×
Juan Latapí
Juan Latapí
ver +

" Comentar Imprimir
10 Diciembre 2017 03:10:00
Aguas con esa ley
DICEN QUE UNA VERDAD A medias es peor que una mentira y tal sucede cuando nuestros gobernantes en sus recientes informes de gobierno nos cacarean a los cuatro vientos la creación de nuevos empleos. Independientemente de que sean empleos de uno o dos salarios mínimos –y en muchos casos temporales- esas autoridades no crearon dichas fuentes de empleo; basta preguntarles en cuáles de sus nóminas están estos nuevos empleados.

LO MISMO SUCEDE CON LA inseguridad. El mérito en la disminución de la presencia del crimen organizado, que también presumen en sus informes, no se debe a dichos gobernantes sino a la creciente presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad y no a ninguna de las policías. Por el contrario, las autoridades civiles renunciaron a su obligación de procurar seguridad a la población y evadieron su responsabilidad para formar policías profesionales, y tal parece que lo único que hicieron fue vestir de negro a los bandidos y soltarlos por las calles.

SALVO LAS PROMESAS DE CAMPAÑA, les sigue valiendo la formación de policías profesionales y ahora, ante el fracaso de la inseguridad de los últimos 10 años, siguen apostándole a una mayor presencia y participación de las fuerzas armadas en dichas actividades de seguridad, exponiéndolas a una serie de eventos para los que no han sido preparadas y mermando así el prestigio del que aún gozan entre la comunidad.

FRENTE A ESTA APATÍA PARA profesionalizar a las policías, las autoridades ahora pretenden justificar su irresponsabilidad e incompetencia con la nueva Ley de Seguridad Interior (LSI) sin importarles todos los riesgos que ello implica. Esta semana, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, declaró que “la legislación propuesta en México que prevé la participación de las fuerzas armadas en tareas de cumplimiento de la ley es un proyecto muy preocupante”. De la misma manera, diferentes organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, aseguraron que su aprobación implica un retroceso a la democracia mexicana.

PARA EL ACADÉMICO E INVESTIGADOR Darío Ramírez la aprobación de esta ley es institucionalizar lo que no ha funcionado en más de una década. En una democracia, la seguridad pública debe estar en manos de civiles y no de militares y el punto central que se debe discutir en un parlamento abierto es si continuará el control civil sobre el militar o bien, se invierte y acabará siendo el militar sobre el civil en lo que respecta a la seguridad.

LA NECESIDAD DE REGULAR LA actuación temporal del ejército –sostiene Ramírez- siempre ha tenido consenso. De hecho, los que defienden tanto la Ley han sido omisos desde hace 10 años en dar certidumbre constitucional al marco regulatorio. Los vacíos con los que hemos vivido y padecido las Fuerzas Armadas, son producto de la irresponsabilidad de los políticos civiles para profesionalizar la seguridad pública. El desgaste de ejército y la marina son producto de la indolencia y del vacío de los políticos civiles. Pero ahora se enarbolan como los defensores del ejército mismo.

“ADEMÁS, SON LOS MISMOS QUE no empujan la profesionalización de las policías y tienen la procuración de justicia en sus peores niveles. Entonces –cuestiona el académico- ¿por qué ahora y de esa manera? ¿Qué no estamos viendo ante el escenario electoral del próximo año?”

POR SU PARTE, EL PORTAL Artículo 19 afirmó que “Las tareas de inteligencia contempladas en el artículo 30 representan un riesgo grave para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la privacidad en función de las facultades otorgadas a las autoridades para hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. La vaguedad de dicho artículo permitiría invasiones abusivas, excesivas y desproporcionadas a la privacidad de las personas, acciones que impactan directamente en la manera en la que los individuos buscan, reciben y difunden información. En especial cuando se trate de medidas de vigilancia orientadas a monitorear, interceptar y recabar información sobre la vida privada de las personas a través de herramientas tecnológicas.”

“LA APROBACIÓN DE LA LSI –concluye Darío Ramírez- es un paso en sentido contrario del fortalecimiento de nuestra democracia. Es una evidencia clara que al poder no le gusta gobernar en un sistema que requiere pesos y contrapesos. Le gusta gozar del poder a su antojo. Pero eso no es democracia. Los militares en las calles haciéndola de policías tampoco lo es. ¿Quieren defender a las fuerzas armadas? Comiencen ya, de manera seria, la profesionalización de las policías del país y desistan de crear un sistema militarizado”.

NO SE NOS OLVIDE QUE una de las promesas del nuevo gobernador de Coahuila es la de crear una policía especializada en prevención de delitos del fuero común y profesionalizar los cuerpos policiacos existentes. Empezar por aquí sería una clara muestra de que hay carácter, como también se nos prometió, de lo contrario, aguas con esa nueva ley.

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)
Imprimir
COMENTARIOS



  • 0
5 6 7 8 9 0 1 2