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Federico Muller
Federico Muller
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29 Septiembre 2017 04:00:00
Coberturas contra desastres naturales
Recientemente se vio optimista el secretario de Hacienda, el doctor Meade, cuando habló de las finanzas públicas, particularmente de aquellas que se entregarán al próximo Gobierno de la República. El funcionario mencionó que se trabaja para dejar un superávit primario (ingresos totales menos gastos totales, sin incluir el pago por intereses), que desde 2008 no se tenía en el Gobierno. Además, expresó que ahora los ingresos públicos dependen menos de los recursos petroleros: en 2012, el nivel llegaba a 36%, y previó que al cierre de este año será de alrededor de 16% con respecto a los ingresos públicos totales.

Parece ser que la economía del Gobierno poco a poco empieza a despetrolizarse y a depender más de los impuestos no petroleros. Cambio casi forzado, que se puede atribuir más que todo a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos y a la baja producción nacional, que a una mejor administración de los recursos públicos. Pero los escenarios económicos previstos por el titular de las finanzas del país se pueden ver afectados por los acontecimientos naturales que lamentablemente han ocurrido en varios estados de la República.

Costos en la economía. Los sismos y huracanes tendrán un costo en la economía gubernamental. Aunque existe el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que atiende a las zonas afectadas, financieramente depende del Presupuesto de Egresos de la Federación, y posiblemente por la cuantía de los daños naturales se rebase lo que se tiene presupuestado en tal fondo, y se tendrá que recurrir a reajustes en el presupuesto público, en detrimento de programas sociales.

También cabe señalar como probable aliciente que México adquirió en el mercado financiero un seguro llamado bono catastrófico. Los bonos catastróficos han sido instrumentos muy demandados a raíz del cambio climático que experimenta el planeta, tienen ya varios años en el mercado y son seguros contra calamidades naturales como sismos, huracanes e inundaciones, etcétera, que generalmente contratan los gobiernos.

La ingeniería financiera con que operan es compleja y requiere de un emisor, que traslada los riesgos del asegurado al mercado de capitales mediante el diseño de una estructura de bonos y la creación de un fideicomiso que conectan a los inversionistas con los gobiernos. Estos, al asegurarse, pagan una prima proporcional a la suma asegurada, la cual va destinada a los tenedores de los bonos, que además reciben los intereses que genera el citado fondo. Si no pasa ningún percance natural al vencimiento del instrumento, el valor del mismo queda en manos de su propietario; en caso de algún suceso extraordinario de la naturaleza, el Gobierno cobra la suma asegurada para tratar de resarcir los daños ocasionados a la infraestructura y equipamiento urbano.

En el caso de México, tal contrato recién fue renovado (para ser precisos, en agosto pasado) y se puede reclamar luego de pasar por el tamiz de un grupo de expertos que evalúan la magnitud del percance, a fin de tratar de resarcir los daños que ocasionó el terremoto que dañó poblaciones de Oaxaca y Chiapas hace apenas unas cuantas semanas.
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