate al huachicoleo. Los señalamientos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, de que se han encontrado cientos de gasolineras que tienen ventas superiores a sus compras de combustibles sugieren un camino más eficaz para combatir el comercio ilegal de combustible robado. Usar drones para patrullar los ductos sería también una medida sensata. Pero el cierre de ductos no hace más que dañar al consumidor sin afectar realmente a los huachicoleros.

El Presidente tiene razón cuando dice que “No es tan imposible poner orden en el caos”. Hasta ahora, sin embargo, el cierre de válvulas sólo ha creado un caos al que ya habría que poner orden.
15 Enero 2019 04:15:00
Robos al erario
Tanto el sábado 12 como el domingo 13 de enero estuvieron tomadas las casetas de cobro de la autopista escénica de Tijuana a Ensenada. Un grupo de activistas había desplazado a los trabajadores y cobraba aportaciones a los
automovilistas.

No es la primera vez que veo que esto ocurre. El 3 y 4 de noviembre de 2018, cuando también utilicé esa carretera, las casetas estaban también tomadas y el grupo que las había ocupado cobraba igualmente dinero. Tras preguntar a los residentes, me dijeron que esto está ocurriendo todos los fines de semana. Es un saqueo sistemático de Caminos y Puentes Federales de Ingreso, Capufe, una empresa pública, y por lo tanto del erario.

En el trayecto México-Acapulco se ha hecho también común que grupos de activistas, particularmente maestros de la CNTE o normalistas de Ayotzinapa, tomen las casetas y cobren el peaje o pidan aportaciones voluntarias. De esta manera financian sus actividades políticas y también sus gastos personales.

Capufe no informa de manera constante acerca de las pérdidas por las tomas de casetas, pero las cifras que se conocen son multimillonarias. En 2014, en un informe llamado “Toma de instalaciones 2014”, la dependencia reportó haber tenido pérdidas por 192 millones de pesos, pero sólo en 81 días, del 27 de septiembre al 30 de noviembre, por 385 tomas de casetas, con el 77.6% en Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Distrito Federal. Esta forma de robo al erario parece haberse multiplicado en los últimos años debido a la impunidad. No hay información de que una sola persona haya sido castigada por tomar casetas o robarse el dinero que debería recaudarse en peajes.

No es este el único caso en el que el robo al erario es permitido o incluso promovido por grupos cercanos al poder. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) informó que las pérdidas no técnicas de electricidad en 2017 ascendieron a 30 mil 325 millones de pesos. La mayor parte de este monto son robos y en este caso tampoco se sabe que se hayan aplicado sanciones.

Todo lo contrario. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió durante su campaña electoral que condonaría la deuda de quienes dejaron de pagar la luz en su estado de Tabasco a instancias de su propio movimiento político. Ya como presidente electo, en octubre de 2018, dijo en Villahermosa: “Borrón y cuenta nueva en el caso de la luz. No va a haber deuda, pero sí les pido que para adelante hay que cumplir. ¿De acuerdo?... Porque si no, nos desacompletamos”. Se ha calculado que este borrón y cuenta nueva le costará a la Comisión Federal de Electricidad, otra empresa pública, y al erario unos 43 mil millones de pesos.

El presidente López Obrador ha agradecido a los mexicanos su apoyo en la lucha contra el robo de combustible. En un video declaró este pasado fin de semana: “Muchas gracias de todo corazón por apoyarnos en la lucha del robo contra combustibles. Es una ilegalidad, una inmoralidad, un acto de corrupción que teníamos que enfrentar”. El Mandatario ha pedido también a los ciudadanos que no compren combustible robado.

Nadie puede estar en de-sacuerdo. Hay que acabar con el robo al erario. Por eso es importante que realmente sean detenidos y sancionados los responsables del robo de combustible, pero también los que roban electricidad y los que toman casetas de cobro para embolsarse los peajes. Estos robos también son una ilegalidad, una inmoralidad, un acto de corrupción.
14 Enero 2019 03:59:00
Sin zona libre
Lo primero que advierto al salir del aeropuerto de Tijuana es que las gasolineras operan de manera normal. No hay largas filas ni la desesperación de otros lugares del país. El fin de semana me traslado sin problemas de Tijuana a Ensenada, después al Valle de Guadalupe y de regreso, sin ver constante y nerviosamente el indicador de combustible y sin temor de quedarme varado.

En parte la razón es que en Baja California no había ductos que cerrar. La gasolina se recibe por barco desde Estados Unidos y se distribuye por pipas. Las distribuidoras pueden traer combustible directamente si tienen problemas de abasto. Advierto, por otra parte, que el número de gasolineras de Pemex es relativamente reducido. Veo en cambio numerosas estaciones de Arco, Chevron o Rendi Chicas, una empresa con personal exclusivamente femenino.

Esperaba hallar un gran entusiasmo por la reducción del IVA y el impuesto sobre la renta, pero encuentro más dudas que aplausos. Los recortes, para empezar, no se incluyeron en la Ley de Ingresos, sino que proceden de un decreto presidencial firmado el 29 de diciembre y cuyas reglas no se emitieron hasta el 7 de enero.

A pesar de que el presidente López Obrador anunció la creación de la “zona libre más grande del mundo”, no se ha establecido una demarcación en la que puedan entrar y salir productos libremente, sin aranceles ni barreras burocráticas. Ni siquiera hay una disminución generalizada de impuestos. El decreto presidencial simplemente crea “créditos” o estímulos fiscales para el IVA y el ISR de algunos contribuyentes, pero los estímulos son voluntarios.

¿Voluntarios? ¿Por qué habría un contribuyente de optar por pagar un impuesto mayor? Porque si el comercio, por ejemplo, paga a sus proveedores 16% de IVA, pero sólo cobra 8% a sus clientes, tendrá que esperar a que Hacienda le devuelva la diferencia; y quienes tienen que recibir devoluciones de Hacienda saben que el proceso requiere más paciencia que la de un automovilista en una gasolinera de Guadalajara. El hecho es que hasta ahora todos están cobrando 16% de IVA.

No todos los contribuyentes, por otra parte, pueden optar por el estímulo. Hay que haber estado radicado en la zona cuando menos 18 meses. Pero como el decreto sólo tiene vigencia de dos años, si alguna empresa opta por establecerse en la frontera para aprovechar los créditos sólo le quedarán seis meses de 2020 para usarlos. Para recibirlos, sin embargo, deberá obtener más del 90% de sus ingresos de clientes en la frontera. Ni las maquiladoras ni otros grupos de contribuyentes, por otra parte, podrán recibir el estímulo.

Aceptar el crédito significa someterse a una serie de trámites burocráticos. Las empresas deben solicitar autorización al SAT antes del 31 de marzo de 2019 y quedar inscritos en un padrón de beneficiarios. La inscripción no da ninguna certeza. El SAT puede revocar la autorización en cualquier momento y no hay recurso legal contra la decisión.

El decreto presidencial no está creando, ni de lejos, una zona libre. Supongo que habrá empresas, con buenos abogados y contadores, que podrán pagar menos impuestos con este decreto. Hacienda calcula que el erario perderá 41 mil 600 millones de pesos por ello, pero la mayor zona libre del mundo habrá que buscarla en otros lugares. En este momento, de hecho, la única ventaja con la que cuenta Baja California frente a otras regiones de México es que todavía tiene gasolina.

Rurales

La duplicación del salario mínimo en la frontera no ha afectado, hasta ahora, a las maquiladoras, que pagaban entre tres y cuatro veces el mínimo. Pero sí está dañando severamente a los restaurantes y pequeños comercios de zonas rurales, como el valle de Guadalupe.
11 Enero 2019 04:00:00
Ni un paso atrás
El presidente López Obrador agradeció ayer “a la gente todo el apoyo que nos están brindando”: al ciudadano, “que está resistiendo por las colas”; “a los trabajadores de Pemex, sobre todo a los transportistas”; a “la mayoría de los distribuidores”, que “no han abusado aumentando el precio”; a los medios que han dejado de lado el amarillismo.

Insistió también que no hay desabasto, que sí hay gasolina. Mientras tanto, millones de mexicanos se enfrentan a una pesadilla cotidiana para tratar de cargar gasolina.

Aunque el Presidente dijo a los mexicanos “resistan” apenas el 9 de enero, las afectaciones están creciendo y la paciencia se desvanece.

En mi programa de radio he recibido cientos de llamadas con historias como la de Graciela Flores de Ecatepec, discapacitada, que pregunta: “¿Cómo pretenden que me transporte?”; la de una profesora de la UAM me dice que ya no tiene gasolina, que no tiene forma de llegar a sus clases en transporte público, que el Uber le sale muy caro y que no tiene tiempo para pasar tres o más horas esperando a que le surtan gasolina; o la de una empleada a la que después de esperar horas sólo le surtieron 15 litros. Tarde o temprano todos se quedarán sin gasolina.

Si bien mucha gente sigue esperando que las cosas súbitamente regresen a la normalidad, esto no ocurrirá si el Gobierno no abre los ductos. Sólo Jalisco, dice Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, requiere de 750 pipas diarias, pero está recibiendo apenas entre 150 y 200.

Las explicaciones de por qué están cerrados los ductos, por otra parte, han cambiado. Primero el Presidente dijo que él había ordenado que se cerraran para evitar el huachicoleo, pero ayer afirmó que se habían registrado dos actos de sabotaje en el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco.

El Presidente insiste en que no hay desabasto, que sí hay gasolina suficiente, que es cosa de distribuirla. “Ya vamos hacia la normalidad”, afirmó ayer. De momento, sin embargo, no hay indicación de que el desabasto vaya a desaparecer. Como el flujo de combustible sigue siendo menor a la demanda, a pesar de que la población ha recortado su consumo, lo previsible es que la escasez se agrave en los próximos días y semanas.

Sólo la apertura de ductos podría cambiar la situación; pero si el Gobierno no quiere o no puede hacerlo, el desabasto puede volverse dramático y generar una crisis económica. Ayer, sin embargo, López Obrador dijo: “Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso”.

Una de las grandes lecciones de esta crisis es el peligro para la nación de tener una empresa monopólica. Si bien la reforma energética legalizó la importación o producción de gasolina por empresas privadas, la mayor parte del combustible sigue siendo producido, importado o transportado por Pemex. En los países del mundo donde hay muchas empresas productoras y distribuidoras, este tipo de desabasto difícilmente tiene lugar.

Aquí lo importante es que si el desabasto se prolonga varias semanas más, las consecuencias serán catastróficas. Ya estamos viendo problemas cómo la suspensión de la recolección de basura por falta de combustible para los camiones.

El abasto de alimentos empezará pronto a ser afectado. Si no se reanuda la provisión de combustible pronto, el país entrará a una crisis, primero económica y luego humanitaria. No se podrá entonces agradecer a nadie.

Inmaduro

Maduro rindió protesta ayer para su segundo periodo como Presidente de Venezuela, en medio de una profunda crisis provocada por su propio Gobierno. La inflación en 2018 fue de un millón 698 mil 844% y la economía se desplomó 18%. Si Maduro hubiera enfrentado una contienda realmente democrática, nunca habría sido reelecto.
10 Enero 2019 03:55:00
Sin abrir ductos
El desabasto que no es desabasto no se resolverá pronto. El presidente López Obrador no sólo no está preocupado por la falta de gasolina, sino que piensa que su estrategia está teniendo éxito. “Ayer, que fue un día especial, es el día en que menos gasolina se han robado, desde la expropiación petrolera. Sólo se robaron 27 pipas, después de robarse más de mil”.

Si la estrategia es exitosa no hay, por supuesto, razón para cambiarla. “Sería fácil abrir los ductos y decir ya se normalizó la situación –dijo ayer el mandatario–, pero eso no lo vamos a hacer. Vamos a resistir todas las presiones”.

Si no se abren los ductos, sin embargo, no hay posibilidades de que se regularice el abasto. El transporte en pipas no sólo es entre 10 y 15 veces más caro, sino que no tiene por mucho la capacidad para satisfacer la demanda de gasolina. El Presidente insiste, sin embargo: “Estamos en proceso de normalizar el abasto. Hay gasolina suficiente”.

Jesús Cantú, jefe de información en el área de comunicación social de la Presidencia de la República, me explica lo que quiso decir el Presidente: no es que no se vayan a abrir ya los ductos. “Pemex ya tiene una estrategia, trabajando con vías alternas, toda esa distribución vía pipa y obviamente abriendo y cerrando los ductos de manera muy controlada y muy vigilada”. Sí se abrirán los ductos, pero no de manera indiscriminada.

Rocío Nahle, secretaria de Energía, me señala que Pemex ha aumentado su provisión de gasolina de 118 millones de litros diarios el 20 de diciembre a 128 millones hoy. A esto hay que sumar lo que están importando los privados.

Como siempre, el Presidente descalifica a quienes cuestionan su estrategia, a quienes presentan información “alarmista, tendenciosa” porque están “a favor de este régimen corrupto que está ya a punto de acabarse”.

Nadie cuestiona, por supuesto, la necesidad de atacar el robo de combustible. Se puede cuestionar al Gobierno anterior de no haber hecho nada ante un crimen que se volvió generalizado, con decenas de miles de perforaciones al año. Los sistemas Scada de Pemex permiten determinar cuándo una ordeña provoca una baja en la presión. Hay que fincar responsabilidades a quienes hayan participado en ese robo o a quienes hayan permitido que terceros lo realizaran.

El cierre de los ductos puede ser una forma eficaz de reducir el robo de combustible, pero los daños a la población son demasiado elevados. ¿Cómo se puede pedir a la gente que no haga compras de pánico cuando las gasolineras cierran o tienen filas de varios kilómetros? Pero además no es la única manera de evitar el robo. Pascal Beltrán del Río describía en 2017 cómo Colombia logró reducir en 97% el robo de combustible sin dejar sin gasolina a la población.

La falta de claridad en las explicaciones no ayuda a la certidumbre. El Presidente ha dicho que el cierre de los ductos generó el desabasto, pero ayer afirmó que no hay desabasto, sino compras de pánico generadas por alarmistas vinculados al viejo régimen, para luego añadir que una fuga en el ducto de Tuxpan-Azcapotzalco provocó el desabasto en la Ciudad de México. Ya no sabemos cuál es la explicación oficial.

La información de los especialistas señala, sin embargo, que la razón del desabasto es el cierre de los ductos. El Presidente dice que no va a abrirlos, no por lo menos en este momento. Pero mientras no se abran los ductos, el desabasto que no es desabasto no dejará de afectar a los mexicanos.

MIGRANTES

Donald Trump afirma que es necesaria la construcción de un muro en la frontera con México para reducir el crimen. Las estadísticas, sin embargo, muestran que los inmigrantes cometen un menor número de delitos que los nacidos en Estados Unidos.
09 Enero 2019 03:54:00
Gasolina
El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió ayer en su conferencia de prensa matutina que no hay razón para preocuparse. Agradeció a la gente el respaldo a su decisión de cerrar las llaves de los poliductos de Pemex, aunque reconoció que “han habido [sic] molestias”. Se congratuló, por otra parte, del éxito en su plan contra el robo de gasolina; se han ahorrado, dijo, 2 mil 500 millones de pesos.

Mientras tanto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, me comentó ayer que la situación en su estado es crítica. “De 583 gasolineras, sólo funcionan 96”, dijo. “Es el 16.5 por ciento”. Se ha generado “una crisis de grandes filas, de horas y horas de espera, de personas que pasan la noche esperando para cargar gasolina”. Las filas se extienden hasta cuatro kilómetros. “La gente está desesperada. Ya hay conatos de violencia”.

Las afectaciones en la Ciudad de México han sido hasta ahora menores. El desabasto de gasolina no ha generado un mayor impacto en la opinión pública nacional porque la capital, donde se concentran los políticos y los medios, casi no lo ha sufrido.

Hay quienes atribuyen la falta de gasolina en Guanajuato, Jalisco y el Estado de México al hecho de que esos estados están gobernados por partidos de oposición, mientras que la capital, menos afectada, es regida por Morena. No hay pruebas, en realidad, pero el hecho es que mientras la Ciudad de México tiene gasolina, por lo menos hasta ahora, el vecino valle de Lerma, a unos 20 minutos, no cuenta ya con ella. Curiosamente en Puebla, donde supuestamente se concentraba el robo de combustible, sí hay abasto.

Ayer por la tarde, sin embargo, empezaron a surgir reportes de que la falta de combustible estaba aumentando en la capital. Algunas gasolineras se quedaron sin producto. Otras empezaron a racionar y sólo permitían la compra de 300 pesos de Magna. “Yo cargué mis 300 pesos y ya”, me dice una lectora.

La falta de gasolina es consecuencia de la decisión del Gobierno de López Obrador de cerrar las llaves de los ductos. Quizá las razones de la decisión sean loables, pero la restricción de la oferta, sin una disminución de la demanda, ha producido lo que cualquier estudiante de primero de economía habría previsto: una escasez artificial. El presidente López Obrador y quienes apoyaron la decisión sin duda sabían lo que iban a provocar.

Combatir el robo de combustible es una acción positiva, pero el cierre de los ductos no parece la mejor estrategia para lograr el objetivo. Si bien el Presidente afirma que los robos son organizados desde Pemex, y ha metido a personal militar en las refinerías para salvaguardar la seguridad, la creciente escasez de gasolina se está convirtiendo en un incentivo para el fortalecimiento del mercado negro.

Una persona de nombre Carlos Escárcega, que escucha el programa de radio que conduzco en las mañanas con Guadalupe Juárez, reportaba ayer: “Estuve buscando gasolina aquí en Irapuato, Guanajuato, y sólo había una estación de Mobil vendiendo, pero había una cola de cientos de

metros. Al lado de ese lugar, estaban vendiendo huachicol a taxis”.

Quizá lo peor es que no sabemos cuánto tiempo pueda durar esta situación. El propio Presidente ha señalado que habrá que ver quién se cansa primero, si él o los huachicoleros. Los que ya están cansados, por supuesto, son los consumidores de Guanajuato, el Estado de México o Jalisco. ¿Qué pasará cuando el desabasto se generalice en la capital, cuyos problemas se magnifican en los medios y en la política?

¿Y la electricidad?

Es loable que AMLO combata el robo de gasolina, pero durante años impulsó el robo de electricidad en Tabasco. En su campaña electoral prometió a quienes lo habían hecho el beneficio de un borrón y cuenta nueva. Este robo asciende a 43 mil millones de pesos.
08 Enero 2019 04:00:00
Desabasto con abasto
No hay desabasto, pero tampoco hay abasto. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo ayer: “Tenemos gasolina suficiente. No hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas. Estamos abriendo con cuidado los ductos y con cuidado significa que haya vigilancia del personal especializado”.

El mandatario pidió a los medios, de hecho, no usar el término “desabasto”, porque la palabra por sí sola genera problemas de desabasto. Sin embargo, él mismo la utilizó en su conferencia matutina.

Lo curioso del caso es que el propio Presidente ha afirmado que el huachicoleo, el robo de combustible a través de perforaciones en los poliductos de transporte, no existe. “Se robaban 60 mil millones de pesos de combustible al año, con el huachicoleo -afirmó el 6 de enero en Tijuana-. Nos hacían creer que era por la ordeña de ductos. Fue una cortina de humo, una farsa, porque en realidad ese robo se permitía desde el Gobierno”. En otras palabras, López Obrador está ordenando el cierre de ductos para detener una ordeña que no es real.

No dudo que el robo de combustible se haya organizado desde el interior de Pemex. Es muy cuestionable que los sensores con los que cuentan los ductos no hayan permitido detectar de inmediato las ordeñas. Pero si realmente estos corruptos funcionarios se robaban 60 mil millones de pesos de combustible al año, ¿dónde están las acusaciones penales? ¿Cuáles son los nombres de los responsables? ¿Va el nuevo gobierno a perdonar a corruptos que causaron un daño tan grave al país? ¿O acaso el problema es que no hay pruebas para avalar estas acusaciones?

Aun si es cierto que el robo del combustible se organizaba desde el interior de Pemex, la decisión de cerrar los poliductos es equivocada. Esta acción castiga a los mexicanos por un delito que ellos no cometieron, mientras que perdona o solapa a los funcionarios corruptos que ejecutaron el robo. Dejar sin gasolina a millones, especialmente si, como dice el Presidente, hay una cantidad suficiente de combustible almacenada, parece una medida ya no inepta sino perversa.

El problema de escasez no se limita, al parecer, a la gasolina. Ayer se publicó en el periódico Reforma un anuncio de un grupo gasero que señalaba: “Ante el desabasto de gas LP, Grupo Tomza informa: Sí contamos con suficiente gas ya que somos y contamos con terminales de alto almacenaje para cubrir cualquier contingencia”. La pregunta es si también esta aparente escasez de gas LP es consecuencia de robo o de huachicoleo o si estamos sufriendo los resultados de decisiones erróneas del nuevo Gobierno.

El robo de combustibles, en todas sus vertientes, se ha convertido en un problema profundo para Pemex y para el Gobierno de México. Sí hay razones para pensar que ha habido complicidad de funcionarios de Pemex y del Gobierno: sólo así se explica que haya habido decenas de miles de perforaciones y pérdidas por 60 mil millones de pesos anuales. Sí es importante tomar medidas para no solo detener el robo sino para castigar a los responsables. Pero la suspensión del servicio de los poliductos de transporte no es la solución adecuada, como no lo es perdonar a quienes han robado el combustible. Tampoco resuelve nada meter la cabeza en la tierra como avestruz, o como ganso, y repetir muchas veces que no hay desabasto.

¿Quién se cansa?

AÚn no hay una fecha para que se normalice el abasto de gasolina en el país, dijo ayer, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador. “¿Cuánto tiempo nos puede llevar? Va a depender. A ver quién se cansa primero. Los que se roban el combustible o nosotros. Yo nada más les mando decir que soy perseverante”. ¿Va para largo el desabasto que no es desabasto? Me canso ganso.
07 Enero 2019 04:00:00
Va porque va
Andrés Manuel López Obrador es el gobernante más poderoso que ha tenido México desde los tiempos de José López Portillo, cuando el país sufría todavía la dictadura perfecta del PRI. Nuestro actual Presidente no le debe el poder a nadie. Ningún mandatario anterior le dio su candidatura con un dedazo. Él mismo formó el partido que lo postuló a la Presidencia.

Hoy Andrés Manuel no sólo es cabeza del Poder Ejecutivo, sino que domina el Legislativo a través de su alianza de partidos. Ya ha escogido a un ministro de la Suprema Corte de Justicia y a dos miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, uno independiente y el otro incondicional. A los órganos autónomos, que fueron los contrapesos del poder en los últimos gobiernos del PRI y del PAN, los está asfixiando con recortes presupuestarios. A los medios de comunicación y periodistas independientes que lo cuestionan, los acusa de conservadores, corruptos y fifís; cuenta, además, con un ejército de seguidores en redes sociales que hostiga a quienes lo critican, los tilda de chayoteros y los amenaza.

El proceso de toma de decisiones no había estado tan concentrado en México desde los tiempos en que López Portillo culpó a los banqueros de todos los males económicos que él mismo había provocado y ordenó el control generalizado de cambios y la estatización de la banca. El propio López Obrador reconoce que hay voces en su entorno que se oponen a algunas de sus decisiones: “No crean que no hay resistencias –dijo el 4 de enero–, yo tengo resistencias hasta dentro del gobierno”. Pero de nada sirven porque cuando él dice que algo va, nadie puede impedirlo.

Sólo así pueden explicarse algunas de las decisiones que hemos visto en este todavía joven gobierno. La cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México es quizá la peor, porque no se gana nada y en cambio se pierde mucho. El Tren Maya podría ser una apuesta para impulsar el desarrollo de la península de Yucatán, pero sin estudio de factibilidad, sin manifiesto de impacto ambiental y sin proyecto ejecutivo la decisión muy probablemente sólo llevará a la creación de un elefante blanco.

Un ejemplo costosísimo de esta nueva forma de tomar decisiones la da el desabasto de gasolina. Resulta que el propio Presidente ordenó suspender el transporte de combustible por ductos y utilizar en cambio pipas para este propósito. ¿Por qué? ¡Para evitar el robo de gasolina! Esto no sólo ha multiplicado los costos de distribución, ya que es hasta 15 veces más caro transportar combustible por pipa que por ducto, sino que ha dejado con un serio problema de desabasto a varias regiones del país. “Como se están dando estos cambios –-explicó el Presidente– puede ser que haya en algunos puntos desabasto, pero se está atendiendo, y pido a los ciudadanos la comprensión y el apoyo”.

Pretender combatir el robo de combustible suspendiendo el transporte por ducto es una decisión simplemente irracional. Sería como suspender el servicio del Metro para evitar los robos en los vagones. El que lo haga el presidente López Obrador, y que todavía pida “la comprensión y el apoyo” de los ciudadanos, es alucinante. Esto sólo puede ocurrir en un país que ha desechado todos los equilibrios de poder para regresar a los tiempos en que un gobernante tomaba por sí solo todas las decisiones. sin importar cuán irracionales fueran.

Respetuosos

“Somos respetuosos de todos los pueblos y gobiernos del mundo”, dijo el presidente López Obrador para explicar su rechazo a firmar la declaración del Grupo de Lima que condena la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. “No queremos tener pleitos con gobiernos extranjeros”. Supongo que López Obrador no habría roto relaciones con el Chile de Augusto Pinochet.
04 Enero 2019 04:04:00
Menos migrantes
Donald Trump sigue obsesionado con su muro. Virtualmente todos los días manda mensajes en Twitter y a través de otros medios exigiendo fondos para construirlo, a pesar de que, paradójicamente, afirma que México ya lo está pagando a través de un nuevo tratado comercial que todavía no entra en vigor. El Presidente estadunidense ha llegado al extremo de paralizar el funcionamiento del Gobierno que encabeza en un intento por forzar al Congreso a darle 5 mil millones de dólares para la construcción. Lo curioso es que la información migratoria sugiere que el muro es cada vez menos necesario.

El número de migrantes no autorizados que vive en Estados Unidos ha venido bajando de manera gradual pero sostenida desde 2007, cuando se alcanzó una cifra máxima de 12.2 millones. Estos representaban entonces 4% de la población total del país. Para 2016, último año documentado, el número total había caído 13% a 10.7 millones, los cuales eran el 3.3% de la población.

“Esta declinación se debe principalmente a una gran caída en el número de nuevos inmigrantes no autorizados, especialmente mexicanos, que llegan al país. Los países de origen de los inmigrantes no autorizados también cambiaron durante ese tiempo, con una declinación del número que proviene de México y un aumento de los que proceden de una sola región, Centroamérica, según los últimos cálculos del Pew Research Center”.

Los inmigrantes mexicanos no autorizados en Estados Unidos bajaron de 57% del total en 2007 a 50% en 2016. El número de estos mexicanos pasó de 6.9 a 5.4 millones. En cambio, los de otros países apenas descendieron de 5.3 a 5.2 millones en ese mismo periodo, mientras que los centroamericanos aumentaron de 1.5 a 1.9 millones (Pew Research Center).

Mucha discusión ha habido sobre las razones de esta disminución en el número de inmigrantes indocumentados y en particular de los provenientes de México. Felipe Calderón se preciaba cuando era presidente de que el fenómeno era consecuencia de los beneficios que estaban generando sus políticas económicas y sociales; hubo incluso algunos artículos en la prensa internacional que así lo sugerían.

El inicio de la declinación en 2008, por otra parte, coincidió con el comienzo de la gran crisis económica que disminuyó la demanda de trabajadores en la Unión Americana. Aunque es posible que esta baja en la necesidad de mano obra haya incidido en un principio en la inmigración, la tendencia no se modificó una vez que se recuperó el crecimiento. El fortalecimiento de las acciones del Gobierno de los Estados Unidos para detener la migración en la frontera, con un aumento notable en las deportaciones, quizá haya tenido también algo que ver, pero esto no explicaría por qué ha bajado el número de indocumentados mexicanos, mientras que el de centroamericanos ha aumentado.

Cualquiera que sea la explicación, la información sugiere que la falta o presencia de un muro no es el factor fundamental para aumentar o disminuir el ingreso de migrantes sin autorización a territorio estadunidense: es mucho más importante mantener el crecimiento económico que ha tenido México y evitar la violencia que ha destrozado a Centroamérica. Si Trump quiere cumplir su promesa de campaña de disminuir la inmigración ilegal, tendría que prestar atención a los factores que realmente influyen sobre esta. El muro no parece ser relevante.

Sin datos

Dice el presidente López Obrador que del 8 al 30 de diciembre del año pasado se registraron mil 786 homicidios. Por lo pronto, sin embargo, los datos de delitos que antes se daban a conocer de manera sistemática en la página del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública están congelados en noviembre.
03 Enero 2019 04:07:00
Cuba y Yeidckol
Cuba festejó este 1 de enero 60 años de régimen comunista. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, tuiteó: “Hoy se cumplen 60 años de la revolución que impuso una asfixiante dictadura en Cuba. Nadie que lo celebre puede llamarse a sí mismo demócrata”. Luis Almagro, actual secretario general de la OEA y antes ministro de exteriores de Uruguay con José Mujica, declaró en un video: “El legado de esta dictadura es nefasto”.

En contraste, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, afirmó en Twitter: “Conmemoramos el aniversario del triunfo de la Revolución Cubana liderada por el Comandante Fidel Castro. 60 años de sacrificios, luchas y bloqueo; allí está el heroico pueblo cubano, ejemplo de resistencia y dignidad ante el mundo. ¡Viva Cuba!”. Yeidckol Polevnsky, la presidenta de Morena, también celebró: ·En el 60 aniversario de la Revolución que nos mostró que la dignidad, la solidaridad y las batallas de las ideas son las armas más poderosas de los pueblos, enviamos al Gobierno y al Pueblo de Cuba nuestra alegría y parabienes. ‘Un mundo mejor es posible’”.

Los simpatizantes presentan al régimen cubano como un ejemplo. Dicen que tomó un país pobre y sometido a Estados Unidos para hacerlo próspero e independiente. La alfabetización casi universal y un excelente sistema de salud lo ratifican. Los problemas del país son producto del embargo impuesto por Washington.

Cuba, sin embargo, no era particularmente pobre en 1958. Su producto interno alcanzaba los 4 mil 255 dólares (de 2011) por persona, 30% más que México, con 3 mil 256 dólares. Para 2015 el producto cubano había subido a 7 mil 889 dólares, pero el mexicano casi lo duplicaba ya, con 15 mil 766 dólares (Proyecto Angus Maddison). Dicen los simpatizantes que el ingreso cubano está mejor distribuido, y quizá tienen razón, pero hay una aristocracia en Cuba, de funcionarios y miembros del Partido Comunista, con un nivel de vida muy superior al resto de la población.

