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Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento
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Empezó su carrera profesional en la revista Siempre! a los 17 años, cuando era todavía estudiante de preparatoria. Obtuvo la licenciatura en filosofía con honores de la Universidad York de Toronto, Canadá. A los 22 años entró a trabajar como redactor en Encyclopaedia Británica Publishers, Inc. y dos años más tarde fue nombrado director editorial de las obras en español de la empresa.

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18 Enero 2018 04:00:00
Bumerán laboral
Los políticos mexicanos hacen leyes sin entender sus consecuencias. Por eso con frecuencia las disposiciones se convierten en un bumerán que regresa para golpear a quienes las aprobaron. Está ahí el caso de las leyes laborales.

Las empresas privadas han pagado desde hace años costos enormes por las indemnizaciones. Una de las paradójicas consecuencias ha sido obstaculizar la contratación de nuevos trabajadores, lo cual ha favorecido la informalidad laboral. Los gobiernos han preferido actuar como si esas leyes laborales no existieran, pero la Suprema Corte de Justicia les ha puesto ahora un alto dramático. En una serie de fallos ha reiterado que los gobiernos tienen obligación de pagar las indemnizaciones determinadas por los tribunales, aunque las consideren injustas o no tengan recursos para cubrirlas, y ha destituido u ordenado la consignación de las autoridades en falta.

El caso más reciente es el del presidente municipal de Coacalco, Estado de México, Erwin Castelán, destituido por la Corte por incumplimiento de una sentencia de pago de indemnización de 4 millones de pesos. Los ministros también ordenaron su consignación y la del exalcalde David Sánchez.

De igual manera la Corte ordenó la destitución del presidente municipal, Bernardo Barrada Ruiz, y de todo el cabildo de Paraíso, Tabasco. El adeudo por indemnizaciones ascendía en este caso a 95 millones de pesos, de los cuales 13.7 millones de pesos se deben a un solo chofer. El monto aumenta mes con mes por intereses moratorios. En noviembre de 2017, por otra parte, los ministros destituyeron al jefe delegacional de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

Todos estos fallos se deben al incumplimiento del pago de indemnizaciones laborales, que en México se encuentran entre las más altas del mundo. En Estados Unidos la indemnización se define por un acuerdo entre patrón y empleado: “No hay requisito en el Fair Labor Standards Act para compensación por despido” (dol.gov). En Canadá se suele pagar una semana por año trabajado, aunque las prácticas varían según la provincia (monster.ca). En México, en cambio, la indemnización puede representar varios años del sueldo de un trabajador.

La excesiva generosidad y la arbitrariedad de las indemnizaciones laborales han generado grandes abusos en México. Un grupo de funcionarios del gobierno de Roberto Borge de Quintana Roo despojaron a personas y empresas a través de juicios laborales que no se notificaban y que resultaban en indemnizaciones que podían alcanzar cientos de millones de pesos. Esto provocaba la quiebra de las empresas y el embargo de sus propiedades, por ejemplo, hoteles y terrenos en la costa (Expansión).

Estas leyes excesivas tienen costos enormes para la sociedad. Los gobernantes destituidos y consignados penalmente no son ni siquiera los responsables de haber despedido a los trabajadores que recurrieron a los tribunales. En muchos casos encabezan municipios o demarcaciones que carecen de los recursos para enfrentar los pagos que se les requieren, pero de todas maneras son destituidos y pueden perder su libertad. El costo de la mala ley lo pagan al final los ciudadanos, que tienen que cubrir las indemnizaciones que enriquecen a unos cuantos y empobrecen a la sociedad.

Los ministros de la Corte tienen obligación de hacer cumplir la ley. El problema de fondo es una legislación laboral populista que se convierte en una bomba de tiempo para empresas y servidores públicos. Y que inhibe también la creación de empleos formales.
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