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Lariza Montiel
Lariza Montiel
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02 Julio 2017 04:00:00
¿Anticorrupción o simulación?
En días pasados, el Congreso del Estado aprobó la llamada Reforma Anticorrupción a la Constitución local. El objetivo: Crear el Sistema Estatal Anticorrupción.

¿Y qué significa eso? Pues nada más y nada menos que el grupo de autoridades a cuyo cargo estará fiscalizar, investigar, perseguir y sancionar actos de corrupción que gobernador, alcaldes, secretarios de estado o directores pudieran cometerse con motivo de su función.

Entre estos se encuentran un fiscal anticorrupción, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y el auditor superior del Estado.

Dentro de este sistema se encuentran, también, las reglas que deben seguirse para garantizar que esos funcionarios públicos y ciudadanos, inclusive, deben seguir, es decir, sus obligaciones y responsabilidades.

Siendo Coahuila uno de los estados con mayores señalamientos por actos de corrupción de sus gobernantes, lo mínimo esperado era que este “Sistema” fuera ejemplar, que permitiera lavarnos la cara frente a la comunidad nacional e internacional que, vergonzosamente, nos observa con un dejo de burla y pena frente al nulo castigo que se ha dado a los responsables de los atracos que nos marcan.

Sin embargo, al día de hoy sólo podemos afirmar que no, que la intervención del Congreso local para la construcción de un “Sistema Anticorrupción” quedó únicamente en la tramitación y votación de una mala copia del “modelo IMCO” del marco jurídico que este importantísimo reto de combatir de frente la corrupción nos obligaba.
 
Es menester reafirmar que AcciÓn Nacional no sólo ha estado siempre a favor, sino que fuimos promotores de la creación de este sistema estatal anticorrupción, pero no de un sistema a modo de los intereses del gobernador y tampoco un sistema que no cuente con el aval de la sociedad organizada.

Por esa razón, y sÓlo luego de haber peleado en los distintos espacios del proceso legislativo como lo fueron las comisiones y la propia discusión del Pleno de diputados el pasado miércoles, decidimos votar en contra de la propuesta del
gobernador.

La razón es muy sencilla, podemos tener una ley modelo, podemos tener la mejor redacción de la teoría sobre cómo prevenir y sancionar a los servidores públicos que se conducen en contra de los intereses de los coahuilenses, pero seamos realistas, eso de nada sirve cuando los encargados de aplicar esas leyes y de llamar a cuentas a los funcionarios corruptos son nombrados por quienes hoy detentan el poder y no admiten intervención ciudadana que pueda fiscalizar esos procesos de designación.

Obviamente que bajo esas condiciones, el sistema anticorrupción por muy perfecto que estuviera, nace absolutamente vulnerable y por tanto falto de credibilidad para los ciudadanos que, son justamente el público al que se busca satisfacer frente a tantos y tantos cuestionamientos que con sobrada razón han venido haciendo en la última década, por lo menos.

De lo que se debió tratar este espacio de intervención del Congreso con las más de cien organizaciones civiles que buscaron ser escuchadas e incluidas en la construcción del marco legal, era que los órganos que integran el sistema anticorrupción tengan legitimación que requieren para implementar la ley y hacer respetar los principios de la función pública.

Por ello la importancia de que los nombramientos estuvieran lo menos ligados al gobierno y lo más cercanos a la confianza ciudadana, para lo cual se propuso poder sugerir perfiles, seleccionar a los participantes contendientes y asegurarse de que se emitiera una convocatoria que se emitiera fuera abierta a la ciudadanía, de tal forma que cualquier interesado pudiera participar.

Habiéndose negado los diputados priÍstas y sus aliados, que conforman la aún mayoría priísta en el Congreso a atender las peticiones de la “Alianza Anticorrupción”, nuestra postura cobró sentido frente al objetivo original de implementar un sistema que la combata, y se confirma que irremediablemente en Coahuila las mala prácticas políticas y parlamentarias seguirán hasta en tanto no rompamos con esos grupos de poder que hoy se siguen sirviendo de su puesto para someter a los ciudadanos a leyes que favorezcan a la clase política y no a los intereses públicos.

Respecto al fuero, lo resumo así, vale más ser “amigo” del encargado de aplicar la justicia que “tener” fuero o inmunidad parlamentaria. Por supuesto que apoyamos la eliminación del fuero, sin embargo no podemos aplaudir que se emita en estas condiciones. Donde se blinda a los políticos del sistema gubernamental aún vigente a través del nombramiento de “compadres” y “correligionarios” partidistas. Así de nada vale la reforma, se sigue tratando de una simple simulación.

Lariza Montiel Luis
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