Raúl Castro, quien heredó el poder de su hermano Fidel, entendió que la prohibición de transacciones económicas privadas tenía enormes costos. Por eso liberalizó algunos aspectos de la economía cubana, permitiendo, por ejemplo, la actividad de los cuentapropistas, personas que trabajan y comercian por cuenta propia. La apertura, sin embargo, ha sido demasiado tímida para impulsar un verdadero despegue económico. Desde antes el Gobierno aceptaba inversiones privadas extranjeras, como las de los hoteles españoles, pero sin un verdadero sistema de mercado.

El peor problema de Cuba, empero, no es el económico, sino la falta de democracia y libertades individuales. El poder ha sido controlado de manera personal por los hermanos Castro. A sus 87 años, Raúl ha accedido a entregar el trabajo cotidiano a Miguel Díez-Canel, pero sigue siendo secretario general del Partido Comunista. Cuba tiene elecciones, pero sólo con candidatos del Partido Comunista o aprobados por la Comisión Nacional de Candidaturas.

El entusiasmo de Polevnsky hacia el comunismo cubano sugiere que quiere construir un sistema similar en México. Quizá pueda decir que los morenistas no son comunistas, pero lo mismo dijo Fidel el 19 de abril de 1959 en Washington: “El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista”. Para el 22 de diciembre de 1961 ya había cambiado de opinión: “¡Seremos siempre socialistas! ¡Por eso somos marxista-leninistas!”, dijo en la Plaza de la Revolución.

Zaldívar

Arturo Zaldívar, nuevo presidente de la Suprema Corte, no viene de una carrera judicial. Algunos lo consideran de izquierda, otros liberal; redactó la sentencia que inició el camino de la legalización de la mariguana.
02 Enero 2019 04:04:00
Aeropuerto perdido
José Antonio Meade, excandidato presidencial del PRI y exsecretario de Hacienda con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, publicó una serie de tuits el 27 de diciembre mientras salía de vacaciones en un vuelo con su familia. Tras considerar el gasto de un pasajero promedio en el actual aeropuerto, y lo que aportaría un viajero en el nuevo, concluyó que “dejar de hacer el aeropuerto nos cuesta 145 mil millones de dólares”. No se limitaba Meade a calcular el rembolso de los bonos o la indemnización de los contratistas, sino que buscaba definir el costo de oportunidad que se perderá por no tener un aeropuerto con la escala y conectividad que tendría Texcoco.

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes del actual Gobierno, y desde siempre crítico de Texcoco, respondió furibundo en Twitter el 30 de diciembre: “La ‘enorme pérdida’ -145 mMde USD- que el ex Candidato presidencial y Ex Secretario de HyCP, José Antonio Meade le asigna a la cancelación del NAIM, son ‘las cuentas alegres de un hombre triste’”. No hubo en este mal redactado tuit ni un sólo argumento. Desde la arrogancia del poder, Meade es un hombre triste porque ya no está en el Gobierno y por eso todo argumento suyo es inválido.

Miguel Torruco, secretario de Turismo, se unió al ataque el 31 de diciembre de la misma manera: sin argumentos, sólo con descalificaciones personales. “Muy curioso el activismo de @JoseAMeadeK con sus cifras. Mejor que nos aclare por qué no detectó, como titular de la @SHCP_mx, los miles de millones de pesos de tanta transa que lograron poner a México en el penoso lugar 135 de las 170 naciones más corruptas del mundo ¿?”.

Las premisas del cálculo de Meade son públicas. El gasto por pasajero y el incremento esperado en el número de viajeros con un aeropuerto de gran escala y conectividad proceden de la IATA y la Dirección General de Aeronáutica Civil. No son cuentas alegres ni Meade parece particularmente triste en sus vacaciones.

La cancelación del aeropuerto de Texcoco no va a descarrilar la economía, pero sí va a significar una menor competitividad en una actividad en la que nuestro país tiene ventajas importantes. Pensar que los pasajeros van a hacer conexiones de dos horas yendo de un aeropuerto a otro es cerrar los ojos a la experiencia internacional. Los aeropuertos que se beneficiarán de la cancelación de Texcoco serán los de Estados Unidos y el de Tocumen, en Panamá, que ofrecerán la conectividad que está descartando México. Y la conectividad representa ingresos multimillonarios.

La cancelación de Texcoco es un desplante dogmático. Los argumentos en contra del proyecto se han caído uno a uno. Se dijo que el sistema Santa Lucía-AICM sería más barato, hoy sabemos que será más caro y menos eficiente. Se dijo que los contratistas eran corruptos, pero el nuevo gobierno les está ofreciendo nuevos contratos para compensarles las pérdidas. Se dijo que el proyecto de Texcoco representaría un daño ecológico enorme, hoy sabemos que la afectación es menor mientras que el Tren Maya se está comenzando sin manifiesto de impacto ambiental. Se dijo que Texcoco tendría problemas de niebla, hoy sabemos que Santa Lucía tiene más incidencias de niebla.

El que un ciudadano mexicano ofrezca argumentos de manera respetuosa para mostrar que la cancelación es un error no debería llevar a las descalificaciones que hemos visto de dos secretarios de estado. La intolerancia es una señal peligrosa en un Gobierno que apenas empieza.

Ministro presidente

Hoy deberán elegir a un nuevo presidente los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El nuevo ministro presidente tendrá la difícil tarea de mantener la independencia de la Corte ante un gobierno más poderoso que cualquiera desde los tiempos del viejo PRI.


31 Diciembre 2018 04:04:00
Personaje del año
Si este periódico fuera como la revista Time y diera a conocer siempre a fines de diciembre al personaje del año, en este 2018 y en México no habría más opción que Andrés Manuel López Obrador.

No solo logró el tabasqueño conquistar la Presidencia de la República en su tercer intento, sino que lo hizo de manera contundente, con 30 millones de sufragios, el mayor número registrado en la historia, y con el 53% de los votos, una porción sin paralelo desde 1982, cuando el PRI controlaba todo el sistema político. Lo hizo, además, en una contienda democrática, con equidad garantizada por esas mismas instituciones que en el pasado mandó al diablo.

No tengo dudas sobre la honestidad personal de Andrés Manuel. Es un político al que no lo inspira el dinero sino una causa, el deseo de construirse un lugar en el panteón de los héroes del país. Su convicción de que encabezará la “cuarta transformación” de México, más que un sueño grandilocuente, es síntoma de su obsesión. “Soy mil veces honesto”, afirmó en el primer debate entre candidatos presidenciales. “Tengo principios, tengo ideales. No soy un ambicioso vulgar. Ser presidente es un medio, no un fin. Busco la transformación del país.”

De esta misma convicción, sin embargo, surgen las acciones de un político dogmático que piensa que solo él puede tener razón. Toda idea diferente, toda disidencia, es señal de corrupción. Nadie puede pensar distinto y ser honesto. Quien se opone a sus designios es por definición corrupto, conservador, reaccionario, neofascista, fifí, mezquino o canalla; forma parte de esa perversa mafia del poder que no tiene llenadera y que solo quiere seguir robando.

Este mensaje maniqueo ha sido aceptado por una porción muy importante de la población mexicana. Desplantes como viajar en vuelos comerciales o convertir Los Pinos en un museo han fortalecido su imagen de héroe justiciero enfrentado a una caterva de villanos. Sus posiciones, aun las más absurdas, como cancelar la construcción de un aeropuerto 30% terminado y 70% financiado, se convierten en dogma de fe para sus seguidores.

Como gobernante, López Obrador está recurriendo a una estrategia muy sencilla y muy eficaz que gobernantes desde la Roma republicana han usado para conquistar y mantenerse en el poder: usar los recursos públicos para comprar la lealtad de los pobres. Los subsidios a las personas de la tercera edad, las becas a los jóvenes, el internet gratuito o las universidades con acceso universal son programas que compran fácilmente la popularidad, sobre todo cuando se identifican con un político en particular. Hace poco una mujer de la tercera edad, con dificultades de la vista, me pidió la ayudara a llenar un formato de ingreso al Inapam; cuando le pregunté qué programas sociales recibía me respondió que “el de López Obrador” y “el de Sedesol”. El programa de apoyo a los ancianos en la Ciudad de México sigue siendo, 15 años después, el de López Obrador; el federal, en cambio, no tiene apellido.

Es poco probable que la transformación del país, ya sea la cuarta o la undécima, se logre con un simple aumento en los programas sociales. La caridad no construye países más prósperos. Esto sólo puede lograrse a través de la inversión y de un aumento de la productividad. Pero Andrés Manuel no quiere atravesar un camino largo y azaroso. Busca una fórmula mágica que lo coloque con certeza en el pedestal de los héroes de la patria.

28 Diciembre 2018 04:08:00
Cantor de libertad
Es paradójico, pero el compositor y cantante que fue vetado por los medios oficiales de la España franquista por cantar en catalán, ahora es increpado por cantar en castellano.

En 1968, hace 50 años, Joan Manuel Serrat fue seleccionado para cantar La, la, la en el concurso de Eurovisión que se realizaría en Londres. Unos días antes, sin embargo, afirmó que sólo participaría si se le permitía interpretar la canción en catalán. Escribió entonces: “Yo soy y continúo siendo, por encima de todo, un cantante catalán, y en esta lengua me he expresado para cantar durante cuatro años. Un hombre ha de ser fiel a sí mismo y a la gente que le es fiel”.

La decisión hizo que fuera reemplazado de manera apresurada por Massiel, quien interpretó en español Rosas en el Mar de Luis Eduardo Aute, con la que ganó el concurso. Serrat fue vetado por la televisión y la radio franquistas durante varios años.

Este mes de diciembre, en contraste, un asistente a un concierto en el Auditorio del Fórum de Barcelona le pidió a gritos a Serrat “Canta en catalán, estamos en Barcelona.” Serrat, quien lleva a cabo una gira llamada Mediterráneo da Capo, respondió molesto que “Mediterráneo es un disco compuesto en 1971 con 10 canciones, todas en castellano. Sé perfectamente que estoy en Barcelona, seguramente lo sepa antes que usted”. No es esta la primera vez, sin embargo, que se le cuestiona por un supuesto anticatalanismo.

Serrat, quizá el catalán más universal de la actualidad, se opuso a la declaración de independencia de Cataluña de 2017. “Sería insensato, uno no puede acostarse español y levantarse catalán al cien por cien.” Según Serrat, la convocatoria del referéndum independentista no fue transparente: “Está creada con una ley elaborada por el Parlament, pero a espaldas de los demás miembros del Parlament. Se han hecho estas leyes de un día para otro, sin discusiones, sin que hubiera unas enmiendas. Este tipo de referéndum a mí no me da la sensación de que pueda representar a nadie.” Y, sin embargo, Serrat también estuvo en desacuerdo con el encarcelamiento de los líderes del movimiento independentista, como Oriol Junqueras y Raül Romeva, a quienes visitó en la cárcel de Estremera.

Ayer Serrat cumplió 75 años. Sigue siendo un hombre, un artista, que no se deja imponer ni dogmas ni prejuicios. Confunde a algunos que quien reclamó en 1968 el derecho de cantar en catalán, hoy sostenga su derecho de hacerlo en castellano, incluso en Barcelona. Por eso algunos lo llamaban traidor a España y comunista en los tiempos de la dictadura y hoy otros lo acusan de fascista y de traidor a la causa catalana. Quizá no entienden que a un artista no se le puede obligar a cantar en español, en catalán o en ningún otro idioma.

Yo recuerdo con claridad la primera visita de Serrat a México en 1969. En un programa de televisión, el entonces delgado cantante interpretaba, junto a una austera cruz de madera, La Saeta, una canción basada en un poema del poeta andaluz Antonio Machado que casi podría parecer blasfema: “¡Oh, no eres tú mi cantar! ¡No puedo cantar ni quiero, a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar!” En 1975 Serrat estuvo exiliado en México un año, para regresar a España tras la muerte del dictador Francisco Franco.

La creatividad en el arte no puede existir sin libertad. Por sus convicciones, Serrat ha sido siempre un defensor de la libertad. Esto lo ha vuelto objeto de críticas desde los polos opuestos del espectro político. Para millones en el mundo, sin embargo, sigue siendo un referente de libertad.


Mismo resultado

El priista Adrián de la Garza ganó nuevamente la elección por la alcaldía de Monterrey. Una vez más los electores deciden en una elección extraordinaria dar el triunfo al ganador original.
27 Diciembre 2018 04:08:00
La conspiración
La posición del presidente Andrés Manuel López Obrador es clara y sana: “No vamos a ocultar absolutamente nada” , dijo ayer en su conferencia de prensa matutina. Los intentos por ocultar información de las investigaciones delicadas suelen tener consecuencias negativas, ya que crean dudas y suspicacias. La transparencia, sin embargo, no impide que se propaguen las teorías de la conspiración, las cuales tienen un enorme atractivo. La gente está dispuesta a creer todo, excepto la verdad o siquiera lo verosímil.

No hay indicio de que un atentado haya provocado la caída del helicóptero en el que viajaban el 24 de diciembre la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Lo sabían quienes organizaron los gritos de “Justicia, justicia” que se le hicieron a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la ceremonia fúnebre del 25 de diciembre; pero quizá eran panistas que buscaban vengarse de las muchas conspiraciones que inventaron los morenistas antes de llegar al poder.

Si algo se le puede cuestionar al Presidente en su conferencia de prensa de ayer fue su nuevo ataque a quienes no piensan como él. “Los conservadores de siempre crearon un ambiente mezquino en el estado”, dijo para explicar su ausencia de la ceremonia en Puebla y los gritos de justicia. Hay una “intención de calumniar”, bajo el principio de que “La calumnia cuando no mancha tizna. Pero no van ni a manchar ni a tiznar”. A López Obrador se le olvida que ya no es un político en campaña, sino el Presidente de todos los mexicanos.

Hasta este momento, sin embargo, ha habido una transparencia satisfactoria en la información sobre el accidente. Sabemos, por una inspección de los peritos de la Secretaría de Marina, que no hubo una explosión en vuelo del helicóptero. Cuando hay una explosión previa los restos se esparcen de manera más amplia, pero los del helicóptero Augusta se encuentran concentrados en una extensión relativamente pequeña de terreno y con señales de que el helicóptero se impactó de cabeza contra el suelo.

¿Error del piloto? No se puede descartar, supongo, pero lo que sabemos es que Roberto Coppe era un profesional muy respetado por sus colegas, que había sido piloto en Mexicana de Aviación en el pasado.

El terreno en el que cayó el helicóptero está siendo preservado por elementos del Ejército. Ahí deberán empezar las investigaciones, en las que el Gobierno ha adelantado que habrá participación de empresas o instituciones especializadas extranjeras. De esta manera se busca eliminar la desconfianza tradicional que los mexicanos tenemos a las instituciones mexicanas.

No hay, sin embargo, ninguna información suficientemente contundente que pueda acabar con una teoría de la conspiración. Para los entusiastas de estas ideas, las pruebas que comprueban que no hay conspiración no hacen sino demostrar que la conspiración está funcionando.

Las teorías de la conspiración siempre han existido, pero se han multiplicado ahora con las redes sociales. No tiene mucho sentido molestarse con quienes propalan estas ideas. No son ni conservadores ni liberales. Tenemos por un lado a pequeños grupos que promueven las teorías de la conspiración con el fin de sembrar dudas y desinformación, y por el otro a una amplia población que está dispuesta a aceptar cualquier teoría. siempre y cuando sea disparatada.

Chispas

El Congreso de Puebla escogerá a un gobernador interino en los próximos días, el cual convocará a nuevas elecciones. Si bien la gobernadora Martha Érika Alonso era panista, los partidos de Juntos Haremos Historia tienen 22 de los 41 escaños del Congreso. La selección del interino echará chispas.
26 Diciembre 2018 04:03:00
Morir en helicóptero
Súbitamente, en vísperas de Navidad, los sueños y ambiciones de una de las parejas políticas más poderosas de México se desvanecieron en un helicóptero. La Gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el ex gobernador y coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle, junto con otras tres personas, fallecieron cuando se dirigían en un vuelo de Puebla a la Ciudad de México. Alonso había sido gobernadora sólo 10 días.

Los helicópteros son más peligrosos que los aviones, pero no tanto como se piensa. La Autoridad de Aviación Federal (FAA) de los Estados Unidos ha calculado que los accidentes con víctimas mortales en aviones son 0.84 por cada 100 mil horas de vuelo, la mayoría en aeronaves pequeñas, ya que los vuelos comerciales son extraordinariamente seguros. La misma FAA reporta 1.02 accidentes mortales por cada 100 mil horas de vuelo de helicóptero (cifras citadas por The Telegraph), apenas 21% más. En comparación, un motociclista tiene 29 veces más posibilidades de morir en un accidente que un automovilista (NHTSA).

Dos políticos importantes, ambos panistas, fallecieron en los últimos años en accidentes de helicóptero. Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, murió el 21 de septiembre de 2005 al caer en un helicóptero Bell. El 11 de noviembre de 2011, en el sexenio de Felipe Calderón, el secretario de Gobernación Roberto Blake Mora pereció en un Super Puma de la Fuerza Aérea. A esto habría que añadir la muerte de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación de Felipe Calderón, el 4 de noviembre de 2008 en un Learjet.

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el 24 de diciembre en Twitter: “En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia.” El mandatario había rechazado previamente reconocer el triunfo electoral de Alonso en Puebla, mientras que los legisladores de Morena impidieron que la Gobernadora pudiera rendir protesta en el Congreso local. El expresidente Felipe Calderón tuiteó: “Sufrí la pérdida de amigos y colaborares en accidentes aéreos. Tras rigurosas investigaciones confirmamos que fueron accidentes. Pienso que lo de hoy fue también accidental. Para despejar dudas y suspicacias, inevitables por antecedentes, lo mejor es una investigación objetiva.”

No hay indicios de que la muerte de los Moreno Valle haya sido más que un accidente, pero en política se pagan caras las malas decisiones. Manuel Camacho Solís cuestionó persistentemente la candidatura presidencial del priista Luis Donaldo Colosio en 1994; por eso, cuando Colosio fue asesinado, la viuda, Diana Laura, y muchos seguidores del candidato culparon a Camacho. Ayer Héctor Larios, secretario general del PAN, señalaba que López Obrador se convirtió en el caso de Alonso en el primer presidente de la historia en no reconocer a un gobernador electo democráticamente. El diputado Gerardo Fernández Noroña comentó en Twitter: “Miren @RafaMorenoValle era terrible. Su mujer, @MarthaErikaA, su cómplice. Los combatí por lo que representaban y lamento que hayan perdido la vida en el accidente de hoy.”

Estas actitudes han nutrido el sospechosismo. Por lo pronto, Morena tendrá una nueva posibilidad de ganar el gobierno de Puebla.


CAÍDA BURSÁTIL

Las bolsas en EU han sufrido sus caídas más importantes desde la crisis financiera de 2008. La guerra comercial y el cierre del Gobierno federal han sido factores importantes, pero Trump culpa al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por haber subido las tasas de interés.
24 Diciembre 2018 04:05:00
La ley de la turba
El Artículo 494 del Código Penal señala: “Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de dos a 24 meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de comunidad autónoma, cuando estén reunidos, afectando su normal funcionamiento”. Sólo que no es el Código Penal mexicano, sino el español. Los legisladores españoles entendieron en su momento que no es bueno para un país que sus parlamentarios sean presionados por grupos organizados.

En México, en cambio, estos grupos pueden presionar a los legisladores con todo el respaldo de los códigos legales. Sus principales armas son las movilizaciones y los bloqueos. El uso de grupo de choque para obtener recursos del erario es cada vez más común en nuestro país.

Este viernes 21 de diciembre Antorcha Campesina, una organización priista, y el Frente Amplio del Campo, de izquierda, rodearon el Palacio Legislativo e impidieron la entrada o salida no sólo de los diputados sino del personal que estaba en el interior. Una angustiada Tatiana Clouthier, la diputada que fue coordinadora de la campaña de López Obrador, mandó un llamado de auxilio a través de Twitter: “SOS, no sé si para bien o para mal, mas estamos secuestrados en Congreso. Lo que no está bien y @SPCCDMX debería hacer algo pues encadenaron puertas y es peligroso”.

Estos grupos piden “recursos para el campo”, lo cual quiere decir dinero para financiar sus movimientos y enriquecer a sus líderes. Lo hacen a través de manifestaciones y bloqueos porque los líderes se han dado cuenta que, frente a un Gobierno débil, la forma más fácil de obtener dinero es presionar, secuestrar o bloquear.

Son constantes ya los bloqueos y movilizaciones que buscan dinero del Gobierno. El 18 de diciembre un grupo de empleados de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) bloqueó durante más de 10 horas los accesos de Cuernavaca, afectando a miles de personas; al día siguiente tomó las casetas de peaje de la autopista México-Cuernavaca para dejar el paso libre a los vehículos, lo que provocó pérdidas millonarias a Capufe, una empresa gubernamental. La semana pasada hubo manifestaciones y bloqueos de trabajadores gubernamentales en Tabasco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Nayarit, Zacatecas y Veracruz. Los grupos organizados saben que la forma de obtener dinero del gobierno es a través de agresiones a terceros.

Con demasiada frecuencia el Gobierno cede y entrega dinero a los grupos de presión. El presidente López Obrador, por ejemplo, ordenó la entrega de 408 millones de pesos fuera de presupuesto a la UAEM para evitar nuevos bloqueos. En el Palacio Legislativo, los líderes de Morena ofrecieron 9 mil millones de pesos a los líderes de Antorcha Campesina y el Frente Amplio del Campo, así como a los alcaldes del PRD, para que desistieran de su bloqueo al Congreso.

La Ley de la turba termina por cobrar cuentas inaceptables a la sociedad. Cuando a un extorsionador se le da dinero, tarde o temprano regresa por más. Al final los recursos públicos se convierten en un botín para los líderes de los grupos de presión. Deja de prevalecer el estado de derecho y se impone la ley de la turba. El que más daño le hace al pueblo es el que más se beneficia del dinero del pueblo.



InSATisfechos

Cientos de trabajadores del SAT han sido presionados para firmar su “renuncia voluntaria” y quedar sin trabajo y sin indemnización. No sólo está empezando el nuevo SAT con una práctica violatoria de los derechos laborales, sino que no queda claro si el personal que se contrate para el trabajo estará capacitado.
21 Diciembre 2018 04:04:00
Tacaños con el agua
La tacañería tiene un costo muy elevado, la austeridad también. Ahorrar en lo superfluo es una virtud; ahorrar en lo necesario, puede ser sumamente dañino.

En aras de la “austeridad republicana”, el presupuesto de egresos de 2019 está haciendo un recorte muy fuerte en materia de agua. Los proyectos de infraestructura en agua potable, alcantarillado y saneamiento tendrán un recorte de casi 43% durante 2019. El gasto fue de 7 mil 791 millones de pesos en 2018, pero pasará a sólo 4 mil 463 millones en 2019. Es un recorte de 42.7 por ciento.

La disminución se enmarca en un recorte muy fuerte también a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuyo gasto pasará de 27 mil 369 millones a 19 mil 227 millones de pesos, 29.7% (Evelyn Cervantes, Reforma, 17.12.18). Estas cifras son nominales; si se descuenta la inflación, el recorte es todavía mayor.

López Obrador no es el primer Presidente que piensa que la tacañería en materia de agua es una virtud. El presupuesto de la Conagua ha pasado de 40 mil 977 millones de pesos en 2016 a los 19 mil 227 millones ya mencionados de 2019. Es un recorte de 53 por ciento. El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Proagua) bajó de 9 mil 990 millones de pesos en 2016 a 2 mil 243 millones en 2019 (ANEAS). La disminución es de 77.5 por ciento.

El recorte en las inversiones públicas en agua preocupa todavía más como consecuencia de la iniciativa de Martí Batres, el senador de Morena y presidente de la mesa directiva de la Cámara alta, que busca prohibir las inversiones privadas en esta actividad en todo el país, como ha ocurrido en la Ciudad de México con la nueva constitución.

Si la iniciativa de Batres se aprueba el resultado sería un golpe brutal a la inversión y a la operación de los sistemas de agua. Si se prohíbe la inversión privada y se limita la del gobierno, todos nos quedaremos sin agua tarde o temprano.

Es falso que México ya haya resuelto el problema de agua y por lo tanto estemos en posición de disminuir la inversión pública y privada en este campo.

El informe de Léo Heller, relator especial de la ONU sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, del 2 de agosto de 2017 señala que a pesar de que las cifras oficiales afirman que el 94% de la población tiene acceso a agua potable y el 93% a saneamiento, las cifras son engañosas porque se refieren a quienes tienen “algún tipo de cobertura infraestructural”.

Aunque haya tubería, muchas veces no lleva agua; un 50% de la población está sujeta a tandeo (2015, Inegi).

En lugar de restringir la inversión en agua, habría que liberalizarla y promoverla. Hay mucho trabajo por hacer. La inversión privada es indispensable en aquellas actividades que pueden ser rentables para beneficio de todos. Hay ciertas inversiones, sin embargo, que sólo pueden hacer las instituciones públicas.

No dudo que haya que revisar todas las inversiones para asegurar su eficiencia y honestidad, pero recortar por recortar no es austeridad sino una tacañería que terminará por dañarnos a todos.

El resultado de las políticas en materia de agua que están impulsando el Gobierno y los legisladores de la cuarta transformación será disminuir la disponibilidad de líquido para la agricultura, la industria, los servicios y el consumo humano. Si el propósito de la política pública es dejarnos sin agua, entonces vamos por buen camino; pero si busca una mayor y mejor disponibilidad de agua, el rumbo está equivocado.


Muchos errores

El presupuesto en su conjunto se ve bien y equilibrado. Por eso los mercados han reaccionado a él de forma positiva. En el detalle, sin embargo, hay muchos errores. La atención se concentró en el recorte a las universidades, pero hay muchas otras medidas preocupantes.
20 Diciembre 2018 04:08:00
Los errorcitos
La contrarreforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esa que busca derogar la “mal llamada reforma educativa”, fue sometida al Congreso de la Unión sin el párrafo VII del Artículo Tercero constitucional. Este da a las universidades a las que se ha otorgado autonomía “la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas”. Cuando esta abrogación de la autonomía universitaria quedó de manifiesto, surgieron de inmediato cuestionamientos y protestas de los rectores de las universidades públicas y de muchos estudiantes y profesores.

El tema lo resolvió el nuevo Gobierno declarando que la omisión había sido un error. La Secretaría de Educación Pública, encabezada por Esteban Moctezuma, afirmó que se había suprimido el concepto de la autonomía universitaria de la Constitución “debido a un error en la captura mecanográfica”.

En su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador prometió aumentar el gasto para la educación superior, pero las cosas se movieron por otro rumbo una vez que llegó a Palacio Nacional. Antes incluso del cambio de Gobierno, los techos de presupuesto para 2019 enviados a la SEP por la Secretaría de Hacienda señalaban recortes de hasta 32.5% para las instituciones de educación superior. Cuando se dio a conocer este hecho, Carlos Urzúa, quien unos días después ocuparía formalmente la Secretaría de Hacienda, explicó: “Fue un error en la manera como se calculó sueldos y salarios para las universidades. Eso se hace en Hacienda. Se les dieron nuevos tabuladores y fue un errorcito. Ya se compuso”.

Cuando el Presupuesto de egresos llegó al Congreso de la Unión el 15 de diciembre, sin embargo, decretaba recortes de 6% para las principales universidades, como la UNAM, el Politécnico y el Colegio de México, aunque otorgaba mil millones de pesos para la creación de 100 universidades nuevas. Cuando se denunció el recorte, el presidente López Obrador primero afirmó que este no existía: “No es cierto que se reduzca el presupuesto”.

Después corrigió: “Se cometió un error en la presentación del presupuesto. Vamos a rectificar, no podemos aferrarnos”.

No sé qué preocupa más: si los funcionarios del nuevo Gobierno están realmente cometiendo tantos errores o si están intentando llevar a cabo cambios importantes de política pública de manera subrepticia, sólo para echarse para atrás cuando se les exhibe.

¿Realmente podemos creer que un error de mecanografía iba a borrar las autonomías de las universidades? ¿Podemos pensar que las reducciones en los presupuestos de todas las principales universidades del país fueron un mal cálculo? ¿Son tan descuidados los funcionarios a los que el presidente les ha encargado temas delicados como la contrarreforma educativa o el presupuesto?

No sorprende que el Presidente se haya echado para atrás en estos dos casos. La autonomía universitaria y el presupuesto de las universidades son causas políticamente correctas, y Andrés Manuel siempre trata de ser políticamente correcto. El problema es que si estos dos temas han saltado ahora es por el trato especial que siempre reciben las universidades en la discusión política de nuestro país. El presupuesto, sin embargo, está lleno de recortes inquietantes a programas muy importantes para dejar recursos para los proyectos políticos del presidente, que no son ni los más sensatos ni los más rentables.

Inventar dinero

Con una pasada de la varita mágica los diputados de la nueva mayoría aumentaron los ingresos del Gobierno para el 2019 en 23 mil 768 millones de pesos por lo que, ¡sorpresa!, ya habrá más dinero para las universidades. ¿Cómo se obtendrán estos recursos? Con un mayor combate a la evasión fiscal, según el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. Qué fácil inventan dinero los políticos mexicanos.


19 Diciembre 2018 04:02:00
Las cicatrices
El Tren Maya cuenta ya con el permiso de la Madre Tierra. El presidente la consultó este 16 de diciembre y la Madre Tierra, supongo, se lo otorgó. digo supongo porque el permiso no se ha divulgado.

Tampoco se ha exhibido el manifiesto de impacto ambiental, ni el plan de factibilidad económica, ni el proyecto ejecutivo. Al presidente López Obrador no le importa. El proyecto lo había decidido antes; sólo faltaba el permiso de la Madre Tierra.

El presupuesto para el 2019 tiene ya al Tren Maya en el primer lugar de los “proyectos prioritarios del sector central” con un monto de 6 mil millones de pesos. Esta cantidad es, por supuesto, un adelanto. Los funcionarios del nuevo Gobierno han hablado de un costo total de alrededor de 150 mil millones de pesos, aunque los especialistas dudan que se pueda construir un tren de mil 500 kilómetros en una zona tropical selvática por sólo 100 millones de pesos por
kilómetro.

La realidad es que no conocemos el costo porque no tenemos estudios del proyecto. El Presidente afirma que no será muy caro porque la mayor parte del derecho de vía ya existe. Quizá, pero para estar seguros es importante realizar un proyecto ejecutivo que considere todos los detalles y resuelva problemas por adelantado. ¿Se puede construir un tren sin un proyecto ejecutivo previo? De que se puede, se puede, me canso ganso, pero con resultados negativos y costosos. La Línea 12 del Metro, por ejemplo, se hizo sin proyecto ejecutivo, pero esto explica en buena medida sus sobrecostos y problemas.

