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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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04 Marzo 2017 04:00:00
Carbón y narcopolítica
La zona carbonífera atrae la atención del Gobierno y de la prensa nacional y extranjera sólo cuando ocurren desastres como el de Pasta de Conchos. El 18 de febrero de 2006, en el criadero de Nueva Rosita, una explosión mató a 65 mineros. Los restos de 63 de ellos siguen sepultados. Cuando la noticia pasó de moda, los medios y las autoridades voltearon hacia otro lado, sin atender el problema de fondo, causa de múltiples desgracias: la corrupción.

El carbón es botín de políticos y empresarios, quienes aprovechan su influencia para obtener carretadas de dinero y volverse millonarios sin exponerse. En esa región, donde la pobreza es crónica, el riesgo lo asumen los trabajadores. La situación empeoró en los años aciagos del Gobierno de Humberto Moreira, pues el narcotráfico también entró en el negocio. Heriberto Lazcano, “El Lazca”, originario de Pachuca, Hidalgo, y jefe de Los Zetas, se arraigó en la comarca. El 7 de octubre de 2012, la Marina lo abatió en Progreso. Su cadáver lo “rescató” un comando de una funeraria de Sabinas.

Cuatro días antes, José Eduardo Moreira, hijo del exgobernador y exlíder del PRI Humberto Moreira, había sido asesinado en Ciudad Acuña, supuestamente por órdenes de Miguel Ángel Treviño, “El Z-40”, en venganza por la muerte de un sobrino suyo en un operativo de la Policía Estatal en Piedras Negras. Con ese argumento, Moreira refuta a quienes lo acusan de tener nexos con Los Zetas. Sin embargo, la idea sigue viva en el imaginario colectivo, pues fue justamente en su Gobierno cuando la violencia relacionada con el tráfico de drogas y la disputa de territorios llegó a extremos inauditos.

El 5 de febrero, en Torreón, unas 4 mil personas participaron en la megamarcha Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, convocada por el Frente Ciudadano de La Laguna. Una de las proclamas fue: “¡Ya basta! Humberto Moreira debe estar en la cárcel por haber entregado Coahuila a Los Zetas”. La detención de Juan Manuel Muñoz Luévano en España, el pasado 18 de marzo, y sus presuntos vínculos con el exgobernador removieron la sospecha. “El Mono”, como se conoce a Muñoz, operó para Los Zetas y financió campañas políticas.

Las industrias del carbón, el narcotráfico y la política, funcionan en Coahuila sin fronteras. Tras la ejecución de su hijo, Moreira azuzó a la PGR –donde todavía hoy tiene influencia y acceso a expedientes– para investigar a Armando Guadiana por supuestos negocios con el crimen organizado. Lo llamó “delincuente” por su detención en el penal de Topo Chico (48 horas, en 1993, debido a la suspensión de pagos de una de sus empresas) y lo acusó de tratar de “burlarse de la justicia”. ¿Por qué la inquina contra el empresario? En 2011, Guadiana –originario de Múzquiz, en la zona carbonífera– contribuyó al despido de Moreira de la presidencia del PRI por el escándalo de la megadeuda de 36 mil millones de pesos, la cual, hasta la fecha, sigue impune.

El académico Sergio Aguayo, a quien HMV demandó por daño moral, publicó en su columna Ruleta Judicial: “(…) el gobierno de Peña Nieto y un juez capitalino consienten y protegen a Humberto Moreira…”. (Reforma 15.02.17) Lo mismo le consta a Guadiana, candidato de Morena al Gobierno del Estado. En 2013, la PGR lo indagó y le congeló sus cuentas, pero no encontró delito. En cambio, contra Moreira no ha movido un dedo a pesar de la deuda y de sus presuntos negocios con Los Zetas.
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