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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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04 Enero 2017 03:00:00
Coahuila preocupa
En las altas esferas políticas del país (Presidencia, Gobernación, PGR, PRI) hay desasosiego por lo que sucede en Coahuila (empresas fantasma, denuncias por el uso de recursos públicos para apuntalar la candidatura del candidato oficial a la Gubernatura, Miguel Riquelme, acoso desde el poder al periodista Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, el presunto pleito entre los hermanos Humberto y Rubén Moreira, división y renuncias en el PRI), así como por sus consecuencias el 4 de junio. Incluso podría haberlas antes de las elecciones, según el curso de las investigaciones de la SEIDO sobre una red de lavado de dinero y tráfico de influencias, las cuales involucran a figuras relevantes.

La defenestración de María Esther Monsiváis y Rodrigo Fuentes, como secretarios de Infraestructura y Desarrollo Social, fue la respuesta de Rubén Moreira para bajar la presión y proteger a su delfín. Las próximas horas serán decisivas, pues se sabrá si el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, José María Fraustro, es el plan B o si desempeñará un papel secundario en el juego sucesorio. Aun cuando las destituciones de Monsiváis y Fuentes fueran sólo nominales, su margen de operación electoral se estrechará sustancialmente. Máxime si de las averiguaciones se desprenden acciones penales.

Fuentes incurrió en un delito, el supuesto uso recursos públicos y de estructuras de la Sedesol a favor de Riquelme. Sin embargo, resulta más grave aún que el consejero del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Alejandro González Estrada (sospechosa herencia del IEPEC de Leopoldo Lara Escalante), esté al servicio del PRI, según se infiere del intercambio de mensajes vía Telegram con el presidente de la Fundación Colosio, David Aguillón. Si se contrasta el contenido de la grabación de Fuentes con las promotoras sociales y los textos de González a Aguillón, la autoridad electoral fue más oficiosa.

La sola duda sobre la imparcialidad de González es motivo suficiente para destituirlo e investigarlo, como a cualquier consejero comprometido con algún partido. El caso debe denunciarse ante el Instituto Nacional Electoral (INE), responsable de la constitución del consejo general del IEC. En teoría, la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se reformaron, entre otras razones, para que los institutos locales dejaran de ser controlados por los gobernadores. Si la reforma de 2014 fue un acto más de gatopardismo, las elecciones de Coahuila, además de competidas, serán también altamente conflictivas. Como si el estado y el país no tuvieran ya suficientes problemas.

La presidenta del IEC, Gabriela María de León, es profana en materia electoral. Antes de ser seleccionada por el INE, ocupó una jefatura en el Instituto Coahuilense de Información Pública de Coahuila (ICAI). En cambio, González Estrada se integró al Instituto Electoral y de Participación de Coahuila en 2002, bajo la presidencia de Homero Ramos Gloria, quien renunció al cargo para ocupar la Secretaría de Gobierno, invitado por Humberto Moreira. Ramos es actualmente procurador general del Estado.

González recorrió casi toda la estructura del IEPEC, antecedente del IEC, hasta que en 2009 –también durante el Gobierno de Humberto Moreira– fue nombrado consejero. Significa que el nuevo órgano electoral puede estar en manos de Lutero. En tal caso, el INE debe atraer la elección de Coahuila, como el año pasado lo hizo en Durango.
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