El presidente sabe que el proyecto es muy grande como para que lo pague por sí solo un Gobierno que se precia de austeridad. Ha hecho un llamado, por lo tanto, a los empresarios para que participen con inversiones y les ha prometido subvenciones.

Sin embargo, no será fácil que las empresas privadas participen. Para empezar, la cancelación unilateral del Nuevo Aeropuerto Internacional de México ha generado una enorme desconfianza sobre los proyectos de obra de este Gobierno. Por otra parte, si bien los ferrocarriles de carga pueden ser rentables, los de pasajeros suelen registrar pérdidas importantes. La única forma en que los empresarios privados podrían invertir en el Tren Maya es si los subsidios gubernamentales son enormes, pero esto iría en contra de la filosofía de un Gobierno que ha prometido ser austero y usar el dinero público para ayudar a los pobres y no a los empresarios.

¿Provocará el Tren Maya un desastre ecológico? Toda obra humana tiene consecuencias ecológicas, pero mientras no se permitan asentamientos irregulares a lo largo de la vía, como ha ocurrido en otros lugares, los daños serán relativamente menores. La única manera de saberlo a ciencia cierta, sin embargo, es preparar ese manifiesto ambiental que se hizo en Texcoco y que no aparece en este nuevo proyecto. ¿Generará el tren una gran prosperidad? No lo creo. El Chihuahua-Pacífico, Chepe, no lo ha hecho en la sierra tarahumara. Más útil sería abrir caminos, lo cual sería mucho más barato y permitiría una mayor conectividad, pero el presidente prefiere jugar con un trenecito.

No se puede juzgar el proyecto sin el manifiesto de impacto ambiental, un estudio de factibilidad y un proyecto ejecutivo. No basta con consultar a la Madre Tierra. El país está entrando a ciegas a una obra que puede ser muy cara y convertirse en uno más de esos elefantes blancos que han dejado cicatrices en el territorio nacional.



Un acierto

La nueva embajadora de México en Washington, Martha Bárcena, pertenece al servicio exterior mexicano y es muy respetada. Durante demasiado tiempo nuestros gobiernos han nombrado a políticos inexpertos en las principales embajadas. Bárcena es un acierto por su capacidad y
trayectoria.


18 Diciembre 2018 04:04:00
Primer empujon
El salario mínimo aumentará 16.2 % el 1 de enero, de 88.36 a 102.68 pesos diarios. En algunos municipios de la frontera norte el alza será de 100% para alcanzar 176.72 pesos. Éste, sin embargo, es sólo el “primer empujón”, según la nueva secretaria del trabajo Luisa María Alcalde: “el inicio de una política salarial diferente”. Según ella, el aumento no tendrá consecuencias negativas y “no generaría ningún tipo de inflación”.

¡Qué fácil es aumentar la prosperidad de un país! Simplemente hay que elevar los salarios mínimos por decreto. Ya no habrá pobreza y la población no tendrá que emigrar para buscar mejores ingresos. ¿Cómo no se le había ocurrido a nadie antes? Ah, ¿sí se les había ocurrido? A Luis Echeverría y a José López Portillo, a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro.

La verdad es que en economía no hay milagros. Subir el salario mínimo ayudará a algunos, a los que tienen empleos formales y ganan ese sueldo, pero dañará a los demás. Pensar que un incremento tan fuerte en el mínimo no tendrá consecuencias económicas es pecar de ingenuidad. Pero el mayor costo no será la inflación, sino el desempleo. Un sueldo mínimo alto es, en términos prácticos, una prohibición para dar empleo a los más pobres.

“Los países con leyes de salario mínimo tienen de manera casi invariable tasas de desempleo mayores que los que no las tienen”, ha señalado el economista estadunidense Thomas Sowell. La comunidad negra en Estados Unidos es un ejemplo. Sowell, quien proviene de una familia negra en extrema pobreza y fue trabajador agrícola y soldado antes de estudiar economía en Harvard, Columbia y Chicago, señala que la población negra tenía históricamente tasas de participación laboral superiores a la población blanca, pero “el salario mínimo lo cambió todo”. Si en la década de 1930 el desempleo entre los negros era ligeramente inferior que el de los blancos, aunque con salarios más bajos, la introducción del mínimo y otras políticas gubernamentales dejaron sin empleo a millones de negros. “Para 1954, las tasas de desempleo entre los negros eran el doble que las de los blancos y se han mantenido en esos niveles e incluso más altos. Los más afectados por el

desempleo resultado de estas medidas han sido los adolescentes varones negros”.

En México el sueldo mínimo ha caído en términos reales desde los sexenios de Echeverría y López Portillo, quienes impulsaron aumentos por arriba del mercado que, junto con otras medidas irresponsables, produjeron una explosión inflacionaria y una crisis económica. Los salarios promedio, en cambio, han subido. En los años 60 las trabajadoras del hogar y la mayoría de los obreros en las fábricas ganaban el mínimo. Hoy es imposible encontrar a alguien que trabaje por ese monto. Si bien el mínimo es de 88.36 pesos diarios, el salario asociado a cotizantes del IMSS es de 350.62 pesos, cuatro veces mayor (octubre, STPS).

El aumento en los mínimos quizá no provoque un daño inmediato a la economía debido a que muy poca gente lo gana en la actualidad, pero los más pobres enfrentarán crecientes problemas para obtener empleo. Las mayores víctimas serán las madres solteras, que necesitan trabajar tiempo parcial para cuidar a sus hijos, y los adolescentes. Si realmente la secretaria Alcalde cumple su promesa y aumenta de forma sistemática los mínimos hasta rebasar los niveles de mercado provocará, por supuesto, una explosión inflacionaria, pero también un aumento del desempleo.


IGUALDAD

Se recortan los presupuestos de la UNAM, el IPN y el Colmex, las universidades de calidad, y se otorgan en cambio mil millones de pesos para 100 nuevas universidades. Claro, se busca la igualdad y es más fácil lograrla bajando la calidad de las universidades de prestigio que subiendo la de las nuevas.
17 Diciembre 2018 04:02:00
Un paquete sensato
Cumplió Carlos Urzúa, el secretario de Hacienda, y entregó un paquete presupuestario sensato. No es muy diferente de los que sometían los gobiernos “neoliberales”. La única gran diferencia es el dinero que el Gobierno dedicará a los proyectos prioritarios de Andrés Manuel López Obrador. La gran duda que prevalece, por supuesto, es si las cifras se respetarán.

El paquete prevé un gasto de 5 billones 814 mil millones de pesos con ingresos de 5 billones 274 mil millones. Esto significa que el Gobierno continuará endeudándose y contratará 540 mil millones de pesos de financiamiento. No es poca cosa. La deuda pública rebasará los 11 billones de pesos en 2019, pero por lo menos se mantendrá estable en términos del Producto Interno Bruto (45.6 por ciento). El déficit de presupuesto en su sentido más amplio (requerimientos financieros del sector público) será de 2.5 por ciento del PIB, sólo un poco más que el 2.4 por ciento presupuestado para 2018.

No hay un intento de forzar un crecimiento económico artificial a través del gasto público. El presupuesto supone que la economía mexicana tendrá un crecimiento de 2 por ciento en 2019, un poco menos que el 2.1 por ciento anual de los nueve primeros meses de 2018. Algunas de las premisas macroeconómicas, sin embargo, pecan de optimistas. El precio de la mezcla de petróleo crudo de exportación, a 55 dólares por barril, parece exagerado (este viernes 14 de diciembre estaba en 51.83). La inflación de 3.4 por ciento se antoja inalcanzable (en noviembre estaba en 4.7 por ciento). El tipo de cambio a 20 pesos por dólar parece también demasiado bajo, considerando que el tipo fix del 14 de diciembre era de 20.3337 y que hay un creciente temor entre los inversionistas por las políticas del nuevo régimen.

El presidente López Obrador está proponiendo nuevos gastos en una serie de “proyectos prioritarios del sector central”. En los Criterios General de Política Económica se presentan 18 proyectos por un total de 251 mil 600 millones de pesos, menos que los 500 mil millones que prometió en campaña. Los rubros más importantes son 100 mil millones para adultos mayores (más bajo que los 120 mil prometidos), 44 mil 300 millones para los ninis (menos que los 108 mil millones que ofreció la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde), 18 mil millones para aeropuertos y conectividad (sin decir para qué aeropuertos) y 15 mil millones para Sembrando Vidas (árboles frutales).

El paquete, sin embargo, deja capítulos abiertos. Los Criterios Generales señalan que en 2019 se introducirá un estímulo fiscal en la zona fronteriza, el cual se justifica extrañamente por la mayor tasa de homicidios, pero en la Ley de Ingresos no se menciona. Si el estímulo realmente implica una disminución a 8 por ciento del IVA y a 20 por ciento del impuesto sobre la renta, el costo y las distorsiones económicas serían enormes y no están consideradas en el paquete.

Esperemos que este presupuesto no sea, como tantos otros del pasado, una simple promesa que no impida que el Gobierno gaste lo que quiera en lo que se le antoje. El de 2019 no es un mal presupuesto. Si el Gobierno se atiene a él, se reducirá el temor generado entre los inversionistas por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y las promesas de que Pemex dejará de exportar petróleo crudo.

Sueldos reales

Resulta que el sueldo mensual del Presidente no será de 108 mil pesos sino de 156 mil 891. Los secretarios ganarán 135 mil 488, los subsecretarios y oficiales mayores 134, mil 392, los jefes de unidad 130 mil 972 y los directores generales 116 mil 546. A esto hay que descontar impuestos, cierto, pero estos los debemos pagar todos.
14 Diciembre 2018 04:03:00
Necio aeropuerto
La cancelación del aeropuerto de Texcoco no es suficiente para descarrilar la economía nacional. El NAIM es una obra de 13 mil millones de dólares, mientras que el producto interno bruto en este 2018 será de un billón 213 mil millones de dólares (FMI).

Desde un principio, sin embargo, la decisión sobre el aeropuerto ha sido vista como un indicador de la manera en que el nuevo gobierno toma sus decisiones. A los inversionistas les preocupa un gobernante que aplique medidas irracionales y costosas. Por eso el “error de octubre”, la cancelación del aeropuerto, provocó una caída en la Bolsa Mexicana y una depreciación del peso frente al dólar, sin que hasta el momento haya una recuperación.

Hay buenas razones para pensar que la cancelación resultará más costosa que concluir la obra. Del proyecto se ha construido más de un 3%, pero además ya está financiado el 70%.

Nada más los bonos MexCAT, que está tratando de recomprar en parte el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, representan 6 mil millones de dólares y tienen penalizaciones que podrían elevar y quizá duplicar el costo de retirarlos. Por eso la urgencia de llegar a un acuerdo con los tenedores.

Estos 6 mil millones de dólares de bonos son sólo una parte del dinero ya comprometido. La Fibra E ha levantado mil 600 millones de dólares. Una cancelación obligaría también a un pago adelantado y a una penalización. Muchos fondos de inversión y de pensiones han comprado esta Fibra. Por otra parte, Banobras ha hecho un préstamo por mil millones de dólares, contra la garantía del derecho de uso de aeropuerto o TUA. El préstamo habría que pagarlo tras la cancelación. La aportación directa del Gobierno al aeropuerto, de mil 250 millones de dólares, simplemente se perdería.

Se necesitan 3 mil 450 millones de dólares para concluir el financiamiento. El monto lo puede aportar el Gobierno o inversionistas privados. También es posible colocar en los mercados nuevos bonos de deuda pública o privada. La razón es que el proyecto será rentable y muchos fondos necesitan proyectos de largo plazo para invertir.

Es difícil estimar cuál será el costo total de la simple cancelación de instrumentos financieros. Mucho dependerá de los acuerdos que el nuevo Gobierno logre con los acreedores. Podríamos estar hablando, sin embargo, de pagos adelantados y penalizaciones por más de los 13 mil 300 millones de dólares que costaría todo el aeropuerto.

Pero esto es antes de poner la primera piedra en Santa Lucía. A lo financiero hay que sumar el costo de tirar a la basura alrededor de 3 mil 500 millones de dólares de estructura ya construida, y quizá mil o 2 mil millones adicionales para derrumbar lo edificado y retirar el cascajo. Estos montos no son recuperables.

Los mexicanos pagaremos más, mucho más, por cancelar el aeropuerto de Texcoco que por terminarlo, sólo que al final no tendremos un centro de conexiones internacionales, sino dos aeropuertos sin conectividad y quizá sin certificación para vuelos internacionales.

Tal vez por eso el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo este 12 de diciembre en una entrevista improvisada: “Los inversionistas, con toda razón, pueden pensar, todavía no sabemos si va a seguir el de Texcoco o el de Santa Lucía”.

¿Todavía no? ¿Aún se le mueve la patita al aeropuerto de Texcoco? Es una buena pregunta para un ganso necio que está buscando dónde aterrizar.

Sin autonomía


En la contrarreforma educativa se elimina el párrafo constitucional que otorga autonomía a las universidades. ¿Error o medida para concentrar en el Ejecutivo federal las decisiones de educación superior? No sabemos, pero en las universidades hay preocupación.

13 Diciembre 2018 04:08:00
Educación regresiva
Hay políticas regresivas que se presentan como progresistas. Es el caso de las medidas en materia de educación del nuevo gobierno. Ayer el presidente López Obrador firmó una iniciativa para derogar la reforma educativa, eliminar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación e impulsar una educación superior gratuita y universal. A pesar de la apariencia progresista, las medidas son de carácter regresivo.

El Presidente afirmó ayer que la reforma educativa, que siempre califica de “mal llamada”, fue aplicada contra los deseos de los maestros. Es cierto que algunos líderes rechazaban una reforma que les quitaba el control de la educación, y en particular la posibilidad de poner o quitar maestros, pero muchos docentes estuvieron de acuerdo en un censo de maestros, en los exámenes de oposición para contratar a nuevos maestros y en las evaluaciones para quienes daban ya clases. Hubo cuestionamientos a las evaluaciones mismas, que seguramente podían mejorarse, pero no necesariamente al hecho de que hubiera evaluaciones ni a que se retirara de las aulas a quienes tuvieran deficiencias en su trabajo.

Un buen sistema educativo, sin embargo, no debe tratar de favorecer a los líderes sindicales sino de satisfacer las necesidades de los alumnos. Si los nuevos maestros no son seleccionados en concursos de oposición, y si los maestros en funciones no son evaluados, los alumnos seguirán pagando los costos de una mala preparación. Reemplazar el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación por un Instituto Nacional para la Revaloración del Magisterio parece un simple cambio de nombre, pero busca enfatizar un cambio de filosofía de las evaluaciones, que dejarán de ser “punitivas” para volverse “revaloradoras”. Si estas nuevas evaluaciones no ayudan a tener mejores maestros, sin embargo, disminuirá aún más la calidad de la educación pública. Los alumnos de las escuelas privadas, donde sí hay evaluaciones y sí se busca contratar y retener a los mejores maestros, tendrán ventajas adicionales.

Preocupa también la decisión de hacer la educación superior no sólo universal sino gratuita. La universidad gratuita es socialmente regresiva porque beneficia más a las clases más prósperas. Los recursos públicos disponibles, que no son infinitos, deben usarse para apoyar la educación preescolar y básica, que genera una mayor igualdad de oportunidad y un más eficaz efecto redistributivo. Una buena política educativa ofrecerá becas a estudiantes universitarios con talento y en situación de pobreza, porque nadie debería tener que abandonar una educación por falta de recursos; lo que no tiene sentido es dar universidad gratuita a alumnos que sí pueden pagarla.

También es cuestionable hacerla universal. Una sociedad no puede prosperar sólo con abogados, ingenieros y médicos. Una educación superior universal y gratuita generará un mayor excedente de graduados en el mercado laboral. Ya hemos visto una caída en los sueldos y oportunidades de trabajo para quienes tienen estudios universitarios. La nueva política educativa deteriorará todavía más las perspectivas laborales de los graduados.

La educación puede ser el camino a una mayor prosperidad para todos. Sin embargo, para que cumpla su magia debe ser de calidad y eficiente. Un sistema educativo sin exigencias, que dedica grandes recursos a subsidiar la educación universitaria de quienes sí pueden pagar por ella, no nos permitirá construir ni una mejor instrucción ni un mejor país.


Sube el TUA

Una primera consecuencia de la cancelación del aeropuerto de Texcoco es el aumento de 26.9% en la tarifa de uso del AICM. El nuevo gobierno está comprometiendo este impuesto durante años, pero no para construir un nuevo aeropuerto sino para destruir lo ya construido.

12 Diciembre 2018 04:02:00
Veinte años de Chávez
El 6 de diciembre de 1998, hace poco más de 20 años, Hugo Chávez logró su primer triunfo en una elección presidencial en Venezuela. El triunfo del teniente coronel en retiro sorprendió a muchos, pues en febrero de 1992 había encabezado un intento de golpe militar contra el presidente Carlos Andrés Pérez.

Chávez fue perdonado por el propio Mandatario, pero utilizó su libertad para buscar nuevamente el poder, ahora a través de las urnas. El que los electores hayan elegido a un golpista sorprendió a los demócratas, aunque esto era consecuencia del desprestigio al que habían caído los partidos que habían dominado la vida democrática del país.

Una vez que llegó a la Presidencia el 2 de febrero de 1999, Chávez empezó a tomar medidas para mantenerse en el poder. En el mismo 1999 modificó la Constitución para garantizarlo y para darse nuevas facultades. De hecho, habría de ser Presidente hasta su muerte, en 2013, y fue sucedido por un delfín que él mismo designó, Nicolás Maduro, quien hasta la fecha es Presidente. En 2016, los partidos del régimen perdieron las elecciones legislativas, pero la respuesta de Maduro fue despojar de poderes a la Asamblea Nacional y crear una nueva Asamblea Constituyente, la cual actúa bajo las órdenes del Presidente.

Muchos demócratas y empresarios apoyaron la elección original de Chávez porque consideraron que este ofrecía un nuevo camino para construir un país más próspero. Algunos inversionistas se congratulaban en un principio de todo el dinero que estaban ganando en el nuevo régimen, ante el acelerado crecimiento de la economía.

Chávez compraba lealtades con dádivas a las personas de escasos recursos y con contratos gubernamentales a los empresarios. Los altos precios del petróleo durante buena parte de su Gobierno ayudaron a generar la idea de que el Presidente había encontrado un camino fácil para la prosperidad que los gobiernos anteriores, por su corrupción e ineptitud, no habían seguido.

Chávez también demostró que no estaba dispuesto a aceptar críticas. Censuró a los medios y a los periodistas que lo criticaron. En 2007, canceló las concesiones y confiscó los activos de Radio Caracas Televisión, la principal televisora del país. Castigó y censuró también a otros medios críticos, hasta lograr una casi absoluta unanimidad. Las expropiaciones que empezó a hacer a diestra y siniestra de empresas que no hacían lo que él quería provocaron un desplome de la inversión privada. Pronto empezó la escasez de productos y el deterioro del nivel de vida. Cuando las cosas empeoraron, el Gobierno dejó de dar a conocer información económica o abiertamente manipuló las cifras.

Venezuela fue en un momento, gracias al petróleo, uno de los países más prósperos de Latinoamérica. Hoy es uno de los más pobres, aunque no sabemos cuánto por la falta de estadísticas fiables. Se piensa que nada más en 2017 la economía se desplomó 16.6% (tradingeconomics.com), lo cual se suma a caídas muy fuertes en años anteriores. La inflación alcanzó en noviembre de este 2018 la cifra de 1,299,724% anual, según la Asamblea Nacional, que ofrece cifras ante la falta de estadísticas oficiales.

Maduro culpa a Estados Unidos del desplome. Muchos venezolanos responsabilizan a Maduro, pero siguen adorando a Chávez. Los economistas entienden, sin embargo, que las políticas de Chávez estaban destinadas a producir este desenlace.

Chavistas

El presidente López Obrador ha dicho muchas veces que no busca imitar ni a Chávez ni a Maduro. Pero hay políticos a su alrededor, como Yeidckol Polevnsky y Héctor Díaz Polanco, de Morena, o el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña, que consideran a Venezuela como un ejemplo a seguir.

11 Diciembre 2018 04:02:00
Vuelta en U
Si bien el presidente López Obrador no ha ordenado la cancelación de la reforma energética, está dando una clara vuelta en U. El Mandatario anunció que invertirá 75 mil millones de pesos adicionales en Pemex en 2019 y que buena parte de la inversión se enfocará a la refinación de gasolina. Su visión de las políticas energéticas anteriores quedó plasmada en la afirmación: “No es que haya faltado dinero, es que ha sobrado corrupción”.

Si hubo corrupción, lo cual debe demostrarse con pruebas y procesos penales y no con declaraciones políticas, hay que castigar a los responsables. El perdón en estos casos es inaceptable. Sin embargo, la decisión de impulsar la producción de crudo a través de la apertura a la inversión privada se tomó por razones válidas que tienen que ver con la alta rentabilidad del petróleo frente a la gasolina.

Cuando Petróleos Mexicanos daba todavía información de sus subsidiarias, Pemex Refinación tenía enormes y sistemáticas pérdidas. Su única refinería que no perdía dinero era la de Deer Park, en Texas, que maneja su socia Shell y que no sufre ni la burocracia de Pemex ni los abusos del Sindicato Petrolero.

El Presidente ha decidido no derogar la reforma energética, pero ha declarado que fue un fracaso porque no ha elevado la producción. Sin embargo, la reforma energética apenas se concluyó en 2014 y las subastas por campos de exploración o producción empezaron en 2015. Nadie que conozca la industria podría esperar que en ese tiempo empezaran a producir los campos licitados.

Aunque no ha querido modificar las leyes energéticas, López Obrador está cambiando el rumbo de manera radical. Ha suspendido, para empezar, las nuevas subastas. Las siguientes perforaciones las hará directamente Pemex. Los campos ya licitados se mantendrán en operación, pero solo hay garantía por 3 años: “El compromiso nuestro –dice– es dar una tregua de 3 años para que haya resultados”.

Al impulsar la producción de gasolina y no ofrecer más subastas de campos, el Presidente está dando marcha atrás a la reforma en términos prácticos. Sus ataques contra los organismos reguladores, como la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos perfilan también un regreso a los tiempos en que el Gobierno era juez y parte en el negocio petrolero a través de la Secretaría de Energía y Pemex.

No sorprende que las calificadoras internacionales hayan mostrado preocupación. Ante la fuerte deuda petrolera, el que la política energética se dedique a un producto poco rentable, la gasolina, y no se hagan nuevas subastas de campos de crudo, significa que hay una mayor posibilidad de que Pemex no pueda continuar dando en el futuro un servicio adecuado a sus pasivos. Hasta el momento, las calificadoras solo han bajado la perspectiva de Pemex de estable a negativa, pero podrían quitarle el grado de inversión si advierten que se mantiene una estrategia sin viabilidad financiera.

Lo peor es que los contratos con empresas privadas están diseñados para dar al Estado mexicano y a Pemex todas las ventajas y quitarles riesgos. En algunos casos recibirán más del 70% de las regalías o del crudo. Si no hay petróleo, las empresas privadas se quedan con las pérdidas. Son condiciones inmejorables. En cambio, con la vuelta en U, Pemex y el Gobierno tendrán que cargar nuevamente con todos los riesgos. Es una apuesta que sólo puede resultar perdedora.


ANTIDEMOCRÁTICA

“Fue una decisión equivocada, diría antidemocrática”. Así se expresó López Obrador de la decisión del Tribunal Electoral sobre la elección de Puebla, pero no la que le dio el triunfo a él en la presidencial, sino la que no se lo dio a Miguel Barbosa en la estatal.
10 Diciembre 2018 04:04:00
Mexicanos de segunda
Este pasado domingo Beata Wojna, exembajadora de Polonia en México, casada con un mexicano y que se ha quedado en nuestro país para continuar con una labor académica que antes realizaba en Polonia, dio a conocer un mensaje de Twitter: “Hace poco me preguntaron si voy a ser mexicana. Dije que no pq según Constitución hay mexicanos de primera y de segunda. Los naturalizados: no pueden tener doble nacionalidad, ni ocupar ciertos cargos. Si viven 5 años fuera pierden nac. mexicana. Todo ello más allá del caso @Taibo2”.

Esta discriminación a quienes asumen la nacionalidad mexicana por voluntad propia ha quedado de manifiesto, en efecto, en el caso de Paco Ignacio Taibo II, el escritor nacido en España que ha sido perfilado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como próximo director del Fondo de Cultura Económica, una editorial propiedad del
Gobierno.

México siempre ha tenido una política migratoria xenófoba. Protestamos contra la discriminación a los mexicanos en Estados Unidos, pero tenemos leyes mucho más restrictivas. Llegamos a tener legislación que prohibía no sólo a los naturalizados sino a sus hijos nacidos en México llegar a la Presidencia de la República, lo cual se modificó apenas en la década de 1990. Hoy, sin embargo, seguimos viendo restricciones absurdas como las que señala la exembajadora Wojna. Los naturalizados son mexicanos de segunda.

Una de estas restricciones, que impide a un naturalizado ser director de una empresa paraestatal, como el Fondo de Cultura Económica, tomó por sorpresa a Taibo, quien dijo que no estaba consciente de que un mexicano por naturalización no podía dirigir la editorial emblemática de México en el mundo de habla española.

Taibo no ha tenido que preocuparse mucho. En el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador las leyes se cambian a modo. Ya Morena ha presentado en el Senado una iniciativa que modificará la Ley Federal de Entidades Paraestatales para que las direcciones generales puedan ser ejercidas por ciudadanos mexicanos a secas y no sólo por “ciudadanos mexicanos por nacimiento”. Estoy de acuerdo en el cambio, ya que es absurdo que se discrimine a los mexicanos por adopción, aunque la modificación de la ley en el caso de Taibo va más allá todavía, ya que se está eliminando también el requisito de tener “experiencia administrativa” para que Taibo, que no la tiene, pueda asumir el cargo.

Más que hacer leyes a modo de los políticos, sin embargo, lo mejor sería reconsiderar las medidas xenófobas de nuestro Gobierno. No hay ninguna razón para que los ciudadanos por naturalización, los cuales se hacen mexicanos por una decisión consciente en vez de por la casualidad de haber nacido en territorio nacional, sean discriminados. Son mexicanos y deben por lo tanto tener todos los derechos de cualquier mexicano.

Debemos cambiar la política migratoria. La experiencia en México y en el extranjero señala que la inmigración promueve inversiones, crecimiento económico y una visión más liberal. Debemos poner fin a la hipocresía de los políticos mexicanos que por un lado se quejan de la xenofobia de los estadunidenses y por el otro mantienen en México restricciones más radicales sobre los inmigrantes, e incluso sobre los mexicanos que injustamente consideran de segunda.


Los costos

Si bien las acciones de la Bolsa Mexicana subieron 2.1% el viernes pasado, la pérdida acumulada en el último mes fue de 12.19% (NYT). El tipo de cambio al mayoreo pasó de 19.2827 el 19 de octubre a 20.3661 ayer a las 14:00 horas (Bloomberg). La cancelación del aeropuerto de Texcoco y las amenazas económicas de Ricardo Monreal han tenido un costo importante. Significarán menor crecimiento y menor creación de empleos.

07 Diciembre 2018 04:03:00
Domésticas
Nadie puede cuestionar la lógica jurídica del ministro Alberto Pérez Dayán en su dictamen sobre el amparo directo 9/2018. “No existe alguna razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social, lo cual provoca una discriminación injusta contra dichas trabajadoras”, explica el comunicado de la Suprema Corte. A nadie sorprende que los demás ministros de la Segunda Sala hayan ratificado el fallo por unanimidad, ni que el nuevo director general del IMSS, Germán Martínez, haya señalado que acatará el fallo y lanzará un plan piloto para que las empleadas domésticas puedan ser dadas de alta.

La decisión no es solo jurídicamente impecable, sino persuasiva en lo moral. Viridiana Ríos, doctora en Harvard y comentarista política, envió un tuit este 5 de diciembre: “Me emocioné y se me salieron las lágrimas por mi mamá que es trabajadora del hogar y estudiante”. La única duda, que no es políticamente correcta, pero sí realista, es si el fallo terminará por perjudicar más que beneficiar a las empleadas domésticas.

Dar de alta a una empleada doméstica en el IMSS no es tarea fácil. Cuando yo traté de hacerlo me di cuenta de que tenía que hacer colas y trámites en el IMSS durante horas o mandar a alguien con una carta notariada a perder ese tiempo. Dar de alta a alguien en el Seguro implica, por otra parte, mantener una compleja contabilidad de sueldos, retenciones y pagos al IMSS. Muchas amas de casa o familias se enfrentarán a una pesadilla burocrática si tratan de hacerlo.

El costo del trabajo doméstico se elevará, pero el ingreso de las trabajadoras podría reducirse. Al sueldo que hoy se entrega en efectivo, habrá que restar los pagos al IMSS, el impuesto sobre la renta, el Infonavit y el impuesto sobre nóminas. Al final, es muy posible que se reduzca el número de puestos de trabajo o que millones de familias honestas se conviertan en delincuentes por no poder llevar a cabo el frustrante trámite burocrático de registrar a una empleada doméstica en el IMSS.

Las mujeres trabajadoras –maestras, empleadas de oficina, vendedoras– dependen de las empleadas domésticas para llevar a cabo sus actividades. Muchas de ellas son el único sostén de su hogar. Una situación que les impida contratar a empleadas en el hogar les significará tener que abandonar ellas mismas el trabajo remunerado o convertirse en delincuentes.

La demanda por servicios domésticos y la disminución de las personas dispuestas a realizar el trabajo han hecho que los sueldos se hayan elevado de forma significativa en los últimos años. En las décadas de 1960 y 1970 las trabajadoras domésticas ganaban salario mínimo o menos. Hoy es imposible encontrar una por el mínimo de 88 pesos al día. En la Ciudad de México, la remuneración promedio es de alrededor de 350 pesos diarios por un tiempo menor a las ocho horas de la jornada de ley.

Jurídicamente, el fallo de la Segunda Sala es inobjetable. Reconocer la obligación de registrar a las trabajadoras domésticas en el IMSS, sin embargo, puede eliminar empleos, reducir los ingresos de las propias empleadas y dar un golpe brutal a las madres trabajadoras que necesitan apoyo en el hogar. La solución no radica en hacer excepciones a la ley, sino en simplificar los trámites del IMSS y de Hacienda.


