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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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15 Diciembre 2018 04:08:00
Choque inevitable
La cuarta transformación no distingue poderes. El presidente Andrés Manuel López Obrador calcula cada paso. La sociedad le cree y espera cambios radicales, pues por ellos votó el 1 de julio.

El despegue de la Administración ha sido turbulento por las condiciones de un país plagado de corrupción. Espacio 4
publica en su nueva edición un trabajo de Gerardo Moyano sobre el tema.

»¿Hasta dónde puede llegar el choque entre los poderes Judicial y Ejecutivo-Legislativo por la llamada Ley de Salarios Máximos que establece que ningún funcionario federal puede ganar más que el Presidente y la cual los jueces se niegan a acatar?

»Para algunos expertos, como la politóloga Denise Dresser, hay riesgo de “parálisis institucional”, pues los tres poderes tienen facultades para iniciar una guerra judicial que podría incluir destituciones y hasta juicios políticos.

Para otros, como el historiador Lorenzo Meyer, se trata de un choque “casi inevitable que se va a seguir dando” en un periodo de transformaciones como el que propone el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (Aristegui Noticias 11-12-18).

»Por lo pronto, las diferencias continúan su cauce judicial. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera suspender la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el Senado impugnó la resolución concedida por el ministro Alberto Pérez Dayán e instó a la Corte a resolver la impugnación antes de que el Poder Judicial entrara de vacaciones (del 15 de diciembre al 2 de enero) o que bien, “considerando el interés nacional”, habilite días y horas hábiles extra para no interferir en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de 2019.

»Sin embargo, el choque ya ha sido llevado al terreno político por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), que en un inédito pronunciamiento –en el que participaron más de mil 400 servidores públicos arropados por el Sindicato de Trabajadores del PJF– acusó que lo que está en riesgo con la nueva ley es su “independencia”.

»“El conjunto de medidas legislativas que se han emprendido (…) se dirigen de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por parte de los otros Poderes de la Unión”, dice el pronunciamiento leído por el presidente de la asociación, Luis Vega Ramírez.

»“Mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que sólo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones”, acusan los jueces.

Esto, porque según los magistrados, “se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario señalando cantidades excesivas como que percibimos más de 600 mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”, señalan.

»Y tienen razón, nadie cobra más de 600 mil pesos al mes, pero algunos sueldos rozan los 500 mil pesos mensuales, al considerar prestaciones y compensaciones, las cuales son muy superiores a las de cualquier otro trabajador público. (…)

»Consciente de la dimensión del choque de poderes, el presidente López Obrador ha dicho que respeta las “decisiones equivocadas” de la Corte (en este caso y en el de la negativa a anular la elección de Puebla), pero insiste en que los sueldos del Poder Judicial son “ofensivos”. La guerra apenas comienza.



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