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Katia D'Artigues
Katia D'Artigues
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16 Octubre 2016 04:00:00
¡Apenas!
A poco menos de un mes de instalada, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México está lista para empezar realmente a trabajar y discutir contenidos. ¡Apenas! Quedan sólo 3 meses y 15 días para discutir la propuesta presentada por Miguel Ángel Mancera y votarla artículo por artículo.

Las comisiones ya están integradas y se instalarán en los dos primeros días de la próxima semana (yo quedé en las primeras dos: Principios Generales y Carta de Derechos). Su votación en el Pleno esta semana —pese a estar ya “planchadas” previamente en la Mesa de acuerdos por todos los grupos— apenas pasó por tres cuartas partes: 68 votos, en safe, uno más de los que se necesitaban. Cada voto contará, los acuerdos serán difíciles.

El ánimo sobre el proyecto mancerista no es bueno. Está el alud de críticas en medios (algunas escritas con mayor información, otras con menos). También el posicionamiento de casi todos los grupos parlamentarios fue ya públicamente crítico y a favor de reestructurarla lo más posible.

La primera decisión que habrá que tomar es qué tipo de Constitución tendrá la Ciudad de México. En el horizonte parece haber dos alternativas o un punto intermedio.

Una de ellas es tratar de que sea un texto mucho más corto, escueto, muy claro. Basado en principios, que mandate leyes constitucionales que luego tendrá que desarrollar el Congreso de la ciudad.

Otra opción es hacer un texto extenso, cercano al modelo propuesto pero modificado. Un texto hiperreglado, parecido a lo que tenemos en la Constitución Federal en muchos casos.

Tendrá que ser un acuerdo más o menos claro, si no, ¿se imagina que una comisión dictamine de una manera y otra al contrario? Sería
problemático.

Las muchas críticas y algunos argumentos. Es verdad: el proyecto de Constitución es perfectible. Fue creado a muchas manos y se nota. Hay repeticiones. Hay términos que no tienen asidero a ningún lenguaje jurídico claramente conocido.

Hay párrafos poco claros que, si se prestan ahora a malas interpretaciones, ya me imagino en manos de jueces que leen textual. Hay que clarificar.
Hay una razón por la que el Grupo Redactor tras largos debates internos, consultas y propuestas ciudadanas, se decidió por este modelo largo de Constitución cuando todo pudo haber sido muchísimo más corto: la desconfianza en los operadores de las leyes mexicanos. 

Y sí, mexicanos. Todo es según su contexto. Aquí todos los días la ventanilla o el reglamento “matan” el espíritu de la Constitución y los tratados internacionales que hemos suscrito.

¿Todos tenemos derecho a la educación, un derecho social que ya nadie discute? En la Constitución así está, y se reitera en tratados internacionales. ¿Es cierto? No. O pregúntenle a la mitad de las personas con discapacidad que no van a la escuela. ¿Se ejerce la “no discriminación”? Pregúntenle a muchas familias que se topan diario con discriminaciones prohibidas en la Constitución.

Es, también, algo cultural: pensamos que si está en esa “Carta Magna” tendremos más posibilidades de que se cumpla. Está la exigencia de grupos en situación de vulnerabilidad que todos los días son olvidados a la hora de diseñar la ciudad y sus políticas públicas. Ellos quieren ser mencionados porque, en esta sociedad profundamente desigual, todos no somos todos aún. No hay igualdad sustantiva, real.

¡Tiene muchos derechos! Se ha dicho que esta Constitución tiene “muchos derechos”. Es cierto, pero aun así no todos están ahí. ¿Qué hizo este proyecto? Sacó a muchos derechos “del closet” de tratados internacionales que todo el país, y no solo la Ciudad, ya está obligado a cumplir tras la reforma en derechos humanos del 2011.

¿Que no se podrían cumplir? No en este momento. La Constitución no es mágica y transformará la realidad con un abracadabra al ser promulgada. Pero se mencionan como una brújula, como aspiración. Es la primera Constitución tras esa reforma histórica (y poco comprendida) del 2011 que cambia el paradigma para entender todo: al centro está la persona.

La reacción al enunciarlos debería de preocuparnos mucho. Nos levanta un espejo a la cara como país y podemos ver las muchas —pequeñas y grandes— violaciones a derechos humanos que sufrimos todos los días.

Críticas razonables que piden que se quiten (como si así no existieran) serían atendibles si tomaran una cápsula del tiempo y fueran a 2010 para argumentar esto antes de la reforma de 2011. Están aunque no los mencionemos. También porque en ella quedó claro que los derechos humanos son de cumplimiento progresivo.

Si no, ¿qué hacemos con el Artículo 1º?
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte (…).

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

¿Y cómo hacemos que se cumplan? Esa es la pregunta de los 64 mil pesos, obvio.

¿Qué busca este proyecto de Constitución? Ser muy prolífica en la enunciación de derechos y buscar cómo hacerlos exigibles. 

¿Cómo? Una de las propuestas es vía un Tribunal Constitucional ante el que un ciudadano acudiría para obligar a las autoridades de la Ciudad a cumplirlos; también vía un Programa medible de Derechos Humanos. 

¿En realidad podemos hacerlos exigibles? El sentido común dice que no. No hay presupuesto que lo resista en México hoy y menos en la Ciudad sin fondo de capitalidad. 

¿Los enunciamos sin el agregado que para algunos ha sido odioso de “hasta el máximo de los recursos púbicos de que se dispongan”? Eso sería casi equivalente a mentir. Pongo un ejemplo:

¿Qué pasa si un día después de promulgada la Constitución llegan diez mil habitantes de Iztapalapa a exigir su derecho al agua, a una vivienda digna? ¿Si un grupo de personas con discapacidad exigen que la ciudad se vuelva 100% accesible para transitar por ella? 

Lo que permite este diseño es que hay que contestarles. ¿Qué? En muchos casos, que sí: tienen el derecho, que tengan ese papel que se los diga. ¿Y qué más? Que no se puede hacer realidad por el momento, pero que se tomarán medidas paulatinas para cumplirlos.

¿Llevaría a que más ciudadanos se sintieran desilusionados? Quizá sí; es un riesgo.

(Paréntesis propositivo. Sobre el tema, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad podría tener una solución. Las personas con discapacidad y sus familias estamos acostumbrados a que todo el tiempo nos digan que no hay recursos para hacer lo que necesitamos. Se llama “ajustes razonables” y se define así: “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”).

Si a alguien se le ocurre una mejor manera, hágala saber. En serio.

¿Qué sigue? Hay que hacer una revisión seria y responsable de cada parte del proyecto. Confío en que aportará la inteligencia de 100 personas para hacerlo en el tiempo record de 100 días.

También hay que decir, algo que no se ha podido transmitir, que no todo acaba con la Constitución (y tampoco todo puede caber en ella). Que seguirá una titánica labor de quienes integrarán el Congreso de la Ciudad aterrizarla en leyes, reglamentos, normas… tarea que llevará muchos años.

Me preocupa mucho algunas de las propuestas ciudadanas que han llegado a la Asamblea. Hay de todo. Pero ¡hay propuestas que serían hasta controvertidas en un reglamento vecinal!
Usted puede hacerlas, por cierto, al mandar su propuesta a .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo) ; por Parlamento Abierto estamos obligadas a leerlas y a incorporarlas a los
dictámenes.

Urge la receta para la omnipresencia. En la sesión del viernes fuimos sólo 71 diputados y diputadas. Casi todos los del PRI faltaron… ¿era porque había la comparecencia de Miguel Ángel Osorio Chong en diputados?
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