TERNA PARTIDISTA

Los candidatos a la Corte son todos cercanos al presidente o a Morena. Loretta Ortiz fue diputada por este partido, Celia Maya contendió como candidata al Gobierno de Querétaro, Juan Luis González Alcántara fue presidente del Tribunal Superior del Distrito Federal con López Obrador. Otros mandatarios también propusieron ternas a modo, es cierto, pero es evidente que el cambio no ha llegado.
06 Diciembre 2018 04:02:00
Dogma o ciencia
El presidente López Obrador declaró desde su campaña que quiere construir un país autosuficiente. Es una mala idea en el mundo actual, pero es su convicción: “En mi gobierno –ha dicho– vamos a producir en México todo lo que consumimos”.

En distintos momentos Andrés Manuel ha hablado de la necesidad de aumentar la producción de petróleo y de maíz; pero en su discurso inaugural frente al Congreso, tras apuntar que su Gobierno evitará “afectaciones al medio ambiente”, añadió: “Aprovecho para reiterar que no se permitirá el fracking ni transgénicos”.

Prohibir la fractura hidráulica o los transgénicos, sin embargo, no sólo no ayudará a evitar afectaciones al ambiente, sino que las incrementará. Será, además, un obstáculo para el logro de los objetivos productivos del Presidente. La afirmación, por otra parte, revela una inquietante falta de conocimiento científico.

La caída de la producción de petróleo de los últimos años no ha sido culpa del neoliberalismo, como lo ha afirmado López Obrador, sino del gradual agotamiento de Cantarell, el yacimiento que ha aportado la mayor parte de la producción petrolera nacional desde los años 70. Tampoco es una falta de la reforma energética, que sí ha generado inversiones cuantiosas, las cuales requieren, sin embargo, de varios años para madurar.

Quizá veamos en el futuro un aumento en la producción de crudo en aguas someras y profundas del golfo de México.

Se han anunciado ya hallazgos significativos en los últimos meses, producto de la reforma energética; pero es poco probable que tengamos un aumento tan importante como el que promueve López Obrador sin recurrir al fracking, el cual ha permitido a Estados Unidos aumentar su extracción de manera espectacular hasta convertirse nuevamente en el principal productor de petróleo en el mundo.

En el caso del gas natural, tan importante para la generación de electricidad y para usos industriales, la necesidad de la fractura hidráulica es todavía mayor. Tenemos enormes cantidades de gas en la cuenca de Burgos, pero requerimos del fracking para extraerlo.

La fractura hidráulica no tiene por qué generar contaminación. Toda extracción de hidrocarburos implica riesgos, pero la tecnología del fracking ha mejorado a pasos gigantes. La extracción de petróleo de aguas profundas es, en realidad, más riesgosa para el ambiente.

En el caso de los transgénicos, la situación es similar. La información científica disponible señala de manera contundente que los productos modificados genéticamente no dañan ni la salud ni el ambiente.

El rechazo promovido por algunos grupos de interés se basa en prejuicios sin fundamento científico. Los transgénicos no necesariamente aumentan la producción agrícola, pero sí reducen el uso de plaguicidas, lo cual baja costos y daños al ambiente.

La prohibición al maíz transgénico en México sólo ha beneficiado a los agricultores estadunidenses, que han exportado a México millones de toneladas anuales de maíz amarillo transgénico.

Es muy importante que un presidente tome decisiones sobre bases técnicas y científicas y no por dogmas y prejuicios. Prohibir el fracking y los transgénicos no protegerá el ambiente, sino que lo pondrá en riesgo. Colocará además a los productores mexicanos de gas, petróleo y bienes agrícolas en una enorme desventaja frente a sus rivales extranjeros.



CONSTITUCIÓN

Se cumplen hoy 40 años del referéndum que aprobó la Constitución española el 6 de diciembre de 1978. El 58.97% del electorado participó y el 87.78% votó a favor. Las cuatro provincias de Cataluña aprobaron la Constitución con mayorías de más del 90% de los votos. La Constitución española fue el sustento de una de las transiciones democráticas más exitosas de la historia.
05 Diciembre 2018 04:05:00
Desplumar al ganzo
El Gobierno francés de Emmanuel Macron anunció ayer la suspensión del alza en el impuesto a la gasolina y al diésel. Si bien la medida es temporal, nadie piensa realmente que en la primavera revivirá el gravamen. La explosión de protestas violentas de los chalecos amarillos, gilets jaunes, conmocionó al país. Si bien la violencia incomoda, la mayor parte de los franceses apoyan el movimiento contra el aumento del impuesto. La popularidad del presidente Macron, por otra parte, está en niveles mínimos, con 23% de aprobación y 76 de rechazo.

Los precios de los combustibles son políticamente muy sensibles y no sólo en Francia. Las encuestas en México sugieren que la derrota electoral del PRI del 2018 se fraguó con el aumento de los precios de la gasolina de 2017. La medida provocó protestas generalizadas aprovechadas, como en Francia, por grupos que saquearon comercios y realizaron destrozos. La popularidad del presidente Peña Nieto tuvo una caída importante, de la que nunca se recuperó. El fantasma del gasolinazo persiguió al candidato del PRI José Antonio Meade en campaña y la promesa de Andrés Manuel López Obrador de revertirlo facilitó su triunfo en las urnas.

Al llegar al poder, sin embargo, López Obrador no bajó por decreto los precios de la gasolina. Sabe que hacerlo tendría un fuerte costo para el erario y beneficiaría principalmente a los ricos. La promesa queda para el futuro, cuando se concluya la refinería de Dos Bocas y se reacondicionen las otras seis en el país, lo que supuestamente permitiría bajar el precio. Los especialistas opinan lo contrario, ya que consideran que estas inversiones incrementarán las pérdidas de Pemex en el negocio de la gasolina, pero prometer no cuesta.

En las comparaciones internacionales, México tiene precios de gasolina de media tabla. El promedio en el mundo es de 1.12 dólares por litro (globalpetrolprices.com) o 23.24 pesos a una tasa de 20.75 por dólar. Venezuela tiene el precio más barato del mundo, sólo un centavo de dólar por litro, pero el subsidio que esto representa ha sido un factor importante en la quiebra del país. En México la Magna promediaba ayer 19.33 pesos por litro en el país (gasolina.mx) o 93 centavos de dólar. En Francia el precio está en 1.63 dólares.

En términos generales, los países ricos tienen mayores precios de gasolina, porque no sólo no subsidian a los automovilistas sino que les cobran el privilegio de usar un vehículo. La grandes excepciones son Estados Unidos, donde el precio promedio es de 0.74 dólares por litro, menor que el de México, y Canadá, con un precio de 0.93 por litro, igual al mexicano.

El aumento del impuesto en Francia es parte de un esfuerzo de Macron para combatir el calentamiento global. La buena intención, sin embargo, no ha tranquilizado a los franceses, que ya soportan una de las cargas fiscales más elevadas del mundo, la cual se ha traducido en estancamiento económico y en un alto desempleo de más de 9 por ciento. Elevar el impuesto a la gasolina para reducir las emisiones de carbono quizá alegre a los ambientalistas, pero ha enfurecido a la gente común y corriente.

En México la reacción ha sido similar. El gasolinazo puso de rodillas al PRI. López Obrador lo aprovechó, aunque ahora ha decidido no bajar por el momento ni el impuesto ni el precio. Quizá es hipócrita, pero es saludable.


Impuestos a la gasolina

Los impuestos a la gasolina son, a mi juicio, bastante razonables. Afectan más a los ricos, se recaudan con facilidad y tienen poca evasión. Reducen además las emisiones contaminantes. Sus costos políticos son enormes, sin embargo, porque irritan al consumidor cada vez que carga gasolina.
04 Diciembre 2018 04:02:00
Ganso cansado
Las obras del nuevo aeropuerto de Texcoco continúan. Los miles de trabajadores no han sido despedidos todavía y continúan laborando. Si bien algunos comentaristas interpretaron el anuncio como una señal de que la racionalidad prevalecería y se reviviría el proyecto, la realidad es otra.

El propósito de continuar las obras, dijo ayer el presidente López Obrador, “es mantener el fideicomiso, según entiendo, para respaldar los bonos, para que el Gobierno cumpla, es nuestra palabra, y que los inversionistas no pierdan, que estas inversiones se garanticen”. Reiteró, sin embargo, que la cancelación del aeropuerto es “la decisión que se tomó”.

Por lo pronto, el nuevo Gobierno no cumplió con su promesa de frenar las obras el primer día. Una cancelación así de drástica, no obstante, habría violado los contratos y provocado una suspensión de pagos, la cual habría detonado demandas multimillonarias de los tenedores de los bonos con los que se ha financiado el proyecto. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y el Gobierno mexicano habrían sido llevados a los tribunales de Nueva York. La calificación de todos los bonos del Gobierno mexicano, y de muchos privados también, se habría desplomado, lo cual habría provocado mayores pagos de intereses.

Para evitar lo anterior, el Gobierno de López Obrador ha lanzado una oferta de recompra de mil 800 millones de dólares de bonos del aeropuerto, de los 6 mil millones en el mercado, con la idea de reducir el pasivo y tener una cancelación ordenada. No se ha explicado de dónde saldrán los mil 800 millones de dólares con los que se comprarán los bonos.

Mientras tanto, las obras del nuevo aeropuerto continúan a pesar de que no hay ninguna intención de continuar el proyecto. Lo que se está construyendo tendrá que ser destruido después. Es un triste símbolo del inicio de un gobierno.

La decisión política parece inamovible. No se trata solo de una promesa de campaña, sino de una vieja convicción de López Obrador, que desde siempre se ha opuesto al aeropuerto de Texcoco. La consulta ciudadana de octubre, en la que solo participó el 1% de los ciudadanos, buscó justificar la decisión, pero significó también un compromiso político. López Obrador no podrá ya desistirse porque hizo del aeropuerto un símbolo del viejo régimen y de su presunta corrupción.

La cancelación del aeropuerto, sin embargo, tendrá un costo enorme para México y para los mexicanos. Habrá que reembolsar no solo las inversiones ya realizadas y las que están financiadas, sino pagar el costo, que nadie ha calculado, de devolver el terreno a su condición original, como lo exige la ley. También hay trabajos de remediación ecológica que habrá que continuar aunque se cancele el proyecto.

Todo este esfuerzo solo servirá para dejarnos un sistema de tres aeropuertos que no tendrán conectividad, que no contribuirán al desarrollo de la industria turística o aeronáutica, que no podrán concluirse en 3 años –aunque se canse el ganso–sin violar o enmendar la ley y que tendrán un costo quizá superior al de terminar de construir un aeropuerto en Texcoco, que sí sería un importante centro de conexiones.

Yo no sé si los contratos del aeropuerto eran corruptos, pero el propio López Obrador parece negarlo al declarar que dará nuevos proyectos a los mismos contratistas. Lo que sí sé es que las malas decisiones pueden costar más que la corrupción.

¡BAJAN HOMICIDIOS!

La Cuarta Transformación ya está teniendo resultados. En su conferencia de prensa de ayer el Presidente declaró que el número de homicidios bajó de 68 a 50 diarios en sus 2 primeros días de gobierno, “con la aclaración –dijo– que estamos verificando la fuente”.
03 Diciembre 2018 04:04:00
El antiliberal
“La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país”. Andrés Manuel López Obrador

Las palabras cuentan y revelan ideas e intenciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció 16 veces el término “neoliberal” en su discurso de toma de posesión. En cambio, usó “economía” cuatro veces, “revolución” dos, “democracia” y “pobreza” dos también.

El énfasis no es tan común. Cuando López Obrador habla al “pueblo” no usa el término con tanta frecuencia. En el Zócalo lo hizo sólo dos veces. El mensaje del Congreso estaba dirigido, en cambio, a la clase política, para la que “neoliberal” es una descalificación.

Pero, ¿qué significa “neoliberal”? Según la Real Academia es el partidario de una “teoría política o económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado”. No hay realmente diferencia con el liberal, que propugna “la libertad y la tolerancia en la vida de la sociedad” o que postula “la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando la intervención del Estado y de los poderes públicos”.

Para López Obrador, sin embargo, “nuestros liberales del siglo 19” son admirables, mientras que los del siglo 21, que buscan también una vida libre de la intervención del Estado, resultan despreciables. Los “neoliberales” que tomaron el poder en 1983 son los culpables de todos los males de México: la pobreza, la falta de crecimiento, la corrupción, incluso la diabetes. Por eso, en la Cuarta Transformación, “Haremos a un lado la hipocresía neoliberal.”

López Obrador quiere regresar al pasado, al viejo PRI, pero no al de 1970 a 1982, el de Luis Echeverría y José López Portillo, cuando la economía “creció a una tasa de 6% anual pero con graves desequilibrios macroeconómicos”, sino al de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, a los años dorados de 1958 a 1970, “cuando fue ministro de hacienda Antonio Ortiz Mena” y “la economía del país no solo creció al 6 por ciento anual sino que este avance se obtuvo sin inflación y sin incremento de la deuda pública. Por cierto, Ortiz Mena no era economista sino abogado”.

El desarrollo estabilizador fue un periodo de avance, sin duda, pero no podemos idealizarlo. Para empezar, el mundo entero crecía a un ritmo mayor, lo que ayudó a la expansión mexicana. La población aumentaba 3.5% anual, por lo que el PIB per cápita lo hacía a sólo 2.5%. Hubo disciplina financiera, porque los presidentes dejaron trabajar a Ortiz Mena (que cuando era estudiante no podía haber estudiado economía porque la carrera no existía); ni López Mateos ni Díaz Ordaz habrían cancelado el aeropuerto de Texcoco, porque Ortiz Mena les habría advertido de las consecuencias.

La economía mexicana no cargaba los lastres de hoy. Los programas sociales eran pequeños y no desviaban tantos recursos de propósitos productivos. Los niveles de bienestar eran más bajos; la economía crecía, pero el proteccionismo comercial elevaba los precios y hacía que el dinero alcanzara menos. La izquierda cuestionaba las políticas económicas de Ortiz Mena porque afirmaba que los frutos no llegaban a los más pobres.

México ha crecido menos que su potencial en las últimas décadas, pero esto no se arregla con descalificaciones ideológicas. La inversión productiva enfrenta mil y un obstáculos, que son los que debemos derribar. Pretender regresar a un paraíso dorado que nunca existió es equivocar el camino.

Cultura neoliberal

Tabaré Vázquez, presidente de izquierda de Uruguay, ha entendido el neoliberalismo de forma distinta: “La izquierda –ha señalado– no ha sido impermeable a la revolución cultural neoliberal y ha incorporado algunos de sus elementos, como la necesidad del equilibrio fiscal, el libre comercio y la competitividad”.
29 Noviembre 2018 04:04:00
Gobiernos de izquierda
Hemos visto buenos y malos gobiernos de izquierda. y de centro y de derecha. No tiene mucho sentido juzgar a los gobiernos por su orientación política, sólo por su capacidad para gobernar.

El socialista Felipe González hizo en la España de los 80 reformas de mercado que mejoraron el nivel de vida de los ciudadanos; liberalizó la economía, privatizó empresas paraestatales e integró a España a la Comunidad Económica Europea. Ricardo Lagos, igualmente socialista, fue también un magnífico presidente de Chile; mantuvo el presupuesto equilibrado y la apertura económica que impulsaron sus predecesores, lo cual se tradujo en altas tasas de crecimiento con baja inflación.

En cambio, Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, han sido terribles gobernantes para Venezuela. No sólo han empobrecido al país, sino que han limitado las libertades individuales y encabezado un régimen corrupto e inepto. Decir que sus acciones se justifican porque son de izquierda es de una hipocresía absoluta.


Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la Presidencia de México este 1 de diciembre, se ha presentado a veces como un político de izquierda, aunque otras como liberal, que no es lo mismo. ¿Será buen o mal presidente? Los ideólogos de uno u otro lado tienen ya opiniones definidas, a pesar de que no ha empezado siquiera su gobierno, pero el verdadero juicio no se podrá hacer sino hasta dentro de seis años o quizá más.

Hay muchas formas de distinguir entre un buen gobierno y uno malo, pero la ideología no es buen instrumento para ello. Las políticas públicas pueden tener las mejores intenciones y ofrecer los peores resultados. Mao Zedong quería construir una mejor China, pero su ignorancia económica y su autoritarismo mataron por hambre y ejecuciones a 45 millones de chinos (Frank Dikötter). El también comunista Deng Xiaoping fue, en cambio, un excelente gobernante, que lanzó las reformas de mercado que han permitido rescatar a casi mil millones de chinos de la pobreza extrema. Lo curioso es que Mao es el personaje que la historia realza, en parte por el culto a la personalidad que él mismo se construyó.

¿Qué tipo de gobernante será López Obrador? En un momento en que Ricardo Monreal desde el Senado manda amenazas a los bancos y se queja de la mano invisible del mercado, provocando desplomes de la bolsa y depreciaciones del peso, López Obrador se muestra respetuoso de los mercados. Ésta es una buena señal. Ningún gobernante ha tenido buenos resultados cuando ha tratado de ir en contra de las leyes de la economía. Según López Obrador, “Los que invierten en empresas, en acciones, en el mercado financiero, van a tener aseguradas esas inversiones y van a obtener buenos rendimientos, porque va a haber un auténtico estado de derecho. No van a haber (sic) expropiaciones, actos arbitrarios. Vamos a terminar con la corrupción, con la impunidad”.

El respeto a la ley es muy importante. Ninguna economía prosperará sin él. Por eso la cancelación del aeropuerto de Texcoco, con cientos de contratos firmados, generó tanta incertidumbre. Ningún gobernante puede garantizar las inversiones ni los rendimientos, pero sí dar certeza de que la ley se aplicará de manera justa. Si López Obrador cumple, todos nos veremos beneficiados. Si se une a las amenazas contra la mano invisible del mercado, la crisis financiera será inevitable.
28 Noviembre 2018 04:05:00
A mí no me afecta
En 1982, cuando el peso empezó a desplomarse al final del sexenio de José López Portillo, una persona me hizo el comentario que no tenía nada que perder: “A mí ni me perjudica ni me beneficia. Ni tengo dólares ni gasto en dólares. La devaluación no me afecta.”

Esta actitud la comparten Ricardo Monreal y otros políticos de la alianza en el poder que menosprecian el desplome de los mercados. Para ellos, la bolsa es una institución que manipulan unos cuantos y que realmente no afecta la vida de la mayoría de la gente. El mercado es, a su juicio, una representación del poder económico que no puede oponerse a los deseos del pueblo.

La persona que me hizo ese comentario en 1982 reconoció después que la devaluación de ese año sí terminó por afectarlo. El desplome del peso fue, en efecto, el inicio de una crisis económica que se traduciría en una década perdida para la economía mexicana y para las de otros países de América Latina. Muchas empresas quebraron en esos difíciles años, la mayoría de los mexicanos sufrimos una baja en nuestros ingresos, el desempleo se expandió a niveles antes insospechados y millones se hundieron en la pobreza. Virtualmente nadie quedó exento de la crisis, aunque no tuvieran ni gastaran en dólares, aunque no tuvieran acciones en la bolsa.

Los inversionistas no mostraron preocupación por las propuestas de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña de este 2018. A la mayoría no le inquietan los triunfos de los candidatos de izquierda, porque saben muy bien que puede haber buenos y malos gobiernos de cualquier tendencia política. López Obrador prometió aumentar el gasto social y la inversión pública, pero sin subir los impuestos ni el déficit de gasto público. Los mercados se preocupaban mucho más por las amenazas de Donald Trump al Tratado de Libre Comercio que por las promesas del candidato de Morena.

Las cosas cambiaron con el anuncio de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, una decisión considerada irracional y enormemente costosa por muchos inversionistas. Las amenazas de los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo de confiscar el dinero de las Afores o las reservas del Banco de México, o de expropiar o cancelar las concesiones de minas o de prohibir las comisiones bancarias, generaron los temores que las promesas de campaña no habían provocado.

Tanto el presidente electo como el secretario de hacienda designado, Carlos Urzúa, han salido al paso en los peores momentos y han logrado estabilizar los mercados, pero no antes de que estos registraran pérdidas importantes. Pese al repunte de ayer, la Bolsa Mexicana de Valores había perdido 13.09% en el mes concluido este 27 de noviembre (NYT). El tipo de cambio pasó de 18.7523 pesos por dólar el 16 de octubre a 20.47 ayer a las 18:00 horas en el mercado interbancario (Bloomberg). La pérdida de valor es enorme.

Varios operadores de fondos y empresarios me dicen que la cancelación del aeropuerto y las destructivas propuestas de los legisladores de Morena y el PT han generado una enorme incertidumbre. Casi nadie está invirtiendo en bonos o acciones mexicanas.

Pese a lo que sostienen nuestros políticos, esta inestabilidad en los mercados sí afecta a la gente común y corriente. Provoca aumentos en las tasas de interés, inhibe la inversión, reduce la creación de empleos y genera mayor pobreza. Todo por la estupidez de unos políticos que no entienden cómo funciona la economía.

Pena por estudiantes

Los maestros de secundaria de la CNTE están nuevamente en paro en Oaxaca. Exigen nuevas contrataciones y rechazan el modelo educativo. Las promesas de López Obrador han revivido la confianza de los líderes, que por eso suspenden nuevamente labores. Qué pena por los estudiantes.
27 Noviembre 2018 04:04:00
Regresan los líderes
La Cuarta Transformación todavía no empieza formalmente, pero ya vemos una de sus consecuencias: el retorno de los líderes sindicales del viejo PRI.

Elba Esther Gordillo ha logrado la renuncia de Juan Díaz de la Torre a la Presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es el primer paso para recuperar el cargo que ocupó desde 1989 hasta 2013, cuando fue detenida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de asociación delictuosa. La maestra fue encarcelada durante 5 años, pero las acusaciones fueron desechadas por los tribunales, en buena medida porque el sindicato nunca presentó una denuncia por desvío de sus fondos. El proceso, sin embargo, dejó en claro que el SNTE entregaba cientos o miles de millones de pesos a su dirigente para gastos personales. La maestra nunca pagó impuestos por estos ingresos.

Napoleón Gómez Urrutia ha regresado a México desde Canadá y se mantiene a la cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Siderúrgicos y Similares, ahora con la influencia y el poder que le proporciona su escaño como senador por Morena. Su posición se ve fortalecida porque algunos de sus aliados políticos en Morena han exigido la expropiación de minas como la de Taxco, cuya operación Gómez Urrutia ha detenido desde 2007 como parte de los chantajes a los que somete constantemente a las empresas. Las acciones de las mineras se han desplomado en los mercados en consecuencia.

Una entrevista del periódico Reforma con Juan Luis Zúñiga, exvocal del consejo de vigilancia del sindicato, ratificaba que Gómez Urrutia chantajeaba a las mineras con amagos de huelga para exigirles 20 millones de dólares a cada una. Zúñiga también habla de cómo él y otros empleados del sindicato le llevaban dinero a Napoleón a Canadá en montos de 9 mil 900 dólares cada uno, para no violar el límite legal de traslado en efectivo de 10 mil dólares. El propósito era darle al líder dinero para sus gastos en ese país. Gómez Urrutia permaneció en Canadá durante años para escapar a las acusaciones que enfrentó por haberse apropiado de 55 millones de dólares de dinero de los mineros. Los tribunales lo exoneraron porque consideraron que el sindicato sí tenía derecho de quedarse con ese dinero, a pesar de que el fideicomiso fue creado para beneficiar a los mineros.

El viejo sistema sindical no ha desaparecido. Los gobiernos de distintos partidos no han tenido el valor o el poder para promulgar leyes que obliguen a los sindicatos a tener elecciones democráticas, a suspender los chantajes a las empresas o a dejar de apropiarse del dinero de los trabajadores. Los esfuerzos por castigar actos de corrupción han sido rechazados por los tribunales debido a que las leyes están hechas para favorecer a los líderes sindicales. Hoy las esperanzas se desvanecen todavía más.

Luisa María Alcalde, la nueva secretaria del trabajo, quien tiene solo 31 años, es hija del abogado laborista Arturo Alcalde y ha prometido una nueva era en la vida sindical de México. Las alianzas políticas de López Obrador con líderes como Elba Esther y con Napoleón sugieren, sin embargo, un retorno del sistema sindical del viejo PRI. No deja de ser paradójico que un Presidente que hizo campaña en contra de la corrupción perfile un fortalecimiento de la corrupción de los líderes sindicales.


CRISIS FINANCIERA

La Bolsa Mexicana cae 4.17% a pesar de que el Dow Jones sube 1.46 por ciento. Es el menor nivel desde 2014. El peso se ubica en 20.90 en ventanillas bancarias. Morena, el PT y AMLO parecen empeñados en provocar una crisis financiera. Siguen pensando que los mercados no importan. Lo mismo pensaron José López Portillo y Hugo Chávez.
26 Noviembre 2018 04:00:00
Confiscar pensiones
Pero qué necesidad de seguir atentando contra la estabilidad financiera en un momento de transición. La última de las ocurrencias de los legisladores de la Cuarta Transformación es confiscar las pensiones de los trabajadores.

“Para resolver la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en México se requiere terminar con el sistema de cuentas individualizadas de capitalización –reza la iniciativa presentada por los diputados del Partido del Trabajo–, y que el Estado regrese a un sistema de pensiones único, donde una institución pública administre todos los fondos de pensión, invirtiéndolos en el sector industrial, con el objetivo doble de propiciar el crecimiento y la capitalización de la industria nacional, la generación de empleos y la garantía de mejores rendimientos para los trabajadores a la hora de concluir su vida laboral”.

Sobre los fondos de pensiones de los empleados de organismos, empresas y universidades públicas, la iniciativa señala: “Si bien es cierto que estamos a favor del derecho de los trabajadores, en el caso que nos ocupa no debe pasar desapercibido que constituyen un exceso porque fueron pactados con representantes del Estado que no tuvieron en cuenta la prevalencia del interés superior de la mayoría de los mexicanos”.

Es indudable que se requiere una nueva reforma del sistema de pensiones. Los montos que se están acumulando en las Afores no son suficientes para otorgar un ingreso razonable a los jubilados. Pero la solución no radica en que el Gobierno confisque el dinero de los trabajadores y lo maneje en régimen de monopolio, sino en aumentar las aportaciones y la competencia entre las Afores.

Los partidos aliados con Andrés Manuel López Obrador están lanzando iniciativas que debilitan a los mercados. Lo hacen en aras de una supuesta independencia del Poder Legislativo ante la Presidencia, pero el resultado es acercar al país a una crisis financiera.

El presidente electo no puede fingir inocencia. Si bien los inversionistas no se preocuparon ante sus propuestas de campaña, porque prometía respetar la economía de mercado y no incurrir en un mayor déficit de presupuesto, la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue la primera señal de que gobernaría como populista. Las acciones de la bolsa y el peso empezaron entonces su caída.

Después vinieron los legisladores. Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo, propuso tomar las reservas internacionales del Banco de México para financiar gasto público. La iniciativa fue descalificada como un “absurdo” por el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, pero igual afectó a los mercados. Después Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, presentó una iniciativa para prohibir las comisiones bancarias, también descartada por el nuevo gobierno, pese a lo cual Monreal insistió en mantenerla. Paco Ignacio Taibo II, futuro director del Fondo de Cultura Económica, propuso expropiar minas y generó un desplome de las acciones mineras. Ahora tenemos la iniciativa de confiscar el dinero de las Afores.

López Obrador y su equipo económico pueden seguir declarando que estas iniciativas no representan su agenda legislativa, que no quieren llevar al país por el camino de Venezuela; pero la insistencia en presentar propuestas destructivas está debilitando a los mercados nacionales. Parecería que los políticos de la Cuarta Transformación quieren provocar una crisis financiera.

Linchamientos

Dice López Obrador que someterá a consulta popular si somete a juicio a los expresidentes por “impulsar las políticas neoliberales”. Pero ¿es ilegal aplicar políticas liberales? Y ¿debe la justicia aplicarse por consulta popular, como en los linchamientos?
23 Noviembre 2018 04:01:00
La conciliación
Es bueno ser agradecido. Este jueves se festejó el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, una celebración entrañable que surge del agradecimiento por la terminación de la cosecha en las viejas sociedades agrícolas.

Un día antes el presidente electo Andrés Manuel López Obrador compartió el pan con el todavía mandatario Enrique Peña Nieto. El supuesto propósito de la comida era puntualizar detalles de la inauguración, pero en su cuenta de Twitter López Obrador añadió que la reunión se realizaba “en plan amistoso porque le agradezco sus atenciones”.

Quizá sorprenda esta actitud amigable. Durante años López Obrador ha acusado a Peña Nieto de corrupción y de ser parte de una mafia del poder que no tenía más propósito que saquear al país. Hoy el discurso ha cambiado. No solamente ya no escuchamos descalificaciones o insultos, sino que hay un compromiso para no investigar posibles actos de corrupción.

La política debe ser conflicto, pero también conciliación. A final de cuentas todos somos mexicanos y, a pesar de nuestras diferencias, debemos cooperar en la búsqueda de políticas que permitan la construcción de un México más próspero y más justo. Pero la política no puede ser nunca garante de impunidad. No podemos aceptar una cacería de brujas, como muchas que hemos visto en el pasado, pero tampoco el perdón por actos de corrupción.

López Obrador le dijo este 21 de noviembre a Carmen Aristegui: “Mi idea de punto final es: han abusado, han habido (sic) latrocinios, ha sufrido mucho nuestro pueblo, predomina la corrupción, lo que veas tiene que ver con la corrupción.”

Su argumento para no emprender acciones por estos supuestos actos de corrupción, sin embargo, es que habría que “enjuiciar a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto. Habría demasiado escándalo, demasiado”.

El escándalo no debería ser razón para no aplicar la ley, tampoco el deseo de impedir una presunta inestabilidad política. Si hay actos comprobados de corrupción, nadie puede oponerse a la aplicación de la ley. López Obrador, sin embargo, sabe que la retórica de corrupción que usó en la campaña, y que mantiene hasta el momento, no tiene más sustento que la conveniencia política. Mucho se argumentó, por ejemplo, que había que cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco porque este había sido un verdadero templo de corrupción, pero sólo para que el presidente electo haya prometido después entregar nueva obra pública a las mismas empresas.

López Obrador no puede simplemente perdonar a criminales, a personas que hayan cometido actos de corrupción. Esto lo convertiría legalmente en cómplice y, por lo tanto, en corresponsable. Él mismo se incorporaría a esa supuesta mafia del poder que tanto ha denunciado. Sin embargo, el presidente electo tampoco puede reconocer políticamente que mintió en su campaña al sostener que todos sus predecesores, y todos los funcionarios públicos de alto nivel de los últimos 30 años, fueron corruptos.

