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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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13 Mayo 2018 04:00:00
Algo que las campañas han pasado por alto
Los planteamientos de los candidatos a la Presidencia se han perfilado ya, y aunque no se puedan de ellos derivar inequívocamente los perfiles precisos de su Gobierno (si ganaran la contienda), hay en cambio auseancias en su discurso que deberían preocupar más aun que los enconos que entre ellos se han gestado.

El primero de esos vacíos es el que causa la ausencia de la idea de la legitimidad en sus respectivos discursos, porque seguramente dan por sentado que la adquirirán al ganar la elección (si lo hacen), aunque no sea así, porque la legitimidad se construye cada día y se puede perder en el momento en que se pierda de vista el propósito central de la función de gobernar democráticamente.

Es verdad que todos han mencionado alguna vez el apego al “estado de derecho”, aunque lo hagan como si utilizaran un cliché o emplearan una etiqueta mágica que purificara cualquier desatino, pero la forma en que lo hacen induce a dudar que tengan claro el significado de esa noción y aun la diferencia entre Estado y Gobierno.

Olvidan –o no lo saben– que el “estado de derecho” en un modelo orgánico que surge tras la Revolución francesa del siglo 18, y que se define, en muy apretada síntesis, por la satisfacción de los siguientes requisitos: contar con una constitución escrita y rígida, dividir su poder público –es decir, su Gobierno– en tres ramas que se equilibren refrenen recíprocamente, y garantizar los derechos fundamentales.

Pasan por alto que gobernar no es otra cosa que ejercer la soberanía y que, por eso, el Artículo 41 de la Constitución Mexicana dice que: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores…”

Es frecuente que entre sus promesas se encuentren las de aumentar las penas, crear o desaparecer impuestos, asignar o reducir recursos a uno u otro fin, así como castigar o perdonar, unificar leyes y códigos, “armonizar” las leyes, sin percatarse que están impedidos para hacer todo aquello que está asignado a los poderes Legislativo y Judicial federales, o reservado a los estados, según la propia ley suprema.

Pero todavía más: en su búsqueda de adhesiones se enredan en lo inmediato y pierden de vista que la función toral del Gobierno consiste en garantizar en justicia a todos los seres humanos cuya integración política y jurídica constituye la materia misma del estado –no su Gobierno, que a ellos se debe– los derechos y libertades básicos para que cada uno, con todos y entre todos, pueda construir su propia vida y contribuir a la del todo que con los demás forma.

Ese, que algunos llaman “bien común, otros “bien público temporal” y otros –desde la antigüedad grecolatina– “interés general”, es el propósito del Gobierno que, solo respondiendo a él, puede aspirar a ser considerado legítimo.

Bien harán los candidatos –sobre todo aquel o aquella que resulte triunfador en los comicios– si tienen eso en cuenta (también los gobernantes en funciones), porque, sin la legitimidad sustancial que la democracia requiere, no podrá encontrar el poder justificación alguna, ni en sus orígenes ni en su ejercicio.

Por eso, el engaño y la simulación no sólo son contrarios a la ética, sino también a la democracia y a razón misma de ser del estado y de su Gobierno.

Ya John Locke decía que “siendo los hombres libres, iguales e independientes por naturaleza, ninguno de ellos puede ser sometido al poder político de otros sin que medie su propio consentimiento”, consentimiento, añado, que solo puede obtenerse por la vía de la legitimidad, si no se quiere caer en la usurpación.
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