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Cristina Orozco
Cristina Orozco
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07 Abril 2018 04:09:00
Brasil, de frente contra la impunidad
Luiz Inácio Lula da Silva fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010 y los brasileños retomaron el orgullo por su país. Bajo su Gobierno, la economía se expandió. Barack Obama lo nombró “el político más popular del planeta”. En 2009 Lula fue nombrado “personaje del año” por el periódico francés Le Monde y el diario español El País, y “protagonista de la década” por el británico Financial Times. En el 2010, la revista estadunidense Time lo ubicó como la personalidad más influyente del mundo.

Ahora, Lula de Silva fue sentenciado a 12 años y un mes de prisión por delitos de corrupción y lavado de dinero, por el caso conocido como el “tríplex de Guarujá”.

Lula, fue declarado culpable de aceptar un millón 100 mil dólares en sobornos de la firma constructora OAS, monto invertido un apartamento triplex en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.

El juez Sergio Moro le concedió permiso para entregarse a la justicia el viernes 6 de abril a las 5 de la tarde, “por la dignidad al cargo que ocupó” en la cárcel de Curitiba, donde encontrará a otros políticos presos entre ellos el que fue su ministro de Hacienda Antonio Palocci, quien colaboró con Moro y declaró contra el expresidente.

Esta situación resulta extremadamente complicada para Brasil, pues el 2018 es un año electoral y, Lula era candidato, hasta su orden de detención por el partido de los trabajadores, y el favorito, según los primeros sondeos de opinión. Desde que esto se supo la gente comenzó a movilizarse en su defensa, pues goza de una excelente imagen pública.

Según lo informado en diversos medios de comunicación, todo comenzó el 4 de marzo del 2016 cuando Lula fue obligado a declarar, la Policía registró su casa y confiscó documentos; en septiembre, la Fiscalía de Paraná, a cargo de los procesos de “Lava Jato”, acusa formalmente a Lula y el juez Sergio Moro acepta la denuncia contra Lula y abre un juicio por corrupción; en julio de 2017, el juez Moro declara a Lula culpable por corrupción pasiva y lavado de activos en el caso del tríplex de Guarujá y lo condena a nueve años y medio de cárcel en primera instancia; en enero de 2018, el tribunal de segunda instancia confirma la sentencia de Moro y aumenta la pena de prisión a 12 años y un mes. Lula puede seguir apelando en libertad, pero puede ser encarcelado tras el fin de la segunda instancia. En marzo el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó un recurso extraordinario de Lula para que se prohíba una posible orden de arresto hasta que el caso sea cerrado en todas las instancias posibles.

La defensa de Lula presentó el mismo recurso ante al Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país. El STF fijó la sesión plenaria para dar el fallo definitivo el pasado 4 de abril. En esa sesión se determinó que era pertinente su ingreso a prisión en espera a la resolución final del proceso judicial prolongado por años, pues representa una garantía de impunidad.

Aristegui Noticias informó esta mañana que la defensa del exmandatario calificó la decisión como “arbitraria” debido a que el juez Moro emitió la orden sin haber analizado las objeciones. Según los abogados, “no hubo agotamiento de la jurisdicción”, por lo cual no podía decretarse la orden de prisión.

Desde que se supo de la inminente orden de aprehensión, Lula se refugió, junto a su familia, en la sede del Sindicato Metalúrgico de Sao Bernardo do Campo y de acuerdo al periódico Folha de Sao Paulo, “no planea trasladarse a Curitiba”.

Los seguidores de Lula le brindan su apoyo y se registran protestas en todo el país. Por otra parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Presidente de Bolivia, Evo Morales, reprobaron esta decisión vía Twitter.

Guatemala, Perú, y Brasil son algunos países de Latinoamérica que van de frente contra la corrupción y la impunidad, estableciendo un paradigma para otras naciones –como México– que no atiende con acciones contundentes el combate a la corrupción.
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