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Lulú De Koster.
Lulú De Koster.
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Es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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18 Julio 2018 04:00:00
Ajustes en la política anticorrupción
La participación ciudadana es la pieza toral de los sistemas locales anticorrupción y para la implementación de estrategias que detecten, prevengan y sancionen los actos de deshonestidad no solamente entre servidores públicos, sino también en acciones que involucran al sector empresarial, como lo han considerado especialistas que impulsaron la creación del SNA.

El lunes 16 de julio de 2018, en un conversatorio organizado por Felipe de Jesús Coria Quiñones, presidente entrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Durango, uno de los temas en los que coincidimos integrantes de consejos ciudadanos de entidades como Puebla, Durango, Zacatecas y Coahuila es el cambio de planes anticorrupción desde el Sistema Nacional, que buscará quien podría ser la nueva secretaria de la Función Pública en el país, Irma Eréndira Sandoval, y quien tendría una posición en el Comité Coordinador y Órgano de Gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Esto porque al “ajustar” el esquema con el que ya opera poco más de una veintena de entidades que tienen consejos de Participación Ciudadana, se iniciará un cambio sustancial que nadie está seguro de cómo impactaría en la metodología, los planes, la generación del mapa de riesgo, de la política anticorrupción, las formas de selección de los CPC, entre otros puntos que son dignos de un profundo análisis.

Si bien hay estados donde no se tienen homologadas las leyes y tampoco se ha integrado el sistema anticorrupción, incluyendo la designación del fiscal especializado o magistrados en materia de justicia administrativa, en donde se tiene este avance hay marcada incertidumbre desde la visión de los CPC, sobre lo que pasará a partir del 1 de diciembre.

Otro de los asuntos planteados en el segundo conversatorio a iniciativa de integrantes de consejos de participación en el país, y este lunes luego de la toma de protesta de Felipe de Jesús Coria como presidente del CPC de Durango, es la vinculación entre las secretarías técnicas –en los estados donde ya opera el sistema completo– y los consejos o comités de participación ciudadana, frente a conflictos o fricciones internas que han trascendido en algunos estados y que limitan el avance coordinado en el desarrollo de políticas públicas, mecanismos de control o plataformas que ayuden al ciudadano a denunciar hechos que considera pueden ser actos de corrupción en cualquiera de los niveles del servicio público.

Estos encuentros vis a vis permiten a los consejeros ampliar su visión de lo que están haciendo en sus estados, y evidentemente facilitan el intercambio de experiencias y de preocupaciones, porque las discusiones así, cara a cara, son el mejor termómetro para saber si lo que se ha hecho hasta ahora en Coahuila está en la ruta correcta.
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