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Teresa Guajardo Berlanga
Teresa Guajardo Berlanga
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15 Agosto 2018 04:00:00
¿Avance, seguimiento o radicalismo?
La nueva Administración federal, a pesar de aún no estar en funciones, está dando mucho de qué hablar. El pasado 10 de agosto, el Presidente electo de la República, acompañado de Julio Scherer Ibarra, próximo consejero jurídico de la Presidencia, presentó varios paquetes de iniciativas de reforma, entre las que se encuentran la relativa a la corrupción, consolidándola como delito grave y sin derecho a fianza, así como el fraude electoral y el robo de hidrocarburos.

Se reformarán preceptos como el Artículo 108 constitucional, para que el Presidente pueda ser juzgado por corrupción, además de abolir el fuero a los servidores públicos, así como el Artículo 127 de la Ley Reglamentaria para que ningún funcionario público pueda superar el sueldo del titular de la Presidencia de la República.

El segundo paquete refirió a la materia del bienestar de los mexicanos, es decir, según su dicho, garantizando educación gratuita en todos los niveles de escolaridad, modificación al tercero constitucional y cancelación de la reforma educativa, además de exponer un aumento a la pensión de adultos mayores, pensión a discapacitados de bajos recursos e impulsar el trabajo para los jóvenes. Reformas que se presentarán ante el Congreso, el próximo 1 de diciembre.

Ante la polémica de los ministros de la Suprema Corte, el nuevo mandatario reafirmó el respeto entre los poderes, es decir, una buena relación y entendimiento, pero con respeto a su autonomía institucional. En pocas palabras nada.

Enfocándonos en materia de corrupción, sabemos que desde 2016 debido a las reformas estructurales en la Administración actual se ha tenido un gran avance en nuestro país, es decir, desde la creación de las fiscalías especializadas por hechos de corrupción, hasta los sistemas nacional y locales anticorrupción. Lo anterior para que se coordine legítimamente la parte en la que los servidores públicos o involucrados puedan ser sujetos a procedimientos, en tiempo y forma por la ley, sin agraviar debidos procesos, sin prescripciones y sin caducidad de la instancia, ambos en plazos mínimos que protegían a los que cometían faltas administrativas graves y no graves.

Dotar de capacidad técnica a instituciones involucradas en esta materia, es algo en lo que el próximo mandatario de la República deberá de dar seguimiento. Como si poco a poco las leyes se estuvieran puliendo.

Si hablamos de un plan de austeridad suena más a una justicia social, sin embargo, tenemos que reconocer el elemento crucial de la autonomía de las instituciones, y la capacidad técnica de quienes permean los intereses de la sociedad. El servicio público no puede ser debilitado, pero sí instruido para actuar conforme a la ley, esto es, incentivar una cultura de ética y profesionalismo, y más aún, objetar o concretar a las sanciones o a las penas privativas, en caso de los delitos que afecten el patrimonio de la nación. Patrimonio que debe de ser usado en beneficio del bien colectivo para quien recauda y contribuye con sus impuestos.

Actualmente, este tema es joven pero prometedor, en el que con firmeza y carácter los gobiernos, además de atender las necesidades de la sociedad, deberán de dejar de agraviar, por sus abusos de autoridad, influencia y el enriquecimiento a costa del erario, actos en los que han recaído altos funcionarios en ejercicio del poder en los distintos órdenes de gobierno. Tema al que le ha apostado nuestro estado, y nuestra nación, desde ya hace un tiempo. La política de antaño poco apoco se aleja del ejercicio político.
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