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José Gpe. Martínez Valero
José Gpe. Martínez Valero
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02 Octubre 2016 04:00:00
‘Antipatizantes’
Desde las primeras reformas en materia electoral de relevancia en el México moderno se ha dicho que la presente –aplicando la frase a todas y cada una de las reformas vividas y aprobadas por el Congreso de la Unión desde los 70– es definitiva, y pareciera que con cada una de ellas quedan resueltos todos y cada uno de los eventuales supuestos a que tendría que enfrentarse la autoridad durante un proceso electoral o fuera del mismo.

Sin embargo, cualquier rama del derecho por atender al comportamiento humano y precisamente por tener su origen en el ser humano es cambiante y por ende perfectible. Con mayor razón el vinculado a los procesos electorales o lo que se ha dado por llamar Derecho Electoral, el cual viene a regular algo tan intrínsecamente ligado a lo humano como es la vida política.

Y partiendo de estas dos últimas afirmaciones podemos llegar a la conclusión de que, si bien es la intención de quienes intervienen en dichas reformas que estas sean definitivas, jamás habrá una reforma electoral definitiva por lo cambiante de la sociedad, pero sobre todo porque el ser humano al encontrarse siempre en aspiración a la perfección generará infinidad de variables en búsqueda de la misma. De igual modo, es de conocimiento general que TODA reforma electoral parte del principio de buena fe y que el legislador aspira siempre a la perfección a partir de la premisa de Carlos Castillo Peraza de que, sin justicia electoral, difícilmente habrá justicia civil o penal.

En octubre pasado fueron detectados en la ciudad de Torreón distintos anuncios de los denominados “espectaculares”, en los que se reproducía la portada de un medio de comunicación en la que aparecían a ocho columnas distintas notas negativas derivadas de supuestos hechos llevados a cabo por el senador Luis Fernando Salazar Fernández, argumentando dicho medio que la colocación de los espectaculares de cita eran simplemente con la intención de promocionar su producto entre la ciudadanía.

Sin embargo, y dado que todos contenían “casualmente” sólo la portada de las mencionadas notas negativas, parecía más que una campaña de autopromoción, una campaña negativa enderezada en contra de dicho funcionario, y además fuera de proceso electoral alguno; un hecho aparentemente sin trascendencia, pero que puede sucederle a cualquier funcionario. Afortunadamente no se tuvo que llegar al supuesto de presentar queja alguna en contra de dicho medio, ya que se estableció un diálogo entre el medio de comunicación de marras y el senador aparentemente afectado y, motu proprio, el periódico responsable de la colocación de los espectaculares decidió dejar de utilizar dichas portadas con fines promocionales.

Pero los supuestos derivados de tales actos evidenciaron algo no contemplado dentro de las distintas leyes que regulan la materia, ya que si bien estas prohíben actos anticipados de campaña, incluso de militantes que simpatizan con cualesquier ciudadano, NADA prohíbe la realización de campañas en contra de quien pudiera eventualmente tener algún tipo de aspiración de carácter electoral; nadie prohíbe las campañas de “antipatizantes”, que es un término acuñado por un servidor para describir las campañas de desprestigio o de odio en contra de cualesquier ciudadano.

Dicho de otro modo y buscando ser claro en mis comentarios, el periódico responsable de la colocación de los espectaculares estaba utilizando para promoverse propaganda claramente con características electorales, o que por lo menos generaba confusión respecto a si era comercial o comicial por su semejanza evidente. Propaganda Electoral con características antagónicas o que buscaba generar antipatía para con la persona del senador, en detrimento de su persona, del Partido por el cual llegó a ocupar el cargo de elección popular que ostenta y para con la propia fracción legislativa de que forma parte.

Propaganda electoral “antipatizante”, fuera de tiempo y ajena a proceso electoral alguno; es decir, algo semejante a actos anticipados de campaña, pero con fines antagónicos. Es decir, estábamos ante la manifestación de propaganda con características de actos anticipados de campaña en el que se vierte una opinión unilateral de un medio de comunicación, que si bien está en su derecho de ejercer su libertad de expresión, era claro que la misma rebasaba los límites que aquella tiene dado, y que se encontraba enderezada sobre todo a denigrar la honra y el buen nombre de su persona, así como a invadir la esfera privada de terceros ajenos y, como he venido insistiendo, a todas luces fuera de los tiempos de contienda electoral alguna.

Hace poco, igualmente empezaron a aparecer espectaculares del Alcalde de nuestra ciudad casualmente –también en Torreón– algunos a favor de su persona y otros, inmediatamente después, en su contra; y más allá de las preguntas obvias sobre si tales espectaculares fueron llevadas a cabo por aquellos que sabemos buscan descalificarlo tanto políticamente como de manera efectiva, al grado de que le sea impedido contender para la Gubernatura o algún otro cargo de elección popular; este servidor de ustedes no puede dejar de lado su formación como abogado para preguntarse distintas cuestiones estrictamente en el plano legal, que a continuación dejo en el aire para su reflexión, amables lectores:

La prohibición de autopromocionarse cuando se es funcionario ¿incluye también a aquellos que simpatizan con dicho funcionario? ¿Qué pasa cuando alguien oficiosamente –que nunca falta– promueve a alguien más, simplemente por simpatizar con su buena labor como funcionario, sin ser militante de partido alguno? ¿Qué pasa cuando dicha promoción la hace alguien de un partido ajeno con la clara intención de fastidiarlo y buscar que lo descalifiquen? ¿Qué pasa cuando se genera una campaña “antipatizante”, de desprestigio o de odio en contra de cualesquier servidor público? ¿Es válida dicha campaña incluso cuando no se está desarrollando proceso electoral alguno? ¿Qué pasa si dicho servidor, acabado su período o solicitando licencia, busca contender a un nuevo cargo de elección popular y trae a cuestas ambas campañas, de “antipatizantes” y de gente a favor suyo, cuando además estas no son ninguna de las dos responsabilidad suyas? ¿Se podrá decir que los demás contendientes se encuentran en ventaja o en desventaja frente a él? ¿Cómo medir dicha ventaja o desventaja?

Y para concluir, una pregunta más ¿Ya ven como no podemos hablar de reforma judicial alguna definitiva, menos si esta lleva la intención de regular algo tan intrínsecamente cambiante como lo es la vida política?
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