Se entiende el afán de conciliación en este momento. El presidente electo sería la primera víctima política de un período de inestabilidad. Pero la aplicación justa de la ley no es nunca una razón de inestabilidad. Como lo hemos visto en los últimos días, ésta surge cuando se gobierna con ocurrencias en lugar de con estrategias sensatas apegadas a la ley que generen certidumbre.

Más niebla

Este 21 de noviembre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sufrió uno de sus comunes cierres por niebla, que generó un desastre logístico a todo lo largo del día. Me dicen varios pilotos que Santa Lucía tiene peores condiciones de niebla debido a la cercanía del lago Zumpango. ¿Dónde están los estudios?
22 Noviembre 2018 04:02:00
Sin licitación
Cuando estuvieron reunidos los principales contratistas del nuevo aeropuerto de Texcoco, quienes habían sido previamente convocados por Javier Jiménez Espriú, Andrés Manuel López Obrador les dijo, palabras más, palabras menos: el aeropuerto es importante, pero México es todavía más importante.

El encuentro se llevó a cabo en el restaurante Corazón de Alcachofa de Polanco, en la Ciudad de México, el pasado 5 de noviembre. Asistían los presidentes o directores generales de las principales empresas que siguen trabajando en la construcción del aeropuerto. El objetivo era tranquilizarlos tras el anuncio de la cancelación del proyecto.

López Obrador no justificó la decisión por los supuestos actos de corrupción que en campaña dijo se habían cometido en el proyecto. Explicó, más bien, que los contratistas no perderían dinero, ya que el nuevo Gobierno los compensaría. Habrá mucha obra pública, dijo, y la podrán llevar a cabo las empresas que están realizando los trabajos del aeropuerto.

Cuando se le señaló que la Ley de Obras Públicas impide que los proyectos sean asignados de manera discrecional, López Obrador respondió: Sí, ya me han dicho eso. Pero tenemos mayoría en el Congreso. Ya veremos cómo lo arreglamos.

Los contratistas reunidos agacharon la cabeza y aceptaron. Sus empresas dependen en mayor o menor medida de la obra pública. Por eso nadie ha protestado públicamente y ninguno ha anunciado que acudirá a los tribunales para obtener las indemnizaciones que corresponderían por ley y por contrato. Conocen a López Obrador y saben que, seguramente, sí les dará obras para compensarlos, aunque viole la ley o aunque la cambie para evitarse la molestia de licitar las obras.

Ya vimos un ejemplo en Tabasco. El Congreso local, dominado por Morena, modificó la Ley de Obras Públicas del estado para eliminar el requisito de las licitaciones en “proyectos estratégicos” o cuando “las obras o servicios sean convenidos con la Federación o con las empresas productivas del Estado para la realización de proyectos estratégicos en materia energética”. López Obrador está ya preparando el terreno para evitar las licitaciones públicas de la refinería que quiere construir en Dos Bocas.

Esto, sin embargo, representa un enorme retroceso para el país. Las licitaciones públicas han sido uno de los logros más relevantes en la lucha contra la corrupción. La obligación de licitar está incluso plasmada en el Artículo 134 de la Constitución: “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes y servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes” (pésima redacción, buen propósito).

Sería lamentable que el nuevo Gobierno abandonara las licitaciones y regresara a la práctica de la asignación directa y discrecional. El costo para México sería muy elevado. López Obrador ha cuestionado, y con razón, la corrupción de los gobiernos anteriores, pero eliminar las licitaciones simplemente abriría las puertas a una nueva era de corrupción.

Ley Taibo

Eliminar la discriminación legal contra los mexicanos naturalizados es positivo, pero para eso hay que enmendar muchos ordenamientos. Cambiar sólo la Ley de Entidades Paraestatales para que Paco Ignacio Taibo II pueda ser director general del Fondo de Cultura Económica es éticamente incorrecto. Las leyes no deben modificarse para beneficiar a una persona en particular.

21 Noviembre 2018 04:05:00
Vencer la corrupcion
Andrés Manuel López Obrador ganó la elección de este 2018 porque supo promover la idea de que él representaba la mejor opción en la lucha contra la corrupción. Todos los candidatos afirmaban que la combatirían, pero los electores pensaron que sólo él podía cumplir. Su promesa era no solamente disminuirla sino erradicarla; además, de forma constante, cuestionaba a los políticos del “PRIAN” porque, según él, “no tienen llenadera”, “no se cansan de robar”.

Fue tan grande la expectativa generada por las promesas de campaña que el riesgo de decepción ahora se vuelve enorme. No tengo dudas de la honestidad personal de Andrés Manuel, pero su visión de la corrupción es muy parcial, mientras que las medidas que ha anunciado para combatirla no sólo no le harán mella sino que podrían agravarla.

El presidente electo ha impulsado una serie de acciones que ni siquiera parecen entender la naturaleza de la corrupción. El que el futuro presidente se baje el sueldo a la mitad no lo hace ni más ni menos corrupto que sus predecesores. El presidente de Suiza gana más de 500 mil dólares al año y el de Venezuela menos de 50 mil, pero todo indica que Nicolás Maduro es mucho más corrupto que su contraparte en Suiza.
Bajar a la mitad los sueldos de los altos funcionarios tampoco es una medida contra la corrupción. Recibir un sueldo por la realización de un trabajo no es un acto de deshonestidad. La reducción en los salarios de los funcionarios ordenada por el presidente electo, por el contrario, puede provocar la pérdida de personal calificado y honesto y aumentar los incentivos para la corrupción. Por lo pronto, ya ha habido una serie de renuncias y retiros anticipados en el Banco de México y en otras instituciones y dependencias en las que se realizan labores especializadas. Al final tendremos funcionarios menos calificados, más ineficientes y, quizá, menos honestos.

Otras acciones anunciadas por López Obrador también podrían crear nuevas barreras para cumplir su promesa de eliminar la corrupción. El presidente electo, por ejemplo, acusó a las empresas contratistas del nuevo aeropuerto de Texcoco de ser corruptas sin presentar ninguna prueba de ello, lo cual es de por sí un acto de corrupción. Después que canceló el proyecto, sin embargo, anunció que compensaría a estas firmas con contratos en otros proyectos. Esto sería un triple acto de corrupción: por no tomar medidas para sancionar a las empresas que hayan cometido actos ilegales, por entregar a estas mismas firmas nuevos contratos de obra pública y por hacerlo a través de asignaciones personales del presidente en lugar de a través de licitaciones públicas como ordena la ley.
López Obrador ha dicho que él combatirá la corrupción con el ejemplo. La experiencia nos dice, sin embargo, que la forma real de reducir esta conducta es a través de buenas prácticas, como sancionar a las empresas y a los funcionarios que cometan actos ilícitos o como otorgar contratos gubernamentales solamente a través de licitaciones públicas y transparentes.

Ningún presidente, por honesto que haya sido, ni siquiera Benito Juárez, eliminó la corrupción sólo con su ejemplo. Los países del mundo que han tenido éxito en la lucha contra la corrupción lo han logrado por medio de buenas prácticas institucionales, las cuales acotan las decisiones discrecionales de todos los funcionarios, empezando por el gobernante.

Crimen ambiental

Cualquier empresa que desmonte 300 hectáreas de terreno para un proyecto productivo antes de tener el manifiesto de impacto ambiental está violando la ley. El que lo haga un gobierno para una refinería que todavía no tiene autorización, como la de Dos Bocas, es un crimen ambiental.
20 Noviembre 2018 04:09:00
Mexicanos de segunda
Este pasado domingo Beata Wojna, exembajadora de Polonia en México, casada con un mexicano y que se ha quedado en nuestro país para continuar con una labor académica que antes realizaba en Polonia, dio a conocer un mensaje de Twitter: “Hace poco me preguntaron si voy a ser mexicana. Dije que no pq según Constitución hay mexicanos de primera y de segunda. Los naturalizados: no pueden tener doble nacionalidad, ni ocupar ciertos cargos. Si viven 5 años fuera pierden nac. mexicana. Todo ello más allá del caso @Taibo2”.

Esta discriminación a quienes asumen la nacionalidad mexicana por voluntad propia ha quedado de manifiesto, en efecto, en el caso de Paco Ignacio Taibo II, el escritor nacido en España que ha sido perfilado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como próximo director del Fondo de Cultura Económica, una editorial propiedad del Gobierno.

México siempre ha tenido una política migratoria xenófoba. Protestamos contra la discriminación a los mexicanos en Estados Unidos, pero tenemos leyes mucho más restrictivas. Llegamos a tener legislación que prohibía no sólo a los naturalizados sino a sus hijos nacidos en México llegar a la Presidencia de la República, lo cual se modificó apenas en la década de 1990. Hoy, sin embargo, seguimos viendo restricciones absurdas como las que señala la exembajadora Wojna. Los naturalizados son mexicanos de segunda.

Una de estas restricciones, que impide a un naturalizado ser director de una empresa paraestatal, como el Fondo de Cultura de Económica, tomó por sorpresa a Taibo, quien dijo que no estaba consciente de que un mexicano por naturalización no podía dirigir la editorial emblemática de México en el mundo de habla española.

Taibo no ha tenido que preocuparse mucho. En el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador las leyes se cambian a modo. Ya Morena ha presentado en el Senado una iniciativa que modificará la Ley Federal de Entidades Paraestatales para que las direcciones generales puedan ser ejercidas por ciudadanos mexicanos a secas y no sólo por “ciudadanos mexicanos por nacimiento”. Estoy de acuerdo en el cambio, ya que es absurdo que se discrimine a los mexicanos por adopción, aunque la modificación de la ley en el caso de Taibo va más allá todavía, ya que se está eliminando también el requisito de tener “experiencia administrativa” para que Taibo, que no la tiene, pueda asumir el cargo.

Más que hacer leyes a modo de los políticos, sin embargo, lo mejor sería reconsiderar las medidas xenófobas de nuestro gobierno. No hay ninguna razón para que los ciudadanos por naturalización, los cuales se hacen mexicanos por una decisión consciente en vez de por la casualidad de haber nacido en territorio nacional, sean discriminados. Son mexicanos y deben por lo tanto tener todos los derechos de cualquier mexicano.

Debemos cambiar la política migratoria. La experiencia en México y en el extranjero señala que la inmigración promueve inversiones, crecimiento económico y una visión más liberal. Debemos poner fin a la hipocresía de los políticos mexicanos que por un lado se quejan de la xenofobia de los estadunidenses y por el otro mantienen en México restricciones más radicales sobre los inmigrantes, e incluso sobre los mexicanos que injustamente consideran de segunda.



Los costos

Si bien las acciones de la Bolsa Mexicana subieron 2.1% el viernes pasado, la pérdida acumulada en el último mes fue de 12.19% (NYT). El tipo de cambio al mayoreo pasó de 19.2827 el 19 de octubre a 20.3661 ayer a las 14:00 horas (Bloomberg). La cancelación del aeropuerto de Texcoco y las amenazas económicas de Ricardo Monreal han tenido un costo importante. Significarán menor crecimiento y menor creación de empleos.
19 Noviembre 2018 04:00:00
Bancos para pobres
Una de las presentaciones que más me impresionó este pasado fin de semana en la Ciudad de las Ideas, el festival de mentes brillantes que dirige Andrés Roemer, fue la de Chetna Sinha. Esta mujer originaria de la India, de origen muy humilde, que llegó a ser copresidenta del Foro Económico Mundial de Davos en este 2018, fundó y dirige el Mann Deshi Bank, una cooperativa que abre cuentas de ahorro y otorga préstamos a las mujeres más pobres de la India.

Los servicios bancarios son cruciales para que las mujeres puedan rescatarse a sí mismas, y a sus familias, de la pobreza. Para operar, sin embargo, Mann Deshi ha tenido que enfrentar la incomprensión y conservadurismo de los funcionarios y políticos que establecen las reglas de operación bancaria en la India.

El Banco de la Reserva de la India negó originalmente a Mann Deshi la licencia para operar porque las mujeres que integraban el banco no sabían leer ni escribir y, por lo tanto, según el regulador, no podían firmar documentos ni entender los términos de los contratos. Chetna Sinha pensó darse por vencida, pero las propias mujeres a las que había entusiasmado lo impidieron y aprendieron a leer y escribir para que el regulador bancario no tuviera ya ese pretexto para negar la licencia.

Hoy el Mann Deshi Bank recibe depósitos y otorga créditos a cientos de miles de mujeres pobres de la India, las cuales solamente pueden ahorrar en muy pequeñas cantidades. Cuando se le pregunta a la fundadora cómo puede el banco sobrevivir con un capital exiguo, su respuesta es: “Nuestro valor es nuestro capital”.

Es muy probable que en México Mann Deshi nunca habría podido surgir, ni mucho menos prosperar. El ánimo regulatorio de nuestros políticos lo habría asfixiado antes de nacer. Una medida como la que pretende el senador Ricardo Monreal, de prohibir las comisiones bancarias, impediría el establecimiento de bancos para los pobres. Los políticos de derecha que dicen ser de izquierda, como Monreal, piensan que los bancos sólo deben ser para los ricos.

La banca de los ricos puede vivir sin comisiones y con bajos diferenciales entre las tasas pasiva y activa de interés. Los costos administrativos en cuentas o créditos multimillonarios son relativamente pequeños, en cambio los de una cuenta o un préstamo pequeños representan un porcentaje mucho más alto del capital. Por eso la banca de los pobres tiene tasas de interés o comisiones relativamente altas.

Mann Deshi, como otros bancos que dan servicio a los más pobres, se ha sostenido gracias a que recurre con libertad a una mezcla de comisiones y tasas de interés. De otra manera el servicio no se podría otorgar y las usuarias se quedarían sin servicios, o tendrían que recurrir a los prestamistas no regulados, cuyas condiciones son mucho peores. Supongo que esto último es lo que pretende Monreal, quien cuando fue jefe delegacional en Cuauhtémoc permitió que se mantuviera el comercio informal.

Si Monreal realmente quisiera que los pobres tuvieran servicios financieros, debería impulsar medidas para que más instituciones pudieran ingresar al mercado. En lugar de prohibir comisiones o controlar precios, liberalizaría las reglas para que pudieran crearse más bancos para los pobres que compitieran libre e intensamente entre sí. El problema es que los populistas necesitan a los pobres para votar por ellos; y si los pobres dejan de ser pobres, ya no podrán ser manipulados.

¿No importa?

Quienes dicen que no importa que caigan la bolsa y el tipo de cambio por las ocurrencias de Monreal, no saben que las crisis económicas suelen empezar por desplomes bursátiles y devaluaciones. Por eso López Obrador está tan interesado en distanciarse de la prohibición de las comisiones bancarias de Monreal.

16 Noviembre 2018 04:05:00
Una guardia militar
Los grupos de izquierda cuestionaron insistentemente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por militarizar la seguridad pública. Llevaron la Ley de Seguridad Interior a la Suprema Corte de Justicia para que fuera declarada inconstitucional.

Había un gran interés, por lo tanto, para ver el Plan Nacional de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo reemplazaría al Ejército y a la Marina en las funciones de policía? Hoy tenemos la respuesta: militarizándola de manera formal y definitiva.

La propuesta de López Obrador es integrar una nueva guardia nacional con contingentes de la policía militar, la policía naval y la Policía Federal. Esta nueva corporación tendrá entre 120 mil y 150 mil elementos, contra 40 mil de la actual Policía Federal. El mando lo tendrá la Secretaría de la Defensa.

No sorprende que López Obrador haya decidido militarizar formalmente a la policía. A pesar de lo “inconveniente” de la solución, quizá no hay otra opción en la actualidad para enfrentar al crimen organizado. Pero hay dos problemas. Uno es que la militarización será permanente, cuando lo recomendable es usar a las fuerzas armadas de forma temporal mientas se crea una policía federal eficaz. El otro es que la solución es inconstitucional, lo cual no arredra a López Obrador, quien pidió a los líderes del Congreso que enmienden la Constitución para dar cabida al proyecto.

Otros de los ejes del Plan de Seguridad no tendrán un impacto significativo en la delincuencia. Los programas de desarrollo y bienestar pueden ser muy positivos, pero no disminuyen la inseguridad. La idea de que los pobres cometen más crímenes es falsa. Varios estados pobres, como Chiapas, Oaxaca y Yucatán, tienen índices de inseguridad inferiores a entidades más prósperas, como Sinaloa, Tamaulipas o Quintana Roo.

Regenerar la ética de la sociedad a través de una constitución moral es un ejemplo más de cómo las expresiones de buena voluntad reemplazan al sentido común. La ética de la sociedad no se recupera a través de una constitución sin fuerza de ley.

Erradicar la corrupción es un objetivo importante y válido, aunque no está muy claro que las medidas que se han anunciado sean las mejores para lograrlo. El que haya un Presidente honesto no garantiza que no haya corrupción, tampoco el que se bajen los ingresos de los altos funcionarios. Pero la corrupción y la inseguridad son temas distintos, excepto por la facilidad con la que los delincuentes han podido sobornar a los encargados de la seguridad. El nuevo programa, sin embargo, no dice cómo se evitará.

Otros ejes del programa son más positivos. Se propone, por ejemplo, reformular el combate a las drogas. Esta es una medida indispensable para eliminar los incentivos que la prohibición ha generado no sólo para el mercado negro sino para la expansión de la violencia. Una política que considere el consumo de drogas como un problema de salud pública, que debe enfrentarse con educación, sería mucho más eficaz que el uso de la fuerza.

La inseguridad es una de las razones principales del triunfo electoral de López Obrador. Los dos gobiernos anteriores encontraron en este tema sus mayores derrotas. A todos nos conviene que el nuevo régimen tenga éxito donde fallaron los anteriores. Pero no se ven en el nuevo plan elementos que nos den certeza de que el nuevo Gobierno tiene una visión más clara en este tema que los anteriores.

OCURRENCIAS

Siguen las ocurrencias de Ricardo Monreal. Ayer anunció una iniciativa para prohibir al Gobierno contratar asesorías privadas, porque en cinco años se pagaron más de 280 mil millones de pesos por ello. Supongo que hay asesorías buenas y malas, pero prohibirlas todas puede volver mucho más ineficiente al Gobierno.
15 Noviembre 2018 04:02:00
¿Quién manda aquí?
Andrés Manuel López Obrador afirmó este 12 de noviembre, en vísperas de su cumpleaños, que esperaba vivir seis años más porque es el tiempo que piensa permanecer en el poder. La declaración es significativa porque, aun antes de rendir protesta, se ha advertido en redes sociales que el presidente electo podría modificar la Constitución para reelegirse como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o Daniel Ortega en Nicaragua.

Supongo que López Obrador tiene el suficiente conocimiento de nuestra historia como para no pretender reelegirse, pero es evidente que está dando a la Presidencia poderes que esta no tenía desde los tiempos del viejo PRI. “Yo no voy a ser florero –dijo en un video el 30 de octubre–, no estoy de adorno, yo traigo un mandato de los mexicanos”. En ese video el tabasqueño tenía al lado, ¿casualmente?, una pila de libros sobre los que destacaba ¿Quién manda aquí?, un volumen de ensayos sobre la crisis de la democracia representativa, entre ellos uno del expresidente del Gobierno español, Felipe González, quien señala ahí: “Quizá parte de la crisis de gobernanza de la democracia representativa sea una crisis del fundamento de la vida en democracia, que es el diálogo. No monólogos sucesivos, sino el esfuerzo para comprender al otro”.

No parece que López Obrador haya leído con demasiada atención las palabras del estadista español. Cada vez parece más empeñado en acabar con el diálogo que la democracia impuso sobre los grupos políticos del país para volver a los monólogos sucesivos.

La nueva Ley de Administración Pública es un paso en esa dirección. Morena violó los reglamentos internos de la Cámara de Diputados para aprobar la legislación que, entre otras cosas, crea los nuevos superdelegados federales, los cuales ya no tendrán que cumplir requisitos como contar con títulos profesionales o experiencia, ni siquiera un certificado de falta de antecedentes penales. El presidente los nombrará a discreción y manejarán los programas sociales federales, sin sujetarse a las reglas institucionales que hoy existen, además de que serán secretarios técnicos de las reuniones estatales de seguridad. Serán verdaderos procónsules del presidente en los estados, con tanto poder como los gobernadores, quizá en violación del pacto federal.

El trato entre el nuevo presidente y los empresarios ya quedó delineado con la cancelación unilateral del aeropuerto de Texcoco y su oferta de compensar a los contratistas con nuevas obras. La Ley de Obras Públicas prohíbe al Ejecutivo entregar proyectos sin licitarlos, pero cuando el presidente controla el Congreso puede modificar cualquier ley que le estorbe.

El presidente electo está también tratando de debilitar al Instituto Nacional Electoral, la institución que desde sus tiempos como IFE permitió a México tener una verdadera democracia e hizo posible acabar con la hegemonía del PRI. La consulta sobre el aeropuerto y las que hará sobre otros proyectos buscan mandar el mensaje de que el INE no es indispensable, que Morena podrá ser juez y parte de consultas dentro de un sistema de democracia directa.

López Obrador no quiere ser florero ni gobernar como los presidentes acotados de los últimos tiempos. Está buscando construir un sistema sin contrapesos en el que nadie pueda preguntarle: ¿Quién manda aquí?

Renuncias

Roberto del Cueto anunció su renuncia como subgobernador del Banco de México por supuestos motivos de salud, pero la decisión parece provocada por la reducción de sueldos ordenada por AMLO. Renunció también de manera anticipada Juan Carlos Zepeda a la presidencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Es el principio del fin de las instituciones
autónomas?
14 Noviembre 2018 04:00:00
Aflojado en terracería
Ayer Andrés Manuel López Obrador cumplió 65 años. La verdad es que se le ve joven y con mucho entusiasmo de asumir la Presidencia, a pesar de haber sufrido un infarto en 2013. Este pasado 12 de noviembre declaró, “Que la naturaleza, el creador, la suerte me dé cuando menos seis años de vida, los que aspiro a estar en el Gobierno. Yo ya no me pertenezco, estoy al servicio de la nación.”

López Obrador será el presidente de más edad en el país en más de un siglo de historia. Cuando se peleaba la sucesión de Miguel Alemán Valdés se decía que “hasta el viejito de Ruiz Cortines” quiere ser presidente, pero no sólo quiso, sino que lo logró en 1952. Don Adolfo, sin embargo, tenía entonces 62 años, tres menos que López Obrador.

Venustiano Carranza, por su amplia y blanca barba, parecía un hombre de avanzada edad, pero contaba sólo con 54 años cuando asumió la Presidencia en 1914. Para encontrar a un mandatario de mayor edad que López Obrador habría que remontarse a 1913, cuando el golpista Victoriano Huerta, de 67 años, tomó el poder tras derrocar y asesinar a Francisco I. Madero. En el siglo 19 hubo otros sexagenarios: Valentín Gómez Farías fue presidente a los 65 en 1846 y Juan N. Álvarez a la misma edad en 1855. José Ignacio Pavón juró el cargo en 1860 a los 69; ha sido el presidente mexicano de mayor edad al tomar la Presidencia.

En otros países son comunes los gobernantes con edades bastante más avanzadas. El primer ministro malasio Mahathir Mohamad tiene 93, la reina Isabel de Inglaterra 92, el presidente Beji Caid Essebsi de Túnez 91 y el presidente Paul Biya de Camerún 85. El estadunidense Donald Trump no está entre los más viejos, pero tiene 72 años.

Los presidentes mexicanos han sido sorprendentemente jóvenes. Lázaro Cárdenas tenía 39 años al jurar el cargo; Carlos Salinas 40; Ernesto Zedillo 42; Felipe Calderón 44 y Enrique Peña Nieto 46. El Presidente más viejo de los últimos sexenios ha sido Vicente Fox con apenas 58. Algunos gobernantes del siglo 19 eran todavía más jóvenes. Miguel Miramón, el presidente conservador, tenía sólo 27 cuando ocupó el cargo por primera vez en 1859 (su oponente Benito Juárez lo hizo en 1858 a los 51). Iturbide fue emperador en 1821 a los 38; Antonio López de Santa Ana presidente a los 39, Maximiliano de Habsburgo emperador a los 31 años.

En el turbulento período revolucionario, las edades de los presidentes eran muy bajas. Madero tenía 38 años al jurar en 1911; Eulalio Gutiérrez 33; Roque González Garza 29; Francisco Lagos Cházaro 36 y Adolfo de la Huerta 39. Incluso Álvaro Obregón, que aparentaba mayor edad, contaba con 40 años en 1920.

El mismo López Obrador ha hecho con frecuencia bromas sobre su edad. En la campaña de 2012, cuando la panista Josefina Vázquez Mota lo cuestionó por haber pertenecido al PRI en los primeros años de su trayectoria política, a pesar de las matanzas de 1968 y 1971, respondió, “En 1971, yo estaba en primero de preparatoria, estaba yo muy jovencito. Aparento más edad. Tengo sólo 58 años, lo que pasa es que estoy aflojado en terracería.”

A los 65, López Obrador será el presidente de más edad desde 1913, pero no se le ve cansado. Al contrario, está llegando a la Presidencia con un ímpetu arrollador, el cual le genera popularidad entre sus seguidores. Es verdad que a muchos preocupan sus medidas, como la cancelación del aeropuerto, pero no es culpa de la edad, sino de su ideología y de la manera en que toma sus decisiones.

Incertidumbre

Siguen bajando los mercados por la incertidumbre sobre las políticas económicas del nuevo gobierno. Ayer la Bolsa cayó 2.05% y el peso se cotizó a 20.80 en ventanillas bancarias. Se espera que el Banco de México anuncie hoy una nueva alza en la tasa de interés.
13 Noviembre 2018 04:02:00
Un bloqueo más
Miles de personas no pudieron llegar ayer a sus clases o trabajos en la Ciudad de México. Todo el día estuvo bloqueada la autopista México-Pachuca, uno de los principales accesos a la capital. En redes sociales la gente expresaba su angustia. Muchos perdieron su día de trabajo, sus clases o sus citas médicas. Los más afectados fueron los trabajadores de escasos recursos a los que se les descontó el día por no haber llegado a laborar.

En los reportes informativos se hablaba de que la población de San Juan Ixhuatepec, o San Juanico, en Tlalnepantla, Estado de México, se había volcado a la autopista para bloquearla en protesta por un operativo de la policía capitalina. En realidad, sólo un centenar de personas participó en el bloqueo, muchos encapuchados que actuaron con gran violencia. Quemaron una patrulla y una motocicleta. Cuando algún grupo de policías se acercaba, lo recibían con piedras y palos. Los bloqueadores no tenían ni escuelas ni trabajos a los que acudir, por eso pudieron quedarse tanto tiempo resguardando sus
barricadas.

Los manifestantes exigían hablar con el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raymundo Collins. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México difundió un comunicado en el que señalaba que la SSP capitalina se había comprometido a realizar una investigación sobre el operativo, que afirmaba, fue producto de la persecución de un grupo delictivo que acababa de asaltar una gasolinera en los límites entre la Ciudad de México y Tlalnepantla.

No sorprendería que, efectivamente, se hubiera realizado este asalto. Es muy común que los delincuentes realicen acciones ilegales en la Ciudad de México y huyan al vecino estado. Esto les garantiza impunidad. Hay videos, sin embargo, que muestran a un contingente de granaderos, que no son los policías que participarían en una persecución en flagrancia, golpeando a aparentes residentes de San Juanico, uno de ellos en el suelo, a quien le roban un celular.

Aun cuando el operativo haya sido incorrecto, el bloqueo hizo un daño enorme a miles de personas que no han cometido más delito que tratar de trabajar o estudiar. Estos bloqueos se han convertido en una forma cada vez más común de protestar o de extorsionar. Lo hemos visto en estados como Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Las autoridades se muestran cada vez más reticentes a intervenir. Los policías arriesgan la vida cuando lo hacen, pero además corren el riesgo de ser destituidos o sancionados por liberar las vías de comunicación. Las comisiones de derechos humanos protegen a los activistas, pero no se preocupan por los policías ni por la gente común y corriente afectada por estas acciones.

Los bloqueos serán cada vez más comunes debido a que gozan de impunidad y son muy rentables. El resultado, sin embargo, es una incertidumbre cada vez mayor de la gente que quiere trabar.

El Estado mexicano se debilita cada vez más. Si alguien piensa que está triunfando una justicia popular, está equivocado. Quienes se benefician de los bloqueos son siempre los corruptos líderes de grupos de choque. Los funcionarios simplemente dejan pasar la tormenta, pero a ellos no se les descuentan los días de trabajo. Las víctimas son quienes sí tienen necesidad de trabajar. Pero esa gente no les interesa ni a los caciques ni a los funcionarios ni a las comisiones de derechos humanos.

Monreal y la crisis

El viernes 9 de noviembre la Bolsa se recuperó cuando López Obrador dijo que no se harían cambios en la ley bancaria en sus primeros tres años de gobierno. Pero Ricardo Monreal insiste en prohibir las comisiones bancarias. Ayer volvió a tirar la Bolsa, que perdió 2.15 por ciento, y el peso, que se ubicó en 20.65 en ventanillas bancarias. Le urge provocar una crisis financiera.
12 Noviembre 2018 04:02:00
Prohibir comisiones
Este viernes pasado se publicó un anuncio en algunos periódicos: “Invertir mi aguinaldo ahora es posible desde 2 mil 500 pesos. Invierte en Pagaré Citibanamex a un plazo de 90 días y recibe hasta un 8.5% de rendimiento”.

El banco mexicano que colocó el anuncio es filial de Citi, una institución que ofrece términos muy distintos en sus depósitos en Estados Unidos. Para empezar, los 2 mil 500 pesos de la oferta equivalen a 122.55 dólares (a 20.40 por dólar, aunque el peso se está depreciando a una velocidad cada vez mayor), lo cual no alcanza para un certificado de depósito (CD), el equivalente del pagaré. En estados como Texas el monto mínimo es de 500 dólares, en California mil y en la ciudad de Washington 2 mil 500 dólares (mybanktracker.com). Pero suponiendo que uno tenga la cantidad mínima para el CD, ¿qué rendimiento daría? Por 90 días, 0.5%, sin importar el monto, aunque fuera más de un millón de dólares.

Por lo menos, me dicen, no se cobran comisiones bancarias en Estados Unidos, ¿verdad? Falso. Una cuenta básica de cheques o de ahorro, que sí permite depósitos a partir de 100 dólares, tiene una comisión de 12 dólares mensuales, a menos que se mantenga un saldo superior a los mil 500 dólares. El retiro de efectivo en cajeros automáticos que no son del banco emisor genera comisiones que van de 1.50 hasta 10 dólares.

