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Alma Carolina Viggiano
Alma Carolina Viggiano
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La legisladora es originaria de Tepehuacan de Guerrero, Hidalgo, es abogada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tiene especialidades en las materias civil, procesal civil y mercantil en la Ciudad de México, así como diversos diplomados en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE). Ha sido secretaria general del PRI en Hidalgo y coordinadora estatal de campaña de Miguel Ángel Osorio. Anteriormente ha sido diputada local por el Distrito XV y diputada federal por el 01. Fue la primera mujer en prsidir el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo; fue integrante fundadora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Fue coordinadora estatal de la Comisión Interinstitucional para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Hidalgo; secretaria de Planeación y Desarrollo Regional y secretaria de Desarrollo Social en la misma entidad. Escribir a: [email protected]

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15 Agosto 2016 04:09:00
¿Alguien le cree a AMLO?
Durante el 2015, ciudadanos y organizaciones civiles impulsados por el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana (Imco), lanzaron la campaña 3de3, que tuvo el propósito de pedir a personas del ámbito político su declaración patrimonial, de interés y fiscal, como una medida para promover la confianza de la ciudadanía en los políticos.

Esta campaña encontró eco en ciudadanos, expertos, académicos e investigadores quienes, a principios de este año, presentaron una iniciativa ciudadana para combatir la corrupción. Se trata de la iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3de3, que los diputados y senadores aprobamos en el Congreso de la Unión y que el Presidente de la República dio a conocer el pasado 18 de julio.

Esta nueva ley nos obliga a todos los servidores públicos y a las personas que reciben dinero del erario público a presentar nuestra declaración sobre cuántos bienes tenemos, si formamos parte de alguna empresa o no, o si nuestros familiares tienen alguna, y la manera en que hemos cumplido con el pago de impuestos.

El propósito fundamental es que, quienes ocupemos cargos públicos, lo hagamos de forma honesta y transparente, sin beneficiar a nadie, ni a nosotros mismos. De esa manera, los mexicanos podrán tener mayor certeza sobre quiénes somos realmente.

El pasado 10 de agosto, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, tras diversas críticas que formularon los medios de comunicación contra él y su partido político por ser los menos transparentes, al no cumplir con sus obligaciones en la materia, dio a conocer su declaración 3de3.

El resultado fue poco afortunado, ya que en dichos documentos puede advertirse que el dirigente de Morena dice no tener ningún bien de su propiedad; que no tiene ninguna empresa, ni tampoco sus familiares; que durante el 2013 no pagó impuestos y que en 2014 y 2015 pagó únicamente poco más de 30 mil pesos.

Una versión que muy pocos creemos y que afecta, sin duda, la imagen que ha querido construir sobre la forma de cómo vive.

Si no tiene bienes de su propiedad y sólo obtiene ingresos de 600 mil pesos al año por ser el dirigente de su partido ¿porqué tardó tanto en presentar su declaración 3de3? Además, ¿dónde quedaron los ingresos de años anteriores por las regalías de sus libros y por las conferencias en las que ha participado?

Para todos es un misterio saber cómo ha vivido durante tantos años sin un empleo, sin una casa, y eso sí, viajando por todo el país e incluso a lugares como El Vaticano y San Diego, California. Pareciera que su declaración 3de3 es una burla para los mexicanos, ya que denota que ha buscado ocultar el origen del financiamiento de su estilo de vida y ya no digamos de sus campañas permanentes para promocionarse en busca de la Presidencia de la República. 

Las obligaciones que han nacido con la aprobación de la Ley 3de3 y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, serán las herramientas necesarias para evidenciar estos contrastes de servidores públicos y personas de interés público que, probablemente, se han aprovechado de su posición política para obtener beneficios.

Es por ello que ha sido un gran avance que en esta Legislatura hayamos aprobado todas las leyes que harán posible combatir la corrupción de una manera más efectiva y ante el escrutinio de la sociedad.
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