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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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25 Enero 2020 04:04:00
Ángeles y demonios (I)
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En 2012 un estudiante lagunero de 14 años plantó cara al poder por la deuda de 36 mil millones de pesos arbitrariamente impuesta a los coahuilenses. El costo del atropello no solo ha sido económico, sino también social, pues afecta la calidad de vida de la población más pobre, núcleo de la agenda del presidente López Obrador. Un caso típico de complicidad política y ausencia de estado de derecho.

Ocho años después de la interpelación, otro menor de edad sacudió al país por asesinar, en un colegio de Torreón, a una maestra y herir a cinco alumnos y a un preparador físico para luego suicidarse. La tragedia confronta a la sociedad y a las autoridades consigo mismas por la desatención afectiva y emocional hacia los jóvenes en un entorno de crispación, violencia, corrupción y muerte.

El 29 de septiembre de 2012, Miguel Ángel Miramontes aprovechó la visita del gobernador Rubén Moreira a la Secundaria Técnica 83 «María Dolores Vigatá de Méndez» para reclamarle: «Regresen el dinero que se robaron».

El clamor ha sido ignorado por la Fiscalía General del Estado, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia. Miguel Ángel, ahora de 22 años, es uno de los 257 mil 775 mil jóvenes de su edad (Inegi) que cargan sobre sus espaldas un pasivo del cual sus padres jamás fueron consultados. Los hijos de Miramontes y los de su generación nacerán endeudados. El «moreirazo» terminará de pagarse en el año 2025, siempre y cuando el Gobierno no contrate créditos a largo plazo.

La fotografía de Miguel Ángel y Moreira refleja el enfado y la indignación social, de un lado, y la doblez política, de otro. El joven mira de frente a un gobernador con la cabeza gacha y la mano extendida, de-sairada por su interlocutor. Evidenciado ante alumnos, maestros y medios de comunicación, Moreira preguntó «¿Cuál dinero?». «El que se llevaron», replicó Miguel Ángel con voz firme y clara. «¿Cómo te llamas?», inquirió el Mandatario. El estudiante ignoró la pregunta y acto continuo los escoltas del Gobernador lo «amagaron por la espalda, tomándolo del cuello y el brazo para sacarlo de la escuela» (Sinembargo, 02.10.12).

La pregunta de Miguel Ángel sobre el destino del dinero, que los organismos empresariales y otros agentes jamás se atrevieron a formular, se ha respondido con silencio. Rubén Moreira disparó la deuda a 38 mil millones de pesos y, según denuncias penales de la Auditoría Superior del Estado —congeladas por la Fiscalía General— en su administración se desviaron 475 millones de pesos a empresas fantasma. Funcionarios de ese Gobierno podrían ser todavía proveedores de la actual.

Ante la falta de justicia, los coahuilenses han castigado en las urnas el agravio de la megadeuda. El 7 de junio habrá elecciones para diputados locales. Los 24 mil 812 millones de pesos de intereses pagados en los siete últimos años —equivalentes al 68% del pasivo original— se han restado a inversiones en infraestructura, seguridad pública, salud y servicios.

Jóvenes como Miguel Ángel son los más afectados. El Estado tiene con ellos una deuda moral y de justicia. No es casual entonces que en La Laguna, la zona de Coahuila más castigada por el moreirato, el PRI se haya convertido en una fuerza marginal. Nuevos movimientos y proyectos se gestan en la Comarca con la aquiescencia del presidente López Obrador.




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