Quizá el coordinador de los senadores de Morena debería convencer a sus colegas en Estados Unidos, si no le molesta que se rían un poco de él, que promulguen leyes que den a los usuarios bancarios en Estados Unidos el mismo trato que en México. Un depósito de 122.55 dólares a 90 días en Nueva York o California debería dar también un rendimiento del 8.5% anual por decreto gubernamental. Se reirían de él porque, quizá con excepción de los más fervientes seguidores de Trump, los legisladores estadunidenses entienden que cada mercado tiene sus características. Es posible que se cobren más comisiones bancarias en México que en Estados Unidos, aunque no estoy tan seguro, pero las condiciones de mercado son muy distintas.

La tasa básica de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos es de 2.25% anual, mientras que la tasa objetivo del Banco de México está en 7.75%. En la Unión Americana, un banco puede recuperar en 3 o 4 meses un automóvil o una vivienda que sirvan de garantía a un préstamo no pagado, pero en México el juicio puede llevarse años y en ese tiempo la garantía puede perder su valor. Una de las razones de que los bancos en México dependen más de las comisiones es, en efecto, la dificultad de recuperar garantías de préstamos.

Deben ser los bancos y los clientes los que determinen, en un sistema de libertad, los precios de los servicios. Un Gobierno que pretende fijar precios de manera discrecional generará distorsiones de mercado. Si se prohíbe cobrar por retiros en cajeros automáticos, desaparecerán los cajeros de las zonas más pobres y se elevará el precio de otros servicios, como los créditos.

Si algo han demostrado las iniciativas financieras de Morena en el Congreso, como prohibir las comisiones bancarias o confiscar las reservas internacionales del Banco de México, es la ignorancia económica. Hasta ahora el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el futuro secretario de hacienda, Carlos Urzúa, han salido a paso y descartado las medidas. Pero a nadie tranquiliza que los legisladores de la mayoría sean tan ignorantes.

¿Nueva crisis?

Los inversionistas no se preocuparon en la campaña por AMLO, quien sostenía que aumentaría el gasto sin elevar impuestos ni el déficit. La cancelación del NAIM y la amenaza de prohibir las comisiones bancarias, sin embargo, empiezan a empujar al país a una nueva crisis financiera.
09 Noviembre 2018 04:02:00
Prensa enemiga
Donald Trump ha dicho que la prensa que lo cuestiona, aquella que, según él, miente para afectarlo, o sea, toda menos Fox News, es el “verdadero enemigo del pueblo”. Jair Bolsonaro, el ultraderechista presidente electo de Brasil, ha cuestionado a la prensa que dice que quiere perjudicarlo y ha señalado que Folha de São Paulo, el principal periódico del país, “se acabó”, porque le aplicará un boicot de publicidad gubernamental. Andrés Manuel López Obrador usa el término “prensa fifí” porque afirma que los escritores y columnistas que lo critican tienen un pensamiento conservador y proceden de la prensa servil del régimen porfirista; “se los voy a seguir diciendo porque son herederos de este pensamiento y proceder”.

Las diferencias entre la prensa y los gobernantes son no solo naturales, sino sanas. Los medios de comunicación tienen la obligación de ofrecer una visión crítica de cualquier gobierno. Cuando se pierde esa distancia, la crítica se convierte en complicidad y la prensa pierde su razón de ser. Los reporteros y los políticos necesitan convivir y dependen unos de otros, pero la convivencia es siempre incómoda. “Ya sé que no aplauden”, dijo un molesto Enrique Peña Nieto, cuando pensaba que nadie lo escuchaba, en 2015, ante los reporteros de Los Pinos que, efectivamente, no aplauden ante los discursos de los mandatarios.

Los gobiernos en México han mantenido por un lado un discurso de respeto al derecho a la libertad de expresión, incluso con celebraciones en fechas conmemorativas, pero lo han acompañado de políticas destinadas a premiar a algunos medios que consideran favorables y a castigar a los que ven como críticos. Una nueva Ley de Comunicación Social promulgada este año obligaría a los medios a inscribirse en un padrón para recibir publicidad oficial, pero deja todavía, a ojo de muchos, una excesiva discrecionalidad en la forma en que se pueden usar los presupuestos de promoción del Estado. El presidente electo López Obrador ha anunciado que reducirá a la mitad los presupuestos de publicidad oficial, pero no ha señalado que piense hacer cambios a los criterios con los que se aplican estos recursos.

En Estados Unidos los gobiernos gastan muy poco en publicidad oficial, por lo que el tema no ha sido materia de debate. La libertad de prensa, sin embargo, es un derecho valorado por la ley y por la tradición política del país. La primera enmienda a la Constitución estadunidense establece que “El Congreso no hará leyes. que restrinjan la libertad de expresión o de prensa”, lo cual ha sido uno de los pilares fundamentales de toda la estructura política y jurídica del país.

Muchos presidentes de los Estados Unidos y de México se han sentido molestos con la cobertura de los medios o los comentarios de los editorialistas, pero muy rara vez han abandonado el discurso oficial de defensa del derecho a la libertad de prensa. Un caso notable fue el de José López Portillo, quien dijo, como el Bolsonaro del Brasil de hoy, “no pago para que me peguen”. Los ataques constantes de Trump a los medios de fake news o los de López Obrador a la prensa fifí son inusitados y preocupantes.

Estamos viviendo tiempos complicados para la libertad de prensa. Los tres países más populosos de América tendrán pronto gobernantes populistas que han expresado su incomodidad ante la crítica. El que un gobernante exprese sus puntos de vista, y descalifique a quienes piensan diferente, no debería causar preocupación, pero el temor es que suframos nuevos períodos de censura y represión.

PEGAR A MERCADOS

Parece que los legisladores de Morena querían empezar el sexenio golpeando a los mercados nacionales. La iniciativa para restringir las comisiones bancarias tiró ayer las acciones de la BMV.
08 Noviembre 2018 04:02:00
El empate
El resultado final es lo más cercano a un empate que pueda haber. El Partido Demócrata arrebató el control de la Cámara de Representantes a los republicanos y también ganó 23 gobiernos estatales, siete más que antes; pero los republicanos no sólo mantuvieron el Senado, sino que ampliaron su mayoría, y obtuvieron 25 gobiernos estatales. El partido en el poder no sufrió la derrota contundente que algunos habían previsto. Por eso el presidente Donald Trump pudo festejar este 7 de noviembre: “Ayer fue una gran victoria y todo bajo la presión de unos medios sucios y hostiles.”

El partido del Presidente suele ceder terreno en las elecciones intermedias en Estados Unidos. Entre 1910 y 2014 la pérdida fue en promedio de 30 escaños en la Cámara de Representantes y cuatro en el Senado. Los presidentes con una aprobación menor al 50% han tenido golpes todavía mayores: 37 representantes desde 1946 (Gallup). Los demócratas de Barack Obama cedieron 63 asientos en 2010 y los de Bill Clinton 53 en 1994.

Si consideramos que Trump tiene una aprobación de 40%, y que ha promediado 39% en su gobierno (Gallup), era de esperarse una derrota contundente. Con las cifras todavía incompletas disponibles al escribir este artículo, los demócratas han aumentado en 26 sus representantes y en siete sus gobernadores, pero los republicanos han sumado dos nuevos senadores. No es una gran victoria, como dice Trump, quien está acostumbrado a mentir, pero sí una derrota menos contundente de la que podía esperarse.

En términos prácticos, el resultado debilita a Trump. Un Presidente populista con mayoría en ambas cámaras del Congreso resultaba realmente peligroso para la Unión Americana y para el mundo. A partir de 2019, sin embargo, la Cámara de Representantes será un contrapeso al Mandatario. Este nuevo cuerpo legislativo, por ejemplo, no le aprobará a Trump su soñado muro en la frontera con México. Por otra parte, la nueva mayoría puede oponerse a la aprobación del nuevo tratado comercial con México y Canadá, lo cual tendría la ventaja de mantener en vigor, cuando menos de manera temporal, el actual, que es bastante mejor, pero generaría incertidumbre y reduciría la inversión de largo plazo.

La Cámara de Representantes puede iniciar una investigación sobre el presidente Trump y promover un juicio político en su contra, pero sería imposible obtener la mayoría de dos terceras partes en el Senado para condenarlo y destituirlo.

Trump considera los resultados de este 6 de noviembre como un triunfo porque el simple hecho de que no fue derrotado, a pesar de su baja aprobación personal, lo pone en camino de la reelección en 2020. Los presidentes estadunidenses en funciones suelen sufrir derrotas en las votaciones intermedias, pero es muy difícil vencerlos en los intentos de reelección. El empate se convierte así en el lanzamiento de la campaña de Trump para 2024.

El resultado ratifica que estamos viviendo tiempos en que los populistas tienen mejores posibilidades que nunca de ganar y mantener el poder. Las posiciones moderadas ya no atraen la atención de los electores, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en muchos otros países. La gente quiere soluciones mágicas; y los ciudadanos que se vuelven adictos a las promesas de los populistas están dispuestos a salir a votar en mayor número, por lo que pueden derrotar a quienes sufragan a favor de los candidatos moderados.

ENEMIGO DEL PUEBLO

Ayer Trump acusó al reportero Jim Acosta de grosero y añadió: “Cuando reportas noticias falsas, cosa que CNN hace mucho, eres un enemigo del pueblo”. No es, sin embargo, el único populista que dice que sólo él representa al pueblo.
07 Noviembre 2018 04:01:00
Sueldos por decreto
Andrés Manuel López Obrador ha encontrado la clave para hacer de México un país rico sin esfuerzo. “Los aumentos al salario nunca serán inferiores a la inflación”, afirmó el 5 de noviembre. No será el primer gobernante mexicano que trate de hacerlo. Luis Echeverría ordenó aumentos a los salarios mínimos superiores a la inflación a lo largo de su sexenio, pero en lugar de inaugurar una nueva era de prosperidad provocó una crisis económica y una escalada inflacionaria que provocaron mayor pobreza.

López Obrador ha pedido a los legisladores de Morena que plasmen en una nueva ley los aumentos de los salarios por arriba de la inflación: “Quiero que cuando menos se ponga un renglón que diga: los aumentos al salario nunca serán inferiores a la inflación. Lo voy a decir porque aquí no nos escuchan, aquí no nos ven: que entre todos le demos una cachetada con guante blanco a la política neoliberal”.

No hay certeza acerca de si López Obrador se refiere a los sueldos mínimos o a los generales. Hasta ahora los mínimos han sido definidos por una organización cuasi gubernamental, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero los demás han quedado sometidos a la ley de la oferta y la demanda. En su Proyecto de Nación 2018-2024 López Obrador prometía un aumento anual del sueldo mínimo de “15.6% más inflación, para llegar al fin de sexenio a la cifra de 171 pesos diarios más la inflación que se haya generado en el proceso”. En la actualidad, el mínimo se ubica en 88.36 pesos por lo que estaríamos hablando de una virtual duplicación.

En cuanto a los demás sueldos, el Proyecto de Nación “propone establecer una certificación de trabajo justo que permita reconocer de manera pública a las empresas y empleadores que cubran salarios dignos a sus trabajadores, a partir de estándares previamente fijados por un grupo de especialistas que esté integrado por académicos y sociedad civil, tomando en consideración la rama de industria o actividad, la región y el tamaño de la empresa”. Suena a una pesadilla burocrática.

López Obrador está convencido que los salarios se pueden elevar por decreto o por presiones del Gobierno a las empresas. La experiencia nos dice, sin embargo, que estas medidas no sólo no producen prosperidad por arte de magia, sino que pueden tener consecuencias negativas. Echeverría llevó el salario mínimo en 1976 a su nivel más alto de la historia, un equivalente de 340 pesos diarios de la actualidad, lo cual sólo sirvió para generar una explosión inflacionaria e iniciar un largo descenso del poder de compra, no sólo del mínimo sino de los salarios generales.

Ante una creciente inflación en los años setenta y ochenta, que devastaba el poder de compra de los salarios y amenazaba con volverse endémica, se optó por aumentar el salario mínimo menos que la inflación. Las consecuencias fueron positivas después de algún tiempo. Por una parte, se controló la inflación, la cual se redujo gradualmente a niveles similares a los de los países desarrollados; pero, además, los sueldos promedio se despegaron de los mínimos. Hoy el sueldo promedio registrado en el IMSS, de 351.80 pesos diarios en septiembre, es cuatro veces superior al mínimo.

Una ley que obligue a que los aumentos salariales sean superiores a la inflación no generará prosperidad. Reinstaurará una inflación alta y la hará endémica. Al final saldrán perjudicados quienes menos tienen.

K fallida

Lo peor del corte de agua de 150 horas en el sistema Cutzamala es que el esfuerzo no sirvió de nada. La pieza de conexión, la K invertida, tuvo que ser retirada para dejar funcionando sólo la línea 1. Conagua no ha revelado qué falló, pero lo sucedido es símbolo de un sexenio precedido por una campaña que decía que los priistas sí sabían gobernar.
06 Noviembre 2018 04:02:00
Prensa progre o fifí
No es inusitado que el semanario Proceso haya dedicado una portada editorializada a cuestionar a un político. El titular de esta semana, “AMLO se aísla: El fantasma del fracaso”, es típico de la revista, solo que no ataca a un presidente del PRI o del PAN, sino a Andrés Manuel López Obrador.

La portada refleja una opinión de Diego Valadés, el constitucionalista, expresada en una entrevista con Álvaro Delgado. La revista no hace ningún esfuerzo por aclararlo: simplemente presenta una fotografía de un preocupado López Obrador acompañada de esa cabeza.

Los simpatizantes de la izquierda aplaudían las golpeadoras portadas de Proceso cuando etiquetaban a otros mandatarios, pero no consideran hoy aceptable cuestionar a un presidente electo de su misma ideología. La revista, lectura de cabecera de la izquierda durante 42 años, se convierte así en una traidora a la causa, especialmente porque Julio Scherer Ibarra, hijo del fallecido fundador y gran patriarca de Proceso, Julio Scherer García, será consejero jurídico de la Presidencia en el gobierno de López Obrador.

Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, comentó en Twitter: “El problema no es convertir una disparatada opinión personal en una desafortunada frase de portada, ni hay ningún ataque a la libertad de expresión, el problema es que una revista que fue progresista desató el repudio y la indignación popular.” Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, opinó: “Todavía no toma posesión y ya está ‘solo’ y a punto del ‘fracaso’. El conservadurismo, de izquierda o de derecha, nubla el juicio y da pie a conjeturas fantasiosas. Los extremos pueden tocarse y abrazarse. Bienvenida la pluralidad y el debate. Lo bueno es el desenmascaramiento.”

Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, escribió en 2017 con motivo de los 40 años de fundación del semanario: “Quiero establecer el compromiso de Proceso de seguir siendo lo que al poder molesta y obsesiona: una parte sustancial de la conciencia crítica de nuestro país.” Supongo que la negativa portada sobre López Obrador buscaba mandar precisamente ese mensaje al nuevo gobierno, el cual se vuelve más significativo porque La Jornada, la otra gran publicación de la izquierda, se unió a las alabanzas a Enrique Peña Nieto debido a que este Gobierno la rescató de la quiebra.

La portada de Proceso es cuestionable. Tomar una frase de una opinión y colocarla como titular sin ninguna atribución no es una buena práctica periodística, aunque es lo que ha acostumbrado la revista durante décadas. Pero no se puede cuestionar la práctica solo cuando afecta a un presidente “progresista”.

El propio López Obrador ha declarado que los editores de Proceso “están en su derecho de opinar”. También ha buscado conciliar con otros medios. En una entrevista privada con Denise Maerker declaró que Televisa “es extraordinaria para el país”. En distintas ocasiones, en cambio, se ha quejado de la prensa “fifí”, en la que incluye con particular frecuencia al Reforma. “Ya chole con las críticas” dijo recientemente, haciendo referencia a los cuestionamientos al Tren Maya.

A pesar de las críticas, los simpatizantes de la izquierda no creen que el semanario se vaya a hacer “fifí”. “Proceso siempre ha sido progresista –me dijo ayer Polevnsky–. Siempre nos ha apoyado.” No creo, sin embargo, que la función de la prensa sea apoyar a un partido político.

Beneficiados

Los republicanos en Estados Unidos se verán beneficiados en las elecciones intermedias de hoy por la caravana migrante, que infunde terror a muchos electores, y por el crecimiento económico de 3.5%, que mucho debe al recorte de impuestos de Trump. Quizá conserven el Senado.
05 Noviembre 2018 04:01:00
¡Legalizar ya!
La Suprema Corte de Justicia ya estableció jurisprudencia. El Gobierno no puede limitar el “autoconsumo” de mariguana “con fines lúdicos o recreativos” porque la prohibición provoca “una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza esa medida”.

La decisión la tomó la primera sala de la Suprema Corte el 4 de noviembre de 2015 en el amparo en revisión 237/2014. El ponente fue Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien contó con el respaldo de otros tres ministros, entre ellos la hoy senadora y futura secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero. El único voto en contra fue de Jorge Pardo Rebolledo, quien, sin embargo, objetaba no el fondo del fallo, sino la falta de claridad en temas secundarios, como las reglas para la lícita adquisición de la mariguana.

La decisión sentó ya jurisprudencia tras una serie de fallos concurrentes, pero persisten las dudas prácticas planteadas por el ministro Pardo. De nada sirve que la Corte declare inconstitucional la prohibición al consumo, si se mantienen la del comercio y la del cultivo, transporte o posesión para propósitos comerciales. En este momento, quienes han ganado juicios de amparo pueden consumir mariguana, “pero nosotros –dice la senadora Sánchez Cordero– vamos a caminar en la normativa que pueda implicar ya la producción, la comercialización y la distribución de la mariguana”.

La prohibición ha sido una de esas medidas que los gobiernos toman con el argumento paternalista de que saben más lo que conviene a los gobernados que ellos mismos. No ha sido ni la primera ni la última. La prostitución, el sexo fuera del matrimonio, el alcohol, la homosexualidad o la creencia en “dioses falsos” han sido prohibidos por gobiernos en distintos momentos. En la Inglaterra del siglo 19 el intento de suicidio se castigaba con la muerte por horca.

La prohibición de la mariguana no ha producido una disminución en el consumo, pero sí ha generado un mercado negro que se ha traducido en crimen y violencia. Dos de los últimos presidentes del país, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, han reconocido que se equivocaron al combatir la mariguana a través de la fuerza. Incluso Felipe Calderón dijo el 26 de septiembre de 2012, casi al final de su mandato, que la Organización de las Naciones Unidas debe hacer “una valoración profunda de los alcances y de los límites del actual enfoque prohibicionista en materia drogas”.

La ONU no ha actuado, son demasiados los intereses que buscan mantener la prohibición. Sin embargo, hay un movimiento internacional hacia la legalización, cuando menos de la mariguana. Nueve estados de la Unión Americana ya la han despenalizado para uso recreativo y 30 para fines médicos. Uruguay y Canadá la han legalizado también, aunque con tantas restricciones que el mercado negro no ha desaparecido.

En México el fallo de la Suprema Corte abre las puertas para la legalización, pero hay mucho que cambiar en las leyes. Lo que no debemos olvidar es que el Estado no tiene derecho a prohibir nada a la persona por su propio bien. “La Constitución –ha señalado el ministro Zaldívar– permite que cada individuo elija su plan de vida y adopte el modelo de virtud personal que considere válido, en tanto no afecte a los demás.”

Encuestas

En vísperas de elecciones en Estados Unidos, la encuesta de ABC/Washington Post muestra a los demócratas adelante con 52% contra 44% de los republicanos. La de NBC/Wall Street Journal ofrece cifras de 50 contra 43%. Pero como en otras elecciones intermedias, el resultado será definido por la población que salga a votar.
02 Noviembre 2018 04:02:00
El pueblo manda
El presidente electo no tenía por qué inventar una falsa consulta popular. La construcción del aeropuerto de Texcoco empezó por una orden del Ejecutivo y puede detenerse por una orden similar. El propio Enrique Peña Nieto canceló la refinería de Tula iniciada por Felipe Calderón sin recurrir a una consulta y sin hacer ruido en los mercados.

Sin embargo, una de las características de los gobernantes populistas es que “afirman que tienen una conexión carismática directa con ‘el pueblo’. No les gustan las instituciones y buscan debilitar los equilibrios que limitan el poder personal de un líder en la democracia liberal moderna”, según apunta Francis Fukuyama (Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment).

Fukuyama se refería a Donald Trump, pero los populistas de todo el mundo actúan igual, al margen de las instituciones democráticas. Reciben órdenes directamente del pueblo. “Los mexicanos –dice Andrés Manuel– quieren que se les consulte, quieren que se les pregunte y lo mejor para no equivocarnos es preguntar”. No es López Obrador el único que manda obedeciendo. Hugo Chávez decía: “Mándeme el pueblo, que yo sabré obedecer”; el subcomandante Marcos declaró: “Que manden los que mandan obedeciendo”; incluso Gustavo Díaz Ordaz afirmaba: “Quien supo obedecer, sabrá mandar”.

Cuando los populistas enfrentan problemas no los resuelven en los tribunales, negocian personalmente con los afectados. Trump amenaza a las empresas que toman medidas con las que no está de acuerdo, como las que mudan plantas a México, y alaba a las que lo obedecen. López Obrador acusa de corrupción a las compañías que han participado en la construcción del aeropuerto de Texcoco, pero se reúne con sus directivos para tranquilizarlos, como Alberto Pérez Jácome de Hermes y Guadalupe Philips de ICA. Al igual que los ejecutivos de las firmas estadunidenses con los que Trump se sienta a hablar, los mexicanos se ven obligados a expresar públicamente su apoyo al “Señor Presidente”. Sus empresas dependen de los contratos del Gobierno; no tienen más opción que aceptar la garantía personal del futuro mandatario que los compensará por sus pérdidas, quizá con otros contratos.

Los contratos cancelados, sin embargo, deben compensarse en los términos del propio contrato, como en el caso del tren interurbano de Querétaro. Si bien el nuevo presidente tiene la facultad de cancelar la construcción del aeropuerto, no puede compensar las pérdidas otorgando contratos de manera discrecional. Lo que se construya en Santa Lucía tendrá que ser licitado, porque así lo ordena la ley.

Los gobernantes populistas afirman que son necesariamente buenos y sus enemigos serán siempre perversos. Trump lo reitera en cada tweet y en cada discurso. López Obrador, también, afirma que los gobernantes anteriores no “tienen llevadera”, pero él, con su ejemplo de hombre honesto, hará que la corrupción desaparezca.

Esta semana afirmó que había encontrado un proyecto para convertir los terrenos del actual aeropuerto en un nuevo Santa Fe, lo cual explicaría por qué las empresas se oponen a la cancelación de Texcoco. No explicó que los terrenos son federales y el uso de suelo lo decide el Gobierno capitalino, por lo que los únicos que podrían hacer negocio ahí serían él y Claudia Sheinbaum.

La cancelación del aeropuerto es importante, pero la forma lo ha sido más. El presidente electo nos está diciendo cómo va a gobernar. Y no es precisamente que el pueblo vaya a mandar.

Mariguana legal

Ya hay jurisprudencia. Los fallos de la Suprema Corte han sentado los precedentes necesarios para que no se pueda castigar a nadie por usar mariguana para propósitos recreativos. Es un paso en la dirección correcta.
01 Noviembre 2018 04:01:00
Vivir sin agua
Ayer se quedó sin agua una parte importante del valle de México. La razón fue un corte total de la provisión del sistema Cutzamala. El corte se realiza para llevar a cabo un mantenimiento mayor en la planta número 5 de origen del Cutzamala: “Esta planta de bombeo –dice Roberto Ramírez de la Parra, director general de Conagua– tiene 30 años de funcionamiento y nunca ha tenido un mantenimiento mayor, y eso es lo que vamos a hacer, porque si falla, pararíamos totalmente el sistema Cutzamala”.

Podríamos estar tranquilos con esta información y pensar que el recorte no es más que una simple pausa indispensable para mantener un buen servicio en el futuro, pero sería engañarnos. El simple hecho de que una planta de bombeo no haya tenido mantenimiento mayor en 30 años es señal de lo que está mal con la forma en que nos estamos preparando para un futuro de escasez. En todo el mundo hay constantes trabajos de mantenimiento en los sistemas de agua, pero no se deja sin líquido durante varios días a una ciudad.

En los últimos años, los gobiernos federales y locales han desviado una parte creciente del gasto público a obras de relumbrón, como distribuidores viales y segundos pisos, y a programas sociales, como los subsidios a personas de la tercera edad, que fomentan la lealtad política y compran votos. Se han abandonado, en cambio, los servicios públicos a los que no se les puede poner una placa del gobierno, como el bacheo, o la infraestructura subterránea, como la del agua, que no se puede ver.

En la Ciudad de México y en muchos otros lugares del país los cobros no alcanzan a cubrir el costo real de extraer y distribuir el líquido. Los políticos establecen precios artificiales con el argumento de que el agua es un derecho humano y prometen que compensarán la pérdida de recursos con subsidios, los cuales nunca se materializan, por lo menos no en los montos necesarios para mantener las inversiones en los niveles adecuados para preservar y ampliar el servicio. Ésta es la razón por la cual la provisión de agua se ha venido deteriorando de manera constante en los últimos años en la Ciudad de México y en otros lugares del país.

No hay visos de que las cosas vayan a mejorar; por el contrario, todo parece indicar que empeorarán. El calentamiento global probablemente hará que sea más difícil obtener agua para la agricultura y para consumo humano, pero la falta de inversión hará que los equipos de bombeo, las redes de irrigación, las potabilizadoras, las tuberías y las plantas de tratamiento pierdan capacidad y se descompongan con mayor frecuencia. Ya las fugas desperdician 40% del agua en la Ciudad de México.

Las malas políticas públicas acelerarán el proceso. La nueva Constitución de la Ciudad de México ha prohibido la inversión privada en el manejo y mantenimiento de las redes de agua. El resultado ha sido la cancelación de obras de reparación, prevención y mejora que iban a ser realizadas por empresas privadas. Martí Batres de Morena, hoy presidente del Senado, ha presentado una iniciativa para extender esta prohibición a todo el país e impedir la inversión privada en cualquier trabajo que tenga que ver con el agua, como si tuviera sentido evitar la inversión en el producto más necesario de todos. Parecería que la nueva clase política tiene un interés especial en aumentar el problema de la falta de agua en nuestro país.

Negativa

Fitch Ratings bajó ayer la perspectiva de la economía mexicana de estable a negativa. La promesa de invertir en refinerías y dejar de exportar crudo de Pemex y la cancelación del aeropuerto de Texcoco han incidido en la decisión. La medida se reflejará en mayores pagos de interés por las deudas del Gobierno y las empresas de nuestro país.
31 Octubre 2018 04:00:00
Pecado de orgullo
Para los antiguos griegos el pecado de orgullo era la fuente de la tragedia. Prometeo fue encadenado y torturado por robar el fuego para entregarlo a los hombres. A Edipo se le castigó por matar a su padre y yacer con su madre, aunque lo haya hecho sin darse cuenta. Orestes fue perseguido por matar a su madre, Clitemnestra, quien a su vez asesinó a Agamenón, su esposo, por sacrificar a su hija Ifigenia.

Quizá el presidente electo de México debería revisar las viejas historias griegas. Una parte del problema que está enfrentado en el aeropuerto de Texcoco surge de esa hybris, el pecado de orgullo en que incurrían los personajes de las tragedias.

Esto puede sorprender porque Andrés Manuel López Obrador se ha presentado siempre como un político humilde. Al cancelar el aeropuerto afirmó que no había sido él, sino el pueblo sabio, el que tomó la decisión y añadió que va a gobernar siempre obedeciendo. A todo lo largo del proceso, sin embargo, ha mostrado el orgullo que los dioses castigaban en la literatura de la Grecia antigua.

Vicente Fox canceló ya una vez el aeropuerto de Texcoco, en 2002, sin que se hayan registrado turbulencias financieras o pérdida de confianza. También buscó reemplazar ese aeropuerto con el actual AICM suplementado por otros, como el de Toluca, el de Cuernavaca y el de Puebla. Toluca llegó a tener 5 millones de pasajeros en 2005, cuando en 2017 apenas manejó 789 mil. Varias razones explican por qué la primera cancelación de Texcoco no provocó daños financieros. La principal, por supuesto, es que la obra apenas comenzaba. Pero Fox no cometió el pecado de orgullo que ha afectado a la actual toma de decisión: reconoció simplemente una humillante derrota política ante los machetes de San Salvador Atenco.

López Obrador se ha opuesto al aeropuerto de Texcoco desde que gobernaba la Ciudad de México. Prometió en campaña que lo cancelaría sin importar el costo, aunque al percibir la enorme inquietud que causaba moderó su posición. Dijo entonces que estaría dispuesto a privatizarlo, para que su gobierno no tuviera que gastar dinero público, pero después afirmó que lo sometería a consulta popular. Al final no hizo ni una cosa ni la otra. Su consulta fue una simulación, con los dados cargados a favor de la cancelación, y después echó al pueblo la culpa de la decisión. Ahí radica el pecado de orgullo.

Como tantos protagonistas de tragedias griegas, López Obrador actúa con la arrogancia de quien se siente más allá de toda advertencia, como Agamenón al sacrificar a su hija Ifigenia. Quienes cuestionan sus dogmas son descalificados, mientras que aquellos que lo apoyan siempre tienen la razón, aun cuando él mismo falsee sus posiciones, como ocurrió con la empresa francesa NavBlue. La ceguera del orgullo lo lleva a llamar contratistas inmorales a quienes se oponen a sus designios, pero él sienta a su contratista de cabecera, José María Riobóo, en la conferencia de prensa en la que anuncia la cancelación de Texcoco.

El error de octubre no destruirá a México: cancelar un aeropuerto de 16 mil millones de dólares no borrará una economía de 1.1 billones de dólares anuales. El pecado de orgullo, empero, sí puede provocar crisis económicas. Lo ha hecho una y otra vez en la historia de México, cuando los presidentes han pensado que sus órdenes deben ser obedecidas, aunque violen las leyes de la economía, los preceptos de la sensatez o los dictados de la aeronáutica.

Tres ‘aereopuertos’

López Obrador prometió este 29 de octubre tener “tres aereopuertos [sic] en tres años”. Sin embargo, nada más el manifiesto de impacto ambiental y el proyecto ejecutivo de Santa Lucía se pueden llevar dos o tres años. ¿O acaso piensa hacer el trabajo sin el proyecto ejecutivo, como en la Línea 12 del Metro?
31 Octubre 2018 02:01:00
Pecado de orgullo
Para los antiguos griegos el pecado de orgullo era la fuente de la tragedia. Prometeo fue encadenado y torturado por robar el fuego para entregarlo a los hombres. A Edipo se le castigó por matar a su padre y yacer con su madre, aunque lo haya hecho sin darse cuenta. Orestes fue perseguido por matar a su madre, Clitemnestra, quien a su vez asesinó a Agamenón, su esposo, por sacrificar a su hija Ifigenia.

