×
Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
ver +

" Comentar Imprimir
08 Septiembre 2017 04:00:00
Alianza Anticorrupción
La Alianza Anticorrupción Coahuila (AAC) tocó el martes pasado las puertas del Palacio de Gobierno para denunciar que “La corrupción e impunidad en Coahuila se encuentran en los más altos índices históricos y (que) a pesar de la gravedad e importancia del tema, ni el gobernador, ni el Congreso del Estado han dado un paso a favor de integrar propuestas ciudadanas para el diseño conjunto de un sistema local que busque de manera eficaz prevenir y sancionar los actos de corrupción y que sirvan al interés público y a nuestra sociedad en su conjunto”.

La manifestación de la AAC, integrada por más de 100 organizaciones civiles, ocurrió después de que Jesús Flores Mier y Sandra Rodríguez Wong rindieron protesta como fiscal anticorrupción y presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Los nombramientos fueron repudiados por líderes de oposición y del sector privado.

Catorce enormes letras con las palabras ANTI CORRUPCIÓN se colocaron frente a la sede del poder ejecutivo. Ángeles Cabrero, del colectivo Plaza Mayor de Torreón, y Pastor López, de Saltillo, advirtieron de los intentos por acompañar al Congreso y al Gobierno en el diseño e implementación del SEA sin provocar conflictos y con respeto de los tiempos y formas, “procurando en todo tiempo una participación ordenada y propositiva. Como nunca (…) en la historia de Coahuila hemos logrado el consenso de más de cien organismos y colectivos (…). Todos coincidimos en que es el momento de construir las instituciones que necesitamos para acabar con la corrupción y la impunidad”.

Después de enumerar sus propuestas y pronunciamientos, como la falta de voluntad política para crear un SEA eficaz y transparente –“hoy contamos con cinco magistrados y un fiscal anticorrupción que no poseen verdadera autonomía”– y de advertir que “la corrupción en Coahuila es grave porque, ante la opción de solución, se ha impuesto la arrogancia y la prepotencia política, el gobernador de Coahuila ha pervertido y manipulado a su conveniencia una ley cuya esencia es la participación ciudadana”, la ACC planteó sus exigencias:

Que el Gobierno “cumpla con su obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos y civiles”, “repare las violaciones ocasionadas por la implementación de un sistema que atenta contra la procuración de justicia”; y el Congreso “respete en todo momento los principios de máxima publicidad, transparencia y parlamento abierto en las decisiones legislativas y ejecutivas con respecto a la implementación del Sistema Anticorrupción”.

Asimismo, demanda que “se promueva de forma inmediata la elaboración de una nueva reforma constitucional que incorpore las propuestas de la sociedad civil para la creación de un Sistema Anticorrupción auténtico, profesional, autónomo e independiente; se destituya a los integrantes de la Comisión de Selección que no cumplen con los requisitos estipulados en las convocatorias y que no garantizan independencia política indispensable para (…) designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana, y se realice un nuevo proceso (…) apegado a los criterios de transparencia, legalidad y objetividad; se inicie el proceso de remoción de los cinco magistrados y el fiscal anticorrupción para dar inicio a procesos abiertos (…) con la participación de la sociedad civil; se incluyan pruebas de confianza y exámenes de conocimientos y mérito para tan importantes cargos; y no se realicen más designaciones de puestos clave del Sistema por parte de esta Legislatura”.
Imprimir
COMENTARIOS



top-add