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Alejandro Irigoyen Ponce
Alejandro Irigoyen Ponce
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17 Noviembre 2014 05:08:34
A la altura del conflicto
Fueron seis días de gira, casi una semana fuera del país, y finalmente el Presidente regresó para dar un mensaje: Que le fue muy bien en la reunión de la APEC, que se lograron acuerdos de cooperación con China que suponen inversiones asiáticas por 14 mil millones de dólares, y que en la Cumbre de Líderes del G20 se compartieron experiencias enriquecedoras con empresarios y líderes de los países más poderosos del planeta.

Qué bien, porque esos 14 mil millones no le caen mal a nadie. Pero lo realmente importante lo encontramos en la ronda de preguntas y respuestas al término del mensaje.

A la periodista Maru Rojas le aseguró que gracias a la tecnología pudo estar enterado de lo que sucedía en el país. Lamentó el tono de algunas de las expresiones de protesta y sentenció que “si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen, y que sea aplicada la ley en todos sus términos, no puede ser a través de actos de violencia y vandalismo, y más cuando afectan a terceros”. Simplemente tiene razón.

Sin embargo, sobre Ayotzinapa se aventó una frase poco más que desafortunada: “A quienes hay que condenar por estos hechos son a los criminales; a quienes hay que señalar y condenar son, precisamente, a los responsables de estos hechos abominables…”.

La cuestión es que el único responsable de que existan criminales del tamaño de los que tenemos, capaces de hacer lo que hacen, es el Estado. Desde hace siglos, desde el primer pacto social, los ciudadanos cedemos espacios de libertad y recursos económicos para que el Estado, al que otorgamos el uso exclusivo de la fuerza, nos garantice seguridad. La inseguridad entonces es falla de quienes nos gobiernan y es a ellos a los que debemos reclamar.

Los criminales atacan a la ciudadanía, violan, roban y asesinan, y los reclamos y señalamientos que la sociedad agraviada les pueda hacer, simplemente les importa lo mismo que un pepino podrido.

No, es a la clase gobernante a la que debemos reclamar que suframos el imperio de la barbarie, ya que esta condición no es más que la resulta de la incapacidad de imponer el estado de derecho.

Muy desafortunado el mandar un mensaje, ciertamente más sofisticado que el rupestre “¿y yo por qué?” de Vicente Fox, pero que en su esencia es lo mismo, el eludir responsabilidades.

Y otra perla, indigna del momento por el que atraviesa el país. Roberto Zamarripa, de “Reforma”, le pidió una postura sobre el escándalo de la famosa “casa blanca”, la residencia familiar valuada en 86 millones de pesos.

Peña Nieto dijo que en unos días la vocería de la Presidencia ampliaría la información y que “sin duda son aseveraciones imprecisas y carentes de sustento… lo dieron a conocer cuando no estábamos aquí”.

Un asunto que cuestiona directamente la honorabilidad, pulcritud y honradez de la máxima autoridad merecería del aludido un poco menos de tibieza. Eso de dejar pasar, de darle días para que la sospecha crezca como bola de nieve nunca ha resultado una buena estrategia y en el contexto actual, pues menos.

Qué tristeza la confirmación de que en asuntos coyunturales, en crisis, nuestras autoridades simplemente no estén a la altura del conflicto.

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