Quizá el presidente electo de México debería revisar las viejas historias griegas. Una parte del problema que está enfrentado en el aeropuerto de Texcoco surge de esa hybris, el pecado de orgullo en que incurrían los personajes de las tragedias.

Esto puede sorprender porque Andrés Manuel López Obrador se ha presentado siempre como un político humilde. Al cancelar el aeropuerto afirmó que no había sido él, sino el pueblo sabio, el que tomó la decisión y añadió que va a gobernar siempre obedeciendo. A todo lo largo del proceso, sin embargo, ha mostrado el orgullo que los dioses castigaban en la literatura de la Grecia antigua.

Vicente Fox canceló ya una vez el aeropuerto de Texcoco, en 2002, sin que se hayan registrado turbulencias financieras o pérdida de confianza. También buscó reemplazar ese aeropuerto con el actual AICM suplementado por otros, como el de Toluca, el de Cuernavaca y el de Puebla. Toluca llegó a tener 5 millones de pasajeros en 2005, cuando en 2017 apenas manejó 789 mil.

Varias razones explican por qué la primera cancelación de Texcoco no provocó daños financieros. La principal, por supuesto, es que la obra apenas comenzaba. Pero Fox no cometió el pecado de orgullo que ha afectado a la actual toma de decisión: reconoció simplemente una humillante derrota política ante los machetes de San Salvador Atenco.

López Obrador se ha opuesto al aeropuerto de Texcoco desde que gobernaba la Ciudad de México. Prometió en campaña que lo cancelaría sin importar el costo, aunque al percibir la enorme inquietud que causaba moderó su posición. Dijo entonces que estaría dispuesto a privatizarlo, para que su gobierno no tuviera que gastar dinero público, pero después afirmó que lo sometería a consulta popular. Al final no hizo ni una cosa ni la otra. Su consulta fue una simulación, con los dados cargados a favor de la cancelación, y después echó al pueblo la culpa de la decisión. Ahí radica el pecado de orgullo.

Como tantos protagonistas de tragedias griegas, López Obrador actúa con la arrogancia de quien se siente más allá de toda advertencia, como Agamenón al sacrificar a su hija Ifigenia. Quienes cuestionan sus dogmas son descalificados, mientras que aquellos que lo apoyan siempre tienen la razón, aun cuando él mismo falsee sus posiciones, como ocurrió con la empresa francesa NavBlue. La ceguera del orgullo lo lleva a llamar contratistas inmorales a quienes se oponen a sus designios, pero él sienta a su contratista de cabecera, José María Riobóo, en la conferencia de prensa en la que anuncia la cancelación de Texcoco.

El error de octubre no destruirá a México: cancelar un aeropuerto de 16 mil millones de dólares no borrará una economía de 1.1 billones de dólares anuales. El pecado de orgullo, empero, sí puede provocar crisis económicas. Lo ha hecho una y otra vez en la historia de México, cuando los presidentes han pensado que sus órdenes deben ser obedecidas, aunque violen las leyes de la economía, los preceptos de la sensatez o los dictados de la aeronáutica.

TRES 'AEROPUERTOS'

López Obrador prometió este 29 de octubre tener “tres aereopuertos [sic] en tres años”. Sin embargo, nada más el manifiesto de impacto ambiental y el proyecto ejecutivo de Santa Lucía se pueden llevar dos o tres años. ¿O acaso piensa hacer el trabajo sin el proyecto ejecutivo, como en la Línea 12 del Metro?


30 Octubre 2018 04:01:00
Habló la democracia
“Ganó la democracia y ganó el pueblo de México, y viva México”. Así cerró ayer Andrés Manuel López Obrador la conferencia en la que ratificó la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco. Es una paradoja ante una consulta organizada por simpatizantes de Morena en la que participó apenas 1% de los ciudadanos con reglas sesgadas para favorecer a Santa Lucía.

“Deben entender que se acabó el contratismo, el influyentismo, se acabó la corrupción”, afirmó. “Lo que le[s] diría a esos empresarios y contratistas corruptos es que se vayan acostumbrando... Les molesta mucho, les irrita”. Sentado junto a él estaba José María Riobóo, el contratista al que le asignó de forma directa el proyecto del segundo piso del Periférico en la Ciudad de México.

“No tiene nada que ver el ingeniero Riobóo –dijo–. No va a ser contratista. Él siempre me ha apoyado y lo considero uno de los mejores técnicos de este país y uno de los mejores ingenieros del mundo en esta materia. Claro que no lo ven con buenos ojos los que tienen intereses”. Debe ser un gran consultor: es el mismo que afirmó, ante una pregunta sobre la compatibilidad de Santa Lucía y el AICM, que “los aviones no pueden chocar. automáticamente se repelen, por los mismos radares”.

Cancelar el nuevo aeropuerto no va a costar nada, afirmó López Obrador. Por el contrario, “vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos”. ¿Cómo? “Vamos a hablar... con los empresarios, con los contratistas, para llegar a un acuerdo. Hay la posibilidad de que sigan con los contratos haciendo la obra en Santa Lucía, el mismo volumen de obra en Santa Lucía, o llegar a arreglos y, en todo caso, se va a actuar con apego a la legalidad”. Pero, ¿no se había terminado el contratismo y no eran corruptos los contratistas de Texcoco? ¿Qué pasa con la ley que obliga a la licitación de obras públicas? ¿No habrá licitaciones en Santa Lucía?

Las empresas que están construyendo el aeropuerto de Texcoco afirman que cuesta más cancelarlo que terminarlo, con el problema adicional que los tres aeropuertos que quiere el Presidente electo no tendrán la conectividad para un centro de conexiones internacionales, un hub, que necesitan la industria aeronáutica y la turística. López Obrador dice que el aeropuerto de Santa Lucía, para el que no hay manifestación de impacto ambiental ni proyecto ejecutivo, costará solo 70 mil millones de pesos, aunque el Colegio de Ingenieros señala que no serían menos de 217 mil millones.

Hasta los patos estarán más tranquilos, declaró ayer López Obrador, y quedará a salvo el lago Nabor Carrillo. En realidad, este lago artificial no solo no iba a ser afectado por el aeropuerto, sino que se beneficiaría de las obras de mitigación hídrica, que la cancelación dejará sin realizar.

¿Qué se hará en el espacio del aeropuerto cancelado? “Hay muchas opciones –dice López Obrador–. Un parque ecológico, un parque para lo ambiental, agregando lo deportivo”. En realidad, la ley obliga a demoler las estructuras levantadas y a quitar los pilotes enterrados, pero nadie ha calculado el costo.

Lo que más preocupa no es el aeropuerto, pese al dispendio y lo absurdo de cancelar una obra avanzada e indispensable, sino el mensaje de que esta será la forma en que tomará decisiones el próximo Gobierno: con ocurrencias avaladas no por especialistas, sino por consultas amañadas con participación del 1% del electorado.

DESPLOMES

El peso se depreció fuerte ayer. El tipo de cambio al mayoreo subió de 19.3609 a 20.0306 a las 14:30 de ayer, 3.46% (Bloomberg). En ventanillas bancarias pasó de 19.75 a 20.30 (Citibanamex). La Bolsa Mexicana de Valores se desplomó 4.2 por ciento. AMLO dijo que no hay nada que temer.

29 Octubre 2018 04:02:00
Precios sin garantía
Si alguna propuesta de Andrés Manuel López Obrador deja en claro que busca regresar a los tiempos del viejo PRI es la reimplantación de los precios de garantía. La ilusión es que estos precios artificialmente fijados por políticos generarán autosuficiencia alimentaria; la experiencia sugiere que redundarán en costosos subsidios, pobreza rural y corrupción.

La promesa de regresar a los precios de garantía que se abandonaron en 1994 la hizo López Obrador desde la campaña electoral. Los nuevos precios de garantía se aplicarán a cultivos de maíz, frijol, trigo panificable y arroz, así como a la producción de leche fresca. La Oficina de Transición de Agricultura y Desarrollo Rural anunció este 25 de octubre que el nuevo gobierno fijará precios muy superiores a los de mercado. La tonelada de maíz, por ejemplo, la pagará a 5 mil 610 pesos mientras que en el mercado internacional se ubica en 2 mil 770 pesos. El requisito es que los productores tengan parcelas de menos de 5 hectáreas, mientras que las compras se limitarán a 20 toneladas por vendedor.

Para que los precios de garantía no lleven a una escalada en los precios de los alimentos, el Gobierno tendrá que dedicar una cantidad de recursos no especificada a subsidiar las compras. El monto puede aumentar en el futuro si bajan los precios de los productos agrícolas.

La enorme diferencia entre el precio oficial y el de mercado generará corrupción. La limitación del subsidio a los productores con predios de hasta 5 hectáreas creará un incentivo para mantener la actual fragmentación de la tierra. La producción se volverá más ineficiente. El maíz y el trigo requieren de grandes extensiones de tierra para ser competitivos, pero los precios de garantía atarán a los productores a pequeñas parcelas que los condenan a vivir en la pobreza e inhibirá la inversión en productos con mayor futuro, como el aguacate o las hortalizas.

A Conasupo, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la creó Gustavo Díaz Ordaz (ese presidente que los políticos de hoy quieren borrar de la historia), en 1965 y se convirtió en la institución insignia de la política alimentaria del viejo PRI. Fue un foco de corrupción y de pérdidas enormes. Sus actividades y subsidios se recortaron de manera gradual a partir de la crisis financiera de los 80 y la compañía fue extinguida finalmente en 1999, al final del Gobierno de Ernesto Zedillo.

Ignacio Ovalle, secretario particular de Luis Echeverría y director del Instituto Nacional Indigenista con José López Portillo, donde conoció a un joven Andrés Manuel López Obrador, fue director de Conasupo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Desde ese cargo lanzó los “tortivales”, bonos para entregar tortillas a familias pobres y asegurar su lealtad al PRI. Hoy Ovalle regresa a la política con López Obrador como titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, una institución que asumirá las responsabilidades de Diconsa y Liconsa, y que busca convertirse en una nueva Conasupo. Junto con los precios de garantía, este Segalmex, que recuerda el viejo SAM, el Sistema Alimentario Mexicano, de José López Portillo, marca el retorno a un sistema de subsidios y precios de garantía que pretendió hacer a México autosuficiente en alimentos, pero que sólo sirvió para comprar votos, generar corrupción y empobrecer el campo mexicano.

Nostalgia del pasado

Para quienes sienten nostalgia por el viejo sistema alimentario mexicano, habría que invitarlos a releer a Arturo Warman, el fallecido autor de El campo mexicano en el siglo XX: “Un campo pobre, avejentado y conservador, que se repite a sí mismo en vano intento para ser lo que no fue, no es la tierra prometida.”
26 Octubre 2018 04:00:00
Salir a votar
Es una consulta sin ninguna garantía de fiabilidad. Quienes la organizan, los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, son los mismos que manejan como voluntarios las mesas de votación y quienes contarán los votos.

No hay mamparas que garanticen la secrecía del sufragio. No hay seguridad sobre el resguardo de las urnas. No hay padrón de electores. Ayer por la mañana, la aplicación electrónica que supuestamente garantizaría que no se pudiera votar varias veces no funcionaba en la mesa del Zócalo de la Ciudad de México, por lo que los funcionarios anotaban el nombre y el número de la credencial de elector en una libreta. Tampoco se podía entrar a la página mexicodecide.com.mx para encontrar la ubicación de las casillas. Las boletas no estaban foliadas. La tinta para marcar el pulgar sí se aplicaba, pero sin certeza de que se mantendría los cuatro días de la
votación.

López Obrador, en un desplante de supuesta imparcialidad, dobló su boleta y la depositó sin cruzar ninguna de las opciones. Había más reporteros que electores en la explanada de la alcaldía de Tlalpan cuando se presentó a votar.

No hay que tener miedo a la consulta, dijo. No va a haber problemas económicos si se cancela el nuevo aeropuerto. “Voy a buscar a Carlos Slim, es uno de los contratistas. Voy a buscar a Jerónimo Gerard, otro de los contratistas.. Voy a buscar a Olegario Vázquez. Voy a buscar a los empresarios de ICA. Son como cinco grandes empresas las que están trabajando. De ellos, lo que he sabido, es que no hay ningún problema.” Así se arreglan las cosas en el México corporativista.

La consulta se ha hecho para justificar la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Todas las reglas están hechas para conducir a ese resultado. El proselitismo del nuevo gobierno en contra del proyecto parece haber funcionado. Las encuestas sugieren que hasta hace algunas semanas la mayoría de los mexicanos estaban a favor de continuar el aeropuerto de Texcoco, pero en las últimas semanas, con la campaña de López Obrador, las opiniones se han equilibrado o incluso favorecen ya la cancelación. En una consulta como ésta, sin embargo, en que se espera vote menos del 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón, la capacidad de acarreo de votantes asume el papel más importante.

Yo, por lo pronto, me presenté a votar ayer frente al edificio de la CFE en Reforma e Insurgentes, mientras un grupo de manifestantes bloqueaba (como tantas veces) la entrada principal del edificio. Lo hice con relativa facilidad y sin problemas. Había una treintena de personas formadas. Supongo que mi voto no contará para nada, especialmente por la forma en que se ha manejado esta consulta, pero no me arrepiento de haber perdido mi tiempo.

Ayer por la mañana, por otra parte, lancé un sondeo en mi cuenta de Twitter con una pregunta muy sencilla: “Y usted por cuál vota: Santa Lucia o Texcoco”. Recibí miles de votos. La votación está abierta hasta hoy en la mañana, pero las últimas cifras que vi antes de redactar este artículo señalaban que 13% de los participantes se pronunciaba por Santa Lucía y 87% por Texcoco.

No faltó quien comentara que mi pequeño ejercicio en Twitter no es una encuesta representativa con participación de todos los grupos de la sociedad. Es verdad, lo reconozco. Tampoco la consulta de Andrés Manuel.

Medios mentirosos

Donald Trump dijo ayer en Twitter que “una gran parte del enojo que vemos hoy en día es causado por el reporteo falso e incorrecto de los medios tradicionales, lo que yo llamo fake news”. Andrés Manuel López Obrador también se quejó ayer de los medios y los comentaristas que lo critican: “El problema –dijo– es que hay medios de comunicación que también se dedican al contratismo”.
25 Octubre 2018 04:02:00
¿Ir a votar?
Un amigo, abogado, me pregunta: “Hola querido Sergio. ¿Tiene algún caso ir a votar o es perder el tiempo?”. Mi respuesta: “Seguramente es perder el tiempo, pero yo voy a ir a perderlo”.

No me hago ilusiones. La consulta no está diseñada para ofrecer una oportunidad equitativa para que la población exprese su punto de vista sobre un tema de importancia nacional. Está hecha para favorecer la posición del futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien desde que era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México rechazó Texcoco como posible sede del nuevo aeropuerto.

Reforma publicó el 18 de octubre un estudio, elaborado por Lorena Becerra y Joaquín Zambrano, que muestra que la selección de lugares para colocar las mesas de votación se concentra en municipios que votaron de manera más cuantiosa por López Obrador. El Financiero dio a conocer el 23 de octubre un trabajo que señala que, aun cuando el 53% de la gente apoya continuar la construcción del aeropuerto de Texcoco, la redacción de la consulta promueve un resultado favorable a la preferencia del presidente electo: reacondicionar el actual AICM y el aeropuerto de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.

Isaac Katz, el economista del ITAM, comentaba en Twitter, “Curioso, pero no van a poner ninguna mesa en Polanco, Lomas de Chapultepec, Tecamachalco e Interlomas, colonias donde habitan individuos que son intensivos usuarios del aeropuerto. ¿Por qué será?”. El periodista Pascal Beltrán del Río respondió “Y 18 mesas de votación en Tabasco contra 16 en la Ciudad de México. ¿Cómo se puede justificar eso?”

López Obrador ha impulsado la polémica sobre el aeropuerto con el propósito de generar una mayor participación en la consulta. Por eso el ejercicio se alargará cuatro días, desde este 25 hasta el domingo 28 de octubre. Aun así, el número de ciudadanos que acudir a votar será muy pequeño en comparación con el padrón de electores. Se van a imprimir entre 500 mil y un millón de boletas; no se ha dado a conocer un número exacto, ni algún mecanismo para evitar falsificaciones, pero son muy pocas boletas para un padrón de más de 90 millones de electores. Habrá, por otra parte, mil 73 mesas de recepción de votos, contra 156 mil en una elección general. Esto hará mucho más vulnerable la consulta a los acarreos de votantes. El ejercicio es organizado y los votos serán contados por simpatizantes de Morena. Si un Gobierno del PRI o del PAN hubiera organizado una votación tan cuestionable, López Obrador habría protestado, y con razón.

La consulta busca justificar la opción del presidente electo. Por eso la cancelación del aeropuerto de Texcoco es la única decisión gubernamental hasta ahora sometida a una consulta. Ni el Tren Maya ni la desconcentración de la Administración pública lo serán. La cancelación del nuevo aeropuerto es también la promesa de campaña de López Obrador más cuestionada por los ciudadanos. Por eso esta consulta amañada.

¿Para qué perder el tiempo, entonces, yendo a votar? Quizá porque es importante reducir al máximo posible la manipulación. La decisión de un nuevo aeropuerto no se debería tomar en una consulta; pero como ya nos encontramos en medio de esta maniobra política, lo mejor es expresar nuestro punto de vista para reducir la influencia de los activistas y acarreados que buscarán convertir el proceso en respaldo a una decisión política para un tema técnico.

Sin crisis

La cancelación del aeropuerto de Texcoco no va a provocar una devaluación del peso ni una crisis financiera, pero sí introducirá un factor de incertidumbre a los inversionistas de México y el mundo ante el nuevo Gobierno y puede subir las tasas de interés.
24 Octubre 2018 04:01:00
¿Lago o aeropuerto?
Queremos un lago y no un aeropuerto. La frase ha sido una de las más convincentes en la batalla política por el nuevo aeropuerto. “La vocación de Texcoco es ser lago y la prioridad de la Ciudad de México debería ser tener agua –afirma el arquitecto Jorge Ponce Amezcua–. Por ello, una de las preguntas en la consulta con la que se pretende decidir el futuro del NAIM debería ser: ¿prefieres tener aeropuerto o agua?”.

Pero no todo el mundo está convencido. El senador por Morena Higinio Martínez se ha pronunciado a favor de continuar el aeropuerto de Texcoco, aprovechando que Andrés Manuel López Obrador dijo “que podíamos opinar con libertad”. El político texcocano apunta: “Se dice que con el aeropuerto va a desaparecer el lago de Texcoco y eso no es cierto. El lago desapareció desde hace 200 años. Lo que queda es un lago de aguas grises, el Nabor Carrillo, que se alimenta del drenaje y de los ríos de Texcoco, Teotihuacán y Chicoloapan, que han sido contaminados por decenas de años”.

La Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C. (AMIA), ha divulgado un documento sobre el tema y “concluye que se debe continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en el sitio Texcoco”.

El proyecto de Santa Lucía no tiene manifestación de impacto ambiental; la opción de Texcoco, a pesar de que no carece de problemas, porque toda gran obra de infraestructura los tiene, sí permite un desarrollo sustentable, según la AMIA.

Es falso que se haya desecado el exlago de Texcoco para la construcción del aeropuerto. Al igual que el senador Martínez, la AMIA señala que la zona “se había transformado en pastizales salados” desde hace mucho tiempo. Los principales cuerpos de agua, como el Nabor Carrillo, no son naturales y se construyeron para la regulación hídrica. El proyecto del NAIM, sin embargo, incluye una serie de obras de mejoramiento de los cuerpos de agua que “incidirán en una mejor calidad ambiental para las aves residentes y migratorias” y que permitirán una mejor regulación hídrica.

Se ha argumentado que el terreno del aeropuerto está más abajo que el Valle de México, por lo que estaría sometido a posibles inundaciones, pero en realidad se encuentra dos metros arriba. La construcción del aeropuerto, se dice, ha hecho que se abran minas de piedra en la zona, cuando las minas han venido operando en el lugar desde hace mucho tiempo.

En realidad, el ambiente de Texcoco se vería deteriorado si no continúa la obra. Ya se ha construido una parte significativa del proyecto. El impacto que iba a tener lugar, me dice Gabriel Quadri, consultor en temas ambientales, ya sucedió. Si se cancela el aeropuerto, no se concluirán las obras de mitigación; en cambio, habría que demoler y excavar todo lo ya construido, lo cual sería extraordinariamente caro y difícil.

Cancelar el aeropuerto, por otra parte, dejaría la zona abierta a las invasiones de tierra que han extendido la mancha urbana en el oriente de la Ciudad de México desde hace décadas.

Más que preguntar si queremos un lago o un aeropuerto, hay que considerar cuál es el mejor proyecto para mejorar el ambiente de una zona profundamente deteriorada. El nuevo aeropuerto protege el lugar e incluye mejoras hídricas significativas. Más que cancelarlo, hay que transformarlo en punta de lanza para la recuperación ecológica de todo Texcoco.

SIN DOGMAS

Un enojado Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que el anuncio de que Pemex compró 1.4 millones de barriles de petróleo ligero al extranjero “es una muestra más del gran fracaso de la política neoliberal o neoporfirista de los últimos 30 años”. Pero hay muchas razones para comprar crudo. Pemex debe poder decidir sin dogmas qué conviene más en un momento dado: comprar o vender, de qué tipo y para qué.
23 Octubre 2018 04:00:00
El dedito sabio
El Presidente electo ha querido dejar nuevamente a su dedito una decisión importante, pero ha querido disfrazarla de consulta popular. Ha sido cuidadoso, sin embargo, para que el pueblo sabio no contradiga la decisión de su dedo.

Como candidato, López Obrador propuso primero la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Después ofreció que continuaría la construcción, pero como una concesión privada y sin inversión pública. Más tarde afirmó que haría una consulta popular para decidir.

La idea de la consulta tranquilizó a empresarios e inversionistas. Si bien la gente común y corriente no tiene los conocimientos técnicos para elegir la mejor ubicación de un aeropuerto, las encuestas de opinión señalan que Texcoco es la opción favorecida por los ciudadanos.

La forma en que se ha diseñado la consulta, sin embargo, sugiere que no hay ninguna intención de que la decisión quede fuera del control del dedito de López Obrador.

Una buena consulta popular, realizada por una institución imparcial y profesional, como el Instituto Nacional Electoral, habría tenido credibilidad; pero en la de López Obrador solo hay boletas para menos del 1% de los votantes y se colocarán urnas principalmente en municipios que favorecieron a López Obrador en las elecciones de julio.

Si bien López Obrador pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto retirar un promocional que ofrecía una visión positiva del aeropuerto de Texcoco, el propio López Obrador declaró: “Yo no quiero dejar de ser imparcial. Si me lo permiten nada más esta vez, si se hacen esas pistas en Santa Lucía hay un ahorro de más de 100 mil millones de pesos”. No mencionó que la cancelación del aeropuerto de Texcoco implicará tirar a la basura 120 mil millones de pesos o más.

El Consejo Coordinador Empresarial afirma que la consulta “no ofrece garantías claras de imparcialidad, objetividad y seguridad”; su sesgo la “deslegitima como instrumento neutral de consulta efectiva a la ciudadanía”.

Un documento de Citi, el grupo financiero, “Mexico City’s New Airport: An ‘October Mistake’ in the Making?”, advierte: “El impacto económico y financiero será significativo en el corto y largo plazos. Nuestro pronóstico macroeconómico se deterioraría”.

López Obrador ha perdido muchas elecciones, pero nunca una consulta. Como jefe de gobierno del Distrito Federal realizó cinco. En 2001 preguntó por vía telefónica si la capital aceptaba el horario de verano adoptado en la República y 75% de los consultados coincidió con él que era mejor que la ciudad tuviera su propio horario, lo cual descartó la Suprema Corte que le reconoció la facultad de fijar el horario al Congreso. Más tarde ese año preguntó si debía subir el precio del Metro de 1.50 a 2 pesos, propuesta que aceptó el pueblo sabio. En 2002 consultó si debía construir el segundo piso del Periférico y una vez más el resultado favoreció a su proyecto. En 2002 y 2004 hizo dos consultas telefónicas sobre si debería quedarse como jefe de gobierno y en ambos casos recibió un respaldo de 95 por ciento.

López Obrador sabe cómo manipular las consultas. La clave radica en tener ejercicios en que no participe toda la población, sino solo sus simpatizantes. En la del aeropuerto quiere aplicar la misma técnica y cargar los dados. Así, la responsabilidad de la decisión no será de él, sino del pueblo sabio.

Trump gana

El gran ganador de la caravana migrante es Donald Trump, quien ya ha anunciado que ante el fracaso del Gobierno mexicano para detenerla va a desplegar al Ejército en la frontera. Esto fortalecerá su imagen ante las elecciones del 6 de noviembre.
22 Octubre 2018 04:02:00
Votar con los pies
Cuando los discursos de los políticos o de los generales se agotan, el pueblo vota con los pies. Lo dijo supuestamente Lenin cuando en 1917 los soldados rusos empezaron a desertar de una guerra que no comprendían. Lo hemos visto cuando quienes no encuentran oportunidades emigran para buscar mejores condiciones de vida. Ahí están los trágicos ejemplos de Honduras y Venezuela.

Hay mucho de teatro político en la caravana migrante que ingresó a México el 19 de octubre. Quien busca emigrar para mejorar su vida lo hace de manera callada y no en una marcha rodeada de policías y reporteros. Los organizadores de la caravana buscan mandar un mensaje político y por eso irrumpieron violentamente por la frontera mexicana, mandando a las mujeres, los niños y los ancianos por delante. Querían mártires antes que llegar a salvo a Estados Unidos.

Algo hubo de dramático, pero también de paradójico, cuando estas 4 mil personas cantaron con lágrimas el Himno Nacional de Honduras antes de lanzarse con sus arietes humanos a romper las rejas del cruce fronterizo entre Tecún Umán, Guatemala, y Ciudad Hidalgo, México. El desplante de patriotismo contrasta con el hecho de que Honduras es el país que quieren dejar atrás.

Otra paradoja es que el destino soñado por este grupo, y por millones más, es un país en el que prevalece ese sistema de libre empresa que sus líderes políticos deploran. La Unión Americana tiene un perverso sistema económico, dicen los dirigentes. pero es el destino al que quieren llegar los migrantes. Estos escuchan discursos que promueven una economía estatista, pero sueñan con vivir en un país con libertad económica y empleos bien pagados.

“Votar con los pies –afirma Ilya Somin, académico nacido en Rusia que llegó de niño a los Estados Unidos– es una herramienta para ampliar la libertad política, la habilidad de la gente para escoger el régimen político en el que quiere vivir”. Siempre hay una mayor migración de países pobres a ricos, pero otras consideraciones pesan también sobre el ánimo de los migrantes. A pesar de las buenas estadísticas de educación y de salud en Cuba, la emigración en los tiempos de la revolución ha sido enorme y la inmigración, en cambio, inexistente. A pesar de que Venezuela vive hoy un paraíso socialista, los flujos migratorios se han revertido: cuando el país vivía la explotación del capitalismo, era un receptor neto de inmigrantes; hoy, alrededor de 2.3 millones de venezolanos, de una población de 32 millones, han salido del país.

México, nos dicen, vive una bancarrota desde que empezó el período neoliberal. Quizá, pero las cifras señalan que el flujo migratorio se ha revertido. Hoy son más los mexicanos que regresan a México que los que se mudan a Estados Unidos. Tal vez el endurecimiento de la frontera ha tenido algo que ver, pero este no ha hecho que se revierta el flujo de centroamericanos.

Cuando no hay barreras migratorias, el voto con los pies se vuelve más claro. En el interior de Estados Unidos la gente se ha mudado siempre en busca de las oportunidades de empleo. En México, los jornaleros dejan Oaxaca para ir a trabajar a Sonora y Baja California, a pesar de que sus líderes políticos dicen que los explotan. Incluso cuando hay barreras, la gente arriesga todo para incorporarse a los sistemas económicos más exitosos. Votar con los pies es la señal más clara de las aspiraciones de un pueblo.

Fitch y Nahle

Dice Rocío Nahle que no entiende por qué Fitch ha bajado a negativa la perspectiva de Pemex cuando AMLO ha prometido grandes inversiones y una nueva refinería. Esa es precisamente la razón. Prometer inversiones en gasolina, un producto con pérdidas, para dejar de exportar crudo, pese a su rentabilidad, genera dudas sobre la futura solidez de la empresa.
19 Octubre 2018 04:01:00
Amenazas y visas
Donald Trump amenazó ayer en Twitter que si México no detiene “el asalto” de migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, “llamaré al ejército de los Estados Unidos y CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR” [sus mayúsculas]. El asalto a nuestro país por nuestra frontera sur, incluyendo elementos Criminales y DROGAS [más mayúsculas] que entran torrencialmente, es mucho más importante para mí, como Presidente, que el Comercio o el USMCA”.

Esta advertencia llega tres semanas antes de las elecciones del 6 de noviembre y se dirige más a los votantes estadunidenses que al Gobierno mexicano. Es una respuesta a la llamada “caravana migrante” que un grupo de hondureños empezó el 13 de octubre desde San Pedro Sula y que pretende atravesar México para llegar a
Estados Unidos.

La caravana no va a abrumar a las autoridades migratorias de México o de Estados Unidos. Miles de personas cruzan diariamente las fronteras de manera ilegal. Unos centenares que señalan de antemano su ruta para mandar un mensaje político no son un riesgo. Quienes realmente quieren cruzar de forma ilegal hacen todo lo posible para no llamar la atención.

Para Trump, sin embargo, la caravana es una magnífica oportunidad para promover una agenda antiinmigrante y proteccionista, y para atacar a sus rivales demócratas, a quienes acusa de haber promovido leyes migratorias débiles y de favorecer una política de fronteras abiertas.

Trump sabe que la inmigración de centroamericanos y mexicanos es muy impopular. Cerrar totalmente la frontera tendría un costo de miles de millones de dólares diarios, y quizá sea ilegal, pero la amenaza le permite a Trump mandar a los electores el doble mensaje de que él se opone a la inmigración y al comercio internacional.

La caravana está generando también respuestas políticas en nuestro país. El Instituto Nacional de Migración señaló que los miembros de la caravana tendrán que cumplir con los requisitos migratorios, como cualquier extranjero. No hay nada que objetar ante una institución gubernamental que dice que va a aplicar las leyes, solo que vivimos tiempos políticos; por eso Manuel Velasco, el muy político gobernador de Chiapas y senador con licencia, ha afirmado que ofrecerá una bienvenida de “puertas abiertas” a la caravana. Poco importa que la migración no competa a un gobierno estatal.

