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Lulú De Koster.
Lulú De Koster.
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Es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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30 Mayo 2018 04:00:00
31 de mayo, límite del plazo
Mañana vence el plazo para que servidores públicos presenten su declaración fiscal y de conflicto de intereses, en el formato que actualmente se tiene y cuyas características no permiten un monitoreo real de ingresos o riquezas de funcionarios estatales o municipales.

La exigencia ciudadana ha llevado a plantear un nuevo esquema de datos que aparezcan en las declaraciones y que a decir del propio Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, conviene que siga el formato de la #3de3, muy parecido a lo que exige el Imco para publicar en su plataforma.

Este año, no habrá cambios en el formato que se hace público en la página de la Secretaría de Fiscalización en Coahuila, en el sitio declaranet.coahuila, porque el Sistema Nacional Anticorrupción, que de acuerdo con la ley tiene a su cargo el diseño de los nuevos formatos, no ha logrado consensos para impulsar esta política y otras, que estarían en el Plan Nacional Anticorrupción. Por lo que la #3de3 en las declaraciones de los servidores públicos de Coahuila no será una realidad, al menos en este año.

Es importante que, como lo han dicho consejeros nacionales, como la propia Irene Levy, catedrática de la Universidad Iberoamericana e integrante del CPC Nacional, hay que preguntarse también hasta dónde es posible hacer públicos datos patrimoniales o que involucran información de propiedades, fincas, cuentas bancarias, autos, etcétera de los familiares más cercanos de cada uno de los servidores públicos en el país, ya no digamos sólo en Coahuila.

Pero en la entidad, en el Artículo Décimo del Decreto que reformó diversas leyes locales como la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y cuatro legislaciones más, señala que la Secretaría de Fiscalización seguirá facultada para realizar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los municipios de la entidad, hasta en tanto el Sistema Nacional Anticorrupción emita los formatos para la presentación de las declaraciones patrimoniales y se realicen las modificaciones a sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Los tiempos rebasaron al Sistema Nacional que no logró acuerdos con académicos, el INAI, las organizaciones, etcétera, para generar un formato único nacional que permita prevenir casos de enriquecimiento inexplicable, como los que han marcado la agenda previa a los comicios del 1 de julio. No hay que perder de vista que la presentación de la declaración anual es una obligación, y que desde ayer la página de la Secretaría de Fiscalización daba un reporte en tiempo real de funcionarios, principalmente del Congreso, Fiscalía y Tribunal, que seguían incumpliendo con esta obligación.
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