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Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
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18 Marzo 2019 04:00:00
Campañas de odio
En una plática que dio el 28 de febrero en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó tener listas de 15 columnistas que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto recibieron alrededor del total del presupuesto de comunicación, por lo que cada uno de ellos habría recibido mil millones de pesos. Ninguno de ellos entraría en las lista de los multimillonarios de Forbes, pero no estaría nada mal. Cada uno de ellos habría generado al día 2.7 millones de pesos. Con ese dinero en la bolsa, todos o la gran mayoría de ellos, habrían estado en condiciones de comprar el medio para el cual trabajan, o garantizar la vida de generaciones de su familia.

En una entrevista posterior con la revista Contralínea, Ramírez Cuevas añadió que esos pagos no sólo fueron por publicidad, sino por asesorías de imagen y “menciones” favorables al gobierno de Peña Nieto en columnas y noticieros. Dijo tener contratos de ello, aunque dejó ver que están incompletos, porque “muchos pagos se hicieron sin que mediara documento alguno”. Lo que revelan sus palabras es que tiene una miscelánea de cosas, como convenios de publicidad que son regulados por normas y por los que se pagan impuestos, contratos adicionales por otros rubros, con sus correspondientes cantidades y los impuestos que hay que pagar, así como un alto volumen de pagos que no tienen manera de documentarse, de los que tiene pruebas.

Ramírez Cuevas declinó dar los nombres de las personas aludidas, pero Contralínea publicó su propia lista, que viene de una relación imprecisa y tendenciosa publicada previamente en la misma revista, donde los enumera –quien esto escribe aparece en el primer lugar de la clasificación– y adjudica a cada uno de ellos la inverosímil cifra de ingresos individuales por mil millones de pesos. Algunos periodistas están convencidos de que se la dio Ramírez Cuevas, quien ha dado muestras de temeridad acusatoria, que cuando menos pareció avalar lo dicho en la publicación porque no sintió necesidad de una corrección contextual a lo difundido, o un deslinde siquiera.

Hasta ahora, no se ha dado, o no se sabe de que algún periodista de los aludidos haya sido víctima de robo o secuestro, al ser mil millones de pesos una cifra bastante atractiva para jugar el riesgo de un crimen. Lo que sí provocó fue una renovada campaña de difamación en las redes sociales, con nuevos memes circulando en Twitter y Facebook con las fotografías de cada uno de los millonarios de Ramírez Cuevas, acusándolos de corrupción. No es nuevo. 

Personas asociadas a Morena o cercanas a él llevan meses difundiendo mensajes de odio calumniando y difamando columnistas. En cerca de seis meses de campaña ininterrumpida, según una empresa que hizo un somero análisis de Twitter, más de 5 millones y medio de retuits fueron hechos sobre la primera lista, denominada de “chayoteros” –la palabra que en el argot periodístico mexicano es equivalente a corrupto–, y sobre una segunda lista fabricada donde los llamaron “huachicoleros”, palabra convertida hoy en eufemismo de criminal.

La imputación que acompañó esas listas era que como estaban “vendidos” al gobierno de Peña Nieto, ocultaron críticas y callaron ante la corrupción o el robo de combustible. Son palabras que casi textualmente ha repetido el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que con diferente fraseo usó Ramírez Cuevas en Contralínea. En las hemerotecas y videotecas, o en las búsquedas simples en la red, se podría corroborar que los señalamientos son falsos. Puede haber diferencias en los niveles de crítica a Peña Nieto y a su gobierno, y ellas también pueden compararse en los trabajos de los periodistas, pero de lo que a simple memoria uno puede alegar, es que todos, sin excepción, llevan años refiriéndose al robo de combustible.

Las difamaciones y las calumnias no tienen sustento en el trabajo periodístico, sino en la construcción de la idea de que ese grupo, donde la coincidencia es que nadie es incondicional del Presidente o está al servicio del vocero, es corrupto. Esta idea ha sido sembrada de manera sistemática por años, pero se intensificó en 2018 y se profundizó en 2019, que corresponde al patrón de demolición de instituciones que ha seguido el presidente López Obrador.

El trabajo de convertir todo en cenizas para de ahí reconstruir “el nuevo régimen”, tiene como motor las campañas de odio en las redes sociales. La semana pasada el Laboratorio Interdisciplinario del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, dio a conocer un estudio sobre tendencias y tipologías en Twitter durante los dos primeros meses de este año, y entre otros hallazgos encontró la permanencia de “una narrativa de la prensa como enemiga”, a través de 16 comunidades en esa plataforma y un centro generador de discusiones, desde donde salen las campañas de mensajes virales que buscan la estigmatización a medios de prensa convencionales y periodistas de larga trayectoria (curioso, de carreras profesionales no habla nadie). El ITESO identificó a varios de quienes magnifican estas campañas de odio –que en la víspera de la agresión a los periodistas se tomaron fotos con Ramírez Cuevas en Palacio Nacional–, y alertó que ese tipo de ataque podrían hace que “las voces críticas, necesarias en una democracia, se replieguen dada la virulencia de los ataques”. El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, ya tiene solicitudes de intervención, pero no ha hecho nada aún. 

El tema del acoso a la prensa empezó a saltar las fronteras, pero a Ramírez Cuevas no parece preocuparle. Él aprieta el acelerador, como se ve aprecia en las comparecencias matutinas del Presidente, donde plantea preguntas sustentadas en calumnias que presuntos periodistas hacen a López Obrador. El Presidente evade la respuesta directa, pero avala el fondo. Dice que respeta la libertad de expresión, pero las señales van en camino opuesto. Esta confrontación apenas comienza.

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