Andrés Manuel López Obrador, a su vez, ha ofrecido una promesa que podría cambiar la política migratoria de nuestro país. “Nosotros, a partir del 1 de diciembre, vamos a dar trabajo, empleo, a centroamericanos. Es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en México va a tener una visa de trabajo”.

El presidente electo no ha dicho cuántas visas de trabajo extenderá ni durante cuánto tiempo. Tampoco ha señalado si el programa se aplicará sólo a centroamericanos o también a migrantes de otras regiones, como los venezolanos.

Una apertura de la política migratoria, siempre más restrictiva en México que en Estados Unidos, sería una buena decisión de largo plazo. La inmigración suele ser positiva para un país, pero las resistencias políticas son enormes. Lo sabe bien Angela Merkel, quien permitió la entrada a Alemania de un millón de refugiados en 2015 en una medida que fue aplaudida por grupos humanitarios, pero rechazada por los electores.

Yo, en lo personal, estoy de acuerdo con Andrés Manuel: hay que abrir la política migratoria, pero no sólo para otorgar unas cuantas visas de trabajo a centroamericanos, sino para liberalizar todo un sistema que en su cerrazón ha disminuido el potencial de crecimiento de México.

Tienen razón

El 74.9% de los mexicanos considera insegura la ciudad en que vive. En Ecatepec la cifra sube a 96.3%. Lo peor es que tienen razón. Con razón el partido gobernante perdió las elecciones.
17 Octubre 2018 04:02:00
Una consulta extraña
Es una consulta popular, aunque no la que estableció el Artículo 35 de la Constitución como un derecho de los ciudadanos. Se ha tomado la decisión política, quizá para definir de antemano el resultado, de que la consulta no alcance a toda la población y que no cuente con garantías de equidad.

México tiene una población de 128 millones de habitantes, pero para esta consulta solo se imprimirán entre 500 mil y un millón de boletas. Habrá mesas de votación en solo 538 municipios de los 2 mil 464 y 16 alcaldías del país. Las mesas de votación serán mil 73 en vez de las 156 mil 899 casillas de la elección del 1 de julio. Junto con la consulta se llevará a cabo una encuesta, sin que se sepa qué se hará si ofrecen resultados distintos.

Andrés Manuel López Obrador y sus principales colaboradores, entre ellos Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, están en contra del aeropuerto de Texcoco. Son conscientes, sin embargo, de las connotaciones negativas para los inversionistas de la cancelación. Por eso estamos viendo esta extraña consulta.

No creo que este tipo de decisiones deban tomarse en consultas o por encuestas. Son decisiones que debe asumir un gobernante después de escuchar con atención a los especialistas. Eso piensa una parte importante de la población mexicana, que además parece apoyar que continúe la construcción del nuevo aeropuerto. Así lo sugieren, por lo menos, las encuestas que sobre el tema se han dado a conocer hasta este momento.

Según el último estudio de Consulta Mitofsky, dado a conocer el 3 de octubre, el 39% de los entrevistados está a favor de que se concluya el nuevo aeropuerto, mientras que el 17% está en contra. A pesar del fuerte debate sobre el tema, el interés en participar en la consulta bajó en casi un mes de 45 a 31 por ciento. Tanto quienes dicen estar a favor como quienes rechazan la opción son menos hoy que en la encuesta anterior. El debate no está generando más información, sino más escepticismo.

La oposición de López Obrador al proyecto queda de manifiesto en el hecho de que ninguna otra obra pública, empezando por el tren maya, ni alguna otra medida de gobierno, como la dispersión de oficinas gubernamentales en todo el país o la destitución del 70% del personal de confianza del Gobierno están siendo sometidas a un proceso similar.

Quizá el Presidente electo sea un firme creyente en la sabiduría del pueblo, pero no está arriesgando en consultas ninguna otra decisión entre las muchas que tiene que hacer. Tampoco se está molestando en organizar una consulta que cumpla con los criterios del Artículo 35 de la Constitución que están hechos para generar equidad.

La cancelación del nuevo aeropuerto traería consigo una pérdida del dinero ya invertido y del comprometido en contratos firmados. El golpe presupuestario podría alcanzar los 120 mil millones de pesos, casi el costo del tren maya, que se calcula en 150 mil millones, o incluso más si los contratistas exigen indemnizaciones en los tribunales. Lo peor, sin embargo, sería perder la oportunidad de tener un centro de conexiones internacionales, un hub, que generaría decenas de miles de empleos y representaría un fuerte impulso a la industria turística nacional.

El Presidente electo parece haber ya decidido cancelar el aeropuerto que le resultaba antipático desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La extraña consulta que ha diseñado no busca más que justificar la decisión.

¿SIN PRUEBAS?

Rosario Robles dijo ayer que no hay pruebas que vinculen a la Sedatu y la Sedesol en peculado. En el caso de la “Estafa Maestra”, dice, las universidades públicas fueron las que desviaron los recursos entregados por las dependencias a su cargo.

Un comentario aparte con unas cuantas palabras acerca del silencio y de callar antes de cometer injusticias, lastimar a alguien o levantar falsos: siempre debemos recordar que jamás va a pesarnos mantener la boca cerrada.
16 Octubre 2018 04:02:00
Gansos desplumados
Andrés Manuel López Obrador pidió a sus seguidores en Tabasco en 1995 que dejaran de pagar la electricidad en protesta por lo que consideró un fraude electoral tras su derrota en los comicios estatales de 1994, en los cuales el priista Roberto Madrazo fue declarado ganador. Muchos de sus simpatizantes estuvieron más que dispuestos a suspender sus pagos de luz; y cuando tanto ellos como sus vecinos se dieron cuenta que la Comisión Federal de Electricidad no les dejaba de proporcionar el servicio, el boicot se generalizó.

La morosidad ha tenido un costo enorme para la CFE, una empresa pública, y para el país. Lo que dejan de pagar algunos, lo cubrimos los demás, a través de mayores impuestos y precios de la luz, de un peor servicio o de menores inversiones. Las ventas de electricidad en Tabasco representaban a principios de 2014 el 1.62% del total nacional, pero la cartera vencida en la entidad ascendía a 18.28%. No hay duda que el llamado de López Obrador a no pagar la electricidad sí tuvo éxito.

La morosidad que afecta a la CFE a nivel nacional alcanza los 43 mil millones de pesos. No es poca cosa. Equivale al presupuesto anual de la UNAM, que ascendió en 2018 a 43 mil196 millones de pesos.

La CFE tendrá ahora que absorber el costo de esa deuda que ya no podrá cobrar. López Obrador ya había prometido en campaña a sus simpatizantes morosos que si ganaba la elección no les cobraría el dinero. Era una promesa de cuestionable ética porque implicaba una oferta de compra de votos en que el costo final recaería sobre los usuarios cumplidos y los contribuyentes puesto que, como sabemos, nada en la vida es gratis. Ahora como presidente electo ha ratificado que cumplirá esa cuestionable promesa.

En Villahermosa, Tabasco, este 15 de octubre, López Obrador declaró ante sus simpatizantes: “Borrón y cuenta nueva en el caso de la luz. No va a haber deuda, pero sí les pido que para adelante hay que cumplir, ¿de acuerdo? Porque si no, nos desacompletamos y ¿de dónde va a salir el dinero para el programa social? ¿Qué les dejo en garantía? Que todo ese dinero que van a pagar por los servicios de luz, nadie se lo va a robar. Se va a acabar la corrupción, me canso ganso. Nadie se va a robar los impuestos de los contribuyentes. Es un cambio de verdad.”

El mismo político que promovió el boicot perdonará ahora la deuda que provocó. Lo bueno es que ahora López Obrador si invita a sus simpatizantes a pagar, para no “desacompletar” las finanzas del nuevo gobierno. Antes no importaba, ahora sí.

El precedente es negativo. Se está generando un incentivo perverso para que los políticos promuevan boicots en el pago de impuestos o servicios públicos, perdonen a los morosos al llegar al poder y los inviten a pagar solo si ganan la elección. Esta estrategia solo ha funcionado, sin embargo, porque ha habido tolerancia ante la falta de respeto a la ley, como la que mostraron la CFE y los gobiernos federales que no se atrevieron o no pudieron cortar el servicio de quienes no pagaban.

López Obrador dice que los adeudos pasados se borrarán, pero que ahora sí todo el mundo tendrá que pagar la luz. Ya nadie se va a robar el dinero del pueblo, se cansa ganso. Yo no sé qué vendrá después; pero, por lo pronto, a los mexicanos ya nos desplumaron como gansos 43 mil millones de pesos.

PRODUCTIVIDAD PERDIDA

Una vez más se registraron ayer una serie de manifestaciones y bloqueos en la Ciudad de México. Ahora fueron organizaciones campesinas que, como siempre, exigieron dinero al Gobierno federal. Esta forma de extorsión se ha convertido en una práctica habitual en nuestro país. Tiene un costo de miles de millones de pesos en productividad perdida, pero es muy rentable para los líderes de organizaciones políticas.
15 Octubre 2018 04:02:00
Ya chole
Andrés Manuel López Obrador se muestra muy seguro: “¿Saben cuánta gente está de acuerdo en el sureste en que se construya el Tren Maya? El 80%, según una encuesta que me acaban de entregar.” El estudio se lo entregó el Gobierno de Campeche, es telefónico y lo realizó De las Heras Demotecnia con 2 mil 500 encuestados

Es altamente cuestionable que las obras públicas sean decididas por encuestas de popularidad en vez de por estudios de necesidad y factibilidad, pero este es el camino que ha tomado López Obrador con el aeropuerto de Texcoco. Sólo que el camino se vuelve cada vez más tortuoso.

La idea de que el tema del aeropuerto se definiría en una consulta popular, que la ley prevé desde 2014, cayó por tierra porque el nuevo gobierno tendría que esperar cuando menos hasta 2021 para realizarla y el ejercicio tendría que ser organizado por el INE, una institución autónoma. Por eso se decidió por una consulta popular que no es la que prevé la ley, y no en todo el país, sino solo en 538 municipios. La consulta, además, será acompañada por una encuesta. Nadie ha dicho qué pasará si la encuesta y la consulta tienen resultados discrepantes, aunque al final importa poco, porque si los nuevos estudios demuestran que el actual AICM y Santa Lucía no son compatibles, el proyecto favorecido por AMLO no se realizará.

La opción de Santa Lucía se está considerando a pesar de que no hay un proyecto ejecutivo o siquiera alguna idea de cuánto costará. Un documento titulado “Plan maestro + Edificio terminal” divulgado por el próximo gobierno señala que el costo será de 70 mil 342 millones de pesos, pero el Colegio de Ingenieros Civiles advierte que, si nada más se considera el número de metros cuadrados, el costo no podría ser inferior a 215 mil millones de pesos. Un especialista no podría tomar una decisión con información tan incompleta, pero ésta es la que tendrá el pueblo sabio para la suya.

Ninguna consulta se necesita en cambio para el Tren Maya. “No es que no hay consulta en este caso –advierte el presidente electo–, es todo el pueblo que está opinando.” Quienes cuestionan la necesidad o a viabilidad del tren son “conservadores” o parte de la “prensa fifí” por lo que su opinión no es seria. “Ya chole” con las críticas.

El tren tendrá una longitud “aproximada”, según un “proyecto” en la página de internet de López Obrador, de 1,525 kilómetros. Si la longitud es aproximada es porque el documento presenta solo dibujos del trazado general. El presidente electo y su gente han declarado que el tren costaría 150 mil millones de pesos, pero no hay información sobre las bases de este cálculo. Al igual que en el aeropuerto de Santa Lucia, no hay proyecto ejecutivo que permita definir los costos. López Obrador, además, dice de forma increíble que no se va a expropiar ningún terreno ni se va a tirar ningún árbol.

No hay tampoco un estudio que justifique el flujo de pasajeros, los niveles de ocupación o los precios de los pasajes. Los integrantes del equipo de López Obrador señalan que se trata de un proyecto “hermoso”, pero esto no es una base muy sólida para justificar una inversión de 150 mil millones de pesos.

A pesar de que al presidente electo le parece obvio que el aeropuerto de Texcoco debe someterse a una consulta popular pero el tren no, el razonamiento no es claro. Si sólo la prensa fifí tiene dudas, algo malo está pasando con el resto de la prensa y con los especialistas.

Interurbano

El tren interurbano Toluca-México de Peña Nieto sólo tendrá 57.7 kilómetros, pero en marzo ya el costo final se estimaba, no en los 39 mil millones de pesos presupuestados, sino en 59 mil millones. Son 1,022 millones por kilómetro. López Obrador nos dice, en cambio, que su Tren Maya costará 98 millones por kilómetro.
12 Octubre 2018 04:00:00
Gasoducto y extorsión
Ha detenido desde 2015 el gasoducto Ramal-Tula, al que le faltan solo 1.6 kilómetros, lo cual ha duplicado su costo a 100 millones de dólares. Exigió dinero a la empresa canadiense ATCO para permitirle concluir el trabajo, pero como la firma se negó, el ducto sigue detenido. Ha sido procesado dos veces por peculado. Hoy se le ha premiado no solo con una curul federal, sino con una de las secretarías de la comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Julio César Ángeles Mendoza trabajó en la industria automotriz, primero como empleado, pero después se convirtió en dueño de empresas proveedoras. Ha sido dos veces presidente municipal de Atotonilco de Tula, Hidalgo, de 2009 a 2012 y de 2016 a 2018, cuando dejó la responsabilidad por una diputación federal. De Encuentro Social pasó a Morena.

Dos veces ha sido encarcelado. La primera, en 2009, por no haber aclarado gastos por 1 millón 127 mil pesos como alcalde. La segunda, en 2016, por transacciones indebidas con el Consorcio Aguas Tratadas del Valle de México por 202 millones de pesos, también en su primer gobierno. En el primer caso fue exonerado por falta de pruebas, en el segundo por prescripción del delito.

Desde 2015 Ángeles Mendoza ha detenido la conclusión de un gasoducto de ATCO para proveer combustible a la Comisión Federal de Electricidad. En un principio buscó bloquearlo a través del Sindicato Nacional de Trabajadores, Empleados, Choferes, Transportistas y Obreros de la Construcción en General (Sinatrec), del que fue representante y con el que exigía una parte de los contratos de construcción. Después lo hizo, como es común en México, a través de amparos de ejidatarios, que tienen un trato especial en el sistema jurídico nacional.

En una entrevista con Reforma publicada el 5 de agosto, cuando ya era diputado electo, pero había regresado a ocupar la alcaldía de Atotonilco de Tula, Ángeles Mendoza argumentó que la empresa sólo paga “10 metros de derechos de vía, cuando en realidad la afectación es de 180 metros”. Reconoció que los ejidatarios “ya habían recibido su pago de lo acordado”, pero añadió que “para mí fue absurdo”. Por eso, dijo, “Si quieren pasar por estos terrenos, me los pagan todos”.

ATCO ha señalado que Ángeles Mendoza pidió dinero a cambio de permitir la finalización del ducto, pero la ley canadiense convierte en un crimen el pago de un soborno en el extranjero por lo que los ejecutivos involucrados podrían haber sido procesados en Canadá. El diputado ha negado la acusación: “Nunca acordamos ninguna cantidad. Ellos inventaron que pidieron 60 millones. Nunca les pedí ninguna cantidad”.

No es éste el único gasoducto frenado por litigios o extorsiones. Por lo menos cuatro están siendo litigados por la Secretaría de Energía. El costo es muy alto para porque el gas natural es tres o cuatro veces más barato, y mucho más limpio, que el combustóleo o el diésel.

Ángeles Mendoza ya no podrá cuidar su negocio desde la Presidencia Municipal de Atotonilco de Tula. Si bien regresó a la alcaldía después de ser electo diputado federal, la sala regional del Tribunal Electoral le quitó la curul por eso, aunque la sala superior se la devolvió después. Hoy, sin embargo, podrá hacerse cargo de su negocio desde la Cámara de Diputados. El premio por haber parado el gasoducto ha sido su nombramiento como secretario de la comisión de Energía. Qué mejor lugar para seguir deteniendo las inversiones.

Sin calidad

Irán Santiago, exdirigente de la CNTE y hoy diputado, ha firmado la iniciativa de Morena para derogar la reforma educativa. Elimina, entre otras cosas, la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación y, por supuesto, las evaluaciones.
11 Octubre 2018 04:02:00
Los 1.5 grados
Si el mundo no reduce de manera radical las emisiones de carbono, el alza en la temperatura del planeta alcanzará 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales entre 2030 y 2050. Las consecuencias podrían ser dramáticas, según un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas que se dio a conocer el 8 de octubre en Incheon, Corea del sur. La temperatura ya se encuentra un grado arriba del nivel de mediados del siglo 19.

Evitar que se supere el límite de 1.5 grados que fija el Acuerdo de París de 2015 requiere de “cambios rápidos, extensos y sin precedentes”. El informe señala que habría que reducir las emisiones de dióxido de carbono en 45% para 2030 en comparación con los niveles de 2010, mientras que las emisiones netas deberían de ser de 0 para mediados del siglo 21 (NYT).

Bjorn Lomborg, autor de El Ambientalista Escéptico y presidente del Centro de Consenso de Copenhague, responde que el objetivo de 1.5 grados es “económica y prácticamente imposible” (WSJ, 10.10.18). Lomborg cita trabajos de William D. Nordhaus, anunciado como ganador del Premio Nobel de economía este lunes, para mostrar que mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados llevaría a un desplome económico monumental.

“El informe del IPCC subestima de manera significativa los costos de lograr una emisión cero –señala Lomborg–. Los modelos muestran que para alcanzar el objetivo de 2.7 Fahrenheit [1.5 Celsius], el mundo debería dejar de usar combustibles fósiles en menos de cuatro años. Y, sin embargo, la Agencia Internacional de Energía estima que para el año 2040 los combustibles fósiles seguirán representando tres cuartas partes del uso de energía del mundo, aun si el Acuerdo de París se aplica por completo”.

“Si todos los países cumplen con sus compromisos para el 2030, las emisiones de CO2 se reducirían en 60 mil millones de toneladas para el 2030. Eso es menos del 1 por ciento de lo que se necesitaría para mantener la temperatura debajo de [1.5 grados]. Y conseguir incluso esta fracción sería costosísimo: reduciría el crecimiento económico del mundo entre 1 y 2 billones de dólares al año para el 2030”. Habría un brutal aumento de la pobreza.

El calentamiento del planeta es una realidad preocupante, pero la idea de que se puede limitar a 1.5 grados es falsa. Lo más probable es que la temperatura se eleve de 3 a 4 grados al finalizar este siglo.

El nuevo informe del IPCC no pondera los costos y beneficios de las posibles medidas para limitar el aumento de temperatura, aunque sí señala que 60 años de calentamiento global sin mitigación le costarían al planeta entre 0.2 y 2 % del producto interno bruto. “Esto no sería –dice Lomborg– el fin del mundo”.

Los trabajos de Nordhaus sugieren que el resultado “óptimo”, con un impuesto moderado a las emisiones, sería un incremento de 3.5 grados Celsius para fines del siglo 21. “Reducir más los aumentos de temperatura –apunta Lomborg– resultaría en mayores costos que beneficios y causaría pérdidas potenciales de 50 billones de dólares”. Eso sí sería un desastre para miles de millones de personas.

Algunos grupos sostienen que el calentamiento global es la puerta del apocalipsis. Pero no solo no lo es, sino que no hay ya realmente manera de impedir un incremento superior al de 1.5 grados que el Acuerdo de París puso como límite.

MÁS PETRÓLEO

El hallazgo de siete nuevos yacimientos de petróleo en aguas someras del golfo de México ha generado festejos. Es un regalo para el Gobierno de López Obrador. Pero la misma celebración es indicio de que el mundo no dejará de usar combustibles fósiles en un futuro inmediato.
10 Octubre 2018 04:01:00
Sembrar árboles
¿Qué programa puede ser más noble que plantar árboles? Cuando un gobernante quiere generar una imagen positiva, siembra árboles frente a las cámaras. Así lo hacía Felipe Calderón, con su programa favorito, ProÁrbol. Hoy el proyecto está siendo recuperado por Andrés Manuel López Obrador.

Con el lema de que “el campo es la fábrica más importante del país”, el presidente electo presentó el 8 de octubre Sembrando Vida, uno de “los 25 proyectos prioritarios nacionales” de su próximo gobierno. El objetivo, dijo, es plantar un millón de hectáreas de árboles frutales en el sur y sureste del territorio nacional, mezclándolos con cultivos de ciclo corto, como frijol o calabaza, “como se ha hecho desde hace siglos en el campo, con esa tecnología tradicional que le ha dado de comer por muchos siglos a los mexicanos”.

Calderón lanzó ProÁrbol y en 2007 su gobierno sembró 251 millones de árboles. El presupuesto de la Comisión Nacional Forestal, la Conafor, pasó de 2 mil millones de pesos en 2006 a 4 mil 500 millones en 2007 y 2008. Una parte importante del recurso se dedicaba, como hoy propone López Obrador, a pagar a la gente del campo para cuidar los árboles.

En 2011 Calderón declaraba que ya habían sido sembrados mil 150 millones de árboles y añadía: “El Gobierno paga a los campesinos, comuneros y ejidatarios entre 700 y 5 mil pesos por hectárea al año para cuidar aproximadamente 2 millones de hectáreas de selvas y bosques en los que habitan a cambio de que no talen, lo que, según el Banco Mundial, ubica a México como el país con el programa de servicios ambientales más grande del mundo”.

El programa de Calderón fue cuestionado severamente por Greenpeace, que advirtió que un 90% de los árboles perecerían. La Conafor argumentaba que el porcentaje de sobrevivencia era de 54.9%, pero la verdad es que la información disponible no permite saber qué tan bueno fue ProÁrbol. Las cifras oficiales señalan que entre 2000 y 2005 se perdieron 250 mil hectáreas de selvas y bosques por año en el país, pero para 2006-2010 la cifra aparentemente se redujo a 155 mil. Greenpeace, sin embargo, cuestionaba estos datos y afirmaba que las pérdidas anuales eran de 500 mil hectáreas.

ProÁrbol no ha desaparecido, pero sí se le han recortado recursos. Ahora López Obrador busca redimensionarlo con un nombre diferente. El programa ha sido presentado por la futura secretaria de bienestar (hoy Desarrollo Social), María Luisa Albores, lo que significa que el énfasis cambiará de ecológico (Conafor está en Semarnat) a subsidio social. Pero el tema de fondo sigue siendo el mismo: qué tan costoso y útil es el programa.

En la presentación de Sembrando Vida se señaló que la inversión sería superior a los 12 mil millones de pesos, pero no hubo siquiera cuidado en cuadrar las cifras. Nos dijeron que se pagarán jornales de 5 mil pesos mensuales (casi dos veces el mínimo) a 500 mil campesinos, lo cual suma cuando menos 30 mil millones de pesos al año, sin considerar gastos administrativos. Es una cantidad enorme para un programa que no garantiza resultados.

Nos han enseñado que sembrar árboles es bueno, por eso lo hacen los políticos. Sin embargo, hemos visto tantos esquemas que al final fallan que sería bueno evaluar primero los logros y fracasos de ProÁrbol, ya que Sembrando Vida no hace más que multiplicar sus gastos.

Autismo y educación

La segunda sala de la Suprema Corte respaldó un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que impide excluir del sistema educativo general a alumnos con discapacidad, en particular autismo. La decisión ha generado cuestionamientos, pero desde el punto de vista legal es inevitable. La Constitución prohíbe la discriminación. De ahí la unanimidad del fallo.
09 Octubre 2018 04:02:00
Otro populista
Una vez más, un candidato populista obtiene el triunfo. Se trata de Jair Bolsonaro, quien terminó en primer lugar en los comicios presidenciales de Brasil que se llevaron a cabo el domingo pasado. Con el 46% de los votos emitidos, Bolsonaro rebasó por mucho a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, el partido del encarcelado expresidente Lula da Silva, que quedó en segundo lugar con el 29 por ciento.

En el sistema electoral mexicano, Bolsonaro ya sería presidente electo, pero en el de Brasil tendrá que enfrentar a Haddad en una segunda vuelta. Si bien se espera que los votantes de opciones moderadas respalden a Haddad, lo cerca que Bolsonaro ha quedado de la mayoría absoluta en la primera vuelta lo ha convertido en favorito para convertirse en próximo presidente del país.

Como otros populistas, Jair Messias Bolsonaro mantiene posiciones extremas que generan atención popular. Defiende las políticas de la dictadura militar brasileña de los años setenta y ha sostenido que “el error de la dictadura fue torturar y no matar”. Dice que como presidente impulsará una mayor dureza contra los criminales y afirma que “los policías que no matan no son policías”. Ha cuestionado que se dé el mismo pago a las mujeres que a los hombres, porque “las mujeres se embarazan”. Cuando una diputada lo llamó violador, él respondió que no valía la pena violarla porque era “muy fea”. Bolsonaro rechaza que se reconozcan los derechos de los homosexuales y afirma que la homosexualidad es una enfermedad producto del uso de drogas. Defiende la pena de muerte a vendedores y consumidores de droga.

Bolsonaro reconoció siempre su ignorancia en el campo económico, pero en esta campaña electoral ha reclutado al economista liberal, Paulo Guedes, quien tiene un doctorado de la Universidad de Chicago y ha preparado un programa de liberalización de la economía y privatización de empresas paraestatales. La propuesta de Guedes es revertir algunas de las medidas de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff que se saldaron con una fuerte recesión económica en 2015 y cuyas consecuencias aún se sienten en el país.

Brasil no es el único país que ha optado por un populista en los últimos tiempos. Naciones tan diversas como Filipinas, Estados Unidos, Italia y México han elegido a nuevos gobernantes que son considerados populistas, ya sean de izquierda o de derecha. Los políticos que han ganado las elecciones en esos países han llamado la atención de los electores por su capacidad de hacer promesas extravagantes, muchas veces incumplibles.

El auge de los populismos parece consecuencia no solo de la decepción con las acciones de los gobiernos tradicionales, sino de la actitud cada vez más crítica de los medios de comunicación ante los gobiernos y del impacto de las redes sociales. La percepción de que los políticos tradicionales son corruptos ha tenido un peso enorme en las decisiones de los electores.

Algunos populistas en campaña se transforman en políticos responsables cuando asumen el poder. Este fue el caso, por ejemplo, de Ollanta Humala, presidente del Perú de 2011 a 2016. Otros, sin embargo, llevan a su país al desastre, como Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Si bien Bolsonaro aún tendrá que ganar la segunda vuelta electoral, parece encaminado al triunfo en Brasil, un ejemplo más de que el populismo ha encontrado en estos tiempos de incertidumbre un campo fértil para florecer.

LEGALIZAR

Olga Sánchez Cordero está promoviendo la legalización de la mariguana para usos medicinales y lúdicos, pero también el cultivo de amapola para propósitos medicinales. La ministra en retiro ha entendido la importancia de eliminar o matizar la prohibición de las drogas para combatir la violencia.
08 Octubre 2018 04:02:00
De segunda
Uno de los principios fundamentales del liberalismo que Andrés Manuel López Obrador dice admirar es que la ley debe aplicarse a todos por igual. No puede haber ni los fueros especiales ni los tratos preferenciales que los conservadores favorecían para preservar sus privilegios. Las políticas que está anunciando el presidente electo, sin embargo, se distancian radicalmente de ese principio.

López Obrador anunció en septiembre una propuesta para dar un trato preferencial en los impuestos al valor agregado y a la renta a la frontera norte. Reduciría el IVA de 16 a 8% y el ISR corporativo de 30 a 20%, pero solamente en una franja de 30 kilómetros de la línea internacional.

Es positivo que un gobierno de izquierda baje los impuestos, pero el problema es que se trata de una reducción que sólo beneficiará a unos cuantos, como si hubiera mexicanos de primera y de segunda.

Desde un punto de vista práctico, la baja del IVA daría a los negocios de la frontera norte una mejor posibilidad de competir con los del otro lado. Los consumidores pagan hoy un IVA de 16% en Tijuana, pero sólo de 7.25% en California. El resultado es que mucha gente que puede cruzar la frontera prefiere comprar del otro lado.

Durante mucho tiempo, por otra parte, Estados Unidos tuvo un impuesto sobre la renta para las empresas muy superior al mexicano. El gravamen federal estadunidense era de 35%, al que había que sumar impuestos estatales que iban de 0% en Wyoming y Dakota del Sur hasta 12% en Iowa. Donald Trump, sin embargo, bajó el impuesto federal a 21%, una tasa más en línea con las que cobran otros países desarrollados, pero muy inferior al 30% mexicano. Por eso la presión para bajar el ISR empresarial mexicano.

Gerardo Esquivel, subsecretario de Egresos del próximo Gobierno, ha calculado que Hacienda perderá unos 40 mil millones de pesos al año por la disminución de impuestos en la frontera. Adrián García, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, estima, en contraste, que nada más la baja del IVA podría tener un costo de 110 mil millones de pesos anuales. En comparación, el ahorro por la reducción a la mitad de los sueldos de los altos funcionarios públicos solo representaría unos 2 mil 500 millones de pesos cada año.

Las reducciones de impuestos representarán un gran beneficio para los mexicanos de primera. El comercio en Tijuana, por ejemplo, tendrá un gran impulso por la baja de IVA. Los mexicanos de segunda, sin embargo, serán perjudicados. En Ensenada, a 100 kilómetros de la frontera, se seguirá pagando 16% de IVA, por lo que la gente preferirá ir a Tijuana a hacer sus compras. El golpe al comercio ensenadense será muy fuerte.

En cuanto al ISR, muchas empresas preferirán establecer sus cuarteles generales en la franja fronteriza. La diferencia entre permanecer en Ensenada y pagar 30% o establecerse en Tijuana y cubrir 20 será enorme. Habrá una fuerte pérdida para los estados y ciudades que no estén en la frontera.

Quizá López Obrador debería recordar el principio fundamental de ese liberalismo que dice defender: todos somos iguales ante la ley. Cobrar altos impuestos a los mexicanos de segunda y sólo la mitad a los de primera es injusto y generará enormes distorsiones económicas. Hay que bajar impuestos, sí, pero en todo el país.

SIN LICITAR

Si un congreso priista hubiera eliminado la obligación de licitar obras públicas estratégicas se le habría cuestionado por preparar actos de corrupción. Pero como es el congreso morenista de Tabasco, que prepara una asignación directa de la nueva refinería de AMLO, la medida se defiende como justa y necesaria.

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