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German Martínez
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19 Marzo 2012 03:00:03
Cádiz y el Estad(i)o vacío
Lo anecdótico puede ser trágico. El campo de fútbol vacío en el evento donde rindió protesta Josefina Vázquez Mota como candidata del PAN, fue un asunto menor. Mal evento, foto frustrada, pero nada más. Lo verdaderamente preocupante no es un estadio vacío en una convocatoria del PAN, sino un Estado vacío por lenidad del PAN.

Poco a poco, el moderno Estado liberal parece quedarse sin la defensa panista.

Esa forma cultural de organización civilizada de la libertad bajo el imperio de la ley, asumida por nuestra tradición constitucional como Estado de Derecho, cumple exactamente hoy 200 años de vida, desde su juramento en 1812 en el puerto de Cádiz, España.

En plena lucha de México por su independencia, el 19 de marzo de ese año, las Cortes de Cádiz proclamaron un documento que intentó dejar atrás al absolutismo español, consagró espacios de respeto al individuo, instauró el sufragio universal indirecto, promovió la libertad de prensa e imprenta, dividió el ejercicio del poder; en suma, trató de edificar un imperio de la ley, en una época sombría y dentro de una sociedad familiarizada con la censura o amenazada con la tortura.

La Constitución de Cádiz representó una auténtica transformación en la función estatal de impartir justicia, al separar el poder legislativo del jurisdiccional, acabó con los señoríos judiciales, y por si fuera poco, abolió la afamada y temible Inquisición; es decir, llenó al Estado de capacidad para hacer valer la igualdad civil y la libertad personal de los ciudadanos.

Cuando se vacía al Estado de esa cualidad al momento de impartir justicia, y se exigen castigos por aclamación popular, se corre el peligro de convertir a la justicia en venganza, y se legitima -como antes de Cádiz-, a los tribunales de consigna, de fe, de odio o de escarmiento espiritual.

¿Eso quiere Acción Nacional en el famoso caso Cassez? ¿Por qué permite o tolera el discurso de un Estado hueco frente al delito de la señora Wallace? ¿El PAN considera a las formas jurídicas y los procedimientos estipulados en la ley, simples estorbos para combatir el crimen? ¿Todo se vale para meter a prisión a los delincuentes? ¿Es correcto espiar o detener sin orden judicial? ¿Es un entretenimiento de televisión la procuración de justicia? ¿Todo lo policiaco se aplaude? ¿Por qué el PAN -con enorme tradición de respeto a la ley-, guarda silencio, esquiva preguntas y, en suma, desnuda al Estado de su ropaje legal?

La Constitución de Cádiz contempló, ¡hace dos siglos!, un “debido proceso” para deslindar responsabilidades penales en forma “breve y sin vicios” (art. 286). Consagró garantías para presos o detenidos (art. 302). Reglamentó las condiciones dignas de las cárceles (art. 297). Y desde entonces, disponía que los “arrestados” debía comparecer ante el juez ¡”antes de ser puestos en prisión”!; pero si eran llevados a la cárcel en calidad de detenidos, el juez les debería recibir su declaración ¡en menos de veinticuatro horas! (art. 290).

Un Estado sin formas por respetar, ni plazos legales por guardar, está despojado de autoridad. Su mandato es capricho, antojo del gobernante en turno. Tragedia pura.

En el Estado liberal, la última palabra no la tiene la policía, sino un juzgador; y la víctima, aunque sujeto de reparación del daño, no suplanta al juez para emitir una sentencia.

Josefina Vázquez Mota puede ser Jefa de un Estado lleno de poderío y decoro. Le basta comprometerse a seguir la necesaria lucha contra el crimen del Presidente Calderón sin atajos ilegales, con respeto a garantías constitucionales, sin protagonismos mediáticos, y, con necesaria eficacia procesal del ministerio público al preparar los expedientes punitivos.

Ese pronunciamiento de Josefina, debería hacerlo en el Zócalo capitalino, para demostrar, indiscutiblemente, su poder de convocatoria y, de paso, recordar que esa plaza de la Constitución, se llama así, por la Constitución liberal de Cádiz.
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