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Lulú De Koster.
Lulú De Koster.
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Es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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24 Abril 2019 03:20:00
Activos recuperados por corrupción
En el Foro La Fiscalización Pública desde la Óptica de las Organizaciones de la Sociedad Civil, organizado por la Subcomisión de Análisis Jurídico de las Auditorias Superiores Locales de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Eduardo Bohórquez fue claro en insistir en el desmantelamiento de redes de corrupción como acciones cruciales para el control de un problema que preocupa a los ciudadanos.

¿Cuántas redes de corrupción han sido desmanteladas?, ¿Cómo saber cómo y quiénes operan las redes?, ¿Quiénes están involucrados?, ¿Quiénes se benefician?, ¿El que sabe y omite denunciar la corrupción, también es parte de la misma red?, etcétera.

Hay muchas preguntas cuando vemos o escuchamos en los medios de comunicación, en la portada de un periódico, un escándalo que inicialmente parece que incluye a una sola persona, al que se benefició y está a la vista, cuando en realidad existen o pueden existir más implicados, servidores públicos o particulares que son parte de un supuesto daño al erario.

Más aún, Bohórquez, quien es director de Transparencia Mexicana, ofreció una ponencia en Puebla, frente a auditores, funcionarios públicos, activistas, integrantes de los sistemas locales Anticorrupción, legisladores locales y federales, empresarios, por citar algunos, y habló de la importancia del valor de que se conozcan los activos recuperados por casos de corrupción ya investigados y sancionados, bajo la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.

Porque luego de las auditorías, las revisiones, notificaciones, investigación y sanción de hechos de corrupción, ¿qué sigue? Lo que sigue es decirle al ciudadano cuánto o qué se ha logrado devolver al erario por este combate a la corrupción dentro de la legalidad, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos que todas y todos en una defensa a situaciones que se señalan o a la réplica de las acusaciones.

“¿Qué queremos que produzcan estas auditorías? Lo que importa es cómo cambia la vida a nivel per cápita en el país, estas auditorías o la investigación y sanción de la corrupción”, resaltó Bohórquez en su participación de hace unos días. Por cierto que ya en una charla al final de su ponencia, y junto a los integrantes del CPC de Puebla, Carmen Leyva y Alejandro Guillén, la coincidencia de Bohórquez fue que más allá de ir por indicadores y cifras, la parte ciudadana de los sistemas locales debiera impulsar el desmantelamiento de nodos de corrupción y decir al ciudadano cómo operan estas redes.

Decir cómo es que desde altos mandos, directivos, responsables de compras, egresos, designaciones, encargados de áreas de control, abogados, contadores o particulares, pueden o no estar relacionados para operar temas que luego redundan en grandes escándalos y ponen a prueba los mecanismos de revisión y la legalidad en cada oficina del Gobierno federal, estatal o los municipios, tal como ocurre con el caso de Infonavit que no solamente está siendo investigado por las autoridades de Coahuila, sino que abarca varios estados del país.

No hay pecado original en la corrupción. No es culpa de la población, es un problema político, de voluntades y omisiones graves, que tampoco se cura con la obtención de buenas calificaciones en estándares de transparencia.

Es más bien ir por una transparencia efectiva, reguladora de procesos, de compromisos y de una mayor participación ciudadana.
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